“Es posible pero en mi caso poco probable” que una operación como la compra de terrenos de la playa de las Teresitas se lleve a cabo sin que haya un seguimiento por parte del alcalde, ha opinado hoy José Manuel Bermúdez, alcalde de la capital tinerfeña.
Bermúdez ha declarado este lunes como testigo en el juicio del conocido como “caso Las Teresitas” por un presunto pelotazo en la compra de terrenos en la playa de la capital tinerfeña, por los que la corporación municipal pagó 52,3 millones de euros a Inversiones Las Teresitas, cuando los técnicos del Ayuntamiento los habían valorado en menos de 20 millones.
A preguntas de la acusación particular el alcalde de Santa Cruz de Tenerife ha recordado que la corporación municipal mantiene una demanda para recuperar ese dinero más los intereses a la citada empresa.
José Manuel Bermúdez ha insistido en que la demanda se realizó conforme a lo que acordaron los servicios jurídicos y después de que le comunicasen que se había encontrado documentación según la cual parte de los terrenos comprados a Inversiones Las Teresitas podrían ser de propiedad municipal.
A preguntas de la acusación particular, que ejerce José Pérez Ventura, el alcalde ha indicado que cuando asumió la alcaldía (en 2011) la corporación tenía una deuda acumulada de unos 62 millones de euros.
José Manuel Bermúdez ha reconocido que no es algo habitual que aparezcan documentos, como ocurrió en este caso, años después de haberse acordado la compra de los terrenos, e insistió en que se había actuado como había que hacer.
Otros testigos que han declarado este lunes
También ha comparecido este lunes una inspectora de Hacienda que en 2011 realizó un informe en el que se rechazaba que Inversiones Las Teresitas podía hacer una dotación para la reserva de inversiones (ric) debido a que no tenía actividad, ha explicado.
Nieves Reyes, que en 1993 entró en la Gerencia de Urbanismo como técnico economista y en la actualidad es Tesorera, ha señalado que en su despacho tiene una caja fuerte en la que guarda, entre otros documentos, un expediente según el cual la Junta de Compensación de la playa de Las Teresitas mantenía sin pagar una deuda de 66.000 euros.
El expediente que se guarda lo elaboraron los servicios jurídicos de la corporación después de que se encontrase en los archivos municipales el documento que acreditaba que el pago no se había hecho.
Este documento se buscó después de que lo pidiese el entonces letrado de la corporación Ruymán Torres, que es la persona que había encontrado el escrito en el que se decía que parte de los terrenos podrían ser municipales.
Nieves Reyes ha reconocido que había cuatro deudas pendientes de la Junta de Compensación y que Ruyman Torres solo le preguntó por una, y señaló además que cuando el ahora acusado José Luis Roca era su jefe le dio un expediente sobre la modificación del presupuesto de la Gerencia de Urbanismo.
Este cambio se produjo para comprar los terrenos y Nieves Reyes ha reconocido que lo tenía en esos momentos en la sala, ante lo cual le han preguntado si había solicitado autorización para sacarlo de la caja fuerte y ha respondido que lo llevaba porque alguien le había dicho que era conveniente.
El exconcejal socialista José Luis Martín ha sido el último testigo en declarar y ha asegurado que su formación votó a favor de la compra de los terrenos porque así se cumplía el objetivo de que no se edificase, y añadió que el precio le pareció razonable porque así lo decían los técnicos.
José Luis Martín ha dicho que cuando prestó declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo hizo en condición de imputado, para reconocer que desconoce los motivos por los que ahora no lo es. En cuanto a que su compañero en la corporación Emilio Fresco continue imputado comentó que posiblemente se deba al cargo de este, portavoz.
La primera sesión de este juicio se celebró el pasado 12 de septiembre y están acusadas trece personas, entre ellas el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, tres exconcejales, además de técnicos municipales y empresarios.
La Fiscalía pide ocho años de cárcel para Miguel Zerolo y la misma pena reclama para el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Parejo (CC), y cuatro años para los también exediles Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP).
Igual condena de cuatro años de cárcel plantea para los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, así como para sus hijos Carlos Plasencia y Pedro González.