La industria de automoción del Reino Unido se tambalea por la ley del 'Made in Europe'
Las repercusiones del Brexit siguen coleando. La industria automovilística británica reclama a la Unión Europea que reconozca al Reino Unido como un “socio de confianza” para que sus coches y componentes disfruten de los mismos privilegios que los europeos con la la nueva ley del 'Made in EU'. El riesgo es que las nuevas exigencias de contenido local dejen en desventaja a los vehículos fabricados al otro lado del Canal de la Mancha e impacten también en la industria europea. La Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT) advierte de que la medida podría poner en peligro una relación comercial valorada en 80.000 millones de euros anuales y afectar a unas cadenas de suministro profundamente integradas desde hace décadas.
El aviso llega mientras avanzan las negociaciones sobre la Ley de Aceleración Industrial (IAA, por sus siglas en inglés), la iniciativa de la Comisión Europea que pretende reforzar la producción industrial europea y reducir la dependencia de proveedores extranjeros, especialmente de China. En el caso del automóvil, el proyecto establece que los vehículos eléctricos adquiridos mediante contratación pública deberán ensamblarse en la UE y contar, seis meses después de la entrada en vigor de la norma, con un 70% de componentes fabricados en Europa, excluida la batería.
El problema para Reino Unido es que los países de la UE, además de Islandia, Liechtenstein y Noruega, quedarían incluidos automáticamente en las disposiciones de 'Hecho en Europa', mientras que el acceso de terceros países dependerá de criterios de reciprocidad y de sus acuerdos con el bloque. El borrador podría dejar fuera a los fabricantes británicos de determinados incentivos para vehículos fabricados en Europa, entre ellos los destinados a flotas corporativas más limpias y los llamados supercréditos de COâ‚‚, además de limitar su acceso a contratos públicos de los Estados miembros.
Lazos industriales entre la UE y Reino Unido
Un análisis elaborado por Oxford Economics por encargo de la SMMT cuantifica la interdependencia entre ambas industrias. La producción automovilística británica sostiene alrededor de 24.000 millones de euros de actividad económica en la UE y 250.000 empleos en el conjunto del bloque. Solo las exportaciones de automóviles británicos hacia la UE generan unos 5.600 millones de euros de gasto en bienes y servicios comunitarios, asociado a 58.000 empleos y 1.600 millones de euros de ingresos fiscales. Los datos corresponden principalmente a 2024.
Alemania sería el país más expuesto, con unos 6.300 millones de euros de impacto sobre su PIB asociado a la producción británica, seguido de Francia, con 2.000 millones; Italia, con 1.700 millones, y España, con 1.500 millones. En términos de empleo, la producción británica sostiene 69.000 puestos en Alemania, 24.000 en Francia, 22.000 en España y 20.000 en Italia.
La SMMT subraya que estas cifras no constituyen una previsión de las pérdidas que provocaría la normativa, sino una estimación de la actividad económica europea potencialmente expuesta a cambios que afecten a las exportaciones británicas. El estudio tampoco calcula cómo responderían fabricantes, proveedores o consumidores ante las nuevas reglas.
“Los sectores automovilísticos de la UE y el Reino Unido han comerciado, invertido y crecido conjuntamente durante muchos años”, señala Mike Hawes, director ejecutivo de la SMMT, que reclama un acuerdo que reconozca al automóvil británico como socio de confianza y evite fragmentar las cadenas de suministro europeas.
El primer ministro británico, Andy Burnham, también ha defendido que Reino Unido pueda participar como “socio de confianza” en el esquema europeo y ha advertido del impacto que una exclusión podría tener sobre la industria automovilística británica. La UE, por su parte, mantiene que los países no miembros no pueden esperar automáticamente los mismos beneficios, aunque existe margen para negociar fórmulas de cooperación.
La propuesta todavía debe ser negociada por los gobiernos de los Estados miembros y el Parlamento Europeo, por lo que el contenido definitivo de las reglas de 'Hecho en Europa' aún puede cambiar.