El Gobierno de Canarias aprueba el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible
El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha aprobado este lunes el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que ahora pasará a su tramitación en el Parlamento regional.
Así lo ha dicho el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo, donde explicó que la iniciativa establece un nuevo marco regulador para ordenar la movilidad de personas y bienes en el conjunto del Archipiélago, incluidos los servicios de movilidad y las infraestructuras vinculadas a estos, bajo principios de sostenibilidad social, económica y ambiental.
La norma, según el Gobierno, ha adaptado este marco a las particularidades territoriales, económicas y sociales de Canarias y ha reforzado la coordinación entre las distintas administraciones con competencias en materia de movilidad.
Además, reconoce la movilidad sostenible como un nuevo derecho colectivo, vinculado a la posibilidad de acceder a bienes y servicios en condiciones adecuadas, dignas y seguras y con el menor impacto ambiental y social posible.
Este derecho incluye también el acceso a información suficiente para que las personas puedan elegir los medios y servicios de transporte más adecuados, así como la participación ciudadana en las decisiones relacionadas con los sistemas de movilidad.
El texto aborda la movilidad desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta la interrelación entre los tres grandes modos de transporte -aéreo, marítimo y terrestre- y la necesidad de avanzar en la intermodalidad, tanto en los desplazamientos dentro de cada isla como en las conexiones interinsulares y con el exterior.
De igual modo, el Proyecto de Ley incorpora distintos instrumentos de planificación y gestión destinados a ordenar la movilidad en los diferentes ámbitos territoriales, así como mecanismos para favorecer una movilidad más eficiente y sostenible y una mejor integración entre las políticas de transporte, territorio y urbanismo.
Principales instrumentos de la ley
Por su parte, la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias, se ha configurado como el instrumento de planificación estratégica de la movilidad en Canarias.
A partir del análisis y diagnóstico de la situación, determinará los objetivos y prioridades ambientales dentro de su horizonte temporal y establecerá los principios y criterios que deberán seguir los planes de movilidad de ámbito insular, supramunicipal y municipal, con carácter vinculante para su elaboración.
La Consejería ha diferenciado esta Estrategia de la actual Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de las Islas Canarias (EMSICAN), que constituye una hoja de ruta técnica para diagnosticar y planificar el transporte y la movilidad en el Archipiélago durante las próximas tres décadas.
En desarrollo de esta planificación, el Proyecto de Ley ha previsto planes insulares, supramunicipales y municipales de movilidad sostenible. Los planes insulares definirán los sistemas de movilidad a escala de cada isla y serán vinculantes para los instrumentos de planificación de ámbito inferior.
Los planes supramunicipales se plantearán cuando exista una interacción relevante entre dos o más municipios por motivos de trabajo, comercio o servicios, mientras que los municipios de más de 20.000 habitantes deberán contar con planes de movilidad urbana sostenible.
También deberán elaborarlos los municipios de menor población que presten voluntariamente servicios de transporte urbano colectivo.
Otro de los instrumentos previstos es el Laboratorio de la Movilidad, que permitirá canalizar las políticas de la Administración Pública de Canarias destinadas a fomentar modos de movilidad más sostenibles mediante actividades de estudio, investigación, experimentación y divulgación. Además, dará cobertura a proyectos piloto orientados al desarrollo de soluciones innovadoras y a la mejora de los sistemas de movilidad de las islas.
Por último, el Proyecto de Ley presta especial atención a la interoperabilidad y la digitalización de los sistemas e infraestructuras de movilidad. La norma contempla el desarrollo de proyectos piloto y mecanismos automatizados para facilitar el intercambio de datos, así como el acceso de la ciudadanía a información sobre los servicios de transporte.