D.D. es un joven senegalés de 17 años que llegó a España en 2024 con la esperanza de encontrar trabajo y ayudar a su madre. Al principio recorrió distintos centros de acogida y albergues para personas sin hogar, mientras intentaba abrirse camino lejos de casa. Hace unos meses se trasladó a Sevilla para trabajar en el campo, hasta que el sábado 6 de junio ingresó en el hospital Virgen Macarena tras sufrir un grave episodio de salud mental. El pasado lunes 22 recibió el alta. Cuando cruzó la puerta del centro hospitalario ya no tenía cama asignada, ni un lugar donde continuar su recuperación. En plena ola de calor, D.D. volvió directamente a la calle.

Su caso resume una cadena de “errores institucionales” que las plataformas de apoyo a personas migrantes llevan años denunciando. Cuando recaló en territorio español a través de Canarias, manifestó ser menor de edad, pero nunca se le identificó como tal. No se abrió un expediente de determinación de edad, no intervino la Fiscalía de Menores y tampoco fue inscrito en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), pese a que lo exige la legislación vigente. Desde entonces quedó atrapado en un limbo burocrático del que aún no ha salido: su país de origen lo reconoce como menor de edad, pero la Administración española lo registró como adulto a su llegada.

Como consecuencia de esa identificación errónea, fue derivado al circuito de atención para personas adultas, donde se le animó a presentar una solicitud de protección internacional. Así obtuvo la conocida como “tarjeta roja”, el documento que acredita –a los mayores de edad– la condición de solicitante de asilo. En esa tarjeta figura una fecha de nacimiento que, según la documentación oficial de su país de origen, no es la suya.

Una vez se estabilizó en territorio español, D.D realizó los trámites para recuperar su documento de identidad senegalés. Este periódico ha podido comprobar la existencia de una carta nacional de identidad, expedida por el Consulado de Senegal en Madrid en mayo de este año, que sitúa su fecha de nacimiento en noviembre de 2008. elDiario.es también ha tenido acceso a los escritos remitidos por Laia Costa, activista jurídica especializada en derechos de menores no acompañados, a la Junta de Andalucía, la Fiscalía de Menores, el Hospital Virgen Macarena, ACCEM y ACNUR antes de que se produjera el alta hospitalaria.

En ellos se advertía de la minoría de edad del joven, de su situación de “extrema vulnerabilidad” y de la necesidad de activar un recurso habitacional adecuado antes de que abandonara el hospital, en aras de evitar que el joven volviera a la calle, como finalmente ha sucedido. La jurista alertaba además de que dejar a un menor con problemas de salud mental sin alojamiento tras el alta médica “constituiría una omisión grave que podría ser calificada como abandono de menor”, según el Código Penal. Pese a ello, el alta se produjo y D.D. salió del hospital sin que se hubiera activado ninguna medida preventiva de protección que garantizara su correcta recuperación.

Atrapado entre dos vidas

“Es como si tuviera dos vidas”, resume una de las activistas que lo acompaña desde su etapa en Extremadura. Una de ellas aparece en la documentación expedida por las autoridades senegalesas que refleja que a día de hoy tiene 17 años y, por tanto, sigue siendo menor de edad. La otra es la que figura en buena parte de su recorrido administrativo en España desde que llegó a Canarias, donde fue incorporado al circuito de atención para personas adultas.

A juicio de la activista jurídica, el conflicto radica en el valor que las administraciones conceden a los distintos documentos que obran en el expediente. “El artículo 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que los documentos extranjeros tendrán en España el mismo valor que los documentos públicos españoles, mientras no sean impugnados judicialmente”, explica Costa.

Sin embargo, aun existiendo documentación expedida por el Consulado de Senegal que acredita su minoría de edad, parte de su trayectoria administrativa en España continúa vinculada a los datos con los que fue registrado al llegar a Canarias y que posteriormente quedaron reflejados en su documentación como solicitante de protección internacional. “La tarjeta roja es únicamente un documento acreditativo de su condición de solicitante de asilo; no constituye en modo alguno una resolución de determinación de edad ni tiene valor probatorio sobre la edad del solicitante”, sostiene la jurista.

La situación de “desprotección” en la que se encuentra actualmente D.D. es, según Costa, “consecuencia directa del error institucional inicial”: no haber sido identificado como menor desde su llegada. Se trata de una práctica recurrente en el sistema de acogida: la “sistemática falta de identificación adecuada” de los menores migrantes que llegan por la ruta canaria. De acuerdo con la jurista, numerosos menores que llegan a través de Canarias quedan inicialmente fuera de los mecanismos de identificación y protección previstos para la infancia migrante, una situación sobre la que el Defensor del Pueblo ha llamado la atención en reiteradas ocasiones por el riesgo de desprotección que genera.

Fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía consultadas por este periódico indican que el caso está en manos de la Fiscalía de Menores, después de que el hospital se lo remitiera. Hasta que el Ministerio Público no acredite que es menor, añaden las fuentes, el Gobierno andaluz no puede activar las medidas de protección que corresponden.

Según ha podido saber este diario, la Fiscalía ha citado al joven este jueves para la realización de pruebas de determinación de edad. Una decisión que ha sido recibida con críticas por parte de las personas que acompañan su caso, que cuestionan la necesidad de recurrir a estas pruebas cuando existe documentación oficial de su país de origen que acredita su fecha de nacimiento.

Un caso especialmente sensible

Si el caso de D.D. preocupa a las organizaciones que le acompañan no es únicamente por el fallo de identificación, sino por su situación de especial vulnerabilidad. El joven acaba de salir de un ingreso hospitalario por problemas de salud mental y, según apuntan las personas que siguen su caso, carece de la estabilidad necesaria para afrontar en solitario tanto su tratamiento como los trámites administrativos que condicionan su futuro.

“D.D. no sabe leer y necesita apoyo constante”, explica una de las activistas que le acompaña desde hace meses. “Lo que necesita ahora mismo es estabilidad habitacional, un lugar donde vivir y alguien que le ayude a seguir el tratamiento que le han pautado”, insiste.

La preocupación también aparece reflejada en el expediente médico del hospital sevillano. En uno de los informes a los que ha tenido acceso este periódico, los profesionales sanitarios solicitan que se realicen “cuantas actuaciones sean precisas por las entidades competentes para facilitar” al joven el acceso a sus derechos de protección y subrayan que disponer de “un espacio estructurado donde vivir y apoyos válidos tendrá una repercusión pronostica positiva”.

Actualmente, D.D. permanece en un asentamiento chabolista de La Rinconada. Las personas que le acompañan temen que las altas temperaturas de estos días, unidas a la falta de estabilidad y a las dificultades para seguir correctamente la medicación prescrita, compliquen aún más su recuperación.

Desde la plataforma de apoyo a personas migrantes sostienen que la responsabilidad de protegerle corresponde a la Fiscalía de Menores y a la Junta mientras se resuelve definitivamente su situación. Recuerdan que el único momento en el que el joven ha sido tratado como menor desde que llegó a España fue durante su ingreso hospitalario, donde fue atendido en el área de menores después de que se aportara la documentación expedida por las autoridades senegalesas.

Por ello exigen su reconocimiento inmediato como menor extranjero no acompañado y la apertura de un expediente de tutela por parte de la Junta de Andalucía, al considerar que es la administración competente por encontrarse actualmente en su territorio. “Nos preocupa la deshumanización que se está normalizando y el incumplimiento constante de las normas destinadas a proteger a menores sin red familiar ni apoyo”, denuncian desde la plataforma.

Mientras las administraciones verifican la edad de D.D, el joven sigue esperando. Tiene una carta de nacimiento reconocida por su país de origen, una cita para someterse a pruebas de determinación de edad y un tratamiento médico que continuar. Pero, por ahora, sigue sin tutela, sin alojamiento estable y sin un lugar seguro donde recuperarse.

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) es probablemente la gran desconocida del sistema universitario público andaluz. Nacida en 1994 como una de las dos únicas universidades españolas especializadas exclusivamente en posgrado, hoy reivindica su papel como la décima universidad pública andaluza, orientada a la especialización, el aprendizaje permanente y la conexión con el mercado laboral.

Coincidiendo con el periodo de matriculación de másteres, abierto hasta el 26 de junio, su rector, José Ignacio García, pone el foco en cambiar una realidad que considera preocupante: menos de la mitad de los graduados universitarios continúan sus estudios con una formación de posgrado. Frente a ello, defiende el valor de la universidad pública como vía de especialización accesible —“un máster cuesta menos de 900 euros”, subraya— y de calidad, animando tanto a los recién graduados como a los profesionales en activo a seguir formándose en un mercado laboral en constante transformación.

La Universidad Internacional de Andalucía se define como una institución “singular” dentro del sistema público andaluz. ¿Qué diferencia hoy a la UNIA del resto de universidades públicas?

La principal diferencia es que somos una universidad sin profesorado propio. En esta universidad el único profesor a tiempo completo soy yo. El resto de profesores de nuestros más de 40 programas de máster y de doctorado vienen del resto de universidades andaluzas. Lo que hacemos es contratar para las horas que son necesarias a los profesores que necesitamos en cada programa. Y por eso cada programa se adapta de una manera muy flexible a las necesidades del mercado, pues cambiamos nuestra contratación cada año. Y luego, la otra gran diferencia es que somos una universidad solo de posgrado, que no tenemos grados universitarios. Por tanto, aquí los alumnos pasan como máximo un año.

Durante años mucha gente ha asociado la UNIA a los Cursos de Verano. ¿Qué es hoy la Universidad Internacional de Andalucía en su conjunto?

Yo diría que la UNIA hoy día ya es una universidad puramente de posgrado, donde la actividad principal son los másteres, los doctorados y los títulos propios que tenemos para más de 2.000 personas. Esos títulos son los que definen nuestra oferta más estable, que es la misma año tras año, salvo las incorporaciones que estamos teniendo, que por suerte estamos incorporando cada año bastantes títulos nuevos. Los cursos de verano siguen siendo importantes, pero ya no dejan de ser más que como mucho un cuarto de nuestra actividad. Las otras tres cuartas partes son formación permanente y postgrado, tanto oficial como propio.

¿Y qué cree que todavía desconocen muchos andaluces sobre la universidad que dirige?

Nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo para que los andaluces sean conscientes de que tienen diez universidades en Andalucía y que esta décima, aun siendo la más pequeña, es una universidad muy adecuada para todos aquellos que se quieren especializar, que han terminado un grado y que quieren hacer una especialización en alguno de los campos en los que trabajamos, que son muchos, o para aquellos que están trabajando ya y quieren especializarse o profundizar en alguna materia. Nuestra forma de organizar la docencia tan flexible, que permite hacerlo a tiempo completo o a tiempo parcial, que permite dedicarle el tiempo que tú buenamente tengas en tus tardes o en tus noches o en tus mañanas, hace que esta oferta sea una oferta muy interesante para el andaluz medio que decide formarse en algo de una manera más especializada.

¿Qué perfil tiene hoy el estudiante de la UNIA?

La edad media está en torno a 28 o 29 años que es el resultado de estos dos colectivos [joven recién graduado y adulto de mediana edad en el mercado laboral] muy distintos, pero que se complementan muy bien en el aula. También es una ventaja comparativa que tenemos: que se mezclen alumnos de veintipocos con alumnos de 30 y muchos hace que esas aulas sean muy versátiles, que los alumnos sin experiencia laboral aprendan habilidades soft que no están en la estructura del programa de sus compañeros de aula. Sumado también a la diversidad cultural que hay por la mezcla de nacionalidades. Entre ellos se van complementando, creando sinergias y aprendiendo cosas del mercado de trabajo que no las aprendes en el aula.

Nosotros cada año hacemos una revisión profunda al programa para cambiar los contenidos de las asignaturas y adaptarnos a lo que el propio mercado está demandando

¿Cuáles son actualmente los másteres más demandados de la UNIA?

Los másteres más demandados son tres, todos ellos relacionados con el mundo educativo. Uno es el de Tecnología Educativa, un máster que hacemos con la Universidad de Málaga. Es el máster más demandado en primera preferencia, no ya de la UNIA, sino de toda Andalucía. Recibe cada año más de 1.000 solicitudes solo en primera preferencia. Eso quiere decir que al menos mil personas están interesados en un máster que tiene 100 plazas a partir de este año.

Luego está también el MAES, el Máster de Profesorado, que en nuestro caso es muy particular porque se especializó en las asignaturas de Formación Profesional (FP) donde hay menos oferta en Andalucía. Ahí había muchísima demanda no cubierta y por eso decidimos cubrir especialidades como hostelería, salud, informática, formación y orientación laboral. Y luego hay otro máster muy interesante que es el Máster de Actividad Física para la Salud, orientado a fisioterapeutas, enfermeros, maestros de Educación Física que quieren especializarse en cómo utilizar la actividad física en el entorno de la salud.

De cara al próximo curso, la universidad ha ampliado su oferta de másteres oficiales con nuevos títulos relacionados con la inteligencia artificial. Muchas universidades están incorporando la IA a sus programas. ¿Qué está haciendo la UNIA que sea realmente diferente?

El año que viene entramos con cuatro nuevos másteres, tres en el entorno de la inteligencia artificial, como decías. Uno es el de 'Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para ciencias de la salud', para gente que quiere aprender cómo aplicar las herramientas de inteligencia artificial a su campo de trabajo. Otro es el Máster de 'Aprendizaje de idiomas con tecnologías inteligentes', sobre cómo aprender idiomas con inteligencia artificial y cómo enseñarlo. Y otro es el de inteligencia institucional, que es el de aplicación de la IA a la gestión pública.

¿Qué distingue nuestros másteres de inteligencia artificial de otros que hay en el mercado? Pues el modelo eliA, una patente de esta casa que consiste en una metodología de enseñanza totalmente novedosa de másteres en línea. Esos tres másteres son online, pero no son como esos que te dejan unos materiales, tú los trabajas y apruebas la asignatura, sino que tienen un componente síncrono, un componente en directo con el profesor muy importante. Y luego tiene otro componente muy especial que es el acompañamiento personalizado que tienen todos los alumnos por un tutor o tutora que está encima de sus ejercicios, de sus entregas, que les hace un seguimiento personalizado a cada uno para que cada uno dé de sí lo máximo que pueda. O sea que no es un máster de masas, es un máster muy personalizado. El alumno recibe una atención muy adecuada cada uno a su propio currículum y eso es lo que los hace especiales.

La innovación aparece como una de las marcas de la casa de la UNIA. ¿Cómo se traduce esa apuesta en la práctica?

La innovación educativa nosotros la tenemos en presente en todos los campos. Para empezar, desde antes del COVID, aquí se realizaban unos seminarios online de innovación educativa para los docentes de todos los niveles de enseñanza. Esos webinars dan píldoras de formación sobre metodologías concretas que se utilizan en el aula con tecnologías inteligentes. Cada año son en torno a 800-900 personas las que acceden a esos webinars y están muy presentes también en los cursos de verano.

En los grados cada vez hay menos asignaturas de especialización porque no da tiempo a verlas, en el posgrado es donde te especializas

¿Ser una universidad especializada en posgrado permite reaccionar con más rapidez a los cambios tecnológicos y del mercado laboral?

Esa es la principal ventaja comparativa que tenemos, que nuestros títulos no se quedan antiguos. Por obligación tenemos que revisarlos cada dos años, pero nosotros cada año hacemos una revisión profunda al programa para cambiar los contenidos de las asignaturas y adaptarnos a lo que el propio mercado está demandando. Esa es la principal ventaja del posgrado, que es mucho más versátil, mucho más adaptable a la realidad. Y yo creo que ahí Andalucía tiene una gran oportunidad. Estamos ante el invierno demográfico, donde cada vez vamos a tener menos alumnos en las aulas. En el posgrado, sin embargo, tenemos mucho campo donde crecer, porque ahora mismo menos de uno de cada dos alumnos de grado hace un posgrado.

¿Y por qué cree que no se apuesta tanto todavía por esta vía cuando se terminan los grados universitarios?

Pues yo creo que por tradición quizá. Todavía las estructuras mentales son ir a la universidad a hacer su licenciatura y una vez terminada la licenciatura a trabajar, y no se entendió bien el cambio del sistema de Bolonia. El cambio de paradigma de que la licenciatura antigua se descompone ahora en un grado más un posgrado. Los grados son más generales. En los grados cada vez hay menos asignaturas de especialización porque no da tiempo a verlas. En el posgrado es donde te especializas, donde ya una vez que tienes una formación básica, quieres especializarte en una de las ramas del saber. Eso tiene que ser entendido por la población de una manera mucho más intensa a lo que se hace ahora mismo.

Usted suele destacar la calidad del profesorado como uno de los principales activos de la UNIA. ¿Qué distingue al profesorado de su universidad?

Los profesores no tienen contrato laboral con la UNIA. La vinculación es a través de lo que se llama técnicamente un encargo docente. Los profesores universitarios tenemos todos un margen de horas de libre disposición donde podemos dar clases en cualquier otra institución universitaria o no universitaria. Entonces lo que hacemos es aprovecharnos de ese margen de horas para dar como máximo las 75 que permite la ley. Entonces los profesores están con nosotros desde unas pocas horas hasta 70 o 75, y son profesores de todas las universidades andaluzas y del resto del mundo.

La principal ventaja que tiene tener un máster con la UNIA es que nosotros somos los que nos encargamos de incorporar al profesorado externo. Por ejemplo, si quieren un experto en una metodología docente que está trabajando en Bruselas, nosotros lo contratamos. Que quieren a un profesor o profesora que viene de Estados Unidos o de Argentina, nosotros lo contratamos. Por eso nuestro profesorado es mucho más internacional que el resto de universidades, porque la mayoría de estos profesores vienen del resto del mundo o del resto de Andalucía.

La manera de contratar a estos profesores en el modelo eliA también es distinta. Lo que hacemos es convocar un banco de expertos en las asignaturas que se tienen que impartir en el modelo y los propios profesores de cualquier universidad se postulan. Seleccionamos a los que tienen el mejor currículum. Ese banco de expertos es una metodología nueva que hace que los profesores sean seleccionados de una manera mucho más competitiva y mucho más externa a los propios claustros de profesores.

Andalucía es la primera comunidad autónoma en España en captación de alumnado internacional de máster en Iberoamérica

La vocación internacional forma parte del ADN de la UNIA desde sus orígenes. Cuando habla de internacionalización, ¿habla de atraer estudiantes extranjeros o de proyectar Andalucía al exterior?

De las dos cosas. La función de internacionalización de la UNIA en el sistema universitario público andaluz es doble. Por un lado, tenemos el encargo de la Junta de Andalucía de coordinar la actividad en ferias y en congresos internacionales llevando al conjunto de universidades andaluzas a las más importantes. Acabamos de llegar de Orlando, de la Feria NAFSA, que es la más importante que se hace en Norteamérica, donde van más de 500 universidades y más de otras 300 o 400 empresas del mundo educativo. Ahí el sistema universitario público andaluz va unido y nosotros nos encargamos de esa promoción.

Pero también nos encargamos obviamente de captar alumnado internacional no solo para la UNIA, sino para el resto del sistema. Andalucía es la primera comunidad autónoma en España en captación de alumnado internacional de máster en Iberoamérica. Estamos por encima ya de Madrid y de Barcelona en universidades públicas y en máster. Eso es gracias a esta política de internacionalización que hacemos junto a las diez universidades andaluzas. Tenemos unos instrumentos muy potentes que son el Grupo La Rábida, que es un grupo que tengo el honor de presidir, un grupo de 120 universidades latinoamericanas que nos nutre de alumnado para nuestros másteres, entre otras herramientas.

La universidad mantiene una estrecha relación con Iberoamérica y el Magreb. ¿Qué aporta Andalucía al diálogo académico entre Europa, América Latina y el norte de África?

Lo que hacemos es ponerlas en contacto, una de las de las actividades que tiene más éxito en el Grupo La Rábida es la convocatoria de conversatorios. Son pequeños encuentros sobre una temática concreta donde ponemos en contacto a profesores de tres países distintos al que acoge el encuentro. Es decir, estamos celebrando un conversatorio, por ejemplo en Argentina, con un docente andaluz, uno chileno y uno mexicano. Esos conversatorios lo que sirven es para poner en contacto los grupos de investigación de las universidades andaluzas con los grupos de investigación de las universidades latinoamericanas. Y por otro lado, también tenemos becas para captar talento internacional hacia nuestras universidades. Estas becas lo que hacen es ofrecer ayudas para la matrícula, el alojamiento y la manutención de alumnos de estas 110 universidades latinoamericanas en cualquiera de las universidades andaluzas.

¿Cómo compite una universidad andaluza en un mercado global donde un estudiante puede formarse online desde cualquier parte del mundo?

Tenemos varias ventajas comparativas. Obviamente, es un mundo difícil. Ahora mismo estamos compitiendo con China, Rusia, India y con países del resto de Europa que cada vez más están intentando captar alumnado latinoamericano. ¿Cómo competimos nosotros? Primero, con el idioma. Los alumnos que vienen aquí estudian en español, escriben en español sus trabajos fin de máster o sus tesis doctorales y eso es una gran ventaja comparativa. La otra ventaja es el clima, el bienestar que podemos ofrecer a los alumnos que vienen a vivir a Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba o Huelva. Y por último, competimos en calidad, intentamos ofrecer cada vez mejores programas, programas más competitivos, con buen profesorado. El currículum de los profesores que dan clase en nuestros másteres es muy potente y lo tratamos de poner en valor.

El modelo de financiación del que disponemos ahora mismo en Andalucía ofrece a la UNIA una situación de bastante estabilidad, así que no hay incertidumbre como sí en otras universidades andaluzas

Como hemos comentado, la UNIA trabaja habitualmente junto a otras universidades públicas andaluzas. ¿Qué papel juega dentro del ecosistema universitario andaluz?

El papel que juega es el de coordinación de programas de posgrado, programas de máster y de doctorado singulares también. ¿Por qué nos buscan el resto de universidades hermanas? Porque tienen un programa en el que necesitan profesorado del resto del mundo que ellos no pueden contratar o tienen un programa donde tienen unas necesidades de formación online que sus plataformas no pueden soportar. Por tanto, nosotros lo que ofrecemos es esa complementariedad. Lo que hacemos es cubrir necesidades que para una universidad sería muy caro resolver.

Los rectores de las universidades públicas andaluzas vienen reclamando más financiación para afrontar la transformación que tienen por delante las instituciones académicas. Hace unos días el portavoz Francisco Oliva volvió a alertar de que los recursos actuales son “claramente insuficientes”. ¿Cómo afecta a la UNIA esa situación?

La UNIA tiene una situación distinta al no tener profesorado. Nuestro capítulo uno, que es la principal espada de Damocles de cualquier universidad pública, es reducido. Se compone de los 130 trabajadores que tenemos en la UNIA, pero que no son ninguno profesores. Nuestros profesores están en el capítulo dos, que es más grande en términos relativos que el capítulo dos del resto de universidades. No es solamente luz, agua y teléfono, es eso y profesores. Por tanto, nuestras restricciones presupuestarias vienen más por capítulo dos que por capítulo uno. Pero el modelo de financiación del que disponemos ahora mismo en Andalucía ofrece a la UNIA una situación de bastante estabilidad porque establece que la UNIA se financiará con el 0,85 % de la envolvente total del sistema. Por tanto, nosotros podemos planificar a medio plazo de una manera muy ágil, porque sabemos de un año para otro cuando se aprueban los presupuestos en el Parlamento andaluz, cuánto le corresponde a la UNIA. No hay incertidumbre, como hay en otras universidades, y eso nos permite planificar más a medio y largo plazo.

Y con las particularidades de su universidad, ¿cuáles diría que son las principales reivindicaciones, necesidades o debilidades que tiene el sistema? ¿De qué manera podríamos hacerlo más competitivo?

Para hacer el sistema más competitivo necesitamos diseñar programas de posgrado, de máster y de doctorado atractivos académicamente. Tenemos muy buenos investigadores en las universidades andaluzas, pero que no se dedican todo lo que podrían a la formación. Por tanto, tenemos que animar a esos investigadores potentísimos a que dediquen una parte de su tiempo a la formación de posgrado, a la formación de nuevos profesionales, porque en la universidad tiene que haber un relevo generacional más pronto que tarde y necesitamos jóvenes investigadores con capacidad de investigación y con capacidad también de docencia.

Yo creo que la principal reivindicación es que necesitamos crecer en el posgrado y luego tenemos que crecer también en la internacionalización en otras áreas. En Andalucía tenemos muy desatendido el sudeste asiático, precisamente porque nuestra formación es básicamente en español. Deberíamos crecer en una formación más bilingüe, con una formación más en inglés que pudiese atraer a alumnado asiático, que ahora mismo es la principal cantera en el mundo. Esos alumnos chinos, indios, etcétera, están yendo principalmente a Madrid y Barcelona y aquí en Andalucía no nos podemos permitir estar fuera de ese mercado.

Para terminar, rector, como comentaba antes, todavía hay mucho estudiante recién graduado que no opta por la vía del máster. ¿Por qué le recomendaría apostar por el posgrado?

Yo les diría que tienen que darse cuenta de que haber terminado el grado universitario, haber entregado el trabajo fin de grado y recibir su título, no termina su fase de formación. Como decía antes, los grados universitarios están pensados para dar formación generalista y así debe ser. Los alumnos tienen que recibir una buena formación básica que les ayude a interpretar el mundo. Pero ahí no está todo. Luego viene la fase de especialización. Si tú eres, por hablar de mi campo, licenciado en Economía, tú tienes que decidir si te quieres dedicar al mundo de las finanzas o al análisis de datos. Eso solamente se aprende en un máster que te especialice en cualquiera de esos campos. Sin ese máster tú vas a poder hacer trabajo de base. Vas a poder ser, permíteme la expresión, peón de tu empresa, pero nunca líder de un equipo de investigación ni de un proyecto en el que se está haciendo análisis económico de primer nivel.

Para eso tienes que especializarte y aprender herramientas que solamente se aprenden en el máster. Por tanto, yo les diría a los que acaban de terminar el grado que miren la oferta de más de mil másteres que hay en Andalucía, en el sistema universitario público, que estudien los programas, que no se fijen solo en el nombre, que es importante que se fijen en qué asignaturas tiene este programa y qué profesores dan clase. Tenemos que aprender cada vez más a mirar el curriculum del profesorado.

¿Y a aquellos estudiantes o incluso familias que tienen asociados los másteres con cifras desorbitadas, que piensan que no se lo pueden permitir?

Eso es una falacia, es un mantra. Los másteres en la universidad pública cuestan menos de 900 euros el máster. A diferencia de los másteres privados, donde sí cuestan de 10.000 a 20.000 euros, un máster público en Andalucía no cuesta más de 900 euros. Un máster completo cuesta lo mismo que un curso universitario de grado. Es decir, lo que has pagado por cuarto o por tercero es lo que vas a pagar por un máster. Y si has aprobado tus asignaturas en cuarto, el máster te sale prácticamente gratis, porque aquí en Andalucía tenemos la política de la bonificación del 99 %, que hace que el máster a un alumno que acaba de terminar, el máster le cueste menos de 20 euros. Eso quiere decir que el máster está financiado por el conjunto de la sociedad andaluza. La sociedad andaluza quiere que sus alumnos se especialicen y por eso pone encima de la mesa el dinero que cuesta el máster, que obviamente no son 900 euros, es mucho más.

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha frenado el acuerdo alcanzado con la Fundación Gerón para cederle la gestión del complejo universitario Flora Tristán, ubicado en las Tres Mil Viviendas de Sevilla. La propuesta, que se esperaba aprobar este lunes en el Consejo de Gobierno convocado la semana pasada para tal fin, ha quedado descartada después de que el Consejo Social de la universidad haya rechazado la concesión demanial planteada por el Rectorado y se haya pronunciado a favor de abrir un procedimiento de licitación pública.

A raíz de ese pronunciamiento, el Consejo de Gobierno ha acordado la creación de una comisión mixta encargada de “explorar todas las alternativas reales y viables” de financiación —pública y/o privada— que permitan ejecutar las obras necesarias en el edificio y garantizar la continuidad del proyecto. Esta nueva medida implica el cierre del inmueble hasta que se lleven a cabo las actuaciones de adecuación requeridas para su funcionamiento.

La resolución del Consejo supone un giro respecto a los planes defendidos durante los últimos días por el Rectorado, que consideraba la colaboración con la Fundación Gerón como la única vía para acometer de forma inmediata la rehabilitación del complejo y mantener la actividad residencial durante el próximo curso académico. Según la documentación presentada por la Universidad, la institución carece de los recursos necesarios para afrontar con urgencia unas obras valoradas en 420.000 euros en una primera fase “imprescindible” para la reapertura, y entre tres y seis millones de euros para la rehabilitación integral del edificio.

Todo ello llega tras una semana de protestas y movilizaciones de estudiantes, trabajadores y vecinos del Polígono Sur, desencadenadas después de que trascendiera la intención de la Universidad de ceder la gestión del complejo a la Fundación Gerón, una entidad privada sin ánimo de lucro especializada en la gestión de centros para personas mayores. Aquella propuesta, promovida de forma unilateral por el Rectorado, generó una fuerte contestación dentro de la comunidad universitaria y del entorno social del barrio.

Oferta de plazas congelada hasta la rehabilitación del inmueble

En un escrito remitido a la comunidad universitaria al que ha tenido acceso este periódico, el rector de la UPO, Francisco Oliva, lamenta no poder “iniciar el curso académico próximo con normalidad” e insiste en que “la única finalidad de la concesión demanial directa era iniciar con carácter inmediato una obra que permitiera retomar la actividad en el curso 2026-2027”. Una vez descartada esa posibilidad a petición del Consejo Social, añade, “para nosotros deja de tener sentido la incorporación de un agente externo”.

Los informes técnicos manejados por la Universidad alertan de deficiencias estructurales y problemas relacionados con la instalación eléctrica, la protección contra incendios, el abastecimiento de agua y el saneamiento. Como consecuencia, el Consejo de Gobierno ha acordado no ofertar plazas en la residencia hasta que se ejecuten las actuaciones necesarias para garantizar “la plena seguridad, salubridad y habitabilidad” del complejo, en el que residen actualmente 148 estudiantes.

En paralelo al desarrollo del Consejo de Gobierno, decenas de ellos junto a vecinos del Polígono Sur y miembros del profesorado del departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales se han concentrado a las puertas del Rectorado para protestar por la propuesta de concesión del complejo a una entidad privada. “Sin residencia, no hay universidad, no hay proyecto y no hay presencia de universitarios en el barrio”, ha recordado una de las residentes, que ha lamentado la “falta de transparencia” del rector con los agentes implicados en el proyecto que “no queremos que Gerón entre en el barrio”.

En la misma línea se han manifestado algunos vecinos del Polígono Sur presentes en el acto: “Los vecinos no queremos que los estudiantes se vayan del Polígono Sur, no queremos empresas privadas, queremos a los estudiantes que colaboran con nuestro barrio”.

Oleada de preocupación y solidaridad

Desde que el pasado jueves trascendió la convocatoria extraordinaria del Consejo de Gobierno, distintos órganos académicos e institucionales de la universidad han expresado públicamente su preocupación por el futuro del proyecto social asociado al complejo Flora Tristán, su rechazo a la propuesta de cesión a la Fundación Gerón y su solidaridad con los residentes.

El Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales pidió expresamente la “cancelación o aplazamiento” de la sesión de hoy, advirtiendo de su “profunda preocupación” por la decisión sobre la gestión del complejo. En los mismos términos se manifestó la Junta de Facultad de Ciencias Sociales, reunida con carácter extraordinario el pasado 19 de junio, ante la propuesta de concesión demanial a una entidad externa y ante el proceso que ha conducido a ella.

También el Consejo de Estudiantes de la UPO manifestó su “disconformidad” con la iniciativa y trasladó su apoyo a las residentes y trabajadoras de la Flora Tristán, así como su compromiso con la continuidad del proyecto social.

Por su parte, el Consejo Social de la universidad ha reconocido el “extraordinario valor académico, social y humano” del proyecto, junto a la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad del edificio. Sin embargo, tras conocer los detalles del informe de la auditoría técnica sobre el estado del inmueble y las condiciones del acuerdo con Gerón, este órgano ha rechazado la propuesta de concesión de la gestión del inmueble Flora Tristán a la fundación, considerando que había otras entidades interesadas en asumir la obra y la continuidad del proyecto de residencia.

Finalmente, el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno deja en el aire el futuro de la Flora Tristán, un proyecto residencial y social considerado clave en el Polígono Sur de Sevilla. La comisión mixta deberá ahora buscar una fórmula de financiación para acometer la rehabilitación del edificio y definir el modelo de gestión con el que se retomará la actividad. La fecha para reabrir sus puertas sigue siendo, por ahora, otra incógnita más.

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) votará el próximo lunes la aprobación de un acuerdo para ceder la gestión del complejo universitario Flora Tristán, ubicado en las Tres Mil Viviendas de Sevilla, a la Fundación Gerón, una entidad privada sin ánimo de lucro especializada en la gestión de centros para personas mayores. La propuesta figura como punto único del orden del día de un Consejo de Gobierno extraordinario convocado para el 22 de junio, según la notificación a la que ha tenido acceso este periódico.

La Flora Tristán es más que una residencia universitaria. Se trata de un proyecto social que, según sus trabajadores, funciona desde hace más de 20 años como eje vertebrador de los proyectos de intervención social en el Polígono Sur de Sevilla, uno de los barrios más estigmatizados y empobrecidos de España. Actualmente acoge a unos 150 estudiantes que, además de residir en el complejo a precios asequibles, participan en iniciativas comunitarias, apoyando al tejido asociativo del barrio.

La propia Universidad ha informado este jueves, tras una información del diario Público, que el acuerdo que se prevé firmar con la Fundación Gerón permitirá acometer de forma inmediata las obras de carácter “urgente” que requiere el edificio; asegurar la apertura del complejo residencial durante el próximo curso 2026-2027 y mantener “los proyectos sociales que tienen como base el propio inmueble”, del que la UPO es propietaria.

Este anuncio llega después de varios días de movilizaciones por parte de residentes, trabajadores y colectivos vinculados a la Flora Tristán, que expresan su preocupación por lo que perciben como un “desmantelamiento” del proyecto. Ante la “incertidumbre” por la “falta de información” sobre su futuro, un grupo de estudiantes mantiene desde el lunes un encierro en protesta de lo que consideran “una privatización de un servicio público”, dado el valor social que encierra este “emblema” del Polígono Sur.

Incertidumbre a las puertas del verano

Diversos trabajadores y residentes consultados por este periódico coinciden en que la Flora Tristán arrastra desde hace años un “deterioro progresivo” tanto de las instalaciones como del proyecto comunitario que dio origen a la residencia. Entre las principales quejas señalan la reducción de las becas de colaboración —que, según explican, han pasado de 40 en 2015 a 17 durante el presente curso— y la “dejadez” en el mantenimiento del edificio, que ha ido acumulando deficiencias con el paso del tiempo.

Sin embargo, la preocupación se disparó a finales de mayo. Fue entonces cuando una residente acudió a consultar si, como venía siendo habitual, podría dejar sus pertenencias en la residencia durante el verano para regresar al inicio del siguiente curso académico. “Le dijeron que teníamos que desalojar todo porque el edificio iba a reformarse, fue la primera vez que escuchamos la palabra obra”, relata desde el interior de la Flora Tristán una de las estudiantes que participa en el encierro.

A partir de ese momento comenzaron a circular dudas sobre el futuro de la residencia y de las personas vinculadas al proyecto. La Flora Tristán alberga actualmente a unos 150 estudiantes y da soporte a varios puestos de trabajo, entre personal de la Fundación Universidad Pablo de Olavide (cinco en total) y trabajadores de empresas subcontratadas para tareas de limpieza, mantenimiento y conserjería (ocho puestos ocupados por vecinos del propio Polígono Sur).

“A estas alturas del curso no sabemos dónde vamos a vivir en septiembre”, lamenta la estudiante, señalando que “aquí viven personas en situación de vulnerabilidad, personas migrantes y personas que se ven en la calle de un día para otro”. Más allá de la incertidumbre sobre el alojamiento, quienes participan en las movilizaciones sostienen que está en juego un proyecto con un fuerte arraigo en el barrio. “Nos preocupa no solo qué va a pasar con quienes vivimos aquí, sino también con todo lo que representa la residencia para el barrio”, añaden desde la asamblea contra el cierre de la residencia.

Se refieren a la transformación que ha experimentado la zona desde que los estudiantes se instalaron en esta calle de Las Letanías, que antes de la Flora Tristán no tenía nombre. “Se están cargando el proyecto emblema de la UPO: el barrio tiene mucha vida gracias a la presencia de los estudiantes, si eso desaparece, la marginalización será aún mayor”, advierten.

“¿Con qué precios, bajo qué condiciones y qué proyecto social?”

Por su parte, la Universidad ha tratado de tranquilizar a la comunidad universitaria con un comunicado en el que reafirma el “compromiso de continuidad” de la residencia universitaria, garantizando el mantenimiento del número actual de plazas y de los puestos de trabajo asociados al complejo. El texto no detalla, sin embargo, aspectos clave del acuerdo, como su duración, las contraprestaciones económicas previstas, el modelo de gestión o el alcance concreto de la participación de la Fundación Gerón.

Desde la UPO defienden la necesidad del acuerdo apuntando a que el estado del edificio obliga a una actuación inmediata. “La situación actual del inmueble, que requiere una intervención urgente que proporcione las adecuadas condiciones de habitabilidad y seguridad del edificio, han motivado que la Universidad Pablo de Olavide se haya visto obligada a buscar entidades colaboradoras para asegurar la continuidad del proyecto”, señala la institución en un comunicado previo al de este jueves.

Días después ha confirmado que será la Fundación Gerón la que asuma el desembolso económico necesario para acometer la rehabilitación y, según apuntan desde la Universidad, garantizar la continuidad tanto de la residencia como de los proyectos que se desarrollan en ella. La UPO defiende además la elección de esta entidad por su “compromiso social”. En el comunicado la define como una fundación “nacida en el Polígono Sur en 1994” que gestiona proyectos “en zonas de exclusión social centrados en personas mayores, personas con discapacidad y estudiantes en situación de vulnerabilidad”.

En la misma línea, el rector de la universidad, Francisco Oliva, explicó esta semana que la institución lleva meses buscando la colaboración de entidades sin ánimo de lucro capaces de integrarse en el proyecto y aportar los recursos necesarios para acometer las obras con carácter inmediato. Oliva atribuyó esta fórmula a las dificultades económicas que atraviesa al sistema universitario público: “La situación de profunda inestabilidad financiera que afecta a las universidades públicas andaluzas en general, y a la Universidad Pablo de Olavide en particular, hace difícil poder acometer las obras de acondicionamiento del edificio de manera integral e inmediata”, declaró el rector.

Las explicaciones ofrecidas hasta ahora no han disipado, sin embargo, las dudas de los residentes y trabajadores. Los colectivos movilizados critican la falta de transparencia en torno a las negociaciones y reclaman conocer con detalle las condiciones del acuerdo antes de que sea sometido a votación. “Puede que siga siendo una residencia, pero no sabemos con qué precios, bajo qué condiciones ni qué proyecto social habrá detrás”, cuestionan los estudiantes que participan en el encierro. “Nos dicen que todo va a continuar, pero todavía desconocemos qué garantías existen para preservar el modelo que ha definido a la Flora Tristán durante más de dos décadas”, añaden.

“Ni se cierra ni se privatiza, se defiende”

Tras conocerse la convocatoria del Consejo de Gobierno, los estudiantes acusaron al Rectorado de haber ocultado sus planes durante las últimas semanas. “Llevan días diciendo que no teníamos por qué preocuparnos, pero esto demuestra que teníamos razón desde el principio: quieren privatizar la residencia y nos lo han ocultado hasta el último minuto”, trasladan desde la asamblea.

Los residentes critican además que la decisión se haya adoptado sin participación de la comunidad vinculada al proyecto y cuestionan la idoneidad de la Fundación Gerón para asumir la gestión del complejo. “Se dedica especialmente a la gestión de residencia de personas mayores teniendo más de 15 en todo el país; además, las plazas son privadas y con precios abusivos (más de 2.000 euros mensuales por plaza) que no se alinean en absoluto con los valores de la Flora Tristán, al servicio de un barrio obrero y excluido como es el Polígono Sur”, advierten en un comunicado.

Ante esta situación, la asamblea ha convocado una nueva reunión y mantiene las movilizaciones para exigir la paralización del acuerdo. “La Flora Tristán no es solo nuestra casa, es un servicio público del Polígono Sur que están privatizando”, afirman. El colectivo hace así un llamamiento a la comunidad universitaria, a las entidades del barrio y al conjunto de la ciudadanía sevillana para sumarse a “la lucha contra la privatización de la Flora Tristán”.

La Universidad de Sevilla sigue sin fijar una fecha para el descubrimiento oficial de la placa conmemorativa del traslado de la Hispalense a la Real Fábrica de Tabacos modificada hace más de un año para eliminar la referencia al dictador Francisco Franco.

La rectora de la institución, Carmen Vargas, ha explicado a este periódico que actualmente “se están valorando distintas fechas, pero aún no está cerrada” y que la intención es hacer coincidir el acto con alguna jornada relacionada con la memoria democrática que se celebre en la Universidad, aunque “no se descartan otras alternativas”.

La respuesta llega apenas unos días después de la firma del convenio entre la Universidad de Sevilla y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para la creación de la Cátedra de Memoria Democrática 'Bartolomé Clavero', un hito que el anterior equipo rectoral llegó a señalar como posible marco para la inauguración de la nueva placa, ubicada en el patio de Maese Rodrigo.

Sin embargo, el proyecto académico de la cátedra ha comenzado su andadura esta semana mientras que la lápida reformada continúa cubierta con una lona, a la espera de su descubrimiento oficial. Fuentes del grupo de trabajo de Memoria Histórica y Democrática de la Universidad de Sevilla indican a este periódico que destapar formalmente la placa sin alusiones a Franco era una línea prioritaria frente a la puesta en marcha de la cátedra, que al final se ha adelantado.

La placa sin mención a Franco aún no ha visto la luz

La modificación de la placa en la que estaba presente el dictador, ubicada en la galería del patio de Maese Rodrigo del edificio de la antigua Real Fábrica de Tabacos, se ejecutó hace más de un año en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, tras numerosas protestas por parte de colectivos memorialistas como la Asamblea de Familiares y Asociaciones de Memoria Histórica de Plaza de la Gavidia, así como del propio grupo de trabajo de la Universidad.

La intervención consistió en la eliminación de la referencia explícita a Franco, que aparecía en la grabación de la placa original, donde se podía leer en latín: “En el año de 1965, siendo Franco caudillo de España, la Universidad Hispalense comenzó a tener su sede en este edificio y en su nueva función se conservaron los preciosos restos de su pasado”. La inscripción, en latín, aludía a Franco como 'Duce', el mismo título que se le dio a Mussolini en la Italia fascista, como lo fue la voz führer de la Alemania nazi para referirse a Adolf Hitler.

La nueva grabación se mantiene en el mismo enclave, pero ya sin mención expresa al caudillo, de manera que conserva su función histórica y conmemorativa, pero adaptada a la vigente Ley de Memoria Democrática. No obstante, esa reforma aún no se ha mostrado al público.

A la espera de poner punto y final

Hace un año el Rectorado barajó el Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura, que en Andalucía se conmemora cada 14 de junio, como la fecha idónea para decir adiós al 'duce' Franco de una manera simbólica. No fue entonces ni ha sido ahora.

Unos meses antes, en marzo de 2025, el anterior rector, Miguel Ángel Castro, manifestó su intención de hacer coincidir la eliminación de la referencia al franquismo en uno de los patios del Rectorado con la firma para la puesta en marcha de la Cátedra de Memoria Democrática. Iniciativa que se formalizó finalmente el pasado lunes, coincidiendo, además, con el arranque de unas jornadas sobre memoria histórica y democrática organizadas por la Diputación de Sevilla, en colaboración con la Hispalense.

Ambos actos, por tanto, han seguido ritmos distintos: la cátedra ya está en marcha, mientras que la placa continúa pendiente de inauguración oficial. Ese descubrimiento sería el punto y final para el movimiento memorialista de la ciudad que lleva años reclamando la supresión del dictador de los elementos simbólicos y distintivos del Rectorado.

Por el momento, la Universidad mantiene la intención de vincular el descubrimiento de la placa a alguna actividad relacionada con la memoria democrática que se celebre en el campus, aunque, según las fuentes oficiales, todavía no existe una fecha cerrada para el acto.

La Universidad de Sevilla y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática han firmado este lunes un convenio de colaboración para la creación de la Cátedra de Memoria Democrática 'Bartolomé Clavero', destinada a impulsar la divulgación y transferencia del conocimiento sobre la represión franquista y la construcción de la democracia.

El acuerdo se ha materializado en un acto en el que ha participado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, quien ha subrayado que el objetivo principal de esta cátedra no es tanto generar nuevas investigaciones como contribuir a que “todo lo que se ha investigado trascienda” a la sociedad, especialmente a los jóvenes. “Que trascienda primero a la gente joven, que en muchos casos desconoce lo que fue el franquismo, desde el rigor que da la universidad”, ha señalado tras la firma.

En la misma línea, la rectora de la Hispalense, Carmen Vargas, ha destacado que con esta cátedra, la institución sevillana ha defendido el papel de la universidad en la construcción de una ciudadanía crítica y consciente de su pasado: “Nuestra misión no consiste solo en transmitir saberes, sino también en ayudar a la sociedad a comprender su pasado para afrontar con mayor madurez los desafíos del presente y del futuro”, ha afirmado.

La cátedra, que cuenta con el profesor Alberto Carrillo como director académico, lleva el nombre del jurista y catedrático Bartolomé Clavero como reconocimiento a “una trayectoria de relevancia internacional, marcada por el compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos”. Implicado en la lucha contra la dictadura, fue represaliado y “dedicó su vida a la Universidad y a la reflexión sobre la cuestión de la memoria en España y otros países”, como ha recordado Carrillo.

La quinta en Andalucía

Actualmente, existen en España, en torno a una docena de cátedras de memoria democrática firmadas, según datos aportados por el secretario de Estado a preguntas de este periódico. La previsión del Ministerio es alcanzar las 18 “a final de este año” y ampliar su implantación hasta las 24 universidades públicas para el próximo año. En Andalucía, la de Sevilla se convierte en la quinta cátedra de este tipo, tras las de Granada, Córdoba, Cádiz y Almería.

Como referencia, la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba, creada hace siete años, ha desarrollado actividades de investigación, formación y divulgación en colaboración con instituciones como la Diputación de Córdoba. Su objetivo ha sido contribuir al conocimiento y promoción del denominado “deber de memoria”, recogido por Naciones Unidas como parte de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La nueva cátedra de la Universidad de Sevilla se incorpora así a una red en expansión que el Gobierno de España prevé seguir ampliando en los próximos años, en el marco de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Para la ejecución de las actividades, el Ministerio se compromete a realizar una aportación económica máxima de 100.000 euros, distribuidos en dos anualidades de 50.000 euros para los ejercicios de 2026 y 2027.

Por su parte, la institución sevillana aportará recursos humanos, materiales y el uso de sus instalaciones por un valor equivalente a otros 50.000 euros por cada ejercicio. La gestión de estos fondos correrá a cargo de la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS). Entre sus propósitos, según lo expuesto en el acto, se encuentra la implicación de la sociedad civil y del movimiento memorialista en las actividades que desarrolle la universidad, desde una perspectiva interdisciplinar.

Impulso a la memoria democrática

El acuerdo también prevé la definición conjunta de líneas de trabajo, el acceso a documentación pública sobre la dictadura franquista y la promoción de encuentros con otras cátedras similares del sistema universitario. Entre las actividades previstas se incluye el análisis didáctico de la II República, la Guerra de España, la dictadura franquista y la Transición en el sistema educativo, en colaboración con institutos y grupos escolares; así como el estudio y la divulgación de la persecución sufrida por el pueblo gitano o la trayectoria del Patronato de la Mujer. 

Según ha explicado la rectora, la puesta en marcha de esta cátedra se venía trabajando desde hace aproximadamente un año, en contacto con la Secretaría de Estado. Su tramitación se inició durante el mandato del anterior rector y, tras asumir el cargo en diciembre, Vargas retomó las reuniones con los colectivos memorialistas y asumió el compromiso de culminar el acuerdo, que finalmente se ha formalizado este lunes.

Coincidiendo con la creación de la cátedra, han arrancado este lunes las jornadas ‘Del olvido a la luz. Memoria Histórica y Democrática de la Provincia de Sevilla. 1936-2026', que se celebran hasta el próximo jueves 18 en la Casa de la Provincia. En estas jornadas, organizadas por la Diputación de Sevilla, también colabora la Universidad de Sevilla, tanto en la coordinación, de la que forma parte a través del profesor Alberto Carrillo, como en las diversas ponencias presentes en el programa, que abordan la memoria desde la psicología, la educación y el análisis territorial de la represión. 

Gustavo Fuentes ha dejado de formar parte del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), después de que elDiario.es revelara que está siendo investigado por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer por presuntos delitos de agresión y acoso sexual a una reportera de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), de la que era director general hasta este miércoles.

Según han confirmado fuentes de la UPO, apenas unas horas después de conocer la noticia de la imputación de Fuentes publicada el martes, el presidente del Consejo Social se puso en contacto con él para abordar el caso. Fue durante esa misma conversación cuando el ya exconsejero presentó su renuncia con el objetivo de no perjudicar la imagen de la institución académica ni la del propio órgano de representación universitaria, apuntan las mismas fuentes.

Desde ese momento, Fuentes dejó de pertenecer al Consejo Social de la UPO, donde ocupaba una vocalía por designación del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, según explica a este periódico el rector de la UPO, Francisco Oliva. El ya exdirector de ADM era una de las últimas incorporaciones al órgano de gobierno universitario, anunciada el pasado mes de febrero como una “figura destacada en el impulso de la industria creativa y digital”, por su peso en el sector audiovisual andaluz como CEO de la principal productora de Canal Sur, cuyo accionista mayoritario es la propia Junta.

Oliva asegura que la Universidad tuvo conocimiento de los hechos a través de la información publicada por este periódico y que actuó con “diligencia” y “toda celeridad” para “preservar la honorabilidad del Consejo Social”. A raíz de esa llamada, Fuentes presentó su dimisión y dejó de estar vinculado a la institución universitaria, que ya ha eliminado su nombre de la página web.

El Consejo Social es un órgano de gobierno y representación universitaria que canaliza la participación de la sociedad en la gestión de la universidad. Entre sus funciones, figura fortalecer la relación de la institución académica con su entorno económico, profesional y social. Sus miembros son designados por distintas instituciones, entre ellas el Parlamento andaluz, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y las entidades sociales y empresariales.

En el caso de Fuentes, su nombramiento como vocal fue designado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz (a través de la empresa pública Sandetel) es el accionista mayoritario de ADM, cuyo principal contratista es su asociado, la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA). Es, de hecho, responsable del programa buque insignia de Canal Sur: Andalucía Directo.

La salida de la UPO se produjo el mismo día en que Fuentes también dejó de ejercer las funciones de presidente del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND). Coincide, además, con su relevo al frente de ADM, consumado este miércoles.

Apartado de los principales cargos que ostentaba

La compañía nombró este miércoles nuevo director general al hasta ahora director financiero, Óscar González-Barba, persona de la estrecha confianza de Fuentes. El relevo se produjo tras una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de ADM celebrada la noche anterior, en la que se acordó la “suspensión temporal de funciones” del directivo, aunque sin ejecutar su cese definitivo.

A la mañana siguiente se celebró la primera reunión de la nueva directiva con los trabajadores, haciendo aflorar el enfado y la “indignación” de la plantilla y de algunos directivos, que cuestionaron la gestión de la crisis por parte del Consejo de Administración, donde la Junta de Andalucía tiene una posición determinante a través de la empresa pública de Telecomunicaciones Sandetel.

Según fuentes internas, algunos directivos ya conocían desde abril, por el propio Fuentes, que un juez le había citado a declarar como imputado el 11 de mayo (aunque la declaración finalmente se aplazó al próximo 25 de junio). En su comunicado nocturno, el Consejo de Administración de ADM sostiene que sabían de la situación procesal de su principal directivo “desde el pasado 7 de mayo”, cuando él mismo comunicó “la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa”.

La denuncia de la reportera contra el CEO de la compañía es de enero, el Juzgado de Violencia de Género número 5 de Sevilla abrió diligencias en febrero, tomó declaración a la víctima el 25 de marzo y, al instante, imputó a Fuentes por delitos de agresión y acoso sexual. El juez le notificó su imputación el 31 de marzo.

El hasta ahora vocal del Consejo Social de la UPO y director general de ADM niega las acusaciones. “Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”, declaró a este periódico antes de ser apartado de todos los órganos en los que ostentaba algún cargo.

Con su salida del Consejo Social de la UPO, su relevo de la presidencia de LAND y de la dirección de ADM, Fuentes ha dejado de ocupar los principales cargos institucionales y de representación que ejercía hasta ahora en el sector audiovisual andaluz, mientras permanece abierta la investigación judicial en su contra.

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El 26 de junio de 2025, seis mujeres acudieron a la sede de CCOO Andalucía, en la Avenida Cardenal Bueno Monreal, de Sevilla, para reunirse con una abogada y un delegado sindical y denunciar que habían sido víctimas de agresión sexual, acoso sexual continuado y acoso laboral por parte de su jefe, Gustavo Fuentes, el ya ex CEO de la principal productora de Canal Sur, Andalucía Digital Multimedia (ADM).

Este encuentro, que empezó a las cinco de la tarde y duró tres horas, ocurrió siete meses antes de que una de estas mujeres interpusiera una denuncia por delitos sexuales contra Fuentes ante un juzgado de Violencia de Género (el 29 de enero). Menos de un mes después, el juez abrió diligencias, en marzo tomó declaración a la víctima y, acto seguido, imputó al director general de la productora por agresión sexual y acoso sexual continuado, citándole a declarar el próximo 25 de junio.

Una de ellas era la reportera de ADM que más tarde, “viendo que no hacían nada”, decidió acudir a los tribunales. Otra de las mujeres también relató ante los responsables de CCOO una agresión sexual y acoso de Fuentes, que le habría “metido mano” sin su consentimiento en un bar, después de una cena de empresa de Navidad en diciembre de 2024. Varios trabajadores de la productora han corroborado estos hechos en conversación con elDiario.es.

Las otras cuatro mujeres narraron situaciones de acoso laboral en la empresa, comentarios vejatorios, gritos, insultos, descalificaciones y un comportamiento degradante por parte del superior jerárquico. De las seis mujeres que acudieron a pedir amparo a CCOO en junio de 2025, sólo una -la que terminaría denunciando- seguía contratada en la productora. Otras dos fueron despedidas, una pactó su salida para poder cobrar el paro y la última tenía un contrato temporal que ya había expirado.

En la reunión estuvo presente el delegado sindical Pedro Corrientes y, por videoconferencia, una abogada de CCOO, coordinadora de los servicios jurídicos de atención a la Mujer. Este periódico ha contactado con ambos para confirmar la versión de las seis mujeres. “Esa reunión me ha hecho mucho daño, me ha pesado muchísimo, porque era una cosa muy grave, me dolió mucho, porque no podíamos hacer nada”, explicó Corrientes a elDiario.es, visiblemente afectado, nada más ser preguntado por aquel encuentro.

Las seis mujeres “lloraron” al describir con detalle las situaciones de agresión sexual y acoso laboral que sufrieron por parte del director de la compañía. Entendían que un sindicato como CCOO, con representación en la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), podía “hacer algo”, dado que ADM es una empresa público-privada asociada a Canal Sur, su principal cliente, y participada mayoritariamente por el Gobierno andaluz.

“Todas, muy afectadas, intentaban demostrarme que esas situaciones horribles de agresión y acoso sexual y laboral que describían se habían dado de verdad, que tenían testigos, que tenían pruebas y mensajes y pantallazos... y yo les decía que no tenían que convencerme, que yo las creía, no me tenían que demostrar nada”, recuerda Corrientes. “Aquello era insoportable de escuchar”, resume.

Según su versión, el sindicato estudió las posibilidades de pilotar una denuncia por acoso laboral contra Gustavo Fuentes, pero se vio “maniatado legalmente”, porque en ese momento “sólo dos de ellas mantenían vinculación laboral con la empresa, las otras ya se habían ido, y más adelante sólo quedó una en la empresa, y no se veía preparada para denunciar”. CCOO ha recibido y tramitado otras denuncias contra la productora de Canal Sur por acoso laboral, que se han tramitado por la Inspección de Trabajo.

El 12 de marzo y el 19 de marzo, el Consejo de Administración de la RTVA, presidido por Rafael Porras y al que suele acudir el director general, Juan de Dios Mellado, abordó el caso concreto de una denuncia por acoso laboral de un trabajador de ADM, ya con un acta de la Inspección de Trabajo. Los casos de agresiones sexuales no se han abordado en el Consejo de la RTVA, según fuentes de la dirección del ente público, aunque la cadena aún no ha aclarado desde cuándo sabía que el CEO de su productora asociada estaba siendo investigado judicialmente por delitos sexuales desde el pasado febrero.

CCOO ha explicado a este periódico que en el caso de las seis trabajadoras de la productora estaba más limitada para actuar por lo Penal que por lo Social. “No tenemos un gabinete jurídico penal, lo tenemos contratado externamente”, advierte. Corrientes explica que las seis mujeres “estaban aterradas, tenían pánico a denunciar, no querían que trascendieran sus nombres, ni podíamos dar sus cargos, por miedo a no poder encontrar trabajo en el sector audiovisual andaluz, que es muy dependiente de la teta de Canal Sur. Y así, nuestro margen de maniobra para actuar estaba muy reducido.

“Demostrar acoso en el trabajo por motivos sexuales es difícil”

No es la primera vez que este delegado sindical se encuentra con situaciones de este tipo. “El miedo empuja a la gente a dinámicas en las que se convierten, sin querer, en enemigas de sí mismas”. “El ambiente laboral que describían todas en ADM, señalando siempre al director general, era un ambiente sexualizado, humillante, de machismo puro y dudo. Él las trataba como ganado y hacía lo que quería con ellas porque consideraba que eran suyas”, explica.

En la reunión no estuvo presente Yolanda Carrasco, secretaria de la Mujer de CCOO, “pero conocía todo de lo que hablamos”. “Intentamos convencerlas de que había que tirar para adelante, pero estaban paralizadas por el miedo”, explica el delegado sindical. También se les preguntó por el protocolo y el canal antiacoso de la productora, si alguna lo había denunciado internamente, desde el anonimato, pero todas coincidieron en que “no se fiaban”, que aquel canal “estaba controlado por una persona próxima a Gustavo”. Una de ellas sí contó que “solicitó la activación del canal, pero no se activó”.

Corrientes no ha contado nada de aquella reunión hasta hoy, porque ellas le pidieron que no se hiciera público. “Llevo sufriendo este asunto por dentro casi un año”, dice.

Una de las seis extrabajadoras envió un WhatsApp al delegado sindical en septiembre de 2025, tres meses después de la reunión: “Te escribo por lo que teníamos pendiente. Después de esa reunión colectiva, en la que nos dedicasteis tanto tiempo, no hemos vuelto a saber nada. Dime finalmente cuáles son los siguientes pasos, qué más podemos hacer nosotras, si hay forma de hacer algo... u honestamente, consideras que esto debe quedar así”.

La respuesta: “Pues, la verdad es que desde finales de mes de julio no sé gran cosa y era que estaba la técnico en contacto directo con [la reportera que luego denunció a Fuentes]. Preguntaré a ellas, porque recuerdo que se estaba estudiando la denuncia laboral de ella para agrupar las demás situaciones”.

Un mes después, en octubre de 2025, Corrientes volvió a escribir a esta extrabajadora de ADM: “Te cuento lo que he averiguado: Por desgracia contábamos con solo una posible denuncia sobre la que se basaba todo lo demás (era el hilo conductor para sacar las demás situaciones). Como la compañera no se encuentra bien y, al parecer, no puede seguir anímmicamente para adelante, parece que nos hemos quedado sin capacidad para aflorar todos los demás casos”, dice.

Y concluye: “La pretensión era usar un proceso/procedimiento ”laboral“ y desde ese movimiento engarzar el resto de situaciones”. La reportera que finalmente terminaría llevando a Gustavo Fuentes a los tribunales, acusado de tres agresiones sexuales y múltiples situaciones de acoso sexual y laboral continuado, adjuntó a su denuncia dos informes médicos que acreditan su débil estado anímico, físico y mental, con síntomas de depresión y ansiedad de los que aún se está tratando.

El juez también ha pedido un “reconocimiento médico forense” de la denunciante para acreditar “el estado de salud psíquica de la víctima, secuelas y posible nexo causal” con las agresiones y el acoso sexual denunciados.

La secretaria de la Mujer de CCOO Andalucía explica, sobre la reunión con las seis extrabajadoras de la productora, que “se les asesoró y quedamos a su disposición para plantear una denuncia”. “No tenemos ningún expediente abierto de aquello, no se pudo avanzar”, dice, y reitera que cinco de ellas ya no estaban en ADM, y a la que sí continuaba se le ofreció el acompañamiento necesario para denunciar.

Carrasco admite que la “invisibilidad del acoso en el trabajo” complica a la hora de denunciar, “no es fácil, y nosotros no las vamos a engañar: demostrar acoso por razones de sexo es muy difícil”, advierte, “y si aceptan irse voluntariamente, entre comillas, o aceptan un finiquito, entonces es más complicado aún”, remata.

Una de las seis extrabajadoras, en conversación con elDiario.es, subraya que lo que estaba pasando en la productora de Canal Sur “era un secreto a voces”. “Existía un miedo generalizado a hablar por la repercusión que podía tener en tu carrera profesional. Una mala llamada de Gustavo hacía que no te llamen en otro sitio. Puedes denunciar pero puedes perder tu trabajo”, dice.

Las seis acusan al ya ex CEO de la compañía de tratarlas “como tontas por ser mujeres”. “Soltaba comentarios machistas como: qué pasa que vienes con esa cara al trabajo, ¿no has dormido? ¿no tienes tiempo para maquillarte? ¿No te pagamos lo suficiente como para comprarte otro bolso, siempre traes el mismo?”.

Otra extrabajadora asegura que “Gustavo mandaba a compañeras como premio de acompañantes a cenas privadas con Óscar González-Barba”, el nuevo CEO de la compañía, elegido por el Consejo de Administración de ADM, que aprobó la “suspensión temporal” de Fuentes 18 horas después de que este periódico revelase que llevaba un mes y medio imputado por delitos sexuales.

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En la puerta principal de la productora Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM), principal proveedora de contenidos de Canal Sur Televisión, no está pegada la fotografía del todopoderoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein, condenado por violación, agresiones sexuales y acoso a varias mujeres.

Sin embargo, esa idea llegó a verbalizarla el propio CEO de la productora, Gustavo Fuentes Aguilar, que hoy está siendo investigado por un Juzgado de Violencia contra la Mujer en Sevilla tras ser denunciado por delitos de “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “acoso laboral” a una reportera de la empresa. “Para que las que entren aquí, sepan ya de qué va esto”, le dijo a uno de sus directivos, según él mismo relata a este periódico.

[ACTUALIZACIÓN: La productora de Canal Sur aprueba la “suspensión temporal de funciones” de su CEO imputado por delitos sexuales]

El juez Francisco José de Córdoba, titular de este nuevo juzgado de violencia de género, atribuye al director general de la compañía “un presunto delito de acoso sexual del artículo 184 del Código Penal y un delito contra la libertad sexual del artículo 178.1”, confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a este periódico, tras avanzar la noticia este martes. El magistrado ha dejado fuera la denuncia por “mobbing”, porque considera que excede de sus competencias, aunque la denunciante lo considera una consecuencia ligada a la situación de acoso.

La denuncia por delitos sexuales contra el CEO de ADM se apoya en una docena de testigos, trabajadores y extrabajadores de la compañía, que aparecen citados con nombres y apellidos. Siete de ellos han presentado declaraciones juradas corroborando algunas de las situaciones de “acoso sexual”, “acoso laboral” y “lenguaje sexualizado y vejatorio” que expone la reportera, y que también denuncian otras empleadas, aunque no hayan acudido a la vía judicial. Este periódico ha hablado con algunos de esos empleados, tanto los que han remitido su testimonio al juez, como los que no lo han hecho.

Este diario también se ha puesto en contacto con Gustavo Fuentes, que admite su imputación pero niega las acusaciones: “Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia, estoy muy tranquilo”, asegura.

Sensación de “impunidad” al margen del #MeToo

“Gustavo me dijo que si por él fuera, pondría una foto del productor americano Harvey Weinstein para que la que entre por la puerta sepa de qué va esto”, explica un exdirectivo de ADM, que quiso reforzar con su testimonio la denuncia por “agresión y acoso sexual” de la periodista contra su superior jerárquico, citado a declarar en calidad de imputado el próximo 25 de junio, junto a dos testigos, la que fuera su número dos en la compañía, y una amiga de la denunciante.

La denuncia describe múltiples situaciones de acoso sexual (algunas documentadas por mensajes de Whatsapp de él) y tres agresiones sexuales fechadas a lo largo de una década: 2013, 2022 y 2023. En esa década tuvo lugar el movimiento feminista #MeToo contra el carácter sistémico de la violencia machista, que provocó cambios sociales y legales, en la jurisprudencia, en la política, en la cultura, en el deporte. Precisamente, las publicaciones de las denuncias contra Harvey Weinstein por agresión sexual –en The New York Times (octubre de 2017)– prendieron la mecha del #MeToo y provocaron esa onda expansiva (el magnate está en prisión, cumple varias condenas y aún tiene juicios pendientes).

Según el testimonio de este exdirectivo de ADM, el propio Fuentes –director general de una de las grandes productoras del sector audiovisual andaluz y presidente del Clúster Audiovisual de Andalucía– se comparaba a sí mismo con Weinstein, evidenciando que aquella onda expansiva del #MeToo no había calado en la empresa que él dirige, una de las productoras de más peso en el sector audiovisual andaluz, cuyo accionista mayoritario es la Junta de Andalucía (a través de Sandetel) y cuyo principal contratista es su asociado, la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA).

Los testigos de la denunciante coinciden en que el jefe, parapetado tras una sensación de “impunidad” dada su relación personal con el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, de su posición dentro de la compañía y de su protagonismo dentro sector audiovisual andaluz, vertía con frecuencia comentarios “sexistas” y “vejatorios” hacia las mujeres.

Testigos de los “propósitos sexuales” del jefe

Los testimonios que avalan la denuncia describen un comportamiento “machista y vejatorio” de Fuentes y confirman que el acusado no ocultaba los “propósitos sexuales” que tenía hacia esta periodista, a la que “sometía a continuas insinuaciones, miradas lascivas y mensajes con carácter sexual o intimidatorio”.

Un exrealizador de programas, estando en ADM, empezó una relación sentimental con la denunciante, y denuncia que “fue objeto de presiones y maltrato laboral hasta en dos ocasiones”, lo que “culminó” con su “despido de la empresa en septiembre de 2025”. Él destaca algunos de los mensajes que el jefe dirigió a esta periodista antes de que él supiera que era su pareja: “Búscame una reportera que esté buena como tú, así con las tetas gordas, como a mí me gustan”; “Me vas a tener que reservar una tarde de estas ya para los dos”; “¿Cuándo vamos a quedar que me debes una?”; “Te recuerdo que te he traído a la empresa para que seas mi acompañante en los viajes”.

A esos mensajes, se suman comentarios sobre su aspecto físico proferidos en presencia de otros trabajadores de la empresa: “En esas piernas me pierdo yo”; “Eso es un culo”; “Es que está tremenda”; “¡Qué bien me lo voy a pasar trabajando!”; “Gracias compañeros por este regalito que me habéis hecho, así a ver cómo me concentro en trabajar yo”; o “Me vas a obligar a decir en casa que tengo que ir a más grabaciones a supervisar como buen profesional”.

Otra extrabajadora de la productora recuerda que, durante el visionado de los programas previo a su emisión en los que aparecía la víctima en pantalla, Fuentes lanzaba comentarios como: “¿Producción puede comprarle un biquini más pequeño?”; “¿Podéis hacer zoom para verla más de cerca?”. Estos comentarios provocaron estupor y rechazo en la testigo, que atribuye a su superior inmediato comentarios justificando el comportamiento del CEO: “Esta está aquí por capricho de Gustavo, tú ni caso, ignóralo y no comentes nada”; “A esta lo que te pida hasta que Gustavo se la tire y se canse”; “Es una inútil, pero Gustavo se la quiere follar”.

Esta extrabajadora relata un suceso concreto en el que el propio CEO de la compañía hablaría en esos términos. En febrero de 2023, durante el acto de inauguración del nuevo edificio de ADM en la Isla de la Cartuja, en Sevilla, y en presencia de autoridades del Gobierno andaluz, entre ellas el consejero de Presidencia, el director general se mostró “hostil y enfadado” porque la reportera no había acudido a la fiesta: “Yo he pagado la barra libre para que [la denunciante] esté aquí borracha a mis pies y no está”, le atribuye la testigo.

Unos meses después, en octubre, la empresa debía organizar otro evento con motivo de la presentación del clúster audiovisual de Andalucía (LAND), una iniciativa impulsada por la Consejería de Presidencia dentro de su estrategia digital, y del que Fuentes era presidente. En el despacho del CEO, esta extrabajadora presenció una conversación de él con su director financiero, Óscar González-Barba, una persona de la estrecha confianza de Fuentes. “Con suerte me la follo de una vez, que haya mucho alcohol Osquita, que eso es cosa tuya”, señala su testimonio.

Conocedores de las agresiones sexuales denunciadas

Las tres agresiones sexuales que aparecen detalladas en la denuncia habrían tenido lugar en tres fechas distintas: en 2013, en un bar del centro de Sevilla; en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz), y en 2023, también dentro de un coche en Zahara de los Atunes (Cádiz).

Dos testimonios distintos respaldan el relato de la denunciante sobre estos delitos concretos. Una de las extrabajadoras amiga de la denunciante afirma que, tras el episodio sufrido en Barbate, la reportera le confesó haber sufrido una agresión sexual por parte del jefe: “Me contó que fue muy desagradable, que en cuanto se metieron en el coche empezó a acosarla a lo bestia, metiéndole mano y besándola como y donde podía ante la negativa y la resistencia” de su compañera. “En la calle también hubo tocamientos, besos y un forcejeo bastante desagradable y posteriormente traumático”, añade su testimonio.

Otra de las empleadas que acudió a esa grabación en 2022 recuerda haber reparado en que la reportera estaba “nerviosa, cansada a nivel mental y físico”, y mostraba “conductas ansiosas al recibir WhatsApps de Gustavo preguntando por la grabación”. A partir de ese momento, según declara la propia extrabajadora, dejó de percibir a la reportera como la “presunta amante de Gustavo” para ver en ella “gestos y comportamientos” propios de “una víctima de acoso”.

Este testimonio es coincidente con el de otros trabajadores de ADM consultados por elDiario.es, que admiten haber visto a la reportera como una persona “que le gustaba jugar al buenrollismo con el jefe”, para terminar dándose cuenta de que “ella trababa de sobrevivir al acoso permanente” del jefe, y que esta situación se terminó visibilizando en un “deterioro físico” y un “estado de ansiedad brutal” de la periodista.

La compañera y amiga a la que reveló la agresión en Barbate también presenció el estado de nerviosismo en el que se encontraba la afectada durante el rodaje en Zahara de los Atunes un año después. “La vi con cara desencajada y pidiéndome por favor que no me fuese en ningun momento ni la dejase sola”. Cuando se apartaron del equipo: “Comenzó a llorar, muy nerviosa, temblando, me dijo que no aguantaba más, pero que se estaba separando, con una niña pequeña y no podía perder el trabajo”, dice.

La testigo deja constancia de que el jefe acudía a las grabaciones y maniobraba para quedarse a solas con la víctima bajo el pretexto de compartir el mismo coche. Aquella vez lo consiguió. Minutos después, le contó que “la había vuelto a acosar, babear y meterle mano”.

“Para que se la folle otro que se vaya a la puta calle”

Esa testigo concluye que “después de todos los mensajes obscenos, invitaciones fallidas de viajes, cenas y hoteles, consciente de que no iba a conseguir nada de ella, empezó un acoso y derribo de descalificaciones, ponerla en evidencia cada vez que podía delante de los compañeros de trabajo, como a quitarle puestos de responsabilidad”. “Le decía que se fuera, que allí no hacía nada”, abunda en su testimonio.

Este comentario evidencia el cambio “radical” que experimentó la actitud del CEO respecto a la reportera, después de descubrir que la denunciante mantenía una relación sentimental con otro trabajador de la empresa, según argumenta la denuncia. Esa “transformación” también fue percibida por el resto de testigos, que acreditan que desde el instante en que tuvo conocimiento de esa relación, “comenzó a apartarla de proyectos relevantes, degradarla públicamente y aislarla del resto de la plantilla”, llegando incluso a invitarla, en presencia de otros compañeros, a “abandonar la empresa”.

Otra testigo recuerda haber presenciado expresiones como: “Quiérete un poco más y vete”, después de haberla sometido a una “evidente reducción de sus responsabilidades”, pasando de ser directora de un programa a desempeñar funciones de redactora común. Según otro testimonio, el jefe no escondía sus intenciones, pues en la cena de navidad de 2024 comentó: “De este año no pasa que echemos a esos dos”, en alusión a la pareja. La reportera también le ha denunciado por el “acoso laboral” sufrido en esta última etapa, pero el juez ha desestimado esta parte al considerar que excede de las competencias de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Uno de los testimonios consultados también menciona al director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, como testigo de este tipo de comportamientos. “¿Has visto lo que tengo que aguantar? Así me agradece que sea el único que le haya dado una oportunidad, yéndose con otro, qué cuidado tenemos que tener con tías como ellas”, le habría dicho Fuentes a Mellado durante una fiesta de empresa, siempre según su versión. La reportera denunciante estuvo de baja por una incapacidad temporal y actualmente se encuentra en situación de excedencia voluntaria.

Este cambio de trato del CEO respecto a la denunciada, tras confirmar que había iniciado una relación sentimental con otro empleado de ADM, también aparece corroborado por otros testimonios, que han hecho llegar su versión al juez que instruye el caso. “Los tratos de favor se acaban”, le informan a una extrabajadora. En su testimonio, sostiene que Fuentes no se esconde al decir e incluso “gritar” abiertamente: “Para que se la folle otro que se vaya a la puta calle”. A partir de ahí, observa cómo “cada vez la quitan de más programas, de más responsabilidades, y se la juzga profesionalmente”, con comentarios como: “Es una inútil, solo sirve para lo que sirve”.

Ambiente laboral “tóxico y hostil”

Los siete extrabajadores que han aceptado declarar voluntariamente ante el juez coinciden en dibujar “un patrón de abuso, manipulación y trato discriminatorio, generando un ambiente laboral tóxico, hostil y desestabilizador” por parte del jefe. La productora ADM tiene, de hecho, denuncias por acoso laboral y expedientes abiertos por parte de la Inspección de Trabajo. También hay trabajadores que salieron de la empresa tras firmar un acuerdo prejudicial para evitar llegar a un juicio por mobbing, según ha podido confirmar este periódico.

Tras tres años trabajando en la empresa, uno de los exdirectivos atestigua que los comentarios “sexistas” eran habituales, así como las “humillaciones públicas” hacia los trabajadores. “Hacía llorar a compañeros, ridiculizaba con frecuencia a un compañero con acondroplasia o se mostraba irascible y violento a veces como supuesta broma para que la gente esté tensa”, manifiesta.

Otra extrabajadora, además de constatar el trato vejatorio que sufría la denunciante, narra “comentarios y actitudes fuera de lugar” de los que ella fue “víctima”. Esos comportamientos que presenció en primera persona “traspasaban los límites de lo profesional”, afectando a su propia “tranquilidad y bienestar en el entorno laboral”.

Entre los episodios que relata, se recogen alusiones a su aspecto físico (“¿Ya estás repitiendo vestido? Me conozco tus conjuntos”), expresiones de carácter posesivo (“Te quiero para mí”; “Tú eres mías”; “Yo contigo no me voy de viaje porque luego vas a tener que contárselo a mi mujer”) o insinuaciones sexuales (“Ay, si te hubiera conocido hace 20 años...”, “Me dijiste que no te gustaban los mayores, ¿no?”).

También coincide con otra compañera en que Gustavo Fuentes trató de utilizarlas “como moneda de cambio profesional”, al querer involucrarlas en situaciones “comprometedoras” como sugerirles que debían cenar con un cargo político “para mejorar su imagen porque habíamos fallado” ante otra autoridad. “Me dijo que le habíamos fallado al consejero de Presidencia, y que tenía que quedar a cenar ostras con él”, describe una extrabajadora.

Las declaraciones también mencionan constantes comentarios vejatorios y humillantes hacia los trabajadores de la empresa (“Ves... ni para eso me vales”, “Te voy a hacer una foto ahora que estás mala para enviarla y decir que no eres tan guapa”), entre otras expresiones machistas y amenazantes (“Soy el puto crack, soy el puto amo, a ver si llegas en 18 años a conseguir lo que yo”; “Lo mismo no tendría que haberte contratado teniendo un niño pequeño”; “Esto es ordeno y mando y aquí solo se hace lo que yo diga”).

Durante los dos meses y medio que formó parte de la empresa, presenció “situaciones tan violentas, tensas y reprobables” que se vio “al borde del colapso” y decidió marcharse voluntariamente, “al ser insostenible continuar bajo su dirección”. Respecto a la experiencia sufrida por la denunciante, una de sus compañeras concluye que el director general de ADM “la ha destrozado”.

175 páginas de mensajes de WhatsApp

La denunciante adjunta en su escrito al juez 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad. Esos mensajes ya han sido “cotejados” por la secretaria judicial por orden del juez, y validados como material probatorio en la causa.

Los mensajes de WhatsApp del CEO de ADM que aparecen en la denuncia incluyen insistentes propuestas de encuentros privados a la víctima: “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”; y lenguaje con connnotación sexual e íntima: “Cariño, tengo ganas de ti”; “Tú me debes una noche loca”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”.

La publicación de esta noticia por parte de elDiario.es ha sacudido el sector audiovisual andaluz y a los partidos políticos, a pocos días para la constitución del Parlamento. La oposición de izquierdas ha exigido al consejero de Presidencia y al director general de la RTVA que acudan a la Cámara a dar explicaciones, y el cese de Gustavo Fuentes al frente de la empresa público privada ADM, cuyo accionista mayoritario es la Junta.

El hasta hoy presidente del Clúster Audiovisual de Andalucía ha comunicado este martes al Comité Ejecutivo que se aparta “del ejercicio efectivo de sus funciones”, tras publicarse la noticia, aunque ya anunció que no se presentaría a la reelección el pasado mayo, la misma semana que fue citado a declarar en calidad de imputado por el juez. Ni la Consejería de Presidencia ni la Consejería de Igualdad han querido valorar, a preguntas de este periódico, la imputación por agresión sexual y acoso sexual continuado del director general de la principal productora de Canal Sur.

“Suspensión temporal de funciones”

En conversación con elDiario.es, Gustavo Fuentes afirma que se trata de “una denuncia falsa”. “No tienen pruebas, niego todos los hechos”, dice, tras asegurar que fue él quien “pidió activar” el protocolo antiacoso de la empresa tras conocer la denuncia contra él: “Lo hice para defender a mi Consejo de Administración, que se reunirá en breve y veremos las medidas que tomaremos ante esta situación”.

Tras más de cuatro horas de reunión para analizar la situación generada “tras las informaciones publicadas”, el Consejo de ADM acordó la “suspensión temporal de funciones” de su director general, Gustavo Fuentes. Al filo de la madrugada, decidieron no forzar el cese de Fuentes, que tendrá que declarar como imputado el próximo 25 de junio, “hasta que se aclare su situación procesal y sin prejuzgar su presunción de inocencia”, reza el comunicado remitido a las 23:52 horas a los directivos de la compañía a través de su correo corporativo, según confirman a este periódico varios empleados. 

El mensaje del Consejo de ADM llegó dos horas después de que la dirección de la RTVA, en otro comunicado lanzado a las 21:30 horas, descartara pedir la dimisión de Fuentes. Tanto la dirección de la RTVA como la de ADM guardaron silencio durante más de 15 desde que elDiario.es revelara que desde hace dos meses su director general está siendo investigado por delitos de agresión sexual y acoso sexual continuado a una reportera de la empresa. La oposición ya había pedido explicaciones a la Junta y a Canal Sur.

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La llegada del calor a las aulas andaluzas este final de curso ha reactivado las protestas de la comunidad educativa en ciudades como Sevilla, donde las altas temperaturas se sufren más allá de la temporada estival. En algunos centros, el problema ya no es solo la falta de recursos económicos, sino los obstáculos administrativos y las limitaciones técnicas que encuentran a la hora de acometer mejoras de confort térmico en unos edificios cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento.

El CEIP Carmen Benítez, en el distrito Nervión de Sevilla, es uno de los ejemplos más visibles de las dificultades que siguen encontrando algunos centros para combatir el calor en las aulas. Aunque la Junta de Andalucía le ha transferido fondos para la compra de equipos de climatización –dentro de la partida destinada al confort térmico de los centros educativos–, la instalación de sistemas fijos de aire acondicionado continúa sin materializarse. El edificio cuenta con limitaciones derivadas de su protección patrimonial y, según la dirección del centro, la instalación eléctrica actual tampoco reúne las condiciones necesarias para soportar la potencia que requerirían estos equipos.

Además, la normativa que regula estas ayudas limita el tipo de actuaciones que pueden ejecutarse con cargo a esos fondos, prohibiendo aquellas que requieran obras o modifiquen la estructura del edificio, y condicionando estas intervenciones a contar con el consenso y la autorización de la administración local como titular del inmueble. Entre las actuaciones contempladas, figuran la adquisición de equipos portátiles de climatización, la instalación de pérgolas, toldos o marquesinas, así como plantación de arbolado.

Las familias sostienen que la dirección lleva meses intentando desbloquear una solución que permita aprovechar estos recursos para resolver de forma definitiva un problema que afecta desde hace años a alumnado y profesorado. Temen que los retrasos acumulados acaben posponiendo la actuación durante otro curso más, ya que el curso termina el 22 de junio y los centros públicos tienen de plazo hasta el 30 de septiembre para ejecutar las partidas transferidas por la Consejería de Desarrollo Educativo el pasado mes de noviembre.

Rechazo a los “parches provisionales”

Desde el Ayuntamiento de Sevilla aseguran que ya han realizado las actuaciones necesarias para adaptar las instalaciones eléctricas y facilitar una futura climatización del centro. No obstante, señalan que, al tratarse de un edificio histórico protegido, no pueden autorizar la colocación de equipos en la fachada, una competencia que corresponde a la Comisión Provincial de Patrimonio. El Consistorio afirma además haber trasladado al centro distintas alternativas de climatización compatibles con las limitaciones patrimoniales.

No obstante, desde el centro explican que la actuación realizada por el Ayuntamiento fue “mínima” y se limitó a incorporar determinados elementos de protección eléctrica, sin acometer una adecuación integral de la instalación ni ejecutar el cableado necesario para soportar equipos de aire acondicionado. Asimismo, señalan que las alternativas planteadas pasan por sistemas de enfriamiento adiabático o climatizadores evaporativos a partir de hielo, una opción que tampoco convence a buena parte de las familias.

“No necesitamos parches provisionales”, sostienen desde la asociación de familias (AFA) del Carmen Benítez, que reclama la instalación de splits como opción más eficaz para combatir el calor en las aulas. La comunidad educativa insiste en que hay aulas que llegan a superar los 30 grados durante los episodios de temperaturas altas y exige aprovechar los fondos disponibles este curso para climatizar el centro con actuaciones que garanticen unas condiciones adecuadas para el aprendizaje.

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo asegura que gracias a su plan específico de confort térmico se han instalado 19.491 nuevos elementos de climatización en centros educativos andaluces, de los cuales 13.236 corresponden a sistemas de ventilación y aire acondicionado. Respecto a los plazos, fuentes del citado departamento consultadas por este periódico niegan que exista un riesgo inmediato de pérdida de los fondos y señala que las cantidades transferidas pueden ejecutarse hasta finales de septiembre y que, en circunstancias excepcionales, podría estudiarse una ampliación.

Pese a ello, la comunidad educativa del Carmen Benítez teme que la combinación de trámites administrativos, condicionantes patrimoniales y los tiempos propios de la gestión escolar vuelva a retrasar una solución definitiva para un problema que se repite cada año con la llegada del calor.

Nuevas movilizaciones contra el calor en las aulas

El caso del Carmen Benítez ejemplifica una situación que denuncian distintas asociaciones de familias en Sevilla. Según la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (FAMPA) en la capital hispalense, el principal obstáculo ya no radica únicamente en la financiación, sino también en el “deterioro” de las infraestructuras escolares y en las dificultades técnicas para ejecutar las inversiones destinadas a mejorar el confort térmico de las aulas.

La federación sostiene que numerosos colegios públicos cuentan con instalaciones eléctricas “obsoletas” y “deficientes”, incapaces de soportar nuevos sistemas de climatización. Asimismo, denuncia que, ante esta situación, algunos equipos directivos estén recibiendo por parte de la administración local la recomendación de destinar los fondos concedidos a la compra de aparatos portátiles o climatizadores evaporativos sin salida exterior. A juicio de FAMPA Sevilla, “estos pingüinos portátiles resultan inútiles para rebajar las temperaturas en aulas a más de 30 grados con más de 25 alumnos y alumnas”, según critican en un comunicado.

La situación es especialmente compleja en centros históricos o protegidos patrimonialmente, como el propio Carmen Benítez, el CEIP Altos Colegios o el CEIP José María del Campo. Según FAMPA Sevilla, la ausencia de proyectos específicos para adaptar estos edificios a las nuevas exigencias climáticas está dejando a parte del alumnado sin soluciones estructurales frente a las olas de calor.

Tanto FAMPA Sevilla como el movimiento Escuelas de Calor vinculan estos problemas a la falta de desarrollo de la Ley andaluza de Bioclimatización, aprobada en 2020 y todavía pendiente de desarrollo reglamentario. Las organizaciones consideran que las ayudas y planes impulsados por la Junta no sustituyen la aplicación efectiva de una norma concebida para garantizar “una climatización estructural” en todos los centros educativos públicos. Por ello, anuncian nuevas movilizaciones coincidiendo con el final de curso y la llegada de las primeras olas de calor.

Ese perro que viene que muerde es ahora Manu Sánchez. El humorista sevillano ha rescatado el espíritu de una de las comparsas más reivindicativas y andalucistas del carnaval de Cádiz para bautizar su desembarco en el prime time nacional. El perro andaluz, título de su nuevo programa en La 1, no solo hace un guiño al repertorio de Antonio Martínez Ares. También encierra toda una declaración de intenciones.

“Venimos a luchar contra el centralismo, a sentirnos fuertes, a quitarnos el collar y el sambenito de los tópicos”, proclamó este martes desde el escenario del Cartuja Center, en Sevilla, durante la presentación del programa que se va a estrenar el próximo jueves 11 de junio, coincidiendo con el Mundial de Fútbol 2026. Allí defendió su nuevo late night como una propuesta hecha “desde Andalucía para el mundo” y como una “apuesta triple por nuestra tierra, nuestra industria, nuestro talento y nuestra gente”.

El salto de Manu Sánchez a RTVE no responde al relato habitual de quien abandona la televisión autonómica para adaptarse a una audiencia nacional. La apuesta de La 1 consiste precisamente en lo contrario: convertir la identidad andaluza y el “sello inconfundible” de su presentador en el rasgo distintivo del formato. “Es el momento de que su voz se escuche en todo el país”, defendió el director de TVE, Sergio Calderón, vinculando el fichaje de Manu Sánchez a la voluntad de reforzar la presencia de una comunidad que representa una cuarta parte de la audiencia.

Apuesta por dar voz a la periferia

No es casual tampoco que El perro andaluz vaya a producirse íntegramente en Sevilla. El programa de Manu Sánchez será el primero que se realice desde el nuevo centro de producción de RTVE en Andalucía, una condición que la productora del humorista –16 escalones– consideró irrenunciable desde el inicio de las negociaciones. “A Madrid hay que ir, pero lo que no hay es que irse”, resumió el presentador de Dos Hermanas. Una frase que condensa la filosofía del proyecto: aspirar a una audiencia nacional sin renunciar a las raíces desde las que nace el proyecto.

Durante décadas, numerosos comunicadores autonómicos entendieron que el salto a la televisión nacional pasaba por suavizar acentos, referencias o señas de identidad. El propio Sánchez recordó que cuando apareció por primera vez en La 1, hace más de veinte años, le pidieron que rebajara su acento. Ahora, en cambio, celebra regresar bajo una premisa muy distinta: “Queremos que suene tu acento, que haya diversidad”, le dijeron los directivos de la cadena pública.

En una industria televisiva tradicionalmente concentrada en la capital del país, RTVE aspira ahora a incorporar al horario de máxima audiencia una mirada construida desde la periferia. El programa hace de ellas su principal carta de presentación. “Desde El perro andaluz venimos a luchar contra un centralismo que tenemos instalado en la cabeza y durante mucho tiempo nos dijo que había que ir a Madrid”, insistió el humorista andaluz.

Si entonces la televisión nacional parecía exigir cierta uniformidad, El perro andaluz nace precisamente de la voluntad de reivindicar las diferencias. La cadena pública ha convertido precisamente ese sello en uno de los principales argumentos de una apuesta con la que aspira a incorporar nuevas voces a su horario de máxima audiencia y, en palabras de sus responsables, saldar una “deuda histórica” con Andalucía.

Enamorar a España desde Andalucía

Pero Manu Sánchez no se queda ahí. Con este proyecto que se realiza “desde Andalucía para el mundo”, el presentador sevillano aspira a convertir a la comunidad andaluza en “la representante de las periferias” desde el escaparate que le brinda ahora la principal cadena pública.

Todo ello desde el escenario donde empezó todo. Sánchez ha recordado que recibió la llamada del director de RTVE durante la emisión de su entrevista en el programa de Jordi Évole, emitido el pasado 1 de marzo y grabado precisamente en el auditorio Cartuja Center ante 2.000 personas. Hoy, con el set de su nuevo late night ya instalado, ha agradecido la firme apuesta de RTVE por sumar su acento a la parrilla: “Lo bonito es que no esperaron al día siguiente para ver las audiencias”, destacó.

Aquella entrevista logró ser líder de audiencia en su franja y funcionó en todas las comunidades. Ahora, RTVE ha puesto “toda la carne del asador” para que El perro andaluz sea “un éxito”. Por ello ha reservado un escaparate privilegiado para el estreno: el programa debutará el próximo 11 de junio tras el arranque del Mundial de fútbol, aprovechando el impulso de audiencia del mayor evento televisivo del año. Una puesta de largo para un formato con el que Sánchez aspira a “enamorar a España, a los pueblos y a la humanidad” sin renunciar a su seña de identidad: el orgullo de ser andaluz.

La Universidad de Sevilla (US) ha sacado músculo económico presentando un nuevo estudio sobre el impacto socioeconómico que genera la institución en su entorno. La Hispalense pone así cifras a una idea que los rectorados públicos llevan meses defendiendo en pleno conflicto con el Gobierno andaluz por la financiación universitaria: “Invertir en universidad pública no es un gasto, sino una inversión”.

Así lo ha manifestado este jueves la rectora de la US, Carmen Vargas, durante el acto de presentación del informe impulsado por el Consejo Social. Entre sus principales conclusiones, destaca que la institución sevillana genera un impacto económico superior a los 2.600 millones de euros. Esa cifra equivale a un retorno de 6,2 euros por cada euro transferido por la Junta de Andalucía. Es decir, “se multiplica por más de seis veces la inversión realizada dentro de la propia universidad”, como ha apuntado el profesor encargado del estudio, Francisco José Acedo.

La presentación del informe –elaborado a partir de datos de 2024– llega apenas una semana después de que la US alertara de un desfase de casi 13 millones entre el coste de su plantilla y la financiación prevista por la Junta para 2026, así como del anuncio de un plan de ajuste de 16 millones de euros ante unos fondos que el Rectorado considera “claramente insuficientes”.

Aunque la rectora ha querido desvincular el informe del pulso abierto con el Gobierno andaluz por el modelo de financiación, tanto el momento elegido para difundirlo como el propio enfoque del estudio –iniciado en 2025, coincidiendo con el endurecimiento de las negociaciones con la Junta– refuerzan el mensaje que los rectorados vienen defendiendo desde hace dos años: infrafinanciar la universidad pública conlleva consecuencias económicas y sociales mucho más amplias que las puramente académicas.

El impacto de la US en cifras

El informe, que trata de radiografiar la contribución de la institución a la sociedad, sitúa a la Universidad de Sevilla como “uno de los grandes motores económicos y sociales de Andalucía”. Según los datos recogidos, la actividad de la institución generó en 2024 un impacto económico total de 2.663 millones de euros y contribuyó a la creación de 24.654 empleos. Ese impacto equivale al 1,2% del PIB andaluz y supera el 5% de la riqueza provincial.

El análisis también pone el foco en el retorno fiscal de la inversión universitaria. Según sus cálculos, el Estado recupera el coste de una plaza universitaria en menos de cinco años gracias a la mayor contribución tributaria de los titulados y a un patrón de consumo que aporta entre 1.150 y 1.350 euros anuales adicionales en IVA al sistema tributario.

El informe sostiene además que la formación universitaria mejora las oportunidades laborales y salariales de los titulados. El estudio avala que un egresado de la institución percibe, de media, un 92,7% más de salario que un trabajador con educación secundaria. Ese diferencial asciende al 111,2% en el caso de las mujeres.

Más allá de los datos económicos

La Universidad de Sevilla —la mayor de Andalucía, con más de 71.000 estudiantes y unos 7.600 profesores— sostiene que su impacto trasciende lo estrictamente económico y alcanza ámbitos como la cohesión social, la investigación, la innovación o la dinamización cultural. Más allá de las cifras macroeconómicas, el estudio busca responder a una cuestión de fondo: qué devuelve la Universidad de Sevilla a su entorno en forma de conocimiento, oportunidades, investigación, empleo y cohesión social.

En el ámbito social, el informe destaca que durante el último curso se concedieron 20.039 becas y ayudas, complementadas con programas orientados a la inclusión y la conciliación. Además, 2.537 estudiantes recibieron apoyo directo en materias relacionadas con salud, conciliación o asesoramiento jurídico.

La dimensión cultural y patrimonial también ocupa un lugar destacado en el análisis. La US cuenta con 14.200 bienes digitalizados en su Sistema de Información Patrimonial y registró en 2024 más de 11.400 asistentes a exposiciones y más de 33.000 a espectáculos y actividades culturales.

En investigación, la institución mantiene una posición destacada al situarse como la segunda universidad española en captación de recursos mediante contratos de I+D, con una financiación anual de 63,3 millones de euros. Asimismo, el informe refleja que la producción científica de la US ha aumentado más del 27% desde 2019, no solo en términos cuantitativos, sino también de calidad.

Una decisión de futuro

Por todo ello, el profesor encargado de liderar esta investigación concluye que “los recursos que se destinan a nuestra universidad no son un gasto, son una inversión que retorna a la sociedad a través de múltiples vías”. “Más que el volumen, importa el efecto relativo: por cada euro invertido somos capaces de devolver 6,20 euros a la sociedad”, ha resumido el profesor Acedo, insistiendo en que la Hispalense genera riqueza tanto a corto plazo —a través del gasto, el empleo y la actividad económica— como a largo plazo mediante formación, innovación, atracción de talento y una mayor capacidad fiscal futura de sus egresados.

La principal conclusión del informe, según sus autores, es que “invertir en la universidad es una decisión de futuro”, una apuesta por “construir una sociedad más próspera, más equitativa y culturalmente más rica”.

Una idea en la que ha coincidido la rectora, defendiendo que la universidad pública constituye “una inversión estratégica para el desarrollo económico y social de un territorio” porque “genera empleo, atrae talento, impulsa innovación y emprendimiento, fortalece el tejido empresarial y dinamiza la vida económica y cultural de su entorno”.

Ese mensaje cobra especial relevancia en un contexto en el que los rectorados andaluces siguen a la espera de los resultados de la auditoría pactada con la Junta para revisar el cálculo de unos fondos que consideran insuficientes para afrontar el coste de personal. Si bien la rectora ha tratado de separar el estudio de las tensiones institucionales, ha apelado a la importancia de contar con una “suficiencia financiera” para poder “desarrollar toda esta labor”, en alusión al impacto documentado.

Más allá de cuantificar el impacto económico de la Universidad de Sevilla y medir qué aporta a la sociedad andaluza, el informe plantea de forma implícita una reflexión de fondo: qué perderían Sevilla y Andalucía si una institución de estas dimensiones viera limitada su capacidad de actuación por problemas de financiación.

La jueza de la plaza número 5 de la sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Sevilla ha desestimado el recurso presentado por CSIF contra la convocatoria de cinco plazas de sargento en el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Sevilla. La sentencia avala así la oferta de empleo público (OEP) aprobada por la Diputación provincial en 2025 y ratifica la legalidad del proceso administrativo llevado a cabo por el organismo.

El sindicato solicitaba la anulación de la convocatoria al considerar que la categoría de sargento, encuadrada en el grupo C1, había desaparecido tras la reforma de la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, actualizada en 2023. Según defendía CSIF en su demanda, la nueva clasificación profesional implicaba que dichas plazas debían haberse convocado ya bajo la categoría de subinspector/a del grupo B.

Sin embargo, la magistrada da la razón a la Diputación de Sevilla, dado que la propia normativa autonómica contempla un periodo transitorio de cuatro años para que las entidades locales adapten sus plantillas, categorías y relaciones de puestos de trabajo a la nueva regulación. La oferta impugnada se convocó cuando aún no había “transcurrido el plazo de cuatro años para la adaptación que concede la propia ley a las entidades locales”, como recoge la resolución judicial, a la que ha tenido acceso este periódico.

La sentencia concluye, por tanto, que la convocatoria de “cinco plazas de sargento/a; grupo C1, perteneciente a la Escala de la Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales” es conforme a derecho y desestima íntegramente el recurso presentado por el sindicato, al que condena a pagar las costas procesales.

Una oferta amparada por la normativa

Durante el procedimiento, CSIF argumentó que la Diputación había convocado plazas correspondientes a una categoría “inexistente” tras la reforma de la ley en 2023, entendiendo que debía aplicarse ya la nueva estructura profesional prevista para los servicios de emergencias.

Frente a ello, la institución –que preside el Consorcio de Bomberos en la provincia– defendió que el sindicato “confunde la naturaleza de la OEP con las bases de convocatoria o con la propia Relación de Puestos de Trabajo (RPT)”. En ese sentido, esgrimió que la oferta pública de empleo debe ajustarse a la RPT vigente mientras esta no sea modificada o anulada. “No puede pretender que una OEP cree una categoría (Subinspector Grupo B) que no existe actualmente en la estructura orgánica y presupuestaria del Consorcio”, explicó, recordando además que la propia ley establece expresamente un régimen transitorio de cuatro años para la adaptación de las plantillas.

La magistrada respalda ahora esa interpretación y se remite a la disposición transitoria primera de la norma autonómica, que concede a las entidades locales con servicios de prevención y extinción de incendios un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la ley para adaptar sus escalas, grupos y categorías profesionales a las nuevas previsiones legales.

La resolución añade que, durante ese periodo, pueden seguir realizándose convocatorias de procesos selectivos y adaptaciones de plantillas conforme a la estructura todavía vigente, motivo por el que rechaza la impugnación planteada por el sindicato.

Pulso sindical con el Consorcio

El fallo judicial se produce en un contexto de tensión entre la Diputación y las organizaciones sindicales del Consorcio Provincial de Bomberos, que reclaman más recursos y mejores condiciones laborales. CSIF, de hecho, mantiene abiertos otros frentes judiciales con la entidad. Recientemente, el sindicato denunció ante la Fiscalía de Sevilla un supuesto “incumplimiento” de la normativa sobre jornada laboral, alertando de un “exceso” de horas que, a su juicio, podría comprometer tanto la seguridad de los trabajadores como el funcionamiento del operativo.

El Consorcio rechaza esas acusaciones y asegura que mantiene abierto el proceso de negociación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo para adaptar la estructura del servicio a la normativa autonómica de emergencias. Según la Diputación, esa futura RPT permitirá además impulsar nuevas ofertas públicas de empleo para reforzar la plantilla de bomberos provinciales.

Todo ello se enmarca en el proceso de reorganización del sistema iniciado tras la creación del Consorcio Provincial, que desde 2022 coordina el servicio en 27 parques y cinco áreas de intervención repartidas por toda la provincia. Tras una primera etapa centrada en la constitución del sistema y la transferencia de personal, la Diputación sostiene que actualmente se desarrolla un “importante esfuerzo de inversión y reorganización” para cohesionar el servicio y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en todos los municipios sevillanos.

En febrero del año pasado, los autobuses de Tussam comenzaron a limitar sus recorridos por el Polígono Sur tras varios apedreamientos a vehículos de la empresa municipal de transportes. Más de un año después, los vecinos denuncian que aquellas modificaciones “temporales” han derivado en recortes que afectan diariamente a las líneas 30, 31, 32 y A5, como señalan desde Nosotros también somos Sevilla.

“Los desvíos, cancelaciones de paradas e incidencias son constantes”, aseguran desde la plataforma vecinal que representa a los barrios con menor renta media anual por habitante de toda España. Una situación que perjudica especialmente a las personas mayores y con problemas de movilidad, pero también al alumnado que depende del transporte público para acudir a clase.

Precisamente en este último colectivo ha puesto ahora el foco la Coordinadora de Educación del Polígono Sur, que este miércoles ha registrado en el Distrito Sur 345 firmas de profesorado y alumnado mayor de edad de los centros afectados: IES Polígono Sur, IES Romero Murube, IES Antonio Domínguez Ortiz y el Centro de Educación de Adultos (Ceper) Polígono Sur. “Cercenar este servicio es cercenar la acción educativa porque supone añadir una dificultad más a la compleja labor de construir comunidad en nuestro barrio”, sostiene la plataforma.

En una zona marcada por la vulnerabilidad social y las elevadas tasas de absentismo escolar, la falta de una red de transporte estable y regular está desincentivando la asistencia a clase. “Muchos ciclos formativos se imparten en horario de tarde y el alumnado sale ya de noche: al no tener autobuses cerca, muchas chicas han dejado de asistir porque no se sienten seguras”, explica Pepa Borrego, miembro de la Coordinadora de Educación del Polígono Sur, minutos antes de entregar las firmas recogidas.

La voz de un barrio que denuncia abandono

Con esta acción, la Coordinadora de Educación del Polígono Sur quiere ser “la voz” de los estudiantes afectados por los recortes. “Como educadores, somos conscientes de la importancia de la educación para hacer barrio y esto es inviable sin servicios básicos fundamentales como las redes de transporte”, defienden desde la organización vecinal.

La plataforma denuncia además que la reducción del servicio está agravando la desconexión del barrio con el resto de Sevilla. “Cuando el Ayuntamiento priva al Polígono Sur de un servicio básico como el transporte público, está discriminando gravemente a sus vecinos y dejando claro que, para el gobierno municipal, hay barrios de primera y barrios de segunda”, lamentan.

Asimismo, los recortes en los itinerarios de las líneas de Tussam han acrecentado “la sensación de abandono” que atraviesa a estos barrios, los más pobres de España, “provocando además un aumento de la inseguridad que sufren los vecinos y vecinas de Polígono Sur”, en palabras de los representantes vecinales. “No podemos seguir callados sin alzar la voz ante la injusticia continuada a la que se está sometiendo al Polígono Sur: si continúan estos recortes, estamos segregando y discriminando un barrio”, clama la plataforma que integra al tejido asociativo de este distrito.

De medida excepcional a problema permanente

Los cambios en las líneas 30, 31 y 32 se implementaron en febrero de 2025 como una medida excepcional ante los actos vandálicos sufridos por los autobuses de Tussam. Como medida de seguridad para los conductores, el Gobierno local planteó recorridos alternativos y paradas provisionales que evitaban determinadas zonas del distrito.

Los vecinos empezaron a movilizarse cuando aquel dispositivo temporal se consolidó con el paso de los meses. “Lo que comenzó como un cambio esporádico se ha convertido en un cambio de recorrido permanente de estas líneas, dejando a unas 5.000 familias de los barrios de Murillo, Martínez Montañés, Letanías y Antonio Machado sin servicio de transportes urbano de forma indefinida”, apuntan desde Nosotros también somos Sevilla.

Hace ahora un año, el Ayuntamiento hispalense anunció el restablecimiento del recorrido habitual de las líneas de Tussam por el Polígono Sur, horas antes de que la plataforma vecinal celebrara una nueva protesta después de tres meses sin servicio. Sin embargo, lejos de solucionarse el problema, los residentes denuncian que continúan conviviendo con constantes desviaciones y cancelaciones de paradas.

Este periódico ha consultado al Gobierno municipal sobre el estado actual de las líneas afectadas, los desvíos que siguen vigentes, los motivos por los que determinadas zonas del distrito siguen sin servicio y la fecha prevista para recuperar por completo los recorridos habituales de Tussam en el Polígono Sur. Hasta el momento, no ha obtenido respuesta.

Los vecinos, por su parte, explican que el problema ya no se limita a la supresión de determinadas paradas, sino que “cada vez con más frecuencia, de manera aleatoria y sin aviso previo”, los autobuses ya no acceden al Polígono Sur y finalizan su recorrido en Ronda de la Oliva, en el entorno del parque Celestino Mutis o en la calle Poeta Manuel Benítez Carrasco. “Durante las tardes y durante los fines de semana los desvíos y cancelaciones, de los que no se informa a vecinos y vecinas, son una constante”, aseguran.

Esta situación obliga a numerosas familias a caminar entre 20 y 30 minutos para llegar a sus casas, “con especial impacto en personas mayores, menores y vecinos con movilidad reducida”. La plataforma vecinal prepara ahora una nueva campaña de recogida de firmas dirigida al conjunto del vecindario, con el objetivo de seguir exigiendo al Ayuntamiento “la restitución inmediata de todos los servicios de transporte público recortados en el barrio”.

“¿Qué pasará con las oposiciones, con las ayudas a los agricultores, los créditos...? ¿Qué hacemos con un gobierno paralizado? No podemos permitirnos una parálisis”. Durante toda la campaña electoral, el candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno, estuvo apelando al voto útil para reeditar una mayoría absoluta que garantizara “estabilidad” y evitara el “lío” en el que –según él– ya están inmersas comunidades como Extremadura, Aragón o Castilla y León. Territorios donde el PP mantiene su hegemonía, pero necesita pactar con Vox para gobernar: un escenario muy similar al que se enfrentan ahora los populares en Andalucía.

Para impedirlo, el hoy presidente en funciones trató de asociar la ausencia de mayoría absoluta con un escenario de bloqueo institucional: “No sabremos si habrá gobierno en julio, septiembre, noviembre o diciembre. No sabemos si habrá presupuestos, si podremos convocar unas oposiciones…”, deslizó Moreno también en el minuto final del primer debate electoral entre los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía. En un foro posterior, el jueves 7 de mayo, dijo textualmente: “Si el Gobierno no sale adelante, pues por ejemplo yo no puedo convocar las oposiciones que están previstas y hay alumnos que llevan un año preparándose en el ámbito de la docencia”.

Días después, el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, abrió el segundo debate afeando al candidato del PP que “chantajeara a miles de opositores andaluces diciendo: o me votan a mí o lo mismo se suspenden las oposiciones”. Moreno, lejos de rectificar como le instó García, insistió: “Si no hay Gobierno, no se pueden convocar las oposiciones”. Al mostrarse ambiguo y no concretar a qué pruebas se estaba refiriendo, sembró incertidumbre entre los opositores. Dos días antes de las elecciones, el candidato popular fue más claro en una entrevista en COPE y especificó que las oposiciones para profesorado de Secundaria y otros cuerpos previstas para junio no peligraban por estar ya convocadas.

A ojos de los sindicatos y expertos en Función Pública, no cabe confusión al margen de los pactos y de cuánto se alargue el Gobierno en funciones, las oposiciones “se van a celebrar sin ningún problema”. También lo afirman fuentes de la propia Consejería de Desarrollo Educativo, que indican que las oposiciones para profesorado de Secundaria y otros cuerpos se celebrarán el 20 de junio, como anunció la Junta el pasado mes de marzo, tal y como figura en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 25 de febrero. La propia portavoz de la Junta, Carolina España, dijo el martes que las oposiciones que están en marcha “pueden continuar”.

En el debate electoral, Moreno no aclaró que estaba poniendo en duda la futura convocatoria de oposiciones al cuerpo de Maestros, prevista para 2027, y el candidato de Adelante Andalucía (y muchos espectadores) entendieron que se refería a las oposiciones de Secundaria, ya convocadas para el 20 de junio.

Con todo, el mensaje de alerta del dirigente popular contemplaría un escenario inédito: las oposiciones del mes que viene se convocaron el pasado 25 de febrero (publicación en BOJA). De modo que las oposiciones de junio de 2027, se convocarían en febrero de ese año. Con este calendario, Moreno habría advertido en campaña de un hipotético bloqueo institucional de nueve meses, algo que no tiene antecedentes en ninguna comunidad autónoma.

Las elecciones en Extremadura fueron el 21 de diciembre, la Asamblea legislativa se constituyó el 20 de enero, el primer debate (fallido) de investidura fue el 4 de marzo (abriendo la cuenta atrás para la repetición electoral), María Guardiola fue investida presidenta el 22 de abril, y formó gobierno la semana siguiente.

¿Qué ocurre cuando un Gobierno está en funciones?

Desde el día siguiente a los comicios, el Ejecutivo saliente permanece en funciones hasta la formación del nuevo Gobierno. Durante ese periodo mantiene limitadas sus capacidades políticas, pero sigue ejecutando la actividad ordinaria de la administración. “Los gobiernos en funciones tienen el cometido de tramitar lo que está en marcha y evitar que se paralice la administración mientras hay una transición de un gobierno a otro”, resume Miguel Ibáñez, portavoz del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF).

El artículo 37 de la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece qué no puede hacer un Gobierno en funciones: aprobar presupuestos o presentar proyectos de ley. Pero no prohíbe convocar oposiciones, como manifestó el presidente andaluz durante el debate. “Se pueden convocar plazas aunque el gobierno esté en funciones, lo único que no se puede aprobar son los presupuestos”, concluye Esperanza Morales, Secretaria de Organización y Política Sindical de UGT Andalucía.

La representante sindical recuerda, además, que las convocatorias ya aprobadas tienen consignación presupuestaria y unos plazos legales de ejecución que deben cumplirse, tras ser negociadas en distintas mesas con los sindicatos. Es el caso de las pruebas de acceso a los cuerpos de profesores de Secundaria, Música y Artes Escénicas y Formación Profesional, para las que se han convocado un total de 5047 plazas de 66 especialidades. Estas oposiciones empezarán en junio, con independencia de que para entonces esté o no constituido ya el nuevo Gobierno autonómico.

La administración no se paraliza

La clave radica en que una convocatoria de oposiciones constituye “un acto de índole administrativa” al margen de la dirección política, como explica Esperanza Morales. “La Administración es la garante de los servicios públicos y los servicios públicos tienen que continuar funcionando”, añade la experta en Función Pública.

La explicación jurídica pasa por diferenciar entre el poder legislativo y la actividad administrativa. “La administración pública es el instrumento que gestiona y ejecuta las directrices políticas”, explica la responsable de UGT Andalucía. En otras palabras, una vez que el Parlamento queda disuelto tras la convocatoria electoral, no se pueden aprobar leyes hasta la constitución de la nueva Cámara, pero el Ejecutivo continúa operando en funciones para garantizar que la Administración siga funcionando y ejecutando los procedimientos ya iniciados.

Dentro de esa función, “las oposiciones son tarea diaria y cotidiana de la administración”, señalan los expertos. De modo que cuando una oferta de empleo público (OEP) ya está aprobada “lo único que queda es ejecutarla”, en palabras del portavoz del SAF.

Desde la Consejería de Justicia y Función Pública también indican que esas OPE ya aprobadas van a seguir su curso con normalidad. En cambio, señalan que no se pueden aprobar nuevas plazas, es decir, nuevas ofertas de empleo público mientras esté el Gobierno en funciones porque comprometan créditos futuros.

El precedente de Extremadura

El “lío” al que aludía Moreno tiene uno de sus precedentes recientes en Extremadura. Allí, la falta de acuerdo entre PP y Vox tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre dejó durante cuatro meses al anterior Ejecutivo presidido por María Guardiola en funciones.

La comunidad vecina también tenía unas oposiciones en ciernes y, para tranquilizar a los opositores que llevan años preparándose, la propia Junta extremeña aclaró públicamente que las oposiciones docentes previstas no corrían peligro. En una nota de prensa, recordó que se trataba de “un proceso dentro de la actividad ordinaria de la Consejería de Educación”, aclarando que la ausencia de un nuevo gobierno no afectaba a su celebración.

Tenía razón el líder de Adelante –que conoce bien el proceso porque fue opositor hasta que sacó plaza de profesor de Secundaria en 2021– cuando le dijo a Moreno que “las oposiciones no dependen de usted; puede ganar, perder o empatar que las oposiciones se van a celebrar”. Tal vez el presidente es el que ha terminado enredándose o que “algunos políticos estudian más para sacar votos que para no confundir a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país”, como concluye uno de los expertos consultados para aclarar este lío.

Los resultados de las elecciones andaluzas celebradas este domingo han certificado la desaparición de Podemos del Parlamento andaluz. La formación morada, que irrumpió con fuerza en 2015 al obtener 15 diputados, se queda ahora sin representación en la Cámara autonómica tras el estancamiento de la coalición Por Andalucía, a la que terminó incorporándose en el último momento.

La candidatura encabezada por el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, apenas ha logrado conservar los cinco escaños obtenidos en 2022. Entonces correspondían a Podemos tres de ellos, pero, en esta ocasión, ninguno ha recaído en dirigentes de la formación morada. Los diputados electos pertenecen ahora a IU —con representación en Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla— y a Sumar, que obtiene el escaño de Cádiz, según el reparto interno acordado por las siete fuerzas de la confluencia.

El acuerdo in extremis que permitió la entrada de Podemos en Por Andalucía llegó cuando IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz ya habían pactado el reparto de las cabezas de lista en las ocho provincias. Tras horas de negociación, los morados terminaron aceptando puestos de difícil cobertura, como el número dos por Sevilla y Málaga, y el número uno por Jaén, plazas inicialmente reservadas para IU y que ya en 2022 quedaron fuera del reparto parlamentario.

Ese encaje generó malestar interno incluso antes de la campaña. El exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, llegó a advertir de que el pacto dejaría “sin diputados” a la formación morada en el futuro Parlamento andaluz, surgido tras las elecciones andaluzas de este 17 de mayo. “El acuerdo muy generoso con Podemos no es”, criticó entonces, insistiendo en que los morados “difícilmente pueden estar satisfechos con un acuerdo que no les garantiza representación”, como finalmente ha ocurrido.

El resultado agrava, además, la crisis política y orgánica de Podemos, que cierra así el ciclo electoral encadenando varios batacazos autonómicos, tras quedarse fuera también de los parlamentos de Aragón y Castilla y León.

De revolucionar la izquierda a desaparecer del Parlamento

Podemos irrumpió por primera vez en el Parlamento andaluz en 2015, en unas elecciones marcadas por el pacto posterior entre PSOE y Ciudadanos que permitió a Susana Díaz mantenerse al frente de la Junta. Ya en ese momento se posicionó como tercera fuerza política. En 2018, la formación morada transformó el espacio de la izquierda alternativa bajo la marca Adelante Andalucía, cuando obtuvo un resultado histórico con Teresa Rodríguez como candidata. Aquella coalición logró 17 escaños, por delante de Vox.

Sin embargo, las tensiones internas y la ruptura entre Teresa Rodríguez y la dirección estatal de Podemos acabaron fracturando el proyecto. La expulsión de nueve de los 17 miembros del grupo parlamentario dejó herida de muerte a la coalición y precipitó la reorganización del espacio político. En 2022, las izquierdas concurrieron divididas y Podemos se sumó a la recién creada marca Por Andalucía, que obtuvo cinco diputados, tres de ellos encabezados por los morados.

De cara a estas elecciones, la dirección morada barajó durante meses la posibilidad de concurrir en solitario. Sin embargo, acabó rectificando y aceptó reintegrarse en la coalición, apenas unas horas antes de que expirara el plazo legal para registrar candidaturas de coalición. La decisión estuvo marcada por los catastróficos precedentes en Aragón y Castilla y León, donde Podemos no alcanzó ni el 1% de los votos y quedó fuera de ambos parlamentos autonómicos.

En Andalucía se ha confirmado ahora esa misma tendencia. Este lunes, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha realizado una valoración muy escueta de los resultados. Aunque admitió que “salta a la vista” que “la propuesta de Por Andalucía no ha funcionado”, ha evitado profundizar en las causas del fracaso electoral, asegurando que no le corresponde a él ni a la dirección del partido explicar “hoy” los motivos de otro mal resultado.

Vuelco en la izquierda alternativa en Andalucía. Por primera vez en la historia, el espacio a la izquierda del PSOE no estará liderado por IU o una coalición en la que esté presente la federación, puesto que la alianza Por Andalucía ha sido ampliamente superada por Adelante Andalucía en las elecciones autonómicas de este domingo. La candidatura de Antonio Maíllo ha obtenido un 6,3% de los votos y cinco diputados, casi la mitad que los andalucistas de José Ignacio García, que han cuadruplicado sus resultados de hace cuatro años, alcanzando ocho escaños en el Parlamento andaluz con el 9,6% de los sufragios.

Con su resultado de este 17M, IU —que se presentó en coalición con Movimiento Sumar y Podemos, quien se sumó in extremis— empata el peor registro de su historia en unas elecciones autonómicas en Andalucía: el que logró, también en coalición con Podemos, en las elecciones de 2022. “El resultado obtenido no cumple con nuestras expectativas de crecimiento ni con el objetivo de echar a Moreno Bonilla de la Junta de Andalucía”, ha resumido el líder de la alianza de izquierdas en su comparecencia al borde de cerrar el escrutinio.

Durante el recuento, los de Maíllo respiraron aliviados al recuperar el diputado que, hasta bien avanzado el escrutinio, daban por perdido, lo cual se hubiera traducido en perder el grupo propio en la Cámara baja andaluza. Finalmente, la formación de izquierda –que aglutina a siete partidos con IU, Podemos y Sumar como mascarón de proa– sumó también el escaño de Granada, noticia que fue recibida entre aplausos en una sede de IU en Sevilla, desde donde ha seguido el escrutinio la coalición de Antonio Maíllo.

La coalición de Maíllo partía con ventaja frente a Adelante (cinco diputados frente a dos), su adversario directo a la izquierda del PSOE. Sin embargo, el temido sorpasso que vaticinaba el CIS se ha terminado produciendo y el partido andalucista y anticapitalista que fundó Teresa Rodríguez, hoy comandado por José Ignacio García, ha logrado imponerse a la candidatura del coordinador federal de IU.

La reunificación entre IU, Sumar, Podemos –alcanzada in extremis– no ha logrado movilizar al electorado progresista, que ha optado por apoyar a la alternativa de José Ignacio García. Presentarse como la izquierda “útil” que “quiere gobernar” –representando a los ministros de Sumar en el Gobierno de Sánchez– no ha favorecido a la candidatura de Maíllo.

Esa era la principal diferencia entre los proyectos de Por Andalucía y Adelante Andalucía, ya que los segundos se han desmarcado de gobernar junto al PSOE y se han mostrado muy críticos con la participación primero de Unidas Podemos y luego de Sumar en los dos últimos ejecutivos centrales. Frente a esa posición, la coalición que lidera Antonio Maíllo había abogado durante la campaña por un proyecto que “defiende su tierra con un proyecto propio, pero con capacidad de influencia en el conjunto del país desde todos los niveles institucionales”.

Pese a no cumplir sus expectativas, Maíllo ha asegurado que desde la coalición que capitanea “estamos orgullosos de nuestro trabajo y del que vamos a hacer”. En ese sentido, ha garantizado que Por Andalucía “va a seguir siendo una izquierda útil que defiende los servicios públicos y la apuesta y defensa de lo común”. Y ha avanzado que desde su grupo “no va a haber tregua en el gobierno del PP”, al que ha equiparado con Vox, con quien presumiblemente tendrá que pactar tras perder la mayoría absoluta.

Varapalo para Sumar pese al crecimiento del espacio

Las réplicas del terremoto en el espacio de la izquierda alternativa andaluza también llegan a Madrid. El varapalo recibido por la alianza Por Andalucía supone igualmente un bofetón para el espacio a la izquierda del PSOE a escala estatal, que se encuentra en pleno proceso de reconstrucción, sin candidato para las generales tras el paso atrás de Yolanda Díaz y pendiente de un reencuentro con Podemos que, en Andalucía, no ha servido para impulsar los resultados.

A nivel nacional, la lectura es ambivalente: buena para el espacio ideológico a la izquierda del PSOE, pero extremadamente negativa para Sumar, como referente en el resto de España de Por Andalucía, y para Podemos, como integrante de la coalición en las elecciones de este domingo. Sumando sus votos, Adelante Andalucía y Por Andalucía logran rozar el 16% de los sufragios, y esa cifra es extraordinariamente positiva para un espacio que lleva años encadenando malos resultados, con excepciones como las elecciones extremeñas de febrero. De hecho, en conjunto la izquierda alternativa iguala el porcentaje de voto logrado en 2018, cuando todas las sensibilidades del espacio (IU, Podemos y los andalucistas anticapitalistas ahora insertos en Adelante) se presentaron unidos en una única candidatura.

La alegría, no obstante, va por barrios, porque todo el crecimiento del espacio a la izquierda del PSOE se debe a la subida de Adelante. Y eso evidencia que el proceso de reconstrucción de la alianza Sumar que están llevando a cabo IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns no está sirviendo —al menos por el momento— para ganar apoyos, pese a que Maíllo aspiraba a tener “unos buenos resultados” en Andalucía para “facilitar una aceleración del proceso unitario en el resto del país”, como explicó en una entrevista con elDiario.es en la que también aseguró que “lo que pasa en Andalucía no solo queda en Andalucía”

La unidad con Podemos, señalada por IU como un objetivo de primer orden, tampoco ha servido para impulsar los resultados del espacio a la izquierda del PSOE, al menos en Andalucía. Es cierto que el pacto para una candidatura conjunta de cara a las elecciones de este domingo se firmó a última hora y tras meses de choque frontal por la negativa de los morados a integrarse en Por Andalucía. También lo es que no se ha visibilizado durante la campaña un entendimiento demasiado estrecho entre IU y Podemos, puesto que la dirección estatal liderada por Ione Belarra se ha limitado a celebrar actos de campaña con los candidatos de su partido y no ha participado en mítines con el resto de los partidos de la coalición. Pero los resultados andaluces demuestran que reconstruir los puentes entre las izquierdas tras años de desencuentro no sirve, por sí solo, para revitalizar un espacio maltrecho, especialmente si existe un competidor directo en la izquierda alternativa.

El golpe es especialmente duro para IU, puesto que ha cosechado un muy mal resultado en que es su principal feudo electoral y con su líder como candidato. La federación queda muy tocada de cara a la negociación con Movimiento Sumar, Más Madrid y Catalunya en Comú para la reconfiguración de Sumar, en la que el peso de los diferentes actores será clave para definir asuntos como la marca, el candidato o el método de elección de las listas para las próximas elecciones generales. Y el liderazgo de Maíllo también queda dañado, puesto que el líder de IU asume en primera persona el escaso botín de Por Andalucía.

Además, el resultado de este domingo vuelve a poner el foco sobre la propuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de conformar para las próximas generales una alianza entre las izquierdas a la izquierda del PSOE comandada por los partidos de ámbito territorial. Tras conocer el éxito de Adelante, Rufián publicó un mensaje en su cuenta de X en el que aseguraba que las izquierdas de ámbito estatal “son el problema” y en el que también afirmaba que este “es el momento de las izquierdas soberanistas”, un posicionamiento que eleva la presión sobre los partidos de Sumar en favor de Adelante. No obstante, los andalucistas han evitado secundar por el momento la propuesta de Rufián, que tampoco respaldan ni ERC, ni EH Bildu ni BNG.

El pulso entre las universidades públicas y el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha atravesado buena parte de la legislatura del ahora candidato del PP a la reelección, hasta convertirse en uno de los focos de contestación política dentro de la campaña electoral andaluza.

Los últimos cuatro años del PP al frente de la Junta han sido los de mayor tensión que se recuerdan en el ámbito universitario andaluz, debido al conflicto que los rectorados de las universidades públicas han mantenido con la administración autonómica en dos frentes principales.

Por un lado, el controvertido avance de las universidades privadas –que han pasado de una a cinco desde la llegada de Moreno a la presidencia–. Y, por otro, el “incumplimiento” del modelo de financiación, que los rectores llevan dos años denunciando hasta el punto de amenazar con acudir a los tribunales.

En paralelo a las tensiones institucionales, el conflicto ha terminado por extenderse a la comunidad universitaria. Durante el último año, profesores, estudiantes y personal de administración y servicios de las distintas instituciones andaluzas –sobre todo en Jaén y en Málaga– han comenzado a organizarse en torno a plataformas en defensa de la universidad pública, protagonizando movilizaciones por una financiación justa y contra lo que consideran una tendencia hacia la mercantilización del sistema.

Actualmente, ese movimiento trabaja ya en coordinación a escala autonómica con el objetivo de consolidar una estructura estable de movilización y mantener las protestas más allá del ciclo electoral. Aseguran que las protestas continuarán “gobierne quien gobierne”, aunque preocupa especialmente la continuidad del actual Ejecutivo del PP, como apuntan las encuestas. “Moreno lleva ocho años y si hubiera querido hacer algo bueno por la pública, lo hubiera hecho ya”, señala al respecto Salvador Pineda, portavoz de UMAxlaPública, precursora de la coordinadora andaluza.

De Málaga a Sevilla: el germen de un movimiento coordinado

El origen de esta coordinación andaluza se sitúa en la Universidad de Málaga (UMA), donde hace justo un año surgió una de las primeras plataformas para defender los intereses de la pública. La situación financiera de la UMA es especialmente compleja, pues permanece bajo supervisión financiera de la Junta después de que el Gobierno andaluz inyectara un crédito extraordinario para rescatarla de una crisis “sin precedentes” en diciembre de 2024.

A partir de entonces, explican desde la plataforma, el rectorado llevó a cabo “una serie de recortes” que llevaron a los distintos colectivos de la comunidad universitaria a plantear la necesidad de dar una respuesta conjunta ante la situación de “infrafinanciación” que percibían. A ello sumaron también la crítica del auge de las privadas, ya que Málaga concentra el mayor desembarco de centros privados de la comunidad andaluza.

Ese malestar, que había estallado primero en la UMA, pronto comenzó a resonar en otras universidades públicas. En la Universidad de Sevilla, la más grande de Andalucía, el conflicto que venían denunciando sindicatos como CCOO adquirió una nueva dimensión cuando el Rectorado anunció a mediados de abril un plan de ajuste para recortar 16 millones de euros. Entre otras medidas, se reducirá el número de grupos, se cerrarán algunas facultades en turno de tarde y se limitará la contratación de profesorado.

En ese momento, la comunidad universitaria de la Hispalense impulsó su propia plataforma –USxlaPública– en un proceso que, según sus portavoces, se inspiró tanto en la experiencia malagueña como en el movimiento universitario de Madrid. “Vimos que el patrón se repetía y que la causa es la misma: la política del Gobierno andaluz de asfixiar a la universidad pública”, recuerda Ana Rincón, portavoz de USxLaPública y enlace en la coordinadora andaluza.

Al detectar también esas reivindicaciones compartidas entre universidades, Salvador Pineda empezó a contactar con sus homólogos en otros campus. Un mes después de esas conversaciones iniciales, convocaron la primera manifestación de la nueva red de Universidades Andaluzas x la Pública, a las puertas de la campaña electoral del 17M. Pero ese fue “solo el inicio” de un proceso de organización más amplio en el que trabaja ya la coordinadora andaluza, como afirman sus impulsores.

Más allá de las elecciones

Ese proceso de coordinación ha cristalizado en un movimiento que prepara ya nuevas acciones de protesta para el próximo curso, ante el temor de que Andalucía reproduzca el modelo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que es la que menos dinero destina a sus universidades públicas. También allí la expansión de universidades privadas ha superado ya en número a las públicas, (13 frente a 6), en un escenario que desde Andalucía se percibe como un posible horizonte si no se corrige la tendencia actual.

En la comunidad andaluza, antes de la llegada de Moreno a la Junta, existía una única universidad privada —la Universidad Loyola, en Sevilla—, mientras que en la actualidad hay cinco autorizadas y otras seis se encuentran en distintas fases de tramitación. Para los colectivos universitarios, este crecimiento refleja un cambio de paradigma en el sistema universitario andaluz impulsado por las “políticas privatizadoras” que atribuyen al Gobierno de Moreno.

Por ello, trabajan en la consolidación de una estructura estable de movilización con vistas a articular una respuesta coordinada frente a lo que consideran un deterioro progresivo del sistema público.

La universidad en el tablero político

La universidad se ha consolidado así como uno de los asuntos con mayor carga política en el debate público, junto a la sanidad. Aunque tradicionalmente ha sido un sector menos movilizado en las calles que otros servicios públicos, la combinación de infrafinanciación, tensiones institucionales y expansión del sector privado ha activado un nivel de organización inédito en el ámbito universitario andaluz.

Los colectivos implicados aseguran que su intención es mantener la movilización con independencia del resultado electoral del próximo 17 de mayo, aunque reconocen que la continuidad del actual Gobierno autonómico será un factor determinante en la intensidad del conflicto en los próximos meses.

En ese contexto, el movimiento universitario andaluz se prepara para un nuevo ciclo de protestas a partir del próximo curso, con la intención de asentar una movilización estable que ya no se limita a los rectorados y que aspira a convertir la defensa de la universidad pública en uno de los grandes frentes sociales de la próxima legislatura.

Cuatro familias del CEIP Francisca Romero, en Sevilla, se han visto obligadas a escolarizar a sus hijos en dos centros distintos por falta de plazas en Infantil. Este colegio público ubicado en el distrito Macarena cuenta con una sola línea de tres años desde que la Junta de Andalucía suprimió la otra que tenían debido a la baja matriculación. Pese a que la tendencia ha cambiado y las solicitudes de admisión ya superan al número de plazas disponibles, el aula sigue cerrada.

En los últimos tres cursos, el centro ha registrado un aumento constante de solicitudes: 28, 35 y 29, respectivamente, según datos facilitados por la dirección, sin contar las peticiones fuera de plazo que llegan entre marzo y junio. La consecuencia la sufren las familias: con una ratio de 22 alumnos en Infantil de 3 años, y de 25 en el resto de niveles, el próximo curso se quedarán fuera al menos 14 menores que han elegido este colegio como primera opción.

El caso de este centro refleja una de las tensiones recurrentes en la planificación educativa andaluza. Desde la llegada del Partido Popular a la Junta en 2019, se han suprimido 2.758 aulas de Infantil y Primaria, según datos recopilados por el sindicato USTEA a partir de las publicaciones del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La administración autonómica justifica estos cierres en la caída de la natalidad, mientras que colegios como el Francisca Romero sostienen que existe demanda suficiente para ampliar la oferta educativa, pero no se está atendiendo.

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo consultadas por este periódico confirman que el CEIP Francisca Romero ha recibido para el próximo curso seis solicitudes por encima de la ratio. Sin embargo, apuntan a que en esa zona constan 52 plazas vacantes en nueve colegios, “así que podrán tener plaza con seguridad en alguno de los colegios elegidos”.

Un centro con alta complejidad social

La comunidad educativa del centro insiste en recuperar el aula de tres años suprimida para poder responder a una demanda que, lejos de desaparecer, ha seguido creciendo en los últimos cursos. Desde el AMPA denuncian que la situación atenta contra el derecho de libre elección de las familias y afecta a los niños que sí están matriculados. “Nos obligan a trabajar con más de 20 alumnos con una diversidad enorme, pudiendo dividirlos en dos clases de 15”, lamentan desde el centro.

El Francisca Romero está catalogado como centro de compensatoria, una figura reservada a colegios con alta complejidad social, que atienden a alumnado en situación de vulnerabilidad. De sus 300 alumnos, 70 presentan necesidades educativas especiales y una parte significativa pertenece a familias migrantes. La comunidad educativa lo define como un colegio inclusivo, con un proyecto pedagógico orientado a atender esa diversidad.

Desde la dirección aseguran que el progresivo aumento de la demanda responde precisamente a ese modelo educativo en el que se han ido especializando a través de formaciones durante los últimos años. “A base de mucho trabajo, implicación del claustro y proyectos innovadores hemos generado interés en las familias”, concluyen los responsables del centro.

En su momento entendieron que la Consejería suprimiera la línea porque no alcanzaban a cubrir las plazas, pero recuerdan que les comunicaron que era “reversible” y “si volvíamos a tener demanda nos la devolverían”. La presidenta del AMPA, Alba Carrasco, denuncia que la administración “está negando de forma reiterada” la apertura de una segunda línea incluso cuando la necesidad es “evidente”. También critican que en la zona haya centros concertados con menor demanda que mantienen más unidades, según la información que han podido obtener las familias.

Alumnado con necesidades en un aula saturada

La falta de plazas obliga a separar hermanos en distintos colegios y complica la conciliación de las familias que escogen este centro como primera opción por cercanía o logística. Pero el recorte de aulas también afecta a los menores que permanecen escolarizados, pues “al perder unidades, perdemos recursos”, como señala la presidenta del AMPA en el CEIP Francisca Romero.

Desde el área de Pedagogía Terapéutica (PT) del centro reconocen que los tutores están “desbordados” porque tienen que atender a más de 20 niños en un aula que reúne cada vez a más alumnado con necesidades específicas. “Con una ratio tan elevada no es posible atenderlos a todos con la atención que necesitan”, traslada el profesorado, que recuerda que Infantil es una etapa vital en el desarrollo del alumnado.

Las familias se muestran preocupadas ante grupos de 25 menores con una sola docente. “La situación es insostenible tanto para el alumnado como para la maestra”, denuncian desde el AMPA. Su presidenta explica que “son niños muy pequeños que requieren atención constante”. “Algunos se hacen pipí encima, requieren ayuda para vestirse, apoyo emocional, acompañamiento en la adaptación escolar y una supervisión continua, y muchos con necesidades especiales educativas y de otros países, que no conocen el idioma”, añade Alba Carrasco en nombre del resto de familias.

“No es solo una cuestión de números, es la imposibilidad de atender adecuadamente sus necesidades”, resume la representante de las familias, que han solicitado a la administración en varias ocasiones que las aulas de infantil se desdoblen. A esta petición se suma el profesorado, convencido de que “con dos aulas se podría garantizar una educación más individualizada, más personalizada y adaptada a las necesidades que tienen”.

El Gobierno de España ha activado el procedimiento para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley universitaria andaluza, tras advertir posibles “injerencias” en la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Española, según consta en un informe jurídico del Ministerio de Política Territorial, previo al recurso, al que ha tenido acceso este periódico.

El Ejecutivo central aprecia “incompatibilidades constitucionales” en 26 artículos y tres disposiciones adicionales de la norma andaluza, aprobada el pasado mes de febrero con el voto en solitario del PP de Juan Manuel Moreno y el rechazo en bloque de toda la oposición.

Los rectores ya advirtieron de que la ley rozaba lo inconstitucional y pusieron “en entredicho su legalidad”, aunque no recurrieron la norma ante el Tribunal Constitucional por carecer de competencias para ello, según explica el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Paco Oliva. Ha sido ahora el Gobierno de Pedro Sánchez quien ha tomado la iniciativa, al iniciar el proceso previo a la formalización del recurso de inconstitucionalidad.

La normativa establece que, antes de elevar el recurso al Constitucional, el Ejecutivo central y la comunidad autónoma afectada deben abrir una vía de diálogo para tratar de resolver el conflicto planteado. Para ello, el procedimiento exige que la Administración General del Estado convoque la Comisión Bilateral de Cooperación —el órgano de negociación entre el Estado y la comunidad autónoma— como paso previo a la impugnación de la ley.

Es precisamente en este punto donde se encuentra actualmente el proceso. Según ha podido saber este medio, el Ministerio de Política Territorial ya ha notificado a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía su intención de convocar la Comisión Bilateral con el objetivo de “iniciar negociaciones para resolver las discrepancias” detectadas en la norma andaluza. Fuentes de la citada Consejería confirman a este periódico que han contestado aceptando la negociación.

Negociar para evitar la vía judicial

A partir de ahora, añaden las mismas fuentes, corresponde al Gobierno central remitir el acuerdo formalizado para iniciar los trámites de convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación. De esas conversaciones dependerá que finalmente se formalice o no el recurso de inconstitucionalidad. Si la administración autonómica acepta introducir ajustes en el texto normativo, se podría evitar la vía judicial.

No es la primera vez que el Gobierno central y la Junta de Andalucía abren una negociación en el marco de la Comisión Bilateral para frenar recurrir al Tribunal Constitucional. Hace justo un mes, ambas administraciones acordaron iniciar conversaciones para tratar de resolver las discrepancias existentes sobre la Ley de Vivienda andaluza. Además, mantienen abiertos otros frentes de negociación en torno a distintas normas autonómicas, entre ellas, la Ley de espacios productivos para el fomento de la industria en Andalucía.

Existen además precedentes de acuerdos que evitaron finalmente la vía judicial. En 2022, el Estado y el Gobierno andaluz alcanzaron un pacto sobre la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), después de que la Junta aceptara modificar varios aspectos que el Ejecutivo central consideraba invasivos de competencias estatales.

Una ley cuestionada por los rectores y sindicatos

Estos movimientos se producen apenas tres meses después de la aprobación de la norma y en plena recta final de la campaña electoral andaluza, donde la universidad se ha convertido en uno de los ejes principales del debate político. Los partidos de izquierda, que aspiran a arrebatar la mayoría absoluta a Moreno, han criticado duramente la gestión universitaria del Ejecutivo andaluz y su apuesta por la privatización del sistema académico.

La Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) ha sido una de las principales apuestas legislativas del Gobierno de Juan Manuel Moreno, aunque desde su tramitación ha recibido fuertes críticas tanto de los sindicatos como de las diez universidades públicas andaluzas. De hecho, este miércoles, CCOO ha solicitado al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la norma andaluza.

La organización sindical sostienen que la norma podría vulnerar el derecho a la autonomía universitaria en aspectos relacionados con la capacidad de autogobierno, autorregulación y autonomía económica y financiera de las universidades públicas. Y advierte de una posible invasión de competencias reservadas al Estado, especialmente en materia de figuras docentes e investigadoras.

Los rectores ya habían alertado durante la tramitación parlamentaria de que la norma se situaba “en el límite de la inconstitucionalidad” por cuanto “invade la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Española” y “vulnera” artículos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Las universidades públicas también denunciaron en el texto “una injerencia injustificada de la administración pública en el ejercicio de la autonomía universitaria”.

En esa misma línea, el informe jurídico del Ministerio de Política Territorial analiza la LUPA y argumenta posibles incompatibilidades con la normativa estatal y con la Constitución Española. El documento concluye que existen fundamentos suficientes para activar el procedimiento de resolución de controversias ante el Tribunal Constitucional, al considerar que varios preceptos podrían vulnerar tanto la autonomía universitaria como las competencias exclusivas del Estado.

El informe sostiene que la ley andaluza introduce una regulación excesivamente intervencionista, que limita la capacidad de autoorganización de las universidades públicas andaluzas. “Con objeto de evitar cualquier posible tacha de inconstitucionalidad”, el Gobierno central propone reformar la norma, ya sea mediante una solución negociada o, en su defecto, impugnando judicialmente los artículos que puedan vulnerar el orden constitucional.