La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha anunciado este lunes que recurrirá ante los tribunales la ordenanza que regula esta actividad en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona.
En un comunicado, ASCAV esgrime que la ordenanza adolece de vicios de nulidad por falta de motivación y justificación de las limitaciones impuestas, conculcando con ello la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia.
La misma, recuerda la patronal, establece que, además de contener la oportuna justificación, las normas municipales han de ser conformes al principio de proporcionalidad toda vez que se está limitando un derecho constitucionalmente protegido.
Fue en octubre de 2024 cuando gobernaba el PSOE, que el pleno del Ayuntamiento de Granadilla de Abona acordó por unanimidad regular la actividad de alquiler vacacional en el municipio, donde hay 1.918 viviendas dedicadas a esta actividad alojativa, que representan el 9% del total.
En dicha normativa se establece que no podrán destinarse a viviendas vacacionales las que estén fuera de ordenación, las que estén en régimen de protección o promoción pública ni las que estén en zonas declaradas tensionadas.
También determina que la actividad vacacional podrá desarrollarse en “las viviendas edificadas de acuerdo a la normativa urbanística y las determinaciones del planeamiento sobre usos del suelo y la edificación, que cuenten con las preceptivas licencias, títulos habilitantes y autorizaciones exigibles en el momento de la edificación”.