Una plataforma ciudadana exige al Gobierno canario que aclare el acuerdo “real” con la empresa de las jaulas marinas en Telde

La Plataforma por un Mar Limpio, formada por colectivos y ciudadanos de Telde (Gran Canaria), ha exigido este martes al Gobierno canario que aclare el alcance “real” del acuerdo con la empresa acuícola que opera en las costas del municipio, ya que apunta que el “supuesto cese” de la actividad “no existe”, y lo califica de “titular vacío, sin efectos jurídicos y sin planificación”.

En un comunicado, la organización ha recordado que en la reunión mantenida con el consejero de Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y el director general del área, Esteban Reyes, ambos reconocieron que el acuerdo para el cese de la actividad de la empresa que opera en la costa de Telde solo afecta a una concesión, Melenara II, y “no tiene carácter vinculante.

Asimismo, la plataforma señala que el Ejecutivo autonómico carece de competencias para obligar a la empresa, y califica la situación de Melenara II como “especialmente alarmante”.

La plataforma asegura que la concesión Melenara II opera en una zona prohibida para la acuicultura, a 355 metros de la playa, y la empresa estaba obligada “a desmantelar progresivamente la antigua instalación”.

Además, la organización dice que el Gobierno canario “admite no saber en qué estado se encuentra el proceso y reconoce que su cumplimiento depende exclusivamente de la empresa”.

Por otro lado, la gestión del episodio de mortandad masiva de peces, en octubre de 2025, “evidencia una descoordinación inaceptable”. La plataforma indica que el Ejecutivo regional ofreció versiones “contradictorias” sobre la existencia de un plan de contingencia “y no ha podido explicar por qué solo se registraron 600 toneladas retiradas cuando las estimaciones eran muy superiores”. Se

Por ello, la Plataforma por un Mar Limpio exige al Gobierno de Canarias que aclare públicamente el alcance “real” del acuerdo anunciado, obligando al desmantelamiento de Melenara II (ubicada en Salinetas), garantizando el acceso a los expedientes, estableciendo protocolos reales de contingencia y reforzando la vigilancia de las concesiones.

La Plataforma por un Mar Limpio confía en que la Fiscalía “actúe con firmeza ante quienes miran hacia otro lado mientras nuestras playas sufren contaminación y abandono institucional”, concluye.