La actuación de Rosalía era el momento más esperado de la noche. Netflix intentó mantenerlo en secreto, pero la participación de la artista se filtró un par de días antes del macroevento que la plataforma organizó sobre el Guadalquivir con motivo del estreno de la nueva temporada de Berlín, celebrado en Sevilla durante todo el fin de semana.

La expectación era máxima y miles de personas se acercaron hasta las orillas del río con la esperanza de verla aparecer sobre el escenario flotante, a pesar de la lluvia que cayó por momentos. Netflix prometió una “jarana” y muchas sorpresas, pero fue Rosalía quien terminó iluminando la noche con su interpretación de Reliquia y La perla, dos de los temas más populares de su último disco, Lux. Tienes la actuación de La perla al completo en este enlace.

La irrupción de la artista, pasadas las 22:30 h, levantó el ambiente durante unos minutos y consiguió devolverle emoción a una velada que parecía quedarse a medio gas. Acompañada por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), empezó con Reliquia, que repasa distintas localizaciones y detalles del universo de La casa de papel con mención especial a Sevilla. A continuación, dirigió unas palabras a la ciudad y confesó que no dudó en aceptar la propuesta de la plataforma de streaming “porque eres tú, Sevilla”.

El broche final lo puso con la archiconocida La perla, cuyas primeras notas fueron coreadas y jaleadas por el público, que acompañó cada canción desde ambas orillas del río. Entre luces, fuegos artificiales y el escenario flotante sobre el Guadalquivir, su breve actuación se adueñó de la noche, a los pies de una Torre del Oro teñida de rojo Netflix.

Una educadora sola para atender a ocho niños en un aula. Pañales, biberones, llantos, bebés que empiezan a caminar, otros que necesitan dormir y, entretanto, ningún margen para detenerse. Esa es la realidad que describen las trabajadoras de las escuelas infantiles en Andalucía. “Puedes darles de comer, pero no mirarlos a los ojos”, resume Nieves Terriza, portavoz de la Plataforma Andaluza de Escuelas Infantiles.

Esa “frustración constante” que sienten al ver que “no llegamos a atenderles como realmente merecen” ha llevado a trabajadoras de toda Andalucía a secundar este jueves una jornada de huelga y protestas convocada a nivel estatal por CGT y CCOO en el primer ciclo de Infantil (0-3 años). Denuncian ratios “insostenibles”, falta de recursos y una precarización creciente en un sector cada vez más privatizado.

“Estamos sosteniendo la educación infantil a costa de nuestra salud física y mental”, lamenta Terriza, poniendo voz a un malestar compartido por educadoras de toda la comunidad. Por eso, han convocado concentraciones en las ocho provincias andaluzas en defensa de “unas condiciones dignas tanto para las trabajadoras como para el alumnado”. Son ellos, los más pequeños, quienes sufren la falta de inversión y recursos que denuncian desde el sector.

Privatización y precarización

El conflicto laboral llega en plena transición hacia la gratuidad total del primer ciclo de Infantil en Andalucía, donde cerca del 80% de las plazas están en manos privadas. Hace dos meses, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció que el próximo curso serán gratuitas también las plazas para menores de uno a dos años, completando así la bonificación al 100% de la escolarización de esta etapa educativa.

La red andaluza de escuelas infantiles está formada mayoritariamente por centros privados, fundados por pequeñas empresas en las que trabajan unas 16.000 personas (casi todas mujeres). Este modelo de conciertos –impulsado en su día por el PSOE– buscaba compensar la escasa oferta pública, optando por subvencionar la matrícula a las familias y así aumentar la escolarización, pagando a las escuelas una cantidad fija por plaza.

Las trabajadoras denuncian que el modelo se está expandiendo sin que mejoren las condiciones laborales ni los recursos en las aulas. “El dinero público y la gestión de los centros están en manos de empresas privadas, pero las instituciones no supervisan que los decretos y los convenios se cumplan”, sostiene Terriza. A ello suma que “la financiación es totalmente insuficiente y eso acaba repercutiendo en que el sector está más precarizado”.

La protesta de este jueves llega semanas después de las concentraciones celebradas en Sevilla y Málaga el pasado 18 de abril, como antesala de la huelga. Entonces, las educadoras pusieron el foco en la reducción de ratios y en la mejora de las condiciones laborales del personal docente. De esta forma, la plataforma marca distancias con las reivindicaciones de las asociaciones de las patronales del sector, centradas en reclamar una subida del llamado “precio-plaza”, la cantidad que la Junta abona por cada alumno matriculado.

“Nosotras no compartimos esa reivindicación porque ese dinero termina en manos de empresas privadas”, señalan desde la Plataforma Andaluza de Escuelas Infantiles. “Lo que reclamamos es una mayor inversión y que se articulen los mecanismos necesarios para desprivatizar el sector, ya que la continuidad de este modelo solo mantiene la precariedad de las trabajadoras y de la educación que se le da a la infancia”, añaden.

Una etapa educativa “de pleno derecho”

La principal reivindicación de la plataforma es que el ciclo de 0 a 3 años sea reconocido “como una etapa educativa de pleno derecho” y que sus profesionales tengan consideración de personal docente. “El ciclo 0-3 es una etapa clave en el desarrollo infantil y debe considerarse como una etapa educativa más, de ahí nuestra lucha por la dignidad del sector”, defiende Nieves Terriza.

Las educadoras insisten en que el problema no se limita a sus condiciones laborales. Alertan de que las ratios actuales impiden una atención individualizada en una etapa fundamental en el desarrollo emocional y cognitivo de los menores. “Cuando tienes que atender a tantos niños a la vez, el cuidado acaba reducido a cubrir necesidades básicas”, lamentan.

“Y más cuando te encuentras niños con necesidades específicas de apoyo educativo, que realmente no reciben una educación inclusiva porque para eso necesitan recursos personalizados que ahora mismo no tienen”, asegura Terriza, subrayando la importancia de un ciclo que “sustenta la base de todas las etapas educativas”.

Jóvenes cantando el 'Cara al sol' entre risas, la figura del dictador Francisco Franco convertido en meme o la historia reducida a eslóganes que circulan por redes sociales en publicaciones vacías de contexto. La escena se repite entre los estudiantes mientras el profesorado asiste a “una peligrosa banalización de las dictaduras y a la simplificación de los regímenes totalitarios entre las generaciones más jóvenes”.

Es el diagnóstico que hace Javier Giráldez, profesor de Historia en el IES Vía Verde de Puerto Serrano (Cádiz), uno de los siete institutos de la provincia de Cádiz que han participado en la última jornada de 'Estudiantes con memoria', organizada por el IES Carlos III en el municipio gaditano de Prado del Rey. Este instituto lleva 15 años celebrando este encuentro educativo “único en España”, en el que el alumnado investiga y comparte sus trabajos sobre memoria histórica para combatir desde las aulas lo que sus organizadores denominan “memoricidio”.

El director del IES Carlos III, David Fernández, resume el memoricidio como “negar las evidencias de lo que ha ocurrido en el pasado”. Frente a ello, en un contexto donde el profesorado percibe “un auge del fascismo entre los jóvenes”, cobra aún más sentido celebrar una iniciativa que reúne a cientos de estudiantes andaluces en torno a una idea sencilla: conocer la historia para entender el presente.

Sembrando democracia

Lo que comenzó en 2008 como un trabajo de clase ha terminado convirtiéndose en una cita consolidada en la provincia de Cádiz. Fernández recuerda cómo, al llegar al centro, empezó a escuchar a sus alumnos hablar de historias que les contaban sus abuelos, relatos que se quedaban encerrados en el ámbito familiar. “Empezamos a recopilar testimonios y aquello acabó en un primer encuentro con otro instituto de San Fernando”, explica.

15 años después, aquella intuición se ha transformado en una experiencia pedagógica que busca llenar un vacío. “Existe una profunda ignorancia sobre la historia contemporánea en España entre los jóvenes”, sostiene el director del IES Carlos III. Un desconocimiento que, en muchos casos, se ve agravado por el hecho de que el alumnado se acerca a episodios históricos clave como la Guerra Civil o la dictadura franquista a través de redes sociales, donde proliferan los bulos y la desinformación.

El resultado, advierte, es preocupante: “Alumnos cantando el Cara al sol o frivolizando con la dictadura y el franquismo”. Frente a ello, el objetivo es claro: “Formarlos para que tengan sentido crítico y sepan argumentar sus opiniones”. Fernández está convencido de que, si conocen con rigor lo que supusieron la guerra y los 40 años de dictadura, “van a optar por la democracia y no por ideologías que derivan en el totalitarismo”. No se trata solo de transmitir contenidos, sino de “enseñarles a pensar por sí mismos” para que sean ellos quienes confronten los discursos fascistas que proliferan en el entorno digital.

El alumnado, en el centro

La evolución del proyecto también se mide en cifras. De los dos institutos que participaron en los primeros años se ha pasado a siete centros en esta edición, con cerca de 400 estudiantes, desde tercero y cuarto de ESO hasta Bachillerato. Pero más allá de los números, lo que define el encuentro es su enfoque innovador: “Una experiencia por y para el alumnado”. Son ellos quienes protagonizan el encuentro, conducen el acto y se encargan de presentar los proyectos en los que han estado trabajando en sus respectivos centros.

Durante el curso, cada instituto desarrolla su propio proyecto, que luego comparte en Prado del Rey en formatos que van desde el teatro hasta los cortometrajes o las performances. “No es común que se organice un evento de este calibre con tanta libertad y tanta implicación por parte del alumnado”, destacan los docentes participantes, que destacan el carácter “reivindicativo de la memoria histórica y fortalecedor de la democracia” que propicia este encuentro.

Entre los participantes está el IES Vía Verde de Puerto Serrano. Su profesor de Geografía e Historia, Óscar, coincide en el diagnóstico de Javier Giráldez: “Hay un auge de discursos que banalizan el fascismo entre los jóvenes, que se lo toman como algo divertido cuando fue la época más oscura de nuestra historia”. A su juicio, ese fenómeno no puede entenderse sin el peso de una Transición que dejó muchas cuestiones sin abordar. “Se impuso la ley del olvido”, recuerda para señalar que eso hace aún más necesarias iniciativas que recuperen la memoria democrática empezando por las aulas.

En esa línea se expresan también las alumnas Claudia y Adriana, de 3º de ESO, que defienden la importancia de este tipo de actividades. “Es muy necesario porque muchos jóvenes se creen lo que ven en redes sociales sobre la época de Franco y piensan que fue algo bueno, cuando fue todo lo contrario”, aseguran. Para ellas, estos encuentros permiten “aprender todos de todos” y entender mejor “de dónde venimos para no querer volver a esa época”.

Igual de directo se muestra Jesús Hinojo, alumno de 2º de Bachillerato y uno de los presentadores del acto: “La derecha está blanqueando la historia”, señala. A las puertas de convertirse en votante, reivindica la importancia de conocer el pasado con rigor. “En Alemania e Italia tienen bastante conciencia sobre los totalitarismos, pero en España todavía no”.

La memoria como herramienta de futuro

Más allá de la teoría a la que están acostumbrados en las aulas, la jornada en Prado del Rey se convierte en una puesta en común práctica en la que el alumnado “expone, argumenta, comparte y vivencia” el contenido que han estado trabajando durante el curso desde una perspectiva interdisciplinar entre asignaturas.

La directora del IES Fuente Alta de Algodonales, Cristina Sánchez, explica que el proyecto de su centro se ha centrado este año en el intento de golpe de Estado del 23-F, a través de un enfoque de “microhistoria” que conecta los grandes acontecimientos con la experiencia cotidiana de la población. “El objetivo principal era recuperar el recuerdo de las personas que vivieron el golpe y que muchas veces no fueron conscientes de lo que estaba ocurriendo hasta mucho después”, señala al término del encuentro.

Sánchez, que es también profesora de Geografía e Historia, reconoce además que, pese a las dificultades del sistema educativo, iniciativas como esta generan cierta esperanza. “Cuando se dedica tiempo a trabajar la memoria, a reflexionar sobre la democracia y a desmontar bulos, se pueden hacer cosas como estas”, afirma. Tras quince años de recorrido, concluye, la experiencia del IES Carlos III de Prado del Rey se ha convertido en una referencia de trabajo colaborativo entre centros: “Ojalá hubiera más experiencias como esta”.

Quince años después, aquel experimento surgido casi por casualidad se ha convertido en una referencia entre centros andaluces. Una forma de sembrar preguntas más que certezas. De generar conciencia en lugar de consignas. Porque, como coinciden profesores y alumnos, la memoria no es solo pasado. Es, sobre todo, una herramienta para no repetirlo.

“Nos vemos totalmente desamparados, en el abismo”. Así resume Esteban Gómez, padre de un alumno con autismo en Los Barrios (Cádiz), la incertidumbre que sienten las familias ante la posible desaparición de la Formación Profesional de grado básico dirigida a alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). Como él, otros padres temen que, si se confirma la medida que el Gobierno andaluz prevé oficializar tras las elecciones del 17 de mayo, se cierre “la única puerta” que tenían sus hijos para acceder al mercado laboral.

Esteban cursa un ciclo específico de Servicios Comerciales que le permitirá obtener un certificado profesional. “Es de las pocas salidas que medianamente funciona para chicos con necesidades que no terminan la ESO”, lamenta su padre, quien asegura que, sin esta opción, la trayectoria educativa de su hijo “se habría cortado antes de tiempo”.

Ese es el mayor miedo de María del Mar Yáñez. Su hijo Rodrigo, de 17 años, empezó este curso un ciclo de Administración en el IES Punta del Verde de Sevilla, tras ser “apartado” en un aula específica sin los recursos necesarios durante la Educación Secundaria. Ahora, se siente “motivado y muy realizado” estudiando este grado básico, pero su madre teme que los planes de la Junta terminen “dejándole fuera del sistema y cortándole su futuro”.

La medida, que debe concretarse antes de la apertura del plazo de solicitudes prevista para el 15 de junio, ha encendido las alarmas en el conjunto de la comunidad educativa, que advierte de que puede dejar sin alternativas reales a un alumnado especialmente vulnerable. Por eso, han puesto en marcha una recogida de firmas y han convocado movilizaciones en toda Andalucía con el objetivo de “intentar parar lo que es injusto porque estos niños necesitan su titulación y no negarles la posibilidad de estar integrados realmente en la sociedad”, como reclama María del Mar en nombre del resto de familias afectadas.

Alternativas que no convencen a las familias

Los grados básicos de FP dirigidos a “los estudiantes más vulnerables” fueron una apuesta de la Junta de Andalucía hace dos cursos para “que nadie se quede fuera de un itinerario formativo profesional”. En 2024, la entonces consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo (hoy titular de Cultura), anunció la puesta en marcha de 61 ciclos dentro de esta modalidad. De cara al curso 2026-27, la Junta ha decidido reorganizar esta oferta, alegando que en torno al 50% de esos alumnos no ha promocionado ni superado el currículo. 

Como alternativa, plantean derivar a este alumnado a programas de transición para la vida adulta (PTVAL) o integrarlos en ciclos ordinarios con el resto de alumnos, “favoreciendo la inclusión”, como indican a este periódico fuentes de la Consejería del ramo. A ojos de las familias y del profesorado que trabaja con este alumnado, ello se traduce en “excluir a un grupo de estudiantes cuyas necesidades quedan invisibilizadas cuando se eliminan los recursos específicos que les permiten aprender, avanzar y construir un proyecto de vida”.

Las alternativas que plantea la administración no convencen a las familias. “El PTVAL no está orientado a la inserción laboral, y en la FP ordinaria no hay recursos para atender sus necesidades”, argumentan padres como Esteban. El resultado que vaticinan las familias es que “nuestros hijos van a caer en la frustración y van a estar condenados al fracaso escolar y a tener que abandonar la escolarización en muchos casos”.

A Esteban, de hecho, le desaconsejaron “totalmente” que matriculara a su hijo en una FP ordinaria, “porque el entorno no es el apropiado para un chico como él”, recuerda. Por eso pone en valor las condiciones que ofrece la FP específica: “Es un entorno seguro, con atención personalizada y una ratio máxima de ocho alumnos”. En cambio, en una clase ordinaria de 20 alumnos “sería inviable” para alumnos como Esteban o Rodrigo.

¿Inclusión o “una forma de discriminación”?

El profesorado también cuestiona la reorganización que plantea el Gobierno andaluz. Montse Cano, profesora de pedagogía terapéutica (PT) en el programa específico de Agrojardinería en el IES Salvador Rueda de Vélez-Málaga, defiende que se trata de “un programa que funciona” desde hace décadas y que permite formar al alumnado “en un oficio con posibilidades reales de inserción laboral”.

“Hablan de inclusión, pero sin recursos es exclusión”, defiende esta profesora. Al respecto, Cano advierte de que en los ciclos ordinarios “ni las ratios ni la formación del profesorado permiten hacer adaptaciones curriculares individualizadas”, lo que podría derivar en abandono escolar o incluso situaciones de acoso. En su centro, donde el programa lleva en funcionamiento desde 2002, existe lista de espera. “Es un programa que funciona y si se suprime, se les está privando de un futuro laboral”, lamenta.

Esa misma percepción la comparte Nacho Quesada, profesor del Grado Básico de Cocina y Restauración en el IES Juan de Aréjula de Lucena (Córdoba). La eliminación del ciclo en Lucena dejaría sin esta opción a toda la comarca de la Subbética. “Eso significa quitarles la posibilidad de trabajar el día de mañana”, señala el docente, que recuerda que estos estudios permiten obtener una cualificación profesional básica que habilita para empleos como ayudante de cocina.

Una opción que desaparece si son derivados a programas como el PTVAL, centrados en la autonomía personal. “Es una cuestión de derechos del alumnado”, subraya Quesada, quien califica la decisión de la Junta como “una forma de discriminación”. En ese sentido, madres como María del Mar defienden que “si un niño tiene aspiraciones, tiene que tener oportunidad de poderlas desarrollar cuando él reclama desarrollarse como persona”.

“No pueden estar relegados a la transición a la vida adulta, la vida adulta es ponerse a trabajar”, reivindica antes de recordar que para muchas familias, esta opción constituye un puente entre la educación obligatoria y el mundo laboral, además de una de las pocas vías para que sus hijos puedan continuar dentro del sistema educativo hasta los 21 años. “No existe verdadera igualdad si no tienen la misma oportunidad”, concluye María del Mar.

Movilizaciones en las ocho provincias

Mientras la Junta ultima la oferta formativa de cara al curso 2026-27, la comunidad educativa continúa movilizándose. Profesorado y familias han convocado actos de protesta en varias provincias andaluzas, con la vista puesta en una movilización autonómica en Sevilla, que visibilice su realidad: “La inclusión real no consiste en integrar sin recursos, sino en garantizar que cada estudiante reciba los apoyos que necesita para desarrollarse académica, social y emocionalmente”.

Dentro del calendario de movilizaciones, el colectivo de familias de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) ha convocado una concentración frente al Palacio de San Telmo –sede de la presidencia de la Junta de Andalucía– el próximo 30 de abril a las 11:00 horas en la capital andaluza.

“Pedimos que al menos se sienten a hablar con nosotros”, reclaman las familias. Frente al discurso institucional de reorganización e inclusión, temen que la medida deje sin respuesta educativa a un alumnado especialmente vulnerable. “La incorporación de este alumnado a grupos ordinarios, sin los apoyos y adaptaciones que requieren, no solo no favorece la inclusión, sino que incrementa su vulnerabilidad”, advierten padres y madres.

El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno ultima la supresión de los ciclos formativos de grado básico dirigidos a alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). La medida se prevé hacer oficial después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo –con el Ejecutivo en funciones– y antes de la apertura del plazo de inscripción, fijada para el 15 de junio.

En 2024, la entonces consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo (hoy titular de Cultura), anunció a bombo y platillo la puesta en marcha de 61 grados básicos de Formación Profesional (la mayoría concentrados en las provincias de Sevilla y Málaga) para que “los estudiantes más vulnerables titulen”. Ahora, la Junta plantea una reordenación de esta oferta, alegando que en torno al 50% de esos alumnos no ha promocionado ni superado el currículo.

Este periódico tiene constancia de que al menos 33 institutos andaluces -más de la mitad de los que ofertan estos estudios- han recibido comunicación oficial de la Junta sobre la extinción de esta modalidad, lo que apunta a un recorte significativo en el número de ciclos específicos a partir del próximo curso 2026-27. La Consejería no ha facilitado el número total de ciclos ni de alumnos afectados, pese a que la redacción andaluza de elDiario.es lo ha solicitado en varias ocasiones.

Desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional enmarcan esta decisión en una “reorganización” general de la oferta formativa en función de factores como la empleabilidad, la demanda del sector o el número de matriculaciones. El ajuste, que debe concretarse antes de la apertura del plazo de solicitudes prevista para el 15 de junio, introduce incertidumbre entre las familias, que temen la desaparición de “la única puerta” hacia la inserción laboral de sus hijos.

Estos ciclos formativos de grado básico están diseñados para personas “cuya discapacidad o necesidades educativas especiales no les permite alcanzar los resultados de aprendizaje vinculados a la acreditación o el título” en un itinerario estándar, según la Junta. Se trata de estudiantes que no han completado la ESO y requieren apoyos educativos especiales.

Con ratios reducidas —de máximo ocho alumnos— y el apoyo de profesorado especializado, permiten que jóvenes mayores de 16 años con dificultades de aprendizaje realicen prácticas en empresas y obtengan un certificado profesional que facilita su acceso al mercado laboral.

La extinción de esta vía formativa podría incrementar las tasas de abandono escolar temprano en Andalucía —actualmente en el 14,5%— y dificultar la inserción laboral de un alumnado especialmente vulnerable, con riesgo de exclusión social. Se trata, en muchos casos, de jóvenes que no logran titular en la ESO y que encuentran en estos ciclos una de las pocas alternativas para acceder al mercado de trabajo, en una comunidad en la que el paro juvenil alcanza el 30,73% del total de desempleado.

Alternativas que no convencen a las familias

Para muchas familias, esta opción constituye para sus hijos un puente entre la educación obligatoria y el mundo laboral, además de una de las pocas vías para continuar dentro del sistema educativo hasta los 21 años.

Desde la Consejería de Desarrollo Educativo señalan que en el curso 2024-25 se puso en marcha un proyecto piloto cuya evaluación revela que “aproximadamente el 50% del alumnado presenta dificultades para seguir el currículo ordinario”. Por ello, aseguran estar estudiando “alternativas que garanticen la mejor atención educativa posible”.

Entre las opciones que se barajan, la Junta plantea derivar a este alumnado a programas de transición para la vida adulta (PTVAL) –centrado en la autonomía personal del alumno y no orientado a la inserción laboral– o la creación de un Grado Básico Ordinario en institutos que no lo tenían en su oferta, “manteniendo los recursos de atención a la diversidad que ya tenían en el Grado Básico NEE, favoreciendo la inclusión a la vez que se pueden incorporar nuevos alumnos sin necesidades educativas especiales”, según fuentes gubernamentales.

No obstante, las alternativas que plantea la administración no convencen a las familias. “El PTVAL no está orientado a la inserción laboral, y en la FP ordinaria no hay recursos para atender sus necesidades”, argumenta Esteban Gómez, padre de un chico con autismo de Los Barrios Cádiz. El resultado que temen las familias es que “nuestros hijos van a caer en la frustración y van a estar condenados al fracaso escolar y a tener que abandonar la escolarización en muchos casos”.

A ojos de las familias y del profesorado que trabaja con este alumnado, ello se traduce en “excluir a un grupo de estudiantes cuyas necesidades quedan invisibilizadas cuando se eliminan los recursos específicos que les permiten aprender, avanzar y construir un proyecto de vida”.

El Tribunal Supremo ha zanjado un debate que afectaba al colectivo de profesionales sanitarios: los enfermeros que se dedican exclusivamente a la docencia universitaria no están obligados a permanecer colegiados, como sostenía el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería. La resolución, recogida en una sentencia firmada el pasado 23 de marzo a la que ha tenido acceso este periódico, sienta jurisprudencia y unifica criterios respecto a la colegiación obligatoria, tras fallos contradictorios en instancias inferiores.

La doctrina surge a raíz del caso de un profesor del Grado de Enfermería de la Universidad de Jaén, que en 2019 solicitó su baja en el colegio profesional alegando que no ejercía labores asistenciales como enfermero, sino únicamente docentes. El Colegio Oficial de Enfermería de Jaén y, posteriormente, el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería rechazaron su petición. Tras un largo recorrido judicial con resoluciones dispares, el Supremo ha terminado dándole la razón al profesor universitario.

Desde el despacho de abogados Salvador Martín que ha representado al docente señalan que el alcance de la sentencia va más allá de este caso concreto. “A todas las profesiones sanitarias les va a afectar”, explica el letrado, apuntando a que la doctrina “puede ser extensible a otras muchas profesiones” que impongan la colegiación obligatoria. Según detalla, el criterio del Supremo es claro: “El profesional que no se dedique expresamente a labores de asistencia sanitaria –en este caso, el que se dedique a la docencia universitaria– no tiene la obligación de colegiarse”.

Enseñar no es curar

La clave del fallo radica en una distinción que el Alto Tribunal considera fundamental: no es lo mismo ejercer la profesión que enseñarla. “Hay que tener en cuenta la diferencia entre ejercicio profesional, en cuanto supone la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos a una situación real, y la docencia, que implica la transmisión de unos conocimientos que van a capacitar para aquel ejercicio”, recoge la sentencia.

A partir de esa diferencia, el Supremo concluye que impartir clases en el Grado de Enfermería no puede equipararse automáticamente al ejercicio de la profesión sanitaria, al no existir una relación directa con el paciente. Y, por tanto, no justifica por sí solo la obligación de colegiarse.

“El ejercicio exclusivo de la docencia universitaria en el Grado de Enfermería, cuando se acredite que no se encuentra vinculada al ejercicio de prácticas clínicas asociadas a la prestación de servicios sanitarios propios de la profesión de enfermería, no supone el ejercicio de la profesión de enfermería y, por tanto, para dicho ejercicio exclusivo de la docencia universitaria no es exigible la colegiación obligatoria en el Colegio Oficial de Enfermeros correspondiente”, establece el Tribunal Supremo en su doctrina.

La sentencia también recuerda que la colegiación obligatoria solo tiene sentido cuando actúa como garantía del interés general, especialmente en ámbitos donde pueden verse afectados la salud o la seguridad de las personas, como establece la normativa vigente. En el caso de la enseñanza universitaria, esa función de control no corresponde a los colegios profesionales, sino a las propias universidades, que “no centros sanitarios ni forman parte de la estructura asistencial del sistema sanitario”, como apostilla el Alto Tribunal.

Unificar criterio entre colegios profesionales

Durante el procedimiento, la defensa aportó documentación que evidenciaba diferencias de criterio incluso dentro de la misma comunidad autónoma. En Andalucía, algunos colegios de Enfermería –como el de Huelva– ya eximían de colegiación a los docentes universitarios, mientras que otros –como el de Jaén– sí les obligaba a mantenerse inscritos.

A juicio del letrado, la imposición de esas cuotas respondía más a un “ánimo recaudatorio” que a una verdadera necesidad de control profesional. Ahora la reciente sentencia del Alto Tribunal pone fin a esta disparidad y delimita con claridad cuándo puede exigirse la colegiación: únicamente cuando se desarrollan funciones sanitarias.

Con este fallo, el Tribunal Supremo fija como doctrina que el profesorado de Enfermería que no desarrolle actividad clínica ni participe en prácticas asistenciales no tiene obligación de estar colegiado. Una premisa que, según los abogados, puede extenderse a otros colectivos sanitarios, como el de los médicos.

La sentencia no solo resuelve el caso concreto del profesor jiennense —reconociendo su derecho a darse de baja y a recuperar las cuotas abonadas desde diciembre de 2019—, sino que establece un criterio con alcance en todo el territorio nacional y en otras profesiones reguladas. Este periódico ha consultado al Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería si quería hacer algún comentario tras la sentencia, si bien hasta el momento no se ha pronunciado.

“No queda otro camino que demandar a la Junta”. Con estas palabras Ángela Claverol, la presidenta de Amama, ha anunciado este martes que las víctimas de los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía van a denunciar, “una a una”, al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en los juzgados de lo contencioso de Sevilla por no atender a sus reclamaciones patrimoniales.

La vía judicial la abrirá Anabel, quien fue la primera mujer en dar el paso de reclamar una indemnización por haber sufrido los retrasos en el cribado que la dejaron “un año con cáncer sin saberlo”. Fue en junio cuando Anabel presentó su reclamación patrimonial ante el SAS y, desde entonces, lo único que ha recibido por parte de la administración ha sido “silencio absoluto”, como ha afirmado la presidenta de la asociación que destapó la crisis de los cribados de cáncer.

Más de seis meses después, vencido el plazo que establece la ley para abrir la puerta a la vía contencioso-administrativa, Anabel encabezará las demandas judiciales que, asegura Amama, se irán encadenando conforme venzan los plazos de las reclamaciones patrimoniales interpuestas por las afectadas. “La Junta las obliga a arrastrarse por los juzgados”, ha lamentado Claverol a las puertas de los juzgados de Sevilla.

Hasta allí se han desplazado una veintena de mujeres, socias de Amama, para respaldar a Anabel, quien ultima –junto a los servicios jurídicos de la asociación– la demanda que se registrará en los próximos días con el único fin de ser indemnizada por un error que la propia Junta ha reconocido. “No entiendo cómo me van a hacer ir a juicio, perder tiempo y dinero cuando yo sigo en tratamiento, tuve que vender mi casa y no sé cómo voy a hacer frente a esto porque las fuerzas las he perdido”, ha aseverado esta sevillana, poniendo voz a otras tantas mujeres que están dispuestas a presentar demandas individuales contra la Junta “para que se haga justicia”.

“Una tras otra”

Actualmente, la asociación ha presentado en torno a 160 reclamaciones patrimoniales ante el SAS que siguen sin respuesta. A ellas se suman entre 50 y 60 casos pendientes de registro, además de otras decenas en fase de estudio, y “las que están por venir”. Buena parte de las ya presentadas, según explica Amama, vencen a finales de abril y principios de mayo. Serán esas reclamaciones, “una tras otra”, las que se irán transformando en demandas judiciales individuales a medida que expiren los plazos legales, ya que “cada caso es distinto”, ha precisado Claverol.

El caso de Anabel servirá así de referencia para el resto de afectadas por los errores en el protocolo de cribado de cáncer de mama en Andalucía, especialmente en lo relativo a la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como no “concluyentes” o “dudosos”. Según la Junta, esta situación afectó a 2.317 mujeres, el 90% de ellas en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, al que pertenece Anabel.

La paciente estuvo un año esperando a que le realizaran la segunda prueba diagnóstica pese a que su mamografía ya había arrojado resultados sospechosos. Ello motivó que fuese la primera mujer en reclamar a la Junta por esta demora, convirtiéndose entonces en uno de los rostros más visibles de la crisis. “Nos estáis matando y yo no me voy a callar”, llegó a denunciar públicamente en diciembre, tras asegurar que el retraso en su diagnóstico le ha “arruinado la vida”.

Pese a haber presentado toda la documentación, Anabel asegura que en estos nueve meses no ha recibido por parte de la Junta “absolutamente ningún requerimiento”, a diferencia de otras compañeras de la asociación. Aun así, desde Amama confían en que “la verdad solo tiene un camino” y por eso han decidido llevar estos casos ante la justicia.

Preguntas sin resolver

“Una vez que habían reconocido el error, pensé que se había terminado, pero para ellos sí es política y no sanidad”, ha lamentado Anabel, la mujer que pidió a gritos en el Parlamento de Andalucía explicaciones al presidente Juan Manuel Moreno sobre lo ocurrido con el programa de cribado del cáncer de mama. “Yo lo voté a él”, recuerda ahora la afectada.

Como Anabel, otras muchas mujeres siguen preguntándose “qué ha pasado” y sus preguntas continúan sin respuesta. “Pero no vamos a parar y si hace falta nos veremos delante de un juez para que se haga justicia”, ha sentenciado Cristina Fernández, también víctima de la crisis de los cribados. Junto a ellas, María Lamuedra ha calificado de “tremendamente injusto” lo vivido. Y en nombre de sus compañeras, María ha pedido al Gobierno andaluz que “se responsabilice” de los “daños” causados y “nos ahorren este periplo porque lo único que queremos es vivir bien”.

El abogado de la Asociación Amama, Manuel Jiménez, ya avanzó que, en caso de no tener respuesta, demandarían al SAS en los juzgados para que indemnicen a Anabel y al resto de afectadas. Jiménez asegura que este paso se da después de intentar sin éxito abrir una vía de acuerdo con la Junta para evitar el paso por los tribunales, llegando a realizar “más de 50 llamadas” sin obtener respuesta. Según denuncia, las afectadas se ven abocadas a procedimientos “largos y costosos” que prolongan su sufrimiento.

Entretanto, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha defendido que las reclamaciones siguen su curso administrativo habitual, ya que las reclamaciones al SAS “son de toda la vida, no son de ahora” y, por tanto, deben tramitarse conforme a los cauces establecidos, “siempre poniendo a la mujer como prioridad”, según declaró el consejero preguntado por el caso de Anabel en concreto.

Asimismo, Sanz recordó que “existe un procedimiento y caben todo tipo de posibilidades”, y que “el ciudadano también tiene derecho a poder ir a los tribunales a reclamar”. En sus declaraciones, el consejero de Sanidad también apuntó a que “ya se habían archivado nueve de las 14 denuncias” relacionadas con este caso, mezclando la jurisdicción penal con la civil.

Nueva vía judicial

El anuncio de estas demandas por lo contencioso-administrativo llega después de que la Fiscalía Superior de Andalucía archivara a principios de febrero las denuncias penales contra altos cargos de la Junta por no encontrar indicios de delito, aunque reconociera irregularidades en la gestión del protocolo de detección precoz del cáncer de mama que provocó un tsunami político y la destitución fulminante de la consejera de Salud y parte de su departamento. 

El Ministerio Público dejó abierta la puerta a investigar los casos de forma individual dado que no presentan las mismas casuísticas, remitiendo las denuncias a distintas fiscalías provinciales.

La crisis de los cribados se originó por fallos en el seguimiento de pruebas con resultados “sospechosos” o “no concluyentes”, que, según datos de la propia Junta, afectaron a 2.317 mujeres. En algunos casos, según las afectadas, el retraso en la comunicación de resultados derivó en diagnósticos tardíos de cáncer, con consecuencias graves para su salud que siguen arrastrando.

“Ahora nos obligan a acudir a los tribunales para que nos resarzan”, resume la presidenta de Amama, quien asegura que “si respondieran a las reclamaciones patrimoniales, descansaríamos, pero la administración ignora a las afectadas”. A sus ojos, se trata de “un desprecio hacia todo lo que tiene que ver con el cribado, que fue una negligencia suya”.

El Ayuntamiento de Sevilla se ha visto obligado a frenar el proceso para externalizar la limpieza de los colegios públicos, después de que las principales patronales del sector hayan recurrido los pliegos de la licitación. Esta pausa llega justo cuando el camino parecía haberse despejado merced al acuerdo alcanzado con la plantilla municipal que ponía fin a meses de conflicto.

Tras sortear el escollo de la presión sindical con el pacto firmado el pasado Viernes de Dolores, el Consistorio se enfrenta ahora a un nuevo impedimento: dos recursos interpuestos por las principales patronales del sector de la limpieza en España, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) y las Asociaciones Federadas de Empresarios de Limpieza Nacionales (Afelin), al entender que el precio ofertado –25 millones de euros– es muy ajustado, tal y como ha adelantado El País y ha podido confirmar SevillaelDiario.es.

La impugnación de los pliegos mantiene en suspenso el procedimiento a la espera de su revisión por parte de la Secretaría General. Pese a ello, desde el Ayuntamiento restan importancia a la paralización actual del proceso y la enmarcan en el funcionamiento habitual de la contratación pública. Según indican fuentes municipales a este medio, se trata de un “trámite administrativo” habitual cuando se registran recursos en una licitación pública, algo que ocurre “cada semana en todas las áreas”.

En este sentido, subrayan que la suspensión no pone en riesgo el proceso ni altera los planes del Gobierno local, sino que responde a la necesidad de analizar y resolver los recursos antes de continuar con la adjudicación. Una vez superado este paso, añaden, la licitación se reanudará y seguirá su curso.

Costes “insuficientes” para cubrir el servicio

Los recursos presentados por las principales patronales del sector de la limpieza cuestionan dos aspectos clave de los pliegos aprobados por el Ayuntamiento hispalense. En primer lugar, el presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), Juan Ignacio Beltrán, señala a este periódico que “los costes previstos no son suficientes para cubrir el servicio, ya que los gastos reales estarían por encima de lo contemplado en la licitación”.

Además del precio ofertado, Beltrán apunta a una infraestimación del absentismo laboral, un factor especialmente relevante en el sector: “En la limpieza el absentismo ronda el 13%, mientras que la media está en el 7%; si no se calibra bien, supone un sobrecoste importante”.

Desde Aspel, su presidente informa que anualmente interponen entre 50 y 60 recursos sobre licitaciones públicas relacionadas con la limpieza cuyos pliegos no cumplen los parámetros adecuados para las empresas. En cuanto a los plazos, Beltrán indica que la resolución no debería demorarse en exceso. “Son procedimientos más ágiles que los judiciales; en aproximadamente un mes se sabrá si se estiman o no los recursos”, explica. En función de esa decisión, el Ayuntamiento podría rechazar la propuesta, introducir cambios en los pliegos o, en el otro extremo, optar por sacar una nueva licitación.

El proceso continúa

En la misma línea que el Gobierno local, el secretario de la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento, Rafael Román, enmarca la situación dentro de la normalidad de este tipo de procesos y asegura que la suspensión de los plazos no compremete ni el procedimiento ni el acuerdo alcanzado el viernes 27 de marzo. “Se suspende el plazo, no el pliego, y el procedimiento sigue adelante”, resume.

En cuanto al acuerdo con la plantilla, el representante sindical precisa que el conflicto también queda en suspenso mientras se cumplan los plazos pactados con el alcalde, aunque advierte de que podría reactivarse si estos no se respetan.

Con todo, la situación resulta llamativa por el momento en el que se produce. El conflicto por la limpieza de los colegios ha sido uno de los principales focos de tensión en la ciudad en los últimos meses, hasta el punto de provocar protestas, encierros y movilizaciones por parte de la plantilla municipal de limpieza en contra de la privatización.

El pulso se dio por cerrado hace apenas unos días con un acuerdo entre el Ayuntamiento y los sindicatos, que garantizaba el mantenimiento del empleo y rebajaba la conflictividad generada por el anuncio de externalización del servicio. Ese pacto puso fin a semanas de enfrentamiento y permitió encauzar una tensión que había ido en aumento desde principios de año.

Ahora, con el procedimiento en pausa, el proceso entra en una fase técnica que, según las fuentes consultadas, no debería prolongarse en exceso ni tener mayores consecuencias sobre el desarrollo de la licitación.

Los vecinos del Casco Antiguo de Sevilla han recibido un nuevo revés en su camino por convertir el solar de la calle Arrayán en el epicentro de su reivindicado pulmón verde para el barrio. El distrito ha advertido al colectivo vecinal que “no se autoriza la entrada de menores al recinto” sin supervisión de un AMPA, según consta en el correo electrónico al que ha tenido acceso este periódico. A la notificación, remitida el pasado 25 de marzo, le ha seguido la retirada del cartel que hasta el pasado viernes invitaba a los niños del barrio a jugar durante los días en que el espacio permanece abierto para las tejedoras.

Desde la asociación Pulmón Verde interpretan este movimiento como un intento de “ir recortando” el uso que los vecinos vienen haciendo de este espacio, mientras su futuro continúa en el aire desde que el Ayuntamiento lo sacara a la venta en diciembre de 2024. En ese contexto, la decisión ha reavivado el malestar de un barrio que lleva años reclamando la creación de una zona verde en el corazón de la ciudad. “Se empeñan en limitar el uso que podemos hacer de él”, denuncia Sandra Camps, presidenta del colectivo Pulmón Verde.

A ojos de los residentes, la negativa contraviene el compromiso adoptado por todos los grupos políticos en junio de 2022, cuando el pleno municipal aprobó por unanimidad iniciar el trámite para modificar la calificación del solar en el PGOU a uso dotacional, con el objetivo de destinarlo a parque o área de esparcimiento público. Aquel acuerdo incluía además “su puesta en uso y disfrute por las vecinas y los vecinos del barrio” mientras se tramitaba el cambio urbanístico.

Desde entonces, el colectivo vecinal continuó dando pasos hacia su objetivo, promoviendo acciones y actividades en la parcela. tejiendo cada jueves por el barrio y solicitando reuniones con los dirigentes políticos. Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sevilla para recabar su versión, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

Otra propuesta rechazada

La restricción al acceso de menores no es el único punto de fricción reciente. Días antes de retirar el cartel, el distrito rechazó la propuesta vecinal para organizar en el solar el denominado 'II Encuentro de Primavera', una iniciativa dirigida a niños y adolescentes del barrio con actividades lúdicas y educativas. En su respuesta, la administración alegó que dicho solar “no es un espacio para organizar encuentros de ninguna índole” y que su uso está destinado principalmente a centros educativos que lo soliciten.

La propuesta vecinal contemplaba realizar juegos populares, talleres de manualidades y un taller de ecología urbana impartido por el profesor universitario Jesús Castillo, en aras de “fomentar la convivencia, la responsabilidad, la creatividad y el juego”, así como “fortalecer los lazos entre los distintos colegios, institutos y familias de la zona”, según exponía la solicitud remitida al distrito el pasado 10 de marzo.

Seis días después, la coordinadora de actividades del distrito Casco Antiguo comunicó su rechazo. “El uso de dicho solar está destinado a los colegios que lo soliciten, principalmente aquellos que tienen falta de espacio en su centro escolar para esparcimiento y actividades deportivas de los niños a excepción de las tejedoras que lo solicitan, como su nombre indica, para tejer al aire libre y no para ningún otro fin”, señalaba la respuesta municipal. El correo municipal terminaba apuntando que “los colegios tienen sus propias fiestas para celebrar los eventos que crean oportunos”.

Para los vecinos, el rechazo de esta actividad refuerza la sensación de que el Gobierno de José Luis Sanz está limitando progresivamente cualquier uso comunitario del solar. Cuando la Guerencia de Urbanismo aprobó incluir la parcela del conocido como pulmón verde en el último plan de enajenaciones del suelo municipal, el alcalde insistió en que la parcela “se venderá condicionada a lo que quieran los vecinos hacer en ese espacio”. Sin embargo, Sandra Camps recuerda que lleva dos años insistiendo en reunirse con el regidor y no ha recibido respuestas.

Se reactiva la lucha en el Pulmón Verde

El intercambio de correos con el distrito ha intensificado el malestar en el barrio. Especialmente el último, donde la administración advierte de que el cartel que anunciaba juegos infantiles “no debería estar según las normas de uso” y recuerda que los jueves están reservados exclusivamente a la actividad de tejer, por lo que “no se puede realizar ninguna otra actividad distinta a la autorizada”.

Esa comunicación ha activado el descontento de un barrio que lleva más de cinco años esperando un parque. Pese a este nuevo revés, el colectivo vecinal asegura que van a seguir luchando hasta que el casco antiguo de Sevilla consiga su “merecido y prometido pulmón verde”. Para ello, anuncian a elDiario.es que van a emprender una nueva campaña de movilizaciones a la vuelta de Semana Santa bajo el lema: “El pulmón verde no se vende”.

Esperanza Bazán vive en Sevilla y lleva más de 20 años cargando pasos de Semana Santa, pero nunca lo hace en su ciudad. Para ejercer de costalera, tiene que desplazarse a otros municipios de Córdoba o Granada, donde sí aceptan mujeres en sus cuadrillas. Como ella, cientos de costaleras viven una paradoja difícil de explicar: son capaces de cargar el peso del costal, pero encuentran trabas para abrirse paso en un mundo que sigue siendo, en gran medida, territorio masculino.

La historia de Esperanza fue el punto de partida de Costaleras, el último libro publicado por Almuzara, en el que los doctores en Psicología Rafael Moreno Rodríguez y María Jesús Cala Carrillo ponen cifras, voces y contexto a una realidad hasta ahora poco estudiada: la de las mujeres que cargan pasos a costal en España.

El estudio documenta la existencia de 421 pasos con participación femenina distribuidos en 159 municipios, el 61% de ellos en Andalucía. Además de situar a las costaleras en el mapa, este trabajo demuestra con evidencia científica la existencia de un fenómeno que se remonta, al menos, a finales de los años ochenta. Y ese mismo mapa también revela una desigualdad persistente: mientras en algunas localidades la presencia femenina está normalizada —incluso integrada en cuadrillas mixtas—, en otras ciudades clave de la Semana Santa, como Sevilla, muchas mujeres continúan sin poder formar parte de las cofradías en igualdad de condiciones.

Datos contra los mitos del costal

Una de las principales aportaciones del libro, según sus autores, es su capacidad para confrontar con evidencia científica los argumentos que tradicionalmente se han utilizado para excluir a las mujeres del costal. El primero es el de que no están preparadas físicamente. “Se dice que no tienen fuerza, pero existen más de 420 casos en los que participan las mujeres, y los capataces que trabajan con ellas aseguran que son capaces de hacerlo con la misma técnica que los hombres, e incluso con mayor fuerza mental”, afirman los autores.

El segundo argumento apunta a las supuestas tensiones que pueden surgir de la convivencia entre hombres y mujeres bajo el paso. Sin embargo, los datos apuntan a que la mayoría de los casos documentados (320 de 421) funcionan con cuadrillas mixtas que no suponen “ningún problema”, como atestiguan las más de 400 voces que recoge esta investigación, entre costaleras, capataces, familias y responsables de hermandades.

El tercero, y quizá el más recurrente, es el de apelar a la tradición. “Es un recurso muy utilizado históricamente para excluir a las mujeres de muchísimos espacios”, explica María Jesús Cala, profesora de Psicología de la Universidad de Sevilla, especializada en violencia hacia las mujeres. Frente a ese argumento, su colega Rafael Moreno recuerda: “La tradición es algo que va cambiando, la propia Semana Santa ha evolucionado: eso que en Sevilla no es tradición, en Granada ya lo es”.

Tras dos años de investigación, Cala concluye que las resistencias que sufren las mujeres para participar en el costal responden a “una dinámica de control simbólico de quién puede representarse en un espacio tan cargado de significado como la Semana Santa”. En el fondo, añade, se trata de “una intención de no perder privilegios”. Ahora, las cifras que aporta este trabajo ayudan a “desmentir todos esos argumentos en contra” y a contrarrestar las meras opiniones: “Cuando la evidencia científica contradice una opinión, lo razonable sería revisarla”, señala Cala.

El mapa de la desigualdad

Más allá de dimensionar el fenómeno, el libro se adentra en la experiencia subjetiva de las costaleras desde la perspectiva de la Psicología. De los testimonios que llenan sus 344 páginas emerge una realidad marcada por la pasión y la desigualdad. Las entrevistas retratan “situaciones de humillación y de injusticia” que a menudo sufren las mujeres dentro de sus propias hermandades.

A pesar de que “la norma diocesana habla de igualdad y sobre el papel no pueden limitar su participación”, como apunta Rafael Moreno, los testimonios describen negativas en las igualás, comentarios vejatorios o actitudes hostiles por parte de algunos capataces. Prueba de ello es el relato de una mujer que fue advertida cuando acudió a su hermandad para postularse como costalera: “Si entras ahí, te van a destrozar”, le dijeron. Decidió hacerlo en cualquier caso. “Y me destrozaron”, afirma ahora. No solo fue rechazada, sino que la hermandad la sancionó de por vida y le obligó a devolver su medalla “por presentarme y decir que quiero ser costalera”.

En otro caso, tras décadas de trabajo en una cuadrilla mixta, un nuevo capataz decidió excluirlas: “Nos sentó aparte, como apestadas, y nos dijo que buscáramos a otro capataz porque él no trabajaba con mujeres”. También hay testimonios de humillaciones más sutiles: asignar a cuadrillas femeninas los tramos menos lucidos –como “una calle en la que solo había bombos de basura”– o citarlas en condiciones especialmente duras, en plena ola de calor. “Para mí, aquello fue una humillación como persona, ya no como costalera”, resume una de ellas.

“Esa sensación de injusticia les duele, especialmente cuando ven que no va a cambiar a corto plazo”, explica Cala. Pero hay algo que pesa aún más: la posibilidad de que esa misma discriminación la puedan sufrir sus hijas. Detrás de ese malestar late un sentimiento profundo que las une al oficio: cargar un paso no es solo una acción técnica, sino una experiencia que atraviesa el cuerpo y la mente, que conecta lo individual con lo colectivo y que, en muchos casos, se convierte en una forma de afirmación personal. Por eso, la exclusión se llega a percibir como una negación simbólica.

No obstante, el libro también pone en valor el papel de capataces que han apoyado su incorporación y han defendido su presencia bajo el paso, evidenciando que el cambio, aunque desigual, ya está en marcha.

La mujer, parte de la historia del costal

Para sus autores, el mérito de este trabajo es “demostrar que la mujer ya forma parte de la historia del costal”. “Nosotros hemos puesto el foco en ellas para hacer visible que ahora mismo en España hay muchas mujeres costaleras, pero llevan ahí desde hace 40 años, son una tradición en determinados lugares, aunque no se haya hecho visible hasta ahora”, afirman los doctores en Psicología.

El objetivo del libro, de hecho, no es solo documentar esa realidad, sino también contribuir a transformarla. “Confiamos en que, cuando se lean estos relatos y los datos, muchas personas revisen ideas que han aceptado durante años sin cuestionarlas”, explican esperanzados. La propia Cala reconoce que este ámbito era, hasta ahora, un terreno poco explorado incluso desde la investigación: “Yo misma descubrí que el costal era un campo donde generar conocimiento puede ayudar a promover cambios sociales y corregir desigualdades entre mujeres y hombres”.

A ojos de los autores, los datos son “tan evidentes” y los relatos “tan convincentes” que “nos cuesta imaginar que esos argumentos se sigan utilizando” para perpetuar la exclusión de las mujeres del costal en algunas ciudades. En cambio, reconocen que las protagonistas no son tan optimistas como ellos porque “llevan mucho tiempo intentándolo y viendo que no es posible”. Frente a ese pesimismo, su confianza se apoya en el peso de la evidencia científica y de la experiencia: “Se pierde mucho cuando no se incorporan a las mujeres”.

En definitiva, Costaleras aporta, por primera vez, un mapa y un relato estructurado sobre una realidad que hasta ahora se movía entre lo anecdótico y lo invisible. Y lo hace desde un enfoque poco habitual: el de la evidencia científica aplicada a un ámbito marcado por la tradición. Sus conclusiones invitan a reflexionar y a cuestionarse creencias que durante años se han dado por válidas. Mientras tanto, mujeres como Esperanza Bazán seguirán buscando su sitio allí donde se les permita cargar. Aunque ese lugar, todavía hoy, no siempre esté en su propia ciudad.

La caída de los servicios digitales que sufre la Junta de Andalucía desde la noche del miércoles ha afectado de forma especialmente grave a los centros educativos en uno de los momentos clave del curso: en plena evaluación del segundo trimestre y a escasos días de que concluya el proceso de escolarización el próximo 31 de marzo.

El director de la Asociación de Directoras y Directores de IES de Andalucía (ADIÁN), Anastasio Pineda, confirma que se ha producido una caída del sistema Séneca, “que es por donde lo hacemos todo, desde los trámites administrativos hasta los académicos”. La incidencia ha impedido a la comunidad educativa completar los procedimientos propios de estas fechas, retrasando el trabajo burocrático acumulado durante todo el trimestre.

“No podemos firmar digitalmente las actas de evaluación, por lo que estamos parados, ya que al no poderse firmar tampoco se pueden subir a Séneca”, explicaba a este medio la directora de un colegio de Infantil y Primaria en la capital andaluza poco antes de mediodía. A las puertas de las vacaciones de Semana Santa, que marcan el final del segundo trimestre, la responsable advierte de las consecuencias inmediatas: “Los equipos directivos tendremos que revisarlas durante nuestras vacaciones o a la vuelta, lo que retrasará todo el trabajo”.

A ello se suma otro problema: “Tampoco podemos acceder al correo corporativo ni subir los boletines de notas ni los informes del alumnado al punto de recogida para que las familias los puedan recibir mañana viernes”, último día antes de las vacaciones. “Habrá que hacerlo todo mañana, con suerte, mientras atendemos al alumnado”, añade la directora.

“En fin, un desastre y una chapuza en el momento más decisivo del curso para los colegios”, resume otra directora, quien lamenta que estas incidencias se repitan “año tras año en los momentos críticos de evaluaciones y mayor burocracia”.

La Junta de Andalucía ha informado a primera hora de la tarde del jueves del restablecimiento de las aplicaciones de Educación, como Séneca e IPasen.

Solicitudes de plaza paralizadas

El apagón también ha afectado directamente a las familias, que durante la primera parte del día no pudieron tramitar de forma telemática la solicitud de plaza para el próximo curso 2026-2027 en pleno periodo de escolarización, cuyo plazo de admisión concluye el próximo martes 31. “Las solicitudes que no se registren hoy tendremos que tramitarlas durante las vacaciones, porque si se presentan fuera de plazo podrían dejar a algún alumno sin plaza en el centro elegido”, advertía esta directora.

Ante esta situación, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha comunicado que los plazos de los procedimientos actualmente abiertos se van a ampliar, con el objetivo de garantizar que ningún trámite se vea perjudicado por la incidencia.

Según diversas fuentes oficiales, los servicios digitales de la Junta de Andalucía se vieron afectados por una incidencia en los servicios de identificación y firma electrónica, que impide el acceso a aplicaciones que dependen de estos sistemas. Entre ellas se encuentran Séneca, la plataforma de gestión educativa —clave tanto para las evaluaciones como para el proceso de escolarización en marcha—, y Diraya, utilizada en el sistema sanitario andaluz, que ha empezado a recuperar algunas funciones durante la mañana del jueves.

UGT lamenta la saturación del sistema en el peor momento

UGT ha lamentado que la incidencia de este año se acumule sobre otras que suelen producirse, según denuncian, en los momentos más delicados para la gestión de un centro escolar. Esta semana los docentes deben dejar listas las evaluaciones del trimestre. “Miles de docentes andaluces se ven obligados a conectarse simultáneamente a la plataforma Séneca para introducir las calificaciones del alumnado y tramitar las actas correspondientes a todas las enseñanzas”, recuerda el sindicato en una nota: “Sin embargo, lo que debería ser un procedimiento habitual dentro de la organización del sistema educativo vuelve a convertirse en un auténtico problema técnico”.

Según UGT, la coincidencia de un gran número de profesionales conectados al mismo tiempo provoca el colapso del sistema. “La plataforma funciona con extrema lentitud o directamente se queda bloqueada, impidiendo realizar trámites obligatorios que deben completarse en un momento concreto del calendario académico”.

A ello se suma que este jueves finalizaba el plazo para presentar alegaciones al concurso de traslados, un procedimiento clave para el profesorado, pero la plataforma web habilitada tampoco funcionaba con normalidad, según algunos docentes. También tenían que entregar la Memoria todos los funcionarios en prácticas que aprobaron las oposiciones.

“Este problema no es puntual ni exclusivo del cierre de trimestre. Situaciones similares se repiten con frecuencia en otros procedimientos administrativos como la solicitud de oposiciones, la colocación de efectivos, la publicación de calificaciones o distintos procesos telemáticos vinculados a la gestión del personal docente”, lamenta UGT, que observa que los problemas suelen resolverse gracias a la implicación del profesorado, obligado a dedicar horas adicionales para completar las tareas informáticas.

“Reclamamos a la Consejería que dote a sus trabajadores de herramientas digitales fiables y dimensionadas para el volumen de usuarios que deben atender y que amplíe los plazos ante estas situaciones. El sistema educativo andaluz no puede depender de plataformas que se colapsan precisamente en los momentos en los que más se necesitan”.

La Junta de Andalucía sufre desde la noche del miércoles una caída de sus servicios digitales que en la mañana del jueves aún bloqueaba los procedimientos telemáticos en la Administración, desde solicitar cita médica o plaza en un colegio para el próximo curso (en pleno periodo de escolarización) a realizar procedimientos de licitación, ayudas o sanciones.

La “indisponibilidad temporal de los servicios digitales de la Junta” afecta a todas las consejerías, confirman fuentes del Ejecutivo autonómico. A mediodía se han restablecido algunos servicios, como la posibilidad de solicitar cita médica a través de Salud Responde. Poco después se ha restablecido el acceso a la tarjeta virtual sanitaria, que se estrena hoy.

La afección está siendo “amplia” debido al “elevado nivel de digitalización”, admiten desde la Junta, que no ha ofrecido un listado completo de los servicios afectados. Este medio ha podido comprobar incidencias en servicios sanitarios, gestiones administrativas y procedimientos internos. Durante la mañana era imposible acceder a servicios que requieren firma o certificado digital. La Junta descarta que la incidencia obdezca a “ningún patrón de comportamiento de ciberataque”.

“La Agencia Digital de Andalucía (ADA) está atendiendo una incidencia en la infraestructura de red y telecomunicaciones que está afectando en estos momentos a los servicios digitales de la Junta de Andalucía”, explican desde la Consejería de Industria, donde está integrada la ADA. La Agencia trata ahora de levantar el sistema “reconfigurando su explotación” con “carácter urgente y prioritario”.

Desde la Consejería de Industria avisan de que “la ciudadanía que necesite presentar documentación electrónica dirigida a la Administración de la Junta de Andalucía podrá hacerlo a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, a través de este enlace: https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoGeneral.html

Afección en centros educativos y centros de salud

Se trata de un problema localizado y acotado, principalmente, en los servicios de identificación y firma electrónica, lo que impide temporalmente el acceso a las aplicaciones que lo requieren. Entre los sistemas caídos están las aplicaciones que prestan servicio directo a la ciudadanía como el Registro Electrónico para la presentación de documentación, Carpeta Ciudadana, Tarjeta Sanitaria Virtual y las notificaciones electrónicas.

La incidencia afecta a Séneca, el sistema informático con el que trabajan los centros educativos (ahora embarcado en el arranque del proceso de escolarización para el curso 2026-2027 y en la evaluación del segundo trimestre), como a Diraya, que permite gestionar el sistema sanitario andaluz, según confirman diversas fuentes. En algunos centros de salud los sanitarios no podían acceder esta mañana al sistema de citas.

El director de la Asociación de Directoras y Directores de IES de Andalucía (ADIAN) confirma que “hay una caída del sistema Séneca, que es por donde lo hacemos todo, desde los trámites administrativos a los trámites académicos”. Pero la caída va más allá de los dos grandes servicios públicos que presta la administración autonómica. Ni siquiera se ha publicado este miércoles el último Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La directora de un colegio sevillano explica que ya este miércoles no pudieron firmar digitalmente las actas de evaluación. “Estamos parados, ya que al no poderse firmar tampoco se pueden subir a Seneca, por lo que los equipos directivos tendremos que revisarlas durante nuestras vacaciones o a la vuelta de ellas atrasando todo el trabajo”, lamenta: “Tampoco podemos subir los boletines de notas y los informes del alumnado al punto de recogida para que las familias los puedan recibir mañana. Habrá que hacerlo todo mañana, con suerte, mientras atendemos al alumnado”. Tampoco las familias pueden teletramitar las solicitudes. La Consejería de DEsarrollo Educativo confirma que se ampliarán los plazos afectados.

También se están viendo afectadas por esta incidencia informática herramientas digitales de uso interno por el personal empleado público de la Junta de Andalucía, como Portafirmas, Bandeja, Cronos y Sirhus.

Puesta en funcionamiento de la tarjeta sanitaria virtual

La Junta de Andalucía no ha aclarado aún el origen de la incidencia. Por ahora, ha descartado que tenga relación con un colapso del sistema por la convocatoria del concurso abierto y permanente, como barruntaban fuenten sindicales.

Este jueves 26 de marzo estaba prevista la puesta en funcionamiento de la tarjeta sanitaria virtual para las personas con cobertura sanitaria pública que residen en Andalucía. El pasado lunes se realizó la actualización de la aplicación TS-Diraya Tarjetas Sanitarias a la versión 3.0. Se trata de una de las grandes apuestas de la Estrategia de Salud Digital 2030, un código digital incorporado que permitirá la identificación inmediata mediante un QR dinámico incorporado al teléfono móvil. Se puede descargar desde la aplicación móvil Salud Andalucía o en ClicSalud+. En una primera fase de implantación se podrá hacer uso de ella para la dispensación de medicación en la farmacia y para la identificación en cualquier centro sanitario.

Las escuelas infantiles andaluzas se han concentrado este miércoles ante el Parlamento de Andalucía para exigir a la Junta una actualización urgente del llamado precio plaza, la cuantía que la administración abona por cada menor escolarizado y que permanece congelada desde 2020, según denuncian las organizaciones representativas del sector.

La protesta se produce apenas una semana después de que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, anunciara la gratuidad de las plazas para niños de uno a dos años a partir del próximo curso 2026/27. Con esta medida, la Junta completa la bonificación al 100% de la escolarización del primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) que se había planteado alcanzar en seis años, pero deja sin resolver “las necesidades reales y urgentes” de financiación, que vienen denunciando las escuelas infantiles.

“La gratuidad es una buenísima noticia para las familias y para el desarrollo de los niños, pero sin una actualización del precio plaza, los centros no son viables”, explica a este medio Maribel Uncala, presidenta de Escuelas Infantiles Unidas, la asociación mayoritaria del sector, que representa al 25% de las guarderías adheridas al programa de ayuda a las familias de la Junta.

Actualmente, el precio plaza ronda los 240 euros mensuales para la atención educativa en Andalucía, una cifra que no ha variado en los últimos seis años. Durante ese tiempo, los centros aseguran haber asumido el incremento de costes en salarios, seguros sociales, suministros y materiales, sin que se haya reajustado la tarifa oficial regulada por la administración pública. “No hablamos de financiación para tener beneficios, sino para poder llegar a final de mes”, subraya Uncala, quien advierte de que la situación es “insostenible” para muchas escuelas.

Un modelo tensionado

La red educativa en esta etapa no obligatoria está compuesta en sus dos terceras partes por centros privados, fundados básicamente por pequeñas empresas en las que trabajan unas 16.000 personas (casi todas mujeres). Este modelo se impulsó en su día por el PSOE para compensar la escasa oferta pública. En su lugar se optó por subvencionar la matrícula a las familias y así aumentar la escolarización, mientras que las escuelas perciben una cantidad fija por plaza.

El efecto colateral fue que el desarrollo de una red pública propia ha quedado en segundo plano. De hecho, el Gobierno de Moreno devolvió hace dos años 119 millones de euros de fondos europeos Next Generation que estaban condicionados a la creación de plazas públicas gratuitas.

Desde el sector aseguran que Andalucía cuenta con una de las financiaciones más bajas del país, con diferencias que pueden alcanzar hasta los 100 euros respecto a otras comunidades autónomas. “Somos la comunidad con la atención educativa infantil más barata de España”, resume Uncala, antes de defender que “nuestros niños merecen escuelas infantiles que puedan trabajar tranquilas, seguras y sin estar agobiadas por si pueden tener un imprevisto y no puedan salir al paso”.

Anuncio por sorpresa

Otro de los detonantes de la protesta ha sido la forma en la que se comunicó la ampliación de la gratuidad para niños de un año. Según relatan las patronales, el pasado 19 de marzo se reunieron con la Consejería con la expectativa de abordar una propuesta de actualización del precio plaza. “Íbamos preparados para una oferta, aunque fuera progresiva, pero nuestra sorpresa fue que, mientras estábamos en la mesa, se anunció una medida que no se había trabajado con el sector”, señala Uncala, respaldada por otras entidades como FSIE Andalucía, Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía y ACES Andalucía.

Las organizaciones denuncian que la medida se ha adoptado de forma “unilateral” y que deja en segundo plano una reivindicación que llevan años trasladando a la administración. “Las escuelas infantiles llevamos años soportando una situación económica cada vez más compleja, marcada por el incremento de los costes estructurales sin que se haya producido una actualización suficiente y efectiva del precio de la plaza”, recuerdan.

Por ello, reclaman “una revisión real y adecuada” de cara al próximo curso que garantice la viabilidad económica de los centros y el mantenimiento del servicio educativo. En ese contexto, la patronal de esta etapa educativa “espera seguir dialogando y obtener una respuesta de la Junta de Andalucía” en relación al precio de la plaza para 2026-2027.

Sin descartar nuevas protestas

Escuelas Infantiles Unidas insiste en que la gratuidad del primer ciclo en Educación Infantil es positiva para las familias andaluzas, al facilitar el acceso a una etapa clave para el desarrollo infantil y favorecer la conciliación familiar. Sin embargo, advierte de que sin cambios en la financiación el sistema queda en riesgo.

La concentración de este miércoles es la primera acción de protesta que convoca el sector, sin descartar nuevas movilizaciones los próximos meses, en un contexto marcado por el calendario electoral andaluz, que culminará con la cita en las urnas el 17 de mayo.

Con el proceso de escolarización a punto de comenzar y el inicio del curso fijado para septiembre, las escuelas confían en que aún hay margen para una rectificación. “Hay tiempo para que este Gobierno o el que salga de las elecciones atienda de una vez por todas nuestra reivindicación: un precio justo que garantice un servicio de calidad”, concluye la presidenta de Escuelas Infantiles Unidas.

Andalucía ya tiene fecha para las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán el domingo 17 de mayo. Tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este mismo martes, se activa el calendario electoral con fechas clave tanto para los partidos como para la ciudadanía: desde el inicio y final de la campaña hasta el sorteo de las mesas electorales o los plazos para votar por correo, que se puede solicitar desde ya.

La convocatoria conlleva la disolución del Parlamento andaluz y abre una secuencia de plazos fijados por la legislación electoral. A partir de ese momento se inicia un periodo de 54 días hasta la jornada electoral, durante el cual se desarrollarán los trámites de presentación y proclamación de candidaturas. El resultado de ese calendario marcará la composición del nuevo Parlamento y la formación del Gobierno que dirigirá la comunidad durante los próximos cuatro años.

Voto por correo

Los ciudadanos censados en Andalucía con derecho a votar en las elecciones autonómicas pueden solicitar el voto por correo desde este miércoles y hasta el 7 de mayo (inclusive). El plazo de depósito del voto por correo finalizará el 13 de mayo.

Los electores pueden solicitar su voto a través de la web de Correos, sin tener que acudir en persona a una oficina postal. La solicitud también se puede realizar en todas las oficinas de Correos de España. Esta petición debe ser realizada personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad –acreditada mediante certificación médica oficial– que le impida la formulación personal de dicha petición.

Campaña electoral en pleno mayo festivo

La campaña electoral se sitúa fuera de dos de los principales hitos del calendario festivo andaluz: la Feria de Abril de Sevilla y la romería del Rocío, pero coincide con otros eventos primaverales como las celebraciones de mayo en Córdoba.

Arrancará en la medianoche del jueves 30 de abril al viernes 1 de mayo, coincidiendo con el Día del Trabajo, y se prolongará durante 15 días, hasta las 00:00 horas del viernes 15 de mayo. El sábado 16 quedará como jornada de reflexión, previa a la votación del domingo 17.

Durante este periodo, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) prohíbe cualquier acto organizado o financiado por los poderes públicos que contenga alusiones a los logros de la administración o que utilice imágenes coincidentes con las campañas de los partidos. La Ley Electoral de Andalucía, por su parte, permite únicamente que el Consejo de Gobierno realice campañas institucionales orientadas a fomentar la participación electoral.

Constitución del Parlamento

Una vez celebradas las elecciones y proclamados los resultados, la sesión constitutiva del nuevo Parlamento de Andalucía que surja de las urnas queda fijada el jueves 11 de junio de 2026 a las 12:00 horas.

El presidente andaluz ha optado por agotar el plazo máximo previsto en la Ley Electoral de Andalucía, que establece que dicha sesión debe celebrarse dentro de los 25 días posteriores a las elecciones. El presidente de la Junta hizo lo mismo en 2022, cuando logró una rotunda mayoría absoluta que le facilitó todos los trámites constitutivos para que la legislatura echase a andar rápido: la conformación de la Mesa del Parlamento, su investidura y la formación del Gobierno. 

El presidente andaluz ha optado por agotar el plazo máximo previsto en la Ley Electoral de Andalucía, que establece que esta sesión debe celebrarse dentro de los 25 días posteriores a las elecciones. Ya hizo lo mismo en 2022, cuando logró una rotunda mayoría absoluta que le permitió agilizar todos los trámites para que la legislatura echase a andar rápido: la conformación de la Mesa del Parlamento, su investidura y la formación del Gobierno.

En esta ocasión, los sondeos apuntan a un escenario más abierto, en el que el resultado de Vox y del PSOE podría ser determinante para la configuración de la Mesa del Parlamento y el inicio de la legislatura. Ese margen de 25 días cobra así mayor relevancia en caso de que sean necesarias negociaciones para constituir el órgano rector de la Cámara, encargado de marcar los tiempos durante toda la legislatura.

Jornada electoral y escrutinio

La votación se celebrará el domingo 17 de mayo, entre las 9:00 y las 20:00 horas. Las elecciones se adelantan así un mes antes de lo previsto, después de que el presidente de la Junta haya decidido poner fin a la legislatura antes de junio, aunque prácticamente completando los cuatro años de mandato, algo que no ocurría desde 2012. La primera razón esgrimida para anticipar la fecha ha sido la de “llegar al próximo verano con un nuevo Gobierno a pleno rendimiento”, siempre que el resultado de las urnas no complique las negociaciones parlamentarias.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha anunciado este lunes la creación de 30.275 nuevas plazas de Formación Profesional (FP) para el próximo curso 2026-2027, hasta alcanzar las 168.447 plazas públicas de nuevo ingreso en Andalucía.

A esa cifra hay que sumar la oferta de centros privados que, según estimaciones de la propia Junta, elevaría el total del sistema a unos 211.000 alumnos matriculados. Aunque la administración autonómica es la encargada de autorizar las plazas que se ofertan en la privada, fuentes de la Consejería aseguran a este periódico no disponer de un registro completo y sitúan en torno a 40.000 las plazas en la privada, sin desglosar titulaciones, ni modalidad presencial y a distancia.

En paralelo, CCOO Andalucía ha publicado un informe en el que analiza la situación de la FP en la comunidad y alerta del “avance de la privatización” de estas enseñanzas frente a “la escasez de oferta en la red pública”. Según los datos del Ministerio de Educación recogidos por el sindicato, hasta el curso 2024-2025, la FP privada ha crecido un 66%, frente al 29% que lo ha hecho la pública, concentrando más del 35% del alumnado que estudia FP en Andalucía (tres de cada 10 alumnos).

Frente a ello, la Junta defiende que el grueso del sistema sigue siendo público y sitúa en torno al 80% el alumnado en plazas financiadas con fondos públicos, incluyendo centros concertados. Según sus datos, “ocho de cada diez alumnos de FP estudian en Andalucía en la pública”, lo que reduce el peso de la privada a menos del 20%. Además, subraya que la oferta sostenida con fondos públicos ha crecido en más de 47.500 plazas desde 2018 —el 89,9% en centros públicos y el 10,1% en concertados—, lo que supone un incremento cercano al 40% en siete cursos.

La pública crece, pero por detrás de la privada

Desde el sindicato atribuyen este “baile de cifras” a la “falta de transparencia” por parte de la Junta, que no desglosa los datos oficiales —especialmente entre modalidad presencial y a distancia o entre titularidad de centros—, lo que, a su juicio, dificulta analizar con precisión la evolución del sistema. Este medio ha solicitado el desglose del crecimiento de la oferta privada desde 2018, pero la Consejería sostiene que no dispone de esa información.

El diagnóstico de CCOO es que la oferta pública “crece, pero no al ritmo de la demanda”. Según sus datos, más de 30.000 jóvenes se quedan sin plaza pública en su primera opción en cada proceso de adjudicación, lo que empuja a muchas familias hacia la oferta privada. “Se está cubriendo con la privada una demanda que la pública no atiende”, explican desde el sindicato a elDiario.es.

El crecimiento es especialmente acusado en la FP a distancia, donde la oferta privada se ha disparado más de un 370%, de acuerdo con los datos recogidos por el sindicato. Esta situación, advierten desde CCOO Andalucía, tiene también un impacto económico en las familias, pues los ciclos en centros privados alcanzan ya los 3.000 euros por curso de media.

A distancia por encima de la presencial

La Junta, por su parte, insiste en que “jamás en Andalucía hubo tantas oportunidades públicas en la Formación Profesional” y destaca el aumento del catálogo de titulaciones, que ha pasado de 2.867 ciclos en 2018 a 3.773 en la actualidad. Esto es, un 31% más.

Uno de los ejes del nuevo plan, según señala la Consejería del ramo, es el impulso de la modalidad virtual, es decir la FP a distancia, que concentrará la mayor parte del crecimiento con 28.265 nuevas plazas. La oferta presencial crecerá con 2.010 nuevas plazas de nuevo ingreso. Para CCOO, sin embargo, “la FP de calidad debe ser presencial”, y advierte de problemas estructurales como la dificultad del profesorado de la pública para encontrar empresas para las prácticas.

“La apuesta debe ser modernizar los centros públicos y garantizar una oferta suficiente”, concluyen desde CCOO Andalucía, que reclama mecanismos de control frente a una FP privada que sigue “creciendo de manera desmesurada”. Pese a la nueva oferta de la Junta, el sindicato interpreta que “el camino es la privatización”.

Todo ello en un contexto de creciente debate sobre el peso de la enseñanza privada, que sitúa a Andalucía entre las cinco comunidades con mayor peso de la FP privada en el territorio español.

La Universidad de Sevilla ha recibido esta semana a un invitado de honor. El físico japonés Takaaki Kajita, distinguido con el Premio Nobel de Física en 2015, visita por primera vez la capital andaluza con motivo de su investidura como Doctor Honoris Causa por la Hispalense este miércoles.

El profesor Takaaki Kajita (Saitama, Japón, 1959) es un referente mundial en física de partículas y astrofísica. Se trata de una de las figuras más influyentes en la investigación de los neutrinos —partículas casi invisibles que atraviesan la materia sin interactuar—, cuyo estudio ha abierto nuevas vías para comprender el universo desde su origen.

Horas antes de recibir la máxima distinción honorífica que concede la Universidad de Sevilla, Kajita participó en un encuentro con medios de comunicación junto a su padrino, el profesor Juan Antonio Caballero. Durante la conversación, repasó el impacto de sus descubrimientos, avanzó las líneas de investigación en las que trabaja actualmente y, sobre todo, compartió su entusiasmo por la física, que lo ha impulsado durante toda su carrera como científico.

Lejos de cualquier solemnidad, el Nobel respondió con humildad y toques de humor a las preguntas planteadas por los periodistas, que no son precisamente físicos expertos. Ante cuestiones sobre la aplicabilidad futura de sus investigaciones o el impacto real de sus hallazgos, sonrió y admitió sin rodeos: “No idea”. Con esa sencillez en la respuesta, demostró que la grandeza científica no siempre se mide por certezas inmediatas, sino por la curiosidad, la paciencia y el afán genuino de entender lo desconocido.

Más cerca de entender el universo

El trabajo de Takaaki Kajita ha sido clave para resolver uno de los grandes enigmas de la física de partículas. A finales de los años noventa, a partir de los experimentos en el detector Super-Kamiokande, su equipo logró demostrar que los neutrinos —partículas extremadamente difíciles de detectar— cambian de tipo (la palabra técnica es sabor) mientras viajan. Este fenómeno, conocido como oscilación de neutrinos, implicaba algo fundamental: que estas partículas tienen masa.

El hallazgo, confirmado en 1998 y reconocido con el Premio Nobel en 2015 como “un descubrimiento histórico en la física de partículas”, supuso un punto de inflexión en la ciencia porque revolucionó el llamado 'modelo estándar', el marco teórico que durante décadas ha explicado el mundo subatómico. La existencia de neutrinos con masa y oscilaciones que evidenció Kajita supuso expandir los límites del modelo estándar. Y obligó a “ir más allá”, como señala el propio físico japonés, quien apunta a que este hallazgo abre la puerta a un campo aún por explorar.

Esa puerta podría conducir al fondo de cuestiones esenciales, como los secretos que entraña el universo. El estudio de los neutrinos podría ayudar a entender su estructura y comportamiento. “Es solo el comienzo para responder a una pregunta fundamental: el origen de la materia en el universo”, avanza el físico, que aspira a resolver por qué el mundo que hoy conocemos está compuesto principalmente de materia y no de antimateria.

Hacia el Hyper-Kamiokande

Para ello, su investigación se centra en analizar si neutrinos (materia) y antineutrinos (antimateria) se comportan de manera idéntica –como se esperaba antes– o si –como indican los primeros resultados– existen pequeñas diferencias entre ambos. En esta dirección trabaja ya la nueva generación de detector de neutrinos, bautiazada como Hyper-Kamiokande.

Estos experimentos “esperan poner de manifiesto la asimetría que existe entre la materia y la antimateria”. El objetivo es generar haces de neutrinos y antineutrinos en las instalaciones situadas en la costa este de Japón y analizar su comportamiento a lo largo de los 300 kilómetros que recorrerán hasta el otro detector, colocado en el extremo opuesto de la costa.

De esta forma, se podrán tomar “medidas muy fiables” y comparar las oscilaciones que experimentan los neutrinos frente a los antineutrinos durante el trayecto. “Si encontramos diferencias en su comportamiento, sería una señal clara de que la simetría entre materia [neutrinos] y antimateria [antineutrinos] no es exacta” argumenta el profesor. Esa posible ruptura, aunque sea mínima, podría explicar el origen de todo: “En algún momento de los primeros instantes de evolución del universo, se rompió la simetría de la materia y la antimateria, y eso hizo que el cosmos evolucionara a lo que es hoy”, imponiéndose la materia.

La aplicación, una incógnita

Kajita recuerda que estos estudios pertenecen a la investigación básica (y no a la aplicada), por lo que su aplicabilidad en la vida cotidiana todavía es incierta. “La historia de la ciencia muestra que los avances de la investigación fundamental pueden mejorar la vida de las personas con el tiempo de forma inesperada”, reflexiona.

Ante la pregunta de si imagina alguna aplicación derivada del descubrimiento de que los neutrinos tienen masa, Kajita sonrió y reconoció no tener ni ideas. “Nothing at all”. Nada en absoluto. Su padrino, el catedrático de Física Juan Antonio Caballero sí se permitió soñar por un momento: “Siempre he pensado que si tenemos cierto control sobre los neutrinos, por ejemplo, podríamos tener telescopios de neutrinos en vez de telescopios ópticos, que nos permitirían obtener información sobre fenómenos que ocurren en el universo antes que con la luz convencional, porque los neutrinos casi no interactúan con la materia”.

La universidad como motor de la investigación

Ser investido Doctor Honoris Causa por una institución con más de 500 años de historia supone para Kajita “un honor muy fuerte”. La distinción consolida además la colaboración entre el físico japonés y la Universidad de Sevilla, que participa desde hace años en los experimentos de Kamiokande y que formará parte de Hyper-Kamiokande a partir de 2028.

Tras mostrar su agradecimiento, el Nobel de Física puso en valor el papel que juegan las universidades en el avance de los descubrimientos científicos: “La universidad es un centro de formación, pero debe estar caracterizado también por la investigación y la transmisión de ese conocimiento”. Al hilo, Caballero apuntó que la mayor parte de la investigación que se realiza en España nace de las universidades. “Son el motor generador de la investigación puntera en cualquier campo”, afirmó el catedrático sevillano.

Kajita, que es también profesor universitario especial en la Universidad de Tokio, aprovechó su visita a la Hispalense para transmitir su entusiasmo a los jóvenes investigadores. Esa es, según dijo, la mejor forma de convencer a los estudiantes de que la física básica también puede ser emocionante: “Mostrar mi propio interés por el trabajo que realizo y la emoción que me despierta este tipo de descubrimientos”. Y así animó a los futuros universitarios a no solo interesarse por la aplicabilidad inmediata, sino por contribuir al conocimiento, “que es lo que hace avanzar a la sociedad”.

El alumnado del CEIP Altos Colegios Macarena, el primer colegio público de Andalucía y el más antiguo de Sevilla, lleva desde el mes de noviembre sin hacer uso del gimnasio debido a las grietas que atraviesan sus paredes, datadas de finales del siglo XIX. “A pesar de la peligrosidad y urgencia de la situación, el Ayuntamiento se ha limitado a elaborar informes técnicos sin llevar a cabo ninguna actuación sobre el terreno”, recrimina la presidenta del AMPA, Belén Ortega, poniendo voz a la preocupación del resto de familias del centro.

Belén Ortega recuerda que la dirección notificó estas deficiencias en varias ocasiones desde, al menos, el curso pasado. Ante la “falta de acción” municipal y la “preocupación” por el estado del edificio, en noviembre la dirección del centro pidió a los bomberos que valoraran el estado de las grietas y “constataron que había peligro real”, como explica la representante de las familias. De modo que, por indicación del cuerpo de bomberos, se clausuró el gimnasio “de inmediato” por peligro de “desprendimientos”.

Además del gimnasio, otros espacios de este inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) presentan fisuras en el techo, especialmente acuciantes en un aula de Infantil de 4 años que, según el AMPA, se encuentra parcialmente inhabilitada. En las pérgolas de los patios también existe “riesgo de desprendimiento” debido a su estado deteriorado. “La delegada muestra buena disposición, pero en la práctica el peligro sigue sobre las cabezas de nuestros hijos e hijas”, lamenta la presidenta del AMPA, que ha convocado una concentración en señal de protesta el próximo 24 de marzo a las puertas del colegio.

Fuentes municipales consultadas por este periódico aseguran “que en ningún momento ha existido dejación de funciones por parte del Ayuntamiento”. Asimismo confirman que, “tras los estudios técnicos”, la administración local “ha programado la intervención necesaria”, que se llevará a cabo “los próximos días”, en cuanto se disponga “la maquinaria específica que permita acceder con seguridad al punto donde se debe intervenir”. Desde el Ayuntamiento califican esta actuación de “compleja”, al tratarse de un edificio de 1864 “con muros de carga de ladrillo y sistemas constructivos propios de la época”.

Preocupación ante el calor

Desde el AMPA reclaman “fechas concretas” y “un compromiso firme por parte del Ayuntamiento”. Mientras tanto, las familias mantienen la convocatoria de protesta porque, al malestar acumulado tras meses esperando la reparación de las infraestructuras, se suma el “silencio administrativo” respecto a la solicitud para instalar sistemas de aire acondicionado en el centro.

La presidenta del AMPA explica que el Ayuntamiento ha aprobado este año una partida presupuestaria destinada a la climatización de colegios públicos de la ciudad. Sin embargo, advierte de que la medida presenta importantes limitaciones. “Más allá de que el presupuesto es escaso y no alcanza para instalar todos los acondicionados que nos harían falta, nos encontramos con dos problemas principales”, apunta.

El primero es la necesidad de contar con la autorización del propio Ayuntamiento para ejecutar la instalación y asumir posteriormente el mantenimiento de los equipos, por ser su competencia. El segundo tiene que ver con la infraestructura eléctrica del centro. “Con la potencia actual del colegio, cada vez que se conectan varios aparatos salta la luz y se interrumpe el suministro”, explica Belén Ortega, quien considera “inviable” instalar nuevos sistemas de climatización sin antes reforzar la instalación eléctrica.

“No tenemos fecha para solucionar ninguno de los, pero el presupuesto municipal sí tiene fecha de ejecución”, lamenta esta madre, en alusión a que el plazo administrativo para ejecutar la partida es a finales de 2026. “Si para entonces no se han podido instalar los equipos por estas limitaciones, el dinero volverá al Ayuntamiento”, advierten desde el AMPA, que teme que la medida se quede en un anuncio sin efectos reales: “Al final sirve para decir que se han aprobado fondos para climatización, pero la realidad es que los centros seguirán sin aires acondicionados en las aulas”, como augura Belén Ortega.

Protesta de la comunidad educativa

El cierre del gimnasio ha agravado además los problemas de organización del centro, al tratarse de “un lugar clave en la dinámica diaria del colegio”. Se trata del mayor espacio interior del colegio y no solo se utiliza para las clases de Educación Física, sino que durante los días de lluvia sirve como espacio de recreo. Al permanecer clausurado por riesgo de desprendimientos, el alumnado ha tenido que permanecer en las aulas durante los descansos en días de lluvias, como los del tren de borrascas que marcaron este invierno.

La clausura del gimnasio es solo uno de los muchos problemas que, según denuncian las familias, arrastra el centro desde hace tiempo. El AMPA asegura que en los últimos meses se han sucedido incidencias relacionadas con el mantenimiento del edificio: desde averías en las cisternas de los aseos —cuya reparación “ha tardado semanas”— hasta solicitudes pendientes como un informe de medición de ruidos, la reparación de las pérgolas de los patios o distintas actuaciones de mantenimiento que, aseguran, siguen sin respuesta.

“La lista de incidencias es enorme y el edificio cada vez se encuentra más obsoleto”, afirman desde la asociación de madres y padres. Por todo ello, ante lo que consideran una “falta de acciones reales” por parte de la administración local, el AMPA ha decidido movilizarse. La comunidad educativa ha convocado una concentración el martes 24 de marzo a las 8:50 en la calle Pacheco y Núñez de Prado, junto a la entrada del centro.

El objetivo de esta concentración es poner en valor a un edificio que está protegido “por su relevancia histórica y cultural”. “El CEIP Altos Colegios Macarena fue el primer colegio público de Andalucía y por sus aulas han pasado miles de estudiantes, queremos que siga siendo el lugar de aprendizaje que siempre ha sido”, defienden las familias, que insisten en la necesidad de acometer una actuación “urgente” en sus instalaciones para garantizar la seguridad del alumnado y del personal docente.

Los niños y niñas no votan, pero representan un 17,3 % de la población andaluza. Son más de 1,4 millones de menores en Andalucía, y 183.990 de ellos viven hoy en situación de pobreza severa. Sin embargo, la pobreza infantil “nunca” aparece entre las preocupaciones que recoge el 'CIS andaluz': dominan el empleo, la vivienda o la sanidad, problemas que también afectan directamente a la infancia, aunque rara vez se aborden desde esa perspectiva.

Frente a esta realidad, desde Save the Children Andalucía defienden que la protección de la infancia debe situarse en el centro de la agenda política. Con elecciones autonómicas en el horizonte, la organización trabaja en hacer llegar a los partidos una batería de propuestas bajo una premisa: impulsar una estrategia integral contra la pobreza infantil que dependa directamente de la Presidencia de la Junta y no solo de una consejería.

“A este ritmo, necesitaríamos seis o siete generaciones para erradicarla”, advierte Javier Cuenca, el director de Save the Children en Andalucía, durante la conversación que mantiene con la edición andaluza de elDiario.es, a escasos meses de las elecciones autonómicas. “Lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer si entra la ultraderecha en el gobierno”, avanza sobre sus prioridades para la próxima legislatura.

Andalucía sigue liderando los índices de pobreza infantil en España. ¿Estamos ante un problema estructural ya cronificado?

Si miras la serie histórica de datos de pobreza infantil, ves que eso no baja porque no hay una política decidida. Incluso en etapas de crecimiento económico, cuando vemos mejorar indicadores como el PIB o la actividad empresarial, las tasas de pobreza —tanto general como infantil— apenas bajan unas décimas. Si siguiéramos a este ritmo, necesitaríamos seis o siete generaciones para erradicarla. Eso indica que no estamos ante un fenómeno coyuntural, sino estructural. Tiene que ver con una falta de cohesión social, de guetizar directamente la vida de la gente, tanto a nivel de planificación urbana hasta el acceso a oportunidades de trabajo y de desarrollo.

¿Cree que la pobreza infantil se está abordando correctamente desde las políticas públicas?

Los políticos, da igual el color, tienen una percepción de que hay una pobreza estructural y que contra esa pobreza no podemos hacer nada. Al final el discurso es la resignación, aceptar que eso está ahí y que es muy complicado sacarlos de los barrios marginales. Y también pensar que en el fondo ellos no quieren salir de ahí. Uno de los errores, también del actual gobierno de la Junta, es depositar siempre la responsabilidad de luchar contra la pobreza infantil en una consejería determinada, que en este caso es la Consejería de Inclusión Social, cuando una situación de pobreza hay que abordarla con una acción de gobierno completa. Cuando un niño tiene problemas de vivienda, de educación, de alimentación, si los padres tienen problemas de empleabilidad... eso requiere una intervención integral que exige una política de Gobierno, liderada por la Consejería con un presupuesto.

Es como una carrera, salen del mismo punto, pero uno sale con la condición de atleta y el otro con una mochila con 25 kilos

¿Tienen los políticos una visión estereotipada de lo que es la pobreza?

Existe una visión bastante estereotipada y en muchos casos también cierta culpabilización. Es la visión de que es un tema heredado y no les corresponde a ellos terminar con la pobreza infantil. A veces se transmite la idea de que las familias no quieren salir de esa situación o que viven de las ayudas, cuando la realidad que vemos en nuestro trabajo es muy distinta. Las familias con las que nosotros trabajamos siempre dicen que ellos no están en economía sumergida por gusto y haciendo malabares para llegar a final de mes.

¿Y puede ser que se esté responsabilizando a los padres de no gestionar bien las políticas sociales?

Hay varios indicadores que favorecen que un niño pueda estar en situación de pobreza: el bajo nivel educativo de los padres, la baja intensidad del empleo, el origen extranjero y las familias monomarentales. Entonces no se puede responsabilizar a una familia que no tiene un capital cultural, y que viene de una situación en la que sus padres tampoco han podido darles oportunidades, de que su hijo o hija tenga que tener lo que necesita un niño o niña para desarrollarse adecuadamente. Es como una carrera: salen del mismo punto, pero uno sale con la condición de atleta y el otro con una mochila con 25 kilos. Dicen que son las mismas oportunidades, pero las condiciones no son las mismas.

Poniendo el foco en las soluciones, con elecciones autonómicas previstas como tarde para junio, ¿qué medidas serían prioritarias para revertir la pobreza infantil?

Una medida sola no termina con la pobreza, nosotros les vamos a pedir ahora a los partidos que pongan en marcha una estrategia andaluza contra la pobreza infantil. Es algo que los compañeros en Cataluña ya han abordado con la Generalitat. Pero nosotros asesoramos, proponemos... y eso se lo tiene que apropiar el Gobierno. Lo que hace una consejería no puede reducir la pobreza porque tiene que ser un cambio que incluya empleo, vivienda, economía... Tiene que ser una iniciativa que lidere el presidente del Gobierno porque una consejería no tiene fuerza suficiente. Puede haber muchas medidas educativas, de prestaciones, de conciliación, pero tiene que ser un enfoque global.

En las estadísticas vemos que la reducción de pobreza es mínima porque las políticas no están siendo eficientes

En estas dos legislaturas que lleva Juan Manuel Moreno al frente de la Junta, ¿no ha habido una apuesta decidida por parte del presidente?

No. En las ocasiones que hemos tenido de hablar con él, se muestra consciente y sensible a esos temas, pero el discurso –no solamente del presidente, sino en general– es el de asumir que esto es un problema estructural y que ellos pueden hacer poco por solucionarlo.

Da la sensación de que las ayudas públicas actuales se limitan a parchear el problema.

Sí, no existe un enfoque global de la política para erradicar el problema raíz. Pasa a todos los niveles. El Gobierno central puso mucho interés y mucho esfuerzo en sacar adelante el ingreso mínimo vital, pero al final lo cobra una de cada tres familias que pueden cobrarlo. Porque una cosa es lo que se pone en marcha y otra cómo se operativiza. No basta con lanzar ayudas, hay que garantizar que se gestionen bien. Hacer un seguimiento de quién la puede percibir, qué alcance tiene, si se ha ejecutado el presupuesto... En Andalucía se ha producido un descenso muy significativo en el presupuesto de la renta mínima andaluza, que ha caído en los últimos cinco años de 180 millones a 25 para el 2026. Por eso en las estadísticas vemos que la reducción de pobreza es mínima, porque estas políticas no están siendo eficientes.

¿Esa falta de enfoque global también se aprecia en la forma en que se aborda una de las mayores crisis de la sociedad actual como es la vivienda?

Aquí hicimos una alianza con UNICEF para analizar el texto del proyecto de la Ley de Vivienda de Andalucía y encontramos que no había ninguna alusión a infancia o a familias con hijos. La verdad es que estamos bastante satisfechos porque nos compraron muchas enmiendas, entre ellas, dentro de los colectivos vulnerables de la infancia, priorizar la ayuda a familias con hijos. También tener planes especiales con enfoque de infancia. Se trata de tener en cuenta que la carga de vivienda para una familia con hijos es superior a la de una pareja de dos adultos o un adulto solo. Evidentemente, los gastos que tiene una familia –de suministro energético, de alimentación, de educación– es mayor. El informe que tenemos del 2024 de cuánto cuesta criar a un niño en Andalucía es de 722 de euros al mes de media.

Para combatir la violencia infantil en Internet lo fundamental es la prevención a través de la educación afectivo-sexual

Uno de los últimos estudios de la organización analiza sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en Internet… ¿El problema es la edad, la falta de educación digital o la falta de regulación a las plataformas?

Estamos ante un maremágnum de instrumentos y herramientas legislativas que no están poniendo el foco en medidas específicas para acotar y abordar la violencia contra los niños. A nosotros nos preocupa la parte de entorno digital y todas las nuevas prácticas de violencia que están surgiendo ahí, pero es que la Ley de Protección de menores en Internet, que está todavía en el Congreso, cuando salga ya estará desactualizada porque habrá surgido una nueva forma de violencia en la red. Nosotros vamos a pedirles ahora a los partidos que retomen la Ley de Andalucía Digital o, en todo caso, que desarrollen de manera autonómica la Ley de Protección de menores en Internet, que son los instrumentos que hay.

¿Cómo valora la medida del Gobierno central de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años? 

Nosotros no somos prohibicionistas. Esa es la solución más tajante, pero no debe ser la única porque estoy seguro de que esa prohibición se la van a saltar. Las redes sociales son un campo de oportunidad para los niños y adolescentes, de interacción, de educación y de formación. Estamos a favor de que se legisle contra la violencia en el entorno digital, igual que se ha legislado contra la violencia sexual. Hay mecanismos que pueden poner en marcha las plataformas para controlar el acceso a páginas porno. Por ejemplo, solo piden marcar la casilla de “soy mayor de 18 años” y puede ser un niño de ocho, que es la media de la edad a la que un niño entra en contacto por vez primera con el porno a través de Internet.

Entonces, ¿dónde debería ponerse el foco?

Para nosotros lo fundamental es la prevención a través de la educación afectivo-sexual, que debe estar presente en la vida de los niños y niñas desde los cero años, ya sea a través de una asignatura o de formaciones. Porque si el niño conoce su cuerpo, conoce lo que está bien y lo que no, va a tener mucha más capacidad de detectar cuándo hay abuso sexual

Un montón de situaciones límite como de suicidio se pueden evitar con los recursos adecuados

¿Estamos reaccionando solo cuando ocurre una tragedia en lugar de invertir seriamente en prevención y salud mental juvenil?

La clave es la prevención. Ni siquiera legislando se puede frenar el problema. Nosotros también pedimos que el protocolo de acoso y ciberacoso que hay en la Junta Andalucía se actualizara con las nuevas formas de violencia en el entorno digital. Sí nos parece adecuada la regulación del uso del móvil en los colegios, del uso del móvil en las casas... Puedes regular, pero prohibir no.

Y luego hay que tener en cuenta que la mitad del tiempo que un niño está despierto está en el colegio, entonces los profesionales de la educación tienen que manejar los indicadores de que algo está pasando. Ellos no son quienes tienen que abordar los casos de violencia, pero sí contar con estrategias de detección. A lo mejor el niño está sufriendo violencia física en casa o está sufriendo bullying en el colegio y eso hay que saber verlo.

En algunos casos recientes de suicidio juvenil se ha señalado el acoso escolar como un factor desencadenante. ¿Qué fallos detectan en el sistema de protección?

Entre los profesionales de la educación, los que conocen el protocolo no llegan a aplicarlo por falta de tiempo. Hay una figura específica en la Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que se llama Coordinador de Bienestar de Protección. Una persona formada específicamente en violencia contra la infancia, en detección, que puede ser el agente catalizador de cuando se identifica un caso. Pero eso no se está llevando a cabo de manera adecuada.

Nosotros pedimos un coordinador de protección en cada centro educativo, lo que implica contratar a unas 500 personas. Y meter ahí otra capa más en el trabajo diario de todos los docentes que ya están desbordados con la programación. Pero se trata de medidas que van a funcionar porque van a amortiguar: ante un caso de acoso, permite hacer una intervención rápida y tomar la mejor solución. Seguro que un montón de situaciones límite como de suicidio se pueden evitar.

Lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer si hay un gobierno en el que entra la ultraderecha

Y respecto a su trabajo con los menores migrantes, ¿cuáles son los principales retos que detectan en el sistema y en la sociedad actual?

Nosotros el trabajo que hacemos es para detectar la vulnerabilidad de todo el sistema de protección y vemos que el sistema de acogida no está adaptado a la infancia. No hay personal específico en cuando llega una patera. Por otro lado, tenemos el foco en combatir los discursos de odio. Igual que hemos trabajado una narrativa de pobreza para intentar dirigirnos a entornos más conservadores, estamos intentando hacer eso con las migraciones. La narrativa de los derechos que a nosotros nos cala ya no funciona en ciertos grupos.

Seguimos con los mismos temas de incidencia en términos de migraciones, pero lo que más nos preocupa es qué vamos a hacer si hay un gobierno en el que entra la ultraderecha: qué tipo de medidas van a tomar y cómo podemos combatirlas sin dejar de lado el enfoque de los derechos, pero sabiendo que no lo van a tener en cuenta, ni lo van a validar. Si entran en el gobierno, tendremos que hablar con ellos porque serán los que decidan.

La primera vez que Fausto cogió una cámara, fotografió a Denilson, un joven que camina apoyándose en una vieja silla de ruedas convertida en andador. Retrató las paredes de chapas que levantan las casas en Camizungo, a las mujeres que sostienen con sus manos la comunidad, las sonrisas de unos niños que no conocen otro mundo más allá de esta aldea rural, situada a 60 kilómetros de Luanda, la capital de Angola, atravesada por la pobreza, el hambre y la falta de escolarización.

En Camizungo, la fotografía no es una costumbre. Tampoco una necesidad básica. Pero sí una oportunidad. De esa convicción nació el proyecto 'Primeras Miradas', impulsado por las fotógrafas andaluzas Noelia G. León y Anne Laure Kesteman, y que ha cobrado vida gracias a la labor que la ONGD Mundo Orenda desarrolla en Angola, al sur de África. La iniciativa parte de una pregunta: “¿Cómo es posible que la mayor parte del imaginario visual que tenemos sobre todo un continente haya sido construido por miradas occidentales, y no por quien lo vive, lo respira, lo trabaja o lo sufre?”.

Esa fue la reflexión que llevó a Noelia a proponerse “luchar contra la mirada colonial”, acercando la fotografía a jóvenes de comunidades rurales. Frente a esa lógica colonialista, el proyecto propone algo sencillo y radical a la vez: cambiar el foco y poner la cámara en manos de quienes viven esa realidad. No para enseñarles a mirar, sino para dejar que su mirada exista. Para que puedan contar su mundo y ayudar a transformarlo.

Un mes de estudios con cada imagen vendida

“Le das una cámara a un adolescente y le ofreces la posibilidad de mostrar cómo ve el mundo”, resume Rebeca Herrera, la directora de esta organización para el desarrollo con sede en Alcalá de Guadaira (Sevilla). Y eso fue lo que hicieron. Una de las voluntarias que viajó a Angola el verano pasado con la ONG impartió talleres de fotografía analógica a un grupo de jóvenes de Camizungo y otro del orfanato Casa do Gaiato, con el que colabora Mundo Orenda en Malanje.

A partir de ahí “el proyecto toma cuerpo gracias a la implicación y colaboración desinteresada de agentes del mundo de la fotografía, sin los cuales, no hubiese sido posible”, reconoce la fotógrafa sevillana. Con cámaras donadas y carretes enviados desde España —gracias al empuje de Disparafilm—, los participantes aprendieron no solo a encuadrar, sino a pensar qué querían contar de su realidad.

La voluntaria encargada del taller trasladó después los negativos a Sevilla, donde el laboratorio analógico NadaCarrete se encargó del revelado y escaneado. Con todo ese material se organizó la primera exposición solidaria, gracias a la recaudación impulsada por Exposure PrintSwap. El resultado vio la luz el 6 de febrero en la sede de NadaCarrete. Desde entonces, todas las fotografías están a la venta. Cada imagen tiene un precio de 20 euros, que se destina a financiar aproximadamente un mes de educación para su autor o autora dentro de los programas educativos de Mundo Orenda.

“Cuando un joven puede continuar sus estudios con la ayuda de este tipo de iniciativas, cambia todo”, asegura Rebeca Herrera. Según la cooperante, formarse significa “romper por completo el ciclo de pobreza y exclusión, no solo para él o para ella, sino también para su familia y para la comunidad”. En última instancia, no tener que interrumpir su formación profesional “amplía su horizonte de vida y le hace aspirar a cumplir los sueños que tiene”, añade la directora de la organización.

La fotografía como herramienta de futuro

Esta iniciativa plantea, además, que ellos mismos generen un beneficio económico que repercute de forma directa y tangible en la construcción de una perspectiva de futuro. “Esto es, sin duda, utilizar la fotografía como una realidad transformadora”, describe la impulsora del proyecto.

En este sentido, la directora de la ONG destaca del proyecto 'Primeras Miradas' que sitúe a los jóvenes que han participado en el taller “no como receptores de la ayuda, sino como narradores que plasman su propia realidad a través de la fotografía”.

A ojos de Rebeca, esta iniciativa demuestra que hay muchas formas de cooperar: “No solo desde la asistencia humanitaria, sino también a través del arte, que es una herramienta de empoderamiento y de dignificación de vida”.

Precisamente, Noelia confiesa que, más allá del impacto que le causó asomarse a la realidad de estos jóvenes, lo que más le sorprendió al ver las fotografías reveladas fue percibir inquietudes artísticas. “Es un jarro de humildad comprobar que el sentido artístico no es pertenencia exclusiva del mundo desarrollado”, comenta la fotógrafa sevillana.

“Piensas que alguien que nunca ha fotografiado va a tender a documentar, pero esos jóvenes, sin haberse enfrentado nunca a esta disciplina artística, cuando tienen la cámara a su servicio, la utilizan como medio de expresión para transmitir belleza, amistad o agradecimiento”, afirma.

Gracias a la acogida de la comunidad de fotografía analógica en España, el proyecto ha podido crecer más allá de lo esperado. Tras la inauguración de la exposición en febrero, se han vendido 24 fotografías. Actualmente, negocian con festivales nacionales para llevar la muestra a otros lugares, como harán en septiembre en la sede de AFOGRA, en Granada. Mientras tanto, la venta online continúa en marcha.

Noelia tiene ilusión en darle continuidad al proyecto el próximo campus de voluntariado previsto para este verano. Pero lo que más desea ahora mismo es que los protagonistas del taller “tengan conocimiento de la pequeña revolución que han provocado y que asuman que pueden generar dinero con sus fotos”.

Fausto, Nata, Comboio, Jacob, Betinho, Marta y Tina aún no son plenamente conscientes del impacto que sus imágenes han tenido al otro lado del mundo. Rebeca Herrera espera poder compartirlo con ellos cuando regrese a Angola este verano. Está convencida de que se sentirán orgullosos. “Ganarán autoestima al saber que su forma de ver el mundo tiene un valor artístico y humano, porque mueve muchos corazones a miles de kilómetros”, afirma.

En el fondo, esa es también la esencia del proyecto. Demostrar que la fotografía no es un lujo reservado a quienes tienen más recursos, sino un lenguaje universal capaz de abrir horizontes. Una herramienta para contar la propia historia, para generar oportunidades y para imaginar un futuro distinto. Todo ello reafirma una de las convicciones de Noelia: “La fotografía debe estar al alcance de todos”.

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado inicialmente el estudio de ordenación urbanística que permitirá construir un bloque de ocho plantas de vivienda protegida en el barrio de Santa María de Ordás, en el distrito Macarena. El proyecto ha causado un fuerte rechazo vecinal en el entorno, donde los residentes preparan alegaciones para intentar frenar una actuación que califican de “aberración urbanística”, por cómo alterará la fisionomía de la zona.

La intervención proyectada plantea elevar la altura máxima allí permitida, pasando de edificios de cinco plantas a uno de ocho, que irá encajado en medio de una parcela de unos 2.600 metros cuadrados. Actualmente, este solar, de propiedad privada y uso dotacional, se utiliza en parte como viario –conformando la calle Santa María del Robledo– y el resto como aparcamiento por parte de los vecinos de los barrios colindantes.

La construcción en este espacio se ampara en el decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda, impulsado por la Junta de Andalucía hace un año, que permite edificar vivienda protegida en suelos dotacionales privados que estén vacantes. Merced a esta normativa, se podrá aplicar en este solar el uso alternativo residencial con viviendas protegidas en régimen de alquiler, destinando casi la totalidad de este espacio a nuevos pisos, con una densidad de una vivienda por cada 70 m² construidos, según recoge el estudio de detalle al que ha tenido acceso este periódico.

Quienes habitan el barrio aseguran “no dar crédito” a que se pueda construir un edificio en una zona ya saturada poblacionalmente y deteriorada. “Son edificios de los años 70, las esquinas de algunos de ellos están actualmente soportadas por grandes grapas porque tienen grietas, hay tres torres con problemas en los cimientos... no sobrevivirían a otra construcción más y menos a una distancia de tres metros y con el peso de un bloque de ocho plantas”, alerta Cristina Fajardo, la portavoz de la intercomunidad, que agrupa a unos 500 propietarios.

Ante el temor a que no resistan las estructuras y al impacto que este proyecto puede causar en su calidad de vida, los vecinos han comenzado a movilizarse para aunar fuerzas contra de lo que consideran “otro intento de especular con el suelo de Sevilla”. “Pretenden aumentar la densidad poblacional en una zona ya masificada y sin servicios primarios a costa de hundir a cientos de familias”, denuncia la representante vecinal, contando con el respaldo de decenas de residentes que se han congregado por primera vez este miércoles para coordinar el plan de acción a seguir en adelante.

Tras su aprobación inicial en la Junta de Gobierno local del pasado 13 de febrero, el estudio de detalle se encuentra actualmente en fase de exposición pública durante un plazo de 20 días para la presentación de alegaciones. Fuentes municipales indican que la parcela es privada y edificable desde 2006, cuando se aprobó el PGOU vigente, y que la intervención actual no modifica el índice de edificabilidad previsto entonces.

Pérdida de aparcamientos y de zonas verdes

El Gobierno municipal defiende que “la propuesta actual mejora las condiciones urbanísticas previstas inicialmente”, al aumentar las separaciones con los edificios existentes. Según el expediente consultado por este medio, el estudio de arquitectura del proyecto fija una distancia mínima de tres metros entre edificios y contempla unas 46 plazas de garaje subterráneo en el bloque de ocho plantas de altura.

A ojos de los vecinos, la consecuencia es “encarcelarnos en nuestros hogares”, al construir a escasos metros de sus viviendas, llegando incluso a tapiar algunas de las salidas de los edificios existentes. “Desde nuestras cocinas veremos un muro de ladrillo”, afirma Cristina Fajardo, quien recuerda que un porcentaje importante de quienes viven en la zona son personas mayores con dificultades de movilidad, que “solo ven la luz y les da el aire porque se asoman a sus balcones”.

Otro de los problemas a los que se enfrentan es la pérdida de más de 120 plazas de aparcamiento, que, según los vecinos, “no cubren ni el 5% de las necesidades que hay en la zona”. Fajardo recuerda que, desde los años 70, se han propuesto proyectos para construir garajes para atender la principal demanda vecinal y nunca han salido adelante. “Siempre que han intentado construir en la zona lo han rechazo porque no aguantarían los cimientos”, explica la representante de los vecinos.

Desde el Ayuntamiento, por su parte, se aclara que el aparcamiento actual no es público ni regulado, sino un uso tolerado de la parcela privada que todavía no se había desarrollado. “Con el nuevo proyecto se contemplan varias plantas de aparcamiento, tanto para los residentes de las nuevas viviendas protegidas como para vecinos del entorno, ayudando a aliviar la presión existente”, afirman fuentes municipales.

Asimismo, el Gobierno local subraya que la actuación incluye cesiones obligatorias al Ayuntamiento, como ocurre en cualquier desarrollo urbanístico, incluyendo nuevas zonas verdes y espacios públicos que estarán disponibles para todos los vecinos. No obstante, el estudio de detalle reconoce la “imposibilidad física” de reservar los 552 m² de dotaciones locales que corresponden a equipamientos comunitarios y zonas verdes en la parcela, y plantea sustituir este requisito por alguna de las fórmulas previstas en la normativa.

La intercomunidad, que agrupa a unas 500 familias, prepara alegaciones con el asesoramiento de un abogado urbanístico. Los vecinos no descartan acudir a la vía judicial si finalmente el planeamiento se aprueba de forma definitiva. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados ante esta aberración”, advierte la representante vecinal, secundada con aplausos por el resto de vecinos.