En Canarias, 98 mujeres han sido asesinadas por la violencia machista desde 2013; 74 según los datos de Delegación del Gobierno que aún contabiliza la violencia solo ejercida por la pareja o expareja (hasta el año que viene, cuando ampliará la estadística). Ocho niñas y niños también han sido asesinados y son víctimas directas de esta violencia. Este 2021, el asesinato de las niñas Anna y Olivia ponía de nuevo de manifiesto la punta de la pirámide de la violencia de género, un crimen que cometido por el padre para hacer daño a la madre de las pequeñas, Beatriz, a la que su expareja, Tomás Gimeno, amenazó con que no volvería a verlas. Sonia Vaccaro puso nombre a este tipo de violencia: vicaria, la ejercida para hacer daño a la madre utilizando lo que ella más quiere, creando, según explica, “mayor vulnerabilidad” a la mujer. Actualmente, en Canarias 31 menores se encuentran en seguimiento policial por riesgo medio por violencia de género y uno en alto. Además, desde 2013, 22 menores han quedado huérfanos por esta violencia.
La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, ha reiterado en diversas ocasiones que en el Archipiélago se tarda una media de once años y nueve meses en denunciar. Desde 2009 y hasta el segundo trimestre de este año se han presentado en esta comunidad 104.599 denuncias por violencia de género y, según el Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), un 75% de las denuncias acaban en sentencias condenatorias para el agresor. A fecha de 30 de septiembre de 2021 había 115 dispositivos instalados para cumplir con orden de alejamiento hacia víctimas en las Islas; el año pasado había 85, lo que supone un incremento anual del 35%.
Desde el Instituto Canario de Igualdad informan además de que los Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA) que se gestionan en en convenio con los cabildos se activaron desde el 112, y hasta el 30 de octubre de este año, en 1.706 ocasiones (un 5% más que el año pasado). La red de recursos ha tenido que dar acogida durante este año a 230 mujeres y 155 menores que no podían regresar a su hogar.
Repunte de llamadas a emergencias
El último informe del Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género SAMVV-112 con datos hasta el mes de septiembre de este año, refleja un repunte de 8 puntos en las llamadas de emergencia, las que suponen situaciones de peligro inminente para la vida, bienes o derechos de las personas. De hecho, hasta ese mes, se produjeron 11.477 llamadas de las que 7.667 (67% del total) fueron de emergencia. Durante el mismo periodo del pasado año, las alertas por emergencia representaron un 59% del total. Durante el verano, la incidencia fue mucho mayor. El 44% de llamadas (5.279), fueron realizadas por la propia víctima, el 29% (3.390) por alertantes accidentales, el 16% por instituciones y el 6% por familiares. El resto fueron realizadas por otros servicios.
El 72% de los agresores eran pareja o expareja de las mujeres agredidas. 122 víctimas son menores de 18 años, 2.441 son mujeres de 18 a 35 años, 2.818 de 35 a 55 años y 765 casos se corresponden a mayores de 55. Por islas, el mayor número de llamadas procedía como es habitual de las islas capitalinas, 4.612 desde Gran Canaria y 4.942 desde Tenerife. Además, desde que se pusiera en marcha durante el confinamiento por la pandemia el recurso mascarilla-19 en Canarias (la clave para alertar de esta situación en las farmacias) la han utilizado hasta noviembre de este año 54 mujeres.
Durante el mes de septiembre, Canarias registró la tasa más alta de llamadas al 016 por millón de mujeres de 15 y más años (516,5), seguida de Valencia (463,6) y la Comunidad de Madrid (453,6). De las 497 llamadas efectuadas desde el Archipiélago, el 73% eran realizadas por la propia víctima, el 23% por familiares o personas allegadas, el resto eran otras personas sin relación previa con la víctima. Canarias es también la tercera comunidad, después de la Comunidad Valenciana y de Asturias con la tasa más alta de usuarias de alta en ATENPRO (Servicio Telefónico de Atención y Protección a las Víctimas ), con 1.032.
En la erupción se disparan los casos
Al Instituto Canario de Igualdad le preocupa especialmente la situación que está viviendo La Palma. Desde que comenzara la erupción el pasado 19 de septiembre y hasta el 18 de octubre, el servicio de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia de género del 112 atendió un total de 63 llamadas, un 57,50% más que en el mismo periodo del año pasado en el que se registraron 40. Del total de llamadas recibidas en este último mes, 23 fueron de emergencia, 26 de urgencia y 14 de información. Las activaciones del Dispositivo de Emergencias de Mujeres Agredidas (DEMA) de la isla aumentaron en un 70% respecto al mismo periodo del pasado año; 27 activaciones en 2021 y 16 en 2020. En la mayoría de los casos se realizaron acompañamientos a mujeres y dos de ellas tuvieron que abandonar el lugar en el que estaban alojadas para protegerse de su maltratador.
La directora del Instituto Canario de Igualdad explicó hace unas semanas que los recursos se encuentran llenos debido a ese aumento de las activaciones, pero ha querido insistir en que “ninguna mujer y sus menores a su cargo se van a quedar fuera de la red”. El Ministerio de Igualdad ha destinado medio millón de euros para combatir esta violencia. Fumero explicó a este periódico además que en los hogares donde ya se vivían situaciones de violencia de género, la experiencia revela que se acentúan los comportamientos machistas ante situaciones de crisis y emergencias. En el confinamiento se evidenció un mayor control por parte de los agresores y motivó que las mujeres víctimas de esta violencia no tuvieran momentos de respiro.
Todas las violencias, no sólo la física
La Ley Canaria de Violencia de Género reconoce como víctimas “todas las manifestaciones de violencia ejercidas sobre las mujeres por el hecho de serlo que impliquen o puedan implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, coacción, intimidación o privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada”. En este sentido, define como violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de una mujer, con el resultado o el riesgo de producirle una lesión física o un daño. La Ley también define la sexual y abusos: cualquier acto de naturaleza sexual no consentido por las mujeres, incluida la exhibición, la observación y la imposición, mediante violencia, intimidación, prevalencia o manipulación emocional, de relaciones sexuales, con independencia de que la persona agresora pueda tener con la mujer una relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco. También recoge la psicológica como “toda conducta u omisión intencional que produzca en una mujer un sufrimiento, mediante amenazas, humillación, vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, insultos, aislamiento o cualquier otra limitación de su ámbito de libertad”.
En las recientes jornadas Más allá de la violencia física. Respuestas a las violencias ocultas, que fueron organizadas por la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, otros tipos de violencia fueron definidas por expertas de todos los ámbitos definieron cada una de estas violencias y cuáles son aún las costuras del sistema. Sonia Vaccaro insistió en que la violencia vicaria se fundamenta en la idea del pater familias de la antigua Roma, en el que el hombre tenía la potestad de todos los miembros de su casa y podía decidir por todos. La mujer se encontraba en el último escalafón después del hijo. La psicóloga clínica y forense expresó cómo demostró en un vídeo cómo un padre que había asesinado a sus hijos en Francia, unas horas antes unas imágenes de una gasolinera en la que compraba a sus hijos golosinas. Con ello quiso reflejar que la sociedad muchas veces no percibe lo que está ocurriendo y que debemos superar el debate sobre que un maltratador pueda ser buen padre; “no es un buen padre y no es ni un padre, añado”.
La magistrada Lucía Avilés abordó la violencia económica. Está definida en la ley canaria como la privación intencionada de recursos para el bienestar físico o psicológico de una mujer y, si procede, de sus hijas o hijos, y la limitación en la disposición de los recursos propios o compartidos en el ámbito familiar o de pareja. Avilés añade que existen distintas formas de ejercerla; control económico, cuando incluso se le exigen tickets de todo lo que compra; cuando se obliga a la mujer a que pida el dinero a su pareja mientras que él si realiza gastos en usos propios. También mencionó el “sabotaje laboral”, cuando impide que la mujer pueda adquirir dependencia económica, entre otras. La jueza ha pedido tipificar esta violencia en la ley estatal.
A estas se suman otras, comentadas también en esas jornadas, como la violencia digital. Conceptos como sexting, grooming, stalking… La doctora en Estudios Interdisciplinares de Género Mónica Alario relaciona la vinculación entre la violencia que siguen ejerciendo los hombres sobre las mujeres con la pornografía. En internet “hay una gran cantidad de violencia que ni siquiera se concibe como tal”. Defiende que en la construcción de la masculinidad, desde pequeños aprendemos en la sociabilización que lo masculino está por encima, como la frase de “eres mariquita” que se dice a los niños cuando muestran sus emociones, lloran o muestran empatía. En la pornografía, explica, el esquema es siempre el mismo: el hombre es el sujeto y satisface su deseo a través del acceso al cuerpo de mujeres y niños, que aparecen “deshumanizados” y es irrelevante en ese contexto “que haya deseo o consentimiento” ya que “se desactiva la empatía”. En su tesis sostiene que “el hombre que viola no está ni loco ni enfermo” y añade que erotiza la violación a través de la pornografía.