Las universidades públicas andaluzas han confirmado que el sistema en su conjunto cerró el ejercicio 2025 con un déficit ajustado de 44 millones de euros, certificando así la entrada en un escenario de déficit estructural que los rectores venían advirtiendo desde hace dos años. “No estaríamos en déficit si se hubiera cumplido con el modelo de financiación”, defiende el portavoz de las universidades públicas, Francisco Oliva, que lleva desde 2024 denunciando el “incumplimiento reiterado” de los acuerdos alcanzados por parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno.

Tras hacer público el balance definitivo de las cuentas de 2025, los rectores han vuelto a reclamar una solución “urgente” para evitar que el desequilibrio se agrave en 2026. Las esperanzas están puestas ahora en el dictamen que salga de la comisión técnica constituida junto con la Consejería del ramo para determinar la “infrafinanciación” real del sistema y fijar las cantidades que corresponden a las universidades conforme al modelo de financiación antes de la elaboración de los presupuestos de 2027.

“Ya no hablamos de una negociación política sobre cuánto dinero se da o no a las universidades, lo que se está analizando es cuál es la estructura real de gasto y cuál es la diferencia entre lo que pagamos y lo que se nos financia para cumplir el modelo”, explica Oliva. Por el momento, este camino entierra la vía judicial que los rectores barajaron emprender hace dos años, cuando amenazaron con acudir a los tribunales por el incumplimiento del modelo de financiación aprobado por la Junta de Andalucía en 2023.

Ahora las universidades públicas andaluzas confían en el “compromiso” que les ha trasladado el nuevo consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, tras la primera reunión mantenida recientemente con el portavoz de los rectores. “Reconoce el problema y también está esperando los resultados de la comisión técnica”, traslada Francisco Oliva. El objetivo es que ese trabajo concluya entre finales de septiembre y principios de octubre. La fecha es importante porque permitirá que las universidades elaboren los presupuestos de 2027 sin reproducir el desequilibrio de los últimos ejercicios.

“Borrón y cuenta nueva”

Los rectores se muestran así confiados en que la Junta acate las resoluciones de la comisión: “Tienen que aceptarse sí o sí, es inimaginable plantear el escenario de que la Junta reconozca la deuda y no haga nada”, apostilla el también rector de la Universidad Pablo de Olavide.

“Si sale bien la comisión, querrá decir que se nos va a pagar a las universidades lo que se nos debe según el modelo de financiación, que dice que se nos tienen que pagar unas cantidades y no se nos está pagando”, recuerda Oliva, quien resume la situación con estas palabras: “Nueve universidades públicas están en déficit, esto quiere decir que es culpa de la infrafinanciación que llevamos dos años anunciando, pero no se nos escuchó”.

El déficit, subrayan los rectores, refleja que los ingresos que reciben las universidades se sitúan ya por debajo de sus gastos estructurales, especialmente en el capítulo 1 destinado a las nóminas del personal y el 2, relativo a las contratas (luz, limpieza o seguridad de los campus). Una situación que, advierten, dificulta no solo el desarrollo de proyectos estratégicos, sino que amenaza incluso la capacidad de atender con normalidad las obligaciones más básicas si se mantiene en el tiempo. “No estaríamos en déficit si se hubiera cumplido el modelo de financiación”, sostiene el portavoz de AUPA.

El cierre en negativo de las cuentas de 2025 constituye el culmen de dos años de tensiones entre los rectores y el Gobierno andaluz. El punto álgido del conflicto se produjo en 2024, cuando las universidades públicas llegaron a amenazar con acudir a los tribunales al considerar que la Junta mantenía una deuda cercana a los 50 millones de euros derivada del incumplimiento del modelo de financiación.

Pese a la “gravedad” de la situación, los rectores creen que la constitución de la comisión técnica abre una oportunidad para reconducir el conflicto con la Junta. “Queremos hacer borrón y cuenta nueva, resolver correctamente los pagos de 2025, 2026 y 2027”, expresa el representante de los rectores andaluces.

Hasta entonces, las universidades mantienen la alerta: el déficit previsto para 2026 será aún mayor si no se corrige la infrafinanciación. “Es imprescindible que la Junta intervenga inmediatamente”, concluyen desde AUPA, confiados en que el dictamen de la comisión técnica sirva para zanjar definitivamente las discrepancias sobre la financiación del sistema universitario andaluz.

Gustavo Fuentes, vestido con una guayabera celeste y “aparentemente tranquilo”, declaró este martes ante un juez de violencia de género que nunca agredió ni acosó sexualmente a una de sus empleadas –delitos por los que está imputado–, aunque admitió que tuvo un “tonteo mutuo, no consumado, pero siempre ”consentido“.

El exCEO de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) –empresa asociada a RTVA, copropiedad del Gobierno andaluz y principal proveedor de contenidos de Canal Sur– compareció durante casi una hora, respondiendo a las preguntas del juez titular, Francisco José de Córdoba, de la fiscal y de su propio abogado. Se negó a contestar las preguntas del letrado de la reportera que lo ha denunciado por tres agresiones sexuales –en 2013, 2022 y 2023–, por acoso sexual continuado y acoso laboral (mobbing) y quedó en libertad sin medidas cautelares.

Media hora antes, dos testigos habían ratificado ante el juez la “obsesión” que Fuentes sentía hacia la trabajadora que lo ha denunciado, y la “presión sexual” a la que la sometía. “Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, advirtieron en sede judicial, según fuentes presentes en el interrogatorio celebrado este martes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla.

La testigo “fundamental” para la acusación había sido número dos del exCEO en la productora, con una relación directa con él, y declaró a preguntas del juez que el acusado llegó a pedirle “que la despidiera porque se la estaba follando otro compañero”.

Tanto la exdirectiva como la otra testigo –una amiga a la que confesó las agresiones sexuales el mismo día en que se produjeron– coincidieron también en relacionar el “deterioro” físico y psicológico que sufre actualmente la periodista con el estado de “miedo” y “ansiedad” que experimentó durante los años que trabajó bajo las órdenes del directivo imputado.

“Contradicciones” en línea de defensa del acusado

La estrategia de defensa de Gustavo Fuentes, según personas presentes en el interrogatorio, pasa por intentar demostrar que siempre hubo “consentimiento” de la denunciante, y para ello buscó desmontar una de las pruebas más sólidas de la acusación: las 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono del ex director general de la productora a la víctima entre 2018 y la actualidad.

Esos mensajes ya han sido “cotejados” por la secretaria judicial por orden del juez, y validados como material probatorio en la causa, como recordó ayer el propio magistrado durante el interrogatorio. Sin embargo, el abogado de Fuentes trató de exponer que en esas conversaciones entre su cliente y la reportera hay periodos en blanco, en los que aparecen transcritos los mensajes de él, pero se han borrado las respuestas de ella, en teoría, “porque se habrían activado los mensajes temporales de WhatsApp”.

Se trata de una función de privacidad que hace que los mensajes de un chat desaparezcan automáticamente después de un tiempo determinado: 24 horas, 7 días o 90 días, y solo afectan a los mensajes nuevos, no a los enviados antes de activarlos. La representación legal de Gustavo Fuentes intenta probar ante el juez que la denunciante borró las respuestas para ocultar que, en realidad, ella consentía ese tipo de mensajes “de índole sexual” y la relación que mantenía con su superior jerárquico. Con todo, el magistrado le reiteró que los mensajes aportados como prueba por parte de la acusación ya han sido validados judicialmente.

Las mismas fuentes apuntan a que el acusado incurrió en “contradicciones” a lo largo de su declaración. Primero habría señalado que su relación con la denunciante era “estrictamente laboral”, llegando a esgrimir que por su condición de presentadora apenas frecuentaba la sede de la productora. Pero, al final de su declaración habló ya de “un tonteo mutuo, pero no consumado”.

Las testigos salieron de los juzgados a pie, acompañadas por responsables del SAVA (Servicio de Atención a las Víctimas) que atienden en los casos de violencia de género. El acusado abandonó los juzgados en coche, saliendo del parking del edificio, tras una autorización de la Guardia Civil por “por razones de seguridad”, explican fuentes del TSJA, porque había una concentración convocada a las puertas del edificio por parte del Sindicato de Periodistas para mostrar su “apoyo absoluto” a la víctima.

Una “espinita clavada” con la víctima

En todo momento, el juez Francisco José de Córdoba trató de ceñir el interrogatorio a los hechos concretos que se investigan en la causa, formulando preguntas en torno a fechas y lugares muy específicos. Dado el momento procesal incipiente de la causa, el magistrado perimetró mucho tanto las preguntas de la acusación y la defensa como las respuestas, evitando elucubraciones, juicios de valor, incluso contextualización de los hechos por los que se interrogaba.

Por ejemplo, a la exdirectiva de ADM le preguntó si había escuchado a su jefe decir en una ocasión concreta, en un restaurante específico, que “tenía una espinita clavada” por no haber podido mantener una relación íntima con la víctima. La testigo declaró que si bien no recordaba exactamente si lo había dicho ese día ni en ese sitio, confirmó que la frase se la había escuchado “muchas veces, recurrentemente, y delante de un montón de gente”.

La testigo clave ratificó así el relato de la reportera denunciante. La propia denuncia recoge que, tras sentirse rechazado continuamente en sus insinuaciones a la reportera, este llegó a “jactarse ante otros directivos y compañeros” de que era “la única mujer” que se le “ha resistido” y “la única tía” que le ha “hecho la cobra”, durante una fiesta de cierre de la primera temporada del programa A toda costa, de Canal Sur.

Las dos testigos también confirmaron ante el juez que tenían conocimiento de los episodios de violencia sexual denunciados porque la propia denunciante se los relató poco después de que sucedieran. Preguntada por esta cuestión, la amiga íntima de la denunciante consultó al magistrado si quería que entrara en detalles “desagradables”, tal y como se lo había contado en su momento la víctima y, con el visto bueno del juez, describió de manera explícita el “manoseo y baboseo” que le había trasladado su amiga con respecto al comportamiento de su jefe.

“Le babeaba encima, le chupaba con la lengua”, detalló la testigo durante su declaración, en alusión a dos de los episodios recogidos en la denuncia. Uno sufrido en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y el último en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

Aunque la exdirectiva de ADM no estuvo presente durante la grabación de esos programas, donde habrían ocurrido las agresiones, sí explicó al juez que la reportera le había contado que se había sentido “muy incómoda” ante la presencia del director general cuando se personaba en los rodajes. “Me preguntaba de forma recurrente dónde estaba físicamente” la denunciante, explicó.

En un momento del interrogatorio, el magistrado le preguntó por su poder de influencia y decisión sobre el personal de la empresa, dada su condición de número dos de la productora, pero ella aseguró que sólo era sobre el papel, “la realidad es que él lo controlaba todo y decidía quién entraba y quién se marchaba de la empresa”, advirtió.

El consentimiento

La cuestión del consentimiento de la reportera que trata de demostrar la defensa de Gustavo Fuentes ya aparecía anticipada en la denuncia presentada por ella el pasado enero. En esta explica de forma reiterada por qué no denunció antes a su jefe y por qué mantuvo una comunicación aparentemente cordial con él pese a las agresiones y el acoso que describe. Si respondía a los mensajes de WhatsApp con una “cortesía forzada” hacia su superior jerárquico, sostiene el escrito, no era por “consentimiento”, sino para “no provocar una reacción adversa por parte de una persona que percibe como poderosa, insistente y potencialmente peligrosa para su estabilidad laboral y vital”.

“La ausencia de un 'no' literal no puede interpretarse como consentimiento, sino como el resultado directo del temor fundado a las consecuencias de una negativa explícita”, concluye el texto. Entre la última agresión y la presentación de la denuncia en un Juzgado de la Mujer pasó un año y medio. El Ministerio de Igualdad tiene publicados informes que confirman un tiempo de respuesta común en las víctimas de violencia de género: suelen tardar en verbalizar o denunciar su situación entre ocho años y ocho meses de media, según datos de un estudio promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

La defensa del exdirector general de ADM ha tratado de desacreditar esa tesis. Además de sostener ante el juez que la relación fue consentida, la representación legal del acusado solicitó una copia de los informes clínicos de la denunciante, ya obrantes en el procedimiento, que acreditan un “trastorno distímico con depresión mayor y ansiedad”, así como una “pérdida de diez kilos” de peso. Su estrategia pasa por vincular ese deterioro físico y psicológico con el fallecimiento repentino de la madre de la víctima, al coincidir temporalmente con parte de los hechos denunciados.

Esa fue una de las cuestiones sobre las que el juez interrogó a las dos testigos. Quiso saber si conocían que la reportera recibía atención psiquiátrica y si el origen de esa terapia guardaba relación con la muerte de su madre. Ambas respondieron que el tratamiento estaba motivado por la situación de acoso sexual que, según les había trasladado la propia denunciante, sufría en su entorno laboral. “Como yo la he visto sufriendo con este hombre no la había visto nunca”, declaró su amiga.

En el mismo sentido se pronunció la que fuera número dos de Gustavo Fuentes. “Cuando la conocí era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, afirmó al describir el progresivo deterioro de la reportera bajo la “presión sexual” que, según dijo, ejercía el entonces CEO y el “miedo absoluto” que ella llegó a sentir hacia quien era su superior jerárquico en la empresa donde trabajaba.

Sobre esta respuesta, el abogado del acusado protestó y el juez consintió en que “no procede”. Tras la declaración de las testigos y el acusado, el magistrado (y el Ministerio Fiscal) decidirán en los próximos días el siguiente paso del procedimiento judicial por delitos sexuales contra Gustavo Fuentes, castigados con penas de hasta siete años de cárcel.

“Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita” bajo la “presión sexual” de él y el “miedo absoluto que le tenía”. Dos testigos han ratificado este martes ante el juez la “obsesión” que el exdirector general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), Gustavo Fuentes, sentía hacia la reportera que lo ha denunciado por agresiones sexuales, acoso sexual continuado y acoso laboral.

Se trata de una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del entonces CEO de la productora, y de una amiga a la que reveló las agresiones sexuales el mismo día en que se produjeron. Según fuentes presentes en el interrogatorio, las dos han confirmado ante el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla tener conocimiento de los episodios de violencia sexual denunciados porque la propia denunciante se los relató poco después de que sucedieran. Ambas han coincidido también en relacionar el “deterioro” físico y psicológico que sufre actualmente la reportera con el estado de “miedo” y “ansiedad” que atravesó durante su etapa en ADM.

Tras las dos testigos propuestas por la víctima, ha declarado el propio Fuentes, quien llegó a los juzgados de violencia contra la mujer cuatro horas antes de la hora a la que estaba citado a declarar (12.15) en calidad de imputado por agresión sexual y acoso sexual. El abogado de la denunciante había solicitado al juez que citase a las testigos y al acusado en días distintos, para evitar que se cruzasen en el juzgado, pero el magistrado rechazó la petición. Como Gustavo Fuentes se adelantó tanto a la hora de su citación, ya se encontraba en la sala de espera, contigua al juzgado número 5, cuando las testigos llegaron por separado para declarar antes que él.

Después de responder a las preguntas del juez, de la Fiscalía y de su abogado, Fuentes abandonó el edificio poco antes de las 14:00. Lo hizo en coche directamente desde el garaje, evitando así enfrentarse a los medios que aguardaban en la puerta principal y a los miembros de la Asociación de la Prensa de Sevilla, del sindicato SPA y del comité intercentros de Canal Sur, que se concentraron frente al juzgado para mostrar su “apoyo absoluto” a la víctima y animar a denunciar situaciones de acoso sexual y laboral como la que hoy pesa sobre el exdirector general de ADM.

Interrogatorio acotado a los hechos investigados

La expectación mediática que ha generado esta citación judicial se debe a que el productor acusado de delitos sexuales no era un ejecutivo al uso, y tampoco la compañía que dirigía. ADM es una empresa semipública, participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía (al 48%), asociada a la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA) y principal proveedora de contenidos de Canal Sur, cuyo buque insignia es uno de sus programas en antena desde hace 26 años (Andalucía Directo).

Según fuentes presentes en la sala, durante las declaraciones de las testigos se ha escuchado reiteradamente la palabra “improcedente” por parte del juez Francisco José de Córdoba, que, siendo garantista, trató de acotar el interrogatorio para ceñirse a los hechos concretos que se investigan. El magistrado interrumpió así en varias ocasiones, tanto las preguntas de la acusación como las repuestas de las testigos, cuando entendía que se alejaban del objeto de la causa para adentrarse en el contexto laboral o en la “posición de poder” del acusado.

Cabe recordar que el magistrado dejó fuera del procedimiento el delito de acoso laboral que también denunciaba la reportera, al considerar que excedía de las competencias de un tribunal de Violencia de Género.

Tres agresiones denunciadas

La denuncia de la reportera de ADM, avalada por las declaraciones juradas de siete testimonios directos, y acompañada por 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad, describe tres agresiones sexuales, aportando el lugar, la hora y testigos que escucharon lo sucedido el mismo día que ocurrió o poco después.

Estas habrían ocurrido en tres fechas distintas: en 2013, en un bar del centro de Sevilla y en el interior de un taxi; en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

El juez ha sido muy específico en sus interrogantes y ha preguntado a las testigos por fechas exactas. Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso, la defensa también ha llevado un documento extenso con páginas de WhatsApp impresas.

“Basta de acoso en los medios”

Mientras Gustavo Fuentes declaraba ante el juez, decenas de profesionales del sector audiovisual se concentraron a las puertas de los juzgados, al grito de “No al acoso, sexual o laboral” y “Basta de acoso en los medios”. Con estos lemas trasladaron su respaldo y “solidaridad” a la reportera que denunció al exCEO de ADM, poniendo fin a años de silencio y “sometimiento”.

En el manifiesto leído durante la concentración, el Comité Intercentros de la RTVA y Canal Sur Televisión ha advertido de que “no podemos permanecer impasibles ante situaciones de abuso y agresión como las descritas por la compañera denunciante, menos aún cuando quien las sufre trabaja en una empresa con participación pública cuyo principal cliente es Canal Sur”, como apunta el máximo órgano de representación de los trabajadores de la radiotelevisión pública andaluza.

Los convocantes han vinculado ese silencio al temor a las represalias en un sector tan atomizado como el audiovisual andaluz, “muy dependiente de los contratos con Canal Sur”. Ese “miedo a no volver a trabajar en una empresa audiovisual en Andalucía” hace que muchas personas permanezcan “calladas” ante situaciones de acoso sexual o laboral, han señalado durante la lectura del manifiesto.

Precisamente por ello, la concentración —respaldada también por las secciones sindicales de Canal Sur Radio y Televisión y por la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS)— ha querido lanzar un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares para que no se sientan solas y se animen a denunciar. “No podemos permitir que el miedo, el silencio, el ninguneo o el abuso de poder se conviertan en la norma en nuestros centros de trabajo”, sostiene el Sindicato de Periodistas de Andalucía, que ha reclamado “erradicar de nuestro sector la precariedad y el machismo estructural”, como “caldo de cultivo que alimenta los abusos”.

La protesta ha contado con el respaldo de formaciones políticas con representación parlamentaria como Adelante Andalucía y Por Andalucía. Desde Adelante avanzan que van a pedir la comparecencia en el Parlamento andaluz del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de estrecha confianza de Fuentes, así como que se aborde la cuestión de la denuncia directamente en la comisión de RTVA. La portavoz de Igualdad de Adelante, Leticia Blanco, considera “horrible” que no exista plan de igualdad en cualquier subcontrata, “pero que no lo haya en una empresa con participación pública es inaceptable”, añade en declaraciones a elDiario.es

La comunidad educativa andaluza ya tiene fecha para medir su capacidad de movilización el próximo otoño. La Asamblea por la Educación Pública Andaluza ha acordado convocar una huelga general educativa el 11 de noviembre y arrancar el curso con un calendario de movilizaciones para preparar esa jornada de protesta. Así se aspira a reproducir en Andalucía la ola de contestación que este último curso ha recorrido el país, impactando en Catalunya, la Comunitat Valenciana o Madrid.

Esta convocatoria llega apenas unas semanas después de que comenzara a gestarse un frente común por la educación pública andaluza, impulsado por una treintena de organizaciones educativas bajo el paraguas de Noviembre Verde. Su propósito, superar la tradicional fragmentación de las protestas educativas en Andalucía, unificando las reivindicaciones de todos los niveles educativos, desde la convicción de que el momento de reaccionar es “ahora o nunca”.

Aquella iniciativa, nacida al calor de las movilizaciones que han sacudido otras comunidades autónomas durante el último curso, celebró este sábado su primera asamblea presencial en Antequera y concluyó con un “compromiso conjunto”: trabajar para celebrar una huelga general educativa unitaria en toda Andalucía. “El movimiento entiende esta como la manera para ejercer la máxima presión e imponer sus reivindicaciones a largo plazo”, sostienen las organizaciones participantes.

La hoja de ruta empieza en septiembre

Alrededor de un centenar de representantes de sindicatos como Ustea, CCOO o CELE, asociaciones de familias como la Plataforma Familias NEAE Andalucía, organizaciones estudiantiles, plataformas ciudadanas y colectivos universitarios como UMAxlapublica respaldaron el acuerdo suscrito en Antequera, que fija noviembre como horizonte de una movilización autonómica en defensa de la educación pública.

La huelga, sin embargo, no será el primer paso. Las organizaciones acordaron dedicar el inicio del curso —“desde el primer día”— a construir las bases mediante asambleas, encierros, concentraciones y otras acciones de coordinación surgidas de los propios centros educativos, con el objetivo de llegar al 11 de noviembre con un movimiento consolidado.

La hoja de ruta incluye, además, una nueva reunión el 26 de septiembre para “profundizar en los debates, hacer balance del inicio de curso y continuar construyendo el camino hacia la huelga y el movimiento en su conjunto”.

La estrategia reproduce en buena medida el modelo seguido en la Comunitat Valenciana, Catalunya y Madrid, donde las movilizaciones se fueron articulando durante semanas antes de desembocar en huelgas y manifestaciones multitudinarias, que lograron movilizar a 35.000 personas en ciudades como Barcelona y Valencia.

Una agenda común para todas las etapas

Pese a la diversidad de colectivos que integran el movimiento, la asamblea evidenció un amplio consenso en torno al diagnóstico de la situación. Las entidades participantes consideran que ha llegado el momento de “hacer frente a la infrafinanciación y la progresiva mercantilización y privatización del sistema educativo público andaluz”, que califican de “límite” en todas sus etapas.

“Es ahora o nunca cuando debemos tomar las riendas de nuestra educación y enfrentarnos a aquellos que la utilizan como una oportunidad de negocio, precarizando a los y las docentes, privatizando y desmantelando la enseñanza infantil, primaria y secundaria, y expulsando al estudiantado de la Formación Profesional y la universidad”, apuntan en la resolución aprobada tras la reunión.

Sobre esa base, las organizaciones han comenzado a elaborar una plataforma reivindicativa común que atraviesa todas las etapas educativas, desde la escuela infantil hasta la universidad. Entre las principales demandas figuran el aumento de la financiación pública, la bajada de la ratio en las aulas, la creación de plazas públicas —especialmente en Infantil de 0 a 3 años, Formación Profesional y másteres habilitantes—, la mejora de las infraestructuras y la climatización de los centros, el incremento de las becas y de los recursos para atender al alumnado con necesidades específicas, mejoras laborales para el profesorado y el rechazo a fórmulas de privatización y colaboración público-privada.

Andalucía se suma al “otoño caliente”

La decisión adoptada en Antequera supone un paso más en el intento de frenar un “deterioro” del sistema educativo que, a su juicio, se ha ido acelerando en los últimos años. “La situación de la educación pública en Andalucía roza ya lo insostenible y había que hacer algo”, resume Salvador Pineda, portavoz de UMAxlaPública.

El movimiento percibe que la comunidad andaluza comparte los mismos problemas estructurales que han alimentado las protestas en otros territorios, aunque considera que Andalucía presenta además algunos factores que agravan ese escenario, como la pérdida continuada de unidades educativas o la entrada en déficit estructural de las universidades públicas andaluzas. Un diagnóstico que, a su juicio, evidencia el alcance del “desmantelamiento” que denuncian.

Con el horizonte del 11 de noviembre, el reto pasa ahora por comprobar si ese malestar que durante años ha permanecido disperso entre sindicatos, familias, estudiantes y plataformas ciudadanas logra consolidarse en una movilización sostenida capaz de situar a Andalucía en el mapa del “otoño caliente” que la comunidad educativa prepara en distintos puntos del país.

El periodista Fonsi Loaiza ha denunciado este viernes haber sufrido “una brutal agresión” en la vía pública en Cádiz al grito de “rojo, subcampeón”. Esas dos palabras son las últimas que recuerda antes de quedar “inconsciente”, como ha explicado él mismo en sus redes sociales.

Este periódico ha contactado con Fonsi Loaiza para recabar más detalles sobre lo ocurrido. El periodista indicó que, a causa de las lesiones en la mandíbula, solo podía responder por escrito. No obstante, al cierre de esta información aún no ha contestado a las preguntas remitidas por elDiario.es.

Según ha explicado Loaiza a otros medios, no recuerda nada de la agresión debido a la conmoción sufrida. Mientras la Policía Nacional investiga lo ocurrido y trata de identificar a los agresores revisando las imágenes de las cámaras de seguridad que pudieran haber captado el ataque, el periodista relaciona lo ocurrido con “la violencia ultraderechista” y sostiene que fue víctima de quienes utilizan “el terror y el odio fascista”.

Loaiza, autor del libro Oligarcas. Los dueños de España (Akal, 2024) y conocido por su intensa actividad en la red social X (antiguo Twitter), ya había recibido amenazas contra su integridad física, especialmente a través de internet, por parte de perfiles vinculados a la extrema derecha.

Desde el hospital, Loaiza ha publicado un mensaje de agradecimiento al personal sanitario que lo atendió en los hospitales públicos de San Carlos y Puerta del Mar, en Cádiz, reivindicando así “lo público” frente a “la violencia ultraderechista”. “A los que usan el terror y el odio fascista: no me vais a callar”, escribió en sus redes sociales, donde también aseguró que no dará “ni un paso atrás”.

El malestar que se respira entre el profesorado, las familias y el alumnado andaluz ha ido creciendo en los últimos años, pero sin llegar a traducirse en un movimiento social capaz de llenar las calles. Pese a que la comunidad educativa en su conjunto denuncia un progresivo “desmantelamiento” de la educación pública —cierres de unidades, falta de recursos y aumento de las ratios—, las protestas han permanecido fragmentadas entre sindicatos, organizaciones estudiantiles, asociaciones de familias y plataformas locales.

En cambio, comunidades como Catalunya, Madrid o la Comunitat Valenciana sí han logrado este curso articular movilizaciones multitudinarias y coordinadas frente a sus gobiernos autonómicos. En Andalucía ese frente común seguía siendo una asignatura pendiente. Hasta ahora. Una treintena de organizaciones del ámbito educativo ha comenzado a tejer una alianza que aspira a unificar las reivindicaciones de la comunidad educativa y convertir el próximo otoño en el arranque de un ciclo de movilizaciones en defensa de la enseñanza pública.

La semilla la plantó Noviembre Verde, una iniciativa surgida a principios de junio con la vocación de servir como “espacio de encuentro” entre todos los sectores educativos. Apenas unas semanas después, ese impulso ha desembocado en la convocatoria de la primera 'Asamblea por la Educación Pública Andaluza', que se celebrará este sábado 18 de julio en Antequera.

Allí, en el considerado como centro geográfico de la comunidad andaluza, sindicatos como CCOO, Ustea y CELE, organizaciones estudiantiles y universitarias, asociaciones de familias como la Plataforma Familias NEAE Andalucía y plataformas ciudadanas como la de Escuelas Infantiles tratarán de definir una hoja de ruta común para el próximo curso.

Noviembre en el horizonte

La iniciativa andaluza llega después de un curso marcado por un inédito ciclo de protestas educativas que ha recorrido buena parte del país. Aunque los conflictos se han librado contra los distintos gobiernos autonómicos, el diagnóstico que comparten los docentes es muy parecido: una profesión cada vez más tensionada, el aumento de la burocracia, la pérdida de recursos y un “deterioro” sostenido de las condiciones en las que desarrollan su trabajo.

La contestación a ese deterioro estalló esta primavera. Catalunya y, sobre todo, la Comunitat Valenciana se convirtieron en los principales referentes de una movilización que culminó con una manifestación histórica de 35.000 docentes en Valencia y un mes de huelga indefinida, ahora suspendida —aunque no desconvocada— a la espera de retomar las movilizaciones en septiembre. Ambos territorios ya han anunciado un “otoño caliente”, mientras que en la Comunidad de Madrid el profesorado de las enseñanzas no universitarias prepara un paro indefinido a partir del 14 de octubre.

Ese escenario ha servido de espejo para Andalucía. “Después de ver todos los movimientos que se habían sucedido ya en Valencia, Cataluñya y Madrid, era un clamor popular que, al menos, se intentase aquí también”, explica Raúl Lucas, activista de la educación pública andaluza y partícipe de Noviembre Verde. Si bien esa iniciativa ya ha cumplido su cometido y se ha disuelto, sus promotores esperan que ese embrión termine cristalizando el próximo curso en un movimiento capaz de movilizar a la comunidad educativa también en Andalucía. “La idea era sembrar la semilla que pudiera generar un noviembre más agitado”, resume Lucas.

Tras el intento de articular un frente común, late la sensación generalizada de que el deterioro de la educación pública se ha acelerado en los últimos años. “Vemos que cada vez va a peor, cada vez más recortes, y ahora quieren concertar el Bachillerato”, señala Óscar Marchante, secretario del sindicato CELE, en referencia al pacto PP-Vox recién alcanzado. En esa idea coincide Salvador Pineda, portavoz de UMAxlaPública, otra de las entidades que participarán en la asamblea: “La situación de la educación pública en Andalucía roza ya lo insostenible y había que hacer algo”, defiende después de conocer que las universidades públicas andaluzas están ya en déficit estructural, tras cerrar 2025 en números rojos.

De protestas dispersas a una estrategia común

La principal diferencia respecto a movilizaciones anteriores no reside tanto en las reivindicaciones como en la forma de organizarlas. Durante años, las protestas por la educación pública han discurrido en paralelo —convocadas unas veces por sindicatos, otras por asociaciones de familias, colectivos estudiantiles o plataformas locales—, sin lograr articular una respuesta unitaria capaz de movilizar al mayor sector público de Andalucía, integrado por más de 108.000 docentes.

La apuesta ahora pasa por sentar a todos esos actores en la misma mesa para construir una agenda compartida, que marque “el plan de acción” del próximo curso. Ese fue precisamente el cometido de Noviembre Verde. Sus impulsores insisten en que nunca pretendieron fundar una nueva plataforma, sino facilitar un primer contacto entre organizaciones que hasta ahora venían trabajando de forma separada.

Lo lograron el pasado 8 de julio, cuando lograron reunir de forma telemática a más de un centenar de representantes de cerca de una treintena de entidades. La respuesta, admite Lucas, desbordó todas las previsiones. “Partíamos de una expectativa muy baja y salimos realmente sorprendidos”, confiesa. “Nunca imaginamos que fueran a participar tantos colectivos ni que el diagnóstico fuera tan compartido: hay que ponerse en pie y empezar a movilizar a la gente”, expresa este activista convencido en que “el momento es ahora”.

Encontrar los elementos comunes

Las inquietudes son compartidas, pero coordinar una estrategia global entre sindicatos y organizaciones con sensibilidades distintas, procedentes de niveles educativos diferentes y colectivos diversos no es tan sencillo. Por eso, el punto de partida ha sido identificar las reivindicaciones comunes, capaces de aglutinar a toda la comunidad educativa, situando al alumnado en el centro de la propuesta. “Si enfocamos todo en el alumnado, cualquier mejora para ellos repercutirá también en los centros, las familias, las infraestructuras y el profesorado”, esgrime Óscar Marchante.

A partir de ese planteamiento, las organizaciones implicadas han comenzado a perfilar el manifiesto que esperan revalidar este sábado en Antequera. El documento, de 19 páginas, recoge algunas de las demandas históricas de la enseñanza pública andaluza: “reducción de las ratios”, incremento de los recursos destinados a la escuela pública y, en especial, al alumnado con necesidades educativas especiales, “desburocratización de la labor educativa”, “infraestructuras dignas y adaptación climática” o el rechazo a las políticas de privatización en la Formación Profesional y la enseñanza universitaria, entre otras.

“Queremos que el dinero público se destine a lo público”, sintetiza Raúl Lucas, quien lamenta que “lo que está ocurriendo es que recursos destinados a la educación pública terminan utilizándose como trampolín para empresas privadas”. Los organizadores de la asamblea aseguran que ese diagnóstico es compartido por prácticamente todos los sectores de la enseñanza, desde la educación primaria hasta la universidad, y confían en que ese consenso facilite la construcción de un movimiento amplio y sostenido en el tiempo.

El debate sobre la huelga

Si las reivindicaciones parecen concitar un amplio consenso, la fórmula para defenderlas sigue abierta. La asamblea de Antequera deberá abordar una de las cuestiones más delicadas: qué forma deben adoptar las movilizaciones del próximo curso.

En la Comunitat Valenciana, Catalunya o Madrid la huelga se ha convertido en el principal instrumento de presión. En Andalucía, sin embargo, todavía no existe un acuerdo claro y algunos sindicatos consideran que antes es necesario fortalecer la organización de la comunidad educativa. Es el caso de USTEA: “Creemos que es importante empoderar y movilizar al profesorado antes de convocar una huelga”, esgrime Francisco Fernández, portavoz de Educación de esta organización sindical, que propone celebrar asambleas y movilizaciones desde principios de septiembre para garantizar la implicación de la comunidad educativa.

USTEA ya había comenzado a trabajar en esa dirección antes del nacimiento de Noviembre Verde. El sindicato había lanzado un formulario entre el profesorado para explorar posibles movilizaciones y mantenía conversaciones con otras organizaciones cuando recibió la convocatoria del nuevo espacio de coordinación. “Nos pareció una excelente idea”, reconoce Fernández, quien comparte que “las expectativas son buenas” porque participan docentes de Infantil, Primaria, Secundaria y universidad, además del alumnado y las familias. “Esa unidad puede ser muy interesante”, augura el representante sindical.

Desde CCOO también valoran positivamente la creación de un espacio unitario. “Esperemos que esto sea el germen de esa unidad tan necesaria”, apuntan desde el sindicato, que recuerda que llevan desde 2019 defendiendo la igualdad de oportunidades y el ascensor social en la enseñanza superior universitaria.

Un deterioro compartido, que se agrava en Andalucía

Los problemas que denuncian son similares a los que han desencadenado las movilizaciones en otros territorios, pero las organizaciones implicadas sostienen que Andalucía presenta además algunas particularidades que agravan el deterioro de la enseñanza pública.

“Cuando hablamos con otras organizaciones del Estado comprobamos que los problemas son muy parecidos, pero la eliminación de aulas públicas en Andalucía es muy superior a la del resto”, señalan desde USTEA. Según los datos recopilados por el sindicato a partir de las publicaciones del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), desde la llegada del Partido Popular al Gobierno andaluz en 2019 se han suprimido 2.758 unidades de Infantil y Primaria.

A ese diagnóstico suman el creciente número de docentes interinos bloqueados en las bolsas de trabajo y de funcionarios desplazados de sus centros como consecuencia de la supresión de aulas. Todo ello, sostienen, ha contribuido a incrementar el malestar de la comunidad educativa y ha reforzado la convicción de que “en Andalucía necesitamos protestas similares a las de Valencia, Madrid, Aragón o Cantabria”.

Los colectivos que impulsan el movimiento unitario andaluz consideran que la educación pública atraviesa un punto de inflexión y atribuyen ese deterioro a las políticas educativas del Gobierno de Juan Manuel Moreno. “El Partido Popular se está cebando con la educación pública”, sostienen desde USTEA. “Quieren hacer de un servicio público un negocio y la educación tiene que estar por encima de cualquier interés político”, añade en esa línea el secretario del sindicato CELE.

Ese será precisamente el reto del frente común que empieza a tomar forma: canalizar el malestar que durante años ha ido cociéndose en los centros educativos andaluces, hasta consolidar un movimiento capaz de ganar la calle y convertir a Andalucía en un nuevo foco de movilización en defensa de la educación pública durante el próximo otoño. “Esperemos conseguirlo”, suspiran, “porque el futuro de nuestras aulas no puede seguir esperando”, como concluye el manifiesto.

El sistema universitario público andaluz en su conjunto ha cerrado el ejercicio presupuestario de 2025 en números rojos. Los resultados de las cuentas dibujan un escenario de déficit generalizado que fuentes del ámbito universitario califican de “estructural”, al confirmar que la financiación que reciben de la Junta ya no basta para cubrir los costes fijos de funcionamiento, especialmente los derivados de la plantilla.

Según el sumatorio de los cierres presupuestarios elaborado por CCOO y contrastado por este periódico, y a falta de incorporar el dato definitivo de la Universidad de Sevilla (US), el déficit global ronda los 38 millones de euros, una cifra aún provisional que podría variar ligeramente cuando concluya la auditoría de la institución sevillana, cuyos resultados se esperan conocer en los próximos días.

Esta situación supone un punto de inflexión en el pulso que desde hace dos años mantienen los rectores con la Junta por el modelo de financiación. Las nueve universidades públicas llevan reclamando al Gobierno de Juanma Moreno que cumpla con los pactos firmados en materia de financiación desde 2024, advirtiendo de que, sin esos recursos, el sistema entraría en déficit. Los resultados presupuestarios de 2025 apuntan a que ese escenario ya se ha materializado.

Las causas de un déficit generalizado

Fuentes internas señalan que el déficit estructural en el que se encuentran ya todas las universidades públicas andaluzas –a excepción de la UNIA– es consecuencia de varios años sometidas a un estado de asfixia económica por parte de la Junta, ante el “incumplimiento reiterado” del modelo de financiación.

La principal causa, señalada en numerosas ocasiones por los rectores, es la falta de aplicación de la denominada cláusula de salvaguarda incluida en el modelo de financiación, aprobado en septiembre de 2023 para el periodo 2023-2027. El cometido de esa cláusula era garantizar la estabilidad financiera del sistema, obligando a que las universidades reciban, como mínimo, la misma financiación del ejercicio anterior más los incrementos retributivos aprobados para el personal del sector público.

Sin embargo, las universidades sostienen que esas cantidades no se han transferido en su totalidad, forzando a los campus a asumir con recursos propios el aumento del coste de las plantillas. El resultado ha sido un incremento continuado del capítulo 1 —el destinado a personal—, acompañado de un agotamiento progresivo de los márgenes presupuestarios acumulados durante ejercicios anteriores. Fuentes universitarias sostienen que, si el Gobierno andaluz hubiese aplicado íntegramente el modelo de financiación pactado, se podría haber evitado que el sistema entrara en déficit.

Este periódico ha contactado con la Consejería de Universidad para recoger su valoración. La consulta se produjo en plena constitución del nuevo Gobierno andaluz tras la remodelación anunciada por el presidente de la Junta el pasado jueves y el aplazamiento de la toma de posesión de los nuevos consejeros debido al trágico incendio declarado en Los Gallardos (Almería) el viernes. Fuentes del departamento indicaron que necesitan unos días para analizar la información antes de ofrecer una respuesta.

Plan de ajustes ante una financiación “claramente insuficiente”

Más allá del caso de la Universidad de Málaga, a la que el Gobierno andaluz inyectó en 2024 un crédito extraordinario de 48,5 millones de euros para rescatarla de una crisis “sin precedentes”, las señales de alarma comenzaron a hacerse extensibles a otros rectorados andaluces.

Uno de los casos más recientes ha sido el de la Universidad de Sevilla, que aprobó el pasado mes de abril un plan de ajuste para recortar 16 millones de euros del presupuesto, con medidas como la reducción de grupos docentes, el cierre del turno de tarde en algunas facultades o restricciones en la contratación de profesorado.

Semanas después, la propia Hispalense alertó de un desfase de casi 13 millones de euros entre el coste previsto de su plantilla para 2026 (462 millones) y la financiación asignada por la Junta en el último reparto de fondos autonómicos (449 millones), una diferencia que el Rectorado calificó de “claramente insuficiente”.

Las nueve universidades en números rojos

Otro caso representativo es el de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), cuyo Consejo de Gobierno aprobó el pasado 30 de junio las cuentas anuales de 2025, arrojando un déficit de 2,5 millones de euros. Su rector, Francisco Oliva, explicó entonces que las causas de estas cifras se deben a “cuestiones completamente exógenas e incontrolables” para la propia institución, señalando a la administración autonómica como responsable.

Al presentar las cuentas, Oliva atribuyó ese desequilibrio al incremento obligatorio del gasto de personal —que cifró en 4,9 millones de euros— sin contar con la ayuda de la Junta, así como al “incumplimiento” de los compromisos económicos adquiridos por el Gobierno andaluz, como los 16 millones de euros que prometió el propio Moreno durante el acto de apertura del curso académico celebrado en la UPO.

Según el rector de la Olavide, si se hubieran transferido las cantidades previstas en el modelo de financiación y en los acuerdos pactados con la Junta, la universidad habría cerrado el ejercicio con un superávit de 700.000 euros.

Siguiendo el mismo patrón, la Universidad de Granada refleja en sus cuentas anuales un resultado presupuestario negativo superior a los cinco millones de euros. La única excepción dentro del sistema –formado por diez instituciones públicas– es la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), cuyo modelo resulta difícilmente comparable al resto por tratarse de una institución dedicada exclusivamente al posgrado y sin una plantilla docente propia.

Dos años de tensiones entre los rectores y la Junta

El cierre en negativo de las cuentas de 2025 constituye el culmen de dos años de tensiones entre los rectores y el Gobierno andaluz. El punto álgido del conflicto se produjo en 2024, cuando las universidades públicas llegaron a amenazar con acudir a los tribunales al considerar que la Junta mantenía una deuda cercana a los 50 millones de euros derivada del incumplimiento del modelo de financiación.

Aquella confrontación abrió la puerta a varios meses de negociaciones que desembocaron en una tregua en marzo de 2025, con un acuerdo extraordinario para financiar parcialmente determinados complementos retributivos del personal universitario.

Sin embargo, nueve meses más tarde, las universidades públicas volvieron a denunciar que el reparto de fondos para 2025 seguía sin cubrir la totalidad de la cláusula de salvaguarda, reabriendo el conflicto y planteando de nuevo la posibilidad de emprender la vía judicial para garantizar el cumplimiento del modelo.

Ahora, el cierre del ejercicio presupuestario certifica el desenlace del que los rectores habían alertado en numerosas ocasiones. Hasta este año, las universidades habían logrado absorber el incremento de los costes de personal recurriendo a remanentes y márgenes presupuestarios acumulados durante ejercicios anteriores. Pero esos recursos se han ido agotando hasta el punto de que los fondos autonómicos ya no permite cubrir el gasto estructural del sistema.

La situación recuerda a la vivida tras la crisis financiera de 2008, cuando las universidades andaluzas se vieron obligadas a aplicar severos planes de ajuste para contener el gasto. La diferencia, subrayan fuentes del sistema universitario, es que aquellos recortes respondían a un contexto de profunda recesión económica, mientras que el actual escenario coincide con unos presupuestos autonómicos en máximos históricos.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado retirar la exclusividad que el Gobierno de Juan Manuel Moreno le había concedido a la patronal taurina a la hora de validar los contratos necesarios para autorizar corridas de toros. En la práctica, ese requisito impedía que pequeñas empresas y profesionales independientes a las organizaciones mayoritarias del sector pudieran acceder en igualdad de condiciones a los festejos taurinos.

Esa condición viene impuesta en uno de los artículos del nuevo Reglamento Taurino, que el alto tribunal andaluz ha decidido suspender cautelarmente. Según el auto al que ha tenido acceso este periódico y contra el que ha recurrido la Junta de Andalucía, la norma “impone una obligación” que supone “la exclusión” de parte de los profesionales taurinos, “restringiendo sus derechos sindicales y laborales”.

La resolución judicial afecta a uno de los sectores que mayor respaldo institucional ha recibido por parte del Gobierno de Moreno. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha llegado a calificar públicamente al Gobierno andaluz como “taurino”. De hecho, la Junta presume de que, con Moreno al frente, ha impulsado una política de apoyo claro a los toros, con iniciativas normativas (como el reglamento taurino aprobado en marzo de 2025), económicas (multiplicando la financiación pública) y de promoción (con el aumento de las retransmisiones de corridas y novilladas en Canal Sur).

El nuevo reglamento consolidaba un sistema que, según denuncian las asociaciones de profesionales independientes, beneficiaba a las organizaciones tradicionales del sector, que son las que acaparan la mayoría de los festejos. La consecuencia es que los pequeños empresarios y trabajadores independientes quedaban orillados al encontrar más trabas para poder trabajar en un sector que aporta el 0,375% del PIB andaluz, genera un impacto económico superior a los 45 millones de euros anuales y da empleo directo a más de 3.100 personas vinculadas direcetamente a los festejos taurinos, según datos de la Junta.

Sin embargo, voces como la de la Asociación Sindical de Profesionales Taurinos Independientes (ASPROT) denuncian la exisencia de un “monopolio” dentro del sector, en el que la actividad se concentra en las grandes empresas. Por eso su presidente, Luis Miguel Calvo, interpreta la resolución del TSJA como “una victoria de David contra Goliat”, en la que “los magistrados le están dando toda la razón a David y a Goliat le está diciendo que ya está bien de abusar”.

Los visados como “herramienta de poder”

El conflicto gira en torno al visado de los contratos, un trámite administrativo imprescindible para que la Junta autorice la celebración de cualquier festejo taurino. Sin ese documento, la administración no concede el permiso para organizar una corrida, de ahí que el control de los visados se haya convertido durante años en una “herramienta de poder” dentro del sector.

El Reglamento Taurino aprobado por la Junta en marzo de 2025 establecía que esos contratos solo podían ser visados por la comisión de seguimiento del convenio colectivo estatutario, vinculada a la patronal taurina ANOET, que aglutina a las entidades más poderosas del sector. Quedaban, por tanto, excluidos los visados emitidos por la comisión del convenio colectivo nacional taurino extraestatutario, pese a que este también está inscrito legalmente y su validez ya había sido reconocida por la Audiencia Nacional en 2022.

El recurso fue presentado por las asociaciones firmantes de ese otro convenio, entre ellas ASPROT, que denunciaban que la exclusividad del visado privaba de trabajar a numerosos matadores, novilleros, organizadores de festejos, rejoneadores, banderilleros, picadores o mozos de espadas, limitando la libertad de elección de los trabajadores y empresarios “más humildes”.

Ahora, con la suspensión cautelar acordada por el alto tribunal, recurrida por la Junta según fuentes oficiales, será la propia Junta la que deberá admitir los visados emitidos por ambas comisiones mientras se resuelve el procedimiento principal. La Consejería de la Presidencia, competente en materia de espectáculos taurinos, ya ha incorporado esta medida al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), donde precisa que la suspensión se mantendrá hasta que recaiga una sentencia firme sobre el procedimiento, que lleva años librándose en los tribunales.

Fin al “monopolio histórico” de la tauromaquia en Andalucía

El auto del TSJA justifica la suspensión cautelar en que mantener la exclusividad podía tener consecuencias inmediatas para buena parte del sector. “De no suspenderse el precepto recurrido”, advierte el auto, “no podrían ejercer sus respectivas profesiones muchísimos profesionales afectados en infinidad de festejos, y empresarios taurinos que ya tienen contados festejos y eventos para fechas cercanas, ganaderos, titulares de plaza de toros, ayuntamientos y corporaciones locales titulares de plaza de toros y público en general”.

Las asociaciones recurrentes recuerdan que comunidades como Castilla y León y Aragón modificaron sus reglamentos para admitir los visados de ambos convenios. Andalucía, en cambio, blindó por ley la exclusividad en el nuevo reglamento que el consejero de la Presidencia llegó a presentar como un “modelo para el conjunto del país”.

Ahora el presidente de ASPROT celebra que la resolución del alto tribunal andaluz marca “un antes y un después” en la tauromaquia andaluza. Para Luis Miguel Calvo, la decisión del TSJA supone “un paso muy importante para no discriminar a unos frente a otros”, al poner fin a un “monopolio histórico” en el sector, permitiendo que profesionales que hasta ahora no podían participar en determinados festejos tengan las mismas oportunidades laborales con independencia del convenio colectivo al que estén adheridos.

“Muchos novilleros han tenido que renunciar a esta profesión, es un momento histórico”, sostiene Calvo, quien interpreta el auto como un avance en la protección de la libertad sindical y del derecho de trabajadores y empresas a acogerse al convenio colectivo de su elección. El procedimiento principal sobre el Reglamento Taurino continúa ahora su tramitación y será la sentencia definitiva la que determine si ese artículo queda anulado de forma permanente.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha vulnerado durante los últimos seis años la normativa de protección de datos al facilitar información personal de más de 525.000 alumnos —la mayoría menores de edad— y alrededor de 74.000 docentes al gigante tecnológico Microsoft, en el marco del convenio suscrito con la Junta en 2020 para el uso de herramientas digitales en el sistema educativo público andaluz.

Así lo concluye el expediente sancionador del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, adelantado por El País y consultado por este periódico, en el que se atribuyen a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional seis infracciones de la normativa: dos muy graves, tres graves y una leve.

El organismo de control ha dado de plazo hasta el 31 de julio para que la Junta implante un plan de acción que subsane las deficiencias detectadas en el convenio y reduzca el “elevado riesgo” que, a su juicio, supone el tratamiento de datos personales de alumnado y profesorado mediante los servicios en la nube de Microsoft, entre ellos Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive o Teams.

Fuentes de la Consejería sostienen que “en ningún momento ha habido una brecha de datos, ni se ha vulnerado la privacidad o el derecho a la intimidad de los estudiantes ni del profesorado andaluz” y garantizan que “no ha existido vulneración de la protección de los datos de los miembros de la comunidad educativa de Andalucía”.

Un nuevo expediente tras el caso Google

La resolución se conoce apenas dos años después de que el mismo organismo apercibiera a la Junta por un convenio similar suscrito con Google. En aquel caso, la administración andaluza también fue sancionada por vulnerar la normativa de protección de datos en el tratamiento de la información de 738.502 alumnos, 43.202 docentes y 2.676 centros educativos públicos.

Igual que en el convenio de Microsoft, el Consejo de Transparencia también identificó varias infracciones graves y muy graves relacionadas con el uso de Google Workspace for Education (antes G Suite), entre ellas no informar adecuadamente al alumnado, a sus familias y al profesorado sobre el tratamiento de sus datos personales.

Entonces, el Consejo ordenó igualmente la implantación de un plan de acción y de medidas correctoras antes del 31 de julio de 2025. Tras analizar la documentación remitida por la Consejería para acreditar su cumplimiento, el organismo elaboró en 2026 tres informes de seguimiento en los que da por cumplidas algunas de las exigencias, mientras que otras deberán seguir siendo objeto de supervisión al considerar que la administración educativa aún debe introducir “ajustes” en la Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD) y mejorar la “coherencia documental” para alcanzar “el nivel de rigor exigido” por la normativa, según el expediente al que ha tenido acceso este periódico.

Sin consentimiento previo

El origen del procedimiento se remonta a la denuncia presentada por un docente, que alertó de varias irregularidades en el convenio firmado en noviembre de 2020 entre Microsoft y la entonces denominada Consejería de Educación y Deporte, dirigida por el ya fallecido Javier Imbroda.

Según expuso el denunciante, el alta del alumnado y del profesorado en la plataforma se realizaba de forma automática a partir de los usuarios del sistema Séneca, sin solicitar previamente el consentimiento de los interesados o, en el caso de menores de 14 años, de sus representantes legales. De este modo, la administración facilitaba a Microsoft datos como las credenciales IdEA (Identificador Educativo Andaluz), nombre y apellidos, rol de alumno o docente y el código del centro educativo, “sin consentimiento previo”.

El denunciante también advertía de que, en el caso del profesorado, esas credenciales estaban vinculadas al acceso a sistemas con abundante información laboral y administrativa e incluso a datos especialmente protegidos relacionados con el alumnado, lo que, a su juicio, entrañaba “un riesgo muy elevado” dadas las capacidades tecnológicas de la multinacional estadounidense.

El Consejo admitió a trámite la reclamación en diciembre de 2023 y un año después inició el procedimiento sancionador contra la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de Desarrollo Educativo, tras acreditar la comisión de varias infracciones.

Seis incumplimientos acreditados

La resolución considera acreditadas seis infracciones de la normativa europea de protección de datos. Entre las más graves figura “la omisión del deber de informar adecuadamente” al alumnado, a sus familias y al profesorado sobre el tratamiento de sus datos personales, así como la realización de transferencias internacionales de datos a terceros sin acreditar el cumplimiento de las garantías, requisitos o excepciones previstos en el Reglamento General de Protección de Datos.

El Consejo también concluye que la Consejería no adoptó medidas técnicas y organizativas suficientes para “limitar el elevado riesgo” de que los usuarios incorporaran “categorías especiales de datos” a los servicios educativos en la nube. Asimismo, reprocha a la administración autonómica la ausencia de protocolos claros sobre qué fotografías y contenidos audiovisuales podían almacenarse en estas plataformas y cuáles debían quedar excluidos.

La resolución acredita además que la administración educativa inició el tratamiento masivo de datos sin realizar previamente la obligatoria Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD), pese a afectar 525.743 miembros del alumnado y 73.937 del profesorado y empleados, pertenecientes a 1.048 centros educativos, según los datos recogidos en el expediente.

Frente a estas conclusiones, la Consejería de Desarrollo Educativo sostiene que “tanto Google como Microsoft nunca han tenido acceso a las contraseñas ni han podido utilizar los datos para fines comerciales”. En un comunicado, el departamento que dirige Carmen Castillo insiste en que “en ningún momento ha habido brecha de datos, ni se ha roto la privacidad o el derecho a la intimidad de los estudiantes ni del profesorado andaluz”.

Sin multa para no perjudicar el sistema educativo

Respecto al expediente sancionador, desde la Consejería de Desarrollo Educativo se explica que el Consejo de Transparencia ha considerado “la necesidad de establecer medidas más claras sobre la formación del profesorado y la información a los usuarios sobre la creación de las cuentas y del tratamiento de sus datos”. En ese sentido, el departamento asegura que ya ha elaborado un plan de acción que incorpora medidas técnicas y organizativas para “minimizar el riesgo” de que los usuarios introduzcan categorías especiales de datos en los servicios educativos en la nube.

En las alegaciones incorporadas al expediente, la Junta reconoce que no realizó la preceptiva Evaluación de Impacto antes de la firma del convenio con Microsoft en 2020, aunque sostiene que esa carencia ya está siendo subsanada y que dicho informe será el “paso previo e indispensable” para la redacción del nuevo convenio. Sobre el resto de medidas recogidas en el plan de acción, la Consejería señala que serán presentadas antes del 31 de enero de 2027.

La Consejería también defiende que actualmente no dispone de una alternativa tecnológica propia con prestaciones equiparables a las ofrecidas por Microsoft, cuyos servicios —que incluyen Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive o Teams— utilizan más de medio millón de alumnos y decenas de miles de docentes. A su juicio, una interrupción inmediata del servicio provocaría “graves distorsiones y perjuicios” en el funcionamiento del sistema educativo.

Precisamente ese argumento ha pesado en la decisión del Consejo de Transparencia de no suspender los servicios de Microsoft hasta valorar las medidas adoptadas, pues la suspensión podría afectar negativamente al derecho a la educación y al interés superior del menor, por lo que ha optado por apercibir a la Consejería y exigir la adopción de medidas correctoras.

La administración autonómica deberá remitir antes del 31 de julio el plan de acción exigido por el Consejo, que incluirá las actuaciones necesarias para corregir los incumplimientos detectados y, entre otras cuestiones, acreditar que las transferencias internacionales de datos cumplen las garantías previstas por normativa o, en caso contrario, se suspenderá el flujo de datos. La resolución concluye advirtiendo de que el incumplimiento de las medidas impuestas podría constituir una nueva infracción muy grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos y dar lugar a la apertura de otro procedimiento sancionador contra la Junta.

El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han acordado iniciar las negociaciones para intentar evitar que la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) acabe en el Tribunal Constitucional. El acuerdo, publicado este lunes en el BOJA y en el BOE, abre formalmente la vía de diálogo prevista en la legislación para resolver las discrepancias detectadas por el Ejecutivo central antes de presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Este paso da continuidad al procedimiento activado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de mayo, cuando inició los trámites para impugnar la norma impulsada por el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, como adelantó entonces elDiario.es. En un informe jurídico previo al recurso, el Ministerio de Política Territorial apreciaba posibles “injerencias” en la autonomía universitaria consagrada en la Constitución y advertía de “incompatibilidades constitucionales” en 26 artículos y tres disposiciones adicionales de la ley universitaria andaluza.

La publicación del acuerdo se ha producido al día siguiente de la toma de posesión de Moreno como presidente de la Junta tras su pacto de gobierno con Vox. No obstante, fuentes de la Consejería de Presidencia consultadas por este periódico señalan que el Ejecutivo andaluz continúa en funciones y sitúan la puesta en marcha de las conversaciones una vez se constituya el nuevo Gobierno, previsiblemente el próximo jueves o viernes.

La vía para evitar el recurso

El acuerdo publicado este lunes es el paso previo a interponer un recurso de inconstitucionalidad. Antes de impugnar la ley en cuestión, el Estado y la comunidad autónoma afectada deben abrir un proceso de negociación para tratar de “resolver las discrepancias” detectadas. Para ello, el procedimiento contempla la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación, el órgano de negociación entre ambas administraciones.

En este caso, las conversaciones se centrarán en 26 artículos y tres disposiciones adicionales de la ley universitaria andaluza, aprobada el pasado mes de febrero con el voto en solitario del PP y el rechazo de toda la oposición. Se trata de los mismos preceptos recogidos en el informe jurídico elaborado por el Ministerio de Política Territorial previo al recurso, en el que advertía de que la norma podría incurrir en “injerencias” sobre la autonomía universitaria e invadir competencias exclusivas del Estado.

El acuerdo prevé ahora la constitución de un grupo de trabajo encargado de proponer “la solución que proceda” a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación. La negociación tiene de plazo hasta finales de diciembre, según fuentes de la Consejería de Presidencia. Hasta entonces, el Estado y la Junta tratarán de alcanzar un acuerdo que permita evitar la impugnación de la ley ante el Tribunal Constitucional.

No sería la primera vez que ambas administraciones evitan la vía judicial mediante un acuerdo. En 2022, el Estado y la Junta alcanzaron un pacto sobre la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), después de que el Gobierno andaluz aceptara modificar varios aspectos que el Ejecutivo central consideraba invasivos de competencias estatales.

Ley cuestionada también por los rectores

La LUPA ha sido una de las principales apuestas legislativas del Gobierno de Moreno, aunque desde su tramitación ha recibido fuertes críticas tanto de los sindicatos como de las diez universidades públicas andaluzas. Los rectores ya alertaron de que la ley rozaba lo inconstitucional y pusieron “en entredicho su legalidad”, aunque no recurrieron la norma ante el Tribunal Constitucional por carecer de competencias para ello, según el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Paco Oliva.

Con todo, los rectores denunciaron durante la tramitación parlamentaria que la norma incurría en “una injerencia injustificada de la administración pública en el ejercicio de la autonomía universitaria” y advirtieron de que “vulnera” artículos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). En esa misma línea, el informe jurídico del Ministerio de Política Territorial analiza la LUPA y argumenta posibles incompatibilidades con la normativa estatal y con la Constitución Española.

Entre los preceptos cuestionados figuran algunas de las principales novedades de la ley impulsada por Moreno, como es el caso del requisito obligatorio de graduarse con un nivel B2 en inglés (artículo 13 de la LUPA) o los requisitos generales para la creación y reconocimiento de universidades (artículo 116). Cabe recordar que la ley andaluza otorga por primera vez capacidad de voto a las universidades privadas en el diseño del sistema académico andaluz a través de la nueva composición del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria –antiguo Consejo Andaluz de Universidades (CAU)–.

“Discrepancias” detectadas en la norma andaluza

El Ministerio también negociará el artículo que recoge la creación de una figura contractual (profesor ayudante no doctor) “no prevista en el catálogo tasado de la LOSU con posible invasión de la competencia exclusiva del Estado en materia laboral”, así como la figura del interventor, al considerar que “restringe el acceso al puesto al cuerpo de interventores de cualquiera de las administraciones públicas, condicionado la autonomía organizativa y económica financiera universitaria sin cobertura en la LOSU, que no impone tal restricción”.

Hay discrepancia igualmente con el hecho de que la LUPA “obligue a las universidades y centros adscritos privados” a destinar “al menos” el 3 % de su presupuesto a becas y ayudas, “afectando a la autonomía económica y financiera y potencialmente alterando el esquema de la LOSU, que prevé el establecimiento del sistema de becas como facultad de cada universidad”, según sostiene la cartera que dirige Ángel Víctor Torres.

Las disposiciones adicionales sobre las que el Ejecutivo central muestra recelos son la segunda (referida a la Universidad Internacional de Andalucía, sobre la que tampoco ve claro su papel como coordinadora de las políticas de internacionalización), la undécima (conciertos entre universidades e instituciones sanitarias y docentes no universitarias) y la duodécima (convenios para la cotización del personal de las universidades).

El informe del Ministerio sostiene, en resumen, que la LUPA introduce una regulación excesivamente intervencionista, que limita la capacidad de autoorganización de las universidades públicas andaluzas. Por eso, “con objeto de evitar cualquier posible tacha de inconstitucionalidad”, propone reformar la norma, ya sea mediante una solución negociada o, en su defecto, impugnando judicialmente los artículos que puedan vulnerar el orden constitucional.

Ante este escenario, las universidades públicas andaluzas han optado por ser “lo más prudente” posible en la adaptación de sus estatutos a la nueva ley universitaria autonómica. El secretario general de la Universidad de Sevilla explicó al Consejo de Gobierno que el recurso del Ministerio coloca al sistema universitario público andaluz en una situación “inédita”, al tener la “obligación” de adaptarse en el plazo de un año a una ley “cuya constitucionalidad está cuestionada”. El proceso de negociación abierto entre el Gobierno central y la Junta conduce a las universidades, según el cargo de la US, a una situación de “incertidumbre jurídica”.

Además de cultivar uno de los tomates más preciados, en Los Palacios y Villafranca también “nacen campeones del mundo”. Lo proclama una pancarta desplegada frente a la peña sevillista de este municipio sevillano. En ella aparecen Jesús Navas, Gavi y Fabián Ruiz levantando el trofeo de la Eurocopa de 2024. “Son el orgullo de Los Palacios”, resume Manuel Pozo mientras sirve cervezas detrás de la barra, minutos antes de que comience el España-Austria.

No es una afirmación exagerada. Con menos de 39.000 habitantes, Los Palacios y Villafranca consiguió aportar dos titulares al once inicial de España en su debut en el Mundial. Frente a Austria esta vez, Gavi y Fabián esperan su oportunidad en el banquillo, pero en las peñas y bares del pueblo muchos siguen el partido con sus nombres estampados en la espalda.

Ana y Rafa lucen la camiseta de Gavi. “Estamos muy orgullosos de que haya gente de Los Palacios en el Mundial”, dice ella. “Y encima son dos, eso es muy complicado”, añade su amigo. Las matemáticas afinan cómo de cierta es esa afirmación. La probabilidad de que un pueblo con el censo de Los Palacios aporte dos jugadores a la selección es de un 0,02 %. Aproximadamente.

Lo que para la estadística es excepción, en Los Palacios se siente como costumbre. “Al principio se nos hacía raro que un pueblo tan pequeño tuviera tres campeones, pero ya uno se va acostumbrando a estar representado a ese nivel”, reconoce Antonio, uno de los vecinos que sigue el partido junto en un bar junto a sus paisanos, a pesar del calor que aprieta en la calle incluso después de la puesta de sol.

La pregunta es inevitable: ¿qué tiene Los Palacios para producir tanto talento futbolístico? Algunos, como Jesús Laínez, presidente de La Liara Balompié —el club donde Gavi dio sus primeros pasos—, responden medio en broma que el secreto está en su célebre bombón colorao, como llaman a sus tomates. Pero Antonio tiene otra teoría. “La clave es la calle”, afirma. “Aquí los niños juegan a la pelota desde pequeños, pasan horas en el albero y ese proceso termina en los clubes”, explica. En un municipio de menos de 39.000 habitantes conviven cinco clubes y una escuela de fútbol, por los que pasan más de 2.000 niños, según datos de la Delegación Municipal de Deportes.

De esos orígenes dan fe Manoli y sus amigas, que siguen el partido con el orgullo de quien anima a los niños del pueblo. “A Jesús Navas lo conozco desde que era chico, venía con el balón debajo del brazo y el bocadillo en la mano a buscar a mi hijo y se iban a jugar a la plazoleta”, recuerda. Para ellas, amigas “de toda la vida” de la madre de Fabián, los internacionales palaciegos siguen siendo, antes que estrellas, “parte de la familia”.

Ese sentimiento familiar atraviesa generaciones y también colores futbolísticos. “Cuando llegas fuera y dices que eres de Los Palacios, todo el mundo lo relaciona con ellos”, cuenta Antonio. Aunque es bético, puede más la vecindad y no se olvida de mencionar al capitán sevillista. “Ahora tenemos a Gavi y a Fabián, pero para mí, Jesús Navas también es un orgullo como palaciego”, subraya.

Mientras la noche va refrescando poco a poco las calles, en uno de los bares donde se sigue el encuentro la vista está puesta en el banquillo. “A ver si sale Fabián o Gavi en la segunda parte, que la gente está deseando”, comenta el camarero. El momento esperado llega en los últimos minutos del partido, cuando Luis de la Fuente da entrada primero a Gavi y, poco después, a Fabián Ruiz, ya con el dos a cero a favor.

En el bar no se recibe con un estallido de euforia como cuando han celebrado los goles, pero sí con un murmullo distinto, algunos aplausos y miradas cómplices. Dani, que lleva la camiseta de Fabián, resume con una frase el sentimiento compartido: “No es lo mismo si no juegan ellos”. De hecho, confiesa: “Venimos a ver a los nuestros”. “Te emocionas porque son los referentes de todo el pueblo”, dice al verlos salir al campo.

El partido termina en goleada y las terrazas comienzan a vaciarse. Los vecinos se despiden con la promesa de reencontrarse en el próximo partido. Este viernes los niños volverán a llenar las calles y los campos de fútbol donde un día también empezaron Jesús Navas, Fabián Ruiz y Gavi. Nadie sabe quién será el próximo campeón del mundo. Después de ver a tres vecinos llegar a la cima del fútbol mundial, ya nadie se atreve a dejar de soñar en el pueblo donde todo es posible.

La asamblea en defensa del complejo universitario Flora Tristán, propiedad de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), ha trasladado este martes su protesta al Ayuntamiento de Sevilla para reclamar la implicación del alcalde en el mantenimiento de la residencia ubicada en las Tres Mil Viviendas.

El Consejo de Gobierno de la UPO acordó hace una semana mantener cerrado el inmueble hasta que se ejecuten las obras necesarias para garantizar la seguridad del edificio, después de que el Consejo Social frenara la cesión de su gestión a la Fundación Gerón, la fórmula defendida por el Rectorado para acometer la rehabilitación del complejo y reabrir la residencia el próximo curso. Tras ese rechazo, la Universidad constituyó una comisión mixta para explorar nuevas vías de financiación, al sostener que carece de recursos para asumir unas obras cuya primera fase está valorada en 420.000 euros.

En ese contexto, representantes de la asamblea han acudido este martes al pleno extraordinario del Ayuntamiento para reclamar el apoyo de la corporación municipal. Tras protestar en el pleno y ser desalojados al grito de “la Flora no se cierra”, acusaron al Rectorado de plantear una “falsa dicotomía entre la privatización del complejo o su cierre” y reclamaron financiación pública que permita mantener abierto el proyecto el próximo curso, evitando así “dejar a centenares de estudiantes en la calle”.

Un “golpe” para el barrio y la salud mental de los residentes

Desde la asamblea alertan del impacto que la incertidumbre y la falta de respuestas están teniendo sobre el estudiantado. “Nos está costando ya la salud mental a muchísimos residentes”, asegura Amanda, representante de la asamblea y residente desde hace cuatro años en el complejo.

De acuerdo con su testimonio, el perfil mayoritario de quienes residen actualmente en la Flora Tristán son estudiantes en situación de vulnerabilidad o personas migrantes sin red de apoyo en la ciudad, que dependen de una residencia pública y de las becas de colaboración para poder continuar sus estudios. “Muchos solo tienen como recurso su sueldo y cobran unos 500 euros al mes; literalmente se están viendo en la calle”, afirma.

La Universidad Pablo de Olavide ha confirmado a SevillaelDiario.es que la comisión mixta ya ha celebrado una primera reunión y trabaja en una convocatoria de ayudas para facilitar un alojamiento alternativo a los estudiantes durante el próximo curso.

Más allá de “dejar sin vivienda a los residentes”, el cierre de la Flora Tristán “también supone dejar de prestar un servicio público al barrio”, en palabras de Amanda. Según ha explicado, decenas de proyectos sociales desarrollados junto a entidades del Polígono Sur dependen de la presencia de los estudiantes, por lo que el cierre supondría “un golpe para todo el barrio”, motivo por el que la protesta cuenta con el respaldo de la plataforma vecinal Barrios Hartos.

El informe técnico en tela de juicio

La asamblea critica que el Rectorado presente un escenario en el que solo caben dos opciones —privatizar la gestión o mantener cerrada la residencia— cuando, a su juicio, existen alternativas de financiación pública. “Para garantizar la apertura el próximo curso hacen falta 400.000 euros”, indica Amanda, que pide al Ayuntamiento implicarse en la financiación de unas actuaciones que, a su juicio, permitirían mantener abierta la residencia mientras se acomete la rehabilitación.

A ese respecto, miembros de la asamblea aseguran haber tenido acceso al informe técnico encargado por la Universidad sobre el estado del edificio y apuntan a que “no hay nada que imposibilite la apertura el próximo curso” ni que justifique el cierre total de la residencia.

Esa versión de los estudiantes contrasta con la del Rectorado, que defiende que el edificio presenta deficiencias estructurales que obligan a una intervención urgente y que impiden ofertar plazas hasta que se ejecuten las obras previstas. Según la UPO, las actuaciones están valoradas en 420.000 euros en una primera fase “imprescindible” para la reapertura, y entre tres y seis millones de euros para la rehabilitación integral.

En concreto, el rector de la UPO explicó que la institución ha trabajado con una auditoría técnica externa, así como con una pre-auditoría y diversos informes parciales elaborados desde abril de 2024. En el informe técnico final, sostiene la institución, se concluye que el edificio en el que se ubica la residencia presenta “deficiencias estructurales” y se detalla que de los 39 ítems analizados, ocho requieren una “intervención muy urgente” y 15 “aluden a riesgos mayores”. La asamblea reclama que el documento se haga público para que pueda ser analizado por la comunidad universitaria.

“Una nueva apuñalada al Polígono Sur”

La protesta de este martes ha contado con la participación de Barrios Hartos, que considera que el futuro de la Flora Tristán trasciende el ámbito universitario. Su portavoz, Juan García, ha defendido que la residencia constituye una herramienta de acceso a la universidad pública, de intervención comunitaria y de respuesta a la emergencia habitacional que vive la ciudad.

“Son 132 pisos que pueden alojar a más de 250 estudiantes o personas en situación de vulnerabilidad. Si se cierran por una inversión de 400.000 euros, estamos ante una nueva apuñalada al Polígono Sur”, ha señalado. A su juicio, la posible pérdida de la Flora Tristán se suma al deterioro de otros servicios públicos del barrio y profundiza en una situación de desigualdad que arrastra desde hace décadas. “El Polígono Sur es una zona donde hay que invertir más que en otro sitio de la ciudad porque allí viven chavales que necesitan un futuro”, ha manifestado García, quien ve en el cierre de la residencia un síntoma del “agravio continuo que viven todos los barrios obreros de Sevilla”.

Los representantes de la plataforma lamentan además la falta de implicación del Ayuntamiento. Tras acudir al Pleno municipal para reclamar apoyo institucional, reprochan al alcalde que considere el futuro de la residencia una cuestión exclusiva de la Universidad. “Podría implicarse como administración pública y aportar recursos para salvar un proyecto que presta un servicio esencial al barrio”, defienden.

Propuesta de cofinanciación Ayuntamiento-UPO

Coincidiendo con la protesta, el grupo municipal Con Podemos–Izquierda Unida ha registrado una propuesta en el debate sobre el estado de la ciudad para impulsar un “plan de rescate municipal” de la residencia Flora Tristán.

La iniciativa plantea la firma de un convenio de cofinanciación extraordinario entre el Ayuntamiento y la UPO, con “una partida económica de emergencia destinada de forma exclusiva a sufragar las obras de adecuación estructural y habitabilidad del edificio, garantizando así que pueda abrir sus puertas a la mayor brevedad posible”, según recoge la propuesta a la que ha tenido acceso este periódico.

Entretanto, la asamblea mantiene el encierro iniciado hace dos semanas y anuncia que continuará con las movilizaciones hasta que se garantice una solución que permita preservar el carácter público de la residencia y evitar que los estudiantes “se queden en la calle” el próximo curso.

Apenas 48 horas después de abrir un conflicto de competencias contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y anunciar su intención de recurrir al Tribunal Constitucional, el presidente andaluz en funciones, Juan Manuel Moreno, se ha comprometido este jueves a cooperar con el Gobierno central en materia de vivienda “con los ojos tapados, sin pensar en el color político”.

Moreno ha coincidido con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez en la entrega de llaves de la promoción Residencial Puerta de Jerez, en Sevilla. Un acto celebrado dos días después de que la Junta iniciara formalmente los trámites para impugnar el plan estatal de vivienda, al considerar que invade competencias autonómicas y condiciona la gestión de las políticas de vivienda.

El dirigente andaluz ha trasladado, no obstante, a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, un mensaje de “máxima cooperación, colaboración y diálogo” para afrontar “el grave problema de acceso a la vivienda que hay en España”, sin aludir al requerimiento al Ejecutivo central aprobado el pasado martes en un Consejo de Gobierno extraordinario, como paso previo a acudir al Constitucional.

Frente a ello, el presidente andaluz ha insistido en la necesidad de colaborar entre administraciones: “Ministra, se trata de que arrimemos el hombro todos, de que cada uno ponga sus recursos para resolver el problema de acceso a la vivienda”, ha señalado. El nuevo plan estatal cuenta con una dotación de 7.000 millones de euros, de los que 1.197 millones corresponden a Andalucía (un 60% de financiación estatal: 718 millones; y un 40% autonómica: 479 millones de euros).

Por su parte, la ministra tampoco ha aprovechado su intervención para lanzar ningún mensaje al presidente de una de las comunidades que ha secundado la estrategia planteada por otras autonomías gobernadas por el PP, como Madrid o Extremadura, que también han iniciado procedimientos que pueden acabar en los tribunales, como ya ocurrió con la Ley estatal de vivienda impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Isabel Rodríguez ha centrado su discurso en la defensa de las políticas de vivienda promovidas desde su departamento, reivindicando la colaboración entre administraciones. “Entre tanto ruido y lío reivindico esta política como la política útil, la que transforma y mejora la vida de la gente”, ha manifestado la ministra. Dirigiéndose a los adjudicatarios de las 137 nuevas viviendas públicas, ha añadido: “Recibís un derecho, un proyecto de vida, y a eso nos tenemos que ocupar todos los equipos de las administraciones públicas. Esta es la fórmula: el acuerdo y la colaboración entre administraciones”.

Tras entregar las llaves a algunas de las familias que van a entrar a vivir en esta promoción, situada en Palmas Altas, ambos dirigentes han mantenido el tono institucional de principio a fin, sin alusiones al conflicto que enfrenta a sus respectivas administraciones.

Cambio de postura

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se aprobó en Consejo de Ministros el pasado mes de abril, con el beneplácito del Ejecutivo de Juanma Moreno, que aceptó inicialmente la estrategia política del Gobierno de Pedro Sánchez para encarar la crisis habitacional y triplicó los recursos disponibles para aumentar el parque de viviendas, un dinero que gastarán las comunidades.

El proyecto estrella del Ministerio de Vivienda introducía dos novedades. Por un lado, incrementar las ayudas destinadas a la construcción de vivienda pública, especialmente para alquiler asequible. Por otro, blindar de forma permanente la protección de las viviendas financiadas con fondos estatales, de modo que no puedan descalificarse para convertirse posteriormente en vivienda libre.

Ahora Moreno –que está en funciones y ultima con Vox un acuerdo de gobierno– se ha sumado a la vía de otras comunidades gobernadas por el PP para impugnar varios de los requisitos incorporados por el Gobierno al nuevo plan, al considerar que el Ministerio de Vivienda se ha extralimitado en sus competencias. El Ejecutivo andaluz denuncia invasión de competencias y rechaza tanto el reparto de fondos como el grado de intervención estatal en la gestión de los mismos.

“El nuevo sistema de cofinanciación vulneraría el principio de autonomía financiera, ya que restringe su capacidad para decidir el destino de sus recursos presupuestarios. En el caso concreto de Andalucía, implica que la comunidad autónoma tenga que aportar 400 millones más que en el plan anterior, más de seis veces más (6,47), mientras que la contribución del Estado no llegaría a tres veces más de lo aportado”, rezaba el comunicado difundido tras el Consejo de Gobierno.

Imagen de cordialidad institucional

Antes de la intervención del presidente andaluz en el acto junto a la ministra, fuentes del entorno de Moreno han restado peso al alcance del requerimiento abierto esta semana, apelando a que interponer recursos contra normas estatales es una práctica habitual dentro del funcionamiento ordinario entre administraciones cuando existen discrepancias jurídicas o competenciales.

Entre los artículos cuestionados figura además el 153, que supedita a una autorización o incluso a la presencia del ministro la presentación de actuaciones financiadas con cargo al Plan Estatal de Vivienda. La controversia afecta así de lleno a actos como el celebrado este jueves en Sevilla, al conectar con la pugna política entre el Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo de Moreno por capitalizar la entrega de llaves de viviendas públicas a familias, algo que llevan años reprochándose mutuamente.

Pese a ese contexto de fondo, el acto de este jueves ha servido como primera escenificación conjunta sin señales visibles de confrontación ni referencias cruzadas, en un clima de cordialidad institucional que contrasta con el choque abierto esta misma semana en torno al principal instrumento estatal para afrontar la crisis de acceso a la vivienda.

D.D. es un joven senegalés de 17 años que llegó a España en 2024 con la esperanza de encontrar trabajo y ayudar a su madre. Al principio recorrió distintos centros de acogida y albergues para personas sin hogar, mientras intentaba abrirse camino lejos de casa. Hace unos meses se trasladó a Sevilla para trabajar en el campo, hasta que el sábado 6 de junio ingresó en el hospital Virgen Macarena tras sufrir un grave episodio de salud mental. El pasado lunes 22 recibió el alta. Cuando cruzó la puerta del centro hospitalario ya no tenía cama asignada, ni un lugar donde continuar su recuperación. En plena ola de calor, D.D. volvió directamente a la calle.

Su caso resume una cadena de “errores institucionales” que las plataformas de apoyo a personas migrantes llevan años denunciando. Cuando recaló en territorio español a través de Canarias, manifestó ser menor de edad, pero nunca se le identificó como tal. No se abrió un expediente de determinación de edad, no intervino la Fiscalía de Menores y tampoco fue inscrito en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), pese a que lo exige la legislación vigente. Desde entonces quedó atrapado en un limbo burocrático del que aún no ha salido: su país de origen lo reconoce como menor de edad, pero la Administración española lo registró como adulto a su llegada.

Como consecuencia de esa identificación errónea, fue derivado al circuito de atención para personas adultas, donde se le animó a presentar una solicitud de protección internacional. Así obtuvo la conocida como “tarjeta roja”, el documento que acredita –a los mayores de edad– la condición de solicitante de asilo. En esa tarjeta figura una fecha de nacimiento que, según la documentación oficial de su país de origen, no es la suya.

Una vez se estabilizó en territorio español, D.D realizó los trámites para recuperar su documento de identidad senegalés. Este periódico ha podido comprobar la existencia de una carta nacional de identidad, expedida por el Consulado de Senegal en Madrid en mayo de este año, que sitúa su fecha de nacimiento en noviembre de 2008. elDiario.es también ha tenido acceso a los escritos remitidos por Laia Costa, activista jurídica especializada en derechos de menores no acompañados, a la Junta de Andalucía, la Fiscalía de Menores, el Hospital Virgen Macarena, ACCEM y ACNUR antes de que se produjera el alta hospitalaria.

En ellos se advertía de la minoría de edad del joven, de su situación de “extrema vulnerabilidad” y de la necesidad de activar un recurso habitacional adecuado antes de que abandonara el hospital, en aras de evitar que el joven volviera a la calle, como finalmente ha sucedido. La jurista alertaba además de que dejar a un menor con problemas de salud mental sin alojamiento tras el alta médica “constituiría una omisión grave que podría ser calificada como abandono de menor”, según el Código Penal. Pese a ello, el alta se produjo y D.D. salió del hospital sin que se hubiera activado ninguna medida preventiva de protección que garantizara su correcta recuperación.

Atrapado entre dos vidas

“Es como si tuviera dos vidas”, resume una de las activistas que lo acompaña desde su etapa en Extremadura. Una de ellas aparece en la documentación expedida por las autoridades senegalesas que refleja que a día de hoy tiene 17 años y, por tanto, sigue siendo menor de edad. La otra es la que figura en buena parte de su recorrido administrativo en España desde que llegó a Canarias, donde fue incorporado al circuito de atención para personas adultas.

A juicio de la activista jurídica, el conflicto radica en el valor que las administraciones conceden a los distintos documentos que obran en el expediente. “El artículo 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que los documentos extranjeros tendrán en España el mismo valor que los documentos públicos españoles, mientras no sean impugnados judicialmente”, explica Costa.

Sin embargo, aun existiendo documentación expedida por el Consulado de Senegal que acredita su minoría de edad, parte de su trayectoria administrativa en España continúa vinculada a los datos con los que fue registrado al llegar a Canarias y que posteriormente quedaron reflejados en su documentación como solicitante de protección internacional. “La tarjeta roja es únicamente un documento acreditativo de su condición de solicitante de asilo; no constituye en modo alguno una resolución de determinación de edad ni tiene valor probatorio sobre la edad del solicitante”, sostiene la jurista.

La situación de “desprotección” en la que se encuentra actualmente D.D. es, según Costa, “consecuencia directa del error institucional inicial”: no haber sido identificado como menor desde su llegada. Se trata de una práctica recurrente en el sistema de acogida: la “sistemática falta de identificación adecuada” de los menores migrantes que llegan por la ruta canaria. De acuerdo con la jurista, numerosos menores que llegan a través de Canarias quedan inicialmente fuera de los mecanismos de identificación y protección previstos para la infancia migrante, una situación sobre la que el Defensor del Pueblo ha llamado la atención en reiteradas ocasiones por el riesgo de desprotección que genera.

Fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía consultadas por este periódico indican que el caso está en manos de la Fiscalía de Menores, después de que el hospital se lo remitiera. Hasta que el Ministerio Público no acredite que es menor, añaden las fuentes, el Gobierno andaluz no puede activar las medidas de protección que corresponden.

Según ha podido saber este diario, la Fiscalía ha citado al joven este jueves para la realización de pruebas de determinación de edad. Una decisión que ha sido recibida con críticas por parte de las personas que acompañan su caso, que cuestionan la necesidad de recurrir a estas pruebas cuando existe documentación oficial de su país de origen que acredita su fecha de nacimiento.

Un caso especialmente sensible

Si el caso de D.D. preocupa a las organizaciones que le acompañan no es únicamente por el fallo de identificación, sino por su situación de especial vulnerabilidad. El joven acaba de salir de un ingreso hospitalario por problemas de salud mental y, según apuntan las personas que siguen su caso, carece de la estabilidad necesaria para afrontar en solitario tanto su tratamiento como los trámites administrativos que condicionan su futuro.

“D.D. no sabe leer y necesita apoyo constante”, explica una de las activistas que le acompaña desde hace meses. “Lo que necesita ahora mismo es estabilidad habitacional, un lugar donde vivir y alguien que le ayude a seguir el tratamiento que le han pautado”, insiste.

La preocupación también aparece reflejada en el expediente médico del hospital sevillano. En uno de los informes a los que ha tenido acceso este periódico, los profesionales sanitarios solicitan que se realicen “cuantas actuaciones sean precisas por las entidades competentes para facilitar” al joven el acceso a sus derechos de protección y subrayan que disponer de “un espacio estructurado donde vivir y apoyos válidos tendrá una repercusión pronostica positiva”.

Actualmente, D.D. permanece en un asentamiento chabolista de La Rinconada. Las personas que le acompañan temen que las altas temperaturas de estos días, unidas a la falta de estabilidad y a las dificultades para seguir correctamente la medicación prescrita, compliquen aún más su recuperación.

Desde la plataforma de apoyo a personas migrantes sostienen que la responsabilidad de protegerle corresponde a la Fiscalía de Menores y a la Junta mientras se resuelve definitivamente su situación. Recuerdan que el único momento en el que el joven ha sido tratado como menor desde que llegó a España fue durante su ingreso hospitalario, donde fue atendido en el área de menores después de que se aportara la documentación expedida por las autoridades senegalesas.

Por ello exigen su reconocimiento inmediato como menor extranjero no acompañado y la apertura de un expediente de tutela por parte de la Junta de Andalucía, al considerar que es la administración competente por encontrarse actualmente en su territorio. “Nos preocupa la deshumanización que se está normalizando y el incumplimiento constante de las normas destinadas a proteger a menores sin red familiar ni apoyo”, denuncian desde la plataforma.

Mientras las administraciones verifican la edad de D.D, el joven sigue esperando. Tiene una carta de nacimiento reconocida por su país de origen, una cita para someterse a pruebas de determinación de edad y un tratamiento médico que continuar. Pero, por ahora, sigue sin tutela, sin alojamiento estable y sin un lugar seguro donde recuperarse.

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) es probablemente la gran desconocida del sistema universitario público andaluz. Nacida en 1994 como una de las dos únicas universidades españolas especializadas exclusivamente en posgrado, hoy reivindica su papel como la décima universidad pública andaluza, orientada a la especialización, el aprendizaje permanente y la conexión con el mercado laboral.

Coincidiendo con el periodo de matriculación de másteres, abierto hasta el 26 de junio, su rector, José Ignacio García, pone el foco en cambiar una realidad que considera preocupante: menos de la mitad de los graduados universitarios continúan sus estudios con una formación de posgrado. Frente a ello, defiende el valor de la universidad pública como vía de especialización accesible —“un máster cuesta menos de 900 euros”, subraya— y de calidad, animando tanto a los recién graduados como a los profesionales en activo a seguir formándose en un mercado laboral en constante transformación.

La Universidad Internacional de Andalucía se define como una institución “singular” dentro del sistema público andaluz. ¿Qué diferencia hoy a la UNIA del resto de universidades públicas?

La principal diferencia es que somos una universidad sin profesorado propio. En esta universidad el único profesor a tiempo completo soy yo. El resto de profesores de nuestros más de 40 programas de máster y de doctorado vienen del resto de universidades andaluzas. Lo que hacemos es contratar para las horas que son necesarias a los profesores que necesitamos en cada programa. Y por eso cada programa se adapta de una manera muy flexible a las necesidades del mercado, pues cambiamos nuestra contratación cada año. Y luego, la otra gran diferencia es que somos una universidad solo de posgrado, que no tenemos grados universitarios. Por tanto, aquí los alumnos pasan como máximo un año.

Durante años mucha gente ha asociado la UNIA a los Cursos de Verano. ¿Qué es hoy la Universidad Internacional de Andalucía en su conjunto?

Yo diría que la UNIA hoy día ya es una universidad puramente de posgrado, donde la actividad principal son los másteres, los doctorados y los títulos propios que tenemos para más de 2.000 personas. Esos títulos son los que definen nuestra oferta más estable, que es la misma año tras año, salvo las incorporaciones que estamos teniendo, que por suerte estamos incorporando cada año bastantes títulos nuevos. Los cursos de verano siguen siendo importantes, pero ya no dejan de ser más que como mucho un cuarto de nuestra actividad. Las otras tres cuartas partes son formación permanente y postgrado, tanto oficial como propio.

¿Y qué cree que todavía desconocen muchos andaluces sobre la universidad que dirige?

Nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo para que los andaluces sean conscientes de que tienen diez universidades en Andalucía y que esta décima, aun siendo la más pequeña, es una universidad muy adecuada para todos aquellos que se quieren especializar, que han terminado un grado y que quieren hacer una especialización en alguno de los campos en los que trabajamos, que son muchos, o para aquellos que están trabajando ya y quieren especializarse o profundizar en alguna materia. Nuestra forma de organizar la docencia tan flexible, que permite hacerlo a tiempo completo o a tiempo parcial, que permite dedicarle el tiempo que tú buenamente tengas en tus tardes o en tus noches o en tus mañanas, hace que esta oferta sea una oferta muy interesante para el andaluz medio que decide formarse en algo de una manera más especializada.

¿Qué perfil tiene hoy el estudiante de la UNIA?

La edad media está en torno a 28 o 29 años que es el resultado de estos dos colectivos [joven recién graduado y adulto de mediana edad en el mercado laboral] muy distintos, pero que se complementan muy bien en el aula. También es una ventaja comparativa que tenemos: que se mezclen alumnos de veintipocos con alumnos de 30 y muchos hace que esas aulas sean muy versátiles, que los alumnos sin experiencia laboral aprendan habilidades soft que no están en la estructura del programa de sus compañeros de aula. Sumado también a la diversidad cultural que hay por la mezcla de nacionalidades. Entre ellos se van complementando, creando sinergias y aprendiendo cosas del mercado de trabajo que no las aprendes en el aula.

Nosotros cada año hacemos una revisión profunda al programa para cambiar los contenidos de las asignaturas y adaptarnos a lo que el propio mercado está demandando

¿Cuáles son actualmente los másteres más demandados de la UNIA?

Los másteres más demandados son tres, todos ellos relacionados con el mundo educativo. Uno es el de Tecnología Educativa, un máster que hacemos con la Universidad de Málaga. Es el máster más demandado en primera preferencia, no ya de la UNIA, sino de toda Andalucía. Recibe cada año más de 1.000 solicitudes solo en primera preferencia. Eso quiere decir que al menos mil personas están interesados en un máster que tiene 100 plazas a partir de este año.

Luego está también el MAES, el Máster de Profesorado, que en nuestro caso es muy particular porque se especializó en las asignaturas de Formación Profesional (FP) donde hay menos oferta en Andalucía. Ahí había muchísima demanda no cubierta y por eso decidimos cubrir especialidades como hostelería, salud, informática, formación y orientación laboral. Y luego hay otro máster muy interesante que es el Máster de Actividad Física para la Salud, orientado a fisioterapeutas, enfermeros, maestros de Educación Física que quieren especializarse en cómo utilizar la actividad física en el entorno de la salud.

De cara al próximo curso, la universidad ha ampliado su oferta de másteres oficiales con nuevos títulos relacionados con la inteligencia artificial. Muchas universidades están incorporando la IA a sus programas. ¿Qué está haciendo la UNIA que sea realmente diferente?

El año que viene entramos con cuatro nuevos másteres, tres en el entorno de la inteligencia artificial, como decías. Uno es el de 'Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para ciencias de la salud', para gente que quiere aprender cómo aplicar las herramientas de inteligencia artificial a su campo de trabajo. Otro es el Máster de 'Aprendizaje de idiomas con tecnologías inteligentes', sobre cómo aprender idiomas con inteligencia artificial y cómo enseñarlo. Y otro es el de inteligencia institucional, que es el de aplicación de la IA a la gestión pública.

¿Qué distingue nuestros másteres de inteligencia artificial de otros que hay en el mercado? Pues el modelo eliA, una patente de esta casa que consiste en una metodología de enseñanza totalmente novedosa de másteres en línea. Esos tres másteres son online, pero no son como esos que te dejan unos materiales, tú los trabajas y apruebas la asignatura, sino que tienen un componente síncrono, un componente en directo con el profesor muy importante. Y luego tiene otro componente muy especial que es el acompañamiento personalizado que tienen todos los alumnos por un tutor o tutora que está encima de sus ejercicios, de sus entregas, que les hace un seguimiento personalizado a cada uno para que cada uno dé de sí lo máximo que pueda. O sea que no es un máster de masas, es un máster muy personalizado. El alumno recibe una atención muy adecuada cada uno a su propio currículum y eso es lo que los hace especiales.

La innovación aparece como una de las marcas de la casa de la UNIA. ¿Cómo se traduce esa apuesta en la práctica?

La innovación educativa nosotros la tenemos en presente en todos los campos. Para empezar, desde antes del COVID, aquí se realizaban unos seminarios online de innovación educativa para los docentes de todos los niveles de enseñanza. Esos webinars dan píldoras de formación sobre metodologías concretas que se utilizan en el aula con tecnologías inteligentes. Cada año son en torno a 800-900 personas las que acceden a esos webinars y están muy presentes también en los cursos de verano.

En los grados cada vez hay menos asignaturas de especialización porque no da tiempo a verlas, en el posgrado es donde te especializas

¿Ser una universidad especializada en posgrado permite reaccionar con más rapidez a los cambios tecnológicos y del mercado laboral?

Esa es la principal ventaja comparativa que tenemos, que nuestros títulos no se quedan antiguos. Por obligación tenemos que revisarlos cada dos años, pero nosotros cada año hacemos una revisión profunda al programa para cambiar los contenidos de las asignaturas y adaptarnos a lo que el propio mercado está demandando. Esa es la principal ventaja del posgrado, que es mucho más versátil, mucho más adaptable a la realidad. Y yo creo que ahí Andalucía tiene una gran oportunidad. Estamos ante el invierno demográfico, donde cada vez vamos a tener menos alumnos en las aulas. En el posgrado, sin embargo, tenemos mucho campo donde crecer, porque ahora mismo menos de uno de cada dos alumnos de grado hace un posgrado.

¿Y por qué cree que no se apuesta tanto todavía por esta vía cuando se terminan los grados universitarios?

Pues yo creo que por tradición quizá. Todavía las estructuras mentales son ir a la universidad a hacer su licenciatura y una vez terminada la licenciatura a trabajar, y no se entendió bien el cambio del sistema de Bolonia. El cambio de paradigma de que la licenciatura antigua se descompone ahora en un grado más un posgrado. Los grados son más generales. En los grados cada vez hay menos asignaturas de especialización porque no da tiempo a verlas. En el posgrado es donde te especializas, donde ya una vez que tienes una formación básica, quieres especializarte en una de las ramas del saber. Eso tiene que ser entendido por la población de una manera mucho más intensa a lo que se hace ahora mismo.

Usted suele destacar la calidad del profesorado como uno de los principales activos de la UNIA. ¿Qué distingue al profesorado de su universidad?

Los profesores no tienen contrato laboral con la UNIA. La vinculación es a través de lo que se llama técnicamente un encargo docente. Los profesores universitarios tenemos todos un margen de horas de libre disposición donde podemos dar clases en cualquier otra institución universitaria o no universitaria. Entonces lo que hacemos es aprovecharnos de ese margen de horas para dar como máximo las 75 que permite la ley. Entonces los profesores están con nosotros desde unas pocas horas hasta 70 o 75, y son profesores de todas las universidades andaluzas y del resto del mundo.

La principal ventaja que tiene tener un máster con la UNIA es que nosotros somos los que nos encargamos de incorporar al profesorado externo. Por ejemplo, si quieren un experto en una metodología docente que está trabajando en Bruselas, nosotros lo contratamos. Que quieren a un profesor o profesora que viene de Estados Unidos o de Argentina, nosotros lo contratamos. Por eso nuestro profesorado es mucho más internacional que el resto de universidades, porque la mayoría de estos profesores vienen del resto del mundo o del resto de Andalucía.

La manera de contratar a estos profesores en el modelo eliA también es distinta. Lo que hacemos es convocar un banco de expertos en las asignaturas que se tienen que impartir en el modelo y los propios profesores de cualquier universidad se postulan. Seleccionamos a los que tienen el mejor currículum. Ese banco de expertos es una metodología nueva que hace que los profesores sean seleccionados de una manera mucho más competitiva y mucho más externa a los propios claustros de profesores.

Andalucía es la primera comunidad autónoma en España en captación de alumnado internacional de máster en Iberoamérica

La vocación internacional forma parte del ADN de la UNIA desde sus orígenes. Cuando habla de internacionalización, ¿habla de atraer estudiantes extranjeros o de proyectar Andalucía al exterior?

De las dos cosas. La función de internacionalización de la UNIA en el sistema universitario público andaluz es doble. Por un lado, tenemos el encargo de la Junta de Andalucía de coordinar la actividad en ferias y en congresos internacionales llevando al conjunto de universidades andaluzas a las más importantes. Acabamos de llegar de Orlando, de la Feria NAFSA, que es la más importante que se hace en Norteamérica, donde van más de 500 universidades y más de otras 300 o 400 empresas del mundo educativo. Ahí el sistema universitario público andaluz va unido y nosotros nos encargamos de esa promoción.

Pero también nos encargamos obviamente de captar alumnado internacional no solo para la UNIA, sino para el resto del sistema. Andalucía es la primera comunidad autónoma en España en captación de alumnado internacional de máster en Iberoamérica. Estamos por encima ya de Madrid y de Barcelona en universidades públicas y en máster. Eso es gracias a esta política de internacionalización que hacemos junto a las diez universidades andaluzas. Tenemos unos instrumentos muy potentes que son el Grupo La Rábida, que es un grupo que tengo el honor de presidir, un grupo de 120 universidades latinoamericanas que nos nutre de alumnado para nuestros másteres, entre otras herramientas.

La universidad mantiene una estrecha relación con Iberoamérica y el Magreb. ¿Qué aporta Andalucía al diálogo académico entre Europa, América Latina y el norte de África?

Lo que hacemos es ponerlas en contacto, una de las de las actividades que tiene más éxito en el Grupo La Rábida es la convocatoria de conversatorios. Son pequeños encuentros sobre una temática concreta donde ponemos en contacto a profesores de tres países distintos al que acoge el encuentro. Es decir, estamos celebrando un conversatorio, por ejemplo en Argentina, con un docente andaluz, uno chileno y uno mexicano. Esos conversatorios lo que sirven es para poner en contacto los grupos de investigación de las universidades andaluzas con los grupos de investigación de las universidades latinoamericanas. Y por otro lado, también tenemos becas para captar talento internacional hacia nuestras universidades. Estas becas lo que hacen es ofrecer ayudas para la matrícula, el alojamiento y la manutención de alumnos de estas 110 universidades latinoamericanas en cualquiera de las universidades andaluzas.

¿Cómo compite una universidad andaluza en un mercado global donde un estudiante puede formarse online desde cualquier parte del mundo?

Tenemos varias ventajas comparativas. Obviamente, es un mundo difícil. Ahora mismo estamos compitiendo con China, Rusia, India y con países del resto de Europa que cada vez más están intentando captar alumnado latinoamericano. ¿Cómo competimos nosotros? Primero, con el idioma. Los alumnos que vienen aquí estudian en español, escriben en español sus trabajos fin de máster o sus tesis doctorales y eso es una gran ventaja comparativa. La otra ventaja es el clima, el bienestar que podemos ofrecer a los alumnos que vienen a vivir a Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba o Huelva. Y por último, competimos en calidad, intentamos ofrecer cada vez mejores programas, programas más competitivos, con buen profesorado. El currículum de los profesores que dan clase en nuestros másteres es muy potente y lo tratamos de poner en valor.

El modelo de financiación del que disponemos ahora mismo en Andalucía ofrece a la UNIA una situación de bastante estabilidad, así que no hay incertidumbre como sí en otras universidades andaluzas

Como hemos comentado, la UNIA trabaja habitualmente junto a otras universidades públicas andaluzas. ¿Qué papel juega dentro del ecosistema universitario andaluz?

El papel que juega es el de coordinación de programas de posgrado, programas de máster y de doctorado singulares también. ¿Por qué nos buscan el resto de universidades hermanas? Porque tienen un programa en el que necesitan profesorado del resto del mundo que ellos no pueden contratar o tienen un programa donde tienen unas necesidades de formación online que sus plataformas no pueden soportar. Por tanto, nosotros lo que ofrecemos es esa complementariedad. Lo que hacemos es cubrir necesidades que para una universidad sería muy caro resolver.

Los rectores de las universidades públicas andaluzas vienen reclamando más financiación para afrontar la transformación que tienen por delante las instituciones académicas. Hace unos días el portavoz Francisco Oliva volvió a alertar de que los recursos actuales son “claramente insuficientes”. ¿Cómo afecta a la UNIA esa situación?

La UNIA tiene una situación distinta al no tener profesorado. Nuestro capítulo uno, que es la principal espada de Damocles de cualquier universidad pública, es reducido. Se compone de los 130 trabajadores que tenemos en la UNIA, pero que no son ninguno profesores. Nuestros profesores están en el capítulo dos, que es más grande en términos relativos que el capítulo dos del resto de universidades. No es solamente luz, agua y teléfono, es eso y profesores. Por tanto, nuestras restricciones presupuestarias vienen más por capítulo dos que por capítulo uno. Pero el modelo de financiación del que disponemos ahora mismo en Andalucía ofrece a la UNIA una situación de bastante estabilidad porque establece que la UNIA se financiará con el 0,85 % de la envolvente total del sistema. Por tanto, nosotros podemos planificar a medio plazo de una manera muy ágil, porque sabemos de un año para otro cuando se aprueban los presupuestos en el Parlamento andaluz, cuánto le corresponde a la UNIA. No hay incertidumbre, como hay en otras universidades, y eso nos permite planificar más a medio y largo plazo.

Y con las particularidades de su universidad, ¿cuáles diría que son las principales reivindicaciones, necesidades o debilidades que tiene el sistema? ¿De qué manera podríamos hacerlo más competitivo?

Para hacer el sistema más competitivo necesitamos diseñar programas de posgrado, de máster y de doctorado atractivos académicamente. Tenemos muy buenos investigadores en las universidades andaluzas, pero que no se dedican todo lo que podrían a la formación. Por tanto, tenemos que animar a esos investigadores potentísimos a que dediquen una parte de su tiempo a la formación de posgrado, a la formación de nuevos profesionales, porque en la universidad tiene que haber un relevo generacional más pronto que tarde y necesitamos jóvenes investigadores con capacidad de investigación y con capacidad también de docencia.

Yo creo que la principal reivindicación es que necesitamos crecer en el posgrado y luego tenemos que crecer también en la internacionalización en otras áreas. En Andalucía tenemos muy desatendido el sudeste asiático, precisamente porque nuestra formación es básicamente en español. Deberíamos crecer en una formación más bilingüe, con una formación más en inglés que pudiese atraer a alumnado asiático, que ahora mismo es la principal cantera en el mundo. Esos alumnos chinos, indios, etcétera, están yendo principalmente a Madrid y Barcelona y aquí en Andalucía no nos podemos permitir estar fuera de ese mercado.

Para terminar, rector, como comentaba antes, todavía hay mucho estudiante recién graduado que no opta por la vía del máster. ¿Por qué le recomendaría apostar por el posgrado?

Yo les diría que tienen que darse cuenta de que haber terminado el grado universitario, haber entregado el trabajo fin de grado y recibir su título, no termina su fase de formación. Como decía antes, los grados universitarios están pensados para dar formación generalista y así debe ser. Los alumnos tienen que recibir una buena formación básica que les ayude a interpretar el mundo. Pero ahí no está todo. Luego viene la fase de especialización. Si tú eres, por hablar de mi campo, licenciado en Economía, tú tienes que decidir si te quieres dedicar al mundo de las finanzas o al análisis de datos. Eso solamente se aprende en un máster que te especialice en cualquiera de esos campos. Sin ese máster tú vas a poder hacer trabajo de base. Vas a poder ser, permíteme la expresión, peón de tu empresa, pero nunca líder de un equipo de investigación ni de un proyecto en el que se está haciendo análisis económico de primer nivel.

Para eso tienes que especializarte y aprender herramientas que solamente se aprenden en el máster. Por tanto, yo les diría a los que acaban de terminar el grado que miren la oferta de más de mil másteres que hay en Andalucía, en el sistema universitario público, que estudien los programas, que no se fijen solo en el nombre, que es importante que se fijen en qué asignaturas tiene este programa y qué profesores dan clase. Tenemos que aprender cada vez más a mirar el curriculum del profesorado.

¿Y a aquellos estudiantes o incluso familias que tienen asociados los másteres con cifras desorbitadas, que piensan que no se lo pueden permitir?

Eso es una falacia, es un mantra. Los másteres en la universidad pública cuestan menos de 900 euros el máster. A diferencia de los másteres privados, donde sí cuestan de 10.000 a 20.000 euros, un máster público en Andalucía no cuesta más de 900 euros. Un máster completo cuesta lo mismo que un curso universitario de grado. Es decir, lo que has pagado por cuarto o por tercero es lo que vas a pagar por un máster. Y si has aprobado tus asignaturas en cuarto, el máster te sale prácticamente gratis, porque aquí en Andalucía tenemos la política de la bonificación del 99 %, que hace que el máster a un alumno que acaba de terminar, el máster le cueste menos de 20 euros. Eso quiere decir que el máster está financiado por el conjunto de la sociedad andaluza. La sociedad andaluza quiere que sus alumnos se especialicen y por eso pone encima de la mesa el dinero que cuesta el máster, que obviamente no son 900 euros, es mucho más.

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha frenado el acuerdo alcanzado con la Fundación Gerón para cederle la gestión del complejo universitario Flora Tristán, ubicado en las Tres Mil Viviendas de Sevilla. La propuesta, que se esperaba aprobar este lunes en el Consejo de Gobierno convocado la semana pasada para tal fin, ha quedado descartada después de que el Consejo Social de la universidad haya rechazado la concesión demanial planteada por el Rectorado y se haya pronunciado a favor de abrir un procedimiento de licitación pública.

A raíz de ese pronunciamiento, el Consejo de Gobierno ha acordado la creación de una comisión mixta encargada de “explorar todas las alternativas reales y viables” de financiación —pública y/o privada— que permitan ejecutar las obras necesarias en el edificio y garantizar la continuidad del proyecto. Esta nueva medida implica el cierre del inmueble hasta que se lleven a cabo las actuaciones de adecuación requeridas para su funcionamiento.

La resolución del Consejo supone un giro respecto a los planes defendidos durante los últimos días por el Rectorado, que consideraba la colaboración con la Fundación Gerón como la única vía para acometer de forma inmediata la rehabilitación del complejo y mantener la actividad residencial durante el próximo curso académico. Según la documentación presentada por la Universidad, la institución carece de los recursos necesarios para afrontar con urgencia unas obras valoradas en 420.000 euros en una primera fase “imprescindible” para la reapertura, y entre tres y seis millones de euros para la rehabilitación integral del edificio.

Todo ello llega tras una semana de protestas y movilizaciones de estudiantes, trabajadores y vecinos del Polígono Sur, desencadenadas después de que trascendiera la intención de la Universidad de ceder la gestión del complejo a la Fundación Gerón, una entidad privada sin ánimo de lucro especializada en la gestión de centros para personas mayores. Aquella propuesta, promovida de forma unilateral por el Rectorado, generó una fuerte contestación dentro de la comunidad universitaria y del entorno social del barrio.

Oferta de plazas congelada hasta la rehabilitación del inmueble

En un escrito remitido a la comunidad universitaria al que ha tenido acceso este periódico, el rector de la UPO, Francisco Oliva, lamenta no poder “iniciar el curso académico próximo con normalidad” e insiste en que “la única finalidad de la concesión demanial directa era iniciar con carácter inmediato una obra que permitiera retomar la actividad en el curso 2026-2027”. Una vez descartada esa posibilidad a petición del Consejo Social, añade, “para nosotros deja de tener sentido la incorporación de un agente externo”.

Los informes técnicos manejados por la Universidad alertan de deficiencias estructurales y problemas relacionados con la instalación eléctrica, la protección contra incendios, el abastecimiento de agua y el saneamiento. Como consecuencia, el Consejo de Gobierno ha acordado no ofertar plazas en la residencia hasta que se ejecuten las actuaciones necesarias para garantizar “la plena seguridad, salubridad y habitabilidad” del complejo, en el que residen actualmente 148 estudiantes.

En paralelo al desarrollo del Consejo de Gobierno, decenas de ellos junto a vecinos del Polígono Sur y miembros del profesorado del departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales se han concentrado a las puertas del Rectorado para protestar por la propuesta de concesión del complejo a una entidad privada. “Sin residencia, no hay universidad, no hay proyecto y no hay presencia de universitarios en el barrio”, ha recordado una de las residentes, que ha lamentado la “falta de transparencia” del rector con los agentes implicados en el proyecto que “no queremos que Gerón entre en el barrio”.

En la misma línea se han manifestado algunos vecinos del Polígono Sur presentes en el acto: “Los vecinos no queremos que los estudiantes se vayan del Polígono Sur, no queremos empresas privadas, queremos a los estudiantes que colaboran con nuestro barrio”.

Oleada de preocupación y solidaridad

Desde que el pasado jueves trascendió la convocatoria extraordinaria del Consejo de Gobierno, distintos órganos académicos e institucionales de la universidad han expresado públicamente su preocupación por el futuro del proyecto social asociado al complejo Flora Tristán, su rechazo a la propuesta de cesión a la Fundación Gerón y su solidaridad con los residentes.

El Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales pidió expresamente la “cancelación o aplazamiento” de la sesión de hoy, advirtiendo de su “profunda preocupación” por la decisión sobre la gestión del complejo. En los mismos términos se manifestó la Junta de Facultad de Ciencias Sociales, reunida con carácter extraordinario el pasado 19 de junio, ante la propuesta de concesión demanial a una entidad externa y ante el proceso que ha conducido a ella.

También el Consejo de Estudiantes de la UPO manifestó su “disconformidad” con la iniciativa y trasladó su apoyo a las residentes y trabajadoras de la Flora Tristán, así como su compromiso con la continuidad del proyecto social.

Por su parte, el Consejo Social de la universidad ha reconocido el “extraordinario valor académico, social y humano” del proyecto, junto a la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad del edificio. Sin embargo, tras conocer los detalles del informe de la auditoría técnica sobre el estado del inmueble y las condiciones del acuerdo con Gerón, este órgano ha rechazado la propuesta de concesión de la gestión del inmueble Flora Tristán a la fundación, considerando que había otras entidades interesadas en asumir la obra y la continuidad del proyecto de residencia.

Finalmente, el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno deja en el aire el futuro de la Flora Tristán, un proyecto residencial y social considerado clave en el Polígono Sur de Sevilla. La comisión mixta deberá ahora buscar una fórmula de financiación para acometer la rehabilitación del edificio y definir el modelo de gestión con el que se retomará la actividad. La fecha para reabrir sus puertas sigue siendo, por ahora, otra incógnita más.

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) votará el próximo lunes la aprobación de un acuerdo para ceder la gestión del complejo universitario Flora Tristán, ubicado en las Tres Mil Viviendas de Sevilla, a la Fundación Gerón, una entidad privada sin ánimo de lucro especializada en la gestión de centros para personas mayores. La propuesta figura como punto único del orden del día de un Consejo de Gobierno extraordinario convocado para el 22 de junio, según la notificación a la que ha tenido acceso este periódico.

La Flora Tristán es más que una residencia universitaria. Se trata de un proyecto social que, según sus trabajadores, funciona desde hace más de 20 años como eje vertebrador de los proyectos de intervención social en el Polígono Sur de Sevilla, uno de los barrios más estigmatizados y empobrecidos de España. Actualmente acoge a unos 150 estudiantes que, además de residir en el complejo a precios asequibles, participan en iniciativas comunitarias, apoyando al tejido asociativo del barrio.

La propia Universidad ha informado este jueves, tras una información del diario Público, que el acuerdo que se prevé firmar con la Fundación Gerón permitirá acometer de forma inmediata las obras de carácter “urgente” que requiere el edificio; asegurar la apertura del complejo residencial durante el próximo curso 2026-2027 y mantener “los proyectos sociales que tienen como base el propio inmueble”, del que la UPO es propietaria.

Este anuncio llega después de varios días de movilizaciones por parte de residentes, trabajadores y colectivos vinculados a la Flora Tristán, que expresan su preocupación por lo que perciben como un “desmantelamiento” del proyecto. Ante la “incertidumbre” por la “falta de información” sobre su futuro, un grupo de estudiantes mantiene desde el lunes un encierro en protesta de lo que consideran “una privatización de un servicio público”, dado el valor social que encierra este “emblema” del Polígono Sur.

Incertidumbre a las puertas del verano

Diversos trabajadores y residentes consultados por este periódico coinciden en que la Flora Tristán arrastra desde hace años un “deterioro progresivo” tanto de las instalaciones como del proyecto comunitario que dio origen a la residencia. Entre las principales quejas señalan la reducción de las becas de colaboración —que, según explican, han pasado de 40 en 2015 a 17 durante el presente curso— y la “dejadez” en el mantenimiento del edificio, que ha ido acumulando deficiencias con el paso del tiempo.

Sin embargo, la preocupación se disparó a finales de mayo. Fue entonces cuando una residente acudió a consultar si, como venía siendo habitual, podría dejar sus pertenencias en la residencia durante el verano para regresar al inicio del siguiente curso académico. “Le dijeron que teníamos que desalojar todo porque el edificio iba a reformarse, fue la primera vez que escuchamos la palabra obra”, relata desde el interior de la Flora Tristán una de las estudiantes que participa en el encierro.

A partir de ese momento comenzaron a circular dudas sobre el futuro de la residencia y de las personas vinculadas al proyecto. La Flora Tristán alberga actualmente a unos 150 estudiantes y da soporte a varios puestos de trabajo, entre personal de la Fundación Universidad Pablo de Olavide (cinco en total) y trabajadores de empresas subcontratadas para tareas de limpieza, mantenimiento y conserjería (ocho puestos ocupados por vecinos del propio Polígono Sur).

“A estas alturas del curso no sabemos dónde vamos a vivir en septiembre”, lamenta la estudiante, señalando que “aquí viven personas en situación de vulnerabilidad, personas migrantes y personas que se ven en la calle de un día para otro”. Más allá de la incertidumbre sobre el alojamiento, quienes participan en las movilizaciones sostienen que está en juego un proyecto con un fuerte arraigo en el barrio. “Nos preocupa no solo qué va a pasar con quienes vivimos aquí, sino también con todo lo que representa la residencia para el barrio”, añaden desde la asamblea contra el cierre de la residencia.

Se refieren a la transformación que ha experimentado la zona desde que los estudiantes se instalaron en esta calle de Las Letanías, que antes de la Flora Tristán no tenía nombre. “Se están cargando el proyecto emblema de la UPO: el barrio tiene mucha vida gracias a la presencia de los estudiantes, si eso desaparece, la marginalización será aún mayor”, advierten.

“¿Con qué precios, bajo qué condiciones y qué proyecto social?”

Por su parte, la Universidad ha tratado de tranquilizar a la comunidad universitaria con un comunicado en el que reafirma el “compromiso de continuidad” de la residencia universitaria, garantizando el mantenimiento del número actual de plazas y de los puestos de trabajo asociados al complejo. El texto no detalla, sin embargo, aspectos clave del acuerdo, como su duración, las contraprestaciones económicas previstas, el modelo de gestión o el alcance concreto de la participación de la Fundación Gerón.

Desde la UPO defienden la necesidad del acuerdo apuntando a que el estado del edificio obliga a una actuación inmediata. “La situación actual del inmueble, que requiere una intervención urgente que proporcione las adecuadas condiciones de habitabilidad y seguridad del edificio, han motivado que la Universidad Pablo de Olavide se haya visto obligada a buscar entidades colaboradoras para asegurar la continuidad del proyecto”, señala la institución en un comunicado previo al de este jueves.

Días después ha confirmado que será la Fundación Gerón la que asuma el desembolso económico necesario para acometer la rehabilitación y, según apuntan desde la Universidad, garantizar la continuidad tanto de la residencia como de los proyectos que se desarrollan en ella. La UPO defiende además la elección de esta entidad por su “compromiso social”. En el comunicado la define como una fundación “nacida en el Polígono Sur en 1994” que gestiona proyectos “en zonas de exclusión social centrados en personas mayores, personas con discapacidad y estudiantes en situación de vulnerabilidad”.

En la misma línea, el rector de la universidad, Francisco Oliva, explicó esta semana que la institución lleva meses buscando la colaboración de entidades sin ánimo de lucro capaces de integrarse en el proyecto y aportar los recursos necesarios para acometer las obras con carácter inmediato. Oliva atribuyó esta fórmula a las dificultades económicas que atraviesa al sistema universitario público: “La situación de profunda inestabilidad financiera que afecta a las universidades públicas andaluzas en general, y a la Universidad Pablo de Olavide en particular, hace difícil poder acometer las obras de acondicionamiento del edificio de manera integral e inmediata”, declaró el rector.

Las explicaciones ofrecidas hasta ahora no han disipado, sin embargo, las dudas de los residentes y trabajadores. Los colectivos movilizados critican la falta de transparencia en torno a las negociaciones y reclaman conocer con detalle las condiciones del acuerdo antes de que sea sometido a votación. “Puede que siga siendo una residencia, pero no sabemos con qué precios, bajo qué condiciones ni qué proyecto social habrá detrás”, cuestionan los estudiantes que participan en el encierro. “Nos dicen que todo va a continuar, pero todavía desconocemos qué garantías existen para preservar el modelo que ha definido a la Flora Tristán durante más de dos décadas”, añaden.

“Ni se cierra ni se privatiza, se defiende”

Tras conocerse la convocatoria del Consejo de Gobierno, los estudiantes acusaron al Rectorado de haber ocultado sus planes durante las últimas semanas. “Llevan días diciendo que no teníamos por qué preocuparnos, pero esto demuestra que teníamos razón desde el principio: quieren privatizar la residencia y nos lo han ocultado hasta el último minuto”, trasladan desde la asamblea.

Los residentes critican además que la decisión se haya adoptado sin participación de la comunidad vinculada al proyecto y cuestionan la idoneidad de la Fundación Gerón para asumir la gestión del complejo. “Se dedica especialmente a la gestión de residencia de personas mayores teniendo más de 15 en todo el país; además, las plazas son privadas y con precios abusivos (más de 2.000 euros mensuales por plaza) que no se alinean en absoluto con los valores de la Flora Tristán, al servicio de un barrio obrero y excluido como es el Polígono Sur”, advierten en un comunicado.

Ante esta situación, la asamblea ha convocado una nueva reunión y mantiene las movilizaciones para exigir la paralización del acuerdo. “La Flora Tristán no es solo nuestra casa, es un servicio público del Polígono Sur que están privatizando”, afirman. El colectivo hace así un llamamiento a la comunidad universitaria, a las entidades del barrio y al conjunto de la ciudadanía sevillana para sumarse a “la lucha contra la privatización de la Flora Tristán”.

La Universidad de Sevilla sigue sin fijar una fecha para el descubrimiento oficial de la placa conmemorativa del traslado de la Hispalense a la Real Fábrica de Tabacos modificada hace más de un año para eliminar la referencia al dictador Francisco Franco.

La rectora de la institución, Carmen Vargas, ha explicado a este periódico que actualmente “se están valorando distintas fechas, pero aún no está cerrada” y que la intención es hacer coincidir el acto con alguna jornada relacionada con la memoria democrática que se celebre en la Universidad, aunque “no se descartan otras alternativas”.

La respuesta llega apenas unos días después de la firma del convenio entre la Universidad de Sevilla y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para la creación de la Cátedra de Memoria Democrática 'Bartolomé Clavero', un hito que el anterior equipo rectoral llegó a señalar como posible marco para la inauguración de la nueva placa, ubicada en el patio de Maese Rodrigo.

Sin embargo, el proyecto académico de la cátedra ha comenzado su andadura esta semana mientras que la lápida reformada continúa cubierta con una lona, a la espera de su descubrimiento oficial. Fuentes del grupo de trabajo de Memoria Histórica y Democrática de la Universidad de Sevilla indican a este periódico que destapar formalmente la placa sin alusiones a Franco era una línea prioritaria frente a la puesta en marcha de la cátedra, que al final se ha adelantado.

La placa sin mención a Franco aún no ha visto la luz

La modificación de la placa en la que estaba presente el dictador, ubicada en la galería del patio de Maese Rodrigo del edificio de la antigua Real Fábrica de Tabacos, se ejecutó hace más de un año en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, tras numerosas protestas por parte de colectivos memorialistas como la Asamblea de Familiares y Asociaciones de Memoria Histórica de Plaza de la Gavidia, así como del propio grupo de trabajo de la Universidad.

La intervención consistió en la eliminación de la referencia explícita a Franco, que aparecía en la grabación de la placa original, donde se podía leer en latín: “En el año de 1965, siendo Franco caudillo de España, la Universidad Hispalense comenzó a tener su sede en este edificio y en su nueva función se conservaron los preciosos restos de su pasado”. La inscripción, en latín, aludía a Franco como 'Duce', el mismo título que se le dio a Mussolini en la Italia fascista, como lo fue la voz führer de la Alemania nazi para referirse a Adolf Hitler.

La nueva grabación se mantiene en el mismo enclave, pero ya sin mención expresa al caudillo, de manera que conserva su función histórica y conmemorativa, pero adaptada a la vigente Ley de Memoria Democrática. No obstante, esa reforma aún no se ha mostrado al público.

A la espera de poner punto y final

Hace un año el Rectorado barajó el Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura, que en Andalucía se conmemora cada 14 de junio, como la fecha idónea para decir adiós al 'duce' Franco de una manera simbólica. No fue entonces ni ha sido ahora.

Unos meses antes, en marzo de 2025, el anterior rector, Miguel Ángel Castro, manifestó su intención de hacer coincidir la eliminación de la referencia al franquismo en uno de los patios del Rectorado con la firma para la puesta en marcha de la Cátedra de Memoria Democrática. Iniciativa que se formalizó finalmente el pasado lunes, coincidiendo, además, con el arranque de unas jornadas sobre memoria histórica y democrática organizadas por la Diputación de Sevilla, en colaboración con la Hispalense.

Ambos actos, por tanto, han seguido ritmos distintos: la cátedra ya está en marcha, mientras que la placa continúa pendiente de inauguración oficial. Ese descubrimiento sería el punto y final para el movimiento memorialista de la ciudad que lleva años reclamando la supresión del dictador de los elementos simbólicos y distintivos del Rectorado.

Por el momento, la Universidad mantiene la intención de vincular el descubrimiento de la placa a alguna actividad relacionada con la memoria democrática que se celebre en el campus, aunque, según las fuentes oficiales, todavía no existe una fecha cerrada para el acto.

La Universidad de Sevilla y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática han firmado este lunes un convenio de colaboración para la creación de la Cátedra de Memoria Democrática 'Bartolomé Clavero', destinada a impulsar la divulgación y transferencia del conocimiento sobre la represión franquista y la construcción de la democracia.

El acuerdo se ha materializado en un acto en el que ha participado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, quien ha subrayado que el objetivo principal de esta cátedra no es tanto generar nuevas investigaciones como contribuir a que “todo lo que se ha investigado trascienda” a la sociedad, especialmente a los jóvenes. “Que trascienda primero a la gente joven, que en muchos casos desconoce lo que fue el franquismo, desde el rigor que da la universidad”, ha señalado tras la firma.

En la misma línea, la rectora de la Hispalense, Carmen Vargas, ha destacado que con esta cátedra, la institución sevillana ha defendido el papel de la universidad en la construcción de una ciudadanía crítica y consciente de su pasado: “Nuestra misión no consiste solo en transmitir saberes, sino también en ayudar a la sociedad a comprender su pasado para afrontar con mayor madurez los desafíos del presente y del futuro”, ha afirmado.

La cátedra, que cuenta con el profesor Alberto Carrillo como director académico, lleva el nombre del jurista y catedrático Bartolomé Clavero como reconocimiento a “una trayectoria de relevancia internacional, marcada por el compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos”. Implicado en la lucha contra la dictadura, fue represaliado y “dedicó su vida a la Universidad y a la reflexión sobre la cuestión de la memoria en España y otros países”, como ha recordado Carrillo.

La quinta en Andalucía

Actualmente, existen en España, en torno a una docena de cátedras de memoria democrática firmadas, según datos aportados por el secretario de Estado a preguntas de este periódico. La previsión del Ministerio es alcanzar las 18 “a final de este año” y ampliar su implantación hasta las 24 universidades públicas para el próximo año. En Andalucía, la de Sevilla se convierte en la quinta cátedra de este tipo, tras las de Granada, Córdoba, Cádiz y Almería.

Como referencia, la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba, creada hace siete años, ha desarrollado actividades de investigación, formación y divulgación en colaboración con instituciones como la Diputación de Córdoba. Su objetivo ha sido contribuir al conocimiento y promoción del denominado “deber de memoria”, recogido por Naciones Unidas como parte de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La nueva cátedra de la Universidad de Sevilla se incorpora así a una red en expansión que el Gobierno de España prevé seguir ampliando en los próximos años, en el marco de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Para la ejecución de las actividades, el Ministerio se compromete a realizar una aportación económica máxima de 100.000 euros, distribuidos en dos anualidades de 50.000 euros para los ejercicios de 2026 y 2027.

Por su parte, la institución sevillana aportará recursos humanos, materiales y el uso de sus instalaciones por un valor equivalente a otros 50.000 euros por cada ejercicio. La gestión de estos fondos correrá a cargo de la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS). Entre sus propósitos, según lo expuesto en el acto, se encuentra la implicación de la sociedad civil y del movimiento memorialista en las actividades que desarrolle la universidad, desde una perspectiva interdisciplinar.

Impulso a la memoria democrática

El acuerdo también prevé la definición conjunta de líneas de trabajo, el acceso a documentación pública sobre la dictadura franquista y la promoción de encuentros con otras cátedras similares del sistema universitario. Entre las actividades previstas se incluye el análisis didáctico de la II República, la Guerra de España, la dictadura franquista y la Transición en el sistema educativo, en colaboración con institutos y grupos escolares; así como el estudio y la divulgación de la persecución sufrida por el pueblo gitano o la trayectoria del Patronato de la Mujer. 

Según ha explicado la rectora, la puesta en marcha de esta cátedra se venía trabajando desde hace aproximadamente un año, en contacto con la Secretaría de Estado. Su tramitación se inició durante el mandato del anterior rector y, tras asumir el cargo en diciembre, Vargas retomó las reuniones con los colectivos memorialistas y asumió el compromiso de culminar el acuerdo, que finalmente se ha formalizado este lunes.

Coincidiendo con la creación de la cátedra, han arrancado este lunes las jornadas ‘Del olvido a la luz. Memoria Histórica y Democrática de la Provincia de Sevilla. 1936-2026', que se celebran hasta el próximo jueves 18 en la Casa de la Provincia. En estas jornadas, organizadas por la Diputación de Sevilla, también colabora la Universidad de Sevilla, tanto en la coordinación, de la que forma parte a través del profesor Alberto Carrillo, como en las diversas ponencias presentes en el programa, que abordan la memoria desde la psicología, la educación y el análisis territorial de la represión. 

Gustavo Fuentes ha dejado de formar parte del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), después de que elDiario.es revelara que está siendo investigado por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer por presuntos delitos de agresión y acoso sexual a una reportera de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), de la que era director general hasta este miércoles.

Según han confirmado fuentes de la UPO, apenas unas horas después de conocer la noticia de la imputación de Fuentes publicada el martes, el presidente del Consejo Social se puso en contacto con él para abordar el caso. Fue durante esa misma conversación cuando el ya exconsejero presentó su renuncia con el objetivo de no perjudicar la imagen de la institución académica ni la del propio órgano de representación universitaria, apuntan las mismas fuentes.

Desde ese momento, Fuentes dejó de pertenecer al Consejo Social de la UPO, donde ocupaba una vocalía por designación del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, según explica a este periódico el rector de la UPO, Francisco Oliva. El ya exdirector de ADM era una de las últimas incorporaciones al órgano de gobierno universitario, anunciada el pasado mes de febrero como una “figura destacada en el impulso de la industria creativa y digital”, por su peso en el sector audiovisual andaluz como CEO de la principal productora de Canal Sur, cuyo accionista mayoritario es la propia Junta.

Oliva asegura que la Universidad tuvo conocimiento de los hechos a través de la información publicada por este periódico y que actuó con “diligencia” y “toda celeridad” para “preservar la honorabilidad del Consejo Social”. A raíz de esa llamada, Fuentes presentó su dimisión y dejó de estar vinculado a la institución universitaria, que ya ha eliminado su nombre de la página web.

El Consejo Social es un órgano de gobierno y representación universitaria que canaliza la participación de la sociedad en la gestión de la universidad. Entre sus funciones, figura fortalecer la relación de la institución académica con su entorno económico, profesional y social. Sus miembros son designados por distintas instituciones, entre ellas el Parlamento andaluz, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y las entidades sociales y empresariales.

En el caso de Fuentes, su nombramiento como vocal fue designado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz (a través de la empresa pública Sandetel) es el accionista mayoritario de ADM, cuyo principal contratista es su asociado, la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA). Es, de hecho, responsable del programa buque insignia de Canal Sur: Andalucía Directo.

La salida de la UPO se produjo el mismo día en que Fuentes también dejó de ejercer las funciones de presidente del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND). Coincide, además, con su relevo al frente de ADM, consumado este miércoles.

Apartado de los principales cargos que ostentaba

La compañía nombró este miércoles nuevo director general al hasta ahora director financiero, Óscar González-Barba, persona de la estrecha confianza de Fuentes. El relevo se produjo tras una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de ADM celebrada la noche anterior, en la que se acordó la “suspensión temporal de funciones” del directivo, aunque sin ejecutar su cese definitivo.

A la mañana siguiente se celebró la primera reunión de la nueva directiva con los trabajadores, haciendo aflorar el enfado y la “indignación” de la plantilla y de algunos directivos, que cuestionaron la gestión de la crisis por parte del Consejo de Administración, donde la Junta de Andalucía tiene una posición determinante a través de la empresa pública de Telecomunicaciones Sandetel.

Según fuentes internas, algunos directivos ya conocían desde abril, por el propio Fuentes, que un juez le había citado a declarar como imputado el 11 de mayo (aunque la declaración finalmente se aplazó al próximo 25 de junio). En su comunicado nocturno, el Consejo de Administración de ADM sostiene que sabían de la situación procesal de su principal directivo “desde el pasado 7 de mayo”, cuando él mismo comunicó “la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa”.

La denuncia de la reportera contra el CEO de la compañía es de enero, el Juzgado de Violencia de Género número 5 de Sevilla abrió diligencias en febrero, tomó declaración a la víctima el 25 de marzo y, al instante, imputó a Fuentes por delitos de agresión y acoso sexual. El juez le notificó su imputación el 31 de marzo.

El hasta ahora vocal del Consejo Social de la UPO y director general de ADM niega las acusaciones. “Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”, declaró a este periódico antes de ser apartado de todos los órganos en los que ostentaba algún cargo.

Con su salida del Consejo Social de la UPO, su relevo de la presidencia de LAND y de la dirección de ADM, Fuentes ha dejado de ocupar los principales cargos institucionales y de representación que ejercía hasta ahora en el sector audiovisual andaluz, mientras permanece abierta la investigación judicial en su contra.

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