Absueltos cuatro acusados de apropiación y administración desleal en una empresa transportes
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto a cuatro acusados de apropiación indebida y administración desleal en una empresa de transporte de viajeros, para quienes la Fiscalía solicitaba penas de entre dos y cuatro años de prisión.
El tribunal rechaza el relato de las acusaciones “al considerarlo claramente incompleto e inexacto con el efecto de ofrecer un dibujo de los hechos muy diferente del que se ha acreditado en la realidad”.
La defensa, ejercida por el abogado Andrés Martín Cruz, había mantenido la inocencia de sus clientes y negado las operaciones delictivas que se les atribuían.
El denunciante y uno de los acusados habían adquirido la compañía con casi 550 participaciones cada uno, según el relato recogido en la resolución.
El primero desembolsó 1,5 millones de euros obtenidos mediante un crédito avalado con propiedades familiares, mientras que los acusados aportaron 606.500 euros tras hipotecar bienes de su padre.
Desde 2010, la empresa atravesó problemas económicos y financieros y acumuló importantes deudas con la Seguridad Social, con una entidad extranjera a la que había comprado los vehículos y con entidades bancarias por contratos incumplidos, por lo que comenzaron los embargos de su patrimonio.
La Fiscalía y los denunciantes atribuían a tres de los procesados haberse concertado para ceder bienes de la compañía a otra empresa con el propósito de evitar la acción de los acreedores y con perjuicio para los socios, una actuación que la Audiencia no considera probada.
Según la versión recogida en la sentencia, esa segunda sociedad fue constituida por trabajadores y, tras fracasar, se recurrió a otra ya existente, propiedad de uno de los empresarios.
Esta iniciativa tampoco prosperó y la flota pasó finalmente a ser propiedad de una entidad diferente.
La compañía original trasladó su domicilio social a la vivienda de dos de los acusados y otros dos fueron nombrados administradores.
Las acusaciones sostenían que se había simulado la compraventa de 88 vehículos y un local comercial sin pagar precio alguno, un extremo que tampoco se ha podido demostrar.
También atribuían a los procesados la firma de nuevos contratos con clientes de la antigua compañía, cobros en efectivo y una confusión de cuentas entre familiares.
Según esa tesis, las operaciones pretendían pagar algunas deudas con bienes embargados y ocultar más de un millón de euros obtenido de su venta, una versión que el tribunal ha descartado.
La Audiencia rechaza además que el supuesto vaciamiento de la entidad se produjera sin conocimiento del querellante, como este sostenía.
Por el contrario, considera que “tenía perfecto conocimiento de la situación de crisis e insolvencia en la que se encontraba, y realizó actuaciones dirigidas a eludir la liquidación”.
El tribunal advierte, no obstante, de que el esclarecimiento de los hechos se ha visto dificultado por la falta de transparencia en la gestión de la relación contractual entre la compradora y la vendedora. Esta última carecía de una contabilidad que permitiera conocer al detalle su gestión y sus cuentas, según señala la resolución.