En torno a 5.000 personas se han manifestado este sábado por las calles de Zaragoza contra los centros de datos que se proyectan no solo en Aragón, sino a nivel global. La marcha, convocada por más de una decena de colectivos ecologistas y vecinales con la plataforma ‘No es sequía, es saqueo’ a la cabeza, ha colapsado el centro de la ciudad para exigir una moratoria que paralice estos proyectos hasta que se evalúe su impacto. “Estos proyectos no generan empleo, no pagan impuestos y se están quedando con todos los recursos”, ha resumido Cristina García, ingeniera industrial y miembro del colectivo. “Basta de alfombras rojas y de limpiar los zapatos de los poderosos. Basta del expolio de las tecnológicas”, ha proclamado el colectivo en el manifiesto leído al final del recorrido.

La manifestación ha salido a las 12.00 horas del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, en la plaza de Basilio Paraíso. Desde allí ha subido por el paseo de la Independencia hasta el Coso, ha seguido por la avenida de César Augusto y la calle de María Agustín y ha terminado frente al edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, contra el que se han centrado las protestas.

Los asistentes –cuyo número la Policía Nacional reduce a 2.000– han coreado lemas como 'Las nubes en el cielo, no en nuestro pueblo', 'No es sequía, es saqueo', 'Queremos pisos baratos, no centros de datos', 'No hay agua para tanto dato' o 'Centros de datos, tú pagas el pato“. Entre los representantes políticos que han acudido estaban el exalcalde de Zaragoza Pedro Santisteve; la secretaria general de IU Aragón, Marta Abengochea; el líder de CHA, Jorge Pueyo, y la candidata de la formación al Congreso, Marina Rodríguez, y el concejal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza Suso Domínguez.

Arrojo: “Hay que regular este sector”

Uno de los participantes destacados ha sido Pedro Arrojo, catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza, fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua y premio Goldman de medio ambiente. Arrojo, que apura el final de su etapa como relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, ha recordado que hace dos años presentó ante la Asamblea General de la ONU un informe en el que ya advertía de la llegada de “un nuevo sector que demanda mucha agua, sobre todo muchísima electricidad, y lo hace de manera muy opaca”, exigiendo a los gobiernos “opacidad absoluta” sobre sus consumos y sobre lo que pagan, “a pesar de ser contratos públicos”.

El relator ha explicado que el peligro llega con la escasez. “En años de lluvia normal habrá agua para todo lo que se quiera. Pero cuando vengan las sequías, y vendrán sequías duras y cada vez más fuertes, lo que no está claro es quién va a tener la prioridad. Desde luego, los centros de datos no se van a parar por eso”, ha advertido. La consecuencia, a su juicio, serán más restricciones para el regadío “y a veces incluso para el agua de boca”. Como ejemplo ha puesto el caso de Guadalajara (México), donde, según ha evidenciado, se han llegado a cerrar escuelas por falta de agua durante una sequía porque la prioridad se había dado a los centros de datos.

En años de lluvia normal habrá agua para todo lo que se quiera. Pero cuando vengan las sequías, y vendrán sequías duras y cada vez más fuertes, lo que no está claro es quién va a tener la prioridad. Desde luego, los centros de datos no se van a parar por eso

Pedro Arrojo — Fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua

El otro gran frente es la electricidad. El catedrático ha señalado a Irlanda como el espejo en el que mirarse: allí los centros de datos ya consumen más electricidad que todos los hogares del país, y absorben, ha denunciado, la energía eólica y solar “que se ha subvencionado con dinero público para combatir el cambio climático” y que acaba vendiéndose a estas empresas “a precio de ganga”. Además, ha advertido de que la subida de la demanda obligará a redimensionar la red eléctrica para que no colapse. “Eso es carísimo y se va a pagar en la tarifa de la gente. No lo van a pagar estas empresas, que ya tienen contratados precios de risa”, ha afirmado.

Arrojo ha insistido en que su planteamiento no pasa por la prohibición, sino por el conocimiento y la regulación: saber qué supone el sector, qué problemas va a generar y quién va a pagar sus externalidades negativas. “Una vez conocido todo eso, hay que regular ese sector como se regula el tráfico o cualquier otra actividad humana”, ha defendido.

Más consumo, menos empleo

Desde ‘No es sequía, es saqueo’, Cristina García ha denunciado “una avalancha de centros de datos en Aragón” que, según los cálculos del colectivo, multiplicarán por seis el consumo eléctrico de la comunidad, saturarán la red y tendrán prioridad en el acceso al agua, “y sin embargo apenas generan empleo y no pagan impuestos”. La plataforma critica que no haya habido debate público y que no se haya consultado a la ciudadanía.

García ha apuntado directamente a la figura de los proyectos de interés general, que, ha recordado, les permite beneficiarse de exenciones fiscales, expropiar terrenos privados y acortar los plazos de tramitación. Frente a ello, el colectivo reclama “despriorizar” el sector y destinar la energía a proyectos que generen empleo y aporten al territorio.

La ingeniera ha explicado que la implantación masiva de la inteligencia artificial, con necesidades de computación muy superiores a las actuales, empuja a estas empresas allí donde hay energía disponible: en España, ese lugar es Aragón, que exporta buena parte de la electricidad que produce. “Por eso han venido aquí, y por la política de exención de impuestos del señor Azcón”, ha señalado.

Isabel, también portavoz del colectivo, ha cuestionado las promesas de empleo. Según los datos que ha recabado la plataforma, frente a “los mil y pico empleos” anunciados, los centros ya instalados “llegan a 200 empleos”. “Verdaderamente no es un proyecto de interés general de Aragón”, ha concluido.

“Ni siquiera los concejales saben lo que se negocia”

La protesta ha reunido también a plataformas locales como Stop Centros de Datos La Puebla, que se opone al campus de 150 megavatios que ACS proyecta en La Puebla de Alfindén. Uno de sus representantes, José Manuel Rodríguez, ha denunciado que las negociaciones con la constructora se están llevando a cabo a través de la sociedad urbanística municipal, Sulpasa, y que “ni siquiera los propios concejales del ayuntamiento saben lo que se está negociando”. A los vecinos, ha añadido, no les llega ninguna información.

Rodríguez ha cifrado en “unos 40 millones de euros” las exenciones de impuestos que dejarán de llegar al municipio, y ha relatado que concejales socialistas de la localidad les describieron su situación como “el doble mal”: el centro de datos y una empresa que “no está dispuesta a ceder ni un euro” de lo que pide el ayuntamiento. Mientras otras multinacionales ofrecen patrocinios o equipamientos a los pueblos, algo que la plataforma rechaza igualmente porque supone “comprar la opinión del pueblo”, en La Puebla “ni eso”, ha lamentado. Según la información que maneja la plataforma, el propio ayuntamiento tendrá que pagar un depósito de agua que utilizará en parte el centro de datos.

Pedro Santisteve, por su parte, ha hablado de un movimiento que “va creciendo” ante “la estafa que suponen los PIGA”. El exalcalde ha reprochado al Gobierno de Azcón que no haya aprobado una moratoria para que la ciudadanía pueda opinar “con transparencia, con información y con los datos que hace falta conocer”. Santisteve ha cifrado en 34 los centros de datos previstos, “una barbaridad” que, a su juicio, la red eléctrica “no va a aguantar”, y ha alertado de que puede repetirse lo ocurrido en Estados Unidos, donde se ha encarecido la luz y estados como Texas u Ohio ya plantean moratorias.

“Aragón no se vende”

Frente al Pignatelli, los convocantes han leído un manifiesto que arranca con el despliegue renovable. Primero, ha recordado el texto, Aragón “se cubrió todo de placas y molinos” sin planificación y sin escuchar a los territorios. Después llegaron los expedientes de los centros de datos, “esas moles que parecían granizo de hormigón cayendo de la nube digital”, que se instalan “sin pagar impuestos y sin dar trabajo” y “con la desfachatez de decir que son Proyectos de Interés General para Aragón”.

El manifiesto señala a Amazon, Microsoft, Azora, Blackstone y Forestalia, que “llegan como buitres allá donde huelen un beneficio rápido”, y enlaza la protesta con la vivienda con un llamamiento a la huelga del 11 de noviembre al grito de “¡Menos datos, más pisos baratos!”.

Los colectivos rechazan en el texto la isla de calor y el “zumbido infernal” de estas instalaciones, las restricciones de riego mientras los centros siguen consumiendo agua y la subida de la luz “mientras las energéticas hacen ofertas a las tecnológicas”. También cuestionan la necesidad misma de la inteligencia artificial: frente a una IA que conteste correos o diseñe carteles, reivindican producir menos y bajar el ritmo.

La manifestación coincide con el Día Europeo contra los Centros de Datos, impulsado por la red Stop Dirty Data Centres, que ha fijado el 6 y el 7 de noviembre para coordinar acciones en distintos países. Llega poco más de un mes después de la marcha del 27 de septiembre en Torrero contra el campus que Microsoft proyecta junto a Puerto Venecia y los Pinares de Venecia, y algo más de un año después de la primera gran protesta contra los centros de datos en Zaragoza, en septiembre de 2025.

“La gestión es opaca y caciquil. Llevamos muchos años aquí y estas prácticas no las habíamos visto nunca hasta este extremo, ni siquiera en los grandes momentos del PAR. Es un cortijo”. Trabajadores del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) han corroborado las denuncias formuladas por Comisiones Obreras la semana pasada sobre el organismo, que tiene como director gerente a Daniel Rey. Entre otras prácticas de presunta irregularidad está la participación del propio Rey en órganos de selección, pese a que la ley lo prohíbe.

De hecho, los delegados de personal del IAF advirtieron por escrito al propio director gerente en julio de 2025 de que la normativa no permite al personal de designación política intervenir en los órganos de selección. Sin embargo, Rey firmó seis meses después las bases de un proceso selectivo que le reservaban la entrevista a los candidatos –que contaba 35 de 85 puntos–y el informe con su nota. La advertencia no tuvo respuesta, como tampoco los recursos de alzada de los representantes de la plantilla, denuncias ante la Inspección de Trabajo ni su petición, hace ya cuatro meses, de medidas frente a unos riesgos psicosociales que sitúan al 65% de los trabajadores en un nivel de riesgo muy elevado en participación y supervisión.

El escrito, fechado el 18 de julio de 2025, lo firmaban los tres delegados de personal, con copia a la Dirección General de Función Pública y a la Secretaría General Técnica. Recordaba que el Estatuto Básico del Empleado Público (el EBEP) excluye de los órganos de selección al personal de designación política, y que su intervención, “incluso en fases como las entrevistas personales, compromete los principios de imparcialidad y profesionalidad que deben regir el acceso al empleo público”.

El 14 de enero de 2026, sin embargo, Rey suscribió las bases de un puesto y una bolsa de Técnico/a Superior para el proyecto Aragon EDIH 2.0, financiado por el Programa Europa Digital de la Comisión Europea. Según consta en el documento, las entrevistas “las realizará el Director Gerente del Instituto Aragonés de Fomento o el Director de División de Desarrollo e Innovación Empresarial”, que después emite “un informe con la calificación”. Rey no forma parte de la comisión de selección, pero esta eleva su propuesta “a la vista del Informe del Director Gerente”, y es el propio Rey quien resuelve.

No era la primera vez que esto sucedía, ya que las bases de la bolsa de Técnico/a Jurídico/a de enero de 2025 ya le encomendaban la entrevista. La diferencia es que este año ya había recibido la advertencia de los delegados. “Estaba avisado”, resume uno de los trabajadores consultados, que habla bajo condición de anonimato para evitar represalias.

Recursos sin respuesta

Los delegados recurrieron las bases en alzada ante la consejera de Presidencia, Mar Vaquero –la competencia del IAF era entonces suya, mientras que con el nuevo gobierno han pasado a Eva Valle, titular de Economía–. Advertían de que anular el proceso “pondría en grave riesgo la justificación de los costes de personal ante la Comisión Europea”. Solo dos aspirantes llegaron a la entrevista, y el que tenía mejor expediente en la fase de méritos perdió la plaza en ella. La entrevista se valoró con criterios que no figuraban en las bases, y el más subjetivo, la “motivación para el puesto-personalidad”, fue el que marcó la mayor diferencia y acabó pesando más que los méritos. El 9 de febrero, Rey firmó el nombramiento de la candidata seleccionada. Un segundo recurso, del 9 de marzo, sostiene que el director gerente “ha emitido el informe de valoración de la entrevista”.

Ninguno de los dos ha recibido respuesta, pese a que la ley da tres meses para resolver. Según el trabajador, tampoco la han tenido los demás recursos contra procesos selectivos presentados desde la llegada de Rey, una decena en total, ni la denuncia que los delegados presentaron en marzo de 2025 ante la Inspección de Trabajo por falta de información. “Es un ninguneo absoluto”, resume.

La evaluación de riesgos psicosociales, obligatoria, llegó tras más de dos años de peticiones. La realizó MAS Prevención entre abril y mayo de 2026, con la participación de 34 de los 51 trabajadores del organismo público. El factor de participación y supervisión sitúa al 65 % en riesgo muy elevado, y la carga de trabajo y el desempeño del rol, al 32%.

El informe concluye que hacen falta “medidas preventivas inmediatas para evitar daños a la salud mental y física de los trabajadores”, y el delegado de prevención pidió a Rey un calendario para acordarlas. Más de cuatro meses después, sigue sin respuesta. “Hay gente que lo está pasando mal en el trabajo”, advierte otro trabajador, que describe una plantilla en la que muchos no saben cuáles son sus funciones.

Una plaza sin convocar, a juicio

Los tres delegados han demandado al IAF por vulneración de derechos. Según denuncian, en un proceso de promoción interna se convocaron todas las plazas salvo la de gerente de unidad, la de mayor categoría: alegan que sucedió porque tres de sus seis posibles candidatos son los propios delegados. El juicio está programado para diciembre.

Tampoco se les informó del despido de Jesús López Cabeza, a quien el IAF indemnizó con 102.393,45 euros después de devolverlo desde un puesto de alta dirección a su plaza de plantilla. El trabajador lo explica así: “Técnicamente echaban a un trabajador, y sin embargo no nos lo comunicaron”.

El trabajador recuerda que el IAF es una entidad pública, con “unos procedimientos establecidos que se salta continuamente”, y explica por qué habla: “Está bien que se le dé voz a esta situación. Es dinero público”.

Las irregularidades en el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) llegarán a las Cortes de Aragón. Izquierda Unida y el PSOE han registrado varias iniciativas para que la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, dé explicaciones sobre la gestión de Daniel Rey, director gerente del organismo desde octubre de 2023. IU le pide que explique en el pleno qué medidas tomará si se confirman las denuncias de Comisiones Obreras, mientras que los socialistas le preguntan con qué fundamento jurídico se pagaron 102.393,45 euros para despedir a un alto directivo que conservaba plaza en el Gobierno de Aragón y si Rey se abstuvo en el contrato adjudicado a la empresa de su hermano.

Ambos casos están documentados con actas, resoluciones y registros públicos. Las iniciativas llegan además después de que este periódico revelara que un juzgado condenó al IAF a pagar 18.364,60 euros a una empleada a la que despidió como represalia.

La portavoz de IU en las Cortes, Marta Abengochea, ha registrado una pregunta para que la consejera explique qué medidas tomará el Gobierno si se confirman las denuncias de Comisiones Obreras. “Estamos ante unas acusaciones extremadamente graves que afectan a la gestión de recursos públicos y al funcionamiento de un organismo estratégico para el desarrollo económico de Aragón. El Gobierno no puede mirar hacia otro lado ni limitarse al silencio”, ha señalado Abengochea, que reclama que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades “si procede”.

A su juicio, si las denuncias se confirman, el IAF habría actuado de forma incompatible con “los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y buena administración”.

Seis iniciativas del PSOE

Por su parte, el diputado socialista Pedro Polo ha registrado una pregunta para respuesta oral en el pleno, tres preguntas para respuesta escrita y dos solicitudes de información. En la oral, pide a la consejera que valore “las informaciones publicadas sobre la gestión del director gerente”, que afectan a la indemnización del subdirector gerente, al contrato con “una empresa de un familiar directo” de Rey y a los procesos de selección de personal.

Las preguntas escritas concretan esas dudas. La primera, sobre la indemnización, quiere saber con qué fundamento se abonó a partir de la legislación autonómica, quién pidió los dos informes de los Servicios Jurídicos en que se apoyó el acuerdo, qué concluyen y por qué no se han hecho públicos, en qué situación estaba el directivo respecto de su plaza en la Administración autonómica el día del despido, qué causa objetiva se invocó y qué salario y antigüedad se usaron para el cálculo.

La segunda se centra en el contrato con Zerca Market Digital y la tercera pregunta qué denuncias sobre el IAF ha recibido el departamento desde 2024, qué ha hecho en ejercicio de su tutela y qué medidas piensa adoptar.

El PSOE reclama además copia de esos dos informes jurídicos, de las actas del Consejo de Dirección del 26 de diciembre de 2024 y del 31 de enero de 2025 y de la liquidación de la indemnización, así como los expedientes del contrato con Zerca y de la provisión de la Dirección de Planificación y Proyectos.

Externalización y abogados de fuera

IU recoge además otras denuncias de los representantes sindicales: presuntos casos de acoso laboral, el bloqueo de la promoción interna y la vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad en los procesos de selección.

Según esas denuncias, el IAF destina más dinero a contratar servicios externos que a su propia plantilla, hasta el punto de trasladar a empresas privadas funciones que desempeñaban empleados públicos. También cuestiona que el instituto haya contratado gabinetes jurídicos externos, pese a estar dentro del perímetro de entidades que pueden ser asistidas por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón.

“La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gestionan los fondos públicos y qué está ocurriendo en un organismo que ha visto incrementado de forma notable su presupuesto en los últimos años”, ha afirmado Abengochea, que reclama que el Gobierno responda en sede parlamentaria.

El proyecto de Presupuestos de Aragón para 2027 reserva 370.000 euros para la Fundación Toro de Lidia, la entidad que agrupa a toreros, ganaderos y empresarios taurinos para defender y promocionar la tauromaquia. Es la mayor subvención nominativa del programa de Promoción de la Cultura y una partida que no existía en el último presupuesto aprobado, el de 2024, prorrogado en 2025 y 2026.

La ayuda figura en el anexo de subvenciones nominativas del proyecto, publicado este jueves en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón. La gestiona la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, dentro del departamento de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte. El texto no detalla a qué actividades se destinará el dinero.

Los 370.000 euros suponen el 25,6% de los 1.446.000 euros que el programa reparte en ayudas directas; es decir, con nombre y apellidos. La fundación taurina recibirá más que los festivales del Ayuntamiento de Zaragoza (200.000 euros) y los del Ayuntamiento de Huesca (200.000), más del doble que la Orquesta Alevín de Aragón (150.000) y casi cuatro veces lo que recibe la Fundación Sinfónica de Aragón (100.000). La Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca tiene 90.000 euros, el Festival de Cine de Huesca 40.000, la Fundación Labordeta 30.000 y la Sociedad Filarmónica de Zaragoza 10.000, treinta y siete veces menos que la fundación taurina.

En la Ley de Presupuestos de 2024, la última aprobada, no había ninguna partida nominativa para la Fundación Toro de Lidia. Las ayudas directas de ese mismo programa sumaban entonces 401.000 euros, poco más de una cuarta parte de lo previsto para 2027. Los festivales de Zaragoza y Huesca también son líneas nuevas.

Reunión en el Pignatelli

La partida aparece tres meses y medio después de que la cúpula de la fundación se reuniera con la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero. El encuentro se celebró en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, y la propia fundación lo difundió el 22 de julio. Por parte de la entidad asistieron su presidente, el ganadero Victorino Martín, y su director general, Borja Cardelús.

Según el comunicado de la fundación, ambas partes analizaron “las líneas de colaboración futuras entre la institución taurina y el Ejecutivo autonómico en materia de tauromaquia”. Los representantes de la entidad trasladaron a Vaquero “la situación actual del sector taurino en la Comunidad” y le plantearon “propuestas de colaboración para su impulso y difusión”. La nota destacaba que las dos partes coincidieron en considerar la fiesta de los toros “parte fundamental del patrimonio cultural, histórico y económico de Aragón” y en “seguir trabajando conjuntamente” para su protección y promoción, “en línea con las competencias que en esta materia corresponden al Departamento de Presidencia, Justicia y Cultura”. El mismo departamento gestionará ahora los 370.000 euros.

La Fundación Toro de Lidia ya ha recibido dinero público en otras comunidades. En junio de 2024, la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, entonces dirigida por Vicente Barrera (Vox), le concedió 300.000 euros en subvención directa para organizar un circuito de seis novilladas con picadores.

La política aragonesa ha vivido otra luctuosa semana: otra más.

Esta vez la desgracia le ha tocado a la exconsejera Marta Gastón. Una persona muy apreciada, con un carácter fuerte y tenaz, vehemente, trabajadora como pocos en su gremio –a veces, por mucho que lo consideremos superado, hay que echar mano de todos estos ingredientes para lidiar con un ámbito aún masculinizado en los primeros niveles– y que, como escribimos al conocer su fallecimiento, pilotó el despegue de la economía aragonesa que hemos empezado a avistar en esta década. 

Que las medallas del presente no te abrumen: las grandes inversiones que están germinando ahora en la comunidad se fraguaron mucho antes, no en una venturosa noche de Vive Latino escuchando a Taburete. Gracias –entre otros, claro– a la gestión de Gastón hemos sido testigos del despliegue de las energías renovables –más allá de algunas malas prácticas en la actualidad–, de la implantación de proyectos como la gigafactoría o el complejo agroalimentario de bonÀrea en Épila, o bien la transformación de Zaragoza en un puntal logístico a nivel nacional.

Lo cierto es que uno empieza a pensar que algún tipo de nube negra se posó en algún momento sobre el Gobierno del socialista Javier Lambán. Porque las desdichas se han ido sucediendo en los últimos años, ya desde la misma segunda legislatura del exdirigente ejeano.

Quiero recordar un dato: en el primer semestre de 2021, el presidente, el vicepresidente y el consejero de Hacienda del Ejecutivo afrontaron al mismo tiempo graves enfermedades con las mismas seis letras de las que todos queremos huir.

En verano del año pasado fue el propio Javier Lambán quien falleció, tras cinco años en los que la principal nota fue la dignidad y el estoicismo con que afrontó sus dolencias tanto durante sus labores de gobierno como posteriormente.

Este septiembre, el exvicepresidente autonómico y exlíder del PAR Arturo Aliaga, otra persona con la política y la gestión pública en la sangre durante décadas.

Esta semana ha sido Marta Gastón, a quien todos los partidos han recordado con cariño.

Por último, y también como ellos, no me quiero olvidar de Ricardo Almalé, exdirector general de Relaciones Institucionales. Era un buen amigo y por eso, sí, soy especialmente objetivo: su despedida, tan jodidamente temprana –los tacos están minusvalorados–, supuso un menoscabo para la política aragonesa al mismo nivel que cualquiera de los anteriores. Sobre todo, por su proyección.

Rosario de irregularidades en el IAF

Técnicamente no ha sido un protagonista de la semana, pero tiene potencial para terminar haciéndolo.

El director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Daniel Rey, deberá dar explicaciones por las irregularidades denunciadas por Comisiones Obreras en una rueda de prensa la semana pasada. En elDiario.es las hemos documentado y te las acabamos de contar. Puedes leer aquí un primer capítulo, pero te adelanto que habrá más.

No son pocas.

La más llamativa en cuanto a las cifras tiene que ver con un despido de 102.500 euros al exsubdirector gerente del organismo, Jesús López Cabeza, aprobado por el Consejo de Dirección y que despierta múltiples dudas: entre otras cuestiones, por qué se autorizó esta elevada cantidad tratándose de un alto directivo o por qué volvió, después de su “jubilación forzosa”, a su puesto de funcionario autonómico.

El Gobierno de Aragón rehúsa proporcionar el informe jurídico que, según el propio Consejo de Dirección, respaldó la indemnización a López Cabeza.

Tras esta, hay además una plaza para un puesto directivo resuelta en apenas unas horas y con unos requisitos a la medida; al menos un contrato conocido con una empresa del hermano de Daniel Rey, y el papel del mismo director gerente en los procesos selectivos: participó directamente como mínimo en uno de ellos al aprobar la bolsa. 

Las revelaciones de CCOO van más allá, y apuntan a un clima laboral muy complicado debido, entre otras cuestiones, a que se dio curso a las propias denuncias hechas públicas.

Para el papel de 'protagonista de la semana', Rey compite, eso sí, con el exasesor de Natalia Chueca en el Ayuntamiento que, como te contamos días atrás, acaba de ganar una plaza por concurso-oposición en Zaragoza Deporte Municipal con serias dudas sin resolver. Su designación ha generado indignación en el sector de la formación deportiva –léelas aquí–, más al recordar episodios como el informe económico-financiero que hizo para justificar la inversión pública en la nueva Romareda, con un irreal apartado de ingresos –aquí lo tienes–.

Las denuncias por la gestión de la actual cúpula del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), destapadas por Comisiones Obreras y que incluyen indemnizaciones y contrataciones bajo sospecha, también abarcan medidas injustas contra empleados rasos y puestos intermedios del organismo. Es lo que le sucedió el año pasado a una oficial administrativa que fue despedida como represalia por una queja no suya, sino de los representantes de los trabajadores. Un juzgado ha condenado al IAF, dirigido por Daniel Rey, a abonarle los salarios de tramitación y a resarcirla por vulneración de derechos fundamentales, aunque la sentencia todavía no es firme.

Fue la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Zaragoza (plaza n.º 6) la que declaró nulo el despido, en una sentencia fechada el 2 de febrero de 2026. El IAF, entidad de derecho público del Gobierno de Aragón bajo el paraguas de la Vicepresidencia de Mar Vaquero, la ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que aún no ha resuelto. La condena asciende a 18.364,60 euros: 10.863,60 euros brutos en salarios de tramitación y otros 7.501 euros por daño moral.

Siete días entre la queja y el cese

La trabajadora entró en el IAF el 7 de enero de 2025 con un contrato temporal de sustitución que debía durar hasta el 6 de julio. Llegaba desde la bolsa de interinos del Gobierno de Aragón, con seis trienios reconocidos en el grupo C, y su retribución bruta anual era de 24.032,34 euros. El contrato fijaba 20 días de prueba y le asignaba tareas de apoyo al área de Recursos Humanos y, “de forma puntual”, la cobertura de la recepción en ausencia de su titular.

El 15 de enero, los delegados de personal enviaron a la Dirección del IAF un correo con seis objeciones a ese contrato. Denunciaban que no se había informado a la representación legal de los trabajadores de las contrataciones previstas y que la duración de seis meses no garantizaba la continuidad de la empleada en una plaza que estaba vacante desde septiembre de 2023. También señalaban que la jornada pactada, de 35 horas, incumplía el acuerdo de 37,5 horas alcanzado en septiembre de 2024; que se le encomendaban funciones de inferior categoría, como las de recepcionista, y que la plaza debía haberse ofertado por promoción interna.

Una semana después, el 22 de enero, el IAF le entregó la carta de extinción con efectos ese mismo día. El motivo alegado era que no había superado el periodo de prueba “debido a una ejecución deficiente del trabajo encomendado”. Llevaba 15 días en el puesto.

“Ni una mínima explicación”

La magistrada María Luisa Casares Villanueva concluye que el despido vulneró la garantía de indemnidad, una vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución) que protege a los trabajadores frente a represalias por reclamar sus derechos. La sentencia considera “evidente” que fue “la mera presentación” de esas reclamaciones lo que motivó que se rescindiera de inmediato la relación laboral.

La jueza valora el “brevísimo lapso temporal” entre la queja y el cese, acreditado con el propio correo y con el testimonio de uno de los delegados de personal. Frente a esos indicios, el IAF no ofreció “ni una mínima explicación” sobre el supuesto trabajo deficiente de una empleada contratada pocos días antes y que llevaba al menos 18 años desempeñando tareas similares para el Gobierno de Aragón.

A juicio de la magistrada, da igual que la queja la firmaran los delegados y no la propia trabajadora, y también que sus objeciones fueran o no fundadas. La sentencia no entra a valorarlas para declarar la nulidad.

Además, la sentencia sostiene que el IAF ni siquiera podía someterla a un periodo de prueba. El Estatuto de los Trabajadores declara nulo ese pacto cuando el trabajador ya ha desempeñado las mismas funciones en la empresa, y la jueza entiende que es el caso de una empleada con seis trienios en el mismo grupo y para la misma Administración. Solo por eso, el cese ya habría sido improcedente.

18.364,60 euros de dinero público

Un despido nulo obliga a readmitir al trabajador, pero en este caso la readmisión ya era imposible: el contrato habría terminado el 6 de julio de 2025. Por eso, la sentencia da por extinguida la relación en esa fecha y condena al IAF a pagar los salarios que la empleada dejó de cobrar hasta entonces: 165 días a 65,84 euros, para un total de 10.863,60 euros brutos.

Y a esa cantidad suma 7.501 euros por daño moral. La demanda, defendida por el abogado Luis Alfonso Rox Guallar, pedía 10.000 euros; la jueza fija la cuantía en el mínimo de la sanción que la ley prevé para las infracciones muy graves, una categoría que incluye expresamente el trato desfavorable a los trabajadores como reacción ante una reclamación en la empresa.

El IAF, defendido por la Letrada de la Comunidad Autónoma, se opuso a la demanda. Sostuvo que el contrato era válido, que no había indicio alguno de represalia y que varias de las quejas de los delegados no guardaban relación con esa contratación. También defendió que las tareas de recepción figuraban en el contrato con carácter puntual y que no existía incumplimiento horario. Para rebajar la indemnización, alegó que la trabajadora había aprobado después un proceso selectivo y es funcionaria en prácticas del Gobierno de Aragón desde noviembre de 2025.

El Gobierno de Jorge Azcón, que llegó al poder prometiendo adelgazar la Administración, prevé en el proyecto de presupuestos para 2027 una estructura política mayor y bastante más cara que la que heredó. Las fichas del proyecto de ley recogen 185 altos cargos y eventuales, frente a los 170 del presupuesto de 2023, el último del cuatripartito de Javier Lambán, lo que supone un incremento del 8,8%. Pero el coste, sumando retribuciones y Seguridad Social, aumenta con mucha más intensidad: pasa de 12,3 millones de euros a 15,4 millones, un 24% más.

Cada puesto sale, por tanto, más caro: el coste medio por dotación pasa de 72.338 euros en 2023 a 82.405 en 2027. En el caso de los altos cargos el salto es mayor: de 87.169 euros a 101.364 de media. Su número crece prácticamente un 10% (de 82 a 90) y su costem un 27,6%, hasta los 9,1 millones de euros. Solo los altos cargos explican el 67% del aumento total.

Frente a esto, el personal eventual –los cargos de confianza– pasa de 88 a 95 personas, un 8% más, mientras que su coste aumenta un 19% y alcanza los 6,1 millones de euros.

“Prometieron menos cargos de confianza y hoy tienen 15 más”

El PSOE ha llevado estas cifras al debate presupuestario. El diputado socialista Jesús Morales ha recordado este jueves en rueda de prensa que el PP prometió en 2023 reducir el número de altos cargos y que Vox se comprometió en la campaña de las elecciones de 2026 a recortar el tamaño del Gobierno de Aragón, “desde consejerías a directores generales a cargos de confianza a personal eventual”. “Del dicho al hecho hay un trecho”, ha afirmado.

Morales ha acusado a ambos partidos de “mentir a los aragoneses a la cara” y de usar en campaña términos como “los chiringuitos, los enchufados, las paguitas” para después “colocar a su gente”. “El Gobierno de Aragón actual prometió menos cargos de confianza y hoy tiene 15 más. Prometió menos coste político y hoy tiene 3 millones de euros más”, ha resumido.

El crecimiento no es solo de este año, y de hecho casi la mitad ya figuraba en el primer presupuesto de Azcón, el de 2024, elaborado con Vox en el Gobierno. Aquel proyecto incluía 177 dotaciones: siete altos cargos más que en 2023 y el mismo número de eventuales. Su coste conjunto era 1,1 millones mayor que en 2023, un 9,1% más.

Más eventuales

Comparado con aquellas cuentas, las del próximo ejercicio suman ocho personas más (un 4,5%) y 1,8 millones más de gasto (un 13,6%). Esta vez el aumento se concentra en los cargos de confianza: siete de las ocho plazas nuevas son de personal eventual, que pasa de 88 a 95. Solo hay un nuevo alto cargo, pero el coste total de la partida sube un millón de euros. Así, los eventuales pasan a ser más de la mitad de la estructura política.

Por departamentos, y teniendo en cuenta que la organización del Gobierno ha cambiado entre ambos ejercicios, los mayores aumentos de coste respecto a 2024 se dan en Vivienda y Cohesión Territorial, que sube un 36,6% y pasa de 11 a 14 dotaciones; en Desregulación, Bienestar y Familia, un 34,7% más y de 10 a 13 dotaciones; en Sanidad, un 31,7% más y de 12 a 13, y en la Presidencia del Gobierno, un 26,4% más y de 9 a 12.

Presidencia, Justicia y Cultura es la consejería con más dotaciones: 55, seis más que en 2024, y su coste sube un 19,8%, hasta los 4,1 millones de euros. Entre los organismos autónomos, el Salud y el Instituto Aragonés de Fomento pasan de una dotación a dos, con incrementos del 118,1% y el 88,5%.

El PP: “Lo importante es a dónde va ese dinero”

La portavoz adjunta del PP, María José Vicente, ha defendido unos presupuestos que considera “históricos” para la Comunidad, con unas cifras que, a su juicio, benefician a los aragoneses, porque lo importante es a dónde va ese dinero: a sanidad, educación, vivienda y carreteras.

Vicente ha rechazado las críticas y ha acusado de “cinismo” a los socialistas, a quienes “lo de aprobar presupuestos para resolver problemas les suena a chino, teniendo en cuenta que el Gobierno de Sánchez no ha aprobado ni tan siquiera ha presentado un Presupuesto en toda la legislatura”.

La portavoz adjunta ha preguntado a Morales “en qué mundo vive” por acusar al Gobierno de mentir y de colocar a los suyos en el mismo momento en que la UCO detenía al exchófer de Pedro Sánchez y volvía a requerir información a ADIF sobre tramas de corrupción en obras públicas. “El papelón de hoy del señor Morales es tremendo. La única institución que ha perdido la confianza de los españoles es el Gobierno de España, envuelto en corrupción e incapaz de ofrecer gestión a los españoles, lo que tiene consecuencias dramáticas”, ha afirmado.

El PSOE ha llevado este jueves a rueda de prensa el nombramiento de Pablo Millán, exasesor del Gobierno de Natalia Chueca, como director de Programas, Eventos y Proyectos Deportivos de Zaragoza Deporte. Se trata de una plaza A1 y laboral fija con un salario de unos 60.000 euros que el Consejo de Administración le adjudicó el pasado viernes solo con los votos de PP y Vox. El portavoz socialista, Horacio Royo, ha sostenido que la alcaldesa “gobierna” la ciudad y el Ayuntamiento “como si fuese un cortijo particular”. En su respuesta, el consejero de Presidencia, Ángel Lorén –de cuya Área dependen Deportes y el puesto que ocupaba Millán–, no ha rebatido los hechos y ha acusado a Royo de atacar a “unos funcionarios de carrera”.

Royo ha recordado la cronología. Zaragoza Deporte publicó las bases el 14 de abril y una semana después, a mitad del plazo de solicitudes, Millán cesó como asesor para presentarse a la plaza. Obtuvo la mayor puntuación, 85,134 puntos frente a 78,700, del único otro aspirante que ha superado los exámenes. Ambos finalistas habían logrado la máxima puntuación en el concurso de méritos, de modo que la diferencia se decidió en los exámenes, el segundo de ellos valorado por el propio tribunal.

La plaza sustituye a una jefatura de grupo A2 dedicada a actividades y programas. Para el PSOE, el cambio confirma un giro de la política deportiva municipal hacia “eventos de dudosísima rentabilidad pero 100% instagrameables”. El Colegio de Licenciados en Educación Física de Aragón (COLEFA) recurrió la convocatoria en mayo por no exigir titulación deportiva. El Consejo desestimó el recurso con un informe de la Asesoría Jurídica municipal según el cual no se estaba convocando “una plaza de Director Deportivo”, y el COLEFA ha terminado por ir a los tribunales.

El edil socialista ha vinculado además al exasesor con el proyecto de La Romareda. En julio de 2022, Millán ya había intervenido como invitado en el proceso de escucha sobre la ubicación del estadio. En noviembre de 2023, ya como asesor, firmó un informe económico-financiero incluido en el expediente de constitución de la sociedad del estadio. “Un asesor escribirá lo que le digan, entre otras cosas, porque su puesto de trabajo está a una firma del cese”, ha afirmado Royo. El Estatuto Básico del Empleado Público limita al personal eventual a funciones “de confianza o asesoramiento especial”. En el expediente figura también un informe de solvencia de los servicios municipales de Contabilidad.

Royo ha cifrado en unos 56.000 euros el sueldo de Millán como asesor y en el entorno de los 60.000 el de la nueva plaza, que el exasesor se puede quedar “para toda la vida”. Ha recordado que “la estética es un elemento constitutivo de la ética” y ha apelado a los miles de zaragozanos que preparan oposiciones. Ha anunciado iniciativas en la próxima Comisión de Presidencia y ha advertido de que su grupo irá “con todas las consecuencias” si encuentra indicios de ilegalidad.

“No han sido puestos a dedo”

Por su parte, Lorén ha respondido que Royo acusa a “unos funcionarios de carrera que no han sido puestos a dedo”, en un proceso en el que, según el consejero, el portavoz socialista ha participado “desde las bases” y ha visto “todo el procedimiento”. La oferta de empleo que incluía la plaza se aprobó por unanimidad en el Consejo de Administración del 30 de marzo.

Royo, sin embargo, no ha mencionado al tribunal en su comparecencia. Según las bases, lo presidió una jefa de departamento de Zaragoza Deporte, sociedad cuya plantilla es laboral, y entre sus vocales había un técnico del Área de Presidencia, la misma que dirige Lorén y en la que trabajaba Millán.

El consejero no ha respondido a la cronología del cese ni al papel del exasesor en el informe del estadio. Ha dedicado el resto de su intervención a la “colonización” de instituciones que atribuyó al PSOE y a Pedro Sánchez.

El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) pagó 102.393,45 euros para despedir a su subdirector gerente, pese a que, según Comisiones Obreras, la ley no le reconocía indemnización alguna porque conservaba plaza en el Gobierno de Aragón. Adjudicó a la empresa que administra el hermano de su director, Daniel Rey, un contrato que no figura en el registro público de contratos de la comunidad. Y cubrió una plaza de alta dirección de 50.000 euros anuales tras eliminar de la convocatoria uno de los requisitos que fijaba para ese puesto la relación de puestos de trabajo. Estas son algunas de las decisiones adoptadas en la etapa de Rey al frente del organismo desde octubre de 2023, que la sección sindical de CCOO ha documentado y que este periódico ha podido contrastar con actas, resoluciones y registros públicos.

“El IAF ha llevado a cabo una gestión opaca, clientelar y autoritaria”, sentenció la semana pasada Tania González, secretaria general del Sector de Administración de CCOO Aragón, en la rueda de prensa en la que el sindicato hizo públicas sus denuncias. “Lanzamos también un mensaje al Gobierno para que valore si realmente merece la pena tener un gerente muy dinámico en lo empresarial pero muy poco democrático en lo laboral y muy ineficiente en la gestión de los recursos públicos”, manifestó por su parte su compañero, Paco González, en referencia a Daniel Rey.

El caso de mayor cuantía es el de Jesús López Cabeza, exsubdirector gerente del IAF. En 2018 el organismo le firmó un contrato de alta dirección: según el acta del Consejo de Dirección del 26 de diciembre de 2024, ese contrato dejó “en suspenso” la relación laboral común que ya mantenía con el IAF, una relación que podría “reanudar” al rescindirse el de alta dirección.

Esa sesión es la primera en la que Rey propuso amortizar la plaza de subdirector gerente y despedir a López Cabeza por causas objetivas. El acta explica el procedimiento elegido sin rodeos: “Dado que se pretende el cese de su relación laboral con el IAF”, se opta por el despido objetivo, a razón de 20 días por año trabajado y con un máximo de doce mensualidades. Como alto directivo, la normativa estatal le habría reconocido siete días por año, con un tope de seis mensualidades.

El Consejo aplazó la decisión por unanimidad hasta revisar el informe jurídico. El 28 de diciembre López Cabeza pasó a ocupar un puesto de “titulado superior”, que CCOO considera creado ad hoc. Finalmente, el 31 de enero de 2025 el Consejo autorizó el despido, con una indemnización de 102.393,45 euros.

CCOO sostiene que ese pago no tenía amparo legal. La ley aragonesa sobre medidas de racionalización del régimen retributivo, de 2017, establece que, cuando se extingue un contrato de alta dirección de quien es funcionario de carrera o personal laboral con reserva de puesto, no hay derecho a indemnización. Y López Cabeza tenía, según el sindicato, plaza de funcionario en el Gobierno de Aragón. El 1 de abril de 2025, dos meses después del despido, fue adscrito provisionalmente a un puesto de economista en la Dirección General de Política Económica.

Ese reingreso plantea otra contradicción. Para justificar el despido, el acta del IAF alegaba que, siendo personal laboral, no existía “la opción de jubilación forzosa”, aunque López Cabeza ya había superado la edad ordinaria de jubilación. Sin embargo, tres meses después volvió como funcionario con 67 años, en un régimen en el que la jubilación forzosa es precisamente la regla. Causó baja el 30 de junio de 2025, tres días después de cumplir 68. La legislación aragonesa solo permite prolongar el servicio activo por la singularidad del puesto y mediante orden del consejero de Hacienda.

El sindicato añade que la indemnización se calculó sobre una retribución superior a la que la legislación permite a un directivo del sector público autonómico, cuyo tope es el sueldo de un director general: 74.083,26 euros en 2024.

El acta del Consejo de Dirección del 31 de enero de 2025 cita como respaldo dos informes de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, uno sobre el cese y otro sobre el cálculo del salario regulador. Sin embargo, ninguno de los dos se ha hecho público. Este periódico solicitó el 16 de enero de 2026, por la vía de Transparencia, el informe que avala la indemnización, junto a otra información sobre el caso: por qué se creó en 2018 la plaza de alta dirección, si López Cabeza tenía plaza de funcionario en el Gobierno de Aragón, qué funciones desempeñó en la Dirección General de Política Económica y si se había notificado a los Servicios Jurídicos la denuncia de CCOO.

Días después, en un escrito firmado por el propio Daniel Rey –autor de la propuesta de despido–, el IAF abrió un plazo de alegaciones a López Cabeza como tercero afectado y dejó en suspenso el plazo para resolver. El exsubdirector gerente del Instituto se opuso a que se facilitara la información. Nueve meses después, el IAF no ha dictado resolución, lo que implica que desestimación por silencio administrativo.

Un contrato a la empresa del hermano

Mientras, el IAF ha contratado al menos una vez con una empresa vinculada al hermano del director gerente, otro de los apartados denunciados por Comisiones Obreras.

En diciembre de 2024, el organismo adjudicó un contrato menor de comunicación, documentado con una única factura, a Zerca Market Digital SL, una plataforma de comercio local controlada desde 2023 por David Rey. La factura, de 2.940 euros sin IVA (3.557,40 con él), tenía como concepto 'Plan de Comunicación IAF 2025'. El contrato no figura en el Registro de Contratos del Gobierno de Aragón, que sí incluye los del IAF.

Este medio ha revisado ese registro año a año, desde 2023 hasta marzo de 2026, y no aparece ninguna de las sociedades vinculadas a David Rey. El IAF sí registró en 2024 otros 77 contratos menores, algunos de unos 2.000 euros, entre ellos uno de comunicación y marca de 13.000 euros adjudicado a otra empresa.

Una plaza de 50.000 euros sin comisión

También el ámbito de las contrataciones es objeto de polémica. Así, en septiembre de 2024 el IAF cubrió el puesto de directora de Planificación y Proyectos, de alta dirección y con una retribución de 50.000 euros anuales. El Consejo de Gobierno lo había creado el 11 de septiembre en la relación de puestos de trabajo (RPT): esta exigía formación relacionada con la empresa, inglés C1 y al menos cinco años de experiencia en planificación estratégica y gestión de proyectos en empresa. Sin embargo, la oferta que el IAF difundió a través del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) redujo los requisitos a la titulación universitaria y el C1. Los cinco años de experiencia desaparecieron, y en su lugar se incorporaron como méritos valorables la formación o experiencia en derecho y administración de empresas y en “e-commerce, estrategia digital y financiera”.

La oferta se publicó seis días antes de que el Boletín Oficial de Aragón recogiera, el 24 de septiembre, la creación del puesto. Permaneció en difusión hasta las 23:59 del día siguiente, según la web del IAF, y la resolución que nombró a Longás se firmó el 26 de septiembre. CCOO sostiene que el nombramiento estaba listo a las 9:46 de esa mañana, menos de diez horas después del cierre del plazo: en ese intervalo, el INAEM habría comprobado qué candidatos cumplían los requisitos y remitirlos al IAF, y el director gerente, habría estudiado las propuestas.

No hubo comisión de selección. Por libre designación, una resolución firmada por Rey eligió, tras “analizar las cuatro candidaturas”, a María Pilar Longás, por su “mejor adecuación” al perfil. Según su perfil profesional público, Longás tiene un doble grado en Derecho y ADE y ha desarrollado casi toda su trayectoria en comercio electrónico y ventas. Su experiencia específica en planificación estratégica se limita a nueve meses como analista en una consultora.

Desde entonces, Longás ha presidido la mayoría de las comisiones de selección del IAF en 2025.

El gerente que puntúa a los candidatos

El propio Daniel Rey interviene además en los procesos selectivos del organismo, pese a que el Estatuto Básico del Empleado Público excluye de los órganos de selección al personal de elección o designación política.

En ninguna de las resoluciones publicadas entre octubre de 2023 y marzo de 2026 Rey figura como miembro de un tribunal o comisión. Sin embargo, es él quien nombra a sus integrantes, los sustituye y firma todas las resoluciones de cada proceso.

En la bolsa de técnico jurídico convocada en enero de 2025 fue más allá. Las bases encomiendan la entrevista al director gerente, que emite el informe con la nota. La entrevista vale hasta 30 de los 100 puntos, se accede a ella con 45 puntos en méritos y para entrar en la bolsa hacen falta 60. El tribunal eleva su propuesta “en función de los méritos y del informe del Director Gerente”, y es el propio director gerente quien aprueba la bolsa.

Las comisiones, además, rotan entre muy pocas personas. Las de 2024 las presidió siempre el mismo directivo, las de 2025 casi siempre Longás y las de 2026, otro responsable, con los mismos vocales repitiendo de un proceso a otro. El primer tribunal que nombró Rey, en noviembre de 2023, menos de un mes después de llegar, fue el de dos plazas fijas de telefonista-recepcionista. Lo presidió López Cabeza.

Este periódico ha pedido aclaración sobre todas estas cuestiones al Gobierno de Aragón, pero por ahora no ha obtenido respuesta.

El fondo internacional A.GAIN ha consumado este miércoles la compra de la mayoría accionarial del Real Zaragoza, casi cuatro meses después de que el club anunciara el acuerdo, el pasado 14 de julio. Ni la SAD ni el comprador han hecho público el precio. El nuevo propietario se hace cargo de un club que todavía debe aportar 24 millones de euros a La Nueva Romareda SL, la sociedad que construye el nuevo estadio, financiado en su mayor parte con dinero del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón.

El comunicado del club se limita a señalar que la firma se ha formalizado “tras completarse todos los procedimientos pendientes, incluidas las autorizaciones legales y deportivas correspondientes por parte de los organismos competentes”. Entre ellas está la del Consejo Superior de Deportes (CSD), que dio luz verde a la operación el pasado octubre.

A.GAIN, una plataforma de inversión respaldada por IDC Network, dirige el día a día del club desde el anuncio de julio. Aquel día, el Real Zaragoza comunicó que Real Z LLC, la sociedad con la que el grupo encabezado por Jorge Mas tomó el control de la entidad en 2022, había alcanzado un acuerdo con el fondo. Según el club, A.GAIN “asume desde hoy la gestión”. Desde entonces, el argentino Guido Baroli ocupa la dirección general.

Durante este tiempo, el equipo ha empezado la temporada en Primera RFEF, la tercera categoría de fútbol español, a la que descendió en mayo por primera vez en su historia.

El 60%, tras la Junta de diciembre

La operación todavía debe pasar por la Junta General Ordinaria, que se convocará en las próximas semanas y se celebrará en diciembre. Según el comunicado, en ella se aprobará “una ampliación de capital que situará la participación de A.GAIN en el 60%, mientras que los actuales accionistas Juan Forcén y Jorge Mas mantendrán conjuntamente el 40% restante”. La misma Junta servirá para “constituir el nuevo Consejo de Administración” y aprobar las cuentas del ejercicio.

El club no detalla el importe de la ampliación. El consejero delegado de A.GAIN, Bobby Aitkenhead, lo avanzó en julio, en la presentación del proyecto: “Estamos comprando Real Z LLC. Después, habrá una ampliación de capital de unos 22M€ en la que quedaremos con el 60% del club, con Juan Forcén y Jorge Mas con el otro 40%”.

Un fondo con acciones en el Atlético

A.GAIN es la marca bajo la que IDC Ventures, la firma de capital riesgo fundada por Aitkenhead en 2019, agrupa su fondo deportivo. La firma anunció esta primavera que ese fondo tendría 150 millones de dólares y que su objetivo era construir una cartera de clubes de fútbol. En España tiene una participación minoritaria en el Atlético de Madrid, cuyo accionista mayoritario es hoy Apollo Sports Capital. Fuera de España es accionista minoritario del Leeds United inglés y controla el Deportivo Cali colombiano.

Con la entrada de A.GAIN, el accionariado del Real Zaragoza sigue vinculado al Atlético de Madrid. Antes de la operación más del 90% del capital de la SAD estaba relacionado con el club madrileño.

En la nota que difundió en Estados Unidos el 22 de julio, el propio fondo enmarcó la compra en una estrategia que busca crear valor también con la modernización de estadios y los desarrollos inmobiliarios adyacentes.

24 millones pendientes para la nueva Romareda

El principal activo en el horizonte del club es la nueva Romareda, que se construye a través de La Nueva Romareda SL. Al constituirse la sociedad, en diciembre de 2023, el Ayuntamiento de Zaragoza tenía el 48,5%, el Gobierno de Aragón el 39,6% y el Real Zaragoza el 11,9%. La previsión para 2028 es que el club alcance el 25% y que el 75% restante quede repartido entre las dos instituciones.

La Cámara de Cuentas de Aragón cifra el coste del estadio en 173,2 millones de euros sin IVA, frente a los 120 millones anunciados inicialmente. El órgano fiscalizador constató además que el club no hizo en plazo una de las aportaciones comprometidas en el pacto parasocial y la regularizó a final de año.

En 2025, el impago de la primera aportación, de 6,8 millones, obligó a reprogramar los pagos. Tras ese cambio, el club abonó 10 millones el 30 de diciembre de 2025. Le quedan 5 millones antes del 31 de diciembre de este año, 12 millones en 2027 y 7 millones en 2028. El primero de esos pagos vence días después de la Junta en la que A.GAIN debe consolidar su mayoría. Las obras del estadio, que debían terminar en junio de 2027, llevan retraso y no estarán completamente operativas al menos hasta 2028.

El comunicado no menciona el estadio. Describe la nueva estructura accionarial como una “alianza estratégica” con una “apuesta por el largo plazo, con especial atención al desarrollo de la cantera”. Su objetivo, según el texto, es “sentar las bases de un crecimiento sostenible que permita al Real Zaragoza recuperar el lugar deportivo que le corresponde a su historia”.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), ha presentado los presupuestos autonómicos de 2027 como los que “establecen de forma decisiva el principio de la prioridad nacional”. Pero, preguntado por cómo se aplicará, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro (PP), lo ha reducido a un requisito: haber tenido la residencia fiscal en España durante los últimos cuatro años para acceder a las nuevas deducciones del IRPF por hijo.

Hay que recordar que la residencia fiscal no depende de la nacionalidad, sino de dónde se vive y se tributa.

Nolasco ha defendido el principio en términos mucho más amplios: “Ante recursos que son escasos, la prioridad debe ser para los nuestros, quienes tienen arraigo y compromiso con nuestro país, quienes contribuyen y han contribuido con su esfuerzo a que este país prospere”. También ha reivindicado la autoría: “Sin nuestras exigencias este presupuesto no habría sido el mismo”.

La traducción presupuestaria la ha dado Bermúdez de Castro en el turno de preguntas: “La prioridad nacional en el ámbito fiscal es que su residencia fiscal sea en España los últimos cuatro años. Su residencia fiscal. Vamos, que haya pagado impuestos en España”. En la práctica, un ciudadano extranjero que lleve cuatro años tributando en España cumple el requisito, y quien haya vivido fuera en ese periodo, sea cual sea su nacionalidad, no.

El consejero ha precisado que la bajada del IRPF “es a todos” y que el requisito afecta solo “a las deducciones por hijo, por ayudas a la escolaridad”. Sus explicaciones no han sido unánimes: durante la presentación ha hablado de “residencia fiscal en Aragón los últimos cuatro años” y ha cerrado la respuesta con un “no es una residencia fiscal española cuatro años”. El alcance exacto dependerá del texto articulado del proyecto de ley.

El pacto de Gobierno entre PP y Vox iba más lejos. Recogía la “prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas”, la exclusión de las personas en situación irregular de las prestaciones sociales estructurales y un empadronamiento mínimo de diez años para comprar vivienda protegida y de cinco para alquilarla.

La ley de presupuestos solo puede regular lo que guarda relación directa con ingresos y gastos, por lo que los requisitos de acceso a vivienda o prestaciones sociales deben ir en leyes sectoriales o en las bases de cada ayuda. El Gobierno de Jorge Azcón ha optado por la ley de vivienda que reactivó en junio, que exigirá cinco años de empadronamiento para alquilar vivienda pública y diez para comprar vivienda protegida, y que dejará a las bases de cada ayuda la forma de aplicar el principio.

Más rebaja para quien más cobre

La medida fiscal de más peso es la bajada de 0,25 puntos del tramo autonómico del IRPF en los tramos inferiores a 52.500 euros, primer paso hacia el punto completo que el pacto prevé para el final de la legislatura. Bermúdez de Castro ha reconocido que “la bajada del IRPF no impacta en el presupuesto de este año” y la ha cifrado en “un ahorro para los aragoneses en torno a 40 o 45 millones de euros” anuales cuando surta efecto. Los contribuyentes la notarán en la declaración de la renta de 2027, que se presenta en la primavera de 2028.

Azcón la ha transmitido como la pieza central de una “rebaja de impuestos histórica”. “Aragón era un infierno fiscal y queremos que Aragón deje de ser un infierno fiscal”, ha afirmado el presidente, que la ha vinculado a “las clases medias o a las clases más desfavorecidas”. Como la bajada afecta a los primeros tramos de la tarifa, que recorren todos los contribuyentes, quienes superan los 52.500 euros de base obtienen el ahorro máximo. Quien no llega a tributar no obtiene ninguno.

El resto de medidas tiene aún menos impacto. La bonificación del 99% del impuesto de sucesiones para el grupo II costará “en torno a 15 o 20 millones de euros como mucho”, según el consejero. Las nuevas deducciones por nacimiento o adopción, de 1.000 a 2.500 euros, que se doblan con discapacidad y suben un 20% en el medio rural, y las de 300 y 600 euros para familias numerosas tienen límites de renta de 40.000 euros en declaración individual y 55.000 en conjunta. El Gobierno no ha detallado su coste.

Fuera ha quedado, en princpio, la bonificación del 50% del impuesto de transmisiones patrimoniales para jóvenes de hasta 36 años que compren su primera vivienda, incluida en el pacto y en el proyecto de presupuestos que decayó en diciembre de 2025. Preguntado por ella, Bermúdez de Castro ha respondido: “Léase el acuerdo PP-Vox”.

El Gobierno de Aragón ha aprobado este miércoles el proyecto de presupuestos para 2027, que asciende a 9.594,7 millones de euros, la cifra más alta en la historia de la comunidad. Son 1.048,4 millones más, un 12,3%, que en 2024, el último año con cuentas aprobadas. Las mayores subidas en términos absolutos se dan en Sanidad y Educación, mientras que el aumento en Vivienda y Fomento se concentra en el gasto para el nuevo plan concesional de carreteras.

La comparación con 2024 se debe a que las cuentas del año pasado no llegaron a aprobarse y se prorrogaron, y las de 2026, de 9.145 millones, decayeron tras la ruptura entre PP y Vox que desembocó en las elecciones anticipadas del 8 de febrero. La subida acumula, por tanto, tres ejercicios. Lo mismo ocurre con el techo de gasto no financiero, que las Cortes ya aprobaron: 8.398 millones, un 11,6% más que los 7.523 millones de 2024. Al compararlo con el proyecto que el propio Jorge Azcón presentó hace once meses, el presupuesto crece un 4,9%.

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha atribuido la cifra al ciclo económico: “Gracias a la situación económica de nuestra comunidad podemos tener el mayor presupuesto de la historia de Aragón”. El presidente ha ido más allá y lo ha calificado como “el mejor presupuesto de la historia, no solamente porque sea el presupuesto más alto, el que más dinero, el que más recursos destine, sino porque es el que atiende las prioridades”.

Fondos propios y fin de los fondos europeos

Las cuentas ya no incluyen fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), lo que hace caer en términos totales a los departamentos que más dependían de ellos: Economía, por las ayudas a la energía, y Medio Ambiente y Turismo, que contaba con casi 100 millones de los planes de sostenibilidad turística. Bermúdez de Castro lo ha sintetizado así: “Desaparece, entre comillas, el 'doping' de los fondos europeos”.

Los fondos propios crecen un 17%, un aumento que según el Gobierno va destinado en su mayor parte a sanidad, educación y servicios sociales. Azcón lo ha traducido en que “más de tres de cada cuatro euros que se incorporan al presupuesto se hace pensando en lo que más les importa a los aragoneses”.

Sanidad supera por primera vez los 3.000 millones. Incluye 58 millones para infraestructuras sanitarias, con el inicio de los trámites del nuevo hospital Royo Villanova, cuya adjudicación prevé el Gobierno en 2027. También las urgencias del hospital de Calatayud y los centros de salud de Cuarte, Utebo y Arcosur, entre otros. Suma 36 millones más para tecnología sanitaria y 19 millones para vacunas y salud pública.

Educación es el gran departamento que más crece. Sus 1.866 millones incorporan la subida salarial del 7,75% para el profesorado pactada en la legislatura anterior, 39 millones para comedores escolares, 26,5 millones para transporte escolar y 15 millones para climatizar colegios con el programa Aulas que Respiran, el triple de los alrededor de 5 millones invertidos este año.

Dependencia, vivienda y carreteras

El departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, que dirige el vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox), crece 90 millones, sobre todo a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Las prestaciones de dependencia de los grados 2 y 3 subirán un 7% anual.

El mayor aumento porcentual, del 45%, corresponde al departamento de Vivienda y Fomento. Pero la mayor parte va a carreteras: 159 millones, incluido el plan concesional, frente a 52 millones de fondos propios para vivienda y 20 millones para el nuevo mapa concesional de transporte público. Azcón ha defendido que “esta política no se improvisa” y ha anunciado que en 2027 se entregarán “cientos” de las 3.600 viviendas que el Gobierno dice haber impulsado.

Tras los incendios del verano, el operativo de prevención y extinción recibe más de 51 millones, con casi 200 bomberos forestales más, mejoras en las bases y más medios aéreos. Bermúdez de Castro ha admitido que se trataba de “un operativo que pensábamos que estaba bien dimensionado”. Hacienda destina 10,3 millones al plan de infraestructuras de protección civil y 4,6 millones a la red de emergencias, y el Gobierno prevé integrar en 2027 a los bomberos de las tres diputaciones provinciales y del Ayuntamiento de Huesca en el cuerpo autonómico.

El resto de partidas destacadas: 17,5 millones para el Distrito Aragonés de Tecnología (DAT) Alierta, 10 millones para un fondo de inversión en startups, 5 millones para el programa Volveremos, 35 millones para cultura y patrimonio, con el nuevo Centro Goya, y un 23% más para deporte. El Plan Pirineos, que según el Gobierno acumula más de 200 millones, incluye la telecabina entre Astún y Candanchú y un primer millón para el nuevo acceso a Ordesa por el eje Escalona-Sarvisé.

Más deuda y un socio que pide contención

El presupuesto prevé un déficit del 0,1%, lo que supone 53 millones más de deuda, a los que se suman otros 35 millones por la devolución de los anticipos a cuenta del sistema de financiación de 2008 y 2009. El Gobierno sostiene que la ratio de deuda sobre el PIB bajará del 17% porque la economía crece más deprisa.

Nolasco ha insistido en que son “los presupuestos de un Gobierno unitario, no son los presupuestos de un Gobierno de Vox y de otro del PP”, y en que “recogen todos y cada uno de los compromisos que Vox estableció en el pacto de Gobierno”. Sobre unas cuentas que crecen un 12,3%, el vicepresidente ha afirmado: “Hay que contener decididamente el gasto público para no hipotecar a los aragoneses de forma insoportable”.

El proyecto ya está en las Cortes. Los consejeros empezarán a comparecer este viernes y el Gobierno aspira a aprobarlo antes del 31 de diciembre.

El Gobierno de Aragón ha dado vía libre para que una sociedad creada por cinco grupos inmobiliarios aragoneses pueda expropiar los terrenos que necesita para levantar Atenea, un polo logístico de 214 hectáreas al norte de Zaragoza, entre el barrio rural de San Gregorio y la Ciudad del Transporte. El acuerdo, aprobado por el Consejo de Gobierno en septiembre y publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón, declara el proyecto de interés autonómico, designa a Plataforma Atenea Zaragoza SL como promotora definitiva y la reconoce como beneficiaria de la expropiación de 183 hectáreas repartidas en 160 parcelas. Son, según el propio texto, campos de regadío con acequias en uso.

El acuerdo va más allá de lo que el presidente, Jorge Azcón, contó en octubre ante el clúster logístico Alia, cuando habló de más de 400 millones de inversión y unos 3.500 empleos sin desvelar qué empresas ocuparán el suelo. Además de la declaración de interés general, el texto reserva toda esa superficie para el patrimonio público de suelo, de modo que la Administración tendrá preferencia para comprar cualquier finca que se ponga a la venta durante al menos cinco años, y declara de utilidad pública las expropiaciones que hagan falta para ejecutar la plataforma.

Todo se resolvió en apenas dos semanas. La empresa pidió a comienzos de septiembre la reserva de suelo y la expropiación, los departamentos de Fomento, Economía, Industria y Energía emitieron sus informes favorables en los días siguientes y el Consejo de Gobierno dio el visto bueno inmediatamente después. Queda pendiente un paso: la relación concreta de fincas y propietarios afectados, que la promotora presentará más adelante y que abrirá cada expediente con su periodo de alegaciones.

Cinco grupos inmobiliarios detrás

La sociedad promotora nació en junio de 2024 con 3.000 euros de capital y con un único fin: hacer actuaciones urbanísticas dentro de los terrenos que el Plan General reserva para este desarrollo. Desde entonces ha ampliado capital cuatro veces, hasta los 6,7 millones de euros actuales. Preside su consejo de administración Construcciones Castillo Balduz, que también ejerce de consejera delegada, y se sientan en él Yolmence, Marta 1970 Inversiones y Zarages, que fue la primera administradora única de la sociedad, además de un consejero a título personal.

Según el acuerdo, detrás de la empresa están el Grupo Castillo, socio mayoritario a través de Castillo Balduz y Gardea Residencial; los grupos Eneriz y Balet Sala, mediante Proyectos Nueva Venecia; el Grupo Díaz Yus, con Eurozasa, y el Grupo Valfondo. El Gobierno podía haber reservado la promoción a una sociedad pública o sacarla a concurso, pero ha optado por dejarla en manos de la iniciativa privada porque es esta quien pondrá el dinero.

Todas las cifras económicas del acuerdo proceden de la memoria de la empresa. Calcula una inversión de 420 millones en diez años, de los que 277 millones irían a la construcción de naves, 86 a instalaciones y equipos, 31 a infraestructuras y 26 millones a la urbanización. Prevé 3.559 empleos cuando la plataforma funcione, 3.410 durante las obras y un impacto del 0,46% sobre el PIB aragonés, y estima que el Ayuntamiento ingresaría 1,6 millones de euros al año en concepto de IBI.

Un suelo que llevaba veinte años esperando

Los terrenos figuran desde hace unos veinte años en el Plan General de Zaragoza como suelo para actividades productivas, pero nunca se llegó a ordenarlos. La declaración permite desarrollarlos con un plan de interés general que tramita el Gobierno autonómico, en lugar del procedimiento municipal habitual, y reduce a la mitad los plazos administrativos. El propio acuerdo advierte de que eso no exime a la empresa de obtener todos los permisos que exige la ley.

El proyecto todavía tiene que someterse a la evaluación ambiental del Inaga. Según los informes, en la zona no hay espacios protegidos, pero urbanizarla obligará a llevar hasta el río Gállego el agua de lluvia que baja del campo de maniobras de San Gregorio y a mantener las acequias que hoy riegan esos campos.

Para la electricidad, la Administración ha hecho una excepción a las normas generales de previsión de consumo y ha aceptado que la primera fase funcione con 19.807 kilovatios en una parcela de unos 800.000 metros cuadrados; si las empresas que se instalen necesitan más potencia, tendrán que costearla ellas. La conexión irá a la subestación de Los Leones, en una zona muy demandada por los centros de datos. El informe de Industria cita precisamente la cercanía de esos proyectos como uno de los atractivos del emplazamiento.

El Gobierno pidió opinión al Ayuntamiento de Zaragoza, y ocho servicios municipales, entre ellos los de urbanismo, medio ambiente, infraestructuras, Ecociudad y movilidad, hicieron aportaciones técnicas sobre viales, agua o alumbrado para el futuro plan. El acuerdo no recoge, sin embargo, que el consistorio se haya pronunciado a favor o en contra.

Según la información difundida tras la presentación, el plan se presentaría en 2027, se aprobaría a finales de 2028 y las obras empezarían en 2029. Atenea se sumaría a Plaza 4.0 y al sector 90.1, que suman otras 270 hectáreas de nuevo suelo logístico en Zaragoza.

Ni a la primera, ni a la segunda, ni tampoco a la tercera. La empresa Box2Bit ha vuelto a renunciar a un gran centro de datos en Aragón después de que el Gobierno de PP y Vox lo publicitara a bombo y platillo. Tras abandonar sus proyectos de Cariñena y Calatayud por problemas de acceso a la red eléctrica, la compañía ha desistido también de levantar en Épila el complejo tecnológico Epilon, que contemplaba una inversión de hasta 3.900 millones de euros. En esta ocasión, la empresa disponía de derechos de conexión eléctrica por 150 megavatios (MW), que ha vendido al fondo estadounidense Blackstone para su complejo de Calatorao.

La operación, avanzada por 'Heraldo de Aragón' y confirmada por este periódico, pone fin al tercer gran anuncio de inversión de Box2Bit en la comunidad. Entre los tres proyectos, la compañía había anunciado inversiones multimillonarias, dos de ellas avaladas por el Ejecutivo de Jorge Azcón con una declaración de interés general, que finalmente no se materializarán.

El alcalde de Épila, Jesús Bazán, se ha mostrado sorprendido por la decisión. Según ha explicado, el Ayuntamiento nunca tuvo confirmación definitiva de la inversión por parte de la compañía, pese a que el Gobierno de Aragón anunció el proyecto y aprobó su declaración de interés autonómico con interés general el pasado mes de enero. De hecho, Bazán asegura que fue la vicepresidenta, Mar Vaquero, quien le comunicó la aprobación del proyecto por parte del Consejo de Gobierno.

Sin embargo, la relación de Box2Bit con Épila venía de antes. La empresa había mantenido contactos para instalarse en el polígono de El Sabinar, aunque posteriormente se decantó por Cariñena. Tras abandonar aquella ubicación, regresó a Épila con una nueva propuesta, esta vez en el entorno de Venta Romera.

Compromisos incumplidos

La retirada también deja al descubierto los compromisos adquiridos con los propietarios de los terrenos. Tal y como confirma el alcalde, la veintena de pequeños propietarios habían alcanzado acuerdos para reservar alrededor de 100 hectáreas destinadas al proyecto, pero ninguno ha recibido las cantidades pactadas por esas reservas. Box2Bit no llegó a efectuar el primer pago necesario para que la reserva fuera efectiva, por lo que sus derechos sobre los terrenos decayeron en mayo, apenas cuatro meses después de la aprobación de la declaración de interés general.

Bazán considera que el recorrido de Box2Bit “obliga a preguntarse por la verdadera finalidad” de algunas de estas grandes inversiones tecnológicas. A su juicio, podrían estar produciéndose operaciones “especulativas” en las que determinadas empresas anuncian proyectos millonarios, aseguran terrenos y derechos de conexión eléctrica y posteriormente transmiten estos últimos a otros operadores sin llegar a construir las instalaciones.

Box2Bit, a través de su filial CPD Edge Solutions, planteó un conflicto de acceso ante la CNMC después de que Red Eléctrica le denegara en diciembre de 2023 el acceso para consumo en el nudo Calatorao 220 kV. La empresa terminó obteniendo 150 MW de conexión, que ahora transfiere a Blackstone.

El alcalde tampoco lamenta especialmente la pérdida de esta inversión. Aunque asegura que el Ayuntamiento no se oponía al proyecto, cuestiona el beneficio real que los centros de datos dejan en los municipios donde se instalan.

Bazán recuerda que estas instalaciones “requieren inversiones muy elevadas, pero generan relativamente pocos empleos permanentes” una vez concluida su construcción. También critica las ventajas fiscales que la normativa autonómica asocia a los proyectos declarados de interés general, como la exención del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que reduce los ingresos municipales que podrían derivarse de estas actuaciones.

Tres proyectos frustrados

No está acreditado que el proyecto de real decreto estatal que pretende regular los centros de datos, y ante el que la coalición del PP y Vox se ha mostrado muy crítico, haya colaborado en la caída del proyecto de Box2Bit. La empresa ha optado por transmitir sus derechos de conexión a Blackstone, mientras que sus anteriores proyectos en Cariñena y Calatayud ya habían fracasado por problemas de acceso a la red eléctrica.

Box2Bit anunció en octubre de 2024 el Campus Ebro de Cariñena, con una inversión inicial de 3.400 millones de euros. La iniciativa terminó descartada y los terrenos inicialmente previstos pudieron destinarse a otros usos industriales, entre ellos la ampliación de HMY Yudigar, con una previsión de 150 empleos.

Ese mismo mes, la compañía confirmó también un complejo en Calatayud, en la ampliación del polígono industrial La Charluca, con una inversión de unos 1.000 millones. Tampoco disponía de acceso a la red de transporte y las alternativas de autoconsumo no fructificaron.

En enero de 2026, el Gobierno de Aragón presentó Epilon como una nueva gran inversión tecnológica, con hasta 3.900 millones de euros comprometidos sobre el papel y una primera fase prevista para 2029.

Ahora, apenas nueve meses después, Box2Bit abandona también Épila. La compañía deja atrás tres proyectos frustrados en Aragón y unos derechos eléctricos que pasan a manos del operador con el que se disputó la capacidad de la subestación. Con la operación, Blackstone recupera los 600 MW de potencia que Red Eléctrica le concedió inicialmente. El PIGA de Blackstone contempla que el campus de centros de datos en Calatorao abarcará unas 223,4 hectáreas, con una capacidad total de hasta 430 MW de carga de IT repartida en dos fases.

La sesión plenaria de Zaragoza celebrada este martes ha vivido un momento emotivo con el recuerdo de Marta Gastón, exconsejera del Gobierno de Aragón cuyo fallecimiento se ha conocido este martes, por parte de la concejal socialista Marta Aparicio. La edil no ha podido completar su alocución debido a la emoción y ha cogido el testigo la alcaldesa, Natalia Chueca, que ha transmitido sus condolencias por este hecho.

Ha sido pasadas las 14.00, unos minutos después de conocerse la noticia. Aparicio comenzaba su primera intervención en el pleno y ha querido empezar, “antes de entrar en el debate”, haciendo constancia de la “absoluta tristeza” que sentía por el fallecimiento, pero no ha podido continuar.

Entonces ha intervenido la alcaldesa, que ha empezado diciendo que guardaba “para el final” el anuncio. “Estamos conmocionados, ha sido una enfermedad que se ha llevado su vida con 53 años. Lamentamos su pérdida, quería transmitir aquí las condolencias de la corporación”, ha manifestado.

Aparicio ha conseguido retomar entonces su intervención y en tono de broma ha comentado que pasaría a “hablar del remanente y criticar al Gobierno, que me emocionaré un poco menos”.

Aparicio y Gastón coincidieron en el segundo Gobierno de Javier Lambán, el cuatripartito formado por PSOE, Podemos, CHA y PAR. Gastón fue consejera de Economía, Planificación y Empleo entre agosto de 2019 y agosto de 2023. Aparicio fue nombrada a finales de agosto de 2019 directora general de Patrimonio y Organización del Departamento de Hacienda y Administración Pública, que dirigía Carlos Pérez Anadón. Ocupó el cargo hasta junio de 2023, cuando cesó tras las elecciones municipales en las que volvió al Ayuntamiento de Zaragoza. Antes ya había sido concejal socialista en la capital aragonesa entre 2015 y 2019, y entre 2007 y 2011 dirigió el Instituto Aragonés de la Juventud. Actualmente es la portavoz socialista de Hacienda y Fondos Europeos en el Ayuntamiento.

Peleas de la UFC a 190 euros de media la entrada, partidos de Kings League que emulan al Camp Nou o una zona comercial casi a rebosar durante 75 años consecutivos. Las cifras del estudio económico-financiero con el que el Ayuntamiento de Zaragoza justificó en 2023 la viabilidad de La Nueva Romareda SL, y que elaboró el exasesor del Gobierno del PP que ahora ha ganado una plaza como directivo en Zaragoza Deporte Municipal, dibujan un escenario de película para concluir que la inversión millonaria en el nuevo estadio acabará retornando.

El documento, de 65 páginas, lo firmó el 27 de noviembre de 2023 Pablo Millán, el exasesor del Gobierno del PP que ahora ha ganado una plaza como directivo en Zaragoza Deporte Municipal. Lo suscribió como “asesor del Área de Presidencia”, y lleva la leyenda “© Pablo Millán 2023” en todas sus páginas. El decreto de agosto de ese año lo había nombrado “asesor de Gobierno municipal”, un puesto de libre designación.

La plaza ganada por Millán ha sido aprobada por el consejo de administración de Zaragoza Deporte este mismo viernes. Ha sacado la mayor puntuación en un concurso con varios puntos polémicos, como que sea una plaza de nueva creación y con mayor categoría que la que sustituye, que no exija tener una titulación vinculada con el deporte y que el exasesor cesara del cargo justo en medio del plazo de solicitudes.

Para la UFC, el mencionado informe prevé 33.000 entradas a 190 euros, para un total de 6,3 millones de euros de taquilla, de los que una cuarta parte sería para el estadio. Da por hecho “prácticamente un lleno absoluto” en un país donde la organización no tiene actualmente presencia, y calcula cuatro en 75 años. Se apoya en gráficos de la UFC de 2015, sin mencionar contacto alguno con ella. Para la Kings League, toma como referencia el lleno del Camp Nou y un “partidazo de youtubers” celebrado en Zaragoza: 540.000 euros por partido, uno cada cuatro años durante al menos 32. A los 'esports' les atribuye dos eventos anuales con 35.000 euros de beneficio cada uno, sin justificar la cifra. Mientras, para los conciertos calcula 628.180 euros al año con dos grandes eventos y ocho “de ciclo”, aunque más adelante rebaja los segundos a seis y admite que los macroeventos “resultan negativamente rentables”.

Esos ingresos, sin embargo, irían al Real Zaragoza SAD en concepto de beneficiario de la explotación. El club de fútbol solo abonaría a la sociedad un canon variable del 3,2%: 7,3 millones en 75 años, el 1% de lo previsto.

El informe cifraba la inversión en 182.067.875 euros, incluidos 24,5 millones del valor del suelo municipal, y la financiaba con 120 millones de capital, 40 de cada socio –Gobierno de Aragón, Ayuntamiento y club privado–, y un préstamo de 60. La factura ha crecido desde entonces: la Cámara de Cuentas situó esta primavera el coste en al menos 173,2 millones, cerca de 180 con las partidas pendientes, y advirtió de que podría superar los 200.

Comercios al 90%

Con las cifras de 2023, la sociedad ingresaría 717,5 millones en 75 años y recuperaría la inversión en 43 años, con una rentabilidad del 4,44%. Tres cuartas partes de esos ingresos –548,6 millones– saldrían del alquiler de los locales y oficinas del recinto. Para ello, el informe supone que se alquilará el 90% de la superficie terciaria desde la apertura y durante toda la vida de la sociedad, a 17,50 euros por metro cuadrado y mes.

No hay estudio de mercado que lo respalde ni escenarios alternativos. El informe trabaja con uno solo, elaborado “en base a los parámetros solicitados”, sin variantes para una ocupación menor, un cambio en los tipos de interés o un descenso del club, y sin explicar quién fijó esos parámetros.

La hipótesis choca con la evolución del comercio en Zaragoza, que llegó a ser la ciudad española con mayor concentración de centros comerciales. Los grandes resisten, con Puerto Venecia y GranCasa por encima del 95% de ocupación en 2024, pero Augusta languidece y el antiguo Plaza Imperial ha sido víctima de la piqueta por la falta de clientes. En la calle, el Ayuntamiento estimaba en 2025 cerca de 1.800 locales vacíos y facilita su conversión en viviendas. Ni siquiera los ejes principales están llenos: en paseo de las Damas, el 16% de los locales estaba disponible este año, según la consultora CBRE.

El modelo tampoco incluye el mantenimiento del estadio, que traslada al Real Zaragoza sin cuantificar su coste. La sociedad que contempla tiene tres empleados y un presidente sin sueldo.

El de Millán no fue el único estudio económico del expediente. Al día siguiente, el técnico municipal de Contabilidad Juan Miguel Alcalde Martín firmó un informe de solvencia, el que recoge la normativa de las entidades locales para las aportaciones en especie a una sociedad. El de Millán se ampara en una norma estatal de desindexación pensada para la revisión de precios. El de Contabilidad comparte con el de Millán párrafos idénticos, pero llega a resultados muy inferiores: una rentabilidad del 4,17%, un valor actual neto de 243.040 euros frente a 11,4 millones, y beneficios a partir del año 16 en lugar del 12.

Un informe previo

Millán ya había puesto cifras al estadio antes de entrar en el Ayuntamiento. El 25 de mayo de 2023, tres días antes de las elecciones municipales, firmó como 'Senior Financial Analyst“ otro informe que el Ayuntamiento aportó al TSJA en el recurso contra la paralización de la licitación. El tribunal recogió sus conclusiones en el auto que levantó la suspensión: 6.400 empleos y una ”rentabilidad para la ciudad“ de 335 millones. Ese informe no figura en el expediente, por lo que no se puede comprobar cómo se calcularon.

Millán cesó como eventual el 21 de abril de 2026, en mitad del plazo de solicitudes para la plaza de director de Programas, Eventos y Proyectos Deportivos de Zaragoza Deporte. El 21 de octubre, la Comisión de Selección lo situó como el aspirante con mayor nota y este viernes la entidad municipal ha aprobado su nombramiento. Entre las funciones del puesto figura elaborar informes económicos.

El proceso por el que ha resultado elegido un exasesor del Gobierno del PP como directivo de Zaragoza Deporte Municipal ha llegado hasta los tribunales. El Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Físico Deportivos de Aragón (COLEFA) mantiene abierto un recurso judicial contra la convocatoria, al considerar que las funciones del puesto corresponden a los titulados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYDE). Ese era un requisito de la plaza a la que sustituye la ganada por Pablo Millán, que también ha aumentado de categoría. Los profesionales del sector expresan su “malestar” y “enfado” por el procedimiento.

Millán fue el encargado de elaborar un primer informe económico-financiero para justificar la inversión en La Romareda dado a conocer a tres días de las elecciones de 2023, y tres meses después fue designado asesor –personal eventual– del Gobierno del PP. Desde ese cargo elaboró un nuevo estudio en la misma línea, que se incorporó al expediente del nuevo estadio. Esta pasada primavera, una vez publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) el 14 de abril las bases para el nuevo puesto, cesó en su cargo para preparar la oposición –entraban 80 temas– y cuatro meses y medio después se presentó al examen –un test y unos supuestos prácticos–, en el que obtuvo la nota más alta.

El Gobierno municipal convocaba, por turno libre y concurso-oposición, un puesto de personal laboral fijo de director de Programas, Eventos y Proyectos Deportivos, con la categoría A1-26. La plaza surgió tras la jubilación de un empleado y con una modificación de la relación de puestos que elevó su nivel –era A2–, el primero de esa categoría en el área deportiva de la sociedad.

La convocatoria atribuye al puesto la planificación, coordinación y supervisión de los programas, proyectos y eventos deportivos de Zaragoza Deporte, la coordinación del personal técnico y de las empresas contratistas y la supervisión funcional de las instalaciones que gestiona la sociedad. Para optar a ella, sin embargo, solo exige “un título universitario oficial de licenciatura/grado”, sin especialidad.

El viernes, el PP y Vox dieron su voto a favor de la propuesta de adjudicar a Pablo Millán la mencionada plaza, frente al rechazo del PSOE, Zaragoza en Común y la concejala tránsfuga.

“Enfado”

La presidenta del COLEFA Aragón, Mónica Aznar, sitúa el origen de la protesta en las quejas de los propios colegiados. “Hay mucho enfado en el sector, entre los profesionales y entre todos los que trabajamos aquí”, resume. Explica que el malestar tiene dos vertientes. La primera, “que habiendo profesionales bien formados en Aragón en materia deportiva no se les priorice”. La segunda, el contenido del puesto: “Las funciones que va a hacer son, mayoritariamente, nuestras competencias, propias del título”.

Según su relato, el colegio intentó evitar la vía judicial. “Nos hemos reunido oficialmente con los miembros del consejo de administración y con todos los grupos, salvo el PP. No han querido escuchar”, lamenta. Y apunta que no les quedaba “más remedio que llegar al contencioso”.

El COLEFA, que agrupa a unos 450 colegiados y se financia con sus cuotas, recibió siete llamadas y 18 correos de colegiados que pedían su actuación, según el escrito que remitió a los grupos municipales. En ese documento, firmado el 15 de octubre, pide a los partidos que apoyaron las bases que recomienden en el Consejo de Administración de ZDM o en el Ayuntamiento paralizar el concurso o modificar las bases para exigir la titulación en CCAFYDE.

El colegio apoya su tesis en la Ley de la Actividad Física y el Deporte de Aragón, que regula la profesión de director deportivo. La normativa le atribuye la planificación, dirección y supervisión de las actividades deportivas en servicios públicos o privados y exige acreditar la competencia “mediante las titulaciones oficiales o certificados de profesionalidad correspondientes”.

Un pleito atascado en la competencia

El COLEFA presentó a mediados de mayo un recurso de alzada dirigido al Ayuntamiento, pero Zaragoza Deporte Municipal lo desestimó apoyado en informes de la asesoría jurídica. Ante esto, el Colegio presentó a finales de juio un recurso contencioso-administrativo con petición de medidas cautelares: suspender el proceso, restringirlo a titulados en CCAFYDE o, en su defecto, suspender el nombramiento si el elegido no tenía esa titulación. Lo admitió la plaza número 2 de la sección de lo contencioso del Tribunal de Instancia de Zaragoza.

Tras personarse, el Ayuntamiento alegó que el asunto correspondía a la jurisdicción social, por tratarse de personal laboral. El juzgado abrió un incidente de competencia que paralizó el procedimiento y las cautelares, y en septiembre un auto declaró competente a la jurisdicción laboral.

Entretanto, el proceso selectivo siguió adelante. La fase de oposición se celebró el 2 de septiembre, sin que las cautelares se hubieran resuelto, y la plaza ha acabado en manos de Millán. El COLEFA ha recurrido el auto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Sostiene que lo que se discute, si las bases debían exigir una titulación concreta, es una cuestión estrictamente administrativa.

El título se exige al coordinador, no al director

Un informe de la Asociación Aragonesa de Gestores del Deporte (GEDA), encargado por el COLEFA y fechado el 17 de octubre, compara los requisitos de los puestos de gestión deportiva en las tres capitales aragonesas. Su hallazgo principal afecta a la propia Zaragoza Deporte.

La sociedad municipal exige el grado o la licenciatura en CCAFYDE para una plaza de Coordinación Deportiva del grupo A2, convocada en diciembre de 2025, pero no para la Dirección de Programas, que planifica y supervisa esos programas desde un nivel superior. Tampoco lo pide para la Jefatura de Eventos e Instalaciones, convocada este año por promoción interna, ni lo pidió en 2023 para la Dirección del Pabellón Príncipe Felipe.

Fuera de Zaragoza Deporte, el Ayuntamiento de Zaragoza exige la licenciatura en Educación Física o en CCAFYDE para su técnico superior de Educación Física, y los ayuntamientos de Huesca y Teruel la piden para sus técnicos deportivos.

Este boletín va a ser más breve de lo normal, que después de la catástrofe ferroviaria uno no está con ganas de mucho más que sumarse al duelo que se vive en Aragón. 

La precampaña, como es lógico, ha entrado en punto muerto en nuestra comunidad, como sucede en el conjunto del país. Solo Vox la mantiene, y ha aprovechado la ocasión para meter la pata en Teruel, donde lanzó la convocatoria de una mesa informativa desde la plaza del Torico: probablemente por hacerlo con inteligencia artificial y no comprobarlo, resulta que en la fotografía difundida el Torico había desaparecido. 

No pasa de anécdota, pero el ridículo ha servido para recordar el escaso vínculo que Daniel Alda, el candidato elegido por la formación de extrema derecha, tiene con la provincia, donde Vox compite por un escaño –a priori, con el PP–. Tiene 27 años, nació en Alcalá de Henares y viene de ser asesor del grupo en el Congreso de los Diputados. Según el partido, tiene vínculos familiares con el Bajo Aragón. Quizás, pese a su juventud, la tecnología no sea lo suyo.

El resto de partidos, como te decía, se mantienen en un segundo plano.

Antes del trágico accidente, eso sí, el PP tuvo tiempo para contarnos que la Junta Electoral acababa de desestimar una denuncia de Chunta contra Azcón, Nolasco y Vaquero por hacerse eco del bulo del pucherazo en el voto por correo. Es cierto en todo caso, como ha argumentado la formación aragonesista, que en política hay un plano legal y otro ético, y en el segundo –en el que como es obvio no entra la Junta Electoral– resulta más dudoso que las polémicas valoraciones estén justificadas.

También pudo aprovechar el presidente aragonés para condenar los disturbios que se vivieron en Zaragoza con la visita del agitador Vito Quiles. Lo hizo, eso sí, a su modo: con tibieza y transmitiendo –o intentándolo– la impresión de que “la izquierda” también era culpable en esta ocasión. No hizo alusión al expediente sancionador abierto por la Delegación del Gobierno en Aragón –se nota que estamos en precampaña– contra Quiles por convocar el acto en la plaza de San Francisco sin comunicación previa.

Un novato para los Servicios Sociales

Estos días en los que también hemos vivido nuevos capítulos de la voladura controlada en el Partido Aragonés y en Podemos Aragón, uno de los principales focos informativos ha estado en la persona designada por Vox, a través de la Vicepresidencia del Gobierno que ostenta Alejandro Nolasco, para dirigir el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el IASS. Una elección que la extrema derecha ha tardado dos meses en tomar, desde que renunciara la anterior responsable por motivos personales.

Se trata del abogado Álvaro Polo, un perfecto desconocido en la política y la administración aragonesa, de 36 años y sin la más mínima relación con un sector tan complejo y con tantas aristas como los servicios sociales. Especialmente con la extrema derecha al frente de su gestión: no hay que olvidar que hablamos de ámbitos tan delicados como las residencias de mayores, la atención a la infancia, la inmigración, la dependencia o la inclusión social, muchos de los cuales Vox tiene en la diana desde hace tiempo.

Qué más te hemos contado

De “analista financiero” a asesor primero del Gobierno del PP en la capital aragonesa, firmante de uno de los informes económicos para justificar las obras en La Romareda, y a inminente alto cargo laboral de Zaragoza Deporte Municipal a través de una oposición. Pablo Millán está a punto de convertirse en nuevo director de Programas, Eventos y Proyectos Deportivos de la entidad municipal en un proceso con puntos polémicos, como que sea una plaza de nueva creación y con mayor categoría que la que sustituye, que cesara del cargo justo en medio del plazo de solicitudes o que uno de los tres evaluadores de la comisión sea técnico de la misma área en la que Millán trabajaba como asesor.

Tal y como refleja la puntuación definitiva del concurso-oposición. Millán obtuvo 85,134 puntos, frente a los 78,700 del único aspirante que también superó las pruebas. El Consejo de Administración de Zaragoza Deporte tiene previsto aprobar precisamente este viernes la adjudicación de la plaza.

Su salario en el puesto recién creado ascenderá a unos 62.000 euros brutos al año –79.000 euros de coste real para la empresa municipal–, frente a los en torno a 49.000 euros que se percibía por la plaza anterior, de categoría A2.

El 25 de mayo de 2023, tres días antes de las elecciones municipales, Millán firmó como 'Senior Financial Analyst' un primer informe sobre La Romareda. El Ayuntamiento lo aportó como documento 14 ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el recurso contencioso que el Gobierno municipal presentó contra la paralización del proyecto por parte del TACPA. El auto del tribunal recoge sus dos conclusiones principales: el nuevo estadio generaría 6.400 empleos y una “rentabilidad para la ciudad” de 335 millones de euros. Ese informe no figura en el expediente de constitución de La Nueva Romareda SL, por lo que no se conoce cómo se calcularon esas cifras.

Millán fue nombrado asesor del Gobierno del PP, como personal eventual, tres meses más tarde. Y semanas después suscribió, en calidad de “asesor del Área de Presidencia”, un informe económico-financiero de 65 páginas que se incorporó al expediente de constitución de La Nueva Romareda SL, la sociedad del Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza para financiar el nuevo estadio. El documento concluía que la sociedad sería “sostenible económicamente”, con una rentabilidad del 4,44%.

Al día siguiente, un técnico municipal de Contabilidad firmó otro informe con cifras distintas: la TIR era menor y beneficios no comenzaban hasta el año 16.

Una plaza a estrenar

El puesto que va a ocupar Millán no existía hasta este año. Zaragoza Deporte lo incluyó en su plantilla de 2026 para sustituir la Jefatura de Actividades y Programas, una plaza del grupo A2 que se amortiza por la jubilación de su titular, prevista para agosto. La entidad municipal defendió con posterioridad que el nuevo puesto tiene “unas funciones más amplias” y un carácter “muy transversal”, por lo que no se exigió una titulación concreta vinculada con el deporte: vale cualquier grado universitario.

Las bases las propuso el Departamento de Administración de la sociedad el 25 de marzo, “con el conforme del Sr. Vicepresidente”. Este puesto lo ocupa el concejal de Deportes, Félix Brocate, cuya delegación se integra precisamente en el Área de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana. El Boletín Oficial de la Provincia publicó las bases el 14 de abril, con un plazo para presentar solicitudes del 15 al 29 de ese mes: el día 21, un decreto cesó a Millán como asesor, “agradeciéndole los servicios prestados”.

El BOPZ publicó también la composición de la comisión de selección, con tres miembros con voto. La preside la jefa del Departamento de Administración de Zaragoza Deporte, la misma responsable que firmó la propuesta de bases y, más tarde, el escrito que las defendió frente a un recurso. La completan el director del Pabellón Príncipe Felipe y un “técnico del Área de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza”. Se trata de la misma área en la que Millán se presentaba como “asesor técnico” de “proyectos estratégicos (deportes)”.

Según la documentación del proceso, el 4 de mayo, tras conocer la lista de aspirantes, todos los miembros declararon no estar incursos en ninguna causa de abstención.

Recurso del colegio profesional

El Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Aragón (COLEFA) recurrió las bases el 14 de mayo. Pedía que la plaza quedara reservada a titulados en Ciencias del Deporte y se amparaba en el artículo 81 de la Ley del Deporte de Aragón, que exige titulación oficial para ejercer como director deportivo. La Asesoría Jurídica municipal respondió que no se estaba “convocando una plaza de director deportivo” y que serían admisibles titulaciones como Derecho o Económicas. El Consejo de Administración desestimó el recurso el 29 de mayo.

Al concurso se admitieron 13 aspirantes, todos los que se presentaron. Ocho acudieron al examen y solo dos superaron el test, en el que Millán obtuvo la mejor nota: 25,80 puntos sobre 30, frente a 22,20. En el segundo ejercicio, dos supuestos prácticos que puntúa la propia comisión, sacó 29,334 sobre 40, frente a 26,500. En la fase de méritos, ambos aspirantes obtuvieron la puntuación máxima, 30 de 30, sin que se haya publicado el desglose.

Las bases otorgan 2,5 puntos por año de servicios en la Administración “en puesto análogo”. El Estatuto Básico del Empleado Público establece que la condición de personal eventual “no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública”. Al no haber trascendido el mencionado desglose, no se puede conocer si Millán obtuvo puntos por el periodo como eventual del Ayuntamiento.

La cuestión no es nueva en el Ayuntamiento. En 2021, Podemos y Zaragoza en Común denunciaron que a una exasesora vinculada al PP se le había computado su etapa como eventual para lograr una plaza fija en el Instituto Municipal de Empleo. Defendió entonces el proceso el mismo concejal de Personal que nombró y cesó a Millán, Alfonso Mendoza.

El proceso cumple con las “garantías legales”

Preguntado por este periódico, el Gobierno municipal defiende que el proceso “ha cumplido de principio a fin con todas las garantías legales y procedimentales exigidas”. Asegura que se trata de un procedimiento “plenamente transparente, equitativo y ajustado a derecho” y que la comisión actuó “con estricta neutralidad e imparcialidad”, con una valoración “objetiva” y conforme a las bases. La respuesta sostiene además que las bases establecieron un marco que fue aceptado por todas las partes “al no ser impugnado”. Sin embargo, el COLEFA recurrió esas bases el 14 de mayo y el Consejo de Administración de Zaragoza Deporte desestimó el recurso.

El Ayuntamiento afirma que haber trabajado en la institución “no excluye el derecho de presentarse a una oposición” y que evaluar a candidatos que trabajan o han trabajado en ella no puede suponer “ningún menoscabo” de la objetividad del tribunal. No aclara, en cambio, si Millán y el técnico del Departamento de Presidencia coincidieron en su trabajo en esta área. Tampoco dice si se planteó la posibilidad de que el vocal se abstuviera. Sobre este último, el Gobierno municipal subraya que es un funcionario que “ha formado y forma parte de un importante número de tribunales”, con “una conducta intachable en cada uno de los procesos”. Por ello, sostiene, no cabe “la menor duda” sobre su neutralidad y objetividad.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha aprovechado este jueves el minuto de silencio que las Cortes de Aragón han guardado a las puertas del palacio de la Aljafería en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) para cargar contra el Gobierno central, al que ha acusado de estar más preocupado por “filtrar audios” que por “atender a las víctimas que todavía hay en esos restos de los trenes”. Lo ha hecho en plena jornada de luto oficial y apenas 24 horas después de sostener, en la concentración celebrada en Zaragoza, que tocaba recordar a las víctimas y acompañar a sus familiares.

Azcón ha abierto su intervención con el pésame a las familias de las que ya son 69 víctimas mortales, pero ha añadido de inmediato que ese dolor, “conforme va pasando el tiempo, se une a un sentimiento de indignación”. “Un gobierno que está preocupado por filtrar audios, en lugar de atender a las víctimas que todavía hay en esos restos de los trenes, es absolutamente incomprensible”, ha afirmado. A su juicio, las grabaciones “tienen por objeto buscar excusas”, y ha zanjado: “El error no es humano, el error es político”.

El presidente aragonés ha atribuido el siniestro a “la falta de profesionalidad, la falta de responsabilidad” y a “no haber atendido las múltiples llamadas que se han conocido”. Sin embargo, esas llamadas, entre ellas los avisos de la maquinista del tren de Iryo al centro de control, se han conocido precisamente a través de los audios cuya difusión reprocha al Ejecutivo.

El tono distinto de la presidenta de las Cortes

El tono ha sido muy distinto en boca de la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro. “Desde las Cortes de Aragón estamos absolutamente consternados por el accidente ferroviario ocurrido ayer en el municipio de Urda, en la provincia de Toledo”, ha declarado Navarro, que ha presentado el minuto de silencio como una muestra de dolor y de solidaridad con los familiares, amigos y seres queridos de las víctimas y ha agradecido la labor de los servicios de emergencia, que siguen trabajando sin descanso en la zona. Tras reivindicar Aragón como un territorio solidario, ha añadido: “Estamos profundamente rotos de dolor por lo sucedido ayer en Toledo”.

Las grabaciones recogen cómo, tras la caída del sistema de seguridad LZB en Urda, el Centro de Control de Adif en Atocha autorizó al AVE de Renfe a seguir circulando “con marcha normal” mientras la maquinista del Iryo avisaba de que seguía detenida a la entrada de la estación. El AVE terminó alcanzando por detrás al Iryo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó de “erróneo” e “inexplicable” que se diera esa orden, pero ha evitado señalar a nadie, se ha remitido a la investigación y ha descartado dimitir. Medios conservadores acusan al Gobierno de haber filtrado los audios para cargar la culpa sobre el operario de Adif, y el sindicato CSIF ha pedido la dimisión de Puente por señalar a un trabajador.

La frase de Azcón sobre el “error político” coincide con la línea marcada esa misma mañana por la dirección nacional del PP: su portavoz de campaña, Borja Sémper, ha reclamado al Gobierno que asuma “responsabilidades políticas” por el accidente, a un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Un sistema que no existe en Aragón

Azcón ha centrado buena parte de su intervención en los usuarios aragoneses de la alta velocidad. “Los miles de aragoneses que cada día también cogen el AVE para ir a Madrid, a Barcelona, o a Calatayud o a Lérida, lo que quieren es seguridad”, ha dicho, antes de añadir que quieren “no tener que pensar en si cuando se suben a un tren en Aragón se están jugando la vida”.

El sistema cuyo fallo desencadenó el accidente, sin embargo, no opera en ninguna vía aragonesa. El LZB, de origen alemán, se instaló en 1992 en la línea Madrid-Sevilla, la primera de alta velocidad del país, que es también la única línea de AVE que todavía no cuenta con el sistema europeo ERTMS. La línea Madrid-Zaragoza-Barcelona, por la que circulan los trenes que cita Azcón, funciona con ERTMS desde su apertura. Adif adjudicó en septiembre de 2021 tres contratos por 136,4 millones de euros para implantar ese sistema en los 476 kilómetros de la línea andaluza, y el propio Puente reconoció el miércoles que el LZB está en proceso de ser sustituido.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que se trata del “segundo accidente en menos de un año” –en referencia al siniestro de Adamuz en el mes de enero–, lo que a su juicio provoca “rabia y frustración” e “intranquilidad”. Azcón ha reclamado “inmediatamente medidas de seguridad y medidas de comprobación de las vías” y que “las responsabilidades se asuman”, porque, según ha dicho, “no puede volver a no ocurrir nada”.