La Guardia Civil ha desarticulado varios entramados delictivos dedicados a la estafa mediante la suplantación a través de internet de la venta de pellets, con doce personas de seis comunidades autónomas puestas a disposición judicial, y más de 150 perjudicados en toda España, aunque no se descarta que el número sea mayor, y un perjuicio superior a los 200.000 euros.
En un comunicado, la Guardia Civil de Burgos ha detallado este miércoles que una docena de personas de entre 25 y 40 años han sido puestas a disposición judicial tras haber sido localizadas en Canarias, Catalunya, País Vasco, Comunidad Valenciana, Extremadura y Región de Murcia.
Asimismo, ha explicado que la investigación ha permitido constatar que parte del dinero se transfería a países del sur de África, mientras que otro porcentaje se distribuía entre los miembros del entramado asentados en España, mediante continuos movimientos económicos destinados a dificultar su seguimiento.
La operación arrancó tras la denuncia de la empresa burgalesa BURPELLET, la principal afectada, de que numerosas personas contactaran telefónicamente con ellos y les reclamaban pedidos adquiridos, supuestamente, a través de su página web.
Las pesquisas determinaron que dichas compras no se habían realizado en la dirección electrónica propia de la firma, sino en páginas ajenas que suplantaban su marca comercial, contenido, datos mercantiles y teléfono de contacto, induciendo así a error a los compradores.
Por ello, efectivos del Equipo de Investigación Tecnológica –EDITE– de la Comandancia de Burgos procedieron a la identificación de los responsables, el bloqueo de los dominios fraudulentos y la recuperación del dinero defraudado.
Con el avance de la investigación, se han logrado identificar 27 páginas web relacionados con la estafa, algunas de ellas extranjeras, así como 40 cuentas bancarias utilizadas para canalizar los pagos de las víctimas.
Por el momento se han detectado más de 150 perjudicados distribuidos por todo el país, sin que se descarte que el número sea mucho mayor, con un perjuicio económico que se estima por encima los 200.000 euros.
A los implicados se les atribuyen los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, así como otros tipos delictivos relacionados con la propiedad intelectual e industrial, por el uso no autorizado de las marcas y diseños de la empresa afectada.
Tanto las diligencias instruidas como los presuntos autores de los hechos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Salas de los Infantes.
La investigación continúa abierta para garantizar el total esclarecimiento de los hechos, por lo que no se descarta la práctica de nuevas detenciones en un futuro.
Desde la Guardia Civil se ha tenido conocimiento de otras empresas del sector afectadas por prácticas similares, por lo que se recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones en la compra vía internet, especialmente ante ofertas con precios muy por debajo del mercado o páginas que soliciten pagos exclusivamente mediante transferencia bancaria.