La presidenta del Cabildo de Tenerife quiere subir el sueldo a su personal de confianza hasta un 25%, cuando los funcionarios sólo alcanzarán el 2%

El incremento del presupuesto del gabinete de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), durante lo que va de mandato, que ha pasado de 3,68 a 6,59 millones de euros desde 2023 (casi 3 millones más, un 80%), se traducirá el próximo año, entre otras cosas, en una propuesta de aumento de las retribuciones salariales de su personal de confianza y asesores de entre un 5 y un 25%. Así lo denuncia el Grupo Socialista, que ha presentado diversas enmiendas a este apartado de las cuentas para 2026, sobre todo por considerarlo “injusto y desproporcional” si se atiende a que los funcionarios disfrutarán casi del mismo sueldo en general, con una subida muy inferior que ha de fijar aún el Gobierno central en función del IPC, seguramente en torno al 2%. 

Este aumento de entre un 5 y un 25% de las nóminas de las personas designadas de forma libre y discrecional por Dávila se aprobó en el consejo de gobierno del pasado 29 de octubre de 2025. El PSOE considera que aún se está a tiempo de corregir esta “desproporción” y recuerda que, desde la llegada del pacto de los nacionalistas con los conservadores del PP en julio de 2023 (tras la moción de censura a Pedro Martín, que ganó los comicios con un consejero más que Dávila), la partida de gastos corrientes del gabinete de la presidenta para comunicación, publicidad y propaganda ha pasado de 908.918,86 euros a 3,662 millones (2,7 más, un 400% de subida). 

Por eso, los socialistas han presentado una enmienda para suprimir en el nuevo presupuesto el llamado nivel 4, relativo al régimen de especial dedicación y rendimiento del personal eventual, lo que se traduciría en un complemento equivalente al 25% de las retribuciones para los trabajadores eventuales “con una referencia a un nivel de complemento de destino 24 o superior”. En su enmienda, el PSOE propone que sólo pueda atribuirse el 4 “cuando el número de horas realizadas fuera de la jornada sea superior a 350 anuales.”

Hasta ahora, el Cabildo tinerfeño sólo regulaba tres niveles, que permitían al personal eventual percibir hasta un 20% adicional de sus retribuciones anuales cuando el número de horas realizadas fuera de la jornada superase las 300 anuales. “Por tanto, con el nuevo nivel 4 se establece un incremento retributivo con carácter general que oscilará entre un 5 y un 10% adicional, pero, además, los puestos de personal eventual relativos al jefe/a del gabinete de prensa y del director/a de unidad tenían incluidas en sus retribuciones anuales el régimen de plena disponibilidad y el complemento de especial dedicación y rendimiento, no pudiendo experimentar un incremento de las retribuciones anuales establecidas por ningún motivo. Sin embargo, en esta propuesta de plantilla, se elimina esta previsión y podrán percibir el nuevo nivel 4, lo que supone a todos los efectos un incremento retributivo del 25%”.

Según el PSOE, esta medida hará que, “de la actual plantilla de personal eventual, integrada por 29 puestos, dos tendrán un incremento del 25%, 23 del 10% y tres, del 5% de sus retribuciones anuales”. “Rechazamos –recalcan- este incremento por ser desproporcionado e injusto en relación al resto de la plantilla de la Corporación insular, que, con carácter general, percibirá las mismas retribuciones que en el ejercicio 2025 y, en su caso, el incremento será el que fije con carácter básico el Gobierno de España, muy inferior al contemplado por el grupo de gobierno de CC y PP para sus asesores y personal de confianza”.

Los socialistas subrayan que el impacto total de estos aumentos se traducirá en “varios cientos de miles de euros añadidos para subir el sueldo a los asesores del gobierno insular”. A su juicio, se trata de una medida “injusta, desproporcionada y arbitraria porque, mientras la plantilla del Cabildo no recibe aumentos equivalentes, CC y PP suben los sueldos de sus cargos de confianza hasta un 25%. Además, esto envía un mensaje inaceptable: primero los asesores, después los servicios públicos, cuando la prioridad deben ser las prestaciones esenciales, no las retribuciones del entorno político de la presidenta”.