La dirección de la RTVA se ha comprometido este martes a abrir un expediente para investigar el origen de la filtración de las bases y el temario de las oposiciones de Canal Sur, según han trasladado a este periódico representantes sindicales presentes en la reunión de la mesa de contratación celebrada entre los miembros del Consejo de Administración de RTVA y los sindicatos.

La investigación era precisamente la principal reivindicación con las que los sindicatos acudieron a la reunión de este martes, después de que elDiario.es Andalucía revelara que la documentación de la convocatoria había circulado dentro y fuera de la empresa desde, al menos, comienzos de septiembre, semanas antes de su publicación oficial.

Según las fuentes sindicales consultadas, la dirección compartía esa misma propuesta y también la ha puesto sobre la mesa para tratar de esclarecer de dónde partió la filtración y cómo pudo salir de los ámbitos que tenían acceso a la documentación durante la tramitación de las bases. La empresa, sin embargo, no ha informado públicamente por el momento de la apertura del expediente ni de los términos en los que se desarrollará la investigación.

Los sindicatos reclamaban esclarecer el origen de la filtración

La petición de investigar el origen de la filtración ya había sido planteada por las organizaciones sindicales antes de la reunión de este martes. Los representantes de los trabajadores habían reclamado explicaciones a la dirección después de conocer que las bases y los anexos relativos al temario y los requisitos llevaban semanas en posesión de los trabajadores que se van a presentar a las oposiciones.

La preocupación de los sindicatos se centra en las condiciones de confidencialidad con las que se negociaron las bases. La documentación había sido manejada durante su tramitación por los miembros del Consejo de Administración y por las organizaciones sindicales que participaban en la negociación, según había trasladado previamente la Consejería de Presidencia.

Las organizaciones sindicales han defendido durante los últimos días que la investigación debe permitir determinar quién tuvo acceso a la documentación, en qué momento salió de los ámbitos de negociación y cómo llegó a trabajadores y personas ajenas a la empresa antes de que la convocatoria fuera publicada oficialmente.

La apertura de esta investigación se produce después de que la dirección de RTVA difundiera este lunes las bases ya firmadas a través de la intranet de la empresa y del Portal de Transparencia, adelantándose a la publicación prescriptiva en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El documento coincide sustancialmente con el que llevaba semanas circulando y solo incorpora, respecto a la versión a la que tuvo acceso este periódico, la fecha de la resolución y la firma del director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado.

Las primeras oposiciones de Canal Sur en casi 20 años contemplan 228 plazas y han generado una gran expectación entre los trabajadores y profesionales del sector audiovisual andaluz. La filtración de las bases y el temario antes de su publicación oficial ha provocado dudas y malestar entre la plantilla y las organizaciones sindicales, que lo han calificado de “escándalo”.

Ahora, con el compromiso de abrir una investigación, los sindicatos esperan que la dirección determine el origen de la filtración y aclare si se produjo una difusión de documentación desde alguno de los ámbitos que tuvieron acceso a las bases durante su elaboración y aprobación.

Los gritos de un grupo de estudiantes en defensa de la universidad pública han obligado a suspender el acto de apertura oficial del curso académico en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), en el que participaba este martes el nuevo consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela.

La protesta se ha llevado a cabo precisamente durante el turno de palabra del consejero, en pleno desarrollo del acto académico que se estaba celebrando en el Paraninfo de la UPO. Cuando Paradela se dirigió al atril, los manifestantes se pusieron en pie y empezaron a corear desde el público consignas contra la gestión de la Junta: “¿Cómo voy a estudiar si no lo puedo pagar?”, gritaban, mientras desplegaban carteles denunciando la “infrafinanciación” del sistema universitario público.

Los gritos y abucheos interrumpieron así la intervención de Paradela, que esperaba en el atril mientras el rector de la UPO, Francisco Oliva, pedía silencio. “Aquí tenemos la costumbre de debatir, de escuchar y no de gritar; os pido que, por favor, escuchéis todas las propuestas y opiniones”, rogó sin éxito el rector.

“¿Me dais la oportunidad de contaros algo?”, intentó entonces el consejero, mientras los estudiantes continuaban gritando sus reivindicaciones. “Es un acto universitario, estamos en un claustro, por favor, no podéis interrumpir, vamos a tener que tomar medidas disciplinarias”, advirtió Oliva. Poco después, el rector trató de reconducir la situación: “Vamos a escucharlo primero y luego podremos actuar, hay que respetar el derecho de expresión de los demás”, dijo mientras desde el público se escuchaba “basta ya de complicidad”.

Tras unos instantes de silencio, Paradela trató de retomar su intervención. “La juventud es esa edad indefinida en la que uno todavía se atreve a imaginar que puede cambiar el mundo”, comenzó. Palabras que provocaron nuevos abucheos y gritos de “vergüenza” entre los manifestantes. El consejero siguió intentando hablar, pidiendo a los estudiantes que escucharan y conversaran “con quien piensa diferente”.

Ante la imposibilidad de avanzar con el discurso, Paradela terminó guardando silencio y el rector dio por concluido el acto, casi 15 minutos después de que comenzara la protesta. Ni el consejero ni el rector han podido leer finalmente sus intervenciones.

Otro curso marcado por las movilizaciones

Se trata del segundo curso consecutivo que arranca marcado por las protestas en la Universidad Pablo de Olavide. El año pasado también se convocó una movilización coincidiendo con el acto de apertura oficial del curso académico de las universidades andaluzas, presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Aquella vez, la acción reivindicativa tuvo lugar a las puertas del Paraninfo y provocó que se interrumpiera la entrada del cortejo académico.

En esta ocasión, la protesta –organizada por la plataforma UPOxLaPública– se ha llevado a cabo en el interior del edificio y se ha saldado con la suspensión del propio acto, ante la imposibilidad de continuar con las intervenciones que estaban programadas. Representantes de UPOxLaPública explican a elDiario.es que la acción se ha coordinado con otras plataformas universitarias, que también han protagonizado movilizaciones similares en las últimas semanas, dentro del calendario de protestas que prepara el camino hacia la huelga educativa general convocada para el 11 de noviembre.

El pasado 11 de septiembre, de hecho, otra movilización contra la “infrafinanciación” de las universidades públicas eclipsó la apertura del curso universitario andaluz, celebrada en la Universidad de Granada (UGR) y presidida por Moreno. También allí estudiantes y trabajadores reclamaron una mayor financiación para las universidades públicas con una concentración a las puertas del Rectorado de la UGR.

Reivindicaciones dirigidas a la Junta y a los rectores

Los convocantes aseguran que sus reivindicaciones se dirigen tanto a los responsables políticos como a los equipos de gobierno de las universidades y, en particular, a los rectores. A estos últimos les reprochan su “complicidad” con la Junta en un momento en el que las universidades públicas mantienen abierta la negociación con la administración autonómica sobre la financiación del sistema y el pulso se ha relajado, al menos en las formas.

Entre los carteles exhibidos durante la protesta podían leerse mensajes como “Fuera privatizador, la UPO no se vende” o “La deuda se acumula y la pública se estrangula”, junto a imágenes de aulas e instalaciones de la universidad que, según denuncian desde la plataforma, presentan “condiciones deplorables”, con problemas como goteras en la biblioteca y desperfectos sin reparar.

Desde UPOxLaPública responsabilizan principalmente a la Junta de la situación por la falta de financiación, aunque también cuestionan la gestión del Rectorado y le reprochan haber anunciado medidas para mejorar las instalaciones que, a juicio de la plataforma, finalmente no se han llevado a cabo.

La comunidad universitaria mantiene así la presión sobre la Junta en un curso que vuelve a arrancar con el conflicto por la financiación de las universidades públicas como uno de sus principales focos de protesta.

Un día después de que elDiario.es revelara la filtración del temario de las oposiciones de Canal Sur, la dirección de la RTVA ha difundido a primera hora de este lunes la convocatoria ya firmada a través de la intranet de la empresa. Horas después, la ha subido también al Portal de Transparencia. El documento, al que ya tienen acceso todos los trabajadores del ente público, todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

RTVA se ha adelantado así a la publicación de las bases en el BOJA, que constituye la apertura oficial del procedimiento, según explican expertos en Derecho Administrativo. La dirección ha eludido responder, a preguntas de este periódico, cuál es el motivo por el que se ha optado por difundir la convocatoria este lunes, sin esperar a que estas sean accesibles a través del boletín oficial.

La versión ahora difundida coincide sustancialmente con el documento interno al que tuvo acceso este periódico y que llevaba en posesión de trabajadores desde, al menos, comienzos de septiembre. La principal diferencia es que el definitivo incorpora la fecha de la resolución –15 de septiembre– y la firma del director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado.

La decisión de hacer pública la convocatoria antes de su publicación en el BOJA ha generado dudas entre los representantes sindicales, que siguen reclamando explicaciones a la dirección después de que trascendiera que las bases y el temario de las primeras oposiciones de Canal Sur en casi 20 años llevaban semanas circulando dentro y fuera del ente público. Desde el Comité Intercentros cuestionan la gestión de la empresa dada la “incertidumbre” que ha suscitado.

Los sindicatos no se explican por qué, si la empresa podía difundir por adelantado la convocatoria en el Portal de Transparencia, la dirección ha esperado hasta ahora para hacer pública una documentación que ya estaba firmada desde hace una semana. Fuentes sindicales atribuyen la decisión a un intento de “acallar” el revuelo interno provocado por la filtración del temario antes de su publicación oficial, y esperan poder aclarar las incógnitas en la reunión de la mesa de contratación prevista para este martes 22 de septiembre.

Cronología: un anuncio que coincidió con la filtración

El Consejero de Presidencia, Antonio Sanz, anunció la convocatoria para cubrir 228 plazas en la cadena pública el 7 de septiembre en una entrevista en Canal Sur. El anuncio, que despertó gran espectación en el sector audiovisual andaluz, coincidió con que las bases habían sido remitidas al Consejo de Administración de RTVA para su aprobación.

Al día siguiente, el director general de la RTVA informó que, esa misma semana, el Consejo de Administración aprobaría los documentos que se habían acordado con los sindicatos en la última reunión de la mesa de contratación, celebrada el pasado 30 de julio. A dicha documentación solo podían acceder los miembros del Consejo y las organizaciones sindicales que participan en la negociación. Pero por esas fechas de principios de septiembre, las bases –junto con los anexos relativos al temario y los requisitos– ya estaban circulando dentro y fuera de la empresa.

Una semana después, el 16 de septiembre, Juan de Dios Mellado firmó el documento para su publicación oficial en el BOJA. El documento, ya fechado y firmado por el director general, se ha incorporado a la intranet de la empresa y al Portal de Transparencia la mañana de este lunes, 24 horas después de la información destapada por elDiario.es Andalucía.

Este periódico ha preguntado a la Consejería de Presidencia si la filtración de las bases conlleva alguna consecuencia que pueda perjudicar el procedimiento; si la Consejería o la RTVA han pausado la convocatoria cuando supieron que los temarios se habían filtrado a principios de septiembre; si se han tenido que rehacer algunos documentos tras hacerse públicos y si temen que la convocatoria pueda ser impugnada. Desde el departamento que dirige Antonio Sanz han contestado: “Pregunta a quien lo haya filtrado”.

Dudas en torno a la impugnación

Las consecuencias que puede tener la difusión de unos documentos internos que todavía no se han publicado oficialmente genera dudas entre sindicatos y trabajadores. Algunos representantes sindicales temen que pueda ser motivo de impugnación, mientras que otros van a exigir que se paralice la publicación hasta que se investigue y esclarezca el episodio de la filtración.

En cuanto al hecho de que la RTVA se haya anticipado a la publicación, expertos en Derecho Administrativo consultados por este periódico explican que el organismo público puede adelantar la publicación en su correspondiente Portal de Transparencia sin que ello “vicie de nulidad el procedimiento”, siempre que vaya seguido de la publicación en el boletín oficial.

Otra experta en Función Pública consultada indica que la convocatoria solo adquiere validez con su publicación en el boletín oficial y que es entonces cuando puede ser objeto de impugnación. Respecto a la difusión anticipada de RTVA, considera que “no es lo habitual” y que éticamente es cuestionable, aunque no necesariamente incumpla la legalidad si ha pasado el procedimiento negociador con las organizaciones sindicales.

La filtración del temario plantea, sin embargo, una cuestión diferente. Según los expertos consultados, el acceso anticipado a los contenidos podría tener relevancia si quienes conocieron las bases con semanas de antelación disponen de más tiempo para preparar los ejercicios que el resto de aspirantes. En ese caso, si el plazo entre la publicación oficial y la celebración de los exámenes fuera reducido, podría plantearse si se han garantizado las mismas condiciones de igualdad para todos los participantes.

La dirección de la RTVA publicó los documentos oficiales en la intranet a primera hora de la mañana del lunes —sobre las 8:30, según fuentes de la plantilla—. Unas horas después, pasado el mediodía, los trabajadores se percataron de que también figuraban ya en el Portal de Transparencia de la RTVA.

Este movimiento ha vuelto a plantear dudas sobre las garantías en el procedimiento y en el acceso a la información entre los trabajadores de Canal Sur y el resto de aspirantes a las 228 plazas convocadas. Dudas que los sindicatos van a poner sobre la mesa en la reunión de este martes.

El temario para las próximas oposiciones de Canal Sur —las primeras que se convocan en 18 años— se ha filtrado antes de que la convocatoria aparezca publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), según denuncian organizaciones sindicales y trabajadores de la cadena pública que optan a una de las 228 plazas ofertadas.

elDiario.es/Andalucía ha tenido acceso a dicha documentación, que lleva al menos dos semanas en posesión de trabajadores del ente público que se presentarán a las oposiciones. Además, este periódico ha podido comprobar que las bases de la convocatoria, junto con los anexos relativos al temario y a los requisitos, están circulando dentro y fuera de la empresa desde, al menos, el 7 de septiembre.

Se trata de documentación interna que, según fuentes de la Consejería de Presidencia, solo manejan los miembros del Consejo de Administración de RTVA y las organizaciones sindicales que participan en la mesa de contratación. Las mismas fuentes insisten en que estos documentos carecen de carácter oficial hasta que la convocatoria se publique en el BOJA.

La directiva de la RTVA ha eludido confirmar o desmentir que se trate de los documentos oficiales. A preguntas de este medio, fuentes de la dirección niegan tener constancia de que estos documentos hayan llegado a manos externas. Sin embargo, desde el Comité Intercentros de RTVA y Canal Sur indican que el pasado martes pusieron en conocimiento de la dirección de la empresa que, “desde comienzos de septiembre”, había documentación interna circulando “para que pusiera medidas”.

Desde el máximo órgano unitario de representación de la plantilla explican que la última reunión en la que se aprobaron las bases tuvo lugar el 30 de julio. El Consejo de Administración dio su visto bueno hace “un par de semanas”, como lo anunció el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado. Desde entonces, están a la espera de la publicación de la convocatoria en el BOJA. “Nos preocupa la gestión de los tiempos y la confidencialidad que está haciendo la RTVA”, trasladan desde el comité.

Fuentes sindicales califican la filtración de “escándalo” y denuncian que hay academias y preparadores que ya están trabajando con estos mismos temarios, aunque no está confirmado que la documentación difundida se corresponda con la versión definitiva de las bases, que han sufrido varias modificaciones durante su tramitación, hasta que se aprobaron definitivamente el 30 de julio.

Ante la “gravedad” de los hechos, sindicatos como la Agrupación de Trabajadores de Canal Sur (AT) avanzan que en la próxima reunión de la mesa, prevista para este martes 22, van a pedir a la dirección que inicie una investigación para que se esclarezca “de dónde ha partido la filtración y si los temarios que están circulando por ahí se corresponden con el contenido exacto de la convocatoria”.

Las oposiciones, en juego

A juicio de los sindicatos lo “grave” de la situación es que las personas que participan en la negociación de las bases están sometidas a medidas de sigilo y han firmado documentos de confidencialidad sobre la información que se aborda en esas reuniones. Varios representantes sindicales trasladan su estupor e indignación y advierten de las consecuencias que podría tener este episodio para el proceso: “Nos jugamos que se impugnen las oposiciones”.

Cabe mencionar que en torno a esta convocatoria existe mucha expectación dentro del sector audiovisual, pues no se publican oposiciones en la radiotelevisión pública andaluza desde 2008. Cuando el propio consejero de Presidencia, Antonio Sanz, anunció las oposiciones para cubrir 228 plazas en la cadena pública, calificó la convocatoria de “histórica y muy importante para los grandes profesionales de la RTVA”. Lo dijo el 7 de septiembre. Al menos desde ese día ya estaban circulando los documentos, según ha podido comprobar este periódico.

Los sindicatos lamentan que el episodio de la filtración pueda empañar un proceso en el que, aseguran, llevan invirtiendo “mucho esfuerzo” y siendo “pulcros para que sea transparente y justo”. En ese sentido, se muestran confiados en que la filtración no ha partido de las organizaciones sindicales y recuerdan que la documentación también está al alcance del Consejo de Administración.

Ni la Consejería ni la dirección aclaran cuáles pueden ser las consecuencias de la difusión de unos documentos que todavía no se han publicado oficialmente. Los sindicatos consideran que la filtración de contenido confidencial en torno a un proceso de oposiciones compromete los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia que, por normativa, rigen el acceso al empleo público en Andalucía.

“Algunos compañeros dicen que puede ser material de impugnación”, apuntan fuentes sindicales. La preocupación se extiende también a la posibilidad de que una filtración pueda afectar a otras fases del proceso. En este punto, distinguen entre la difusión de las bases y una eventual filtración de las preguntas del examen, como sucedió con las oposiciones de RTVE en septiembre de 2024, cuando la prueba quedó suspendida por la filtración del examen, afectando a unas 5.000 personas convocadas. 

Preocupación entre los trabajadores

La filtración también ha generado indignación entre los trabajadores que optan a una de las plazas y que se muestran preocupados por el impacto que pueda tener en el desarrollo del procedimiento. Profesionales de Canal Sur lamentan que las oposiciones estén “viciadas antes de nacer” y sostienen que la circulación de las bases previa a su publicación oficial “mina la credibilidad y confianza” en la empresa y genera dudas sobre las garantías de igualdad y transparencia de la convocatoria.

Los representantes sindicales consultados coinciden en que difundir el temario antes de la convocatoria oficial es un hecho “muy grave”, por cuanto supone incumplir el compromiso de discrecionalidad, secreto y confidencialidad con el que se desarrollan las reuniones en las que se negocian las bases. La cuestión, aseguran, se ha convertido en “un clamor” dentro del ente público, de ahí que vayan a abordar el asunto en la reunión de esta semana, sin descartar emprender otras medidas.

Con las bases todavía pendientes de publicación en el BOJA y sin confirmación sobre si la documentación que circula se corresponde con la versión definitiva, sindicatos y representantes de los trabajadores exigen ahora esclarecer el origen de la filtración y reforzar las garantías de confidencialidad de una convocatoria ampliamente esperada por los profesionales del sector.

El Ayuntamiento de Sevilla ha organizado a los pies de la Giralda la entrega de premios de la revista Escaparate y su posterior cena de gala. Para ello, las plazas Virgen de los Reyes y del Triunfo se cerraron al público durante buena parte de la jornada del jueves, reservando este espacio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco a la celebración de un evento privado que tuvo a la alta sociedad sevillana como protagonista y al que asistió como invitado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, entre otros altos cargos. El evento, además, ha contado con ayudas públicas tanto municipales como autonómicas.

Desde el Gobierno local aseguran que la organización de la fiesta se ha realizado “conforme a la legalidad”, pero la imagen de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad acotado para un evento de lujo ha provocado numerosas reacciones y críticas en redes sociales. “Nuestro patrimonio privatizado y convertido en un escaparate”, ha reprobado la portavoz de Podemos Sevilla, Susana Hornillo, sumándose al rechazo que sobrevuela las redes.

Las críticas también iban dirigidas a las restricciones en el acceso, pues el entorno de la Giralda –por donde circulan a diario miles y miles de personas– estuvo ocupado por vallas, mesas y otros elementos para la preparación de la gala. Durante el desarrollo del acto, el acceso quedó reservado a los asistentes e invitados, entre los que se encontraban representantes de la política y de distintos ámbitos de la sociedad sevillana.

La polémica cena, que contó con el patrocinio de la Junta, también ha alcanzado al Parlamento andaluz. Adelante Andalucía ha registrado una pregunta para conocer los detalles del coste que ha tenido para la administración pública y su relación con la empresa organizadora. La formación liderada por José Ignacio García pregunta directamente: “¿Cuánto dinero público ha invertido la Junta de Andalucía en el patrocinio de este evento?”.

Prohibido por normativa

El estupor que recorrió las redes también lo sintió Javier Navarro, arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, que comenta que el fenómeno de ocupar espacios públicos para eventos privados es una dinámica que el sector intenta asentar. Pone ejemplos, como el cierre de la Fontana di Trevi por la marca Fendi, que financió la restauración de la joya arquitectónica con 2,18 millones de euros, o el cierre de puertas del Park Güell para Louis Vuitton por el que la compañía pagó 573.000 euros.

Este periódico ha consultado al Ayuntamiento de Sevilla –organizador y promotor del evento– el coste que ha supuesto ceder este espacio patrimonial protegido por normativa para la celebración del evento, pero aún no ha obtenido respuesta. Sí garantizan que la ocupación del espacio “se ha autorizado conforme a los requisitos que establece la ordenanza para que se produzca la ocupación para el evento celebrado”. A ello, añaden que “todo se ha hecho conforme a la legalidad, con sus correspondientes informes técnicos y jurídico y por eso se ha autorizado, tal y como se ha hecho otros años”.

La Ordenanza reguladora de la ocupación de los espacios públicos del conjunto histórico declarado de la ciudad de Sevilla con actividades y eventos efímeros recoge, desde 2008, que “queda prohibida la ocupación de las Plazas Virgen de los Reyes y del Triunfo para el desarrollo de los eventos y actividades regulados en la presente ordenanza”. No obstante, contempla un matiz en el artículo 12, donde se prohíbe “el desarrollo de eventos publicitarios, sin perjuicio de lo que resulte autorizable al amparo de la Ordenanza Reguladora de la Publicidad visible desde la vía pública de 25 de febrero de 1999 y de lo establecido en la presente sobre la referencia a patrocinios”.

Asimismo, su artículo 3 incluye algunas de las actividades que quedan excluidas de esta prohibición, como rodajes, publicidad, fiestas tradicionales como la Semana Santa y actos electorales. También se admiten eventos que por su “corta duración, carecer de instalaciones o precisar instalaciones de escasa entidad” permitan una “previsión razonable” de no producir una incidencia relevante sobre el espacio en que tengan lugar o su entorno, un supuesto en el que podría encajar el acto de Escaparate.

No obstante, el grupo municipal socialista considera que se ha permitido este uso de la plaza “pese a estar expresamente prohibida por la ley”. “Sevilla no puede estar en venta”, ha señalado el portavoz y exalcalde, Antonio Muñoz, que ha solicitado el expediente completo para conocer cómo se autorizó el evento. “Se ha traspasado una peligrosa línea roja”, ha subrayado.

“La ciudad al servicio de unos pocos”

El arquitecto urbanista Navarro hace hincapié en que este acto es “grave”, por cuanto “se da carta libre” al sector privado. Desde el punto de vista técnico jurídico, menciona, habría cuestiones a resolver, “porque hay excepciones que se pueden argüir, como la ocupación que produce la Semana Santa, ya que hay excepciones contempladas para fiestas tradicionales y, también, actos electorales”. En todo caso, contempla que la justificación va encaminada a la breve duración de la cita, de una noche, “y que la huella que deje en el espacio pueda ser nula, es por donde podrían escapar”.

Sin embargo, el especialista en patrimonio advierte de otros problemas que se dan en el entorno y que contemplan los planes especiales de conservación patrimonial: la contaminación acústica y lumínica, que puede afectar a la población de vencejos que hay en la Giralda, por ejemplo. “Tampoco sabemos si ha habido algún tipo de desperfecto”, cuestiona el experto.

“Este evento es inexplicable, más si le añadimos el contexto social sevillano, que está muy tensionado por la presión de las viviendas turísticas, la ocupación de los veladores, o con eventos como el Festival Icónica en la plaza de España”, apunta Navarro. “Las imágenes de ayer pesaron mucho y nos habla de un evento dirigido a unas determinadas esferas sociales y de poder”, advierte el arquitecto, que ha resumido el episodio de este jueves con dejar “la ciudad al servicio de unos pocos”.

En la misma línea, la iniciativa política ciudadana Sevilla se levanta ha rechazado rotundamente el acto: “Estamos en la Sevilla de la eventización, de la privatización –permanente o puntual– del espacio público, del no cumplimiento de las normas, del trato de favor al amigo y de lo estridente”, ha condenado en su perfil de X.

Tanto el Ayuntamiento de Sevilla como el alcalde José Luis Sanz han evitado exponer en redes sociales que acudieron al evento. Quien sí lo hizo fue el presidente andaluz, Juanma Moreno, que reivindicó durante la entrega de galardones que los Premios Escaparate “ayudan a proyectar la marca Andalucía en el mundo”.

Otras cesiones al empresario

Por su parte, Mario Niebla del Toro, fundador de la revista mensual ‘Escaparate’, publicó varias fotografías en las que se mostraban cómo había quedado “impecable” las plazas Virgen de los Reyes y del Triunfo. El director y periodista también es hermano mayor de la Hermandad del Rocío de la Macarena. Cargo por el que fue protagonista de una polémica a raíz de la colaboración entre la hermandad y el hotel Hesperia para ofrecer “paquetes exclusivos” para los turistas en la caseta de la Feria de este año.

En esta vertiente, cabe mencionar que el Ayuntamiento hispalense cedió varios locales públicos a la hermandad ubicados en el parque de los Perdigones en diciembre de 2025. En aquel entonces, el alcalde expresó que estos cubículos “llevaban demasiado tiempo cerrados” y, por ello, apostaron “por darles una nueva vida con un uso social que conectara con los valores de la ciudad. La cesión administrativa durará 30 años y será gratuita, para lo que la hermandad prevé la organización de varios espacios de formación e integración social.

Ahora, la celebración de los Premios Escaparate ha vuelto a poner el foco sobre el uso de espacios y bienes públicos para iniciativas de carácter privado, especialmente cuando se trata de enclaves protegidos y de gran valor patrimonial, como es el entorno de la Giralda. Las dudas sobre las condiciones concretas de la cesión y el coste para las administraciones deja todavía preguntas por responder sobre los criterios que rigen estas autorizaciones y sobre hasta dónde puede llegar la utilización del espacio público para este tipo de eventos.

Los vecinos del bloque 5 de la calle Profesor Faustino Gutiérrez Alviz, en Sevilla Este, llevan desde el viernes pasado viviendo “un infierno”. Fue entonces cuando se percataron de que el vecino del 4º A había fallecido, después de que un fuerte olor –que algunos residentes describen como “a patata podrida”– comenzara a extenderse por el edificio.

Los servicios de emergencia retiraron ese mismo viernes el cadáver, que se encontraba ya en avanzado estado de descomposición, pues el hombre –que vivía solo y no tenía hijos– habría fallecido unos tres días antes. Sin embargo, el hedor permanece en el inmueble, dado que, según trasladan a SevillaelDiario.es algunos vecinos, los servicios de limpieza aún no han accedido a la vivienda, propiedad de la empresa municipal de vivienda (Emvisesa).

Efectivamente, fuentes municipales consultadas por este periódico indican que este pasado martes, ante la “imposibilidad de acceder” al no tener las llaves del inmueble, “se selló la puerta para evitar que salieran los malos olores”. Las zonas comunes, aseguran, “se han limpiado” y será este jueves “a primera hora” cuando se proceda a limpiar “todo completamente con un equipo especial de limpieza”. El Ayuntamiento garantiza que se ha hecho “todo lo posible, mediando con la familia, para poder entrar cuanto antes”.

Durante estos cinco días, en pleno aviso amarillo por calor, los vecinos han intentado sobrevivir cerrando “a cal y canto” las ventanas y conductos de ventilación de sus viviendas. “Hemos vivido un infierno con los gases, los olores y los bichos”, cuenta Antonia, la vecina del piso de abajo.

La situación ha llegado a ser tan “insostenible” para algunos residentes que han optado por abandonar temporalmente sus viviendas. Es el caso de la vecina que vive enfrente del 4º A, que se ha tenido que llevar a sus dos hijas pequeñas a casa de sus padres para alejarlas de los malos olores y los insectos que se han propagado por el edificio.

También Antonia se va por las tardes con su hijo, que tiene discapacidad y problemas respiratorios, a casa de los abuelos. “Salimos con mascarilla”, explica. Su hija Esperanza asegura estar especialmente preocupada por el impacto que la situación está teniendo en la salud y el bienestar de su madre y su hermano, junto al de otros vecinos de la comunidad.

El problema de las llaves

El principal problema, de acuerdo con el testimonio de los residentes, se produjo después de la retirada del cadáver. El servicio de limpieza que acudió al inmueble no pudo acceder al interior de la vivienda porque no disponía de las llaves, como confirman desde el Ayuntamiento. Al ser una vivienda de titularidad pública, los familiares tampoco podían entrar libremente, lo que obligaba a iniciar un procedimiento entre Emvisesa y el administrador de fincas.

Mientras se resolvía esta situación, se adoptaron medidas provisionales. “Lo que hicieron fue fumigar por debajo de la puerta y sellarla entera con silicona, pero las ventanas siguen estando abiertas y ahora los olores salen por ahí”, relata Esperanza, quien afirma que el hedor alcanza ya a otras zonas de la urbanización, formada por seis bloques de viviendas.

Ante la persistencia del problema, los residentes del bloque afectado recogieron este martes decenas de firmas para trasladar su malestar al Ayuntamiento y reclamar una actuación urgente. Fuentes del Gobierno local argumentan que, al no disponer de las llaves solo, podrían acceder mediante orden judicial, lo cual obligaba a mediar con los familiares del fallecido, de ahí que se haya demorado la limpieza.

Mientras tanto, quienes viven en el edificio siguen denunciando la “situación de insalubridad” que tienen que soportar desde la retirada del cadáver, sufriendo olores desagradables y plagas de insectos. “Un infierno que no le deseo a nadie”, resume Antonia.

Hace cuatro años, el profesor Ngunza improvisó una pequeña escuela en el patio polvoriento de su casa, ubicada en el kilómetro 44 de Catete, una comunidad rural situada al sureste de Luanda, la capital de Angola. Allí, bajo la sombra generosa de un árbol de mango, empezó a dar clases por las tardes a los pequeños del barrio que estaban sin escolarizar: unos por falta de recursos económicos y otros por carecer de los documentos de identidad necesarios para matricularse en la escuela pública.

Cuando la ONG para el desarrollo (ONGD) Mundo Orenda descubrió esta iniciativa, decidió apoyarla. Lo primero fue comprar una pizarra. Después, la organización que dirige Rebeca Herrera desde Alcalá de Guadaíra (Sevilla) sumó el apoyo de un equipo pedagógico formado por tres docentes sevillanos –Bernard Bossous, José Luis Pérez y Leonor Romero– y alquiló un modesto local en aquel barrio marcado por la pobreza, el hambre y la falta de escolarización. Y así, en ese rincón olvidado del mundo, germinó la semilla de lo que hoy es la escuela de alfabetización Soñando Alto.

Pero el proyecto que brotó en la mente de Bernard cuando vio a los pequeños en el patio de Ngunza sedientos de conocimiento no cabía en cuatro paredes. El local en el que han venido trabajando hasta ahora solo contaba con un aula y carecía de baños y de ventilación. El reto era dotar al barrio de “unas instalaciones dignas”. Tras adquirir un terreno a escasos metros y lograr los permisos necesarios para construir, Soñando Alto estrena este curso su primer centro propio. Un espacio con cuatro aulas y dos baños, donde 200 alumnos de entre 5 y 19 años asistirán a clase en unas condiciones muy distintas a aquellas en las que nació el proyecto, bajo la sombra de un árbol.

Salto de calidad en la enseñanza

El cambio de espacio se traduce ahora en un salto cualitativo en la enseñanza que va a recibir el alumnado de Soñando Alto. “La gran diferencia es que antes, en un aula, impartíamos clases a dos grupos de manera simultánea durante dos horas y ahora hay seis cursos —tres de mañana y tres de tarde— de cuatro horas cada uno, sin compartir ningún espacio ni profesor”, explica Bernard Bossous, miembro de la dirección pedagógica de la escuela. La ratio máxima, además, se reduce de más de 40 alumnos por aula a 33.

En la práctica, todo ello significa que los alumnos pasan de recibir diez horas lectivas semanales a 20. Y no solo aumenta el tiempo de enseñanza. También mejora su calidad porque se amplía el margen para impartir asignaturas como valores o conocimiento del medio sin tener que restar horas a las materias troncales de lectoescritura y matemáticas.

“Ahora sí podemos preparar a los niños para que tengan las mismas capacidades básicas que otro niño de Educación Primaria que sí tiene acceso a la educación pública por tener recursos económicos y documentos de identidad”, celebra Bossous. El objetivo es que, aunque no hayan pasado por la escuela pública, puedan acreditar unas competencias básicas que les permitan continuar su formación y acceder en el futuro a un módulo de grado medio.

El salto de calidad no se limita al alumnado. El nuevo centro abre también una oportunidad para seguir trabajando en la formación del profesorado local y en establecer ese “puente” entre el enfoque pedagógico europeo, que concibe al alumno como sujeto activo, y el modelo implantado en Angola, basado en la obediencia, el copiado y la prevención del castigo. “Intentamos que los profesores fomenten el desarrollo de competencias como el emprendimiento y la autonomía para que, desde pequeños, se enfrenten a esa hegemonía de la obediencia y pasividad del alumno, tratándolo como protagonista de su propio proceso de enseñanza aprendizaje y, por ende, de su vida”, explica el coordinador pedagógico.

La escuela como “epicentro del cambio”

Más allá de mejorar la calidad de la enseñanza, la nueva escuela de Mundo Orenda aspira a convertirse en “el epicentro del cambio de toda la comunidad”. El propósito es que “la escuela no sea solo un sitio donde son educados”, como explica Bernard, sino también un lugar donde los niños puedan cubrir algunas de sus necesidades más básicas. Entre ellas, la alimentación.

“La mayoría de ellos, con suerte, comen una vez al día, los índices de desnutrición son brutales, lo cual afecta directamente a la capacidad cognitiva”, explica este psicopedagogo sevillano. El siguiente paso del proyecto es poner en marcha un comedor escolar que garantice al menos un almuerzo equilibrado al día, una necesidad especialmente importante en un entorno marcado por la desnutrición

El otro objetivo es hacer de la escuela un motor para el desarrollo de la comunidad. Por eso, una de las cuatro aulas se destinará a actividades dirigidas no solo a los niños, sino también a los adultos: alfabetización para mayores, escuela de idiomas o un servicio de copistería, entre otras iniciativas. La idea es que pueda acoger pequeños negocios que, a su vez, generen puestos de trabajo para las familias del alumnado y, al mismo tiempo, contribuir a la sostenibilidad del propio proyecto.

Son los vértices de un proyecto que busca implicar a toda la comunidad a través de la escuela. “Tanto para los niños como para los padres y los profesores locales, la escuela no se percibe como una obligación, sino como un regalo y una oportunidad”, asegura Bossous. De ahí, añade, “su nivel de agradecimiento, felicidad e implicación”.

Todo ello tuvo su reflejo el día de la inauguración. Bernard, que este verano viajó a Angola para supervisar la puesta a punto del nuevo centro, recuerda aquella jornada como “todo un acontecimiento en el barrio”. Acudieron familias, alumnos, profesores, representantes de la Embajada española en Angola e incluso miembros de la constructora que levantó el edificio. “Fue una fiesta”, recuerda con el brillo en la mirada. Hubo música, baile y, sobre todo, “alegría, agradecimiento y esperanza por las ganas de vivir muchas cosas en el aula”.

Mucho más que una escuela

El valor de Soñando Alto trasciende las paredes del nuevo edificio. Este centro de alfabetización posibilita “ese acceso a la educación al niño que de ningún otro modo podría tenerlo”. Además, la escolarización de estos niños supone también un bálsamo de “tranquilidad” y garantía de “seguridad” para las familias. “Pueden descansar porque sus hijos ya no están horas en la calle corriendo peligro o haciendo cosas que no deben”, explica la directora de Mundo Orenda.

Al mismo tiempo, el enfoque innovador de este centro ofrece a los menores una experiencia capaz de transformar su relación con el aprendizaje. A través de canciones, lemas y un modelo pedagógico que busca implicarlos activamente, Mundo Orenda trabaja para generar en ellos un sentimiento de “pertenencia” y, sobre todo, de “amar la educación” y entender que ellos mismos “son el motor del cambio” de su comunidad, como reivindica Rebeca Herrera.

Esa capacidad de la educación para transformar la realidad es algo que José Luis Pérez conoce desde dos perspectivas muy distintas. Como director de un colegio en Sevilla y miembro de la dirección pedagógica de Soñando Alto, vive en primera persona “la diferencia abismal” entre las realidades educativas de un país y otro. “Mientras aquí hablamos de digitalización, de nuevas metodologías o de idiomas, allí el reto sigue siendo que una persona adulta aprenda a leer y escribir por primera vez”, explica. Aun así, a sus ojos esas realidades tan dispares “están profundamente conectadas”. “Ambas nos recuerdan que la educación es la herramienta más poderosa que tenemos para transformar una sociedad”, defiende.

Una escuela sostenida desde Sevilla

Llegar hasta aquí tampoco habría sido posible sin la implicación de los docentes voluntarios que acompañan el proyecto desde Sevilla. Rebeca Herrera califica de “éxito” haber logrado levantar las instalaciones inauguradas este verano porque son la mayor prueba de que el proyecto sigue latiendo con fuerza. Durante estos tres años, han librado “una lucha enorme para que el proyecto no muriese”, pero la confianza de Rebeca, el empuje de Bernard, el apoyo de los socios de Mundo Orenda y el compromiso de los docentes que se fueron sumando por el camino han ido regando el proyecto de la escuela, hasta lograr que siguiera creciendo y echando raíces.

Una de las dificultades a las que se enfrentaba una organización pequeña como Mundo Orenda es que trabajaba “sin contraparte local”, lo cual obligaba a mantener un contacto directo y continuo con el profesorado angoleño desde la distancia. Y ahí, explica Herrera, el voluntariado especializado ha sido fundamental. “El hecho de que el equipo pedagógico acompañe a los profesores locales en el día a día y atienda a las necesidades que van surgiendo en terreno es lo que ha permitido que el proyecto avance, progrese y llega hasta donde está llegando”, asegura la directora.

Bernard Bossous, José Luis Pérez y Leonor Romero forman parte de ese equipo pedagógico que se ha ido consolidando con el tiempo. A lo largo del año realizan al menos un viaje a Angola para conocer de primera mano la evolución de la escuela, trabajar junto a los profesores locales y supervisar las necesidades del proyecto. Un voluntariado especializado que, desde la distancia, se ha convertido en una pieza esencial para que aquella pequeña escuela haya crecido hasta sus cuatro aulas actuales.

Construir no es suficiente

Una vez inaugurado el nuevo centro, ahora comienza otro reto: mantenerlo y hacerlo crecer. “No es construir y ya está”, advierte Rebeca. A medida que el proyecto crece, también aumentan los costes y “las dificultades para sostenerlo”: sufragar el sueldo del profesorado, ampliar la jornada lectiva o incorporar nuevos servicios implica asumir gastos que antes no existían. Entre las nuevas necesidades está, por ejemplo, contratar un vigilante de seguridad para unas instalaciones que ya no son “un localcito”, sino “un espacio grande”.

Levantar el edificio ha obligado a Mundo Orenda a “doblegar esfuerzos” y llamar a muchas puertas en busca de nuevos colaboradores y distintas estrategias de recaudación. La construcción ha supuesto una inversión de unos 80.000 euros, sufragada gracias a las aportaciones de los socios, colaboradores y el apoyo de la Embajada española, que también colabora facilitando la logística sobre el terreno.

Ahora la organización necesita seguir sumando apoyos para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Porque, construida la escuela, el desafío ahora es conseguir que ese espacio se llene de niños, profesores y sueños durante muchos años. Un camino que el equipo pedagógico de Soñando Alto afronta con la mirada puesta en acortar la distancia entre las dos realidades educativas que José Luis Pérez conoce de primera mano: “No se trata de igualar esas realidades de un día para otro, sino de avanzar poco a poco, paso a paso, sabiendo que cada persona que aprende a leer cambia también el futuro de quienes la rodean”.

Entre proclamas contra la “infrafinanciación” y en defensa de “una educación pública y de calidad”, ha arrancado este viernes el acto solemne de apertura del curso académico de las universidades andaluzas, celebrado en la Universidad de Granada (UGR) y presidido por el máximo responsable de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

Hacia el presidente andaluz iban dirigidas buena parte de las consignas que el movimiento estudiantil y sindical ha lanzado a las puertas del Rectorado de la Universidad de Granada, coincidiendo con la inauguración oficial del nuevo curso universitario. “Sin financiación no hay educación”, han exclamado los manifestantes mientras el cortejo académico, formado por más de 300 togados, desfilaba por la avenida del Hospicio hacia el interior del histórico Hospital Real de Granada, actual sede del Rectorado.

Una vez dentro, la escena de decoro institucional no logró eclipsar la “importante reivindicación” con la que el sistema universitario público empieza el curso: “Superar la situación de infrafinanciación que tenemos en este momento”, como expresó el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, Francisco Oliva, minutos antes de que empezara el acto en el crucero bajo del Hospital Real.

Precisamente ese era el objetivo de las protestas de la comunidad educativa: poner en el centro de la apertura oficial que el curso echa a andar con el conjunto del sistema universitario público andaluz en números rojos. Ese déficit ajustado de 44 millones de euros con el que han cerrado el ejercicio de 2025 también ha estado presente en el interior del Rectorado, ocupando un lugar destacado tanto en el discurso del rector de la universidad anfitriona como en el del propio presidente de la Junta. Eso sí, ambos han trasladado un mensaje de “confianza” y entendimiento institucional, que apunta a una nueva etapa de diálogo y contrasta con el malestar manifestado en la calle.

Un “optimismo” que depende de la comisión técnica

El rector de la UGR, Pedro Mercado, ha empezado su intervención con una mención especial para Ceuta, donde la institución granadina tiene uno de sus campus universitarios. “Estamos inaugurando el curso aquí, en el corazón de la Universidad de Granada, pero en realidad estamos allí, en nuestra querida ciudad autónoma”, ha asegurado Mercado, con un lazo en apoyo a los ceutíes sobre la toga.

Poco después, el rector hacía suya la reivindicación del conjunto de la comunidad educativa, afirmando que las universidades “no somos una línea de gasto, sino de inversión”, y reclamando a las administraciones –tanto al Gobierno central como a la Junta– una apuesta “decidida” por la universidad pública“. Dirigiéndose directamente al presidente andaluz, sentado a su izquierda, Mercado ha recordado que para poder seguir cumpliendo con su función, el sistema universitario público necesita ”una financiación suficiente, estable y previsible“.

Al hilo ha defendido el actual modelo de financiación como una herramienta “consensuada y comprometida” con el Gobierno andaluz y como “un buen marco en el que hemos trabajado conjuntamente”. “Pero para su efectiva garantía todos debemos comprometernos para cumplirlo en su integridad”, ha apostillado el rector de la UGR, lanzando un tirón de orejas para la administración autonómica, a la que acusan desde hace dos años del “incumplimiento reiterado” del modelo aprobado por el propio Gobierno de Moreno en 2023.

“Nuestra principal preocupación es asegurar la suficiencia financiera que permita a las universidades sobrevivir”, ha resumido Mercado, antes de depositar “la confianza y el optimismo” de todos los rectores en el trabajo que está llevando a cabo la comisión técnica constituida entre las instituciones públicas y la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación. El objetivo de esa comisión es fijar las cantidades que corresponden a las universidades conforme al modelo de financiación, tras determinar el alcance “real” de la infrafinanciación que arrastra el sistema.

La previsión es que los trabajos concluyan a principios de octubre, una fecha especialmente relevante para que las universidades puedan elaborar los presupuestos de 2027 sin reproducir el desequilibrio de los últimos ejercicios. La esperanza de los rectores es que el dictamen se traduzca en recursos para “paliar la situación de dificultad financiera” en la que se encuentran las universidades públicas, situadas en su totalidad “en la senda preocupante del déficit”, como ha recordado el rector de la institución anfitriona, que este año celebra cinco siglos de historia.

Anuncio de incremento presupuestario

Si bien presidente de la Junta ha evitado desfilar delante de los manifestantes que protestaban a las puertas del Rectorado, como hizo el cortejo académico, desde el interior del Hospital Real, Moreno ha querido trasladar un mensaje de “tranquilidad y confianza” a la comunidad universitaria. “Desde el diálogo y la lealtad institucional vamos a seguir resolviendo cuantos problemas y desafíos se nos pongan por delante”, ha expuesto en respuesta al clamor social que se dejaba sentir en los exteriores del antiguo Hospital Real.

En ese sentido, el presidente andaluz ha dicho ser “muy conscientes de las dificultades financieras que atraviesan nuestras universidades públicas” y se ha comprometido a incluir “todos los compromisos adoptados y acordados hasta el momento” en los futuros presupuestos de 2027. El anuncio del presidente contempla consolidar “un incremento con destino al modelo de financiación de las universidades públicas que duplicará el que recibieron en el año 2026”, al que se sumarán las actuaciones derivadas de los resultados de la comisión técnica “para dar respuesta a las necesidades más urgentes de aquí a final de año”.

Además, durante su discurso Moreno anunció incentivos por valor de unos 80 millones de euros destinados a contratar personal investigador, financiar equipamientos científicos, actuaciones de transferencia y unidades de excelencia, que se pondrán en marcha antes de que expire el 2026. Con estos anuncios, el presidente andaluz ha tratado de zanjar las reivindicaciones en torno a la “infrafinanciación” que denuncian los rectores y el resto de colectivos que conforman el sistema universitario.

El malestar de la comunidad universitaria como telón de fondo

Pero mientras las autoridades y los rectores escenificaban una tregua institucional, el conflicto por la financiación tenía su máxima expresión en la calle. Sindicatos como CCOO y Ustea, junto a organizaciones estudiantiles y a representantes de la Asamblea por la Educación Pública Andaluza, marcaban el contrapunto a los compromisos de Moreno.

Si el presidente de la Junta ha garantizado un incremento presupuestario desde 2019, en el exterior José Luis Martos, responsable de Universidades de CCOO Andalucía, alertaba de la situación con datos: “En diciembre de 2018, justo a la llegada de Moreno a la Presidencia de la Junta, todas las universidades públicas cerraron en positivo con más de 60 millones de euros, mientras que en 2025 han cerrado con un déficit de 44 millones”. Otra cifra que el representante sindical considera sintomática es que “en 2018, contaban con 452 millones de euros en remanentes no afectados [ahorros] y hoy día no llegan al millón de euros”.

Ese diagnóstico es el que comparte la Asamblea por la Educación Pública Andaluza. “Lo que vemos es una asfixia económica como la que se está dando en otras comunidades como Madrid”, ha alertado Hada Martínez, portavoz de la asamblea nacida este verano al calor de las movilizaciones que han sacudido otras comunidades autónomas durante el último curso, en Catalunya, la Comunitat Valenciana o Madrid.

En un acto en el que también estaban presentes los representantes de las universidades privadas, los manifestantes también han clamado en contra de lo que consideran una “privatización” de la enseñanza superior ante la “proliferación indiscriminada de universidades privadas”. La protesta de inicio del curso ha servido además como antesala de la huelga educativa general convocada para el 11 de noviembre.

La apertura del curso deja así dos imágenes de una misma realidad: dentro del Hospital Real, la Junta y los rectores escenifican confianza y optimismo para llevar al sistema público a buen puerto; fuera, estudiantes y trabajadores se muestran escépticos porque, recuerdan, el problema que ha marcado los últimos años “va a más”. La comisión técnica marca ahora los tiempos de una tregua que, para las universidades, tendrá que traducirse en recursos suficientes para corregir el déficit y garantizar el cumplimiento del modelo de financiación. Mientras que la comunidad educativa mantiene para este curso su hoja de ruta: “Seguimos en la lucha”.

El curso escolar 2026/2027 arranca en Andalucía con medidas para reducir las ratios en las aulas de tres años y para reforzar la plantilla docente con 4.309 nuevos efectivos en la red pública, pero también con la comunidad educativa preparando un otoño de movilizaciones.

Después de que los menores de tres años empezaran las clases el pasado 3 de septiembre, este jueves lo harán un total de 690.624 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial, una cifra que baja por primera vez de los 700.000 estudiantes como consecuencia del descenso de la natalidad.

Dentro de cinco días, el próximo 15 de septiembre, se incorporarán 887.532 estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (FP), mientras que el día 21 regresarán a las aulas otros 86.738 alumnos de las enseñanzas de idiomas y artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático.

El curso empieza, además, con otra fecha marcada en el calendario: el 11 de noviembre, cuando está convocada una huelga general educativa en Andalucía. La cita es el resultado de la estrategia impulsada este verano por la Asamblea por la Educación Pública Andaluza, que aspira a formar en la comunidad un frente común inspirado en las movilizaciones docentes que están marcando la vuelta al cole en otros territorios como Catalunya, Madrid o la Comunitat Valenciana.

“Con avances” pero “con mucho por hacer”

El escenario de movilización coincide con el segundo año de aplicación del acuerdo marco alcanzado por la Junta con CSIF, ANPE y UGT, que ha incorporado algunas de las principales demandas de los docentes, como la reducción de la ratio máxima a 22 alumnos en las aulas de tres años y la ampliación de las plantillas para la atención a la diversidad.

El resumen que hace ANPE es el curso comienza “con avances importantes”, pero “queda mucho por conseguir”. Entre las reivindicaciones que siguen sobre la mesa se encuentra, precisamente, una bajada más ambiciosa de las ratios que alcance a todas las etapas preuniversitarias, así como “una reducción de la carga burocrática” que permita al profesorado dedicarse plenamente a la enseñanza.

Desde USTEA, la principal reivindicación pasa por que no se sigan cerrando aulas en la escuela pública, mientras se mantienen los conciertos educativos. El sindicato cifra en 2.758 las unidades de Infantil y Primaria suprimidas desde la llegada del Partido Popular al Gobierno andaluz en 2019. La novedad este curso es que la reducción de la ratio máxima a 22 alumnos por aula se ha traducido en la creación de 234 nuevas unidades de tres años.

La atención a la diversidad es otro de los principales frentes a mejorar. Las organizaciones educativas reclaman más profesionales y apoyos para atender al alumnado con necesidades educativas especiales y a los estudiantes en situación de vulnerabilidad. Al hilo, una de las responsables de la confederación de ampas de Andalucía CODAPA, Rocío Bejínez, considera “insostenible” la situación que afrontan estas familias y reclama un marco específico que garantice una atención a la diversidad “plena y real”.

Los sindicatos también ponen el foco en las condiciones laborales del profesorado. USTEA y ANPE reclaman que los docentes de Infantil y Primaria sean reconocidos como personal A1 y equiparados salarialmente con el resto del profesorado. Además, exigen de que el teletrabajo pueda ser también una opción para los maestros en aquellas tareas que no requieran presencia en el centro.

A estas demandas se suman otras relacionadas con las condiciones de las infraestructuras educativas, especialmente en lo que respecta a la climatización, coincidiendo con un inicio de curso marcado por las altas temperaturas. En ese sentido, USTEA y CODAPA reclaman la aplicación efectiva de la ley de bioclimatización aprobada en el Parlamento andaluz hace seis años. La confederación de ampas añade entre sus reivindicaciones un comedor escolar “universal, gratuito, público y de calidad”, así como “que se frenen de inmediato las políticas de privatización” con una mayor apuesta por la oferta pública de FP.

Hacia la huelga del 11 de noviembre

Noviembre se ha fijado así como el gran horizonte de la movilización en defensa de la educación pública. Pero la huelga del día 11 no será el primer paso: las organizaciones que integran la Asamblea por la Educación Pública Andaluza han acordado dedicar las primeras semanas del curso a preparar la protesta mediante asambleas, concentraciones y otras acciones surgidas de los propios centros, con el objetivo de llegar al 11 de noviembre con un movimiento consolidado.

Las movilizaciones, de hecho, ya han comenzado. Este miércoles se han concentrado en Andalucía trabajadores del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y del colectivo de Intérpretes de Lengua de Signos Española (ILSE) externalizados para reclamar que sus contratos cubran todo el curso escolar, con jornada a tiempo completo y vacaciones durante el verano. “Son personal imprescindible para una verdadera inclusión, es hora de que sean tratados como tal”, han reivindicado desde la federación de Enseñanza de CCOO Andalucía.

La mañana de este viernes 11 de septiembre también hay convocada una concentración en el Rectorado de la Universidad de Granada contra “la privatización y el desmantelamiento de la educación pública”, en el marco del acto oficial del inicio del curso universitario, al que asistirá el presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno.

La hoja de ruta incluye, además, una nueva reunión de la Asamblea Andaluza por la Educación Pública el 29 de septiembre para “establecer planes concretos”, como explican desde el colectivo docente. La estrategia busca reproducir en Andalucía la ola de movilizaciones que durante el último curso se ha extendido por comunidades como Catalunya, Madrid y la Comunitat Valenciana. El movimiento reclama, entre otras cuestiones, una mayor financiación de la educación pública, el freno a la privatización, más recursos para atender a la diversidad y mejores condiciones para el profesorado.

Frente a este escenario, la consejera de Educación, Carmen Castillo, ha asegurado que la Junta respeta el derecho a la huelga y ha defendido que mantiene abierta la vía del diálogo con las organizaciones sindicales. “Nos sentamos a dialogar constantemente, levamos 26 acuerdos”, ha señalado a preguntas de este periódico, antes de recordar las medidas que se han puesto en marcha este curso, como la reducción de ratios y la incorporación de 787 maestros de Primaria y especialistas en Audición y Lenguaje y en Pedagogía Terapéutica.

El curso comienza así con avances reconocidos incluso por parte de los sindicatos firmantes del acuerdo marco, pero también con reivindicaciones pendientes y una huelga ya convocada para noviembre. El 11 de noviembre será, en ese sentido, la primera gran prueba para medir hasta dónde llega el frente común que la comunidad educativa andaluza comenzó a construir este verano.

Andalucía afronta el nuevo curso escolar con los malos resultados del último informe PISA como telón de fondo. A dos días de que empiecen las clases en Infantil y Primaria, y a una semana de que lo hagan en Secundaria, se han conocido los datos de la principal prueba de desempeño educativo del mundo. El desplome ha sido generalizado en el conjunto de España, pero preocupa especialmente en comunidades como la andaluza, que se estanca a la cola del ranking que mide el rendimiento educativo de los jóvenes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias.

El alumnado andaluz vuelve a situarse entre los peores resultados del país en esas tres competencias evaluadas. La distancia respecto a la media española supera los diez puntos en todas ellas, alcanzando los 15 en matemáticas y ciencias, y los 19 puntos respecto a la media europea. En concreto, los estudiantes andaluces obtienen 442 puntos en Matemáticas (frente a los 457 de media nacional); 441 en comprensión lectora (frente a 451); y 462 en Ciencias (frente a 477).

En matemáticas, Andalucía ocupa la cuarta posición, solo por delante de la Comunitat Valenciana, Ceuta y Melilla, mientras que en ciencias ocupa también la parte baja de la clasificación, situándose quinta por la cola. En el caso de la lectura, sube dos posiciones, colocándose por delante de Baleares, Navarra, Comunitat Valenciana, País Vasco, Ceuta y Melilla.

El diagnóstico llega además en un momento especialmente significativo, en pleno arranque del nuevo curso en Andalucía. Un curso en el que se estrenan algunas de las medidas acordadas con los sindicatos el pasado verano, como la reducción de la ratio máxima a 22 alumnos por aula en Infantil de tres años. La medida forma parte de un proceso de reducción progresiva de las ratios, que irá “escalando curso a curso hasta implementarse en todos los niveles de Infantil y Primaria”, tal y como ha explicado este martes la consejera de Educación, Carmen Castillo, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

El curso 2026/2027 en datos

Junto a la novedad de la bajada de la ratio, la Junta ha puesto en valor el refuerzo de los recursos destinados a las aulas andaluzas con el que arranca el nuevo curso. Un total de 1.776.288 estudiantes se incorporarán a lo largo de septiembre a los 7.248 centros públicos, concertados y privados de Andalucía, atendidos por 131.525 docentes en total. Más del 94 % del alumnado está escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos, el 75,5% de ellos en la enseñanza pública y el 18,7% en la red concertada.

La cifra de alumnado ha sufrido un recorte de 30.322 estudiantes respecto al curso anterior entre Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, lo que supone el mayor descenso de toda la serie histórica debido a la caída de la natalidad, según ha indicado la Consejería. Pese a esta pérdida de estudiantado, la plantilla pública alcanza este curso los 109.128 docentes, un 7,7% más que en 2018/19.

Además, este curso escolar la red pública contará con 4.309 efectivos de refuerzo, de los que 2.096 se destinarán a atención a la diversidad y necesidades educativas especiales, 1.216 a la ampliación de la oferta de Formación Profesional, 705 al refuerzo académico y 292 a la digitalización, con una inversión de 238 millones de euros cofinanciada con fondos europeos. Asimismo, otros 787 maestros y especialistas de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica (PT) se incorporarán a los centros públicos, en aplicación del acuerdo alcanzado con los sindicatos.

La otra gran novedad es la creación de 234 nuevas aulas de tres años, como consecuencia de la reducción de la ratio máxima a 22 alumnos por aula. Esta medida frena la tendencia de los últimos años, en los que se han suprimido un total de 2.758 unidades de Infantil y Primaria desde la llegada del Partido Popular al Gobierno andaluz en 2019, según los datos recopilados por USTEA a partir de las publicaciones del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

“No es un problema de recursos”

Con este escenario de más docentes pese al descenso del alumnado y un refuerzo de los efectivos en las aulas, la consejera de Educación ha descartado que los malos resultados de PISA puedan atribuirse a la falta de medios a la que apuntan los sindicatos. “Por recursos no es”, ha asegurado Castillo, para defender que la educación andaluza cuenta actualmente con recursos en máximos históricos.

La consejera ha destacado en este sentido el aumento de la plantilla docente, la reducción de la ratio y el refuerzo de las horas de Lengua y Matemáticas. “Los recursos son una condición necesaria, pero no son suficientes”, ha señalado, apuntando a otros factores como los aspectos curriculares, metodológicos y de evaluación, así como a la regulación del uso de las pantallas y los dispositivos.

Asimismo, la responsable andaluza en Educación ha puesto el foco en las políticas educativas estatales, criticando que hayan perdido, a su juicio, la “cultura del esfuerzo”, lo que estaría contribuyendo a que los alumnos lleguen a etapas posteriores con “menor nivel educativo”. Por otro lado, la consejera ha querido contraponer los resultados del informe PISA con otros indicadores del sistema educativo que arrojan un panorama más positivo, como la tasa de abandono escolar, que se encuentra en Andalucía en mínimos históricos.

Una “llamada de atención” a ojos de los sindicatos

Frente al diagnóstico de la Junta, los sindicatos educativos consideran que los datos deben servir precisamente para revisar las condiciones en las que se desarrolla la enseñanza. Desde ANPE, su presidente estatal, Francisco Venzalá, ha advertido de que el informe recién publicado pone de manifiesto que “la alarma está sonando” y ha rechazado que los resultados puedan utilizarse para señalar al personal docente. “El profesorado trabaja con las condiciones que se encuentra, con el marco legislativo y los recursos que les conceden”, ha defendido.

En la misma línea, CSIF Andalucía considera que PISA debe ser una “llamada de atención” para “reforzar la educación pública” y “mejorar las condiciones de enseñanza”. La organización señala como principales carencias las ratios, la atención a la diversidad, los apoyos tempranos y la orientación, además de la carga burocrática. “Cuando los resultados no son buenos, la respuesta no puede ser buscar culpables en las aulas, hay que mirar qué recursos tienen los centros, cuántos alumnos atiende cada docente, qué apoyos recibe el alumnado que presenta dificultades y cuánto tiempo pierde el profesorado en tareas burocráticas que lo alejan de su función principal, que es enseñar”, ha señalado su presidenta de Educación, Elena García.

CCOO Andalucía también vincula los resultados a las condiciones del sistema y apunta a “ratios demasiado elevadas”, falta de profesionales para atender a la diversidad, sobrecarga del profesorado y exceso de burocracia. El sindicato reclama además un acuerdo por la educación pública y alerta del avance de la privatización, especialmente en los servicios educativos complementarios y la Formación Profesional. “PISA no viene a suspender al profesorado ni al alumnado”, sino que pone en evidencia “problemas estructurales” que “requieren respuestas políticas”, según Marina Vega, de CCOO Andalucía.

Por su parte, UGT Andalucía atribuye el retroceso a años de falta de inversión y de recursos humanos y materiales, así como al incremento de la diversidad sin los apoyos necesarios. El sindicato considera que PISA refleja que la educación andaluza ha quedado “en un segundo plano” para el Gobierno de Juan Manuel Moreno.

También la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE Andalucía) ha mostrado su “profunda preocupación” ante los resultados que “no son una foto aislada, sino la constatación de un problema estructural que arrastra el sistema educativo desde hace varias ediciones” y que exige “dejar de mirar hacia otro lado y actuar con seriedad, sin urgencias electorales ni parches de última hora”. La patronal de la enseñanza privada y concertada reclama estabilidad normativa y mayor exigencia académica, además de criticar los continuos cambios curriculares sin suficiente acompañamiento al profesorado.

El nuevo curso comienza, por tanto, con dos fotografías sobre la mesa: la de una administración que pone en valor el aumento de recursos y la reducción de ratios, y la de unos resultados académicos que mantienen a Andalucía en la parte baja del sistema educativo español.

Marcos Valsera nunca se rinde. A sus 14 años, este jiennense se ha convertido en el campeón de España de tenis de mesa más joven en la categoría para deportistas con síndrome de Down y ya tiene claro es su próximo objetivo: “Ser campeón del mundo”.

Lo dice con la confianza de quien ha crecido superando barreras. Con ocho años prácticamente no llegaba a la mesa. Hace tres se rompió la cadera y tuvo que pasar 40 días sin apoyar un pie en el suelo. Convive además con más de diez dioptrías en cada ojo, hipotiroidismo e hipotonía muscular. Pero Marcos insiste: “Mi frase es no me rindo”.

El problema es que su mayor rival no está en la pista. “Marcos compite en desventaja y no por tener un cromosoma de más”, sostiene su padre, Javier Valsera. Este verano tenía la oportunidad de hacer historia como el primer deportista español con síndrome de Down en disputar un Campeonato de Europa de tenis de mesa. Tras meses de gestiones por parte de su familia, consiguió la licencia internacional y fue convocado para representar a España. Sin embargo, al no contar con ayudas públicas que cubrieran los costes, la familia tuvo que renunciar.

“El talento no entiende de discapacidad, pero las oportunidades sí entienden de recursos”, resume su padre desde Jaén. Javier está convencido de que “el talento lo tenemos, solo necesitamos apoyo para que siga creciendo”. Esa es la otra cara de esta historia. La de una familia que no quiere ponerle límites a su hijo, pero que se encuentra con que seguir avanzando no depende únicamente de su esfuerzo.

Un reto que traspasa el deporte

Cuando Marcos empezó a jugar, sus padres no imaginaban hasta dónde podría llegar ni que la mayor dificultad que se iban a encontrar durante el camino sería el dinero. El tenis de mesa empezó casi como una extensión de su vida familiar. Sus padres estaban vinculados al club y Marcos comenzó a asomarse a los entrenamientos. Pronto descubrió allí algo más que una mesa, una pala y una pelota: le gustaba competir, entrenar y, sobre todo, “estar con la gente”.

Desde sus inicios, destacó por su alto nivel de coordinación. Pese a las limitaciones físicas con las que convive, demostraba una capacidad de movimiento y de reacción que podía marcar la diferencia frente a otros jugadores. Hace tres años empezó a tomarse en serio los entrenamientos, alentado por los ánimos de su entorno. La evolución fue rápida, aunque no estuvo exenta de obstáculos. A los pocos meses se rompió la cadera, pero la lesión no frenó su progresión.

Pronto empezó a competir y los resultados confirmaron lo que ya intuían quienes lo habían acompañado durante los entrenamientos. En 2024, con solo 12 años, terminó quinto de España. Un año después se subió al podio como tercero. Y este 2026 empezó el verano proclamándose campeón en un campeonato absoluto en el que se enfrenta a jugadores de todas las edades.

A lo largo de ese camino también apareció una de sus principales virtudes: “la resiliencia” que destaca su hermano mayor Samuel: “Tiene talento, pero lo mejor es esa capacidad de no rendirse y esa energía que le lleva a poder estar horas jugando al tenis de mesa”, asegura. A ello se le suma que tiene “mucho amor propio”, como añade su padre, quien recuerda que ha ganado algunos partidos después de llegar al quinto set, en un deporte en el que la concentración y la gestión de la frustración pueden ser tan determinantes como la técnica.

De hecho Marcos no solo ha trabajado el saque o el revés, sino que ha tenido que aprender a perder, a esperar, a gestionar sus emociones y a seguir intentándolo cuando las cosas no salen como le gustaría. Y ahí es donde el tenis de mesa empieza a trascender el terreno de juego. Para su familia, el deporte ha supuesto un impulso enorme para su autoestima, su capacidad de concentración y sus habilidades sociales. También le ha permitido viajar, relacionarse y enfrentarse a retos que, fuera de la pista, tienen la misma importancia que cualquier trofeo.

Eso es lo que muestran sus redes sociales, gestionadas por sus padres, donde junto a sus medallas y logros deportivos comparte pequeñas conquistas cotidianas como aprender a atarse los cordones. “Necesitamos que la sociedad los entienda y vea que las personas como él también pueden, sin visibilidad no se pueden cambiar las cosas ni conseguir avances”, defiende su padre en nombre de toda la familia, que es también un equipo.

Siguiente objetivo: ampliar el equipo

Para Marcos y su familia el Campeonato de España no era una meta, sino el punto de partida. El siguiente objetivo pasa por cruzar la frontera, pero también por abrir un camino que hasta ahora prácticamente no existe para los jugadores con síndrome de Down en el tenis de mesa español. “Nosotros como padres podríamos conformarnos ya, pero vemos los beneficios que tiene para él y queremos que siga creciendo en este deporte mientras la salud se lo permita, ¿por qué tenemos que ser nosotros quienes le pongamos límites?”, se pregunta Javier.

De ahí que se pusieran en marcha para gestionar los trámites con distintas federaciones y conseguir que Marcos representara por primera vez a España en el Campeonato de Europa, celebrado este verano en Polonia. Aunque lograron la licencia, el coste económico hizo imposible el viaje. “El problema es que no existe categoría paralímpica para síndrome de Down en tenis de Mesa y Marcos no recibe ayudas del Estado, mientras que otros países como Portugal, Francia, Inglaterra o Polonia sí ayudan a sus deportistas con síndrome de Down”, explica su padre.

El resultado es que este joven jiennense —pese a ser Campeón de España y a tener la pasión y el nivel necesarios para dar el salto internacional— “se queda fuera de esos campeonatos por falta de recursos”. Y eso “da mucha rabia”, como expresa el padre de la familia Valsera Cobos. “Las instituciones, la estructura del mundo, agotan porque no encuentras facilidades y al final todo se reduce al dinero”, reconoce Javier con la mirada empañada de impotencia.

“Es triste porque la andadura es ilusionante, pero a la vez frustrante y más allá de las dificultades que tiene Marcos, al final el mayor hándicap que encontramos es el dinero”, apostilla. Pero si algo han aprendido de Marcos es precisamente a no rendirse. Y esa actitud, reconoce su hermano, acaba contagiándose al resto. “Ante las dificultades, hay que luchar, y si lo haces en equipo es mejor”, reflexiona Samuel, que siempre acompaña a su hermano en los partidos.

Ese equipo en su familia ya existe. Ahora necesitan ampliarlo. Para ello buscan patrocinadores y han lanzado un crowdfunding con el que poder afrontar las próximas competiciones internacionales, con la mirada puesta en el Campeonato de Europa y el Mundial en Egipto de 2027. En el fondo, no se trata únicamente de financiar un viaje: quieren sostener un proyecto deportivo que lleva tres años creciendo y que aspira a seguir abriendo camino.

Ya como deportista de alto rendimiento reconocido por la Junta de Andalucía, Marcos sigue entrenando tres días a la semana para acercarse a su sueño de ser campeón del mundo. Mientras tanto, su familia seguirá haciendo lo que ha hecho desde que empezó esta aventura: acompañarlo, porque no están dispuestos a detenerse. “Vamos a pelearlo todo lo que podamos y no nos vamos a cansar porque en esta casa somos peleones”, garantiza Javier. Y, si quedaba alguna duda, Marcos tiene clara la respuesta: “Yo nunca me rindo”.

El primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) inaugura este jueves el nuevo curso en Andalucía con el avance de la gratuidad como una de las principales novedades, pero también con un conflicto laboral que las trabajadoras dan por lejos de estar resuelto. Muestra de ello es que las educadoras han regresado a las aulas luciendo de nuevo las camisetas amarillas con las que protagonizaron las movilizaciones del curso pasado, en las que reclamaron más recursos, mejores condiciones laborales y, sobre todo, un cambio en el modelo de financiación que sostiene una red mayoritariamente privada.

“Empezamos con ganas de seguir luchando porque realmente no hemos conseguido nada”, resume Nieves Terriza, portavoz de la Plataforma Andaluza de Escuelas Infantiles. Las trabajadoras explican que, tras las protestas y jornadas de huelga celebradas en el último trimestre, el Gobierno las ha escuchado y se ha reunido con ellas durante los últimos meses, pero consideran que esas conversaciones no se han traducido en mejoras suficientes. De ahí su apuesta por continuar “trabajando y luchando por la dignidad del 0-3”.

La movilización se retoma así coincidiendo con el inicio del curso 2026/27, que este jueves llevará a las aulas a 92.406 menores de tres años en Andalucía, según los datos de matriculación de la Consejería de Educación. Son 3.024 más que el curso anterior, con el crecimiento concentrado principalmente en el tramo de un año.

Expansión de la gratuidad a todo el ciclo

El aumento de alumnado se produce en paralelo a la ampliación de la gratuidad en el primer ciclo. Este curso la bonificación del 100% se ha extendido a los niños de un año, después de que el pasado ejercicio entrara en vigor en el tramo de dos años. La previsión de la Junta es que el tramo de cero años quede incluido en el curso 2027/28, completando así la gratuidad de todo el ciclo.

Hasta el momento, el Gobierno andaluz calcula que el 95% de los menores escolarizados en el primer ciclo dispone ya de gratuidad, dado que la administración autonómica asume el coste del servicio de atención socioeducativa (esto es, el horario escolar de 9:00 a 15:30) para unos 88.000 alumnos tanto en las escuelas infantiles públicas, como en los centros adheridos al programa de ayuda a las familias.

La gratuidad, no obstante, no alcanza a todos los servicios, pues las familias tienen que seguir abonando prestaciones como el comedor o el aula matinal.

Particularidades del modelo

Para las trabajadoras la expansión de la gratuidad no resuelve el problema de fondo. “El dinero público y la gestión de los centros están en manos de empresas privadas, pero las instituciones no supervisan que los decretos y los convenios se cumplan”, apunta al respecto Terriza, quien reclama que el apoyo institucional se dirija también a quienes trabajan en las aulas y no únicamente a las empresas que gestionan los centros. Ello explica que el colectivo de educadoras no demande la subida del precio por plaza (como sí lo hace la patronal del sector), sino “un cambio profundo en el modelo de financiación”.

Entretanto, la patronal del sector mantiene la demanda de subir el precio por plaza. La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI) ha vuelto a reclamar elevarlo de los actuales 240,53 euros hasta 437,12 euros en un periodo de tres años, al considerar que los costes laborales y los derivados del nuevo decreto hacen insostenible la actividad de los centros.

La Junta, por su parte, acordó el pasado mayo con las principales patronales y el sindicato FSIE una subida de alrededor del 4%, que situará el precio en 250,15 euros a partir de enero de 2027. El acuerdo contempla además una actualización automática anual a partir de septiembre de 2027, aunque su fórmula se concretará en próximas reuniones.

La red andaluza en esta etapa educativa está formada mayoritariamente por centros privados adheridos al programa de ayudas de la Junta. Este modelo de conciertos –impulsado en su día por el PSOE– buscaba compensar la escasa oferta pública, optando por subvencionar la matrícula a las familias y así favorecer la escolarización de 0 a 3 años, pagando a las escuelas una cantidad fija por plaza. Actualmente, dos tercios de la oferta corresponden a este tipo de centros.

Nuevo curso, mismas reivindicaciones

Las protestas del pasado curso pusieron el foco en reclamar más inversión, recursos para las aulas y mejores condiciones laborales. Uno de los principales problemas que denunciaron las trabajadoras fueron unas ratios que consideran incompatibles con la atención que requieren los niños de entre cero y tres años.

El conflicto se retoma ahora con un calendario de movilizaciones ya sobre la mesa. La plataforma prepara concentraciones para el 17 de septiembre y prevé participar en la huelga general convocada para el 11 de noviembre. Además, se suman a la acción simbólica impulsada por la plataforma estatal con el objetivo de visibilizar que, según denuncian, continúan siendo “víctimas de violencia institucional”.

La plataforma reclama también cambios que van más allá de las condiciones laborales. Entre ellos, que se tenga en cuenta la especificidad de esta etapa a la hora de organizar el calendario escolar. Los más pequeños comienzan el curso el 3 de septiembre, lo que los convierte en el colectivo que menos vacaciones tiene (Primaria y Secundaria arrancan la semana que viene).

“Eso es porque nos tratan como conciliación y no como etapa educativa”, sostiene Terriza. En cambio, las educadoras defienden que el primer ciclo de Infantil debe reconocerse como una etapa educativa con sus propias necesidades y no únicamente como un servicio destinado a facilitar la vuelta al trabajo de las familias.

La cuestión del calendario se suma este inicio de curso a otra dificultad más inmediata: las altas temperaturas. Las trabajadoras regresaron a los centros el pasado 1 de septiembre para preparar las aulas, algo que valoran como un pequeño avance frente a cursos anteriores, cuando tenían que reincorporarse el mismo día que los niños. Y, aun así, consideran que sigue siendo insuficiente.

“Hay muchas zonas de Andalucía que siguen sin tener aire en las clases y es insoportable volver con este calor”, denuncia Terriza desde la Escuela Infantil Alameda, en plena campiña sevillana, donde los termómetros superan los 40 grados. La plataforma asegura haber trasladado a la Junta la necesidad de planificar el calendario teniendo en cuenta también las temperaturas y reclama que se adopten medidas para proteger a los menores y a las trabajadoras.

Una etapa que gana peso

Mientras las reivindicaciones laborales vuelven a marcar el inicio de curso en las escuelas infantiles andaluzas, los datos oficiales dibujan una expansión del primer ciclo de Infantil. Para este curso se han ofertado 125.682 plazas en 2.226 centros, 29 más que el curso anterior.

Según los últimos datos de matriculación registrados, hay 6.481 niños escolarizados en el tramo de cero años, 37.552 en el de un año y 48.373 en el de dos. La matrícula permanece abierta durante todo el curso, por lo que la Consejería prevé que la cifra siga creciendo hasta superar los 106.000 escolares.

La tasa de escolarización en este ciclo se situaría así en el 60,14%, la más alta de la serie histórica según la previsión de la Junta, 16 puntos por encima de la registrada en 2018 y por encima de la media nacional, que se sitúa en el 49,2%.

En cuanto a la financiación, el Gobierno andaluz destinará este curso 40 millones de euros a financiar la gratuidad de la atención socioeducativa para los niños de un año. En el conjunto de la etapa, la Consejería prevé una inversión de 290 millones en ayudas a las familias, dentro de un presupuesto total de 420 millones para el primer ciclo, un 58% más que en 2018.

El reto para las trabajadoras, sin embargo, pasa por que ese crecimiento vaya acompañado de un cambio en las condiciones en las que se presta el servicio. La plataforma prepara ya nuevas movilizaciones y busca, además, una mayor coordinación sindical. Durante el verano ha contactado con los sindicatos para impulsar una intersindical andaluza que permita dar voz a las trabajadoras del 0-3 en las mesas de negociación.

Con más plazas gratuitas, una escolarización que la Junta prevé al alza y el objetivo de extender la gratuidad al conjunto de la etapa el próximo curso, el 0-3 encara así un nuevo curso de expansión, pero también de reivindicaciones. Las trabajadoras reclaman que el debate sobre esta etapa no se limite al número de niños escolarizados o al coste para las familias y que aborde también el modelo de financiación, las condiciones laborales y los recursos disponibles en las aulas.

Mohamed recibe diálisis tres veces por semana mientras espera la llamada que puede cambiarle la vida: un trasplante de riñón. Tiene una enfermedad rara que le provoca tumores en órganos vitales y ya ha perdido los dos riñones. Si siguiera viviendo en la calle, no tendría la oportunidad de acceder a ese tratamiento.

Llegó a España en patera hace años y durante mucho tiempo mantuvo una vida normalizada. Trabajaba, estaba empadronado y podía sostenerse económicamente. Todo cambió cuando enfermó. La imposibilidad de mantener ingresos estables terminó empujándolo a una situación de sinhogarismo.

Hoy espera ese trasplante desde una de las viviendas para la recuperación de la salud que HOGAR SÍ gestiona en Córdoba. Allí cuenta con una habitación, seguimiento sanitario y la estabilidad necesaria para continuar un proceso médico que fuera del recurso sería prácticamente inviable.

“Si Mohamed no estuviera en este programa, no podría ni siquiera optar a entrar en la lista de trasplante, porque las personas que están en situación de sinhogarismo directamente no acceden a ella”, resume Beatriz Arce, coordinadora del programa viviendas para la recuperación de la salud de HOGAR SÍ en Andalucía.

La historia de Mohamed no es una excepción para el equipo de salud de esta entidad social. La pregunta de la que parte este recurso es precisamente qué ocurre cuando una persona recibe el alta hospitalaria y no tiene un lugar donde recuperarse. “Cuando una persona susceptible de un trasplante, de quimioterapia o de un tratamiento prolongado sale del hospital sin vivienda, no se les ofrece ese tratamiento”, explica Arce.

La consecuencia, advierte, es que “hay personas que fallecen en situación de sinhogarismo por enfermedades totalmente prevenibles y tratables”. Por eso, programas como el de HOGAR SÍ intentan evitar que la falta de vivienda se convierta en una barrera sanitaria. “Eso es lo que falla en el sistema: la casa es necesaria para todo el mundo, pero no debería ser un condicionante para recibir o no un tratamiento”, sostiene la coordinadora.

Tras el alta, empieza la recuperación

Las viviendas para la recuperación empezaron a funcionar en 2018 con el objetivo de dar respuesta a una realidad que el equipo veía repetirse una y otra vez: personas sin hogar que salen del hospital sin un lugar donde continuar su tratamiento. “Hay personas que están ingresadas porque tienen una enfermedad y llega un momento en el que el médico da el alta no porque se hayan curado, sino porque ya no tienen criterio de ingreso hospitalario, pero ellas no tienen dónde seguir su proceso de convalecencia”, explica Arce.

Cuando no disponen de domicilio, muchas vuelven directamente a la calle. Y allí, sostiene la coordinadora, la enfermedad suele agravarse de nuevo: “Vuelven a enfermar y al final esto provoca una rueda de entrada y salida del sistema sanitario y de hiperfrecuentación de urgencias”. HOGAR SÍ ha medido el impacto que tiene un programa como este en el uso del sistema sanitario: según sus evaluaciones, la frecuencia de visitas a urgencias desciende de forma significativa cuando las personas acceden a una vivienda estable.

El programa en Córdoba ofrece 13 plazas. Atiende a personas sin hogar con enfermedades crónicas, personas convalecientes y también a quienes necesitan cuidados paliativos y acompañamiento al final de la vida. La estancia media ronda los nueve meses, aunque no existe un límite establecido: algunas personas permanecen solo unas semanas y otras necesitan mucho más tiempo para recuperarse.

Esa diversidad de casos hace que la demanda sea constante y muy superior a la capacidad disponible. En Andalucía mantienen una lista de espera “viva” de entre 40 y 50 personas en situación de especial vulnerabilidad. ¿Y qué ocurre cuando no hay plazas libres? “Mucha gente fallece mientras está en lista de espera”, responde Arce. En España solo existen otros dos recursos similares, en Murcia y en Madrid.

La vivienda como parte del tratamiento

La idea que atraviesa todo el programa es sencilla y, al mismo tiempo, incómoda para el sistema: hay tratamientos médicos que resultan prácticamente imposibles de seguir viviendo en la calle. Arce pone ejemplos concretos: personas en diálisis, pacientes oncológicos o candidatos a un trasplante, como Mohamed. “Tenemos pacientes oncológicos a los que se les dice: te pongo la quimio si tienes dónde recibirla, pero si te vas a ir a la calle no te la pongo”, reconoce.

La coordinadora sabe de la necesidad de los cuidados asociados a esos tratamientos, pero cuestiona que la ausencia de vivienda termine convirtiéndose en una barrera de acceso. “Hay que buscar una alternativa, no simplemente sacar a la persona del sistema”, reivindica. Y recuerda: “Cuando a una persona le ofrecen un trasplante, le están dando la posibilidad de tener una vida nueva, de recuperarse y de volver a trabajar y formar parte de la sociedad, pero si no tiene dónde vivir, esa oportunidad desaparece”.

El ejemplo de Mohamed, insiste, no es excepcional. La esperanza de vida de las personas en situación de sinhogarismo es alrededor de 30 años menor que la de quienes disponen de un domicilio. “Y estamos hablando de personas nacionales, migrantes, hombres, mujeres, jóvenes y mayores... personas que se quedan totalmente fuera del sistema porque no tienen esa vivienda donde recibir los tratamientos”, lamenta.

Para Arce, el error es interpretar el sinhogarismo como un fracaso individual. “Es un problema estructural: faltan recursos, faltan programas y faltan respuestas públicas”, sostiene. En España hay más de 37.000 personas en situación de calle, recuerda. Y muchas de ellas atraviesan enfermedades graves, procesos de salud mental o situaciones administrativas complejas.

Lo primero que mejora no es la enfermedad

En la vivienda de Córdoba las habitaciones son individuales o dobles y los residentes comparten los espacios comunes. El equipo incluye profesionales de enfermería, trabajo social y psicología. La recuperación, aseguran, no depende solo de la medicación: el primer cambio suele reflejarse en la salud emocional del paciente. “Casi el 60% de las personas que llegan presentan síntomas depresivos y, tras entrar en el programa, ese porcentaje baja muchísimo: mejoran anímica, física y emocionalmente”, asegura la coordinadora.

Arce resume el primer beneficio del programa en “sentirse acompañados”. La convivencia con otros residentes, explica, permite “restablecer vínculos, darse la oportunidad de iniciar una vida nueva y recuperar derechos que habían perdido”. Algunas personas vuelven a contactar con sus familiares, otras acceden por primera vez a prestaciones sociales que nunca habían tramitado y otras terminan reincorporándose al mercado laboral.

“Hemos tenido personas que han salido, han empezado a trabajar e incluso han montado un negocio y contratado a otras personas”, cuenta Arce. Para la coordinadora, cada uno de esos casos demuestran que “no hablamos de personas incapaces de rehacer su vida, sino de personas que han perdido mucho, pero que tienen mucho que aportar”, asevera, convencida de la capacidad del ser humano para seguir adelante.

Arce insiste en que mantener un tratamiento médico en situación de calle es mucho más difícil de lo que suele imaginarse. La falta de una rutina de sueño, la inseguridad constante y la imposibilidad de cubrir necesidades básicas hacen que muchas personas no puedan seguir correctamente la medicación ni acudir con regularidad a las revisiones. Además, muchos usuarios del programa llegan sin tarjeta sanitaria, sin médico de cabecera asignado y sin saber siquiera qué centro de salud les corresponde. El equipo regulariza esa situación en pocos días y facilita el acceso a especialistas y tratamientos.

A partir de ahí, “la medicación siempre acaba bajando; la persona aprende a conocer su enfermedad, a manejar su tratamiento y puede llevar una vida totalmente autónoma”, asegura la coordinadora del programa en Andalucía, aludiendo a personas que han sufrido brotes continuos de salud mental mientras vivían en la calle y que lograron estabilizarse una vez entraron en la vivienda.

Ese es precisamente el objetivo de HOGAR SÍ: facilitar una recuperación que permita a la persona continuar su vida fuera del sistema de atención al sinhogarismo. “No queremos que sean dependientes de estos recursos, sino darles las herramientas para rehacer sus vidas”, esgrime Arce. Los resultados apuntan hacia ese camino. Según los datos de su memoria de 2025, una parte importante de las personas que pasan por el programa abandona posteriormente el sistema de atención al sinhogarismo y continúa su vida de forma autónoma.

Casos de extrema vulnerabilidad

El programa también acompaña a personas en cuidados paliativos. Son, según Arce, algunos de los casos más duros: “Hay personas que se mueren en la calle o en una unidad hospitalaria sin ningún apoyo ni acompañamiento”.

En esas situaciones, el trabajo se centra en dignificar el final de la vida y cumplir las últimas voluntades: el deseo de contactar con familiares, ver el mar por última vez, pasear, disfrutar de una comida determinada o simplemente no morir solos. “Aquellos que pueden elegir dónde fallecer, casi siempre eligen hacerlo aquí, porque sienten que esta es su casa”, afirma la coordinadora del programa.

La convivencia prolongada genera vínculos muy intensos entre los residentes. “Aquí se crea un clima de familia”, cuenta Arce. Eso hace que cuando un compañero fallece, “el resto lo vive como la pérdida de un familiar”.

En el caso de las personas migrantes, las dificultades se multiplican: problemas para acceder a vivienda, empleo, prestaciones o determinados recursos sociales. La realidad es que “la enfermedad no conoce de situación administrativa”, como sostiene Arce, quien considera “una pena dejar a gente fuera del sistema porque no esté regularizada en nuestro país”.

Más que una cuestión de derechos

Mohamed es uno de esos ejemplos. “Cuando entré aquí cambiaron muchas cosas: tengo casa, tratamiento, medicamentos y, lo más importante, la opción del trasplante que estoy esperando para volver a mi vida de antes”, dice desde la vivienda para la recuperación de la salud en Córdoba.

Dentro del programa ha conseguido regularizar su situación y obtener permiso de residencia y trabajo. También tiene reconocida una discapacidad del 85% y una esperanza que hace unos meses parecía imposible: el esperado trasplante.

“La única barrera que tiene ahora mismo es que la enfermedad sea compatible con poderle trasplantar un riñón para que vuelva a tener una vida normalizada”, explica Arce. Mientras espera esa llamada, Mohamed sigue recibiendo tres veces por semana diálisis. Puede hacerlo porque ahora tiene una habitación, una cama, una llave y una dirección. Para el equipo que lo acompaña, la diferencia entre esa vivienda y la calle no es solo una cuestión de derechos. Es, en muchas ocasiones, una cuestión de vida o muerte.

Las universidades públicas andaluzas han confirmado que el sistema en su conjunto cerró el ejercicio 2025 con un déficit ajustado de 44 millones de euros, certificando así la entrada en un escenario de déficit estructural que los rectores venían advirtiendo desde hace dos años. “No estaríamos en déficit si se hubiera cumplido con el modelo de financiación”, defiende el portavoz de las universidades públicas, Francisco Oliva, que lleva desde 2024 denunciando el “incumplimiento reiterado” de los acuerdos alcanzados por parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno.

Tras hacer público el balance definitivo de las cuentas de 2025, los rectores han vuelto a reclamar una solución “urgente” para evitar que el desequilibrio se agrave en 2026. Las esperanzas están puestas ahora en el dictamen que salga de la comisión técnica constituida junto con la Consejería del ramo para determinar la “infrafinanciación” real del sistema y fijar las cantidades que corresponden a las universidades conforme al modelo de financiación antes de la elaboración de los presupuestos de 2027.

“Ya no hablamos de una negociación política sobre cuánto dinero se da o no a las universidades, lo que se está analizando es cuál es la estructura real de gasto y cuál es la diferencia entre lo que pagamos y lo que se nos financia para cumplir el modelo”, explica Oliva. Por el momento, este camino entierra la vía judicial que los rectores barajaron emprender hace dos años, cuando amenazaron con acudir a los tribunales por el incumplimiento del modelo de financiación aprobado por la Junta de Andalucía en 2023.

Ahora las universidades públicas andaluzas confían en el “compromiso” que les ha trasladado el nuevo consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, tras la primera reunión mantenida recientemente con el portavoz de los rectores. “Reconoce el problema y también está esperando los resultados de la comisión técnica”, traslada Francisco Oliva. El objetivo es que ese trabajo concluya entre finales de septiembre y principios de octubre. La fecha es importante porque permitirá que las universidades elaboren los presupuestos de 2027 sin reproducir el desequilibrio de los últimos ejercicios.

“Borrón y cuenta nueva”

Los rectores se muestran así confiados en que la Junta acate las resoluciones de la comisión: “Tienen que aceptarse sí o sí, es inimaginable plantear el escenario de que la Junta reconozca la deuda y no haga nada”, apostilla el también rector de la Universidad Pablo de Olavide.

“Si sale bien la comisión, querrá decir que se nos va a pagar a las universidades lo que se nos debe según el modelo de financiación, que dice que se nos tienen que pagar unas cantidades y no se nos está pagando”, recuerda Oliva, quien resume la situación con estas palabras: “Nueve universidades públicas están en déficit, esto quiere decir que es culpa de la infrafinanciación que llevamos dos años anunciando, pero no se nos escuchó”.

El déficit, subrayan los rectores, refleja que los ingresos que reciben las universidades se sitúan ya por debajo de sus gastos estructurales, especialmente en el capítulo 1 destinado a las nóminas del personal y el 2, relativo a las contratas (luz, limpieza o seguridad de los campus). Una situación que, advierten, dificulta no solo el desarrollo de proyectos estratégicos, sino que amenaza incluso la capacidad de atender con normalidad las obligaciones más básicas si se mantiene en el tiempo. “No estaríamos en déficit si se hubiera cumplido el modelo de financiación”, sostiene el portavoz de AUPA.

El cierre en negativo de las cuentas de 2025 constituye el culmen de dos años de tensiones entre los rectores y el Gobierno andaluz. El punto álgido del conflicto se produjo en 2024, cuando las universidades públicas llegaron a amenazar con acudir a los tribunales al considerar que la Junta mantenía una deuda cercana a los 50 millones de euros derivada del incumplimiento del modelo de financiación.

Pese a la “gravedad” de la situación, los rectores creen que la constitución de la comisión técnica abre una oportunidad para reconducir el conflicto con la Junta. “Queremos hacer borrón y cuenta nueva, resolver correctamente los pagos de 2025, 2026 y 2027”, expresa el representante de los rectores andaluces.

Hasta entonces, las universidades mantienen la alerta: el déficit previsto para 2026 será aún mayor si no se corrige la infrafinanciación. “Es imprescindible que la Junta intervenga inmediatamente”, concluyen desde AUPA, confiados en que el dictamen de la comisión técnica sirva para zanjar definitivamente las discrepancias sobre la financiación del sistema universitario andaluz.

Gustavo Fuentes, vestido con una guayabera celeste y “aparentemente tranquilo”, declaró este martes ante un juez de violencia de género que nunca agredió ni acosó sexualmente a una de sus empleadas –delitos por los que está imputado–, aunque admitió que tuvo un “tonteo mutuo, no consumado, pero siempre ”consentido“.

El exCEO de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) –empresa asociada a RTVA, copropiedad del Gobierno andaluz y principal proveedor de contenidos de Canal Sur– compareció durante casi una hora, respondiendo a las preguntas del juez titular, Francisco José de Córdoba, de la fiscal y de su propio abogado. Se negó a contestar las preguntas del letrado de la reportera que lo ha denunciado por tres agresiones sexuales –en 2013, 2022 y 2023–, por acoso sexual continuado y acoso laboral (mobbing) y quedó en libertad sin medidas cautelares.

Media hora antes, dos testigos habían ratificado ante el juez la “obsesión” que Fuentes sentía hacia la trabajadora que lo ha denunciado, y la “presión sexual” a la que la sometía. “Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, advirtieron en sede judicial, según fuentes presentes en el interrogatorio celebrado este martes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla.

La testigo “fundamental” para la acusación había sido número dos del exCEO en la productora, con una relación directa con él, y declaró a preguntas del juez que el acusado llegó a pedirle “que la despidiera porque se la estaba follando otro compañero”.

Tanto la exdirectiva como la otra testigo –una amiga a la que confesó las agresiones sexuales el mismo día en que se produjeron– coincidieron también en relacionar el “deterioro” físico y psicológico que sufre actualmente la periodista con el estado de “miedo” y “ansiedad” que experimentó durante los años que trabajó bajo las órdenes del directivo imputado.

“Contradicciones” en línea de defensa del acusado

La estrategia de defensa de Gustavo Fuentes, según personas presentes en el interrogatorio, pasa por intentar demostrar que siempre hubo “consentimiento” de la denunciante, y para ello buscó desmontar una de las pruebas más sólidas de la acusación: las 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono del ex director general de la productora a la víctima entre 2018 y la actualidad.

Esos mensajes ya han sido “cotejados” por la secretaria judicial por orden del juez, y validados como material probatorio en la causa, como recordó ayer el propio magistrado durante el interrogatorio. Sin embargo, el abogado de Fuentes trató de exponer que en esas conversaciones entre su cliente y la reportera hay periodos en blanco, en los que aparecen transcritos los mensajes de él, pero se han borrado las respuestas de ella, en teoría, “porque se habrían activado los mensajes temporales de WhatsApp”.

Se trata de una función de privacidad que hace que los mensajes de un chat desaparezcan automáticamente después de un tiempo determinado: 24 horas, 7 días o 90 días, y solo afectan a los mensajes nuevos, no a los enviados antes de activarlos. La representación legal de Gustavo Fuentes intenta probar ante el juez que la denunciante borró las respuestas para ocultar que, en realidad, ella consentía ese tipo de mensajes “de índole sexual” y la relación que mantenía con su superior jerárquico. Con todo, el magistrado le reiteró que los mensajes aportados como prueba por parte de la acusación ya han sido validados judicialmente.

Las mismas fuentes apuntan a que el acusado incurrió en “contradicciones” a lo largo de su declaración. Primero habría señalado que su relación con la denunciante era “estrictamente laboral”, llegando a esgrimir que por su condición de presentadora apenas frecuentaba la sede de la productora. Pero, al final de su declaración habló ya de “un tonteo mutuo, pero no consumado”.

Las testigos salieron de los juzgados a pie, acompañadas por responsables del SAVA (Servicio de Atención a las Víctimas) que atienden en los casos de violencia de género. El acusado abandonó los juzgados en coche, saliendo del parking del edificio, tras una autorización de la Guardia Civil por “por razones de seguridad”, explican fuentes del TSJA, porque había una concentración convocada a las puertas del edificio por parte del Sindicato de Periodistas para mostrar su “apoyo absoluto” a la víctima.

Una “espinita clavada” con la víctima

En todo momento, el juez Francisco José de Córdoba trató de ceñir el interrogatorio a los hechos concretos que se investigan en la causa, formulando preguntas en torno a fechas y lugares muy específicos. Dado el momento procesal incipiente de la causa, el magistrado perimetró mucho tanto las preguntas de la acusación y la defensa como las respuestas, evitando elucubraciones, juicios de valor, incluso contextualización de los hechos por los que se interrogaba.

Por ejemplo, a la exdirectiva de ADM le preguntó si había escuchado a su jefe decir en una ocasión concreta, en un restaurante específico, que “tenía una espinita clavada” por no haber podido mantener una relación íntima con la víctima. La testigo declaró que si bien no recordaba exactamente si lo había dicho ese día ni en ese sitio, confirmó que la frase se la había escuchado “muchas veces, recurrentemente, y delante de un montón de gente”.

La testigo clave ratificó así el relato de la reportera denunciante. La propia denuncia recoge que, tras sentirse rechazado continuamente en sus insinuaciones a la reportera, este llegó a “jactarse ante otros directivos y compañeros” de que era “la única mujer” que se le “ha resistido” y “la única tía” que le ha “hecho la cobra”, durante una fiesta de cierre de la primera temporada del programa A toda costa, de Canal Sur.

Las dos testigos también confirmaron ante el juez que tenían conocimiento de los episodios de violencia sexual denunciados porque la propia denunciante se los relató poco después de que sucedieran. Preguntada por esta cuestión, la amiga íntima de la denunciante consultó al magistrado si quería que entrara en detalles “desagradables”, tal y como se lo había contado en su momento la víctima y, con el visto bueno del juez, describió de manera explícita el “manoseo y baboseo” que le había trasladado su amiga con respecto al comportamiento de su jefe.

“Le babeaba encima, le chupaba con la lengua”, detalló la testigo durante su declaración, en alusión a dos de los episodios recogidos en la denuncia. Uno sufrido en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y el último en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

Aunque la exdirectiva de ADM no estuvo presente durante la grabación de esos programas, donde habrían ocurrido las agresiones, sí explicó al juez que la reportera le había contado que se había sentido “muy incómoda” ante la presencia del director general cuando se personaba en los rodajes. “Me preguntaba de forma recurrente dónde estaba físicamente” la denunciante, explicó.

En un momento del interrogatorio, el magistrado le preguntó por su poder de influencia y decisión sobre el personal de la empresa, dada su condición de número dos de la productora, pero ella aseguró que sólo era sobre el papel, “la realidad es que él lo controlaba todo y decidía quién entraba y quién se marchaba de la empresa”, advirtió.

El consentimiento

La cuestión del consentimiento de la reportera que trata de demostrar la defensa de Gustavo Fuentes ya aparecía anticipada en la denuncia presentada por ella el pasado enero. En esta explica de forma reiterada por qué no denunció antes a su jefe y por qué mantuvo una comunicación aparentemente cordial con él pese a las agresiones y el acoso que describe. Si respondía a los mensajes de WhatsApp con una “cortesía forzada” hacia su superior jerárquico, sostiene el escrito, no era por “consentimiento”, sino para “no provocar una reacción adversa por parte de una persona que percibe como poderosa, insistente y potencialmente peligrosa para su estabilidad laboral y vital”.

“La ausencia de un 'no' literal no puede interpretarse como consentimiento, sino como el resultado directo del temor fundado a las consecuencias de una negativa explícita”, concluye el texto. Entre la última agresión y la presentación de la denuncia en un Juzgado de la Mujer pasó un año y medio. El Ministerio de Igualdad tiene publicados informes que confirman un tiempo de respuesta común en las víctimas de violencia de género: suelen tardar en verbalizar o denunciar su situación entre ocho años y ocho meses de media, según datos de un estudio promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

La defensa del exdirector general de ADM ha tratado de desacreditar esa tesis. Además de sostener ante el juez que la relación fue consentida, la representación legal del acusado solicitó una copia de los informes clínicos de la denunciante, ya obrantes en el procedimiento, que acreditan un “trastorno distímico con depresión mayor y ansiedad”, así como una “pérdida de diez kilos” de peso. Su estrategia pasa por vincular ese deterioro físico y psicológico con el fallecimiento repentino de la madre de la víctima, al coincidir temporalmente con parte de los hechos denunciados.

Esa fue una de las cuestiones sobre las que el juez interrogó a las dos testigos. Quiso saber si conocían que la reportera recibía atención psiquiátrica y si el origen de esa terapia guardaba relación con la muerte de su madre. Ambas respondieron que el tratamiento estaba motivado por la situación de acoso sexual que, según les había trasladado la propia denunciante, sufría en su entorno laboral. “Como yo la he visto sufriendo con este hombre no la había visto nunca”, declaró su amiga.

En el mismo sentido se pronunció la que fuera número dos de Gustavo Fuentes. “Cuando la conocí era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, afirmó al describir el progresivo deterioro de la reportera bajo la “presión sexual” que, según dijo, ejercía el entonces CEO y el “miedo absoluto” que ella llegó a sentir hacia quien era su superior jerárquico en la empresa donde trabajaba.

Sobre esta respuesta, el abogado del acusado protestó y el juez consintió en que “no procede”. Tras la declaración de las testigos y el acusado, el magistrado (y el Ministerio Fiscal) decidirán en los próximos días el siguiente paso del procedimiento judicial por delitos sexuales contra Gustavo Fuentes, castigados con penas de hasta siete años de cárcel.

“Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita” bajo la “presión sexual” de él y el “miedo absoluto que le tenía”. Dos testigos han ratificado este martes ante el juez la “obsesión” que el exdirector general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), Gustavo Fuentes, sentía hacia la reportera que lo ha denunciado por agresiones sexuales, acoso sexual continuado y acoso laboral.

Se trata de una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del entonces CEO de la productora, y de una amiga a la que reveló las agresiones sexuales el mismo día en que se produjeron. Según fuentes presentes en el interrogatorio, las dos han confirmado ante el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla tener conocimiento de los episodios de violencia sexual denunciados porque la propia denunciante se los relató poco después de que sucedieran. Ambas han coincidido también en relacionar el “deterioro” físico y psicológico que sufre actualmente la reportera con el estado de “miedo” y “ansiedad” que atravesó durante su etapa en ADM.

Tras las dos testigos propuestas por la víctima, ha declarado el propio Fuentes, quien llegó a los juzgados de violencia contra la mujer cuatro horas antes de la hora a la que estaba citado a declarar (12.15) en calidad de imputado por agresión sexual y acoso sexual. El abogado de la denunciante había solicitado al juez que citase a las testigos y al acusado en días distintos, para evitar que se cruzasen en el juzgado, pero el magistrado rechazó la petición. Como Gustavo Fuentes se adelantó tanto a la hora de su citación, ya se encontraba en la sala de espera, contigua al juzgado número 5, cuando las testigos llegaron por separado para declarar antes que él.

Después de responder a las preguntas del juez, de la Fiscalía y de su abogado, Fuentes abandonó el edificio poco antes de las 14:00. Lo hizo en coche directamente desde el garaje, evitando así enfrentarse a los medios que aguardaban en la puerta principal y a los miembros de la Asociación de la Prensa de Sevilla, del sindicato SPA y del comité intercentros de Canal Sur, que se concentraron frente al juzgado para mostrar su “apoyo absoluto” a la víctima y animar a denunciar situaciones de acoso sexual y laboral como la que hoy pesa sobre el exdirector general de ADM.

Interrogatorio acotado a los hechos investigados

La expectación mediática que ha generado esta citación judicial se debe a que el productor acusado de delitos sexuales no era un ejecutivo al uso, y tampoco la compañía que dirigía. ADM es una empresa semipública, participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía (al 48%), asociada a la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA) y principal proveedora de contenidos de Canal Sur, cuyo buque insignia es uno de sus programas en antena desde hace 26 años (Andalucía Directo).

Según fuentes presentes en la sala, durante las declaraciones de las testigos se ha escuchado reiteradamente la palabra “improcedente” por parte del juez Francisco José de Córdoba, que, siendo garantista, trató de acotar el interrogatorio para ceñirse a los hechos concretos que se investigan. El magistrado interrumpió así en varias ocasiones, tanto las preguntas de la acusación como las repuestas de las testigos, cuando entendía que se alejaban del objeto de la causa para adentrarse en el contexto laboral o en la “posición de poder” del acusado.

Cabe recordar que el magistrado dejó fuera del procedimiento el delito de acoso laboral que también denunciaba la reportera, al considerar que excedía de las competencias de un tribunal de Violencia de Género.

Tres agresiones denunciadas

La denuncia de la reportera de ADM, avalada por las declaraciones juradas de siete testimonios directos, y acompañada por 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad, describe tres agresiones sexuales, aportando el lugar, la hora y testigos que escucharon lo sucedido el mismo día que ocurrió o poco después.

Estas habrían ocurrido en tres fechas distintas: en 2013, en un bar del centro de Sevilla y en el interior de un taxi; en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

El juez ha sido muy específico en sus interrogantes y ha preguntado a las testigos por fechas exactas. Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso, la defensa también ha llevado un documento extenso con páginas de WhatsApp impresas.

“Basta de acoso en los medios”

Mientras Gustavo Fuentes declaraba ante el juez, decenas de profesionales del sector audiovisual se concentraron a las puertas de los juzgados, al grito de “No al acoso, sexual o laboral” y “Basta de acoso en los medios”. Con estos lemas trasladaron su respaldo y “solidaridad” a la reportera que denunció al exCEO de ADM, poniendo fin a años de silencio y “sometimiento”.

En el manifiesto leído durante la concentración, el Comité Intercentros de la RTVA y Canal Sur Televisión ha advertido de que “no podemos permanecer impasibles ante situaciones de abuso y agresión como las descritas por la compañera denunciante, menos aún cuando quien las sufre trabaja en una empresa con participación pública cuyo principal cliente es Canal Sur”, como apunta el máximo órgano de representación de los trabajadores de la radiotelevisión pública andaluza.

Los convocantes han vinculado ese silencio al temor a las represalias en un sector tan atomizado como el audiovisual andaluz, “muy dependiente de los contratos con Canal Sur”. Ese “miedo a no volver a trabajar en una empresa audiovisual en Andalucía” hace que muchas personas permanezcan “calladas” ante situaciones de acoso sexual o laboral, han señalado durante la lectura del manifiesto.

Precisamente por ello, la concentración —respaldada también por las secciones sindicales de Canal Sur Radio y Televisión y por la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS)— ha querido lanzar un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares para que no se sientan solas y se animen a denunciar. “No podemos permitir que el miedo, el silencio, el ninguneo o el abuso de poder se conviertan en la norma en nuestros centros de trabajo”, sostiene el Sindicato de Periodistas de Andalucía, que ha reclamado “erradicar de nuestro sector la precariedad y el machismo estructural”, como “caldo de cultivo que alimenta los abusos”.

La protesta ha contado con el respaldo de formaciones políticas con representación parlamentaria como Adelante Andalucía y Por Andalucía. Desde Adelante avanzan que van a pedir la comparecencia en el Parlamento andaluz del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de estrecha confianza de Fuentes, así como que se aborde la cuestión de la denuncia directamente en la comisión de RTVA. La portavoz de Igualdad de Adelante, Leticia Blanco, considera “horrible” que no exista plan de igualdad en cualquier subcontrata, “pero que no lo haya en una empresa con participación pública es inaceptable”, añade en declaraciones a elDiario.es

La comunidad educativa andaluza ya tiene fecha para medir su capacidad de movilización el próximo otoño. La Asamblea por la Educación Pública Andaluza ha acordado convocar una huelga general educativa el 11 de noviembre y arrancar el curso con un calendario de movilizaciones para preparar esa jornada de protesta. Así se aspira a reproducir en Andalucía la ola de contestación que este último curso ha recorrido el país, impactando en Catalunya, la Comunitat Valenciana o Madrid.

Esta convocatoria llega apenas unas semanas después de que comenzara a gestarse un frente común por la educación pública andaluza, impulsado por una treintena de organizaciones educativas bajo el paraguas de Noviembre Verde. Su propósito, superar la tradicional fragmentación de las protestas educativas en Andalucía, unificando las reivindicaciones de todos los niveles educativos, desde la convicción de que el momento de reaccionar es “ahora o nunca”.

Aquella iniciativa, nacida al calor de las movilizaciones que han sacudido otras comunidades autónomas durante el último curso, celebró este sábado su primera asamblea presencial en Antequera y concluyó con un “compromiso conjunto”: trabajar para celebrar una huelga general educativa unitaria en toda Andalucía. “El movimiento entiende esta como la manera para ejercer la máxima presión e imponer sus reivindicaciones a largo plazo”, sostienen las organizaciones participantes.

La hoja de ruta empieza en septiembre

Alrededor de un centenar de representantes de sindicatos como Ustea, CCOO o CELE, asociaciones de familias como la Plataforma Familias NEAE Andalucía, organizaciones estudiantiles, plataformas ciudadanas y colectivos universitarios como UMAxlapublica respaldaron el acuerdo suscrito en Antequera, que fija noviembre como horizonte de una movilización autonómica en defensa de la educación pública.

La huelga, sin embargo, no será el primer paso. Las organizaciones acordaron dedicar el inicio del curso —“desde el primer día”— a construir las bases mediante asambleas, encierros, concentraciones y otras acciones de coordinación surgidas de los propios centros educativos, con el objetivo de llegar al 11 de noviembre con un movimiento consolidado.

La hoja de ruta incluye, además, una nueva reunión el 26 de septiembre para “profundizar en los debates, hacer balance del inicio de curso y continuar construyendo el camino hacia la huelga y el movimiento en su conjunto”.

La estrategia reproduce en buena medida el modelo seguido en la Comunitat Valenciana, Catalunya y Madrid, donde las movilizaciones se fueron articulando durante semanas antes de desembocar en huelgas y manifestaciones multitudinarias, que lograron movilizar a 35.000 personas en ciudades como Barcelona y Valencia.

Una agenda común para todas las etapas

Pese a la diversidad de colectivos que integran el movimiento, la asamblea evidenció un amplio consenso en torno al diagnóstico de la situación. Las entidades participantes consideran que ha llegado el momento de “hacer frente a la infrafinanciación y la progresiva mercantilización y privatización del sistema educativo público andaluz”, que califican de “límite” en todas sus etapas.

“Es ahora o nunca cuando debemos tomar las riendas de nuestra educación y enfrentarnos a aquellos que la utilizan como una oportunidad de negocio, precarizando a los y las docentes, privatizando y desmantelando la enseñanza infantil, primaria y secundaria, y expulsando al estudiantado de la Formación Profesional y la universidad”, apuntan en la resolución aprobada tras la reunión.

Sobre esa base, las organizaciones han comenzado a elaborar una plataforma reivindicativa común que atraviesa todas las etapas educativas, desde la escuela infantil hasta la universidad. Entre las principales demandas figuran el aumento de la financiación pública, la bajada de la ratio en las aulas, la creación de plazas públicas —especialmente en Infantil de 0 a 3 años, Formación Profesional y másteres habilitantes—, la mejora de las infraestructuras y la climatización de los centros, el incremento de las becas y de los recursos para atender al alumnado con necesidades específicas, mejoras laborales para el profesorado y el rechazo a fórmulas de privatización y colaboración público-privada.

Andalucía se suma al “otoño caliente”

La decisión adoptada en Antequera supone un paso más en el intento de frenar un “deterioro” del sistema educativo que, a su juicio, se ha ido acelerando en los últimos años. “La situación de la educación pública en Andalucía roza ya lo insostenible y había que hacer algo”, resume Salvador Pineda, portavoz de UMAxlaPública.

El movimiento percibe que la comunidad andaluza comparte los mismos problemas estructurales que han alimentado las protestas en otros territorios, aunque considera que Andalucía presenta además algunos factores que agravan ese escenario, como la pérdida continuada de unidades educativas o la entrada en déficit estructural de las universidades públicas andaluzas. Un diagnóstico que, a su juicio, evidencia el alcance del “desmantelamiento” que denuncian.

Con el horizonte del 11 de noviembre, el reto pasa ahora por comprobar si ese malestar que durante años ha permanecido disperso entre sindicatos, familias, estudiantes y plataformas ciudadanas logra consolidarse en una movilización sostenida capaz de situar a Andalucía en el mapa del “otoño caliente” que la comunidad educativa prepara en distintos puntos del país.

El periodista Fonsi Loaiza ha denunciado este viernes haber sufrido “una brutal agresión” en la vía pública en Cádiz al grito de “rojo, subcampeón”. Esas dos palabras son las últimas que recuerda antes de quedar “inconsciente”, como ha explicado él mismo en sus redes sociales.

Este periódico ha contactado con Fonsi Loaiza para recabar más detalles sobre lo ocurrido. El periodista indicó que, a causa de las lesiones en la mandíbula, solo podía responder por escrito. No obstante, al cierre de esta información aún no ha contestado a las preguntas remitidas por elDiario.es.

Según ha explicado Loaiza a otros medios, no recuerda nada de la agresión debido a la conmoción sufrida. Mientras la Policía Nacional investiga lo ocurrido y trata de identificar a los agresores revisando las imágenes de las cámaras de seguridad que pudieran haber captado el ataque, el periodista relaciona lo ocurrido con “la violencia ultraderechista” y sostiene que fue víctima de quienes utilizan “el terror y el odio fascista”.

Loaiza, autor del libro Oligarcas. Los dueños de España (Akal, 2024) y conocido por su intensa actividad en la red social X (antiguo Twitter), ya había recibido amenazas contra su integridad física, especialmente a través de internet, por parte de perfiles vinculados a la extrema derecha.

Desde el hospital, Loaiza ha publicado un mensaje de agradecimiento al personal sanitario que lo atendió en los hospitales públicos de San Carlos y Puerta del Mar, en Cádiz, reivindicando así “lo público” frente a “la violencia ultraderechista”. “A los que usan el terror y el odio fascista: no me vais a callar”, escribió en sus redes sociales, donde también aseguró que no dará “ni un paso atrás”.

El malestar que se respira entre el profesorado, las familias y el alumnado andaluz ha ido creciendo en los últimos años, pero sin llegar a traducirse en un movimiento social capaz de llenar las calles. Pese a que la comunidad educativa en su conjunto denuncia un progresivo “desmantelamiento” de la educación pública —cierres de unidades, falta de recursos y aumento de las ratios—, las protestas han permanecido fragmentadas entre sindicatos, organizaciones estudiantiles, asociaciones de familias y plataformas locales.

En cambio, comunidades como Catalunya, Madrid o la Comunitat Valenciana sí han logrado este curso articular movilizaciones multitudinarias y coordinadas frente a sus gobiernos autonómicos. En Andalucía ese frente común seguía siendo una asignatura pendiente. Hasta ahora. Una treintena de organizaciones del ámbito educativo ha comenzado a tejer una alianza que aspira a unificar las reivindicaciones de la comunidad educativa y convertir el próximo otoño en el arranque de un ciclo de movilizaciones en defensa de la enseñanza pública.

La semilla la plantó Noviembre Verde, una iniciativa surgida a principios de junio con la vocación de servir como “espacio de encuentro” entre todos los sectores educativos. Apenas unas semanas después, ese impulso ha desembocado en la convocatoria de la primera 'Asamblea por la Educación Pública Andaluza', que se celebrará este sábado 18 de julio en Antequera.

Allí, en el considerado como centro geográfico de la comunidad andaluza, sindicatos como CCOO, Ustea y CELE, organizaciones estudiantiles y universitarias, asociaciones de familias como la Plataforma Familias NEAE Andalucía y plataformas ciudadanas como la de Escuelas Infantiles tratarán de definir una hoja de ruta común para el próximo curso.

Noviembre en el horizonte

La iniciativa andaluza llega después de un curso marcado por un inédito ciclo de protestas educativas que ha recorrido buena parte del país. Aunque los conflictos se han librado contra los distintos gobiernos autonómicos, el diagnóstico que comparten los docentes es muy parecido: una profesión cada vez más tensionada, el aumento de la burocracia, la pérdida de recursos y un “deterioro” sostenido de las condiciones en las que desarrollan su trabajo.

La contestación a ese deterioro estalló esta primavera. Catalunya y, sobre todo, la Comunitat Valenciana se convirtieron en los principales referentes de una movilización que culminó con una manifestación histórica de 35.000 docentes en Valencia y un mes de huelga indefinida, ahora suspendida —aunque no desconvocada— a la espera de retomar las movilizaciones en septiembre. Ambos territorios ya han anunciado un “otoño caliente”, mientras que en la Comunidad de Madrid el profesorado de las enseñanzas no universitarias prepara un paro indefinido a partir del 14 de octubre.

Ese escenario ha servido de espejo para Andalucía. “Después de ver todos los movimientos que se habían sucedido ya en Valencia, Cataluñya y Madrid, era un clamor popular que, al menos, se intentase aquí también”, explica Raúl Lucas, activista de la educación pública andaluza y partícipe de Noviembre Verde. Si bien esa iniciativa ya ha cumplido su cometido y se ha disuelto, sus promotores esperan que ese embrión termine cristalizando el próximo curso en un movimiento capaz de movilizar a la comunidad educativa también en Andalucía. “La idea era sembrar la semilla que pudiera generar un noviembre más agitado”, resume Lucas.

Tras el intento de articular un frente común, late la sensación generalizada de que el deterioro de la educación pública se ha acelerado en los últimos años. “Vemos que cada vez va a peor, cada vez más recortes, y ahora quieren concertar el Bachillerato”, señala Óscar Marchante, secretario del sindicato CELE, en referencia al pacto PP-Vox recién alcanzado. En esa idea coincide Salvador Pineda, portavoz de UMAxlaPública, otra de las entidades que participarán en la asamblea: “La situación de la educación pública en Andalucía roza ya lo insostenible y había que hacer algo”, defiende después de conocer que las universidades públicas andaluzas están ya en déficit estructural, tras cerrar 2025 en números rojos.

De protestas dispersas a una estrategia común

La principal diferencia respecto a movilizaciones anteriores no reside tanto en las reivindicaciones como en la forma de organizarlas. Durante años, las protestas por la educación pública han discurrido en paralelo —convocadas unas veces por sindicatos, otras por asociaciones de familias, colectivos estudiantiles o plataformas locales—, sin lograr articular una respuesta unitaria capaz de movilizar al mayor sector público de Andalucía, integrado por más de 108.000 docentes.

La apuesta ahora pasa por sentar a todos esos actores en la misma mesa para construir una agenda compartida, que marque “el plan de acción” del próximo curso. Ese fue precisamente el cometido de Noviembre Verde. Sus impulsores insisten en que nunca pretendieron fundar una nueva plataforma, sino facilitar un primer contacto entre organizaciones que hasta ahora venían trabajando de forma separada.

Lo lograron el pasado 8 de julio, cuando lograron reunir de forma telemática a más de un centenar de representantes de cerca de una treintena de entidades. La respuesta, admite Lucas, desbordó todas las previsiones. “Partíamos de una expectativa muy baja y salimos realmente sorprendidos”, confiesa. “Nunca imaginamos que fueran a participar tantos colectivos ni que el diagnóstico fuera tan compartido: hay que ponerse en pie y empezar a movilizar a la gente”, expresa este activista convencido en que “el momento es ahora”.

Encontrar los elementos comunes

Las inquietudes son compartidas, pero coordinar una estrategia global entre sindicatos y organizaciones con sensibilidades distintas, procedentes de niveles educativos diferentes y colectivos diversos no es tan sencillo. Por eso, el punto de partida ha sido identificar las reivindicaciones comunes, capaces de aglutinar a toda la comunidad educativa, situando al alumnado en el centro de la propuesta. “Si enfocamos todo en el alumnado, cualquier mejora para ellos repercutirá también en los centros, las familias, las infraestructuras y el profesorado”, esgrime Óscar Marchante.

A partir de ese planteamiento, las organizaciones implicadas han comenzado a perfilar el manifiesto que esperan revalidar este sábado en Antequera. El documento, de 19 páginas, recoge algunas de las demandas históricas de la enseñanza pública andaluza: “reducción de las ratios”, incremento de los recursos destinados a la escuela pública y, en especial, al alumnado con necesidades educativas especiales, “desburocratización de la labor educativa”, “infraestructuras dignas y adaptación climática” o el rechazo a las políticas de privatización en la Formación Profesional y la enseñanza universitaria, entre otras.

“Queremos que el dinero público se destine a lo público”, sintetiza Raúl Lucas, quien lamenta que “lo que está ocurriendo es que recursos destinados a la educación pública terminan utilizándose como trampolín para empresas privadas”. Los organizadores de la asamblea aseguran que ese diagnóstico es compartido por prácticamente todos los sectores de la enseñanza, desde la educación primaria hasta la universidad, y confían en que ese consenso facilite la construcción de un movimiento amplio y sostenido en el tiempo.

El debate sobre la huelga

Si las reivindicaciones parecen concitar un amplio consenso, la fórmula para defenderlas sigue abierta. La asamblea de Antequera deberá abordar una de las cuestiones más delicadas: qué forma deben adoptar las movilizaciones del próximo curso.

En la Comunitat Valenciana, Catalunya o Madrid la huelga se ha convertido en el principal instrumento de presión. En Andalucía, sin embargo, todavía no existe un acuerdo claro y algunos sindicatos consideran que antes es necesario fortalecer la organización de la comunidad educativa. Es el caso de USTEA: “Creemos que es importante empoderar y movilizar al profesorado antes de convocar una huelga”, esgrime Francisco Fernández, portavoz de Educación de esta organización sindical, que propone celebrar asambleas y movilizaciones desde principios de septiembre para garantizar la implicación de la comunidad educativa.

USTEA ya había comenzado a trabajar en esa dirección antes del nacimiento de Noviembre Verde. El sindicato había lanzado un formulario entre el profesorado para explorar posibles movilizaciones y mantenía conversaciones con otras organizaciones cuando recibió la convocatoria del nuevo espacio de coordinación. “Nos pareció una excelente idea”, reconoce Fernández, quien comparte que “las expectativas son buenas” porque participan docentes de Infantil, Primaria, Secundaria y universidad, además del alumnado y las familias. “Esa unidad puede ser muy interesante”, augura el representante sindical.

Desde CCOO también valoran positivamente la creación de un espacio unitario. “Esperemos que esto sea el germen de esa unidad tan necesaria”, apuntan desde el sindicato, que recuerda que llevan desde 2019 defendiendo la igualdad de oportunidades y el ascensor social en la enseñanza superior universitaria.

Un deterioro compartido, que se agrava en Andalucía

Los problemas que denuncian son similares a los que han desencadenado las movilizaciones en otros territorios, pero las organizaciones implicadas sostienen que Andalucía presenta además algunas particularidades que agravan el deterioro de la enseñanza pública.

“Cuando hablamos con otras organizaciones del Estado comprobamos que los problemas son muy parecidos, pero la eliminación de aulas públicas en Andalucía es muy superior a la del resto”, señalan desde USTEA. Según los datos recopilados por el sindicato a partir de las publicaciones del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), desde la llegada del Partido Popular al Gobierno andaluz en 2019 se han suprimido 2.758 unidades de Infantil y Primaria.

A ese diagnóstico suman el creciente número de docentes interinos bloqueados en las bolsas de trabajo y de funcionarios desplazados de sus centros como consecuencia de la supresión de aulas. Todo ello, sostienen, ha contribuido a incrementar el malestar de la comunidad educativa y ha reforzado la convicción de que “en Andalucía necesitamos protestas similares a las de Valencia, Madrid, Aragón o Cantabria”.

Los colectivos que impulsan el movimiento unitario andaluz consideran que la educación pública atraviesa un punto de inflexión y atribuyen ese deterioro a las políticas educativas del Gobierno de Juan Manuel Moreno. “El Partido Popular se está cebando con la educación pública”, sostienen desde USTEA. “Quieren hacer de un servicio público un negocio y la educación tiene que estar por encima de cualquier interés político”, añade en esa línea el secretario del sindicato CELE.

Ese será precisamente el reto del frente común que empieza a tomar forma: canalizar el malestar que durante años ha ido cociéndose en los centros educativos andaluces, hasta consolidar un movimiento capaz de ganar la calle y convertir a Andalucía en un nuevo foco de movilización en defensa de la educación pública durante el próximo otoño. “Esperemos conseguirlo”, suspiran, “porque el futuro de nuestras aulas no puede seguir esperando”, como concluye el manifiesto.

El sistema universitario público andaluz en su conjunto ha cerrado el ejercicio presupuestario de 2025 en números rojos. Los resultados de las cuentas dibujan un escenario de déficit generalizado que fuentes del ámbito universitario califican de “estructural”, al confirmar que la financiación que reciben de la Junta ya no basta para cubrir los costes fijos de funcionamiento, especialmente los derivados de la plantilla.

Según el sumatorio de los cierres presupuestarios elaborado por CCOO y contrastado por este periódico, y a falta de incorporar el dato definitivo de la Universidad de Sevilla (US), el déficit global ronda los 38 millones de euros, una cifra aún provisional que podría variar ligeramente cuando concluya la auditoría de la institución sevillana, cuyos resultados se esperan conocer en los próximos días.

Esta situación supone un punto de inflexión en el pulso que desde hace dos años mantienen los rectores con la Junta por el modelo de financiación. Las nueve universidades públicas llevan reclamando al Gobierno de Juanma Moreno que cumpla con los pactos firmados en materia de financiación desde 2024, advirtiendo de que, sin esos recursos, el sistema entraría en déficit. Los resultados presupuestarios de 2025 apuntan a que ese escenario ya se ha materializado.

Las causas de un déficit generalizado

Fuentes internas señalan que el déficit estructural en el que se encuentran ya todas las universidades públicas andaluzas –a excepción de la UNIA– es consecuencia de varios años sometidas a un estado de asfixia económica por parte de la Junta, ante el “incumplimiento reiterado” del modelo de financiación.

La principal causa, señalada en numerosas ocasiones por los rectores, es la falta de aplicación de la denominada cláusula de salvaguarda incluida en el modelo de financiación, aprobado en septiembre de 2023 para el periodo 2023-2027. El cometido de esa cláusula era garantizar la estabilidad financiera del sistema, obligando a que las universidades reciban, como mínimo, la misma financiación del ejercicio anterior más los incrementos retributivos aprobados para el personal del sector público.

Sin embargo, las universidades sostienen que esas cantidades no se han transferido en su totalidad, forzando a los campus a asumir con recursos propios el aumento del coste de las plantillas. El resultado ha sido un incremento continuado del capítulo 1 —el destinado a personal—, acompañado de un agotamiento progresivo de los márgenes presupuestarios acumulados durante ejercicios anteriores. Fuentes universitarias sostienen que, si el Gobierno andaluz hubiese aplicado íntegramente el modelo de financiación pactado, se podría haber evitado que el sistema entrara en déficit.

Este periódico ha contactado con la Consejería de Universidad para recoger su valoración. La consulta se produjo en plena constitución del nuevo Gobierno andaluz tras la remodelación anunciada por el presidente de la Junta el pasado jueves y el aplazamiento de la toma de posesión de los nuevos consejeros debido al trágico incendio declarado en Los Gallardos (Almería) el viernes. Fuentes del departamento indicaron que necesitan unos días para analizar la información antes de ofrecer una respuesta.

Plan de ajustes ante una financiación “claramente insuficiente”

Más allá del caso de la Universidad de Málaga, a la que el Gobierno andaluz inyectó en 2024 un crédito extraordinario de 48,5 millones de euros para rescatarla de una crisis “sin precedentes”, las señales de alarma comenzaron a hacerse extensibles a otros rectorados andaluces.

Uno de los casos más recientes ha sido el de la Universidad de Sevilla, que aprobó el pasado mes de abril un plan de ajuste para recortar 16 millones de euros del presupuesto, con medidas como la reducción de grupos docentes, el cierre del turno de tarde en algunas facultades o restricciones en la contratación de profesorado.

Semanas después, la propia Hispalense alertó de un desfase de casi 13 millones de euros entre el coste previsto de su plantilla para 2026 (462 millones) y la financiación asignada por la Junta en el último reparto de fondos autonómicos (449 millones), una diferencia que el Rectorado calificó de “claramente insuficiente”.

Las nueve universidades en números rojos

Otro caso representativo es el de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), cuyo Consejo de Gobierno aprobó el pasado 30 de junio las cuentas anuales de 2025, arrojando un déficit de 2,5 millones de euros. Su rector, Francisco Oliva, explicó entonces que las causas de estas cifras se deben a “cuestiones completamente exógenas e incontrolables” para la propia institución, señalando a la administración autonómica como responsable.

Al presentar las cuentas, Oliva atribuyó ese desequilibrio al incremento obligatorio del gasto de personal —que cifró en 4,9 millones de euros— sin contar con la ayuda de la Junta, así como al “incumplimiento” de los compromisos económicos adquiridos por el Gobierno andaluz, como los 16 millones de euros que prometió el propio Moreno durante el acto de apertura del curso académico celebrado en la UPO.

Según el rector de la Olavide, si se hubieran transferido las cantidades previstas en el modelo de financiación y en los acuerdos pactados con la Junta, la universidad habría cerrado el ejercicio con un superávit de 700.000 euros.

Siguiendo el mismo patrón, la Universidad de Granada refleja en sus cuentas anuales un resultado presupuestario negativo superior a los cinco millones de euros. La única excepción dentro del sistema –formado por diez instituciones públicas– es la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), cuyo modelo resulta difícilmente comparable al resto por tratarse de una institución dedicada exclusivamente al posgrado y sin una plantilla docente propia.

Dos años de tensiones entre los rectores y la Junta

El cierre en negativo de las cuentas de 2025 constituye el culmen de dos años de tensiones entre los rectores y el Gobierno andaluz. El punto álgido del conflicto se produjo en 2024, cuando las universidades públicas llegaron a amenazar con acudir a los tribunales al considerar que la Junta mantenía una deuda cercana a los 50 millones de euros derivada del incumplimiento del modelo de financiación.

Aquella confrontación abrió la puerta a varios meses de negociaciones que desembocaron en una tregua en marzo de 2025, con un acuerdo extraordinario para financiar parcialmente determinados complementos retributivos del personal universitario.

Sin embargo, nueve meses más tarde, las universidades públicas volvieron a denunciar que el reparto de fondos para 2025 seguía sin cubrir la totalidad de la cláusula de salvaguarda, reabriendo el conflicto y planteando de nuevo la posibilidad de emprender la vía judicial para garantizar el cumplimiento del modelo.

Ahora, el cierre del ejercicio presupuestario certifica el desenlace del que los rectores habían alertado en numerosas ocasiones. Hasta este año, las universidades habían logrado absorber el incremento de los costes de personal recurriendo a remanentes y márgenes presupuestarios acumulados durante ejercicios anteriores. Pero esos recursos se han ido agotando hasta el punto de que los fondos autonómicos ya no permite cubrir el gasto estructural del sistema.

La situación recuerda a la vivida tras la crisis financiera de 2008, cuando las universidades andaluzas se vieron obligadas a aplicar severos planes de ajuste para contener el gasto. La diferencia, subrayan fuentes del sistema universitario, es que aquellos recortes respondían a un contexto de profunda recesión económica, mientras que el actual escenario coincide con unos presupuestos autonómicos en máximos históricos.