Los nueve puntos de la propuesta del Gobierno de Canarias para limitar la compra de vivienda a no residentes
El Gobierno de Canarias (CC-PP) quiere ahora poner límites a la compra de vivienda en el Archipiélago. En plena precampaña electoral, el Ejecutivo plantea trasladar al Gobierno de España una propuesta legislativa con nueve medidas para restringir la adquisición de inmuebles, entre ellas exigir un mínimo de diez años de empadronamiento en las islas. El objetivo es frenar la presión sobre el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda a quienes residen en Canarias.
El borrador contempla desde limitar el número de inmuebles que puede adquirir una misma persona hasta establecer restricciones a la compra por parte de empresas y fondos de inversión. También incluye excepciones para las viviendas heredadas y plantea que las limitaciones se mantengan durante diez años. Estas son las nueve medidas que recoge la propuesta:
1. Diez años de empadronamiento para comprar una vivienda
Uno de los principales requisitos del borrador es acreditar un mínimo de diez años de empadronamiento ininterrumpido en Canarias para poder comprar una vivienda. La propuesta también contempla la posibilidad de cumplir quince años de residencia de forma discontinua. La restricción se aplicaría tanto a ciudadanos españoles como extranjeros, de modo que el criterio determinante sería la residencia y no la nacionalidad.
2. Un máximo de dos viviendas por persona
La propuesta plantea limitar a dos el número de viviendas que puede adquirir una misma persona en el Archipiélago. Además, los inmuebles tendrían que estar situados en municipios diferentes. Con esta medida, el Ejecutivo autonómico busca poner freno a la acumulación de propiedades y a las compras con fines especulativos.
3. Restricciones a las compras por parte de empresas y fondos de inversión
El borrador también pone el foco en las personas jurídicas, entre ellas las empresas y los fondos buitre que adquieren inmuebles como inversión. Según la propuesta, estas entidades no podrían comprar viviendas, salvo en los supuestos previstos para aquellas cuya actividad exclusiva sea la venta o el alquiler residencial a personas físicas. La medida pretende limitar la adquisición de casas para su explotación turística o vacacional, aunque su alcance concreto dependerá de lo que establezca finalmente el texto jurídico.
4. Las viviendas heredadas quedarían fuera de las restricciones
Las adquisiciones de viviendas por herencia, conocidas jurídicamente como transmisiones mortis causa, quedarían excluidas de los requisitos de empadronamiento planteados en el borrador. De esta forma, los herederos podrían recibir un inmueble sin tener que acreditar los diez años de residencia exigidos para las compras sujetas a la medida.
5. Las compraventas que incumplan los requisitos podrían ser nulas
La propuesta contempla declarar nulas las operaciones de compraventa que vulneren las restricciones y evitar su inscripción en el Registro de la Propiedad. Se trata de una de las disposiciones que exigirían especial precisión jurídica, ya que sus efectos dependerían de la redacción definitiva de la norma y de su encaje en el ordenamiento vigente.
6. Las restricciones afectarían a viviendas nuevas y de segunda mano
El borrador no limita las medidas al mercado de segunda mano. Las restricciones también se aplicarían a las viviendas de nueva construcción, incluidas las promociones que se desarrollen en el futuro, según el alcance planteado en la propuesta. De esta manera, el plan pretende abarcar tanto las operaciones sobre inmuebles existentes como las nuevas adquisiciones.
7. Las medidas tendrían una duración de diez años
Las limitaciones se plantean como una respuesta temporal a la emergencia habitacional. El borrador propone que permanezcan en vigor durante diez años, un periodo con el que el Gobierno canario pretende aliviar la presión sobre el mercado de la vivienda. La duración efectiva dependería de la aprobación y de las condiciones que establezca la norma definitiva.
8. El argumento de Canarias para encajar la medida en la normativa europea
Uno de los principales retos de la propuesta es su encaje jurídico, especialmente en relación con las reglas europeas sobre la libre circulación de capitales y el mercado interior. Para defender las restricciones, el borrador apela al criterio de residencia en lugar de a la nacionalidad y al estatus de Canarias como Región Ultraperiférica de la Unión Europea, recogido en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE.
Este argumento forma parte de la justificación de la propuesta, pero no garantiza por sí mismo que las medidas sean compatibles con el derecho europeo. Su viabilidad dependerá del contenido definitivo de la norma y de la evaluación jurídica que corresponda.
9. Más competencias municipales sobre el turismo y la vivienda vacacional
La propuesta también contempla dar un mayor margen de actuación a los ayuntamientos. Entre las medidas planteadas figuran la posibilidad de establecer tasas turísticas para no residentes y limitar la creación de nuevas viviendas vacacionales en los barrios con mayor saturación. El objetivo es que los municipios puedan actuar sobre la presión turística en las zonas más afectadas, aunque la aplicación de estas medidas dependería de las competencias que finalmente se les atribuyan y del marco legal correspondiente.