Caso Jornadas del Paisaje: la Fiscalía pide hasta cinco años de cárcel para varios cargos del Cabildo de Gran Canaria
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la apertura de juicio oral contra la consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, Inés Miranda, y otros seis cargos insulares y empresarios por las supuestas irregularidades cometidas en la Jornadas del Paisaje de entre 2016 y 2019 y reclama penas de hasta cinco años de prisión.
Entre los siete investigados figuran, además de la consejera de Política Territorial, el entonces interventor general de la corporación, José Juan Sánchez Arencibia, y el entonces director general de Política Territorial, Rafael Pedrero, y el director de Desarrollo Estratégico del PIO/GC, Víctor Quevedo, además de empresarios.
Según ha informado en un comunicado la portavoz de la Fiscalía, en su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal Javier Ródenas aprecia en los acusados delitos continuados de malversación de caudales públicos, fraude en la administración y prevaricación administrativa. En el caso del entonces interventor general, el auto del juez conocido el 3 de octubre también señalaba posibles negociaciones prohibidas a funcionarios públicos por los expedientes relacionados con su esposa.
La presentación del escrito de la Fiscalía se ha producido tras concluir la investigación el magistrado de la plaza 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria y dar traslado a las partes para que formularan sus acusaciones, para lo cual tenían 10 días.
El auto del juez, conocido el 3 de octubre, apuntaba a una posible fragmentación de la organización de las jornadas mediante varios contratos menores. Esta fórmula habría permitido mantener las adjudicaciones sin dar publicidad suficiente para que otras empresas pudieran presentar sus ofertas.
La investigación se centra en los eventos celebrados entre 2016 y 2019 y en el papel de distintas empresas que recibieron fondos del Cabildo de Gran Canaria para organizar las jornadas.
Según el auto, gran parte del dinero abonado a dos de estas entidades habría terminado en Imaco 89, empresa administrada por la esposa del entonces interventor general del Cabildo.
En concreto, Imaco 89 habría recibido 44.503,75 euros de los 67.217,40 euros percibidos del Cabildo por el Instituto Canario de Telecomunicaciones, así como 14.924,24 euros de los 14.950 euros abonados a Yedra Comunicación por la organización de las jornadas de 2019.
El juez también aprecia indicios de un perjuicio para las arcas públicas de al menos 11.000 euros relacionado con el reparto de los patrocinios de los eventos.
Qué pide la Fiscalía para cada acusado
El fiscal reclama para la consejera Inés Miranda una condena de cinco años de cárcel y diez de inhabilitación, pena que también solicita para los directores en esos años de Política Territorial y del Desarrollo Estratégico del Plan Insular de Ordenación, Rafael Pedrero y Víctor Quevedo.
A cinco años de prisión se exponen también la administradora de la empresa Imaco 89, María Ángeles Horna -que figura en la causa junto a su marido, el interventor del Cabildo en esos años, José Juan Sánchez Arencibia-, y para el periodista y empresario Míchel Jorge Millares.
Para estos dos procesados pide que se les inhabilite durante seis años para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
José Juan Sánchez Arencibia se enfrenta a dos años de prisión, una multa de 10.950 euros, y siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, mientras que para la acusada Mónica del Pino Torres, titular de otra mercantil implicada en la causa, se solicitan tres años de prisión y otros tantos de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
El plan, según la Fiscalía: fraccionar contratos
En su escrito, de 97 folios, el fiscal describe un supuesto plan concertado entre los acusados para predeterminar las adjudicaciones de las Jornadas del Paisaje de Gran Canaria entre 2016 y 2019, ocultar a quien habría ejecutado materialmente las prestaciones y utilizar el procedimiento de contratación pública como una apariencia formal de legalidad.
De acuerdo con la acusación, la organización y ejecución efectiva de los eventos habría recaído en María Ángeles Horna a través de la mercantil Imaco 89, mientras que otras sociedades habrían figurado formalmente como adjudicatarias de los contratos.
Así mismo, sostiene que determinadas prestaciones integrantes de una misma unidad funcional y económica se habrían dividido artificialmente para evitar que su importe superase los límites del contrato menor.
La Fiscalía Anticorrupción considera que esta fragmentación habría permitido eludir los requisitos de publicidad, concurrencia y tramitación del procedimiento de contratación que, según su tesis, correspondía por razón de la cuantía y naturaleza de las prestaciones.
En relación con las Jornadas del Paisaje de Gran Canaria de 2019, la Fiscalía señala una supuesta vulneración de las normas esenciales de contratación pública, con referencia al artículo 118.2 de la legislación de contratos del sector público.
En escrito de conclusiones provisionales expone que se habrían segregado artificialmente prestaciones para realizar gasto público prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.
Además, mantiene que el procedimiento negociado sin publicidad se habría utilizado para proporcionar cobertura administrativa a una prestación previamente ejecutada, en relación con el contrato de asistencia técnica para la organización de las terceras Jornadas del Paisaje de Gran Canaria, las de 2018.
Según la acusación, la adjudicación y formalización del contrato se habrían producido después de que la prestación estuviera ya ejecutada, de modo que la tramitación administrativa no habría precedido a la realización efectiva del servicio.
El escrito describe un mecanismo similar respecto de las jornadas de 2019, en las que un contrato menor de servicios se habría adjudicado después de que la organización material del evento estuviera ya avanzada o ejecutada.
La Fiscalía expone que determinadas sociedades habrían actuado como adjudicatarias formales de los contratos de las jornadas, mientras que Imaco habría asumido, según la acusación, la ejecución efectiva de las prestaciones.
En concreto, el escrito identifica al Instituto Canario de Telecomunicaciones SL, vinculado a Michel Jorge Millares, como adjudicatario formal de los contratos correspondientes a 2016, 2017 y 2018, y a Yedra Comunicación SL, vinculada a Mónica del Pino Torres, como adjudicataria del contrato de 2019.
Según Anticorrupción, las sociedades adjudicatarias habrían percibido fondos públicos y transferido posteriormente cantidades a Imaco.
El escrito también describe operaciones económicas relacionadas con proveedores y pagos por servicios cuya inclusión en los contratos principales sería relevante para determinar si se produjeron duplicidades.
La Fiscalía afirma que los ingresos obtenidos mediante acuerdos de patrocinio debían aplicarse, según las condiciones contractuales descritas en el escrito, a reducir el coste soportado por el Cabildo, y que los contratos de 2017, 2018 y 2019 se abonaron íntegramente sin descontar esas cantidades y cifra en al menos 11.000 euros el perjuicio atribuido a este concepto (3.000 euros correspondientes a 2017, 4.000 euros a 2018 y 4.000 euros a 2019).
La Fiscalía recoge, además, la existencia de aportaciones en especie de entidades colaboradoras que, según el escrito, tampoco se habrían aplicado a reducir el coste contractual.
En cuanto al papel del interventor del Cabildo, centra su presunta participación en la tramitación y fiscalización de gastos relacionados con las jornadas, pese a conocer la existencia de intereses económicos vinculados a Imaco, según recoge el escrito de la Fiscalía.