El primer teléfono móvil llega cada vez antes a la vida de los niños, niñas y adolescentes andaluces. Esa es una de las conclusiones a las que llega el último informe sobre Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital, elaborado por UNICEF España con la colaboración de su comité andaluz y la Junta de Andalucía.

Según el estudio, basado en las respuestas de 5.153 escolares de entre 10 y 20 años de 45 centros educativos de Andalucía, la edad media de acceso a un dispositivo propio con conexión a internet se sitúa en los 10,52 años. La presencia en redes sociales también está generalizada: el 84,4% del alumnado de 5º y 6º de Primaria ya está registrado en alguna red social, un porcentaje que alcanza el 94,5% en el conjunto de la muestra.

El informe ofrece así una radiografía de los hábitos de los menores en el entorno digital, pero también de los riesgos a los que se enfrentan: desde el ciberacoso y la violencia en las relaciones de pareja hasta los usos problemáticos de las redes sociales, asociados a peores indicadores de salud mental.

Más del 50% usa el móvil de madrugada

La presencia de los menores en las redes sociales no solo es cada vez más temprana, sino también más intensa. Uno de cada diez adolescentes (el 10,1%) dedica más de cinco horas diarias a las redes sociales durante los días lectivos, un porcentaje que se eleva hasta el 23,4% los fines de semana. WhatsApp (80,8%), YouTube (79,9%), TikTok (70,9%) e Instagram (62,1%) son las aplicaciones más utilizadas.

La conexión tampoco se interrumpe necesariamente cuando llega la hora de dormir. El 43% de los escolares tiene el teléfono móvil en su habitación todas o casi todas las noches y, entre quienes mantienen este hábito, el 51,2% reconoce utilizarlo de madrugada. Una dinámica que, junto al uso intensivo de las pantallas, plantea interrogantes sobre el descanso y los espacios de desconexión durante una etapa clave del desarrollo.

Más allá del tiempo de conexión, el informe advierte de que una parte de los adolescentes podría haber desarrollado patrones de uso problemático de las redes sociales y conductas inadecuadas, relacionados con una exposición digital temprana y sin acompañamiento.

En Andalucía, el porcentaje alcanza el 6,6% del alumnado, superando el 5,7% registrado en el conjunto de España. La incidencia del uso problemático es casi el doble entre las chicas (8,7%) que entre los chicos (4,5%) y aumenta con la edad, hasta alcanzar el 9,8% en Bachillerato y Formación Profesional.

Impacto de las redes en la salud mental

Los resultados muestran también diferencias importantes en los indicadores de salud mental entre quienes presentan un uso problemático de estas plataformas y quienes mantienen un uso considerado normativo. Entre los primeros, el 34,5% presenta síntomas de ansiedad y el 37% de depresión, frente al 13,1% y el 11,3%, respectivamente, del segundo grupo.

La relación también aparece en los indicadores de riesgo suicida, que se triplica: el porcentaje de adolescentes con riesgo elevado pasa del 6,6% entre quienes hacen un uso normativo de las redes al 20,4% entre quienes presentan un uso problemático.

El ciberacoso escolar constituye otro de los riesgos identificados. El 8,4% del alumnado andaluz presenta indicadores de cibervictimización, según la escala específica utilizada en el estudio. Cuando se pregunta directamente a los escolares, el 11% afirma haber sufrido ciberacoso en algún momento de su vida.

El informe también encuentra una relación entre la cibervictimización y peores indicadores de salud emocional: quienes la sufren presentan un riesgo suicida elevado cuatro veces mayor que quienes no están involucrados en estas dinámicas.

La violencia también se traslada a las relaciones digitales

Uno de los datos más relevantes del estudio aparece en el ámbito de las relaciones afectivas. Uno de cada tres adolescentes andaluces (32,6%) que tiene o ha tenido pareja reconoce haber sufrido alguna manifestación de violencia digital de forma frecuente, al menos una vez al mes.

Entre las conductas más habituales, figuran el control de las amistades de la pareja en redes sociales, que reconoce haber sufrido el 21,9%; la vigilancia de dónde o con quién está a través de dispositivos digitales (15,1%) y la revisión del teléfono móvil sin consentimiento (14,8%). Las chicas refieren más presiones para enviar fotos o videos con contenido erótico o sexual (12,9% frente a 5,4% de los chicos).

La exposición temprana a contenidos sexuales ejerce “un papel modulador de actitudes y conductas desde la infancia”, según el informe. En Andalucía, la edad media del primer contacto con la pornografía se sitúa en los 11,51 años. El 30,3% del alumnado afirma haber visto este tipo de contenidos alguna vez y aproximadamente uno de cada diez reconoce consumirlos semanalmente.

Pornografía, videojuegos y apuestas

En uno de cada tres casos, el primer acceso se produce de manera fortuita y el 71,9% considera que le ha resultado bastante o muy fácil acceder a estos contenidos. Las diferencias por sexo también son significativas: el 43,3% de los chicos afirma haber visto pornografía, frente al 16,4% de las chicas.

El estudio identifica además un patrón de consumo problemático de la pornografía en el 21,4% de los adolescentes que la consumen. La incidencia es especialmente elevada entre los chicos: alcanza el 14,2%, frente al 2,2% de las chicas. El porcentaje también es mayor en el uso de videojuegos: casi 4 de cada 10 chicos andaluces (39,8%) presentan un uso problemático en este ámbito frente a 2 de cada 10 chicas (20,7%).

Más preocupantes son los datos relativos a las apuestas con dinero. Pese a estar prohibidas para los menores de edad, el 11,9% de los menores de 18 años encuestados reconoce haber apostado o jugado dinero alguna vez. De ellos, el 78% asegura que nunca le pidieron el DNI para comprobar su edad. Las webs de apuestas y los propios videojuegos aparecen entre las principales vías de acceso al juego online.

El papel de las familias y la falta de límites

El informe también pone el foco en el acompañamiento familiar y en la capacidad de los progenitores para establecer hábitos saludables en el uso de la tecnología. Aunque más de la mitad (el 52,1%) habla habitualmente con sus hijos sobre los riesgos de internet y cómo prevenirlos, el porcentaje cae hasta el 43,8% cuando se pregunta por el establecimiento de normas sobre el tiempo que pasan con el móvil, internet o las redes sociales. Solo el 27,7% pone límites a los contenidos que sus hijos e hijas publican.

Partiendo de estos resultados, UNICEF destaca que la mediación parental sigue siendo “un área de mejora en los hogares andaluces”. Hábitos sencillos como no dormir con el móvil en la habitación o evitar su uso durante las comidas familiares pueden reducir a la mitad las tasas de uso problemático y las conductas de riesgo online, según el informe.

El ejemplo de los adultos también influye en los hábitos digitales de los menores. El 25,7% del alumnado afirma que sus progenitores utilizan habitualmente el teléfono móvil durante las comidas o cenas familiares.

Propuestas para mejorar

Ante esta situación, UNICEF y las entidades que colaboran en el estudio plantean reforzar la educación digital de las familias, mejorar los protocolos de protección frente a la violencia digital y abordar el malestar emocional y los usos problemáticos de la tecnología desde los ámbitos educativo y sanitario. También reclaman una mayor responsabilidad de las empresas tecnológicas en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

“Nos encontramos ante una generación que vive hiperconectada y que, aunque es más consciente de los peligros que conlleva el uso de la tecnología digital, sigue afrontando importantes retos. Tenemos la responsabilidad colectiva de garantizar su protección y la de sus derechos en el mundo digital”, resume José Sánchez, presidente de UNICEF Comité Andalucía.

Las universidades públicas andaluzas han puesto cifras a la “infrafinanciación” que llevan dos años denunciando ante la Junta. Tras meses de trabajo en la comisión técnica constituida junto a las consejerías de Universidad y Hacienda, los rectores han concluido ahora que el Gobierno andaluz debe “al menos” 38 millones de euros adicionales antes de que termine 2026, mientras que el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio deja otros 41 millones sin cubrir.

En total, 79 millones de euros que consideran necesarios para cumplir íntegramente el modelo de financiación autonómico y evitar que el déficit se convierta en un problema “crónico” para el conjunto del sistema universitario público andaluz. Así lo han advertido los nueve rectores en un comunicado conjunto, donde insisten en que si no se corrige “de inmediato” esta “infrafinanciación estructural”, el sistema se verá abocado a “consecuencias enormemente injustas e inasumibles para el personal y el estudiantado universitarios, algo del todo incomprensible en el momento de mayor bonanza económica en la historia de Andalucía”.

Se trata, no obstante, de estimaciones que han avanzado este viernes las universidades públicas y que todavía no cuentan con el aval de la Junta. La Consejería de Universidad asegura a este periódico que la comisión técnica sigue trabajando y que sus integrantes aún no han terminado de analizar toda la documentación.

El anuncio llega después de que las universidades cerraran 2025 con un déficit ajustado de 44 millones de euros, un resultado que confirmó los avisos que los rectores venían trasladando desde hacía tiempo: la financiación que reciben de la Junta ya no basta para cubrir los costes fijos de funcionamiento, especialmente por el aumento de los gastos de personal.

38 millones pendientes para cerrar 2026

La primera reclamación tiene carácter inmediato. Los rectores estiman que la Junta debe transferir “al menos 38 millones de euros” antes de que finalice el año para cumplir la cláusula de salvaguarda del modelo de financiación correspondiente a 2026. Este mecanismo establece que ninguna universidad puede recibir cada año menos financiación que en el ejercicio anterior y debe tener en cuenta, entre otros factores, los incrementos salariales y las obligaciones retributivas de las plantillas (es decir, para poder atender las nóminas “en su totalidad”).

De acuerdo con fuentes universitarias, la cantidad se ha calculado siguiendo los criterios técnicos acordados en la comisión integrada por representantes de las gerencias universitarias y de la Consejería de Universidad, en colaboración con Hacienda. El dinero, además, debería llegar mediante un segundo reparto presupuestario antes del cierre del ejercicio, tal y como se acordó en el Consejo Andaluz de Universidades del pasado 17 de abril. A menos de dos meses de terminar el año, ese reparto “sigue sin materializarse”, según trasladan los rectores.

La advertencia tiene una consecuencia directa sobre las cuentas de las instituciones: las universidades deben afrontar íntegramente las obligaciones retributivas con sus trabajadores, pero siguen sin conocer con certeza todos los ingresos con los que podrán hacerlo. De ahí que los rectores alerten de que, si no se corrige la situación de inmediato, el déficit dejará de ser un problema puntual para instalarse de forma estructural en el conjunto del sistema.

Un presupuesto de 2027 “insuficiente”

La segunda parte de la reclamación se remite al proyecto de presupuestos de la Junta para 2027. Las cuentas, aprobadas en Consejo de Gobierno hace una semana, contemplan 1.979 millones de euros para las universidades públicas andaluzas, un incremento del 10,5% respecto al ejercicio anterior, como destacó el propio consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela. Los rectores reconocen el aumento de la dotación, pero aseguran que sigue siendo “insuficiente para cumplir” todos los compromisos recogidos en el modelo de financiación.

En concreto, calculan que faltan al menos otros 41 millones de euros: 15 millones para completar la cláusula de salvaguarda y más de 26 millones correspondientes a la actualización de los gastos corrientes de las universidades, recogidos en el capítulo II. Esta última partida incluye suministros y servicios esenciales para el funcionamiento de los campus, como la electricidad, la limpieza o la seguridad.

A todo ello habría que sumar la partida correspondiente al mecanismo de nivelación, contemplado en el modelo para corregir desigualdades entre universidades y garantizar una calidad homogénea en el sistema universitario. Las universidades piden que se dote con recursos suficientes y que se negocie teniendo en cuenta las singularidades de cada institución, especialmente aquellas que “arrastran años de infrafinanciación y que no pueden equilibrar sus cuentas únicamente con medidas de ajuste del gasto”, según denuncian los rectores.

Otras discrepancias en los presupuestos para 2027

Las universidades públicas también cuestionan otras decisiones incluidas en las cuentas autonómicas para 2027. Una de ellas es la línea de 50 millones de euros en préstamos públicos para inversiones extraordinarias en infraestructuras, con intereses de entre el 1% y el 1,9%. Una fórmula que los rectores consideran que “no sustituye al plan plurianual de infraestructuras” que le vienen reclamando a la administración autonómica “en el ejercicio de sus competencias”. Además, lamentan que la Junta no haya atendido su petición de eliminar los intereses.

A estas reivindicaciones se suma la revisión de la cota de personal, al considerar que los límites de gasto contemplados en el proyecto presupuestario “no se corresponde con la realidad” de la evolución de las plantillas ni las obligaciones retributivas que han asumido las universidades, en buena medida derivadas de decisiones “ajenas” a sus propias instituciones.

La última advertencia afecta a la investigación. Los rectores alertan de que la inversión prevista para esta actividad sufre una “fuerte caída”, al pasar de 158 a 127 millones de euros en 2027, un descenso cercano al 20% que consideran “incompatible” con el objetivo de impulsar una economía basada en el conocimiento y el desarrollo científico y tecnológico desde Andalucía.

Dos años de conflicto y una nueva prueba para la Junta

Las reclamaciones trasladadas este viernes marcan un nuevo capítulo en el desencuentro entre las universidades públicas y el Gobierno andaluz. El conflicto se intensificó en 2024, cuando los rectores llegaron a plantear la vía judicial por una deuda que cifraban entonces en cerca de 50 millones de euros, derivada del “reiterado incumplimiento” del modelo de financiación aprobado en 2023.

La constitución de la comisión técnica abrió meses después una nueva vía de diálogo para determinar las necesidades reales del sistema y calcular las cantidades que correspondían a las universidades. Los rectores confiaban en que sus conclusiones permitieran reconducir la situación y elaborar los presupuestos de 2027 con una financiación suficiente. Ahora, tras meses de trabajo, han puesto sobre la mesa sus propias estimaciones: 38 millones adicionales para 2026 y otros 41 millones que consideran necesarios para el próximo ejercicio.

Estas cantidades, sin embargo, todavía deben ser validadas por la administración autonómica. Preguntada por este periódico, la Consejería de Universidad sostiene que aún no existen resultados de la comisión técnica, por lo que las cifras presentadas por los rectores no cuentan por el momento con el visto bueno de la Junta.

Mientras tanto, los rectores exigen que “el cumplimiento del modelo no puede seguir produciéndose solo de forma parcial y mediante dotaciones extraordinarias que no se consolidan”, apuntando a la necesidad de que la financiación se ajuste de forma estable al modelo autonómico. De lo contrario, advierten, el desequilibrio financiero terminará afectando tanto a las plantillas como al estudiantado y a la capacidad de los campus para mantener su actividad académica e investigadora.

Pese a reconocer el incremento presupuestario anunciado por el Gobierno andaluz y reiterar su disposición a negociar, advierten de que varias instituciones han llegado “al límite”, tras agotar ya su margen de ajuste y no poder seguir absorbiendo con recursos propios el desfase entre ingresos y gastos. Entre las universidades más afectadas, se encuentra la Hispalense, que ha recortado distintas partidas presupuestarias para tratar de garantizar el pago de las nóminas hasta final de año, afectando al profesorado y a programas emblemáticos como el Aula de la Experiencia para mayores.

Por todo ello, desde los rectorados apelan “a la responsabilidad de la Junta de Andalucía” de dotar al sistema universitario público andaluz de “una financiación suficiente, estable y previsible”. En caso contrario, fuentes universitarias deslizan que “habrá que tomar otras decisiones más adelante”.

Andalucía ha registrado hasta este mediodía siete de las 64 denuncias por desaparecidos en el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que han perdido la vida 69 personas que viajaban desde Madrid con destino a Sevilla.

Este dato, por sí solo, no permite concluir que siete de las 64 víctimas aún sin identificar fueran andaluzas o residieran en Andalucía, pues todavía se desconoce cuántos eran pasajeros de ida y vuelta (residentes en Madrid) y cuántos iban de regreso (residentes en Sevilla u otras provincias andaluzas).

No obstante, fuentes de la Delegación del Gobierno señalan que lo habitual es denunciar una desaparición en el lugar donde reside la persona desaparecida. Por eso, las siete denuncias registradas en Andalucía pueden dar una primera idea del impacto del accidente en la comunidad, aunque no permita determinar aún cuántas de las víctimas eran andaluzas. Esto es relevante porque Santa Justa era la estación a la que se dirigían los más de 500 pasajeros afectados por la colisión entre un AVE y un tren de Iryo a la altura de Urda.

La Guardia Civil habilitó cuatro oficinas para atender a los familiares de primer grado de las víctimas del accidente ferroviario, situadas en Toledo, Madrid, Córdoba y Sevilla. Desde que se produjo el siniestro, la prioridad ha sido identificar a las personas desaparecidas y recoger muestras de ADN que permitan cotejar los restos hallados con el material genético de sus familiares.

Las siete denuncias presentadas en Andalucía se han recopilado en el cuartel de Eritaña, en Sevilla, lo cual no significa que todos los familiares que han acudido a estas dependencias residan en la provincia sevillana, según precisan fuentes de la Guardia Civil.

Cómo se recogen las muestras de ADN

El procedimiento comienza con la presentación de la denuncia por desaparición y la cumplimentación de una ficha con los datos de la persona buscada. En ella se detallan características físicas que puedan facilitar su identificación, como tatuajes, cicatrices, quemaduras o implantes, según explican fuentes de la Guardia Civil.

A continuación, los agentes recogen muestras biológicas de los familiares mediante un kit específico, que permite obtener material genético a partir de la saliva acumulada en el interior de la mejilla. Las muestras se introducen en sobres precintados y se trasladan a Madrid, bajo los protocolos de cadena de custodia, para su análisis en el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Una vez allí, el ADN de los familiares se coteja con el obtenido de los restos de las víctimas para tratar de establecer su identidad. Para facilitar la identificación, las autoridades priorizan la recogida de muestras de familiares de primer grado, como padres, hijos o hermanos, cuyo perfil genético puede ayudar a confirmar los vínculos biológicos.

El Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND) ha elegido este lunes a Virginia Calvo como nueva presidenta con 49 votos, frente a los 29 obtenidos por el productor y humorista Manu Sánchez. El resultado afianza la línea continuista del organismo tras la dimisión forzada de Gustavo Fuentes —imputado por presunta agresión y acoso sexual a una reportera— y frustra el intento de Sánchez de abrir una nueva etapa con menor peso de la Junta de Andalucía en la entidad.

Las elecciones de este lunes escenificaban un pulso entre la vía continuista de Calvo, quien formó parte de la directiva de Gustavo Fuentes como vicepresidenta del Área de Contenidos Digitales y secretaria, y la candidatura crítica liderada por Manu Sánchez, quien aspiraba a “romper con la etapa anterior” devolviendo el protagonismo a las empresas privadas frente al “control” de la administración autonómica.

Considerada la aspirante oficialista por sus respaldos institucionales, Calvo prolonga la estrecha vinculación de LAND con la estrategia digital del Gobierno andaluz y de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA). Esta sintonía se remonta a la fundación del clúster en 2023, impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, número dos de Juanma Moreno y persona de la estrecha confianza de Fuentes. Al frente de LAND se situó al propio Fuentes, entonces CEO de Andalucía Digital Multimedia (ADM), productora público-privada participada por la RTVA y controlada mayoritariamente por la Junta a través de Sandetel, su accionista mayoritario.

El peso del Gobierno andaluz se hace notar en el propio censo electoral. De los 71 socios inscritos, 66 contaban con derecho a voto. Al disponer los 18 socios fundadores de voto doble, el censo alcanzaba los 84 sufragios en total, de los cuales la Junta aglutinaba de forma directa cerca del 15% mediante entes públicos como la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, la Agencia Digital de Andalucía (ADA), Canal Sur, ADM y Sandetel. Finalmente, se han emitido 78 votos, el 63% en apoyo a Virginia Calvo y el 37% a favor de Manu Sánchez.

Entre los electores figura Sergio Gómez Rojas, director gerente de Sandetel (adscrita a la Consejería de Industria) y, a la sazón, presidente del Consejo de Administración de ADM. Este alto cargo de la Junta, que ejercía como tesorero del LAND, fue quien alertó a Gustavo Fuentes de que una testigo clave del caso en el que está imputado por agresión sexual le había denunciado por amenaza de muerte a través de una red social. 

Intento frustrado de arrebatar el clúster a la Junta

La candidatura de Manu Sánchez aspiraba a dar un golpe de mano que arrebatara la hegemonía de la Junta, que para el ejercicio de 2026 ha asignado a LAND una subvención nominativa de 150.000 euros. Al frente de 16 Escalones —una de las productoras independientes más activas de la comunidad— y con una notable proyección como presentador de El perro andaluz (RTVE), Sánchez representa una de las voces públicas más influyentes, críticas y marcadamente andalucistas del panorama audiovisual frente a las políticas del Partido Popular. 

Respaldado por firmas de peso en la industria como La Claqueta, el comunicador defendía la necesidad de “apretarle a la administración” y reivindicaba que “tiene que ser el sector privado y el audiovisual el que lidere los intereses de este clúster, porque venimos de una etapa donde las instituciones tienen la voz cantante y la administración tiene ahora en su poder casi el 25% de los votos”. Desde su entorno denuncian presiones del Gobierno de Moreno sobre empresas del sector a través de llamadas para inclinar la balanza en favor de la lista oficialista.

El relevo en la cúpula de LAND se precipitó el pasado 9 de junio, cuando la entidad anunció el cese de Fuentes tras revelar elDiario.es que un juzgado de violencia sobre la mujer lo investigaba desde marzo por presuntos delitos de agresión y acoso sexual contra una reportera. Fuentes había comunicado formalmente su renuncia un mes antes sin detallar los motivos ni hacer referencia al procedimiento judicial. Su salida abrió entonces un proceso electoral para renovar los órganos de gobierno del clúster, que ha culminado este lunes con la victoria de Calvo, empresaria procedente del sector de los videojuegos.

El terremoto que desencadenaron los detalles más escabrosos de la denuncia de la reportera cimbrearon los cimientos del Gobierno de Moreno, copropietario de la productora ADM (con un 48% de participación), y de Canal Sur, su principal proveedor. Además, la imputación de Fuentes erosionó la reputación del clúster, afectando a las reuniones nacionales e internacionales que tenían agendadas con el sector.

El impacto del caso también se reflejó en el organigrama autonómico: el LAND pasó por tres consejerías distintas, dejando de estar adscrito al departamento encabezado por Sanz para depender de la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, que lidera José Antonio Nieto.

La propuesta de Manu Sánchez buscaba precisamente “pasar página” y convertir el clúster en un grupo de presión empresarial independiente, alejado de la tutela directa de las instituciones públicas. Su desembarco en la presidencia del LAND abría la puerta a una revisión de la gestión previa y auguraba un nuevo rumbo estratégico. Sin embargo, el peso institucional se ha impuesto en las urnas y la candidatura oficialista mantendrá las riendas de la entidad.

La Universidad de Sevilla (US) ha aplazado de octubre a enero de 2027 el inicio del curso del Aula de la Experiencia en sus sedes provinciales debido a la “situación financiera que padece” la institución. La decisión, comunicada en estos términos a los ayuntamientos el 6 de octubre –un día antes de la fecha prevista para la automatrícula–, conlleva cambios en la oferta académica y una reducción de las horas lectivas de este programa universitario dirigido a mayores de 50 años, según denuncian responsables municipales.

El Aula de la Experiencia cumple este curso 30 años, desde que se puso en marcha por primera vez en Sevilla capital el curso 1996/1997. Actualmente, está implantada en 14 municipios de la provincia, donde ofrece “un programa científico-cultural y social dirigido a promover la ciencia y la cultura, al mismo tiempo que las relaciones intergeneracionales para mejorar la calidad de vida de las personas mayores”, según aparece descrito en su página web.

Ayuntamientos como el de Mairena del Aljarafe tenían ya preparada la programación para comenzar las clases este miércoles y habían registrado la preinscripción de 269 personas. Sin embargo, una comunicación firmada por el vicerrector de Relaciones Institucionales dictó paralizar el proceso hasta nueva orden. El cambio de calendario se abordó en una reunión celebrada este martes entre la Universidad y los representantes municipales. Algunos de estos últimos califican el encuentro de “difuso y confuso” porque, aseguran, no se concretaron las nuevas condiciones económicas y académicas del programa.

Desde la Hispalense hablan de un “nuevo formato” en las sedes provinciales “atendiendo a la necesidad de contención de gastos que la US está aplicando actualmente” pero niegan que se trate de un recorte en el programa en el número de alumnos o de sedes. Los responsables municipales, en cambio, advierten que los cambios introducidos “merman muchísimo la vida del Aula de la Experiencia”, empezando por reducir el periodo lectivo. En el caso de Mairena del Aljarafe, la concejala delegada de Planificación y Compromiso Educativo, Blanca de Pablo, explica que la programación va a pasar de 80 horas lectivas a 50, lo cual se traduce en tres módulos menos de contenido (un 37,5%).

El anuncio llega, además, la misma semana en la que la institución acaba de celebrar este jueves el acto de inauguración del programa en la capital, donde las clases ya están en marcha desde septiembre. Representantes municipales presentes durante el encuentro del martes trasladan su malestar e incertidumbre ante los cambios anunciados, por haberse comunicado cuando ya habían iniciado la organización del curso y la preinscripción del alumnado.

Fuentes de la Hispalense detallan a SevillaelDiario.es que dicho “nuevo formato” se está trabajando “de forma individualizada” con cada uno de los ayuntamientos de los pueblos que tienen sede provincial, con el fin de que ellos optimicen los recursos. “Las corporaciones locales tienen mucho protagonismo en este programa, que goza, de muy buena aceptación en la provincia y se inserta en la vida cultural y social de los pueblos con sedes”, confirman desde la Universidad.

Aumentar el precio de la matrícula o la aportación de los municipios

En la comunicación dirigida a los responsables municipales, a la que ha tenido acceso este periódico, el vicerrector del que depende el Aula de la Experiencia explicó que las directrices presupuestarias de la Gerencia para 2027 obligan a “reajustar el presupuesto del aula” para evitar “una situación de déficit” que comprometa el pago al profesorado y a los coordinadores de las sedes.

Este reajuste se enmarca en las dificultades financieras que atraviesa la Universidad de Sevilla, que cerró 2025 con un déficit de 14,8 millones de euros. En este contexto, se aprobó un plan de ajuste para reducir 16 millones de su presupuesto y tratar de garantizar así el pago de las nóminas. La situación también afecta al profesorado, que ha denunciado el impago de cinco millones de euros en complementos salariales desde 2025. Fuentes universitarias aseguran, además, que todavía faltarían al menos 13 millones para llegar a final de año.

En lo relativo al programa provincial, el vicerrector también anunció “la implantación de un canon sobre los ingresos por matrícula” y apuntó a posibles cambios futuros en el precio que paga el alumnado por la matrícula o en las aportaciones de los ayuntamientos, “antes que reducir el importe de la docencia y la coordinación, dado lo ajustados que ya están ambos”, apuntaba el escrito remitido a los municipios.

Según fuentes municipales, en la reunión del martes la Universidad planteó reducir del 100% al 25% la cantidad que devuelve a los consistorios por las matrículas, cuyo precio es de 70 euros por alumno. Hasta ahora, explican estas fuentes, la Universidad gestionaba las inscripciones y reembolsaba a los ayuntamientos el importe íntegro. La incorporación de ese canon del 25% sobre el ingreso por matrícula repercutirá en la aportación de los ayuntamientos en mayor medida pero no en el alumnado, aseguran desde la Universidad.

Con el nuevo modelo que se les ha planteado, la institución abonaría a los municipios únicamente 17,50 euros de esa recaudación y el resto lo tendrían que asumir los consistorios. No obstante, las condiciones económicas definitivas aún están pendientes de concretarse. Según fuentes municipales, los ayuntamientos han sido emplazados la próxima semana a una reunión individualizada para abordar el caso concreto de cada sede.

En el programa provincial hay 14 sedes y en el curso 25/26 se matricularon 1.409 alumnos, ofertándose un total de 2.165 horas lectivas; y además un total de 54 conferencias de libre acceso a la ciudadanía de cada municipio. Este curso, la matriculación se ha retrasado al mes de enero de 2027 “para adaptar la docencia al nuevo formato de programación anual”. Según la cifra de preinscritos de nuevo ingreso, y los datos facilitados por cada sede, se estima un incremento en el número de alumnos de nuevo ingreso, llegando a los 1.600 aproximadamente. El precio de matrícula se mantiene (180 euros para el curso completo de la sede de Sevilla y 70 euros para las sedes provinciales). Son precios aprobados por Consejo Social y Consejo de Gobierno para el presente curso.

De 80 a 50 horas lectivas, el caso de Mairena del Aljarafe

Mairena del Aljarafe, una de las sedes consolidadas del programa, ilustra el impacto que los cambios pueden tener en el alumnado. El municipio tenía prevista una programación de ocho módulos de diez horas cada uno, con un total de 80 horas lectivas durante el curso. Según Blanca de Pablo, la nueva planificación reduce la oferta a 50 horas y deja fuera tres áreas de conocimiento.

El Ayuntamiento había registrado la preinscripción de 269 personas para el nuevo curso, superando el cupo máximo de 260 plazas. El programa, que cumple 20 años en el municipio, cuenta con una elevada demanda y reúne a personas mayores de 50 años —en su mayoría jubiladas— interesadas en la formación, la cultura y la convivencia.

“El Aula de la Experiencia es un programa muy querido y valorado en nuestro pueblo”, defiende la concejala, que destaca la fidelidad del alumnado y la importancia de mantener un ambiente universitario para quienes no pudieron acceder a él en otras etapas de su vida. El aplazamiento también ha dejado en suspenso los actos de inauguración y ha abierto interrogantes sobre el calendario definitivo.

Los ayuntamientos esperan conocer las condiciones económicas

La incertidumbre ha llevado a algunos municipios a plantearse la continuidad en el programa si las nuevas condiciones no resultan asumibles. Otros, como Carmona, prefieren no hacer valoraciones hasta conocer con detalle los cambios previstos. Mairena del Aljarafe y Los Palacios y Villafranca, por su parte, no se plantean abandonarlo por el impacto que tendría en sus vecinos retirar una iniciativa que, según fuentes municipales, ofrece “formación, aprendizaje y cultura a muchas personas de la localidad”.

Las críticas de algunos representantes municipales van más allá de la reducción de horas. Califican los cambios de “un atentado contra lo público, contra la educación y las personas mayores”, además de “un desprecio contra la convivencia y la cultura”. También algunos usuarios habituales han trasladado a este periódico su enfado por la falta de información y previsión con la que, aseguran, se ha comunicado la decisión.

La Universidad deberá concretar ahora las condiciones académicas y económicas del curso 2026/2027, así como el número de horas lectivas que se impartirán en cada sede. Hasta entonces, los ayuntamientos afrontan el inicio de un curso que, en la provincia, llegará con retraso y con una oferta formativa pendiente de definir.

¿Qué ocurre si ingresan a tu madre, a tu pareja o a una persona con la que compartes piso? ¿Puedes disfrutar de los cinco días de permiso después del alta hospitalaria? ¿Y si necesitas volver a utilizarlos meses más tarde? El permiso retribuido por hospitalización y enfermedad grave genera dudas entre los trabajadores y, en ocasiones, interpretaciones restrictivas por parte de las empresas.

Desde 2023, las personas trabajadoras tienen derecho a cinco días de permiso retribuido por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo domiciliario, en los supuestos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores. La reforma amplió el permiso, que hasta entonces era de dos días, e incorporó a determinadas personas convivientes entre quienes pueden dar lugar a este derecho.

Sin embargo, su aplicación sigue generando controversias. Por eso, Clara de la Colina, secretaria de Política Sindical de UGT Andalucía, recuerda la importancia de conocer los derechos laborales y pedir asesoramiento sindical cuando surjan dudas. Repasamos las claves para saber quién puede solicitar este permiso, cómo disfrutarlo y qué documentación puede exigir la empresa.

¿Cuándo se puede solicitar el permiso de cinco días?

El artículo 37.3.b) del Estatuto de los Trabajadores reconoce cinco días de permiso retribuido “por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario”.

Este derecho se aplica cuando la persona que necesita cuidados es el cónyuge o la pareja de hecho, un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, como padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, suegros o cuñados, incluyendo un familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como cualquier otra persona que conviva con el trabajador en el mismo domicilio y requiera su cuidado efectivo.

La principal novedad, por tanto, es que el permiso no se limita a los familiares. También puede solicitarse para atender a una persona conviviente con la que no exista parentesco. Es decir, “si compartes piso con un amigo o una amiga y esa persona necesita cuidados por una de estas situaciones, también puedes recurrir a este permiso”, explica De la Colina.

¿Cuándo empiezan a contar los cinco días?

Una de las dudas más habituales es si el permiso termina cuando el paciente recibe el alta hospitalaria. La respuesta es que el alta hospitalaria no implica necesariamente el fin del permiso. Si la persona necesita continuar en reposo domiciliario y requiere cuidados, el trabajador puede seguir disfrutando del permiso dentro de los límites legales. La hospitalización puede ser breve y, aun así, requerir atención en casa.

Por eso, no debe confundirse el alta hospitalaria —cuando el paciente abandona el hospital— con la recuperación total del paciente. “El alta hospitalaria no significa que la persona esté recuperada, puede ser precisamente al llegar a casa cuando más necesite cuidados”, señala al respecto la secretaria de Política Sindical de UGT Andalucía.

El permiso no se limita exclusivamente al periodo de hospitalización, sino que está en vigor mientras hasta que el paciente no reciba el alta médica, que es la que certifica la recuperación plena.

¿Se pueden disfrutar los cinco días de forma discontinua?

Durante el periodo en que la persona necesita cuidado, ya sea porque está hospitalizada o porque necesita atención domiciliaria, la persona trabajadora puede tomar esos cinco días de forma continuada o no. Esto permite organizar los cuidados con otras personas, por ejemplo, si varios familiares se turnan para atender al paciente.

“Son cinco días laborables que pueden empezar en cualquier momento que decida la persona trabajadora, durante el periodo que la persona que causa la necesidad se esté recuperando”, apunta De la Colina.

También recuerda que el permiso se disfruta en días laborables, no en días naturales. Por tanto, no deben descontarse automáticamente los fines de semana o los días de descanso como si fueran días de permiso.

¿Los cinco días son un máximo anual?

El permiso no está limitado a cinco días por año natural. Cada nuevo hecho causante que reúna los requisitos legales puede generar un nuevo derecho a disfrutar de cinco días.

Esto significa que, si durante el mismo año se producen distintas situaciones que justifican el permiso, la persona trabajadora puede volver a solicitarlo. Por ejemplo, “si a tu pareja la hospitalizan en febrero porque ha tenido una rotura y lo tienen que operar, pero en agosto también tienen que intervenir a tu madre, puedes volver a utilizar esos cinco días”, explica la representante sindical.

El Tribunal Supremo ha respaldado este criterio al rechazar que una empresa limite el disfrute a cinco días por año. También ha reconocido el derecho a completar el permiso cuando, tras una hospitalización de menos de cinco días, persiste la necesidad de reposo domiciliario.

¿Cómo se solicita y qué justificante hay que presentar?

El Estatuto de los Trabajadores establece que el permiso debe solicitarse con previo aviso y justificación. Siempre que las circunstancias lo permitan, conviene comunicar la ausencia a la empresa cuanto antes y dejar constancia de la solicitud.

Para justificar el permiso, se requiere presentar un justificante en el que conste los días que ha estado la persona hospitalizada y cuánto reposo domiciliario necesita. La documentación debe limitarse a la información necesaria para acreditar el derecho, sin revelar datos clínicos innecesarios. Como recuerda De la Colina, “el justificante no debe recoger ningún dato médico sobre el diagnóstico porque eso forma parte de la intimidad del paciente”.

En el caso de los familiares, la empresa no puede exigir requisitos adicionales, como demostrar que viven en el mismo domicilio o que el trabajador es su cuidador principal. La situación es distinta cuando se trata de una persona sin vínculo familiar: en ese supuesto sí deben acreditarse la convivencia y la necesidad de cuidado efectivo. 

¿Qué ocurre si se trata de una urgencia que no requiere hospitalización?

Hay situaciones en las que un familiar enferma de repente, un menor sufre una caída o surge una urgencia doméstica que obliga al trabajador a abandonar su puesto, pero no se produce una hospitalización ni se prescribe reposo domiciliario. En estos casos puede entrar en juego otro derecho: el permiso por fuerza mayor familiar.

El artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a ausentarse por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o convivientes, cuando sea indispensable la presencia inmediata del trabajador por enfermedad o accidente. Este permiso es retribuido por las horas de ausencia equivalentes a un máximo de cuatro días al año, conforme a lo establecido legalmente y sin perjuicio de las condiciones aplicables.

A diferencia del permiso de 5 días (que no tiene límite al año), este permiso para urgencias rápidas funciona como una “bolsa de horas” anual. Tienes derecho a ausentarte hasta el equivalente a 4 días al año. Por tanto, la gran ventaja de este permiso es su flexibilidad: se puede disfrutar por horas sueltas o por días completos. Por ejemplo, si te llaman del colegio porque tu hijo se ha caído y tienes que llevarlo a Urgencias, puedes salir de tu puesto de trabajo 3 horas antes de que acabe tu turno. Esas 3 horas se restan de tu bolsa anual de 4 días y la empresa te las tiene que pagar al 100%.

Conocer los derechos para poder ejercerlos

La información es fundamental para evitar que una interpretación incorrecta de la normativa impida a los trabajadores conciliar su vida laboral y familiar. Como advierte la secretaria de Política Sindical de UGT Andalucía, algunas personas pierden derechos por desconocimiento o reciben orientaciones demasiado restrictivas al solicitar un permiso dentro de su empresa.

Por eso, su recomendación que “cuando necesiten un permiso, se asesoren con los sindicatos”. En ese sentido, De la colina recuerda que “muchas veces las personas trabajadoras pierden derechos por falta de información. Los derechos están para defenderlos y para que las personas puedan hacer uso de ellos”.

La residencia universitaria Flora Tristán, ubicada en las Tres Mil Viviendas de Sevilla, continúa cerrada pese a los compromisos de reapertura trasladados por la Universidad Pablo de Olavide (UPO), propietaria del inmueble. Dos días después de que venciera el último plazo anunciado, estudiantes, antiguos residentes, trabajadores y colectivos sociales se han concentrado este sábado a las puertas del complejo para reclamar una fecha concreta y denunciar que, según la Asamblea por la apertura y defensa de la residencia, “alrededor de una decena de estudiantes continúa sin contrato de alojamiento ni una vivienda estable”.

De acuerdo con la plataforma convocante, la Universidad se comprometió inicialmente a abrir el 1 de octubre los dos primeros bloques de la residencia y, al no poder cumplirse esa previsión, el plazo se trasladó al 15 de octubre, una fecha que también ha pasado sin que el complejo vuelva a recibir residentes. La Asamblea denuncia que los retrasos están prolongando la incertidumbre de quienes necesitan alojamiento para continuar sus estudios y reclama al Rectorado que garantice “una solución habitacional estable”.

Por su parte, el vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la UPO, Juan Rigoberto Tejedo, reconoce en declaraciones a elDiario.es que el rector se comprometió a abrir el inmueble el 15 de octubre, pero explica que las actuaciones se han demorado porque, tras levantarse el encierro que mantuvieron residentes y colectivos sociales hasta el 31 de julio, la Universidad pudo comprobar que el estado del edificio era peor de lo previsto. Algunas viviendas, señala, necesitan “una reforma integral”, después de años sin mantenimiento.

La nueva previsión de la institución universitaria es que dos de los siete portales —unas 32 viviendas— puedan abrir el 1 de diciembre, siempre que la empresa encargada de las obras no acumule retrasos. Las actuaciones en el resto del complejo continuarán en función de la disponibilidad presupuestaria y, según Tejedo, la Universidad espera que otros dos portales puedan abrir posiblemente en marzo.

Un conflicto que viene desde junio

La protesta se produce después de varios meses de incertidumbre sobre el futuro de una residencia que el curso pasado alojaba a 148 estudiantes. El conflicto se intensificó el pasado junio, cuando trascendió la propuesta del Rectorado de ceder la gestión del complejo a la Fundación Gerón, una entidad privada sin ánimo de lucro especializada en centros para personas mayores. La iniciativa, que la Universidad defendió como una vía para financiar las obras urgentes, generó una fuerte contestación entre residentes y colectivos del barrio.

La UPO cifró entonces en 420.000 euros el coste de una primera fase de actuaciones “imprescindibles” para la reapertura y situó entre tres y seis millones el de una rehabilitación integral. Tras frenarse la cesión directa a Gerón, la Diputación de Sevilla comprometió a finales de julio un millón de euros para la recuperación del complejo. El acuerdo permitió mantener el carácter público de la residencia y fue recibido como una victoria por los colectivos que se oponían a la cesión y que decidieron entonces levantar el encierro el 31 de julio.

El objetivo anunciado en aquel momento era terminar para octubre las obras de dos de sus siete portales, con la idea de recuperar la total normalidad de cara al curso 2027/28. Sin embargo, al no haberse materializado la reapertura inicial en las fechas previstas, la Asamblea ha retomado las movilizaciones para reclamar que los compromisos se traduzcan en un calendario claro y en alternativas para quienes continúan sin alojamiento.

Ayudas para mantener el proyecto social

La concentración ha coincidido con la publicación, este viernes, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la convocatoria de ayudas extraordinarias de acción social de la UPO para el curso 2026-2027. La institución las presenta como una medida para mantener la vinculación de antiguos residentes con el Polígono Sur y favorecer la continuidad de sus estudios mientras duren las obras.

La convocatoria reconoce que la Flora Tristán no se concibió únicamente como un recurso residencial, sino también como una herramienta de intervención social. “La convivencia del estudiantado universitario con el vecindario perseguía, de forma deliberada, favorecer un cambio informal en el paisaje social del barrio, propiciar vínculos de proximidad entre residentes y vecinos, y ofrecer referentes distintos a los tradicionalmente asociados a la zona, contribuyendo así, con el tiempo, a su transformación”, recoge la convocatoria.

Las ayudas, de entre 600 y 1.000 euros, se dirigen al estudiantado que residió en el complejo durante el curso pasado y continúa sus estudios en la UPO. Pueden contribuir a sufragar gastos generales relacionados con la vida universitaria, entre ellos el alojamiento, la manutención, los desplazamientos y el material académico, según el texto. La cuantía depende de la puntuación obtenida según criterios como la participación previa en proyectos sociales vinculados a la residencia, la situación económica familiar y el rendimiento académico.

La Asamblea, no obstante, cuestiona el alcance de estas ayudas, al considerar que no sustituyen la necesidad de contar con un alojamiento estable durante todo el curso. También advierte de que la convocatoria deja fuera a antiguos residentes que estudiaban en otras instituciones educativas. “Las personas residentes necesitan contratos que cubran el curso académico completo, y no soluciones provisionales sujetas a renovaciones periódicas”, critican los estudiantes

La organización denuncia que los sucesivos cambios de fecha dificultan que los afectados puedan organizar su vida académica y personal, en pleno curso académico. “Algunos permanecen acogidos temporalmente en casas de otros estudiantes, mientras que otros dependen de la solidaridad de asociaciones vinculadas a la Iglesia que les ofrecen un lugar donde dormir”, lamentan desde la plataforma convocante.

Además del alojamiento, la organización reclama que la reapertura permita recuperar el proyecto comunitario construido durante años en uno de los barrios más estigmatizados y empobrecidos de España. Hasta ahora, los residentes participaban en iniciativas comunitarias, apoyando al tejido asociativo del barrio. Mientras la Universidad trabaja con diciembre como nueva fecha de apertura parcial, los convocantes exigen al Rectorado que concrete el calendario y dé respuesta a quienes siguen sin una solución habitacional estable.

Miles de ciudadanos han respondido este sábado a la llamada de los colectivos ecologistas para defender el Guadalquivir frente a la “amenaza inminente” de convertir el río en “una cloaca de residuos tóxicos al servicio del extractivismo minero”. Así lo han advertido las organizaciones convocantes de una manifestación que ha partido del Palacio de San Telmo –sede de la Junta de Andalucía– y ha concluido en las Setas de la Encarnación, encabezada por una pancarta con el lema No a los vertidos mineros.

La movilización ha contado con el respaldo de más de 70 organizaciones, entre ellas Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, además de colectivos pesqueros y agrarios, entidades de defensa de la salud pública y casi una decena de ayuntamientos ribereños. Los participantes han reclamado que se frenen los nuevos vertidos mineros autorizados por la Junta de Andalucía y que se evalúen de forma independiente sus posibles consecuencias ambientales y sanitarias, alertando de que “el río se enfrenta a una crisis ambiental sin precedentes”.

Con este grito de alerta se han referido los riesgos que, a su juicio, entrañan los vertidos autorizados por la Junta para la nueva fase de actividad de la mina de Cobre Las Cruces, en Gerena, y para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, gestionada por Minera Los Frailes. Las organizaciones sostienen que ambos proyectos suman unos 130.000 millones de litros de aguas con metales pesados que podrían acabar en el estuario del Guadalquivir.

La preocupación no se limita al impacto ambiental. Los colectivos ecologistas advierten además de los posibles efectos sobre la salud pública, a tenor de los resultados de una investigación reciente que ha detectado concentraciones muy elevadas de metales tóxicos en peces de la zona del Guadalquivir en la que vierte la mina Cobre Las Cruces, con niveles de contaminantes que los autores califican de “récord mundial”. Los datos también apuntan a que se superan en un 100% los límites máximos de plomo fijados por la Unión Europea para el consumo humano.

Ante este escenario, las organizaciones convocantes han vuelto a reclamar una moratoria de los nuevos vertidos –que están autorizados, pero aún no se han puesto en marcha– y la creación de una comisión técnica y científica independiente que evalúe la contaminación acumulada en el estuario y los posibles efectos conjuntos de ambos proyectos. También piden a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que deniegue la concesión solicitada por Minera Los Frailes para evacuar las aguas de las cortas mineras de Aznalcóllar y Los Frailes hasta la zona de especial conservación del estuario, a través de una conducción de unos 30 kilómetros.

Objetivo: “salvar vidas”

Estas peticiones llevan sobre la mesa desde 2024 y por eso creen que ha llegado la “hora de que la sociedad hable alto y claro”, en palabras de Luis Berraquero, responsable de Greenpeace en Andalucía, quien ha celebrado el respaldo ciudadano que ha tenido la convocatoria. “Esperamos que la voz de la ciudadanía llegue pronto a la Junta de Andalucía y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que se cumplan las exigencias de la plataforma”, ha reivindicado Berraquero al término de la convocatoria en declaraciones a SevillaelDiario.es.

Minutos antes, Antonia Herrero, presidenta de la asociación Salvemos el Guadalquivir, advertía de las consecuencias de los vertidos proyectados: “Con las toneladas de metales pesados que tienen autorizados, se terminaría con la vida en el río”, concluyó la bióloga, que aludió también al impacto que pueden tener en el ecosistema y las actividades económicas que dependen del río. “Estamos hablando de pesca, marisqueo, agricultura, incluso el turismo, además de la salud de las personas también se puede ver afectada por la ingesta de productos contaminados con metales tóxicos”, señaló Herrero.

En la misma línea se ha pronunciado el alcalde de Coria del Río, Modesto González, uno de los representantes municipales que respaldan la movilización: “Esto hay que pararlo porque tenemos que salvar las vidas de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas”, resumió el regidor. El Ayuntamiento de Coria del Río forma parte del grupo de municipios ribereños que apoyan la convocatoria, junto a los de Chipiona y Trebujena, en Cádiz, y Lebrija, Las Cabezas de San Juan y Los Palacios y Villafranca, en Sevilla.

La batalla por los vertidos mineros que contaminan el Guadalquivir trasciende el ámbito estrictamente ambiental, pues el estado del estuario condiciona actividades como la pesca artesanal, el marisqueo y el cultivo de arroz en el Bajo Guadalquivir, además de la conservación de los espacios naturales protegidos vinculados al río, entre ellos Doñana. Por ello, reclaman que cualquier evaluación tenga en cuenta no solo los efectos sobre los ecosistemas, sino también las posibles consecuencias para la seguridad alimentaria y la economía de los municipios ribereños, que ya expresaron su temor ante el impacto económico y en la salud que podrían tener los vertidos.

La Junta defiende las garantías ambientales de los proyectos

Frente a las advertencias de las organizaciones ecologistas, las empresas mineras sostienen que ambos proyectos cumplen “escrupulosamente” los requisitos legales y ambientales exigidos y recuerdan que han superado los procedimientos necesarios para obtener las autorizaciones, incluyendo condiciones y controles destinados a vigilar la calidad de las aguas y prevenir posibles impactos en el río.

Un día antes de la manifestación, la Junta de Andalucía anunció que el pasado julio había contratado a la Universidad de Sevilla para estudiar la situación ambiental del estuario del Guadalquivir. “Los primeros resultados obtenidos no evidencian afecciones a la calidad de las aguas ni a los sedimentos del estuario que sean motivo de preocupación”, señaló la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en una nota de prensa difundida el viernes, 24 horas antes de que se celebrara la multitudinaria manifestación que ha recorrido el centro de Sevilla contra los vertidos mineros.

El Gobierno andaluz viene defendiendo que las autorizaciones se sustentan en informes técnicos de las consejerías implicadas y que las explotaciones están sujetas a condiciones y controles ambientales. “Preguntar por los riesgos es legítimo, pero también es responsable explicar las medidas ejercidas para prevenirlos”, señaló al respecto la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Adolfina Martínez, durante la última comisión parlamentaria en la que se abordaron los vertidos mineros al Guadalquivir.

La consejera trató entonces de tranquilizar insistiendo en que el proyecto cuenta con garantías de seguridad. En el caso de la mina de Aznalcóllar, destacó que el proyecto prevé reciclar más del 80% del agua utilizada en el tratamiento del mineral, además de someter los vertidos a controles analíticos y contemplar su interrupción si fuera necesario.

Las organizaciones convocantes, sin embargo, cuestionan que las evaluaciones realizadas hayan tenido suficientemente en cuenta “los efectos acumulativos y sinérgicos” de los nuevos vertidos, así como la compleja dinámica del agua y los procesos fisicoquímicos del estuario. Por ello, reclaman que se aplique el principio de precaución y el de no deterioro recogido en la Directiva Marco del Agua para evitar nuevas descargas mineras en esta zona protegida.

El manifiesto con el que han cerrado la jornada de protesta ha recordado que el Guadalquivir ya presenta signos de contaminación por metales pesados que vinculan a la actividad minera desde 2009. Así lo denunciaron en una carta remitida al Gobierno andaluz hace año y medio. Desde entonces, la principal novedad ha sido la autorización para reabrir la mina de Aznalcóllar, prevista para 2028.

Con los vertidos todavía pendientes de comenzar, las organizaciones convocantes confían en que la presión ciudadana manifestada en las calles llegue a la Junta de Andalucía y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y consiga que reconsideren las autorizaciones antes de que las descargas supongan un “riesgo irreversible” para el Bajo Guadalquivir y el espacio natural de Doñana, así como para los arrozales de la marisma sevillana y la reserva de pesca de la desembocadura.

“Una caída sin precedentes”. Así describe el nuevo barómetro de opinión de la infancia y la adolescencia de UNICEF España el deterioro que ha sufrido el bienestar emocional de los adolescentes de entre 12 y 16 años en España. El estudio, titulado La salud mental sí es cosa de adolescentes. Hablemos de bienestar y estigma, se ha elaborado en colaboración con la Universidad de Sevilla y analiza la salud mental adolescente a partir de la evolución de su bienestar emocional.

Según el informe presentado este jueves, la estabilidad que habían mantenido los indicadores de salud mental entre 2006 y 2018 dio paso a un empeoramiento considerable en apenas cuatro años. En 2022, el porcentaje de adolescentes que afirmaban sentirse solos casi se duplicó respecto a 2018, al pasar del 7% al 13,6%. También aumentó la proporción de quienes decían sentirse tristes, del 11,9% al 19,5%. Por su parte, el indicador de atención y concentración cayó casi 15 puntos, pasando del 55% al 40,1%.

Los resultados proceden de una muestra de 14.000 estudiantes de toda España y reflejan diferencias según el género y la situación económica familiar. El deterioro de los indicadores fue especialmente acusado entre las chicas –grupo en el que se triplicó el nivel de empeoramiento– y entre el alumnado de familias con menos recursos.

Todo ello lleva a concluir que los resultados “son preocupantes porque muestran un descenso claro de cómo los propios adolescentes perciben su bienestar emocional”, en palabras de Pilar Ramos, profesora del departamento de Psicología evolutiva y de la educación de la Universidad de Sevilla y directora del barómetro.

El estigma, una barrera para pedir ayuda

A los datos cuantitativos recogidos en 2022 se suma un análisis cualitativo realizado este año mediante grupos de discusión con adolescentes, madres y padres, así como entrevistas a profesionales especializados en salud mental adolescente. Sus aportaciones ponen el foco en una paradoja: el riesgo de “sobrediagnosticar malestares habituales durante esta etapa”, como la tristeza o la ansiedad, mientras se “infradiagnostican problemas patológicos” que requieren atención profesional.

En ese sentido, el informe apunta a que “ni todo malestar es un trastorno, ni todo trastorno se pasa solo con el tiempo”. La cuestión, continúa, “no es elegir entre restarle importancia o tratarlo todo como una enfermedad, sino dar a cada situación la respuesta que le corresponde: acompañamiento en el día a día —familia, amistades, centro educativo— para el malestar propio de la edad, atención temprana cuando ese malestar se prolonga o desborda a quien lo vive, y ayuda profesional accesible y sin estigma cuando hace falta”.

Precisamente, el estudio analiza cómo el miedo al estigma (actitudes de rechazo, distanciamiento, prejuicio o paternalismo hacia las personas con problemas de salud mental) actúa como freno y barrera entre los adolescentes a la hora de reconocer el propio malestar y buscar ayuda. Casi 2 de cada 10 adolescentes (18,8%) afirman con seguridad haber tenido un problema de salud mental en el último año. De ellos, casi el 40% no se lo contó a nadie y más de la mitad (53%) no pidió ayuda.

El barómetro señala que uno de cada tres adolescentes presenta elevados niveles de estigma, una tendencia especialmente acusada entre los chicos. Según el estudio, cuanto mayor es ese estigma, menor es el reconocimiento de los problemas de salud mental y, con ello, la identificación de experiencias perjudiciales y la búsqueda de ayuda profesional. Por el contrario, quienes muestran menos prejuicios identifican con mayor frecuencia problemas de salud mental entre sus familiares y amistades.

Normalizar la petición de ayuda es una de las demandas de los propios adolescentes. “Queremos que el hecho de pedir ayuda se normalice y no se vea como algo malo”, explica Carmen, de 13 años, miembro del órgano de participación infantil y juvenil de La Rinconada, durante la presentación del estudio. Su compañero Carlos, de 15 años, comparte esa preocupación. Aunque cree que sus compañeros le apoyarían si tuviera un problema de salud mental, reconoce que algunos chicos de su entorno “no se atreven a pedir ayuda por miedo a que se rían de ellos”.

Las pantallas entre los detonantes de un problema multicausal

El deterioro del bienestar emocional adolescente no responde a una única causa. La directora del barómetro apunta a la pandemia como uno de los principales factores que ayudan a explicar el empeoramiento de los indicadores entre 2018 y 2022. “Fue un momento en el que se vio afectada su rutina, la convivencia y la capacidad para relacionarse con otras personas”, recuerda.

A ello se suma el uso de las pantallas y las redes sociales, un entorno en el que los adolescentes pasan buena parte de su tiempo y en el que no siempre cuentan con el acompañamiento o la supervisión de los adultos. “Este es un contexto nuevo en el que los padres no tienen experiencia y a veces se sienten perdidos, pero no podemos olvidar que a través del móvil nuestros hijos también pueden estar entrando en contacto con escenarios de riesgo”, advierte la profesora de Psicología evolutiva y de la educación.

Pilar Ramos, sin embargo, pide “no demonizar las redes sociales”, ya que también pueden ofrecer a los jóvenes un espacio para “compartir preocupaciones” y encontrar apoyo. La clave, sostiene, radica en “acompañarlos y supervisar” su actividad sin perder de vista que el entorno digital forma parte de su desarrollo.

La presidenta de UNICEF España, M.ª Ángeles Espinosa, coincide en que la salud mental adolescente es un fenómeno “complejo” que “no se puede reducir a una sola causa”. “Si las pantallas forman parte de la vida de los chicos, prohibirlas no es siempre la mejor opción, sino responsabilizarnos nosotros de acompañar y de vigilar el contenido que les estamos transmitiendo”, añade.

Para Espinosa, otro de los factores que influyen en el deterioro del bienestar emocional juvenil tiene que ver con que “las familias cada vez atraviesan mayores dificultades económicas y eso genera entornos familiares emocionalmente inestables por la falta de recursos”. A esa lista Carmen y Carlos incluyen el acoso escolar, que se produce también en el entorno digital, y la presión de crecer en una sociedad cada vez más competitiva. Los adolescentes sienten que deben competir constantemente entre ellos, una exigencia que, según explican, termina generándoles estrés.

Una llamada a la acción

Los resultados del barómetro constituyen una llamada a la acción. “Que la soledad y la tristeza aumenten entre adolescentes de 12 a 16 años es algo que debe preocuparnos y apelarnos a actuar”, remarca la presidenta de UNICEF España. Espinosa advierte de que no se trata de “alarmar ni de simplificar un fenómeno complejo”, pero tampoco de ignorar un problema que condiciona tanto el presente como el futuro de los adolescentes.

En la misma línea, la directora del barómetro coincide en que “los resultados del informe nos indican que se debe promover la protección para que cuando se da un malestar no se acentúe y, si se produce un problema, se tiene que facilitar su reconocimiento para recibir una respuesta adecuada”. Para ello, el barómetro plantea recomendaciones orientadas a mejorar la salud mental de los adolescentes desde todos los ámbitos de la sociedad.

A las administraciones públicas, UNICEF les pide situar la salud mental adolescente en el centro de las políticas de infancia, impulsar unidades multidisciplinares de salud mental e incorporar la participación de los jóvenes a las decisiones que les afectan. En el ámbito educativo, reclama que los centros sean espacios en los que resulte fácil pedir ayuda. Para ello, considera prioritario prevenir y detectar tempranamente el acoso escolar y garantizar que las figuras de orientación, como los coordinadores de bienestar, sean realmente accesibles.

Al hablar de salud mental, instan al sistema sanitario a “reducir los tiempos de espera, garantizando profesionales formados específicamente en salud mental infanto-juvenil y asegurando que tanto la atención primaria como los servicios especializados cuentan con profesionales suficientes”. Por último, a las familias les pide “escuchar y acompañar” a sus hijos, proporcionándoles información sobre las señales que requieren atención y sobre cómo responder ante ellas, con especial atención a los hogares en situación de vulnerabilidad.

Los protagonistas del estudio también tienen sus propuestas. Carmen reclama “profesionales preparados para atender a los adolescentes de forma eficaz” y demanda “más charlas para normalizar los problemas de salud mental”. También pide reorganizar los espacios de orientación escolar para garantizar una mayor privacidad: “Que el despacho de la orientadora no esté situado en un lugar demasiado transitado del instituto, para que acudir a ella resulte más cómodo”, sugiere.

Carlos, por su parte, pide más comprensión a la sociedad y concluye con un mensaje dirigido a quienes atraviesan un momento difícil: “No tengas miedo a pedir ayuda, siempre hay alguien que te va a escuchar”.

El Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Sevilla (US) ha expresado su “profunda preocupación” por la “grave” situación económica que atraviesa la institución y que, según denuncian, se ha traducido en “el incumplimiento de las obligaciones retributivas con su personal”. Así lo recoge una carta remitida este miércoles a la rectora, Carmen Vargas, y firmada por parte del profesorado, coincidiendo con el inicio de una serie de movilizaciones en distintos campus.

El comité de empresa del PDI cifra en más de cinco millones de euros la deuda acumulada por el impago de complementos autonómicos y sexenios reconocidos a parte de la plantilla desde 2025, según datos esgrimidos en el último Consejo de Gobierno a preguntas del propio comité. “Esta cifra será considerablemente mayor si no se actualizan las nóminas mediante la incorporación de los complementos pendientes, pues cada mensualidad incrementa los atrasos acumulados y agrava el perjuicio económico del profesorado afectado”, advierte el escrito.

Cabe recordar que la Universidad de Sevilla aprobó un plan de ajuste para recortar 16 millones de euros del presupuesto, con medidas como la reducción de grupos docentes, el cierre del turno de tarde en algunas facultades y restricciones a la contratación de profesorado. La institución ha recortado distintas partidas presupuestarias para destinar recursos al capítulo 1, correspondiente a los gastos de personal, y afrontar así el pago de las nóminas. Aun así, fuentes universitarias aseguran que todavía faltarían al menos 13 millones de euros para llegar a final de año.

Desde el comité de empresa, su secretario Víctor Manuel Molina califica la situación de “inédita” porque, por primera vez, “la universidad ha dejado de pagar todos los tipos de complementos salariales que tiene el personal”. El secretario del comité de empresa explica que el peso de estos complementos en el sueldo varía según la categoría profesional y señala que los impagos afectan especialmente “al profesorado más precario”. Además, asegura que el equipo de gobierno les ha trasladado que no hay previsión de pago y que “incluso peligra el pago de la nómina de diciembre”.

Fuentes de la Universidad de Sevilla consultadas por este periódico aseguran que el Rectorado mantiene “una vía de diálogo abierta y constante” con los representantes del PDI y que comprende y respeta sus reivindicaciones laborales. El equipo de gobierno afirma que trabaja “con absoluta prioridad y responsabilidad” para garantizar la estabilidad laboral y retributiva de toda la plantilla, aunque no concreta un calendario para abonar las cantidades pendientes.

Piden al equipo de gobierno que renuncie a sus complementos

En la carta del PDI, dirigida también a la gerente y al vicerrector de Personal Docente e Investigador, el profesorado reclama un plan de pago con fechas concretas para abonar las cantidades pendientes. Además, piden a los miembros del equipo de gobierno que renuncien temporalmente a los complementos vinculados al desempeño de sus cargos para contribuir a saldar las cantidades adeudadas, en un “ejercicio de responsabilidad institucional y solidaridad”. Vargas asumió el cargo de rectora hace casi un año y amplió los vicerrectorados de nueve a 14, en un contexto marcado por la infrafinanciación denunciada por las universidades públicas.

Las concentraciones del PDI han comenzado una semana después de que CSIF presentara una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla para que investigue la gestión económica del anterior equipo de gobierno de la US, encabezado por Miguel Ángel Castro, del que ya formaba parte la actual rectora. El sindicato criticó que ni Vargas ni la nueva gerente “han conseguido justificar a dónde han ido a parar los fondos de la Universidad de Sevilla” ni presentar a la representación de los trabajadores un calendario de pago de la deuda, que, según denunció, “se acrecienta a medida que pasan los meses”.

La situación se enmarca en las dificultades financieras que atraviesa el sistema universitario público andaluz. En julio, la Gerencia de la US informó de los resultados de la auditoría externa correspondiente al ejercicio de 2025, que arrojó un déficit de 14,8 millones de euros. El déficit estructural del conjunto del sistema universitario público andaluz alcanzó entonces los 57 millones de euros.

Hacia la huelga general

El comité sitúa el inicio de los impagos en 2025, aunque señala que también hay cantidades pendientes desde 2024, y advierte de que la situación se ha agravado durante este año. La Universidad ha aprobado un plan de ajuste de unos 15 millones de euros, con recortes en distintas partidas presupuestarias para destinar esos recursos al pago de las nóminas. Aun así, según Molina, sigue sin estar garantizado el abono de la nómina de diciembre.

El problema, advierten, va más allá de los impagos salariales. El comité denuncia también la paralización de las promociones del profesorado, el incumplimiento del convenio colectivo y la falta de ayudas de protección social. Según explican, la suspensión de los complementos tiene un impacto mayor en las categorías más precarias, como el profesorado interino o ayudante, para quienes estas cantidades representan una parte especialmente sensible de sus ingresos. “Son recortes que afectan más al que más lo necesita”, resume el secretario.

“Las dificultades económicas de la Universidad no deberían traducirse en que una parte de su plantilla soporte de forma singular y prolongada sus consecuencias, mientras continúa desempeñando plenamente sus tareas docentes, investigadoras y de gestión”, denuncian desde el PDI. “A esta situación se añade la falta de información suficiente, clara y periódica sobre las causas del retraso, las cantidades pendientes y las previsiones de pago, lo que agrava la incertidumbre y dificulta la confianza en la respuesta institucional”, añaden en el escrito en el que exigen “transparencia” en las cuentas.

Las movilizaciones han comenzado de forma simultánea en cuatro campus y el comité prevé celebrar nuevas asambleas informativas en las próximas semanas. Estas acciones se enmarcan dentro del calendario de protestas que prepara el camino hacia la huelga educativa general convocada para el 11 de noviembre. El comité de empresa del PDI advierte, además, de que no descartan convocar una huelga general en la Universidad de Sevilla si la situación no mejora antes de final de año.

Rosario vive desde hace más de 40 años en un piso ubicado en el entorno de la plaza del Pumarejo, en el sevillano barrio de San Gil, donde nació hace 75 años. Igual que le sucedió a Maricarmen en Madrid hace unas semanas, una situación que agravó su estado de salud y ha derivado en su fallecimiento este jueves, esta vecina se enfrenta ahora a una orden de desahucio pese a que los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla han acreditado su condición de “especial vulnerabilidad”.

El piso de Rosario está sujeto a lanzamiento debido al impago de la hipoteca por parte de su hijo, quien adquirió la propiedad del inmueble cuando sus padres dejaron de poder afrontar las cuotas. A raíz de dificultades económicas derivadas de la pandemia, el hijo dejó de pagar el piso donde seguían residiendo sus padres. Rosario asegura que desconocía que su hijo había dejado de pagar y así lo recoge también el informe de los servicios sociales al que ha tenido acceso este periódico.

La vivienda fue entonces ejecutada por el banco, subastada y finalmente adquirida en 2025 por un nuevo propietario, que reconoce ser titular de otras viviendas en alquiler y figura como administrador de una sociedad cuyo objeto social incluye la compraventa y el alquiler de bienes inmobiliarios.

El primer lanzamiento estaba fijado para el 2 de diciembre de 2025, pero pudo frenarse porque la orden no estaba dirigida contra Rosario, en calidad de tercera ocupante, según explica a SevillaelDiario.es su abogado, Alberto de Lara. Durante el procedimiento falleció el marido de Rosario, en abril de 2026. Meses después, en una nueva vista judicial, su defensa aportó un contrato de arrendamiento fechado en mayo de 2015 y firmado con su hijo y su nuera, que figuraban como arrendadores, para acreditar el derecho de Rosario a permanecer en la vivienda.

El juez, sin embargo, ha desestimado este contrato al considerar que ha superado el periodo de cinco años durante el cual el nuevo propietario está obligado a subrogarse en un contrato de alquiler, según el artículo 14 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), como consta en el auto firmado el pasado 7 de septiembre. La resolución concluye que Rosario “no tiene derecho a permanecer” en la vivienda y decreta su lanzamiento, aunque sin señalar fecha.

El actual propietario no concreta qué uso dará al inmueble en caso de que finalmente Rosario tenga que abandonarlo. Según manifiesta a SevillaelDiario.es, está dispuesto a buscar una solución “en la medida en que esté en su mano” para evitar que Rosario se quede sin casa. “Yo no voy a llevar a lanzamiento a una señora mayor que se puede quedar en la calle”, afirma en conversación con este periódico. El titular de la vivienda explica que la adquirió a un fondo de inversión y, cuando se hizo con ella, “no constaba” que hubiera nadie viviendo en el inmueble. Fue posteriormente cuando tuvo conocimiento de la existencia de Rosario y de su situación personal.

En julio de 2025 se registró una solicitud de baja en el Padrón Municipal a nombre del nuevo propietario del inmueble contra Rosario y su marido. La administración local denegó la petición después de recibir las alegaciones de la afectada y un informe de la Policía Local, emitido el 11 de marzo de 2026, que confirmaba, tras varias inspecciones presenciales, que ambos continuaban residiendo de manera habitual y efectiva en la vivienda, según consta en la resolución a la que ha tenido acceso este periódico. El propietario, sin embargo, niega haber realizado esta gestión.

“Grave situación de exclusión social”

El caso de Rosario recuerda por su complejidad al de Maricarmen, la vecina madrileña de 87 años cuyo desahucio prendió la mecha del clamor social por la vivienda que ha recorrido el país e impulsado al Gobierno a convocar elecciones después de que la derecha tumbara los nuevos decretos sobre vivienda.

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla concluyeron que Rosario “sufre una grave situación de exclusión social debido a la inminente pérdida de vivienda”. Según el informe, elaborado en noviembre de 2025, su “avanzada edad le imposibilita acceder a un contrato de alquiler en el mercado libre”, a lo que se suman “sus escasos ingresos” y la falta de una red de apoyo familiar. En la actualidad, Rosario percibe una pensión que no llega a 535 euros mensuales.

Esta vecina de 75 años sufre, además, “un grave problema en las caderas del que tiene que ser intervenida lo antes posible, pero hasta la fecha ha retrasado la operación por la difícil situación emocional que está sufriendo en relación con la vivienda”, en palabras de la trabajadora social que firma el informe. Como consecuencia de este problema en la cadera, Rosario tiene reconocido un 38% de discapacidad.

La propia afectada reconoce que debería estar operada desde mayo del año pasado, pero que aún no ha entrado en quirófano debido a la incertidumbre que le produce la posibilidad de tener que abandonar su casa y no poder disponer de un hogar donde pasar su recuperación.

Falta de alternativa habitacional

Cuando se elaboró este informe, su marido todavía seguía vivo, aunque se encontraba ingresado en una residencia de mayores de Sevilla debido a las múltiples enfermedades que padecía. Falleció en abril de 2026. Desde entonces, Rosario afronta sola el procedimiento de desahucio y la pérdida de la vivienda en la que lleva más de cuatro décadas. “Teniendo en cuenta la edad de Rosario, un nuevo cambio supondría para ella un fuerte desarraigo”, sostienen los servicios sociales.

Sus vecinos del bloque en el que vive también han manifestado su “profunda preocupación” ante el impacto que podría tener en la salud de Rosario la posibilidad de un desahucio. En un escrito firmado por casi la totalidad de los miembros de la comunidad y remitido al juzgado, aseguran que “toda la red de apoyo de Rosario se encuentra en el barrio, son sus vecinas y comerciantes locales, y un traslado para ella supondría un comenzar de cero que consideramos intolerable a su edad”.

El informe señalaba que la única alternativa habitacional inmediata para Rosario sería el ingreso en un albergue municipal, un recurso que los propios servicios sociales consideraban “no idóneo” dadas sus características. También fue orientada para inscribirse en el registro de demandantes de vivienda de Sevilla –donde ya está dada de alta– y se emitió un informe de excepcionalidad para que pudiera ser tenida en cuenta para la adjudicación urgente de una vivienda pública. Los servicios sociales advertían, no obstante, de que esta solución no era inmediata.

Esperanza puesta en los nuevos decretos

El informe describía además a Rosario como una mujer sin apoyos familiares ni alternativas de alojamiento y señalaba que, pese a la gravedad de su situación, se trata de una mujer “autónoma” que “con apoyo puntual profesional y una correcta organización económica” podía continuar residiendo “en una vivienda normalizada”.

Para Rosario, su casa es “toda su vida”. Nació en el barrio de San Gil y desde los seis años vive en ese mismo bloque, situado cerca de la plaza del Pumarejo, donde se encuentra un emblema de la resistencia vecinal frente a la gentrificación en la capital hispalense: la casa palacio del Pumarejo.

Mientras aguardan la fecha del nuevo lanzamiento, el abogado de Rosario mantiene sus esperanzas puestas en los dos decretos de vivienda que ha vuelto a aprobar este martes el Consejo de Ministros y que está previsto que sean convalidados por la Diputación Permanente. Las medidas llegan después del desahucio de Maricarmen, que puso rostro a la crudeza de una crisis de vivienda que afecta a otras tantas mujeres y familias en todo el país.

En el caso de Rosario, la incógnita es si esas nuevas medidas pueden ofrecer alguna vía para evitar que una mujer de 75 años, con una situación de vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales y sin una alternativa habitacional inmediata, termine fuera de la casa en la que lleva más de cuatro décadas.

La dirección de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha puesto en marcha una investigación interna para esclarecer el origen de la filtración del temario de las oposiciones de Canal Sur antes de su publicación oficial, revelada por elDiario.es Andalucía.

Así lo ha afirmado este martes el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, durante su comparecencia en la comisión de control de RTVA en el Parlamento andaluz. Tras ser preguntado por la oposición, ha explicado que la dirección ya ha iniciado el procedimiento para nombrar a un juez instructor que investigue de dónde salió la documentación que comenzó a circular, al menos, tres semanas antes de que la convocatoria fuese publicada oficialmente, y “quién o quiénes” pudo haberla filtrado.

“Lo tenían muy pocas personas”, ha avanzado el director general, quien ha apuntado a que el foco de sospecha está “más acotado de lo que la gente se piensa”. A los documentos filtrados solo tenían acceso los miembros del Consejo de Administración de RTVA y los sindicatos que participan en la mesa de contratación. Las organizaciones sindicales ya reclamaron a la dirección que iniciara una investigación en la última reunión de la mesa celebrada el pasado 23 de septiembre.

Los servicios jurídicos no ven motivos para anular las oposiciones

Pese a calificar los hechos de “muy graves”, Mellado ha señalado que, según el análisis realizado por los servicios jurídicos de la RTVA, la filtración del temario no supone por sí misma la invalidez ni la nulidad del procedimiento selectivo. “Desde el punto de vista jurídico, no se aprecia que la difusión anticipatoria determine por sí mismo la nulidad del proceso”, ha explicado el director general, quien se ha mostrado confiado en que las oposiciones seguirán adelante y se celebrarán como estaba previsto.

La dirección considera que tampoco se ha producido, con la información de la que dispone actualmente, una vulneración de los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia que, por normativa, rigen el acceso al empleo público en Andalucía. “No consta que se hayan filtrado las preguntas del examen ni el contenido de la futura prueba”, ha señalado Mellado, concluyendo que la difusión anticipada del temario no genera “una ventaja competitiva” para los aspirantes que tuvieron acceso a la documentación semanas antes de que la convocatoria se publicara finalmente en el BOJA el pasado 24 de septiembre.

Mellado ha afirmado que no ha existido “merma en la competitividad de las personas porque la habían conocido un día antes”, en referencia a la decisión de RTVA de difundir las bases de la convocatoria entre la plantilla a través de la intranet 24 horas después de que elDiario.es revelara la filtración. Sin embargo, esa explicación no aborda el periodo anterior a esa difusión: el documento interno al que tuvo acceso este periódico llevaba en posesión de trabajadores, al menos, desde comienzos de septiembre, varias semanas antes de que la dirección hiciera públicas las bases y de que estas fueran publicadas oficialmente en el BOJA, dos días después.

Además, el director general de RTVA ha señalado que el temario que deberán prepararse los aspirantes es “común” al de otras oposiciones del sector audiovisual y presenta pocas diferencias respecto al de otras televisiones públicas.

A la espera de los resultados de la investigación

Con todo, Mellado ha insistido en que la filtración constituye un hecho “muy grave” y ha defendido la necesidad de esclarecer su origen. “Las personas que lo hayan filtrado no son conscientes del daño que pueden hacer a las personas que están esperando”, ha señalado. Las oposiciones de Canal Sur contemplan 228 plazas de personal laboral fijo y constituyen la primera gran convocatoria de este tipo en la RTVA desde 2008. La expectación entre la plantilla y los profesionales del sector audiovisual andaluz ha sido especialmente elevada después de casi dos décadas sin una convocatoria de estas características.

La dirección de RTVA sostiene ahora que la filtración no compromete la celebración de las pruebas, pero considera necesario esclarecer cómo una documentación que estaba en manos de “muy pocas personas” terminó circulando dentro y fuera de la empresa semanas antes de su publicación oficial. “Lo que sí sabemos es que los documentos que se filtraron los tenían muy pocas personas, porque aparecían sin la fecha y sin la firma de la Dirección General”, ha avanzado Mellado.

Para terminar, el director general ha concluido que “lo importante es que se van a celebrar las oposiciones, que es un hito desde el año 2008” y ha confiado en que “todos los que intervienen en ese proceso piensen en el futuro de Canal Sur y no en otros intereses”. La investigación interna deberá determinar ahora el origen de la filtración y los posibles responsables de difundir una documentación a la que tuvieron acceso durante la tramitación de las bases.

Los ayuntamientos de Beas, Palos de la Frontera y Cortegana (Huelva) —todos gobernados por el Partido Popular (PP)— afrontan sendas investigaciones judiciales a raíz de las querellas presentadas por la empresa Emilivia Espectáculos S.L., dedicada a la organización y gestión de festejos taurinos. Los tres procedimientos penales se encuentran en fase de instrucción y tienen como denominador común las acusaciones de la mercantil sobre el supuesto “amaño” en la contratación pública de espectáculos taurinos.

Los juzgados de Aracena, Moguer y Huelva abrieron diligencias previas entre febrero y abril, y acordaron citar a declarar como imputadas a las alcaldesas de Cortegana, María del Mar Martín Florido, y de Palos de la Frontera, Milagros Romero Artero, así como a otros funcionarios municipales y empresarios relacionados con las adjudicaciones, mientras que el alcalde de Beas, José Leñero Bardallo, aparece como “persona querellada” en el auto judicial. En la lista de investigados también figura el exalcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, hoy senador por el Partido Popular.

En Beas y Palos de la Frontera, las diligencias se centran en la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa, mientras que en Cortegana la investigación contempla un posible delito de apropiación indebida, según consta en los autos de admisión a trámite a los que ha tenido acceso este periódico. Por el momento, solo han declarado los investigados en la causa que afecta al Ayuntamiento de Cortegana —lo hicieron el pasado 14 de septiembre— mientras que el resto de citaciones están pendientes de fechar.

Las tres causas parten de las acusaciones formuladas por la mercantil Emilivia, que sostiene que determinadas licitaciones fueron “amañadas” y diseñadas “a medida” para “beneficiar” a empresas concretas del sector taurino. Esas acusaciones, que se investigan ahora por la vía penal, se apoyan en resoluciones previas del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA), que declaró la nulidad de varios pliegos y procedimientos de contratación al encontrar irregularidades.

Este periódico ha contactado con los tres ayuntamientos implicados para recabar su versión de los hechos, pero tanto la alcaldesa de Cortegana como la de Palos de la Frontera han declinado hacer declaraciones al tratarse de un procedimiento judicial abierto. Solo se ha pronunciado el alcalde de Beas, quien aún no ha sido citado a declarar. Leñero Bardallo asegura que el Ayuntamiento remitió “hace ocho meses” el expediente de contratación solicitado por el juzgado y que desde entonces no ha recibido nuevas comunicaciones.

Un “flagrante incumplimiento” de la ley en Beas

En el caso del Ayuntamiento de Beas, Emilivia denuncia un “amaño” sistemático de los pliegos de licitación en favor de Ruedos del Sur Eventos 2016 S.L. para la organización de las capeas y festejos en el municipio. “Los querellados han venido amañando los pliegos que rigen todos los procedimientos de adjudicación durante más de 10 años, para que solo resulte adjudicataria la empresa Ruedos del Sur Eventos 2016 S.L.”, según sostiene la querella admitida a trámite.

La mercantil querellante concurrió a la licitación para la adjudicación del contrato de festejos taurinos tradicionales de agosto de 2025 y terminó impugnando el procedimiento ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales al apreciar “que se incluían criterios de puntuación y solvencia amañados para que resultara adjudicataria la misma mercantil de siempre”, según indica la denuncia.

De acuerdo con los hechos recogidos en la querella, después de que el TARCJA anulara los pliegos hasta en dos ocasiones, Emilivia obtuvo la mayor puntuación en el tercer concurso. Aun así, continúa el escrito, el Ayuntamiento “dejó en suspenso” formalmente el procedimiento y efectuó una adjudicación “a dedo” en paralelo, concediendo finalmente el contrato —previamente anulado— a Ruedos del Sur por valor de 145.200 euros, según señala la acusación.

La querella de Emilivia se sustenta en la resolución del TARCJA de 26 de septiembre de 2025, en la que el tribunal administrativo acordó dar traslado de las actuaciones a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción al apreciar un “flagrante incumplimiento” de la Ley de Contratos del Sector Público por parte del Ayuntamiento de Beas. Dicha resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, señala que el contrato de los festejos taurinos denunciados se adjudicó el 13 de agosto de 2025 sin haber culminado el procedimiento legalmente establecido y sin respetar el plazo de formalización de 15 días hábiles, de ahí que justifique la “gravedad” suficiente para activar la inspección de la Oficina Antifraude.

La empresa querellante utiliza precisamente este acuerdo de traslado en su querella criminal para argumentar que la actuación municipal rebasó la mera ilegalidad administrativa y constituye delito penal. Según se indica en la querella, una vez que Emilivia judicializó los hechos ante los juzgados de instrucción penal de Huelva, la Oficina Antifraude paralizó su procedimiento administrativo de investigación a la espera del pronunciamiento judicial. El TARCJA es un órgano administrativo especializado, cuya función directa es anular actos o pliegos ilícitos y derivar las irregularidades graves a los órganos de control.

El alcalde y la empresa niegan adjudicaciones “a dedo”

El juez titular del juzgado de Instrucción número 5 de Huelva admitió a trámite la querella el pasado 9 de febrero. A partir de ahí, solicitó al Ayuntamiento de Beas el expediente administrativo correspondiente a la contratación de los festejos taurinos de agosto de 2025, así como la documentación relativa al pago de 145.200 euros y otros documentos relacionados con la contratación. También requirió información sobre las adjudicaciones de festejos taurinos realizadas desde 2016 a efectos de comprobar si desde entonces “la única empresa adjudicataria de todos los festejos taurinos ha sido Ruedos del Sur Eventos 2016 S.L.”, tal y como se denuncia.

El auto pide citar a declarar al alcalde de Beas, José Leñero Bardallo, así como a seis funcionarios de la administración local que forman parte de la mesa de contratación del ayuntamiento de Beas, junto a Antonio Jesús Rodríguez y Eduardo Duarte, como responsables de Ruedos del Sur. La fecha queda pendiente de señalarse “una vez practicadas las anteriores diligencias”.

Desde Ruedos del Sur, Antonio Jesús Rodríguez Santana, uno de los representantes acusados, reconoce que lleva 16 años trabajando con el Ayuntamiento de Beas, pero niega que hayan existido contratos “a dedo” y defiende que los festejos taurinos se adjudican mediante licitaciones públicas. Rodríguez Santana sostiene que su empresa no participa en la elaboración de los pliegos y que las adjudicaciones corresponden exclusivamente a la mesa de contratación, formada por personal de la administración local.

En la misma línea se expresa el alcalde de Beas, quien tilda la querella penal de “disparate” y defiende que las decisiones de contratación se adoptan sobre la base de las propuestas de la mesa de contratación y de los informes que elaboran los técnicos municipales. El primer edil también niega que pueda atribuirse a su equipo de gobierno una práctica mantenida durante los diez años a los que alude la querella, ya que Leñero accedió a la Alcaldía en junio de 2023 y sostiene que durante la década anterior el municipio estuvo gobernado por dos alcaldes del PSOE. Según explica, el pliego utilizado para la contratación de los festejos taurinos “era el mismo” durante esos distintos mandatos.

Respecto a los procedimientos anulados, el responsable de Ruedos del Sur admite que en Beas se han cancelado 20 pliegos relacionados con festejos taurinos. En cuanto al procedimiento de 2025, afirma que la oferta presentada por Emilivia —a la que califica de “empresa fantasma”— fue descartada por no cumplir con ciertos requisitos económicos y por carecer de determinados informes necesarios para formalizar la solicitud. Según su versión, la mesa de contratación adjudicó “a última hora” el contrato a Ruedos del Sur por ser “la única empresa” que disponía de “la solicitud en Gobernación” y cumplía los parámetros requeridos.

Palos de la Frontera: 18 años de adjudicaciones a la misma empresa

En el caso de Palos de la Frontera, figuran como investigados la actual alcaldesa, Milagros Romero; el exalcalde y actual senador del PP Carmelo Romero Hernández; y Ricardo Bogado Gómez, quien fue primer teniente de alcalde, actualmente concejal de Obras y Urbanismo, Mercado y Movilidad, según figura en la página web del Ayuntamiento. La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Moguer los citó a declarar el 1 de julio, pero, según explica la acusación, la citación se suspendió a raíz de que el exalcalde alegara su condición de senador y, por tanto, de aforado.

La querella de Emilivia contra el Ayuntamiento de Palos sostiene que los festejos taurinos con ocasión de las fiestas de San Jorge y la tradicional Corrida Pinzoniana se adjudican de manera ininterrumpida a Taurina de Buendía S.L. desde 2007, año en que se inauguró la Plaza de Toros municipal de Palos de la Frontera, según los hechos denunciados. En la misma línea que la querella anterior, se afirma que los procedimientos habrían contado con pliegos diseñados “a medida” y valoraciones “arbitrarias”.

“Prueba de ello es que, durante 18 años en 36 licitaciones, la única adjudicataria de todos los contratos ha sido la citada mercantil Taurina de Buendía S.L.”, como señala la querella admitida a trámite el 22 de abril. También Emilivia denuncia haber sido excluida de la licitación de la Corrida Pinzoniana de octubre en 2025, después de presentar una propuesta con una nómina de matadores y rejoneadores que la empresa califica de “primer nivel”.

Esta redacción se ha puesto en contacto con el gerente y responsable de la empresa Taurina de Buendía, Jorge Fernández, conocido en el mundo taurino como Jorge Buendía, quien se ha mostrado dispuesto a dar su versión, sin que lo haya hecho hasta el momento. Por su parte, la alcaldesa de Palos de la Frontera ha declinado responder a las preguntas de este medio a fin de contrastar los hechos denunciados.

Apropiación indebida como “represalia”

La tercera investigación afecta al Ayuntamiento de Cortegana, cuya causa incorpora una acusación diferente: la posible apropiación indebida de una garantía provisional depositada por Emilivia para participar en el procedimiento de adjudicación de los festejos taurinos de septiembre de 2023.

En el auto firmado el 25 de febrero, la jueza del juzgado de Instrucción número 2 de Aracena cita a declarar en condición de investigados a la alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín Florido, y a Jorge Buendía, responsable de la empresa Taurina de Buendía, entre otros funcionarios municipales. La declaración se celebró el pasado 14 de septiembre, tras posponerse la citación prevista inicialmente para el 27 de abril.

Según la querella, la empresa solicitó en varias ocasiones la devolución de esa cantidad, la última vez, el 13 de noviembre de 2025. “Durante más de dos años los querellados han omitido el debido cumplimiento de su obligación deliberadamente, sin que pueda considerarse que se trate de un error, habida cuenta que los mismos son plenamente conscientes de las reiteradas solicitudes de devolución”, apunta la querella.

La mercantil atribuye esa retención a una supuesta “represalia” relacionada con los conflictos surgidos en los procedimientos de contratación de los festejos taurinos, que han impugnado ante el órgano administrativo en varias ocasiones. Según su versión, los responsables municipales habrían adjudicado “de forma directa y verbal” los festejos de septiembre de 2023 y 2025 a Taurina de Buendía S.L., empresa que, en palabras de la querellante, llevaba más de diez años resultando adjudicataria merced a “procedimientos amañados a su medida”, como denuncian en la misma línea que en las querellas anteriores.

La querella incluye también la exclusión “arbitraria” de la oferta presentada por Emilivia en 2025 con el pretexto de no acreditar la organización de 15 corridas de toros en los últimos cinco años, requisito “no exigible a empresas de nueva creación” (Emilivia se constituyó en 2022) y sin otorgar plazo de subsanación, según esgrime la acusación. La empresa querellante denuncia además que el consistorio habría impedido o dificultado el uso de la plaza de toros en otras fechas del año, garantizando la “exclusividad” de su uso a favor de Taurina de Buendía S.L.

Próximas querellas en dos ayuntamientos de Jaén

Las impugnaciones de contratos de festejos taurinos no se limitan a municipios gobernados por el PP. El alcalde de Beas sostiene que también se han producido conflictos en otros ayuntamientos gobernados por el PSOE, entre ellos Zalamea la Real y Aracena en Huelba, o La Algaba en Sevilla. Estas actuaciones, no obstante, corresponden a procedimientos administrativos de contratación y no han escalado a prodecimiento penal como en el caso de Beas, Palos de la Frontera y Cortegana.

Emilivia Espectáculos S.L. anuncia también sendas querellas contra responsables de los ayuntamientos de Baeza y Andújar, en la provincia de Jaén. Según la mercantil, en ambos municipios —gobernados también por el PP— el TARCJA habría anulado procedimientos de contratación de festejos taurinos y, posteriormente, los espectáculos habrían sido “adjudicados directamente” a otra empresa del sector, pese a las resoluciones del tribunal administrativo.

La empresa querellante sostiene que estos casos, junto a los de Huelva, evidenciarían un patrón en el que tres empresas del sector taurino se benefician sistemáticamente de adjudicaciones “directas” y elaboradas “a medida” por las administraciones locales.

El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado abrir diligencias previas para investigar la polémica cena de gala que se celebró el pasado 17 de septiembre a los pies de la Giralda, contando con el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, entre los 400 invitados.

En un auto firmado el 29 de septiembre, la jueza ordena “oficiar a la policía a fin de que proceda a la investigación de los hechos”, según trasladan a elDiario.es fuentes judiciales.

La investigación sobre el evento privado, que obligó a cerrar al público la emblemática plaza Virgen de los Reyes, se inicia a raíz de la denuncia interpuesta por el partido Iustitia Europa, que apunta a posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación por la organización de un acto que fue financiado con 36.058 euros por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla.

Instituciones señaladas en la denuncia

El evento correspondía a la celebración de la XX edición de los Premios Escaparate, organizados por la revista del mismo nombre, y que ha generado una ola de críticas ciudadanas por el uso de un espacio público y emblemático para una celebración privada.

Iustitia Europa dirige su denuncia contra el Ayuntamiento de Sevilla, Contursa —la empresa municipal de gestión turística— y la Consejería de Turismo, a las que atribuye la concesión de permisos administrativos y la aportación de fondos públicos.

La denuncia señalaba también a la Diputación de Sevilla, basándose en informaciones publicadas según las cuales cedió la Casa de la Provincia como camerino para los artistas que actuaron en la gala, extremo rotundamente desmentido por la institución provincial.

La acusación de Iustitia Europa se formuló “contra quienes resulten responsables”, solicitando así que la instrucción determine la intervención concreta de “autoridades, funcionarios y responsables públicos”.

El partido señala como una de las claves la utilización de la plaza Virgen de los Reyes, “respecto de la cual la ordenanza municipal establece una prohibición específica para determinados eventos”, a lo que se une que el Ayuntamiento asumió la condición de organizador o coorganizador y solicitó la ocupación de este espacio.

El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, criticó que “el dinero público no es del PP, del PSOE ni de Vox”, sentido en el que apunta hacia las tres administraciones: Consistorio (gestionado por el PP), Consejería de Turismo (que controla Vox) y Diputación (en manos del PSOE). A su juicio, los fondos públicos “no están para mariscadas, cenas privadas o galas, es de todos los ciudadanos”, acusando a las cúpulas de las formaciones políticas de “confundir las administraciones con su patrimonio”.

El partido denunciante subrayó además que la propia delegada municipal de Turismo reconoció públicamente que una empresa privada no podía solicitar el uso de la plaza, mientras que el Ayuntamiento sí podía hacerlo. El gobierno local aportó además 14.900 euros más IVA (18.029 euros en total) y la Junta de Andalucía otros 14.900 más IVA, mediante un contrato menor de patrocinio, con lo que la suma conjunta asciende a 36.058 euros.

En cuanto a la Diputación, su inclusión en la denuncia se basa en informaciones relativas a la Casa de la Provincia, situada en la vecina plaza del Triunfo. El promotor del evento, Mario Niebla del Toro, afirmó que la corporación provincial le remitió un contrato que finalmente no llegó a aceptar. La institución provincial sostiene que dicho espacio fue solicitado por la organización, sin especificar el tipo de evento, como ocurre con otras peticiones que recibe de asociaciones e instituciones. Según la institución provincial, se solicitó la cesión de una sala para utilizarla como vestuario de los artistas y de un aseo.

Por el momento, la jueza de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha encargado a la Policía que investigue los hechos para elaborar un atestado que permita esclarecer las circunstancias del evento y determinar, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos denunciados.

Que la inteligencia artificial (IA) está transformando el mundo laboral ya no es algo que suene a ciencia ficción, sino que forma parte del presente más inmediato. Los algoritmos participan cada vez más en las primeras fases de los procesos de contratación y se encargan de filtrar las candidaturas antes de que una persona evalúe a los aspirantes a un determinado puesto de trabajo.

Con esta realidad como punto de partida ha arrancado este miércoles en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla la 15.ª edición de las jornadas Gira Talks, impulsadas por Coca-Cola. El encuentro ha reunido a 130 estudiantes para invitarlos a reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la selección de personal y los retos éticos que plantea su uso.

“La realidad es que cada vez más, antes de que lo revise una persona, un currículum ya ha sido clasificado o filtrado por un algoritmo”, afirmó la decana de la facultad anfitriona, María del Milagro Martín, durante la apertura de la jornada. Según explicó, la IA está “transformando de manera profunda” los procesos de selección, la gestión del talento y la forma en la que las organizaciones toman decisiones sobre las personas.

La decana defendió que comprender estos mecanismos se ha convertido en una “necesidad” para los jóvenes que pronto accederán al mercado laboral. “Primero porque seréis candidatos en procesos de selección, pero también porque en un futuro tendréis la responsabilidad de tomar esas decisiones”, aseguró dirigiéndose a los jóvenes que aspiran a desarrollar su carrera profesional en departamentos vinculados a los recursos humanos y la gestión del talento.

Por ello, la responsable de la Facultad de Ciencias del Trabajo insistió durante su intervención en que la tecnología no actúa de forma neutral. “Quien selecciona no es la IA, sino las personas que diseñan, interpretan y utilizan los algoritmos”, subrayó. En este sentido, advirtió de que estas herramientas tecnológicas pueden incorporar “patrones de comportamiento y reproducir sesgos” que desemboquen en “situaciones discriminatorias” para determinados colectivos si no existe una supervisión adecuada.

La IA como aliada, no como sustituta

Por su parte, la directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners, Beatriz Codes, puso el foco en el potencial de las nuevas generaciones y en la necesidad de que aprendan a utilizar estas herramientas sin renunciar a su propio criterio. “El talento joven es una de las mayores fuerzas que tenemos hoy en la sociedad”, afirmó en el arranque de la nueva edición de GIRA Talks, un programa que ha acompañado durante los últimos 14 años a más de 9.000 jóvenes –entre ellos, 1.049 de Sevilla– en su preparación para el mercado laboral.

La representante de Coca-Cola destacó que la inteligencia artificial ya forma parte de la forma de enseñar, estudiar y contratar, pero defendió que debe entenderse como un apoyo y no como un sustituto de las capacidades humanas. “La IA es una gran aliada, pero lo que nos hace únicos es nuestro criterio personal”, señaló, animando a los asistentes a aprender cómo integrar a la IA para contar mejor sus fortalezas sin que ello “sustituya la esencia de la persona”.

En la apertura de la jornada también participó el director general de Andalucía Emprende, Javier González, quien defendió la colaboración público-privada para “no solo crear el talento, sino retenerlo”. González coincidió en que la tecnología es una herramienta que viene a “multiplicar” y que puede “facilitarnos” la vida, pero sin olvidar que “el criterio y el talento son las personas quienes lo aportan a esa herramienta”.

La encargada de inaugurar oficialmente el encuentro ha sido la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas. Durante su intervención, puso en valor el contenido de una jornada orientada a ofrecer a los jóvenes las claves para sacar el máximo provecho a sus candidaturas ante una oferta laboral. Para la rectora, lo más importante no solo es saber preguntar a la IA, sino “saber interpretar las respuestas” y contar con “el criterio suficiente para no delegar en las herramientas tecnológicas las decisiones que tienen que tomar las personas”.

La tecnología al servicio de las personas

Tras la apertura oficial, los 130 universitarios continuaron la jornada con tres horas de formación de la mano de la Fundación Universidad-Empresa, en las que abordaron el uso de la IA como herramienta para impulsar el talento, las claves para comunicarse con precisión con estas herramientas y su aplicación como aliada en los procesos de selección. La formación también puso el foco en la importancia de utilizar la inteligencia artificial desde la ética, los valores y la responsabilidad.

La acción formativa ha servido para trasladar la IA del terreno teórico a situaciones concretas que los jóvenes encontrarán cuando comiencen a buscar empleo. A través de diferentes sesiones prácticas, los estudiantes han trabajado en cómo utilizar estas herramientas para preparar sus procesos de selección haciendo un uso responsable y útil de la inteligencia artificial. 

Una formación que deja una idea central: la incorporación de la IA a los procesos de selección no elimina la responsabilidad humana, sino que exige reforzar el criterio de quienes diseñan, utilizan e interpretan estas herramientas para garantizar que la tecnología esté, como señaló la decana, “al servicio de las personas y nunca al revés”.

Hay acciones que implican traspasar una línea roja, una frontera invisible que es como la última gota que llena el vaso de la paciencia. Por su impacto, eso ha ocurrido con el desahucio de Maricarmen en Madrid para ponerle el foco al desgarro de la vivienda en España, y salvando las muchas distancias es lo que –a escala local– se ha vivido en Sevilla para resucitar el debate sobre el uso (y el abuso) del espacio público. El detonante ha sido la famosa cena de gala celebrada a los pies de la Giralda, en la que concurren varias polémicas y que muchas voces han puesto como el símbolo más extremo, “el colmo” del rumbo de una ciudad a la que están obligando a normalizar la ocupación por lo privado de sus calles y plazas.

La imagen de un reservado exclusivo en un espacio público y privilegiado en un entorno declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco ha reavivado el malestar vecinal que se lleva cociendo desde hace años, en un contexto social muy tensionado por la presión de las viviendas turísticas y la invasión de veladores. Un evento VIP para el que el Ayuntamiento cedió –en contra de su propia ordenanza– un enclave tan privilegiado como la plaza Virgen de los Reyes y al que asistieron como invitados el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde, José Luis Sanz, máximos representantes de dos administraciones gobernadas por el PP que pusieron 36.000 euros brutos (IVA incluido) para financiar los XX Premios Escaparate.

La respuesta ciudadana, al margen de la indignación, ha sido una sentada en la misma plaza en protesta contra la “privatización” de la ciudad y con el objetivo de “recuperar” este enclave. Como telón de fondo, la impotencia ante la evidencia de que el espacio público se ha convertido en un recurso para eventos, negocios y actividades privadas, lo que lleva a preguntarse qué está pasando y qué puede hacerse para ponerle freno.

Todo esto es fruto de la mercantilización del espacio público, la banalización del patrimonio y la falta tanto de cultura como de sentido común

Amparo Graciani — Catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación de la Universidad de Sevilla y doctora en Historia del Arte

La primera en dar la voz de alarma en redes sociales sobre lo que venía fue Amparo Graciani, catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación de la Universidad de Sevilla y doctora en Historia del Arte. Y aunque lamenta que en relación con el patrimonio ha habido “ejemplos muy flagrantes que no han llegado a explotar”, como Icónica en la Plaza de España o Naturaleza Encendida en el Alcázar, cree que en este caso se ha dado un cóctel que puede marcar “un antes y un después”: malestar ciudadano previo por anuncios como los veladores en la Plaza Nueva, época preelectoral, el simbolismo del enclave, dinero público, un evento elitista…

“La gente está muy cansada”

Y todo, fruto de “la mercantilización del espacio público, la banalización del patrimonio y la falta tanto de cultura como de sentido común”. “Ha faltado sensibilidad”, resume, “han pensado que les valía con un papelito para dar permiso y no se han dado ni cuenta de lo que han hecho”. Y para más inri, a los pocos días el Ayuntamiento acogía un acto sobre turismo de lujo en el que se ponía sobre la mesa que por qué no cerrar la Torre del Oro si un señor quiere cenar allí. “Todo esto demuestra poca inteligencia, no es ya sólo el dinero público, sino la falta de respeto al ciudadano. Y la gente está muy cansada”, advierte.

“Una utilización abusiva de lo que es el patrimonio identitario” define por su parte lo ocurrido Víctor Fernández Salinas, catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Sevilla y miembro de Icomos, organización asociada a la Unesco y que le asesora en cuestiones de patrimonio. Es además el símbolo de que Sevilla se está convirtiendo en una “ciudad para el monocultivo turístico, una ciudad escaparate y nunca mejor dicho, una ciudad en la que todo se puede alquilar, todo se puede vender, incluso los elementos más simbólicos, más representativos, el corazón de la ciudad”.

“Nunca se habían atrevido a tanto”

La imagen que se ha ofrecido ha sido “muy triste”. La plaza Virgen de los Reyes es objeto de una “dinámica privatizadora” en Semana Santa con sillas y vallas, “pero ya convertirlo en un restaurante es una vuelta de tuerca insoportable”, una imagen que refuerza la idea de que “en Sevilla todo es posible pagando”. Aunque sea apropiándose de un paisaje público que “no es un espacio de nadie, sino que es fundamentalmente de la gente de la ciudad que ya lo compartimos habitualmente, con mucha generosidad, con una gran cantidad de turistas, con una cantidad de usos ligados al turismo”.

La ordenanza que regula la ocupación de los espacios públicos del conjunto histórico, de 2008, recoge en su artículo 11 que “queda prohibida la ocupación de las plazas Virgen de los Reyes y del Triunfo para el desarrollo de eventos y actividades, aunque incluye el matiz de que se admiten actos que por su ”corta duración, carecer de instalaciones o precisar instalaciones de escasa entidad“ no ocupen el espacio demasiado tiempo. En este supuesto podría encajar la cena de Escaparate, una gala que para la delegada municipal de Turismo y Cultura, Angie Moreno (PP), se ajustó a un procedimiento legal y de hecho partió del propio Ayuntamiento la petición para utilizar la plaza. Vox también ha tratado de quitar importancia a que tres de sus cargos estuvieran en el evento.

"Han ocupado para intereses que no son colectivos el lugar más 'sagrado' de la ciudad, hay que poner pie en pared

Javier Escalera — Catedrático de Antropología de la UPO

Pero no le quita trascendencia a lo ocurrido Javier Escalera, catedrático de Antropología de la Universidad Pablo de Olavide, para quien lo ocurrido al pie de la Giralda es “un paso más en una trayectoria que se inició hace tiempo, no sólo con este gobierno municipal: la puesta a disposición de la ciudad y su patrimonio a los intereses privados y particulares”. Eso sí, en este caso considera que “se han traspasado todos los límites de la prudencia” derivando en un caso “extremo” porque se ha celebrado “en el lugar más simbólico de la ciudad”.

Por eso, ve positivo el revuelo social que se ha formado, porque “uno de los grandes problemas de Sevilla es que al personal parece que le resbala todo”. Pero esta vez “ha sido el colmo, nunca se habían atrevido a tanto”, porque “han ocupado para intereses que no son colectivos el lugar más sagrado de la ciudad”. En este sentido, considera que hay que “poner pie en pared” ante este rumbo.

“Obsesionados con la promoción turística”

Jaime Jover, geógrafo e investigador en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), se adentra en la variable política para apuntar que “es la enésima prueba de que el Ayuntamiento de Sevilla no gestiona pensando en los residentes, sino que está obsesionado con la promoción turística de la ciudad, con atraer a más y más visitantes, como si no existiera un problema de saturación turística”. Y a eso hay que añadirle que, desde un punto de vista técnico-urbanístico, “estamos hablando de una ilegalidad: la ordenanza del propio Ayuntamiento prohíbe este tipo de eventos en la plaza Virgen de los Reyes, donde se realizó esta cena exclusiva”.

Es decir, que “el Ayuntamiento crea la norma pero no se la aplica”. Por ello, apunta a que “si hubiera alguna asociación o partido con ganas de batallar, llevaría este asunto a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. O si la propia Fiscalía quisiera hacer su trabajo bien, entiendo que podría abrir diligencias de oficio”. De momento, el evento de la revista Escaparate ha acabado en el juzgado de guardia, donde ha presentado una denuncia el partido Iustitia Europa.

“Es ilegal según la normativa municipal precisamente por su simbolismo, porque se entiende que es un espacio libre especialmente sensible” como otros del casco antiguo, apostilla. Esta misma consideración se plasma en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que a su juicio “tiene sentido si pensamos que, al ser espacios patrimoniales, satisfacen una necesidad pública de índole cultural, en el entorno de monumentos clave de la ciudad, y por eso el Ayuntamiento se dota de un proceso específico para autorizar eventos en estos lugares”. Es el caso de esta plaza, que es el “epicentro de los bienes Patrimonio Mundial de la Unesco que tiene Sevilla”: Catedral, Alcázar y Archivo de Indias“.

“Tendencia de privatización” al alza

Y a propósito del PGOU, Manuel Ángel González Fustegueras, arquitecto, urbanista y padre de este plan de ordenación que se aprobó en 2006, considera que –en teoría y ante un caso de estas características– él “no debería opinar más allá de lo que dice la ordenanza municipal, pero lo cierto es que esto no está bien, ha sido privatizar un espacio público de una manera nada razonable y más para un evento de esta naturaleza”. “Ha sido lamentable, más que excesivo”, apostilla, y lo enmarca en “una tendencia cada vez mayor de privatización del espacio público”.

Han encontrado la forma de burlar la ordenanza, pero esto no es la primera vez que pasa, el riesgo es que la excepción se convierta en norma. Esto es un timo y una estafa a los ciudadanos

Manuel Ángel González Fustegueras — Urbanista y arquitecto

Con la famosa cena de gala, la ordenanza admite excepciones que en este caso poco menos que se han retorcido para ajustarlas a lo que interesaba puntualmente, “un timo y una estafa a los ciudadanos” que representa el riesgo añadido de que “esa excepción se convierta en norma”. “Han encontrado la forma de burlar la ordenanza, pero esto no es la primera vez que pasa”.

Víctor Fernández Salinas tercia para coincidir en que “se trata del espacio más complejo desde el punto de vista patrimonial, es el sancta sanctorum del patrimonio sevillano”. Así que “no es un espacio cualquiera”, y precisamente por eso “el espacio público que está entre ellos tiene que participar de ese carácter especial, hay que tener mucho cuidado cuando se mercantilizan los elementos identitarios más importantes de una ciudad”.

“A más no se puede ir ya”

Jaime Jover retoma el hilo para recordar que “Sevilla siempre ha tenido una oferta turística centrada sobre todo en el entorno de Santa Cruz, pero ahora es una ciudad turistificada y ya no sólo Santa Cruz, sino en casi todo su centro histórico”. Es decir, que hablamos “precisamente de los barrios que concentran una mayor identidad urbana” y que ahora están orientados al visitante, “se ve hasta en el idioma que utilizan, ¿quién hace un brunch en esta ciudad?”.

“Podríamos contar con los dedos de una mano las pescaderías que quedan en el centro histórico; para las ferreterías quizás nos harían falta dos, pero dudo que haya más de una decena”. Evidencias, en definitiva, que son “indicadores” claros de que “cada vez viven menos personas en el centro porque las viviendas que ocupaban hoy son hoteles o pisos turísticos”.

Javier Escalera añade por su parte que “lo de los veladores por todos lados es escandaloso, ahora van a estar hasta en la Plaza Nueva, y luego está lo que se quiere hacer en la Plaza de España”, donde el alcalde insiste en su idea de vallarla para cobrarle a los turistas. “¿Qué será lo siguiente, una terraza en la Giralda?”, se pregunta, y es que “lo de la cena no es ni casual ni excepcional, forma parte de una manera de entender la ciudad como negocio y producto al mejor postor” que se traduce en “una utilización absolutamente sin control de lo común”. “Se le está quitando espacio al ciudadano en beneficio de los intereses particulares, hay una gran insensibilidad política a nivel colectivo”, lo que ha llevado a cruzar una línea “que hasta los turistas que pasaran por allí el día de la gala verían cateto”.

El símbolo de la ciudad es la Giralda, esto es atreverse a vender lo mejor, al final las propias instituciones terminan banalizando los elementos más identitarios

Víctor Fernández Salinas — Catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Sevilla y miembro de Icomos

“¿Qué necesidad hay de que haya veladores en la Plaza Nueva, en qué beneficia eso a Sevilla?”, cuestiona Manuel Ángel González Fustegueras, al tiempo que pone el acento en que “la hostelería ocupa toda la ciudad”. “El espacio público es lo más democrático que existe”, de ahí que considere “muy grave” su privatización porque es “subvertir” su fin. Y el caso de esta gala lo considera especialmente “raro” porque no sólo se le ha permitido, sino que también se le ha pagado con dinero público: “Es como si a un bar le pagamos por poner veladores, a más no se puede ir ya”.

“Una forma frívola de usar los recursos de la ciudad”

Víctor Fernández Salinas subraya que el acto al pie de la Giralda es “muy grave” y se enmarca dentro del “modelo de desarrollo de nuestra ciudad”, que despoja a los barrios de sus habitantes y que tiene que ver con la expansión de los veladores por todos lados, incluso en enclaves donde no había como en la Plaza Nueva. “Es peligrosísimo, es una forma frívola de usar los recursos más importantes de la ciudad porque desde las instituciones públicas, que deberían ser ejemplares, se nos demuestra a la población que eso no es nuestro”.

“El símbolo de la ciudad es la Giralda, esto es atreverse a vender lo mejor”, continúa. Al final, las propias administraciones “terminan banalizando los elementos más identitarios”, de ahí que entienda perfectamente el revuelo social que se ha formado, “por lo simbólico, por lo que trasciende y por lo que atenta contra los elementos identitarios más importantes de Sevilla”. “Es la sobreexplotación y el abuso del patrimonio”, remacha.

Cumplir las ordenanzas ya existentes

Jaime Jover apunta a otro símbolo, la Plaza de España, un enclave patrimonial que durante un par de meses en verano cierra varias de sus zonas “para el lucro de una empresa privada, no tiene ningún sentido”. Esto lo enmarca en poco menos que una tradición, y es que “no es algo nuevo que el Ayuntamiento no proteja los espacios públicos de la ciudad”, y aquí asoma el recuerdo de 1992, cuando el Cabildo de la Catedral “privatizó el patio de los Naranjos, que había sido siempre un espacio público, y nadie dijo nada”. “En cualquier otro lugar con unas instituciones decentes que defendieran el interés general no se habría permitido o, como mínimo, ya se habría revertido”.

El actual modelo de ciudad es que no hay modelo, aquí se hace lo que manda el mercado, es decir, el que tiene más dinero, y el sevillano que se vaya a vivir a la periferia

Jaime Jover — Geógrafo e investigador en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA)

“Sevilla es cada vez más insoportable para vivir en ella, es un proceso triste y muy denunciable”, insiste Víctor Fernández Salinas, que lamenta el modelo de ciudad que se está imponiendo, “si a las plazas más importantes se las trata así, al resto se le puede hacer cualquier cosa”. “Diría más bien –añade Jaime Jover– que el modelo es que no hay modelo, aquí se hace lo que manda el mercado, es decir, el que tiene más dinero, y el sevillano que se vaya a vivir a la periferia”.

“El alcalde llegó al poder hace más de tres años diciendo que contendría los pisos turísticos y no ha hecho absolutamente nada”, continúa, y resalta que “ahora dice que va a hacer un plan para repoblar el centro y, por lo que se ha publicado en prensa, es solamente humo”. Ante ello, explica que más que nuevas ordenanzas que regulen estas situaciones, lo que hay que hacer es cumplir con las que ya existen.

¿Y qué futuro aguarda a las ciudades que siguen esta tendencia? “Los urbanistas no hacemos milagros”, apunta Manuel Ángel González Fustegueras, porque en última instancia “el urbanismo depende de un ayuntamiento, de su pleno, de los partidos políticos…”. Eso sí, postula que “el ciudadano es el protagonista de la ciudad”, y que tiene en sus manos la herramienta más poderosa para cambiar las cosas: su voto.

La dirección de la RTVA se ha comprometido este martes a abrir un expediente para investigar el origen de la filtración de las bases y el temario de las oposiciones de Canal Sur, según han trasladado a este periódico representantes sindicales presentes en la reunión de la mesa de contratación celebrada entre los miembros del Consejo de Administración de RTVA y los sindicatos.

La investigación era precisamente la principal reivindicación con las que los sindicatos acudieron a la reunión de este martes, después de que elDiario.es Andalucía revelara que la documentación de la convocatoria había circulado dentro y fuera de la empresa desde, al menos, comienzos de septiembre, semanas antes de su publicación oficial.

Según las fuentes sindicales consultadas, la dirección compartía esa misma propuesta y también la ha puesto sobre la mesa para tratar de esclarecer de dónde partió la filtración y cómo pudo salir de los ámbitos que tenían acceso a la documentación durante la tramitación de las bases. La empresa, sin embargo, no ha informado públicamente por el momento de la apertura del expediente ni de los términos en los que se desarrollará la investigación.

Los sindicatos reclamaban esclarecer el origen de la filtración

La petición de investigar el origen de la filtración ya había sido planteada por las organizaciones sindicales antes de la reunión de este martes. Los representantes de los trabajadores habían reclamado explicaciones a la dirección después de conocer que las bases y los anexos relativos al temario y los requisitos llevaban semanas en posesión de los trabajadores que se van a presentar a las oposiciones.

La preocupación de los sindicatos se centra en las condiciones de confidencialidad con las que se negociaron las bases. La documentación había sido manejada durante su tramitación por los miembros del Consejo de Administración y por las organizaciones sindicales que participaban en la negociación, según había trasladado previamente la Consejería de Presidencia.

Las organizaciones sindicales han defendido durante los últimos días que la investigación debe permitir determinar quién tuvo acceso a la documentación, en qué momento salió de los ámbitos de negociación y cómo llegó a trabajadores y personas ajenas a la empresa antes de que la convocatoria fuera publicada oficialmente.

La apertura de esta investigación se produce después de que la dirección de RTVA difundiera este lunes las bases ya firmadas a través de la intranet de la empresa y del Portal de Transparencia, adelantándose a la publicación prescriptiva en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El documento coincide sustancialmente con el que llevaba semanas circulando y solo incorpora, respecto a la versión a la que tuvo acceso este periódico, la fecha de la resolución y la firma del director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado.

Las primeras oposiciones de Canal Sur en casi 20 años contemplan 228 plazas y han generado una gran expectación entre los trabajadores y profesionales del sector audiovisual andaluz. La filtración de las bases y el temario antes de su publicación oficial ha provocado dudas y malestar entre la plantilla y las organizaciones sindicales, que lo han calificado de “escándalo”.

Ahora, con el compromiso de abrir una investigación, los sindicatos esperan que la dirección determine el origen de la filtración y aclare si se produjo una difusión de documentación desde alguno de los ámbitos que tuvieron acceso a las bases durante su elaboración y aprobación.

Los gritos de un grupo de estudiantes en defensa de la universidad pública han obligado a suspender el acto de apertura oficial del curso académico en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), en el que participaba este martes el nuevo consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela.

La protesta se ha llevado a cabo precisamente durante el turno de palabra del consejero, en pleno desarrollo del acto académico que se estaba celebrando en el Paraninfo de la UPO. Cuando Paradela se dirigió al atril, los manifestantes se pusieron en pie y empezaron a corear desde el público consignas contra la gestión de la Junta: “¿Cómo voy a estudiar si no lo puedo pagar?”, gritaban, mientras desplegaban carteles denunciando la “infrafinanciación” del sistema universitario público.

Los gritos y abucheos interrumpieron así la intervención de Paradela, que esperaba en el atril mientras el rector de la UPO, Francisco Oliva, pedía silencio. “Aquí tenemos la costumbre de debatir, de escuchar y no de gritar; os pido que, por favor, escuchéis todas las propuestas y opiniones”, rogó sin éxito el rector.

“¿Me dais la oportunidad de contaros algo?”, intentó entonces el consejero, mientras los estudiantes continuaban gritando sus reivindicaciones. “Es un acto universitario, estamos en un claustro, por favor, no podéis interrumpir, vamos a tener que tomar medidas disciplinarias”, advirtió Oliva. Poco después, el rector trató de reconducir la situación: “Vamos a escucharlo primero y luego podremos actuar, hay que respetar el derecho de expresión de los demás”, dijo mientras desde el público se escuchaba “basta ya de complicidad”.

Tras unos instantes de silencio, Paradela trató de retomar su intervención. “La juventud es esa edad indefinida en la que uno todavía se atreve a imaginar que puede cambiar el mundo”, comenzó. Palabras que provocaron nuevos abucheos y gritos de “vergüenza” entre los manifestantes. El consejero siguió intentando hablar, pidiendo a los estudiantes que escucharan y conversaran “con quien piensa diferente”.

Ante la imposibilidad de avanzar con el discurso, Paradela terminó guardando silencio y el rector dio por concluido el acto, casi 15 minutos después de que comenzara la protesta. Ni el consejero ni el rector han podido leer finalmente sus intervenciones.

Otro curso marcado por las movilizaciones

Se trata del segundo curso consecutivo que arranca marcado por las protestas en la Universidad Pablo de Olavide. El año pasado también se convocó una movilización coincidiendo con el acto de apertura oficial del curso académico de las universidades andaluzas, presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Aquella vez, la acción reivindicativa tuvo lugar a las puertas del Paraninfo y provocó que se interrumpiera la entrada del cortejo académico.

En esta ocasión, la protesta –organizada por la plataforma UPOxLaPública– se ha llevado a cabo en el interior del edificio y se ha saldado con la suspensión del propio acto, ante la imposibilidad de continuar con las intervenciones que estaban programadas. Representantes de UPOxLaPública explican a elDiario.es que la acción se ha coordinado con otras plataformas universitarias, que también han protagonizado movilizaciones similares en las últimas semanas, dentro del calendario de protestas que prepara el camino hacia la huelga educativa general convocada para el 11 de noviembre.

El pasado 11 de septiembre, de hecho, otra movilización contra la “infrafinanciación” de las universidades públicas eclipsó la apertura del curso universitario andaluz, celebrada en la Universidad de Granada (UGR) y presidida por Moreno. También allí estudiantes y trabajadores reclamaron una mayor financiación para las universidades públicas con una concentración a las puertas del Rectorado de la UGR.

Reivindicaciones dirigidas a la Junta y a los rectores

Los convocantes aseguran que sus reivindicaciones se dirigen tanto a los responsables políticos como a los equipos de gobierno de las universidades y, en particular, a los rectores. A estos últimos les reprochan su “complicidad” con la Junta en un momento en el que las universidades públicas mantienen abierta la negociación con la administración autonómica sobre la financiación del sistema y el pulso se ha relajado, al menos en las formas.

Entre los carteles exhibidos durante la protesta podían leerse mensajes como “Fuera privatizador, la UPO no se vende” o “La deuda se acumula y la pública se estrangula”, junto a imágenes de aulas e instalaciones de la universidad que, según denuncian desde la plataforma, presentan “condiciones deplorables”, con problemas como goteras en la biblioteca y desperfectos sin reparar.

Desde UPOxLaPública responsabilizan principalmente a la Junta de la situación por la falta de financiación, aunque también cuestionan la gestión del Rectorado y le reprochan haber anunciado medidas para mejorar las instalaciones que, a juicio de la plataforma, finalmente no se han llevado a cabo.

La comunidad universitaria mantiene así la presión sobre la Junta en un curso que vuelve a arrancar con el conflicto por la financiación de las universidades públicas como uno de sus principales focos de protesta.

Un día después de que elDiario.es revelara la filtración del temario de las oposiciones de Canal Sur, la dirección de la RTVA ha difundido a primera hora de este lunes la convocatoria ya firmada a través de la intranet de la empresa. Horas después, la ha subido también al Portal de Transparencia. El documento, al que ya tienen acceso todos los trabajadores del ente público, todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

RTVA se ha adelantado así a la publicación de las bases en el BOJA, que constituye la apertura oficial del procedimiento, según explican expertos en Derecho Administrativo. La dirección ha eludido responder, a preguntas de este periódico, cuál es el motivo por el que se ha optado por difundir la convocatoria este lunes, sin esperar a que estas sean accesibles a través del boletín oficial.

La versión ahora difundida coincide sustancialmente con el documento interno al que tuvo acceso este periódico y que llevaba en posesión de trabajadores desde, al menos, comienzos de septiembre. La principal diferencia es que el definitivo incorpora la fecha de la resolución –15 de septiembre– y la firma del director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado.

La decisión de hacer pública la convocatoria antes de su publicación en el BOJA ha generado dudas entre los representantes sindicales, que siguen reclamando explicaciones a la dirección después de que trascendiera que las bases y el temario de las primeras oposiciones de Canal Sur en casi 20 años llevaban semanas circulando dentro y fuera del ente público. Desde el Comité Intercentros cuestionan la gestión de la empresa dada la “incertidumbre” que ha suscitado.

Los sindicatos no se explican por qué, si la empresa podía difundir por adelantado la convocatoria en el Portal de Transparencia, la dirección ha esperado hasta ahora para hacer pública una documentación que ya estaba firmada desde hace una semana. Fuentes sindicales atribuyen la decisión a un intento de “acallar” el revuelo interno provocado por la filtración del temario antes de su publicación oficial, y esperan poder aclarar las incógnitas en la reunión de la mesa de contratación prevista para este martes 22 de septiembre.

Cronología: un anuncio que coincidió con la filtración

El Consejero de Presidencia, Antonio Sanz, anunció la convocatoria para cubrir 228 plazas en la cadena pública el 7 de septiembre en una entrevista en Canal Sur. El anuncio, que despertó gran espectación en el sector audiovisual andaluz, coincidió con que las bases habían sido remitidas al Consejo de Administración de RTVA para su aprobación.

Al día siguiente, el director general de la RTVA informó que, esa misma semana, el Consejo de Administración aprobaría los documentos que se habían acordado con los sindicatos en la última reunión de la mesa de contratación, celebrada el pasado 30 de julio. A dicha documentación solo podían acceder los miembros del Consejo y las organizaciones sindicales que participan en la negociación. Pero por esas fechas de principios de septiembre, las bases –junto con los anexos relativos al temario y los requisitos– ya estaban circulando dentro y fuera de la empresa.

Una semana después, el 16 de septiembre, Juan de Dios Mellado firmó el documento para su publicación oficial en el BOJA. El documento, ya fechado y firmado por el director general, se ha incorporado a la intranet de la empresa y al Portal de Transparencia la mañana de este lunes, 24 horas después de la información destapada por elDiario.es Andalucía.

Este periódico ha preguntado a la Consejería de Presidencia si la filtración de las bases conlleva alguna consecuencia que pueda perjudicar el procedimiento; si la Consejería o la RTVA han pausado la convocatoria cuando supieron que los temarios se habían filtrado a principios de septiembre; si se han tenido que rehacer algunos documentos tras hacerse públicos y si temen que la convocatoria pueda ser impugnada. Desde el departamento que dirige Antonio Sanz han contestado: “Pregunta a quien lo haya filtrado”.

Dudas en torno a la impugnación

Las consecuencias que puede tener la difusión de unos documentos internos que todavía no se han publicado oficialmente genera dudas entre sindicatos y trabajadores. Algunos representantes sindicales temen que pueda ser motivo de impugnación, mientras que otros van a exigir que se paralice la publicación hasta que se investigue y esclarezca el episodio de la filtración.

En cuanto al hecho de que la RTVA se haya anticipado a la publicación, expertos en Derecho Administrativo consultados por este periódico explican que el organismo público puede adelantar la publicación en su correspondiente Portal de Transparencia sin que ello “vicie de nulidad el procedimiento”, siempre que vaya seguido de la publicación en el boletín oficial.

Otra experta en Función Pública consultada indica que la convocatoria solo adquiere validez con su publicación en el boletín oficial y que es entonces cuando puede ser objeto de impugnación. Respecto a la difusión anticipada de RTVA, considera que “no es lo habitual” y que éticamente es cuestionable, aunque no necesariamente incumpla la legalidad si ha pasado el procedimiento negociador con las organizaciones sindicales.

La filtración del temario plantea, sin embargo, una cuestión diferente. Según los expertos consultados, el acceso anticipado a los contenidos podría tener relevancia si quienes conocieron las bases con semanas de antelación disponen de más tiempo para preparar los ejercicios que el resto de aspirantes. En ese caso, si el plazo entre la publicación oficial y la celebración de los exámenes fuera reducido, podría plantearse si se han garantizado las mismas condiciones de igualdad para todos los participantes.

La dirección de la RTVA publicó los documentos oficiales en la intranet a primera hora de la mañana del lunes —sobre las 8:30, según fuentes de la plantilla—. Unas horas después, pasado el mediodía, los trabajadores se percataron de que también figuraban ya en el Portal de Transparencia de la RTVA.

Este movimiento ha vuelto a plantear dudas sobre las garantías en el procedimiento y en el acceso a la información entre los trabajadores de Canal Sur y el resto de aspirantes a las 228 plazas convocadas. Dudas que los sindicatos van a poner sobre la mesa en la reunión de este martes.

El temario para las próximas oposiciones de Canal Sur —las primeras que se convocan en 18 años— se ha filtrado antes de que la convocatoria aparezca publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), según denuncian organizaciones sindicales y trabajadores de la cadena pública que optan a una de las 228 plazas ofertadas.

elDiario.es/Andalucía ha tenido acceso a dicha documentación, que lleva al menos dos semanas en posesión de trabajadores del ente público que se presentarán a las oposiciones. Además, este periódico ha podido comprobar que las bases de la convocatoria, junto con los anexos relativos al temario y a los requisitos, están circulando dentro y fuera de la empresa desde, al menos, el 7 de septiembre.

Se trata de documentación interna que, según fuentes de la Consejería de Presidencia, solo manejan los miembros del Consejo de Administración de RTVA y las organizaciones sindicales que participan en la mesa de contratación. Las mismas fuentes insisten en que estos documentos carecen de carácter oficial hasta que la convocatoria se publique en el BOJA.

La directiva de la RTVA ha eludido confirmar o desmentir que se trate de los documentos oficiales. A preguntas de este medio, fuentes de la dirección niegan tener constancia de que estos documentos hayan llegado a manos externas. Sin embargo, desde el Comité Intercentros de RTVA y Canal Sur indican que el pasado martes pusieron en conocimiento de la dirección de la empresa que, “desde comienzos de septiembre”, había documentación interna circulando “para que pusiera medidas”.

Desde el máximo órgano unitario de representación de la plantilla explican que la última reunión en la que se aprobaron las bases tuvo lugar el 30 de julio. El Consejo de Administración dio su visto bueno hace “un par de semanas”, como lo anunció el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado. Desde entonces, están a la espera de la publicación de la convocatoria en el BOJA. “Nos preocupa la gestión de los tiempos y la confidencialidad que está haciendo la RTVA”, trasladan desde el comité.

Fuentes sindicales califican la filtración de “escándalo” y denuncian que hay academias y preparadores que ya están trabajando con estos mismos temarios, aunque no está confirmado que la documentación difundida se corresponda con la versión definitiva de las bases, que han sufrido varias modificaciones durante su tramitación, hasta que se aprobaron definitivamente el 30 de julio.

Ante la “gravedad” de los hechos, sindicatos como la Agrupación de Trabajadores de Canal Sur (AT) avanzan que en la próxima reunión de la mesa, prevista para este martes 22, van a pedir a la dirección que inicie una investigación para que se esclarezca “de dónde ha partido la filtración y si los temarios que están circulando por ahí se corresponden con el contenido exacto de la convocatoria”.

Las oposiciones, en juego

A juicio de los sindicatos lo “grave” de la situación es que las personas que participan en la negociación de las bases están sometidas a medidas de sigilo y han firmado documentos de confidencialidad sobre la información que se aborda en esas reuniones. Varios representantes sindicales trasladan su estupor e indignación y advierten de las consecuencias que podría tener este episodio para el proceso: “Nos jugamos que se impugnen las oposiciones”.

Cabe mencionar que en torno a esta convocatoria existe mucha expectación dentro del sector audiovisual, pues no se publican oposiciones en la radiotelevisión pública andaluza desde 2008. Cuando el propio consejero de Presidencia, Antonio Sanz, anunció las oposiciones para cubrir 228 plazas en la cadena pública, calificó la convocatoria de “histórica y muy importante para los grandes profesionales de la RTVA”. Lo dijo el 7 de septiembre. Al menos desde ese día ya estaban circulando los documentos, según ha podido comprobar este periódico.

Los sindicatos lamentan que el episodio de la filtración pueda empañar un proceso en el que, aseguran, llevan invirtiendo “mucho esfuerzo” y siendo “pulcros para que sea transparente y justo”. En ese sentido, se muestran confiados en que la filtración no ha partido de las organizaciones sindicales y recuerdan que la documentación también está al alcance del Consejo de Administración.

Ni la Consejería ni la dirección aclaran cuáles pueden ser las consecuencias de la difusión de unos documentos que todavía no se han publicado oficialmente. Los sindicatos consideran que la filtración de contenido confidencial en torno a un proceso de oposiciones compromete los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia que, por normativa, rigen el acceso al empleo público en Andalucía.

“Algunos compañeros dicen que puede ser material de impugnación”, apuntan fuentes sindicales. La preocupación se extiende también a la posibilidad de que una filtración pueda afectar a otras fases del proceso. En este punto, distinguen entre la difusión de las bases y una eventual filtración de las preguntas del examen, como sucedió con las oposiciones de RTVE en septiembre de 2024, cuando la prueba quedó suspendida por la filtración del examen, afectando a unas 5.000 personas convocadas. 

Preocupación entre los trabajadores

La filtración también ha generado indignación entre los trabajadores que optan a una de las plazas y que se muestran preocupados por el impacto que pueda tener en el desarrollo del procedimiento. Profesionales de Canal Sur lamentan que las oposiciones estén “viciadas antes de nacer” y sostienen que la circulación de las bases previa a su publicación oficial “mina la credibilidad y confianza” en la empresa y genera dudas sobre las garantías de igualdad y transparencia de la convocatoria.

Los representantes sindicales consultados coinciden en que difundir el temario antes de la convocatoria oficial es un hecho “muy grave”, por cuanto supone incumplir el compromiso de discrecionalidad, secreto y confidencialidad con el que se desarrollan las reuniones en las que se negocian las bases. La cuestión, aseguran, se ha convertido en “un clamor” dentro del ente público, de ahí que vayan a abordar el asunto en la reunión de esta semana, sin descartar emprender otras medidas.

Con las bases todavía pendientes de publicación en el BOJA y sin confirmación sobre si la documentación que circula se corresponde con la versión definitiva, sindicatos y representantes de los trabajadores exigen ahora esclarecer el origen de la filtración y reforzar las garantías de confidencialidad de una convocatoria ampliamente esperada por los profesionales del sector.