La estrategia que Coalición Canaria y la multinacional española Sacyr-Vallehermoso encontraron para hacerse con el negocio del agua de Santa Cruz de Tenerife sigue su curso. La empresa se quedó con la gestión del ciclo integral del agua de la capital tinerfeña en 2005, cuando el partido nacionalista estaba al frente de la corporación municipal. Sacyr ofreció un canon de 59 millones de euros (10 millones más de lo exigido en el pliego) por quedarse con las infraestructuras. Dinero que fue recuperando después de forma ilegal a través de diferentes pagos devueltos por parte del Ayuntamiento. En 2007, ya había obtenido casi la mitad de la cifra que invirtió, 28,2 millones de euros. Ahora, cuando la trama está en los tribunales, el alcalde José Manuel Bermúdez (CC) ignora a los servicios jurídicos e impide que la corporación ejerza la acción penal por el caso a través de su voto de calidad.
El pleno del Ayuntamiento votó el pasado 28 de mayo la posibilidad de que el grupo de gobierno (integrado por Coalición Canaria, Partido Popular y la concejala tránsfuga de Ciudadanos Evelyn Alonso) ejercieran la acción penal por este caso, investigado en los tribunales. El resultado fue un empate a 13, por lo que Bermúdez ejerció su voto de calidad para impedir la iniciativa.
El exalcalde Miguel Zerolo y el ex consejero delegado de Emmasa (Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife) Pablo Abril Martorell son los principales investigados en esta causa. Los delitos que se les atribuyen son prevaricación y malversación de fondos públicos en la operación de la privatización del servicio del agua. En la actualidad, Zerolo está en prisión por el caso de Las Teresitas, el mayor caso de corrupción urbanística de la historia reciente del Archipiélago mediante el que se intentó construir un aparcamiento de 21 millones de euros en una zona de protección marítimo-terrestre frente a la playa de Las Teresitas y sin autorización.
Fue precisamente durante la Alcaldía de Zerolo cuando se resolvió el concurso a favor de Sacyr. Sin embargo, no fue hasta que el gobierno liderado por Patricia Hernández (PSOE) llegó al poder cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife comenzó a investigar el caso por una denuncia de Unidas Podemos. Coalición Canaria ha defendido que ningún informe técnico advirtió que la devolución del canon fuera irregular. El concejal nacionalista Dámaso Arteaga reiteró que ninguno de los miembros del partido tuvo constancia de que fuera irregular la devolución del pago emitido por la multinacional española.
Pocos días antes de la votación en el pleno para decidir si el Ayuntamiento ejercía la acción penal, el grupo de gobierno había anunciado que se personaría como actor civil en las diligencias abiertas por los pagos supuestamente ilegales a Sacyr a través de la Emmasa. Los servicios jurídicos de la corporación propusieron esta fórmula a través de un informe elaborado a instancias del propio alcalde.
Según la líder de la oposición, Patricia Hernández, esta opción es “ridícula”. “Bermúdez debe responder a qué tiene miedo cuando no quiere ejercer la acusación que le ofrece la jueza”. “No solo no quiere acusar, sino que aún no ha acudido al juzgado de lo Mercantil a pedir que se devuelva lo indebidamente cobrado y anular el acuerdo”, subraya la socialista. Para que la ciudadanía recupere el canon devuelto por Coalición Canaria de forma irregular a Sacyr desde 2007, la junta de gobierno del Ayuntamiento capitalino aprobó en abril un acuerdo para exigir a Emmasa que inicie las acciones correspondientes.
Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos, incluyó esta trama en la “Champions de la corrupción” y exigió que el servicio de aguas se remunicipalice para “dar marcha atrás al desastroso legado de Coalición Canaria”.
Durante su mandato, Hernández ordenó que se paralizaran todos los pagos en concepto de devolución del canon que Sacyr había abonado a la corporación local por la adquisición de Emmasa. La decisión fue tomada después de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento, el secretario del Pleno y la Intervención Municipal constataran que no existía base legal para esta operación, que convertía a la Empresa Mixta en un “regalo” de CC a la multinacional. La entonces alcaldesa tachó la jugada perpetrada de “expolio” a la empresa pública de aguas una vez que el Consejo Consultivo determinara que no había base legal y que no debían realizarse esos pagos.
Después de que el gobierno socialista, que desbancó del poder a CC tras 26 años al frente de la ciudad, sacara a la luz el caso, el partido nacionalista y el PP gestaron la moción de censura que devolvió la Alcaldía a Bermúdez. Para que triunfara, contaron con el apoyo de la concejala tránsfuga de Ciudadanos Evelyn Alonso.
Cuando el caso llegó a los tribunales, la encargada de investigar la causa fue Carolina Déniz, una jueza con fuertes vínculos en el pasado con CC. La magistrada fue directora general de Relaciones con la Administración de Justicia desde junio de 2005 hasta julio de 2007, cuando el fallecido Adán Martín (CC) estaba al frente del Gobierno de Canarias. La jueza fue también designada como viceconsejera de Justicia y Seguridad y fue portavoz del Ejecutivo autonómico.
Tal y como recogió Canarias Ahora, Sacyr alegó que el canon abonado fue una suerte de ''préstamo'' a Emmasa por las tasas de la utilización de los bienes del servicio integral del agua durante los 25 años siguientes. Por eso debía recuperarlo. La multinacional justificó esta idea a través de un informe favorable encargado a Francisco Villar, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna. De este autor se ha valido CC en otras ocasiones para defender sus decisiones más polémicas. Francisco Villar avaló frente a la Intervención General del Ayuntamiento de La Laguna un préstamo de 120.000 euros y la ampliación de la concesión del servicio de retirada de vehículos a quienes eran amigos del entonces alcalde de la ciudad y expresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
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