La magistrada que ordenó la detención de la cúpula del partido nazi Núcleo Nacional afirma que se trata de un grupo “paramilitar” con conexiones internacionales cuyos miembros buscan “la violencia ideológica”. Las pesquisas reflejan cómo los jueces mantiene la lupa sobre este grupo ultra desde poco después de su creación en 2024 y cómo todas las alarmas saltaron cuando la Policía pinchó el teléfono de varios de sus líderes: viajes a Ucrania para formarse con el Batallón Azov, comentarios sobre un “alzamiento” y referencias explícitas al uso de las armas que llevaron al juzgado de Gijón a descabezar el partido antes de la manifestación que había previsto para el pasado 7 de noviembre ante las sospechas de que se iban a producir incidentes violentos. Mientras tanto, Núcleo Nacional se defiende en un comunicado: “No somos delincuentes”.

Las pesquisas revelan que la investigación no empezó directamente sobre Núcleo Nacional, sino que arrancó con una denuncia de un menor de edad en Gijón. El joven, acompañado por su madre, relató que un grupo de jóvenes de extrema derecha le había amenazado. Eso llevó a los investigadores hasta “White Boys”, un grupo de WhatsApp donde jóvenes neonazis del Principado, muchos de ellos menores de edad, comentaban y coordinaban sus acciones. Y al mando de todos ellos, según la investigación, había un veterano de la extrema derecha: Jesús Antonio Ruiz Gómez. Un hombre de más de 60 años de edad al que la Policía ubica en “la cúpula” de Núcleo Nacional“ pero que a lo largo de 2024 se encargó de captar, adoctrinar y mandar a menores asturianos para diversas acciones y ”cacerías“.

A muchos los captaba por WhatsApp. A otros, incluso, a través de sus propios padres. Y según los informes de la Policía que maneja la jueza de Gijón, supervisó acciones violentas como una contramanifestación de miembros de White Boys contra una protesta a favor de los 'Seis de la Suiza', un ataque al Sindicato de Estudiantes o a una concentración feminista. Se referían a él como “el jefe” y, siempre según la Policía, “le respetan como líder”.

Este grupo de jóvenes y menores de Asturias fue desmantelado a finales de 2025, pero ya entonces los investigadores detectaron cómo muchos de ellos llegaban a Núcleo Nacional a través de Ruiz Gómez. Los investigadores decidieron avanzar y en abril de 2026 pincharon su teléfono y, detrás, el de toda la cúpula de Núcleo Nacional, formalmente constituido como partido político dos meses antes: Iván Rico, Enrique Lemus, Alberto 'Pugilato' Gonzalo e Isabel Medina Peralta, entre otros.

Muchos de ellos formaban parte de un grupo de WhatsApp llamado 'La Cúpula' donde los dirigentes del grupo se organizaban, mucho antes de constituirse como partido político o asociación. Esto permitió a la Policía descubrir cómo se organizaban por dentro, algo que ellos mismos habían explicado en algunas charlas como la ofrecida en Valencia en 2024. Áreas de economía y organización, propaganda, seguridad, relaciones internacionales, afiliaciones e incluso un departamento jurídico.

La documentación del caso permite ubicar a las caras visibles del partido en cada uno de estos departamentos. Enrique Lemus, exdirigente de Democracia Nacional en Valladolid y secretario general de Núcleo Nacional, es ubicado en el departamento de organización junto con Ruiz Gómez además de al frente del área económica. Alberto 'Pugilato' Gonzalo de Juan, también detenido hace unos días y con antecedentes penales, es considerado como parte del departamento “jurídico”, que entre otras cosas se encarga de dar consejos a afiliados y simpatizantes en caso de detención. Isabel Peralta, por su parte, es considerada como pieza clave del departamento de relaciones internacionales.

En sus autos de puesta en libertad bajo medidas cautelares, la magistrada de Gijón que ha centralizado la investigación concluye que Núcleo Nacional, “bajo una apariencia formal de índole cultural y deportivo”, es en realidad “una estructura perfectamente jerarquizada, orientada a la promoción sistemática del odio, la discriminación, la violencia ideológica, atacando gravemente la paz pública y la dignidad de las personas”. Se podría llegar a considerar, afirma, “como una asociación de carácter paramilitar” con “una jerarquía piramidal perfectamente definida con clara subordinación entre sus miembros”.

“Se echa mano a las armas”

Los investigadores policiales consideran que la constitución de Núcleo Nacional como un partido político bajo el nombre de “Noviembre Nacional” responde, en realidad, a blindarse frente a una posible ilegalización. “Un partido político tiene un blindaje de la hostia, es muy jodido con la ley en la mano ilegalizar a un partido político”, dijo un miembro de la directiva en una conversación intervenida. Y otras conversaciones apuntan al componente violento de este grupo neonazi surgido al calor de las protestas frente a la calle Ferraz de noviembre de 2023.

La Policía destaca, por ejemplo, las alusiones a la “Eugenesia” de Isabel Peralta en una conversación, un “plan de purga” para tener, en sus palabras, “solo 10 personas pero totalmente disciplinadas y estéticas”. El motivo, según los investigadores, de haber expulsado de Núcleo Nacional a un militante en Valencia por tener “ascendencia gitana” o de otra mujer en Murcia por ser judía. En otra conversación uno de los dirigentes reconocía que el partido no puede “mirar con lupa a toda la gente” pero sí establecer “unos filtros mínimos”: ser europeo. Algo que el propio partido ha hecho público en diversas comunicaciones accesibles.

Otras conversaciones aluden directamente a las vías ilegales y el uso de la violencia y las armas. “Si nos ilegalizan, se hacen las cosas por donde se tienen que hacer, que es por la vía ilegal”, dice en una de estas conversaciones Isabel Peralta a Iván Rico. Jesús Ruiz, en otra conversación, defiende la importancia de “dar formación doctrinal y política” a sus militantes, concluyendo su interlocutor que “eso es evidente, sin formación no va a funcionar ningún alzamiento”. En otra llamada, otra persona que habla con este dirigente de Núcleo afirma: “Si hay que echar manos a las armas, se les echa”.

La magistrada apunta en sus autos a las conexiones internacionales de Núcleo Nacional. En concreto habla de “20 organizaciones” de 14 países distintos, como por ejemplo Patriot Front (EEUU), la Legión Nacional de la Juventud Búlgara (Bulgaria), Red Angers (Francia), Prevat (Croacia) y, sobre todo, el Batallón Azov ucraniano. “Se ha podido acreditar que, como parte de estas relaciones, mantienen reuniones presenciales e intercambios con los miembros de estas organizaciones”.

Los oficios policiales destacan una: la visita de dirigentes de Núcleo Nacional a Ucrania para entrenar con el Batallón Azov y recibir “formación paramilitar”. “Se ha podido acreditar que miembros de Núcleo Nacional se desplazan a zonas de conflicto en Ucrania para recibir formación militar y experiencia en escenarios reales”. Conversaciones intervenidas a Iván Rico, el portavoz del partido, el pasado mes de agosto llevan a la Policía a concluir que viajó a Ucrania en esas fechas con varias personas más. Fotos publicadas en las redes sociales por los asistentes no muestran a Rico con armas pero sí a algunos de sus acompañantes.

La operación que se saldó con 14 detenciones la semana pasada se precipitó cuando la Policía sospechó que la manifestación convocada por Núcleo Nacional para el 7 de noviembre en Madrid podía acabar en disturbios graves. “Esta acción tiene como finalidad causar graves desórdenes públicos en la capital”.

“No somos delincuentes”

Después de varios días de silencio tras las detenciones, Núcleo Nacional ha emitido un comunicado en el que afirma: “No somos delincuentes”. Según su versión, las detenciones ordenadas por la jueza de Gijón han sido “absolutamente despropocionadas” y responden a “motivaciones de carácter político” para “impedir la manifestación del 7N legalmente convocada”. También aseguran haber sido puestos “en el centro de la polémica” como “interés del Gobierno por desviar la atención pública de sus propias polémicas”.

Denuncian la emisión de “información engañosa” en los últimos días con motivo de los registros en sus sedes. Todas las armas intervenidas, afirma el partido, “contaban con las correspondientes licencias”. “Mentiras”, dicen, “para denigrar la imagen de Núcleo Nacional.

Un historiador. Un músico. Un youtuber. Una enamorada del fascismo. El grupo neonazi Núcleo Nacional cumplirá en unas semanas sus tres primeros años de vida con sus líderes acusados de formar una organización criminal para difundir el odio con detenciones y registros por todo el país. Tres años en los que se han presentado como el partido político capaz de romper el paupérrimo techo electoral de la extrema derecha más allá de Vox con el foco claramente puesto en la propaganda épica, los vídeos y la estética. Los hermanos Rico, el histórico Enrique Lemus y los influencers de corte ultra Alberto 'Pugilato' Gonzalo e Isabel Medina Peralta son algunas de las piezas que explican las tripas de una formación que tiene un pie en la doctrina hitleriana y el otro en las redes sociales.

Para encontrar el origen de Núcleo Nacional hay que volver a noviembre de 2023 y los días en los que la calle Ferraz de Madrid se convirtió en el escenario constante de protestas y batallas campales. Las manifestaciones de miles de personas contra la amnistía frente a la sede central del PSOE se convirtieron en el refugio perfecto para grupos violentos de extrema derecha que, amparados por la masa, esperaban cada noche la señal para ubicarse frente a la Policía y dar paso a noches de carreras y disturbios. Entre partidos tradicionales y organizaciones como Revuelta, los ultras capitalizaban cada noche de contenedores incendiados.

Los partidos de extrema derecha, que llevaban más de una década siendo incapaces de acercarse de lejos a un escaño en cualquier comicio, miraron con mucha atención estas protestas y su potencial. Allí estaban Pedro Chaparro y Pablo Lucini (Democracia Nacional), el hoy fallecido Pedro Pablo Peña (Alianza Nacional), diversos dirigentes de Falange y de otros grupos como Hogar Social Madrid, además de caras visibles del movimiento ultra como Isabel Medina Peralta, que dos años antes había saltado a la fama por su discurso falangista y que en Ferraz posaba brazo en alto subida a un quiosco. Los que siempre habían sufrido para juntar a unas pocas decenas de personas en sus actos de repente se encontraron con miles de personas coreando cánticos fascistas.

Las protestas fueron bautizadas como “Noviembre Nacional” y el grupo Núcleo Nacional vio la luz un par de meses después, en los últimos días de diciembre. Sus primeros mensajes ya dejaron clara su distancia con la extrema derecha española, tanto la parlamentaria como la residual: una propaganda de primera calidad. Vídeos de buena calidad con música épica, mensajes directos y un llamamiento a defender España y Europa con un lenguaje menos apolillado que el usado habitualmente por Democracia Nacional, Falange o el resto de partidos de ese espectro. Camisetas negras, rostros tapados por pasamontañas, tatuajes y cabezas rapadas, todo presentado con un envoltorio actualizado y legitimado en las protestas en Ferraz.

“Una rana baneada” como portavoz

Algunos de sus líderes actuales, detenidos y liberados estos días por orden de un juzgado de Gijón, ya estaban en la génesis del grupo y son esenciales para entender su rápido desarrollo en apenas tres años. Iván Rico Olivares, entonces todavía con la cara tapada, era conocido como “Una rana baneada” y había hecho carrera como influencer de extrema derecha. Su voz profunda y sus mensajes rectilíneos se convirtieron rápidamente en la seña de identidad de Núcleo Nacional. Su identidad digital, forjada a raíz de la derechización del meme de la 'Rana Pepe', difundía el ideario del nuevo grupo neonazi con una efectividad muy fuera del alcance de los partidos históricos del fascismo y el nazismo españoles. Fue quien hace unos pocos meses se quitó la máscara para convertirse, ahora sí, en la cara visible del partido.

Los mensajes para defender Europa de los invasores, seguir a Dios o luchar contra todo atisbo de diversidad venían envueltos en un paquete obra del hermano de Iván: David Rico Olivares. Con apenas un par de cámaras, tardó pocos meses en juntar un par de decenas de personas para crear un potente departamento de propaganda, lo que según los propios dirigentes de Núcleo Nacional es una de las grandes apuestas del partido. Iván y David son considerados dos de los fundadores y ambos están en la lista de imputados de la jueza de Gijón.

Poco se sabe de la vida de estos dos ultraderechistas antes de ponerse al frente del movimiento. Hijos de Enrique Rico, concejal del Partido Popular en Valdeolmos-Alalpardo entre 2015 y 2019, son los que han presentado Núcleo Nacional en diferentes actos por toda la geografía antes de dar el salto a convertirse en un partido político. En esas presentaciones fueron desgranando el funcionamiento interno del grupo, sus objetivos, sus prioridades y sus carencias.

“No ha habido hasta ahora un movimiento que dijera las cosas tan claras”, dijo Iván Rico con el rostro todavía tapado en un podcast en mayo de 2024. Núcleo Nacional acababa de presentarse en sociedad en el Espacio Ardemans de Madrid ante decenas de personas. Unos pocos meses después acudieron a Valencia de la mano de España2000. Allí, los hermanos Rico y otros colaboradores explicaron el funcionamiento interno de Núcleo Nacional: una sección de organización “que funcione como un engranaje bien engrasado”, una sección para “brindar seguridad a toda la militancia” y una sección de propaganda.

Los hermanos Rico explicaron la importancia que la propaganda tiene para Núcleo Nacional. “Nunca se había hecho una propaganda de calidad. No solamente es importante el mensaje, sino en lo que está envuelto el mensaje. La gente cada día más se engancha mucho a las formas del mensaje, tienes que entender lo que le gusta a la gente para darles ese mensaje envuelto en el mejor paquete posible para que te lo compren. Solamente hay que pensar en el paquete, en esos estamos trabajando”. El vídeo que difundió Núcleo Nacional del acto hacía buenas sus palabras: imágenes de calidad con una voz en off y una música épica de fondo.

El historiador de Democracia Nacional

Un hombre de pelo blanco acompañaba este fin de semana a los hermanos Rico a la salida del juzgado de Gijón después de compartir calabozo. El mismo que ha dado la cara como dirigente de Núcleo Nacional desde prácticamente el primer día: Enrique Lemus. Definido habitualmente como “histórico ultraderechista”, su trayectoria política de los últimos 15 años ayuda a entender su papel actual en Núcleo Nacional. Historiador y divulgador de una versión fascista de la historia en podcasts y charlas, fue durante años delegado de Democracia Nacional en Valladolid.

Sus incursiones políticas siempre terminaron en fracaso: en 2015 fue el candidato menos votado de todos los que se presentaron a las elecciones municipales en Valladolid. Apenas 220 votos. Otros proyectos en los que se involucró, como la candidatura de unidad fascista ADÑ en las europeas de 2019, apenas superó el 0,05% de los sufragios. Habitual autor de largas charlas sobre historia en mítines de Democracia Nacional y otros grupos de extrema derecha tradicional, Lemus siempre ha dejado clara cuál es su visión de la historia de España: “Después de la Guerra Civil hubo una reconciliación”, dijo en un acto en 2018.

En Núcleo Nacional confluyen, por tanto, dos mundos. El de jóvenes de estética neonazi con un mensaje directo y un buen conocimiento de cómo generar propaganda de calidad, y el de veteranos de la extrema derecha que han apoyado durante años proyectos políticos condenados al más estrepitoso fracaso. En sus primeras charlas, los portavoces dejaron claro lo que pensaban del sistema electoral: “Esto se combate desde una organización no política, la democracia es una estafa, no vale de nada meter papeles en cajas”. Pocos meses después, a principios de 2025 y según explicó el propio Lemus, ya estaban presentando documentación para ser primero una asociación y después ya un partido político formalmente inscrito desde febrero de 2026.

Los dirigentes del partido han reconocido en algunas de sus intervenciones públicas cuál es el espejo en el que se miran. Desde las extintas Bases Autónomas por su capacidad de territorialización hasta la “buena acción” de Hogar Social Madrid al ocupar edificios. También han explicado en alguna ocasión cómo intentaron acercarse a partidos y grupos del mismo espectro y solo fueron bien recibidos por España2000, que llegó a ceder un local en Valencia para su primer acto en la ciudad. “No vamos a tener ningún problema en trabajar con otras organizaciones, pero jamás vamos a ir nosotros detrás de una organización porque ya lo hemos hecho y nos han dado la espalda. Que nadie espere que nosotros en los momentos fuertes vayamos detrás de nadie”, advirtieron hace más de dos años.

La extrema derecha española más alejada del Congreso ha mirado con recelo el ascenso de Núcleo Nacional. Algunos por su apego a la propaganda y las redes sociales lejos de lo que se considera la “acción directa”, otros por su ambiguo mensaje agresivo y el potencial recurso a la violencia. Queda la duda de si se trata de un proyecto tan efímero como Bastión Frontal o si su transformación en partido político abrirá las puertas electorales a un discurso abiertamente neonazi que rara vez ha llegado a acercarse a un ayuntamiento, parlamento regional o el Congreso y el Senado en las últimas décadas.

Alberto 'Pugilato' e Isabel Peralta

Núcleo Nacional ya estaba registrado como asociación y el Ministerio del Interior instó al grupo a cambiar el nombre del partido hasta llegar a “Noviembre Nacional”, su registro formal, recordando así a su origen en las protestas de la calle Ferraz de 2023. A día de hoy, más allá de su líder Iván Rico y su secretario general Enrique Lemus, no se le conoce ningún cargo orgánico ni estructura interna similar a la de cualquier formación. Tampoco se ha presentado a estas elecciones generales. El propio Lemus, el día de la presentación en Madrid, dejó caer que esta creación respondía a la necesidad de blindarse frente a acciones judiciales y de posible ilegalización.

Desde su nacimiento como grupo a finales de 2023, varios influencers de la extrema derecha se han posicionado como grandes apoyos de Núcleo Nacional, aunque no conste que ostenten ningún cargo dentro del partido. Uno de ellos es Alberto Gonzalo de Juan, conocido como Alberto Pugilato por sus perfiles en las redes sociales y su papel como 'frontman' del grupo de música hardcore fascista Pugilato. Este ultra vallisoletano, que el domingo abandonaba los juzgados con el rostro tapado por un pasamontañas, es un músico reconvertido a youtuber y entregado a la propaganda de Núcleo Nacional.

Alberto Gonzalo de Juan fue el líder del grupo de música neonazi 'Más Que Palabras', que intentó coger el testigo de las bandas míticas del género en España como Estirpe Imperial, Batallón de Castigo o 7 muelles. Fue condenado en firme por el Tribunal Supremo por el contenido de sus canciones, aunque nunca tuvo que entrar en prisión a cumplir la sentencia. Desde entonces apostó no solo por su proyecto en solitario 'Pugilato' sino también por su perfil de influencer en las redes sociales. No tardó en mostrar su entusiasmo por las protestas de Ferraz y tampoco por el potencial de Núcleo Nacional, presentándose como uno de sus principales impulsores desde entonces.

Varias personas han puesto su rostro y su nombre al servicio de Núcleo Nacional. Desde Pedro Jesús Espada, concejal independiente de la localidad madrileña de Velilla de San Antonio hasta youtubers ultra como “El Gallego Despotricando”, pasando por una de las caras más visibles de la extrema derecha en España en el último lustro: Isabel Medina Peralta. Otra de las personas detenidas que acompañaban a Lemus, los hermanos Rico y Pugilato a la salida del juzgado. Condenada aunque todavía no en firme por un discurso xenófobo frente a la embajada de Marruecos, Peralta saltó a la fama con su discurso de homenaje a la División Azul franquista en 2021. Cinco años después y con un ojo puesto en el Tribunal Supremo, es una de las habituales en los vídeos y la propaganda de Núcleo Nacional.

La lista de imputados por la magistrada de Gijón asciende a 14 personas por todo el territorio nacional, los cuales quedaron en libertad con la medida cautelar que pidió la Fiscalía: retirarles el pasaporte. La investigación gira en torno a un acto de Núcleo Nacional en la ciudad el pasado mes de febrero, cuando unas pocas decenas de personas se concentraron para “defender” el monumento a los héroes de Simancas. Está por ver cómo la causa ha llegado hasta los dirigentes del partido y algunos de sus propagandistas, con registros en sus sedes –la de Madrid, apodada “el Nido”– e incautación de puños americanos o pistolas táser.

Ni el partido ni sus colaboradores han vuelto a usar sus canales habituales de comunicación en las redes sociales. La operación desplegada por el juzgado estalló unas pocas horas antes de una manifestación convocada por Núcleo Nacional en Madrid con un vídeo cargado de simbolismo: militantes del partido con antorchas, mensajes contra la inmigración y una promesa. “El siguiente mes votad por quien queráis. Nosotros esta vez no nos presentaremos, pero el momento llegará”, decía Iván Rico pocos días antes de ser detenido y acusado de organización criminal y delito de odio.

El Tribunal Supremo ha rechazado la maniobra con la que varias familias españolas intentaron inscribir en Ucrania hasta a siete bebés nacidos en ese país por vientres de alquiler. Los jueces de la Sala de lo Civil, que llevan más de una década plasmando en sus sentencias que la gestación subrogada es una práctica ilegal en España, avalan la decisión del consulado de Kiev de no aceptar el registro que las familias hicieron igualmente unos meses después en Madrid.

El Supremo recuerda que la gestación subrogada supone “una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor”, lamenta que “en la práctica” no hay obstáculos legales para registrar a estos bebés y sospecha que estas familias pudieron recurrir para conseguir una sentencia favorable a los intereses de las empresas que promueven los vientres de alquiler.

El caso que ha estudiado el Supremo arrancó en la primera mitad de 2019 en Ucrania, con el nacimiento de siete bebés, concebidos mediante vientres de alquiler. En aquella época, decenas de familias españolas se encontraron bloqueadas en Kiev con los bebés nacidos por este método a través de un contrato ilegal en España, pero legal en Ucrania, uno de los principales destinos europeos para quienes recurren a estas técnicas. Estas siete familias que han terminado en el Tribunal Supremo se encontraron con que el registro del consulado español de Kiev se negó a registrar estos bebés como hijos de las parejas: ni de las mujeres, que no guardaban relación biológica con ellos, ni de los hombres que habían presentado pruebas de ADN para demostrar que eran sus padres.

Las leyes españolas prohíben de forma expresa desde 2006 la denominada “gestación por sustitución” y el Tribunal Supremo lo ha reforzado en una docena de sentencias dictadas desde 2013 hasta la actualidad. “Las madres y los niños son tratados como simples mercancías”, dijeron, por ejemplo, los jueces en 2022 cuando estudiaron un contrato que permitía al pagador mantener con vida a la mujer gestante si esta estaba en muerte cerebral. Pero, al mismo tiempo, las sentencias han reconocido que los resquicios legales permiten registrar a estos niños en España, sobre todo a través de las adopciones.

En este caso, el consulado de Kiev ya explicó a estas familias en 2019 que, según las órdenes vigentes en ese momento, no podía inscribir a los siete bebés por una “ausencia de medios de prueba”. Fue entonces cuando las familias, que consiguieron inscribir a los bebés pocos meses después por otros cauces leales, decidieron acudir a los tribunales. Un juzgado mantuvo la suspensión del registro, pero la Audiencia Provincial de Madrid pasó por encima de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y decidió darles la razón. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, representada por la Abogacía del Estado, decidió entonces acudir a la Sala de lo Civil para hacer valer una década de jurisprudencia sobre la ilegalidad de estos contratos.

La respuesta del Tribunal Supremo ha sido mantener la anulación de ese intento de registro a los siete bebés en Kiev, aunque reconociendo que nada ha impedido a estas familias completar el trámite una vez en España y perpetuar una práctica tan ilegal como factible. Estos contratos, recuerda la sentencia, “vulneran los derechos fundamentales, tanto de la mujer gestante como del niño gestado, y son por tanto manifiestamente contrarios a nuestro orden público”. “El deseo de una persona de tener un hijo, por muy noble que sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas. Estos contratos de gestación subrogada entrañan una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor”.

“Existen serias dudas” sobre sus intenciones

Los jueces avalan que el encargado del registro civil consular de Kiev “no haya permitido” esta inscripción “en un Estado como Ucrania, en el que la gestación por sustitución comercial está generalizada”. Recuerda la sentencia que en ese país “no puede garantizarse la comprobación de que el consentimiento de la madre gestante ha sido prestado libremente y con las debidas garantías”, como también rechaza que la filiación paterna de los bebés sea determinada “por unas pruebas genéticas carentes de suficientes garantías”.

Las familias denunciaban en sus alegaciones a lo largo del proceso que habían presentado sus propias pruebas de ADN y todo tipo de documentos para probar la filiación de los niños. El Supremo recuerda que el consulado español en Kiev “no tiene medios para verificar si se han protegido adecuadamente los derechos del niño y de la madre gestante, en concreto la forma en que se obtuvo el consentimiento de la madre gestante y la fiabilidad de las pruebas de ADN”. Tampoco acepta el Supremo que la inscripción en el registro civil de Ucrania “permitiera obtener la inscripción en el registro civil español”.

Los jueces reconocen que el resultado de este pleito, como sucede en otros similares, tiene poca incidencia práctica por las alternativas legales que tienen estas familias para contratar un vientre de alquiler en el extranjero y después legalizar la situación del bebé en España. En este caso, más todavía ya que, según reconocieron las propias familias, registraron a los niños “varios meses” después de no conseguirlo en el consulado de Kiev. Lo que lleva al Supremo a dudar sobre el motivo para mantener abierto este caso judicial durante años: “Existen serias dudas”, dicen los jueces, sobre si el objetivo de los recursos era el interés de los bebés o “favorecer el interés de la empresa intermediaria en los contratos de gestación subrogada”.

Una sentencia como la de la Audiencia Provincial de Madrid que ahora queda revocada, facilitaría “enormemente” el trabajo de estas agencias “si se permitiera un reconocimiento inmediato de la filiación de los niños nacidos de una gestación subrogada en países como Ucrania”.

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de Vox y Iustitia Europa de ampliar la suspensión del voto de miles de nacionalizados por la ley de nieto también a sus hijos. Los jueces no descartan por completo que en otras circunstancias hubieran suspendido también el voto de estas 190.000 personas, que se añaden a los 163.000 con el voto ya suspendido, pero explican que no sería factible cumplir con esa cautelar: “Nos encontramos a tres semanas de la celebración de las elecciones generales. La Sala tiene serias dudas sobre la viabilidad de la ejecución efectiva de las medidas cautelares solicitadas que ahora pudieran adoptarse”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo decidió hace ahora mes y medio estimar una petición de Vox y Iustitia Europa y suspendió de forma cautelar el derecho a voto de más de 163.000 personas nacionalizadas por la conocida como 'ley de nietos', al entender que solo podrían votar el próximo 29 de noviembre los que efectivamente hayan acreditado ante las autoridades que descienden de una persona exiliada durante la Guerra Civil o el régimen franquista. A fecha 28 de octubre, según los datos que maneja el Supremo a través de la Abogacía del Estado, solo 901 personas lo habían podido hacer.

El siguiente movimiento de estos dos partidos políticos fue ampliar la petición de suspensión cautelar a los descendientes de estos nacionalizados, que según el Supremo afecta a todavía más gente: 189.678 personas. Los jueces argumentan que sería factible suspender también su voto, ya que si se cuestiona el derecho de los padres “en pura lógica habrá que hacerlo también de sus hijos”, pero argumentan razones prácticas para no hacerlo: las elecciones son apenas en 20 días.

“Iniciar ahora un proceso de revisión del CERA, además de los interrogantes que suscita la posibilidad material de ejecución efectiva en el breve lapso temporal existente, entendemos que resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral”, justifica el Supremo. Uno de los jueces, Antonio Jesús Fonseca Herrero, sí apostaba por suspender también el voto de estas casi 190.000 personas: “La ampliación de las medidas cautelares debió ser aceptada y que las nuevas medidas pueden y deben hacerse efectivas en tiempo y forma”.

Los jueces también estudian desde hace semanas las reclamaciones de afectados por esta suspensión del voto, personas que o bien a título particular o bien a través de asociaciones se han personado y han reclamado poder votar el próximo 29 de noviembre en las elecciones generales. La respuesta del Tribunal Supremo, en otras resoluciones, es negativa y mantiene que, al menos a día de hoy, los que no puedan demostrar que descienden de exiliados no podrán votar.

“Pueden afectar al resultado de las elecciones”

En los autos conocidos este lunes los jueces del Supremo entienden que permitir votar a más de 163.000 personas con la duda de si han sido legalmente nacionalizados pone en riesgo no solo “la limpieza y transparencia” de las próximas elecciones generales sino incluso su resultado. Esta cifra es “considerable” aunque “no en términos absolutos” –representa un porcentaje pequeño del censo– pero sí “en términos relativos”.

Los jueces, con la lista de personas afectadas en la mano, concluyen que su reparto por las distintas circunscripciones sí podría llegar a influir en el reparto de escaños en el Congreso y el Senado. “Su participación en las elecciones convocadas, además de hacer inefectiva la sentencia que se dicte en este procedimiento, podría ser relevante para el resultado electoral”.

Fuentes del Gobierno muestran su conformidad con que el Tribunal Supremo haya rechazado la petición de Vox y también Iustitia Europea de suspender el derecho a voto de casi 190.000 descendientes de los nacionalizados por la ley de nietos de cara al próximo 29 de noviembre. Tras las decisiones conocidas hoy estas fuentes piden “respeto para nuestro sistema electoral” y “los derechos fundamentales de todos los españoles, sean cuales sean sus orígenes y convicciones”. Esta decisión, añaden, “supone un freno a la estrategia de las organizaciones ultraderechistas (Vox y Iustitia Europa) de suprimir derechos fundamentales de manera progresiva y masiva y arrojar dudas sobre el resultado electoral por si la derecha y la ultraderecha no alcanzan la mayoría que desean”.

Estas fuentes gubernamentales lamentan que el Supremo haya rechazado, al mismo tiempo, la petición de asociaciones de afectados de restaurar el derecho a voto de más de 163.000 personas nacionalizadas por la ley de nietos. “Lamenta que este razonamiento no se haya aplicado a las españolas y españoles que obtuvieron la nacionalidad en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, aunque espera que la decisión definitiva acabe amparando sus derechos”.

El Tribunal Supremo ha decidido archivar la causa penal más antigua que pesaba sobre el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez: la difusión de una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemia de COVID-19. La Sala de lo Penal recibió hace semanas un informe policial que atribuía a personas desconocidas la creación del documento falso y ahora el juez archiva el caso a no poder culpar al líder de Se Acabó La Fiesta de su puesta en circulación, aunque lo difundiera en su cuenta de Twitter.

La causa penal que acaba de archivar el Supremo arrancó en un juzgado de Barcelona en 2021 cuando el entonces candidato del PSC y hoy president de la Generalitat denunció que Alvise Pérez, por aquel entonces lejos de entrar en política, había difundido un documento falsificado sobre su salud. Una falsa prueba PCR en la que se afirmaba que Illa había dado positivo por coronavirus, lo que en ese momento comprometía su presencia en los debates de la campaña electoral catalana.

El agitador ultra compareció ante el Tribunal Supremo en junio de 2025 pero negó haber elaborado un documento que, además, ya circulaba “masivamente”. Un informe policial posterior, revelado por elDiario.es, rastreó el origen del documento hasta una cuenta de Twitter supuestamente radicada en Asturias pero sin dueño conocido y sin vinculación con el eurodiputado.

El documento, dice el juez, fue divulgado en una cuenta de Twitter “con anterioridad a que lo hiciera el Sr. Pérez en la suya, sin que haya podido trazarse ninguna conexión ni personal ni tempo-espacial ni técnica entre dicha primera cuenta emisora y la abierta a nombre del protoinvestigado”. También destaca que Alvise borró el tuit poco después, algo que “puede sugerir ligereza e irresponsabilidad en el previo retuiteo realizado, pero no permite, en términos indiciarios mínimamente consistentes, hipotetizar que conocía que lo retuiteado era falso”.

Las causas pendientes de Alvise

El archivo de esta causa contra Alvise Pérez reduce a cinco las investigaciones penales abiertas contra el candidato de SALF a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. El eurodiputado sigue imputado por la financiación de su campaña de 2024, por promover el hostigamiento contra sus dos compañeros de bancada, por hacer lo mismo contra una fiscal de València y el Alcalde de Algeciras.

Otra magistrada de la Sala ha elevado este jueves un suplicatorio al Parlamento Europeo para poder juzgarle por otra causa, que estudia si instigó disturbios en las tractoradas de 2024 durante las protestas del sector agrario. Hizo, según la jueza, “llamamientos concretos al corte de vías públicas, al colapso de ciudades, al bloqueo de accesos y centros logísticos y a la coordinación de actuaciones colectivas con aptitud para afectar gravemente al orden público”.

Domenico Paviglianiti ha tenido muchas vidas en España. Fue detenido en Madrid por primera vez en 1996, por segunda vez en 2021 y por tercera vez el pasado mes de junio, siempre reclamado por las autoridades italianas para responder por su papel como capo de un clan de la 'Ndrangheta calabresa. Tres décadas después de su primer arresto, el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso con el que este mafioso pretendía revertir su última entrega a Italia para cumplir con condenas pendientes que suman en torno a 20 años de prisión. Paviglianiti recordaba, entre otros argumentos, que ya en el año 2000 el mismo tribunal frenó su extradición al país transalpino, pero el Constitucional cree que esa sentencia no es aplicable a su caso actual.

Paviglianiti fue detenido por primera vez en noviembre de 1996 en una macrooperación conjunta de España, Italia y Holanda contra la mafia. Su arresto destacó entre los 38 detenidos al ser considerado ya entonces como uno de los capos más relevantes del 'clan de Stefano', organización mafiosa dedicada a distribuir droga. Pesaban dos condenas sobre él que sumaban 22 años de cárcel y nueve causas pendientes, acusado de ser el responsable de casi un centenar de asesinatos consumados, otros 36 más planificados y todo tipo de actividades ilegales relacionadas con la 'Ndrangheta y la guerra entre clanes de finales de los ochenta.

El capo de la mafia calabresa fue entregado a Italia y cumpió condena. Volvió a ser detenido en 2021 en el barrio madrileño de Tetuán, donde vivía como un sexagenario más en un inmueble de la calle Don Quijote junto con una familia. Su siguiente arresto, otra vez a petición de la Fiscalía italiana, llegó el pasado mes de junio, esta vez en Soria. 'Don Mico' llevaba meses bajo la lupa de la Guardia di Finanza de Reggio Calabria y fue finalmente arrestado por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, llevado poco después en avión al aeropuerto romano de Fiumicino.

La defensa española de Paviglianiti acudió al Tribunal Constitucional recordando algo que sucedió hace 26 años, poco después de su primera detención en Madrid: los magistrados ya anularon su primera entrega a Italia. Por aquel entonces ya tenía condenas en Italia de más de dos décadas entre rejas, pero había sido sentenciado en ausencia al estar fugado en España. Sus alegaciones sobre cómo la Audiencia Nacional no había tenido en cuenta sus quejas sobre haber sido condenado sin haber estado en el juicio prosperaron y aquella entrega quedó anulada. La intención de los abogados de Paviglianiti era que aquella sentencia del año 2000 surtiera efectos ahora tras su tercer arresto una vez entregado a Italia.

El pleno del Tribunal Constitucional, según ha podido saber elDiario.es, ha cerrado la puerta a 'Don Mico', que tendrá que cumplir en Italia el resto de condenas que reclama la Fiscalía de ese país. Los magistrados, por unanimidad de los 12 miembros del tribunal, entienden que su situación actual no es comparable a la que llevó al Constitucional a darle la razón en el año 2000 y que, por tanto, no existe la posibilidad de volver a ejecutar esa resolución y revertir una entrega que, además, ya se ha producido.

Las tres detenciones de 'Don Mico'

Domenico Paviglianiti nació en el pequeño municipio calabrés de San Lorenzo en 1961. Antes de cumplir los 30 años ya era considerado como un miembro destacado del conocido como 'clan de Stefano', la facción interna de la 'Ndrangheta que jugó un papel sangriento en la segunda guerra interna de la mafia italiana a raíz del asesinato del líder del grupo, Paolo De Stefano, en 1985. Un conflicto entre familias criminales calabresas que dejó entre 600 y 700 muertos en las calles y en el que Paviglianiti, según los documentos judiciales, jugó un papel protagonista.

Fue detenido en Madrid en 1996, cinco años después del conflicto, y para entonces tenía hasta 11 requerimientos judiciales a sus espaldas. Dos de ellos por condenas que sumaban, entre las dos, más de dos décadas de cárcel, y nueve más para responder por un rosario de acusaciones relacionadas con la mafia: 98 asesinatos consumados y 36 frustrados. Asociación ilícita, terrorismo, detención ilegal, tenencia ilícita de armas, amenazas, inhumación ilegal, receptación, falsificación y contrabando. La lista de delitos que la Audiencia Nacional tuvo encima de la mesa a la hora de estudiar su extradición era inagotable.

'Don Mico' estaba entonces reclamado por las fiscalías de Torino y Bari y planteó varias quejas ante los tribunales españoles, obteniendo algunas pequeñas victorias, como condicionar su entrega a no ser sentenciado en Italia a cadena perpetua. Pero su mayor y a la vez menos relevante victoria llegó en el año 2000 cuando el Tribunal Constitucional se partió en dos para darle la razón y anular su extradición a Italia, aunque para entonces ya estaba en ese país cumpliendo condena. El pleno, con el voto en contra de tres magistrados, entendió que la Audiencia Nacional no había analizado correctamente que era reclamado para cumplir condenas que se habían dictado con el acusado ausente.

La decisión de los tribunales españoles de vetar una condena a cadena perpetua tuvo efectos más adelante, cuando en 2019 fue liberado después de que un juez de Bolonia entendiera que no se había calculado correctamente el tiempo que debía pasar en prisión. Paviglianiti volvió a España y pasó dos años viviendo como un sexagenario más en el barrio madrileño de Tetuán hasta que fue arrestado en el verano de 2021 en la calle Don Quijote. La Fiscalía italiana calculaba que, en realidad, le quedaban por cumplir más de diez años de prisión.

El capo de la mafia calabresa no pasó mucho tiempo detenido y fue liberado en 2022 tras ser entregado a Italia. Volvió a desaparecer del mapa, salvado por la burocracia y unas medidas cautelares ineficaces, hasta su tercer y último arresto en Soria el pasado mes de junio. Sus reclamaciones han sido ineficaces esta vez y el considerado como capo de la mafia italiana ha sido entregado a su país antes incluso de que el Tribunal Constitucional se niegue a paralizar su extradición aprobada judicialmente en agosto. Su victoria del año 2000 no le ha valido 26 años y medio después.

La defensa de 'Don Mico' alegó que la Fiscalía italiana no era una autoridad judicial y no podía solicitar su extradición. También que vivía “en hoteles y sitios diferentes” y que deambulaba mientras huía de las autoridades. Y finalmente que tenía un arraigo, al tener familia en España, que le permitía cumplir condena en Madrid y no en Italia. La respuesta de los jueces fue enviarle a Roma para cumplir los 19 años, 2 meses y un día de cárcel que tiene pendientes por 56 delitos distintos, entre otros un homicidio cometido en Bolonia en octubre de 1989. El asesinato a tiros de Valiente Felice Domenico, un preso ametrallado cuando volvía a la prisión de Dozza tras un permiso. Uno de los muchos asesinatos que el 'boss dei boss' de la 'Ndrangheta tiene en su historial.

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido absolver a los cuatro agentes de Policía Nacional acusados de agredir a un menor de edad en el barrio madrileño de Tetuán en 2023. Las magistradas entienden que Asuntos Internos se basó en testimonios defectuosos y errores de bulto en las horas para concluir que los policías patearon al menor y después falsificaron al atestado, asegurando en su sentencia que lo que sucedió esa noche fue “una actuación policial fundamentada en el principio de autoridad y el mantenimiento del orden público”. Los vídeos grabados por vecinos de la zona, añaden las juezas del tribunal al desestimar la petición de cuatro años de cárcel de la Fiscalía, no son lo suficientemente nítidos para concluir que fuera una agresión y no una reducción policial.

El juicio se celebró el pasado mes de octubre con cuatro policías nacionales de la comisaría de La Remonta en el banquillo –defendidos por el despacho Frago & Suárez– y la Fiscalía pidiendo una condena para ellos por agredir a un menor y después falsificar el atestado policial tras saber que los vecinos de la zona les habían grabado con sus teléfonos móviles. El departamento de Asuntos Internos tomó declaración a varios testigos, visionó varios vídeos y cotejó las horas del atestado y concluyó que tres de ellos habían participado en la paliza y otro más había mentido para exonerarles.

La sentencia declara probado que el menor de edad formaba parte de un grupo de jóvenes que esa noche se dedicaron a perseguir a dos turistas alicantinos con el objetivo de atracarles, lo que provocó varias veces la presencia policial en la zona. El joven tutelado por la Comunidad de Madrid y supuestamente agredido salió corriendo del lugar tras empujar a uno de los agentes y después dio un codazo a otro cuando le dieron alcance, algo que él mismo reconoció cuando fue condenado en la jurisdicción de menores. Su versión nunca fue escuchada en este segundo proceso contra los policías porque los tribunales no pudieron localizarlo.

Las magistradas de la Audiencia Provincial de Madrid entienden que no hay pruebas que permitan dudar de la palabra de los policías frente a las inexactitudes de Asuntos Internos, los testimonios que no consideran fiables de los vecinos y los vídeos demasiado oscuros para, dicen, saber lo que pasó exactamente. “Hubo una actuación policial fundamentada en el principio de autoridad y el mantenimiento del orden público”, dicen las juezas. Al alcanzar al joven no le agredieron sino que “le redujeron con la fuerza legítima, mínima y necesaria, sin que las imágenes grabadas, dada la oscuridad y opacidad de las captadas, acrediten que se tratara de una agresión policial con abuso de su cargo”.

La sentencia reconoce que marcharse de allí dejando al menor tirado en el suelo, aunque fuera para correr a ayudar a un compañero que pedía auxilio a gritos en una calle cercana, no estuvo bien. “Pudiera reputarse poco diligente o incluso ser incorrecta o disciplinariamente relevante” pero no fue un delito contra la integridad moral ni una venganza contra el menor. “Es necesario un plus, que los agentes tuvieran la finalidad de humillar, vejar o someter a la víctima a un padecimiento moral o físico de especial intensidad, lo que no queda acreditado”.

La “patada” del policía

Los vídeos que pudieron verse en el juicio, grabados por varios vecinos de esa calle de Madrid de madrugada, permiten ver cómo uno de los agentes acomete al joven en el suelo con la pierna, pero las juezas creen que la imagen no es lo bastante clara y que, además, la lesión que tenía el joven en la cara no se corresponde con una patada. “Desde luego no se puede ver con claridad que hayan pegado con la mano u otro objeto en la cabeza de la persona que está en el suelo, pues la imagen es oscura y opaca, siendo una intuición, una deducción de los investigadores. Tampoco se puede asegurar que el último de los agentes que hace el gesto de lanzar una patada, llegue a impactar en el torso de esa persona”. La sentencia no explica de dónde salió la lesión que el menor tenía en la cara cuando llegó al hospital.

La Audiencia Provincial de Madrid tampoco otorga credibilidad a los testigos que denunciaron no solo los golpes sino las actitudes racistas previas que les atribuyeron el día del juicio. Sobre los dos turistas de Alicante, afirman las magistradas que “probablemente por la situación de temor y estrés que debieron haber sufrido, su declaración no resulta fiable por las contradicciones evidentes en las que incurren”. Sobre el joven que grabó imágenes desde su ventana, critican que “sorprendentemente” no aparece en sus vídeos “la fecha y la hora” en que fueron realizados.

Una de las testigos que atendió al joven en la calle esa noche llegó a explicar que los policías se refirieron al menor como “moro de mierda” y el tribunal explica que “llama la atención” que no lo contara, por ejemplo, cuando declaró ante la policía. “Su testimonio no resulta fiable, pues hasta llega a confundir su propia actuación, atribuyéndose haber grabado la agresión cuando no es así, agravando los hechos al incluir insultos xenófobos que no aparecían, lo que demuestra una deficiencia en su capacidad de percepción o de memoria, y su relato debe ser descartado como prueba de cargo”.

En definitiva, para la Audiencia de Madrid estos testigos –frente a los “sinceros y coherentes testimonios” exculpatorios de otros policías de la misma comisaría– “solo ven los últimos segundos de todo lo ocurrido” y no son fiables. El menor, concluye el tribunal, pudo golpearse la cara “al caer” y “no necesariamente por agresión de los agentes”.

El Tribunal Supremo ha rechazado varias denuncias y querellas con las que Vox y Manos Limpias pedían la imputación de Pedro Sánchez y varios ministros por la crisis de Ceuta. Los jueces de la Sala de lo Penal reprochan que estas acciones penales no especifican la concreta intervención de cada uno en la crisis migratoria y también recuerdan que una jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, investiga allí si las autoridades pudieron tener algún tipo de responsabilidad.

La crisis migratoria de Ceuta arrancó en los últimos días del pasado mes de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron por diversos puntos la frontera de la Ciudad Autónoma, entrando de forma irregular en el país. La Audiencia Nacional abrió una investigación para dilucidar si las autoridades de Marruecos pudieron promover de alguna manera la avalancha de gente o si las autoridades españolas ignoraron avisos que podrían haber prevenido la situación.

En paralelo, tanto Vox como Manos Limpias como varios particulares acudieron al Tribunal Supremo para escalar la investigación directamente a lo más alto del Gobierno. Acusaron a Pedro Sánchez y todo el Consejo de Ministros, pero sobre todo a los titulares de las carteras de Defensa, Sanidad e Interior, de delitos de prevaricación administrativa y dejación de funciones, entre otros. La respuesta del Supremo a abrir una causa contra el Ejecutivo ha sido negativa.

Los magistrados de la Sala de lo Penal reprochan, en primer lugar, que ni Vox ni Manos Limpias consiguen explicar qué hecho concreto atribuyen a cada miembro del Gobierno. “No aportan un enlace individualizado suficiente entre cada aforado y las decisiones u omisiones que se denuncian”. Las denuncias y querellas aportaban alertas, comunicaciones o noticias sobre los informes del CNI para denunciar la “insuficiencia” del dispositivo de protección de la frontera. Pero eso no permite “todavía”, dice el Supremo, precisar “la intervención de cada uno de ellos ni el alcance penal de las decisiones u omisiones que se les atribuyen”.

El Supremo se limita también a dejar todo en manos de la Audiencia Nacional y la jueza María Tardón, que fue la primera en abrir una causa para analizar la crisis migratoria. En ese sentido, los jueces de la Sala explican que es necesario determinar “quién dispuso de la información relevante, qué decisiones adoptó, qué medios estuvieron efectivamente a su alcance y qué intervención tuvo en el desarrollo de los acontecimientos”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la condena de 11 años de prisión impuesta al antiguo párroco de San Pedro Regalado en Vallecas por violar varias veces a una feligresa. Los jueces avalan la versión de la víctima, una mujer recién llegada de Colombia que acudió a la parroquia buscando ayuda para comer, frente al recurso del religioso, que apuntaba a un inexistente complot de varias mujeres contra él. Su condena de agresión se suma a otras acusaciones de mujeres migrantes vulnerables que relataron al tribunal cómo hizo insinuaciones o acercamientos sexuales aprovechando su posición como líder espiritual de la comunidad.

Wooby Oreste J.O nació en Puerto Príncipe (Haití) en 1970. Hijo de un político local, viajó por República Dominicana y Roma antes de recalar en Madrid a mediados de la década de los noventa para formarse como sacerdote. Sirvió sus dos primeros años en Torrelodones y tras un lustro en Venezuela y el sur de Francia volvió a la capital de España: Barajas, San Agustín de Guadalix, Buitrago de Lozoya hasta, finalmente, convertirse en el párroco de San Pedro Regalado y San José de Calasanz en Puente de Vallecas en 2018.

Su labor en esta parroquia donde Cáritas atiende a decenas de personas en estado de máxima necesidad adquirió notoriedad pública durante la pandemia, cuando el alcalde José Luis Martínez-Almeida acudió a participar en el reparto de alimentos y ayudas acompañado de un concejal y bomberos. Según la Justicia, por aquel entonces el 'padre Wooby' llevaba varios meses haciendo insinuaciones sexuales a feligresas que habían acudido a la parroquia buscando ayuda o incluso a voluntarias de Cáritas.

Sus dos primeros acercamientos tuvieron lugar entre los primeros meses de 2020 y el verano de 2021 y los tribunales entendieron que no fueron delictivas. Primero insinuó a una mujer, que con dos niños pequeños había acudido a su parroquia a pedir comida, que debía dejar a su marido para obtener ayuda. También llegó a poner la mano en la pierna a otra mujer a la que “cortejaba”, según los jueces, con “dinero y viajes”.

El caso que le ha costado 11 años de cárcel, ahora confirmados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tuvo lugar en 2022. Una mujer recién llegada de Colombia sin familia ni conocidos ni trabajo acudió a San Pedro Regalado y San José de Calasanz para pedir ayuda y subsistir, encontrándose con la oferta de Wooby Oreste. Podía usar la vivienda pegada a la suya propia dentro de la parroquia a cambio de limpiarla. Después de unas primeras insinuaciones –dijo que “a pesar de ser sacerdote me gustan las mujeres”– llegaron las violaciones. El párroco entró varias veces en la vivienda de la víctima usando sus llaves y, además de violencia, usó amenazas: “No puedes contarlo, es un escándalo, te pego un tiro y después me lo pego yo”.

La víctima intentó buscar trabajo para poder salir de la parroquia y terminó compartiendo un piso de dos habitaciones con otras diez personas más, donde según los jueces pasó “muchas penalidades” de “frío, enfermedad y hambre”. Las primeras pesquisas surgieron de forma interna en la Iglesia cuando varias voluntarias de Cáritas empezaron a recopilar testimonios de mujeres afectadas, pero la investigación judicial arrancó a finales de ese mismo año, cuando la víctima de violación acudió a la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional para relatar los hechos. Fue capaz de detallar hasta el color de las sábanas de la cama donde todo había ocurrido.

Once años de cárcel

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en una sentencia que ha podido examinar elDiario.es, ha confirmado la condena que le impuso la Audiencia Provincial: 11 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual que también acarrea una década de libertad vigilada, una orden de alejamiento de la víctima y una indemnización de 40.000 euros. Los jueces rechazan los argumentos de defensa que ya esgrimió durante el juicio celebrado a principios de este año: que no hay pruebas de peso contra él y que todo procede de un complot de varias voluntarias de Cáritas contra él.

La sentencia constata la “falta de rencor” de su víctima contra él, que llegó incluso a participar en una romería en la que él también estaba después de los hechos. Su testimonio, que “se mantuvo constante” a lo largo de cuatro años de proceso judicial ante diferentes instancias, estaba además corroborado por el de otras personas, voluntarias de Cáritas y feligresas, que conocieron los hechos o vivieron situaciones que finalmente fueron denunciadas aunque se le exonerara de la mayoría porque “se retiró” o “no insistió” cuando las mujeres se lo exigieron.

El padre Wooby Oreste J.O fue expulsado de Puente de Vallecas por el Arzobispado en 2024, cuando la investigación judicial llevaba más de un año en marcha y había sido procesado. Pero según ha explicado el mismo, por ejemplo, en esta entrevista de agosto de 2025, su actividad ha seguido. Primero como representante de “un consorcio de partidos políticos” de Haití y también al frente de una fundación destinada a facilitar la integración de jóvenes haitianos, sobre todo en España. Fue presentada a finales del pasado mes de marzo, menos de un mes antes de recibir la condena.

Los jueces del Tribunal Superior y la Audiencia Provincial han sido contundentes al hablar de lo que hizo dentro de la parroquia que dirigió durante años en Vallecas. “Se aprovechaba de mujeres necesitadas de ayuda”. La sentencia todavía no es firme y la defensa del sacerdote, según fuentes del caso, ha anunciado su intención de llevar el asunto en casación ante el Tribunal Supremo. Por el momento su condena no se ha ejecutado y aún no ha pasado por la cárcel.

El juez Pablo Llarena ha anulado el procesamiento que dictó contra Carles Puigdemont en 2018 y ha dejado en manos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la decisión de archivar definitivamente la causa del procés contra él. El instructor de la causa ha dejado esa medida sin efecto y ha concluido el sumario con respecto al expresident y también los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. La aplicación definitiva de la amnistía al caso de los tres queda ahora pendiente de la Sala de lo Penal.

El magistrado instructor del procés empezó a aplicar la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la amnistía poco después de conocerse la decisión sobre el caso de Dolors Bassa. Primero levantó de forma cautelar la orden nacional de detención que pesaba sobre Carles Puigdemont y que, en la práctica, le exponía a ser detenido si volvía a España. Una decisión que ratificó posteriormente aunque sin zanjar el fondo del asunto: si la causa contra él, abierta en 2017 por una querella de la Fiscalía, se archivaba o seguía abierta.

El siguiente paso de Llarena ha sido revocar el procesamiento que dictó contra Puigdemont, Comín y Puig en marzo de 2018, inicialmente por malversación pero también por rebelión, delito descartado en la sentencia y finalmente derogado. El juez ahora anula ese procesamiento, concluye el sumario y deja todo en manos de la Sala de lo Penal “para que resuelva sobre la finalización de la fase de instrucción y un eventual sobreseimiento libre de las actuaciones por aplicación de la Ley de amnistía”.

El Tribunal Supremo ha confirmado que Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, debe pagar en total 39.009 euros por los honorarios del abogado y la procuradora de Alberto González Amador. La letrada de la administración de Justicia de la Sala de lo Penal, encargada de resolver este asunto, ha rechazado las alegaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la cuantificación de estos pagos: “No resulta acreditada la existencia de una desproporción patente, manifiesta o notoria que permita calificar los honorarios incluidos en la tasación como excesivos”.

La Sala de lo Penal decidió condenar a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a indemnizar con 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por la filtración de un correo de sus abogados. Una condena que dio paso a la fase posterior: la cuantificación de las costas. En un primer momento la cuantía de esos honorarios rozó los 80.000 euros pero fue posteriormente reducida a esos 39.000 que ahora confirma la funcionaria de la Sala.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz en este proceso, impugnaron nuevamente esta cantidad al entender que 39.009 euros era un dinero desproporcionado para satisfacer los honorarios de Gabriel Rodríguez-Ramos. La letrada de la administración de Justicia de la Sala contesta que, tras analizar un informe del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, “no resulta acreditada la existencia de una desproporción patente”. De ese dinero 38.508 euros se corresponden con los honorarios del letrado y los otros 501 euros con los derechos de la procuradora.

La condena de García Ortiz fue ratificada por el Tribunal Supremo al rechazar el incidente de nulidad y se encuentra ahora en manos del Tribunal Constitucional. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han recurrido en amparo y el tribunal de garantías, por el momento, ni siquiera ha admitido a trámite las impugnaciones mientras el Ministerio de Justicia tramita una petición de indulto que cuenta con el informe en contra del Supremo que lo condenó.

El hoy fiscal de lo social en el Tribunal Supremo ya consignó en su momento una cantidad mucho mayor, cuando el juez Ángel Hurtado le impuso una fianza de 75.000 euros para hacer frente a posibles condenas económicas. En un primer momento el instructor del caso fijó esa fianza en 150.000 euros en el auto de apertura de juicio oral, la mitad de los 300.000 euros que la pareja de Ayuso pidió en su reclamación inicial.

“Yo ya no puedo más, a la mierda los días de luto, a la mierda los minutos de silencio”. El eurodiputado y agitador Luis “Alvise” Pérez fue de los primeros políticos de extrema derecha en dejar claro que la campaña electoral del 29 de noviembre no se frenaba ni un segundo por la tragedia ferroviaria de Urda, que por el momento deja 69 víctimas mortales. Vox convirtió un minuto de silencio en Valladolid en un acto de campaña y se lanzó a los tribunales con una querella mientras que la extrema derecha residual de Falange o Núcleo Nacional ha optado por lanzarse a la calle.

La mayor parte de los principales partidos políticos anunciaron que su actividad electoral quedaba cancelada poco después de empezar a conocerse el alcance de la tragedia de Toledo. PP, PSOE, Frente Amplio y Podemos suspendieron actos y comparecencias de precampaña entre exigencias de responsabilidades políticas al Gobierno o incluso de dimisión para el ministro Óscar Puente. Otros partidos, casi todos con candidaturas a las próximas elecciones generales, optaron por incorporar el accidente a la precampaña.

Vox fue el primer partido en anunciar que no cancelaba sus actos, como hizo con Adamuz. Los de Santiago Abascal tenían previsto el mismo 28 de octubre un evento en Santander y un segundo “gran acto” en Valladolid a las siete de la tarde. En el primer acto en la capital cántabra, tras enviar el “pésame” a los afectados, ya anunció que no iban a suspender nada: “Estamos muy acostumbrados a que algunos después de una tragedia quieran suspender las campañas electorales y quieran convertir a los políticos en plañideras en funerales”, afirmó. “No sé ni de qué me está hablando y me importa muy poco en el día de hoy”, espetó a un periodista que le preguntó por la imputación judicial de la portavoz de Vox en Cantabria.

La simbiosis de tragedia y campaña de Vox se materializó unas horas más tarde frente al Ayuntamiento de Valladolid. Poco antes del minuto de silencio convocado por la Federación de Municipios y Provincias, con la presencia de cargos institucionales y representantes de PP y PSOE entre otros, Santiago Abascal se bajó del coche y se acercó al lugar tras protagonizar un acto de precampaña en las inmediaciones. El minuto de silencio fue interrumpido por gritos contra el Gobierno por parte de simpatizantes del partido. “Viva España”, “Viva Santi”, “Óscar Puente, dimisión”, “Pedro Sánchez, hijo de puta”, “España, unida, jamás será vencida” o “España cristiana y no musulmana”.

Los de Santiago Abascal, que el próximo 29 de noviembre aspiran a mejorar su representación en el Congreso e incluso a sentarse en el Consejo de Ministros con el PP, han desplegado en paralelo su estrategia habitual en escenarios de tragedia: la judicialización. Mientras ya existe una causa abierta en los juzgados de Orgaz que analiza las causas del suceso, Vox ha presentado por su cuenta una querella en el Tribunal Supremo para solicitar la imputación de Óscar Puente por diversos delitos de homicidio y lesiones imprudentes.

La querella difundida por el propio partido reconoce que no puede atribuir a Puente “la orden de reanudar la marcha ni la gestión del puesto de mando” pero pide su imputación por su gestión de “dirección y control” de la infraestructura ferroviaria. El Supremo y su sala segunda ya han advertido en una docena de ocasiones desde la pandemia –varias de ellas precisamente por querellas de Vox– que un cargo público no puede ser imputado penalmente solo por estar en lo alto de la cadena de mando, por ejemplo, de un ministerio.

“A la mierda los días de luto”

Otro candidato a las próximas elecciones generales también anunció desde el primer minuto que la tragedia ferroviaria no frenaba la campaña electoral ni por un segundo. En un vídeo que afirmaba una cosa y la contraria, Alvise Pérez empezó reprochando a quienes ya estaban “repartiendo culpas” y criticando a quienes buscan “votos” en esta situación para después repartir culpas: “El problema se llama partitocracia”, término electoral por excelencia de su partido Se Acabó La Fiesta.

“Yo ya no puedo más, a la mierda los días de luto, a la mierda los minutos de silencio y seguir llamando ”desgracia“ a cosas absolutamente evitables, a la mierda la casta política de izquierda y de derechas”, afirmó Alvise en ese vídeo. Poco después, y como es también habitual en su canal de Telegram, también ha lanzado teorías ignotas sobre cómo una supuesta avería cerca de la estación de Puertollano, a 100 kilómetros de Urda, podría tener “algo que ver”.

Los partidos políticos de extrema derecha que carecen de representación parlamentaria pero que, en algunos casos, se presentan a las próximas elecciones del 29N, han llevado la estrategia a las calles de Madrid. La Falange de Norberto Pico, poco antes del 93º aniversario de su fundación, encabezó una manifestación junto con Democracia Nacional frente al Ministerio de Transportes que acabó con cargas policiales. El partido neonazi Núcleo Nacional, que no concurre a los comicios, ha convocado una manifestación para el próximo 7 de noviembre en la capital con un vídeo cuyo sonido responde a la lectura del poema de temática militar “Boots” de Rudyard Kipling recientemente llevada al cine en “28 años después”.

El eurodiputado y agitador ultra Luis 'Alvise' Pérez se presentará a sus primeras elecciones generales el próximo 29 de noviembre con listas sin más caras conocidas que él mismo y con la vista puesta en las plazas donde más cerca del escaño se quedó en el último ciclo autonómico. Con la presencia de apenas un miembro de su lista de las elecciones europeas de 2024 donde consiguió hasta tres parlamentarios, el líder de Se Acabó La Fiesta encabeza una candidatura con una fuerte presencia de su actual ejecutiva, la aparición de candidatos y cargos rebotados de partidos como Ciudadanos o Vox y la repetición de los cabezas de lista que mejores resultados le dieron al partido en las últimas autonómicas: Zaragoza y casi todas las listas de su Andalucía natal.

Se Acabó La Fiesta debutó en unas elecciones el 9 de junio de 2024. Ese domingo, la todavía agrupación de electores liderada por Alvise consiguió más de 800.000 votos y tres sillones en el Parlamento Europeo. El que ocupó el propio agitador y los de Diego Solier y Nora Junco. Poco más de dos años después, SALF se presenta a las elecciones generales al Congreso en casi todas las circunscripciones –solo evita Bizkaia, Cantabria, Ciudad Real, Gipuzkoa, Girona y Lleida– y solo repiten dos personas de aquella lista original: el propio Alvise como cabeza por Madrid y Mariano Cureses, que fue 26º en las europeas y ahora cierra testimonialmente la lista por Almería.

Mucho ha cambiado para Alvise Pérez desde su irrupción en Bruselas. Sus dos eurodiputados ya no son suyos. Solier y Junco dejaron su grupo tras solo un año entre denuncias de acoso contra él, y el líder de SALF está ahora imputado en el Tribunal Supremo acusado de lanzar a sus cientos de miles de seguidores en Telegram contra ellos con datos personales de por medio. Además, otro juez del mismo tribunal investiga si el agitador financió ilegalmente esa campaña con 100.000 euros que le proporcionó en efectivo un gurú de las criptomonedas que actualmente está en prisión.

La lista de Se Acabó La Fiesta para las elecciones generales deja clara dos tendencias dentro de la formación que se constituyó como partido después de las europeas. Por un lado, casi toda su ejecutiva se presenta en las listas, repartida entre la candidatura de Madrid y otras circunscripciones clave para el partido. Por otro, SALF mantiene a todos sus cabezas de lista de las elecciones de Aragón y la mayor parte de los de Andalucía, con más bajas entre los que fueron candidatos en Castilla y León. Con una tendencia que sí refleja lo que ya sucedió en las europeas de 2024: Alvise es la única cara visible de un proyecto al que el CIS, a día de hoy, no da perspectiva de representación en el Congreso.

Buena parte de los miembros de su ejecutiva le acompañan en la lista por Madrid: los vocales Rocío García, Juan Pablo Urruticoechea y el policía nacional Adrián Yacar, junto con el abogado Luis de las Heras, secretario general del partido. Otros están repartidos en otras listas como Germán Martínez (Badajoz), Yolanda López (Barcelona), Fran Mesa (Cádiz), Mercedes Jiménez (Málaga), Juan Antonio Sánchez-Murillo (Sevilla) o David García (Pontevedra). Muy pocos han merecido menciones en el canal de Telegram de Alvise, su principal vía de comunicación, en los últimos meses.

Los resultados de unas elecciones europeas, con un sistema de reparto de escaños muy distinto al de otros comicios, no son fácilmente extrapolables a los de unas elecciones generales. Pero el partido de Alvise Pérez viene de un ciclo electoral autonómico en el que ha llamado a las puertas de las Cortes de Aragón y se ha quedado algo más lejos del Parlamento de Andalucía y las Cortes de Castilla y León. Eso también se hace notar en sus listas del 29N.

De las autonómicas a las generales

Se Acabó La Fiesta mantiene intactas sus tres cabezas de lista de las aragonesas del pasado mes de enero. Jorge Luis Falco (Huesca) y el exconcejal de Ciudadanos, Carlos Aranda (Teruel), escoltan a la candidata por Zaragoza, María Cristina Falcón, que en las autonómicas se quedó a un 0,1% de sufragios de un escaño en las Cortes. Repiten también los cabezas de lista de las autonómicas andaluzas con la abogada de Liberum, Inmaculada Jaén (Almería), Fran Mesa (Cádiz), Rosa Alonso (Granada), José Luis Rubio (Huelva) y Javier Reverte (Jaén). El pasado 17 de mayo SALF sumó más de 100.000 votos en Andalucía, pero se quedó lejos del escaño, también en la Sevilla natal de Alvise.

Peor suerte han corrido los candidatos de Castilla y León de marzo, cuyos resultados no se quedaron cerca de las Cortes, pero sí perjudicaron a Vox en tres provincias. Solo renuevan los entonces candidatos por León (Enrique Jesús Pérez), Soria (José María Lorenzo) y Valladolid (Onecha López). Por detrás de Alvise y estos nombres de su ejecutiva y de candidaturas anteriores, las listas de Se Acabó La Fiesta están plagadas de candidatos invisibles en un partido con una tradición innegociable en su corta existencia: el único protagonista es el líder de SALF. Solo Adrián Yacar ha contado con algo más de proyección estos meses y por su condición de policía nacional.

Una docena de candidatos, en puestos con pocas perspectivas de obtener un escaño el próximo 29N, ya tienen experiencia en política o al menos en haber concurrido a unas elecciones con otros partidos. Carlos Aranda, cabeza de lista por Teruel, fue candidato y concejal de Ciudadanos en la capital, como también fueron candidatos 'naranjas' en otras elecciones Estefanía Delgado (Cáceres), María José García (A Coruña), Jesús Ángel Gascón (Segovia), María Cruz Guerrero (Barcelona) o Justo Cardeña (Madrid). Otros han sido candidatos de Vox como José Andrés Almazán (Málaga) o Eladio Barrado (Córdoba) y varios han militado en las filas de partidos independientes de ámbito municipal.

Entre los candidatos también figura el antiguo delegado de Afinsa en A Coruña y en Ceuta el elegido ha sido el coronel retirado Carlos Pavón, que recientemente ha aparecido en Telemadrid para criticar la gestión del Gobierno en la crisis migratoria de la Ciudad Autónoma.

El partido de Alvise Pérez ha superado con éxito la fase de avales tras una gira con el agitador y eurodiputado como única cara visible y ahora encara una campaña electoral con las principales encuestas en contra. Los últimos cálculos del CIS dejan a SALF lejos del Congreso de los Diputados después de la decisión de no concurrir al Senado y cuenta, además, con media docena de frentes judiciales abiertos en el Tribunal Supremo, con Alvise imputado en todos ellos.

El Tribunal Supremo ha inadmitido la denuncia con la que Manos Limpias pedía la imputación del ministro Félix Bolaños por sus críticas al juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso de Begoña Gómez. Los jueces entienden que las palabras de Bolaños, que entre otras cosas calificó de “una vergüenza” el procesamiento de la esposa del presidente del Gobierno, no constituyen un delito de calumnias ni coacciones ni denuncia falsa ni inducción a la prevaricación. Los jueces también rechazan diversas denuncias y querellas de Manos Limpias y Vox contra el ministro Fernando Grande-Marlaska, la exministra María Jesús Montero y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

El pseudo sindicato ultra dirigido por Miguel Bernad decidió llevar a Bolaños ante la Justicia después de que el pasado mes de abril el ministro criticara abiertamente la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular. “Avergüenza”, dijo, a ciudadanos, jueces y fiscales, y “ha hecho un daño irreparable”. También mostró su confianza en que la Audiencia Provincial de Madrid revocara esa decisión. “Mi confianza es que un tribunal superior e independiente revocará estas decisiones y tomará medidas ajustadas a derecho”.

Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en ese caso contra la esposa del presidente del Gobierno, decidió denunciar a Bolaños ante el Tribunal Supremo por varios delitos. Calumnias contra Peinado pero también coacciones, denuncia falsa e incluso inducción a la prevaricación, al entender que con sus palabras había condicionado la decisión de la Audiencia de Madrid, que hasta la fecha ha revocado o corregido varias decisiones de Peinado en el caso.

La respuesta del Tribunal Supremo, con el visto bueno de la Fiscalía, es inadmitir la denuncia de plano. No hubo calumnias en sus críticas, dice el tribunal con Manuel Marchena como ponente, porque “el ejercicio de la libertad de expresión ensancha su ámbito de legitimidad cuando la opinión se refiere a un tema que, por una u otra razón, ha adquirido una dimensión política incuestionable”. Tampoco hubo denuncia falsa, añade, porque ni siquiera existió una denuncia.

Tampoco coaccionó a Peinado por dirigirse al Consejo General del Poder Judicial pidiendo medidas “por la actitud impropia del juez” y, finalmente, tampoco impulsó a la Audiencia Provincial a prevaricar porque se limitó a desear una resolución judicial. “Interesar de un órgano judicial que dicte una resolución conforme a derecho jamás podrá considerarse como una inducción a que asuma una interpretación delictiva”.

El Supremo ha hecho públicos diversos autos en los que inadmite otras denuncias y querellas de Manos Limpias contra altos cargos del Gobierno y el Congreso. Contra Fernando Grande-Marlaska por la muerte de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha en Barbate en 2024, contra María Jesús Montero por modificaciones presupuestarias de casi 2.400 millones de euros para la hucha de las pensiones con dinero “inicialmente destinado” al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, y finalmente otra de Vox contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por unas declaraciones en una comisión parlamentaria de investigación.

El Consejo General del Poder Judicial acaba de anunciar la renovación de sus comisiones, órganos internos de funcionamiento que en algunos aspectos manejan puntos clave del órgano de gobierno de los jueces. Una votación en la que se han impuesto las listas del vocal Carlos Hugo Preciado, nombrado a instancias de Sumar, después de que el bloque conservador haya retirado las suyas y dejando una mayoría conservadora de vocales en departamentos tan clave como la Comisión Permanente aunque con la presencia de la presidenta Isabel Perelló, considerada progresista, como punto de equilibrio de ambos bloques.

Los vocales del sector progresista han emitido un comunicado en el que acusan a Preciado, directamente, de “entregar el Consejo del Poder Judicial a la derecha”. Preciado, por su parte, se refiere a su lista como una “tercera vía” que ha desbloqueado las negociaciones para alcanzar comisiones más paritarias y destacando que ahora los progresistas tienen mayoría en una comisión más que en 2025. Fuentes del sector conservador lamentan estas “descalificaciones” y destacan un acuerdo que consideran “equilibrado entre sensibilidades”.

El órgano de gobierno de los jueces votaba este miércoles la renovación anual de sus comisiones: la Permanente, la de Calificación, la de Asuntos Económicos, la de Igualdad, la de Estudios, la relativa a la Escuela Judicial y otros departamentos entre los que destaca la Disciplinaria. La Comisión Permanente, con siete vocales y la presidenta del organismo, es considerada clave dentro del funcionamiento del Consejo.

La fuerte división interna, como en otras votaciones relevantes, se tradujo en tres candidaturas diferentes: las de los sectores conservador y progresista y la del vocal Carlos Hugo Preciado. Los conservadores encabezados por José Antonio Montero han retirado la suya y la propuesta de este vocal se ha impuesto por delante de la lista de los progresistas, liderados en esta votación por José María Fernández Seijo.

El resultado es un precario equilibrio entre ambos bloques en la Comisión Permanente. Junto con la presidenta de perfil progresista Isabel Perelló estarán los conservadores José Antonio Montero, José Carlos Orga, José María Páez y José Luis Costa. Tres vocales representarán al sector progresista: Argelia Queralt, Lucía Avilés e Inés Herreros.

El Consejo ha destacado en un comunicado que “por primera vez” la Permanente tendrá cuatro mujeres entre sus miembros e igualmente que serán mujeres quienes presidan las comisiones de Asuntos Económicos, Igualdad, Estudios, Escuela Judicial y de Relaciones Internacionales. Desde el sector progresista, tres de esas cuatro mujeres sin embargo critican el acuerdo en un comunicado: “Rechazamos que se invoque la igualdad y nuestra representación para decidir por nosotras sin habernos consultado (...) no somos títeres al servicio de los intereses de Carlos Hugo Preciado, ni la igualdad puede servir de coartada para un reparto que desatiende el equilibrio y el pluralismo”.

Una mayoría de conservadores en las comisiones

Carlos Hugo Preciado defiende el éxito de su propuesta como “un hito histórico en paridad” que “aumenta la presencia progresista” y “evita la concentración de responsabilidades en unas pocas manos”. El sector progresista, sin embargo, no comparte esa apreciación al ni siquiera haber participado en su elaboración. “Ha proporcionado a la derecha la lista con la que imponer su reparto del Consejo”, critican al destacar que ocupan el 36,9% de los puestos frente al 54,6% de los conservadores y el 8,5% que ocupa el propio Preciado, a quien atribuyen “un peso equiparable al de un grupo”.

“Hoy, Carlos Hugo Preciado ha hecho posible la imposición del bloque conservador”, explican los vocales progresistas con la vista puesta en las votaciones más encalladas del Consejo: los nombramientos en el Tribunal Supremo. Tras la última renovación del órgano de gobierno de los jueces las candidaturas conservadoras se han impuesto en algunas de las salas clave del tribunal, entre otras con las presidencias de las salas Penal y de lo Contencioso-Administrativo, donde las dos candidatas progresistas llegaron a retirarse ante la situación de bloqueo.

Fuentes del sector conservador, por su parte, destacan que el acuerdo deja un resultado “equilibrado entre sensibilidades”, garantiza la paridad en la Permanente y lamentan “ las descalificaciones dirigidas contra Preciado por facilitar una solución negociada”. “El verdadero pluralismo exige respetar la independencia de criterio de cada vocal, también cuando discrepa de su propio grupo”.

Dos magistrados progresistas del Tribunal Constitucional han presentado un voto particular contra la decisión de sus compañeros de inadmitir de plano el recurso con el que el Defensor del Pueblo buscaba levantar el freno al voto de 160.000 nacionalizados por la conocida como ley de nietos. Ramón Sáez y Juan Carlos Campo argumentan que las alegaciones de Ángel Gabilondo contra las cautelares del Tribunal Supremo no eran prematuras y que este tipo de medidas sí son revisables en amparo. “Se trata de un caso de los que marcan la historia de un tribunal constitucional: la suspensión masiva del derecho fundamental al sufragio del que son titulares miles de ciudadanos en unas elecciones generales ya convocadas”, lamentan ambos en su voto particular.

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo mantiene suspendido desde hace semanas el derecho a voto de las más de 160.000 personas que obtuvieron la nacionalidad en base a la conocida como ley de nietos, pensada para otorgar la nacionalidad a los descendientes de españoles que tuvieron que exiliarse por la guerra o la dictadura franquista. El Supremo, con un voto en contra, mantiene que estas personas no podrán votar en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre salvo que acrediten, a través de los consulados, que cumplen con los requisitos. Por ahora, según la Abogacía del Estado, menos de 100 personas han conseguido ese certificado.

El Defensor del Pueblo decidió acudir en amparo al Tribunal Constitucional para levantar esas cautelares y la respuesta mayoritaria del pleno, por 10 votos a 2, fue inadmitir de plano el recurso por ser “prematuro” con las actuaciones del Tribunal Supremo todavía en marcha. Los dos magistrados progresistas discrepantes, Ramón Sáez y el exministro Juan Carlos Campo, han emitido un voto particular en el que consideran que el tribunal de garantías se ha apartado de su propia jurisprudencia “en un caso que consideramos clave para nuestra historia constitucional”.

El recurso, dicen estos dos magistrados, “debió ser admitido”. Consideran erróneo el argumento de la mayoría sobre que la vía previa ante el Supremo no había sido agotada. “La medida cautelar adoptada por el Tribunal Supremo es firme a los efectos del planteamiento del recurso de amparo”, razonan Sáez y Campo. Además, medidas cautelares como las que suspenden el derecho a voto de 160.000 personas sí son revisables en amparo: “Entonces todos los recursos de amparo que se interpongan contra medidas cautelares son prematuros. Una conclusión intolerable”.

Estos dos magistrados cargan contra la interpretación “formalista” que ha hecho la mayoría del pleno sobre las exigencias para admitir a trámite este tipo de recursos. “La decisión de la que discrepamos tampoco pone en cuestión la especial trascendencia constitucional del recurso”, dicen antes de destacar el “carácter inédito” de “la suspensión judicial como medida cautelar del derecho de sufragio de docenas de miles de ciudadanos”.

El Tribunal Supremo, mientras tanto, mantiene suspendido el derecho a voto de todos los que no consigan acreditan a través de los consulados que cumplen con las exigencias de ser descendiente de un exiliado de la guerra o la dictadura. En un último movimiento, los jueces además han exigido a los ministerios de Exteriores y Presidencia la lista de 160.000 afectados bajo apercibimiento de que los propios ministros sean multados o incluso llevados a la vía penal si no cumplen con este requerimiento de información antes del miércoles.

La jueza de Madrid que investigaba al fondo de inversión Elix y a varios de sus directivos y trabajadores por acoso inmobiliario a los inquilinos del número 7 de la calle Tribulete ha decidido archivar el caso. La magistrada, en un auto al que ha accedido elDiario.es, explica que las obras y las molestias que padecieron los vecinos del inmueble no alcanzan la categoría de delitos de acoso inmobiliario o contra la integridad moral y ordena archivar el caso, una decisión que todavía es recurrible ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Una docena de vecinos de este edificio en el barrio madrileño de Lavapiés decidieron llevar a sus nuevos caseros a los tribunales al entender que todas las obras y molestias que habían puesto en marcha tenían un verdadero objetivo: que se fueran de allí. El fondo Elix, con propiedades en Madrid y Barcelona, había adquirido la casa y su objetivo era que los vecinos, cuyos contratos de alquiler estaban próximos a vencer, se marcharan para poder renovar el edificio y obtener un beneficio mucho más alto por alquilar un inmueble de esas características en pleno centro de Madrid.

En sus declaraciones y escritos, los vecinos querellantes describieron cómo la propiedad puso en marcha obras sin apenas preaviso y que empezaron a condicionar sus vidas con ruidos, molestias e incluso con goteras, derrumbes y destrozos en los pisos, afectando en algunos casos a su salud. Los directivos y trabajadores de la empresa que comparecieron como imputados ante la jueza denunciaron, sin embargo, una “campaña” contra ellos y responsabilizaron a este grupo de vecinos de ser los únicos que no querían negociar su salida tras vencer su contrato, obstaculizando unas obras que, defienden, eran necesarias para mantener el edificio.

La magistrada tomó declaración a principios de año tanto a los vecinos querellantes como a los directivos y trabajadores de Elix: desde los responsables de la operación hasta los que hablaban de forma directa con los inquilinos, pasando por el arquitecto que dirigió la obra. La conclusión, según el auto de sobreseimiento dictado en los últimos días, es que no se puede atribuir a Elix un plan para hacer la vida imposible a los vecinos y forzar su marcha “más allá de la evidencia de alguna humedad o gotera, grieta o desprendimiento de pintura, nada excepcional en el curso de unos obras como las desarrolladas”. Tampoco consta, añade la jueza, que Elix “ignorara o desatendiera las reclamaciones de los vecinos”.

La magistrada repasa “la polémica actual que genera la escasez de oferta en la vivienda y el elevado precio que se reclama por las mismas, sea alquiler o compra”, lo que ha dado pie a una “crisis de vivienda” que define como “grave y real”. En ese contexto, estos vecinos querellantes ven terminar sus contratos de alquiler “por los que pagan unas rentas razonables” en “pleno centro” de Madrid. La empresa, por otro lado, “lógicamente, quiere rentabilizar su inversión a la mayor brevedad”. Porque tal y como reconocieron todos los imputados el objetivo era que todos los vecinos se fueran, como muy tarde cuando terminaran sus contratos de alquiler, para hacer obra en el edificio y sacarle más rendimiento.

El auto explica que no encuentra pruebas que demuestren que Elix pusiera en marcha un acoso inmobiliario a través de esas obras. “Parece evidente que cualquiera que haya vivido en un inmueble en el que se ejecutan obras, o las haya sufrido en su propia vivienda, es pleno conocedor de lo ”molesto“ que ello resulta, ya solo por ruidos y suciedad por muy correcta que sea la ejecución”, dice la jueza. Y en este caso “nadie ha puesto de manifiesto [ninguno de los querellantes] que se ejecutaran trabajos fuera de las horas permitidas ninguna infracción consta cometida en cuanto a las medidas de seguridad a observar en el inmueble”.

En las últimas semanas, según explican fuentes del caso, los vecinos de este edificio de la calle Tribulete han recibido media docena de requerimientos judiciales bajo amenaza de desahucio después de las demandas interpuestas por los nuevos propietarios.

Dos sentencias han frenado el intento de una comunidad de vecinos de Madrid de prohibir un 'coliving' que una empresa explota en el edificio. Los jueces de la Audiencia Provincial entienden que la prohibición de abrir pisos turísticos en el inmueble no abarca este tipo de alquiler de habitaciones y que, además, los vecinos no han demostrado que el 'coliving' haya causado ruidos o molestias al resto de propietarios. Ninguna de las resoluciones de este caso han sido llevadas al Tribunal Supremo, que en los últimos años sí se ha pronunciado a favor de que una comunidad pueda prohibir pisos turísticos en su edificio, pero no se ha pronunciado sobre este tipo concreto de opción residencial. Para prohibir ese tipo de alquiler de habitaciones, dicen estas sentencias, hay que modificar los estatutos de la comunidad por unanimidad.

El 'coliving' es el nuevo nombre del sistema de alquiler temporal de habitaciones con zonas comunes compartidas, según portales especializados como Idealista surgido de “trabajadores cualificados que abrazan cada vez en mayor medida el teletrabajo y el estilo de vida del nómada digital”. Precios por encima del mercado sin regulación específica y al margen de la Ley de Arrendamientos Urbanos que, junto con el flex living, se abre camino en ciudades altamente tensionadas como Madrid o Barcelona. Una finca de la capital catalana ha comenzado esta semana una huelga de alquiler, precisamente, para que los propietarios no conviertan las casas de seis familias en 'colivings'.

Esta comunidad de vecinos de Madrid, con menos de 15 casas en el edificio, se encontró con que una vecina había contratado a una empresa para que explotara su domicilio como 'coliving' y en 2022 aprobaron una serie de acuerdos en junta para intentar prohibir tanto esta práctica como los pisos turísticos. Un conflicto que terminó en los tribunales por partida doble: varias personas recurrieron la prohibición y, a su vez, la comunidad de vecinos solicitó el cierre judicial del 'coliving' explotado por una empresa por encargo de la propietaria.

La primera sentencia llegó en mayo de este año y anuló una parte clave del acuerdo de la junta de 2022: todas las prohibiciones que iban más allá del alojamiento turístico. El alquiler por temporada, el alquiler por habitaciones o el 'coliving', siempre que no se exploten desde el punto de vista turístico “mediante estancias de corta duración”, no podían ser prohibidos de esa manera. Necesitaban una modificación unánime de los estatutos, que datan de los años setenta. El 'coliving' y opciones similares de alquiler, añade la Audiencia Provincial de Madrid, es una categoría jurídica “distinta del alquiler turístico” y para limitarlo o prohibirlo hay que obtener “unanimidad” para modificar los estatutos, algo que no sucedió en este caso.

Esa prohibición quedó tumbada y ha sido este mes de septiembre cuando otra sección civil de la Audiencia Provincial de Madrid ha zanjado el segundo pleito a favor del 'coliving', la dueña del piso y la empresa gestora. Los jueces han rechazado la petición de la comunidad de vecinos para prohibir ese 'coliving' por ser una actividad “ilegal, molesta y peligrosa” al entender que no hay pruebas suficientes de que exista un trasiego de inquilinos que perturben la vida del resto de vecinos.

El mismo ruido que una familia

Esta segunda resolución se apoya en la sentencia de mayo para reiterar que la comunidad de vecinos no podía prohibir este 'coliving' en junta sin modificar los estatutos –que al ser de los años setenta sí prohíben negocios como el hotel– y que esta nueva solicitud por la vía judicial tampoco prospera. “El nudo gordiano a resolver consiste en determinar si el arrendamiento por habitaciones vulnera o no norma legal o estatutaria”, dice la Audiencia de Madrid. Y la respuesta es negativa ya que, añaden los jueces, la prohibición de los estatutos de esta comunidad “no comprende el alquiler por habitaciones o coliving que se efectúa para satisfacer las necesidades como forma de compartir una vivienda con la permanencia que se ajusta a las actividades económicas y laborales actuales, pudiendo extenderse en mayor o menor duración en el tiempo, sin que por ello se equipare a viviendas de uso turístico”.

En el juicio comparecieron diversos testigos: desde el presidente de la comunidad hasta varios vecinos y algunos inquilinos del 'coliving'. Algunos, según la sentencia, “reconocieron que con anterioridad se había celebrado alquiler por habitaciones a estudiantes” y que en ese momento eran “más ruidosos” que con el 'coliving'. El trasiego de repartidores de comida y de paquetería, añade la sentencia, es “una actividad habitual y normal hoy en día”.

Los testigos hablan de unas molestias que los jueces equiparan a las que puede causar una “familia numerosa de seis o más miembros”, por ejemplo “en la utilización del ascensor” y también “en las peticiones de comida o enseres por internet”, sin que se considere algo que pueda ser prohibido. No se trata, además, de un alquiler turístico según la sentencia. La duración mínima del alquiler de las habitaciones es de un mes y los inquilinos llegan a empadronarse, lo que “denota una estancia permanente en un determinado lugar”. Tiene “finalidad de permanencia, que no se equipara a hospedaje”, añade la resolución.

El Tribunal Constitucional ha inadmitido la petición de un juez de Oviedo de cambiar el sistema español de multas de tráfico. El pleno, por unanimidad y con el apoyo de la Fiscalía, entiende que este magistrado no ha justificado de forma correcta la cuestión de inconstitucionalidad que presentó contra los artículos de la ley que cuantifican las multas de 100 a 500 euros, con la queja de que no era posible graduarlas a la baja en casos menos graves. El tribunal de garantías ha decidido, de forma inédita, que este auto de inadmisión que ha tenido a César Tolosa como ponente se publique en el Boletín Oficial del Estado.

El caso arrancó a mediados de 2025, cuando un conductor recibió una multa de 200 euros acusado de saltarse un semáforo en rojo en Oviedo. Su recurso, con quejas sobre la falta de imágenes fiables de la infracción y sobre la notificación defectuosa, cayó en el juzgado contencioso número 3 de la ciudad. El magistrado Miguel Ángel Carbajo, que ya había enviado otras cuestiones de inconstitucionalidad en el pasado a Madrid, decidió llevar el caso al Constitucionalidad al entender que la ley de tráfico no cumple con las exigencias de la Carta Magna. Las multas se pueden aumentar un 30% en los casos más graves pero, criticaba, en ningún caso existe una horquilla para disminuirlas o modularlas en casos menos graves.

La Ley de Tráfico, a través de un Real Decreto de 2015, establece tres escalones para las multas de tráfico: hasta 100 euros para las infracciones leves, 200 para las graves y las muy graves de 500 euros. Otro artículo establece que esa cuantía se podrá incrementar en un 30% “en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, los antecedentes del infractor y a su condición de reincidente, el peligro potencial creado para él mismo y para los demás usuarios de la vía y al criterio de proporcionalidad”.

El juez ovetense decidió elevar la cuestión de inconstitucionalidad con el apoyo de la Fiscalía pero en contra del criterio del propio conductor multado, que creía que su caso no dependía de una deficiencia legal sino de una ausencia de pruebas válidas para demostrar que se había saltado el semáforo. “La normativa no permite ponderar ni individualizar la sanción en relación con el grado de reprochabilidad de la conducta al establecer un importe fijo para las infracciones graves susceptible únicamente de ser agravado y nunca minorado”, reprochaba el juez Carbajo. “Este juzgador no podrá reducir la multa por debajo de los 200 euros legalmente previstos, aunque pudiera apreciar que el caso concreto presenta circunstancias de menor entidad material o que la sanción resulta rígida”.

El Constitucional, con el magistrado César Tolosa como ponente, ha inadmitido de plano esta cuestión de inconstitucionalidad, siguiendo además el criterio de la Fiscalía que apuntó a su “absoluta falta de viabilidad”. La horquilla para multar, dice la Fiscalía, “claramente existe”. El pleno, por su parte, constata que el juicio de aplicabilidad está “correctamente formulado” porque la multa de este conductor depende, efectivamente, de la ley que se ha cuestionado, pero no cumple el juicio de relevancia porque el propio juez ha reconocido que su decisión sobre el caso concreto no depende de la constitucionalidad de la norma. “El juicio de relevancia exige que el fallo del proceso judicial dependa de la validez de la norma cuestionada”, recuerda el tribunal de garantías.

El Tribunal Constitucional publica una parte de sus resoluciones en el Boletín Oficial del Estado, sobre todo sentencias y algunos autos de admisión de cuestiones de inconstitucionalidad. En este caso, de forma excepcional, el tribunal ha decidido publicar este auto de inadmisión.

El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez recorre España estos días recogiendo firmas. El agitador de extrema derecha busca así los avales para presentarse a las próximas elecciones generales como cabeza de lista de Se Acabó La Fiesta, la formación ultra con la que se lanzó a la política y con la que aspira a entrar en el Congreso de los Diputados después de fracasar en Andalucía, Aragón y Castilla y León. El político concurrirá a los comicios estando imputado en seis causas distintas en el Tribunal Supremo pero sin temor a ser juzgado y potencialmente condenado antes del 29 de noviembre. Entre otras cosas, Alvise está acusado de financiar ilegalmente su partido con 100.000 euros en efectivo para las elecciones europeas de 2023.

El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez a principios de octubre cambió las perspectivas del líder de SALF, que está solo en el Parlamento Europeo después de ser abandonado por sus dos ya exeurodiputados entre acusaciones de acoso y hostigamiento. El calendario electoral ubicaba la cita con las urnas más cerca del segundo semestre de 2027 y eso abría la puerta a que Alvise ya hubiera sido juzgado y sentenciado por alguna causa de la media docena por la que está investigado en el Tribunal Supremo. Una hipotética condena podría haber llegado a dar al traste con su candidatura.

La nueva convocatoria electoral para dentro de mes y medio hace imposible que esto suceda. Todas esas diligencias siguen en fase de instrucción y en ninguna, al menos por el momento, se ha dictado siquiera auto de pase a procedimiento abreviado, un paso previo indispensable para que el agitador ultra pueda sentarse en el banquillo. Los plazos habituales de la Sala de lo Penal, incluso teniendo en cuenta los escasos juicios que celebra, despejan ese peligro para el líder de Se Acabó La Fiesta, que afrontará las elecciones sin miedo a unos juicios que se celebrarán, en todo caso, con las Cortes ya constituidas.

La causa principal que se sigue contra él en la Sala Segunda del Supremo es la relativa a la financiación de su partido político en los primeros días de su existencia. Tal y como reveló elDiario.es, el empresario Álvaro Romillo, conocido en el mundo de las criptomonedas como 'Cryptospain', entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise pocos días antes de que empezara su campaña para las elecciones europeas de 2023 en las que finalmente consiguió tres escaños y más de 800.000 votos. Romillo, en prisión provisional desde hace casi un año por una presunta estafa masiva a los usuarios de su plataforma de inversiones, reconoció haber entregado el dinero al político para financiar el partido, tal y como se desprende de las conversaciones que ambos habían mantenido en meses anteriores.

Alvise, por tanto, concurrirá a sus primeras elecciones generales imputado por financiación ilegal. En su comparecencia ante el juez Julián Sánchez Melgar afirmó que no usó el dinero para la campaña, sino para afrontar, por ejemplo, el agujero económico que suponía su compromiso electoral de sortear mensualmente su sueldo de eurodiputado, algo que dejó de hacer poco después de los primeros sorteos. La Policía Nacional, sin embargo, concluyó que el dinero fue destinado a financiar la plataforma política y el instructor, recientemente, ha ordenado el rastreo de sus criptomonedas. El posible juicio, por tanto, no está cerca.

Seis causas abiertas contra Alvise

El nombre de Luis 'Alvise' Pérez se ha convertido en uno de los más habituales para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en los últimos dos años. Numerosas denuncias, querellas y exposiciones razonadas llegan de forma casi mensual a la mesa de los jueces que recientemente, por ejemplo, han rechazado las acusaciones de una exalcaldesa de una localidad de Sevilla contra él por revelación de secretos en su canal de Telegram. Este canal, principal vía de difusión de Alvise y con más de 600.000 seguidores –ha perdido más de 100.000 en el último año– es la principal causa de los problemas judiciales para el eurodiputado.

La causa más añeja que pesa sobre él tiene que ver con su primera etapa como agitador en Twitter. Un juzgado de Barcelona primero y, ahora, el Tribunal Supremo han investigado durante años al político por la difusión de uno de los grandes bulos políticos de la pandemia: una falsa prueba PCR de Salvador Illa, entonces candidato a la Generalitat. La causa está en el aire después de que, tal y como explicó elDiario.es, la Policía haya examinado la información enviada desde Twitter en Estados Unidos y haya concluido que no se puede identificar al difusor original del bulo. Una cuenta que se definía como “Asturiano y español. Antirojo y antiindepe. AntiPodemos. Antimachista y antifeminazi” publicó el documento falso “minutos” antes que Alvise.

El grueso de las causas penales abiertas contra Alvise, en paralelo a las condenas que se le han impuesto por la vía civil, tienen que ver con su actividad en redes sociales y el hostigamiento al que somete a sus rivales a través de su canal de Telegram y sus miles de seguidores. Sigue imputado por, supuestamente, promover el acoso contra la fiscal Susana Gisbert, sus propios eurodiputados Nora Junco y Diego Solier, el alcalde de Algeciras y, más recientemente, por promover disturbios durante las tractoradas de 2024. No está previsto que ninguna de estas causas, en caso de continuar por los trámites del procedimiento abreviado, lleguen a juicio próximamente.

Alvise llegará a las elecciones con media docena de imputaciones en su historial pero también con varias condenas por la vía civil, que no afectan a su capacidad de encabezar la lista de SALF pero sí a su bolsillo. Algunas de ellas, como las indemnizaciones que debe pagar a Ana Pastor o José Luis Ábalos, ya han sido confirmadas por la Sala Primera del Tribunal Supremo, y otras han llegado más recientemente, por ejemplo los 10.000 euros que debe pagar a un mando policial de Canarias por vulnerar su imagen y su honor.