Seis personas vinculadas al colegio público Blas de Lezo, en el barrio madrileño de Las Tablas, han sido condenadas a pagar multas de 1.810 euros por llevar hasta el hostigamiento, según los jueces, sus protestas contra el nombramiento de su directora en 2019 por parte de la Comunidad de Madrid. La Audiencia Provincial, según ha podido comprobar elDiario.es, ha aumentado sus condenas económicas por delitos de coacciones y lesiones junto con una indemnización de 28.000 euros para la afectada mientras dos de los condenados están investigados por otro juzgado por hechos similares, aunque de menor intensidad, relacionados con otro colegio público, el Josep Tarradellas de Fuencarral.

El Blas de Lezo fue inaugurado hace más de una década y su primer director fue Javier Montellano. El conflicto arrancó en 2019 cuando llegó el momento de revalidar ese puesto y la viceconsejería de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid terminó dando el puesto a otra persona, Ana Van Oosterzee. Los sindicatos, que defendían la permanencia de Montellano, llevaron ese nombramiento ante la Justicia al entender que era irregular por haber suspendido por unas pocas décimas el proyecto de Montellano y nombrar finalmente de forma discrecional a una candidata que ni siquiera —denunciaron las familias— cumplía con los requisitos para ocupar el cargo.

El nombramiento del Ejecutivo que entonces dirigía de forma interina Pedro Rollán, unas pocas semanas antes de que empezara la primera legislatura de Isabel Díaz Ayuso, se convirtió en una batalla judicial y también de protestas. Los jueces de lo contencioso-administrativo terminaron avalando el nombramiento de Van Oosterzee tras un recurso fallido de los sindicatos, recordando que “el director anterior también fue nombrado” de forma discrecional por la misma administración. Las familias, en paralelo, llevaron su malestar a las calles, la puerta del Blas de Lezo y las redes sociales.

Durante meses las familias de los alumnos se concentraron a las puertas del colegio y en ocasiones también frente a la Consejería para exigir la vuelta de Montellano. Más de un centenar de familiares y alumnos se encerraron durante varios días en el centro al terminar la fiesta de fin de curso de ese año 2019. Pancartas, recogidas de varios miles de firmas y mensajes en X –entonces todavía Twitter– para reclamar la vuelta de un proyecto, declaraban entonces a elDiario.es, mucho más “innovador e inclusivo”.

Ahora los tribunales han determinado que una parte de estas protestas superó los límites del Código Penal y ha elevado a 1.810 euros en total las multas impuestas a seis personas, una de ellas integrante entonces del Consejo Escolar, por delitos de coacciones y lesiones. El primero por impulsar o protagonizar quejas que terminaron por forzar su dimisión en 2021 y el segundo por las secuelas psicológicas sufridas por Van Oosterzee, que tuvo que recibir tratamiento por ansiedad, tal y como alegó en el proceso. Su sucesora en el cargo se incorporó escoltada por antidisturbios, según relató El País, aunque no se registró ningún incidente.

La exdirectora del centro llevó todo el asunto a los tribunales representada por los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, que llegaron a pedir varios años de cárcel. La Audiencia Provincial, tal y como estableció previamente un juzgado de lo penal, entiende que los condenados y más personas no identificadas pusieron en marcha un “plan preconcebido” para forzar su salida del centro. Un “plan” en el que los jueces incluyen concentraciones, peticiones de dimisión en las reuniones de las familias y campañas en internet pero también cartas amenazantes y “pasquines” con una foto suya sacada de su Facebook. Varios miembros de la dirección del centro, explican los tribunales, dejaron de ir a trabajar para evitar el conflicto.

“Inepta con tintes psicópatas”

Un juzgado de lo penal condenó a los seis acusados y cinco de ellos ni siquiera recurrieron ante la Audiencia Provincial de Madrid. Solo lo hizo uno, que buscaba reducir la condena y la Fiscalía, que pidió aumentar las sanciones por un delito de acoso. La Comunidad de Madrid, que según fuentes del caso pidió varios años de cárcel para cada uno, se limitó a pedir que las multas fueran confirmadas.

Los jueces responden a este condenado que recurrió que formó parte de un “plan preconcebido” que, además de solicitar la dimisión de la directora incluyó mensajes como: “Vete a tu casa, que igual te quieren ahí, o quizás, sea ese el problema, que ni ahí te quieren”. También insultos como “inepta con tintes psicópatas”. Todo eso, dice la sentencia, desbordó “los cauces legítimos admisibles” para protestar contra su designación.

La Audiencia Provincial de Madrid rechaza tanto este recurso como las alegaciones de la Fiscalía para que los seis sean condenados por acoso y no por coacciones. Sí estima uno de los argumentos del Ministerio Público: que las multas deben ser más altas. De esta forma, el total de las sanciones económicas que debe pagar cada uno sube hasta los citados 1.810 euros, además de la indemnización de 28.000 euros que cada uno debe abonar a la exdirectora del centro de Las Tablas.

Fuentes del caso explican que existe otra investigación contra varias personas, algunas de ellas también condenadas en estas diligencias, por hechos similares aunque de menor intensidad en torno al Josep Tarradellas de Fuencarral.

El juez José Luis Calama, que investiga el caso Plus Ultra y a José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, ha anunciado que tomará medidas tras las filtraciones de las agendas y conversaciones privadas del expresidente del Gobierno, aportadas a la causa por la UDEF en su último informe. El magistrado ha deducido testimonio para que un juzgado de Madrid “investigue las filtraciones e identifique a sus responsables” al destacar “la gravedad de los hechos”. Otra medida es formar una pieza de “información sensible” para aportar las grabaciones de los interrogatorios, de manera que solo la Fiscalía y el juez tengan acceso a ellas.

Las agendas de Zapatero relativas a 2024 y 2025, así como los mensajes que intercambió con su secretaria Gertrudis Alcázar, fueron incautadas por esta unidad policial durante los registros en la sede central del PSOE de la calle Ferraz hace unas semanas y aportadas al procedimiento en los últimos días. Un informe de la UDEF que acusa al expresidente de cobrar 200.000 euros a cambio de ejercer su influencia política en Bolivia a favor de una empresa peruana y que bebía de varias fuentes: las agendas y los mensajes. Unas agendas y unos mensajes que fueron aportados íntegramente al procedimiento en forma de anexos, sin retirar aquellas cosas no relacionadas con la investigación, y puestos así a disposición de las partes desde el juzgado de Calama.

El entorno de Zapatero ya denunció ayer la filtración de estas agendas y estos mensajes que van mucho más allá de la investigación y reflejan, por ejemplo, sus citas con políticos y empresarios del más alto nivel, así como conversaciones con su secretaria sobre asuntos personales y profesionales. Desde el terreno de la política, el Gobierno y varios de sus socios han calificado de “gravísimo y escandaloso” que estas agendas y chats privados hayan llegado a los medios de comunicación sin que el juez o la UDEF hayan realizado un expurgo previo del material no relacionado con el caso.

El juez Calama, que puso esta documentación a disposición de las partes, ha anunciado este jueves que solicitará a los juzgados de Madrid que investiguen estas filtraciones e identifiquen a los responsables “dada la gravedad de los hechos”. A nivel interno, también abrirá una pieza separada de “información sensible” para almacenar las grabaciones de las declaraciones de testigos y acusados, a las que solo podrá acceder él mismo y la Fiscalía.

Las partes, que tienen derecho a consultar el contenido de estas declaraciones, tendrán la transcripción de su contenido y podrán ir presencialmente a consultar fragmentos si lo necesitan. Y la media docena de acusaciones populares personadas en el caso ya no podrán acceder a la plataforma digital donde se almacena esta información. Solo podrá hacerlo el PP, que ostenta la dirección de todas esta acusaciones. “Se han producido filtraciones constantes e inmediatas a medios de comunicación, alcanzando su máxima expresión en el día de ayer”, lamenta el juez.

La causa de la Audiencia Nacional en la que está imputado José Luis Rodríguez Zapatero ha alcanzado una nueva dimensión después del último informe policial aportado al juez José Luis Calama. El atestado, al que ha tenido acceso elDiario.es, pone la lupa sobre los negocios del expresidente del Gobierno en Latinoamérica y le acusa de cobrar 200.000 euros a cambio de usar su influencia en favor de una empresa en Bolivia. Se trata de sospechas que van más allá de su supuesta relación con el rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra en España y sus supuestos trabajos de consultoría para Análisis Relevante, la sociedad del empresario que pagó cientos de miles de euros tanto a él como a sus hijas. 

La tesis del juez Calama es que esos pagos de Análisis Relevante eran facturas simuladas para canalizar los fondos que cobraba la trama a compañías con intereses en obtener ayudas públicas o favores, como Plus Ultra. En su declaración ante el juez, Zapatero defendió que hay un trabajo real detrás; tanto suyo, que realizaba informes de consultoría; como de sus hijas, que se encargaban de maquetarlos. Sin embargo, el último atestado policial aportado al sumario ahonda en la tesis de que el expresidente camuflaba bajo falsos contratos de asesoría supuestas gestiones con “altas esferas políticas”. 

En este caso, la UDEF le acusa de haber cobrado 200.000 euros del conglomerado peruano Grupo Gloria, propietario de Soboce, una cementera boliviana que había sido condenada a pagar más de 100 millones de dólares a otra empresa por competencia desleal. Esos 200.000 euros habrían llegado a Zapatero a través de la “sociedad interpuesta” Focus Social Research, de origen peruano, con quien firmó un contrato de consultoría. Pero el atestado sostiene que el expresidente no hizo trabajo de asesoría alguno, sino que se desplazó a Bolivia en septiembre de 2024 para reunirse “con altas esferas políticas” del país.

Los investigadores se basan, para ello, en el contenido de las agendas del expresidente que los agentes se llevaron de su despacho el pasado mayo y de los mensajes incautados a su secretaria Gertrudis Alcázar, también imputada. Esos mensajes apuntan a que negociaba facturas, borradores de contrato y pagos con una directiva del Grupo Gloria y con otra intermediaria, la exembajadora boliviana Carmen Almendras; y que agendó reuniones con mandatarios del país tras mantener conversaciones con ambas. 

La UDEF concluye que estos hechos son una prueba más de que “aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional”, Zapatero se dedicaría al “ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”. 

En el entorno del expresidente defienden que ese trabajo fue “una actividad de consultoría legal por completo”, y que además no tiene nada que ver con el objeto de la causa abierta en la Audiencia Nacional, centrada en si influyó en el rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra, algo que ha negado de forma reiterada. “Sería inaceptable hacer una investigación prospectiva de la tarea profesional del expresidente”, denuncian estas fuentes al entender que este nuevo informe se nutre de mensajes con su secretaria que nada tienen que ver con el préstamo a la aerolínea. 

La sospecha de los investigadores, sin embargo, es que ese contrato escondía un mecanismo para vehicular los pagos por ejercer su influencia sobre el entonces presidente boliviano Luis Arce y otras autoridades y solucionar el litigio millonario que afectaba a la empresa cementera. En febrero de 2025, unos meses después de la visita de Zapatero, el Tribunal Supremo de Bolivia condenó a la cementera a pagar 107 millones de dólares a la empresa rival. Pero tres meses después, otro tribunal dejó sin efecto la orden de pago. En la actualidad, el Tribunal Constitucional está pendiente de confirmar o revocar ese amparo.

La Policía no acusa directamente a Zapatero de haber conseguido que los tribunales de Bolivia dieran la razón a esta empresa de la que cobraba, pero sí superponen ambos hechos de forma cronológica. “Se desprende que Zapatero solicita la intermediación del presidente Arce ante el Procurador General, si bien la intermediación la haría directamente el ministro Siles por indicación del propio Arce”. Luis Arce fue presidente de Bolivia entre noviembre de 2020 y noviembre de 2025, pocos meses después de esa supuesta intermediación. César Siles, por su parte, fue ministro de Justicia de Bolivia hasta su dimisión en junio de ese año.

Las agendas íntegras de Zapatero

El último informe de la UDEF aportado al procedimiento tiene dos fuentes principales, según citan los propios investigadores: las agendas de Zapatero correspondientes a los años 2024 y 2025 y las conversaciones de WhatsApp y correo electrónico que su secretaria mantuvo tanto con sus contactos en Latinoamérica como con el propio expresidente. El entorno del expresidente del Gobierno ha mostrado su malestar en las últimas horas por la aportación íntegra de esas agendas y conversaciones al procedimiento, y su posterior publicación, sin que haya existido un expurgo previo por parte de la UDEF. Desde el PSOE también han cargado contra esa difusión porque son, en su mayoría, mensajes privados: “Utilizar una investigación para exponer aspectos de la vida privada ajenos al procedimiento genera indefensión y desborda los límites que deben proteger cualquier actuación judicial”.

La documentación aportada al sumario por la unidad policial en forma de anexos revela, por ejemplo, que Zapatero reaccionó a la detención el pasado diciembre de su amigo Julio Martínez Martínez, el empresario que le pagó a través de Análisis Relevante 490.780 euros a Zapatero y 239.755 a la empresa de sus hijas entre 2020 y 2024. Los mensajes muestran que a partir de entonces empezó a recopilar información sobre su actividad profesional como consultor, así como sobre las conferencias y cursos en los que había participado desde 2020. “¿De cuánto es la primera factura de AR?”, preguntó a su secretaria en alusión a Análisis Relevante cinco días después de la detención del empresario.

Las agendas y conversaciones recogen información relacionada con sus trabajos en Bolivia, pero su aportación en bruto al procedimiento ha dejado al descubierto todas y cada una de sus citas de 2024 y 2025 así como conversaciones privadas con su secretaria sobre la actualidad política, gestiones sobre transportes y la salud de familiares. 

El contenido de estos documentos revela sus relaciones con grandes empresarios españoles: Ángel Escribano (Indra), Carlos Torres (BBVA) o Mario Ruiz-Tagle (Iberdrola), entre muchos otros. Y también figuran reuniones con otros políticos, no solo del PSOE, como Irene Montero, Pablo Bustinduy y Yolanda Díaz. 

El caso que investiga a Zapatero avanza en la Audiencia Nacional y el juez Calama ha puesto en marcha varias diligencias clave para las próximas semanas. El empresario Julio Martínez Martínez está llamado a declarar el próximo 21 de julio en calidad de investigado. Además, el juez también ha imputado a Alba y Laura, las hijas del expresidente, y a la secretaria Gertrudis Alcázar.

El informe de la UDEF recién incorporado al proceso sobre los negocios de Zapatero en Bolivia fue redactado el 22 de junio, varios días después de que el expresidente compareciera como investigado ante el juez Calama. A lo largo del interrogatorio el magistrado intentó preguntar al político por este contrato con Focus Social Research, pero Zapatero se negó a contestar: “No voy a decir nada más de esto. Tengo un contrato de asesoramiento y ya está”, afirmó.

El avance de las pesquisas determinará si el instructor pone en marcha más diligencias sobre los negocios internacionales de Zapatero no relacionados con Plus Ultra ni con Análisis Relevante y su amigo Julio Martínez Martínez. 

El 11 de diciembre de 2025 el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid acordó la detención de tres personas en el marco de una causa que giraba en torno a la aerolínea Plus Ultra. Una de ellas era el empresario Julio Martínez, amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y administrador de una consultora denominada Análisis Relevante para que también había trabajado el exmandatario.

Ahora, gracias al chat que mantenían el expresidente y su secretaria Gertrudis Alcázar, y al que ha tenido acceso elDiario.es, ha trascendido que cinco días después de que se produjera esa detención y tras la declaración de Julio Martínez ante el juez tras ese arresto -quedó en libertad con retirada de pasaporte-, el expresidente pidió a su empleada que le buscara “de cuándo es la primera factura de AR”. “24 de junio de 2020, de un diálogo que hiciste con Miguel”, le respondió Gertrudis Alcázar tan solo un minuto después.

Al día siguiente, bien temprano, el expresidente volvía a escribir a su secretaria -a la que la UDEF asigna un papel relevante en esa presunta trama que se investiga y que se dedicaría al tráfico de influencias-. “Buenos días. Mira a ver cuantos viajes hice a Venezuela del 20 al 25”, le inquirió. Una hora después tenía la respuesta: “8 de 2020 a 2025 de los cuales 3 han sido procesos electorales”.

Zapatero estaba recopilando datos que tenían relación con sus trabajos de consultor y que pudieran tener relación con Julio Martínez. De hecho se interesó por saber el porcentaje de IRPF que se le aplicaba. Gertrudis tenía todo en la cabeza y les respondió: “En las facturas el 15%, el final en el irpf está en torno al 40%”. Puesto que el expresidente no tenía claro si era la cifra adecuada, preguntó si ese era “el máximo”, a lo que le contestó que sí, “42,93% (23,04% estatal + 19,89% autonómico)”.

En esos días, el expresidente también canceló varios encuentros y comidas programadas, aunque del literal de los mensajes no queda claro que el motivo fuera la investigación abierta a su amigo y las detenciones realizadas. Una de esas citas era con la líder de Podemos, Ione Belarra. Además, arrancó contactos con periodistas que le solicitaban información sobre su relación con el detenido. “Confirma el inmobiliario. Confirma que no hice absolutamente ninguna gestión ante nadie. Y que tengo una larga amistad con Julio Martínez”, explicaba a Gertrudis.

Ya el 19 de diciembre de 2025, Zapatero se preparaba para tener toda la información que le pudiera afectar por la trama en la que acabó, meses después, siendo imputado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama: “Buenos dias. Vamos preparando: Viajes desde 2020 , con detalle actividad de los facturados. Porcentaje ingresos de AR (Análisis Relevante) en los últimos diez años”. Ante las dudas de Gertrudis, Zapatero indicaba que quería lista de “todos” los viajes y “más especificados con agenda los de AR” . Gertrudis le preparó un excel con todo lo que le requería.

El minuto a minuto de ese chat, que incluye hasta datos tan personales como las medicinas que toma el expresidente Zapatero, si salía a correr o el estado de salud de familiares y conocidos, refleja también una aparente primera reacción a la detención de su amigo. Era 15 de diciembre y ante la reflexión de Gertrudis que le dijo estar “preocupada no por los datos sino por la intencionalidad como se cuentan y por las lobas”, él le respondió que “todo eso va a ser inevitable”: “Hay que asumir que tenemos una temporada por delante ácida”.

Tiempo después, ya en febrero de 2026, Zapatero pedía “hacer un expurgue de reuniones, actos, charlas almuerzos, zooms” que tuvieran cierto interés “para nuestro tema” desde 2020. También solicitaba “preparar una relación selectiva de conferencias o paneles internacionales”. “Los 20 más representativos empezando por Harvard y Oxford”, añadía.

Zapatero declaró ante Calama el pasado 17 de junio en calidad de investigado y, tras más de dos horas de un interrogatorio que fue capitalizado por el magistrado, el expresidente salió de la cita sin medidas cautelares a pesar de que la Fiscalía había pedido que se le retirara el pasaporte. Con todo, y según el auto de Calama de ese mismo día, el expresidente no logró convencerle con sus explicaciones y sostuvo, por tanto, que los indicios siguen intactos.

Entre los miles de chats que han visto la luz este miércoles, fruto de una conversación constante con su secretaria para que agendara reuniones, consta también una cita con el ministro de Justicia Félix Bolaños y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán previsiblemente el 24 de abril de 2025. Cerdán acabó siendo imputado en el caso de obra pública que inicialmente investigaba el Supremo y entró en prisión provisional a finales de junio. Ya el 19 de mayo de 2025 también se fija otra reunión en la que participarían tanto Zapatero como el diputado socialista leonés Javier Alfonso Cendón y Santos Cerdán.

Desde el PSOE han lamentado que se hayan filtrado numerosos mensajes privados de Zapatero sobre temas ajenos a la investigación judicial, así como citas de su agenda. “Es una cacería incompatible con las garantías que exige una democracia”, han señalado fuentes del partido. El Gobierno, en el mismo sentido, ha mostrado su “preocupación” por la frecuencia con que se dan filtraciones de este tipo en las causas judiciales: “Se trata de información que no guarda relación con el objeto de las investigaciones y que vulnera la privacidad y los derechos de las personas afectadas”, añaden.

La Policía Nacional ha remitido un informe al juez del caso Plus Ultra en el que acusa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de cobrar hasta 200.000 euros de un grupo empresarial peruano a cambio de interceder ante el gobierno de Bolivia, todo camuflado como un falso contrato de asesoría. La UDEF concluye que es una prueba más de que “aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”. En este caso, contactando con el entonces presidente boliviano Luis Arce para intermediar en un pleito en el que los tribunales acabaron dando la razón de forma provisional a la empresa.

Desde el entorno de Zapatero desmienten estas acusaciones y afirman que fue un trabajo “legal por completo” de consultoría que, además, no está relacionado con el objeto principal del caso: el rescate de Plus Ultra. Critican estas fuentes que se pueda poner en marcha una “investigación prospectiva” contra toda la actividad profesional del expresidente del Gobierno. También califican de “escándalo” que se hagan públicas “agendas y conversaciones privadas” de quien ostentó durante casi dos legislaturas la presidencia del Gobierno.

El juez José Luis Calama investiga desde la Audiencia Nacional si el expresidente del Gobierno influyó de alguna manera en el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia pero también sobre si ejerció como asesor de empresas, principalmente a través de la sociedad Análisis Relevante, cobrando dinero sin que existiera contrato de por medio y, según el juez, de forma irregular y por ejercer su influencia política. En su declaración, el expresidente socialista defendió que todos los trabajos por los que había cobrado habían sido efectivamente realizados y que en ningún caso influyó en ese rescate.

Este informe de la Policía Nacional recoge decenas de mensajes entre los colaboradores de Zapatero y representantes del Grupo Gloria para las gestiones que, supuestamente, el expresidente iba a hacer ante las autoridades de Bolivia a favor de esa empresa peruana. Un trabajo por el que, según la UDEF, cobró hasta 200.000 euros con un falso contrato de asesoría y a través de una empresa llamada Focus. El juez Calama le preguntó específicamente durante su interrogatorio en la Audiencia Nacional por el tipo de asesoramiento que había realizado para Focus Social Research, pero el expresidente se negó a concretarlo porque no había podido prepararse. “No voy a decir nada más de esto. Tengo un contrato de asesoramiento y ya está”, respondió.

Las conclusiones de la UDEF apuntan a que Zapatero “aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”, en este caso el Grupo Gloria. En este caso, fue remunerado según la Policía “simulando servicios de asesoría no prestados, creando contratos ad hoc para justificar dichos pagos”. Todo sucedió a lo largo del año 2024 y 2025.

Varios pleitos millonarios en Bolivia

Los agentes, que elaboraron este informe casi una semana después de la comparecencia de Zapatero en la Audiencia Nacional, repasan decenas de mensajes y correos electrónicos intervenidos a Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente en la calle Ferraz. La sospecha es que el contrato de asesoría que firmó el político con Focus Social Research escondía en realidad un mecanismo para vehicular los pagos por ejercer su influencia sobre las autoridades de Bolivia y solucionar un problema que tenía el grupo empresarial de origen peruano llamado Grupo Gloria, que tenía varios litigios millonarios pendientes de solución en La Paz.

Zapatero, siempre según la UDEF, no hizo un trabajo de asesoría sino que se desplazó a La Paz y a Sucre en septiembre de 2024 para reunirse “con altas esferas políticas” del país. Entre ellos el presidente de la nación, los ministros de Economía y Justicia o el Procurador General del Estado. El Grupo Lima, radicado en Perú y que abarca sectores desde la alimentación hasta el cemento o el transporte, se enfrentaba a acusaciones de competencia desleal en Bolivia a través de una de las empresas vinculadas, llamada Soboce.

La propia UDEF explica el recorrido del pleito contra esta empresa. En febrero de 2025, unos meses después de la visita de Zapatero, el Tribunal Supremo de Bolivia condenó a Soboce a pagar 107 millones de dólares a la empresa rival. Ya en mayo de 2025, sin embargo, otro tribunal dejó sin efecto la orden de pago y, en la actualidad, el Tribunal Constitucional de ese país está pendiente de confirmar o revocar ese amparo.

La Policía Nacional no acusa directamente a Zapatero de haber conseguido que los tribunales de Bolivia dieran la razón a esta empresa de la que cobraba, pero sí superponen ambos hechos de forma cronológica. “Se desprende que Zapatero solicita la intermediación del presidente Arce ante el Procurador General, si bien la intermediación la haría directamente el ministro Siles por indicación del propio Arce”. Luis Arce fue presidente de Bolivia desde 2020 hasta noviembre 2025, pocos meses después de esa supuesta intermediación. César Siles, por su parte, fue ministro de Justicia de Bolivia hasta su dimisión en junio de ese año.

Siles actualmente está acusado por la Fiscalía boliviana de corrupción al maniobrar contra una magistrada del Tribunal Supremo. Luis Arce también fue arrestado el pasado mes de diciembre bajo la acusación de participar en un desfalco del Fondo Indígena cuando era ministro de Economía con Evo Morales.

La sentencia del Tribunal Supremo que impone más de 24 años de cárcel a José Luis Ábalos no da por buenas todas las confesiones y acusaciones del empresario Víctor de Aldama. Los jueces rechazan que Carlos Moreno, alto cargo en Hacienda con María Jesús Montero, cobrara 25.000 euros de la trama a cambio de conseguir el aplazamiento de la deuda de una de sus empresas. El entonces jefe de gabinete de Montero derivó las reclamaciones del comisionista, pero la deuda siguió vigente y él no tenía ningún poder para influir sobre la situación de esa empresa. Además, recuerdan los jueces, no toda reunión en un despacho de un alto cargo implica un posible delito.

El foco judicial se puso sobre Carlos Moreno Medina en septiembre del año pasado cuando el juez Leopoldo Puente, de Tribunal Supremo, decidió partir el caso en dos e investigar aparte los amaños de obra y el papel de Santos Cerdán. Un auto en el que apuntó a Moreno y una reunión que habría mantenido con Víctor de Aldama que “tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas” del comisionista a cambio de 25.000 euros. La sospecha dio el salto a la política y el Partido Popular preguntó directamente por el tema a la entonces ministra de hacienda, María Jesús Montero, que fue contundente: “Jamás hizo nada parecido, nunca jamás. Pongo la mano en el fuego por Carlos Moreno”.

Las acusaciones, como tantas otras del caso durante esa fase final de la investigación en el Tribunal Supremo antes del juicio, venían de la confesión de Víctor de Aldama. La comparecencia de varias horas del empresario en la Audiencia Nacional con la que había conseguido su libertad después de mes y medio en prisión por el fraude masivo de IVA en el caso Hidrocarburos. Ese día, entre otras muchas afirmaciones, el empresario aseguró que pagó 25.000 euros a Moreno a través de Koldo García para que, previa consulta a la ministra, aplazara la deuda de una de sus empresas.

La sociedad que tenía la deuda problemática es Pilot Real Estate, que figura en la última versión actualizada de la lista de morosos de Hacienda con un déficit de 1,3 millones de euros. Según relató en fase de instrucción, Moreno accedió a hacer el favor con una salvedad que apuntaba todavía más arriba según Aldama: “Antes de hacer ningún movimiento él tiene que hablar con su jefa, que es la ministra Montero y que si ella autoriza hacen el movimiento. Se nos concede el aplazamiento”. Según esa primera versión, pocos meses después Koldo García le pidió “un detalle” con ese alto cargo, que se concretó en 25.000 euros para Moreno. “Quedamos a tomar un café y Koldo le entrega el sobre a Carlos Moreno”, zanjó entonces Aldama.

La afirmación de Aldama pasó el filtro de la fase de instrucción y llegó al juicio, donde Carlos Moreno compareció para dar su versión de los hechos: se limitó a derivar la petición de Aldama a otra persona y nunca recibió ninguna comisión. Conoció a Aldama a través de Koldo García por asuntos relativos al aeropuerto de Ciudad Real, a la compra de un edificio del Ministerio en Madrid y a la presentación de una aplicación israelí, pero nada relacionado con la deuda.

Víctor de Aldama, que compareció como imputado durante unas ocho horas ante la Sala de lo Penal, mantuvo su versión de los hechos e incluso amplió los detalles. “Yo me siento en tres ocasiones con la jefa de la Agencia Tributaria, con una orden clara de María Jesús Montero, trasladada por Carlos Moreno, en que se me tiene que ayudar con la deuda”. Y después de muchas gestiones, según Aldama, la deuda se aplazó y Koldo le pidió 25.000 euros para el alto cargo de Montero. “Citamos al señor Carlos Moreno en un bar que hay bajando del Ministerio de Hacienda a mano derecha, subiendo la callecita un poquito a mano derecha, un bar pequeño que hay ahí y le hago entrega de un sobre con dinero”, zanjó Aldama.

La Fiscalía Anticorrupción decidió no acusar por estos hechos, pero las acusaciones populares capitaneadas por el PP sí lo hicieron y el resultado ha sido un pasaje de la sentencia que rechaza las afirmaciones de Víctor de Aldama contra el departamento de María Jesús Montero. Carlos Moreno no tenía capacidad para aplazar esa deuda y no lo hizo: sigue vigente y tampoco hay pruebas de que se llevara un sobre con 25.000 euros a cambio. “No todo acto de aproximación para ser recibido en un despacho puede reputarse delictivo”, añade el Supremo.

Gestiones sin “fruto práctico”

Los jueces no dudan de que la reunión se celebró en junio de 2020 y tampoco de que Aldama pidió el aplazamiento de la deuda para Pilot Real State, una de las múltiples sociedades que administraba. El comisionista no tenía el aval necesario para conseguir la prórroga y estaba fallando en su objetivo de “intentar salvar la compañía”. Moreno, dice la sentencia, se limitó a trasladar la cuestión a otro alto cargo del Ministerio y el aplazamiento “no llegó a producirse”. Él, además, no tenía “competencias directas” sobre la cuestión.

“No ha quedado probado”, dice entonces el Supremo, nada de lo que dijo Aldama. “No tenemos ninguna constatación acreditativa, ni mediante prueba de carácter personal ni documental”, aseguran los jueces, de que Koldo pidiera 25.000 euros para Moreno y que ambos se lo dieran en un sobre en una cafetería. Además, y en contra de lo que dice Aldama, la deuda siguió viva y esa empresa sigue estando en la última versión actualizada de la lista de morosos. “Tales gestiones no tuvieron ningún fruto práctico, pues la citada mercantil figuró como morosa en la lista de diciembre de 2021”.

No todas las afirmaciones de Víctor de Aldama, por tanto, han sido validadas por el Tribunal Supremo, aunque los jueces lo mantengan en el territorio de los hechos sin probar y no acusen al empresario abiertamente de mentir. Las diligencias del Supremo y de la Audiencia Nacional han demostrado la habilidad de Víctor de Aldama para abrirse camino hasta todo tipo de despachos, y los jueces explican que eso no siempre es un delito para los que le recibían. “No es lo mismo conseguir una entrevista personal que una resolución”, dicen.

El Tribunal Supremo tira de archivo para ilustrar su argumento: el de la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. En 2008 la Sala de lo Penal, encabezada entonces por un recién llegado Manuel Marchena, recibió un aviso de un juzgado de Valdemoro: habían cazado a Casas hablando por teléfono con una abogada acusada de conspirar para matar a su propio marido. Una conversación en la que no hablaban del posible asesinato, sino del divorcio de la mujer, que años después fue efectivamente condenada. El Supremo rechazó imputar a María Emilia Casas porque esas conversaciones no constituían ningún delito: “No todo consejo emanado de una autoridad puede reputarse delictivo”, dijo el tribunal hace casi dos décadas.

El Supremo, con Marchena entre sus integrantes, recuerda estos argumentos para no considerar delictiva la reunión entre Carlos Moreno y Víctor de Aldama. “No todo acto de aproximación para ser recibido en su despacho por un funcionario público o autoridad puede reputarse delictivo. Solo aquel que compromete la imparcialidad, que menoscaba el deber de exclusividad o que provoca una interferencia entre los intereses privados y los de naturaleza pública, puede ser objeto de persecución penal”, recuerda el Tribunal Supremo para enterrar esta acusación con la que Víctor de Aldama quiso implicar en el caso a María Jesús Montero como conocedora de las gestiones.

Manuel Bautista, alcalde de la localidad madrileña de Móstoles, ha recurrido la apertura de una investigación contra él por acoso sexual y laboral tras la denuncia de una exconcejala del PP en el municipio. Tal y como ha adelantado El País y ha podido comprobar elDiario.es, la defensa de Bautista reduce todas las acusaciones a “discrepancias personales” y conflictos “en el ámbito de las relaciones políticas” y solicita que, al menos, se suspenda la citación de la querellante del próximo 29 de junio hasta que exista una decisión firme sobre tu petición de archivo. Pide, además, que el PP no pueda ser considerado responsable de los hechos en el procedimiento tal y como pide la exconcejala.

La exconcejala de Móstoles denunció a Bautista de forma interna por un presunto caso de acoso sexual en 2024. Según el relato de la denunciante, este supuesto caso de acoso sexual derivó en otro presunto caso de acoso laboral por la negativa de acceder a las peticiones del alcalde. La exedil se reunió entonces con diferentes dirigentes del PP de Madrid como Alfonso Serrano o Ana Millán, aunque Isabel Díaz Ayuso no acudió a ninguna de estas reuniones y no recibió a la exconcejala. A quien sí recibió la presidenta de la Comunidad de Madrid fue al alcalde solo cinco días después de recibir por escrito la denuncia interna de la exedil. Ni el PP de Madrid ni su Comité de Derechos y Garantías activaron protocolos ni abrieron expediente. De hecho, desde que comenzó la polémica, la posición oficial del partido y de la presidenta ha sido la de respaldar a Bautista.

Finalmente, la exconcejala decidió presentar una querella el pasado 16 de febrero. El 9 de marzo reclamó “un impulso procesal” porque casi un mes después no se había avanzado en la denuncia. La Fiscalía pidió entonces abrir una investigación, como finalmente ha ocurrido y ella ha sido citada el próximo 29 de junio para ratificar sus acusaciones y ser examinada por un forense.

En un escrito de casi 80 páginas, la defensa del alcalde de Móstoles cuestiona que el relato de la exconcejala, incluso siendo asumido de forma literal, pueda implicar la apertura de un proceso penal como ha hecho el juzgado de violencia sobre la mujer de la localidad. Todo son, según su versión, “discrepancias personales, conflictos de funcionamiento interno, decisiones organizativas, percepciones subjetivas, valoraciones personales y actuaciones desarrolladas en el ámbito de las relaciones políticas y partidarias”.

La exedil describió en su querella cómo rechazó las propuestas sexuales de Manuel Bautista y cómo, a partir de entonces, fue sometida al ostracismo hasta su salida de la política y dimisión como concejala. El recurso presentado ahora por el regidor empieza por negar la existencia de acoso sexual ante, dice, “una ausencia absoluta de solicitud de favores de naturaleza sexual”, achacando la querella a “interpretaciones posteriores” de lo que no pasam de ser, según su criterio, “malentendidos relacionales”.

La defensa del alcalde entiende también que “no cualquier conflicto interpersonal en el ámbito laboral resulta penalmente relevante” que en este caso, además, el PP no debería ser responsabilizado. Tampoco encuentra pruebas de las secuelas psicológicas que denuncia su antigua colaboradora: “El relato se apoya exclusivamente en expresiones genéricas de malestar emocional como ”incomodidad“, ”miedo“, ”vergüenza“ o ”sobresalto“. Tampoco hubo, alega, coacciones ni revelación de secretos por la difusión de unos correos electrónicos.

La exconcejala del PP está llamada a declarar en los juzgados de Móstoles el próximo día 29 de junio, momento en que también será evaluada por un forense como es habitual en estos casos. La defensa del alcalde pide suspender esta comparecencia hasta que exista una decisión firme sobre su recurso. Y alerta de los “efectos difícilmente reversibles” que tendría para él seguir adelante con una causa que, añade, “ha adquirido una notable repercusión pública y mediática”. “La continuación de la instrucción en estas circunstancias podría ocasionar perjuicios reputacionales y personales de imposible reparación ulterior en caso de prosperar las pretensiones de esta parte”.

El magistrado Juan Carlos Peinado ha decidido enviar a juicio a Begoña Gómez bajo la acusación de aprovechar su matrimonio con el presidente del Gobierno para medrar en su vida profesional. En el auto de más de 80 folios el juez instructor se apoya en casos de corrupción de mucha más gravedad para apuntalar sus imputaciones contra ella: las condenas contra el exministro Jaume Matas, el caso Invercaria o una pieza separada del caso de los ERE de Andalucía. Peinado se apoya incluso en el caso de unos supuestos traficantes de cocaína a los que encarceló hace dos años para justificar la retirada de pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno.

La decisión de Peinado fue conocida el pasado sábado. Un auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés que envía a los tres al banquillo ante un jurado popular bajo una acusación principal: urdir y ejecutar un plan para mejorar la vida profesional de la esposa del Gobierno. Con dos másteres y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense, trabajando para el África Center del IE y, a cambio, favoreciendo contrataciones públicas para Barrabés usando a Álvarez para labores logísticas como enviar correos o cerrar reuniones.

Las acusaciones de Peinado omiten u orillan datos como que, por ejemplo, Gómez ganó unos 4.000 euros al año durante todo el tiempo que colaboró en la Complutense. También que la Audiencia Provincial de Madrid rechazó que hubiera delito en su fichaje por el IE o las razones por las que ese tribunal levantó la imputación del rector de la Complutense. No refleja tampoco que las “cartas de apoyo” que Begoña Gómez firmó para una empresa de Juan Carlos Barrabés fueron suscritas, en idéntico formato, por distintas empresas e instituciones, alguna incluso dependiente del Ayuntamiento de Madrid.

El juez recurre a jurisprudencia y ejemplos tanto del Tribunal Supremo como de la Audiencia Provincial de Madrid para cimentar su auto de apertura de juicio oral y pone encima de la mesa el ejemplo de uno de los políticos con más condenas por corrupción a sus espaldas: Jaume Matas. El expresident de Balears y ministro de Medio Ambiente con José María Aznar que acumula en su historial una decena de condenas de prisión e inhabilitación por las prácticas corruptas que desplegó mientas gobernó en las islas. Desde el caso Nóos hasta sobornos de empresarios pasando por un encargo ilegal al arquitecto Santiago Calatrava o el caso Palma Arena, entre muchos otros.

Peinado eligió el caso de Jaume Matas, político con uno de los historiales más amplios de corrupción de la historia política de España y cuyas consecuencias aún padecen las arcas públicas, para justificar la acusación de tráfico de influencias contra Begoña Gómez. La cita jurisprudencial elegida es una de las últimas condenas firmes de Matas: la del caso Son Espases. Diez meses de prisión y diez años más de inhabilitación por el intento de amaño de la construcción del hospital de Son Espases en Balears para adjudicárselo a OHL. Uno de los grandes casos de corrupción de la historia de las islas en cuya definición de tráfico de influencias se apoya Peinado para enviar a Begoña Gómez al banquillo.

En esa causa se declaró probado que Matas prometió la construcción del hospital en la campaña electoral de Balears de 2003 y que después, una vez investido president, se puso manos a la obra para controlar la adjudicación de un proyecto cuantificado en casi 780 millones de euros. El tráfico de influencias por el que fue condenado abarcó el control total sobre la valoración de las ofertas presentadas para el proyecto y beneficiar a OHL en una concesión pensada para durar 30 años.

Juan Carlos Peinado hace una salvedad justo después de citar el caso Son Espases: no hay ningún antecedente comparable al caso de Gómez. “Por mucho que se busque en la jurisprudencia, que analice o interprete este tipo penal, no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado”.

De Invercaria al tráfico de cocaína

También se apoya en varios casos de corrupción de la política andaluza para justificar sus acusaciones de malversación de caudales públicos. Entiende que Begoña Gómez, que no es cargo público ni tiene dinero público a su disposición, puede ser acusada como inductora o cooperadora de malversación. Y cita la sentencia del Tribunal Supremo de 2022 que impuso tres años y medio de cárcel al expresidente de Invercaria por un préstamo irregular de 100.000 euros a una empresa de aceitunas sin comprobar su situación económica, su viabilidad o si invirtió el dinero en algún proyecto de interés público.

El magistrado, en este apartado relativo a la malversación, saca a colación otra sentencia más reciente del Tribunal Supremo sobre una ramificación del caso de los ERE de Andalucía. La que confirmó un año y medio de cárcel para un exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra por ayudas irregulares por valor de casi 8,5 millones de euros a empresas del sector del corcho de la Sierra Norte de Sevilla.

Uno de los aspectos más polémicos del auto de apertura de juicio oral de Peinado ha sido la imposición de medidas cautelares y los argumentos utilizados. En el caso de Begoña Gómez —a quien retira el pasaporte, prohíbe salir de España e impone fichajes quincenales en el juzgado— el juez llega a argumentar que su escolta policial, lejos de ser una garantía de que no se va a fugar, puede llegar a ser una ayuda para desaparecer. Una afirmación que el Ministerio del Interior ha llevado hasta el Consejo General del Poder Judicial, cuya Comisión Permanente ha remitido el auto a su Promotor de la Acción Disciplinaria por si Peinado hubiera incurrido en una infracción.

El juez recuerda en este punto que la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón cuando, a finales de 2024, él mismo envió a prisión sin fianza a varios acusados de narcotráfico. Una organización criminal de personas acusadas de introducir en España “grandes cantidades de cocaína” camufladas como café tostado. El tribunal madrileño avaló su medida, recuerda ahora el magistrado para imponer cautelares a Begoña Gómez, para evitar que siguieran traficando, pero también por la apariencia de buen derecho. En el caso de la esposa del presidente del Gobierno, Peinado ya vaticina que puede ser condenada a más de dos años de cárcel y que esa perspectiva aumenta el riesgo de que se fugue antes de ser juzgada.

El empresario Víctor de Aldama ha recibido un premio mucho mayor del que esperaba por su confesión. El Tribunal Supremo ha decidido imponerle cuatro años y medio de prisión por su papel en la trama corrupta construida en torno al exministro José Luis Ábalos, con el anuncio de que no tendrá que entrar en prisión a cambio de no volver a delinquir en un lustro y de hacer un año de trabajos para la comunidad. Mucho menos de lo que pidió para él Anticorrupción y menos, incluso, de la condena impuesta a José Luis Peñas, el exconcejal del PP en Majadahonda cuya confesión y grabaciones destaparon la trama Gürtel de corrupción.

La Sala de lo Penal ha hecho pública la sentencia con la que condena a los tres integrantes de la trama corrupta que anidó en el Ministerio de Transportes durante la pandemia de coronavirus. El exministro José Luis Ábalos se lleva 24 años y 3 meses de cárcel como máximo líder del grupo y receptor de dádivas y dinero mientras que su “omnipresente” asesor Koldo García es condenado a 19 años y 8 meses de presidio por urdir y supervisar los amaños y cohechos. Los dos acumulan un rosario de hechos probados que van desde el amaño en la adjudicación de 13 millones de euros para la compra de mascarillas hasta el pago de un alquiler para una mujer vinculada al ministro.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, dejó claro al final del juicio lo que quería para el tercer acusado, Víctor de Aldama: bastante menos de los siete años de prisión que había pedido. Y la Sala de lo Penal ha recogido el guante y le ha impuesto cuatro años y medio de cárcel por el delito de organización criminal y los cuatro de cohecho que le imponen. Una condena que ni siquiera tendrá que cumplir con unas condiciones más que asumibles. Y queda eximido, además, de pagar la multa de 3,7 millones que pedía la Fiscalía.

Los jueces aplican una atenuante muy cualificada de confesión para llegar hasta esa cifra, rebajando la condena de algún delito hasta en dos grados, y después suspender su ejecución. “Víctor de Aldama no se ha limitado a confesar los hechos”, destaca el Supremo. “Ha prestado una cooperación plena y continua (...) facilitando información veraz y relevante”. Incluso, añade la sentencia, el empresario “ha propiciado y favorecido otras investigaciones y procedimientos”.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cita numerosa jurisprudencia para explicar cómo se calcula el beneficio de una colaboración de este tipo y una sentencia destaca por encima del resto: la número 507/2020 dictada el 14 de octubre de ese primer año de pandemia, mientras Ábalos, Koldo y Aldama tomaban el Ministerio de Transportes al asalto. La sentencia de la trama Gürtel que condenó al PP por lucrarse de la corrupción, que propició un cambio de Gobierno y que también se cimentó sobre una confesión. La de José Luis Peñas.

El Supremo no compara directamente el caso de Peñas con el de Aldama, más allá de citas jurisprudenciales genéricas sobre el valor de una confesión. Sí reproduce párrafos con los que la sentencia de la Gürtel rechazó que la declaración de Francisco Correa pudiera ser considerada una auténtica confesión. Una comparación de ambas tampoco permite equiparar su valor, aunque finalmente Aldama haya sido condenado a cuatro años y medio, tres meses menos de cárcel que Peñas en su momento.

Las grabaciones de la Gürtel

Víctor de Aldama llevaba mes y medio en prisión provisional cuando pidió turno en la Audiencia Nacional para declarar. Para entonces ya estaba acusado de encabezar un fraude millonario en empresas del sector de los hidrocarburos, pero también de liderar un entramado de corrupción política, entonces conocido solo como “caso Delorme”. El empresario admitió su participación en el entramado ligado a Transportes y se libró de la prisión provisional que pesaba sobre él en la causa de hidrocarburos.

Tanto el Supremo como Anticorrupción otorgan máxima relevancia a su colaboración, sobre todo para poder condenar a José Luis Ábalos, aunque para cuando confesó ya existía multitud de diligencias, entre otras cosas informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que desgranaban el funcionamiento del entramado. En el caso Gürtel, cuya sentencia más relevante es citada varias veces por el Supremo, la colaboración de un imputado fue la que permitió abrir la investigación.

José Luis Peñas había sido concejal del PP en su feudo madrileño de Majadahonda y en agosto de 2008 presentó unas grabaciones y una confesión. El material que demostraba que un empresario llamado Francisco Correa se había hecho con el control de la contratación pública en Majadahonda a través de un grupo de concejales corruptos entre los que estaba el propio Peñas, que reconoció haber cobrado dinero de la trama y haber incluso viajado a su costa.

Lo dijo la Audiencia Nacional y lo repitió después el Tribunal Supremo de varias formas distintas. De no ser por esas grabaciones, la Justicia no habría descubierto la profundidad con que la Gürtel hundía sus raíces allí donde gobernaba el PP. De esos audios y esa primera confesión salieron 12 piezas separadas y casi un centenar de condenados entre políticos y empresarios que no pudieron, por más que lo intentaron, anular las cintas que habían grabado a los corruptos en acción. Las escuchas ilegales a algunos imputados en prisión reforzaron el papel de estas pruebas aportadas por Peñas como gran puntal del caso cuando todavía no había caso.

Peñas se sentó en el banquillo con sus antiguos colaboradores en 2017, en el juicio bautizado como 'Época I' acusado de más delitos que Aldama, pero también con números menos abultados en cuanto al botín y la magnitud de los amaños. Fue finalmente condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por un delito de organización criminal, otro de cohecho, dos de malversación, dos de falsedad documental y otro más de prevaricación. Llevó al Supremo su reclamación para tener una condena más baja y recibió la negativa de la Sala de lo Penal, que dos años después sí reconoció su papel “valiente” y apoyó el indulto parcial que le fue finalmente concedido en octubre de 2024. Un mes antes de que Aldama saliera de la cárcel.

Las dos condenas casi idénticas de Víctor de Aldama y José Luis Peñas vienen, por tanto, de lugares muy distintos y tienen futuros igual de diferentes. Peñas nunca entró en prisión provisional y la Audiencia Nacional suspendió la ejecución de su condena hasta que su condena de inhabilitación fue indultada, además de pagar una multa. Aldama tiene por delante una causa por fraude masivo en un entramado de hidrocarburos, además de otra en las diligencias originales del 'caso Koldo', ambas en la Audiencia Nacional.

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad condenar a 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el conocido como 'caso Mascarillas' de corrupción. El tribunal también impone 19 años y 8 meses de prisión a su antiguo asesor, Koldo García, y cuatro años y medio a Víctor de Aldama. El empresario, que según el Ministerio Público obtuvo un beneficio con la venta de mascarillas de 3,7 millones de euros, no tendrá que entrar en la cárcel después de que los jueces, teniendo en cuenta su confesión, hayan suspendido la ejecución de su condena a cambio de no volver a delinquir y hacer trabajos para la comunidad.

La sentencia del Tribunal Supremo considera probados casi todos los aspectos de la acusación que ejerció la Fiscalía Anticorrupción sobre esta trama corrupta que anidó en el Ministerio de Transportes, sobre todo durante la pandemia. Los tres, dice el Supremo, vieron una “oportunidad” en que Ábalos fuera ministro y constituyeron una “organización” para “obtener un común beneficio económico”.

Hubo ilegalidades en la adjudicación de hasta 13 millones de euros en contratos de suministros de mascarillas salidos de Puertos del Estado y ADIF a Soluciones de Gestión, una empresa vinculada a Aldama, quien se lucró con comisiones que a su vez entregó a los otros dos acusados. La sentencia afirma que Aldama canalizó las comisiones percibidas a través de dos sociedades por un importe de 6,6 millones de euros; y que Ábalos y su exasesor le pidieron 2 millones y 500.000 euros, respectivamente, que el comisionista incluyó en sus previsiones de gastos.

También considera probado que Ábalos recibió diversas dádivas a cambio: 10.000 euros al mes por gastos además de la contratación de dos mujeres de su entorno en empresas públicas y el pago de un piso a una de ellas. Finalmente consideran delictivo el alquiler de un piso a cambio de “gestiones relacionadas” con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y la concesión de una licencia de hidrocarburos.

Al empresario Víctor de Aldama los siete magistrados de la Sala de lo Penal le imponen cuatro años y medio, por lo que reducen la petición que solicitaba la Fiscalía en su escrito de acusación siguiendo así el camino que les marcó tanto el PP como el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que consideraban que, dada su colaboración con el esclarecimiento de los hechos, era merecedor de ampliar la reducción de la pena.

Los jueces de la Sala de lo Penal atribuyen delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación al exministro de Transportes. En su caso la condena supera los 24 años de cárcel pero el cumplimiento efectivo entre rejas, explica el Tribunal Supremo en su resolución, no podrá pasar de los 15 años y 8 meses. Koldo García, de la misma manera, pasará un máximo de 15 años en la cárcel aunque su condena sea de casi dos décadas.

Jessica Rodríguez, “un plan de actuación” de Ábalos

Sobre la contratación de Jessica Rodríguez, la sentencia da por probado que Ábalos, “aprovechándose de la privilegiada situación por su condición de ministro concibió y desarrolló un plan de actuación, consistente en desplegar toda su influencia para que ella fuera contratada por alguna empresa pública integrada en la estructura del Ministerio o que prestara sus servicios a alguna de estas con la finalidad de que percibiera un sueldo sin que tuviera que desempeñar, como contraprestación, ninguna actividad laboral”. 

En esta ocasión, Ábalos se ayudó de Koldo García “como solía”, según recoge el fallo. En primer lugar, García le habría encontrado el trabajo y después se habría encargado de “eludiera o sorteara” los controles y no tuviera que acudir a su puesto. 

La sentencia deja claro que Koldo García implicó en los hechos a Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif entonces, pero que ella es “no juzgada en esta causa”. “Se decidió que la empresa contratante sería la sociedad estatal de Ingeniería y Consultoría (INECO)”, dependiente de Adif. Cuando acabó el contrato con Ineco, Koldo García volvió a recurrir a Pardo de Vera para que fuera contratada en otra empresa pública, Tragsa. 

Hay otra persona que participó en la corruptela y que no es juzgada en el Supremo, según se encarga de señalar el tribunal. En este caso se refiere a Joseba García, hermano de Koldo, al el grupo utilizó para que Jessica Rodríguez pudiera decir que trabajaba directamente a las órdenes de este en Ineco.

Jessica Rodríguez recibió 34.450 euros brutos como salario y ADIF nunca mostró “reserva alguna o se mostrará disconformidad con relación al desarrollo del contrato”. A los tres días de acabar el contrato con Ineco, Jessica Rodríguez fue contratada en Tragsa. Para ello, Pardo de Vera dio instrucciones a otro cargo del Ministerio que tampoco fue juzgado en el Supremo. 

Cuando los responsables de Tragsa pidieron explicaciones por la falta de asistencia al trabajo de Jessica Rodríguez fue el ministro en persona quien indicó a Pardo de Vera que su amiga no fuera molestada, como así ocurrió, según relata el fallo. De Tragsa, Rodríguez cobró 9.500,4 euros netos. 

La sentencia se detiene en explicar que el Ministerio de Transportes hizo pública una nota de prensa para “tranquilizar” a los acreedores de Air Europa en plena pandemia y que eso ocurrió por las gestiones de Víctor de Aldama, que cobraba más de 12.000 euros al mes de la compañía. La nota se redactó e hizo pública “con la colaboración de Koldo García y el conocimiento y asentimiento de José Luis Ábalos”.

Ábalos disfrutó nueve días de un chalet en Marbella con su familia “en pago a las gestiones realizadas en relacion con el rescate de Air Europa”, añade el fallo.

El chalet de La Alcaidesa, cohecho pero no tráfico de influencias

La sentencia absuelve a los acusados del delito de tráfico de influencias por las gestiones realizadas para que Villafuel, una empresa de Claudio Rivas, obtuviera una licencia de hidrocarburos. En el trámite habrían participado Carmen Pano –quien asegura que llevó dinero en efectivo a Ferraz– y su hija Leonor, antigua novia de Aldama, así como el empresario juzgado.

El Supremo se refiere aquí al tráfico de influencias, en una jurisprudencia de máxima actualidad por casos como el de José Luis Rodríguez Zapatero. Explica que no trataron de influir a los funcionarios que debían conceder la licencia porque Koldo García consiguió una reunión en Industria y el trámite debía hacerse ante Energía. 

Sin embargo, los jueces consideran acreditado que Ábalos disfrutó durante nueve meses del chalet en La Línea de la Concepción como pago a sus gestiones para que Villafuel obtuviera la licencia y, en consecuencia, es condenado por cohecho activo. 

Todo comenzó cuando parecía que se iba a conceder la licencia pero al fracasar, Rivas cortó la luz y el agua del chalet. Ábalos ordenó que le robaran el suministro a los vecinos para asegurar el agua y la luz hasta que se repusiera. José Luis Aldama, que estaba en el centro de la gestión con Ábalos, es condenado por cohecho activo. 

El origen de la trama, según la sentencia

La sentencia del Tribunal Supremo hace una breve introducción de la trayectoria de los acusados. De Koldo García dice que llegó a conductor de Ábalos porque así se lo recomendó el entonces secretario de Política Territorial del PSOE, el navarro Santos Cerdán. “Más allá de un vínculo puramente profesional, Koldo García ofrecería también a José Luis Ábalos un compromiso militante y una plena disponibilidad a sus necesidades como nuevo secretario de Organización del partido”, cuenta el fallo. 

El Supremo no llega tan lejos como el primer instructor del caso Cerdán, Leopoldo Puente, que instauró la tesis de que la decisión de colocar a Koldo García al lado de Ábalos fue un plan reconstituido por Santos Cerdán para articular la trama de corrupción, pero avisa que existe una “organizción criminal” en la que participan terceros que no han sido juzgados en el Supremo.

Enseguida se fraguó una relación de confianza entre Koldo García y Ábalos y este le nombró uno de los cinco asesores de confianza que podía contratar y además le situó en el consejo rector de Puertos delEstado y después en el de Renfe. “Convertido más en asistente que en asesor, desempeñó para José Luis Ábalos un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales”, recogen el fallo. 

“Fue la mano derecha de José Luis Ábalos durante su mandato al frente del ministerio, hasta el punto de que, tanto en el propio MITMA como en el seno de otras administraciones públicas se sobreentendía que Koldo Garcia era el fiel transmisor de sus decisiones. También, Koldo García manejó las distintas fuentes de dinero en efectivo de José Luis Ábalos que, en ocasiones, se confundían con las propias”, añade el fallo. 

El fallo dice que tras los dos viajes a México en los que participó Aldama dentro de la delegación española encabezada por el ministro de Transportes, “pronto vieron los acusados la oportunidad de obtener un común beneficio económico”. 

“Con tal ánimo de enriquecimiento –prosigue–, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España, y también en el Partido Socialista, este podría favorecer , a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama, así como facilitar a este el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas”.

La condena que pedía la Fiscalía

El juicio quedó visto para sentencia el pasado 6 de mayo tras 14 jornadas y después de que pasaran por el plenario decenas de testigos. Ábalos y su mano derecha se enfrentaban a una petición por parte de la Fiscalía de 24 y 19 años y medio de cárcel, respectivamente.

La Fiscalía y la acusación popular que lideraba el PP defendieron que los acusados aprovecharon la pandemia para enriquecerse ilícitamente gracias a contratos adjudicados por entidades dependientes del Ministerio a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión. La tesis era que Ábalos y Koldo García facilitaron información previa y privilegiada a Aldama, lo que permitió adjudicarse contratos de mascarillas de Puertos del Estado y Adif por valor de 36,7 millones de euros.

Luzón sostuvo en el juicio que para esas adjudicaciones irregulares fue determinante el pago recurrente por parte de Aldama de una suerte de sueldo mensual de 10.000 euros en efectivo que abonó a Koldo García para que lo repartiera con su jefe. La Fiscalía considera que esos pagos mensuales que se habrían mantenido entre octubre de 2019 y julio de 2022 fueron el “núcleo” del delito de cohecho que atribuye a los tres investigados. Tanto el exministro como su asesor negaron en el plenario haber recibido ese tipo de pago por parte de Aldama.

El Consejo General del Poder Judicial ha puesto en marcha la apertura de un expediente contra el juez Juan Carlos Peinado por sus afirmaciones del auto de juicio oral contra Begoña Gómez. La decisión de remitir el asunto al Promotor de la Acción Disciplinaria para que valore si incurrió en una infracción ha sido tomada por una Permanente dividida con cuatro votos a favor, cuatro en contra del sector conservador y el voto de la presidenta, Isabel Perelló, decantando la balanza a favor de tramitar la queja.

Fuentes del organismo explican que la Permanente ha pedido al Promotor, encargado de investigar si los jueces incurren en faltas disciplinarias, que analice si el auto de Peinado pudo incurrir en una falta de trato desconsiderado. Queda en manos del Promotor, que tiene un plazo de un mes, abrir diligencias informativas y proponer una sanción para el juez o archivar el caso por el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Comisión Permanente, que ya empezó sus debates el domingo, se ha reunido este lunes de forma extraordinaria para analizar las quejas llegadas desde el Ministerio del Interior y de la defensa de la propia esposa del presidente del Gobierno. Bajo el foco está una de las afirmaciones más polémicas de su auto de apertura de juicio oral, conocido este sábado, en el que además impuso medidas cautelares a Gómez: que los policías que trabajan como escolta podrían facilitar su huida.

“Lo que no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”, afirma el auto dictado y difundido en pleno fin de semana.

La afirmación de Peinado para justificar la imposición de medidas cautelares a Gómez –la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y las comparecencias quincenales– ha provocado la reacción de distintos sectores policiales. Por un lado el Ministerio del Interior se dirigió por escrito al CGPJ y por otro lado los sindicatos policiales protestaron contra lo que consideran una “barbaridad” del magistrado. La defensa de Begoña Gómez, además, recurrirá este auto ante la Audiencia Provincial de Madrid, que además tiene pendiente resolver otras impugnaciones clave antes de que se siente ante un tribunal del jurado.

La decisión de la Permanente de tramitar estas quejas contra Peinado por su último auto y sus alusiones a la Policía ha contado con el voto en contra de los vocales de tendencia conservadora de este organismo. Entienden que la decisión del magistrado es “estrictamente jurisdiccional” y por tanto “revisable únicamente por la vía ordinaria de los recursos”. “Ese juicio revisor no es competencia del CGPJ por vía disciplinaria”, alegan.

El CGPJ ya ha estudiado varias quejas contra la actuación de Peinado durante los dos años y medio de instrucción del caso contra la esposa del presidente del Gobierno a raíz de una denuncia de Manos Limpias. La autoridad disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces, por ejemplo, ha propuesto archivar las quejas del ministro Félix Bolaños, que fue citado como testigo, contra el juez.

La causa que el juez Juan Carlos Peinado impulsa desde hace más de dos años contra Begoña Gómez se mantiene en tensión a la espera de una decisión clave del magistrado: si abre juicio oral contra ella y si le impone algún tipo de medida cautelar. El juez deshoja desde hace días la margarita después de que las acusaciones populares de corte ultra solicitaran que retirase el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno o que le impusiera la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Mientras tanto, y después de tener que aclarar su propia providencia, el magistrado abre una nueva investigación al empresario Juan Carlos Barrabés después de meses de diligencias acotadas por la Audiencia Provincial de Madrid.

Peinado convocó a la esposa del presidente del Gobierno el pasado 15 de junio para un trámite que se ha visto obligado a repetir: la comparecencia previa a enviar su caso a un tribunal del jurado. La Audiencia Provincial de Madrid reprochó al magistrado el pasado mes de febrero que hubiera enviado a Begoña Gómez a juicio sin hacer ni siquiera una lista de los indicios que empujaban esa decisión. Este es el segundo intento del magistrado en dejar todo en manos de un tribunal compuesto por ciudadanos, a falta de que la Audiencia Provincial resuelva los recursos pendientes.

Gómez acudió a una comparecencia a la que los imputados no suelen estar obligados a ir, pero lo hizo bajo la advertencia de Peinado de ser detenida si no acudía por su propio pie. Allí su abogado, Antonio Camacho, acusó directamente al juez de impulsar un “procedimiento fantasma” para “erosionar” al Gobierno de Pedro Sánchez. Las acusaciones populares, capitaneadas por el grupo ultracatólico HazteOir, hicieron la petición que el magistrado aún no ha contestado: retirar el pasaporte a Gómez, limitando de forma efectiva su movilidad internacional, y obligar a la esposa del presidente del Gobierno a fichar cada 15 días en los juzgados.

El magistrado mantiene la incógnita sobre si impondrá cautelares a Begoña Gómez después de haberlo rechazado en diversas ocasiones y después de que la esposa del presidente del Gobierno, como el resto de acusados, haya acudido a todas las citaciones judiciales. Por el camino sí ha tenido tiempo de anunciar la apertura de una nueva pieza separada del caso por un contrato público adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que formaba parte una empresa de Juan Carlos Barrabés, uno de los investigados del caso. Peinado necesitó una segunda providencia para aclarar que esa parte del proceso, llegado desde la Fiscalía Europea, se dirige solo contra Barrabés y no contra Begoña Gómez, que no tuvo ningún tipo de participación en el proceso según se desprende de la documentación.

El futuro judicial de Begoña Gómez y el de los otros dos investigados —su asistente de la Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Carlos Barrabés— quedará ahora en manos de la instancia que revisa las decisiones de los jueces de instrucción. En este caso, de los tres magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid encargados de resolver los recursos presentados contra la instrucción de Peinado. 

En los casi dos años y medio que ha durado la investigación, este tribunal ha avalado parte de sus pesquisas, pero también ha corregido algunos de sus excesos, como cuando le ordenó cerrar varias líneas de investigación abiertas, levantar la imputación de tres investigados o anular el registro que ordenó en el domicilio y las empresas de Barrabés cuando estaba ingresado en el hospital aquejado de una grave enfermedad. “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad”, le advirtieron ya entonces los magistrados. Entre la decena de recursos que estos magistrados tienen que resolver están los que impugnan la decisión del juez de derivar el procedimiento por la vía del jurado popular.

De Barrabés a su asistente en Moncloa

Las diligencias arrancaron con una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias contra la esposa de Pedro Sánchez basándose en un bulo y diversas informaciones de prensa sobre Begoña Gómez. La investigación amagó con transformarse en macrocausa cuando Peinado llegó a investigar a Gómez por media docena de aspectos de su vida profesional. Desde sus másters y su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense –con la que colaboraba desde seis años antes de que su marido fuera siquiera alto cargo del PSOE– hasta su puesto en el Africa Center del IE pasando por su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés o su supuesta relación con el rescate de Air Europa a través de Javier Hidalgo y Globalia.

Muchas de estas ramificaciones fueron cerradas a golpe de auto por la Audiencia Provincial de Madrid. En el caso de Air Europa hicieron falta varias resoluciones de este tribunal para que Peinado, a regañadientes, dejara de encargar informes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para saber si Begoña Gómez había presionado a su marido para rescatar esta aerolínea. También forzaron el cierre de la rama de la investigación que tenía que ver con el trabajo de Begoña Gómez para el IE, quedando entonces de manifiesto que Peinado había retorcido la declaración de Juan José Güemes, directivo del centro y exconsejero con Esperanza Aguirre, para buscar ilegalidades en la contratación de Gómez.

“Fue la empresa la que quiso contar con los servicios de la Sra. Gómez”, dijo la Audiencia Provincial a Peinado. También fue archivada la parte de la causa que abrió Peinado contra el rector de la UCM, Joaquín Goyache, investigado por los dos másters y la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez llegó a tener en esa universidad. La imputación, dijeron los jueces, “carece de fundamento” por la “ausencia de datos objetivos incriminatorios” contra él. Las reiteradas imputaciones de testigos por lo que habían dicho cuando estaban obligados a contestar y a decir la verdad también fueron cuestionadas por el tribunal supervisor.

El caso ha llegado a las puertas del tribunal del jurado –a la espera de lo que tenga que decir la Audiencia Provincial– con tres líneas de investigación abiertas. Una se centra en el empresario Juan Carlos Barrabés y las “cartas de apoyo” de Begoña Gómez. Misivas vendidas por Manos Limpias en su denuncia inicial como una presión ejercida por la esposa del presidente del Gobierno para que Barrabés consiguiera jugosos contratos públicos y que resultaron ser idénticas a las firmadas por 32 personas más, entre otras la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

Peinado considera que Begoña Gómez usó su empadronamiento en La Moncloa para potenciar su actividad profesional y pone como ejemplo su labor en la Complutense, que llevaba en marcha desde 2012 y por la que cobró 40.000 euros a lo largo de una década, a razón de 4.000 euros por año. También entiende que, como parte de este plan, Begoña Gómez usó a su amiga y asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, para asuntos privados como las gestiones de su trabajo en la UCM. Un puesto en el que Jaime de los Santos, hoy alto cargo del PP de Alberto Núñez Feijóo, llegó a ser denominado por la prensa como “chico para todo” de la esposa de Mariano Rajoy, Elvira Rodríguez, por llevar sus bolsas durante jornadas de compras de ropa. En paralelo, Peinado también acusa a Begoña Gómez de apropiarse de manera ilegal de un software que diversas empresas crearon para su cátedra extraordinaria.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha comparecido este viernes en el Senado y ha rechazado dar detalles sobre las reuniones que miembros de la Fiscalía mantuvieron con un abogado y Leire Díez. “Se ha dado cumplida información al magistrado que nos ha requerido”, se ha limitado a afirmar. Pero también ha salido en defensa del Ministerio Público ante las críticas de PP y Vox de haber maniobrado junto con esa trama. “Se ha insinuado que la Fiscalía puede estar al servicio de una trama criminal, eso es una falta de respeto absoluto a la institución”.

“Los 2.804 fiscales de España trabajan con rigor, con absoluta imparcialidad y con autonomía. Hablar de que somos parte de una trama criminal es poner ese trabajo diario a los pies de los caballos. La Fiscalía de ninguna manera se puede entender vinculada a una trama criminal”.

También ha negado haber impartido algún tipo de orden a los fiscales Anticorrupción que llevan las riendas de algunas de las investigaciones más comprometidas para el Gobierno y el PSOE. “No he tenido que dar ninguna instrucción, ni en el caso Leire, ni Koldo ni Plus Ultra, no ha habido ningún tipo de instrucción”.

La fiscal general, que tomó posesión del cargo a finales de 2025 como sucesora de Álvaro García Ortiz tras su condena, ha comparecido este viernes en la Comisión de Justicia del Senado después de que su departamento haya informado por escrito a la Audiencia Nacional de las dos reuniones que mantuvieron con el abogado Jacobo Teijelo, hoy imputado en el caso Leire, y la propia Leire Díez, que en esas reuniones fue identificada como colaboradora del despacho de este letrado. Dos reuniones, afirmó la Fiscalía ante el juez Santiago Pedraz, “en el marco de la más absoluta normalidad institucional” y en las que el letrado Teijelo expuso “alegaciones carentes de cualquier tipo de sustento probatorio”.

El interlocutor de Teijelo y Díez en estas reuniones fue Diego Villafañe, hoy fiscal en el Tribunal Supremo y entonces teniente fiscal en la Secretaría Técnica, uno de los puestos más cercanos al fiscal general dentro del organigrama del Ministerio Público. También estuvo en las reuniones de la sala de tapices Beatriz López, fiscal de este mismo departamento.

El resto del sumario del caso completa el dibujo de la estrategia que Leire Díez y sus colaboradores desarrollaban en esos meses, y también cuáles eran sus objetivos: buscar la manera de torpedear causas judiciales que afectaran al PSOE, al Gobierno o a sus propios intereses. Desde el caso Hidrocarburos hasta Koldo pasando por las diligencias contra la esposa y el hermano de Pedro Sánchez con el foco puesto en los fiscales Alejandro Luzón y José Grinda o el teniente coronel Antonio Balas. Varias de estas acciones se interpusieron, sin éxito, ante la propia Fiscalía General, y Leire Díez llegó a prometer al abogado de José Manuel Villarejo que la Fiscalía negociaría con él a cambio de su ayuda, algo que nunca sucedió.

La condena de García Ortiz

Peramato también ha defendido la actuación de la Fiscalía en la causa en la que terminó condenado su predecesor, Álvaro García Ortiz. “Conviene afirmar que la actuación del Ministerio Fiscal en este procedimiento se ha desarrollado en todo momento con sujeccion a los principios de legalidad e imparcialidad”. En esta causa, ahora pendiente del Tribunal Constitucional, según Peramato “se ha atendido exclusivamente a criterios jurídicos y objetivos que no han dependido de ninguna voluntad individual, el Ministerio Fiscal en mi opinión ha actuado en esta causa como exactamente exije la Constitución”.

Tanto PP como Vox, este último desde el grupo mixto, han hecho una defensa cerrada de Almudena Lastra, la ex fiscal jefe de Madrid que testificó en contra de García Ortiz en el Tribunal Supremo y que no ha sido renovada en su cargo en el Ministerio Público madrileño. “Una purga ejecutada en la Fiscalía de Madrid porque cometió el delito de actuar con integridad, un castigo ejemplarizante”, ha dicho Paloma Gómez (Vox). “Usted la purgó por negarse, por ser fiel a sus principios constitucionales”, ha dicho poco antes María José Pardo (PP). “Niego la mayor, no ha habido ninguna purga”, ha contestado Peramato.

En una primera parte de su intervención, Peramato ha instado a trabajar desde la Fiscalía “sin entrar al debate político ni al debate mediático”. También ha defendido su política de nombramientos que, ha recordado, corresponde en exclusiva a la fiscal general aunque el Consejo Fiscal emita su opinión. “No puede ser sustituido por otros órganos”, ha dicho, citando una sentencia reciente del Tribunal Constitucional y refiriéndose a uno de los grandes problemas a los que se enfrentaron sus dos predecesores: las sentencias del Tribunal Supremo que anularon varios nombramientos y ascensos recurridos por otros candidatos o por otras asociaciones. “He asumido como prioridad reforzar la transparencia, la coherencia y la racionalidad de cada decisión”, ha añadido.

Posteriormente a esta primera intervención la portavoz del PP, María José Pardo Pumar, ha advertido a Peramato de la posibilidad de convertirse en “cómplice de la cloaca” y ha cargado contra su “escandalosa política de nombramientos”. También lo ha negado la fiscal general. “Se me podrá criticar lo que quieran, pero no que no haya atendido al mérito y la capacidad”. Desde su toma de posesión ha ascendido a cuatro fiscales de sala y solo uno era de la Unión Progresista de Fiscales, y en los 14 nombramientos de fiscalías territoriales “cinco pertenecen a la UPF, cinco a la AF y cuatro no asociados, no creo que no se me puede tachar de que no haya equilibrio”.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fue tajante ante el juez instructor de la Audiencia Nacional al referirse a la supuesta sociedad off shore que la presunta trama habría planeado crear en Dubai para cobrar la comisión del 1% que habría pactado con Plus Ultra a cambio de lograr que prosperara el rescate público de la aerolínea: “Jamás en mi vida he oído hablar de una sociedad off shore”.

En el audio de la declaración de Zapatero ante el juez José Luis Calama, al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado se muestra muy interesado por concretar qué personas asistieron a finales de enero de 2021 a una comida en la marisquería Portonovo. Esa comida fue reservada de manera presencial por un escolta del expresidente ante la imposibilidad de que la secretaria, Gertrudis Alcazar, lograra mesa por teléfono. El juez, que alabó la relación calidad precio del sitio, haciendo ver que ha sido cliente, le preguntó al expresidente si recordaba haber asistido.

Zapatero, que en un inicio respondió que “puede ser” que esa cita tuviese lugar, luego dijo que no recordaba quién asistió a la misma, pero cuando el juez le preguntó por quién sería el segundo comensal, indicó que pudo ser Tomás Guerrero, persona de la órbita del PSOE que conoció al hilo de su interés por la comida halal y que era experto en finanzas.

El juez le recordó que para la investigación es “muy importante” concretar quién asistió a esa comida porque en un mensaje del día siguiente a ese ágape, Guerrero y Julio Martínez Martínez —su amigo y persona clave en la trama por ser el administrador de la empresa Análisis Relevante— ya hablaban de la creación de esa sociedad off-shore en Dubai.

Zapatero respondió al juez que repasaría su agenda de esos días porque su secretaria Gertrudis es muy minuciosa con sus citas. Pero indicó al respecto que ese asunto de la conexión de la comida con la creación de una sociedad fue de lo que más le sorprendió al leer el auto de imputación. “Una de las cosas que cuando leí el auto de imputación más me sorprendió. Se dice que yo di directrices para la creación de sociedades offshore, yo no he hablado nunca en vida con nadie de una sociedad offshore y ni sé lo que es”, indicó. Después de su declaración, la defensa del exdirigente presentó un escrito con una “autorización universal voluntaria” para que el juez Calama pueda comprobar que no tiene ningún tipo de dinero o activo en el extranjero a su nombre.

Calama le insistió en que comprobara en las agendas el dato porque la hipótesis es que se creó esa sociedad en Emiratos Árabes Unidos (“que no son precisamente muy colaboradores con la justicia española”) para que otra sociedad de Julio Martínez, Idella Consulenza, cobrara “la mordida” por el rescate público.

“Eso es muy pertinente que lo compruebe y sea exhaustivo. Es uno de los temas importantes”, le dijo. El juez le explicó en hasta dos ocasiones que le resultaba llamativo que su oficina cerrara la comida y que luego él no fuera y dejó caer que otra opción podría ser la de que, aunque no asistiera, sí supiera de lo que se iba a tratar en la misma.

Cabe recordar que la UDEF considera que fue idea del expresidente la creación de esa offshore. La Policía lo deduce de un correo incautado y fechado un día después de esa comida en el que Guerrero hace referencia a una conversación mantenida “ayer” y le traslada a Julio Martínez Martínez la documentación necesaria para constituir la sociedad. Para la UDEF, lo que comentaron Guerrero y Martínez el día anterior tuvo que producirse necesariamente en esa comida con Zapatero.

“No tuve ninguna intervención. No hablé con nadie, absolutamente con nadie, del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable”. Así respondió el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al juez José Luis Calama en su interrogatorio de este miércoles en la Audiencia Nacional, según el audio de esa declaración, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en la pandemia está en el origen de las pesquisas y fue uno de los asuntos en los que se centró el interrogatorio del magistrado. Mensajes intervenidos a otros investigados incluyen “referencias constantes” de directivos de Plus Ultra a recurrir a lo que llamaban la “vía Zapatero” para sortear las dificultades en la tramitación de la ayuda. Les exponen mostrándose confiados en que el expresidente diera un “toque técnico desde arriba”, alardeando de tener al “pana Zapatero detrás” y admitiendo su disposición a pagar mordidas.

Ante el juez, Zapatero defendió que él no había ejercido “absolutamente ninguna influencia” en el citado rescate y mantuvo que “toda” su “actividad profesional” se ha desarrollado “conforme a la legalidad”. Admitió únicamente haber hablado en una ocasión con el directivo de Banco Santander Juan Manuel Cendoya para que recibiera a ejecutivos de la aerolínea en una “gestión parecida” a la que ha hecho por “muchísima gente”.

No firmó un contrato con Análisis Relevante

En el centro de las pesquisas están los supuestos trabajos de consultoría que realizó para Análisis Relevante, la consultora de su amigo Julio Martínez Martínez, y por los que cobró medio millón de euros. La tesis de los investigadores es que, en realidad, cobró a cambio de mediar en el rescate de Plus Ultra y otras prácticas de tráfico de influencias, un extremo que Zapatero negó tajantemente. “Es un lenguaje que rechazo radicalmente”, respondió cuando el magistrado le preguntó por las alusiones de otros imputados al supuesto cobro de una “mordida”. 

El juez se interesó en varias ocasiones por el “rastro formal” de esos trabajos. Ahí, Zapatero admitió que nunca firmó un contrato con Análisis Relevante —dijo que operaban bajo “un acuerdo” dada la “confianza” que tenían—, que recibía “verbalmente” los encargos de informes de consultoría y que no sabía lo que iba a cobrar cuando recibía los encargos porque el “acuerdo” era que cobraría una “cantidad global” de en torno a 90.000 euros al año.

Plus Ultra, que opera la línea Madrid-Caracas, tenía contratado a su amigo Julio Martínez Martínez como una especie de conseguidor para resolver sus problemas en Venezuela. La aerolínea le pagó de forma directa o indirecta más de 900.000 euros entre 2020 y 2024. En ese mismo período de tiempo, la consultora de este empresario abonó más de 700.000 euros a la familia del expresidente: 490.780 a Zapatero y 239.755 a Whathefav, la agencia de marketing de sus hijas. 

Zapatero defendió que esos cobros eran “en proporción al trabajo” realizado: “Yo he dedicado muchísimo tiempo y trabajo a las tareas de Análisis Relevante en apoyo de sus clientes, en reuniones, viajes, asesoramiento, etcétera”.

Sobre la empresa de sus hijas: “Sí, he apoyado a mis hijas y trabajan bien”

El expresidente explicó ante el juez que propuso a Julio Martínez Martínez que sus hijas “prestaran una colaboración formal con Análisis Relevante”. “Sí, he apoyado a mis hijas”, dijo. “En mi opinión trabajan bien, tienen trabajadores y precisamente por ser quienes son nunca han concursado a una administración pública”, añadió. Y explicó que su función era dar apoyo en marketing, comunicación digital y encargarse de la maquetación e infografía de los informes estratégicos elaborados para los clientes.

El juez también se interesó por el más de medio millón de euros que la agencia de Laura y Alba Rodríguez Espinosa recibió de otra sociedad, Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos y que también hizo pagos a Análisis Relevante. Aseguró que no intervino “absolutamente para nada” en la relación comercial que forjaron sus hijas con dicha sociedad ni revisó las condiciones de esos acuerdos.

Los audios de la declaración del expresidente ante el juez también evidencian cómo este último intentó preguntar al exdirigente socialista por las joyas halladas en su despacho, que le han llevado a abrir una pieza separada del caso Plus Ultra y a acusar a Zapatero de contrabando y delito fiscal.

“Vale, y ahora vamos a las dichosas joyas. Que ya sé que creo que se ha recurrido. Sí, bueno, como sabe, el recurso no es suspensivo. Sobre esto. ¿Quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?”, le preguntó Calama a Zapatero. Este le contestó: “No, No deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado”. Su defensa había pedido que en la declaración del miércoles no se abordara el asunto de las joyas para lograr más tiempo para explicar su procedencia. De hecho, Zapatero pretende explicarse ante el juez al respecto cuando recopile todos los datos.

Se desvincula de los chats que le consideran el “pana” de Plus Ultra

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, negó varias veces en su declaración como imputado que interviniera de alguna manera para que el ejecutivo rescatara con más de 50 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. A lo largo del interrogatorio, el juez Calama expuso los chats intervenidos a otros investigados que se referían a él como “nuestro pana Zapatero”. “Tenemos chats donde de manera clara están diciendo que usted ha intervenido, o podría haber intervenido, llegan a decir ”nuestro pana Zapatero está detrás“, afirmó el juez.

La respuesta de Zapatero fue desvincularse de esos chats, una de las pruebas polémicas del caso al proceder de Estados Unidos. “Yo no puedo hacerme responsable de lo que digan terceros, algunos son personas a las que no conozco”.

Un informe de la Agencia Tributaria revela que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, facturó un total de 4,4 millones de euros a través de sus dos empresas a Quirón Prevención entre 2021 y 2023. Se trata de operaciones facturadas por sus sociedades Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker por servicios de consultoría en los que Hacienda ha hallado “indicios de simulación” al canalizar el empresario parte de esos ingresos a través de la segunda de esas empresas, a la que la Agencia Tributaria ya calificó de “pantalla”.

Las cantidades, IVA incluido, se desglosan en un millón de euros en 2021, casi dos millones en 2022 y finalmente 1,4 millones en 2023, los tres años analizados. Varios artículos de prensa se hicieron eco en la primavera de 2021 de la relación sentimental entre Díaz Ayuso y González Amador, aunque sin precisar el momento en que había comenzado la relación.

Hacienda desvela también en este documento que el departamento de Grandes Contribuyentes está investigando a Helios Healthcare, la matriz del gigante sanitario Quirón, por su condición de representante ante Hacienda de todo el grupo. Asimismo, hay comprobaciones de Hacienda sobre Quirón Prevención en relación con el Impuesto sobre Sociedades (2020 -2023), IVA (2021-2023) y retenciones e ingresos a cuenta (2021-2023).

No obstante, la Agencia Tributaria solicita al juez que investiga a González Amador que suspenda el procedimiento inspector contra ambas al constatar que puede estar relacionado con la causa en la que mantiene imputado al empresario por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Hacienda argumenta que el resultado de estas actuaciones inspectoras depende de los hechos que se declaren probados en la investigación penal.

La Ley General Tributaria prohíbe a la Inspección suspender los procedimientos por iniciativa propia en estos casos. Es obligatorio que la orden provenga del órgano judicial. Por ello, Hacienda solicita formalmente al juzgado que ordene la paralización parcial de la inspección tributaria para que se detenga “exclusivamente” la parte que afecta a la comprobación de los servicios realizados por Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker. 

Dos investigaciones penales abiertas

Los tribunales mantienen abiertas dos investigaciones penales distintas en torno a González Amador, su facturación y su relación con este grupo sanitario, cuyos hospitales recibieron casi 5.000 millones de euros de la Comunidad de Madrid entre 2021 y 2024.

Por un lado, el comisionista tiene pendiente de juicio la causa por el fraude fiscal de más de 350.000 euros que perpetró, supuestamente, durante la pandemia usando un entramado de facturas falsas. Un caso revelado por elDiario.es y en el que la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden tres años y nueve meses de cárcel para el empresario por dos delitos de fraude fiscal.

La segunda causa abierta contra él, y todavía en fase de instrucción en el juzgado de Antonio Viejo en la Plaza de Castilla de Madrid, tiene que ver con su relación con Quirón Prevención y con uno de sus directivos: Fernando Camino. El juez acaba de encargar a la UCO, después de varios meses con la causa paralizada, un informe sobre las cuentas bancarias del empresario. Esta segunda ramificación del caso investiga la compra por parte del empresario por medio millón de euros de una sociedad sin apenas valor de la mujer de Camino. Y si no fue una compra, sino el pago encubierto de una comisión.

Las investigaciones penales se han solapado con las inspecciones de Hacienda sobre González Amador, Fernando Camino, el grupo Quirón y las empresas de la pareja de Díaz Ayuso.

En diversos escritos e informes presentados en los últimos días, la Agencia Tributaria ha pedido autorización al juez para suspender sus inspecciones mientras siga la investigación penal para evitar duplicidades y descoordinación. “El resultado de dichas actuaciones inspectoras depende de los hechos que se declaren probados por la Jurisdicción Penal”.

El Tribunal Supremo ha establecido una indemnización de 2,5 millones de euros para Ahmed Tommouhi, el hombre que pasó 15 años entre rejas por una violación que no cometió. Los jueces entienden que el error judicial que se cometió con él fue “inequívoco y cualificado” al ser condenado sin valorar una prueba pericial que demostraba que él no era el autor de las violaciones. Su perfil genético no coincidía con los restos biológicos encontrados en la ropa de la víctima. Se trata de la indemnización más alta concedida por un tribunal español a una persona por ser encarcelada a pesar de ser inocente.

Tommouhi, que en la actualidad tiene 75 años, fue detenido en Terrassa en 1991 acusado de cometer diversas violaciones y robos que le costaron casi 40 años de prisión. Las pruebas de ADN que él intentó hacer valer sin éxito ante los tribunales terminaron demostrando que Tommouhi y otro detenido eran inocentes. Para entonces él ya había cumplido su condena y el otro sospechoso, ahora demostrado inocente, había muerto en prisión. Con el paso de los años el Tribunal Supremo anuló su condena más abultada, de 24 años de cárcel dictada en 1992, porque fue sentenciado sin que los jueces tuvieran en cuenta esas pruebas genéticas clave.

Empezó en ese momento la pelea de Tommouhi para ser indemnizado por los años que pasó en prisión tanto provisional como cumpliendo condena. Se encontró con un primer rechazo de la Audiencia Nacional, que el año pasado alegó que no existió ningún “error judicial” que permitiera indemnizar al preso. Los jueces obviaron las pruebas de ADN que favorecían su tesis de defensa y demostraban que era inocente pero, dijeron estos magistrados de lo contencioso, lo hicieron “de manera motivada”.

Ahora es el Tribunal Supremo el que corrige esta situación y constata que el error que los tribunales cometieron con Tommouhi “fue determinante” para que pasara más de una década entre rejas. “Un periodo extraordinariamente prolongado en ejecución de una condena que ha quedado sin efecto por declararse su inocencia, lo que constituye una afectación de máxima intensidad del derecho fundamental a la libertad personal”.

El “sufrimiento moral” de Tommouhi

Los jueces de lo contencioso-administrativo repasan la historia de Tommouhi que relató el periodista Braulio García Jaén en su libro “Justicia Poética” y concluyen que el tiempo que pasó entre rejas por crímenes que no había cometido “determina una intensificación progresiva del sufrimiento moral, de la pérdida de oportunidades vitales y del impacto en la personalidad del afectado, que excede con mucho los parámetros ordinarios de los supuestos de prisión indebida de corta o media duración”.

Tommouhi pedía 3,6 millones de euros y el Tribunal Supremo fija la indemnización a cargo del Estado en 2,5 millones de euros, de largo el resarcimiento económico más alto recononocido por la vía judicial a un preso preventivo o condenado que pasó por la cárcel pese a ser finalmente declarado inocente. Hasta ahora el caso más alto era el de un matrimonio indemnizado con medio millón de euros por pasar varios años entre rejas acusados de ser yihadistas antes de ser absueltos.

El Supremo apunta a la Audiencia Provincial de Barcelona como responsable del error que le llevó a la cárcel y que ahora se traduce en una indemnización millonaria. La decisión de ese tribunal de no dar relevancia a la prueba clave de ADN que exculpaba a Tommouhi y el otro condenado “no constituye una mera discrepancia valorativa, sino una falla estructural en la apreciación del material probatorio, puede ser calificada como error judicial en el sentido técnico exigido por nuestra jurisprudencia”.

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha negado este miércoles en la Audiencia Nacional tener cualquier tipo de bien o dinero en el extranjero, oculto o a su nombre, y además ha autorizado por escrito al juez José Luis Calama a comprobarlo si lo considera necesario. Un “consentimiento expreso” para que el juzgado pueda dirigirse a países o bancos “fuera de España, en cualquier territorio y jurisdicción” y acreditar, según su versión, que es titular “directo o indirecto” de nada. Las comisiones rogatorias internacionales destinadas, habitualmente, a examinar este tipo de ocultaciones no necesitan del permiso del investigado.

El expresidente socialista del Gobierno ha comparecido este miércoles durante casi tres horas ante el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional. Una investigación con varias ramificaciones en la que se analiza si pudo cobrar a cambio de favorecer el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra por parte del ejecutivo durante la pandemia de COVID-19, pero también si tenía en la caja fuerte de su despacho en Ferraz joyas por valor de 1,3 millones de euros sin haber tribudado correctamente.

Una de las sospechas que ha expresado el juez instructor en sus autos es que la trama tenía intención de crear una sociedad en Dubái para canalizar el dinero, una modalidad “típica” del blanqueo de capitales con “sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia (...) la sociedad en Dubái habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español”, dijo entonces Calama. “No tengo absolutamente nada fuera de España”, ha contestado este miércoles el expresidente en un comunicado al salir de la Audiencia Nacional. Una declaración que, según el juez, no ha servido para disipar las sospechas que pesan sobre él, aunque no haya visto necesaria la imposición de las medidas cautelares que había pedido la Fiscalía Anticorrupción.

La defensa del expresidente ha entregado un documento escrito al juzgado para reforzar la negación de los hechos y facilitar, explica, que el juez pueda obtener cualquier información sobre él en otros países o en entidades extranjeras. Un “consentimiento expreso” para que la Audiencia Nacional “pueda dirigirse a cualesquiera autoridades administrativas, financieras, bancarias u organismos de toda naturaleza, fuera de España, en cualquier territorio o jurisdicción” para recopilar información “relevante para esta causa”.

Entre esa información sobre cosas que, según Zapatero, no tiene ni a su nombre ni a nombre de terceros en el extranjero, cita: “Activos mobiliarios o inmobiliarios, o de participaciones sociales o de intereses de cualquier tipo en cualquier ente de naturaleza civil o mercantil de los que pudiera ser titular directo o indirecto, mediato o inmediato”. También anuncia su “expresa voluntad” para entregar al juzgado “cuantos documentos fueran necesarios” para la investigación.

Las cuentas del expresidente y de su entorno en España ya habían sido intervenidas por el juez, que hace casi un mes bloqueó saldos hasta 490.780 en las cuentas bancarias de Zapatero. Es el dinero que le abonó la empresa Análisis Relevante, uno de los pagos bajo sospecha en esta causa. El ofrecimiento del expresidente socialista a facilitar el acceso a una información que, afirma, no existe en realidad, estaría destinado a una hipotética comisión rogatoria que el juez Calama enviase a terceros países para rastrear el dinero de la trama.

Las comisiones rogatorias internacionales se tramitan a través de los departamentos de Justicia tanto del país reclamante como del país que recibe la solicitud de información, y por norma general no se suele dar traslado o pedir permiso a las personas investigadas, suponiendo que no se haga bajo secreto de sumario. La información bancaria, de titularidad de números de teléfono o de actividad laboral de un investigado en un tercer país son datos que se entregan o se deniegan en base a los tratados de colaboración que España tiene firmados con esos estados. Según los datos oficiales, España tiene firmados estos convenios con en torno a medio centenar de países, también con Emiratos Árabes Unidos, con el que hay hasta convenio de extradición.

Diversas fuentes consultadas rebajan, por tanto, la relevancia que una autorización del expresidente del Gobierno pueda tener en una solicitud internacional de información sobre productos bancarios o posesiones inmobiliarias, aunque sí pueda llegar a acelerar alguna gestión concreta.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado un correo que acredita que el ex secretario de Organización del partido Santos Cerdán dio instrucciones expresas para que el PSOE sufragara la logística de las maniobras presuntamente urdidas por Leire Díez. En el mensaje, fechado el 25 de abril de 2024 y remitido a una agencia de viajes para cerrar la compra de un vuelo para la exmilitante socialista, una empleada de Ferraz indica que el pago debía hacerse porque era una “orden directa” de Santos Cerdán.

El nuevo atestado de la UCO de la Guardia Civil en el caso Leire, al que ha tenido acceso elDiario.es, incluye un listado detallado de los viajes que el PSOE abonó a Leire Díez y recoge, además correos cruzados entre la secretaria del partido Covadonga San Pedro y la agencia de viajes con la que la formación contrataba los viajes.

Esos correos parten de una pregunta de la empleada de la agencia que indica que bloquea la compra de un billete de avión para Leire Díez porque entiende que deben solicitar autorización a Gerencia dado que no le consta que esa persona esté autorizada por el partido. “No tengo los datos de que Leire Diez esté autorizada. ¿Me puedes decir área y motivo del viaje?”, le solicita la trabajadora de la agencia. “Es una orden directa del Secretario de Organización. No sé más... Por favor emite en cuanto tengas la autorización. Gracias”, le responde ese mismo día la empleada del PSOE.

La UCO indica en su atestado de 11 de junio que ese correo fue hallado gracias al requerimiento judicial a la agencia de viajes VB Group, con la que el PSOE mantenía un convenio para la gestión de viajes. A su juicio, esto confirma que la existencia de los viajes realizados por la exmilitante en el marco de sus presuntos trabajos para reunirse con funcionarios, fiscales e investigados para tratar de tumbar causas que afectaban al partido y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Indica que el correo de la secretaria “resulta de especial interés por ratificar que sería Santos (Cerdán) quién habría autorizado que Leire (Díez) hiciese uso de los recursos del partido para viajar”.

El atestado también revela que entre la documentación de Santos Cerdán que todavía permanecía en la sede del PSOE el pasado 27 de mayo, cuando se produjo el requerimiento de los agentes, se encontraba un documento realizado por Leire Díez sobre las actividades de la trama. La UCO sostiene que el hecho de que este documento se encontrase en poder de Cerdán “pone de manifiesto la dación de cuentas” efectuada por la exmilitante y que el que fuera ‘número tres’ del PSOE recibía “novedades” al respecto.

Se trata de una copia impresa del archivo “2024-11-19 Incumplimientos.docx”, en el que Leire Díez hace alusión a algunas de las “líneas de actuación” desarrolladas. Así, figuran nombres como los del comisario José Villarejo, el ex secretario de Estado de Seguridad con el Partido Popular Francisco Martínez o la instructora del caso contra el hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma. También aparecen referencias al fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón y al miembro de esta Fiscalía José Grinda.

Las “excepcionales” investigaciones internas en Guardia Civil

El informe dedica un apartado a las presuntas presiones a miembros de la UCO por parte de Leire Díez y a través de la directora general de la Guardia Civil. Los propios agentes de la UCO destacan la “excepcionalidad” de que se les abrieran informaciones reservadas para investigar el origen de informaciones en prensa. 

Para ello alegan que en todo el año, y hasta diciembre de 2024, no se había abierto una sola información reservada –un procedimiento recogido en el reglamento que puede anticipar la apertura de un expediente– y que en 2025 ocurrió lo mismo, al menos hasta que se abrió la correspondiente a la UCO. Lo infieren del hecho de que las dos informaciones lleven por número 1/2024 y 1/2025. El informe no aclara si se refiere a que no se había abierto ese ninguna información reservada antes en su unidad o en un ámbito más amplio. 

La información reservada en octubre de 2025 está relacionada con una información de portada del diario El Mundo en el que se llama al teniente general Llamas, director operativo del Cuerpo, “peón de Marlaska”. Los agentes que redactan el presente informe de la UCO destacan que ninguna de las fuentes que utiliza la periodista para denigrar al DAO aluden a que se ubican en la Unidad Central Operativa. En el artículo se utilizan expresiones como “fuentes de toda solvencia”, “conocedoras del conflicto” o “es un secreto a voces”.

Dos pagos a Teijelo que el PSOE “no aportó”

Por otro lado, el atestado también analiza los pagos del partido al abogado Jacobo Teijelo, quien habría participado supuestamente en el desarrollo de la línea que buscaba atacar causas de hidrocarburos para así intentar lograr nulidades en el caso Koldo. La UCO recuerda que habría emitido al menos tres facturas por un importe conjunto de 125.000 euros al PSOE entre enero y marzo de 2025.

Los investigadores apuntan que en el requerimiento posterior dirigido al propio letrado, este añadió a esas tres facturas otras dos. Y la UCO subraya que esas dos nuevas “no existe constancia entre la documentación aportada por el PSOE”. Por ambas, la formación habría abonado entre abril y mayo de 2025 un total de 53.000 euros, por lo que el montante final sería de 178.000 euros.

El futuro de Álvaro García Ortiz está ahora en manos de dos instancias diferentes: el Gobierno y el Tribunal Constitucional. El primero debe decidir si indulta parcialmente su condena de inhabilitación por la filtración de información de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, con el criterio en contra del Tribunal Supremo y a favor de la Fiscalía. El segundo anunciará en las próximas semanas si admite o no a trámite su recurso de amparo contra la condena que le impuso la Sala de lo Penal. Ninguna de las dos gestiones, según fuentes del caso, quedará zanjada definitivamente a corto plazo y mientras tanto el ex fiscal general del Estado seguirá ejerciendo como representante del Ministerio Público ante la sala del Supremo que estudia cada año miles de pleitos laborales.

La petición de indulto, planteada por terceras personas y apoyada públicamente por la Unión Progresistas de Fiscales (UPF), llegó al Ministerio de Justicia a principios de este año, apenas dos meses después de que el Tribunal Supremo hiciera pública la condena. Dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general además de una multa de 7.200 euros, la obligación de indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador y a pagar 39.000 euros más al comisionista por lo que había tenido que gastarse en abogados durante el proceso.

Justicia puso la maquinaria habitual en funcionamiento a finales de enero. Pidió un informe al Tribunal Supremo, otro a la Fiscalía y al propio González Amador. Además, solicitó, como es obligatorio, un informe de conducta a la Delegación del Gobierno en Madrid. Este documento fue entregado a Justicia el 21 de abril, según fuentes conocedoras del caso. El resto han sido incorporados más recientemente al expediente que maneja el departamento de Félix Bolaños. Poco después llegó la opinión de la Fiscalía, que tras pedir la absolución de García Ortiz en el juicio solicitó al Gobierno que, al menos, la condena de inhabilitación que le quedaba por cumplir fuera conmutada.

En ese informe, la Fiscalía destacó que la condena a Álvaro García Ortiz había tenido “consecuencias extrapenales desproporcionadas”. Y aunque ya había dejado su puesto en la planta noble de la Fiscalía General, un indulto parcial permitiría al menos acortar los plazos para cancelar sus antecedentes penales, algo que sí tiene consecuencias, según la Fiscalía, “en la vida civil y desarrollo profesional”. García Ortiz no se benefició personalmente desde el punto de vista patrimonial, y su finalidad en todo ese asunto fue “preservar la reputación” del Ministerio Público frente a las noticias manipuladas que se publicaban sobre su actuación en el caso de fraude fiscal de González Amador.

La respuesta de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha sido la esperada. Los mismos jueces que firmaron la condena de García Ortiz y le atribuyeron la filtración —a él o a “alguien de su entorno”— entienden que no debe ser indultado, ni total ni parcialmente. A nivel general, la Sala considera que no hay razones de “justicia, equidad o utilidad pública” para otorgarle la medida de gracia, los parámetros legales en los que se mueven este tipo de decisiones. En el detalle, los jueces entienden que fue condenado por “hechos graves” que afectaron a “la institucionalidad del Ministerio Público”. El Supremo también afirma que, en realidad, su condena de inhabilitación ha tenido “una consecuencia jurídica de escasa relevancia”.

La negativa del Tribunal Supremo era esperable, igual que la negativa de Alberto González Amador todavía por conocer, pero sí tiene consecuencias. La decisión final está en manos del Consejo de Ministros, pero un informe desfavorable de los jueces que sentenciaron el caso elimina la posibilidad de que reciba un indulto total, tal y como establece la normativa de la medida de gracia del año 1870. La Fiscalía, en cualquier caso, apoya un indulto parcial y no uno total. La concesión de un indulto sin el criterio favorable del tribunal sentenciador o de la Fiscalía es relativamente habitual: desde 2011, según los datos oficiales, la mitad de las medidas de gracia se ha concedido en contra de la opinión de los jueces o los fiscales. Una minoría del 5% se concedieron, incluso, con la oposición de ambos.

Una vez recabados todos esos informes, la petición de indulto y su expediente vuelven a manos del Ministerio de Justicia, que tendrá que elevar una propuesta al Consejo de Ministros para que tome una decisión final. Fuentes del caso explican a elDiario.es que la tramitación y decisión final no va a ser inminente, por lo que su análisis en Justicia se va a solapar con el recorrido final del caso: los recursos ante el Tribunal Constitucional.

Dos recursos pendientes de admisión

El Tribunal Constitucional tiene dos recursos encima de la mesa contra la condena de Álvaro García Ortiz. El que presentó la Abogacía del Estado en su propio nombre y el que presentó también la Fiscalía, ambos pidiendo anular su condena por vulneración de sus derechos fundamentales. El Ministerio Público entiende que el ex fiscal general se limitó a “informar verazmente” del caso de González Amador con datos ya conocidos frente a “imputaciones delictivas falsas”. El propio García Ortiz y la Abogacía sumaron críticas al Supremo por hacer “una valoración irracional y arbitraria de los indicios”.

Los dos recursos ya están en manos del Tribunal Constitucional, pero, tal y como pasa con el indulto, su resolución no va a ser cosa de unas pocas semanas. La impugnación de la Fiscalía está en manos de la progresista María Luisa Segoviano en la Sala Segunda, y la de la Abogacía del Estado con la conservadora Concepción Espejel como ponente en la Sala Primera. Esto significa que todavía quedan varios pasos por delante hasta que sus alegaciones sean estudiadas en profundidad y exista una hipotética sentencia sobre el fondo del asunto.

Esas Salas pueden decidir por sí mismas si admiten o no a trámite los recursos, pero lo normal es que sean llevados al pleno, lo que retrasaría ese primer filtro. Y después, como es habitual en el resto de casos que estudia el tribunal de garantías, quedarían por delante varios meses de estudio y deliberaciones, en caso de ser admitidos a trámite, antes de que exista una sentencia con efectos reales sobre su caso.

Toda esta tramitación no tendrá una gran incidencia en la vida profesional actual de Álvaro García Ortiz. La Fiscalía General entendió que esa condena penal le inhabilitaba para ejercer como máximo responsable del organismo, pero no para seguir siendo fiscal según la ley, y tras unas pocas semanas obtuvo su destino: fiscal ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Su condena se ejecuta, pero solo afecta a una hipotética e improbable posibilidad de volver a ejercer como fiscal general, y la parte económica de la sentencia ya ha sido abonada.