La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado anular la orden de prisión provisional dictada para un hombre y una mujer detenidas en abril en el sur de Tenerife acusadas de blanquear 2,2 millones con negocios inmobiliarios en la conocida como operación Stoner.
Según la información policial, la estrategia se basaba en captar clientes interesados en invertir en las propiedades médicas del cannabis por medio de ferias, a través de una plataforma y encuentros en los que empleaban una fuerte campaña de marketing.
El dinero obtenido presuntamente por prometer grandes beneficios en realidad iba a parar a los propios detenidos y una parte mínima a los inversores.
En el ámbito de toda España entraron en prisión provisional otras siete personas más que presuntamente pertenecían a esta organización criminal que al parecer habría estafado 645 millones por ese método.
En aquel momento también se bloquearon cuentas bancarias con 58.600 euros, 116.300 en criptomonedas, 106.000 en dinero en efectivo y los mencionados bienes inmuebles.
Los delitos que se le atribuyen a los procesados tinerfeños son los de pertenencia a organización criminal, continuado de estafa agravada blanqueo, castigados con penas de hasta 5, 9 y 6 años respectivamente.
La Fiscalía los relaciona con actividades de un grupo estructurado de personas que se dedicarían a invertir dinero captado a un número considerable de víctimas que iban obteniendo ganancias hasta que “el sistema colapsó” por falta de recursos, sin que el dinero transferido se dedicara a la financiación del cultivo de cannabis, por medio de una empresa dirigida por ciudadanos rusos.
En principio se considera que los fondos iban dirigidos al abono de intereses a los primeros perjudicados y a gastos de mantenimiento del aparato de captación, y se vincula al hombre detenido en Tenerife a esta “red criminal”.
El procesado es socio fundador desde 2022, administrador único y apoderado de las cuentas bancarias en España por lo que se le atribuye blanquear los 2,2 millones por medio de la compra de tres inmuebles en Tenerife.
En el auto conocido ese lunes, la Audiencia Nacional considera demostrado que este hombre mantiene relaciones personales con la organización criminal desmembrada, y cita dos reuniones mantenidas en Palma de Mallorma y el Helsinki.
Alega la Audiencia que todavía se sigue analizando el contenido de los dispositivos electrónicos e informáticos intervenidos por lo que las sospechas se irán consolidando o no en los momentos correspondiente de la investigación.
En cuanto a la mujer se le vincula con convertidores de efectivo en criptomomendas y la apertura y gestión de cuentas bancarias en Chipre, siendo propietaria de la compañía a través de los que se blanqueó el dinero con el que se compraron los inmuebles como ocurre con el otro acusado, en uno de los cuales vive.
En los recursos rechazados se solicita que se declare la inmediata libertad de ambos ciudadanos sin fianza o que en todo caso esta sea prudencial y ajustada a su capacidad económica.
También piden que sólo estén obligados a comparecer cada quince días en el juzgado, o se tome cualquier otra medida “menor gravosa y lesiva” que la actual. Ambos fueron detenidos en cumplimiento de una orden de busca y captura en el ámbito europeo e internacional.
Alegan las defensas que no existe riesgo de fuga especialmente porque no hay indicios racionales de criminalidad en sus conductas y dado el arraigo en España y que se les ha impedido acceder a diversas actuaciones que son esenciales para impugnar la legalidad de la detención.
Entre los principales argumentos para mantener la inocencia de los detenidos está que nunca han trabajado para la entidad que se encuentra bajo sospecha y a partir de la cual se determinaron las acusaciones de blanqueo.
Igualmente se hace patente el arraigo de los investigados en España, lo que conlleva la ausencia de riesgo de cometer delitos y de hecho trabajan en el sector inmobiliario en Tenerife y están empadronados en un municipio del sur desde hace años, donde tienen a sus familias.
También se descarta cualquier posibilidad de que destruyan pruebas si quedan libres, dado que la causa ha sido declarada secreta y se ha incautado todo el material al que no pueden ya acceder por lo que es imposible que oculten documentos y más aún cuando han existido dos años desde que se iniciaron las investigaciones.
Por lo tanto las defensas no creen que se cumplan los principios que justifican la prisión provisional que deben basarse en criterios “suficientes y razonables”.