Imagina la escena. Un educador social en un centro de acogida para menores en Zaragoza. Toca repartir la paga de 15 o 17 euros entre los niños, niñas y adolescentes con buen comportamiento durante la semana y a uno de ellos le tiene que decir: tú no, que eres marroquí. O para los casos en que, como nos han contado desde una de las empresas gestoras, la aportación se destina a que los chicos y chicas vayan al cine: tú te quedas sin ir, que eres somalí. A ese nivel de indignidad hemos llegado.

Al vicepresidente en el Gobierno de Aragón por Vox, Alejandro Nolasco, parece que se le ha metido entre ceja y ceja ser portada nacional. Y lo está consiguiendo. A su lado, el PP y Jorge Azcón dejan hacer. Al menos, por ahora.

Su última ocurrencia, la más sonada hasta ahora, ha sido retirar la pequeña aportación que reciben los menores tutelados por la comunidad autónoma en los centros de acogida para sus “gastos de bolsillo”. Eso sí: solo a los extranjeros, no a los nacionales. Chicos y chicas con infancias muy complicadas, a menudo envueltas en episodios violentos, que están aquí, en un país que no es el suyo, privados del apoyo de sus padres. Y, ahora, con un nuevo enemigo que trata de aplastarlos desde el poder que dan las instituciones. No hay calificativos.

En síntesis, toda una Vicepresidencia del Gobierno de Aragón dedicada básicamente a perseguir a niños. Como decía un comentarista en una información nuestra: “Y el domingo todos a misa”.

Pero es que, en el colmo del absurdo, ni siquiera el ahorro a las arcas autonómicas prometido por Nolasco va a ser una realidad: este jueves te revelamos que las aportaciones semanales se encuentran incluidas en el contrato de gestión de los centros de acogida; es decir, que en todo caso supondrían un ahorro para las empresas concesionarias –que ya han dicho que destinarán ese dinero a otros fines–. Además, antes incluso de que se publique la instrucción, las entidades han recibido ya un correo electrónico para que la aplicación de la discriminatoria medida sea inmediata. Te podrás imaginar el desconcierto que hay entre estas asociaciones, que incluso se plantean dejar de gestionar los centros de acogida.

¿Cuál ha sido la reacción en la sociedad aragonesa? El anuncio más llamativo ha venido de una de las instituciones con más prestigio y raigambre en la comunidad, el Justiciazgo, que desde hace dos años y medio tiene al frente por primera vez a una mujer, la jueza Concepción Gimeno y que ha decidido abrir de oficio un expediente para analizar la medida.

El Gobierno central, a través del Ministerio de Juventud e Infancia dirigido por Sira Rego (IU), ha anunciado que va a llevar la iniciativa a la Fiscalía, y lo mismo ha hecho público Chunta Aragonesista. El PSOE aragonés ha optado a través de su secretaria general, Pilar Alegría, por denunciarlo ante el propio Justiciazgo.

Mucho más tibia ha sido la postura adoptada por el socio de gobierno de la extrema derecha en el Ejecutivo autonómico. El PP está decidido a mantener hasta donde sea posible la coalición y ha evitado colisionar públicamente con Vox. “A mí lo que me preocupa es que publique la verdad, que se digan cosas que sean verdad”, reaccionó días atrás Azcónante la proliferación de noticias de tinte xenófobo en el portal oficial del Gobierno. Que es lo mismo que no decir nada. Y en esa línea la vicepresidenta Mar Vaquero: “El acuerdo de gobierno del PP y Vox queda claro: se van a respetar las decisiones de cada una de las consejerías. Eso es lo que va a impulsar el día a día”. La oposición pide a los populares que no esconda “la cabeza como un avestruz” y evite que Vox marque “la agenda”, como está haciendo.

Cuatro episodios de memoria recuperada

No ha sido premeditado, pero en los últimos días hemos traído a la edición aragonesa de elDiario.es cuatro informaciones diferentes que tienen como lazo en común el rescate de la memoria histórica y democrática en Aragón.

La primera de estas historias une a la provincia de Soria con la de Huesca, y más en concreto con la localidad de Aínsa. Su alcalde, Quique Pueyo, se desplazó este fin de semana a Iruecha para recuperar por fin los restos de su bisabuelo, asesinado en octubre del 36. Viajó acompañado por su madre, Felisa García, nieta de Juan García Gutiérrez y el auténtico motor que ha permitido devolver los restos a la familia. Entre medias, un relato plagado de reveses, sorpresas y giros de guion que te invito a leer si aún no lo has hecho.

En Zaragoza capital, hemos rescatado un episodio poco conocido, o al menos poco divulgado: la Medalla de Plata de la ciudad concedida a los 'Voluntarios del 18 de julio', con la que el franquismo premió a más de 400 vecinos que se sublevaron frente al régimen legítimo republicano. Ninguna corporación ha abordado hasta ahora revocar un reconocimiento que va contra lo regulado en la Ley de Memoria Democrática.

De un cariz distinto es lo sucedido en Fraga, donde ha tenido que ser la propia Fiscalía la que, ante la desidia del Ayuntamiento –gobernado por el popular Ignacio Gramún–, haya obligado al municipio a retirar los honores concedidos al dictador Francisco Franco, alcalde honorario perpetuo e hijo adoptivo del municipio desde 1953. No es nuevo: el primer edil ya afirmó en abril que dar este paso y cumplir así la ley no era “una prioridad”.

La cuarta y última información nos lleva cerca de la localidad fragatina, hasta Bujaraloz. En este caso, Vox no dudó –desde el altavoz que otorgan las Cortes de Aragón– en calificar de “aquelarre anarquista de cuatro días” unos actos de homenaje en el 90 aniversario del paso de la Columna Durruti por el municipio, organizados por diversas asociaciones. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA) respondió: “Aragón no necesita lecciones de revisionismo de quienes niegan los derechos humanos más elementales”.

Es una Vicepresidencia de nombre enrevesado –Desregulación, Bienestar Social y Familia–, con cinco direcciones generales y dos organismos autónomos, pero con casi un único cometido: sostener una guerra total contra 238 niños, niñas y adolescentes sin acompañar en Aragón. Todo ello, con la connivencia del PP de Jorge Azcón. Ese es el balance de tres meses que se puede hacer hasta el momento de la segunda etapa de Alejandro Nolasco, cabeza visible de Vox en la comunidad, como número dos del Ejecutivo autonómico. Un relato que incluye pruebas forenses a pequeñas de nueve años para determinar su edad o la retirada de una paga semanal de 17 euros a todos los menores migrantes, sea cual sea su comportamiento.

Esta película de miedo, con entregas semanales salvo en el lapso en que Aragón ha estado asediado por los incendios, ha dado lugar ya al menos a dos denuncias ante la Fiscalía: una del Ministerio de Juventud que dirige Sira Rego y otra de Chunta Aragonesista.

El comienzo del 'asedio' se puede situar en el propio acuerdo de gobierno suscrito por Azcón y Nolasco el 22 de abril: 'No más MENAS', arrancaba el segundo epígrafe, dedicado a inmigración. “El Gobierno de Aragón rechazará de forma expresa la política inmigratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”, precisaba el documento. Pese a que el plazo marcado era “desde el primer día”, lo cierto es que Vox se ha visto obligado a seguir recibiendo menores migrantes bajo tutela ante el riesgo de violar la ley si se oponía.

El pacto incluía en realidad un rosario de medidas con este mismo fin: el despliegue de un 'plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal', con “acuerdos con los países de origen que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos” –una competencia que en todo caso corresponde al Ejecutivo central–; 100.000 euros para el Instituto de Medicina Legal de Aragón dentro de una “partida específica” con el objetivo de incrementar las pruebas de determinación de edad entre los menores migrantes no acompañados; “ni una plaza más y reducción del gasto al mínimo legal imprescindible” en este ámbito, y el “endurecimiento del régimen interno de los centros de menores”, con más “protocolos de intervención y disciplina”.

Primera intervención en las Cortes

Ya investido como vicepresidente, la primera intervención de Nolasco en las Cortes de Aragón fue para mantener la intensidad de la guerra contra este conjunto de niños, niñas y adolescentes: “Cuantas menos plazas de menas haya, más plazas para ancianos tendremos”, tituló el Departamento la nota de su comparecencia.

El 26 de mayo, primer conato de crisis de gobierno. El vicepresidente Nolasco manifestó públicamente que se iba a reforzar “la seguridad” en los centros con menores migrantes ante la “alarmante acumulación de altercados”, que no sustentó en datos. La también vicepresidenta Mar Vaquero (PP) le recordó que no era “posible” meter a policías nacionales solo a vigilar estos centros, ya que son de acogida y por lo tanto solo pueden acceder ante situaciones de violencia. Dos días más tarde, Nolasco cerró la polémica reculando en parte: la seguridad se reforzaría “de una manera u otra”.

Esa semana, el portal oficial del Ejecutivo autonómico –donde hasta ahora se había vendido solo la acción de Gobierno– publicó una nota de la Vicepresidencia sobre una supuesta agresión de un menor a una trabajadora social, con datos como la edad y la nacionalidad del joven. Esta práctica se ha ido sucedido en el tiempo: hasta nueve notas de prensa oficiales más en apenas dos meses similares. Hasta la Asociación y el Colegio de Periodistas de Aragón han tenido que salir al paso para afear a Vox las publicaciones y la terminología empleada. La respuesta del vicepresidente de esta formación fue acusar a los periodistas de “estar a la orden de partidos políticos”.

Otra marcha atrás

A principios de junio se vivió una de las mayores controversias, cuando el vicepresidente Nolasco anunció que su Departamento iba a llevar a cabo pruebas forenses a todos los menores migrantes en Aragón para determinar su edad. Y puso el ejemplo de una niña de nueve años que, según la estimación que le habían trasladado, tenía “trece”. El dirigente de la extrema derecha tuvo que dar marcha atrás en parte –una constante en estas semanas–, ya que el Gobierno de Aragón solo puede trasladar su interés en llevar a cabo análisis concretos a la Fiscalía de Menores, que es el órgano que debe dar el visto bueno.

Por entonces, la oposición en las Cortes de Aragón al completo se unió para criticar la “grave irresponsabilidad” del Ejecutivo de Jorge Azcón por “contribuir a la criminalización de los menores extranjeros no acompañados mediante mensajes institucionales que señalan y estigmatizan a un colectivo especialmente vulnerable”.

También salieron al paso los propios educadores sociales, los encargados precisamente de tratar con los menores migrantes en los centros de acogida. Este colectivo lanzó un duro comunicado en el que censuraba la “narrativa” de Vox, que solo consigue fomentar “la estigmatización de quienes más protección necesitan”. Cuando una institución generaliza sobre un colectivo vulnerable y proyecta sobre él “una imagen de amenaza”, analizaban, se alimentan “el miedo, el rechazo social y los discursos de odio”, lo que dificulta los procesos de inclusión de estos chicos y chicas.

La última polémica ha llegado con la paga semanal para los niños, niñas y adolescentes en centros de acogida. Son 17 euros semanales que reciben en función de su comportamiento y que ahora dará lugar a una discriminación: la Vicepresidencia de Vox ha anunciado que solo lo recibirán los nacionales, no los extranjeros, una acción que terminará en la Fiscalía entre acusaciones de “discriminación”.

¿Cuál ha sido el papel del PP en todo ello? Entre tibio y connivente. El presidente Azcón se ha manifestado dos veces últimamente, y en ambas ha intentado templar gaitas con el mismo argumento: si lo afirmado por Nolasco era “verdad” y estaba dentro de la “legalidad”, algo que no cuestionaba, lo aceptaba. En la misma línea de argumentario, la vicepresidenta Vaquero ha evitado el choque este mismo martes, al aceptar los pasos dados por la extrema derecha por formar parte del acuerdo de gobierno. El límite, ha dicho, es cumplir la ley: “Las dos partes sabemos que es así”.

La gigafactoría que desarrollan Stellantis y la empresa china CATL en Figueruelas (Zaragoza) a través de una 'joint venture', a la que han denominado Contemporary Star Energy (CSE), ha recibido este lunes el visto bueno definitivo del Gobierno de Aragón. El anuncio ha servido para conocer más detalles sobre las obras en la planta: el más destacado, que la firma asiática ha optado al final por alojar dentro del recinto a los trabajadores chinos que vengan para levantar el complejo, y que alcanzarán una punta de 1.700 personas.

Esto es lo que ha trasladado el presidente autonómico, Jorge Azcón, en el acto por la aprobación definitiva del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), en el que ha estado acompañado por Andy Wu, director general de CSE. Los números aportados de la gigafactoría son los conocidos: una inversión de 4.100 millones de euros, una superficie de 89 hectáreas que se amplía en la actual planta, una capacidad de producción de 50 GWh y en torno a 4.000 puestos de trabajo directos. Pero lo que no se sabía, y cuya trascendencia aún está por determinar, son las condiciones residenciales con que contarán los empleados del país asiático que lleguen a Zaragoza para impulsar el complejo.

En la actualidad ya son 172 los empleados chinos, todos ellos a sueldo de CATL, los que están llevando a cabo los primeros trabajos, dentro de un contingente inicial que está ya trabajando ahí –el resto, de contratas españolas–. Pero con el paso de los meses el incremento será muy significativo. Así, según ha precisado Azcón de media habrá unos 1.000 empleados chinos en la factoría, y el “pico máximo” será de 1.700 personas. “Eso va a ser solo en la fase de construcción y debido al conocimiento especializado que tienen en este tipo de instalaciones –ha querido matizar el jefe del Ejecutivo autonómico–. Cuando esté en plena producción, serán 4.000 los trabajadores de nuestra comunidad autónoma los que habrá de manera continua”.

Azcón ha resuelto la incógnita del alojamiento, que había generado inquietud en los municipios del entorno dada las dificultades que podría suponer un fuerte aumento poblacional para por ejemplo los servicios sanitarios. En la zona, la localidad próxima más poblada es Pedrola con 3.800 vecinos. Sin embargo, los empleados chinos residirán en el mismo complejo de automoción: “La solución que se plantea es dentro de la fábrica, dentro de la gigafactoría. Se trata de un complejo de viviendas temporales, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y en el que el Gobierno ayudará”, ha explicado el dirigente popular.

Ante las dudas planteadas, Azcón ha querido precisar que el recinto contará con “todos los permisos”. “Estamos teniendo un cuidado especial, tanto con los permisos administrativos y como con la construcción. Un proyecto de estas características trasciende las fronteras de Aragón y de España, no podemos permitirnos equivocarnos en una cuestión como esta”, ha incidido. También ha hecho alusión al Ministerio de Trabajo, del que depende la concesión de los permisos y los visados.

La “sólida tradición industrial” en Aragón

Sobre el proyecto, el jefe del Ejecutivo autonómico ha manifestado que “sitúa a la Comunidad en el centro del nuevo mapa europeo de la automoción”. “El calendario previsto permitirá que las primeras fases de producción comiencen durante los primeros meses de 2027, un hito que supondrá el inicio de una nueva etapa para la industria europea de la automoción”, ha explicado el presidente.

Por su parte, el CEO de Contemporary Star Energy ha manifestado que la aprobación del PIGA supone “un reconocimiento a la importancia estratégica” de la futura gigafactoría y a la “visión compartida” que han “construido con las instituciones de Aragón desde el inicio de este proyecto”. Andy Wu ha querido agradecer al Ejecutivo autonómico su “confianza, compromiso y su apoyo continuo” y ha precisado que eligieron Aragón “por su sólida tradición industrial, por el talento de sus personas, por su ubicación estratégica y por su firme apuesta por la innovación y el progreso”. “Cada paso que damos confirma que fue la decisión correcta”, ha añadido.

“Este proyecto representa más que una inversión industrial: se trata de oportunidades, de crear empleo cualificado y generar crecimiento económico a largo plazo. Se trata de contribuir a creación un ecosistema que fomentará nuevas inversiones en Aragón, nuevas capacidades y nuevos socios en Aragón. Y sobre todo generar un impacto positivo y duradero para las futuras generaciones”, ha desgranado el empresario chino.

Esta es la historia de una victoria que sigue a muchas derrotas, casualidades y sorpresas. Y es también una historia que une a Iruecha, en Soria, con Aínsa, en Huesca: el alcalde del municipio altoaragonés, Quique Pueyo, ha recuperado este sábado los restos de su bisabuelo, asesinado en octubre de 1936. Pero para conseguirlo han sido necesarios años de lucha amarga, protagonizada en especial por su madre, Felisa García: es ella la que hace este relato en primera persona.

Juan García Gutiérrez, nacido en 1887, era cuando estalló la Guerra Civil concejal en el Ayuntamiento de Iruecha. Labrador y propietario de la posada del pueblo, era una persona con poder adquisitivo alto para la época.

Asociado a la CNT, al comenzar la contienda los propios guardias civiles del pueblo, a los que conocía, le advierten de que los nacionales van a ir a por él, que huya al monte. “Él les respondió que se quedaba: no había hecho nada malo y no tenía nada que esconder”, explica Felisa García, a quien el alcalde de Aínsa ha acompañado a Soria, donde se ha reunido gran parte de la familia. Lo llevan al calabozo y al día siguiente lo trasladan a Arcos de Jalón. Y de ahí, a su final: en el camino de Alcubilla de las Peñas –término municipal de Adradas– le pegan tres tiros y le matan.

Según relata Felisa García, un chico que entonces tenía 12 años, Claudio Moreno, se escondió en una cueva y lo vio todo. En una de las casualidades del destino, se enteró al leer el libro 'La represión en Soria durante la Guerra Civil', en un pasaje en el que el privilegiado testigo cuenta a una periodista las palabras que escuchó: que metían a uno de los tiroteados con el traje, pero que el reloj lo subastarían. Ese reloj era de su abuelo.

Y aquí surge una de las sorpresas de la narración. Porque su propio hijo Juan, padre de Felisa y abuelo de Quique Pueyo, había estado investigando en secreto, en pleno franquismo, qué le había sucedido a Juan García Gutiérrez. Descubrió dónde le mataron, averiguó que habían subastado el reloj, localizó a quien se lo había quedado y le pagó por recuperarlo.

Hizo todo esto sin contárselo a su propia familia. “Mi padre nos dejaba en Monreal de Ariza con unos familiares y se iba a para dar una vuelta a escondidas a Alcubilla. Intentó durante años traer a su padre al cementerio en Iruecha, pero no pudo, no hubo manera. Y ¿por qué? ”No quería que tuviéramos problemas, que pasáramos por lo mismo que él“, zanja Felisa.

Y es que Juan García Ibáñez, hijo del concejal de Iruecha asesinado, empezó en la Guerra Civil luchando con los nacionales junto a sus dos hermanos, pero cuando se enteró de que habían tiroteado a su padre tomó una decisión trascendental: se cambiaba al bando republicano. Esperó a una noche de tormentas para hacerlo; un compañero le descubrió desmontando la ametralladora, pero logró huir ileso.

La nieta toma el testigo

Al terminar la contienda, estuvo encarcelado tres años y pasó por prisiones en Burgos, Madrid o Guadalajara. Entre rejas sufrió, como tantos otros, un sinfín de penurias. Al salir, regresó a la posada de Iruecha, donde tuvo cuatro hijos, entre ellos Felisa. “Ahí viví hasta los 14 años”, recuerda ella ahora.

Sin saberlo aún, Felisa tomó hace diez años el testigo de su padre –fallecido en 1966– en la búsqueda de los restos del abuelo. Deshizo la madeja desde el hallazgo en el libro sobre la represión en Soria, aunque llegó tarde: Claudio Moreno, el testigo del tiroteo, había muerto un año antes.

Quedaba la búsqueda de la fosa, que no iba a ser fácil. “En el punto en que los mataron pusieron una cruz, pero desapareció al cabo de los años”, apunta. La familia echó manos de un actor fundamental a la hora de localizarla: la Asociación Recuerdo y Dignidad de Soria. “Sin ellos hubiera sido imposible”, valora Felisa, que también quiere mencionar entre los agradecimientos a Lourdes Herrasti, de la Sociedad Aranzadi, y que llevó a cabo la prueba de ADN –labor que, según dice, le debería haber correspondido al Juzgado, pero que no llevó a cabo–, y a Emilio Silva, quien también ha estado “muy pendiente” del proceso.

¿Cómo lo lograron? “Costó mucho”, sintetiza la nieta de Juan García Gutiérrez. “Los dos primeros días abrimos cien metros de zanja y nada. Volvimos a los dos meses y abrimos otros 200 metros: tampoco. En el insistían en que sí, que estaba en ese lado. Al final, un geólogo observó que a los 25 metros nos habíamos dejado una parte sin abrir donde había un montículo. Fue el palista y a la primera le salió: eran mi abuelo, el maestro de Aguaviva, el médico de Arcos de Jalón y el hijo del sillero de Arcos de Jalón”, relata.

No olvida la fecha: 14 de marzo de 2024. Fue, recuerda, un momento emocionante. “Muy emotivo, pero con sentimientos contrapuestos: contenta por encontrarlo, pero a la vez triste por todo lo que sufrió mi padre al no haber podido sacar los restos. Lo encontró, pero no pudo hacer nada”.

Lo peor es que ahí no acabó el calvario. Desde la exhumación, la burocracia y la desidia judicial han retrasado dos años la recuperación del cuerpo. Este sábado, por fin, Felisa, sus hermanos, sus hijos y nietos, han cerrado un capítulo con su memoria.

El juicio contra José Antonio R. C., gerente de la empresa de desalojos Okupacción y acusado de acosar supuestamente a una familia con tres hijos para que abandonen el piso en el que están alquilados, pese a que están al día con los pagos y tienen contrato en regla, ha sido pospuesto. El motivo es que las partes han acordado que, ante la existencia de una primera denuncia de la madre –archivada y recurrida–, sea la titular del Juzgado donde recayó este escrito inicial la que resuelva. Así, la causa podría dar lugar a diligencias previas de investigación por lo Penal al haberse prolongado en el tiempo el presunto acoso.

Dos vecinos han corroborado a este periódico los gritos y las supuestas amenazas que proferían los miembros de Okupacción para forzar a que la familia deje el piso. Hasta el punto de que la madre ha tenido que cogerse la baja médica y que los pequeños no van al colegio por miedo. “Me levantaba por la mañana y me conectaba a la cámara a las 7.00, a las 7.30, a las 7.59, porque sabía que venían a las 8.00. Los escuchaba gritando, mi hija tenía que salir al instituto y yo nerviosa perdida. Del trabajo me tenía que ir con ataques de ansiedad y por eso me dieron la baja. Así no se puede vivir”, explicaba. “Nada justifica que mande a unos matones”, dijo uno de estos vecinos, que explicó un episodio en el que los integrantes de Okupacción le interrumpieron el paso.

Esa primera visita en abril dio lugar a una denuncia que fue archivada y posteriormente recurrida por la acusación. Pero, tras sucesivas presiones desde Okupacción en el bloque de pisos de la Margen Izquierda, a finales de junio se produjo el segundo suceso que ahora es objeto de litigio. Ese día, la madre optó por grabar con su móvil la visita de los cuatro hombres. En un momento determinado, según la denuncia, José Antonio R. C. –vocal de Vox en el barrio zaragozano de Montañana y que fue en listas por esta formación en las pasadas municipales– le golpeó y le tiró el móvil, justo antes de que otro de ellos –el exboxeador S. M.– hiciera ademán de cargar contra la mujer, que tenía a su hija de un año agarrada a su pierna.

Este periódico ha podido acreditar el episodio mediante un vídeo.

Tanto la mujer como el gerente de Okupacción estaban citados este viernes en el Juzgado de Instrucción nº7 de Zaragoza para un juicio rápido a José Antonio R. C.por lesiones. Ahí se ha presentado con sus abogados tanto la pareja como el acusado, acompañado este por otros dos miembros de la empresa de desalojos. La acusación ha propuesto, ante la existencia de hechos similares, esperar a que el Juzgado de Instrucción nº10 resuelva el recurso y que incorpore la segunda denuncia. La defensa ha aceptado.

Esto puede suponer, según argumenta la acusación, que se conviertan en diligencias previas de investigación, lo que podría desembocar en un juicio con petición de penas de cárcel al tratarse de un presunto delito continuado. Y conllevaría también responsabilidades legales para la propietaria de la vivienda, M. C. R. H..

Mientras, en la vista también se ha dado cuenta de una denuncia interpuesta por el gerente de Okupacción contra la mujer por supuestas lesiones. José Antonio R. C. ha insistido en que no son ciertos los hechos y ha manifestado que posee vídeos que lo acreditan y que reserva para el juicio.

Okupacción ofrece como servicios en su página web la “mediación con inquilinos”, la “mediación con okupas”, “consejería y vigilancia” y “limpieza de superficies”. Nació, según explican, “de las inquietudes de tres profesionales de la seguridad privada desde 1999 especializados en la seguridad personal”.

La firma fue contratada por M. C. R. H., que aspira a que los inquilinos dejen el piso para que lo pueda ocupar su madre, que según dice se encuentra enferma en una residencia que no puede costear. En abril envió al matrimonio un burofax manuscrito reflejando esta circunstancia. M. C. R. H. manifestó a este periódico que ya había mandado otra comunicación en enero por los supuestos impagos; sin embargo, la pareja niega tanto los impagos como el documento y la propietaria ha renunciado a acreditar su existencia a este diario.

En el momento en que escribo estas líneas, parece que los incendios forestales nos dan un respiro a los aragoneses, aunque con la tercera ola de calor en ciernes más vale que vayamos preparándonos para un nuevo empentón en forma de llamas. Por desgracia, comunidades autónomas vecinas como Castilla-La Mancha y Castilla y León siguen teniendo que luchar para frenar su propagación.

Como periodista, he cubierto unos cuantos incendios; no sé si muchos o pocos, pero sí los suficientes como para tener claro que es en estos complejos episodios cuando se manifiesta una inusual unidad en la sociedad aragonesa. A todos los niveles: las instituciones, el tejido asociativo, los agricultores, los voluntarios o los vecinos sin más adscripción que su vínculo con el pueblo –y con los de su entorno–. Esta vez le ha tocado –tristemente, una vez más; habrá que analizarlo cuando reposemos lo vivido– a las Cinco Villas, uno de los territorios aragoneses con la identidad más marcada, una comarca donde el arraigo va de suyo, no resulta impostado.

Este pasado fin de semana pude comprobarlo por mí mismo en los municipios desalojados, donde –pese a que siempre surgen momentos de tensión, como es lógico– se respiraba un ambiente de todos a una que es muy raro de observar en otros fenómenos similares. Cada uno, con su cometido.

Es así como llegamos hasta un grupo de vecinos que se organizaban desde Uncastillo –qué duro el contraste de ver este monumental núcleo urbano rodeado de una capa gris de ceniza y ramas carbonizadas– para avituallar a los equipos de extinción distribuidos por el entorno. O hasta la denominada 'Tropa de Pancho Villa', el simpático nombre que han adoptado un grupo de voluntarios de Sos del Rey Católico, una villa histórica que sí que se ha podido salvar del incendio. Como vimos a agentes forestales, bomberos y militares de distintos orígenes, como si de un ejército civil se tratase, coordinarse frente al fuego.

Hemos comprobado la dedicación de los equipos de extinción, comenzando por sus responsables operativos: dirigentes políticos al pie del cañón, que se han volcado para aplacar en lo posible las llamas. Hemos visto a dos administraciones habitualmente enfrentadas –al menos, en lo que trasciende, o más bien en lo que los líderes quieren que trascienda– actuar unidas por el fin del incendio; al propio Jorge Azcón reconocer ante los micrófonos la buena labor que ha desarrollado el Gobierno central en esta lucha.

Por supuesto, también hemos sido testigos de la angustia con que los vecinos desalojados en Orés, Luesia o el propio Uncastillo han vivido su situación, sin saber si su propia casa seguía intacta o si lo habían perdido todo.

Ahora llega el día siguiente, tan duro o más que el propio incendio. Hay ya anuncios de millonarias ayudas públicas para recuperar lo perdido; esperemos que se cumplan y que se ejecuten con celeridad. Y esperemos que los de que 'el calor es algo que ocurre todos los veranos', ahora con responsabilidades de gobierno, abandonen el callejón cerril en el que se encuentran instalados, admitan que aquí algo pasa y se arremanguen para ponerle remedio.

Más sobre patrimonio... ahora en Huesca

La iglesia románica de Morcat, la de San Pedro de Lavelilla, la ermita de San Martín de Aguilar, el castillo de Berroy, la iglesia de San Pedro en Castarlenas, la ermita de la Virgen del Tozal, la Casa Ruba de Fanlo o el palacio de los Gurrea en Argavieso. Como te contamos días atrás, el patrimonio protegido se despliega en la provincia de Huesca con la misma intensidad con que se viene abajo, debido a la fatal unión del deterioro y la desidia institucional.

Es cierto que los recursos son finitos, que se trata de un problema generalizado a nivel nacional y que hay un factor diferencial a la hora de predecir la ruina, como es la despoblación: ahí donde deja de haber vecinos es fácil aventurar que no se va a actuar.

Ya en la capital altoaragonesa, la pasada semana fuimos testigos de un suceso que afecta más al patrimonio sentimental que al material: el robo de la escultura dedicada a George Orwell. El autor de '1984' prometió en su 'Homenaje a Cataluña' que, de volver a España, se tomaría un café en Huesca. Esa imagen quedó inmortalizada en el parque Miguel Servet con una obra fruto del micromecenazgo –un bajorrelieve obra de Javier Sauras– que ahora ha desaparecido, no se sabe si fruto de un acto vandálico o de qué.

Y, de regreso a Zaragoza, más de lo mismo. Esta vez le ha tocado a un edificio del barrio de la Magdalena, en la calle de las Arcadas, representativo de la arquitectura tradicional zaragozana de principios del siglo XX y ahora declarado en ruina: de nuevo, ni fachada ni nada. La capital aragonesa se ha convertido en gran medida en una ciudad que, como dice Daniel Aquillué, “pierde su esencia y su tradición”.

Un último apunte que se escapa un poco a la cuestión: apostemos por recuperar el antiguo Casino de Montesblancos, símbolo del oropel en los años ochenta del siglo pasado, situado en una enorme finca de 300 hectáreas en Alfajarín y propiedad desde hace años del Gobierno de Aragón debido a los impagos de sus propietarios.

Carlos, fontanero de Zaragoza de toda la vida, y Marta, limpiadora que lleva media vida en la ciudad –los nombres del matrimonio son falsos para preservar su intimidad–, viven alquilados en un piso de la Margen Izquierda junto a sus tres hijos de quince, diez y un año. Desde hace tres meses aseguran vivir un auténtico infierno ante las supuestas presiones, físicas incluso, de los integrantes de la empresa zaragozana Okupacción para que abandonen el piso, pese a que aseguran estar al corriente de pago y tienen contrato en regla. Este viernes, una de las personas que participaron en el presunto acoso en la misma puerta del domicilio, José Antonio R. C., va a juicio oral tras una denuncia del matrimonio por lesiones.

La propietaria, M. C. R. H., reconoce haber contactado con Okupacción para el desalojo. Asegura que quiere recuperar la vivienda para que su madre, enferma, pueda vivir ahí. Mientras, el propietario de la firma, el propio José Antonio R. C. –gerente de la empresa, vocal de Vox en el barrio rural de Montañana y número dos de esta formación en la lista por Pinseque en las últimas elecciones municipales–, niega las agresiones y rechaza que sean “cuatro matones”.

Okupacción ofrece como servicios en su página web la “mediación con inquilinos”, la “mediación con okupas”, “consejería y vigilancia” y “limpieza de superficies”. Nació, según explican, “de las inquietudes de tres profesionales de la seguridad privada desde 1999 especializados en la seguridad personal”.

La pesadilla que dice estar sufriendo la familia, adelantada por Arainfo, comenzó el pasado 20 de abril. Ese día, Carlos se cruzó por la calle, cerca de su casa, con los miembros de Okupacción: entonces no conocía a la empresa, pero intuyó a que se dedicaban. “Yo no pensé que sería por nosotros porque estamos al corriente de pagos, tenemos todo en regla”, cuenta. A las dos horas recibió un burofax de la hija de la propietaria en la que reclamaba la rescisión del contrato, pese a que solo hacía un año que habían firmado el alquiler. Lo justificaba en que no tenía dinero para pagar la residencia de su madre. Ahí empezó todo: “No nos manda a un abogado, no: nos envía a los matones”, lamenta Carlos.

El padre de familia continúa su relato: “Venían a las ocho de la mañana dando golpes y más golpes. Tuve que cambiar el horario, irme antes con mis hijos. Aunque los primeros días no me dejaban salir de casa; tenía que salir con la Policía”, explica, algo que consta en la primera denuncia que interpusieron, el 22 de abril. Pero la situación fue escalando: “Un día salí con mi hija pequeña, que iba en carro, y se me ponían delante; 'que no me quito, que no me quito'. Llamé al 091 y vino la Policía, así me pude mover. Así, días y días. Me cogieron un día aquí en medio de la parada del autobús y me dijeron: 'Esto va a empezar a calentarse. Vamos a tener que empezar a apretar'. Hasta el día que la cogieron allá sola con los niños. Ese día...”.

Ese 29 de junio se presentaron cuatro personas de Okupacción en la puerta de la vivienda, donde Marta estaba con los pequeños. Ante sus “gritos”, ella abrió la puerta. Según refleja la denuncia que interpusieron esa misma mañana, comenzaron a “decir injurias” y a insultarla tanto a ella como a su marido. La inquilina optó por grabarles con su teléfono móvil, ante lo que uno de ellos le dio “un golpe en la mano” y le tiró “el móvil al suelo”. Entonces, ella empujó a José Antonio R. C. “para quitárselo de encima” y en ese momento otro de ellos –S. M., exboxeador– se puso “en guardia con intención de propinarle un puñetazo”, pero fue frenado por sus compañeros. Según Marta, su hija de un año estaba en ese momento agarrada a su pierna.

Un vídeo que ha podido visualizar este periódico corrobora los hechos relatados por la mujer, quien en la denuncia recogió que no solo les “atemorizaban a ellos”, sino también “a los vecinos de la finca”. Asimismo, indicó que se había visto obligada a ir al médico. Este viernes se dirimen estos hechos en un juicio oral por delito leve contra José Antonio R. C. en el Tribunal de Instancia de Zaragoza.

La madre describe cómo ha sido su día a día en los últimos tres meses, ante una situación que le ha obligado a coger la baja médica. “Me levantaba por la mañana y me conectaba a la cámara a las 7.00, a las 7.30, a las 7.59, porque sabía que venían a las 8.00. Los escuchaba gritando, mi hija tenía que salir al instituto y yo nerviosa perdida. Del trabajo me tenía que ir con ataques de ansiedad y por eso me dieron la baja. Así no se puede vivir”, relata. Sus hijos faltaron al colegio numerosos días por este motivo.

“Es un paripé”

“Dice que necesita que su madre venga a la casa –continúa Carlos–. Vale, pues bien. Pero, claro, debe demostrar que va a venir aquí, no basta con decirlo. Lo que no puedes hacer es alegar que no tienes dinero y mandar a unos matones que cobran una pasta. Esto es todo un paripé para que nos vayamos”, sentencia. Desde su punto de vista, el problema de fondo es que pagan 550 euros de alquiler mientras que en pisos de alrededor la renta llega a superar los 800 euros.

Su relato recibe el respaldo de dos vecinos que en el rato de esta conversación pasan a su lado. Uno de ellos es Sergio. “A mí me asaltaron en medio de la calle –cuenta–. Soy educador social y llevo 16 años tratando con asesinos y violadores, con lo que no me afectó. Iban con la bolsa de basura y no me dejaban pasar, me paraban. Me avasallaban e intentaban dar la vuelta a la tortilla para parecer ellos los agredidos”. Al igual que el matrimonio, admite que “las circunstancias de la dueña” pueden no ser “fáciles”, pero añade que “nada justifica que mande a unos matones”.

Otro vecino –son diez en la comunidad– afirma la presencia de los miembros de Okupacción y también lamenta que, debido a la tensión, sus hijos no quisieron ir al colegio.

Los vecinos acusan a los miembros de Okupacción de acciones para transmitir la imagen de que el inmueble está ocupado, como un portero arrancado o una esvástica dibujada en una puerta.

Contactada por este periódico, la propietaria, M. C. R. H., argumenta que ella misma es “vulnerable”, que está “en la unidad del dolor” y que toma “pastillas desde el año pasado” por culpa “de los impagos”, que cifra en “490 euros”. Al cuestionarle el motivo por el que no alegó estos impagos para tramitar la rescisión del contrato, M. C. R. H. alude a un primer burofax que habría enviado “en enero” al matrimonio por estos retrasos con el alquiler. La pareja tacha sin embargo de “mentira” la existencia de ese primer burofax y la propietaria del piso ha renunciado a compartir esa documentación con elDiario.es bajo el argumento de que va contra “la ley de protección de datos”. “Estoy de baja. Todo esto es solo para los cuidados de mi madre, les da igual que yo sea vulnerable”, insiste M. C. R. H.

Por su parte, el responsabe de Okupacción también desmiente las agresiones. “Podemos justificar todas nuestras actuaciones con vídeos, tenemos todo grabado. Por eso hemos denunciado tanto a un vecino como a la inquilina, que es la que se puso agresiva y me pegó un golpe a mí, que mido 1,97”, dice José Antonio R. C. Asegura que en los “nueve años” que realiza la misma labor no ha sido “nunca” condenado. “No entro en esas situaciones hostiles porque siempre estamos al filo de la navaja. Me tomo mi trabajo muy en serio, no somos cuatro matones. Hacemos lo que la justicia lamentablemente no hace”, explica.

Sobre el caso de esta familia, incide en que no les han contratado “porque haya una deuda, sino porque hay una mujer de 85 años que es vulnerable y que necesita el piso como primera necesidad. La ley dice que si necesitas la vivienda para un grado primero de consanguinidad se rescinde el contrato”.

Para eso, en todo caso, hay un plazo mínimo de dos meses desde el momento en que la propiedad comunica de forma fehaciente la causa concreta. Y, según los inquilinos, los miembros de Okupacción aparecieron por la casa el mismo día en que se entregó el burofax. “No fuimos a decirles que se fueran, sino a trasladarles que ese burofax había sido enviado y que en unos dos meses se tienen que ir de la propiedad. Lo primero que somos es personas, hay que entender a la otra parte”, argumenta José Antonio R. C.

La apuesta del Ejecutivo de Jorge Azcón por la educación privada le sitúa ya a la vanguardia de los gobiernos autonómicos del PP. Al menos así queda reflejado tras lo vivido en la pasada Conferencia Sectorial de Energía, en la que se aprobó el reparto de dinero por parte del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) a las comunidades para climatizar centros sanitarios y educativos. Tal y como ha revelado este jueves la ministra Sara Aagesen, Aragón se quedó solo en su abstención a este desembolso al exigir que los fondos –de carácter público– pudieran destinarse también a colegios concertados.

En la reunión, de carácter telemático y celebrada el pasado martes, se votaba la propuesta del Miteco para transferir 368 millones de euros a las comunidades autónomas, de los que 14,3 corresponderían a Aragón, para actuaciones de climatización y eficiencia energética en hospitales, centros de salud, consultorios locales y otros inmuebles de la red pública de salud, y tambíen para colegios y otros centros docentes públicos, dentro de los programas PREE Sanitario y PREE Docente, respectivamente.

Y la delegación aragonesa fue la única que no dio su apoyo, algo que ha hecho público la titular del Ministerio en una entrevista en la Cadena SER. “Fue por unanimidad salvo por una comunidad autónoma: Aragón. Quería que se incorporaran colegios concertados, no solo los públicos. Pero nosotros como Administración General del Estado utilizamos el dinero público para la enseñanza pública”, ha reafirmado Aagesen.

Azcón “favorece los intereses privados”

Las reacciones a la noticia han sido inmediatas. El PSOE aragonés ha reclamado a Azcón que “explique a los ciudadanos” esta circunstancia. “No estamos ante una discrepancia técnica ni ante un reparto que perjudique a Aragón. Estamos ante una decisión política que vuelve a demostrar cuál es el modelo del PP: reclamar fondos al Estado y, cuando llegan, intentar desviarlos hacia la privada”, han incidido fuentes socialistas, para quien el presidente autonómico “cada vez que tiene que elegir favorece los intereses privados”. “Lo hace en la educación, impulsando la concertada mientras debilita la red pública, y lo hace en la sanidad, aumentando las derivaciones y las oportunidades de negocio para empresas privadas”, han abundado los socialistas.

Las mismas fuentes del partido han destacado la situación que viven “miles de alumnos y docentes”, que “soportan temperaturas superiores a 30 grados en las aulas”, y lo han contrapuesto a “la prioridad” del Gobierno de Aragón de “conseguir que el dinero llegara también a la privada”. “A este paso, ¿lo próximo que hará el Gobierno de Azcón será pedir al Gobierno de España fondos públicos para climatizar la Quirón?”, se han preguntado los socialistas.

Como respuesta, el Ejecutivo autonómico ha confirmado que se abstuvo en la Conferencia Sectorial de Energía al considerar “que el reparto de fondos excluye a una parte de la educación sostenida con fondos públicos”, aunque dice compartir “plenamente el objetivo de mejorar la eficiencia energética de los centros educativos y acelerar su adaptación frente a los efectos del cambio climático”.

Según han explicado desde el Departamento de Economía, que tiene asumidas las competencias en materia de energía, “Aragón defiende que las ayudas deben llegar tanto a los centros públicos como a los concertados, al formar ambos parte de la red que presta el servicio público educativo”. La exclusión de la concertada “por motivos meramente ideológicos” supone, desde su punto de vista, “una discriminación para una parte del alumnado y de las familias”. Así, el Ejecutivo autonómico votó 'no' a la iniciativa “por coherencia con los objetivos de equidad, eficiencia energética y adaptación climática”.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Aragón (Fapar) ha hecho público una nota en la que se manifiestan “estupefactas” ante la noticia y en la que califican la posición del Ejecutivo autonómico de “irresponsable e injustificable”. “Cada vez que se ha pedido al Departamento la intervención urgente en este tema, han recurrido a la crítica al Gobierno estatal reclamándole fondos para climatización. Por eso se entiende aún menos este rechazo, peligrosamente ideológico”, ha indicado la Federación. A su vez, Fapar ha recordado a Educación que la concertación se otorga “para el pago de docentes y programas educativos”, pero no para “sus infraestructuras” ni para su “mantenimiento o acondicionamiento”.

La conmemoración de los 90 años del inicio de la Guerra Civil española levanta ampollas, especialmente en la extrema derecha. Un acto organizado para este fin de semana en el que se va a recordar la llegada a la localidad zaragozana de Bujaraloz de la Columna Durruti ha recibido duros ataques por parte de Vox, que ha tachado de “aquelarre anarquista” el evento. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA) ha reaccionado criticando a la formación por “pretender prohibir jornadas culturales y conmemorativas locales” y advirtiendo: “Aragón no necesita lecciones de revisionismo de quienes niegan los derechos humanos más elementales”.

En una comparecencia en las Cortes de Aragón, el diputado de Vox Santiago Morón ha mostrado su rechazo a los actos organizados, cuya presentación tiene lugar este miércoles en la Plaza Mayor del mencionado municipio. Todo ello “con la connivencia de su alcalde, el socialista Darío Villagrasa”, según Morón. Se trata, según la extrema derecha, de un “aquelarre anarquista de cuatro días” para “homenajear a la Columna Durruti, que dejó un reguero de sangre en el 36, desde su salida en Barcelona hasta Aragón y luego en el frente de Madrid”.

Morón ha destacado que entre las “hazañas de las tropas marxistas y anarquistas en Bujaraloz” se encuentra “el asesinato de vecinos desde el principio de la contienda” o “el incendio y expolio de iglesias”. El portavoz de Vox ha valorado que las jornadas “no tienen otro interés que provocar la confrontación entre españoles, en línea con la memoria democrática”. “Probablemente estos actos se ajusten a las leyes de memoria que Vox derogará en cuanto lleguemos al Gobierno de España, como hicimos con la Ley de Memoria Democrática en Aragón”, ha concluido.

A Mercedes Sánchez, miembro de la junta directiva de la ARMHA, las declaraciones de la extrema derecha no le han causado sorpresa: “¿Qué se puede esperar de un partido que ensalza a un dictador genocida?”, se ha preguntado, y ha rechazado con rotundidad su “intento de secuestrar y falsear el pasado con fines partidistas”. “Calificar de aquelarre un debate histórico o memorialístico demuestra una profunda intolerancia democrática y una voluntad inequívoca de blanquear y justificar el fascismo y la dictadura franquista”, ha apuntado.

“Censura ideológica”

Sánchez ha recordado que la extrema derecha “sistemáticamente oculta” que la violencia en los primeros compases de la Guerra Civil fue “consecuencia directa de un golpe de Estado militar que quebró la legalidad constitucional”, aunque ha añadido que desde la ARMHA siempre condenan “todo acto de violencia cometida al margen de la ley, venga de donde venga”.

“Pretender prohibir jornadas culturales y conmemorativas locales bajo la excusa de evitar la confrontación es en realidad un intento más de imponer la censura ideológica y perpetuar el olvido de las víctimas de la represión franquista”, ha destacado la directiva de la ARMHA, para quien “las derechas radicales buscan suprimir las leyes de memoria democrática porque temen a la verdad científica y el derecho legítimo de las familias a encontrar a sus desaparecidos”. “Aragón no necesita lecciones de revisionismo histórico de quienes niegan los derechos humanos más elementales”, ha incidido, y ha zanjado: “La memoria histórica no genera confrontación. La verdadera confrontación y el peligro para la convivencia democrática proviene de quienes, instalados en el negacionismo, pretenden blanquear los crímenes del franquismo y pisotear la dignidad de las víctimas. Por eso siempre nos encontrarán enfrente”.

Las jornadas

Las jornadas –en este enlace, el listado de actos completo– empiezan este mismo miércoles, con la presentación por parte de los colectivos organizadores. A las 20:00 horas está previsto la inauguración de una exposición con objetos de las trincheras y fotografías, entre otros documentos, de la mano de Víctor Asensio, en la sala de exposiciones Casa Torres Solanot. Y por la noche se proyectará el documental 'Juan Mariné, entre luz y sombra', en el salón de actos del Ayuntamiento.

El jueves abrirá a las 10:00 horas la Feria del libro anarquista, una hora después habrá una recreación histórica en la plaza y otros espacios y, a continuación, la presentación de una ruta con lugares emblemáticos de la Guerra Civil en Bujaraloz que se pueden consultar con códigos QR. A las 12:30 horas se presentará el libro 'Little Durruti. Un libro para salvar una librería'. Por la tarde habrá dos ponencias, un recital poético y, por la noche, la proyección de 'Los aguiluchos de la FAI', primera parte.

Mientras, viernes y sábado habrá durante la mañana y la tarde más actos, hasta el cierre de las jornadas en la medianoche.

La aventura de Forestalia con los centros de datos ha quedado en el aire en los últimos tiempos tras los problemas judiciales ante los que se ha visto arrastrada. Una de estas instalaciones iba a estar ubicada en Botorrita y tiene nuevo impulsor: Merlin Properties. El Gobierno de Aragón ha aprobado este miércoles la declaración de interés general (DIGA) del proyecto, en el que la socimi española prevé invertir 1.225 millones de euros y que, según ha manifestado su consejero delegado, Ismael Clemente, no va a consumir agua.

El jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, y el propio Clemente han comparecido para hacer público el acuerdo y dar a conocer la iniciativa, que han denominado 'Zaragoza-WIND' (viento en inglés). Los promotores garantizan que el sistema de refrigeración modular de circuito cerrado minimizará las necesidades de agua. El objetivo, si la tramitación por parte del Gobierno de Aragón continúa teniendo viento favorable y el PIGA está aprobado el próximo verano, es iniciar entonces la obra, concluirla en 2029 y que a finales de ese año esté “terminada y equipada”. Ese será el momento, según ha trasladado Clemente, de “saber quién es el cliente final de computación”, que “lo normal” es que se trate de “un único cliente”.

Otra de las peculiaridades del proyecto, heredado de Forestalia, radica en el hecho de que el porcentaje de suministro eléctrico garantizado con parques de renovables –eólicos y fotovoltaicos– es uno de los más elevados, de un 87% “nativo” y “por encima del 95%” a través de un sistema de almacenamiento en baterías. Al menos, según Merlin, que anuncia la expectativa de que en al menos de la mitad del tiempo de explotación superará ese 95%, y el resto se prevé por debajo y deberá echar mano de la red convencional.

El centro de datos generará, sobre el papel, 5.040 empleos en la fase de construcción y 520 en la explotación, y los promotores aspiran a primar “la contratación local y comarcal de trabajadores cualificados para que el retorno económico se quede en el territorio”, según Clemente.

Una ausencia llamativa ha sido la del alcalde de Botorrita, en cuyo término municipal se va a instalar la infraestructura. En concreto, en una superficie de 28,8 hectáreas en el Polígono Industrial San Antonio y en parcelas colindantes. El CEO de Merlin Properties ha reconocido que aún no conocía al primer edil, pero que su “equipo sí”. “Lo haré en breve”, ha añadido. El presidente Azcón ha manifestado que para el Ayuntamiento de Botorrita el centro de datos supondrá unos ingresos de unos 900.000 euros por IAE e IBI, lo que equivale al presupuesto actual del municipio.

Potencia garantizada

El proyecto dispone ya de una potencia garantizada de 227,4 megavatios, gracias a los permisos de acceso asociados a las subestaciones María y Los Vientos, lo que permitirá alcanzar una capacidad de computación de 144 megavatios IT –la que realmente se destina a fines tecnológicos–. Además, Merlin Properties contempla una futura ampliación, condicionada a la disponibilidad energética, sobre otras 32,8 hectáreas, con la que la capacidad del campus podría alcanzar los 240 MW IT.

En su intervención, Azcón ha subrayado que no hay ninguna otra comunidad autónoma que esté creando tanto empleo ligado a la tecnología como en Aragón. “No es casualidad, son estos proyectos de inversión tecnológica en nuestra comunidad autónoma los que hoy nos permiten sacar pecho, estar orgullosos de que un empleo tan importante, con mejores condiciones salariales, con muchas más perspectivas de futuro, esté recalando en Aragón. Ese es el camino que iniciamos hace tres años y es el camino por el que queremos seguir”, ha enfatizado.

Parafraseando al cómico José Mota, Ismael Clemente ha aseverado que este proyecto ese “para siempre”, porque Merlin Properties es una compañía española, “no una multinacional, ni un fondo de inversión”. “Nuestra vocación es construir infraestructuras para operarlas siempre”, ha añadido.

Clemente ha recordado que Forestalia presentó en su momento el denominado Búfalo, con tres subestaciones, dos de las cuales han quedado afectas a este proyecto. La DIGA que tenía para la generación de renovable “sigue en vigor y ellos se ocuparán de la generación eléctrica renovable”, ha aclarado. La parte más intensiva en capital, que es la construcción del data center, “creo que no es ningún secreto que hubiera sido difícil que lo hubieran podido hacer. Ya antes, pero incluso más en las nuevas circunstancias” en referencia a la situación judicial.

Ha relatado que llegaron a este proyecto de Forestalia de la mano de Levitec, al ser si proveedor de instalaciones eléctricas en todos los data centers que han construido por España. “Llegamos muchos meses antes de que saltasen los escándalos y se negoció con ellos de buena fe y se pactaron precios cuando todavía no existía este tipo de presión a la que están sometidos hoy en día”.

La conexión física para alimentar este data center será con la energía renovable que “ellos” –por Forestalia– generen en su momento cuando construyan esos parques que tienen autorizados.

La Vicepresidencia primera del Gobierno de Aragón, en manos de Vox, ha vuelto a utilizar los medios institucionales para atacar a los menores migrantes a través de una nota sobre un supuesto suceso en un centro de acogida. En su reacción, el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha evitado criticarlo expresamente y solo ha deslizado un reproche: “Si los hechos no están contrastados, mi opinión es contraria”, ha señalado.

La mencionada información, distribuida a los medios y publicada en el portal Aragonhoy –el oficial del Gobierno de Aragón– alude a una presunta agresión a una educadora social en un centro de menores, del que incluso se da la ubicación. Según la Vicepresidencia, con competencias en Servicios Sociales, han pedido a la Fiscalía que autorice una prueba al joven “para conocer su edad real”. “Su edad declarada, no contrastada fehacientemente, es de 17 años”, añade la nota, sin aportar más argumentos al respecto.

El escrito del Ejecutivo autonómico da incluso aporta datos particulares del menor, como su origen, e informa de que cuatro agentes se personaron en el centro ante su “gran agresividad”.

Según informa la Vicepresidencia del Gobierno, la educadora “ha sido sometida a un continuo y agresivo acoso por parte de este interno”, tal y como supuestamente detalla la denuncia; la mujer habría “requerido asistencia sanitaria” y estaría “de baja a consecuencia de estos hechos”.

Además, el Ejecutivo señala que “el presunto mena ha vuelto a quedar en libertad” aunque ha sido trasladado a otro centro “fuera de Zaragoza”.

“Que se publique la verdad”

Pese a esta utilización ideológica del portal oficial del Gobierno de Aragón, el presidente Azcón se ha mostrado muy tibio al ser cuestionado por este periódico. “A mí lo que me preocupa es que publique la verdad, que se digan cosas que sean verdad. Cuando la información está basada en hechos y por lo tanto se cuenta la verdad, es algo distinto: es sobre el juicio, la crítica política o la opinión que se puede tener”, ha argumentado el jefe del Ejecutivo tras la presentación de un centro de datos en el Edificio Pignatelli.

A continuación, el dirigente popular ha manifestado un leve reproche: “Yo defiendo que se publique la verdad, que contemos hechos. Si los hechos no están contrastados, mi opinión es contraria”, ha indicado.

Semanas atrás, la Asociación de Periodistas de Aragón y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón pidieron a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, vinculada a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que valorase estas publicaciones. El pasado lunes, el comité deontológico concluyó que no podía abrir un expediente debido a que las notas se hacían públicas en un portal oficial –no en un medio de comunicación–, pero instó a cumplir con “las obligaciones éticas que establece el Código Deontológico del Periodismo en el tratamiento de cuestiones relacionadas con las migraciones”, algo plasmado en la 'Guía para el correcto tratamiento mediático de las migraciones', suscrita de hecho por el Gobierno de Aragón.

En ese contexto, Asimismo, insiste en la necesidad de contrastar los hechos, evitar la difusión de bulos, informar con rigor y credibilidad, extremar la protección de menores y colectivos vulnerables y evitar titulares o enfoques narrativos que puedan inducir a la confusión o favorecer la estigmatización.

Las ayudas a la mejora de la competitividad, lanzadas hace casi un año y dotadas con un millón de euros, se le atragantan al Gobierno del PP en Zaragoza. La Intervención municipal ha devuelto hasta en dos ocasiones el expediente con estas subvenciones debido al sinfín de errores detectados por el órgano de control en su tramitación. Según ha dicho este martes la coordinadora del Área de Economía, el trámite se resolvió de manera definitiva el pasado 10 de julio.

La convocatoria repartía casi un millón de euros entre autónomos y microempresas de Zaragoza, en dos líneas de ayuda: una de mejora competitiva general y otra ligada a la obligación legal de instalar caja registradora homologada y facturación electrónica. Se presentaron más de 500 solicitudes.

La primera resolución tuvo que corregirse de oficio poco después de aprobarse, por un error material en dos de sus anexos. El problema de fondo llegó cuando la Intervención General advirtió discrepancias en la imputación de gastos y en la acreditación de la cifra de negocio de los solicitantes, y obligó a repetir, solicitud por solicitud, el análisis de todas las candidaturas. Aquel parón obligó además a modificar las bases de la convocatoria para cargar el gasto al presupuesto del ejercicio siguiente.

Hecha esta corrección, el Gobierno municipal firmó una nueva resolución provisional que llegó a autorizarse y a contabilizarse. Pero entonces se produjo la segunda devolución: la Intervención remitió un nuevo informe en el que exigía corregir errores de puntuación y de porcentaje de subvención en varios expedientes. Así, se computaron puntos por tener trabajadores contratados que, según la Seguridad Social, no existían, lo que además cambiaba el porcentaje de ayuda aplicable; en otros casos ocurría lo contrario. El órgano de control detectó asimismo fallos en el criterio de antigüedad de la empresa, una entidad admitida pese a superar el límite de tamaño permitido y un solicitante que cobraba sin estar dado de alta como empresario. El informe instaba, además, a revisar el criterio de reparto entre gasto corriente e inversión para garantizar uniformidad en todas las solicitudes.

“Una chapuza”

Este martes, en la comisión de Economía, el concejal del PSOE Guillermo Ortiz ha puesto el acento en el retraso acumulado y en la gravedad de los fallos. Ha considerado “sorprendente ver que en la segunda parte de 2026 se estén resolviendo” subvenciones de 2025, y ha recordado que el propio expediente reconoce que Intervención detuvo la convocatoria al ver que era “una chapuza y una trapala del Área de Economía”. Lo más llamativo, a su juicio, es que el expediente refleja una segunda devolución, advirtiendo “numerosas irregularidades de nuevo”. Ortiz ha concluido que la falta de un “criterio uniforme en el reparto” –algo que Intervención reclama– revela un problema de fondo: “Si no les llegan a pillar, estaríamos hablando de que ustedes, presuntamente, están regalando dinero público a empresarios que no son beneficiarios de las ayudas”.

En su respuesta, la coordinadora del Área de Economía, Elena de Marta, ha reconocido que “ha sido una convocatoria muy complicada, con muchos problemas, fundamentalmente derivados del elevado volumen de solicitudes que ha habido”. Ha defendido el trabajo de su servicio y del propio órgano fiscalizador y ha matizado que desde su punto de vista “no se puede considerar que haya errores de bulto”. Y ha explicado que “el servicio tramitador ha asumido todos los criterios de Intervención, y de ahí la existencia de la resolución provisional”.

De Marta ha querido subrayar que el expediente ya cuenta con una “resolución definitiva con el informe favorable de la Intervención a todos y cada uno de los solicitantes”, aprobado el pasado 10 de julio, y ha relativizado que el expediente se devolviera tras estar ya autorizado, al recordar que “las resoluciones provisionales no generan derechos”.

El incendio de las Cinco Villas ha dejado tras de sí más de 15.000 hectáreas calcinadas, daños en infraestructuras y un paisaje completamente transformado en el entorno de municipios como Uncastillo, Orés, Asín, Luesia o Malpica de Arba. Aunque este sábado el fuego ha contenido su avance, el operativo insiste en que sigue activo y no puede darse por estabilizado.

Los trabajos de extinción continúan condicionados por el viento cambiante y las altas temperaturas, con cientos de efectivos del Gobierno de Aragón, la UME, el MITECO, las diputaciones, bomberos, Guardia Civil y agricultores desplegados sobre un perímetro de unos 80 kilómetros para contener las reactivaciones y proteger los núcleos habitados.

Junto a las cicatrices que deja el fuego, la emergencia también ha movilizado a decenas de voluntarios y vecinos de la comarca, volcados en apoyar al operativo y a las personas evacuadas, que afrontan ya varios días fuera de sus viviendas a la espera de que la evolución del incendio permita su regreso.

Las llamas que asolan estos días las Cinco Villas han asediado uno de los cascos urbanos más monumentales de la provincia de Zaragoza: Uncastillo, desalojado y que se ha salvado hasta el momento del segundo incendio más devastador que ha sufrido Aragón desde que hay registros –más de 15.000 hectáreas– y el peor a nivel nacional en lo que llevamos de año. La ermita de la Virgen de San Cristóbal ha sufrido daños, y el escenario frente a las piscinas municipales resulta dantesco: lo que era monte se ha convertido en ceniza y ramas esqueléticas carbonizadas por el fuego.

Otros cuatro municipios –Orés, Asín, Luesia y Malpica de Arba– continúan evacuados ante el peor incendio registrado en Aragón desde que en 1994 se consumió gran parte del Maestrazo turolense. El fuego ha consumido más de 15.000 hectáreas y la evolución, aunque menos catastrófica que la del viernes, ha sido incierta durante este sábado debido a los caprichos del cambiante viento.

En la plaza del Ordinario de Uncastillo, una quincena de personas de la localidad organizan a los voluntarios y agricultores de la zona, mientras en el perímetro trabajan militares de la UME y agentes forestales del Gobierno de Aragón y del Miteco para contener los innumerables brotes que van surgiendo. La situación parece tranquila, pero el paso de los días va haciendo mella en los ánimos. Desde las piscinas municipales, Carlos –uno de ellos– reconoce que mantienen la “preocupación” ante un fuego que “se reproduce por todas partes”. “Como brinque a Castiliscar...”, se dice a sí mismo en voz alta.

En la plaza, la portavoz de facto del grupo evita dar su nombre para no asumir un protagonismo que no reclama. Admite que también a ella se le está “haciendo largo”. “Nos empieza a pesar –insiste–. Todos tenemos familiares desalojados y llevamos desde el jueves fuera”.

Explica que su papel es organizar el avituallamiento de todos los componentes de la extinción, desde agricultores a miembros de Protección Civil, militares de la UME y bomberos. Distribuyen mascarillas, suero o gasoil para tractores, todo lo necesario para combatir las llamas. “Entendíamos que esto era mas cercano para gestionarlo, desde Farasdués [donde está ubicado el Puesto de Mando Avanzado] era más complicado hacerlo”, señala. Uno de ellos, con experiencia en este tipo de episodios, ha cogido el mando.

Lo cierto es que, aunque la coordinación ahora es buena, su papel no ha sido del todo asumido por las autoridades, que llegaron a plantear su marcha del municipio. Finalmente, han terminado por asumir su labor y el grupo se ha convertido, como lo denomina ella, en un “centro autorizado”. “Estamos centrados en que esto acabe, en coordinar, en que no haya peligro y en que nos distribuyamos bien”, explica la portavoz. A su lado, dos miembros del operativo examinan en una gran pantalla un mapa digital de la zona.

En ese momento, llega un todoterreno y de él bajan un hombre y dos mujeres. Al instante, se prepara todo lo que se van a llevar. “¡Agua fresca y bocadillos! Llevaros también fruta, anda”, dice una de las voluntarias, que lleva un palé lleno en las manos. Entre los tres cogen una decena de botellas heladas de dos litros mientras dicen que por fortuna no han visto “nada de fuego”.

Los alrededores de Uncastillo, sin embargo, no dejan lugar a dudas: el entorno del casco urbano ha resultado muy afectado. En una gran finca próxima en dirección a Malpica de Arba, con más de 1.000 hectáreas que ha ardido por completo, las llamas han calcinado un alojamiento rural, pero han respetado la caravana situada al lado. Bajo un techo de uralita, un todoterreno muestra los efectos del fuego, con el retrovisor deshecho y un tronco aún humeante.

La alcaldesa de Uncastillo, Teresa Pueyo, lamenta lo sucedido tanto en este municipio como en el resto de la comarca: “Queremos que acabe ya, está siendo demasiado largo y triste”. La regidora agradece que se haya podido salvar el casco urbano gracias a la unión de todas las fuerzas que trabajan para acabar con el incendio, entre los que cita a los cuerpos de bomberos, la UME, la helitransportada y los agricultoresa. “Es lo positivo, esta colaboración”, asegura, y añade que ha sido clave la actuación de Ejea y de su alcaldesa, Teresa Ladrero, por su “rapidez a la hora de acoger a los vecinos y vecinas de todos los pueblos afectados”. La edil ha decidido quedarse en la cabecera cincovillesa para tranquilizar a las personas de Uncastillo desplazadas, dándoles la información de primera mano.

En el camino desde Luesia, un buldócer se abría paso monte a través para crear un cortafuegos con que evitar el eventual paso de las llamas. Multitud de camiones y militares de la UME se dedicaban a apagar los focos que iban surgiendo: uno de ellos, por ejemplo, en la conocida como Fuente del Diablo. A la entrada de Malpica de Arba, bomberos de la Diputación de Zaragoza se relevaban para vigilar el perímetro.

En Ejea, una empresa de “destajos y reformas” ofrecía “mano de obra sin coste para ayudar en lo que sea necesario”. “Si necesitan ayuda agricultores, ganaderos y otras dependencias, aquí estamos para colaborar”, apuntaban en el anuncio, que acompañaban con un número de teléfono.

En la misma cabecera cincovillesa, decenas de vecinos de los municipios evacuados se alojan en el pabellón polideportivo. Este sábado, las autoridades autonómicas lanzaban una petición a los medios de comunicación: respetar su intimidad ante el acoso involuntario al que se están viendo sometidos. A nadie más que a ellos les pesan los ya casi cuatro días que han transcurrido desde el inicio del fuego en las Cinco Villas.

El incendio de Orés, en las Cinco Villas, sigue lejos de poder darse por estabilizado, aunque el perímetro no ha crecido durante la última jornada y el operativo asegura que el fuego ya no se encuentra “descontrolado” como en días anteriores. El incendio mantiene un perímetro de unos 80 kilómetros y ha arrasado unas 15.400 hectáreas, según el último balance del Gobierno de Aragón.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) celebrada este sábado por la tarde, el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha asegurado que la evolución del incendio permite afrontar la situación con “un poco más de optimismo”. Ha explicado que el perímetro no ha aumentado a lo largo del día y que en todos los sectores se ha podido trabajar de forma intensa, especialmente en los sectores 2 y 4, donde el fuego ya no ha registrado avances y existen amplias zonas enfriadas. Los esfuerzos se concentran ahora en los sectores 1, 3, 5 y 6, donde continuarán durante la noche y la jornada del domingo los mismos medios terrestres y aéreos para intentar estabilizar el incendio “en el menor tiempo posible”.

A primera hora de este sábado se había reunido también el CECOPI para analizar la evolución del incendio tras una noche marcada por importantes cambios de viento. Bermúdez de Castro ha explicado entonces que la entrada del cierzo provocó reavivamientos en distintos puntos del perímetro, especialmente en la parte sur, donde las llamas llegaron a saltar una carretera, aunque esa incidencia quedó controlada.

El director de Extinción, Carlos Cacho, ha explicado que la previsión para este sábado era “mejor que la de ayer”, aunque insistió en que el viento cambiante obliga a trabajar con anticipación y a no dar por consolidadas zonas que, en condiciones normales, ya lo estarían. Según ha señalado, la noche fue complicada por varias reactivaciones en la cola del incendio, aunque estas no provocaron un crecimiento significativo del perímetro.

Los esfuerzos en el periodo nocturno se han centrado especialmente en los sectores 5 (cabeza-flanco izquierdo) y 6 (cabeza-flanco derecho), con especial atención a la defensa del casco urbano de Luesia y a la posible propagación hacia el noroeste, donde se sitúa el Paisaje Protegido de la Sierra de Santo Domingo. A última hora del viernes también preocupaban algunas reproducciones del sector 1 potenciadas por el viento de norte con bastante virulencia. Para ello, se han mantenido dotaciones en todos los sectores con el fin de asegurar posibles reproducciones provocadas por la variabilidad del viento.

Para la jornada de este sábado, el viento ha sido primero a sudeste y posteriormente a sur y suroeste, con rachas de entre 20 y 30 kilómetros por hora en algunos momentos. A partir de la tarde ha vuelto a entrar viento de norte, el principal factor que sigue condicionando la estrategia del operativo junto a las altas temperaturas y la baja humedad.

Se mantienen desalojados los núcleos de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba, Uncastillo y Peraltilla. También continúa el preaviso en Biel, Longás, Isuerre, Lobera de Onsella, Sos del Rey Católico, Navardún, Urriés y Castiliscar, una medida que el Gobierno de Aragón mantendrá hasta que el incendio pueda darse por estabilizado.

A lo largo de la jornada se organizaron convoyes controlados para que vecinos de Orés y Asín pudieran acceder de forma puntual a sus viviendas y recoger algunos enseres, acompañados por Protección Civil, Guardia Civil y Cruz Roja. También se autorizan accesos para atender explotaciones ganaderas y otras necesidades esenciales. No obstante, el Gobierno descarta por ahora el regreso de los vecinos a las localidades desalojadas, especialmente a las situadas dentro del perímetro del incendio, por motivos de seguridad.

Bermúdez de Castro ha vuelto a pedir a la ciudadanía que no se acerque al entorno del incendio y que consulte únicamente información procedente de los canales oficiales del Gobierno de Aragón y del 112 ante la proliferación de bulos sobre la evolución del fuego.

Un ingente despliegue

Durante la jornada han trabajado en el incendio alrededor de 450 efectivos y 22 medios aéreos, además del amplio dispositivo terrestre desplegado por el Gobierno de Aragón, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), la Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil, bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, 061, servicios sociales y comunidades autónomas colaboradoras.

Este domingo continuará el mismo despliegue, con medios del Gobierno de Aragón, el MITECO, la UME, las diputaciones y cinco comunidades autónomas. La telefonía ha quedado prácticamente restablecida tras la instalación de un repetidor portátil y el suministro eléctrico vuelve a funcionar en todos los municipios afectados.

La UME ha mantenido su dispositivo y ha trabajado especialmente en la defensa de Luesia y en la zona del flanco izquierdo y la cabeza del incendio. También continúan trabajando las BRIF y el resto de medios estatales y autonómicos movilizados.

Bomberos de la DPZ han reforzado su presencia y continúan colaborando junto a la Diputación Provincial de Huesca en la protección de explotaciones agrarias y de los núcleos habitados.

La Guardia Civil mantiene asimismo el dispositivo de tráfico, seguridad y apoyo a los convoyes de residentes. Los equipos PEGASO de Zaragoza y Teruel continúan utilizando drones para apoyar las labores de vigilancia y seguimiento del incendio, mientras agricultores de la zona siguen colaborando en los trabajos de apoyo al operativo.

Cacho ha destacado además que las estrategias de defensa desplegadas desde el inicio de la emergencia han permitido proteger los núcleos de población afectados y evitar, por el momento, que las llamas alcancen el Paisaje Protegido de la Sierra de Santo Domingo, uno de los puntos que más preocupaban al operativo.

Parafraseando al exdirigente soviético Nikita Kruschev, la alcaldesa de Zaragoza promete construir puentes incluso donde no hay ríos.

Natalia Chueca ha ofrecido este jueves un discurso de algo más de hora y media de duración, con motivo del debate sobre el estado de la ciudad, en el que ha dibujado una Zaragoza idílica, de ensueño, con anuncios de todos los colores. Se trata del último debate antes de las municipales del año que viene: tocaba activar el modo electoral. Como te hemos contado en una crónica posterior, a la lluvia de millones y a la ausencia de crítica –se lo ha afeado hasta Vox– se han unido los consabidos ataques a Pedro Sánchez y al Gobierno de España. Tampoco podía faltar la mención a ETA.

Como dicta el manual, todos los proyectos positivos se pueden atribuir a la gestión del PP en el Ayuntamiento, mientras que cada fiasco tiene como origen gobiernos de otros partidos: así sucede, según sus palabras, con Distrito 7 o Etopia.

Más allá de tacticismos políticos, el problema es que la alcaldesa de Zaragoza parece creerse que la ciudad que describe existe. Que no se trata de una mera ensoñación.

La capital aragonesa se está aprovechando del fuerte viento de cola que sopla: a un ciclo económico expansivo como no se veía antes del crac de 2008 –algún papel tendrá en ello el Gobierno central, ¿no?– se suma el maná de los fondos europeos –esos que tanto criticó en su día Jorge Azcón– y el impacto de la instalación de empresas tecnológicas en el entorno de la capital –ahora solo vemos los beneficios, mientras que los costes tardarán en aflorar–.

El resultado de mezclar este cóctel: una capacidad de gasto como no ha tenido ninguna administración desde hace dos décadas. Atribuir esa circunstancia únicamente a los méritos propios no parece lo más oportuno.

Lo que resulta lícito plantearse es si ese maná inversor va en la buena dirección.

Es cierto que muchas de las actuaciones que se han puesto en marcha en los últimos años corresponden a déficits que se venían arrastrando desde hacía años, precisamente por la quiebra que se vivió a finales de los 2000: la avenida de Navarra, San Miguel o la cicatriz del Portillo, por poner tres ejemplos. O el impulso de viviendas de alquiler asequible, aunque aquí surge la duda de los resultados que tendrá la colaboración público-privada de la que hace gala el Gobierno municipal.

Pero también se están levantando puentes donde no había ríos: como la reforma de La Romareda, que se va a llevar más de 80 millones de euros de las arcas municipales –recordemos que no iba a costar ni un euro–. O el nuevo contrato del autobús urbano, cifrado en 1.200 millones para diez años. O el cheque bebé, que aspira a fomentar la natalidad pero que la práctica demuestra que no tiene ningún efecto en ella. O los vuelos internacionales, con un gasto por determinar. Sin olvidar la política urbanística del Gobierno de Chueca, más preocupada en propiciar pelotazos que en propiciar el desarrollo armónico de la ciudad.

Políticas todas ellas que comprometen no solo a la actual corporación, sino a las futuras.

Tres años de política educativa con Azcón

Tres consejeras de Educación en tres ejercicios de Jorge Azcón como presidente, pero un único rumbo: la apuesta decidida por lo privado frente a lo público y la crispación provocada por esta deriva en el colectivo docente.

Este jueves hacemos un recorrido por lo que ha sucedido en este tiempo, en el que el movimiento más simbólico ha sido el de la concertación del Bachillerato, aún sin aplicar gracias a los tribunales –y a los recursos interpuestos por un buen número de colectivos–. Con la colisión de intereses que conlleva el hecho de que uno de los altos cargos del Departamento, casi el único que se mantiene desde el inicio, vaya a garantizar fondos públicos para el colegio del que es director en excedencia.

Una política tan controvertida y que implica un uso muy relevante de los recursos públicos debería llevar aparejada una dosis máxima de transparencia, pero sucede justo lo contrario: la oposición ha denunciado que el Ejecutivo oculta los informes de Intervención y de Inspección Educativa que justifican la medida.

Pero hay más. Frente al recorte del 20% en las ayudas a la federación de asociaciones de padres y madres de la pública (FAPAR), las cesiones a la federación que representa a la privada (FECAPA) se han duplicado.

Además, la privatización se extiende también a la formación pública, con el caso de Distrito 7, en Zaragoza, como ejemplo paradigmático: cursos que llevaban años cerrados por falta de alumnos van a ser recuperados, regados ahora con dinero público para beneficio de entidades privadas.

Y, entre tanto, el colectivo que representa a la educación pública ve cómo el movimiento es el contrario: aulas cerradas, infraestructuras que envejecen sin que el Gobierno de Aragón le ponga remedio y termómetros disparados en las clases.

Pese a reconocer sin lugar a dudas el cuello de botella que genera, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha optado por sacrificar la doble vía electrificada para tramo ferroviario entre Teruel y Sagunto, dentro del Corredor Cantábrico-Mediterráneo. La justificación es su elevado coste, casi 4.000 millones de euros, frente a la reducida demanda de viajeros prevista.

El Gobierno central tramita el mencionado corredor en dos tramos separados, cada uno con su propio estudio informativo: Zaragoza-Teruel, ya en información pública, y Teruel-Sagunto, sometido a consulta desde este 16 de julio, cuando ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las diferencias entre un tramo y otro son evidentes. El tramo primero se construirá con dos vías: a corto plazo, las dos de ancho ibérico; a largo plazo, una de ancho ibérico y otra estándar, con trenes circulando a una velocidad entre 200 y 250 km/h. En cambio, el trayecto Sagunto-Teruel tendrá una sola vía en toda su longitud, tal y como recoge la opción elegida por el Ministerio. La plataforma prevista mide 8,60 metros de ancho, muy por debajo de los 13 o 14 metros que suele necesitar una plataforma de doble vía, y el sistema de señalización elegido solo permite que un tren circule en cada momento, salvo en los puntos concretos habilitados para el cruce.

El resultado final será un corredor con dos velocidades: doble vía y alta capacidad en la mitad que va hasta Teruel, y vía única con paradas programadas de cruce en la mitad que llega a Sagunto.

Un coste cuatro veces mayor

La doble vía no es una idea nueva: se descartó ya en 2023. Era, de largo, la más ambiciosa de las opciones sobre la mesa: un trazado completamente nuevo, sin aprovechar ni un metro de la vía actual, diseñado para que los trenes circularan a 300 km/h. Sin embargo, su precio la alejaba del resto. Mientras la alternativa de vía única que se ha elegido costaba 717,9 millones de euros, y mientras las opciones intermedias –también de vía única– ascendían a 1.322,8 y 1.878 millones respectivamente, la opción de doble vía llegaba a 3.967,7 millones.

La cuestión, con los números ofrecidos por el Ministerio, es que la demanda no compensa ese desembolso. Así, el número de viajeros que se desplazarían por la doble vía en 2030 se estimaba en 547.752 al año, apenas 50.012 más que la opción de vía única mejor valorada. En mercancías, la diferencia tampoco era decisiva: 99 trenes semanales en el año 2061 con doble vía, frente a 86 con la vía única elegida.

De lo que no hay duda es que el tramo Teruel-Sagunto supone y supondrá un cuello de botella para el Corredor, tal y como reconoce el propio Ministerio. De hecho, ese trayecto marca el límite de capacidad de toda la delimitación, muy por encima del resto.

Mientras, para compensar la vía única, el Ministerio recurre a la denominada doble tracción: dos locomotoras unidas en un mismo tren de mercancías para que pueda arrastrar más peso sin necesidad de rebajar las pendientes más pronunciadas de la línea.

Indignación en el Gobierno de Aragón

Las explicaciones que recoge el estudio informativo, sin embargo, no son suficientes para el Gobierno de Aragón, que ha reaccionado este jueves con indignación y ha anunciado que presentará alegaciones al estudio informativo para exigir que el proyecto contemple una doble vía electrificada y de altas prestaciones. Así lo ha anunciado el director general de Transportes, David Sánchez Fraile, quien ha calificado la propuesta ministerial como un “error histórico” que compromete el futuro del Corredor Cantábrico-Mediterráneo y el desarrollo logístico e industrial de Aragón.

Durante una rueda de prensa, Sánchez Fraile ha denunciado la “falta de ambición y de compromiso” del Ministerio con una infraestructura que considera esencial para la provincia de Teruel y para la competitividad de la comunidad autónoma. En este sentido, ha criticado que mientras el resto del Corredor se proyecta con doble vía electrificada, el tramo entre Teruel y Sagunto quede relegado a una solución de menores prestaciones.

El director general ha recordado que esta conexión enlaza Aragón con el principal puerto de España en tráfico de mercancías, el de Valencia, y ha advertido de que mantener una única vía supone crear un cuello de botella injustificado en un eje ferroviario estratégico para el transporte nacional e internacional. “Sin una doble vía electrificada este corredor no será una alternativa competitiva para el transporte de mercancías y viajeros”, ha afirmado, al tiempo que ha lamentado que el planteamiento del Ministerio deje de lado los intereses de Aragón.

Sánchez Fraile ha alegado que la actual propuesta limita la capacidad de la línea, dificulta la convivencia entre trenes de mercancías y de pasajeros y reduce la fiabilidad del servicio. Frente a ello, ha defendido que una doble vía permitiría incrementar las frecuencias, eliminar los cuellos de botella y dotar al corredor de las características técnicas necesarias para responder al crecimiento del tráfico ferroviario.

Un minuto y medio: eso es lo que ha tardado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en acordarse de Pedro Sánchez durante su discurso sobre el estado... de la ciudad. La regidora ha intervenido este miércoles durante algo más de hora y media, un tiempo en el que ha tratado de concentrar todos los anuncios que ha podido –algunos ya conocidos y otros no–, en el que no ha rehuido las polémicas con proyectos como Distrito 7 o Etopia y en el que ha hecho un sinfín de referencias a la política nacional, sin olvidar –un clásico– el terrorismo de ETA.

“Una Zaragoza que ha recuperado el orgullo”. “Después de demasiados años de resignación, Zaragoza ha recuperado la ambición”. “Zaragoza va camino de convertirse en la capital mundial de la calidad de vida y el bienestar”. Estas son algunas de las frases con las que Chueca ha querido llamar a la épica en su tercer debate, de nuevo celebrado en plena canícula estival. Recibida con abrazos por la plana mayor del PP aragonés, incluidos el presidente aragonés, Jorge Azcón, y la presidenta de las Cortes, María Navarro, y despedida con un ruidoso aplauso, Chueca ha leído un discurso autocomplaciente, sin espacio para la crítica –la suya, ya que con las instituciones socialistas, previas o coetáneas, ha sido mucho menos condescendiente– y con una batería de propuestas que, de salir adelante, comprometerán el panorama inversor del Ayuntamiento para los próximos años.

La oposición, por supuesto, ha querido dejar en evidencia el idílico dibujo trazado por la regidora: del “relato de fantasía” denunciado por la portavoz del PSOE al “puro teatro” resaltado por Elena Tomás (Zaragoza en Común) o a la “ciudad imaginaria” descrita por Natalia Chueca, según Eva Torres (Vox).

Hasta 79 veces ha asomado la palabra 'millones' en su parlamento, en su mayor parte como referencia a compromisos hechos públicos por la alcaldesa: reforma de un amplio tramo del Canal Imperial de Aragón, el DAT Alierta, cheque bebé, vuelos desde el aeropuerto, el Conservatorio de Música... Aunque en el apartado de gasto la gran 'estrella' es el nuevo contrato del bus, que se va a llevar al menos 1.200 millones de euros del Presupuesto municipal en los próximos diez años.

Giros de guión frente a las críticas

Lo cierto es que, pese a las innumerables polémicas de los últimos meses y los proyecto en entredicho, la alcaldesa de Zaragoza no ha rehuido ninguna de estas cuestiones, con la misma fórmula en todos los casos: de haber problemas, estos corresponderían a administraciones socialistas o de otro color político, presentes o pasadas. Así ha sucedido con Distrito 7, que va de fiasco en fiasco y que corre el riesgo de terminar en los tribunales: para Chueca, sin embargo, han conseguido dar forma a un proyecto que para “la izquierda” era “el abandono, la acumulación de basuras y ratas”.

O con Etopia, cuyo principal apoyo –la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento– el Gobierno del PP ha sacrificado y que, a tenor de las palabras de la alcaldesa, ha pasado de la noche al día: “Donde antes había exposiciones de PlayMobil, ahora hay un espacio que se ha consolidado como un verdadero Centro Municipal de Talento Digital e Emprendimiento”.

Algo similar con el programa Volveremos, que ha afrontado las críticas de los propios comerciantes de la ciudad en los últimos meses: “¿Por qué algunos siguen intentando torpedear este programa? ¿Qué tienen en contra de los comerciantes?”, se ha preguntado Chueca, en un nuevo giro de guion sobre lo sucedido.

La víctima favorita, a más de 300 kilómetros

Pero la víctima favorita de la alcaldesa de Zaragoza en su discurso de este miércoles no estaba en el salón consistorial, sino a más de 300 kilómetros de distancia: Pedro Sánchez y su Gobierno de España. Le ha dedicado numerosos pasajes de su intervención, incluido curiosamente el comienzo y el cierre.

Al principio, por su 'olvido' del debate sobre el estado de la nación, que no se celebra desde 2022, y para denunciar que “es el propio sistema el que está en riesgo” merced al supuesto “cuestionamiento constante” del Ejecutivo de Sánchez al Estado de derecho. Y al final, en este caso sin mencionarle de manera expresa, al incidir en su defensa “del Estado de derecho para que nadie esté por encima de la ley”. “Las democracias no se rompen de un día para otro, se debilitan poco a poco”, y para evitarlo su remedio es “convocar elecciones”, ha incidido Chueca al final.

Entre medias, un rosario de reproches a cuenta de un Gobierno de España “que agoniza”, que “ha incumplido la regla de gasto”, que “asfixia a la clase media, a los autónomos ya las empresas”, que basa “su política en intervenir el mercado” y “genera inseguridad jurídica” o que renuncia a aplicar “una política de inmigración ordenada”.

Lo curioso es que Chueca también ha sacado pecho de que tanto el Ministerio de Hacienda como el de Vivienda le han felicitado supuestamente por su gestión en ambas áreas. Aquí, por supuesto, el Gobierno central acertó.

La campaña electoral para las municipales de 2027 ya ha comenzado, al menos para la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. La regidora ha aprovechado su discurso en el debate sobre el estado de la ciudad para hacer una batería de anuncios a menos de un año de los comicios. Uno de los más destacados puede suponer una enmienda a lo mostrado hasta ahora por el PP en la capital aragonesa: la línea 2 del Tranvía. El Gobierno municipal va a encargar un estudio a la Universidad de Zaragoza para “definir los corredores de transporte público de alta capacidad”, entre lo que se incluye el eje este-oeste. Además, la regidora ha dado a conocer un acuerdo con el Gobierno de Jorge Azcón para reforzar el aeropuerto de Zaragoza, con el objetivo de llegar a más de 30 ciudades y 11 países diferentes.

Junto a la movilidad, otros grandes anuncios han sido en materia de vivienda, con el desbloqueo de tres solares municipales en Arcosur y Santa Isabel para construir 249 viviendas protegidas, o de familia, con un cheque bebé de 300 euros por cada niño nacido o adoptado.

“Zaragoza necesita certezas, no ideología ni promesas vacías y por eso esta colaboración con la universidad nos va a enseñar el camino para hacerlo con garantías técnicas y económicas”, ha esgrimido Natalia Chueca para justificar su cambio de posición respecto de la línea 2 del tranvía. Pese a que abiertamente no ha dado por hecho que apostará por esta infraestructura, ha engarzado el mencionado estudio en la “planificación a medio plazo” para “la ciudad de los 800.000 habitantes” y lo ha unido a la ampliación de la línea 1 hasta Arcosur.

El informe, según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, tendrá una duración prevista de entre cuatro y cinco meses y será desarrollado por el Grupo de Investigación en Transporte y Logística (GITEL) de la Unizar.

No ha sido la única novedad con este medio de transporte, ya que Chueca ha trasladado la adquisición por parte de la sociedad de Los Tranvías de dos nuevos convoyes que llegarán a la ciudad en 2028, hasta completar un aumento del 20% de la capacidad para entonces.

Vuelos directos con París, Venecia o Varsovia

Respecto del aeropuerto, el acuerdo con el Ejecutivo autonómico se articulará después del verano, tendrá una duración de cinco años y permitirá “triplicar el número de destinos y duplicar el número de países con los que Zaragoza estará conectada”, ha manifestado la alcaldesa, quien ha cifrado la “aportación inicial” para el año que viene en dos millones de euros.

Con este contrato, el Gobierno municipal aspira a que Zaragoza “tenga una base de una aerolínea”. Entre los “destinos directos” que ha mencionado Natalia Chueca están París, Venecia, Budapest, Sofía, Varsovia o Sicilia.

En cuanto al cheque bebé, se trata de “una apuesta por el relevo generacional”. Estará dotado con 300 euros por niño nacido o adoptado –400 euros en el caso de niños o niñas con discapacidad– y se podrá canjearse en las farmacias. Podrán acceder, eso sí, las familias que lleven más de cinco años empadronadas en Zaragoza y con residencia en España. Con la previsión de más de 4.000 nacimientos anuales, el coste “rondará el millón de euros”, según Chueca.

La vivienda ha sido también protagonista destacada del discurso de la alcaldesa de Zaragoza. Ha anunciado que esta semana van a “movilizar” tres solares en Arcosur y el barrio de Santa Isabel que permitirán la construcción de 249 viviendas protegidas y, a cambio, el ingreso por parte del Consistorio de siete millones de euros.

También ha dado a conocer ayudas por 4,7 millones de euros para “embellecer la ciudad” a través de mejoras en las fachadas, por un lado, y para mejorar “las zonas más degradadas y antiguas de la ciudad”. Otros 2,7 millones irán destinados a recuperar 150 viviendas en el barrio de La Madalena, una partida que cuenta con fondos europeos.

La alcaldesa ha anunciado la movilización de tres solares municipales en Arcosur y Santa Isabel para construir 249 viviendas protegidas, una operación que además reportará 7 millones de euros al Consistorio. Chueca ha anunciado también 2 millones de euros para dos nuevas líneas de ayudas a la rehabilitación de fachadas, así como otros 2,7 millones para mejorar 149 viviendas en el barrio de La Magdalena gracias a fondos Feder. A ello se suma la recuperación de seis viviendas y seis locales comerciales en la calle Las Armas, en el Gancho, con una inversión de 2,3 millones de euros adicionales en ese barrio.

Tras la recuperación de la ribera del Huerva, la alcaldesa ha propuesto “lo mismo” para el Canal Imperial de Aragón, con un proyecto que “ya están redactando los servicios municipales” para “renovar integralmente” el entorno de esta infraestructura entre la avenida de San José y el colegio de Santa Ana, un espacio que separa los barrios de La Paz y San José. La actuación comprenderá 93.000 metros cuadrados, una superficie superior a la del Huerva.

La inversión prevista aquí asciende a 17 millones de euros y comprenderá la movilidad peatonal y ciclista, la plantación de árboles, la incorporación de zonas de juegos infantiles o la mejora de la iluminación.

En materia cultural, la alcaldesa de Zaragoza ha anunciado la puesta en marcha de un Conservatorio Municipal Profesional de Música, que estará ubicado en el Cuartel Palafox, en el paseo de Domingo Miral y de cuya construcción este 2026 se celebran precisamente cien años.

Y en el área deportiva, el Gobierno municipal aplicará una bonificación del 50% en el alquiler de las instalaciones municipales a las federaciones que apuesten por la capital aragonesa como sede de competiciones de ámbito nacional o internacional.

El presente del Real Zaragoza, tanto a nivel deportivo como accionarial, sigue siendo una montaña rusa. A.GAIN, un fondo internacional de capital riesgo fundado por Bobby Aitkenhead –nacido en Guatemala porque su padre era ministro de Economía en el país centroamericano–, se ha convertido en máximo propietario de la sociedad anónima deportiva, lo que abre un escenario desconocido para el club blanquillo. Por ahora, Jorge Mas se mantiene en la presidencia, aunque no se descartan más cambios en un futuro próximo.

El Real Zaragoza acaba de descender a Primera RFEF, categoría de fútbol semiprofesional, y deportivamente está en el peor momento de su historia. El mayor activo que tiene en el horizonte es el nuevo campo de fútbol, que va a costar al menos 200 millones de euros asumidos en su mayoría por las dos principales instituciones aragonesas: el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de la capital.

El anuncio del acuerdo lo ha hecho el propio Real Zaragoza en una nota en la que ha apuntado que A.GAIN “asume desde hoy la gestión del club”, algo que pretende llevar a cabo “trabajando de manera coordinada con la estructura actual para garantizar la estabilidad institucional y la continuidad del proyecto deportivo”.

Lo que no ha trascendido son las cifras de la operación, con lo que se desconoce hasta qué punto la futura explotación del nuevo campo de fútbol se ha traducido en plusvalías de los vendedores.

IDC Ventures, especializada en fintech, marketplaces y healthtech, es una firma de capital riesgo que Aitkenhead fundó en 2019. Tiene sede en Copenhague aunque posee oficina en Madrid. Gestiona más de 700 millones de euros. A su vez, la matriz es IDC Network, creada en 1995 por el padre del nuevo máximo inversor Richard Aitkenhead, economista guatemalteco.

130 millones de euros para clubes de fútbol

Esta pasada primavera, IDC Ventures anunció que lanzaba un fondo de 150 millones de dólares –130 millones de euros– centrado en el sector del deporte. El nombre del artefacto: A.GAIN. Con él, el grupo inversor aspira a construir una cartera relacionada con el fútbol y centrada en España y el Reino Unido. Por ahora, ya tiene participaciones minoritarias en el Atlético de Madrid y el Leeds United, mientras que posee la mayoría de acciones del Deportivo Cali.

A.GAIN tiene como cofundadores a Aitkenhead y a Alejandro Rodríguez, ingeniero industrial por la Universidad de Navarra y con un MBA en IE Business School, según muestra él mismo en sus redes sociales.

“Siempre he querido ganar en todo”, trasladó el nuevo propietario de facto del Real Zaragoza SAD, Bobby Aitkenhead, a El Español en una entrevista que le hicieron hace un mes. En ella, el cofundador de IDC Ventures se define como “inquieto e intenso”, destaca sus vínculos con Guatemala y en especial con su padre y explica su carrera, vinculada siempre a las finanzas.

La duda es saber, al entrar A.GAIN, quién sale en su lugar. Aunque no hay información sólida al respecto, el hecho de que el Real Zaragoza haya anunciado que Jorge Mas y Juan Forcén continúan como socios convierte en la principal hipótesis una salida de Gloval Tavira, grupo controlado por Pablo Jiménez de Parga y Joseph Oughourlian.