Un jueza que fue portavoz del Gobierno con Coalición Canaria investiga el trato de favor a Sacyr en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Una jueza con fuertes vínculos en el pasado con Coalición Canaria es la encargada de investigar la causa abierta en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife por el presunto trato de favor recibido por  la multinacional española Sacyr-Vallehermoso en la privatización de la gestión del ciclo integral del agua en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Carolina Déniz, titular del juzgado de Instrucción 3 de esa ciudad, fue directora general de Relaciones con la Administración de Justicia desde junio de 2005 hasta julio de 2007, durante el Gobierno del fallecido Adán Martín, de Coalición Canaria. Luego, al ocupar la presidencia Paulino Rivero, en julio de 2007, Déniz fue designada viceconsejera de Justicia y Seguridad, cargo que desempeñó hasta julio de 2011 en que cesó a petición propia. Entre septiembre de 2007 y enero de 2009, la jueza ocupó uno de los cargos de mayor visibilidad del Ejecutivo autonómico, el de portavoz, es decir, formó parte del Consejo de Gobierno de Canarias, con voz pero sin voto, y era la encargada de dar cuenta de sus acuerdos al término de cada sesión.

El grupo municipal Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz llevó el caso Sacyr a la Fiscalía por considerar “un saqueo” la devolución de una parte del canon pagado por la multinacional para hacerse con el 95% de las acciones de la Emmasa, la empresa municipal que enajenó en 2007 Coalición Canaria durante la alcaldía de Miguel Zerolo, actualmente cumpliendo prisión por otro escándalo de la época, el caso Las Teresitas, una malversación de más de 50 millones de euros por la compra del frente de esa playa a unos empresarios que también resultaron condenados en la operación.

Ahora se trata de la decisión del grupo gobernante de Coalición Canaria de devolver bajo cuerda a Sacyr el canon que pagó a razón de 2,3 millones de euros al año con la intención de completar los 59 desembolsados. El fugaz cambio de gobierno municipal producido el pasado 2019, cuando accedió a la alcaldía la socialista Patricia Hernández, permitió descubrir la operación y empezar a recabar informes hasta confirmar por parte de los servicios técnicos que esos pagos se habían estado produciendo al margen del pliego de condiciones del concurso. Hasta ese momento ya se habían devuelto casi 30 millones de euros sin que las sucesivas corporaciones encabezadas por Coalición Canaria ni los consejos de administración de la empresa mixta recondujeran la decisión.

Unidas Podemos había denunciado los hechos en enero ante la Fiscalía Anticorrupción, pero ante el riesgo de prescripción y la ausencia de noticias del Ministerio Público, el 25 de marzo interpuso denuncia ante los juzgados de Santa Cruz de Tenerife. Esta denuncia recayó en el juzgado que dirige Carolina Déniz, mientras que la que finalmente decidió interponer la Fiscalía, lo hizo en el 5. Comoquiera que fue el 3 quien primero conoció de los hechos, ambas denuncias se acumularon en él, lo que convirtió a la jueza Carolina Déniz en la instructora formal de la causa.

Sin embargo, por haber sido alto cargo político, la jueza Déniz está sujeta a las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, en su artículo 351, mandata que, al reingresar en la carrera judicial, los jueces en tales circunstancias “deberán abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público”. Unidas Podemos no se ha querido pronunciar ante estas eventualidades.

Además de su carrera política, Carolina Déniz fue noticia durante la instrucción del caso Unión y una de sus piezas separadas más sonadas, el caso Jable, en el que resultó imputada y encarcelada preventivamente su hermana María Isabel, a la sazón alcaldesa de Arrecife (Lanzarote). La jueza, por entonces en tareas políticas, apareció mencionada y fue llamada a declarar como testigo en la instrucción de aquella causa por corrupción al haber sido presuntamente una de las personas que participó en un viaje a Marruecos que la investigación catalogó como cohecho. Se trataba de un presunto regalo a la alcaldesa por parte de la empresa FCC, adjudicataria de varias obras en la ciudad.

Como instructora del caso Sacyr, Carolina Déniz ya ha ordenado una serie de diligencias consistentes, entre otras cosas, en recabar toda la documentación referida al pliego de condiciones por el que se adjudicó a esa multinacional el ciclo integral del agua de la capital tinerfeña; los acuerdos adoptados en su consejo de administración, así como los expedientes municipales que se hayan podido tramitar desde 2007 hasta la fecha. Además, ha llamado a declarar a varias personas como testigos, entre otros a integrantes del consejo de administración de Emmasa cuyos posibles delitos ya habrían prescrito. Además, ha llamado a declarar al actual alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, simplemente para ofrecerle acciones, esto es, para que tenga la posibilidad de que el Ayuntamiento se persone como perjudicado y pueda reclamar a Sacyr las cantidades que pudieran resultar fraudulentamente reembolsadas. Hasta ahora, ningún gobierno municipal de Coalición Canaria se ha interesado en tal extremo.