José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936) ejerció desde los últimos años de la dictadura hasta 2011. Primero como fiscal y después como magistrado del Tribunal Supremo y abogado, este jurista se ha erigido como una voz firme contra lo que considera un “activismo judicial” en casos como el procés independentista catalán, las causas abiertas y cerradas contra miembros de Podemos y ahora contra el entorno del presidente del Gobierno. En su último libro, 'Visto para sentencia' (editorial Siglo XXI), el magistrado emérito repasa la actualidad judicial del país. “El juicio contra el fiscal general se celebró y todos los que asistieron fueron conscientes de que no hubo ninguna prueba de cargo”, dice sobre la sentencia que condenó a Álvaro García Ortiz.

¿Qué es la “ofensiva judicial reaccionaria” que denuncia en su libro? ¿Cuándo arranca?

El punto más determinante para mí fue el caso Atutxa. El fiscal se retiró y quedó, para no faltar a la fiesta, Manos Limpias, que recurrió la primera absolución de Juan Mari Atutxa, expresidente del Parlamento Vasco. Entonces se aplicaba la 'doctrina Botín', según la cual si el fiscal no acusa y no hay acusación particular hay que sobreseer. Entonces el señor Manuel Marchena le da la vuelta a la doctrina y explica que eso solo vale para asuntos particulares La cuestión llega a Estrasburgo que lo anula todo por razones formales. Ahí empieza a focalizarse que hay un sector de la judicatura, todavía no muy definido, que creía que su misión era luchar contra el independentismo que se refuerza con la famosa sentencia del procés.

Después se amplía y se considera, y esto es lo que estamos viviendo, que algún sector de la judicatura puede aportar su potestad jurisdiccional no solamente contra los independentistas sino contra aquellos que pertenecen al espectro de la izquierda y contribuyen a un Gobierno que no es de su agrado y consideran ilegítimo. Esa campaña alcanza unas cotas preocupantes y estadísticamente desorbitadas cuando emerge Podemos y es un desmadre total, se utiliza la 'policía patriótica' para inventarse cosas.

¿Las causas contra Podemos fueron un punto de inflexión?

Algunos jueces, de la mano de la derecha más reaccionaria, pensaron que podían contribuir a parar ese auge a partir de la utilización del proceso penal. Yo destacaría dos querellas: el conocido como caso Neurona que el juez Juan José Escalonilla mantuvo abierto casi tres años y siguió por tierra, mar y aire. Y esto reproduce lo que está pasando a Begoña Gómez, acuérdate de cuando se acusó a Irene Montero de usar delictivamente a una colaboradora para cuidar de un bebé. Esto alcanza su culmen contra Ada Colau, que recibe un total de 16 querellas y algunas de ellas son para quitarle el carnet de conducir al juez que las admitió a trámite.

Vieron que no pasaba nada y un sector de la judicatura decidió alinearse. Adquiere una dimensión beligerante y preocupante cuando se suman a la tesis de la derecha de que es un Gobierno ilegítimo. Hay un sector de la judicatura muy importante que dice que va a hacer todo lo posible para desgastar y derribar a este Gobierno ilegítimo y es lo que estamos viendo. Se busca derrocar al Gobierno por la vía judicial enjuiciando al presidente.

¿Las causas contra su esposa y su hermano forman parte, según usted, de ese desgaste?

Hay gente inteligente y maniobrera que dice que ir directamente contra el presidente puede ser un choque demasiado injustificable y entonces van a por la familia: su esposa y su hermano. Y también contra el fiscal general. Estamos en una lucha en la que las acusaciones populares han proliferado como las setas en otoño: en el caso del hermano de Sánchez hay siete personadas, un desbarajuste procesal. ¡Incluso Abogados Cristianos! Igual es que David Sánchez no programó el 'Réquiem' de Mozart y se han sentido ofendidos.

Se habla de 85 querellas rechazadas contra Pedro Sánchez, no sé si la cifra es exacta pero es numerosa. Hasta ahora en febrero no se han atrevido a dar el paso, pero tengo el pálpito de que si las cosas siguen así y esto no se viene abajo con el reguero de elecciones autonómicas al final a lo mejor dan el paso.

¿Cuáles son los ingredientes del “activismo judicial” que describe en el libro?

En este momento es imprescindible que el proceso lo active una acusación popular, son el detonante. Lo que está pasando ahora yo lo denomino “activismo judicial”. El lawfare designa cuando se sustituye la intervención del Ejército, que es costoso, por los tribunales de Justicia para derrocar presidentes e incluso intentar cambiar el régimen. Ahora en mi opinión lo que pasa es un activismo judicial que colabora con el PP fundamentalmente y han decidido aliarse.

Enrique López ha dicho que los jueces son mayoritariamente del PP. En una cena le dicen a Alberto Núñez Feijóo que esperan que sea presidente. Yo a eso le llamaría activismo judicial.

¿Debería reformarse entonces la figura de la acusación popular para evitar este uso de los tribunales?

Por supuesto. Tiene sus pros y sus contras, en España está instaurada desde 1812, aunque fuera muy limitada en un principio hasta que Alonso Martínez la extendió. Tiene el pro de que ante una Fiscalía excesivamente sumisa al Gobierno una persona puede ejercitar la acción popular. Eso no existe en toda Europa. Pero esto ha degenerado en lo que ha degenerado y ya hay que pensar si no hay que poner coto a determinadas posiciones.

El ministro Félix Bolaños hizo un proyecto de ley para modificar la acción popular. Estoy completamente de acuerdo con él, en una sociedad democrática los partidos políticos no pueden estar legitimados para ejercer la acción popular. Con los sindicatos haría un matiz con los delitos contra los derechos de los trabajadores, creo que ahí tiene una legitimación. Con esos matices, ahora hay asociaciones profesionales de la acción popular, una especie de cofradías que se han extendido, y tenemos que tener cuidado ante el abuso como sucede el caso de Begoña Gómez.

Hay un factor temporal. En esa cátedra entre 2020 y 2024 nadie dice nada. Pero hay un factor temporal, que es julio de 2023 cuando ya Feijóo no es presidente porque no quiere y se les viene abajo, y empiezan a surgir las causas. La plaza del hermano de Sánchez se adjudica hace años y la causa se abre en 2024. Blanco y en botella. Habría que ser muy riguroso y demostrar una vinculación suficiente y motivada con el hecho que se está persiguiendo.

Por ejemplo, una asociación ecologista estaría justificadísimo que persiga delitos medioambientales. Si estas asociaciones refuerzan los fines de un partido de derechas para derrocar al Gobierno reciben el apoyo mediático, no podrían hacer nada si hubiera una prensa que las pusiese en su sitio.

¿Qué piensa del proceso judicial que ha terminado en condena para Álvaro García Ortiz por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso?

Me parece una cacería, una programación con unos personajes con protagonismo: el instructor Ángel Hurtado y los cinco jueces de la mayoría de la condena. Es una idea verdaderamente disparatada considerar que la Fiscalía había hecho una nota de prensa que constituía un delito de revelación de secretos. Primero hay un problema técnico-jurídico, y es que ese delito solo puede cometerlo un funcionario de la Administración Pública y el Ministerio Fiscal no lo es.

Al principio, además, se produjo un hecho gravísimo que me conmocionó como ciudadano y como fiscal: cuando entró la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Fiscalía General casi como si fuese una guarida de narcotraficantes o de ladrones. Me consta que había allí dentro gente llorando y la sentencia considera proporcionada esta entrada 'manu militari'.

La sentencia contra el fiscal general remata con una afirmación que daría lugar a que les retirasen hasta la licencia de conducir: que tuvo que ser él o alguien "de su entorno". Eso para hablarlo en la barra del bar puede pasar, pero en una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo...

¿Considera que fue condenado con pruebas suficientes?

El juicio se celebró y todos los que asistieron fueron conscientes de que no hubo ninguna prueba de cargo. Era evidente que no había pruebas y los jueces redactaron una sentencia en la que falsifican qué es lo que había pasado. El núcleo de la cuestión, lo que lo desencadena todo, es cuando aparece una información que asegura que la Fiscalía no había aceptado la conformidad “por órdenes de arriba”. Eso es rigurosamente falso y lo que hace la Fiscalía es una nota de desmentido, que además en principio no se consideró delictiva.

La sentencia remata con una afirmación que daría lugar a que les retirasen hasta la licencia de conducir: que tuvo que ser él o alguien “de su entorno”. Eso para hablarlo en la barra del bar puede pasar, pero en una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo... es una aberración contra el principio de individualización de la persona que ha cometido el delito, no se puede hacer. Hay que individualizar. El entorno cuál es, ¿el familiar? ¡Podría haber sido yo, que tengo buena amistad con él! Fíjate hasta dónde podría llegar el entorno. Eso descalifica jurídicamente el fallo y pone de relieve que su única intención era contribuir a desgastar al presidente del Gobierno dando munición.

Acusa directamente al juez Peinado de prolongar “artificialmente” la causa contra Begoña Gómez para “desgastar al Gobierno”...

En principio hubo una crítica generalizada a que admitiera la querella de Manos Limpias cuando solo tenía recortes de periódico y al final quizás esto sea lo de menos. Cualquier juez dice: “Señores, esto se archiva”. Pero no, Peinado empieza a tirar y se ve claramente su intención de ir salpicando al presidente del Gobierno y dar carnaza. Volvemos al 'caso Niñera' de Podemos: una ayudante que ayuda a redactar correos no tiene ninguna relevancia, no puede ser malversación.

Todo está montado con la intención de alargarlo y hay que reconocer que, por lo menos, en el caso del fiscal general y del hermano de Pedro Sánchez los jueces han cumplido y han actuado con celeridad, pero este caso va camino de los dos años infringiendo la ley que dice que se debería instruir rápido. Las resoluciones de Peinado son absolutamente disparatadas, incluso gramaticalmente, como destaca Álex Grijelmo. Se ha metido en un charco.

¿Es necesario un Tribunal Constitucional?

Hay muchos países que no tienen uno, se puede funcionar sin él, pero en España era absolutamente imprescindible porque veníamos de 40 años de dictadura en la que jueces y fiscales no teníamos la posibilidad de aplicar la Declaración de Derechos Humanos o el Convenio Europeo. Estábamos al margen del Derecho internacional. Fue imprescindible e hizo una gran labor, pero con el advenimiento de José María Aznar, que pretendió controlarlo excesivamente valiéndose de su mayoría absoluta, empieza a jugarse una partida parecida a la que se juega con los vocales del Consejo del Poder Judicial.

Eso deteriora mucho. La sentencia de 2021 del estado de alarma solamente pone de relieve que lo único que querían no solo era, incluso, casi un 'impeachment' de Pedro Sánchez por encerrar a los españoles, sino también algo aberrante. Decir unos magistrados de un Tribunal Constitucional que procedía un estado de excepción, que lleva aparejado un internamiento total, la abolición de la libertad de prensa, la entrada y registro en domicilios sin autorización judicial... Esto es inaudito.

¿A qué se refiere en el libro con “arrastrar las togas por el barro”?

Legislar desde un tribunal es una tentación, no solo en España sino en todos los sistemas judiciales y es lo que dio lugar a acuñar el término “activismo judicial” en Estados Unidos, cuando el Tribunal Supremo se cargó 140 leyes de Roosevelt. Con esa expresión me refería fundamentalmente a la inaudita concentración de jueces con toga contra un proyecto de ley que no se había redactado. El Consejo del Poder Judicial ha mirado para otro lado, hay un protocolo que prohíbe sacar las togas a la calle.

También dedica un pasaje a la Sala Tercera del Supremo y sus sentencias tumbando nombramientos como el de Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado o los ascensos de Eduardo Esteban y Dolores Delgado en la Fiscalía.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo es un caso típico del juez legislador. Cuando legitiman a la acusación popular para oponerse a los indultos del procés, por ejemplo, están cambiando la ley, es un caso de libro. En cuanto a los nombramientos podemos entrar en un debate estadístico: no hay ni una sola corrección de nombramientos hechos por gobiernos del PP y sí varios de gobiernos del PSOE. El caso de Eduardo Esteban es mucho más grave todavía porque primero dicen que la decisión no está motivada, y es verdad que era muy escasa, pero cuando la Fiscalía hace una motivación de más de 20 páginas siguen diciendo, porque les sale de donde les sale, que no está motivado y tuvo que ser el Tribunal Constitucional el que corrigiese el entuerto.

Actualmente se planifican cambios para las oposiciones con un menor peso de las pruebas memorísticas. ¿Considera, como un sector de la judicatura, que es un atentado contra la independencia judicial? En su libro habla de una necesaria “democratización” del sistema.

El sistema español memorístico no tiene parangón en la Unión Europea y el mundo democrático. No tiene ningún sentido. Este año la jueza más joven de España tiene 23 años, tú dices en Alemania o Francia que alguien puede ser juez a esa edad por embotellarse unos temas en la cabeza y es como darle a pilotar un avión a un chico que solo se sabe las coordenadas y las altitudes. Esto crea, además, una endogamia con el preparador, que escandalosamente defrauda a Hacienda.

Es un cambio muy importante, el objetivo es detectar que el aspirante tiene otras habilidades más allá de las puramente memorísticas y eso es la clave de por qué se oponen a instaurar un sistema parecido al europeo. La Asociación Profesional de la Magistratura y otras asociaciones han ido por Europa diciendo que ataca la independencia judicial. Si eso es atacar la independencia es que esos jueces no saben lo que es la independencia y eso es muy peligroso, aquí no se han atrevido a decir eso porque no han tenido el apoyo de nadie. ¿En qué cabeza cabe? Este nuevo ejercicio será bueno, malo o incompleto, pero desde luego de ninguna manera ataca a la independencia judicial.

Yo sería partidario de introducir un mínimo de 50% de jueces del turno libre que hubieran acreditado experiencia profesional, que digan lo que digan ha dado magníficos resultados y uno de ellos ha llegado a presidir la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

La situación es crítica en Estados Unidos. ¿Son allí los jueces la última barrera de contención ante la deriva de Donald Trump?

Ojalá. Me recuerda a la leyenda del molinero de Potsdam que se enfrenta al rey y a la que se atribuye la frase de “aún quedan jueces en Berlín”. Yo creo que todavía quedan jueces en Estados Unidos y dentro de la tremenda preocupación de la pérdida de democracia en lo que fue la primera democracia del mundo, algunos jueces son la barrera de contención. Cuando se anuló el internamiento de un niño de cinco años en Texas las personas se escondieron en los asientos del avión, el plano es muy significativo, no es porque no fuesen partidarios sino porque tenían miedo.

En su libro también aborda la reforma legal de los delitos sexuales conocida como ley del 'solo sí es sí'. ¿Considera que su modificación para frenar las rebajas de condena fue un error?

Esa ley se tergiversó de una manera digna de Goebbels en sus mejores momentos, diciendo que todos los días salían dos o tres personas de la cárcel. La ley se ajustaba estrictamente al contenido del Convenio de Estambul y al PSOE le preocupaba cortar la hemorragia que se encargaba de repetir la tamborrada mediática, algunos incluso con un contador de rebajas de condena. Se estropeó una ley que era impecable y que tiene 52 artículos que son clave para hacer frente a la violencia de género. Y nadie se los ha leído porque exigen un desembolso presupuestario; sin embargo, poner que las penas se rebajan un año o dos es muy barato.

El Gobierno de España ha decidido ir al choque con las grandes plataformas de contenido y redes sociales con el último anuncio de Pedro Sánchez. Entre otras medidas de regulación para el entorno digital, el jefe del Ejecutivo anunció una reforma legal para que los CEO de las plataformas digitales tengan responsabilidad penal por la difusión de contenidos ilícitos. Es una iniciativa que ha despertado los primeros recelos por parte de la Comisión Europea y que juristas consultados por elDiario.es consideran un “brindis al sol” por la complejidad de su ejecución y su posible colisión con el reglamento comunitario de servicios digitales, que ya contempla un régimen de multas. 

Fuentes del Ejecutivo concretan que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes una ley orgánica que incluirá una modificación del Código Penal para que directivos como Elon Musk o Mark Zuckerberg se enfrenten a procesos penales si plataformas como X, Instagram o Meta no retiran los contenidos que difunden contenidos ilegales, como pornografía infantil, por ejemplo. En particular, cuando incumplan una orden de retirada de contenidos ilícitos. Tras este anuncio, la Comisión Europea advirtió de que los Estados miembros como España no deberían “invadir” competencias de ámbito comunitario que están incluidas en el citado reglamento, llamado DSA, por sus siglas en inglés. 

El abogado Borja Adsuara, especializado en derecho informático, afirma que un Estado miembro no puede “hacer la guerra por su cuenta” legislando contra un reglamento europeo aplicable a todos. Este jurista afirma que la Comisión Europea debatió y descartó la responsabilidad penal personal y optó por multas administrativas de hasta el 6% de la facturación global de la plataforma, tal y como figura en la citada DSA. 

Este abogado defiende que en el caso de las plataformas de gran tamaño como Instagram, Facebook o X la competencia sancionadora la tiene la Unión Europea porque su actividad afecta a todos los países del ámbito comunitario. “Un Estado miembro puede hacer la denuncia, pero quien tiene que abrir el expediente es la Comisión Europea”, dice. Adsuara cuestiona que el Ejecutivo anuncie este tipo de medidas que considera un “brindis al sol” cuando lleva dos años de retraso en dotar de competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para aplicar el reglamento europeo, lo que podría acarrear una multa del Tribunal de Justicia de la UE. 

Ofelia Tejerina, profesora de la Universidad Pontificia de Comillas y presidenta de la Asociación de Internautas, coincide en que el Gobierno se ha “pasado de frenada” con medidas que van más lejos de lo que establece la regulación comunitaria. “Habría que ceñirnos y ver si somos capaces de aplicar lo que nos dice Europa. Hasta ahora ni lo hemos intentado y hace dos años que tendríamos que haberlo hecho”, dice esta experta. 

En la Moncloa se revuelven contra el toque de atención de la Comisión Europea. “No es nada que no se esté haciendo”, aseguran fuentes gubernamentales, que se refieren a la normativa impulsada por Emmanuel Macron. “En Francia han llamado a declarar a Elon Musk”, afirman esas fuentes. No obstante, la causa en la que se investiga a X tiene que ver con la manipulación de algoritmos, que es otra de las patas del paquete contra la desinformación que anunció Sánchez, provocando el enfurecimiento de los oligarcas digitales, como el propio Musk o Pável Dúrov, dueño de Telegram. En Moncloa argumentan que Dúrov fue imputado en Francia en 2024 por delitos vinculados a la difusión de contenidos de abuso sexual infantil, informa Irene Castro.   

El Ejecutivo francés ha salido en defensa de Sánchez. “Hola, España, hemos estado ahí”, señala el Ministerio de Exteriores en un post en X en el que relata “ataques al Gobierno”, el uso de la plataforma por parte de su propietario contra la legislación nacional, etc. “Mantén la línea. Es regulación de las plataformas”, concluye. 

En el Gobierno defienden que la reforma del Código Penal para perseguir a los magnates tecnológicos tiene encaje no sólo en las legislaciones española y europea, sino en la jurisprudencia. “El Gobierno plantea que las grandes plataformas digitales y sus directivos sean responsables si no retiran contenidos ilegales en las plataformas que se les hayan notificado. Esta medida no es una excepción: la DSA ya obliga a las redes sociales a impedir la difusión de contenidos ilícitos. Ningún tribunal europeo ha considerado que eso vulnere la libertad de expresión”, señalan fuentes gubernamentales. 

Estas mismas fuentes sostienen que el “objetivo es proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía y actuar solo contra contenidos que atentan contra la dignidad de las personas”. “Exponer cuerpos de menores desnudos o alentar al genocidio no son manifestaciones de libertad de expresión, son delitos”, rematan.

Los expertos, sin embargo, apuntan al riesgo que supone que sean los ejecutivos —del color que sean— quienes decidan qué es información, qué es desinformación y qué es discurso de odio. Adsuara critica que la propia DSA incluya “conceptos jurídicos indeterminados”, como la necesidad de actuar contra los contenidos que vayan contra el “discurso cívico”. Y que esa pueda ser una vía utilizada para censurar opiniones disidentes o no oficiales. 

Tejerina, por su parte, insiste en que la persecución penal de los CEO es una idea difícil de ejecutar. “En primer lugar, habría que preguntar al Gobierno qué quiere entender como delito de odio y qué tipo de trazabilidad va a hacer”, afirma esta experta, que apunta al riesgo de que, ante la amenaza de sanciones, sean las propias plataformas las que eliminen contenidos preventivamente, no porque sean ilegales (algo que debe decidir la Justicia), sino simplemente porque alguien denuncia que le “molestan”. “Eso les daría un poder ilimitado para controlar la narrativa y el discurso”, sostiene. 

En relación con la responsabilidad de las plataformas por los contenidos que se mueven en ellas, Tejerina afirma que en Europa “está delimitada desde hace muchísimos años” y recuerda que “no tienen la obligación de monitorizar 24/7, que es algo que está prohibido porque va contra la intimidad y la protección de datos”. “Otra cosa es que si la Administración comunica a una plataforma que hay un contenido ilegal, esta plataforma tenga que actuar”, añade.

Del caso ‘Menéame’ a Musk y Zuckerberg 

Fuentes especializadas en procesos legales por delitos e irregularidades cometidas a través de internet explican a elDiario.es, en la misma línea, que exigir responsabilidades legales al líder de una de estas empresas tiene por delante un camino complejo: que exista un contenido ilegal, que exista una orden oficial de retirarlo y que exista una negativa del empresario a cumplir con esa orden. Un posible delito de desobediencia o algún tipo de sanción por la vía civil a la que, dicen estas fuentes, sería muy difícil llegar. 

Un caso reciente fue sentenciado por el Tribunal Constitucional en 2023: la condena económica a la página web Menéame por los comentarios anónimos de varios usuarios que insultaban a un concejal del Partido Popular en Marbella acusado entonces de gastar 14.000 euros en llamadas telefónicas en un solo mandato. El concejal solicitó a la web, sin éxito, que retirase comentarios que le calificaban de “hijo de puta”. 

El Constitucional, con varios votos particulares, confirmó la decisión de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de condenar a la página a indemnizar con 12.000 euros al edil marbellí. No por no haber hecho un control previo de esos comentarios sino por no borrarlos cuando recibió el requerimiento, lo que la normativa llama el “conocimiento efectivo”. 

Es un concepto que ha desarrollado la Fiscalía en la última década. Lo hizo, por ejemplo, en una circular de 2015 referida a las páginas y plataformas que difundían películas o música pirateada. Una página web o plataforma puede ser responsable del contenido que difunde siempre y cuando tenga “conocimiento efectivo” y actúen “con diligencia” para retirar el contenido ilegal. Ese “conocimiento efectivo”, dijo ya entonces la Fiscalía citando al Tribunal Supremo, llega sobre todo cuando un organismo competente exige su retirada. 

Llevar esa responsabilidad no solo a la empresa sino personalmente a su CEO, como puede ser Elon Musk en el caso de X o Mark Zuckerberg en Facebook, requiere según estas fuentes de muchos cambios legales y, sobre todo, una línea recta clara entre la orden de retirar un contenido y la obligación de esa persona dentro de la empresa. 

Los menores de 16 años en las redes

Otro de los anuncios de Sánchez tiene que ver con la edad de acceso de los menores de edad a las redes sociales. Actualmente se sitúa en los 14 años y el Gobierno pretende elevarla hasta los 16, medida que ha recibido la negativa de partidos como Vox, cuya estrategia de conexión con los jóvenes pasa por las redes sociales. “Lo que pretende es amordazar y censurar al mismo pueblo al que roba”, dijo Santiago Abascal durante su campaña aragonesa. 

Lo cierto es que esta propuesta no es ninguna novedad. En esos momentos se encuentra en fase de tramitación parlamentaria una iniciativa legal, un Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, todavía sometido a enmiendas y que recoge esta posibilidad. 

“Se considera necesario elevar la edad del consentimiento del menor en materia de protección de datos”, explica esta iniciativa a la que fuentes participantes en el proceso otorgan máxima importancia tras meses de trabajo. El objetivo, dice el documento, es “armonizar” el umbral español de edad de acceso a estas plataformas con el de “la mayoría de los países de la Unión Europea” así como con el exigido en España para “otras actividades y conductas”. 

En Moncloa sostienen que es un bulo decir que la prohibición del acceso a menores de 16 años sentará un precedente para rastrear la identidad de los usuarios erosionando el anonimato y abriendo las puertas a la recopilación masiva de datos. “Esta medida responde a una lógica de protección de menores, del mismo modo que se limita el acceso al alcohol o a la conducción para preservar su integridad”, afirman en el Ejecutivo, que recuerda los problemas de salud mental e hiperconexión de los niños así como el aumento en un 13% de las denuncias por abusos sexuales online con una multiplicación exponencial de los deepfakes de contenido sexual. 

El argumento del Ejecutivo es que las medidas de verificación de edad “dificultarían estos modelos criminales, sin implicar en ningún caso la recopilación de datos personales de menores”.

Un cuarto juzgado de Madrid ha llamado a declarar a varios ex altos cargos de Isabel Díaz Ayuso para responder por la muerte de ancianos en residencias de la región durante lo peor de la pandemia de coronavirus. En este caso tanto Carlos Mur como Javier Peromingo, entonces directores de atención sociosanitaria en la Comunidad de Madrid, tendrán que comparecer como investigados el próximo 10 de febrero junto con Pablo Busca, máximo responsable en ese momento del SUMMA 112. Ese juzgado investiga la muerte de una anciana en una residencia de Manoteras.

Distintos juzgados de la región investigan por lo penal si los protocolos que puso en marcha la Comunidad de Madrid en las primeras semanas de marzo de 2020 supusieron una discriminación para los ancianos de las residencias al impedir su hospitalización mientras los geriátricos permanecían sin medicalizar. En un primer momento varios juzgados archivaron las causas que mantenían abiertas por entender que estos 'protocolos de la vergüenza' podían ser una decisión cuestionable pero no delictiva, pero recientemente otros juzgados han reabierto diligencias y llamando a declarar a estos responsables sanitarios como imputados y no como testigos, como había sucedido hasta ahora.

La nueva citación será el próximo 10 de febrero en el juzgado 37 de la Plaza de Castilla de Madrid y las principales comparecencias son las de Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo. Ante otros juzgados diferentes, los dos han renegado de la parte más polémica de estos protocolos que, según los familiares, impidieron de facto que sus padres y abuelos fueran llevados a hospitales donde las posibilidades de supervivencia eran mayores.

Martínez Peromingo apuntó a Mur como el responsable de estos protocolos mientras que el propio Mur se distanció de estos criterios. Junto con ellos también están llamados a declarar el entonces responsable del Servicio de Urgencia Médica de Madrid y la geriatra de enlace del hospital Ramón y Cajal. Esta investigación se solapa con otras abiertas en un juzgado de Collado Villalba y en otros dos de la misma Plaza de Castilla. Otro juzgado de Leganés se inhibió tras intentar tomarles declaración.

La exconcejala del Partido Popular en Móstoles que denunció internamente al alcalde de la localidad por acoso sexual se dirigió varias veces al partido, en persona y por escrito, para exponer su situación. La grabación de una de esas reuniones con Ana Millán, alto cargo del PP en Madrid y una de las más estrechas colaboradoras de Isabel Díaz Ayuso, revela que su respuesta fue cuestionar el supuesto acoso por no haber acudido al Comité de Derechos y Garantías, negarse a reunirse con ella en presencia de su abogado e, incluso, anunciar que estaba siendo investigada bajo la acusación de filtrar información de este caso al PSOE. “El partido tiene una denuncia hacia ti con pruebas de que llevas tiempo pasando información al PSOE de todo este tema”, dijo Millán antes del final de la reunión. Un día después dejó su acta y causó baja en el partido.

El caso fue revelado esta semana en exclusiva por el periódico El País. Una concejala de la localidad madrileña de Móstoles, que con más de 214.000 habitantes es uno de los municipios más poblados del país, denunció que había sido acosada por el alcalde Manuel Bautista. Esta concejala, tal y como informa el rotativo del grupo PRISA, se reunió con altos cargos del partido de Isabel Díaz Ayuso entre marzo y octubre de 2024, entre ellos sus dos colaboradores más estrechos: Alfonso Serrano y Ana Millán.

Una grabación a la que ha tenido acceso elDiario.es dibuja que la última reunión, celebrada en octubre de ese año en la sede central del partido en la calle Génova, terminó de forma tensa. La concejala acudió a reunirse con Ana Millán, vicesecretaria de Organización del PP de Ayuso, después de haber escrito directamente a la presidenta regional para explicar lo que estaba pasando, enviando hasta seis emails y con dos reuniones previas. Acudió acompañada de su abogado, Antonio Suárez-Valdés, especialista en la jurisdicción militar y en materia de acoso, en su día abogado defensor de la comandante Zaida Cantera.

“No te íbamos a recibir con abogado”, afirmó Millán mientras le reprochaba que se hubiera dirigido a Isabel Díaz Ayuso y no al Comité de Derechos y Garantías. “Una vez más me acabas de confirmar que sigues mezclando la institución”, afirmó al término de la reunión antes de pasar al ataque contra la denunciante. “Te digo, con toda honestidad, este partido sí que tiene una denuncia presentada hacia ti con pruebas de que llevas tiempo pasando información al PSOE de este tema”. 

Millán explica a la entonces todavía concejala en Móstoles que se enfrentará a una investigación interna por esas supuestas filtraciones que ella niega. “Te llamarán de lo que es el procedimiento interno del partido que establecen nuestros estatutos, te llamarán de Derechos y Garantías”. El mismo comité ante el que emplaza a denunciar el supuesto acoso del alcalde. “Que me llamen porque no tengo ningún problema”, contesta la denunciante. El caso no se ha conocido hasta año y medio después y ella no fue llamada finalmente a declarar por esa supuesta filtración.

Las informaciones desveladas por El País revelan que altos cargos del PP de Ayuso llegaron a reconocer que lo que denunciaba era “un caso de acoso de manual” y que llegó a ser estudiado y archivado por el partido a nivel nacional. En esta grabación, Millán cuestiona que exista ese acoso por no haber acudido al Comité y haberse dirigido a ellos: “¿Dónde está el caso de acoso? Si tu tienes pruebas tendrás las herramientas que establecen los estatutos. Desde el primer momento has dicho que no querías denunciar”. La concejala replica: “La que me has dicho que eche un paso atrás…” afirma antes de dar la reunión por terminada. Poco después renunció a su acta. “No voy a permitir ya más victimización, hasta aquí”. 

“No tengo por qué reunirme con nadie con abogado”

La número tres de Ayuso comenzó el encuentro imponiendo “las premisas” bajo las que se iba a producir y cuestionando la presencia de un abogado cuando “no hay constancia de ningún procedimiento judicial”. “Con todos los respetos pero yo no tengo por qué reunirme con nadie con abogado”, le dijo, para a continuación aclarar que solo la atendía “como a cualquier compañero del partido que pide hablar”. Millán insiste en que la denuncia de acoso de la concejal de Móstoles “es un tema estrictamente municipal” del que no tienen “constancia formalmente” pese a las dos reuniones previas y los intercambios de correos en los que hablaba de la “discriminación muy grave” que sufría.

“¿Como organización no tenéis ningún protocolo?”, le pregunta en un momento la denunciante mientras Millán insiste en que la atienden “con todo el cariño del mundo” como atienden “a cualquiera” pero la vía es el Comité de Derechos y Garantías, que no ha activado. “He venido aquí y te he contado unos hechos, como responsable del partido tendrás que trasladarlo donde corresponda”, dice ella, algo que niega Millán, porque el partido “tiene sus procedimientos”. También le reprocha que se haya comunicado por correo con el gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid en lugar de dirigirse al partido. 

La concejal escribió posteriormente para denunciar su caso ante este órgano del PP nacional, sin éxito. Desde el equipo de Feijóo confirmaron a elDiario.es que “se abrió un procedimiento de información” pero no han querido responder sobre cómo fue el proceso ni a quién se llamó. El País ha revelado este viernes que el PP archivó el expediente sin citar ni escuchar en persona a la presunta víctima ni a los testigos que ella mencionaba en su escrito.

“Un caso de acoso sexual y laboral se trata a nivel de compañero”

La concejala denunciante de acoso reprocha a Millán que, en un momento dado, pretendiera abordar un “presunto caso de acoso sexual y laboral” a “nivel de compañero” con una conversación con el alcalde sin “activar nada”. “No soy juez ni parte”, contesta Millán. 

Las alusiones al Comité de Derechos y Garantías son constantes por parte de la número 3 de Ayuso. “Si tú tenías algún problema laboral (...) te dijimos que una cosa es el partido como organización política, hemos intentado darte el amparo que nos pedías porque no querías que se te quitaran competencias”. Presume en ese momento Millán de haber obligado al alcalde de Móstoles a mantener a la denunciante en sus funciones incluso después de la denuncia. “Fíjate si hemos intentado que se te mantuviera como creo que te mereces y sigues con las mismas competencias”.

El alcalde de Móstoles se defendió ayer de las acusaciones de acoso afirmando que la polémica respondía a un enfrentamiento profesional con la denunciante, que quería ser teniente de alcalde y no se le concedió. Unos audios desvelados este viernes por El País apuntan en dirección contraria: “Efectivamente tú no me has pedido nada... ni ser teniente de alcalde ni nada”.

Después de escribir varias veces a la presidenta de la Comunidad y de su partido, Isabel Díaz Ayuso, de intercambiar nueve correos electrónicos con su gabinete, de reunirse en la sede del PP con la cúpula regional, su secretario general Alfonso Serrano, y su secretaria de organización, Ana Millán (con esta última en dos ocasiones), de remitir un escrito de 20 páginas al comité de Garantías del PP nacional, la concejala que denunció al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, por acoso sexual y laboral, no logró que nadie en su formación le prestase amparo.

En ocho meses, nadie activó el protocolo de acoso y tampoco se abrió un expediente al regidor. Y eso que la 'número tres' del partido, Ana Millán, asumió tras escuchar el relato de la edil y las humillaciones a la que estaba siendo sometida por el alcalde, que se trató de un “caso de acoso de manual”, durante una conversación mantenida el 11 de septiembre de 2024 en la sede de Génova 13. En el mismo encuentro, la mano derecha de Ayuso, Alfonso Serrano, admitió también ante la edil la razón por la que fue relegada de sus funciones en el Gobierno municipal, dejó de intervenir en los Plenos y de tener responsabilidades “Te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia, ¿estamos hablando de esto?”, le dijo Serrano tras escuchar su relato.

Las conclusiones que sacaron ambos de su conversación con la edil no impulsaron ninguna investigación en el partido. De hecho, pese a reconocer la injusticia, ambos durante la charla trataron de evitar que la concejal presentase una denuncia o hiciese públicos los hechos. Todo está documentado en nueve correos electrónicos y una carta de despedida, en la que la edil renuncia a su cargo público y se da de baja en el partido.

La correspondencia con Ayuso evidencia que la presidenta no tuvo interés en recibirla, cuando le mandó el primer correo electrónico el 26 de febrero de 2024 en el que le contaba la “situación laboral” que estaba pasando, “una discriminación muy grave que no ha cesado y se está incrementando”. En la misiva reclamaba la mediación de Ayuso “para que no tengan que intervenir otros organismos”. La presidenta alegó “cuestiones de agenda” y la derivó a su mano derecha en el partido, Alfonso Serrano.

Cinco días después de recibir el mail, Ayuso sí recibió en su despacho al alcalde de Móstoles. Su equipo de comunicación presentó la cita como una más en la ronda de contactos con los regidores madrileños. No hubo rueda de prensa ni comunicado, la Comunidad explicó que en la cita ambos dirigentes abordaron “proyectos comunes de ambas administraciones, desde una perspectiva de colaboración institucional en beneficio de la prestación de unos servicios públicos de calidad que demandan los ciudadanos”.

Rechazo “a cualquier tipo de denuncia”

Una semana más tarde, la guardia pretoriana de Ayuso, Millán y Serrano, recibieron a la concejal, escucharon su relato le pidieron de todas las formas posibles que no hiciera pública su denuncia y que tampoco acudiese al juzgado. La retahíla de frases con que la presionaron figura en el noveno correo, también dirigido a la presidenta madrileña donde se queja de cómo todo su partido la ignoró durante ocho meses consecutivos en los que fue relatando ante diferentes instancias el calvario que vivía al lado del alcalde y presidente del PP en Móstoles, Manuel Bautista, tras negarse a tener relaciones sexuales con él.

Tras admitir que a la edil le está “costando la salud” la actitud de su alcalde, Ana Millán le insiste varias veces en que no debe denunciar y le habla del daño que eso puede suponer a su familia. “Ese amparo que pides pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia”, le dice la número tres de Ayuso. El número dos insiste: ¿Qué podemos hacer? No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer solución“. Las afirmaciones que recopiló la entonces concejal de Móstoles de los dos interlocutores enviados por Ayuso permiten concluir que ni Millán ni Serrano dudan del relato de su edil y a la vez, que ambos la presionan para que no denuncie.

Tras esa charla donde quedó patente el origen de los desencuentros con el regidor, la edil todavía envío seis correos más al equipo de la presidenta. Todos están documentados, y fuentes conocedoras de la denuncia interna presentada por la edil aseguran a elDiario.es que dispone de material probatorio para sustentar sus acusaciones y desmentir las afirmaciones del PP y del regidor de Móstoles, quien este jueves atribuyó todo a una supuesta venganza de su concejal por no ser ascendida en el Gobierno municipal.

El último mail remitido a Ayuso lo firma ya como exconcejal: ocho meses después de pedir ayuda por primera vez, había renunciado al cargo de concejal y también a su condición de militante. Pero todavía escribiría una vez más para denunciar su caso ya ante un órgano del PP nacional, el comité de derechos y garantías. También sin éxito. El PP concluyó que no hay causa, que no existieron pruebas. Pero la presidenta Ayuso fue mucho más allá: dijo directamente que se trataba de un caso “fabricado contra el PP”. Y a esa tesis se apuntaron los dirigentes más cercanos. El mismo Serrano que la presionó para que no denunciase contó este jueves en un programa de Cuatro que no había pruebas y que si las hubiese, él mismo la habría “acompañado al juzgado”.

El gabinete de la presidenta, al que recurrió la edil para que mediase con el alcalde, acabó filtrando a algunos medios de comunicación este jueves los correos en los que denunciaba el acoso al que estaba siendo sometida. En varios diarios llegó a aparecer el nombre de la concejal. El primero en difundir la totalidad de los mails fue El Debate.

Petición de explicaciones

Las presiones del equipo de Ayuso a la edil para que no denunciase a su alcalde, adelantadas el miércoles por El País, centraron la sesión de control en la Asamblea de Madrid. La oposición en pleno preguntó por ello: Vox, Más Madrid y PSOE. La izquierda exigió la renuncia del alcalde pero también de Alfonso Serrano y Ana Millán ambos presentes en el Pleno.

Ayuso, que se había mostrado muy beligerante en el caso de las denuncias contra el alto cargo de Moncloa, Paco Salazar, optó esta vez por pedir que se creyese a las mujeres y que se aplicase la presunción de inocencia, para sí misma. Desde Más Madrid le recodó Manuela Bergerot que en un caso de acoso sexual ella no es la víctima. En el PSOE, Mar Espinar, acusó de “mandar a sus secuaces” para que la concejal mantuviese “la boquita cerrada”.

El presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, no fue tan lejos, pero cerró filas con su baronesa. En una rueda de prensa en Calanda (Teruel) que “el PP de Madrid ha investigado, y después de investigar ha considerado que no había indicios suficientes y racionales para actuar”. El líder de la oposición también aseguró que “el Comité de Garantías [nacional] llamó a las personas afectadas y se mantuvo la investigación de Madrid como una investigación veraz”.

La referencia al Comité de Derechos y Garantías implica que la denuncia de la concejala de Móstoles escaló a los órganos nacionales del partido. Desde el equipo de Feijóo confirman a elDiario.es que “se abrió un procedimiento de información”. Las mismas fuentes apuntan que “aunque [la denuncia] llegó sin ser afiliada” el comité “abre el procedimiento”.

Las explicaciones desde la dirección del PP se acaban ahí. El equipo de Feijóo no ha querido responder a si, por ejemplo, cuando su líder sostiene que el comité “llamó a las personas afectadas” se refiere a que hubo entrevistas personales, bien presenciales o por teléfono, ni con quién. Si la concejala fue contactada solo por correo electrónico, tal y como refiere ‘El País’ en la información que desveló el caso, y si se contrastó con el alcalde, Manuel Bautista, lo denunciado.

El PP tampoco ha respondido a otras cuestiones sobre sus propias normas internas de cumplimiento obligatorio. Porque el partido de Feijóo presume de atender a la denunciante “pese a no ser afiliada”, cuando los propios Estatutos del PP establecen en su artículo 52.3 que “los respectivos Comités extenderán sus competencias a los empleados del partido y cualquier persona incluida en el ámbito de aplicación de las normas de cumplimiento, aunque no tenga la condición de afiliado al PP”. También el Código Ético establece que “el PP no tolerará ningún tipo de violencia, acoso, abuso (...) tendente a lesionar los derechos personales de sus miembros o terceros”. Y prohíbe expresamente “en el entorno laboral del PP actos de acoso conforme a la normativa interna”.

Esa normativa interna es el Protocolo de prevención del acoso laboral, un documento al que ha tenido acceso elDiario.es y que hace referencia expresa al “acoso sexual” en el marco de la Ley de Igualdad. “Toda persona que considere que ha sido objeto de acoso tiene derecho a solicitar la aplicación” del protocolo, continúa el texto, “bien por sí misma o a través de sus representantes legales”.

La normativa interna del PP establece la obligación de crear una “comisión instructora” que presida la persona al frente de la Dirección de Recursos Humanos. Antes, eso sí, esta misma persona y el Órgano de Cumplimiento Normativo (OCN) decidirán por sí mismos si se admite o no a trámite la denuncia.

El PP tampoco ha detallado cuáles de estos pasos se llegaron a dar ni cuál fue el papel exacto de la Comisión de Derechos y Garantías. Según los Estatutos, recae sobre el secretario general, Miguel Tellado, “la dirección de todos los servicios del partido y la jefatura de su personal”.

Si has vivido o tienes conocimiento de un hecho similar a los que aquí se cuentan, queremos escucharte. Escríbenos un correo a pistas@eldiario.es. Trataremos tu testimonio con absoluta confidencialidad.

El Tribunal Supremo ha confirmado que el grupo de empresas de Santiago Segura, creador de la saga 'Torrente', pagó 827.000 euros de menos y de forma irregular en su Impuesto de Sociedades de 2011. Los jueces dan la razón a la Agencia Tributaria y entienden que su holding societario intentó beneficiarse fiscalmente de las pérdidas de una empresa cuando, dice ahora el Supremo en firme, eso suponía un doble beneficio para el productor. Esta sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo ha contado con una fuerte división interna: dos de los seis magistrados apostaban por dar la razón a Santiago Segura en este pleito con Hacienda que arrancó hace ahora 13 años. Segura, recuerdan desde el equipo legal que ha llevado el caso, ya puso ese dinero a disposición de Hacienda hace una década sin que en ningún momento fuera acusado de un delito fiscal ni sancionado.

La Agencia Tributaria puso la lupa sobre el grupo empresarial de Santiago Segura en 2013. El conglomerado fiscal AE William Holding, del que Segura es administrador único, recogía bajo su paraguas varias compañías vinculadas al productor cinematográfico, entre ellas 'Amiguetes Entertainment', la productora responsable de la mayor parte de las películas de 'Torrente'. El grupo echó a andar en la década de los noventa pero en 2008 incorporó una sociedad que arrastraba pérdidas y fue entonces cuando, según Hacienda y el Supremo, Santiago Segura intentó obtener beneficios fiscales de forma irregular.

En un primer momento Hacienda acusó al creador de 'Padre no hay más que uno' de haber pagado de menos un total de 827.183,29 euros en el Impuesto de Sociedades de 2011 además de imponerle dos sanciones que sumaban, entre las dos, más de 700.000 euros. Los tribunales administrativos anularon esas sanciones, pero la Audiencia Nacional terminó avalando a Hacienda y entendió que el grupo había hecho algo irregular en su declaración fiscal de 2011: compensar las bases imponibles negativas por las pérdidas millonarias que una de estas compañías llamada 'Netjuice' había tenido antes de pasar a formar parte del holding.

El caso llegó al Tribunal Supremo después de que el grupo empresarial del director de cine, que se encuentra a las puertas de estrenar la sexta entrega de la saga 'Torrente', recurriera la resolución desfavorable de la Audiencia Nacional. Entre otros argumentos, la entidad AE William Holding entendía que la normativa tributaria permitía compensar esas pérdidas de años anteriores y el Supremo, incluso, llegó a admitir a trámite el recurso para sentar jurisprudencia. La respuesta de la sala a este conflicto tributario es que sí tenía que pagar esos 827.000 euros.

Los jueces explican que da igual que esta fusión empresarial fuera indirecta y no directa: se le aplican los mismos límites para que no exista un “doble aprovechamiento” de las bases imponibles negativas. Y en este caso lo que pretendían las compañías de Segura, añade la sentencia, es “una suerte de amnesia fiscal o borrado histórico” de esa empresa antes de formar parte de su grupo. “El resultado fiscal de una reestructuración no explica ni justifica la obtención de ventajas fiscales no deseadas ni amparadas”, zanja el tribunal. El objetivo, añade, es mantener la “neutralidad fiscal”.

Desde el equipo legal que ha llevado el caso en nombre de las empresas del cineasta recuerdan a elDiario.es que ya puso esos 820.000 euros a disposición de Hacienda en 2016 y que en ningún momento ha sido acusado de un delito fiscal. También que ese tipo de operaciones, tal y como reconocen los jueces, no estaban reguladas expresamente en ese momento. De hecho su caso ha sido el primero en llegar a manos del Supremo y el que ha sentado doctrina después de meses de debate en el seno del tribunal.

“Hay una laguna en la ley”

La sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo tiene una doble relevancia porque no solo resuelve el caso de Santiago Segura sino que fija doctrina para cualquier caso similar, aunque el conflicto entre el director de cine y Hacienda era singular con respecto a las operativas empresariales habituales. Si los anteriores socios de una compañía fusionada ya aprovecharon las bases imponibles negativas antes de la fusión, no se puede aprovechar posteriormente por los nuevos socios, en este caso Santiago Segura. Tampoco si es una fusión inversa, como este caso.

La decisión no ha sido pacífica y ha dado lugar a una división poco habitual en la sección segunda de lo contencioso del Tribunal Supremo, especializada en tributos e impuestos. Dos de los seis magistrados han emitido votos particulares en los que apuestan por dar la razón a Santiago Segura. Una de las discrepantes es Sandra María González de Lara, la ponente inicial y magistrada del Supremo desde hace un año. Considera que en este caso concreto puede existir “una laguna en la ley” y que la interpretación de sus compañeros implica retorcer un precepto legal para perjudicar al holding del productor.

Desde el equipo legal de la empresa de Santiago Segura destacan también la existencia de estos votos particulares y sus argumentos alineados con su recurso, mientras estudian “otras vías” para seguir recurriendo.

El otro magistrado discrepante es Francisco José Navarro, veterano de la sala con 12 años de experiencia en el Supremo que entiende que se le ha aplicado una norma pensada para subrogaciones empresariales cuando este no es el caso. Hace dos años y medio, cuando trascendió la sentencia de la Audiencia Nacional, Segura ya deslizó que había pagado ese dinero reclamado por Hacienda a la espera del desarrollo del pleito. “Ese dinero no está en mi bolsillo, está ahí y si en algún momento me dieran la razón los tribunales pasaría a ser de nuevo mío, pero ahora mismo no debo nada a Hacienda”, afirmó.

El primer día de diciembre de 2016 un joven de 17 años se lanzó al vacío por la ventana de su casa en Vila-real. El análisis de su teléfono móvil desveló que había pasado sus últimas horas de vida siendo hostigado por WhatsApp: un hombre de más de 60 años que le había enviado más de un centenar de mensajes en los que le amenazaba con hacer saber a sus padres que había entrado en una aplicación de citas para homosexuales de Castellón e, incluso, que iba a denunciarle. El Tribunal Supremo acaba de rebajar de diez años a tres años y medio la condena que le impusieron los tribunales de la Comunitat Valenciana: entienden los jueces que el menor se quitó la vida “empujado por la presión” de las amenazas del hombre, pero tienen dudas sobre si el verdadero objetivo del condenado con sus mensajes era que llegara al suicidio.

La Policía tardó casi un año en analizar los mensajes del teléfono móvil que el chico llevaba en el bolsillo cuando se lanzó por la ventana de su casa. Pero el informe pericial reveló la información clave del caso: un hombre le había enviado 119 mensajes en apenas tres horas. Mensajes con amenazas claras y explícitas: “Tengo toda la conversación en el otro teléfono y lo voy a publicar. Te llevaré a los juzgados y mi abogado leerá tu conversación delante de tus papás. Por meterte en una página para mayores voy a arruinar a tus padres, menudo escándalo te voy a liar”; decía entre otras muchas amenazas.

La investigación nunca consiguió dilucidar exactamente qué había desencadenado los ataques de este sexagenario sobre este menor de 17 años pero el propio condenado llegó a reconocer, a lo largo del procedimiento, que poco antes habían hablado a través de una plataforma de contactos para hombres homosexuales en la provincia de Castellón. La familia del joven fallecido alegó en sus escritos lo que consideraban que había pasado: el chico se había echado atrás y el hombre, enfadado, empezó a mandarle mensajes amenazando con hacer pública una conversación sexual y, por ende, su orientación sexual.

El menor le envió mensajes pidiendo disculpas y pidiendo que no revelara nada a sus padres. En un momento dado fue muy explícito al explicar a su interlocutor que se pensaba quitar la vida. “Me suicido, voy a suicidarme”, dijo una hora antes de arrojarse por la ventana. La respuesta del condenado fue, según el Supremo, de “absoluta insensibilidad”: “Si te suicidas le dejarás el marrón a tus papás”. En su frenesí de mensajes amenazantes, siguió enviando comunicaciones al teléfono del joven una vez muerto, incluso fotos del Palacio de Justicia de València para hacerle creer que efectivamente le había denunciado, algo que no había sucedido.

Esas conversaciones previas que el acusado amenazaba con difundir nunca fueron encontradas y para la familia fueron la clave del suicidio del menor, tal y como se desprende de los mensajes que envió, rogando que no se revelaran. “Ante la imposibilidad de poder afrontar las consecuencias que conllevaría la publicación de su orientación sexual, el menor se vio totalmente superado por esta circunstancia, no encontrando otra salida más que el suicidio”, alegó el abogado de sus padres.

En un primer momento los tribunales de la Comunitat Valenciana optaron por imponerle una condena de 10 años de prisión, además de establecer indemnizaciones para sus padres y su hermano que suman 170.000 euros, por un delito de homicidio doloso. Tanto la Audiencia de Castelló como el Tribunal Superior de Justicia consideraron que el objetivo del acusado era provocar el suicidio del menor de edad y que sus palabras, tal y como dijeron en sus sentencias, fueron “el arma homicida” en este delito. Frases como “vas a llorar lágrimas de sangre delante de los jueces y de tus padres y que sepan el hijo que tienen” que, según dijo un jurado popular, empujaron intencionadamente al joven al suicidio.

El Tribunal Supremo, en una sentencia que ha podido examinar elDiario.es, ha decidido rebajar la condena a menos de la mitad, dejando la sanción penal en tres años y medio de prisión y manteniendo las indemnizaciones para los familiares del fallecido. Los jueces no ponen en duda que el adolescente se quitó la vida “por la presión” de las amenazas de su interlocutor, pero sí que el hombre fuera consciente de que con su torrente de mensajes agresivos estaba provocando el suicidio, o que ese fuera su objetivo. Una condena por imprudencia grave en concurso con lesiones y no una por homicidio doloso.

La “presión inaguantable” de los mensajes

A lo largo del proceso el acusado intentó desvincularse de los mensajes y las amenazas por varias vías. Una de ellas fue cuestionar la cadena de custodia del teléfono móvil desde su incautación tras el suicidio hasta su análisis en un informe forense de septiembre de 2017, cuando los agentes expusieron las amenazas a las que había estado sometido. En un momento dado llegó a afirmar que su identidad podría haber sido suplantada o que el joven fallecido fumaba porros y era acosado por otro hombre que no era él. También intentó ocultar a los tribunales que tenía antecedentes por abusos sexuales fechados en 2004.

El Supremo, como ya hicieron los tribunales valencianos antes, rechaza todos estos argumentos y confirma que es el responsable del suicidio del joven. Existe un “nexo causal innegable” entre los mensajes del hombre y el suicidio del menor. Se arrojó por la ventana, dice el tribunal, por la “presión inaguantable” de los mensajes que amenazaban con revelar conversaciones sexuales a su familia, una “persona atormentada que se ve acorralada ante una amenaza que le causa pavor”. El hombre, según deduce el Supremo de las conversaciones, “no solo no cede un milímetro sino que insiste en el plan mostrando una absoluta insensibilidad hacia sus quejas y súplicas”.

El chico, zanja el Supremo, optó por el suicido. “Sería insoportable vivir en ese escenario que se le anuncia y ve venir encima, y se arroja al vacío”, explican los jueces. Pero que su muerte fuera el objetivo del condenado, añade, no es la única hipótesis posible. Cita el “contexto” del episodio y el “nivel intelectual bajo y con habilidades escasas” del acusado para dar por válido que “no alcanzase a captar, no ya el contenido de los mensajes, sino su seriedad: que plasmasen que efectivamente su interlocutor estaba sopesando el suicidio, que sus manifestaciones fuesen exteriorización de una voluntad real”.

El cambio es crucial. El dolo que sí apreció el jurado popular de Castelló queda descartado y ya no es posible condenarle por homicidio doloso, cuyas condenas arrancan en los diez años de cárcel que le fueron impuestos en un primer momento. La nueva calificación, por un delito de homicidio por imprudencia grave en concurso con otro más de amenazas: tres años y medio de prisión, que implican su entrada obligatoria en la cárcel, además de mantener las indemnizaciones de la familia.

El tribunal cambia parte de los hechos probados: mantiene que el acusado era “plenamente sabedor de la angustia y del desasosiego que estaba produciendo en el menor, hasta el extremo de anunciarle que quería quitarse la vida” pero añade que no consta si “llegó a ser consciente de la probabilidad de que llevase a cabo ese propósito ni si llegó a aceptarlo, aunque en ese contexto debía haber ponderado esa posibilidad”.

Los tribunales han confirmado la condena de 433 años de prisión impuesta a un pedófilo con antecedentes que a lo largo de 2021 contactó con varias decenas de menores a través del videojuego Fortnite para obtener imágenes sexuales de ellos. El Tribunal Superior de Madrid ratifica que este pederasta incurrió en más de medio centenar de delitos, aunque como mucho cumplirá dos décadas entre rejas. Se trata de una de las condenas más altas impuesta en España a un pederasta por delitos sexuales contra menores de edad.

Aldo M. V. llevaba varias décadas afincado en Málaga cuando un juzgado de la localidad madrileña de Getafe registró hasta el último rincón de su casa en septiembre de 2021. Los tribunales andaluces ya le habían condenado en varias ocasiones por abusos a menores. En una de ellas, por atraer a su casa a los niños de su bloque de pisos en el distrito malagueño de Carretera de Cádiz con la excusa de jugar a la PlayStation en 2005 y abusar de ellos.

En total, abusó de una quincena de niños y recibió condenas que sumaron más de medio siglo de cárcel, aunque los tribunales redujeron su cumplimiento efectivo. Años después y con sus condenas cumplidas, volvió a la carga: empezó a contactar con menores de edad a través del videojuego Fortnite, donde se ganaba su confianza en las partidas pero también dándoles “paVos” –la moneda virtual de este battle royale con millones de jugadores en todo el mundo– o comprando skins para ellos.

Hasta en 25 ocasiones, según las resoluciones judiciales a las que ha accedido elDiario.es, el pedófilo contactó con jugadores menores de 12 años de edad y consiguió que le suministraran imágenes íntimas y sexuales. Videollamadas por Skype que él grababa y de las que llegó a sacar cientos de pantallazos que almacenó en un servidor en Internet. Los investigadores encontraron las imágenes y vídeos en un registro en el que intervinieron un ordenador, un teléfono móvil, varias memorias, una libreta y varios chupetes.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de confirmar íntegramente la condena que le impuso la Audiencia Provincial a mediados del año pasado: hasta 433 años de prisión por más de medio centenar de delitos sexuales relacionados con la pedofilia. Desde abusos sexuales hasta pornografía infantil pasando por modalidades específicas como el 'grooming'. Los jueces también mantienen, por tanto, el cálculo que limita en el tiempo el cumplimiento de su condena: como máximo pasará 20 años entre rejas, cuatro de los cuales ya ha pasado en prisión preventiva.

Parte de su condena también procede de una agresión sexual que perpetró sobre un menor de edad en Málaga. Aprovechó que estableció contacto con la madre de la víctima en una playa nudista para, aprovechando momentos de intimidad, perpetrar sus asaltos sexuales.

15 años abusando de niños pequeños

El TSJ de Madrid rechaza los argumentos del recurso del pedófilo: que no había pruebas contra él, que había sido condenado varias veces por los mismos hechos e incluso pedía reducir a la mitad las indemnizaciones de sus víctimas. Los jueces contestan que fueron intervenidas “innumerables imágenes” que tomó de los menores, él mismo sale en algunos vídeos y “son múltiples menores los que coinciden en el patrón de actuación del acusado”.

Las indemnizaciones tampoco son excesivas, explica el TSJM, y responden a los “graves sentimientos de vergüenza y humillación” que experimentaron las víctimas. El acusado, añaden los jueces, no padece ningún trastorno que justifique una rebaja de la condena, tal y como pedía al afirmar que tiene “dificultad para controlar impulsos”. Contestan los jueces del tribunal madrileño que no existe ningún diagnóstico y que “en absoluto esto puede llevar a concluir que tuviera alteradas sus facultades intelectivo volitivas”.

Las distintas sentencias revelan un mismo modus operandi desde al menos el año 2005, cuando, según los tribunales malagueños, empezó a abusar de niños de su bloque de pisos con el cebo de jugar a la consola en su casa. En esos años, tal y como publicó entonces el periódico ABC, también aprovechó su puesto como entrenador de fútbol para abusar de menores de edad aunque los jueces dejaron en 12 años de prisión el cumplimiento máximo de todas esas condenas que sumaban más de 50 años. En esos años, según denunció una asociación, trabajaba en varios colegios públicos de Málaga.

Su última detención a manos de la Guardia Civil fue la que ha desembocado en esta condena de más de 400 años de presidio. Las alarmas saltaron cuando los padres de una de sus 25 víctimas informaron de las sospechas que tenían sobre cómo su hijo mantenía contacto con un adulto a través de un videojuego. Si el Tribunal Supremo no corrige esta sentencia, este pedófilo nacido en Argentina y afincado en Málaga será expulsado de España cuando cumpla la mayor parte de su condena.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que obliga a la Comunidad de Madrid a cambiar el trato que da a las facultativas de sus hospitales públicos: no están obligadas a hacer guardias de 24 horas durante el primer año de lactancia de sus hijos y, además, no pueden perder dinero por dejar de hacer estos turnos extraordinarios. Los jueces entienden que en esos primeros 12 meses de lactancia las madres que trabajan como médicas en los hospitales de la región no deben hacer estas guardias porque la salud de los recién nacidos puede ponerse en riesgo “de manera indirecta” y no pueden perder dinero: “No deben percibir una retribución inferior a las de los demás médicos del Servicio Madrileño de Salud”.

Los sindicatos médicos decidieron acudir a los tribunales para reclamar este derecho de las madres lactantes. Alegaciones sobre el peligro para la salud de las mujeres y sus bebés pero también críticas a que en la región que gobierna Isabel Díaz Ayuso no existen evaluaciones de riesgos laborales específicas sobre esos turnos. Hacer guardias de 24 horas varias veces al mes, dijo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en primera instancia, puede afectar a la salud de la mujer y del bebé: “Lo que está en cuestión no es solamente la salud de la persona trabajadora, sino la de un menor recién nacido, que pudiera ser puesta en riesgo por el trabajo de la madre, de manera indirecta, a través de la leche materna”.

La Comunidad de Madrid llevó el caso hasta el Tribunal Supremo después de que el Tribunal Superior de Madrid diera la razón a los sindicatos. Un recurso ahora rechazado que combatía el corazón de esa sentencia: si la normativa de riesgos laborales exige evaluar “cada caso concreto”, argumentaron los servicios jurídicos de la Comujnidad, “no es correcto eximir a todas las lactantes de las guardias de 24 horas”.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo confirma esa sentencia y ese derecho. Recuerdan los jueces que, según los datos probados y disponibles, estas mujeres hacen “cuatro o cinco guardias” cada mes en la red de hospitales públicos de la región. Los jueces añaden que en este tipo de jornadas, más aún si tienen “algún factor estresante” o si generan “fatiga”, pueden llegar a “disminuir la producción de la leche materna, al inhibir el reflejo de bajada de la leche y el riesgo de mastitis, dificultando la lactancia”. El Supremo concluye que “estas facultativas que alimentan a sus hijos con lactancia natural no deben realizar guardias médicas durante el primer año de lactancia natural”.

Añade también el Supremo que la notmativa de Igualdad, especialmente la ley de 2007, impide que una facultativa pierda dinero en caso de verse en este supuesto, lo que supondría una “discriminación por razón de sexo”. Afirma la sentencia que “las facultativas exentas de guardias médicas por razón de lactancia natural, inherente a su sexo femenino, no deben percibir una retribución inferior a las de los demás médicos del SERMAS”.

La causa contra Álvaro García Ortiz ha llegado a un nuevo punto de conflicto después de ser condenado: las costas judiciales. La pareja de Isabel Díaz Ayuso, según ha adelantado esta mañana el periódico El Mundo, ha solicitado que el ex fiscal general del Estado pague casi 65.000 en costas por los honorarios generados por su abogado durante la tramitación de la causa. Una petición que cuadruplica la condena que impuso el Tribunal Supremo a García Ortiz entre la multa y la indemnización después de declarar probado que él o alguien de “su entorno” filtraron a la prensa un correo con la confesión de fraude fiscal del comisionista.

La Sala de lo Penal, con dos magistradas en contra, decidió condenar al ex fiscal general del Estado al responsabilizarle de la filtración. Una condena de dos años de inhabilitación para ejercer como líder de la Fiscalía añadida a dos sanciones económicas: una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador por las consecuencias de la filtración. Muy por debajo de los 300.000 euros de resarcimiento que había pedido la pareja de Ayuso y también de la multa de 108.000 euros que había pedido.

El Supremo condenó a García Ortiz a pagar las costas de la acusación particular y la mitad de “las restantes” y ahora la defensa del empresario, ejercida por el letrado Gabriel Rodríguez-Ramos, ha presentado al Tribunal Supremo sus honorarios: 64.778 euros según sus propios cálculos. La cantidad final, en cualquier caso, será establecida por la Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y su decisión podrá ser recurrida tanto por González Amador como por García Ortiz.

Fuentes cercanas al ex fiscal general entienden que se trata de una cantidad desmesurada, sobre todo teniendo en cuenta que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estableció unas responsabilidades económicas más de diez veces inferiores a las solicitadas por González Amador. Los propios jueces consideraron desproporcionadas sus solicitudes de condena, también la de cuatro años de prisión, dejando el castigo en dos de inhabilitación. Ahora el Supremo tendrá que examinar el detalle de los gastos remitido por el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El caso contra Álvaro García Ortiz, después de haber sido condenado en firme, está a la espera de los últimos trámites antes de poder presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han presentado incidentes de nulidad contra la condena y la Sala de lo Penal tiene pendiente su resolución en las próximas semanas. Cuando ese incidente de nulidad quede previsiblemente rechazado por la misma mayoría que firmó su condena, García Ortiz podrá acudir al Tribunal Constitucional.

Mientras tanto el Ministerio de Justicia ya tramita varias peticiones de indulto presentadas por terceras personas para que la condena de García Ortiz sea perdonada. Por el momento, el departamento que dirige Félix Bolaños se ha limitado a pedir un informe al Ministerio Público en un proceso en el que también tendrá que dar su opinión el Tribunal Supremo. Un posible indulto, tal y como ha explicado elDiario.es, no le permitirá recuperar el dinero que ya ha pagado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Unión Progresista de Fiscales, asociación que presidió García Ortiz y que ha sido crítica tanto con la condena como con la instrucción del caso, hizo una colecta para conseguir todo el dinero que el ex fiscal general había sido condenado a pagar.

Las investigaciones penales sobre las muertes de ancianos en residencias de Madrid durante la pandemia avanzan en los juzgados de la capital mientras la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, recrudece sus insultos contra las familias que impulsan las denuncias. Los antiguos altos cargos sanitarios de su gobierno se culpan mutuamente de la parte de los protocolos que bloqueó la derivación de miles de internos a hospitales mientras las acusaciones sopesan pedir más diligencias y procurar que las causas lleguen a juicio. El gobierno madrileño encaja las novedades judiciales calificando a los denunciantes de “plataforma de frustrados” y recordando que otras muchas causas similares ya fueron archivadas.

“Los activistas mediáticos que les hacen el caldo gordo llevan 143 procesos judiciales perdidos”. Isabel Díaz Ayuso eligió San Sebastián de los Reyes para celebrar su Consejo de Gobierno esta semana y subió un escalón la intensidad de sus insultos a las familias que impulsan estas diligencias judiciales. Una “plataforma de frustrados de la izquierda madrileña”, dijo para referirse a asociaciones como Marea de Residencias. Un año antes ya había usado expresiones como “marea de rebotados” pero en este Consejo de Gobierno tempranero de 2026 la situación judicial es diferente.

Aunque la cifra de 143 causas archivadas es de difícil confirmación, lo cierto es que diversos juzgados y tribunales de la región han archivado en los últimos años numerosas causas penales que investigaban tanto los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' como su aplicación concreta en casos de ancianos que nunca fueron trasladados de las residencias a los hospitales y fallecieron. Algunos jueces archivaron las diligencias criticando los protocolos –uno los calificó de “discutibles”– y otros incluso negaron que la propia Ayuso pudiera ser acusada.

En esas causas no había altos cargos sanitarios imputados. Geriatras, responsables de enlace entre residencias y hospitales y médicos fueron los que desfilaron como investigados por estos juzgados mientras los responsables de los protocolos lo hacían como testigos. Carlos Mur, director sociosanitario durante lo peor de la pandemia, compareció varias veces a salvo del banquillo para defender su papel y el de los protocolos. Llegó a decir que no eran “de obligado cumplimiento” y que los suscribió para que los facultativos tuvieran un criterio al que agarrarse. Pero las últimas decisiones judiciales han cambiado el escenario: tanto él como algunos de sus compañeros y sucesores ahora están imputados y las declaraciones han tomado un cariz distinto.

Fuentes del caso explican a elDiario.es que en estos días se ha reproducido en los juzgados la situación que ya se dejó entrever en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid de 2021: los exaltos cargos sanitarios de la Comunidad se señalan entre ellos cuando llega el momento de explicar al juez los puntos más polémicos de los protocolos. Los que, según la acusación, dispensaron un trato discriminatorio a los ancianos y bloquearon su traslado a hospitales desde unas residencias sin medicalizar donde el coronavirus arrasaba con todo.

Francisco Javier Martínez Peromingo apuntó a Mur y a sus superiores mientras afirmaba que él mostró su disconformidad con esa parte de los protocolos, aunque por ahora no ha aportado las pruebas por escrito que le pidió el juez sobre cómo expresó su desacuerdo. Y hace unos días fue Mur el que contestó con una estrategia parecida: él no redactó los protocolos y mencionó expresamente a dos cargos políticos de Isabel Díaz Ayuso, la entonces viceconsejera y hoy consejera de Familia, Ana Dávila-Ponce de León, y el entonces consejero y hoy senador del PP, Enrique Ruiz Escudero. E intentó hacer hincapié en su falta de intervención en los casos concretos que se investigan.

De la frustración a los insultos

Las primeras causas judiciales que analizaron los protocolos buscaban trazar una línea entre su aplicación y los fallecimientos concretos de ancianos en residencias públicas y privadas de toda la región. Delitos como homicidio imprudente o lesiones que, tal y como ha dicho muchas veces el Tribunal Supremo al rechazar querellas contra el Gobierno central por la gestión de la crisis sanitaria, necesitan de una conexión entre los protocolos y cada muerte concreta que es muy difícil probar. En estas nuevas causas los fallecimientos se investigan desde otro punto de vista: si los ancianos recibieron un trato discriminatorio.

Ha sido entonces cuando los altos cargos imputados han empezado a renegar de los protocolos y las consecuencias que tuvieron a la hora de no derivar a miles de ancianos a los saturados hospitales de la región. Carlos Mur reconoció, por ejemplo, que las residencias no habían sido medicalizadas, y los correos desvelados por El País demuestran que esa información estaba en poder de los cargos políticos de la Consejería que dirigía entonces Ruiz Escudero una semana después de que anunciaran que las residencias se iban a medicalizar. Algo que hasta ahora solo se había sabido gracias al testimonio de Alberto Reyero, entonces consejero de Asuntos Sociales que siempre ha explicado cómo se opuso de forma rotunda a estos protocolos, precisamente, por su componente discriminatorio.

El PSOE pidió este viernes que la entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria Ana Dávila y el exconsejero Enrique Ruiz Escudero testifiquen en una de las causas, dado que ambos fueron receptores del email en el que se advertía de la situación de los centros.

Las primeras causas judiciales que buscaban delitos como el homicidio imprudente quedaron archivadas y los familiares, según informan fuentes conocedoras de esos casos, quedaron exhaustas y renunciaron a seguir recurriendo o a solicitar una indemnización por otras vías ajenas a la jurisdicción penal. En estas nuevas diligencias, con las víctimas representadas por Alejandra Jacinto, Carlos Castillo y Eduardo Ranz, las acusaciones están a la espera de poder examinar todo el material de la causa, comparar declaraciones y decidir si piden más pruebas para impulsar que las causas lleguen a juicio con antiguos altos cargos sanitarios de Ayuso en el banquillo.

La escalada verbal de la presidenta madrileña contra las familias coincide con el avance de estas investigaciones penales en las que los responsables de los protocolos apuntan hacia arriba –antiguos miembros de su gobierno durante la pandemia– cuando los jueces ponen la lupa sobre el posible trato discriminatorio que dispensaron a miles de ancianos. “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables”, advirtió Mur a sus superiores de la Consejería el 20 de marzo de 2020, ocho días después de que la Comunidad de Madrid anunciase una medicalización de las residencias que, según ha reconocido en sede judicial, no llegó a tiempo.

Eugenio Ribón Seisdedos es decano del Ilustre Colegio de Abogados (ICAM) desde hace tres años. Una institución que, con más de 70.000 letrados en sus filas, presume de ser el colegio de abogados más grande de toda Europa y que, desde la llegada de Ribón, destaca por algo más que por su actividad corporativa: encabezó la acusación penal contra el ex fiscal general del Estado, va camino de abrir un centro universitario con el permiso de Isabel Díaz Ayuso y está sumido en una guerra directa con la Abogacía Española. Ribón, abogado especialista en derechos de los consumidores, se erige como un líder de la abogacía que se hizo popular como defensor de preferentistas y ahora ejerce con un perfil personalista y cercano a la Comunidad de Madrid.

Ribón, gaditano que estudió Derecho en ICADE, se dio a conocer en la capital cuando, hace ya 15 años, la crisis de las participaciones preferentes llegó a los juzgados españoles. Miles de personas vieron cómo sus ahorros se habían quedado atrapados en unos productos que prometían una rentabilidad astronómica, pero cuya letra pequeña terminó arruinando a muchos pequeños inversores. El preludio de otras crisis judiciales como las de las cláusulas suelo de las hipotecas o los desahucios en el que Eugenio Ribón emergió como paladín de los consumidores. Consiguiendo, por ejemplo, que un juzgado obligara a Bankia a devolver los 140.000 euros que un matrimonio afectado por el aceite de colza tenía atrapados en las preferentes.

Curtido en el turno de oficio y en las batallas contra los bancos, Ribón dio el salto al ICAM en 2013 como responsable de la Sección de Consumo. Una división del colegio en el que se ofrecía información y asesoramiento a los letrados encargados de defender a los consumidores en sus peleas con los bancos, aseguradoras, inmobiliarias o agencias de viajes. Algunos de los que pasaron por allí recuerdan que las herramientas que Ribón puso a su disposición impulsó sus pleitos y fueron de gran ayuda para que mucha gente recuperase su dinero.

Los años pasaron y en el ICAM, que entonces tenía como decana a Sonia Gumpert, algunos consideraban que la intensidad con la que Ribón gestionaba la Sección de Consumo iba más allá de la formación. Las sospechas sobre un uso inadecuado de su puesto y sus bases de datos para promocionar su propia actividad profesional o promover la litigiosidad llevaron al ICAM a pedirle que dejara el puesto, según fuentes conocedoras del proceso. La invitación a coger la puerta coincidió con una queja contra Ribón presentada por una sección antónima del colegio: la de derecho bancario. Sus rivales en el juzgado.

Era mayo de 2016 y Ribón tomó la delantera. Se dirigió por correo a sus compañeros atribuyendo a esa queja un papel “determinante” en su expulsión. El David de los preferentistas contra el Goliat de los bancos. En un movimiento que puede causar estupor con una década de por medio, la Asociación Libre de la Abogacía (ALA) –hoy los mayores detractores de la gestión de Ribón– pidió explicaciones a la decana Gumpert, salió en su defensa y destacó la “extraordinaria utilidad” de un trabajo que terminaba abruptamente. El ICAM nunca explicó públicamente su punto de vista de lo sucedido. Muchos de los que entonces le defendieron hoy se encuentran entre sus principales detractores.

Ribón no pasó mucho tiempo fuera del colegio madrileño. Un año después de su salida fundó la Asociación Española de Derecho del Consumo, pero en diciembre de 2017 formó parte de la lista electoral de José María Alonso, ganador de las elecciones a decano. Ribón volvía al ICAM como diputado tercero y como una de las caras visibles de la candidatura que había ganado a la opción continuista de Gumpert por menos de 600 votos de diferencia con una participación por debajo del 10% del censo. Cinco años después, Ribón subió el último peldaño y se presentó a decano del ICAM. Su candidatura, llamada 'Compromiso Abogacía', se impuso al irreverente Juan Gonzalo Ospina por 875 votos en unas elecciones marcadas, una vez más, por la pírrica participación: votaron poco más de 5.500 abogados de los casi 75.000 que habían sido convocados a las urnas. En el colegio de abogados más grande de Europa nadie parece muy preocupado por su gobierno corporativo.

José María Alonso, su antecesor en el cargo, era socio director de Baker McKenzie. Ribón presentaba un perfil completamente distinto. Había fundado su propio despacho y había quemado suela en los pasillos de los juzgados defendiendo consumidores y trabajando en el turno de oficio. En 2012 se había encerrado en el ICAM para defender el turno y siempre había mantenido un pie en ALTODO, la asociación referente en este ámbito de la abogacía. Surgió entonces un nuevo perfil de un Ribón más personalista, con una junta de gobierno más desdibujada y con una línea de acción que ha acercado al ICAM a la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso mientras se enfrenta con el Consejo General de la Abogacía Española.

Juicio al fiscal general y universidad propia

El primer mandato de Ribón ha cruzado el ecuador con el ICAM convertido en el protagonista de algunos momentos inéditos de los tribunales en Madrid. El más relevante, sin duda, cuando acudió a los juzgados de la Plaza de Castilla a presentar la primera denuncia interpuesta contra la Fiscalía por la filtración de un correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El correo en el que su letrado Carlos Neira ofrecía un pacto y reconocía, en nombre de Alberto González Amador, un fraude fiscal de 350.000 euros. “Hoy el ICAM no se arrodilla”, dijo Ribón ese día tras fotografiarse presentando la denuncia en el registro de los juzgados, un lugar donde no es fácil sacar fotos sin llamar la atención de los miembros de seguridad del edificio.

La abogacía madrileña se convirtió así en el ariete penal contra Álvaro García Ortiz, escoltando a la acusación ejercida por el propio González Amador y llegando a pedir cuatro años de cárcel para el entonces fiscal general. Compareció ante el juez Ángel Hurtado en instrucción y ante el tribunal ya fase de juicio a medio camino entre el testigo y el perito dejando clara su posición: la pareja de Ayuso había perdido cualquier oportunidad de defenderse gracias a la filtración de su confesión.

Su declaración ante Hurtado fue una de las más tensas de la fase de investigación. Sobre todo cuando la Abogacía del Estado puso a prueba sus afirmaciones sobre cómo las conformidades habían saltado por los aires a raíz de la filtración. “Es una inconsciencia venir sin datos para afirmar algo incierto”, le reprochó la Abogacía del Estado por decir eso cuando los datos demostraban que los abogados no habían dejado de llegar a acuerdos con la Fiscalía. “¿Está cuestionando la imparcialidad de un juzgador?”, dijo entonces la abogada del Estado. La pregunta sobre si Ribón estaba acusando a los jueces de condenar por adelantado a la pareja de Ayuso se quedó sin contestar.

El ICAM de Ribón se personó en esa causa alegando que el trabajo del abogado de González Amador había sido dinamitado por la filtración. No reconsideraron su posición cuando la investigación puso de manifiesto que la defensa del comisionista había ocultado datos clave a los tribunales: que el propio empresario reveló datos confidenciales del caso a Miguel Ángel Rodríguez o que el abogado Carlos Neira también había mandado ese correo a un abogado del Estado buscando el beneplácito de Hacienda. Tampoco cuando se supo que González Amador había autorizado al jefe de gabinete de Ayuso a difundir entre decenas de periodistas un correo igual de confidencial del fiscal Julián Salto.

Ribón compaginó su papel de testigo con el de comentarista del proceso con un protagonismo inédito del ICAM en un proceso judicial de máxima envergadura penal y política. Todo mientras sus detractores pedían su dimisión por embarcar al colegio en esta causa sin consultar a la abogacía madrileña de forma extraordinaria. Unas críticas que se reproducen después del juicio, no solo por ejercer la acusación, sino por buscar la impunidad de González Amador en su caso de fraude fiscal a través de sus alegaciones en el Tribunal Supremo. También por celebrar cursos durante las deliberaciones con tres miembros del tribunal entre los ponentes.

El papel protagonista del ICAM en la causa contra Álvaro García Ortiz –con una condena final de dos años de inhabilitación mucho menos gravosa que los cuatro años de cárcel que llegó a pedir el colegio de Ribón– ha coincidido en el tiempo con la consumación de un proyecto que se ha encontrado incluso con un recurso del Gobierno: la creación de un centro universitario del ICAM con la autorización de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Un centro adscrito a la Universidad Complutense donde el ICAM tiene intención de ofrecer un grado en Derecho y tres másteres.

El acercamiento judicial e institucional del ICAM a la Comunidad de Madrid coincide con la consumación de su divorcio con el Consejo General de la Abogacía Española. El último pleno de este organismo estatal finalizó con la expulsión de Ribón de sus órganos directivos. El CGAE no confirma de forma oficial cuál es el motivo, pero distintas fuentes apuntan al enfrentamiento que existe entre ambas instituciones desde que Ribón es decano en Madrid. El colegio madrileño ha decidido disminuir la cuota que aporta a la financiación del Consejo estatal y que los nuevos abogados no tengan que pagar una tasa de incorporación. Ribón presume de esa medida como una “reducción del coste de la colegiación” y la eliminación de dobles pagos y que en el CGAE consideran, sin micrófonos, como una reducción de su aportación que afecta al resto de colegios territoriales.

Los detractores de Ribón se asombran de las diferencias que separan al abogado que en 2013 defendía a capa y espada a los preferentistas del decano que hace oídos sordos a las críticas, se enfrenta al Consejo al que pertenece y se acerca al poder político en Madrid. En una de las últimas juntas, incluso, alguien le comentó a medio camino entre la ironía y el lamento que sus críticos iban a acabar echando de menos a José María Alonso como decano. Los que ya hace años consideraban que Ribón usaba el ICAM para promocionarse como abogado recuerdan que, hace tan solo unos días, el colegio tuvo que modificar una guía jurídica para víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz porque contenía un repaso de su currículum como experto en defender a consumidores, incluyendo su foto en una primera versión.

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid tiene la fuerza que otorga la representación de más de 70.000 abogados y una presencia institucional grande frente a otros actores del mundo de la Justicia. Sostenido, en paralelo, por votaciones que lustro tras lustro dejan una participación impensable, por ejemplo, en unas elecciones municipales de una localidad con un número similar de habitantes. Y con un peso político cada vez mayor dirigido por un decano que, con varios años de mandato todavía por delante, ha decidido ir al choque con el resto de la abogacía mientras camina de la mano institucional de la Comunidad de Madrid.

El Partido Popular ha subido el listón de su discurso antiinmigración con la última propuesta de su líder Alberto Núñez Feijóo: negar la residencia en España a un extranjero aunque, tras ser detenido por la Policía, no haya sido ni siquiera juzgado o condenado. La idea del presidente del partido va más allá de sus últimas iniciativas de octubre y choca frontalmente con la ley de Extranjería, el Código Penal y varias sentencias que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han dictado en la última década. Los jueces han establecido que una condena debe ser firme y superior a un año de cárcel para poder acarrear como consecuencia la expulsión del país.

El líder de la oposición hizo el anuncio este jueves en una entrevista en Antena 3. Su propuesta es una “regularización individual condicionada”, entre otras cosas, a que una persona no tenga “ningún tipo de antecedente”. Pero “no solo de antecedentes penales, que requiere una sentencia”, especificó Feijóo, sino también “antecedentes policiales”. “Hay casos en los que un inmigrante ha robado varias veces. Son delitos que están en su ficha policial. No están todavía bajo sentencia porque no hay juicio”, explicó, para mostrar su oposición al anuncio del Gobierno de regularizar a miles de migrantes de forma extraordinaria.

La iniciativa del PP supone dar un paso más en la escalada de propuestas para restringir la migración. Ya el pasado mes de julio abrió la puerta a aumentar los delitos que pueden acarrear la expulsión de un extranjero aunque tenga residencia legal en España. Y en octubre presentó su programa sobre la materia con medidas que, esencialmente, ya están en la normativa española: la expulsión cuando hay una condena por delitos graves como asesinato, agresión sexual, terrorismo o trata de seres humanos. En plena pugna con Vox para abanderar y controlar el discurso sobre la “inmigración ordenada y mutuamente beneficiosa”, el PP ha propuesto medidas que chocan frontalmente con lo establecido por los tribunales españoles.

Las leyes recogen varios caminos por los que una persona extranjera puede ser expulsada de España. Un juez de lo penal tiene en su mano, por ejemplo, sustituir parte de una condena de cárcel por la expulsión. Las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno pueden firmar la expulsión de una persona si consideran que sus antecedentes, falta de arraigo y situación irregular. Pero en todos los casos un proceso de expulsión puede llevar años y la última palabra, a través de los recursos, siempre la tiene un juez. Y en la última década los tribunales han dejado claro que ni la administración ni la Justicia tienen carta blanca para enviar fuera del país a cualquier persona extranjera en cualquier circunstancia.

Dos salas distintas del Tribunal Supremo, por ejemplo, han establecido que no cualquier condena de prisión puede acarrear una expulsión del territorio nacional. La Sala de lo Contencioso-administrativo explicó ya en 2018 que una persona extranjera solo puede ser expulsada por delitos cuya condena mínima establecida en el Código Penal supere el año de prisión. Lo dijo al estudiar el caso de un hombre acusado de agredir a agentes de la autoridad en Sevilla y que había sido expulsado durante siete años del país. Ese filtro fue completado en 2020 por la Sala de lo Penal cuando, haciéndose eco de esa primera sentencia de la sala vecina, prohibió que los jueces sustituyeran por expulsión condenas de cárcel de menos de un año de presidio.

Esas decisiones interpretaron dos artículos legales que condicionan las promesas que ha hecho Alberto Núñez Feijóo en materia migratoria. Por un lado, el artículo 57 de la norma de Extranjería y, por otro, el 89 del Código Penal. No seguir ese criterio, dijo el Tribunal Supremo, “vulneraría el principio de legalidad de las penas proclamado en el artículo 25 de la Constitución”. Los hurtos, los quebrantamientos de condena, las lesiones o los atentados contra la autoridad tienen una pena mínima de un año de presidio. Más de la mitad de las condenas impuestas por delitos sexuales en España, según los últimos datos del Poder Judicial relativos al año 2024, son inferiores a los dos años de prisión.

Negar la residencia sin condena

En líneas generales tanto el Constitucional como el Supremo han restringido la capacidad de la administración para expulsar a gente después de una condena o de constatarse que se encontraban en situación administrativa irregular. El año pasado la sala tercera del Supremo, por ejemplo, frenó la expulsión de un ciudadano de Paraguay durante cinco años dictada por la Delegación del Gobierno en Madrid porque había cometido una infracción grave: no tenía ningún documento que acreditara su residencia legal en España y le constaba una detención por malos tratos. Un “comportamiento antisocial” que según la Delegación del Gobierno no podía zanjarse con una multa.

Los jueces del Supremo cuestionaron la idea que ahora ha expuesto Alberto Núñez Feijóo: “La mera mención de un antecedente policial sobre una detención cuando no se concreta cuál haya sido el resultado de aquella detención”. El Constitucional había dicho algo similar dos años antes al dar la razón a una mujer dominicana que se enfrentó a la expulsión por no tener los papeles en regla y haber sido detenida por pegarse con su pareja y en una segunda ocasión por atentado contra la autoridad sin explicar cómo acabaron esos procesos y si fue juzgada y condenada. “Se ignora cuál ha podido ser el recorrido judicial de los hechos ni desde luego consta que haya sido condenada penalmente”, destacó el Constitucional.

La conclusión que sacó entonces el tribunal de garantías por unanimidad de conservadores y progresistas contradice frontalmente la última propuesta de facilitar la expulsión de alguien por tener antecedentes policiales: “Mal puede la simple noticia de esas detenciones (con valor equivalente a una denuncia) erigirse en causa proporcional de su expulsión de España”. Por norma general, además, los tribunales esperan a que una condena sea firme para empezar su ejecución o poner en marcha las consecuencias administrativas, como puede ser la expulsión. Muy lejos de justificar consecuencias negativas para alguien por tener una o varias detenciones policiales en su expediente.

Cambiar las leyes para facilitar esto implicaría modificar a fondo el Código Penal y la ley de Extranjería, además de enfrentarse a la interpretación que los tribunales españoles han hecho de la normativa comunitaria sobre el retorno de personas en “situación irregular”. La reincidencia penal ya es un elemento tenido en cuenta a la hora de decretar una expulsión, tanto administrativa como penal, por parte de los jueces o las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Lo que nunca sucede es que una parte de una condena penal o sus consecuencias se ejecute antes incluso de que exista la condena en sí misma y sea firme como ha propuesto ahora Alberto Núñez Feijóo.

Verónica acudió al hospital privado Sanitas La Moraleja de Madrid cuando supo que se estaba poniendo de parto. Después de tres horas de contracciones, las dos ginecólogas que supervisaban el proceso decidieron que era el momento de intervenir y usaron la ventosa y el fórceps para sacar a su bebé. Más de diez años después, el Tribunal Supremo ha condenado a estas dos doctoras a indemnizar con casi 35.000 euros a la mujer porque intervenir el parto con instrumental sin que existiera un riesgo real, sin pedir su consentimiento y también por las consecuencias que ha tenido para ella: dolor, incontinencia, relaciones sexuales dolorosas y problemas para caminar. “No me dieron mis tiempos, no respetaron nada, ni siquiera mi poder de decisión”, lamenta la mujer después de saber que los tribunales, al menos en parte, le han dado la razón.

Esta mujer decidió acudir a los tribunales tres años después de dar a luz a su hijo en este hospital privado del norte de Madrid. Arrastraba dolores y molestias de un parto en el que había sufrido un desgarro y las doctoras, además de usar el instrumental, habían practicado una episiotomía. Su primer diagnóstico fue una lesión del nervio pudendo, esencial para la sensibilidad de los genitales y el suelo pélvico, pero año y medio después los médicos llegaron a otra conclusión: padecía un síndrome miofascial con dolor pélvico crónico.

“Todo el mundo me decía que era por ser primeriza, que los dolores eran normales. Se me hinchaban las piernas, me tocaba y me dolía, me seguía doliendo, me quemaba, me pinchaba y no podía ni sentarme bien, andar con normalidad”, relata Verónica –nombre ficticio– a elDiario.es. “No me podía vestir, me tenía que ayudar mi pareja”. Decidió entonces acudir a los tribunales representada por la abogada Francisca Fernández Guillén, experta en la materia y con varias victorias internacionales en su haber. Un juzgado de Madrid le dio la razón de forma contundente: las dos ginecólogas que intervinieron en su parto estaban obligadas a indemnizarla con más de 300.000 euros.

Esa primera sentencia estimó todas sus reclamaciones de forma íntegra. Declaró que las doctoras habían recurrido a la ventosa y el fórceps sin que existiera un peligro real para la mujer o el bebé y, además, lo habían hecho sin informar a Verónica sobre las posibles consecuencias para que pudiera elegir. El juez también trazó una línea recta entre ese uso del fórceps y los dolores que limitaban, años después del alumbramiento, la vida de la mujer.

El varapalo llegó en 2020 de manos de la Audiencia Provincial de Madrid. Los jueces entendieron que la normativa sanitaria permitía que las doctoras hubieran aplicado el instrumental e intervenido el parto sin consentimiento de la mujer y eliminaron la indemnización. Ha sido recientemente la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo la que ha sentenciado el caso en firme y parcialmente a favor de la mujer: tiene derecho a ser indemnizada con 34.995 euros por lo que la ley conoce como “pérdida de oportunidad”. No fue informada de las alternativas a la ventosa y el fórceps y no pudo elegir una alternativa que podría haber evitado las lesiones que, a día de hoy, condicionan su vida.

La sentencia es una de las primeras en las que el Tribunal Supremo reconoce abiertamente que no respetar la opinión y voluntad de una mujer embarazada en un parto puede tener consecuencias legales para los facultativos y para el hospital en el que trabajan. Los jueces entienden que la Audiencia Provincial incurrió en un “error notorio” al examinar las pruebas del caso y explican que no existía un riesgo que justificara sin más el uso del fórceps: “No resulta que la parturienta, ni tampoco el feto, se encontrasen en una situación de peligro para la salud de aquella y para la viabilidad de este, que requiriesen una intervención urgente”.

Ninguno de los peritos del caso, recuerdan, ha justificado que se pudiera intervenir sin consultar y obtener el consentimiento de la paciente cuando, tras tres horas de pujos, todavía no se habían alcanzado las cuatro horas de expulsivo que marca la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia para acudir al parto instrumental. “Se encontraba consciente bajo anestesia epidural, y no privada de conciencia y voluntad para ser informada y consentir”, reprochan los magistrados de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Desde Sanitas han rechazado hacer comentarios sobre esta decisión del Tribunal Supremo, ahora pendiente de pago por parte de la aseguradora. En la actualidad, el hospital explica en su web que siguen un sistema de “parto humanizado” con “mínima intervención” y un proceso “cercano, respetuoso y centrado en la fisiología de la madre y el bebé”.

El Supremo contra la medicina “paternalista”

En declaraciones a elDiario.es, Verónica rompe a llorar mientras explica cómo vivió el parto de su hijo. “Estuve de espectadora, no hubo interacción, no me preguntan lo que tienen que hacer ni me dicen que van a usar fórceps”. “Te sientes invalidada completamente, sientes que no eres nada, no decides sobre tu propio cuerpo, no participas y está tan instrumentalizado y medicalizado que es como si tuvieses una enfermedad”, lamenta 12 años después de dar a luz.

La sentencia del Supremo explica que la obstetricia ha evolucionado en las últimas décadas, de una visión “paternalista” de la medicina a una actual en la que, dice, “no son admisibles comportamientos que sustraigan a la mujer de su derecho a ser informada”. Una mujer no es, añade, “un simple ente sin voluntad sobre el que cabe libremente disponer, prescindiendo de su autonomía a la hora de gestionar el proceso del parto”. Destaca el Supremo, incluso, la “importancia” del plan de parto acogido por muchos hospitales para que las mujeres dejen sus preferencias por escrito.

Los jueces recogen el guante de sentencias y resoluciones tanto españolas como de instancias internacionales que han abundado en el derecho de la mujer a ser informada en todos los pasos de un parto y a tomar sus propias decisiones salvo en situaciones en las que su vida o la del bebé estén en peligro. Una de ellas es la resolución del Tribunal Constitucional de 2023 en la que avalaron el ingreso por orden judicial en el Hospital de Oviedo de una mujer que quería parir en su casa. Otra es la resolución del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU que ese mismo año condenó a España porque los médicos del hospital sevillano Virgen del Rocío forzaron una cesárea sin que existiera riesgo ni consentimiento.

En el caso de Verónica, zanjan los jueces, no existía una “urgencia vital” que justificara una “decisión médica unilateral”. Lo que sí existe es una “relación de causalidad” entre el uso del fórceps y las lesiones que, a la larga, sigue padeciendo la mujer. El Supremo es claro al explicar que no existió una “mala praxis médica” pero la afectada sí padeció una “pérdida de oportunidad”, no tuvo la opción de elegir seguir adelante con el parto natural y, potencialmente, evitar esas lesiones y consecuencias. “De haberle suministrado la información oportuna, su decisión podría ser otra distinta a la adoptada unilateralmente por las facultativas intervinientes”.

Seguir adelante con el parto natural, añade la sentencia, habría sido una decisión “real y avalada científicamente por la autoridad de la SEGO, y no meramente remota o improbable” pero “se le privó de ella”. La sentencia del Tribunal Supremo es una indemnización de casi 35.000 euros, casi diez veces menos de la que estableció la primera sentencia que estimó íntegramente la demanda. Un éxito agridulce para Verónica: “Duele muchísimo, te vuelven a invalidar, invalidan tu dolor, tu estado, tu vida. Yo tengo muchísimos gastos médicos que nadie me cubre, he tenido problemas con la Seguridad Social. La rehabilitadora me dio el alta porque no me iba a curar nunca. Es fuerte que nunca reconozcan que lo que han hecho está mal, para ellos es solo un daño económico pero, para mí es mi vida, la de mi hijo y la de mi familia, al final todo termina tocado”, lamenta.

Fuentes del caso explican a elDiario.es que la sentencia del Tribunal Supremo no ha sido recurrida al Tribunal Constitucional y que ahora la gestión pasa a manos de la aseguradora contratada por Sanitas, que será la que se haga cargo de pagar esos casi 35.000 euros de indemnización, que según afirma no cubre los gastos que a día de hoy tiene que afrontar. “No hubo ninguna complicación que justificara lo que me hicieron y tampoco se hacen cargo del daño, tengo daños pero no por culpa de nadie, apareció todo ahí solo”, explica Verónica.

Un total de 150 juristas entre magistrados, fiscales, abogados y catedráticos han firmado un manifiesto que, bajo el título “Una sentencia inquietante”, critica la decisión del Tribunal Supremo de condenar a Álvaro García Ortiz por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El documento, suscrito entre otros por antiguos miembros del propio tribunal como Alberto Jorge, Perfecto Andrés, Joaquín Giménez o José Antonio Martín Pallín, recuerda que en un proceso penal “no bastan las sospechas, ni las imaginaciones” y la sentencia del Supremo que condenó a García Ortiz “no cumple” con esas exigencias.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió, fraccionada, condenar al entonces fiscal general por la filtración a la prensa del email con el que el abogado de Alberto González Amador confesaba su fraude fiscal de 350.000 euros y ofrecía un pacto a la Fiscalía. El Supremo no contó con prueba directa sobre quién difundió el documento pero concluyó que el fiscal general o una persona de su “entorno” eran los culpables. Dos magistradas progresistas se quedaron en minoría apostando por la absolución de García Ortiz.

Este manifiesto firmado por 150 juristas, la mayoría considerados del espectro progresista, incide en lo que consideran debilidades de esta resolución. Por ejemplo, que el Supremo no creyera a los periodistas que afirmaron que García Ortiz no fue su fuente esa noche. “Prescinde del valor de sus testimonios sobre la base de una desconfianza genérica hacia el secreto profesional periodístico, lo cual invalida una garantía constitucional esencial para el buen ejercicio del periodismo en una sociedad democrática”.

El documento ha sido suscritos por varios exmagistrados de esa misma Sala del Supremo así como por jueces y fiscales en ejercicio y decenas de abogados y catedráticos. Los fiscales jubilados Félix Pantoja y Carlos Jiménez Villarejo, abogados como Enrique Lillo y Francisca Sahuquillo así como catedráticos como Javier Pérez Royo, María Loureiro o Ana Isabel Pérez Cepeda. También firma el documento Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid y exmagistrada.

El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez ha comparecido como investigado en el Tribunal Supremo y ha negado haber acosado o promovido el hostigamiento hacia sus dos eurodiputados, aunque ha reconocido ser el autor de los mensajes de Telegram que investiga el juez. “Creo que va a archivarse”, se ha limitado a decir antes de empezar a promocionar un libro ante las cámaras y hacer campaña electoral de cara a los comicios de Aragón.

“Por respeto al juez, no puedo hablar, tiene carácter reservado, estoy súper convencido de mi inocencia”, ha dicho Alvise Pérez, negando de forma velada las acusaciones de acoso que pesan sobre él. Guillermo Ruiz, abogado de los dos eurodiputados denunciantes, ha explicado a las puertas del Supremo que ellos discrepan de que los mensaajes de Alvise respondan a un simple conflicto político entre parlamentarios. “Hubo amenazas y han tenido que cambiar de vida por no enfrentar directamente con este señor. Lo haremos valer en el futuro en el procedimiento”.

Alvise ha aprovechado para sacar un ejemplar de su próximo libro, que según dice “ya está en preventa”, y hacer campaña. “Creo que vamos a cambiar el gobierno de Aragón dentro de muy poco. Permitidme agradecer a todo el pueblo de Aragón su excelente y masiva acogida”.

Esta causa por acoso y hostigamiento es una de las cuatro diligencias penales que el Supremo mantiene abiertas contra el líder de 'Se Acabó La Fiesta' además de varios pleitos civiles que tramitan distintos juzgados y tribunales. Distintos jueces de la Sala de lo Penal también le investigan por promover un acoso similar contra la fiscal Susana Gisbert, por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemeia y, finalmente, por financiar su campaña de las últimas elecciones europeas con 100.000 euros en efectivo entregados por un empresario del sector de las criptomonedas.

La causa por el supuesto acoso a sus eurodiputados, que tiene como instructor a Manuel Marchena, arrancó hace varias semanas. Hace unos días el instructor tomó declaración a los dos eurodiputados que denunciaron por su acoso a su antiguo líder: Diego Solier y Nora Junco. Ante Marchena, según fuentes jurídicas, ambos ratificaron sus acusaciones y aseguraron que sus datos personales –por ejemplo, su teléfono móvil– fueron filtrados a miles de personas en pleno conflicto con Alvise.

Estas mismas fuentes otorgan poco recorrido a esta causa antes de que Marchena decida si el caso es enviado a juicio o si se archiva. El magistrado tendrá que analizar, entre otros aspectos, si los mensajes que Alvise lanzó contra sus eurodiputados en Telegram y en diversas entrevistas alcanzan la categoría de acoso y si el aluvión de mensajes, insultos y amenazas que recibieron condicionó su día a día de alguna manera.

El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez afronta el desembarco de su partido en el tablero nacional en medio de una tormenta judicial. El líder y único activo político de Se Acabó La Fiesta declara este lunes en el Tribunal Supremo como imputado bajo la acusación de haber promovido el acoso y hostigamiento contra sus propios eurodiputados. Se trata de uno de sus cuatro frentes penales que despega en plena campaña de unas elecciones aragonesas en las que, por ahora, el CIS no otorga ni un escaño a sus candidatos y que vienen marcadas por la tragedia ferroviaria en Adamuz.

El agitador de extrema derecha arrancó este viernes su campaña aragonesa con su candidata Cristina Falcón y usando un martillo para romper un muro en el que habían pegado fotos de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Koldo García o la candidata socialista Pilar Alegría, entre otros. En plena campaña electoral tendrá que viajar a Madrid para comparecer el lunes por la mañana ante Manuel Marchena bajo una acusación que apunta directamente a la gestión interna de su partido: sus dos eurodiputados le acusan de promover el acoso y hostigamiento contra ellos en su canal de Telegram.

Diego Solier y Nora Junco acudieron hace unos días al Tribunal Supremo para certificar el fallecimiento de la aventura europea de Se Acabó La Fiesta más allá del proyecto personal de Alvise. Ante Marchena los dos ratificaron sus acusaciones contra él aunque fuentes conocedoras del interrogatorio acotan a este periódico la intensidad de sus comparecencias. El delito de acoso por el que está acusado requiere, por ejemplo, que las vidas de las víctimas se haya visto condicionada de alguna manera. La Fiscalía, explican estas mismas fuentes, renunció a hacer preguntas a Junco después del primer interrogatorio de Solier.

La imagen de ambos entrando y saliendo del Tribunal Supremo ilustra la descomposición interna de una plataforma electoral creada a toda velocidad para las últimas elecciones europeas y que ahora, ya constituida en partido, pretende dar el salto a la política autonómica en Aragón. No había pasado ni un año desde los comicios cuando Alvise Pérez especuló públicamente con que sus dos eurodiputados, Nora Junco y Diego Solier, hubieran podido votar de una determinada manera sobre el rearme porque habían sido comprados por el lobby armamentístico. El líder de SALF escaló sus acusaciones y especulaciones ante su audiencia de más de 650.000 personas en Telegram y sus dos eurodiputados, que no tardaron en dejarle solo en Bruselas para sumarse al grupo de Giorgia Meloni, terminaron acudiendo al Tribunal Supremo a denunciarle.

El agitador acudirá este lunes al Supremo con la idea de solicitar el archivo de esta causa contra él. Una citación judicial en plena campaña aragonesa que habría levantado en armas a cualquier partido político, pero que Alvise Pérez convierte en un escaparate. En una de sus últimas comparecencias en el Tribunal Supremo no dudó en enfrentarse a los periodistas para acabar gritando: “Medios subvencionados, parásitos, criminales de la mafia de la información”. Una estrategia desarrollada por Vox cuando multiplicó su exposición pública gracias a la causa judicial contra el procés, pero con un cambio: los de Santiago Abascal ejercían la acusación y Luis 'Alvise' Pérez es el acusado.

Las encuestas, por el momento, no dan a 'Se Acabó La Fiesta' representación en las próximas elecciones aragonesas del 8 de febrero. Y el partido, de reciente creación y sin más altos cargos conocidos que el propio Alvise, se presenta con su líder sumido en un oleaje constante de causas judiciales que él atribuye al “lawfare de la partitocracia” pero que responden a episodios de presunto acoso e incluso a financiación ilegal.

Los 100.000 euros en efectivo

La acusación más grave que pesa sobre Alvise Pérez es la de financiación ilegal. Tal y como reveló elDiario.es, el agitador mantuvo conversaciones durante semanas con Álvaro Romillo, conocido como 'Luis CryptoSpain' y promotor de plataformas de inversión y criptomonedas como el Madeira Invest Club, para impulsar su candidatura a las últimas elecciones europeas. Un día antes de echarse a la carretera, Alvise acudió a las oficinas de una de las empresas de Romillo y recogió 100.000 euros en efectivo. Un acto que, un año y medio después, se ha traducido en una causa abierta por el Tribunal Supremo contra él.

El agitador de extrema derecha nunca ha negado la entrega, si bien ha dado una explicación que, por el momento, no ha convencido al juez Julián Sánchez Melgar. Ha asegurado que fue un pago que le hizo Romillo por servicios relacionados con su participación en actos de su plataforma y que usó el dinero para “capitalizarse a nivel personal” porque una de sus grandes promesas electorales era sortear su sueldo, algo que realizó durante unos pocos meses.

Las causas que más abundan contra Alvise, sin embargo, tienen que ver con el hostigamiento que promueve continuamente contra sus rivales políticos en su canal de Telegram, donde llegó a atesorar más de 720.000 seguidores y ahora mismo tiene algo menos de 649.000. Lleva varios años imputado por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemia para dar a entender que había acudido a un debate electoral contagiado de coronavirus. También está investigado por promover un acoso similar contra la fiscal valenciana Susana Gisbert.

El líder de SALF ha esquivado otras acusaciones penales. Por ejemplo, el Supremo rechazó su imputación por su papel en las protestas de noviembre de 2023 en la calle Ferraz de Madrid, así como por incitar al odio difundiendo la identidad de detenidos en Bilbao o bulos racistas sobre la muerte del joven Álvaro Prieto en Sevilla. Tampoco ha prosperado la acusación contra él por difundir una fotografía de una de las hijas de Pedro Sánchez en su canal.

El exasesor de Ciudadanos y Toni Cantó también acumula varias condenas judiciales por la vía civil, algunas de ellas ya firmes y otras pendientes de revisión por el Tribunal Supremo. En el capítulo de las condenas firmes están los 7.000 euros que debe pagar a la periodista Ana Pastor. En el de las condenas pendientes de ratificación hay indemnizaciones para Manuela Carmena (5.000 euros) y José Luis Ábalos (80.000 euros).

El Tribunal Superior de Madrid ha confirmado la sanción de un mes de suspensión impuesta a un agente de Policía Nacional que en 2022, en los alrededores del campo del Atlético de Madrid, increpó a una conductora de Uber que había metido el coche en una zona restringida: “Payasita, no me toques la polla que me paso tus derechos por el forro de las pelotas”, llegó a decir el agente en una sucesión de insultos y amenazas que quedaron grabadas por la conductora. Los juzgados decidieron no imputarle por la vía penal pero la Dirección General de la Policía entendió que merecía ser sancionado por una falta grave de desconsideración con los ciudadanos.

Los hechos ocurrieron el seis de noviembre de 2022. El policía formaba parte del dispositivo de seguridad del partido de fútbol que enfrentó al Atlético de Madrid con el Espanyol. Pocos minutos después de que el partido terminara con empate a uno, la conductora de VTC se introdujo en una zona restringida para recoger a un cliente cerca del estadio, momento en que fue interceptada por este agente. Todo quedó grabado por la afectada.

“Salga de puto coche”, “cago en dios, tu eres gilipollas o qué”, “quién pollas te crees que eres”, “eres una imbécil”, “salga del coche o la saco de la puta cabeza”, dijo el agente sin saber que estaba siendo grabado. “Eh, payasita, no me toques la polla, que me paso tus derechos por el forro de las pelotas, tira ya de aquí de una puta vez”. Antes de marcharse, susurró para sí mismo: “Puta perrucha de los cojones”.

En un primer momento la mujer acudió a la vía penal pero los tribunales decidieron que este policía no había incurrido en ningún delito. Un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid decidió archivar las diligencias en febrero de 2023 y entonces la pelota pasó al tejado de la Dirección General de la Policía Nacional, que puso en marcha un expediente disciplinario que culminó con una sanción. Una suspensión de 30 días por una falta grave que ahora, según ha podido comprobar elDiario.es, ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El agente sancionado planteaba dos argumentos principales en su recurso: que el cierre de la vía penal contra él impedía sancionarle por la vía disciplinaria y también que la grabación que había servido para castigarle no había sido correctamente custodiada ni verificada. Los jueces de lo contencioso-administrativo del TSJ madrileño discrepan en ambas alegaciones y confirman su sanción con el apoyo de la Abogacía del Estado.

Sobre la grabación, los magistrados explican que fue “certificada” por el instructor del expediente. Un expediente en el que “ha podido participar” y ha propuesto pruebas sin conseguir desvirtuar la fuerza del audio que recoge sus amenazas e insultos. Sus manifestaciones, dice esta sentencia, “constan grabadas” y “constituyen una desconsideración con una ciudadana y por tanto una infracción grave”.

Tampoco ven los jueces ningún problema en que la Policía Nacional haya decidido imponerle una sanción aunque los tribunales no hayan encontrado material para juzgarle por la vía penal. Un tribunal penal, explica el TSJ, “protege a las personas frente al uso excesivo e injustificado de la fuerza en la actuación policial”. Y un órgano disciplinario, como es la Dirección General de la Policía, “protege al cuerpo policial contra el descrédito y desprestigio” de los agentes que cometen esas infracciones. “En una sociedad democrática la Policía debe poner especial atención en preservar la consideración de la ciudadanía como elemento integrante de la autoridad con la que desempeña sus funciones”.

El pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha decidido dejar fuera de sus órganos directivos a Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Según informa este organismo, Ribón será sustituido en la vicepresidencia por la decana de Barcelona y también se queda fuera de la comisión permanente. Un movimiento que llega en el momento más tenso de las relaciones entre ambos organismos: el Consejo ha demandado por impagos al colegio madrileño por disminuir unilateralmente la cuota que aporta cada trimestre y, además, ha decidido no cobrar la tasa de nueva incorporación a los nuevos colegiados.

Ambas instituciones mantienen un enfrentamiento económico desde hace un año que ha terminado en los tribunales con una demanda por impago interpuesta por el Consejo contra el ICAM. Antes de eso, en diversas entrevistas, el propio Ribón había explicado que sus “desencuentros” con el CGAE, que ahora preside Salvador González, eran “evidentes” desde hace casi tres años. En este último curso, según explican fuentes conocedoras del conflicto, las discusiones se habían trasladado al terreno económico.

Fue a principios de 2025, explican estas fuentes, cuando el ICAM decidió que este colegio de la abogacía, el mayor de toda Europa, iba a disminuir la cuota que pagaba al CGAE. Un dinero que sale de las cuotas que pagan los afiliados y que se destina a financiar la actividad del Consejo a nivel estatal. Esta disminución de los pagos se ejecutó y el pleno del Consejo decidió en julio presentar una demanda por impago contra el ICAM por la vía civil.

A nivel interno, en las juntas del ICAM de finales de 2024, Ribón había justificado que el colegio madrileño estaba pagando dos veces por el mismo servicio al contar Madrid con un Consejo de Colegios que agrupa el de la capital y el de Alcalá de Henares. “Cabe detraer de la aportación presupuestaria la cantidad que el ICAM aporta para el sostenimiento del Consejo de Colegios de la Abogacía de la Comunidad de Madrid”, dijo antes de obtener el apoyo unánime de la Junta de Gobierno madrileña.

En paralelo, indican estas fuentes, el curso 2026 ha arrancado con otro agravio económico con el ICAM anunciando en los presupuestos de 2026 que no exigirá a los nuevos afiliados el pago de la tasa de incorporación que va destinada al CGAE pero que pueden gestionar y recaudar los colegios autonómicos.

En ese contexto de enfrentamiento, aunque sin aludir directamente a ello, el pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha decidido en Cuenca renovar la estructura de su organización y su comisión permanente. Eugenio Ribón es destituido como miembro de esta comisión y como vicepresidente del organismo. Ocupará el puesto de vicepresidenta primera Cristina Vallejo, decana de Barcelona, y como vicepresidente segundo ejercerá Leandro Cabrera, decano de Granada.

En un comunicado, el ICAM de Eugenio Ribón recuerda que el cese “se produce tras las discrepancias mantenidas entre el ICAM y el CGAE en relación con el modelo de financiación y la gestión del presupuesto del Consejo”. El conflicto, explica, está en sus “propuestas” sobre financiación, rechazadas “sin que existiera margen para el diálogo”.

La acusación contra el fiscal general

El Colegio de Abogados de Madrid, que cuenta con más de 74.000 colegiados, tuvo un papel protagonista en la causa judicial que desembocó en el juicio y la condena contra Álvaro García Ortiz, entonces fiscal general, por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El ICAM, a través del propio Ribón, fue el primero en presentar una denuncia conta la Fiscalía en los juzgados de Madrid y llegó a pedir cuatro años de prisión para García Ortiz en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo.

Ese papel como acusación popular se tradujo en peticiones de dimisión contra Ribón por parte de diversas organizaciones, entre ellas la Asociación Libre de la Abogacía (ALA), que acusó al ICAM de buscar la “impunidad” de la pareja de Ayuso en su caso de fraude fiscal, todavía pendiente de juicio. El ICAM aseguró que siempre ejerció su papel en ese caso al margen de cuestiones “políticas y personales”. Su papel en la causa también fue cuestionado por los cursos para abogados organizados en fechas próximas al juicio y en los que participaron tres de los magistrados que formaron el tribunal y apostaron por condenar a García Ortiz, tal y como reveló elDiario.es. Dos de ellos incluso bromearon con que en esas fechas estaban en plenas deliberaciones.

A lo largo del juicio y de la instrucción el propio Ribón esgrimió su papel como vicepresidente de la Abogacía Española para legitimar la denuncia que habían presentado contra la Fiscalía y la acusación popular que ejercían contra García Ortiz en el proceso. Una vicepresidencia que acaba de perder según acaba de decidir el pleno del Consejo General de la Abogacía Española.

La difusora de bulos Pilar Baselga será juzgada en Madrid el próximo mes de marzo por afirmar que Begoña Gómez es una mujer transexual involucrada en casos de narcotráfico. La esposa del presidente del Gobierno pide que Baselga sea condenada a un total de dos años de cárcel, multa de 21.000 euros y una indemnización de 100.000 euros más por injurias y calumnias. La acusada, mientras tanto, asegura en sus redes que pelea por “la libertad de expresión” a la espera de otro juicio por difundir el bulo del 'Bar España', por el que la Fiscalía pide siete años y medio de presidio.

Pilar Baselga es una licenciada en Historia del Arte con un máster en arte contemporáneo que lleva más de una década compaginando sus comentarios y publicaciones sobre arte con blogs y canales de Internet en los que difunde distintas teorías conspiranoicas y bulos. Algunas son sobre clásicos de la conspiranoia española como los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y otras, más recientes, se refieren a tramas inexistentes de pederastia como el 'Bar España' o el bulo de que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, es en realidad una mujer trans involucrada en una trama marroquí de narcotráfico.

Lo dijo con aplomo en una intervención en el programa 'Los Intocables' del canal Distrito TV el 22 de noviembre de 2022. “Me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera Begoño”. Y después de comentar los negocios de saunas de su fallecido padre, Baselga sigue: “Nada más llegar a la Moncloa Pedro Sánchez, ”Begoño“ fue inmediatamente nombrado director de un máster de la Complutense. Después empezó a trabajar para un instituto de empresa con un programa con África, y resulta que ahí le tendieron una trampa, o vaya uno a saber, y la han involucrado en una cuestión de narcotráfico en Marruecos, por eso la Complutense la despidió”.

Ninguna de esas afirmaciones, que según Baselga habían sido difundidas por “medios alternativos”, era cierta. Begoña Gómez empezó a trabajar para la Complutense en 2012 y comenzó a dirigir un máster en 2014, cuatro años antes de que Sánchez accediera a la presidencia del Gobierno. Su segundo máster arrancó en 2020 y ese mismo año se puso en marcha la cátedra extraordinaria. Dos años después de la moción de censura que hizo presidente a su marido.

No existe ninguna prueba, por otro lado, de que durante su etapa en el IE Africa Center alguien le tendiera “una trampa” y fuera involucrada en un caso de tráfico de drogas. Su “despido” de la Complutense, además, no estuvo relacionada con nada de eso. La universidad pública canceló sus dos másters y la cátedra extraordinaria la segunda mitad de 2024, en plena investigación judicial contra ella a manos de Juan Carlos Peinado y alegando, en algunos casos, falta de alumnos y asistencia.

La cadena Distrito TV no necesitó ninguna denuncia para darse cuenta de que las declaraciones de Baselga se podían traducir en un problema judicial. Seis días después emitió un comunicado desmarcándose de sus afirmaciones: “Distrito TV manifiesta su firme compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y, en particular, con el colectivo transexual”, explicó en una nota. Poco después, la propia Baselga se retractó en un vídeo: “Dije unas palabras que han sido malinterpretadas en relación a una supuesta transexualidad”.

Sus palabras serán analizadas por un juzgado de lo penal de la calle Julián Camarillo de Madrid el próximo 12 de marzo. Baselga se sentará en el banquillo frente a una petición de dos años de cárcel, 21.000 euros de multa y 100.000 euros de indemnización de la esposa del presidente del Gobierno. Gómez considera que incurrió en un delito de injurias y otro de calumnias, ambos en su calificación grave y con publicidad, y apunta al “grave perjuicio causado” atendiendo a la “difusión pública” de sus palabras. Solicita que, en caso de ser condenada, Baselga tenga que difundir la sentencia en DistritoTV.

Baselga, la primera en denunciar a Begoña Gómez

Los enfrentamientos legales entre Baselga, el canal de televisión para el que colaboraba y Begoña Gómez arrancaron con esos comentarios, pero se alargaron hasta mediados de 2024. La difusora de bulos y el canal fueron los primeros en denunciar a la esposa del presidente del Gobierno usando información que su abogado había obtenido de la Universidad Complutense a través de peticiones de información y sus canales de transparencia. Todas sus denuncias contra ella acabaron archivadas.

Begoña Gómez interpuso la querella contra Baselga y DistritoTV a finales de febrero de 2023. Habían pasado varios meses desde la intervención de Baselga en el canal, de su petición de disculpas y de que hubiera vuelto a la carga en Telegram de forma intermitente con su teoría de que Gómez es una persona trans. Pocos meses después tanto Baselga como el canal pasaron al ataque y pidieron su imputación en los juzgados de Madrid con una querella conjunta contra Begoña Gómez y el rector de la Complutense en agosto de 2023

La querella ni siquiera pasó el primer filtro del juzgado y fue inadmitida en diciembre de ese año porque no habían presentado el poder especial necesario para seguir adelante con el caso. Pero su contenido y firma revelaba que la recopilación de información contra ella venía de atrás: el abogado que presentó la querella en nombre de Baselga y el canal había pedido información a la Complutense meses antes. La universidad había defendido la colaboración de Begoña Gómez con el centro, una relación que se remontaba al año 2012. Baselga y el mismo abogado volvieron a la carga a finales de febrero de 2024, unos días antes de que Manos Limpias presentase la denuncia que sirvió al juez Juan Carlos Peinado para abrir la causa por la que todavía sigue imputada.

Esa segunda querella también se dirigía contra Gómez y contra el rector de la UCM y también murió abandonada por la propia Baselga cuando, a la vista de que Peinado ya tramitaba una causa contra la esposa del presidente, ni siquiera pagó la fianza para seguir adelante.

Ahora la difusora de bulos se enfrenta a un doble escenario penal pero como denunciada y no como denunciante. Baselga tiene pendiente de señalamiento un juicio en la Comunidad Valenciana por difundir otro bulo: el del 'caso Bar España'. La supuesta red de pederastia de políticos de la importancia de Carlos Fabra que violaban y mataban a niños en un bar de Benicarló que, en realidad, era una falsedad fabricada por un hombre llamado Reinaldo Colás como venganza contra la nueva pareja de su exmujer, según relataron sus hijos. Baselga figura entre una de las grandes difusoras de esta mentira y la Fiscalía pide para ella otros siete años más de presidio.