La operación Púnica de corrupción ligada al Partido Popular ha tardado más de una década en convertirse en una sentencia. Más de 200 folios describen una red de “clientelismo político e intercambio de favores” basada en el dominio total que el PP de Esperanza Aguirre ejercía en Madrid en esos años, ejecutado a través de la “posición de poder político” de Francisco Granados y su capacidad para hacer y deshacer en su propio interés y el de su partido. La empresa Waiter Music consiguió más de 10 millones de euros en adjudicaciones públicas para organizar fiestas y eventos en todo el sur de Madrid a cambio de pagar muchas cosas: desde fiestas privadas en casa de políticos hasta cierres de campaña del PP en el Palacio de los Deportes.

La Audiencia Nacional puso en marcha la operación Púnica en octubre de 2014. Decenas de agentes de la Guardia Civil entraron en ayuntamientos de todo el sur de la región y se llevaron detenidos a alcaldes, concejales, altos cargos y empresarios. Y el nombre de un municipio por encima de todos. El epicentro de la trama: Valdemoro. Era donde Francisco Granados había sido alcalde, donde decenas de contratos públicos estaban bajo sospecha y donde el PP gobernaba sin oposición desde 1999. Se trataba de uno de los grandes feudos de la derecha en el sur de la región donde los de Aguirre solían celebrar pomposos actos de campaña con los primeros espadas del partido a nivel nacional.

Que el nombre de Granados —regidor del municipio entre 1999 y 2003 antes de dar el salto a la Comunidad de Madrid— estuviera a la cabeza de la lista de imputados no fue una sorpresa. El otrora hombre fuerte de Esperanza Aguirre y carismático consejero había dejado su escaño en el Senado medio año antes, cuando trascendió que había tenido una cuenta bancaria en Suiza. Las diligencias que entonces llevaba el juez Eloy Velasco, sustituido más tarde por Manuel García-Castellón, demostraron que esa cuenta fue el origen de sus problemas, pero no el mayor de ellos.

La Púnica tuvo media docena de ramificaciones y algunas de ellas han tardado más de una década en llegar a juicio. La última ha sido la que tiene que ver con Waiter Music: la empresa de Aranjuez que dominó durante una década la organización de fiestas patronales, carnavales, cabalgatas y cualquier tipo de eventos allí donde gobernaba el PP y donde Francisco Granados tenía un hilo del que tirar. Como mano derecha de Esperanza Aguirre, tal y como describe la Justicia, siempre tenía un hilo del que tirar.

José Luis Huerta fue uno de los primeros detenidos en declarar ante el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional en octubre de 2014. En su primera comparecencia ante el juez explicó que había conocido a Granados cuando era alcalde y él un empleado de una empresa de eventos. Montó Waiter Music en 2004 y la organización de las fiestas de Valdemoro le abrió las puertas de otros muchos municipios. Ese día sacó pecho de su trabajo: “La discoteca móvil la inventé yo”. Y negó con vehemencia haber amañado concursos públicos o agasajado a políticos a cambio de obtenerlos: “Nunca en la vida, eso lo he llevado por bandera y en la profesión se me distingue por eso”.

Cuatro años después José Luis Huerta volvió a la Audiencia Nacional para reconocer lo que ahora declara probado una sentencia. Que su cercanía a Francisco Granados y al PP le introdujo en ayuntamientos del tamaño de Valdemoro, Móstoles o Algete y también de otros más pequeños como Ciempozuelos, Chinchón, Torrejón de Velasco, San Martín de la Vega y Moraleja de Enmedio. Más de 15 millones de euros en organización de eventos, la mitad salidos de las arcas del pueblo que había gobernado Francisco Granados. Que no fueron, en muchas ocasiones, a cambio de nada. El empresario de Waiter Music falleció en 2020, pero su confesión retumbó en el juicio y figura en la sentencia. Tuvo que hacer “servicios extras” para mantener el favor de Granados y el PP.

Mítines, comuniones y copas navideñas

La contabilidad de José Luis Huerta era un galimatías de números rojos, números verdes y columnas difícil de desentrañar si uno busca una lista normal de contratos públicos adjudicados y cobrados o pendientes de cobro. Waiter Music tenía el privilegio de obtener adjudicaciones a dedo, tener sobrecostes de decenas de miles de euros y de presentar empresas del mismo dueño cuando hacían falta tres candidatos para vestir el fraude. Pero también pagaba un peaje al PP y sus políticos a cambio, y a veces ese dinero era a fondo perdido. “Con toda su cara”, dijo en su confesión de 2018 el empresario Huerta para simbolizar que muchas veces no se le pagaba.

La sentencia declara probado que la empresa de José Luis Huertas, tal y como confesó él mismo, gastó miles de euros en regalos y gastos personales a políticos del PP. En 2008, según la sentencia, pagó 68.000 euros por una fiesta posterior a la comunión de la hija de Francisco Granados a la que, según el propio empresario, acudió la propia Esperanza Aguirre. La sentencia tiene incluso fotos de la comunión de un hijo de la alcaldesa de Algete, también sufragada por el empresario. Una fiesta de cumpleaños del entonces consejero de la Comunidad de Madrid. Bolsos. Pero el gran beneficiario no fue Granados ni sus colaboradores. Fue el Partido Popular.

Waiter Music estuvo años organizando y pagando mítines, reuniones, fiestas y encuentros del Partido Popular en distintos puntos de la Comunidad de Madrid donde gobernaba. Años en los que Esperanza Aguirre, felizmente olvidado el 'tamayazo', encadenaba mayorías absolutas y se dedicaba a inaugurar hospitales y paradas de Metro mientras Mariano Rajoy se hacía con las riendas del PP nacional y José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba en la Moncloa. Según la sentencia, la mano de la Púnica estuvo detrás de algunos de los grandes mítines del PP de esa época.

La sentencia menciona el cierre de campaña de las elecciones municipales y autonómicas que el PP celebró en el Palacio de los Deportes en mayo de 2007. Con Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy y Alberto Ruiz-Gallardón dando paso a la holgada mayoría absoluta de la 'lideresa' con el acompañamiento musical de las Azúcar Moreno. También el mitin celebrado en Valdemoro que, un año después, metió en la campaña de las generales de 2008 a José María Aznar. Ese día un enardecido Francisco Granados arengó al público con improperios al doctor Luis Montes y Aznar, que cumplía cuatro años fuera de la Moncloa, se lanzó contra Zapatero, instando a ganar sin “hacer chorradas con la ceja”.

La sentencia menciona más peajes 'populares' con los que Waiter Music potenció los actos del PP por toda la región. “Multitud de eventos” en Valdemoro, pero también una lista larga de “extras” en Ciempozuelos, donde gobernaba la condenada María Ángeles Herrera. Allí Waiter Music montó eventos del partido e incluso un mitin de 2008 donde se entregó una medalla a Rodrigo Rato, que con los años pasaría por la cárcel. En Móstoles, localidad de más de 200.000 habitantes, los jueces también hablan de un “elenco de irregularidades” en la contratación de Waiter Music “favoreciendo el desvío de dinero público y destinándolo al pago de eventos privados organizados por el Partido Popular” y su grupo en la localidad en las elecciones autonómicas de 2011.

No todos los contratos adjudicados a Waiter Music son considerados delictivos y no todos los políticos encausados han terminado condenados. Junto con Francisco Granados y sus sucesores al frente de la alcaldía de Valdemoro (José Miguel Moreno y José Carlos Boza) son condenados los regidores de Ciempozuelos y Moraleja de Enmedio, pero otros son absueltos, como es el caso de los dos exalcaldes de Móstoles encausados. En su caso no hay pruebas de que ellos gestionaran de forma directa la contratación de Waiter Music. En una ciudad como Móstoles, dice la Audiencia Nacional, llegar a ese nivel de irregularidades “debía de contar con el conocimiento y autorización de autoridades, funcionarios públicos municipales e integrantes del Grupo Municipal Popular de Móstoles, que promovieron, facilitaron y autorizaron este tipo de prácticas”.

Dos tramas en el Madrid de Aguirre

Las fechas de la sentencia conocida esta semana, y que todavía es recurrible, revelan una cosa: que la Púnica y la Gürtel convivieron en paz y armonía en distintas zonas de Madrid y con distintas familias del PP durante varios años. Mientras los de Francisco Correa parasitaban los ayuntamientos de Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey de la mano de sus alcaldes, la Púnica conquistaba ayuntamientos del sur de la mano de Francisco Granados. Todo mientras Esperanza Aguirre conquistaba la Puerta del Sol y empezaba su fulgurante ascenso hasta la consideración de lideresa con unos mítines organizados por las tramas corruptas. Porque si algo une a la Gürtel y la Púnica, además de los contratos amañados y las comisiones, es la organización de actos de Esperanza Aguirre como moneda de cambio.

La resolución de la Audiencia Nacional zanja con una condena de dos años de cárcel la participación de David Erguido, entonces concejal de Aranjuez, pero “hombre de confianza” de Granados como asesor en la consejería que, con el tiempo, se convirtió en un dolor de cabeza para el PP nacional. Tuvo que dejar su escaño en el Senado tras ser imputado en la Púnica y se mantuvo como diputado regional del PP de Isabel Díaz Ayuso en Vallecas hasta su desaparición de las listas del partido para las autonómicas de 2021.

Erguido llevaba desde 2010 en la Asamblea de Madrid, donde entró en sustitución del hoy también condenado Alfredo Prada, y según la sentencia maniobró como concejal de Algete para que Waiter Music fuera contratada. Pero también obtuvo un beneficio para sí mismo. Waiter Music le organizó un evento en marzo de 2008 en el campo de golf del Canal de Isabel II, con la intervención de “cuatro mariachis” y con un coste de 1.800 euros “pendiente de liquidar con dinero público”. El mismo campo de golf que levantó Esperanza Aguirre en 2007 en Chamberí, que fue declarado ilegal por los tribunales y demolido y cuya adjudicación será juzgada como parte del caso de corrupción Lezo.

Muy por encima de Erguido, la sentencia otorga un papel protagonista a Francisco Granados en el ascenso y caída de Waiter Music y su papel como organizador de eventos de cabecera del PP de diversos municipios. Él tenía una “capacidad real de influencia” en Valdemoro, primero como alcalde y después como consejero de Aguirre, aunque no tuviera voz ni voto oficial en las contrataciones de su antiguo ayuntamiento. Pero sí tenía una “posición de poder político”. También con respecto a la Comunidad de Madrid. La Audiencia Nacional no le condena por todas las acusaciones que se vertieron sobre él, pero mantiene que usó su poder para que la Fundación Arpegio, salida de una empresa pública dependiente del gobierno regional, financiase con dinero público el concierto 'Night of the Proms' del que se había encaprichado y que organizó Waiter Music en el Palacio de los Deportes.

Esta no es la primera sentencia madrileña del caso Púnica. Francisco Granados ya fue condenado por el chivatazo que recibió de un guardia civil y que casi da al traste con la operación, y varios alcaldes han sido condenados por aliarse con el empresario David Marjaliza y contratar de forma irregular a Cofely para gestionar la eficiencia energética de sus municipios. Pero Granados todavía tiene un juicio relevante en el horizonte. Por las adjudicaciones supuestamente irregulares de suelo público desde la empresa regional Arpegio —la de la Fundación del concierto Nigh of the Proms— y de obras de construcción de Metro, una de las grandes promesas electorales de Esperanza Aguirre en esos años.

Aguirre, sus campañas y algunos de sus juramentos políticos son el telón de fondo de muchas de las piezas separadas del caso Púnica. Además del juicio pendiente por estas adjudicaciones, la Audiencia Nacional tiene en cola enjuiciar a Granados y al entonces gerente del PP en Madrid, Beltrán Gutiérrez, por delitos electorales en la financiación de la campaña del partido de 2011. La principal beneficiada, Esperanza Aguirre, no está en la lista de los acusados porque según el juez Manuel García-Castellón no hay pruebas de que “tuviera conocimiento” de la existencia de una caja B en el seno de su propio partido.

La sentencia conocida esta semana añade una capa de pintura al cuadro de corrupción de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre y su Partido Popular. Políticos que facilitaban contratos públicos a cambio de organizar actos del partido pero también fiestas y comuniones para el bolsillo propio. Una trama Púnica cuya verdad judicial no ha hecho más que empezar con varios juicios por delante en los que la financiación de los grandes éxitos electorales de Esperanza Aguirre estará, una vez más, bajo la lupa sin la lideresa en el banquillo.

Dos sanitarios del hospital madrileño de La Paz y otros cuatro acusados han aceptado condenas de entre uno y dos años de cárcel por formar un entramado que falsificó hasta 4.386 certificados de vacunación COVID en tan solo tres meses durante la pandemia. Todos han reconocido ante un tribunal del jurado que usaron las claves de diferentes enfermeras del centro para manipular el Registro Unificado de Vacunación y cobrar entre 60 y 100 euros por cada persona a la que apuntaban como inmunizadas aunque no lo estaban. En la lista de falsos vacunados, tal y como se informó en el estallido del caso, había famosos como el cantante Omar Montes.

El operativo de la Policía Nacional se desarrolló en los últimos días de enero de 2022 y fue bautizado como operación Jenner. Varios sanitarios del Hospital madrileño de La Paz estaban siendo investigados por inscribir a cientos de personas en los registros de vacunación a cambio de dinero. La campaña de vacunación contra la pandemia de coronavirus para los más mayores había arrancado hacía más de un año, pero para entonces todas las franjas de edad podían acudir a un centro sanitario para vacunarse. Para entonces también había entrado en vigor la figura del pasaporte COVID, un certificado de vacunación necesario para viajar.

Las primeras cifras de la operación hablan de unos 1.600 registros ilegales. Se trata de gente que había pagado al entramado de estos sanitarios de La Paz para figurar como vacunados aunque no se hubieran inmunizado y poder así obtener el pasaporte y viajar. Las primeras informaciones revelaron que en esa lista, que creció en número con el paso de las semanas, incluía nombres de famosos: el cantante Omar Montes, la actriz recientemente fallecida Verónica Echegui o la traficante Ana María Cameno, conocida como 'La Reina de la Coca'. El operativo culminó en abril de 2022 con más detenciones.

Empezó entonces una investigación mastodóntica en un juzgado de instrucción de la Plaza de Castilla que, por momentos, amenazó con convertirse en una macrocausa sin precedentes. Las diligencias revelaron que el número de vacunaciones ilegalmente inscritas en los registros de la Comunidad de Madrid era mucho mayor que el estimado inicialmente por la Policía Nacional. Y sobre la mesa estuvo la opción de llamar a declarar a las más de 4.300 personas que figuraban en las listas de falsos inmunizados. Pero cuatro años después del arranque del caso, todo llegó a juicio con solo seis personas en el banquillo.

El caso fue juzgado en unos pocos minutos a finales del pasado mes de mayo ante un tribunal del jurado en la Audiencia Provincial de Madrid, pero no hizo falta celebrar el juicio. Los seis acusados aceptaron las condenas que la Fiscalía pedía para ellos, su sentencia se dictó de viva voz, nadie ha recurrido y aunque aún está en fase de ejecución lo previsible es que ninguno tenga que pisar la cárcel. Todos han sido condenados a un año y un mes de cárcel y multas de 1.080 euros menos la enfermera que perpetró las falsificaciones en el sistema, que ha sido condenada a dos años de prisión. Y todos por un delito de cohecho pasivo propio con una atenuante de dilaciones indebidas.

Una enfermera y un técnico sanitario

La enfermera condenada, una ATS interina, llevaba cuatro años trabajando en La Paz cuando, en noviembre de 2021, falsificó su primer certificado de vacunación. Era el de un compañero suyo que trabajaba en el mismo hospital como técnico medio sanitario en cuidados auxiliares de enfermería. Metió sus datos en el Registro Unificado de Vacunación, la aplicación de la Comunidad de Madrid que contabilizaba los inmunizados: con su nombre, la dosis, la fecha, la hora y el centro. El objetivo era obtener el pasaporte COVID sin tener que vacunarse.

Según el relato aceptado por ellos mismos en el juicio, una vez comprobaron la “facilidad” para meter “datos falsos” en la aplicación de la Comunidad de Madrid, decidieron ganar dinero a base de “insertar anotaciones fraudulentas”. El técnico sanitario le daba los nombres a la enfermera y ella, usando los datos de acceso de otras sanitarias para evitar ser identificada, los daba de alta como vacunados en Madrid a cambio de dinero: entre 60 y 100 euros por persona.

La trama fue aumentando y otras cuatro personas más que finalmente han sido condenadas se sumaron al grupo, cobrando también un dinero a cambio de captar personas que quisieran un falso certificado de vacunación. La actividad del grupo fue frenética. Solo entre noviembre de 2021 y enero de 2022, cuando la Policía lanzó la operación Jenner, se realizaron 4.386 registros fraudulentos. Un beneficio, según el precio más bajo declarado por la sentencia, de más de 260.000 euros. La Comunidad de Madrid no reclamó ningún perjuicio en esta causa judicial.

La sentencia no explica cómo dos sanitarios de La Paz llegaron a tener varios miles de clientes para obtener estos falsos certificados de vacunación. Las primeras informaciones policiales del caso apuntaban a grupos de Telegram activos por toda Europa para obtener este tipo de certificados falsos, aunque la sentencia no refleja el funcionamiento del sistema. El desarrollo del caso, cerrado con una sentencia de conformidad, también cierra la puerta a exigir responsabilidades a las más de 4.300 personas que pagaron dinero a cambio de obtener un documento falso de vacunación.

Más de 4.300 personas sin declarar

Las diligencias arrancaron el 20 de diciembre de 2021 y fueron prorrogadas durante más de tres años hasta que el caso fue enviado a juicio. En esa fase de investigación a cargo del juzgado de instrucción número 3 de Madrid, explican fuentes del caso, la idea de llamar a declarar como testigos o imputados a los 4.386 identificados fue descartada, sobre todo porque habría sido “materialmente imposible” tomar declaración a todos, explican estas fuentes.

Pagar por obtener un documento oficial falso, como se declara probado en esta sentencia, puede llegar a ser considerado un delito. Las bases de datos del Poder Judicial dejan varios ejemplos, como los alumnos de una academia de Tenerife que fueron condenados a tres meses de cárcel por pagar entre 800 y 1.000 euros a un entramado que les conseguía falsos títulos de bachillerato y formación profesional. En Madrid, hace dos años, varias personas fueron condenadas por vender y comprar falsos permisos de circulación.

En este caso la investigación se dirigió solo contra algunos integrantes de la red de certificados de vacunación radicada en La Paz y no todos los investigados se sentaron en el banquillo: la causa llegó a acumular más de diez imputados. La sentencia tampoco refleja la lista completa de personas que pagaron por obtener uno de esos falsos certificados en el marco de la operación Jenner. Sí refleja que los seis acusados son condenados por cohecho pasivo propio, cuyo espejo penal es el cohecho activo: quien paga al corrompido para obtener lo que necesita.

La Audiencia Nacional ha decidido condenar a dos años y medio años de cárcel a Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, por el amaño de decenas de festejos en toda la región. Usó su influencia en lugares como Valdemoro, donde él había sido alcalde, para que se adjudicaran contratos de decenas de miles de euros a la empresa Waiter Music, que después financiaba actos del Partido Popular o directamente, fiestas privadas o incluso comuniones de algunos acusados. La lista de condenados incluye cuatro exalcaldes de Valdemoro, Ciempozuelos y Moraleja de Enmedio además de diversos concejales, entre ellos David Erguido, senador del PP entre 2019 y 2020 y exdiputado en Madrid con Isabel Díaz Ayuso.

La sentencia del tribunal central, de más de 200 folios, describe cómo Granados usó su ascendencia política mientras era el hombre fuerte de Esperanza Aguirre como consejero para que Waiter Music, la empresa del fallecido José Luis Huerta, consiguiera contratos públicos para organizar todo tipo de eventos en municipios donde gobernaba el PP: fiestas patronales, cabalgatas, carnavales o festividades navideñas. En muchas ocasiones eran adjudicados de forma directa o el concurso se repartía entre tres empresas que pertenecían al mismo empresario Huerta.

A cambio, y para mantener el favor político de Granados y los alcaldes del PP, José Luis Huerta y Waiter Music pagaban extensas facturas. Desde fiestas privadas de Granados hasta comuniones, pero también pagaba al propio Partido Popular. Actos electorales de 2007 y 2008 en los que, por ejemplo, participaron Esperanza Aguirre, José María Aznar y Mariano Rajoy fueron sufragados con miles de euros de esta empresa. Lo que la sentencia denomina “la recepción de sistemática de prestaciones en especie no retribuidas, consistentes en eventos privados sufragadas por el empresario”.

La lista de condenados incluye a todos los alcaldes de Valdemoro por el PP desde 1999 hasta 2014, el año en que estalló la operación: cuatro años de cárcel por fraude para José Carlos Boza, dos para José Miguel Moreno y dos y medio más para Francisco Granados. Reciben otros dos años de cárcel María Ángeles Herrera (Ciempozuelos) y Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio). La lista de condenados vinculados a Valdemoro, el gran feudo de Granados, se extiende con dos años de cárcel a los exjefes de gabinete de la alcaldía, Alfredo Ovejero y María del Carmen Benito. También a los concejales Rafael Marín (Ciempozuelos) y Ricardo Godino (Moraleja de Enmedio) además de Erguido, que entonces era concejal en Algete y “hombre de confianza” de Granados según la sentencia.

No todos los alcaldes de municipios del PP que contrataron a Waiter Music son condenados. El tribunal exonera a Daniel Ortiz y Esteban Parro, regidores de la localidad de Móstoles que se sentaron en el banquillo.

La Fiscalía pedía tres años

El tribunal celebró en el primer trimestre del año el juicio por el caso Waiter Music –pieza separada del caso Púnica– que investiga decenas de contratos amañados entre 2004 y 2015 a favor de una empresa especializada en organización de eventos y festejos. Las irregularidades detectadas en, al menos, cinco municipios madrileños gobernados por el PP (Valdemoro, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio, Móstoles y Algete) así como en empresas dependientes de la Comunidad de Madrid (Metro, Arpegio, Pamam...) sentará en el banquillo a 14 personas, entre ellos media docena de alcaldes y al exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. La Fiscalía Anticorrupción rebajó a tres años de cárcel su petición de condena para Granados.

La sociedad Waiter Music se dedicaba a “la explotación de todo tipo de actividades relacionadas con la hostelería, actividades artísticas y del espectáculo y en especial las de promoción y organización de espectáculos”. Su actividad comercial consistió fundamentalmente en negociar con administraciones públicas y lograr contratos para organizar las fiestas patronales de los municipios. José Luis Huerta, dueño de Waiter Music –ya fallecido–, consiguió muy pronto contratos para organizar festejos en Valdemoro, Móstoles, San Martín de la Vega, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco, Moraleja de Enmedio, Humanes de Madrid y otros municipios con los que facturaba varios millones de euros cada año.

Además, Waiter Music trabajó para empresas constructoras (FCC, Acciona, Ferrovial Dragados, Sacyr y OHL) en eventos vinculados a la Comunidad de Madrid para festejar el comienzo o la finalización de obras de ampliación de Metro de Madrid. La investigación judicial resume así estos hechos: “Con ocasión de la concesión de grandes obras públicas vinculadas a las adjudicaciones de los trabajos de ampliación de las líneas 3 y 7 de Metro de Madrid, por parte de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid importantes empresas constructoras de obra civil, se ideó el plan para que, con cargo a estas y fuera de cualquier tipo de expediente de contratación, se ejecutasen unos actos festivos con ocasión, tanto del inicio como del final de las obras. En tales festejos, era la propia administración la que elegía a los contratistas que llevarían a cabo los festejos, si bien posteriormente, los mismos eran abonados por las empresas adjudicatarias”.

La Abogacía del Estado ha apuntado este jueves en su informe final del juicio de la operación Kitchen a cuál fue el origen del operativo: “Se dirige esencialmente a torpedear una investigación judicial”. Esa investigación era el caso Gürtel de corrupción y la “preocupación” que desencadena el operativo policial ilegal tenía origen “en el entorno del Partido Popular y el Gobierno de España” que en ese momento dirigía Mariano Rajoy. No es creíble, ha dicho la Abogacía del Estado, que toda la operación se montara solo para investigar el patrimonio de Luis Bárcenas. El objetivo de esta “operación parapolicial” eran sus grabaciones. Este jueves también han intervenido el resto de acusaciones: la familia Bárcenas, PSOE y Podemos. El juicio seguirá el 22 de julio con los informes finales de las defensas, los alegatos que quieran hacer los acusados y el juicio quedará visto para sentencia.

El juicio por la operación Kitchen está en su última recta antes de quedar visto para sentencia con los informes finales de las partes. La Fiscalía Anticorrupción ya hizo definitivas hace unos días sus peticiones de cárcel y apuntó a la “finalidad bastarda” del operativo: “Boicotear” el caso Gürtel y “proteger” a dirigentes del Partido Popular. La Abogacía del Estado ha apuntado directamente al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como el máximo responsable del operativo: “Participó en la planificación, coordinación y seguimiento constante de la evolución y los objetivos” de la trama Kitchen. “Que se reprenda y se reaccione por la vía del derecho a que esta operación careció de cobertura judicial, persiguió fines ajenos a la investigación penal, utilizó fondos y medios públicos y se ejecutó mediante una estructura paralela bajo directrices político-operativas al margen de la autoridad judicial”, ha dicho.

Las notas y grabaciones del entonces comisario José Manuel Villarejo, ha dicho el primer Abogado del Estado en intervenir, son suficientes para rechazar las tesis de defensa de los acusados: que todo era legal y que el objetivo real era investigar el patrimonio de Luis Bárcenas. “No puede comprenderse sin tener en cuenta la preocupación que en el entorno del PP y del Gobierno de España generaba la figura de Luis Bárcenas”, ha explicado.

Una preocupación que, ha dicho, “se acrecienta” a finales de 2012 con la publicación de la contabilidad paralela del PP por parte de El País y las revelaciones judiciales de Bárcenas, de quien sospechaba que tenía grabaciones comprometedoras para Mariano Rajoy y Javier Arenas. “Se dirige esencialmente a torpedear una investigación judicial, tiene por objetivo encontrar esas grabaciones”.

“La finalidad esencial es la obtención y destrucción de documentación”, ha dicho el Abogado del Estado antes de apuntar directamente a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior con Mariano Rajoy, como máximo responsable del operativo, señalado por la declaración de Francisco Martínez, su mano derecha en ese momento. “Tenía por objetivo quitarle a Bárcenas esos papeles que comprometían al presidente”. La Abogacía del Estado no encuentra pruebas de que el premio para Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que espió para la trama, fuera un puesto en la Policía Nacional auspiciado por Villarejo, pero sí de que era consciente de que estaba cometiendo una ilegalidad. “Era plenamente consciente de la ilicitud de al operación”.

“Presión e intimidación” al agente Morocho

La Abogacía del Estado ha aprovechado su informe final del juicio de la operación Kitchen para denunciar la “presión constante e intimidación” que los mandos de Interior involucrados en el caso ejercieron sobre el inspector de policía Manuel Morocho para condicionar su papel en la investigación del caso Gürtel. Existió una “relevante presión ambiental, laboral y contextual” sobre él, ha dicho la Abogada del Estado, “con la única y exclusiva finalidad de afectar a sus competencias como policía judicial” en el caso que investigaba las cuentas del Partido Popular.

El propio Morocho ha testificado en varios juicios y ha relatado la presión que sufrió de sus superiores para modificar sus informes sobre el caso y no ser tan duro con el PP. La “presión”, ha dicho la Abogacía del Estado, vino directamente de Eugenio Pino, entonces Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional. “Se produjo como consecuencia de las interferencias, mediante órdenes directas que venían de Eugenio Pino”. Cambios de destino que, en contra de lo que dijeron algunos acusados para desacreditar a Morocho, no eran “meras tensiones propias del ámbito laboral”.

Existió, ha añadido la Abogada del Estado, una “estrategia sistemática de presión dirigida a condicionar la actuación procesal” de este policía. “Fue padecedor de un conjunto coordinado de actuaciones en un contexto de superioridad jerárquica destinadas a generar un clima de presión constante e intimidación implícita en su intervención en el proceso judicial”.

“¿No le preocupaba que apareciera M. Rajoy?”

La abogada que defiende en el caso Kitchen a Luis Bárcenas, su esposa y su hijo se ha referido a la estrategia de defensa del exministro Jorge Fernández Díaz, que durante el juicio llegó a decir que no había preocupación en el PP o el Gobierno por las revelaciones que pudiera hacer el extesorero del partido. “Eso no es lógico. Preocupación tendrían que tener. Él, todo el partido y todo el Gobierno”. La letrada se ha referido a los apuntes de la contabilidad B que llevaba Bárcenas mientras preguntaba directamente a Fernández Díaz, exministro de Mariano Rajoy sentado en el banquillo. “¿O nos va a decir que no le preocupaba que apareciera M. Rajoy, o un montón de miembros de su partido? Pues le tendría que preocupar”.

La defensa de la esposa y el hijo de Luis Bárcenas, que ejerce la acusación en el juicio por la operación Kitchen, ha sido clara en el comienzo de su informe final sobre cuál era el objetivo del operativo parapolicial: “Lo que pudiera saber Luis Bárcenas hubiera podido hacer caer a un Gobierno”. El extesorero tenía información comprometedora para el PP y el Gobierno y el objetivo era quitársela. “Se trataba de localizar documentación, información, grabaciones y todo lo que pudiera ser que afectara al Gobierno y al Partido Popular”.

Rosalía Iglesias y Guillermo 'Willy' Bárcenas, ha dicho, “fueron sometidos a una extrema vigilancia policial ilícita”. “Un Estado que debía protegerles fue utilizado contra ellos, se han utilizado las instituciones para cometer delitos de los que ha sido víctima la familia Bárcenas”. “Son sucesos que podían desestabilizar el Gobierno que ejercía el Partido Popular”, ha dicho sobre las noticias de 2013 que desencadenaron el operativo. “Llevaba 30 años en el partido, tenía muchísima información y no sabemos lo que pensaba que podía llegar a tener para montar este operativo”.

La letrada también ha apuntado a trato “anómalo” a Bárcenas en la prisión, incluso con lesiones en un traslado, también como medida de presión. El objetivo era, dice, “que se callara, se tenía que callar, no podía perjudicar al PP, al Gobierno”. “Les tenían pánico o un miedo tremendo”, ha dicho en el tramo final de su informe. “Era para salvar al Gobierno”.

Han cerrado la jornada los abogados de las acusaciones populares de PSOE y Podemos. Gloria Pascual, abogada de los socialistas, ha apuntado directamente a Fernández Díaz: “El ministro no es un mero receptor pasivo, participa activamente en la estrategia”. El objetivo del operativo parapolicial, ha añadido, era “evitar daños al Partido Popular, es de lo que se trataba”. Jaime Montero, abogado de Podemos acompañado del letrado Gorka Vellé, ha reclamado que los acusados sean condenados por organización criminal.

La exigencia de “omertá” a Bárcenas

Los letrados de Podemos han defendido que los acusados también deben ser condenados por organización criminal, un delito que no han esgrimido el resto de acusaciones públicas y particulares del caso. “Los acusados formaban una organización criminal cuya finalidad era la obstaculización de la investigación conocida como Gürtel”, ha explicado Montero. A los policías y mandos de Interior que estan en el banquillo, afirma, no les “afectaba personalmente”, pero “sí podía afectar a la cúpula del Partido Popular de la cual, a la postre, iban a depender sus carreras políticas o profesionales”.

Para Podemos existieron “cuatro líneas de actuación diferenciadas” hasta llegar al espionaje de Bárcenas para intentar proteger al PP de las consecuencias de la Gürtel. Primero, “la obstaculización de la investigación” del policía Morocho. Después, el “intento de obtener la nulidad del proceso judicial” a través de un abogado. En tercer lugar, la “presión y control” ejercida sobre Bárcenas en prisión a través del control de sus comunicaciones, de su “estado anímico” e incluso con “amenazas de entrar Rosalía Iglesias en prisión”. Fue posteriormente cuando empezó, según Montero, la operació Kitchen “propiamente dicha”.

En línea con el resto de acusaciones, Podemos entiende que la información que manejaba Luis Bárcenas y su posible entrada en prisión sí preocupaba al PP, en contra de lo declarado por Jorge Fernández Díaz. “La declaración que pudiera hacer un Bárcenas recién entrado en prisión el 15 de julio”, ha dicho, era una “preocupación” para los de Mariano Rajoy. El entonces ministro del Interior, ha explicado el letrado, participó en “la articulación de esta exigencia de omertá al señor Bárcenas”. La “abrumadora” presencia de Francisco Martínez, secretario de Estado en las agendas de Villarejo, apuntala la participación de este departamento del Gobierno en la operación.

Las agendas del entonces comisario y hoy principal imputado en decenas de piezas separadas del caso Tándem no permiten llegar a otra conclusión, según Podemos: “Por cualquier lado que se abra la agenda, nos encontramos con una dación de cuenta de Villarejo a Francisco Martínez con este tema, se puede abrir casi al azar”, ha dicho este jueves. José Luis Olivera, Andrés Gómez Gordo, el chófer Sergio Ríos y el propio Villarejo. Todos jugaron su papel en el entramado destinado a proteger al PP de los secretos de la Gürtel. Existieron incluso proyectos para “monetizar” el torpedeo de la investigación. “Cuando es la Policía la que promueve esta nulidad de una causa judicial que está investigando un subordinado suyo... igual ya tiene más esquinas”, ha zanjado el letrado en su informe final.

El juzgado ha decidido archivar la causa abierta contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por el señalamiento a dos periodistas de El País que investigaban el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador. La magistrada ha tomado la decisión sin tomar declaración a los policías nacionales que identificaron a los reporteros y después de escuchar las explicaciones de Rodríguez y de González Amador. El primero reconoció que el segundo le hizo llegar las fotos de los periodistas que después difundió entre los medios. El PSOE, que ejercía la acusación popular del caso, recurrirá el archivo.

La magistrada ya había rechazado abrir diligencias pero fue finalmente obligada por la Audiencia Provincial de Madrid. En su declaración como imputado, Miguel Ángel Rodríguez explicó que la foto de los reporteros se la hizo llegar González Amador y después él difundió la imagen entre los medios de comunicación, añadiendo una información falsa: que los periodistas estaban hostigando y acosando a vecinos, incluso a menores de edad, para obtener información de la presidenta regional.

González Amador compareció como testigo hace unos días en el mismo juzgado para completar esa versión. Reconoció que él fue quien pasó la imagen de los periodistas del grupo Prisa al jefe de gabinete de Ayuso, por ser su “amigo” y el responsable de su “seguridad” dijo ante la jueza, pero él no hizo la foto porque él no estaba en casa: fue un “vecino del quinto” quien se la pasó. Ninguno de los dos conserva los mensajes que intercambiaron: Miguel Ángel Rodríguez reconoció que los había borrado y Alberto González Amador tampoco conservaba esa conversación, en su caso por un hackeo.

La jueza archiva el caso porque entiende que las fotos y los datos de los periodistas no llegaron de los policías que escoltan a Isabel Díaz Ayuso. “Ningún dato de los obtenidos en instrucción permiten mantener que los datos consistentes en el nombre y primer apellido ni la imagen de los dos periodistas hubieran sido obtenidos de la información recibida por parte de los agentes policiales que les identificaron ese día en la vía pública”. La foto llegó desde un vecino y los datos de los reporteros era algo “conocido” por Miguel Ángel Rodríguez, que ya los conocía. “Esos mismos datos y su fotografía se encuentran publicados en el propio periódico”, añade.

El mensaje que Rodríguez envió a los periodistas junto con el bulo sobre los reporteros de El País, zanja la magistrada, “no contiene ningún dato reservado o de carácter personal de los dos periodistas afectados”. Tampoco hay pruebas de que fueron obtenidos de manera ilegal. El archivo llega sin que la jueza haya tomado declaración a esos dos policías nacionales ni tampoco a otros agentes y testigos propuestos por la acusación popular del PSOE.

El Tribunal Supremo ha abierto una sexta causa penal contra el eurodiputado de extrema derecha Luis 'Alvise' Pérez, esta vez acusado de instigar desórdenes públicos en las protestas agrícolas de febrero de 2024. Unos días en los que el agitador y líder de Se Acabó La Fiesta no solo apoyó las manifestaciones y tractoradas sino que promovió, desde su canal de Telegram con cientos de miles de seguidores, el uso de “grava y estiércol” para lanzar a los antidisturbios, así como anunciar un plan para “dividir” a las unidades policiales durante las protestas en Madrid.

Los jueces de la Sala de lo Penal explican que estos mensajes van más allá de un “discurso crítico frente al Gobierno” una convocatoria de protestas, protegidos por la libertad de expresión, ideológica y la participación política. “Tal protección no se extiende, sin más, a los llamamientos directos y públicamente difundidos a la ejecución de conductas que, por su número, organización, finalidad y riesgo generado, pueden integrar los presupuestos de los desórdenes públicos agravados”, afirma el Supremo.

Se trata de la sexta causa penal abierta contra el hoy eurodiputado, que también está imputado por el acoso y hostigamiento a sus dos eurodiputados y a la fiscal Susana Gisbert, por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemia, por amenazas al alcalde de Algeciras y también por financiar de forma supuestamente ilegal su campaña a las últimas elecciones europeas con 100.000 euros en efectivo.

En este caso la causa llegada desde un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid pone el foco sobre los mensajes que Alvise difundió en su canal de Telegram en febrero de 2024 sobre las protestas con las que los agricultores llevaron sus reclamaciones por la situación del sector hasta las puertas del Ministerio. Manifestaciones que en ocasiones se tradujeron en disturbios y en las que Alvise Pérez intentó capitalizar poco después de tener un papel protagonista en las concentraciones de la calle Ferraz de noviembre de 2022 y pocas semanas antes de anunciar que se presentaba a las elecciones europeas donde consiguió tres escaños.

Entre otros mensajes emitidos esos días en su canal de Telegram, el hoy líder de SALF instó a buscar “el colapso total, masivo y coordinado” de Madrid durante las protestas. “Prometemos un febrero de fuego”, afirmó. También urdió planes para “reaccionar de forma operativa” a la Policía Nacional para lanzar “pacíficamente” bolas de “barro y pintura” a los antidisturbios. Vídeos de las protestas muestran que fue golpeado por antidisturbios en las inmediaciones del estadio Metropolitano en Madrid.

Los jueces dejan la investigación en manos de Carmen Lamela y explican que no imputan a Alvise por los comentarios violentos que sus seguidores dejan en su canal, sino por sus propias arengas a bloquear carreteras y enfrentarse a la Policía Nacional. “La imputación provisional no descansa en esos comentarios ajenos, sino en las publicaciones atribuidas al canal y en su aptitud para incitar públicamente a conductas de bloqueo, colapso y enfrentamiento con los poderes públicos”.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire ha llamado a declarar como testigos tanto al ex teniente fiscal Diego Villafañe como a la también fiscal Beatriz López el próximo 15 de julio. Los dos tendrán que explicar ante el magistrado Santiago Pedraz las dos reuniones que mantuvieron tanto con Leire Díez como con el letrado Jacobo Teijelo y que la propia Fiscalía General ha detallado por escrito ante el juzgado. Solo decidirá si llama a declarar también al entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz, tal y como pide la acusación popular del PP.

Diego Villafañe era teniente fiscal de la Secretaría Técnica en la Fiscalía General del Estado cuando, según ha explicado la propia Fiscalía, acudió a dos reuniones con el letrado Teijelo y Leire Díez, que se identificó como compañera del abogado. A esas dos reuniones, explicó el Ministerio Público, acudió también la otra fiscal citada como testigo, Beatriz López, adscrita entonces a ese mismo departamento. García Ortiz, reconoció la Fiscalía, fue informado “a posteriori” de ambos encuentros celebrados en la Fiscalía General, pero no estuvo presente.

El juez investiga si estas dos reuniones formaron parte de la estrategia desplegada por Leire Díez y sus colaboradores para torpedear causas judiciales que afectan al Gobierno, al PSOE o a personas del entramado. Uno de los colaboradores de Leire Díez, por ejemplo, interpuso denuncias en la Fiscalía contra la jueza que investigó y procesó al hermano de Pedro Sánchez, pero no llegaron a ningún lado: fueron remitidas desde Madrid a Extremadura y después archivadas. Tampoco prosperaron, por ejemplo, las promesas de Leire Díez al abogado del comisario José Manuel Villarejo de que la Fiscalía Anticorrupción colaboraría con él a cambio de su confesión: el fiscal del caso rechazó conversar con él en varias ocasiones.

La Fiscalía ha defendido desde el principio que García Ortiz no intervino en las reuniones ni dio “indicación alguna” al respecto, ni tampoco se llevó a cabo “ninguna actuación” tras escuchar las reclamaciones del letrado Jacobo Teijelo. Quejas y denuncias, según la Fiscalía, que no venían acompañadas de ninguna prueba concreta. Las acusaciones del entramado contra la jueza Beatriz Biedma no prosperaron y tampoco las que se presentaron contra el fiscal José Grinda, otro de los objetivos del grupo.

Leire Díez fue presentada en esas reuniones como una “compañera de despacho” de Teijelo y tuvo una “intervención menor” en esos encuentros, según la información que la Fiscalía hizo llegar a la Audiencia Nacional. Ahora tanto Villafañe como López tendrán que responder como testigos a las preguntas del juez Pedraz y de sus explicaciones dependerá que el instructor, tal y como piden las acusaciones con el PP a la cabeza, llame a declarar también a Álvaro García Ortiz.

La Audiencia Nacional ha condenado a nueve años de cárcel a Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales. La sentencia también le impone una multa de 4,9 millones de euros. La Fiscalía Antidroga, durante el juicio, llegó a pedir para él el doble de años de prisión además de 30 millones de euros en multas.

La sentencia, con ponencia de la magistrada Ana Revuelta, considera probado que Broberg se dedicó desde al menos 2019 a la compra y venta de marihuana y hachís para enviarla desde España a Francia y a terceros países. En esa operativa, señala él mismo contactaba con los proveedores e incluso con miembros de otras redes para suministrar la sustancia estufefaciente. Junto a él, la Audiencia Nacional ha condenado a otros 21 encausados a penas que van de los 2 a los 16 años de cárcel por delitos de  tráfico de drogas, pertenencia a una organización criminal -formada principalmente por ciudadanos suecos- y por blanqueo de capitales. A once de ellos se les ha aplicado la atenuante de confesión dado que reconocieron los hechos y se conformaron con las penas que solicitaba la Fiscalía Antidroga.

Si bien el tribunal no condena a Broberg por el delito de pertenencia a organización criminal, sí que explica que a lo largo de 2020 usó EncroChat para ponerse en contacto con proveedores como el conocido 'Canaryegg' para abastecerse de sustancias que provenían de Marruecos y llegaban a la costa española en barco. “No ha podido determinarse la cuantía exacta de las operaciones realizadas, ni el valor de la cantidad de marihuana incautada en Francia”, indica la ponente, sin embargo.

La resolución se para además a detallar cómo el hijastro de la alcaldesa de Marbella utilizó en ocasiones su inmobiliaria Wasa Consulting, ubicada en el Centro Comercial Plaza de Marbella, junto con otro encausado “con la finalidad de ocultar fondos procedentes del tráfico ilícito de estupefacientes y otras actividades ilícitas, e introducir en el circuito lícito financiero los beneficios ilícitos obtenidos”. Un blanqueo de capitales de libro que llevaron a cabo gracias a operaciones mercantiles como la compraventa de la denominada 'Casa Grande Roja', gracias a la que lavaron 3 millones de euros.

En esta causa no está el padre de Joakim, Lars Gunnar Broberg, porque no fue procesado por motivos de salud -falleció en 2023, dos años antes de que se celebrara el juicio-. Pero en el escrito de acusación del Ministerio Público, en el que inicialmente se pedían 22 años para el hijastro de la alcaldesa, se consideraba acreditado que ella, Ángeles Muñoz, convivió durante años con una persona, su esposo ya fallecido, que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico. El escrito de acusación de la fiscalía especializada concluía que el padre prestó su “colaboración” en el blanqueo de 7.300.820 euros obtenidos del tráfico de cannabis procedente de Marruecos.

A esa operación de blanqueo de la 'Casa grande Roja', los magistrados suman otras, como la compraventa de 'Las tres fincas de El Herrojo' que posibilitó blanquear 721.728 euros, la adquisición de un inmueble en Marbella a través de la sociedad panameña Lesley Company Inc. y de una mercantil radicada en islas Vírgenes, Poni Participation Corp. que permitió lavar para Broberg otrs 230.000 euros.

El hijastro de la alcaldesa marbellí no solo se afanó en cultivar el sector del ladrillo, toco otros palos para blanquear: el oro y las piedras preciosas. La Audiencia Nacional considera probado que en 2019 realizó una importante transacción de hasta 20 kilogramos de oro que habría recibido como “pago de una deuda procedente de África” y a cambio recibió cantidades dinerarias en “bancos de fuera”. En total blanqueó con esa artimaña 894.000 euros.

La investigación

Según recuerdan los magistrados, fue en abril de 2019 cuando se presentó en Antidroga un atestado de la UDYCO Central en el que se detallaban las vinculaciones de los implicados en esta red con el tráfico de drogas y el crimen organizado. Pero el origen del trabajo policial se ubica en septiembre de 2018 cuando el Grupo VI de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona recibió una solicitud de asistencia judicial procedente de Suecia para llevar a cabo una vigilancia transfronteriza con motivo de un presunto delito de tráfico de estupefacientes en el que estarían implicados diversos criminales suecos.

En este marco, indica la Audiencia Nacional, se recabaron “indicios suficientes que evidenciaron la actividad en distintos lugares de nuestro país, y especialmente en Barcelona y la Costa del Sol, de un grupo criminal de origen sueco pero con participación de otros nacionales e incluso de marroquíes, compuesto por diversas células y cuya acción delictiva incluía, entre otras actividades, el transporte de hachís desde Marruecos hasta el país nórdico a través de distintos medios”.

La sentencia, que rechaza todas las cuestiones de nulidad planteadas por los encausados, sostiene que la información obtenida por Francia de la red Encrochat -instrumento que usaba el crimen organizado transnacional para comunicarse de manera velada- “no se ha obtenido vulnerando ningún derecho fundamental” por lo que ha podido ser utilizado como fuente de prueba en el procedimiento. Broberg era 'Fattonny' en esa red, y consta conversaciones con otros condenados en los que preguntaba si había “algo de chocolate ya”, en referencia a cargamentos de droga que llegaban vía barco pesquero desde Marruecos.

Durante la operación se incautaron 244.331 gramos de cannabis en una nave de San Pedro de Alcántara (Málaga) con un valor superior a los 415.000 euros; hasta 25 fardos de hachís frente a la costa granadina con 550 kilos de esta sustancia con un valor de 919.050 euros; y 27.900 gramos de resina prensada de hachís con un valor de 46.352 euros.

La pena más alta, de 16 años de cárcel, recae en Ivan Cicak, a quien la sentencia considera el organizador de toda la estructura criminal en la que participa el resto con sus respectivos cometidos. Dirigía y coordinaba todos los envíos, obtenía el beneficio de la compra de la droga y se encargaba del pago a los restantes miembros de la organización.

Dos providencias del Tribunal Supremo han puesto en alerta a cientos de miles de personas pendientes de la regularización extraordinaria de inmigrantes cuyo plazo de presentación de solicitudes ha terminado este martes. Tres magistrados de la sección quinta de lo contencioso han decidido preguntar si deben llevar este proceso de regularización ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante el riesgo de que choque con la normativa comunitaria en materia de migraciones. Una providencia firmada por tres magistrados de corte conservador que ya intentaron sin éxito paralizar este procedimiento y que ahora, aunque abran la vía europea para cuestionar la medida, no implica un alto riesgo de que todo el proceso de regularización, al que se han presentado más de un millón de personas, vaya a quedar suspendido. El ejecutivo lanza un mensaje de tranquilidad, pero trabaja con varios escenarios, preparado por si unas posibles medidas cautelares afectasen a las solicitudes pendientes de admisión.

Más de un millón de personas han presentado su solicitud para acogerse a este Real Decreto y regularizar su situación, inicialmente, con una autorización de residencia legal de un año en vigor y poder vivir y trabajar en España. Una medida que ha recurrido ante el Tribunal Supremo por diversos colectivos ultracatólicos y de extrema derecha, el partido Vox y varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Entre ellas Madrid, Aragón y la Comunidad Valenciana.

El proceso judicial arrancó con una vista en la que los recurrentes pidieron que la regularización extraordinaria quedase paralizada de forma cautelar y la sección quinta de lo contencioso del Supremo contestó: no había motivos para frenar en seco el procedimiento. Ni se aceptó la alarma planteada por la Comunidad de Madrid sobre el hipotético colapso de la sanidad y la educación para atender a miles de nuevos beneficiarios ni tampoco cualquier otro argumento. Paralizar de forma cautelar el proceso, además, afectaría de lleno a las vidas de los cientos de miles de personas que lo han solicitado. Pero esa decisión no fue unánime. Dos jueces, Wenceslao Olea y Fernando Román, afirmaron en un voto particular que sí había motivos para suspender la regularización, aunque se quedaron en minoría y las cautelares se rechazaron.

Los dos insistieron durante esas primeras deliberaciones que existía un riesgo de que la regularización chocara con la normativa europea de migración, pero se encontraron con un muro cuando sus compañeros les recordaron que ningún recurso de los que estudiaban había planteado esa posibilidad. Una situación que cambió cuando llegaron a la mesa de los jueces los recursos de Aragón y la Comunidad Valenciana. En esas vistas, los abogados de estas comunidades gobernadas por el PP sí plantearon la posibilidad de llevar el caso hasta el TJUE, aunque no fueron capaces de desarrollar su petición ante la sala. Una puerta abierta a las dos providencias con las que el Tribunal Supremo avanza ese posible choque y pide su opinión a las partes.

Estas providencias solo reflejan tres firmas del total de siete magistrados que llevan el caso en esa sección. Dos de ellas son de Wenceslao Olea y Fernando Román, los que hace unas semanas apostaron ya por elevar el caso a Europa y paralizar la regularización de forma urgente. El primero fue vocal del anterior mandato del Consejo General del Poder Judicial y formó parte del bloque que, entre otras maniobras, frenó la renovación parcial del Tribunal Constitucional. El segundo fue secretario de Estado de Justicia en la primera legislatura de Mariano Rajoy, a la diestra de Alberto Ruiz Gallardón. La tercera firma es de Carlos Lesmes, expresidente conservador del CGPJ y que hace semanas se opuso a las cautelares. La amistad de Lesmes y Román fue reconocida por el primero cuando se apartó de las votaciones para hacer magistrado del Supremo al segundo en 2018.

Las dos providencias plantean la posibilidad de que la reforma de la Ley española choque con varios puntos de la normativa europea, desde directivas y reglamentos hasta los Acuerdos de Schengen de 1994. Hablan de una “regularización masiva” que podría infringir el principio de cooperación leal con la Unión Europea e incluso citan normas que no han sido traspuestas al ordenamiento jurídico español o un reglamento que no era aplicable cuando se puso en marcha la regularización.

Fuentes del Supremo muestran su extrañeza por la ausencia de nombres del resto de integrantes de la sección de lo contencioso que lleva estos recursos, pero también explican que a veces se elige este formato aunque la providencia sí refleje el criterio de todos los magistrados. También destacan que preguntar a las partes no equivale a que el criterio mayoritario sea enviar el caso a Europa y, sobre todo, señalan que una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión, en caso de que se termine llevando el asunto hasta Luxemburgo, no implica la suspensión de la regularización.

Esa medida, de hecho, estaría alejada del criterio mostrado por los propios jueces que tienen que tomar la decisión. Cinco de los siete jueces ya dijeron hace varias semanas que no había razones para frenar la regularización o sus efectos. No había pruebas del colapso de los servicios públicos que vaticinó la Comunidad de Madrid, pero sí existía un peligro de afectar tanto a los intereses públicos como a los derechos de los migrantes si se estimaban esas cautelares. Distintas fuentes apuntan a la dificultad de cambiar ese criterio por el hecho de que se eleve, a petición de Aragón o la Comunidad Valenciana, una cuestión prejudicial.

No se paraliza automáticamente

Elevar una cuestión al TJUE no implica la paralización automática ni del proceso judicial concreto ni tampoco de la normativa que se ha recurrido. Existen varios antecedentes de la sala tercera del Supremo que apuntan en esa dirección: cuando se cuestionó el canon de aguas continentales en 2017 o ya en 2022 cuando se preguntó a Europa por la normativa española de VTC. Esos recursos concretos quedaron paralizados pero las normativas llevadas a Luxemburgo siguieron en funcionamiento hasta que hubo un pronunciamiento europeo. El debate, en cualquier caso, tendrá que ser abordado por el Supremo en los próximos días.

La Generalitat Valenciana informó este martes de que ha reiterado su petición de suspensión cautelar y de llevar el debate hasta el TJUE. En Aragón todavía se valoran las alegaciones que se presentarán en los próximos días. Los propios jueces Olea y Román plantearon esta posibilidad pero reconociendo que si una norma española choca con una europea “los principios que informan dicho ordenamiento aconsejan especialmente la adopción de la medida cautelar”, sin aludir a una suspensión automática.

El Gobierno ha insistido en lanzar un mensaje de tranquilidad a los solicitantes de la regularización al reiterar su confianza en el texto de la normativa que la regula. “La norma se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario”, han afirmado este martes fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ya desde la aprobación del real decreto, con el objetivo de explicar las razones del endurecimiento parcial del texto definitivo en comparación con los borradores anteriores, el Ejecutivo incidía en una necesidad que marcó todo el proceso: no dejar cabos sueltos que pudieran generar una grieta jurídica, conscientes de la intención de PP y Vox de llevar la iniciativa a los tribunales. 

Con esa finalidad, el real decreto recogió todas las “recomendaciones esenciales” del Consejo de Estado. “Este es un texto sólido, riguroso, que ha pasado todos los trámites preceptivos con el aval del Consejo de Estado. Afrontamos con total tranquilidad este procedimiento. Era muy importante que este texto estuviera muy armado jurídicamente”, respondió la ministra Elma Saiz para explicar algunos de los cambios realizados a última hora, como la incorporación de un informe para probar la situación de vulnerabilidad de los solicitantes. 

El Gobierno trabaja en varios escenarios

Pese a su confianza en su norma, el Gobierno reconoce que trabaja en varios escenarios de cara a los posibles avances del procedimiento abierto en el Tribunal Supremo contra la medida. Una de las distintas coyunturas analizadas es la posibilidad de que los magistrados, una vez reciban las alegaciones de las partes, puedan llegar a decidir elevar la cuestión prejudicial al TJUE y, en paralelo, estimar la paralización temporal del procedimiento mientras la Justicia comunitaria estudia el fondo del asunto. Para el Ejecutivo, la concesión de las medidas cautelares para suspender el estudio de las solicitudes de regularización sería contradictoria en comparación con la contundencia con la que los magistrados rechazaron aplicar esta misma medida en mayo.

No obstante, el Ejecutivo reconoce que la mera posibilidad de que el procedimiento pudiese llegar a ser suspendido temporalmente -sin revocar las peticiones admitidas- les empuja a correr. Según afirman varias fuentes gubernamentales, su intención es agilizar el estudio de las solicitudes para que, en el hipotético caso de que la Justicia estimase las cautelares, ya hubiese sido respondida la admisión de trámite del más de un millón de peticiones, con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica. La mera admisión a trámite de las peticiones que cumplan los requisitos incluye un permiso provisional de residencia y trabajo, lo que en la práctica supone el reconocimiento efectivo de un derecho que, según defiende el Gobierno, no podrá ser revocado retroactivamente en una decisión cautelar. 

No obstante, al menos hasta ahora, el ritmo de la tramitación de las solicitudes no ha cumplido con los tiempos previstos inicialmente. Migraciones se comprometió a dar una respuesta sobre la admisión a trámite en un máximo de 15 días, pero ese plazo se ha visto rebasado con creces en la mayoría de casos, según los balances oficiales anunciados hasta el momento y los testimonio de decenas de solicitantes, abogados y ONG recogidos por elDiario.es. Por ejemplo, muchas de las personas que han presentado su expediente en mayo, a las que está dando seguimiento este medio, aún no han recibido una respuesta. 

“No hay riesgo de paralización inmediata”

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), una de las organizaciones personadas en la causa que estudió los recursos de la Comunidad de Madrid y Vox, se une al mensaje tranquilizador del Gobierno. “No hay riesgo de paralización inmediata porque, en primer lugar, las medidas cautelares ya están resueltas. Lo que ahora mismo está tramitándose es la opinión de los actores sobre esa petición que hace uno de los demandantes de preguntar al TJUE en una cuestión prejudicial, pero tendrá que decidir y tramitar el Supremo, lo que llevará un tiempo”, explica Mauricio Valiente, director general de la ONG. 

Valiente defiende que la norma de la regularización no contraviene el derecho comunitario. Pero, como abogado, considera que “en base a derecho” podría haber margen a la interpretación y no ve imposible una hipotética paralización temporal del procedimiento por parte del Supremo en caso de decidir elevar la cuestión prejudicial al TJUE. “En la práctica, conllevaría que no se continuarían resolviendo expedientes. Quienes ya tuviesen resuelta la admisión a trámite, verían prorrogada su autorización provisional durante el tiempo en que el Tribunal europeo lo estudie y, en su caso, el Supremo”, detalla el director de CEAR. 

La clave, de nuevo, son los plazos. El tiempo que tardará la Justicia en tomar, si lo hace, una decisión. Y el tiempo empleado por la Administración en responder las peticiones. “Primero están los plazos de contestación a la providencia, que son cinco días. Luego, la valoración de las cautelares por parte del Supremo es compleja y puede requerir su tiempo: tendrían que dar traslado otra vez y, finalmente, la decisión de la nueva cautelar”, añade. 

Diego Boza, abogado especializado Derecho Internacional Público y Extranjería, tampoco ve probable la posibilidad de una suspensión del procedimiento de extranjería. “Me ha sorprendido bastante. Los argumentos para de la providencia del Supremo son bastante pobres”, opina el letrado, que destaca el argumento centrado en que la regularización de estas personas permite que puedan viajar a la UE y, por ello, el Gobierno debería haberlo avisado. “Como si cualquier concesión de residencia tendrían que comunicarlo al resto”, cuestiona. 

El razonamiento que ve más elaborado tiene que ver con los solicitantes de asilo. “Hace referencia a una sentencia que apunta a que el tiempo de estancia de los solicitantes de asilo no puede generar derecho de residencia. Muchos abogados no estamos de acuerdo con esa interpretación, pero se trata de una interpretación que incluso ha utilizado el Gobierno para justificar los cambios normativos que afectaron a este colectivo y, ahora, se le podría venir encima”, indica el letrado. “En todo caso, son argumentos muy vagos. Está todo muy pillado por los dedos. Veo muy difícil que salga adelante esta cuestión prejudicial”, concluye Boza.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido durante un cuarto de hora ante la jueza que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por señalar a dos periodistas. En su comparecencia, según fuentes del caso, el comisionista ha reconocido que él hizo llegar la foto de los reporteros de El País al jefe de gabinete de su pareja, aunque ha justificado que a él a su vez se la pasó un vecino. Según su versión, le hizo llegar la foto a Rodríguez porque es su amigo y porque es el encargado de la “seguridad” y la comunicación de Isabel Díaz Ayuso.

El empresario fue llamado a declarar por la magistrada que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, acusado de difundir a los medios de comunicación la foto y la identidad de dos periodistas de El País que en marzo de 2024 acudieron a las inmediaciones del domicilio de la presidenta madrileña. Los dos se encontraban investigando el caso de fraude fiscal de González Amador y la compra de ese piso y Rodríguez difundió la información falsa de que estaban acosando a vecinos del edificio para obtener información.

González Amador ha explicado que ni él ni Ayuso estaban en casa en ese momento y que la foto de los periodistas se la envió un vecino de la quinta planta a quien no ha identificado. El empresario ha reconocido ante la jueza que no conserva su conversación de WhatsApp con Rodríguez, alegando que lo borró todo tras sufrir un hackeo. Sí conserva, sin embargo, las conversaciones de esos días con sus vecinos, también en un grupo de esta aplicación donde se comentó la presencia de los periodistas en las inmediaciones de la casa.

El empresario ha confirmado en algunos puntos la declaración que hizo hace unas semanas el propio jefe de gabinete de Ayuso. Que él fue quien remitió a Rodríguez la foto de los periodistas. Ha rechazado, sin embargo, que fuera él quien le hiciera llegar una tarjeta de visita de esos dos reporteros, tal y como también dijo el jefe de gabinete de Ayuso. Tampoco es cierto que Miguel Ángel Rodríguez, tal y como ha afirmado hoy ante la magistrada, sea el responsable de la seguridad de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El caso ahora se encuentra a la espera de que la magistrada instructora decida si pone nuevas diligencias en marcha, algunas ya aceptadas y otras planteadas por la acusación que ejerce el PSOE. Una parte del caso se centra en dilucidar si Miguel Ángel Rodríguez difundió información que le llegó a través de los policías que ejercen la escolta de la presidenta madrileña. La jueza debe anunciar si cita a los agentes como testigos o como investigados y si llama a declarar a más policías tal y como han solicitado las acusaciones.

La difusión de la foto y los datos de los dos reporteros de El País acabaron publicados por diversos medios de comunicación junto con las afirmaciones falsas aportadas por Miguel Ángel Rodríguez. Fue en un momento en que la Comunidad de Madrid, tras las primeras exclusivas de elDiario.es sobre el caso, se lanzó a desacreditar tanto a Hacienda como a la Fiscalía y también a los medios de comunicación que informaban sobre el caso. Al bulo y el señalamiento contra los periodistas de El País se sumó a más bulos difundidos sobre elDiario.es y las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a una periodista de este medio: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”.

El Tribunal Supremo ha acordado preguntar tanto al Gobierno como a varias comunidades autónomas gobernadas por el PP y a distintas asociaciones si es procedente elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que valore si la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo socialista colisiona con las directivas europeas.

En dos providencias que responden a recursos de Aragón y Comunidad Valenciana sobre determinados aspectos del Real Decreto 316/2026,  la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal da cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer acerca de la procedencia de que el TJUE interprete si puede haber conflicto con el Derecho de la Unión Europea. Y da este paso antes de resolver sobre las cautelares que ambas comunidades solicitaban en sendos recursos. La Comunitat Valenciana ya ha respondido para confirmar que está a favor de elevar la cuestión prejudicial y solicita que suspenda la norma ya, en lugar de esperar a la resolución del TJUE.

A finales de mayo, esa misma Sala del Supremo rechazó la petición cautelar de la Comunidad de Madrid de suspender la regularización. Entendían los magistrados que no existen pruebas de que los servicios públicos de Madrid pudieran colapsar por la regularización extraordinaria de migrantes. Acordaba así no aceptar las medidas urgentes de paralizar el proceso ya que no había peligro de que la sanidad, la educación o la vivienda pública fueran a entrar en crisis por tener que atender a cientos de miles de personas más. “No puede afirmarse, en este momento, que haya quedado acreditado”, decía el Supremo sobre el principal argumento de la Comunidad de Madrid.

Además, recalcaba ya entonces que la regularización será reversible si es declarada nula en los tribunales. Una respuesta similar recibieron las alegaciones presentadas por Vox pero añadiendo una frase final sobre las consecuencias que tendría para todas esas personas suspender el proceso: “Con todo lo que ello entraña, humana, social y económicamente”.

La decisión de este martes de valorar si se eleva el asunto al TJUE la adopta una sección conformada por sólo tres magistrados: Carlos Lesmes, Wenceslao Olea y Fernando Román. Se da la circunstancia de que todos son del ala conservadora y que el último, Román, fue secretario de Estado de Justicia de 2011 a 2014 siendo ministro el 'popular' Alberto Ruiz Gallardón.

En cambio, la resolución previa del Supremo de no aceptar la paralización cautelar que solicitaba, entre otros, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fue adoptada por esa misma sección pero conformada por hasta siete magistrados. Ya entonces, Román y Olea emitieron un voto particular en el que señalaban la conveniencia de que se elevara una cuestión prejudicial, para lo que se debía suspender, de facto, la regularización extraordinaria. Pero fueron minoría y no tuvieron el apoyo de Lesmes en esa ocasión. Fuentes del Supremo consultadas por elDiario.es indican que, ahora, solo han participado tres porque sólo se trataba de una providencia y no de una resolución.

El Pacto de Migración y Asilo

En la providencia que ha trascendido este martes, la Sala explica que la Unión Europea (UE) aprobó el Pacto de Migración y Asilo (PMAUE) entre abril y mayo de 2024 y que el mismo cristalizó en una serie de normas comprendidas en el Reglamento de la UE que están vigentes pero no son aún aplicables. Frente a esa norma europea, indica, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó “un proceso de regularización que, por su propia naturaleza, constituye un supuesto de regulación normativa de la obtención de permisos de residencia para extranjeros en situación irregular en España”. Advierte de que esa norma española no es un reconocimiento individualizado sino un régimen general “para todos aquellos ciudadanos de terceros países que se encontrasen en España en situación irregular”. Para el Alto Tribunal, esto suscita la duda de si habría que preguntar a la UE sobre si colisiona con la norma europea.

De esta manera, la primera cuestión prejudicial que proponen los magistrados es si, conforme al Derecho de la Unión, “la entrada en vigor de una norma comunitaria -en este caso el Reglamento de la UE 1348-, aun cuando no fuera aplicable hasta una fecha posterior, habilita a los estados a poder aprobar normas -no tramitar procedimiento para actos individualizados- que puedan ir en contra de las previsiones de la mencionada norma de la Unión”.

Los tres magistrados añaden otra duda: El real decreto español dispone con carácter general la autorización de una residencia temporal por arraigo con la sola condición básica de que el interesado hubiera presentado formalmente una solicitud de protección internacional antes del día 1 de enero de 2026. Y suma que es aplicable esa autorización de residencia aunque se hubiese denegado dicha protección internacional y “la persona solicitante se encuentre afectada por un procedimiento de devolución o expulsión”.

La providencia añade que la consecuencia de esto es que ese otorgamiento de la residencia “supondrá el archivo del procedimiento de expulsión o devolución y, en su caso, la revocación de la orden” incluso aunque dicha orden de expulsión o devolución hubiese sido confirmada en sentencia judicial. Por contra, explican, el reglamento europeo “no autoriza” el reconocimiento de la residencia temporal mientras se tramita un procedimiento para decidir si a una persona se le da protección internacional.

Por otro lado, recuerdan que la directiva europea relativa al retorno de nacionales de terceros países en situación irregular está en vigor aún y establece que los estados miembros de la UE “dictarán una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio” mediante la concesión de un plazo de salida voluntaria que, en caso de incumplimiento, comportará la expulsión. Y lamentan que, si bien los estados miembro estaban obligados a aplicar esa directiva desde 2011, España no la ha traspuesto -no ha acoplado nuestra normativa interna a la directiva europea-.

Por esto, los magistrados proponen otra cuestión prejudicial al respecto: si es admisible que quienes estén en situación irregular en España “no se sometan a una orden de retorno sino que se les reconozca el derecho a la residencia temporal con carácter general y por el mero hecho de la estancia irregular” en el país, y todo “pese a la vigencia de la directiva de retorno y su no trasposición por el Estado español”.

Además, los magistrados recuerdan que la UE se ha dado unas normas para el reparto solidario y equitativo entre estados de personas asiladas, el Sistema Europeo Común de Asilo. Este mecanismo disponía, dicen, que se debía dar un intercambio mutuo de información sobre medidas nacionales en los ámbitos del asilo e inmigración que pudieran tener un impacto significativo en varios estados miembros. Así las cosas, consideran que la regularización extraordinaria también puede chocar con esta norma europea porque puede tener “efectos potenciales sobre un número indeterminado de personas, comprendido aproximadamente entre 900.000 y 1.650.000, sin que conste notificación previa a la Comisión Europea ni coordinación con los demás Estados miembros”.

Por otro lado, si bien recuerdan que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) no ataca las regularizaciones masivas, que dependen de la decisión particular de cada país, los magistrados sí consideran que se podría preguntar al TJUE si tras la implementación del Pacto sobre Migración y Asilo “un Estado puede establecer, sin condicionamiento alguno que no sea la mera decisión política, una regularización masiva de ciudadanos extranjeros en situación irregular”.

Y por último, los tres jueces de lo Contencioso del Supremo consideran que también debe estudiarse por parte del TJUE si España puede llevar a cabo esta regulación sin haberse coordinado previamente con el resto de países europeos, y todo porque una vez que un individuo logre la primera autorización de residencia temporal de un año “adquiere el derecho a circular libremente por el espacio Schengen durante noventa días en períodos de ciento ochenta”.

Mägo de Oz puede presumir de ser el grupo que abrió de par en par las puertas del heavy metal español a las audiencias masivas y el gran público. La banda madrileña que mezcla violines y guitarras lleva casi cuatro décadas sobre los escenarios, aunque con una formación muy distinta con la que arrancó su historia. Varias sentencias judiciales revelan cómo los fundadores y actuales líderes del grupo, el batería Txus y el violinista Moha, han sido condenados a pagar 33.000 euros a los antiguos guitarristas de la banda, Carlitos y Frank, tal y como habían pactado tras su salida del grupo. Los documentos de la demanda muestran el cruce de acusaciones entre antiguos compañeros y cómo los propios líderes de la banda descartan que la formación original vuelva a reunirse.

Contactados por elDiario.es, ni Frank ni Carlitos han querido hacer comentarios sobre la sentencia o la separación del grupo. Los actuales miembros de la banda tampoco han contestado al correo enviado por este periódico antes de la publicación del reportaje.

Jesús María Hernández (Txus) y Carlos Prieto (Moha) fundaron el grupo Mägo de Oz en mayo de 1989 en el barrio madrileño de Begoña. Amigos desde la adolescencia, los primeros ensayos en un local de una asociación vecinal de Fuencarral dieron paso a un primer disco homónimo publicado en 1994. Un lanzamiento en el que Juan Carlos Marín (Carlitos) ya participó como guitarrista tras estrenarse dos años antes en un concierto en Sevilla. Francisco Javier Gómez de la Serna (Frank) se incorporó a la segunda guitarra antes del segundo disco de la banda, Jesús de Chamberí, publicado en 1996 ya con José Andrëa como vocalista.

Después de su discreto debut más pegado al rock y al blues, el segundo álbum del grupo dio paso a La Leyenda de la Mancha, Finisterra o las tres entregas de Gaia. Más de tres millones de discos vendidos tanto en España como en América, números inalcanzables para los pioneros del heavy metal español como Barón Rojo, Ángeles del Infierno, Panzer, Sangre Azul o Santa, además de una presencia inédita para el género en los medios de masas y emisoras comerciales. Los años dieron paso a las grietas y José Andrëa, la voz más reconocible de los años dorados del grupo, abandonó la banda en 2011. Los guitarristas Carlitos y Frank anunciaron su salida ya en febrero de 2020, formando el grupo Runa Llena.

Los documentos judiciales a los que ha accedido elDiario.es revelan que en ese mismo momento empezó una batalla judicial entre los fundadores del grupo que se mantenían al frente de Mägo de Oz, Txus y Moha, y los guitarristas que habían abandonado la formación. Su salida de la banda se había sellado con la firma de un contrato en la que ambas partes adquirían una serie de compromisos. Los guitarristas dejaban el grupo, renunciaban a sus derechos sobre la marca, se desprendían de su parte de la empresa 'Mago de Oz Espectáculos SL' y, a cambio, recibían una remuneración. Un total de 53.000 euros por cabeza para cada uno en varios pagos a lo largo de 2020.

Frank y Carlitos decidieron ir a los tribunales un año después para reclamar los 33.000 euros que sus antiguos compañeros les habían dejado sin pagar. Txus y Moha contestaron con una reconvención de la demanda en la que acusaban a los guitarristas de haber incumplido su parte del contrato: no habían ido al notario a renunciar a su parte de la empresa y, además, habían creado una nueva llamada 'Los Magos Entertainment'. Por encima de todo, añadían el batería y el violinista en sus alegaciones, ese año 2020 fue el año de la pandemia en que tuvieron que suspender una gira mundial y eso impidió cumplir con los compromisos económicos del contrato.

Primero un juzgado y ahora la Audiencia Provincial de Madrid han dado la razón a Frank y Carlitos frente a los dos fundadores del grupo y han reconocido su derecho a cobrar esos 33.000 euros cada uno además de los intereses que se han generado en los últimos seis años. Ambas sentencias, que han sido recurridas en casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo a la espera de la admisión a trámite, entienden que el contrato que firmaron en 2020 está plenamente vigente y que los efectos de la pandemia, tantos años después, no impiden que los líderes de Mägo de Oz paguen lo adeudado a sus antiguos compañeros.

“A nadie le interesa la reunificación del grupo”

El grupo Mägo de Oz está de gira después de sacar su último disco, Malicia, la noche de las brujas (2025, Warner Music), con el cantante Rafa Blas al micrófono y con Txus y Moha como únicos miembros originales del grupo, aunque algunos como el bajista Fernando Mainer llevan más de una década en la banda. Una de sus últimas polémicas tuvo lugar el verano pasado cuando uno de sus actuales guitarristas, Víctor de Andrés, insultó al presidente del Gobierno y después bromeó con la prostitución a cuenta del caso Koldo: “Dejad de robarnos, sobre todo la cocaína y las putas”. El Concello de Vilagarcía canceló su participación en las fiestas de San Roque y llamó, en su lugar, a los Toreros Muertos de Pablo Carbonell.

La relación de Mägo de Oz con algunos de sus antiguos miembros, al menos a nivel público, siempre ha sido conflictiva. Varios de ellos, como por ejemplo el cantante del primer disco Juanma Lobón, se agruparon hace una década bajo el proyecto Amigoz, capitaneado por el primer bajista del grupo, Salva García. En la actualidad, bajo el nombre de Kabrönes, antiguos miembros de la banda dan conciertos repasando los grandes éxitos de la primera etapa del grupo: José Andrëa, los guitarristas Frank y Carlitos y el bajista Salva, entre otros.

Las sentencias que ha podido examinar elDiario.es revelan que los propios Txus y Moha esgrimieron como argumento a su favor que no había ninguna intención de reunificar la formación original de la banda. “Es muy claro que a ninguna de las partes le interesa, casi cuatro años después de la ruptura, la reunificación del grupo musical ”Mägo de Oz“ en su formación anterior, dado el deterioro en lo personal y en lo artístico”.

Los jueces que han estudiado el pleito entienden que nada impide a los actuales miembros de Mägo de Oz pagar esos 33.000 euros a sus dos antiguos guitarristas. En primer lugar, dicen las sentencias, porque no incurrieron en ningún incumplimiento grave al poner en marcha una nueva empresa llamada “Los Magos Entertainment” o por no ir al notario a certificar su renuncia a la empresa anterior. Esas alegaciones “no tienen la relevancia o gravedad suficiente para impedirles exigir el pago”.

Tampoco prosperan las alegaciones sobre cómo la pandemia de 2020 provocó la suspensión de las giras musicales y eso impidió al grupo pagar a sus antiguos integrantes. Los jueces repasan las cuentas de la empresa que también es obligada al pago: números rojos el año de la pandemia pero vuelta a los beneficios en 2021. Mägo de Oz recibió, incluso, una “ayuda” de más de 155.000 euros en ese periodo de tiempo y se ofrecieron a hacer algunos pagos a sus antiguos guitarristas. La pandemia, dicen los jueces, fue algo “imprevisible e inevitable” pero sí pudieron afrontar el pago un año después: el grupo volvió a los escenarios con una importante gira por España y América.

El caso está ahora en manos de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Txus, Moha y la empresa que sustenta la banda ha llevado el caso en casación y ahora están pendientes de si el alto tribunal admite o no a trámite su reclamación y acepta estudiar el fondo del asunto.

El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, volverá este martes a testificar ante un juez. En este caso el comisionista sanitario lo hará para explicar si fue él quien mandó a Miguel Ángel Rodríguez la fotografía de dos periodistas de El País que habían acudido a las inmediaciones de su domicilio para investigar su caso de fraude fiscal y la compra del piso que comparte con la presidenta madrileña. El juzgado investiga al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso por difundir su imagen y sus identidades entre medios de comunicación que, junto con varios agitadores ultras, acabaron divulgando esos datos.

Los hechos por los que tiene que declarar el comisionista sanitario se remontan a marzo de 2024. elDiario.es había desvelado que la Fiscalía acusaba a González Amador de defraudar más de 350.000 euros usando un entramado de facturas falsas. También poco después de que este periódico revelara que la presidenta madrileña y su pareja vivían en un piso comprado por el empresario tras perpetrar el fraude fiscal denunciado por la Fiscalía.

En esas primeras semanas la estrategia de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su entorno fue salir a defender al empresario, cuestionar tanto a Hacienda como a la Fiscalía y atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso. Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso, asumió la defensa de González Amador, tanto de forma institucional como en su papel de enlace con los medios de comunicación, y entre otras acciones amenazó por escrito a una periodista de elDiario.es con el cierre del periódico. “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Ayuso redujo estas amenazas a conversaciones con “gente de confianza”.

El jefe de gabinete de la presidenta desarrolló también la estrategia de usar su contacto preferente con decenas de medios de comunicación que siguen la actualidad institucional de Ayuso para atacar a los medios que investigaban el caso. Fue pocos días después de esas amenazas cuando difundió el bulo de que unos periodistas de elDiario.es habían intentado asaltar violentamente su domicilio. También cuando distribuyó entre los medios la foto de dos reporteros de El País que habían acudido a las inmediaciones del inmueble bajo la acusación falsa de haber acosado a los vecinos de la presidenta, incluso a menores de edad.

La información falsa fue publicada en varios medios de comunicación —algunos de los cuales han borrado ese contenido en estos dos años— y algunos agitadores de extrema derecha usaron las fotos que Miguel Ángel Rodríguez puso en circulación para señalar a los dos informadores de El País. Los juzgados, tras una denuncia del PSOE y de los propios periodistas del grupo Prisa, rechazaron en un primer momento abrir una investigación penal por revelación de secretos, pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la puesta en marcha de diligencias penales contra el jefe de gabinete de la presidenta madrileña.

“La Policía no me pasó nada”

Miguel Ángel Rodríguez compareció finalmente como imputado en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid el pasado mes de mayo. Ante los medios, a las puertas de su declaración, dijo que las fotos de los periodistas le habían sido remitidas por “un vecino enfadado” de Ayuso y su pareja. Una vez sentado ante la jueza, el jefe de gabinete reconoció que no fue un “vecino” sino el propio Alberto González Amador el que le remitió la imagen de los dos periodistas que posteriormente difundió acompañada de un bulo para su publicación. Ahora será el comisionista el que explique, como testigo y obligado a decir la verdad, si fue él quien sacó y envió esas fotos al jefe de gabinete de su pareja.

En esa comparecencia pública ante los medios tras declarar en el juzgado Rodríguez reconoció que su primera versión no era cierta y que su fuente era González Amador: “Me he expresado mal”. También añadió que no conservaba los mensajes con los que difundió el bulo y la imagen de los periodistas. E hizo una última precisión: “Lo más importante es que la Policía no me pasó nada. La Policía no entra en casa de los vecinos para hacer fotos”.

Los dos reporteros de El País habían sido previamente identificados por los escoltas de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el juzgado también quiere saber si Miguel Ángel Rodríguez pudo obtener esos datos de los agentes, y no solo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La magistrada que investigó el caso citó a declarar a los dos policías para averiguar si Rodríguez había usado su contacto con los escoltas para obtener datos de los periodistas y difundirlos, aunque suspendió su comparecencia para decidir si debían ser llamados como testigos o como imputados.

El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 13,5 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a la multinacional española Indra por formar parte de un cártel empresarial que dominó las licitaciones de contratos públicos de informática y tratamiento de datos entre 2005 y 2015. La investigación desveló correos internos de Indra donde se jactaban del poder que ejercían sobre la Administración: “Hemos elaborado los perfiles junto con el cliente y en el pliego han puesto exactamente los modelos que nosotros les enviamos”. Hacienda y la Seguridad Social fueron algunos de los organismos señalados en ese momento por la investigación de Competencia.

La CNMC firmó esta sanción contra Indra y otras 10 empresas –entre ellas SAG, Atos, IBM o Accenture– en 2018. Todas estaban acusadas de tener “contactos” en las Administraciones Públicas y saber con antelación que iban a salir licitaciones públicas para poder repartir esos contratos siempre entre las mismas empresas del sector. Desde el desarrollo de aplicaciones en la AEAT hasta servicios “de carácter informático” en la Seguridad Social pasando por la administración electrónica del SEPE y el Instituto Cervantes. Solo Indra, destaca el Supremo, participó de forma ilegal en contratos que sumaron más de 324 millones de euros.

Soplos de información privilegiada y acuerdos privados entre las empresas del cártel que, según dijo la CNMC y confirma ahora el Tribunal Supremo, no solo se tradujo en un reparto de contratos públicos sino en su encarecimiento. El caso no se conoció hasta octubre de 2017, cuando el entramado llevaba más de una década en funcionamiento. La CNMC recibió una denuncia anónima que destapó los vínculos entre personas que trabajaban en estas empresas y otras que formaban parte de los organismos públicos que adjudicaban los contratos.

La multa impuesta a Indra que ahora confirma la sala tercera del Tribunal Supremo es la más alta de todo ese expediente: 13,5 millones de euros. Los jueces rechazan la que ha sido la principal queja de Indra desde que arrancó el procedimiento y pudo presentar su primer recurso, también fallido, ante la Audiencia Nacional: que hubo Administraciones Públicas involucradas y eso hace imposible sancionar a la empresa adjudicataria. “Las Administraciones contratantes no son una de las empresas del cártel, y su papel queda fuera de esa comparación”, contesta el Supremo.

“Esa facilitación afectaría a la responsabilidad de las propias Administraciones, no al liderazgo que la recurrente ejerció sobre las demás empresas”, dicen los magistrados sobre el papel que Indra jugó en el cártel ahora sentenciado en firme. En total se impusieron multas que sumaron 29,9 millones de euros. Y el Supremo considera justificado que a Indra se le impusiera la condena más alta: “Su conducta afectó a cuatro Administraciones, intervino en diecinueve licitaciones, le fueron adjudicados veinticinco lotes y el importe de los adjudicados a las uniones temporales en que participó ascendió a 324.736.332 euros. Su liderazgo se apreció, así, en comparación con las demás empresas sancionadas”.

La exconcejala del PP que denunció al alcalde de Móstoles por acoso sexual y laboral ha ratificado este lunes ante la jueza sus acusaciones. Según fuentes del caso, la mujer ha comparecido durante unas tres horas en el juzgado de la localidad que investiga a Manuel Bautista. Ha respondido a las preguntas que le han formulado la magistrada, el fiscal y el abogado de la defensa del alcalde.

Ante la jueza, la exedil ha repetido las acusaciones contra el regidor que figuran en la querella que presentó el pasado febrero, en la que le atribuyó delitos de acoso sexual, acoso laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. 

La exconcejala de Móstoles denunció internamente un supuesto caso de acoso sexual que, por su negativa a acceder a las peticiones de Bautista, se convirtió en acoso laboral. Lo hizo ante el PP de Madrid, con cuyos principales dirigentes se reunió al menos en tres ocasiones, siempre con la excepción de Ayuso, quien no encontró un hueco en su agenda durante meses para recibirla personalmente. 

Ayuso sí recibió al alcalde, apuesta personal suya, apenas cinco días después de tener por escrito la petición de ayuda de la víctima. Pero el PP de Madrid no activó los protocolos ni abrió ningún expediente. Tampoco su Comité de Derechos y Garantías. Las reuniones fueron con el secretario general autonómico, Alfonso Serrano, y la responsable de Organización, Ana Millán, números dos y tres del partido, respectivamente. La última de las entrevistas del PP de Madrid con la concejala se produce el 2 de octubre de 2024. En esa cita, Millán amenazó a la denunciante con llevarla a los tribunales.

20 días después, la concejala remitió su denuncia a la dirección nacional, al margen de la dirección madrileña y a través de la Vicesecretaría de Organización nacional que entonces dirigía Carmen Fúnez. El partido cerró la investigación sin entrevistarla personalmente. El instructor recabó información directa de ella por correo electrónico. Con Bautista, sin embargo, sí hablaron personalmente.

Un juzgado de la localidad de Arganda del Rey ha decidido aplazar la declaración como imputada este martes de la jefa de geriatría del hospital Gregorio Marañón después de ser señalada como la supuesta autora de los protocolos de no derivación aplicados en las residencias de Madrid durante la pandemia. Fue Carlos Mur, entonces alto cargo sanitario de Isabel Díaz Ayuso, quien afirmó ante la jueza que él se limitó a firmar los conocidos como 'protolos de la vergüenza' pero que habían sido “presentados inicialmente” por esta geriatra. La citación fue señalada en abril pero el juzgado ha decidido dejarla para más adelante para que la facultativa pueda conocer a fondo el procedimiento.

Este juzgado de la localidad madrileña de Arganda del Rey es uno de los múltiples juzgados de la Comunidad de Madrid que investigan las muertes concretas de ancianos en residencias durante la pandemia por la aplicación de los protocolos que, según denuncian las víctimas y familiares de fallecidos, impidieron la derivación a hospitales de ancianos que habían enfermado en residencias. Altos cargos como Carlos Mur comparecieron como testigos en varias causas pero varios juzgados han reabierto estas causas y han sido citados como imputados.

Mur, que entonces era director de Coordinación Sociosanitaria de Isabel Díaz Ayuso, ha señalado a varias personas en sus últimas declaraciones y la última fue esta geriatra, responsable del servicio en el hospital Gregorio Marañón. “Yo firmé el protocolo como aval técnico y validación para dar apoyo a los profesionales (...) era un protocolo que había sido presentado inicialmente por una geriatra experta”, dijo en una de sus comparecencias.

Ahora el juzgado de Arganda ha decidido tomar declaración a esta facultativa en calidad de investigada, aunque su comparecencia ha sido retrasada. Se suma a la lista de imputados junto con Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca. Los dos primeros responsables de coordinación sociosanitaria y el último responsable del servicio de urgencias médicas SUMMA 112. Antonio Burgueño, asesor de Ayuso en ese momento, también está imputado en una de la causas abiertas.

Desde Marea de Residencias, que impulsa varios de estos procedimientos en representación de familiares de ancianos fallecidos, anuncian que han ampliado sus acusaciones al delito de prevaricación en hasta 60 juzgados de toda la región, añadido a la denegación discriminatoria de la prestación sanitaria que ya investigaban diversos jueces.

Los “protocolos de la vergüeza”

Las familias de ancianos fallecidos en residencias de Madrid durante la pandemia impulsaron acciones judiciales penales ya en 2020 para solicitar una investigación penal sobre las 7.291 muertes que, denuncian, se produjeron por la negativa de la administración sanitaria madrileña a derivar a hospitales a ancianos que enfermaron mientras estaba ingresados en los geriátricos.

Las primeras causas abiertas en juzgados de toda la región también vieron declarar a Carlos Mur, aunque como testigo y no como imputado. Unas causas que, en su mayoría, terminaron archivadas. Tal y como reveló elDiario.es, uno de los juzgados llegó a cuestionar los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' pero rechazó que los altos cargos de la Comunidad de Madrid, incluso la propia Ayuso, tuviera que responder penalmente por ellos.

Los recursos y nuevas denuncias y querellas de los familiares, muchas impulsadas por Marea de Residencias, derivaron en la reapertura o el impulso de decenas de causas en juzgados de toda la región. Varios de ellos mantienen imputado a Mur y otros antiguos altos cargos de Ayuso durante la pandemia mientras analizan el origen y la aplicación de estos protocolos.

Uno de los últimos movimientos de los tribunales ha sido avalar una de estas investigaciones e, incluso, ampliar el número de delitos investigados. La Audiencia Provincial de Madrid, tribunal que supervisa estos procesos penales, avaló que los altos cargos pudieran ser acusados también de prevaricación.

La causa abierta en la Audiencia Nacional en la que permanece imputado José Luis Rodríguez Zapatero sigue ampliando el foco mientras el expresidente del Gobierno denuncia a golpe de escrito que está siendo objeto de una “causa general” en la que, además, se filtra su información privada. El juez José Luis Calama ha ampliado una investigación que arrancó en el rescate de Plus Ultra y ahora abarca las asesorías de Zapatero para Análisis Relevante, para empresas latinoamericanas e, incluso, las joyas que encontró la UDEF en una caja fuerte de su despacho en Ferraz. 

La Audiencia Nacional asumió en marzo las diligencias para analizar la ayuda pública de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra para combatir los devastadores efectos económicos de la pandemia. El origen del caso data de 2024, cuando la Fiscalía fue alertada por las autoridades de Francia y Suiza sobre la posibilidad de que el rescate hubiera sido utilizado para alimentar una trama de lavado de dinero de Venezuela. Y en marzo de este año se encontró con un nuevo impulso: los mensajes intervenidos en Estados Unidos al venezolano Rodolfo Reyes. 

Estas conversaciones fueron incautadas por las autoridades estadounidenses en 2021, cuando Reyes fue detenido momentáneamente en Miami, investigado por blanqueo en ese país. Pero no fueron aportados a la Audiencia Nacional española hasta este año 2026. Entre páginas y páginas de mensajes, algunos que aluden al “pana” Zapatero y que, según el juez Calama, permiten pensar que el expresidente del Gobierno usó su influencia en Moncloa para que la aerolínea fuera rescatada. 

El magistrado no ocultó sus sospechas durante el interrogatorio. Llegó a preguntar a Zapatero si en 2020 comió con Pedro Sánchez. Y el expresidente negó con vehemencia que hiciera alguna gestión relacionada con esos millones: “No intervine en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable”. Los empresarios ligados a la aerolínea, por su parte, están acusados de usar el dinero del rescate para blanquear.

Del rescate a las asesorías. Tanto el juez Calama como especialmente la UDEF consideran que los trabajos de Zapatero para la empresa Análisis Relevante, de su amigo Julio Martínez, no eran ninguna asesoría real, sino una forma de pagarle por ejercer su influencia política a su favor. Lo mismo sospecha con respecto a la empresa de las hijas del expresidente, Whathefav, razón por la que ha imputado a ambas, aunque por ahora no ha llamado a declarar a ninguna. 

En los últimos días la causa ha dado un nuevo salto. Un informe de la UDEF acusa a Zapatero de cobrar 200.000 euros de un conglomerado empresarial peruano a través de una empresa pantalla pero no por asesorías, como dice el contrato, sino por interceder ante el entonces presidente de Bolivia, Luis Arce, y otras autoridades para solucionar un pleito millonario que tenía la compañía en ese país. Las fuentes de esta acusación son los mensajes que su secretaria, Gertrudis Alcázar, cruzó con sus interlocutores. La defensa de Zapatero ha replicado que es un trabajo de consultoría “legal por completo” y se ha quejado de una investigación “prospectiva” contra toda su actividad profesional. Arce ha negado que el exdirigente le pidiera mediar y en la actualidad ese litigio todavía no se ha resuelto.

Todas estas ramificaciones del caso se unen a otro frente abierto contra Zapatero durante los registros de su despacho en la calle Ferraz: las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, encontradas en una caja fuerte. Cuatro pesquisas en una sola causa que ya han llevado a la defensa del expresidente socialista a pedir la nulidad de las actuaciones y denunciar una “causa general” contra él basada, además, en pruebas obtenidas de forma ilegal, según su abogado. 

Las quejas se empiezan a amontonar encima de la mesa del juez Calama y la principal tiene que ver con las más de mil páginas de conversaciones telefónicas intervenidas a Rodolfo Reyes en 2021 y que ahora, cinco años después, son clave para la imputación. Mensajes aportados por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) y que el expresidente quiere impugnar. La Audiencia Nacional, como es habitual cuando se produce una colaboración internacional, tendrá que pedir a Estados Unidos la certificación de que la cadena de custodia se ha cumplido y de que los mensajes se han obtenido, guardado y aportado de forma legal. 

El último escrito de la defensa del expresidente del Gobierno apunta en esa dirección. Lo que abrió y expande cada semana el juez Calama, afirma su defensa, es una “causa general” contra él y reclama que se limite a investigar su relación con el rescate de Plus Ultra y sus trabajos con Análisis Relevante. Requisar y usar de forma indiscriminada la información que la UDEF sacó de sus agendas, añade, va mucho más allá del objeto de la causa y vulnera sus derechos fundamentales. 

Un “atropello” a la intimidad de Zapatero

La Policía incautó en el registro del despacho de Zapatero una enorme cantidad de información procedente de agendas en papel, carpetas, pendrives y discos duros, a la que se sumó el clonado del móvil de su secretaria desde hace más de dos décadas, Gertrudis Alcázar. Esa información nutrió los documentos policiales, pero además se incorporó en su totalidad al anexo al informe de la UDEF y acabó en manos de las 15 defensas y las 10 acusaciones populares que están personadas en el procedimiento. 

El expresidente y Alcázar vieron cómo en la sobremesa del miércoles sus chats privados acababan convertidos en titulares en los medios pese a que no estaban vinculados con la investigación judicial. La defensa de Zapatero lo ha calificado de “atropello” a su intimidad y presentó un escrito ante Calama en el que afirmaba que “no se trata de datos irrelevantes, o minucias y curiosidades sin mayor importancia”: “Se trata obviamente de datos que dibujan un retrato de las ocupaciones y de las actividades de una persona que no ha perdido ni un ápice de sus derechos”, argumentó su abogado en el documento fechado este jueves. 

El juez Calama —que fue quien puso la documentación a disposición de las partes— reaccionó al revuelo con el anuncio del pasado jueves de que deduciría testimonio para que un juzgado de Madrid “investigue las filtraciones e identifique a sus responsables”. La ley prevé un trámite de “expurgo” —es decir, separar qué es relevante para una investigación de lo que son cuestiones privadas o no relevantes— en el caso de las escuchas telefónicas, pero hay un vacío legal con respecto al clonado de dispositivos como móviles. De esta forma, la responsabilidad de llevar a cabo ese cribado entre el material incautado acaba recayendo sobre el juzgado, según explican juristas a elDiario.es, y depende de la decisión que tome cada magistrado.

Cuenta atrás para responder sobre las joyas

Desde que el pasado 19 de mayo los agentes de la UDEF recorrieran los diferentes despachos de la oficina del expresidente socialista en la calle Ferraz han pasado más de cinco semanas. En este tiempo, Zapatero no ha dado una explicación oficial para una de las incautaciones que se hizo ese día: las joyas valoradas en más de un millón de euros que estaban en una caja fuerte que procedía, en realidad, de la vivienda del matrimonio. Ese hallazgo dio pie a la primera de las ramificaciones de este caso: una pieza separada por delitos contra la Hacienda Pública y contrabando.

Zapatero entra a partir de este lunes en una cuenta atrás que él mismo se autoimpuso en su declaración como investigado ante el juez. Ese día aventuró que en “una semana o diez días” podría responder sobre el origen de las joyas después de buscar la documentación que permitiera acreditar la procedencia y la fecha en la que las obtuvo. La única pista oficial sobre el origen de las joyas la dio la asistente de Zapatero, Gertrudis Alcázar, el mismo día del registro, cuando contó a los agentes de la UDEF que eran de una herencia familiar de Sonsoles Espinosa y “regalos de viajes”.

La secretaria de Zapatero está imputada desde hace una semana por los indicios que el juez cree que hay de su “participación directa en los hechos”. Su nombre aparece trufado en los informes policiales que sustentan la investigación porque se encargaba de las citas del expresidente y gestionaba la cuenta de correo identificada como “el principal canal de comunicación interna de la red”.

La ofensiva que ejecuta el PP a través de las comisiones de investigación, aupado por la mayoría que tiene en el Senado, llevará a Alcázar a tener que acudir este lunes a la Cámara Alta. Es probable que no responda a ninguna de las preguntas de los partidos, como ya ha ocurrido con otros imputados que han pasado por el brete de declarar antes en el Senado que en sede judicial. El PP todavía se reserva más nombres en el calendario: por esa comisión también desfilarán el exministro José Luis Escrivá, por una reunión con Zapatero en septiembre de 2020 que ambos desvinculan del rescate de Plus Ultra, y Cristóbal Cano, el gestor de Julio Martínez Martínez.

Ahmed Tommouhi tenía 40 años cuando fue detenido por la Guardia Civil en una pensión de Terrassa (Barcelona). Era noviembre de 1991 y los agentes llevaban meses buscando a los autores de varias violaciones a jóvenes en distintas zonas de Catalunya. El marroquí, que había llegado a España desde Nador para trabajar un tiempo como albañil, entró en prisión provisional y no salió de la cárcel hasta 15 años después, condenado por varias agresiones sexuales y robos que no cometió.

El Tribunal Supremo ha reconocido, más de tres décadas después, que los jueces se equivocaron en su caso y le han reconocido una indemnización de dos millones y medio de euros. “No me van a devolver mi juventud, no me van a devolver mi vida”, lamenta hoy Tommouhi. Su nieta Firdaous ayuda a salvar la barrera del idioma: “Dice que eso le acompaña toda la vida. La prisión injusta no solamente te roba años, te obliga a vivir con una herida que no siempre se ve”.

Su caso ha sido cerrado este mes de junio por parte de la sala tercera del Tribunal Supremo. Los jueces, casi 35 años después de su arresto en aquella pensión, han reconocido lo que él sabía desde su primera noche en el calabozo: que fue condenado por varias violaciones que cometió otro hombre. Los tribunales de Catalunya que le juzgaron y condenaron tanto en Barcelona como en Tarragona no tuvieron en cuenta correctamente una prueba fundamental: los análisis de restos biológicos que descartaban que él y su compañero de imputaciones fueran los culpables. A Tommouhi le reconocen, por la vía del error judicial, una indemnización de dos millones y medio de euros. A Abderrazak Mounib, el otro arrestado y encarcelado, no hay nada que reconocerle: murió hace 26 años de un infarto en su celda de Can Brians.

La historia de Tommouhi y Mounib ha quedado perfectamente documentada casi desde esos días de noviembre de 1991. En la prensa, en los archivos judiciales y, sobre todo, en el libro Justicia poética (Península, 2025) del periodista Braulio García Jaén, que unifica en un relato montañas de legajos, atestados, declaraciones e injusticias. Y todo confluye en la sentencia que el Tribunal Supremo hizo pública el pasado 18 de junio, anunciando que Tommouhi será indemnizado con 2,5 millones de euros por un error garrafal de los magistrados que le juzgaron en los años noventa: “El tribunal que le condenó no valoró, a pesar de que fue admitida, una pericial biológica”. Una prueba que demostraba que su perfil genético no estaba entre los restos encontrados en la ropa de una de las víctimas.

La historia de Tommouhi es la de un inocente que pasa 15 años en la cárcel, pero también la de unas víctimas desprotegidas cuyo agresor siguió en la calle violando a más mujeres mientras los falsos culpables cumplían su condena. Porque en 1995 las pruebas demostraron que al menos una de esas agresiones sexuales había sido cosa de Antonio García Carbonell, que guardaba un parecido físico sorprendente con Tommouhi. Una de sus condenas fue anulada, pero los distintos tribunales, incluido el Supremo, rechazaron que el hallazgo permitiera revisar y tumbar sus otras condenas. No salió de prisión hasta 2006. Numerosas víctimas y testigos le habían señalado como el autor y eso pesó más que otras pruebas relevantes, algunas como el análisis de ADN que ni siquiera fueron tenidas en cuenta.

Su abogada, Celia Carbonell, resume tres décadas de despropósito judicial en declaraciones a elDiario.es. La primera sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que finalmente se anuló, fue la “sentencia piloto” que marcó el camino al resto de condenas. Y en ese momento el informe genético fue ignorado. “En esa sentencia el informe ya estaba dentro de ese procedimiento, no es que apareciera después, ese informe ya estaba. Los jueces no se leen ese informe, les pasa totalmente desapercibido, no es que aparezcan pruebas con posterioridad. Un informe pericial hecho por unos profesionales cualificados y el tribunal no habla de él, no hay ni una sola mención a las pruebas biológicas que determinan que no podía haber sido Ahmed Tommouhi, no coincidía genéticamente”, explica la letrada. “Es una cadena de errores, uno tras otro”.

Tommouhi llamó varias veces a la puerta de los jueces y, tras la nulidad de una de sus sentencias, la respuesta fue el silencio y la negativa a revisar sus demás condenas, las que le mantenían entre rejas. La evidencia de que algo no iba bien en su caso era tan palmaria que la Fiscalía y los jueces llegaron a apoyar un hipotético indulto que el Gobierno no le concedió y que él, en cualquier caso, rechazaba. Era inocente y no quería que se le perdonara un delito sexual que no había cometido.

“Me robaron mi futuro, me robaron todo”

La Justicia llegó tarde, pero llegó. Una por una, el Tribunal Supremo acabó por revisar y anular todas sus condenas. La primera en 1997. La segunda, después de muchos cabezazos contra la fachada de muchos tribunales, en 2023. La tercera y última en mayo de 2025, cuando los jueces tumbaron la sentencia de la Audiencia de Tarragona que le había impuesto más de 100 años de presidio por un rosario de delitos relacionados con las agresiones sexuales, los robos y las armas. En este último caso no había pruebas de ADN exculpatorias, pero los jueces se rindieron ante la evidencia: existe una “brecha en el material probatorio” y todos esos años después existía una “duda más que razonable” sobre su culpabilidad.

La siguiente batalla fue conseguir que la Administración le reconociera una indemnización por el error judicial de los tribunales que le mantuvieron década y media entre rejas sin ser el culpable. Se llevó un portazo en el Ministerio de Justicia y otro en la Audiencia Nacional, pero la victoria ha llegado en el Tribunal Supremo, con una indemnización de 2,5 millones que, según explica ahora un Ahmed Tommouhi septuagenario y con problemas de movilidad, pero no de claridad, no arreglan todo. “Me robaron mi juventud, me robaron mi futuro, me robaron todo, pero siempre he tenido esperanza”.

“Nunca jamás voy a olvidar el tiempo que he pasado en la cárcel, hasta el último día de mi vida. Nunca jamás voy a olvidar la pesadilla que pasé. Encerrado lejos de mi familia, de mi país, de mi mujer, de mis hijos que se criaron huérfanos y mi mujer viuda sin haber cometido yo un crimen... nunca voy a olvidar eso. Cómo voy a olvidarlo. Hasta el último día de mi vida”, se esfuerza por explicar. Y lanza un mensaje a los futuros jueces y fiscales que ahora estudian la oposición o se preparan en la Escuela Judicial: “Que no pase lo que me ha pasado a mí. Que no manden a un solo inocente a la cárcel, venga de donde venga, sea como sea, negro, amarillo o blanco, todos sentimos igual”.

Su nieta ejerce como traductora para hacer posible la entrevista y expresa también las palabras y sentimientos de su abuelo Ahmed: “Que nunca olviden que detrás de cada procedimiento hay una vida entera, no solo están estudiando leyes, están preparándose para tomar decisiones que pueden destrozar o salvar una vida”. La sentencia, explica, llegó como una noticia agridulce al hogar de los Tommouhi. “No fue alegría limpia, fue un alivio, pero también rabia, tristeza y vacío porque una sentencia, cuando llega después de tantos años, no repara”, asegura.

¿Se supera pasar 15 años entre rejas por unos crímenes que cometió otra persona? “Dice que eso le acompaña toda la vida, se aprende a respirar otra vez, a caminar por la calle, pero hay algo dentro de ti que no vuelve a ser igual. La prisión injusta no solamente te roba años. Te roba la inocencia con la que mirabas el mundo, te obliga a vivir con una herida que no siempre se ve”. Sufre Ahmed para contestar si espera que su sentencia, su caso, marque un antes y un después para este tipo de situaciones: “Desea que su caso no sirva solo para cerrar una herida personal, sino para obligar a la Justicia, de alguna manera, a mirarse en el espejo”, explica su nieta. “Que ningún juez, fiscal o institución olvide que detrás de un error judicial hay una tragedia humana, un inocente en prisión no es un fallo técnico, es una derrota moral del Estado de derecho”.

La indemnización que le ha reconocido el Tribunal Supremo es la más alta jamás reconocida por la Justicia española para un caso similar. Una indemnización de 2,5 millones de euros que pone la lupa sobre los tribunales de Barcelona y Tarragona que le condenaron siendo inocente. “Les diría que no me fallaron a mí, le fallaron a la Justicia. El daño de una condena injusta no termina el día en que se firma, continua cada mañana en una celda, en cada noche sin dormir, en cada silencio de una familia que no sabe ni cómo sostenerse”, afirma. Ahora es su abogada la que pelea para que la ley cambie y el camino hasta estas indemnizaciones, cuando exista un error judicial, no sea tan tortuoso e incierto.

Un “milagro” judicial

Un preso que ha pasado tiempo en la cárcel a pesar de ser inocente tiene dos caminos para llegar hasta una indemnización. Una vía fue abierta por el Tribunal Constitucional en 2019, cuando instó a la Administración y a los jueces a indemnizar a la gente que hubiera estado en prisión por un caso finalmente archivado o por una condena posteriormente revocada. Por esta vía los tribunales han reconocido cantidades a decenas de personas en los últimos siete años, que en los casos más leves se quedan en unos pocos miles de euros y en los más graves y excepcionales han superado el medio millón. Es el ejemplo de un matrimonio que pasó varios años entre rejas acusado de yihadismo por la Audiencia Nacional y que finalmente fue absuelto.

En esa vía no existe un baremo claro –una queja habitual entre los abogados y afectados que piden estas indemnizaciones– pero también existe la vía del error judicial. No constatar que la prisión, aunque legalmente ordenada, finalmente fue impuesta a un inocente, sino demostrar que los jueces se equivocaron al imponer una condena. El caso de Tommouhi, según el Supremo, es “uno de los supuestos paradigmáticos” porque los jueces decidieron de forma “injustificada” no analizar “una prueba decisiva” como eran los análisis genéticos de ADN. Llegar hasta aquí, explica la abogada de Tommouhi, no ha sido sencillo.

“Para nada. Yo llegué a pensar que estaba intentando sacar algo utópico, es complicadísimo. El corporativismo está en todas partes y que hayan reconocido esto, para mí, es prácticamente un milagro. Es un error judicial, quiere decir que un magistrado ha hecho mal su trabajo y, como consecuencia, ha arruinado la vida de toda una familia, la familia Tommouhi. Es casi milagroso que se haya reconocido, pero habría sido un error judicial no reconocerlo”, explica a elDiario.es.

Tanto la decisión de entender que existió un error judicial como la cuantificación de la indemnización tienen un alto nivel de discrecionalidad. La Audiencia Nacional, por ejemplo, rechazó resarcir a Tommouhi y después el Tribunal Supremo ha firmado la indemnización más alta de la historia de los errores judiciales. “Yo creo que ha cambiado el hecho de que, al final, uno tiene que aplicar el derecho material por encima del derecho formal. El sentido común, eso es lo que creo que ha cambiado”, dice la letrada, que ha puesto en marcha una propuesta de cambio legal para que este sistema mejore en casos similares al de Ahmed.

“El cambio que propongo es muy sencillo. La Ley Orgánica del Poder Judicial dice cuánto procede una indemnización en caso de privación de libertad, pero solo si es prisión provisional, no para la definitiva. ¿Qué sentido tiene que un señor que ha estado 15 años en prisión por error no tenga indemnización y otro que ha estado en prisión provisional sí tenga derecho? A quien le cuentes esto es una auténtica locura”, relata. Además, añade, “baremo indemnizatorio no hay, cuando haces estas reclamaciones te pones a pedir de forma aleatoria y al final se termina con el criterio del magistrado que lleve el asunto, hay que establecer unos baremos”.

Ahmed Tommouhi tenía 40 años cuando fue detenido por la Guardia Civil en una pensión de Terrassa. Ahora, a medio camino entre los 70 y los 80 años de edad, este antiguo albañil expresa con dificultad las emociones que le producen saber que los tribunales han reconocido que pasó todo ese tiempo en la cárcel de forma injusta. Lo que él ya sabía cuando empezó a recibir sentencias que le condenaban, violación tras violación, sin ni siquiera escribir correctamente su apellido. “Me robaron todo”, dice ayudado por su nieta después de convertirse en la víctima del mayor error judicial nunca reconocido por un tribunal español.

El Tribunal Supremo ha convertido a José Luis Ábalos en el ministro con la condena de cárcel más alta de la historia de España. La sentencia dibuja un sistema de corrupción gestionado por Koldo García y alimentado por Víctor de Aldama para beneficiarse del titular de una de las carteras más abultadas y laberínticas del Consejo de Ministros. De pagar un piso para su pareja en pleno centro de Madrid hasta sufragar unas vacaciones, la trama se ajustó a las necesidades del político para usar su nombre como una ganzúa para abrir la puerta de cualquier despacho. Los magistrados hacen en este fallo el alegato contra la corrupción que no hicieron en ninguna de las sentencias del caso Gürtel para sentenciar un entramado que todavía tiene varios juicios por delante.

José Luis Ábalos (Torrent, 1959) se curtió durante 25 años en la política valenciana antes de desembarcar en Madrid como diputado del Congreso en 2009. Con los años se convirtió en uno de los grandes apoyos de Pedro Sánchez dentro del PSOE: cuando se presentó a las primarias de 2014, cuando fue defenestrado y cuando volvió a ganar. El ascenso de Sánchez en el partido y en el Gobierno convirtió a Ábalos en uno de los hombres con más poder de la calle Ferraz y también con más obras públicas a su disposición. Secretario de Organización del PSOE y ministro, primero de Fomento y después de Transportes.

La cartera de Fomento, hoy conocida como Transportes y Movilidad Sostenible, no es la que más dinero maneja en los Presupuestos Generales del Estado, pero sí tiene unas particularidades que convierten ese Ministerio en objeto de deseo para los aspirantes a corruptos y corruptores. Empresas públicas del calibre de Renfe o ADIF, direcciones generales como la de Carreteras y una lista de adjudicaciones de obras públicas por todo el país tan larga como infraestructuras tiene el Estado. Un potencial botín que aumentó durante la pandemia mientras la intensidad de los controles bajaba en aras de la velocidad: la compra de material sanitario se gestionó, al menos en un principio, a través de empresas dependientes de este Ministerio.

El Tribunal Supremo declara probado en las primeras páginas de su sentencia lo que los cronistas políticos llevan relatando desde el estallido del caso. Que Koldo García llegó a la vida de José Luis Ábalos a través de Santos Cerdán durante las primarias que encumbraron a Pedro Sánchez por segunda vez. El hombre para todo del socialismo navarro pasó a estar al servicio del nuevo ministro y Secretario de Organización en una labor que el Supremo define como “omnipresente”. Conductor y asesor de manera oficial, gestor de corruptelas de manera oficiosa y consejero en Puertos del Estado y Renfe. Víctor de Aldama llegó hasta Ábalos a través de su hermano Rubén, escolta del ministro y en contacto constante, por tanto, con Koldo García, su sombra oficial. Sus muchos y muy variados intereses empresariales tenían una oportunidad de oro.

Aldama, hoy arrepentido colaborador de la Justicia y de la Fiscalía, se pegó entonces al ministro para medrar. Según la sentencia, tanto Koldo García como José Luis Ábalos fueron receptivos. El empresario se convirtió en el encargado de captar “empresas o particulares” para darles trato de favor a cambio de “la correspondiente prestación económica”. Para Víctor de Aldama, según demuestra la sentencia, tener contento y atendido a José Luis Ábalos era una inversión de futuro. Desde octubre de 2019 hasta junio de 2022 entregó 10.000 euros al mes a Koldo o a su hermano para satisfacer, entre otras cosas, “gastos fijos” de Ábalos.

Pisos, vacaciones y enchufes

Los pagos de Víctor de Aldama para agasajar al grupo dejaron de ser a fondo perdido cuando llegó la pandemia. La crisis sanitaria se convirtió en una oportunidad de negocio para el empresario cuando la máxima prioridad del Estado fue conseguir mascarillas, el gran escudo para combatir la propagación del coronavirus en espacios públicos. Y los astros se alinearon para el gran corruptor del caso: la gestión millonaria de las compras quedó en manos del Ministerio de Ábalos con los controles de legalidad bajo mínimos para conseguir el material sanitario cuanto antes mientras cientos de personas morían cada día. Las empresas de la trama firmaron un acuerdo para suministrar ocho millones de mascarillas a Puertos del Estado, la empresa encargada de la gestión, días antes de que la orden ministerial fuera publicada.

Si la necesidad era dinero, Víctor de Aldama lo ponía. Si la necesidad eran unas vacaciones, el empresario aportaba una casa. La sentencia declara probado que José Luis Ábalos presionó al secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, para que sacase una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa que tranquilizase a los acreedores. Lo hizo a petición de Aldama, que por entonces cobraba unos 12.000 euros al mes por asesorar a la aerolínea. A cambio de un comunicado, la trama alquiló una casa en Marbella de la que Ábalos disfrutó en agosto de 2020.

A veces no era necesario ni que la gestión llegase a buen puerto. Víctor de Aldama también tenía intereses en el sector de los hidrocarburos y se propuso conseguir una licencia para una de sus empresas, Villafuel. Ni siquiera se dirigieron al Ministerio adecuado. A cambio, según el Supremo, Víctor de Aldama gestionó la compra de una casa en La Línea de la Concepción que se pondría a disposición de Ábalos a través de un contrato de alquiler con opción a compra. Ábalos pagó solo dos meses de renta y los empresarios del sector de los hidrocarburos rompieron el contrato cuando la administración negó la licencia a Villafuel.

La trama, según la describe el Tribunal Supremo, se levantó sobre la simbiosis entre Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García, y a veces el peaje para tener poder en el Ministerio no era agasajar directamente al político o al asesor sino a su entorno. Una de las vías fue dar casa y trabajo a Jessica Rodríguez, quien fuera pareja del político, antes incluso de que llegara la pandemia y el gran botín de las mascarillas. La trama pagó un apartamento para ella en la Plaza de España de Madrid entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. Se encargaban hasta de las incidencias con los electrodomésticos.

No todo eran contratos y comisiones. El Supremo también aborda cómo Ábalos y su asesor hacían y deshacían en Transportes para sus necesidades personales, enchufando a dos personas en varias empresas públicas. Una de ellas fue Rodríguez, que llegó a cobrar más de 43.000 euros de Tragsatec e Ineco sin ir a trabajar. O Claudia Montes, que pidió ayuda a Ábalos para encontrar trabajo y se encontró un trabajo en Logirail. Los enchufes eran ineludibles y si alguna tenía algún problema allí estaba Koldo García para mover un currículum o hacer una llamada. Un directivo de Logirail, recuerda el Supremo, fue cesado de su puesto sin explicación cuando expedientó a Montes por no acudir a trabajar.

24 años de cárcel y dos causas por delante

Todas estas corruptelas, las grandes y las medianas, se amontonan en nueve delitos distintos y se traducen en 24 años y 3 meses de prisión para Ábalos, la condena más alta para un ministro en la historia de la democracia, aunque su cumplimiento máximo será de 15 años y 8 meses de presidio, descontando el tiempo que ya ha pasado en prisión provisional. Por los mismos delitos, su mano derecha Koldo García es condenado a poco menos de 20 años de prisión. Y Víctor de Aldama, el hombre que levantó el entramado y atendió cada necesidad del exministro para mantener su cuota de poder, ha sido condenado a cuatro años y medio pero solo tendrá que hacer un año de servicios para la comunidad, sin tener que volver a la cárcel donde apenas pasó un mes a lo largo de 2024.

La sentencia ensalza la confesión de Aldama en los puntos en los que ha sido determinante para condenar a Ábalos y pasa de puntillas sobre las acusaciones que lanzó y que no han tenido más prueba que su palabra. Por ejemplo, su intento tan fallido como explícito de involucrar en la trama a María Jesús Montero o de señalar a Pedro Sánchez como el líder del entramado y mezclarlo todo con una posible financiación ilegal del PSOE. Todo el caso, se deduce de la sentencia, tenía que ver con Ábalos y sus necesidades, y todo lo que Koldo García y Víctor de Aldama querían sacar de él.

El entorno de Ábalos ya ha anunciado que llevará esta sentencia ante el Tribunal Constitucional y hasta instancias europeas si es necesario, entre denuncias de falta de pruebas y de un exceso punitivo por parte del Supremo, sobre todo en comparación con un Víctor de Aldama que evitará la prisión gracias a una confesión que solo llegó después de pasar un mes en Soto del Real. Pero el horizonte del caso no está en Estrasburgo. Sigue en la plaza Villa de París de Madrid, aunque en otro edificio, en la Audiencia Nacional.

El foco se pone ahora sobre dos diligencias que siguen bajo investigación en ese tribunal central. Las dos con Ábalos en la nómina de imputados, pero mucho más allá del neopreno de corrupción que describe el Tribunal Supremo en su sentencia. Obras públicas, más contratos de mascarillas y la sombra de Santos Cerdán, su sustituto en la sala de máquinas del PSOE, como nueva figura de poder en el entramado. Y todo bajo la amenaza de que las palabras de Víctor de Aldama, tanto las que tienen pruebas detrás como las que llegan subidas a un globo sonda televisivo, son consideradas en su mayoría una prueba de cargo.

Clonar un teléfono móvil, una tablet o un ordenador no equivale a abrir un cajón con papeles. Estos dispositivos concentran una ingente cantidad de información personal cuya difusión indiscriminada puede suponer un “atropello” a la intimidad. Es lo que ha denunciado esta semana el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras la filtración de miles de mensajes privados que intercambió durante los últimos tres años con su secretaria y de sus agendas personales de los años 2024 y 2025.

En el registro realizado el pasado mayo en su despacho, la Policía se incautó de casi medio centenar de elementos entre agendas en papel, carpetas, pendrives, discos duros… Los agentes también clonaron el teléfono de Gertrudis Alcázar, asistente de Zapatero desde hace más de dos décadas. Ahí estaban alojadas las conversaciones que los investigadores cruzaron con el contenido de las agendas y otra documentación y que sustentan el último informe del caso. Esa ingente cantidad de información —incorporada como anexo al citado informe— acabó después, en bruto, en manos de las 15 defensas y las 10 acusaciones populares que están personadas en el procedimiento y terminó llegando a los medios. 

Su difusión generalizada abre de nuevo el debate sobre las filtraciones de sumarios judiciales y, más concretamente, de información contenida en ellos sin relevancia para la investigación. La ley prevé un trámite específico de “expurgo” en el caso de las escuchas telefónicas, pero no para el clonado de móviles u ordenadores. No obstante, juristas consultados por elDiario.es apuntan que es “responsabilidad directa” del juzgado separar qué es relevante para la investigación para impedir que información sobre temas familiares, sanitarios o inocuos que es ajena al procedimiento acabe llegando al público. 

Así, defienden que el instructor del caso, José Luis Calama, debería haber ordenado una criba de toda esa información antes de volcarla a la plataforma que utiliza la Audiencia Nacional para compartir documentación con las partes. “Es responsabilidad del juzgado impedir que esto suceda, aunque las partes personadas también tienen que tomarse en serio la reserva de las investigaciones”, sostiene el catedrático de Derecho Penal Manuel Cancio. “El magistrado o el letrado de la Administración de Justicia deberían haber estado más atentos para evitar que todo el volcado del teléfono se pusiera a disposición a las partes”, añade Juan Luis Gómez Colomer, catedrático de Derecho Procesal. 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé como principio general que solo consten en el sumario las diligencias “cuyo resultado fuere conducente al objeto del mismo”. Sin embargo, los expertos remiten a la reforma realizada en 2015, que previó el trámite de expurgo para la interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas. Sin embargo, el legislador no contempló un procedimiento equivalente para otras medidas también muy intrusivas como el registro de teléfonos móviles, discos duros u ordenadores.

Esa reforma introdujo la obligación de pedir autorización judicial para volcar estos dispositivos, pero no dice nada sobre cómo se debe cribar y destruir la información irrelevante extraída de ellos, según explica la profesora de Derecho Procesal Paloma Arrabal, quien ha realizado varios trabajos sobre la incorporación a causas judiciales del contenido de este tipo de elementos en los que se almacena información de forma masiva. “Esa previsión existe para la interceptación de comunicaciones, pero sería deseable que se hiciese para todas las diligencias de investigación”, añade esta experta. 

Ante la ausencia de un marco legal específico, las fuentes consultadas afirman que el procedimiento habitual consiste en poner el contenido del volcado a disposición de la defensa del investigado y de la Fiscalía para que se pronuncien sobre qué información debe conservarse e incorporarse a las actuaciones y cuál debe ser eliminada. Tras ello, corresponde al juez adoptar la decisión definitiva. Sostienen que ese paso habría evitado la difusión generalizada de información sobre Zapatero sin relación con la investigación. 

Para ello, algunos magistrados optan por abrir, dentro del procedimiento, lo que se conoce como “pieza separada de expurgo”, un compartimento estanco en el que se analiza la documentación incautada y se delimita qué es útil para la causa y qué debe excluirse. Esa pieza se mantiene en secreto mientras se realiza la criba. Así ha operado recientemente el juez Santiago Pedraz en la causa contra la exmilitante socialista Leire Díez a petición de la defensa de esta última. 

Este viernes, el abogado de Zapatero pidió precisamente al juez Calama la apertura de un cauce similar al que únicamente pueda acceder la Fiscalía y la parte afectada para “que se pueda eliminar todo aquello que tenga carácter personal y sea ajeno al objeto de la causa”. Su abogado denunció que en los anexos filtrados figuraba hasta la contraseña de la cuenta de correo de Zapatero y otros datos relevantes y privados como sus números de teléfono o de cuentas bancarias. 

Ante la ausencia de una regulación específica, el Tribunal Supremo ha ido delimitando en algunas de sus resoluciones el alcance de este tipo de diligencias que afectan al derecho al entorno digital. Por ejemplo, ante el intento de la defensa de Álvaro García Ortiz de anular el registro de su despacho, los jueces de la Sala de lo Penal afirmaron que en los registros de teléfonos u ordenadores hay que tomar “cautelas” a posteriori para “evitar excesos” y que se debe “limitar el examen a los contenidos de interés y blindar todo lo restante”. En esta ocasión únicamente fueron aportados a la causa los mensajes de la fiscal jefa provincial de Madrid que tenían vinculación con el procedimiento. 

No ha ocurrido así en otros casos, donde datos de índole privada han llegado al público después de no ser cribados en los juzgados. Le ocurrió recientemente al exministro José Luis Ábalos, del que se difundieron sus audios con el que fuera su asesor eligiendo mujeres. A Iñaki Urdangarin, entonces duque de Palma, del que trascendió que estampaba el autógrafo “em...Palma...do” en sus mensajes de negocios. O al diputado de ERC Lluís Salvadó al que llegaron a intentar expedientar en el Parlament después de que se incorporara a la causa sobre el referéndum una conversación de tono machista y racista. También el ex ‘número dos’ de Interior con el PP Francisco Martínez denunció el volcado íntegro en el caso Kitchen de sus conversaciones de WhatsApp. 

Investigaciones sobre filtraciones

A la espera de ver qué responde al último escrito de la defensa de Zapatero, el juez Calama anunció el jueves que tomará medidas tras lo ocurrido. Acordó pedir a los juzgados de Madrid que abran una causa para investigar las filtraciones e identificar a sus responsables dada “la gravedad de los hechos”, si bien se trata de investigaciones con un recorrido muy limitado. 

El Tribunal Constitucional tiene en el cajón un caso relacionado con este tipo de filtraciones en sumarios que se encuentran secretos con informes de unidades policiales conocidos antes por el gran público que por los investigados. Los magistrados tienen pendiente de admitir o inadmitir a trámite la queja de los acusados del caso de los ‘Comités de Defensa de la República’ (CDR) del procés contra la negativa de los tribunales madrileños a investigar dónde estuvo el coladero de información de la Audiencia Nacional por el que se filtró la información de su caso. Esta deliberación sobre la admisión a trámite de los recursos todavía está pendiente tras más de un año de tramitación. 

El catedrático Manuel Cancio considera un “escándalo permanente” y una “anomalía” el hecho de que en España los sumarios se filtren íntegramente a los medios de comunicación de forma continua. Sostiene que esta situación contrasta con la de países como Alemania, donde la fase de investigación preliminar recae en la Fiscalía y es completamente reservada. 

En España, por el contrario, la existencia de múltiples partes personadas provoca que la información se filtre casi en tiempo real con las consecuencias que ello acarrea por la creación de juicios paralelos y mediáticos, dice este experto. “Eso perturba muchísimo el desarrollo del proceso”, añade Cancio, quien sostiene que las filtraciones se manejan “mediática y políticamente”. Colomer, por su parte, afirma que detrás de estas filtraciones suele haber “razones puramente económicas, para sacar dinero; o políticas, dado que se busca hacer daño”. 

Como propuesta para impedir estas filtraciones y facilitar su persecución, los expertos proponen una medida ya muy habitual en los juzgados: incluir “marcas de agua” de los documentos que dejen rastro sobre quién está moviendo la documentación. “Es una forma interesante de rastrear de dónde sale la información”, dice Arrabal. Esta fue precisamente una de las medidas reclamadas esta semana al juez por la defensa de Zapatero.

La cuestión de las filtraciones tiene implicaciones también en materia de libertad de prensa, dado que publicar documentos filtrados de interés público supone un ejercicio legítimo del derecho a la información. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra el juicio oral”, si bien el Tribunal Constitucional ha reiterado que eso no significa que no se pueda informar cuando se trata de asuntos de relevancia. 

A este respecto, Cancio se opone a cualquier intento de prohibir o criminalizar a la prensa, dado que esto chocaría frontalmente con la libertad de expresión. A su juicio, el foco debe ponerse en la ética del periodista —que no debería publicar datos íntimos sin relevancia penal— y en los juzgados y partes personadas en el proceso, que tienen que “tomarse en serio” el “deber de reserva” sobre los procedimientos.