El desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años expulsada a instancias de un fondo de la casa donde vivía desde 1956, llegará la semana que viene al Consejo de Ministros. Sumar ha anunciado que propondrá la expropiación de la vivienda de Madrid para que la mujer pueda volver, una medida sin muchos precedentes y que, según una ley creada durante la dictadura, debe ser minuciosamente justificado por parte del Ejecutivo con la previsión de acabar en los tribunales.

Las expropiaciones forzosas están reguladas por una ley firmada por el dictador Francisco Franco en 1954, solo dos años antes de que Maricarmen se mudase por primera vez al domicilio de la avenida Alcalde Sainz de Baranda, una calle de menos de 100 números empotrada entre el barrio de la Estrella, Fuente del Berro y a un paseo del parque del Retiro. Una zona donde, según los principales portales inmobiliarios, el alquiler de un piso a duras penas baja de los 2.000 euros mensuales y las compras suben con facilidad del millón de euros. Poner este piso en manos del Estado para que Maricarmen pueda regresar de forma urgente remite a varios artículos de esta ley y a un proceso de expropiación que, por norma general, no suele quedar zanjado de forma pacífica, sobre todo a la hora de ajustar el precio que la administración debe pagar al dueño del terreno o inmueble expropiado.

La ley explica que una expropiación puede justificarse por “causa de interés social” y ahí es donde se puede hacer beneficiario de esta medida a “cualquier persona natural o jurídica” y el bien, en este caso el piso, tiene que haber sido declarado “de utilidad pública o interés social” y cuando no haya un plan de obras y servicios del Estado de por medio eso se debe hacer “mediante Ley en cada caso”. Eso es solo el comienzo del proceso, que tiene algunos de sus puntos más espinosos en la fijación del justiprecio y el abono de unas cantidades e indemnizaciones que muchas veces son llevadas a los tribunales por considerarse demasiado bajas.

Tal y como propone Sumar para la reunión del gabinete de la semana que viene, el Consejo de Ministros tendría que justificar por qué la expropiación del piso de la avenida Alcalde Sainz de Baranda de Madrid responde a ese “interés social”, y también debería proponer un precio justo para abonar a Urbagestión, el nuevo casero de la anciana que ha instado y conseguido su desahucio después de pretender que pagara casi un 300% más de alquiler. Cualquier paso de este proceso podría ser llevado a los tribunales por la empresa que, además, ha rechazado cualquier alternativa ofrecida por la anciana o su entorno.

El Tribunal Supremo y su sala tercera llevan dos décadas afirmando con rotundidad que la falta de esta declaración de interés social y su justificación constituyen un error que aboca al fracaso a cualquier expropiación: “Faltando la declaración de utilidad pública o interés social los actos que con una pretendida finalidad expropiatoria verifique la Administración no tienen validez jurídica alguna, por lo que deben calificarse como nulos de pleno derecho”, dijo en una sentencia que anuló una expropiación ejecutada por el gobierno valenciano de Eduardo Zaplana en los años 90 del siglo pasado.

Este tribunal ha asestado sonoros varapalos a las administraciones públicas que no han justificado cada paso del proceso. Por ejemplo en el primer trimestre de 2018, cuando obligó al ayuntamiento jienense de Linares a pagar varios millones de euros a los propietarios de los terrenos donde se levantó el parque de Cantarranas porque no era suelo rústico, sino urbanizable. Unos años antes, el mismo Supremo anuló la expropiación de suelo en Alicante para levantar la “Ciudad de la Luz” al sur de la ciudad, un proyecto de estudios cinematográficos que tuvo que esperar más de una década para ser una realidad. La razón que esgrimieron los jueces: la administración no detalló para qué se iban a usar exactamente esos terrenos. “La referencia a un complejo con las características que se expresan en la Memoria del Plan Especial adolece de una mínima especificación que permita conocer lo que se proyecta, con la consiguiente indefensión”.

Forzosa y urgente

Desde Sumar ha sido su portavoz Verónica Martínez la que ha puesto encima de la mesa el artículo 33.3 de la Constitución para afirmar que esta expropiación es “viable jurídicamente”. La adaptación democrática de la ley franquista que regula las expropiaciones y que vuelve a poner el foco en la justificación: “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.

El segundo escollo a salvar en una hipotética expropiación sería su carácter urgente para evitar un proceso judicial de años y años y que la medida fuera efectiva para Maricarmen, recién expulsada del que ha sido su hogar durante décadas. La ley de 1954 también especifica que “excepcionalmente” los trámites se podrán gestionar de forma urgente. Y aquí los tribunales también han establecido que el Consejo de Ministros debe justificar al milímetro la declaración de urgencia.

El último caso es el de la expropiación urgente perpetrada en Canarias a favor de AENA para ampliar una pista de aterrizaje y despegue en el aeropuerto de La Palma. El gestor público aeroportuario fue contundente y recibió poco antes de verano el aval del Tribunal Supremo: “Para que el aeródromo siga operando en condiciones de seguridad, es necesaria la franja de pista requerida”. Los jueces concluyeron que había razones para tramitar todo de forma urgente en base a “la seguridad de la infraestructura y en estar incumpliendo la normativa europea sobre la seguridad de las instalaciones aeroportuarias”.

Una hipotética expropiación para que Maricarmen pudiera volver a corto plazo al domicilio de Alcalde Sainz de Baranda implicaría, por tanto, una justificación minuciosa tanto de su interés social como de su carácter urgente. Un movimiento sin precedentes en la normativa inmobiliaria española. En Balears, por ejemplo, el Govern que lideró Francina Armengol puso en marcha la expropiación temporal de 56 viviendas de grandes tenedores para destinarlas a alquiler social. Una medida que, con los años, recibió el aval del Tribunal Superior de Justicia. “Parece difícil negar que el acceso a una vivienda digna y asequible sea uno de los principales problemas a los que se enfrenta un amplio sector de la población balear. Pero, además, esos datos evidencian una tendencia de empeoramiento de la situación, de ahí que pueda considerarse justificada la decisión de implantar medidas de reacción como la que contempla la Ley”, dijo esa sentencia.

El Tribunal Supremo ha declarado firme la condena de tres años de prisión impuesta a Pedro Antonio Sánchez, expresidente de la Región de Murcia por el Partido Popular, por el conocido como 'caso Auditorio': la puesta en marcha plagada de ilegalidades de un proyecto para construir un auditorio en la localidad de Puerto Lumbreras cuando él era el alcalde del municipio. Los jueces certifican, entre otras cosas, que Sánchez incurrió en delitos de prevaricación y falsedad documental para obtener una subvención millonaria de la administración regional y que maniobró para que el proyecto cayera en manos de un arquitecto también condenado. El auditorio, dos décadas después de los hechos, sigue a medio construir en las afueras del pueblo.

Pedro Antonio Sánchez fue presidente de la Región de Murcia entre su victoria rotunda de 2015 y su salida en 2017 acosado por acusaciones de corrupción, dando paso a Fernando López Miras en la presidencia. Dos años de legislatura en los que los tribunales abrieron varios frentes judiciales contra él y su gestión. Fue imputado en la trama Púnica bajo la acusación de pagar con dinero público una campaña para mejorar su imagen, pero fue exonerado por el juez Manuel García Castellón. También se libró de ir a juicio por el 'caso Pasarelas' tras beneficiarse de la reforma impulsada por el PP de los plazos en investigaciones penales. Pero una tercera investigación, bautizada como 'caso Auditorio', llevó al banquillo al presidente de la Región de Murcia.

La causa retrocede hasta la etapa de Pedro Antonio Sánchez como alcalde de su localidad natal de Puerto Lumbreras, cargo que ejerció desde 2003 hasta 2013. Fue en su segundo año de mandato cuando decidió poner en marcha un proyecto para construir un gran auditorio en el municipio, un proceso que según los tribunales estuvo plagado de irregularidades. Desde el encargo ilegal a un arquitecto para crear un proyecto y optar a una subvención millonaria del gobierno regional hasta su aprobación fraudulenta en un pleno municipal dando paso a una puesta en marcha de las obras con “errores graves” y “defectos” entre quejas de los arquitectos de la Región por la falta de transparencia del proceso.

La Audiencia Provincial de Murcia decidió imponer tres años de cárcel y más de 17 años de inhabilitación a Pedro Antonio Sánchez además de una multa de 3.600 euros después de un juicio en el que la acusación popular de Podemos consiguió que el tribunal estimara sus pretensiones, más duras que las de la Fiscalía. Un delito continuado de prevaricación en concurso con otro de falsedad documental y un segundo ilícito más de prevaricación.

La Audiencia Provincial avaló que Podemos hiciera definitiva su calificación alternativa del delito de falsedad documental, el que acarrea penas de cárcel: “No hubo vulneración del principio acusatorio por el hecho de que una calificación provisional alternativa pasara a principal en el momento de las conclusiones definitivas”, dijo el tribunal murciano. Algo que ahora ratifica el Supremo: “No se ha producido alteración esencial del hecho histórico ni vulneración del principio acusatorio”.

Los jueces no solo condenaron a Pedro Antonio Sánchez, también a secretaria del Ayuntamiento (15 años y medio de inhabilitación) y al arquitecto que impulsó el proyecto (16 años y medio de inhabilitación). Y certificaron que entre los tres pusieron en marcha el proyecto y la solicitud de una subvención regional millonaria de forma ilegal, hasta el punto de afirmar que “la propaganda del Partido Popular” difundió el proyecto con muchos detalles antes de que fuera aprobado legalmente.

El Supremo confirma tanto la condena de Sánchez como la del arquitecto y matiza que la de la funcionaria se debe ceñir a poder trabajar en puestos “que comporten funciones de Secretaria, fe pública, asesoramiento legal preceptivo o intervención técnico-jurídica equivalente en entidades integradas en el ámbito de la Administración Pública”.

Tres imputaciones y una dimisión

Pedro Antonio Sánchez dimitió como presidente de la Región de Murcia en septiembre de 2017 tras la apertura de diversas causas judiciales contra él, entre ellas este caso Auditorio. Un terremoto político en un momento en que Ciudadanos sostenía el gobierno regional del Partido Popular y que desembocó en la llegada de Fernando López Miras a la presidencia como sucesor de Sánchez. En los últimos años trasladó su residencia a Miami, donde conoció su condena de tres años de cárcel. Poco después de abandonar la política fundó dos asesorías y, tal y como reveló elDiario.es, el ejecutivo regional otorgó más de medio millón de euros en subvenciones a la empresa de su hermano que gestiona un hostal propiedad del expresidente.

Ahora el Supremo confirma, entre otras cosas, que falsificó documentos para obtener la subvención con la que pretendía levantar el auditorio. “Fueron empleados en un procedimiento subvencional de varios millones de euros, dirigidos al órgano competente para sostener la concesión y el libramiento de fondos públicos”.

También rechaza el Supremo, como alegaba el expresidente murciano en su recurso, que haya sido condenado por unas irregularidades administrativas detectadas por el Colegio de Arquitectos de la Región. “La condena penal no descansa exclusivamente sobre la validez o invalidez administrativa del concurso de proyectos o de la contratación del arquitecto, sino sobre un entramado de actuaciones concertadas y conscientemente arbitrarias que la sentencia penal examina en toda su dimensión”.

La 'coach' Elena Lorenzo se sentará en el banquillo de los acusados por las terapias de conversión con las que prometió revertir la homosexualidad y lo hará con varias peticiones de cárcel para ella. La Fiscalía ha solicitado que sea condenada a dos años y medio de prisión por un delito de odio mientras que la acusación popular, ejercida por la Asociación Española Contra las Terapias de Conversión, eleva esa cantidad hasta los tres años y medio de presidio añadiendo delitos de intrusismo profesional y publicidad fraudulenta. Lorenzo está acusada de difundir este tipo de contenidos y cobrar por sus servicios a base de “difamar y estigmatizar” al colectivo LGTBI en sus cursos, publicaciones y entrevistas.

Lorenzo se presenta como una 'coach' que desde hace más de una década trabaja con personas que “han decidido profundizar en su identidad personal” porque “experimentan atracción hacia personas de su mismo sexo” y “desean vivir su heterosexualidad plenamente”. La puerta de entrada a un torrente de artículos, entrevistas y ofertas de cursos en las que la homosexualidad se presenta como una patología derivada de “heridas”. Desde la “ausencia de vínculo con su referente masculino” hasta la “excesiva vinculación” de un niño con su madre o, directamente, el abuso sexual. “La homosexualidad no es una enfermedad”, dijo en una ocasión, pero sí un conjunto de experiencias que han llevado al “quiebre” de una persona y que se puede curar. “Su re-integración es posible”, según Lorenzo.

Sus afirmaciones se tradujeron en un proceso sancionador por parte de la Comunidad de Madrid que arrancó con una multa de 20.000 euros, pero terminó con una sentencia favorable que anuló el castigo por defectos formales. Pero poco después un juzgado de la Plaza de Castilla abrió una investigación penal contra ella y el caso, tres años después de la apertura de diligencias, se encuentra a las puertas de juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Después de que los tribunales confirmaran el procesamiento de Elena Lorenzo, las acusaciones han presentado sus escritos en los que piden cárcel y multas para la 'coach' por hasta tres delitos distintos.

Tanto el fiscal delegado de delitos de odio de Madrid, Ángel Guzmán, como la Asociación Española Contra las Terapias de Conversión, coinciden en acusar a Lorenzo de un delito contra los derechos fundamentales por el que la Fiscalía pide dos años de prisión y multa de 4.320 euros, cantidad que la acusación eleva hasta dos años y medio de presidio y multa de 36.000 euros. Pero la Asociación añade otros dos delitos al futuro juicio: intrusismo, por el que pide otra multa añadida de 57.600 euros, y un tercer ilícito de publicidad fraudulenta con un año más de prisión.

Los dos escritos de acusación, que ha podido examinar elDiario.es, recorren años de publicaciones de Lorenzo y concluyen que sus cursos a 80 euros la hora buscando revertir la homosexualidad no solo fueron un ejemplo de homofobia sino un peligro para el colectivo. Según el fiscal, la 'coach' tuvo por objetivo “difamar y estigmatizar” a la población homosexual a través de “perjuicios y estereotipos”, de forma “segregadora y denigrante” y hablando “sin ningún rigor científico”, entre otras cosas, del inexistente “TOC homosexual”.

La Asociación que combate este tipo de terapias –cuya penalización está siendo tramitada en el Parlamento– incide en su escrito en que Lorenzo promociona desde 2014 sus servicios para “modificar la orientación sexual”, con mensajes “denigrantes” y cambiando el lenguaje de sus páginas a otro más aséptico para esquivar sanciones y denuncias. La acusada, incluso, trasladó todo su contenido a otra página web a pesar de la orden judicial de retirarlo y tardó años en hacerlo desaparecer de forma efectiva. Su objetivo, resume esta asociación, era “difundir y publicar mensajes sobre la orientación sexual homosexual de carácter discriminatorio, denigrante, desacreditante y/o menospreciante de esta sexualidad”.

Un crowdfounding para la 'coach'

La acusación popular plantea que sus condenas sean más altas por dos delitos que no incluye la Fiscalía: intrusismo y publicidad fraudulenta, al entender que no tiene ningún título que permita ofrecer ningún tipo de tratamiento y que, además, actuó “con ánimo de engañar a los consumidores para que contrataran sus servicios”, haciendo creer que la homosexualidad se puede “sanar”. Saúl Castro, abogado y presidente de la Asociación que ejerce esta acusación, explica a elDiario.es su opinión sobre la publicidad fraudulenta: “La finalidad de esta web es promocionar sus servicios de coaching, sanar supuestas heridas que produciría la homosexualidad, y no solo es imposible sanar unas heridas que no existen sino que cualquier práctica que tenga esa finalidad entraña un riesgo”.

También justifica su acusación por intrusismo laboral. “Ha reconocido que no tiene ninguna titulación que le permita ofrecer ningún acompañamiento terapéutico o clínico. Ella dedica una sección entera a hablar del TOC, que es una enfermedad diagnóstica que por normativa tiene que llevar a cabo una persona con estudios oficiales en el ámbito de la salud mental, cosa que no tiene ella. Se presenta en el mercado como una persona que puede ofrecer servicios terapéuticos y se refiere a sus clientes como pacientes. Está desempeñando unas facultades que le estarían vedadas”.

En cuanto a este delito, la propia Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una sentencia que puede servir de precedente, confirmando seis meses de cárcel a una 'coach' espiritual ubicada en Boadilla del Monte que, según los tribunales, ofrecía tratamientos sin tener ningún tipo de colegiación como psicóloga.

Castro también explica que Elena Lorenzo, tal y como puede comprobarse en distintos medios de comunicación y mensajes, ha puesto en marcha una colecta para conseguir 16.000 euros con los que pagar su defensa. “Lo que no vamos a permitir es que la investigada obtenga un enriquecimiento a raíz de las consecuencias que conllevar cometer violencia contra las personas LTGBI, lo vamos a poner en conocimiento del tribunal en el momento procesal oportuno y modificaremos las conclusiones para que no se quede con ni uno de estos euros que está recaudando, queremos que la sanción económica sea proporcional”.

El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de cuatro años de prisión para el futbolista español Santi Mina por abusar sexualmente de una mujer en Mojácar en el verano de 2017. Los jueces rechazan los argumentos de defensa del exdelantero del Celta de Vigo y recuerda que cometió “dos actos sexuales inconsentidos” sobre la víctima dentro de una furgoneta a pesar de que ella se negó y llegó a empujarle. La condena implica que el futbolista tendrá que entrar en prisión.

Los jueces declaran probado en firme que el futbolista, en el verano de 2017 y cuando militaba en las filas del Valencia, entró en una furgoneta aparcada cerca de una discoteca de Mojácar donde un amigo acababa de mantener relaciones sexuales con una mujer. Después de decir a la víctima “mira chica tú me gustas mucho y creo que deberíamos hacer algo” el futbolista le introdujo por la fuerza el pene en la boca y después los dedos en la vagina. Acto seguido, según la sentencia, “cesó en su actuación y se disculpó”.

El caso fue juzgado en los tribunales andaluces y ahora el Supremo ratifica la condena de prisión impuesta por la Audiencia de Almería y posteriormente por el Tribunal Superior de Andalucía con una indemnización de 25.000 euros para la víctima. Esta resolución rechaza también el último recurso de la mujer y ratifica, por tanto, la absolución del segundo hombre acusado.

El futbolista, que militaba en las filas del Celta cuando fue condenado y que fue posteriormente expulsado del club, “aprovechó la proximidad, la sorpresa y la situación en que se encontraba la perjudicada” y solo paró cuando “percibió que la continuación exigiría vencer una oposición mediante la fuerza”. No hubo ningún tipo de consentimiento como defendía el delantero, concluyen los jueces. Su relato exculpatorio, afirma el Supremo, “no incorpora dato alguno que refleje que interpretara erróneamente una manifestación de anuencia”.

La sentencia, que resuelve el caso en firme aunque todavía pueda acudir al Constitucional, tumba la estrategia de Mina de desacreditar a la víctima. El futbolista, por ejemplo, llegó a contratar a un detective para seguir a la mujer y conseguir datos con los que atacar su reputación. El investigador siguió a la víctima hasta su centro de trabajo, la grabó en la playa, en un barco y en una terraza tomando algo con sus amigos.

Mina no cuenta con antecedentes penales pero la ratificación firme de cuatro años de prisión por un único delito de abusos sexuales, en ese momento todavía diferenciado de la agresión sexual en el Código Penal, implica que se expone a entrar obligatoriamente a entrar en prisión a cumplir condena.

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido este martes redactar una sentencia que amnistíe la malversación atribuida a los líderes políticos del procés, el delito que a día de hoy impide que Carles Puigdemont vuelva a España sin riesgo de ser detenido. La mayoría progresista ha rechazado la ponencia del conservador José María Macías, que apostaba por no perdonar este delito en el caso del exconseller Jordi Turull, y abre la puerta a que los tribunales también levanten esa acusación contra el expresident cuando estudien su caso.

Fuentes del organismo explican que el magistrado Macías tendrá que redactar una nueva ponencia y que, además, el pleno estudiará próximamente el caso de Dolors Bassa con ponencia del presidente Cándido Conde-Pumpido. Estas dos ponencias que se votarán más adelante, añaden estas fuentes, serán para estimar la petición de amparo. Ese pleno, según ha informado el Tribunal Constitucional, será el próximo 6 de octubre.

El tribunal de garantías ha estudiado el primer recurso de uno de los condenados por el procés independentista de 2017 después de que el Tribunal Supremo se negara a amnistiar el delito de malversación, y también después de que tanto el mismo Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hayan avalado la ley. En el caso de Jordi Turull, exconseller de Carles Puigdemont y alto cargo de Junts, una vez indultada su pena de cárcel el recurso se centraba en amparar bajo el paraguas de la amnistía la inhabilitación que acarrea el delito de malversación y que le impide presentarse a unas elecciones.

La mayoría progresista del pleno ha rechazado la ponencia del conservador José María Macías, que respaldaba la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación. Ahora el borrador de la sentencia tendrá que ser repetido y la mayoría del pleno entiende que sí debe otorgarse el amparo. El Supremo entendió que no era amnistiable ya que el dinero que los políticos no tuvieron que poner de su bolsillo supuso un enriquecimiento ilegal proscrito en la ley.

La decisión del Tribunal Constitucional, por tanto, todavía tendrá que esperar al redactado y votado de un nuevo borrador, pero pone en marcha la cuenta atrás para que Carles Puigdemont pueda volver a España sin exponerse a una detención, aunque tendrá que esperar a que se resuelvan sus propios recursos.

El Consejo General del Poder Judicial ha decidido archivar de manera definitiva las quejas que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, presentó contra el juez Juan Carlos Peinado. Los cuatro vocales conservadores de la Comisión Permanente y el vocal elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado han sumado sus votos para desestimar el recurso de alzada del ministro. La presidenta del órgano, Isabel Perelló, no ha votado al constatarse durante la deliberación la existencia de una mayoría de cinco vocales favorable a esa desestimación. Dos vocales progresistas han votado en contra del archivo.

Bolaños denunció la “hostilidad” y la “actitud intimidatoria” del juez cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra la esposa del presidente del Gobierno y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. 

En el recurso contra la decisión de archivar sus quejas, Bolaños afirmaba que la actuación del órgano de gobierno de los jueces no representa los estándares de agilidad y rigor exigibles y criticaba que “bien por conservadurismo, bien por corporativismo” hubiera sido incapaz de corregir las “irregularidades” denunciadas. 

Este martes, la Comisión Permanente del organismo ha decidido avalar el archivo de las quejas firmado por el Promotor de la Acción Disciplinaria. A su juicio, ese archivo tenía “una amplia justificación” sobre por qué la actitud de Peinado durante su testifical tenía una “falta de trascendencia” como para llegar a convertirse en una sanción. Hubo una “tirantez dialéctica” pero, añade la Comisión Permanente, no una conducta sancionable.

Tampoco encuentran motivo de castigo en que el Tribunal Supremo tumbara de plano la propuesta de Peinado de imputar a Bolaños en la causa por la que Begoña Gómez va a ser juzgada. Ahora el ministro de Justicia tendrá que decidir si lleva esta negativa del CGPJ ante la sala tercera del Tribunal Supremo a través de un recurso e insistir en que Peinado pueda llegar a ser sancionado.

Dos progresistas defienden admitir el recurso de Bolaños

La decisión cuenta con el voto particular discrepante de los vocales progresistas Argelia Queralt y Bernardo Fernández, quienes sostienen que el acuerdo confunde el contenido de la función jurisdiccional, que no puede ser revisado disciplinariamente, con la forma en que el juez ejerce su autoridad sobre quienes comparecen ante él. “La independencia judicial protege la libertad del juez para decidir; no convierte en jurídicamente irrelevante la forma en que ejerce la autoridad que el Estado le confiere”, recoge su escrito.

Ambos vocales consideran que la conducta desarrollada durante la declaración no podía analizarse como una suma de incidentes aislados. A su juicio, la sucesión de reproches dirigidos al testigo por su forma de expresarse y responder, la censura de su expresión facial, la advertencia de que su condición procesal podía cambiar y el requerimiento de que aprovechara un receso para obtener de terceros una información que había manifestado desconocer debían valorarse “conjuntamente y en su contexto”.

Así, defienden que los hechos estaban objetivamente documentados mediante la grabación íntegra de la declaración y que existía una base suficiente para examinarlos en un procedimiento contradictorio. Y subrayan que “la ausencia de certeza sobre la existencia de una infracción no equivale a la ausencia de indicios suficientes para investigarla”.

Por otro lado, la Permanente respaldó el archivo de tres diligencias informativas incoadas a raíz de quejas planteadas contra Peinado. Una de ellas había sido presentada por la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente, quien también se sentará en el banquillo. 

Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito.

El vocal elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado ha defendido que el asunto saliera del Consejo y se remitiera a la Fiscalía, al entender que los hechos “pueden ser constitutivos de delito”. La mayoría, sin embargo, ha optado por archivo.

El Tribunal Constitucional afronta esta semana el debate decisivo sobre la aplicación de la amnistía a los condenados del procés independentista catalán. Una deliberación del pleno en la que el conservador José María Macías defenderá una ponencia para rechazar las alegaciones del exconseller Jordi Turull y mantener su condena de inhabilitación por el delito de malversación que el Tribunal Supremo rechazó amnistiar. Un borrador que, además de respaldar a la Sala de lo Penal, orilla el aval a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio a la amnistía y sus argumentos sobre ese delito que, a día de hoy, impide el regreso de Carles Puigdemont a España sin riesgo de ser arrestado.

Jordi Turull, conseller del Govern de Carles Puigdemont, fue condenado a 12 años de cárcel por el Tribunal Supremo en 2019, la condena más alta del caso por detrás de Oriol Junqueras. Con su condena de prisión fuera de circulación tras el indulto parcial concedido por el Gobierno en 2021, la pelea del hoy secretario general de Junts per Catalunya se centró en que la amnistía se aplicara también a la condena de inhabilitación derivada del delito de malversación y que, en la práctica, le impide volver a la política. La respuesta no unánime del Tribunal Supremo –con una magistrada, la Fiscalía y la Abogacía del Estado en contra– fue negativa: no tuvo que pagar el procés de su bolsillo y eso, según los jueces, equivale a un enriquecimiento ilegal proscrito en la amnistía.

Su recurso llega a pleno después de que la amnistía haya pasado todos los filtros: tanto el del propio Tribunal Constitucional como el del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este último contradijo al Tribunal Supremo en un punto ahora clave: el procés independentista de 2017 no afectó a los intereses económicos de la Unión Europea. Uno de los argumentos de la Sala de lo Penal para no aplicar la amnistía al delito de malversación. La ponencia que defenderá esta semana el magistrado conservador José María Macías priva de efectos a esta resolución europea al entender que no puede ser aplicada “retrospectivamente” a lo que antes dijo el Supremo.

El papel de Macías en los debates del Constitucional sobre la amnistía fue polémico desde su primera designación como ponente del recurso del Partido Popular contra la ley. Su pasado como vocal del Consejo General del Poder Judicial y su activa oposición a la ley de perdón del procés determinaron que la mayoría progresista del pleno aceptara su exclusión de todos los debates después de ser recusado por la Fiscalía. Se mantuvo como ponente del recurso de Jordi Turull porque, tal y como constató el tribunal, el exconseller lo pidió fuera de plazo.

La ponencia de este magistrado, que ha podido examinar elDiario.es, propone rechazar todos los argumentos de Turull, la Fiscalía y la Abogacía del Estado y respaldar al Tribunal Supremo en su negativa a amnistiar la malversación. El hecho de que la Sala de lo Penal dijera, por primera vez en el proceso judicial que arrancó en 2017, que los líderes del procés había tenido un “beneficio patrimonial”, no supone una “introducción sorpresiva de hechos o calificaciones” que haya vulnerado los derechos de Turull.

La negativa del Supremo a eliminar la condena de inhabilitación que le impide presentarse a unas elecciones, añade Macías, no vulnera sus derechos políticos. Eso lo hizo, en todo caso, la sentencia que le impuso 12 años de cárcel, pero como recuerda la ponencia ya fue avalada por el Tribunal Constitucional: “La negativa a aplicar la amnistía no introduce una nueva restricción sino que mantiene los efectos de una pena impuesta con todas las garantías, en virtud de un título judicial firme, que ya ha superado el correspondiente control constitucional”. Se apoya en otro caso ligado al procés donde el Constitucional argumentó lo mismo: la condena del expresident Joaquim Torra que le sacó de la presidencia de la Generalitat de Catalunya.

No hubo “animadversión” contra Turull

La ponencia de Macías, entre críticas formales al recurso del exconseller, también rechaza que se haya conculcado su derecho a la tutela judicial efectiva y descarta que el Supremo interpretara erróneamente la voluntad del legislador en la amnistía. “Ha desarrollado una respuesta razonada, completa y estructurada”, dice el borrador de sentencia. “Solicitar que interpretemos la Ley sin otra referencia que la voluntad del legislador es pedir que abdiquemos de nuestra función como jueces”, dijo entonces el Tribunal Supremo.

La interpretación del Supremo sobre la malversación y el procés, añade Macías, “no puede tildarse de sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión” hacia Turull. La doctrina establecida en casos de malversación como Emarsa –el saqueo millonario de la depuradora de València– apoya, según Macías, que el “beneficio” de un condenado por malversar no consista solo en quedarse el dinero: “También puede concretarse en la mera posibilidad de disponer indebidamente de unos fondos hasta entonces no disponibles”.

El magistrado del bloque conservador dedica las últimas páginas de su borrador a uno de los grandes hitos del tránsito judicial de la amnistía: la sentencia del TJUE que avaló la ley de perdón el pasado mes de julio. El tribunal europeo, reconoce Macías, “se ha pronunciado sobre esta cuestión en un sentido distinto al sostenido por la Sala Segunda”. Pero eso, añade, no cambia nada en el caso de Turull: “No permite proyectar retrospectivamente su contenido sobre el juicio de razonabilidad que ahora nos corresponde realizar, referido a la motivación ofrecida por el Tribunal Supremo en el contexto normativo y jurisprudencial existente en el momento en que adoptó las resoluciones impugnadas”.

El caso de Turull marcará el camino al resto de políticos catalanes, entre ellos a Carles Puigdemont, que espera un aval del Constitucional para ver desaparecer su orden de detención y poder regresar a España sin miedo a ser arrestado. Pero no será una decisión inmediata. La ponencia de Macías será analizada por una mayoría progresista que, hasta ahora, ha deliberado y votado en sentido contrario. Eso llevaría a un cambio de ponente y a una nueva deliberación en las semanas siguientes.

Pedro Trapote, fundador de las discotecas Pachá y Joy Eslava y dueño de la chocolatería San Ginés, volverá al banquillo acusado de fraude fiscal. La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la sentencia que absolvió al empresario de defraudar más de 500.000 euros en el Impuesto de Sociedades de una de sus empresas y ha ordenado repetir el juicio contra él y la sociedad con la que gestiona la chocolatería. Un proceso judicial y tributario que arrancó hace más de una década en el que Trapote acumula, además de este juicio pendiente de repetición, una condena por fraude fiscal y una absolución en un pleito millonario que ya está en manos del Tribunal Supremo.

Trapote (Valladolid, 1939), cuñado de Felipe González y amigo de Juan Carlos I, se coronó como rey de la noche madrileña en los años ochenta, cuando abrió la discoteca Joy Eslava en la calle Arenal dos días después del golpe de Estado fallido de Antonio Tejero. También cuando, a mediados de la década de los noventa, se hizo con el Teatro Barceló que alojó durante años la discoteca Pachá. Es el responsable, desde hace décadas, de la centenaria chocolatería San Ginés. Y su trayectoria empresarial se tambaleó cuando, a mediados de 2016, un juzgado de Madrid autorizó que los inspectores de Hacienda registraran ambas discotecas en busca de pruebas de fraude fiscal.

Esos registros derivaron en varias denuncias de la Fiscalía y diversas investigaciones penales contra Trapote, sus empresas y varios de sus socios bajo acusaciones de defraudar varios millones de euros entre el IVA y el Impuesto de Sociedades de 2013 a 2017. El empresario, enfrentado al fiscal Julián Salto, aceptó una primera condena de prisión en 2022 en su primer juicio por el IVA de tres años —donde se le aplicó la atenuante de reparación del año por devolver el dinero— pero su abogado, el exmagistrado Eduardo de Urbano, decidió cargar contra el origen de todas la causas judiciales: los registros de la Agencia Tributaria en 2016.

Después de esa primera condena firme aceptada en conformidad y ya por tanto irrevocable, Trapote se enfrentó en 2024 a su segundo y mayor juicio por defraudar a Hacienda, en el que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado le acusaban de haber dejado de pagar 2,3 millones de euros en el Impuesto de Sociedades de su empresa Europea de Explotaciones entre 2015 y 2017. La Audiencia Provincial de Madrid, en ese juicio, anunció que la mayor parte de la documentación intervenida en ese registro había sido obtenida de manera ilegal y no podía servir para condenarlo. La Agencia Tributaria, dijeron entonces los jueces, “no había solicitado ni obtenido autorización judicial” para conseguir todos esos datos, solo una pequeña parte.

Esa absolución, todavía pendiente de ratificación por el Tribunal Supremo, tuvo eco en el tercer juicio al que se enfrentó Trapote por fraude fiscal. Los inspectores de Hacienda no solo encontraron documentación sobre la dudosa contabilidad de su empresa Europea de Explotaciones, sino también sobre otra de sus sociedades, Pasadizo SA, con la que gestiona la chocolatería del pasadizo de San Ginés de Madrid. Y Trapote volvió al banquillo de un juzgado de lo penal de Madrid a finales del año pasado acusado de defraudar algo más de medio millón de euros en el Impuesto de Sociedades de esa empresa. El resultado en esta derivada fue el mismo: absuelto por las irregularidades en los registros de la Agencia Tributaria de 2016.

Ha sido la Audiencia Provincial de Madrid la que ha anulado esta absolución y ha ordenado que otro juzgado de lo penal de la capital repita el juicio contra él, aunque sin entrar a valorar las pruebas que obtuvo Hacienda en sus discotecas hace una década. Los jueces explican que, tal y como argumentaba la Abogacía del Estado en su recurso apoyado por la Fiscalía, el juzgado no llamó a declarar a uno de los inspectores que firmó los informes clave del caso y eso produjo indefensión a la representación de Hacienda en el pleito. La defensa de Trapote pudo presentar un documento de más de 300 páginas argumentando la nulidad de las pruebas pero Hacienda, explican los jueces, solo tuvo a uno de los peritos del informe y no a los dos.

El resultado es que los juzgados de lo penal de Madrid tendrán que celebrar un nuevo juicio por dos delitos fiscales contra el dueño de la chocolatería San Ginés, pero con la presencia de este inspector jubilado de Hacienda. La nueva sentencia, aunque tenga en cuenta el testimonio de este segundo perito que no fue citado para el juicio, seguirá condicionada por la alegación de que los datos de la empresa Pasadizo se obtuvieron de forma irregular durante los registros en las discotecas de Trapote en 2016 mientras el pleito más voluminoso está ya en manos del Tribunal Supremo.

Hacienda lleva a Trapote al Supremo

Con su condena de 2022 ya declarada firme y su última absolución pendiente de repetición, la causa penal más abultada de este empresario está en manos del Tribunal Supremo y su sala segunda. Fuentes del caso explican a elDiario.es que la Abogacía del Estado ha recurrido la sentencia que en 2024 marcó el fracaso de las causas contra Trapote al declarar las irregularidades de los registros de la Agencia Tributaria de 2016. Un juicio en el que Hacienda llegó a pedir que el empresario fuera condenado a seis años y medio de prisión y pagara multas que, junto con su empresa Europea de Explotaciones, sumaban varias decenas de millones de euros.

La decisión del Supremo pondrá a prueba las alegaciones de la defensa de Trapote de que las pruebas de fraude fiscal contra él se ven afectadas sin remedio por la doctrina del árbol envenenado: los inspectores entraron en la Joy Eslava y el Teatro Barceló y clonaron toda la información disponible en los TPV de las barras de las dos discotecas, donde había información sobre los delitos fiscales que investigaba el juzgado pero también sobre muchos otros e, incluso, sobre otras de sus empresas.

“La prueba que sirve de base a la acusación se obtuvo de forma conscientemente ilícita”, reprochó el tribunal en 2024. La Agencia Tributaria recogió un “exceso” de información para la que no tenía autorización judicial, y además ocultó esa información a los tribunales: “Lo guarda para su utilización posterior”. Esa sentencia recoge cómo Trapote, que durante la fase de instrucción llegó a reconocer parcialmente los hechos, vendió en 2022 el Teatro Barceló para hacer frente a estas deudas.

José Luis Rodríguez Zapatero afronta el regreso de la actividad en los tribunales con varios hitos pendientes. Por un lado, las declaraciones de los dimitidos presidente y CEO de Plus Ultra, que lo implicaron en el cobro de una comisión de 530.000 euros por ese rescate, previstas para los días 7 y 8 de septiembre. Por otro, está pendiente de fecha la citación a sus hijas, también investigadas por su empresa, Whathefav, a la que el juez sitúa como receptora de fondos del entramado de Julio Martínez. Y, además, tiene pendiente desde hace casi tres meses responder por el origen de las joyas que se localizaron en una caja fuerte en su despacho.

Zapatero es el primer presidente del Gobierno en comparecer como imputado ante un juez, aunque no es el primer líder del ejecutivo central que pasa por los juzgados. Su comparecencia implica que todos los presidentes de la democracia española, desde Adolfo Suárez hasta Pedro Sánchez, han comparecido por orden de los juzgados, aunque hasta ahora todos lo habían hecho como testigos y Zapatero es el primero acusado de un ramillete de delitos relacionados con su actividad profesional posterior a su vida en el Palacio de La Moncloa.

Zapatero, el rescate de Plus Ultra y las joyas

José Luis Rodríguez Zapatero, presidente durante dos legislaturas entre su victoria de 2004 y las elecciones anticipadas que perdió en 2011, está siendo investigado por dos motivos distintos: su relación con el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra y también por las joyas, valoradas en más de un millón de euros, que los agentes de la UDEF encontraron en su despacho de la calle Ferraz. En la causa se investigan hasta siete delitos de organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y delitos fiscales.

El expresidente del Gobierno quedó en libertad sin cautelares tras declarar durante dos horas ante Calama para negar todas las acusaciones, unas explicaciones que no terminaron de convencer ni al juez ni a Anticorrupción. Rechazó haber usado su influencia como antiguo líder del Ejecutivo para favorecer el rescate millonario de la aerolínea y negó también, por tanto, haber cobrado una comisión por ello. Ni a través de pagos de empresas ni a través de la agencia de sus hijas ni tampoco a través de una hipotética sociedad en Dubái.

La defensa del expresidente está pendiente de la respuesta que pueda dar el juez instructor a sus peticiones de anular la causa. Tras rechazar de plano los recursos inicialmente, Calama rectificó y accedió a revisar ocho resoluciones, la mayoría dictadas por el juzgado de Madrid que investigó el rescate de Plus Ultra antes de que la Audiencia Nacional asumiera el caso.

Por otro lado, Zapatero pidió más tiempo para recopilar información sobre la segunda de las acusaciones que pesan sobre él: las joyas que los agentes encontraron en una caja fuerte de un despacho anexo al suyo. Joyas que, según una tasación encargada por el juzgado, tienen un valor aproximado de 1,3 millones de euros. Ahora el juez quiere saber cuándo las obtuvo Zapatero, si las declaró correctamente o si incurrió en delitos fiscales y de contrabando.

Han pasado ya casi tres meses desde que el expresidente del Gobierno pidió más tiempo para recopilar documentación y justificar la presencia de estos objetos, algunos individualmente tasados en más de 200.000 euros. En la entrevista que concedió en julio a TVE, evitó responder sobre su procedencia e insistió en que prefería reservar esa información para entregársela al juez. Las calificó de “regalo de cortesía, personal, de hace muchos años”. Ante la insistencia del presentador, Javier Ruiz, ni siquiera precisó de qué país procedía el regalo.

Adolfo Suárez y el caso Banesto

Adolfo Suárez González fue el primer presidente de la democracia española, entre 1976 y 1981, pero su declaración como testigo en un juzgado no llegó hasta más de una década después. Fue en octubre de 1998 cuando compareció en la Audiencia Nacional en el marco del caso Banesto para responder sobre las palabras del banquero Mario Conde, quien afirmaba haber entregado 300 millones de pesetas al Centro Democrático y Social (CDS) de Suárez a cambio de hacer gestiones ante el Banco de España a favor de la entidad. Unos años antes también había comparecido de forma voluntaria en fase de instrucción. “No recibí en absoluto ni yo, ni el CDS, dinero de Banesto, ni de ningún trabajador de la entidad”, dijo Suárez ante los jueces de la Audiencia Nacional.

El caso Banesto terminó con en 2002 con el Tribunal Supremo elevando la condena de Mario Conde hasta los 20 años de cárcel. La Fiscalía, casi una década antes, se había querellado contra Conde y los exdirectivos del banco como responsables del agujero de más de 500 millones de pesetas que llevó a la intervención del Banco de España. Los tribunales concluyeron que Conde se quedó con 300 millones del banco y que justificó verbalmente su salida para hacer “un pago” a Adolfo Suárez “por un servicio que había prestado ante el Banco de España”. El dinero salió en bolsas de deporte y su destino final nunca fue conocido, por lo que la afirmación de Conde se quedó en un argumento de defensa sin pruebas.

Felipe González y el terrorismo de Estado

El socialista Felipe González tomó el relevo de Adolfo Suárez en 1982 hasta que perdió ante José María Aznar en 1996. Para entonces su Gobierno y el PSOE se habían enfrentado a diversos escándalos, pero pocos al nivel del terrorismo de Estado de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) destapados por El Mundo en 1994. La guerra sucia contra ETA que fue juzgada en el Tribunal Supremo dos años después de la salida de González de La Moncloa y el expresidente tuvo que testificar señalado como la “X” del caso y con parte de su cúpula de Interior en el banquillo. El alto tribunal, que declaró probado el secuestro de Segundo Marey, siempre rechazó responsabilizar penalmente a Felipe González.

La Sala de lo Penal del Supremo dictó sentencia ese mismo año con condenas para los 12 encausados y el voto en contra de cuatro integrantes del tribunal. Los hechos probados relataban cómo los mandos de Interior autorizaron el secuestro ilegal de un dirigente etarra, primero con efectivos policiales y después con “mercenarios franceses”. En su lugar los mercenarios entregaron a los policías involucrados al ciudadano francés Segundo Marey, a quien habían confundido con el etarra.

Esa no fue la última testifical de Felipe González por ilegalidades cometidas durante su mandato. Tres años más tarde compareció ante la Audiencia Provincial de Madrid en el juicio contra el exministro José Barrionuevo, Rafael Vera y media docena de altos cargos policiales y de Interior. En esta investigación, que terminó con condenas de cárcel por malversación por el desvío de fondos reservados para pagar el “enriquecimiento personal”, González testificó para negar estas irregularidades y afirmar que sus antiguos colaboradores eran víctimas de una “cacería” contra él.

Mariano Rajoy, la Gürtel y la Kitchen

Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno del PP desde la derrota del PSOE en 2011 hasta la moción de censura de 2018, ostenta el récord de veces que un presidente del Gobierno ha testificado por hechos ocurridos durante su mandato. También es el único en haber comparecido ante un tribunal mientras todavía vivía en el Palacio de La Moncloa. Lo hizo dos veces en dos juicios diferentes de la trama corrupta Gürtel que anidó en las administraciones públicas gobernadas por su partido, y una última vez hace pocas semanas en el caso Kitchen de corrupción policial que también, esta todavía supuestamente, se desarrolló bajo su mandato.

Su primera testifical fue en el juicio de la trama principal del caso Gürtel en 2017. El entonces todavía presidente del Gobierno compareció ante la Audiencia Nacional con un fuerte dispositivo de seguridad y negó, en una declaración atropellada y con cortes del juez Ángel Hurtado, haber tenido constancia de la existencia de la trama Gürtel que durante años dominó la contratación pública allí donde gobernaba el PP. El partido fue condenado como responsable a título lucrativo por beneficiarse del entramado.

Su segunda testifical en el caso, esta vez en el juicio de 2021 por la caja B del PP, fue telemática y se saldó con más negaciones de Rajoy sobre la existencia de la contabilidad paralela y con una nueva condena para el PP, esta vez como responsable civil subsidiario del fraude fiscal derivado de la reforma de su sede con dinero negro.

“Yo me llamo Mariano Rajoy y luego cada uno me llama como quiere”. El expresidente del Gobierno volvió a vestirse de testigo el pasado mes de abril y remató así su declaración en el juicio de la operación Kitchen, el operativo policial ilegal supuestamente puesto en marcha bajo su mandato por el Ministerio del Interior para espiar a Luis Bárcenas y robar pruebas comprometedoras para el PP y el propio Rajoy. El caso, que todavía está siendo juzgado en la Audiencia Nacional, tiene en el banquillo a su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, así como diversos mandos policiales y al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Y Rajoy negó que Bárcenas le pudiera haber grabado destruyendo documentación sobre una caja B del PP que, en paralelo, los tribunales han declarado probada en firme.

José María Aznar y el caso Gürtel

José María Aznar estuvo al frente de los gobiernos del PP desde su victoria ante Felipe González en 1996 hasta su derrota ante Zapatero en 2004. Y testificó junto con Mariano Rajoy en el juicio de la caja B del Partido Popular en 2021, también de forma telemática y en su caso con mascarilla. “No he recibido ningún sobresueldo. Lo que hicieran mis sucesores ni me interesa”, dijo el expresidente del Gobierno.

Pedro Sánchez y la visita del juez Peinado

El 31 de julio de 2024 el juez Juan Carlos Peinado llegó en coche al Palacio de la Moncloa y pasó menos de dos minutos ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El magistrado decidió llamar a declarar a Sánchez en la causa en la que investiga a su esposa, Begoña Gómez, y el presidente del Gobierno, que intentó sin éxito declarar por escrito como facilita la ley, optó por acogerse a su derecho a no declarar en una causa penal abierta a un familiar directo.

El magistrado justificó su decisión de tomar declaración a Sánchez en una línea: “Se considera conveniente, útil y pertinente recibir declaración al esposo de la investigada”. Esa no fue la última visita de Peinado a Moncloa. Ya en abril de 2025 tomó declaración a Félix Bolaños después de que el juez solicitara una tarima para que su mesa fuera la más alta de la estancia.

La lucha de Baltasar Garzón por anular o neutralizar los efectos de su condena por prevaricación se ha encontrado con un portazo de todos los tribunales y organismos a los que ha acudido en España. Desde el Tribunal Supremo hasta la Audiencia Nacional, pasando por el Consejo General del Poder Judicial, el exmagistrado ha esgrimido sin éxito el dictamen de un comité de Naciones Unidas que estableció ya en 2021 que fue inhabilitado y expulsado de la judicatura por un proceso “arbitrario” que merecía una reparación que, por ahora, no llega. El entorno del hoy abogado no descarta presentar nuevas reclamaciones, pero por ahora el dictamen favorable llegado desde Ginebra no ha tenido ningún efecto sobre su situación.

Garzón llevaba dos décadas como juez de instrucción en la Audiencia Nacional cuando se hizo cargo del caso Gürtel. Una causa que arrancó con la confesión y las grabaciones de un concejal del Partido Popular, que se tradujo en una docena de piezas y cuyas sentencias contra el PP y sus miembros llegaron a provocar un cambio de Gobierno. Pero para entonces el magistrado jienense ya había tenido en sus manos causas de máxima relevancia contra el narcotráfico como las operaciones Nécora y Pitón, contra el terrorismo de Estado de los GAL y contra crímenes internacionales con Adolfo Scilingo o Augusto Pinochet.

Hasta entonces, sus actuaciones más cuestionadas habían estado relacionadas con el terrorismo y la no investigación de torturas a presos, que se tradujo en una condena para España a manos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo en 2004. Pero los focos penales se posaron sobre él cuando empezó a desentrañar la madeja corrupta de Gürtel que convivía en simbiosis con el Partido Popular en las administraciones donde gobernaba. Las querellas empezaron a llegar contra él mucho antes de que se pusiera a investigar el entramado, pero las que le llevaron al banquillo surgieron después del estallido del caso.

Fue juzgado y absuelto por abrir una causa penal para investigar los crímenes del franquismo. Un “exceso”, reconoció el Supremo, pero no un delito de prevaricación. No llegó ni a ser imputado por los cursos que dio en la Universidad de Nueva York. Pero la tercera causa, la que tenía relación directa con el caso Gürtel, fue la que terminó con su carrera como juez.

En esa ocasión fue el abogado y antiguo fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez el que abrió fuego. Y esta vez, directamente relacionado con su gestión del caso Gürtel: las escuchas ilegales a algunos acusados y sus abogados mientras estaban presos en Soto del Real. La Policía había advertido al juez de que algunos imputados seguían delinquiendo desde la cárcel y su “enlace” con el exterior eran algunos abogados. La orden de Garzón, según dejó por escrito en un auto poco después del estallido de la operación, fue intervenir las comunicaciones de Francisco Correa y dos de sus socios en la cárcel con sus abogados Manuel Delgado y José Antonio López Rubal.

El Supremo decidió que Garzón había incurrido en un delito de prevaricación y le impuso 11 años de inhabilitación. La decisión de pinchar sus comunicaciones con sus abogados fue “injusta” porque restringió su derecho de defensa “arbitrariamente” y “sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable”. El tiempo pasó y esos dos abogados fueron procesados por maniobrar para encubrir a Francisco Correa y su grupo de delincuentes. Delgado falleció antes de que se pudiera celebrar el juicio y López Rubal fue uno de los pocos imputados que no llegó a un acuerdo con la Fiscalía en el último juicio del caso Gürtel, celebrado a finales del año pasado y todavía pendiente de sentencia, en el que está acusado efectivamente de intentar proteger el entramado empresarial de Correa tras el estallido de la operación.

El Constitucional, Estrasburgo y la ONU

La condena de Baltasar Garzón implicó su salida de la judicatura y la pérdida de su condición de magistrado, firmada por el Consejo General del Poder Judicial, llegó poco después. Los recursos del ya exmagistrado no prosperaron ni ante el Tribunal Constitucional, que le denegó el amparo a finales de 2012, ni tampoco en Estrasburgo, donde el TEDH rechazó sus alegaciones unos años después sin entrar al fondo del asunto. El exjuez emprendió entonces una nueva batalla, esta vez ante un organismo diferente: el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que estableció en 2021 que Garzón no se enfrentó a un proceso justo ni cuando fue condenado por las escuchas de la Gürtel ni cuando fue absuelto tras intentar investigar los crímenes de la dictadura.

Los efectos prácticos de una sentencia o un dictamen internacional en la Justicia española lleva años siendo objeto de debate. Una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe ser acatada por los tribunales nacionales. Por ejemplo, cuando Estrasburgo tumbó la doctrina Parot y los jueces tuvieron que adelantar la puesta en libertad de presos etarras pero también, por ejemplo, delincuentes sexuales. O cuando el TJUE dictó sentencia sobre las cláusulas abusivas y el terremoto judicial llevó a la creación de juzgados especializados por todo el país. Pero las decisiones de organismos como un Comité dependiente de la ONU siempre han tenido una implantación compleja en España.

En el caso del dictamen favorable a Baltasar Garzón, ningún tribunal u organismo español ha decidido otorgarle un valor práctico real en los diversos frentes legales abiertos por los abogados del exmagistrado, cuya condena quedó completamente cumplida a finales de 2021. Acudió a la Audiencia Nacional con una reclamación de compensación y eliminación de antecedentes penales que, además, obtuvo el apoyo de la Fiscalía, pero se encontró con el portazo de los jueces en noviembre de 2025.

“Los dictámenes no tienen carácter vinculante ni ejecutivo, ni puede esta Sala exigir al Ministerio de Justicia la implementación del dictamen”, dijeron los magistrados de lo contencioso en una sentencia ya recurrida ante el Tribunal Supremo. Además, Garzón, según la Audiencia Nacional, tardó más de un año en reclamar tras recibir el dictamen de la ONU y lo hizo, por tanto, fuera de plazo.

También se encontró recientemente con otra negativa, esta del Tribunal Supremo heredada del Consejo General del Poder Judicial. Los jueces respaldaron la negativa del órgano de gobierno de los jueces a revisar todos los acuerdos posteriores a su condena que, en la práctica, le dejaron fuera de la magistratura. El Supremo no solo restó valor ejecutivo al dictamen del Comité de Naciones Unidas, sino que deslizó que no fue correctamente tramitado por “conocer el fondo del asunto” en paralelo al TEDH, que falló en sentido contrario.

Todas las respuestas a las reclamaciones de Baltasar Garzón, por tanto, se han encontrado por ahora con la negativa de jueces y organismos españoles, aunque fuentes de su entorno no descartan poner en marcha nuevas acciones de reclamación para que el dictamen del Comité de la ONU cause algún tipo de efecto un lustro después de haber cumplido íntegra su condena por prevaricación.

El conspiranoico Santiago Royuela no se sentará en el banquillo por amenazar a un exdiputado del PP en Catalunya. La Audiencia Provincial de Barcelona ha archivado la causa abierta contra él apuntando a errores y retrasos judiciales en la gestión del caso que han llevado a la prescripción, pero con fallos en la investigación como un factor determinante para que no haya juicio. Sergio Santamaría, abogado y exparlamentario del Partido Popular, planteó un incidente de nulidad, pero el tribunal barcelonés lo ha rechazado y ha acordado el archivo definitivo. Royuela sigue investigado junto a su padre y el exjuez Fernando Presencia en una causa en la Audiencia Nacional.

Santiago Royuela es uno de los rostros más reconocidos de la conspiranoia digital española. Junto con su padre, el subastero Alberto Royuela, es uno de los grandes difusores del conocido como 'Expediente Royuela': el conjunto de documentos y teorías conspirativas sobre un supuesto entramado criminal afincado en España responsable de decenas de asesinatos de Estado y que también tendría cuentas en el extranjero. Unas teorías carentes de cualquier tipo de prueba que primero tuvieron como objetivo al fiscal José María Mena y que fueron evolucionando hasta apuntar a políticos, periodistas, jueces y fiscales.

Los Royuela no tienen pruebas de nada de lo que dicen, pero sí tienen un pasado estrechamente conectado con la extrema derecha. El patriarca Alberto Royuela fue líder de la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco. Su hijo Santiago tiene varias condenas en su historial: una por intentar atentar con un explosivo casero contra el cantante Fermín Muguruza y otra por formar parte de una mafia vinculada a los Casuals, escisión de los radicales violentos blaugranas Boixos Nois.

El caso de Sergio Santamaría, diputado por Girona del PP en el Parlament de Catalunya, fue similar a muchos otros que tuvieron la mala suerte de llamar la atención de estos dos conspiranoicos de extrema derecha. Fue en 2022 cuando Santiago Royuela afirmó en uno de sus vídeos que tenía 1,2 millones de euros escondidos en el extranjero junto con otros políticos catalanes de diversos partidos, no solo del PP. El difusor del 'Expediente Royuela', en un movimiento inédito hasta la fecha en su historial de bulos, reculó brevemente y dijo que sus “topos” se habían equivocado al informarle sobre Santamaría. Pero un mes después volvió a la carga con más vídeos, más bulos e incluso audios amenazantes enviados directamente al teléfono del abogado y exdiputado del PP catalán.

Las amenazas eran explícitas. “Si me cuentas la verdad a lo mejor ayudarás a España, sé dónde te has podido llevar el dinero, agentes del CNI no se equivocan, voy a ir detrás de ti”, le llegó a decir en varios audios. Santamaría acudió a los tribunales y Royuela finalmente declaró como imputado ante un juzgado de Barcelona. Esa información sobre la falsa cuenta bancaria del político en el extranjero le llegó a través de un colaborador, Juan Martínez Grasa, que a su vez lo había sacado del Centro Nacional de Inteligencia, y este a su vez de los 'Pandora Papers'. Remató su declaración judicial intentando exculparse de las amenazas: “Yo también estaba consumiendo hachís, perdí la cabeza, sé que le llamé, pero no recuerdo nada”.

La magistrada de instrucción decidió procesar a Royuela, pero ahora ha sido la sección tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona la que ha tumbado ese procesamiento y ha archivado el caso. En primer lugar, por unos retrasos judiciales que llevan hasta la Audiencia Nacional y el juez Manuel García-Castellón. En segundo lugar, porque la instructora del caso ni siquiera incluyó el contenido de las amenazas en su auto de procesamiento. Retrasos y errores judiciales que ahora se traducen en la impunidad del caso contra uno de los hijos de Royuela, defendido en este procedimiento por una de sus hermanas.

De García-Castellón al juzgado de Barcelona

El mayor problema judicial de Santiago Royuela, su padre y sus colaboradores no está en un juzgado de Barcelona sino en la Audiencia Nacional. Un juez investiga si los Royuela, su colaborador Juan Martínez Grasa y el exjuez Fernando Presencia, expulsado de la judicatura tras varias condenas por prevaricar, formaron una organización criminal para lucrarse con sus denuncias tan masivas como falsas. El instructor, después de varios años, acaba de prorrogar de nuevo la instrucción.

El tribunal central investiga si el exmagistrado y los Royuela se aliaron para difundir este tipo de bulos de forma masiva contra políticos, magistrados, fiscales y periodistas. Lo que el subastero y su hijo llevaban haciendo desde hacía años, pero con el añadido de pedir dinero a sus seguidores a través de la asociación de Presencia, llamada ACODAP, para financiar sus acciones judiciales. Los investigadores indagan sobre si Presencia y los Royuela desviaron miles de euros de sus simpatizantes.

La existencia de esa causa está directamente relacionada con el archivo de las diligencias en Barcelona por el hostigamiento a Sergio Santamaría. El exdiputado del PP presentó su primera denuncia dentro de plazo contra Royuela en el juzgado de la Audiencia Nacional que entonces ocupaba Manuel García-Castellón al entender que formaba parte de la misma actividad criminal de bulos y extorsión. El magistrado, hoy ya jubilado, inadmitió esa querella y Santamaría tuvo que acudir a los juzgados ordinarios de Barcelona para que, meses después, se abriera una investigación. Pero en ese tiempo, condicionado por la tramitación fallida ante la Audiencia Nacional, el caso caducó.

Un error judicial de la magistrada de Barcelona que finalmente instruyó el caso se suma a esta prescripción. En su auto de procesamiento ahora anulado, reprocha la Audiencia Provincial de Barcelona, ni siquiera reflejó el contenido concreto de las amenazas que Royuela envió por escrito y por mensaje de voz a Sergio Santamaría. “Dice literalmente que tenían contenido amenazante, pero no dice cuál era dicho contenido”, explica asombrado el tribunal barcelonés.

La operación Púnica de corrupción ligada al Partido Popular ha tardado más de una década en convertirse en una sentencia. Más de 200 folios describen una red de “clientelismo político e intercambio de favores” basada en el dominio total que el PP de Esperanza Aguirre ejercía en Madrid en esos años, ejecutado a través de la “posición de poder político” de Francisco Granados y su capacidad para hacer y deshacer en su propio interés y el de su partido. La empresa Waiter Music consiguió más de 10 millones de euros en adjudicaciones públicas para organizar fiestas y eventos en todo el sur de Madrid a cambio de pagar muchas cosas: desde fiestas privadas en casa de políticos hasta cierres de campaña del PP en el Palacio de los Deportes.

La Audiencia Nacional puso en marcha la operación Púnica en octubre de 2014. Decenas de agentes de la Guardia Civil entraron en ayuntamientos de todo el sur de la región y se llevaron detenidos a alcaldes, concejales, altos cargos y empresarios. Y el nombre de un municipio por encima de todos. El epicentro de la trama: Valdemoro. Era donde Francisco Granados había sido alcalde, donde decenas de contratos públicos estaban bajo sospecha y donde el PP gobernaba sin oposición desde 1999. Se trataba de uno de los grandes feudos de la derecha en el sur de la región donde los de Aguirre solían celebrar pomposos actos de campaña con los primeros espadas del partido a nivel nacional.

Que el nombre de Granados —regidor del municipio entre 1999 y 2003 antes de dar el salto a la Comunidad de Madrid— estuviera a la cabeza de la lista de imputados no fue una sorpresa. El otrora hombre fuerte de Esperanza Aguirre y carismático consejero había dejado su escaño en el Senado medio año antes, cuando trascendió que había tenido una cuenta bancaria en Suiza. Las diligencias que entonces llevaba el juez Eloy Velasco, sustituido más tarde por Manuel García-Castellón, demostraron que esa cuenta fue el origen de sus problemas, pero no el mayor de ellos.

La Púnica tuvo media docena de ramificaciones y algunas de ellas han tardado más de una década en llegar a juicio. La última ha sido la que tiene que ver con Waiter Music: la empresa de Aranjuez que dominó durante una década la organización de fiestas patronales, carnavales, cabalgatas y cualquier tipo de eventos allí donde gobernaba el PP y donde Francisco Granados tenía un hilo del que tirar. Como mano derecha de Esperanza Aguirre, tal y como describe la Justicia, siempre tenía un hilo del que tirar.

José Luis Huerta fue uno de los primeros detenidos en declarar ante el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional en octubre de 2014. En su primera comparecencia ante el juez explicó que había conocido a Granados cuando era alcalde y él un empleado de una empresa de eventos. Montó Waiter Music en 2004 y la organización de las fiestas de Valdemoro le abrió las puertas de otros muchos municipios. Ese día sacó pecho de su trabajo: “La discoteca móvil la inventé yo”. Y negó con vehemencia haber amañado concursos públicos o agasajado a políticos a cambio de obtenerlos: “Nunca en la vida, eso lo he llevado por bandera y en la profesión se me distingue por eso”.

Cuatro años después José Luis Huerta volvió a la Audiencia Nacional para reconocer lo que ahora declara probado una sentencia. Que su cercanía a Francisco Granados y al PP le introdujo en ayuntamientos del tamaño de Valdemoro, Móstoles o Algete y también de otros más pequeños como Ciempozuelos, Chinchón, Torrejón de Velasco, San Martín de la Vega y Moraleja de Enmedio. Más de 15 millones de euros en organización de eventos, la mitad salidos de las arcas del pueblo que había gobernado Francisco Granados. Que no fueron, en muchas ocasiones, a cambio de nada. El empresario de Waiter Music falleció en 2020, pero su confesión retumbó en el juicio y figura en la sentencia. Tuvo que hacer “servicios extras” para mantener el favor de Granados y el PP.

Mítines, comuniones y copas navideñas

La contabilidad de José Luis Huerta era un galimatías de números rojos, números verdes y columnas difícil de desentrañar si uno busca una lista normal de contratos públicos adjudicados y cobrados o pendientes de cobro. Waiter Music tenía el privilegio de obtener adjudicaciones a dedo, tener sobrecostes de decenas de miles de euros y de presentar empresas del mismo dueño cuando hacían falta tres candidatos para vestir el fraude. Pero también pagaba un peaje al PP y sus políticos a cambio, y a veces ese dinero era a fondo perdido. “Con toda su cara”, dijo en su confesión de 2018 el empresario Huerta para simbolizar que muchas veces no se le pagaba.

La sentencia declara probado que la empresa de José Luis Huertas, tal y como confesó él mismo, gastó miles de euros en regalos y gastos personales a políticos del PP. En 2008, según la sentencia, pagó 68.000 euros por una fiesta posterior a la comunión de la hija de Francisco Granados a la que, según el propio empresario, acudió la propia Esperanza Aguirre. La sentencia tiene incluso fotos de la comunión de un hijo de la alcaldesa de Algete, también sufragada por el empresario. Una fiesta de cumpleaños del entonces consejero de la Comunidad de Madrid. Bolsos. Pero el gran beneficiario no fue Granados ni sus colaboradores. Fue el Partido Popular.

Waiter Music estuvo años organizando y pagando mítines, reuniones, fiestas y encuentros del Partido Popular en distintos puntos de la Comunidad de Madrid donde gobernaba. Años en los que Esperanza Aguirre, felizmente olvidado el 'tamayazo', encadenaba mayorías absolutas y se dedicaba a inaugurar hospitales y paradas de Metro mientras Mariano Rajoy se hacía con las riendas del PP nacional y José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba en la Moncloa. Según la sentencia, la mano de la Púnica estuvo detrás de algunos de los grandes mítines del PP de esa época.

La sentencia menciona el cierre de campaña de las elecciones municipales y autonómicas que el PP celebró en el Palacio de los Deportes en mayo de 2007. Con Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy y Alberto Ruiz-Gallardón dando paso a la holgada mayoría absoluta de la 'lideresa' con el acompañamiento musical de las Azúcar Moreno. También el mitin celebrado en Valdemoro que, un año después, metió en la campaña de las generales de 2008 a José María Aznar. Ese día un enardecido Francisco Granados arengó al público con improperios al doctor Luis Montes y Aznar, que cumplía cuatro años fuera de la Moncloa, se lanzó contra Zapatero, instando a ganar sin “hacer chorradas con la ceja”.

La sentencia menciona más peajes 'populares' con los que Waiter Music potenció los actos del PP por toda la región. “Multitud de eventos” en Valdemoro, pero también una lista larga de “extras” en Ciempozuelos, donde gobernaba la condenada María Ángeles Herrera. Allí Waiter Music montó eventos del partido e incluso un mitin de 2008 donde se entregó una medalla a Rodrigo Rato, que con los años pasaría por la cárcel. En Móstoles, localidad de más de 200.000 habitantes, los jueces también hablan de un “elenco de irregularidades” en la contratación de Waiter Music “favoreciendo el desvío de dinero público y destinándolo al pago de eventos privados organizados por el Partido Popular” y su grupo en la localidad en las elecciones autonómicas de 2011.

No todos los contratos adjudicados a Waiter Music son considerados delictivos y no todos los políticos encausados han terminado condenados. Junto con Francisco Granados y sus sucesores al frente de la alcaldía de Valdemoro (José Miguel Moreno y José Carlos Boza) son condenados los regidores de Ciempozuelos y Moraleja de Enmedio, pero otros son absueltos, como es el caso de los dos exalcaldes de Móstoles encausados. En su caso no hay pruebas de que ellos gestionaran de forma directa la contratación de Waiter Music. En una ciudad como Móstoles, dice la Audiencia Nacional, llegar a ese nivel de irregularidades “debía de contar con el conocimiento y autorización de autoridades, funcionarios públicos municipales e integrantes del Grupo Municipal Popular de Móstoles, que promovieron, facilitaron y autorizaron este tipo de prácticas”.

Dos tramas en el Madrid de Aguirre

Las fechas de la sentencia conocida esta semana, y que todavía es recurrible, revelan una cosa: que la Púnica y la Gürtel convivieron en paz y armonía en distintas zonas de Madrid y con distintas familias del PP durante varios años. Mientras los de Francisco Correa parasitaban los ayuntamientos de Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey de la mano de sus alcaldes, la Púnica conquistaba ayuntamientos del sur de la mano de Francisco Granados. Todo mientras Esperanza Aguirre conquistaba la Puerta del Sol y empezaba su fulgurante ascenso hasta la consideración de lideresa con unos mítines organizados por las tramas corruptas. Porque si algo une a la Gürtel y la Púnica, además de los contratos amañados y las comisiones, es la organización de actos de Esperanza Aguirre como moneda de cambio.

La resolución de la Audiencia Nacional zanja con una condena de dos años de cárcel la participación de David Erguido, entonces concejal de Aranjuez, pero “hombre de confianza” de Granados como asesor en la consejería que, con el tiempo, se convirtió en un dolor de cabeza para el PP nacional. Tuvo que dejar su escaño en el Senado tras ser imputado en la Púnica y se mantuvo como diputado regional del PP de Isabel Díaz Ayuso en Vallecas hasta su desaparición de las listas del partido para las autonómicas de 2021.

Erguido llevaba desde 2010 en la Asamblea de Madrid, donde entró en sustitución del hoy también condenado Alfredo Prada, y según la sentencia maniobró como concejal de Algete para que Waiter Music fuera contratada. Pero también obtuvo un beneficio para sí mismo. Waiter Music le organizó un evento en marzo de 2008 en el campo de golf del Canal de Isabel II, con la intervención de “cuatro mariachis” y con un coste de 1.800 euros “pendiente de liquidar con dinero público”. El mismo campo de golf que levantó Esperanza Aguirre en 2007 en Chamberí, que fue declarado ilegal por los tribunales y demolido y cuya adjudicación será juzgada como parte del caso de corrupción Lezo.

Muy por encima de Erguido, la sentencia otorga un papel protagonista a Francisco Granados en el ascenso y caída de Waiter Music y su papel como organizador de eventos de cabecera del PP de diversos municipios. Él tenía una “capacidad real de influencia” en Valdemoro, primero como alcalde y después como consejero de Aguirre, aunque no tuviera voz ni voto oficial en las contrataciones de su antiguo ayuntamiento. Pero sí tenía una “posición de poder político”. También con respecto a la Comunidad de Madrid. La Audiencia Nacional no le condena por todas las acusaciones que se vertieron sobre él, pero mantiene que usó su poder para que la Fundación Arpegio, salida de una empresa pública dependiente del gobierno regional, financiase con dinero público el concierto 'Night of the Proms' del que se había encaprichado y que organizó Waiter Music en el Palacio de los Deportes.

Esta no es la primera sentencia madrileña del caso Púnica. Francisco Granados ya fue condenado por el chivatazo que recibió de un guardia civil y que casi da al traste con la operación, y varios alcaldes han sido condenados por aliarse con el empresario David Marjaliza y contratar de forma irregular a Cofely para gestionar la eficiencia energética de sus municipios. Pero Granados todavía tiene un juicio relevante en el horizonte. Por las adjudicaciones supuestamente irregulares de suelo público desde la empresa regional Arpegio —la de la Fundación del concierto Nigh of the Proms— y de obras de construcción de Metro, una de las grandes promesas electorales de Esperanza Aguirre en esos años.

Aguirre, sus campañas y algunos de sus juramentos políticos son el telón de fondo de muchas de las piezas separadas del caso Púnica. Además del juicio pendiente por estas adjudicaciones, la Audiencia Nacional tiene en cola enjuiciar a Granados y al entonces gerente del PP en Madrid, Beltrán Gutiérrez, por delitos electorales en la financiación de la campaña del partido de 2011. La principal beneficiada, Esperanza Aguirre, no está en la lista de los acusados porque según el juez Manuel García-Castellón no hay pruebas de que “tuviera conocimiento” de la existencia de una caja B en el seno de su propio partido.

La sentencia conocida esta semana añade una capa de pintura al cuadro de corrupción de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre y su Partido Popular. Políticos que facilitaban contratos públicos a cambio de organizar actos del partido pero también fiestas y comuniones para el bolsillo propio. Una trama Púnica cuya verdad judicial no ha hecho más que empezar con varios juicios por delante en los que la financiación de los grandes éxitos electorales de Esperanza Aguirre estará, una vez más, bajo la lupa sin la lideresa en el banquillo.

Dos sanitarios del hospital madrileño de La Paz y otros cuatro acusados han aceptado condenas de entre uno y dos años de cárcel por formar un entramado que falsificó hasta 4.386 certificados de vacunación COVID en tan solo tres meses durante la pandemia. Todos han reconocido ante un tribunal del jurado que usaron las claves de diferentes enfermeras del centro para manipular el Registro Unificado de Vacunación y cobrar entre 60 y 100 euros por cada persona a la que apuntaban como inmunizadas aunque no lo estaban. En la lista de falsos vacunados, tal y como se informó en el estallido del caso, había famosos como el cantante Omar Montes.

El operativo de la Policía Nacional se desarrolló en los últimos días de enero de 2022 y fue bautizado como operación Jenner. Varios sanitarios del Hospital madrileño de La Paz estaban siendo investigados por inscribir a cientos de personas en los registros de vacunación a cambio de dinero. La campaña de vacunación contra la pandemia de coronavirus para los más mayores había arrancado hacía más de un año, pero para entonces todas las franjas de edad podían acudir a un centro sanitario para vacunarse. Para entonces también había entrado en vigor la figura del pasaporte COVID, un certificado de vacunación necesario para viajar.

Las primeras cifras de la operación hablan de unos 1.600 registros ilegales. Se trata de gente que había pagado al entramado de estos sanitarios de La Paz para figurar como vacunados aunque no se hubieran inmunizado y poder así obtener el pasaporte y viajar. Las primeras informaciones revelaron que en esa lista, que creció en número con el paso de las semanas, incluía nombres de famosos: el cantante Omar Montes, la actriz recientemente fallecida Verónica Echegui o la traficante Ana María Cameno, conocida como 'La Reina de la Coca'. El operativo culminó en abril de 2022 con más detenciones.

Empezó entonces una investigación mastodóntica en un juzgado de instrucción de la Plaza de Castilla que, por momentos, amenazó con convertirse en una macrocausa sin precedentes. Las diligencias revelaron que el número de vacunaciones ilegalmente inscritas en los registros de la Comunidad de Madrid era mucho mayor que el estimado inicialmente por la Policía Nacional. Y sobre la mesa estuvo la opción de llamar a declarar a las más de 4.300 personas que figuraban en las listas de falsos inmunizados. Pero cuatro años después del arranque del caso, todo llegó a juicio con solo seis personas en el banquillo.

El caso fue juzgado en unos pocos minutos a finales del pasado mes de mayo ante un tribunal del jurado en la Audiencia Provincial de Madrid, pero no hizo falta celebrar el juicio. Los seis acusados aceptaron las condenas que la Fiscalía pedía para ellos, su sentencia se dictó de viva voz, nadie ha recurrido y aunque aún está en fase de ejecución lo previsible es que ninguno tenga que pisar la cárcel. Todos han sido condenados a un año y un mes de cárcel y multas de 1.080 euros menos la enfermera que perpetró las falsificaciones en el sistema, que ha sido condenada a dos años de prisión. Y todos por un delito de cohecho pasivo propio con una atenuante de dilaciones indebidas.

Una enfermera y un técnico sanitario

La enfermera condenada, una ATS interina, llevaba cuatro años trabajando en La Paz cuando, en noviembre de 2021, falsificó su primer certificado de vacunación. Era el de un compañero suyo que trabajaba en el mismo hospital como técnico medio sanitario en cuidados auxiliares de enfermería. Metió sus datos en el Registro Unificado de Vacunación, la aplicación de la Comunidad de Madrid que contabilizaba los inmunizados: con su nombre, la dosis, la fecha, la hora y el centro. El objetivo era obtener el pasaporte COVID sin tener que vacunarse.

Según el relato aceptado por ellos mismos en el juicio, una vez comprobaron la “facilidad” para meter “datos falsos” en la aplicación de la Comunidad de Madrid, decidieron ganar dinero a base de “insertar anotaciones fraudulentas”. El técnico sanitario le daba los nombres a la enfermera y ella, usando los datos de acceso de otras sanitarias para evitar ser identificada, los daba de alta como vacunados en Madrid a cambio de dinero: entre 60 y 100 euros por persona.

La trama fue aumentando y otras cuatro personas más que finalmente han sido condenadas se sumaron al grupo, cobrando también un dinero a cambio de captar personas que quisieran un falso certificado de vacunación. La actividad del grupo fue frenética. Solo entre noviembre de 2021 y enero de 2022, cuando la Policía lanzó la operación Jenner, se realizaron 4.386 registros fraudulentos. Un beneficio, según el precio más bajo declarado por la sentencia, de más de 260.000 euros. La Comunidad de Madrid no reclamó ningún perjuicio en esta causa judicial.

La sentencia no explica cómo dos sanitarios de La Paz llegaron a tener varios miles de clientes para obtener estos falsos certificados de vacunación. Las primeras informaciones policiales del caso apuntaban a grupos de Telegram activos por toda Europa para obtener este tipo de certificados falsos, aunque la sentencia no refleja el funcionamiento del sistema. El desarrollo del caso, cerrado con una sentencia de conformidad, también cierra la puerta a exigir responsabilidades a las más de 4.300 personas que pagaron dinero a cambio de obtener un documento falso de vacunación.

Más de 4.300 personas sin declarar

Las diligencias arrancaron el 20 de diciembre de 2021 y fueron prorrogadas durante más de tres años hasta que el caso fue enviado a juicio. En esa fase de investigación a cargo del juzgado de instrucción número 3 de Madrid, explican fuentes del caso, la idea de llamar a declarar como testigos o imputados a los 4.386 identificados fue descartada, sobre todo porque habría sido “materialmente imposible” tomar declaración a todos, explican estas fuentes.

Pagar por obtener un documento oficial falso, como se declara probado en esta sentencia, puede llegar a ser considerado un delito. Las bases de datos del Poder Judicial dejan varios ejemplos, como los alumnos de una academia de Tenerife que fueron condenados a tres meses de cárcel por pagar entre 800 y 1.000 euros a un entramado que les conseguía falsos títulos de bachillerato y formación profesional. En Madrid, hace dos años, varias personas fueron condenadas por vender y comprar falsos permisos de circulación.

En este caso la investigación se dirigió solo contra algunos integrantes de la red de certificados de vacunación radicada en La Paz y no todos los investigados se sentaron en el banquillo: la causa llegó a acumular más de diez imputados. La sentencia tampoco refleja la lista completa de personas que pagaron por obtener uno de esos falsos certificados en el marco de la operación Jenner. Sí refleja que los seis acusados son condenados por cohecho pasivo propio, cuyo espejo penal es el cohecho activo: quien paga al corrompido para obtener lo que necesita.

La Audiencia Nacional ha decidido condenar a dos años y medio años de cárcel a Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, por el amaño de decenas de festejos en toda la región. Usó su influencia en lugares como Valdemoro, donde él había sido alcalde, para que se adjudicaran contratos de decenas de miles de euros a la empresa Waiter Music, que después financiaba actos del Partido Popular o directamente, fiestas privadas o incluso comuniones de algunos acusados. La lista de condenados incluye cuatro exalcaldes de Valdemoro, Ciempozuelos y Moraleja de Enmedio además de diversos concejales, entre ellos David Erguido, senador del PP entre 2019 y 2020 y exdiputado en Madrid con Isabel Díaz Ayuso.

La sentencia del tribunal central, de más de 200 folios, describe cómo Granados usó su ascendencia política mientras era el hombre fuerte de Esperanza Aguirre como consejero para que Waiter Music, la empresa del fallecido José Luis Huerta, consiguiera contratos públicos para organizar todo tipo de eventos en municipios donde gobernaba el PP: fiestas patronales, cabalgatas, carnavales o festividades navideñas. En muchas ocasiones eran adjudicados de forma directa o el concurso se repartía entre tres empresas que pertenecían al mismo empresario Huerta.

A cambio, y para mantener el favor político de Granados y los alcaldes del PP, José Luis Huerta y Waiter Music pagaban extensas facturas. Desde fiestas privadas de Granados hasta comuniones, pero también pagaba al propio Partido Popular. Actos electorales de 2007 y 2008 en los que, por ejemplo, participaron Esperanza Aguirre, José María Aznar y Mariano Rajoy fueron sufragados con miles de euros de esta empresa. Lo que la sentencia denomina “la recepción de sistemática de prestaciones en especie no retribuidas, consistentes en eventos privados sufragadas por el empresario”.

La lista de condenados incluye a todos los alcaldes de Valdemoro por el PP desde 1999 hasta 2014, el año en que estalló la operación: cuatro años de cárcel por fraude para José Carlos Boza, dos para José Miguel Moreno y dos y medio más para Francisco Granados. Reciben otros dos años de cárcel María Ángeles Herrera (Ciempozuelos) y Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio). La lista de condenados vinculados a Valdemoro, el gran feudo de Granados, se extiende con dos años de cárcel a los exjefes de gabinete de la alcaldía, Alfredo Ovejero y María del Carmen Benito. También a los concejales Rafael Marín (Ciempozuelos) y Ricardo Godino (Moraleja de Enmedio) además de Erguido, que entonces era concejal en Algete y “hombre de confianza” de Granados según la sentencia.

No todos los alcaldes de municipios del PP que contrataron a Waiter Music son condenados. El tribunal exonera a Daniel Ortiz y Esteban Parro, regidores de la localidad de Móstoles que se sentaron en el banquillo.

La Fiscalía pedía tres años

El tribunal celebró en el primer trimestre del año el juicio por el caso Waiter Music –pieza separada del caso Púnica– que investiga decenas de contratos amañados entre 2004 y 2015 a favor de una empresa especializada en organización de eventos y festejos. Las irregularidades detectadas en, al menos, cinco municipios madrileños gobernados por el PP (Valdemoro, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio, Móstoles y Algete) así como en empresas dependientes de la Comunidad de Madrid (Metro, Arpegio, Pamam...) sentará en el banquillo a 14 personas, entre ellos media docena de alcaldes y al exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. La Fiscalía Anticorrupción rebajó a tres años de cárcel su petición de condena para Granados.

La sociedad Waiter Music se dedicaba a “la explotación de todo tipo de actividades relacionadas con la hostelería, actividades artísticas y del espectáculo y en especial las de promoción y organización de espectáculos”. Su actividad comercial consistió fundamentalmente en negociar con administraciones públicas y lograr contratos para organizar las fiestas patronales de los municipios. José Luis Huerta, dueño de Waiter Music –ya fallecido–, consiguió muy pronto contratos para organizar festejos en Valdemoro, Móstoles, San Martín de la Vega, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco, Moraleja de Enmedio, Humanes de Madrid y otros municipios con los que facturaba varios millones de euros cada año.

Además, Waiter Music trabajó para empresas constructoras (FCC, Acciona, Ferrovial Dragados, Sacyr y OHL) en eventos vinculados a la Comunidad de Madrid para festejar el comienzo o la finalización de obras de ampliación de Metro de Madrid. La investigación judicial resume así estos hechos: “Con ocasión de la concesión de grandes obras públicas vinculadas a las adjudicaciones de los trabajos de ampliación de las líneas 3 y 7 de Metro de Madrid, por parte de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid importantes empresas constructoras de obra civil, se ideó el plan para que, con cargo a estas y fuera de cualquier tipo de expediente de contratación, se ejecutasen unos actos festivos con ocasión, tanto del inicio como del final de las obras. En tales festejos, era la propia administración la que elegía a los contratistas que llevarían a cabo los festejos, si bien posteriormente, los mismos eran abonados por las empresas adjudicatarias”.

La Abogacía del Estado ha apuntado este jueves en su informe final del juicio de la operación Kitchen a cuál fue el origen del operativo: “Se dirige esencialmente a torpedear una investigación judicial”. Esa investigación era el caso Gürtel de corrupción y la “preocupación” que desencadena el operativo policial ilegal tenía origen “en el entorno del Partido Popular y el Gobierno de España” que en ese momento dirigía Mariano Rajoy. No es creíble, ha dicho la Abogacía del Estado, que toda la operación se montara solo para investigar el patrimonio de Luis Bárcenas. El objetivo de esta “operación parapolicial” eran sus grabaciones. Este jueves también han intervenido el resto de acusaciones: la familia Bárcenas, PSOE y Podemos. El juicio seguirá el 22 de julio con los informes finales de las defensas, los alegatos que quieran hacer los acusados y el juicio quedará visto para sentencia.

El juicio por la operación Kitchen está en su última recta antes de quedar visto para sentencia con los informes finales de las partes. La Fiscalía Anticorrupción ya hizo definitivas hace unos días sus peticiones de cárcel y apuntó a la “finalidad bastarda” del operativo: “Boicotear” el caso Gürtel y “proteger” a dirigentes del Partido Popular. La Abogacía del Estado ha apuntado directamente al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como el máximo responsable del operativo: “Participó en la planificación, coordinación y seguimiento constante de la evolución y los objetivos” de la trama Kitchen. “Que se reprenda y se reaccione por la vía del derecho a que esta operación careció de cobertura judicial, persiguió fines ajenos a la investigación penal, utilizó fondos y medios públicos y se ejecutó mediante una estructura paralela bajo directrices político-operativas al margen de la autoridad judicial”, ha dicho.

Las notas y grabaciones del entonces comisario José Manuel Villarejo, ha dicho el primer Abogado del Estado en intervenir, son suficientes para rechazar las tesis de defensa de los acusados: que todo era legal y que el objetivo real era investigar el patrimonio de Luis Bárcenas. “No puede comprenderse sin tener en cuenta la preocupación que en el entorno del PP y del Gobierno de España generaba la figura de Luis Bárcenas”, ha explicado.

Una preocupación que, ha dicho, “se acrecienta” a finales de 2012 con la publicación de la contabilidad paralela del PP por parte de El País y las revelaciones judiciales de Bárcenas, de quien sospechaba que tenía grabaciones comprometedoras para Mariano Rajoy y Javier Arenas. “Se dirige esencialmente a torpedear una investigación judicial, tiene por objetivo encontrar esas grabaciones”.

“La finalidad esencial es la obtención y destrucción de documentación”, ha dicho el Abogado del Estado antes de apuntar directamente a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior con Mariano Rajoy, como máximo responsable del operativo, señalado por la declaración de Francisco Martínez, su mano derecha en ese momento. “Tenía por objetivo quitarle a Bárcenas esos papeles que comprometían al presidente”. La Abogacía del Estado no encuentra pruebas de que el premio para Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que espió para la trama, fuera un puesto en la Policía Nacional auspiciado por Villarejo, pero sí de que era consciente de que estaba cometiendo una ilegalidad. “Era plenamente consciente de la ilicitud de al operación”.

“Presión e intimidación” al agente Morocho

La Abogacía del Estado ha aprovechado su informe final del juicio de la operación Kitchen para denunciar la “presión constante e intimidación” que los mandos de Interior involucrados en el caso ejercieron sobre el inspector de policía Manuel Morocho para condicionar su papel en la investigación del caso Gürtel. Existió una “relevante presión ambiental, laboral y contextual” sobre él, ha dicho la Abogada del Estado, “con la única y exclusiva finalidad de afectar a sus competencias como policía judicial” en el caso que investigaba las cuentas del Partido Popular.

El propio Morocho ha testificado en varios juicios y ha relatado la presión que sufrió de sus superiores para modificar sus informes sobre el caso y no ser tan duro con el PP. La “presión”, ha dicho la Abogacía del Estado, vino directamente de Eugenio Pino, entonces Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional. “Se produjo como consecuencia de las interferencias, mediante órdenes directas que venían de Eugenio Pino”. Cambios de destino que, en contra de lo que dijeron algunos acusados para desacreditar a Morocho, no eran “meras tensiones propias del ámbito laboral”.

Existió, ha añadido la Abogada del Estado, una “estrategia sistemática de presión dirigida a condicionar la actuación procesal” de este policía. “Fue padecedor de un conjunto coordinado de actuaciones en un contexto de superioridad jerárquica destinadas a generar un clima de presión constante e intimidación implícita en su intervención en el proceso judicial”.

“¿No le preocupaba que apareciera M. Rajoy?”

La abogada que defiende en el caso Kitchen a Luis Bárcenas, su esposa y su hijo se ha referido a la estrategia de defensa del exministro Jorge Fernández Díaz, que durante el juicio llegó a decir que no había preocupación en el PP o el Gobierno por las revelaciones que pudiera hacer el extesorero del partido. “Eso no es lógico. Preocupación tendrían que tener. Él, todo el partido y todo el Gobierno”. La letrada se ha referido a los apuntes de la contabilidad B que llevaba Bárcenas mientras preguntaba directamente a Fernández Díaz, exministro de Mariano Rajoy sentado en el banquillo. “¿O nos va a decir que no le preocupaba que apareciera M. Rajoy, o un montón de miembros de su partido? Pues le tendría que preocupar”.

La defensa de la esposa y el hijo de Luis Bárcenas, que ejerce la acusación en el juicio por la operación Kitchen, ha sido clara en el comienzo de su informe final sobre cuál era el objetivo del operativo parapolicial: “Lo que pudiera saber Luis Bárcenas hubiera podido hacer caer a un Gobierno”. El extesorero tenía información comprometedora para el PP y el Gobierno y el objetivo era quitársela. “Se trataba de localizar documentación, información, grabaciones y todo lo que pudiera ser que afectara al Gobierno y al Partido Popular”.

Rosalía Iglesias y Guillermo 'Willy' Bárcenas, ha dicho, “fueron sometidos a una extrema vigilancia policial ilícita”. “Un Estado que debía protegerles fue utilizado contra ellos, se han utilizado las instituciones para cometer delitos de los que ha sido víctima la familia Bárcenas”. “Son sucesos que podían desestabilizar el Gobierno que ejercía el Partido Popular”, ha dicho sobre las noticias de 2013 que desencadenaron el operativo. “Llevaba 30 años en el partido, tenía muchísima información y no sabemos lo que pensaba que podía llegar a tener para montar este operativo”.

La letrada también ha apuntado a trato “anómalo” a Bárcenas en la prisión, incluso con lesiones en un traslado, también como medida de presión. El objetivo era, dice, “que se callara, se tenía que callar, no podía perjudicar al PP, al Gobierno”. “Les tenían pánico o un miedo tremendo”, ha dicho en el tramo final de su informe. “Era para salvar al Gobierno”.

Han cerrado la jornada los abogados de las acusaciones populares de PSOE y Podemos. Gloria Pascual, abogada de los socialistas, ha apuntado directamente a Fernández Díaz: “El ministro no es un mero receptor pasivo, participa activamente en la estrategia”. El objetivo del operativo parapolicial, ha añadido, era “evitar daños al Partido Popular, es de lo que se trataba”. Jaime Montero, abogado de Podemos acompañado del letrado Gorka Vellé, ha reclamado que los acusados sean condenados por organización criminal.

La exigencia de “omertá” a Bárcenas

Los letrados de Podemos han defendido que los acusados también deben ser condenados por organización criminal, un delito que no han esgrimido el resto de acusaciones públicas y particulares del caso. “Los acusados formaban una organización criminal cuya finalidad era la obstaculización de la investigación conocida como Gürtel”, ha explicado Montero. A los policías y mandos de Interior que estan en el banquillo, afirma, no les “afectaba personalmente”, pero “sí podía afectar a la cúpula del Partido Popular de la cual, a la postre, iban a depender sus carreras políticas o profesionales”.

Para Podemos existieron “cuatro líneas de actuación diferenciadas” hasta llegar al espionaje de Bárcenas para intentar proteger al PP de las consecuencias de la Gürtel. Primero, “la obstaculización de la investigación” del policía Morocho. Después, el “intento de obtener la nulidad del proceso judicial” a través de un abogado. En tercer lugar, la “presión y control” ejercida sobre Bárcenas en prisión a través del control de sus comunicaciones, de su “estado anímico” e incluso con “amenazas de entrar Rosalía Iglesias en prisión”. Fue posteriormente cuando empezó, según Montero, la operació Kitchen “propiamente dicha”.

En línea con el resto de acusaciones, Podemos entiende que la información que manejaba Luis Bárcenas y su posible entrada en prisión sí preocupaba al PP, en contra de lo declarado por Jorge Fernández Díaz. “La declaración que pudiera hacer un Bárcenas recién entrado en prisión el 15 de julio”, ha dicho, era una “preocupación” para los de Mariano Rajoy. El entonces ministro del Interior, ha explicado el letrado, participó en “la articulación de esta exigencia de omertá al señor Bárcenas”. La “abrumadora” presencia de Francisco Martínez, secretario de Estado en las agendas de Villarejo, apuntala la participación de este departamento del Gobierno en la operación.

Las agendas del entonces comisario y hoy principal imputado en decenas de piezas separadas del caso Tándem no permiten llegar a otra conclusión, según Podemos: “Por cualquier lado que se abra la agenda, nos encontramos con una dación de cuenta de Villarejo a Francisco Martínez con este tema, se puede abrir casi al azar”, ha dicho este jueves. José Luis Olivera, Andrés Gómez Gordo, el chófer Sergio Ríos y el propio Villarejo. Todos jugaron su papel en el entramado destinado a proteger al PP de los secretos de la Gürtel. Existieron incluso proyectos para “monetizar” el torpedeo de la investigación. “Cuando es la Policía la que promueve esta nulidad de una causa judicial que está investigando un subordinado suyo... igual ya tiene más esquinas”, ha zanjado el letrado en su informe final.

El juzgado ha decidido archivar la causa abierta contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por el señalamiento a dos periodistas de El País que investigaban el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador. La magistrada ha tomado la decisión sin tomar declaración a los policías nacionales que identificaron a los reporteros y después de escuchar las explicaciones de Rodríguez y de González Amador. El primero reconoció que el segundo le hizo llegar las fotos de los periodistas que después difundió entre los medios. El PSOE, que ejercía la acusación popular del caso, recurrirá el archivo.

La magistrada ya había rechazado abrir diligencias pero fue finalmente obligada por la Audiencia Provincial de Madrid. En su declaración como imputado, Miguel Ángel Rodríguez explicó que la foto de los reporteros se la hizo llegar González Amador y después él difundió la imagen entre los medios de comunicación, añadiendo una información falsa: que los periodistas estaban hostigando y acosando a vecinos, incluso a menores de edad, para obtener información de la presidenta regional.

González Amador compareció como testigo hace unos días en el mismo juzgado para completar esa versión. Reconoció que él fue quien pasó la imagen de los periodistas del grupo Prisa al jefe de gabinete de Ayuso, por ser su “amigo” y el responsable de su “seguridad” dijo ante la jueza, pero él no hizo la foto porque él no estaba en casa: fue un “vecino del quinto” quien se la pasó. Ninguno de los dos conserva los mensajes que intercambiaron: Miguel Ángel Rodríguez reconoció que los había borrado y Alberto González Amador tampoco conservaba esa conversación, en su caso por un hackeo.

La jueza archiva el caso porque entiende que las fotos y los datos de los periodistas no llegaron de los policías que escoltan a Isabel Díaz Ayuso. “Ningún dato de los obtenidos en instrucción permiten mantener que los datos consistentes en el nombre y primer apellido ni la imagen de los dos periodistas hubieran sido obtenidos de la información recibida por parte de los agentes policiales que les identificaron ese día en la vía pública”. La foto llegó desde un vecino y los datos de los reporteros era algo “conocido” por Miguel Ángel Rodríguez, que ya los conocía. “Esos mismos datos y su fotografía se encuentran publicados en el propio periódico”, añade.

El mensaje que Rodríguez envió a los periodistas junto con el bulo sobre los reporteros de El País, zanja la magistrada, “no contiene ningún dato reservado o de carácter personal de los dos periodistas afectados”. Tampoco hay pruebas de que fueron obtenidos de manera ilegal. El archivo llega sin que la jueza haya tomado declaración a esos dos policías nacionales ni tampoco a otros agentes y testigos propuestos por la acusación popular del PSOE.

El Tribunal Supremo ha abierto una sexta causa penal contra el eurodiputado de extrema derecha Luis 'Alvise' Pérez, esta vez acusado de instigar desórdenes públicos en las protestas agrícolas de febrero de 2024. Unos días en los que el agitador y líder de Se Acabó La Fiesta no solo apoyó las manifestaciones y tractoradas sino que promovió, desde su canal de Telegram con cientos de miles de seguidores, el uso de “grava y estiércol” para lanzar a los antidisturbios, así como anunciar un plan para “dividir” a las unidades policiales durante las protestas en Madrid.

Los jueces de la Sala de lo Penal explican que estos mensajes van más allá de un “discurso crítico frente al Gobierno” una convocatoria de protestas, protegidos por la libertad de expresión, ideológica y la participación política. “Tal protección no se extiende, sin más, a los llamamientos directos y públicamente difundidos a la ejecución de conductas que, por su número, organización, finalidad y riesgo generado, pueden integrar los presupuestos de los desórdenes públicos agravados”, afirma el Supremo.

Se trata de la sexta causa penal abierta contra el hoy eurodiputado, que también está imputado por el acoso y hostigamiento a sus dos eurodiputados y a la fiscal Susana Gisbert, por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemia, por amenazas al alcalde de Algeciras y también por financiar de forma supuestamente ilegal su campaña a las últimas elecciones europeas con 100.000 euros en efectivo.

En este caso la causa llegada desde un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid pone el foco sobre los mensajes que Alvise difundió en su canal de Telegram en febrero de 2024 sobre las protestas con las que los agricultores llevaron sus reclamaciones por la situación del sector hasta las puertas del Ministerio. Manifestaciones que en ocasiones se tradujeron en disturbios y en las que Alvise Pérez intentó capitalizar poco después de tener un papel protagonista en las concentraciones de la calle Ferraz de noviembre de 2022 y pocas semanas antes de anunciar que se presentaba a las elecciones europeas donde consiguió tres escaños.

Entre otros mensajes emitidos esos días en su canal de Telegram, el hoy líder de SALF instó a buscar “el colapso total, masivo y coordinado” de Madrid durante las protestas. “Prometemos un febrero de fuego”, afirmó. También urdió planes para “reaccionar de forma operativa” a la Policía Nacional para lanzar “pacíficamente” bolas de “barro y pintura” a los antidisturbios. Vídeos de las protestas muestran que fue golpeado por antidisturbios en las inmediaciones del estadio Metropolitano en Madrid.

Los jueces dejan la investigación en manos de Carmen Lamela y explican que no imputan a Alvise por los comentarios violentos que sus seguidores dejan en su canal, sino por sus propias arengas a bloquear carreteras y enfrentarse a la Policía Nacional. “La imputación provisional no descansa en esos comentarios ajenos, sino en las publicaciones atribuidas al canal y en su aptitud para incitar públicamente a conductas de bloqueo, colapso y enfrentamiento con los poderes públicos”.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire ha llamado a declarar como testigos tanto al ex teniente fiscal Diego Villafañe como a la también fiscal Beatriz López el próximo 15 de julio. Los dos tendrán que explicar ante el magistrado Santiago Pedraz las dos reuniones que mantuvieron tanto con Leire Díez como con el letrado Jacobo Teijelo y que la propia Fiscalía General ha detallado por escrito ante el juzgado. Solo decidirá si llama a declarar también al entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz, tal y como pide la acusación popular del PP.

Diego Villafañe era teniente fiscal de la Secretaría Técnica en la Fiscalía General del Estado cuando, según ha explicado la propia Fiscalía, acudió a dos reuniones con el letrado Teijelo y Leire Díez, que se identificó como compañera del abogado. A esas dos reuniones, explicó el Ministerio Público, acudió también la otra fiscal citada como testigo, Beatriz López, adscrita entonces a ese mismo departamento. García Ortiz, reconoció la Fiscalía, fue informado “a posteriori” de ambos encuentros celebrados en la Fiscalía General, pero no estuvo presente.

El juez investiga si estas dos reuniones formaron parte de la estrategia desplegada por Leire Díez y sus colaboradores para torpedear causas judiciales que afectan al Gobierno, al PSOE o a personas del entramado. Uno de los colaboradores de Leire Díez, por ejemplo, interpuso denuncias en la Fiscalía contra la jueza que investigó y procesó al hermano de Pedro Sánchez, pero no llegaron a ningún lado: fueron remitidas desde Madrid a Extremadura y después archivadas. Tampoco prosperaron, por ejemplo, las promesas de Leire Díez al abogado del comisario José Manuel Villarejo de que la Fiscalía Anticorrupción colaboraría con él a cambio de su confesión: el fiscal del caso rechazó conversar con él en varias ocasiones.

La Fiscalía ha defendido desde el principio que García Ortiz no intervino en las reuniones ni dio “indicación alguna” al respecto, ni tampoco se llevó a cabo “ninguna actuación” tras escuchar las reclamaciones del letrado Jacobo Teijelo. Quejas y denuncias, según la Fiscalía, que no venían acompañadas de ninguna prueba concreta. Las acusaciones del entramado contra la jueza Beatriz Biedma no prosperaron y tampoco las que se presentaron contra el fiscal José Grinda, otro de los objetivos del grupo.

Leire Díez fue presentada en esas reuniones como una “compañera de despacho” de Teijelo y tuvo una “intervención menor” en esos encuentros, según la información que la Fiscalía hizo llegar a la Audiencia Nacional. Ahora tanto Villafañe como López tendrán que responder como testigos a las preguntas del juez Pedraz y de sus explicaciones dependerá que el instructor, tal y como piden las acusaciones con el PP a la cabeza, llame a declarar también a Álvaro García Ortiz.

La Audiencia Nacional ha condenado a nueve años de cárcel a Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales. La sentencia también le impone una multa de 4,9 millones de euros. La Fiscalía Antidroga, durante el juicio, llegó a pedir para él el doble de años de prisión además de 30 millones de euros en multas.

La sentencia, con ponencia de la magistrada Ana Revuelta, considera probado que Broberg se dedicó desde al menos 2019 a la compra y venta de marihuana y hachís para enviarla desde España a Francia y a terceros países. En esa operativa, señala él mismo contactaba con los proveedores e incluso con miembros de otras redes para suministrar la sustancia estufefaciente. Junto a él, la Audiencia Nacional ha condenado a otros 21 encausados a penas que van de los 2 a los 16 años de cárcel por delitos de  tráfico de drogas, pertenencia a una organización criminal -formada principalmente por ciudadanos suecos- y por blanqueo de capitales. A once de ellos se les ha aplicado la atenuante de confesión dado que reconocieron los hechos y se conformaron con las penas que solicitaba la Fiscalía Antidroga.

Si bien el tribunal no condena a Broberg por el delito de pertenencia a organización criminal, sí que explica que a lo largo de 2020 usó EncroChat para ponerse en contacto con proveedores como el conocido 'Canaryegg' para abastecerse de sustancias que provenían de Marruecos y llegaban a la costa española en barco. “No ha podido determinarse la cuantía exacta de las operaciones realizadas, ni el valor de la cantidad de marihuana incautada en Francia”, indica la ponente, sin embargo.

La resolución se para además a detallar cómo el hijastro de la alcaldesa de Marbella utilizó en ocasiones su inmobiliaria Wasa Consulting, ubicada en el Centro Comercial Plaza de Marbella, junto con otro encausado “con la finalidad de ocultar fondos procedentes del tráfico ilícito de estupefacientes y otras actividades ilícitas, e introducir en el circuito lícito financiero los beneficios ilícitos obtenidos”. Un blanqueo de capitales de libro que llevaron a cabo gracias a operaciones mercantiles como la compraventa de la denominada 'Casa Grande Roja', gracias a la que lavaron 3 millones de euros.

En esta causa no está el padre de Joakim, Lars Gunnar Broberg, porque no fue procesado por motivos de salud -falleció en 2023, dos años antes de que se celebrara el juicio-. Pero en el escrito de acusación del Ministerio Público, en el que inicialmente se pedían 22 años para el hijastro de la alcaldesa, se consideraba acreditado que ella, Ángeles Muñoz, convivió durante años con una persona, su esposo ya fallecido, que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico. El escrito de acusación de la fiscalía especializada concluía que el padre prestó su “colaboración” en el blanqueo de 7.300.820 euros obtenidos del tráfico de cannabis procedente de Marruecos.

A esa operación de blanqueo de la 'Casa grande Roja', los magistrados suman otras, como la compraventa de 'Las tres fincas de El Herrojo' que posibilitó blanquear 721.728 euros, la adquisición de un inmueble en Marbella a través de la sociedad panameña Lesley Company Inc. y de una mercantil radicada en islas Vírgenes, Poni Participation Corp. que permitió lavar para Broberg otrs 230.000 euros.

El hijastro de la alcaldesa marbellí no solo se afanó en cultivar el sector del ladrillo, toco otros palos para blanquear: el oro y las piedras preciosas. La Audiencia Nacional considera probado que en 2019 realizó una importante transacción de hasta 20 kilogramos de oro que habría recibido como “pago de una deuda procedente de África” y a cambio recibió cantidades dinerarias en “bancos de fuera”. En total blanqueó con esa artimaña 894.000 euros.

La investigación

Según recuerdan los magistrados, fue en abril de 2019 cuando se presentó en Antidroga un atestado de la UDYCO Central en el que se detallaban las vinculaciones de los implicados en esta red con el tráfico de drogas y el crimen organizado. Pero el origen del trabajo policial se ubica en septiembre de 2018 cuando el Grupo VI de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona recibió una solicitud de asistencia judicial procedente de Suecia para llevar a cabo una vigilancia transfronteriza con motivo de un presunto delito de tráfico de estupefacientes en el que estarían implicados diversos criminales suecos.

En este marco, indica la Audiencia Nacional, se recabaron “indicios suficientes que evidenciaron la actividad en distintos lugares de nuestro país, y especialmente en Barcelona y la Costa del Sol, de un grupo criminal de origen sueco pero con participación de otros nacionales e incluso de marroquíes, compuesto por diversas células y cuya acción delictiva incluía, entre otras actividades, el transporte de hachís desde Marruecos hasta el país nórdico a través de distintos medios”.

La sentencia, que rechaza todas las cuestiones de nulidad planteadas por los encausados, sostiene que la información obtenida por Francia de la red Encrochat -instrumento que usaba el crimen organizado transnacional para comunicarse de manera velada- “no se ha obtenido vulnerando ningún derecho fundamental” por lo que ha podido ser utilizado como fuente de prueba en el procedimiento. Broberg era 'Fattonny' en esa red, y consta conversaciones con otros condenados en los que preguntaba si había “algo de chocolate ya”, en referencia a cargamentos de droga que llegaban vía barco pesquero desde Marruecos.

Durante la operación se incautaron 244.331 gramos de cannabis en una nave de San Pedro de Alcántara (Málaga) con un valor superior a los 415.000 euros; hasta 25 fardos de hachís frente a la costa granadina con 550 kilos de esta sustancia con un valor de 919.050 euros; y 27.900 gramos de resina prensada de hachís con un valor de 46.352 euros.

La pena más alta, de 16 años de cárcel, recae en Ivan Cicak, a quien la sentencia considera el organizador de toda la estructura criminal en la que participa el resto con sus respectivos cometidos. Dirigía y coordinaba todos los envíos, obtenía el beneficio de la compra de la droga y se encargaba del pago a los restantes miembros de la organización.

Dos providencias del Tribunal Supremo han puesto en alerta a cientos de miles de personas pendientes de la regularización extraordinaria de inmigrantes cuyo plazo de presentación de solicitudes ha terminado este martes. Tres magistrados de la sección quinta de lo contencioso han decidido preguntar si deben llevar este proceso de regularización ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante el riesgo de que choque con la normativa comunitaria en materia de migraciones. Una providencia firmada por tres magistrados de corte conservador que ya intentaron sin éxito paralizar este procedimiento y que ahora, aunque abran la vía europea para cuestionar la medida, no implica un alto riesgo de que todo el proceso de regularización, al que se han presentado más de un millón de personas, vaya a quedar suspendido. El ejecutivo lanza un mensaje de tranquilidad, pero trabaja con varios escenarios, preparado por si unas posibles medidas cautelares afectasen a las solicitudes pendientes de admisión.

Más de un millón de personas han presentado su solicitud para acogerse a este Real Decreto y regularizar su situación, inicialmente, con una autorización de residencia legal de un año en vigor y poder vivir y trabajar en España. Una medida que ha recurrido ante el Tribunal Supremo por diversos colectivos ultracatólicos y de extrema derecha, el partido Vox y varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Entre ellas Madrid, Aragón y la Comunidad Valenciana.

El proceso judicial arrancó con una vista en la que los recurrentes pidieron que la regularización extraordinaria quedase paralizada de forma cautelar y la sección quinta de lo contencioso del Supremo contestó: no había motivos para frenar en seco el procedimiento. Ni se aceptó la alarma planteada por la Comunidad de Madrid sobre el hipotético colapso de la sanidad y la educación para atender a miles de nuevos beneficiarios ni tampoco cualquier otro argumento. Paralizar de forma cautelar el proceso, además, afectaría de lleno a las vidas de los cientos de miles de personas que lo han solicitado. Pero esa decisión no fue unánime. Dos jueces, Wenceslao Olea y Fernando Román, afirmaron en un voto particular que sí había motivos para suspender la regularización, aunque se quedaron en minoría y las cautelares se rechazaron.

Los dos insistieron durante esas primeras deliberaciones que existía un riesgo de que la regularización chocara con la normativa europea de migración, pero se encontraron con un muro cuando sus compañeros les recordaron que ningún recurso de los que estudiaban había planteado esa posibilidad. Una situación que cambió cuando llegaron a la mesa de los jueces los recursos de Aragón y la Comunidad Valenciana. En esas vistas, los abogados de estas comunidades gobernadas por el PP sí plantearon la posibilidad de llevar el caso hasta el TJUE, aunque no fueron capaces de desarrollar su petición ante la sala. Una puerta abierta a las dos providencias con las que el Tribunal Supremo avanza ese posible choque y pide su opinión a las partes.

Estas providencias solo reflejan tres firmas del total de siete magistrados que llevan el caso en esa sección. Dos de ellas son de Wenceslao Olea y Fernando Román, los que hace unas semanas apostaron ya por elevar el caso a Europa y paralizar la regularización de forma urgente. El primero fue vocal del anterior mandato del Consejo General del Poder Judicial y formó parte del bloque que, entre otras maniobras, frenó la renovación parcial del Tribunal Constitucional. El segundo fue secretario de Estado de Justicia en la primera legislatura de Mariano Rajoy, a la diestra de Alberto Ruiz Gallardón. La tercera firma es de Carlos Lesmes, expresidente conservador del CGPJ y que hace semanas se opuso a las cautelares. La amistad de Lesmes y Román fue reconocida por el primero cuando se apartó de las votaciones para hacer magistrado del Supremo al segundo en 2018.

Las dos providencias plantean la posibilidad de que la reforma de la Ley española choque con varios puntos de la normativa europea, desde directivas y reglamentos hasta los Acuerdos de Schengen de 1994. Hablan de una “regularización masiva” que podría infringir el principio de cooperación leal con la Unión Europea e incluso citan normas que no han sido traspuestas al ordenamiento jurídico español o un reglamento que no era aplicable cuando se puso en marcha la regularización.

Fuentes del Supremo muestran su extrañeza por la ausencia de nombres del resto de integrantes de la sección de lo contencioso que lleva estos recursos, pero también explican que a veces se elige este formato aunque la providencia sí refleje el criterio de todos los magistrados. También destacan que preguntar a las partes no equivale a que el criterio mayoritario sea enviar el caso a Europa y, sobre todo, señalan que una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión, en caso de que se termine llevando el asunto hasta Luxemburgo, no implica la suspensión de la regularización.

Esa medida, de hecho, estaría alejada del criterio mostrado por los propios jueces que tienen que tomar la decisión. Cinco de los siete jueces ya dijeron hace varias semanas que no había razones para frenar la regularización o sus efectos. No había pruebas del colapso de los servicios públicos que vaticinó la Comunidad de Madrid, pero sí existía un peligro de afectar tanto a los intereses públicos como a los derechos de los migrantes si se estimaban esas cautelares. Distintas fuentes apuntan a la dificultad de cambiar ese criterio por el hecho de que se eleve, a petición de Aragón o la Comunidad Valenciana, una cuestión prejudicial.

No se paraliza automáticamente

Elevar una cuestión al TJUE no implica la paralización automática ni del proceso judicial concreto ni tampoco de la normativa que se ha recurrido. Existen varios antecedentes de la sala tercera del Supremo que apuntan en esa dirección: cuando se cuestionó el canon de aguas continentales en 2017 o ya en 2022 cuando se preguntó a Europa por la normativa española de VTC. Esos recursos concretos quedaron paralizados pero las normativas llevadas a Luxemburgo siguieron en funcionamiento hasta que hubo un pronunciamiento europeo. El debate, en cualquier caso, tendrá que ser abordado por el Supremo en los próximos días.

La Generalitat Valenciana informó este martes de que ha reiterado su petición de suspensión cautelar y de llevar el debate hasta el TJUE. En Aragón todavía se valoran las alegaciones que se presentarán en los próximos días. Los propios jueces Olea y Román plantearon esta posibilidad pero reconociendo que si una norma española choca con una europea “los principios que informan dicho ordenamiento aconsejan especialmente la adopción de la medida cautelar”, sin aludir a una suspensión automática.

El Gobierno ha insistido en lanzar un mensaje de tranquilidad a los solicitantes de la regularización al reiterar su confianza en el texto de la normativa que la regula. “La norma se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario”, han afirmado este martes fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ya desde la aprobación del real decreto, con el objetivo de explicar las razones del endurecimiento parcial del texto definitivo en comparación con los borradores anteriores, el Ejecutivo incidía en una necesidad que marcó todo el proceso: no dejar cabos sueltos que pudieran generar una grieta jurídica, conscientes de la intención de PP y Vox de llevar la iniciativa a los tribunales. 

Con esa finalidad, el real decreto recogió todas las “recomendaciones esenciales” del Consejo de Estado. “Este es un texto sólido, riguroso, que ha pasado todos los trámites preceptivos con el aval del Consejo de Estado. Afrontamos con total tranquilidad este procedimiento. Era muy importante que este texto estuviera muy armado jurídicamente”, respondió la ministra Elma Saiz para explicar algunos de los cambios realizados a última hora, como la incorporación de un informe para probar la situación de vulnerabilidad de los solicitantes. 

El Gobierno trabaja en varios escenarios

Pese a su confianza en su norma, el Gobierno reconoce que trabaja en varios escenarios de cara a los posibles avances del procedimiento abierto en el Tribunal Supremo contra la medida. Una de las distintas coyunturas analizadas es la posibilidad de que los magistrados, una vez reciban las alegaciones de las partes, puedan llegar a decidir elevar la cuestión prejudicial al TJUE y, en paralelo, estimar la paralización temporal del procedimiento mientras la Justicia comunitaria estudia el fondo del asunto. Para el Ejecutivo, la concesión de las medidas cautelares para suspender el estudio de las solicitudes de regularización sería contradictoria en comparación con la contundencia con la que los magistrados rechazaron aplicar esta misma medida en mayo.

No obstante, el Ejecutivo reconoce que la mera posibilidad de que el procedimiento pudiese llegar a ser suspendido temporalmente -sin revocar las peticiones admitidas- les empuja a correr. Según afirman varias fuentes gubernamentales, su intención es agilizar el estudio de las solicitudes para que, en el hipotético caso de que la Justicia estimase las cautelares, ya hubiese sido respondida la admisión de trámite del más de un millón de peticiones, con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica. La mera admisión a trámite de las peticiones que cumplan los requisitos incluye un permiso provisional de residencia y trabajo, lo que en la práctica supone el reconocimiento efectivo de un derecho que, según defiende el Gobierno, no podrá ser revocado retroactivamente en una decisión cautelar. 

No obstante, al menos hasta ahora, el ritmo de la tramitación de las solicitudes no ha cumplido con los tiempos previstos inicialmente. Migraciones se comprometió a dar una respuesta sobre la admisión a trámite en un máximo de 15 días, pero ese plazo se ha visto rebasado con creces en la mayoría de casos, según los balances oficiales anunciados hasta el momento y los testimonio de decenas de solicitantes, abogados y ONG recogidos por elDiario.es. Por ejemplo, muchas de las personas que han presentado su expediente en mayo, a las que está dando seguimiento este medio, aún no han recibido una respuesta. 

“No hay riesgo de paralización inmediata”

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), una de las organizaciones personadas en la causa que estudió los recursos de la Comunidad de Madrid y Vox, se une al mensaje tranquilizador del Gobierno. “No hay riesgo de paralización inmediata porque, en primer lugar, las medidas cautelares ya están resueltas. Lo que ahora mismo está tramitándose es la opinión de los actores sobre esa petición que hace uno de los demandantes de preguntar al TJUE en una cuestión prejudicial, pero tendrá que decidir y tramitar el Supremo, lo que llevará un tiempo”, explica Mauricio Valiente, director general de la ONG. 

Valiente defiende que la norma de la regularización no contraviene el derecho comunitario. Pero, como abogado, considera que “en base a derecho” podría haber margen a la interpretación y no ve imposible una hipotética paralización temporal del procedimiento por parte del Supremo en caso de decidir elevar la cuestión prejudicial al TJUE. “En la práctica, conllevaría que no se continuarían resolviendo expedientes. Quienes ya tuviesen resuelta la admisión a trámite, verían prorrogada su autorización provisional durante el tiempo en que el Tribunal europeo lo estudie y, en su caso, el Supremo”, detalla el director de CEAR. 

La clave, de nuevo, son los plazos. El tiempo que tardará la Justicia en tomar, si lo hace, una decisión. Y el tiempo empleado por la Administración en responder las peticiones. “Primero están los plazos de contestación a la providencia, que son cinco días. Luego, la valoración de las cautelares por parte del Supremo es compleja y puede requerir su tiempo: tendrían que dar traslado otra vez y, finalmente, la decisión de la nueva cautelar”, añade. 

Diego Boza, abogado especializado Derecho Internacional Público y Extranjería, tampoco ve probable la posibilidad de una suspensión del procedimiento de extranjería. “Me ha sorprendido bastante. Los argumentos para de la providencia del Supremo son bastante pobres”, opina el letrado, que destaca el argumento centrado en que la regularización de estas personas permite que puedan viajar a la UE y, por ello, el Gobierno debería haberlo avisado. “Como si cualquier concesión de residencia tendrían que comunicarlo al resto”, cuestiona. 

El razonamiento que ve más elaborado tiene que ver con los solicitantes de asilo. “Hace referencia a una sentencia que apunta a que el tiempo de estancia de los solicitantes de asilo no puede generar derecho de residencia. Muchos abogados no estamos de acuerdo con esa interpretación, pero se trata de una interpretación que incluso ha utilizado el Gobierno para justificar los cambios normativos que afectaron a este colectivo y, ahora, se le podría venir encima”, indica el letrado. “En todo caso, son argumentos muy vagos. Está todo muy pillado por los dedos. Veo muy difícil que salga adelante esta cuestión prejudicial”, concluye Boza.