A juicio por llamar “asesinato” a la muerte del joven que fue abatido en el aeropuerto de Gran Canaria
La presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Inmigrantes Refugiados en España, Isabel Alfaro, se enfrenta a una multa de 4.050 euros por calificar de asesinato la muerte de Abdodulie Bah, un joven gambiano abatido a tiros por la Policía en 2025 a la entrada del aeropuerto de Gran Canaria tras amenazar con un cuchillo a varias personas.
Isabel Alfaro ha comparecido este jueves ante la Plaza número 6 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria como acusada en un juicio en el que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, ejercida por la Confederación Española de Policía, han demandado que sea condenada por un delito de injurias graves a las fuerzas de seguridad.
En su declaración, la mujer ha admitido haber defendido en una asamblea de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC) previa a una concentración de protesta convocada el 22 de mayo ante la sede de la Delegación del Gobierno en Las Palmas que al chico lo habían “asesinado” cinco días antes, por lo que instó a los presentes en esa reunión a que eso debía constar en un cartel que lo dijera.
Sus palabras se hicieron virales porque alguien grabó en vídeo momentos de esa asamblea y los difundió en redes sociales.
Alfaro ha explicado ante la jueza que se expresó en esos términos llevada por el dolor que le causó la muerte de Bah, un joven de 19 años al que había cuidado como a un hijo y al que solía invitar a comer los fines de semana a su casa, junto a más compañeros con los que jugaba al fútbol, una de las actividades que promueve la federación que ella preside para contribuir a su integración social.
Las acusaciones sostienen que en el incidente donde perdió la vida el joven migrante los cinco agentes destacados en el aeropuerto de Gran Canaria que intervinieron para reducirlo se vieron obligados a detonar su arma reglamentaria para evitar un peligro inminente, ya que el chico había amenazado previamente con el cuchillo que portaba a un taxista.
También afirman, en defensa de los policías, que Abdoulie sembró el pánico entre una multitud de viajeros, al blandir el cuchillo dentro de las instalaciones aeroportuarias, un lugar que posteriormente abandonó a la carrera para dirigirse a la parada de guaguas, donde metió el arma blanca en un bolsillo del pantalón.
Una vez reproducidos este jueves en el juicio dos vídeos de esa asamblea de la FAAC, Isabel Alfaro ha insistido en que se enteró de la muerte del joven al día siguiente de que ocurriera, al salir de una guardia como enfermera, y que en ningún momento tuvo la intención de atentar contra la dignidad y el buen nombre de la Policía.
Su propósito, ha alegado, fue instar a que la muerte de su protegido, “un buen niño que no era agresivo”, no quedara impune.
Sin embargo, según la fiscal, eso no se compadece con la imputación de un delito de asesinato, que se produce, según ha recalcado, cuando se quita la vida a alguien con una intención clara.
La fiscal ha reseñado que el fallecido había sido detenido tres días antes de morir acusado de un delito de atentado contra la autoridad y ha asegurado que los agentes que lo redujeron en el exterior del aeropuerto de Gran Canaria temieron por su vida, hasta tal punto que todos estuvieron de baja por las secuelas psicológicas que les causó el incidente.
Para la acusación particular, las manifestaciones de Isabel Alfaro “desbordan el derecho a la libertad de expresión”, al constituir la imputación de un delito y la defensa de la procesada piden su absolución.
Al hacer uso de su derecho a la última palabra, Alfaro ha pedido disculpas a la Policía, cuerpo al que ha insistido que no pretendía “molestar o dañar”, y su letrado ha solicitado que, si es condenada, se pondere la pena que se pide para ella en atención a su situación económica, al tratarse de una enfermera que lleva 17 años encadenando contratos temporales en Canarias.