Francia lleva a juicio a Renault por un 'dieselgate' que la marca niega
Renault se sentará en el banquillo de los acusados en Francia por su propio caso de dieselgate. La justicia francesa ha decidido enviar a juicio al fabricante automovilístico por las sospechas de haber utilizado estrategias ilícitas de control de emisiones en sus motores diésel para superar los test de homologación, una acusación que la compañía rechaza de forma tajante.
La decisión, comunicada este lunes por los jueces de instrucción a las partes, pone fin a casi una década de investigación judicial abierta en enero de 2017 sobre vehículos diésel de generaciones anteriores. El caso será examinado por el Tribunal Correccional de París.
Renault se convierte así en el segundo gran fabricante de automóviles que será juzgado en Francia por el escándalo del dieselgate, después de Volkswagen, cuya manipulación de motores diésel destapada en 2015 desencadenó investigaciones en todo el mundo y endureció la regulación de las emisiones contaminantes.
La investigación francesa sostiene que Renault habría comercializado entre 2009 y 2017 vehículos con motores diésel Euro 5 y Euro 6 cuyos sistemas de control de emisiones modificaban su funcionamiento durante las pruebas oficiales de homologación. Según la acusación, esos vehículos lograban mantener las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por debajo de los límites legales durante los ensayos, mientras que en condiciones normales de circulación registraban niveles superiores.
Renault defiende su inocencia
No obstante, la propia resolución judicial reconoce que los vehículos de Renault no estaban equipados con dispositivos específicamente diseñados para detectar los ciclos de homologación, un aspecto que la compañía considera determinante para su defensa.
En un comunicado difundido tras conocerse la decisión judicial, Renault aseguró que “rechaza firmemente haber cometido cualquier infracción” y defendió que “los límites de funcionamiento de los sistemas de control de emisiones concilian estrictamente la reducción de las emisiones y la seguridad de los conductores”.
El fabricante francés subrayó además que todos sus vehículos “han sido siempre homologados de conformidad con toda la normativa francesa y europea aplicable”, y recordó que recientemente el Tribunal Superior de Londres desestimó las demandas presentadas contra la empresa por varios fondos de inversión extranjeros, algunos de los cuales participan también en el procedimiento abierto en Francia.
La compañía sostiene que esas reclamaciones respondían al objetivo de obtener un beneficio económico y anunció que defenderá ante los tribunales “su inocencia, así como la profesionalidad y la ética de sus 100.000 empleados”.