El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso (PP), ha asegurado este miércoles que la corporación cumple estrictamente la legalidad vigente, después de que colectivos ecologistas y ciudadanos hayan advertido de una posible “prevaricación por omisión” del Gobierno de Canarias y de la institución insular por no parar las obras de la urbanización turística de lujo Cuna del Alma, en Adeje.
“Desde que comenzó este mandato nos hemos remitido al estricto cumplimiento de la legalidad vigente y eso implica respetar los procedimientos administrativos reglados que han regido cualquier autorización, ya sea para Cuna del Alma o para cualquier otro proyecto”, ha asegurado Afonso durante la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno insular.
Según Afonso, que estaba acompañado por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, no tienen constancia “de ninguna posible prevaricación ni de ninguna irregularidad” y que, si existiera, actuarían “de inmediato” en el marco de las competencias insulares. Si la prevaricación fuera en las competencias de otra administración o de un particular y el Cabildo tuviera conocimiento, “también lo comunicaríamos, como es nuestra obligación”, ha señalado.
Cabe señalar aquí que precisamente es un demoledor informe elaborado por técnicos del Cabildo de Tenerife el que puso el acento en las irregularidades cometidas en las obras de esta urbanización y corroboró la destrucción irreversible de al menos un yacimiento aborigen. Al tratarse de infracciones muy graves que afectaban al patrimonio arqueológico de la zona, el expediente pasó a ser gestionado por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, que abrió un expediente sancionador que se resolvió con una multa de más de 200.000 euros a la constructora.
Colectivos ciudadanos y afectados por el proyecto turístico han presentado este miércoles un escrito ante el Cabildo en el que alertan de las “numerosas irregularidades graves” detectadas en la construcción de estas 420 villas de lujo y piden una inspección técnica urgente por un equipo independiente. Además, han solicitado que abra un expediente sancionador al Ayuntamiento y a la empresa Segunda Casa Adeje S.L.
En el documento consultado por este periódico los colectivos recogen posibles irregularidades del proyecto y advierten al Cabildo de que si no atiende a sus peticiones, puede incurrir en “prevaricación administrativa por omisión”. Además, amenazan con ampliar la denuncia penal interpuesta el pasado 24 de julio ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Arona y con recurrir a la Fiscalía Anticorrupción y a la Comisión Europea por una supuesta vulneración de la directiva europea sobre evaluación de impacto patrimonial.