Óscar Fayanás, empleado del Inaga que prestó unó de los testimonios claves de la Guardia Civil en el caso de Forestalia al haber denunciado a su exjefe por presuntos favores al grupo empresarial, ha sido designado por Vox –que ejerce una de las acusaciones en la investigación judicial– como nuevo director general de Gestión Ambiental.

El de Fayanás es solo uno de los nombramientos de segundos niveles hechos públicos por el Ejecutivo autonómico este viernes, aunque sin duda el más llamativo. Hace poco más de tres meses, Fayanás –que llevaba dos décadas como técnico del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental– apuntó ante la Unidad Central Operativa de Medioambiente del Instituto Armado directamente contra su jefe directo, Jesús Lobera, y contra Forestalia.

Así, acusó al entonces director del Inaga de relevarle de su puesto por haber informado desfavorablemente en tres proyectos del grupo empresarial, unas valoraciones que -siempre según su testimonio- después “pasaron a ser positiva”. También aseguró que Lobera tenía “una relación estrecha” con Carlos Ontañón –excargo autonómico por el PAR ahora en Forestalia– y con el propio Fernando Samper, con quienes “se reunía semanalmente para comer”.

Además de Fayanás, Vox ha empezado a nombrar otros directores generales para las tres áreas que controla. En una de ellas, Desregulación, Bienestar Social y Familia, ha designado como responsable de Coordinación Institucional a Ana Pilar González del Cacho.

Sustituida la interventora general

En el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ha cesado la secretaria general técnica, Cristina Sanromán, nombrada interventor general en sustitución de Ana Gómez Barrionuevo, y entra Ángel Ubieto Mainer como director general de Desarrollo Rural, puesto en el que releva a José Manuel Cruz León. Mientras, Enrique Novales Allué sustituye a Aitiziber Lanza al frente de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria.

En cuanto a la Consejería de Medio Ambiente y Turismo –además de la entrada del mencionado Óscar Fayanás–, cesa el secretario general técnico del Departamento, Sergio Castel Gayán, relevado por María del Carmen Sanz Gandásegui, y en la Dirección General de Calidad Ambiental sale María Martínez Martínez y entra José Montoya Hidalgo.

En cuanto al Departamento de Presidencia, Justicia y Cultura, la secretaria general técnica es Cristina Asensio Grijalba; el director general de Relaciones con las Cortes, Miguel Ángel Lafuente Belmonte –desaparece la denominación de Relaciones Institucionales–, y el titular del área de Cultura y Patrimonio Cultural continúa siendo Pedro Olloqui.

También hay cambios en la Consejería de Hacienda, Interior y Administración Pública, donde cesa en su cargo el director gerente de la entidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), Ángel Sanz Barea, que ha sido designado consejero de Sanidad.

Otros nombramientos son los del Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, con María Asunción Casabona Berberana como secretaria general técnica, mientras que la directora general de Planificación Logística y Ordenación del Territorio es Raquel Campos, y el responsable de Urbanismo, Carmelo Bosque Palacín.

En el Departamento de Economía, Competitividad y Empleo, cesa la directora gerente del INAEM, Ana López Férriz y hay varios nombramientos: La directora general de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo, Carmen Herrarte Cajal; la directora general de Industria, Competitividad, Innovación y Transformación Digital Empresarial, Mar Paños de Arriba.

Por último, Manuel Magdaleno Peña es el nuevo secretario general ténico del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón.

“Profesionalidad”

En la rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo, Mar Vaquero, ha dejado claro que el Gobierno prioriza “la calidad, la seguridad y la profesionalidad”, por lo que “los nombramientos no van a ser precipitados en ningún momento”.

“Los procedimientos que están en marcha están garantizados y en los próximos días se irán llevando a cabo todos los nombramientos”, ha continuado Mar Vaquero, indicando que “cada consejero está analizando cómo quiere redistribuir esas competencias y pensando en todos y cada uno de los perfiles, donde lo que les caracteriza es la experiencia; no tenemos prisa”.

También ha señalado que todos los consejeros conocen las competencias propias de cada Departamento y que cuentan con el asesoramiento técnico del “excelente cuerpo de funcionarios, que siempre garantiza la continuidad”, recalcando que los políticos son “aves de paso” y que en la Administración “hay siempre un soporte, un pilar de seguridad”, que son los funcionarios. “Lo normal es que cada Consejería se reordene y busque los perfiles adecuados”, ha considerado la portavoz del Ejecutivo.

Ha costado, pero Aragón vuelve a tener un gobierno sin la coletilla de 'en funciones'. Fue el domingo cuando se conoció oficialmente todo el gabinete, que deja dos sensaciones, una por cada partido de la coalición: por un lado, que Jorge Azcón estaba satisfecho con su equipo y ha optado por la continuidad, a la que suma el fichaje –anunciado de forma extemporánea, en plena campaña– de Eva Valle y la designación de Ángel Sanz para Sanidad. Por el otro, que Vox aspira a no pillarse los dedos y ha elegido para acompañar a Alejandro Nolasco a dos perfiles sin aparentes polémicas en la 'mochila': un letrado de la comunidad autónoma (Luis Biendicho) y una ex-UPyD (Aránzazu –Arancha– Simón). Con este equipo toca empezar.

Pero la semana ha servido para ir conociendo otros detalles que pueden anticipar lo que se viene encima en este segundo mandato de Azcón, de nuevo con gobierno PP-Vox.

Para empezar, que hay que esperar a ver en qué se traducen los segundos niveles políticos –las direcciones generales– para poder observar la fotografía completa: basta con recordar lo que sucedió con la elegida como responsable de Justicia, Esmeralda Pastor, quien había posado en sus redes con una bandera franquista.

Por lo pronto, el propio diseño de los departamentos dibuja el escenario en el que nos movemos con la vuelta de la extrema derecha al Ejecutivo: damos la 'bienvenida' a las direcciones generales de Desregulación y de Ayudas Sociales –este, un eufemismo con el que Vox se refiere a la xenófoba 'prioridad nacional'– y despedimos otras como Igualdad de Oportunidades, Inclusión Social y Educación Ambiental. Las prioridades son evidentes.

También hemos podido adivinar que Azcón no se acaba de fiar de su socio, algo por otro lado comprensible dados los antecedentes. Así, su discurso en la toma de posesión de los consejeros reservó un espacio significativo para insistir en la idea de que hay que ser “prudentes” y “discretos”, que lo contrario lleva al “fracaso”; que hay evitar meter la pata y rectificar llegado el caso. Eso es lo que dijo en el tercio de la arenga un poco original: las otras dos partes, como te contamos, las calcó a la perorata de 2023.

Y, al mismo tiempo, hay evidencias de que se van a producir choques, como demostró el pleno del Ayuntamiento de Teruel. Porque el PP no se acaba de sentir cómodo –aunque hay de todo– con la 'prioridad nacional' y eso es algo que la oposición se va a encargar de explotar. Así sucedió en la capital turolense, donde los populares renunciaron a respaldar a la extrema derecha en una moción ultra contra los inmigrante: “Los extremos no son buenos”, afirmó la alcaldesa, Emma Buj. ¿Qué sucederá cuando esas mismas propuestas se voten en las Cortes de Aragón? Porque es obvio que las habrá.

Una voz lúcida a los 87 años

Este viernes se cumplen 43 años de las primeras elecciones en Aragón de la etapa autonómica y hemos querido recordarlo trayéndote la voz de quien ganó esos comicios de forma abrumadora, con 33 de los 67 escaños: el socialista Santiago Marraco. Alguien que a sus 87 años sigue conservando un discurso lúcido, sereno y reposado, de gran calado intelectual y alejado de los extremos.

Habló mucho y bien en la entrevista que le hicimos. Contó qué se encontraron al llegar –en un Gobierno de Aragón entonces con menos presupuesto que el Ayuntamiento de Huesca–, cómo hubo que luchar las transferencias y en qué medida asumieron una responsabilidad inmensa para desplegar la administración autonómica desde cero. Sin alardes, aún muy consciente de cuál debe ser –algo enterrado hoy en día– el papel del político de turno, vinculado a sus votantes pero con visión de largo plazo: “En política, uno aporta las ideas; si esas ideas son válidas hay otros después que las desarrollan, y al final hay un tercero que corta la cinta y lo inaugura. Y eso no es nada frustrante, aunque lo parezca. Eso quiere decir que acertaste con los planteamientos que hiciste en su momento”.

Antes de cerrar con un pensamiento memorable sobre su legado –“seremos el olvido y en eso consiste la humanidad. Pensar que uno va a pasar a la posteridad me parece de un egoísmo absoluto y de una prepotencia que no tiene ningún sentido”–, Marraco tuvo tiempo de situar el inicio de esta etapa de “confrontación” y “deterioro” en la oposición que José María Aznar le hizo a Felipe González en su día. Y también para analizar cómo han evolucionado los partidos en este tiempo: advirtió de un excesivo “peso del liderazgo” en la actualidad, que “no debe sustituir al debate interno”. 

Estas palabras, que no solo iban dirigidas al PSOE, resuenan en la semana en que se ha conocido que los socialistas aragoneses van a sustituir a la senadora Mayte Pérez por su sucesor en la secretaría provincial de Teruel, Rafael Guía. Precisamente una consecuencia de lo que advierte el expresidente aragonés. 

A Jorge Azcón se le han acumulado los discursos en los últimos días y eso ha acabado pasando factura. Este lunes, en su bienvenida a los nuevos consejeros del Gobierno de Aragón, el jefe del Ejecutivo ha renunciado a innovar y ha repetido dos tercios de su intervención de 2023, con numerosas frases directamente calcada. El acto sí que ha tenido una innovación llamativa ante la entrada en el gabinete de Vox: se ha cerrado de manera inusual con el himno de España.

La cita llegaba tras el discurso de investidura del pasado martes, las réplicas a los grupos al día siguiente y de la toma de posesión del jueves. Demasiado parlamento seguido. Quizás por eso, Azcón ha echado mano de las palabras que pronunció hace tres años para la toma de posesión del gabinete.

Las frases similares se extienden por todo el texto, pero las construcciones calcadas palabra por palabra, también. “Lo que hagamos o lo que dejemos de hacer será lo que realmente dejará huella en nuestra sociedad”. “Hoy es sin duda un día especial, un día lleno de ilusiones, de expectativas, y de esperanzas que debemos celebrar como es merecido. Pero también es el día de sentir el peso de la responsabilidad, el peso que debe guiar nuestros pasos en el ejercicio de un nuevo desempeño que acabáis de asumir”. “En este acto habéis suscrito el más ambicioso y elevado compromiso personal y colectivo que puede existir. Os habéis consagrado al servicio de vuestros conciudadanos para los próximos cuatro años”. “Para llevar a cabo vuestra tarea es necesario también que sintáis y aprovechéis el cargo como la singular oportunidad que os brinda. A cada uno desde vuestras competencias para que entre todos consigamos mejorar la vida de los aragoneses”. “No nos podemos equivocar. Es característica humana intrínseca y si ocurre lo explicaremos. Rectificaremos debidamente. Pero lo que nunca sucederá es que dejemos de trabajar para intentar mejorar las cosas”.

Se da la circunstancia de que el jefe del Ejecutivo incluso reitera su disposición a trabajar por un Aragón “más solidario” justo cuando las partidas presupuestarias destinadas a solidaridad están por los suelos y aún caerán más si se cumple lo que reclama la extrema derecha.

Azcón ha vuelto a citar a Gracián, como hace de forma habitual –la última, precisamente el pasado jueves, durante su propia toma de posesión– y ha innovado al aludir a una fábula de Esopo, la de la zorra y las uvas, que ha traído a colación para reclamar a los consejeros que no pongan “excusas en el cumplimiento” de sus “objetivos”.

Mientras, una de las novedades este lunes en un acto de carácter tan protocolario como la toma de posesión de los consejeros ha sido que Azcón ha optado por cerrarlo con el himno de España, algo poco habitual dado el carácter autonómico del evento. Si en 2023 el acto se cerró con el himno de Aragón, esta vez se ha abierto con este último y se ha cerrado con el nacional.

Esto ha despertado la crítica del portavoz de Chunta, Jorge Pueyo, a quien ha contestado el PP recordándole que el himno aragonés ha abierto la toma de posesión.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha mandado un recado a Vox en la toma de posesión de los nueve consejeros del Ejecutivo autonómico, tres de ellos de la extrema derecha. “Sed discretos y prudentes”, ha reclamado hasta tres veces el dirigente popular, porque lo “contrario”, ha señalado, “solo sirve para fracasar”. En el recuerdo está el tumultuoso paso de Vox en los primeros meses de la pasada legislatura, con salidas de tono constantes que terminaron con la marcha de la formación ultra del Gobierno.

Azcón, que ha repetido gran parte del discurso de hace tres años y que ha cerrado el acto –celebrado en la sala de la Corona del Edificio Pignatelli– con el himno de España, ha pedido a sus consejeros “exigencia, inteligencia, discreción y prudencia” con el objetivo de “mejorar la vida de los aragoneses”. Para conseguirlo, ha puesto como receta la fórmula de “trabajo, trabajo y trabajo”.

El jefe del Ejecutivo ha comenzado recordando a los consejeros salientes por su labor. Les ha enviado “un mensaje de gratitud” y ha mencionado su “dedicación, esfuerzo y, sobre todo, lealtad al Gobierno de Aragón”. Azcón ha continuado asegurando que el nuevo gabinete “cuenta con una hoja de ruta afianzada en los pasos, medidas y avances adoptados en la anterior legislatura” y que tiene su raíz en el pacto suscrito en mayo de 2023 por PP y Vox, al que se une ahora “un nuevo acuerdo”.

“Juntos fuimos capaces de impulsar y gestionar proyectos que mejoraron sensiblemente los principales parámetros sociales y económicos, como demuestran de forma objetiva los datos y las cifras”, ha expuesto Jorge Azcón, indicando que ambos partidos tienen en sus manos “volver a esa labor común para seguir andando el mismo camino con un objetivo que ha de estar por encima de todo: mejorar la vida de los aragoneses”.

El presidente autonómico repetido hasta en tres ocasiones su petición de “discreción y prudencia” para los nuevos consejeros (en 2023 'solo' fueron dos), en un mensaje que más bien tenía como destinatarios a los representantes de Vox. “Actuad con inteligencia, desde el análisis, la planificación, la valoración, el diálogo técnico y social necesario para adoptar las decisiones que sean adecuadas”, ha apuntado Azcón, para quien esta discreción y prudencia “no es otra cosa que rechazar lo que produce distorsión y ruido”. “Lo contrario –ha advertido– es anteponer el ego o la vanidad en el ejercicio público. Y eso solo sirve para fracasar por irreflexión, precipitación o temeridad”.

Los nuevos titulares de Departamento han jurado o prometido su cargo, con lealtad al Rey y para guardar y hacer guardar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía. Se trata del vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco; la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero; y los consejeros de Hacienda, Administración Pública e Interior, Roberto Bermúdez de Castro y de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle. También los de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López; Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho; Sanidad, Ángel Sanz; Agricultura, Ganadería y Alimentación, Arancha Simón; y Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín.

La designación de consejeros en el segundo Gobierno de Jorge Azcón, que arranca de nuevo con la coalición PP-Vox, ha deparado pocas sorpresas. La mayor, en el bando popular: Ángel Sanz sustituye a José Luis Bancalero al frente de Sanidad. El jefe del Ejecutivo mantiene a su núcleo duro, mientras que la extrema derecha opta por dos perfiles de carácter más técnico para acompañar a Alejandro Nolasco: Arancha Simón en Agricultura y Luis Biendicho en Medio Ambiente.

A falta de conocer los segundos niveles –las direcciones generales–, esta tarde se han desvelado cuáles son los nueve titulares que acompañarán a Azcón en el Consejo de Gobierno. Y por el PP continúan los responsables más próximos al dirigente popular del anterior Ejecutivo.

Como vicepresidenta y portavoz continuará Mar Vaquero, quien sin embargo pierde competencias en el nuevo gabinete. Así, además continuar como consejera de Presidencia tendrá las atribuciones en Justicia y Cultura, dos ámbitos de menor rango a la legislatura pasada.

Buena parte de las antiguas responsabilidades de la exalcaldesa de María de Huerva las hereda Eva Valle, el gran fichaje de Azcón para el Gobierno, anunciado en campaña –a pesar de lo cual, no se le ha visto en ningún momento– y que será la encargada de gestionar el Departamento de Economía, Competitividad y Empleo. También asume Industria, con lo que será una de las principales consejerías del Ejecutivo.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza, pertenece a la estirpe de los 'tecos' (técnicos comerciales y economistas del Estado) y ha sido directora ejecutiva en el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial. Ha ocupado altos cargos en la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía y Hacienda y ha sido asesora del Secretario de Estado de Energía y Pyme. Entre 2004 y 2009 fue asesora del director ejecutivo por España en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, posteriormente, subdirectora general adjunta de Asuntos del Sistema Monetario Internacional en el Ministerio de Economía y Hacienda. Desde septiembre de 2013 era alto cargo en Asuntos Económicos de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. Su último destino ha sido su plaza como funcionaria de la Dirección General de Tesoro y Política Financiera en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Ángel Sanz, la mayor sorpresa

La gran sorpresa del nuevo Ejecutivo es la elección de Ángel Sanz para la complicada cartera de Sanidad tras la salida por “motivos estrictamente personales” de José Luis Bancalero. Ingeniero industrial, funcionario superior de la Administración autonómica y una persona con una reconocida capacidad de trabajo, Sanz posee una amplia experiencia en el Gobierno de Aragón, donde ha ejercido múltiples roles: ha sido director gerente del Servicio Aragonés de Salud (Salud), director gerente de AST (Aragonesa de Servicios Telemáticos) y jefe del Servicio de Tecnologías de Información e Infraestructuras de Justicia. También ha desempeñado roles de primer nivel en el Gobierno navarro, como responsable Servicio Navarro de Salud o director general de Transportes y Telecomunicaciones en una etapa y para la Sociedad de la Información en otra.

Del bando popular, el resto cumple con lo que marcaban las quinielas. Roberto Bermúdez de Castro conserva Hacienda, Interior y Administración Pública y Octavio López , Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial. Y Carmen Susín, cuya labor –no exenta de polémica– ha sido muy bien valorada por Azcón, deja Bienestar Social y pasa a ocuparse de Educación, Ciencia y Universidades.

La punta de lanza ideológica de Vox

Mientras, y como también se preveía, Alejandro Nolasco será el vicepresidente por la parte de Vox, con las competencias de Desregulación, Bienestar Social y Familia. Un gran departamento, con mucha mayor capacidad de gestión que en 2023 –cuando solo mantuvo Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia–, que se convierte en la punta de lanza ideológica del partido ultra. Nolasco asumirá la posición del Ejecutivo en materia migratoria, dentro en todo caso de las limitadas competencias autonómicas en este ámbito, y también deberá impulsar la desregulación a la que aspira la extrema derecha, al estilo declarado de la 'motosierra' argentina de Milei, aunque de nuevo en los reducidos márgenes hasta los que se puede estirar la administración regional.

Junto a él, Vox sitúa a sendos perfiles de carácter más técnico para sus otras dos áreas estratégicas. Por un lado, Luis Biendicho estará al frente de Medio Ambiente y Turismo. Letrado de la comunidad autónoma, ha sido director de Área Legal de Corporación Empresarial Pública de Aragón y letrado coordinador de Empresas Públicas de la Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón. Entre agosto de 2023 a julio de 2024, durante la etapa de la extrema derecha en el Ejecutivo autonómico, formó parte del Departamento de Agricultura como secretario general técnico del entonces consejero Ángel Samper.

Biendicho, número 5 en las listas de Vox por Zaragoza en las elecciones autonómicas, será el encargado de gestionar el Instituto de Gestión Ambiental de Aragón, el Inaga, el organismo encargado de dar el visto bueno medioambiental a los parques eólicos y fotovoltaicos, a los centros de datos o a las macrogranjas. Y, en principio, lo mismo con el Instituto Aragonés del Agua (IAA). También bajo su paraguas quedan las competencias en caza y pesca, otro ámbito que reivindica ideológicamente Vox.

Mientras, Arancha Simón dirigirá la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Con más de dos décadas de experiencia en el sistema de Riegos del Alto Aragón y especializada en gestión de regadíos, ha desarrollado su carrera profesional en la gestión operativa de grandes comunidades de regantes y participó en la dirección de obra del Embalse de Montearagón (2004). Simón, que el año encabezó la candidatura de UPyD a las generales por la circunscripción de Huesca, ha sido en estas últimas elecciones número dos en lista de Vox por la misma provincia.

Uno de los últimos movimientos que le quedaban al PSOE aragonés en el proceso de renovación interna que vive desde la elección de Pilar Alegría como secretaria general, y que ha supuesto la purga de prácticamente todos los nombres vinculados a su antecesor Javier Lambán, era designar quién será la persona que suceda a Mayte Pérez como senador o senadora autonómica. Y la respuesta se conocerá tan pronto como el lunes, el día anterior a que expire el plazo en el que hay que proponerlo a las Cortes de Aragón. Pese a que habría surgido el rumor de que Zaragoza capital trataría de obtener este botín, finalmente será la provincia de Teruel la que represente al partido en la Cámara alta.

El lunes, los socialistas turolenses celebrarán una Comisión Ejecutiva Provincial en la que decidirán a quién eligen dentro de una terna –en principio, ya que no se descarta al 100% que al final surjan nuevos candidatos– compuesta por Rafael Guía, alcalde de Andorra y secretario provincial; Carlos Ros, alcalde de Ariño y miembro de la Ejecutiva de Pilar Alegría, y Joaquín Noe, exalcalde de esta localidad y secretario de Organización provincial.

Así lo han apuntado a este periódico fuentes del partido, que confirman que el territorio elegido para quedarse con el puesto de senador es la provincia turolense. En algunos foros se había apuntado a la posibilidad de que fuese Zaragoza capital la que optase al cargo, con el objetivo de la dirección del partido de acallar el runrún que nunca cesa en este importante núcleo. Sin embargo, por una cuestión de equilibrios internos en el partido será finalmente Teruel. Porque, de perderlo, de los puestos de relevancia a repartir en el partido en las Cortes de Aragón –los dos miembros de la Mesa, el escaño de senador autonómico, el portavoz parlamentario y el portavoz adjunto– Teruel se habría quedado únicamente con este último, de lejos el de menor importancia.

Mayte Pérez dejará el cargo un año después

La persona elegida relevará a Mayte Pérez, quien dejará este cargo apenas un año después de su designación. La exsecretaria provincial aceptó renunciar como diputada autonómica –era la portavoz socialista– e irse a la Cámara alta para no tensionar el partido y a su entorno y para facilitar una transición tranquila. A cambio, la nueva dirección del partido se comprometió a contar con ella para los órganos socialistas y para las listas electorales, algo que por ahora no ha sucedido.

Pese a retener el puesto en el Senado, la situación interna del partido en Teruel se encuentra lejos de estar tranquila. Según ha podido constatar elDiario.es de varias fuentes, hay malestar por la “inacción” de la dirección provincial, algo que no es nuevo ya que las mismas voces surgieron durante la campaña electoral respecto del trabajo llevado a cabo con anterioridad. A esto se suma la “descompensación” que hay entre la denominada 'tierra alta' y la capital, que “está ninguneada”, según estas fuentes. Lo cierto que es la mencionada terna para el Senado proviene de una única comarca, Andorra-Sierra de Arcos, dentro del partido judicial de Alcañiz.

La controvertida trayectoria de José María Ruiz de Temiño, al que la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza conoce como el “concejal en la sombra” o “concejal no electo” por su poder pese a no haber sido elegido en las urnas, se ha trasladado a la gestión de los proyectos que acapara, ahora bajo la Dirección General de Grandes Proyectos y Proyección Exterior que encabeza. Todas las grandes iniciativas que lidera su oficina han tropezado en mayor o menor medida; la última, Giesa-Distrito 7, a cuyo concurso se presentó una única empresa y lo hizo fuera de plazo, por lo que el equipo de gobierno del PP se ha visto obligado a 'rescatarla' a marchas forzadas con una adjudicación directa.

Entre 2025 y 2026, el presupuesto municipal destinado a la Dirección General de Grandes Proyectos ha pasado de 10,8 a 17 millones de euros. El aumento viene del mayor volumen de partidas para la rehabilitación de Giesa-Distrito 7 (de 7 millones de euros a más de 11 millones), pero también por el propio Parque de Atracciones (de 100.000 euros a 1 millón), entre otros proyectos. Este 'reconocimiento' inversor, sin embargo, no ha venido acompañado por resultados muy positivos.

La ciudad del cine

La última controversia tiene que ver con la conversión de una antigua factoría situada en el barrio de Las Fuentes en toda una “ciudad del cine” con cuatro platós de rodaje y otras instalaciones para atraer “grandes producciones nacionales e internacionales”, todo ello entre críticas vecinales. La inversión prevista, actualmente en ejecución, superará los 18 millones de euros: hasta ahora hay certificado ya un gasto de 13 millones en el proyecto, según consta en el registro de facturas del Ayuntamiento.

Pero semejante volumen inversor se ha topado con una bola de nieve que amenaza con ir aumentando de tamaño y que incluso puede terminar en los tribunales: la única oferta presentada para gestionar el complejo artístico, de Equipment & Film Design España (EFD Studios), llegó cinco minutos tarde, pasada la medianoche del 26 al 27 de abril. Es decir, fuera de plazo.

Sin embargo, el Gobierno del PP no dejó pasar ni un día para anunciar que impulsaría la adjudicación directa, algo contemplado en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas aunque con unas cláusulas tasadas y siempre que esté justificado. Entre críticas por la “chapuza” y el “fiasco”, el grupo municipal del PSOE anunció posibles medidas legales: “”Con el nivel de rigor demostrado por la empresa, pretende adjudicarle de forma directa por más de 30 años el edificio en el que se han invertido 20 millones de euros de los zaragozanos. No parece serio“, argumentó el concejal Horacio Royo.

El jueves, el consejero de Presidencia, Ángel Lorén, trató de justificar la decisión. Argumentó que “no es culpa de la empresa”, pese a que un informe municipal señala que no hubo errores técnicos significativos. E incidió en la grandilocuencia del proyecto: “Estamos jugando no en primera división, sino todavía más arriba”.

El Parque de Atracciones

Pero sin duda el mayor embrollo hasta ahora gestionado por la Dirección General de Grandes Proyectos ha sido la ampliación del Parque de Atracciones de Zaragoza. En este caso, los líos surgieron con el proyecto nonato: desde que trascendió que el propio Ruiz de Temiño había pasado al erario el tique de comidas con promotores de este tipo de instalaciones, antes incluso de aprobarse el pliego. Instado por el pleno municipal, el exgerente de Zaragoza Vivienda –donde ya tuvo un tumultoso paso, con denuncias por acoso incluidas– se negó a revelar con quién comió y de qué trató el encuentro, pese a estar sufragado con dinero público.

A partir de ahí, casi nada parece haber ido bien en la tramitación de este complejo, que ha concitado la oposición vecinal y duras críticas de los partidos de la oposición. Solo hubo un ofertante en el concurso público e incluso los técnicos municipales dejaron claro la escasa calidad de la propuesta remitida, que obtuvo un aprobado raspado: el Gobierno municipal afirmó primero que exigiría mejores condiciones, pero más adelante se corrigió a sí mismo y se escudó en que los pliegos eran “demasiado exigentes”. El adjudicatario fue una empresa de nuevo cuño integrada por un socio minoritario de Zaragoza –los actuales gestores del Parque de Atracciones– y otro mayoritario, la firma argentina Félix Entertainment. Pero los dos socios no llegaron a un acuerdo para la apertura de la instalación este verano, lo que desató otro caos ante la exigencia de continuidad recogida en los pliegos, con 81 empleos en el aire.

En este contexto, la exigencia de invertir 17 millones de euros en la infraestructura genera dudas.

Ciudad Inteligente del Deporte

Otro emblemático proyecto que debía impulsar la oficina de Ruiz de Temiño, la Ciudad Inteligente del Deporte, fue una de las principales promesas de Natalia Chueca como candidata a alcaldesa para las municipales de 2023 –“una apuesta sin precedentes”, “uno de mis proyectos estratégicos para Zaragoza”, proclamó la aspirante popular en campaña–. Ahora duerme el sueño de los justos.

El primer clavo en el ataúd lo apuntaló el sobrecoste del nuevo estadio de La Romareda, que llevó a Chueca a afirmar que las “prioridades” eran ahora otras. Si los presupuestos de 2025 reservaban 10,2 millones de euros en una partida plurianual de 2025 a 2028, en las cuentas de este año ya no hay rastro del proyecto. Ahora, al rescate del equipo de gobierno municipal ha acudido el Ejecutivo autonómico de Jorge Azcón, que incluyó en el frustrado proyecto de presupuestos para este año –cuya prórroga fue el motivo aducido por el PP para adelantar elecciones– dos instalaciones deportivas en el Actur, en la misma ubicación de la Ciudad del Deporte.

Empieza el goteo de nombres para el nuevo Ejecutivo de Jorge Azcón, de nuevo en coalición con Vox. No seguirá como consejero de Sanidad José Luis Bancalero, que compaginará el acta de diputado con su profesión sanitaria, mientras que el hasta ahora titular de Agricultura –una de las áreas que pasa a controlar Vox–, Javier Rincón, será número dos del presidente como secretario general. Esto provocará que su antecesor, Juan Pérez Mas, releve a su vez a Esperanza Puertas en la Dirección General de Servicios Jurídicos.

Por ahora no han trascendido oficialmente más nombres, aunque no habrá que esperar mucho ya que todos los consejeros toman posesión este lunes, 4 de mayo.

En una nota hecha pública este viernes, el Ejecutivo autonómico ha dado a conocer que el consejero de Sanidad en funciones informó el jueves al jefe del Ejecutivo de su decisión de regresar a su actividad profesional por “motivos estrictamente personales”, que compatibilizará con su cargo de diputado autonómico del PP.

Una controvertida labor

Bancalero ha sido uno de los cargos del Gobierno de Azcón que más desgaste ha experimentado y cuya gestión más críticas ha despertado. Su etapa al frente del Departamento ha estado caracterizada por la carencia de profesionales, por las huelgas –entre otras, la primera en la Atención Primaria en Aragón–, por las protestas de los trabajadores sanitarios y por las múltiples fugas en la cúpula de la Consejería. Desde 2023 en Aragón han aumentado las personas en lista de espera para operararse y los retrasos para las especialidades son también mayores. En cuanto a infraestructuras, el hasta ahora consejero 'heredó' en 2023 del anterior Gobierno los hospitales de Teruel y Alcañiz al 80% y el primero ni siquiera ha abierto sus puertas aún.

Azcón le ha trasladado pese a esto a Bancalero su agradecimiento por el trabajo desarrollado al frente de la Consejería de Sanidad desde agosto de 2023, en el que “destacan el esfuerzo por reducir las listas de espera; la mejora sustancial de las condiciones laborales del personal sanitario; la fidelización de médicos en el territorio; la puesta en marcha del nuevo modelo de urgencias en Atención Primaria en Zaragoza (DUAP) –también muy criticada por ser un ”recorte encubierto“–; o la expansión de la cirugía robótica a las tres provincias”.

Por su parte, José Luis Bancalero ha manifestado al presidente su “satisfacción y gratitud por la confianza” puesta en su persona para gestionar la Consejería y ha remarcado su voluntad de “seguir trabajando” desde su nuevo cargo político “en la defensa e impulso del proyecto” que desarrollará el próximo Ejecutivo

“Ha sido un honor y un orgullo inmensos haber sido consejero en el primer Gobierno de Jorge Azcón y haber contribuido a mejorar el estado deficiente en el que nos encontramos la Sanidad aragonesa, que tiene en la calidad de sus profesionales un activo inmejorable para seguir progresando en la atención sanitaria de los aragoneses como el servicio público imprescindible y fundamental que es”, ha dicho.

De Agricultura a la Presidencia

Por otro lado, la marcha de Javier Rincón como consejero de Agricultura, que pasará a controlar Vox, ha generado un pequeño movimiento en cadena.

Arquitecto y funcionario superior de la Administración autonómica, Rincón ha tenido un paso con luces y sombras por Agricultura, donde puso orden tras el caos de su antecesor, Ángel Samper, de Vox, pero que tuvo enfrente a gran parte del sector primario por polémicas por la gestión de las ayudas por la dermatosis nodular o por la falta de subvenciones al sector vitivinícola, entre otras.

Al reservarse la extrema derecha tres departamentos en el nuevo Ejecutivo y mantenerse el número total de consejerías en nueve, uno de los damnificados era Rincón, pero Azcón lo sitúa como secretario general en la Presidencia; es decir, técnicamente su número dos.

Y quien ocupaba este puesto, Juan Pérez Mas, regresa a la Dirección General de Servicios Jurídicos pero esta vez como máximo responsable. Su antecesora, Esperanza Puertas –que arrancó en el cargo en el último gabinete de Javier Lambán–, volverá a su puesto de letrada del Gobierno de Aragón.

Como “un gélido bisturí explorador de las miserias humanas” definió Miguel Ángel Palomo la película 'Sexo, mentiras y cintas de vídeo', la aclamada y ochentera ópera prima de Steven Soderbergh. Esta semana en Aragón, con la investidura de Jorge Azcón, no hemos tenido de lo primero –al menos, que haya trascendido–, pero de lo segundo y lo tercero, a raudales. Y en un contexto que recuerda al retrato dibujado por el crítico cinematográfico. Es decir: nadie puede estar especialmente contento con el resultado de los debates parlamentarios. Por descontado, tampoco ningún testigo ajeno al espectáculo vivido en las Cortes de Aragón.

El más insistente en las incorrecciones, mentiras y medias verdades fue el propio Azcón, en parte también porque era a quien más correspondía intervenir. Fuera de errores puntuales –aunque en los que se empecinó en insistir– como ese “mínimo común divisor” que reverberó en el Hemiciclo, lo suyo fue un recital de acusaciones refutables a la oposición. 

Sin ir más lejos, como cuando culpó a Jorge Pueyo (CHA) de haberle llamado “fascista” en su intervención el martes. “¿Le insulto más gravemente? ¿Me pongo a su altura?”, gritó Azcón hecho –en apariencia– una furia. El equipo del portavoz aragonesista echó mano de las herramientas tecnológicas para confirmar lo que sospechaban: que no había utilizado ese calificativo, como el propio Pueyo le trasladó después (el recién elegido presidente de CHA sí mencionó ese término días atrás, pero no para referirse a Azcón).

Qué decir del hecho de que volviera, en su habitual tono ensoberbecido, a sacar cuestiones tratadas en una reunión privada con la socialista Pilar Alegría: “Me voy a guardar este papelito que usted me presentó cuando me suplicó que no convocara elecciones”. O que, en la misma línea arrogante, tratara de ningunear a los grupos minoritarios: “Su escuálido escaño”, le soltó a Marta Abengochea, diputada de IU.

Tampoco estuvo muy fino el dirigente popular cuando acusó al propio Pueyo de “antisistema” por no acudir a los actos por el Día de Aragón. “Va a copiar lo peor de Podemos”, le espetó Azcón, que aludió a que “los partidos independentistas” no participaron en el día de la Constitución: lo mismo que los nuevos socios de gobierno del PP, susurró el Hemiciclo.

A la líder de la oposición, aunque en una primera intervención más consistente de lo que muchos podían imaginar, le acabó aflorando la mochila madrileña. Si Alegría aludía a la “parálisis”, el líder del PP opuso los cuatro meses que hubo que esperar tras las últimas generales –“ahí no había parálisis, ahí todo funcionaba fenomenal”, ironizó–; si mencionaba que “las decisiones se toman en Madrid”, Azcón le respondió con un “le dijo la sartén al cazo”; y si vaticinaba una corta vida al Ejecutivo, su interlocutor echó mano del retrovisor: “¿Cuánto duró en el Ayuntamiento de Zaragoza? Siete meses. ¿En la Delegación del Gobierno? Un año y se fue. No le sepa malo: usted no se caracteriza por acabar los trabajos, a mitad le surgen otras prioridades”, hilvanó el presidente en funciones.

Mientras, al portavoz de CHA le correspondieron las cintas de vídeo. Porque Pueyo movilizó un conjunto frenético de espasmos, gestos, movimientos, sonrisas y salidas de tono que por fuerza tuvo que ensayar videoteca en mano. Como muestra, el arranque de su réplica a Azcón: “Por fin despierta un poco, pensaba que le pasaba algo. He tenido que llegar yo aquí para empezar un debate que parece un poco más interesante”. 

Normalizar una anormalidad

Más allá del debate parlamentario, la investidura de Jorge Azcón ha traído la normalización de un término que hace no tanto nos hubiese parecido implensable: la prioridad nacional. Una construcción de intenso eco xenófobo que Vox ha convertido en marca de la casa, también en Aragón.

Estos días, como era de prever, el objetivo de los dos socios de gobierno –más del PP, claro– ha sido tratar de hacer masticable el concepto a la opinión pública. En su primer discurso, Azcón se alejó mucho del tono que ofreció en 2023, una metamorfosis en el fondo y la forma durante la que circunscribió la prioridad nacional a los márgenes legales. Trató además de echársela en cara a la oposición sin mucho éxito: se practica desde tiempos de Felipe González, sostuvo.

Para entonces, el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, ya había intentado hacerse entender al respecto. A su manera: según él, que las ayudas van todas a inmigrantes queda en evidencia al constatar que los primeros solicitantes son siempre 'mohameds'. Simple, llano y sin duda riguroso.

Habrá que ver cómo conjuga el PP esta idea de Nolasco con la defensa expresada por Azcón el martes: que estas subvenciones no tendrán en cuenta la “procedencia” del solicitante mientras acredite “arraigo”. Y si el propio portavoz de Vox manifestó que “primero aragoneses y españoles”, veremos por dónde salen en el momento en el que 'Mohamed' justifique que es español de pleno derecho.

Un mensaje emocionado, en el que ha lanzado agradecimientos, ha enfatizado la importancia de los servicios públicos, ha destacado el papel de Aragón en España, ha incidido en el problema de la vivienda... y en el que ha lanzado un toque a la oposición: “Es esencial para la democracia respetar el sentido de las urnas”, les ha recordado. Jorge Azcón ha tomado posesión este jueves y se convierte así en el primer dirigente del PP que repite en el cargo como presidente del Gobierno de Aragón.

En un acto cargado de solemnidad en el palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, entre familiares, amigos, cargos institucionales y compañeros de partido, con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pero sin el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, Azcón ha empezado su parlamento expresando el “profundo honor y con un sentido claro de la responsabilidad que implica asumir” de nuevo el cargo y ha agradecido a continuación a Vox y a su propia formación el apoyo.

“Los dos grupos, con nuestras diferencias y nuestros encuentros, vamos a trabajar con lealtad y determinación para desarrollar un programa de Gobierno único pensado para mejorar la vida de los aragoneses”, ha aludido al acuerdo con la extrema derecha.

Y en este punto ha hecho alusión a la oposición política con un mensaje directo: ha querido dar las gracias a quienes “saben respetar esa voluntad popular y a las instituciones encargadas de plasmarla”. Los aragoneses, ha recordado, siempre han presumido de su “inclinación hacia el pacto” y de “fomentar los valores democráticos”. “Y eso incluye el respeto a los resultados de los procesos electorales, que deben ser aceptados no sólo cuando avalan nuestras posiciones, sino especialmente cuando colisionan con la ideología propia”, ha incidido, sin dar lugar a dudas al significado de sus palabras.

Tampoco se ha olvidado el ya jefe del Ejecutivo del Gobierno de Pedro Sánchez. Tras mencionar la alusión estatutaria sobre la colaboración con el Estado, basada “en los principios de lealtad institucional, coordinación y ayuda mutua”, ha urgido al Gobierno central a “abordar” con “celeridad aquellas infraestructuras” necesarias para el progreso de la comunidad y a dotar los recursos públicos de “financiación suficiente”.

Por otro lado, Azcón ha querido destacar el papel actual de Aragón, que “fue entendida como una tierra despojada de oportunidades” y ahora “construye con paso firme su propio futuro”. También, ha afirmado, es una “tierra de acogida”, aunque con matices: lo es “todos aquellos que vengan a compartir ese anhelo de crecimiento desde el respeto a nuestras normas y valores”.

Ha destacado la “referencia” de las dos leyes fundamentales, la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y de este ha puesto como ejemplo varios artículos.

Uno, el que promueve el derecho a una vivienda digna: “Esta es una de las encomiendas más importantes”, ha señalado, y se ha comprometido a “multiplicar por tres” el parque de vivienda pública en Aragón. El segundo, el que alude al pleno empleo de calidad. Y el tercero, el que habla “de fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación científica y tecnológica”.

Había un Jorge Azcón en el verano de 2023 y hay otro muy distinto en la primavera de 2026. Al menos, eso es lo que refleja la comparativa de su discurso de investidura en las Cortes entonces y el ofrecido este martes. Tanto en la forma como en el fondo: del idealismo, la “ilusión”, el reformismo y el diálogo a los que apeló entonces a los “agravios”, la confrontación, la complacencia y la 'prioridad nacional' que reivindica ahora. Del día a la noche. Ese “doble de Vox” que, como recordaba Nolasco, han reflejado las urnas impregna ya el tono y el mensaje del PP en Aragón.

Basta un simple hecho para ilustrar cómo ha evolucionado el discurso de Azcón: las críticas al legado heredado en 2023, cuando concluyó la etapa del socialista Javier Lambán, han sido mucho más furibundas ahora que entonces, cuando la cordialidad fue la tónica principal. Y lo mismo su posición frente al Gobierno de Pedro Sánchez: si hace tres años apenas hubo alguna referencia, y sin choques directos, su perorata actual estuvo trufada de principio a fin de ataques al Ejecutivo central, en todos los ámbitos.

El Azcón de hace menos de tres años lanzó un mensaje cargado de idealismo, dedicó agradecimientos al resto de partidos y trató de tender puentes. Dijo presentarse a la investidura “con la máxima ilusión y el mayor de los orgullos”. Presentó un proyecto “reformista y centrado, basado en los valores del humanismo liberal europeo” y situó como elemento fundamental “solucionar problemas en lugar de crear otros nuevos” –lo que contrasta con la 'prioridad nacional' de la actualidad–. Declaró defender “el diálogo y el consenso” desde una posición “alejada de cualquier dogma”. Y llamó a “llegar a grandes acuerdos”: incluso ofreció al PSOE sendos pactos en materia de sanidad y de financiación autonómica.

En su discurso del martes, sin embargo, el líder del PP aragonés levantó una muralla entre los dos partidos del futuro gobierno y la oposición y puso el énfasis en denunciar “agravios”: a la provincia de Teruel, por la financiación, por las infraestructuras o por la inmigración. Acusó a sus oponentes de falta de “honestidad”, de tratar de “engañar al ciudadano”, de “mentiras y medias verdades”

El Azcón de 2023 eludió la confrontación con su antecesor directo, e incluso señaló sin ambages que su propuesta no era “una enmienda a la totalidad. ”Abogar por hacer una política de tierra quemada supone una grave irresponsabilidad y la más negativa de las cegueras. El Ejecutivo que aspiro a presidir es consciente del legado que hereda“, dejó dicho el dirigente popular, que también admitió que debía haber ”una mínima lógica de continuidad“: ”Debemos continuar lo que debe ser continuado y debemos mejorar lo que puede ser mejorado“.

Ese tono –poco habitual en él por otro lado, ya que su discurso suele ser mucho más directo y agresivo– es ya cosa del pasado. Pese a los casi tres años transcurridos, Azcón echó el martes en cara al Ejecutivo de Lambán el “riesgo de colapso” en que dejó la sanidad, con “cifras falseadas” ante una “gestión negligente”; aseguró que se encontraron unos servicios “que apenas se sostenían”, unos “programas desactualizados y equipos sin medios” y una “desconexión absoluta e incapacidad de gestión”.

Frente a ello, según la tesis de Azcón, todo han sido logros en estos tres años, a pesar de las innumerables críticas surgidas por la gestión sanitaria y educativa, a unos niveles que ni siquiera el “colapsado” Gobierno socialista de Lambán tuvo que afrontar.

El enemigo Pedro Sánchez

También muy llamativas son las diferencias con las referencias al Gobierno central, al que ahora ataca sin contemplación. En 2023, apenas hubo alguna referencia velada: una crítica a Madrid por “maquillar” las cifras macroeconómicas ante unos datos “manifiestamente mejorables” o la “versión cicatera y pacata” del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante las ayudas de funcionamiento en Teruel. Ni siquiera al mencionar el tradicional déficit de infraestructuras hidráulicas en Aragón hubo un ataque frontal al Gobierno central.

El martes, sin embargo, en la oposición parecía más bien situarse la coalición PSOE-Sumar. La distancia casi tres años después es sideral. Azcón habló de “incapacidad” con el apagón, de una “convivencia embarrada”, de una “estrategia deliberada y perniciosa” por “enrocarse en el poder a costa de lo que sea”, de una “anomalía democrática” al continuar sin presupuestos, de reivindicaciones sin fin y de un ministro de Cultura que apoya “la ofensiva institucional catalana e independentista” respecto de los bienes de Sijena.

En el trasfondo de esta metamorfosis se encuentra la presión de Vox, que ha doblado representación en las Cortes y que ya marca la agenda de la coalición antes incluso de regresar al Gobierno.

A falta de que el miércoles hagan –antes de la votación– una previsible enmienda a la totalidad del discurso de Azcón, los grupos de la oposición en las Cortes ya han empezado a mostrar sus armas con una primera reacción pública. Y como se podía esperar no ha sido amable. El PSOE, Chunta Aragonesista, Teruel Existe e Izquierda Unida han cargado contra el líder del PP por sus mensajes, que para los socialistas suponen “comprar el Gobierno a precio de xenofobia” y que para los aragonesistas reflejan la constatación “de un fracaso político”.

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha criticado la 'prioridad nacional', reivindicada sin ambages por Azcón. Según la dirigente socialista, lo que ha “firmado” con Vox “se llama segregación por nacionalidad”. Y eso, ha advertido, “es ilegal y choca con el principio básico y constitucional de la igualdad y de la no discriminación”. “No estamos ante un acuerdo de gobierno sino ante un peaje político: Azcón ha decidido pagar con derechos y con convivencia para mantenerse en el poder”.

Otro punto en el que ha incidido Alegría es el de la “inestabilidad”. “Este ya es un gobierno fallido. Va a durar lo que el señor Abascal quiera que dure”, ha manifestado. Para ella, el pacto no refleja “los intereses de Aragón” sino únicamente “la agenda ideológica de la ultraderecha de Vox”. “Todo lo que arranca desde un ajuste de intereses políticos y desde el recelo y la desconfianza nada bueno puede traer a la comunidad autónoma”, ha vaticinado. Y esto se trasluce en la falta de intensidad del discurso, “poco ilusionante” desde su punto de vista. “El 'aplausómetro' ha estado flojico”, ha zanjado.

Toda la oposición ha destacado el hecho de que los diputados de Vox no hayan aplaudido a Azcón. Para el portavoz de Chunta, Jorge Pueyo, el de este martes ha sido “el discurso de un fracaso político”. “Azcón ha conseguido algo único: se ha puesto en contra en un mismo bando a la iglesia, a la empresa, a los sindicatos, a la izquierda... Y todo para abrazarse a Vox”, ha lamentado.

“Vox ha puesto la idolología, Génova la negociación y Azcón ha puesto la cara. Es un zombi político”, ha atacado Pueyo, para quien a la extrema derecha solo le interesa “marcar la agenda política” para llegar hasta la Moncloa. “No sabemos cuánto va a aguantar y a chantajear Nolasco con los presupuestos de los aragoneses”, ha continuado.

Por su parte, el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha dicho estar sorprendido por la “poca energía” de Azcón, algo que infiere que tiene que ver con que “ha sido un pacto cocinado desde Madrid”. “Aragón no pinta prácticamente nada, el acuerdo durará lo que quiera que dure Madrid. Auguramos un año de sorpresas y de declaraciones extemporáneas”, ha destacado Guitarte.

El dirigente turolense ha incidido en la “contradicción” de poner trabas a la inmigración cuando “Aragón la necesita”. “Nos aliamos con alguien que intenta frenarla y demonizarla. A lo mejor preocupa en barrios de Madrid pero en Aragón, en absoluto”.

Finalmente, desde Izquierda Unida, Marta Abengochea ha desdeñado un discurso “en un tono de perfil muy bajo, de persona vendida, sometida a los dictados de Vox”. Para Abengochea, constituye un “punto de inflexión” el que el PP y Vox “instalan ese discurso racista”: “Intentan institucionalizarlo para crear el clima propicio y que cuando lleguen las generales puedan meter mano a las leyes que nos sostienen y a los marcos de convivencia”, ha advertido.

Sin choque... al menos por ahora. El énfasis puesto por el aspirante a la reelección, el popular Jorge Azcón, en que la 'prioridad nacional' no tendrá en cuenta la “procedencia” de quien solicite las ayudas públicas no ha sido refutado por el portavoz de la extrema derecha en Aragón. Alejandro Nolasco ha aplaudido el discurso del presidente en funciones, que “ha comprendido que los aragoneses quieren el doble de Vox”, y ha puesto el énfasis que el polémico criterio que quieren implantar en todas las comunidades autónomas implica “prioridad”, no exclusión“.

Nolasco ha visto con buenos ojos que Azcón se haya “detenido a hablar de la prioridad nacional”. “Los recursos se asignarán de manera prioritaria no excluyente a quienes mantienen un arraigo en el territorio”, ha apuntado, al tiempo que ha instado a “luchar contra la inmigración ilegal” . “El Gobierno de Aragón se opondrá por todas las vías a cualquier mecanismo de reparto que proponga el Ejecutivo de Sánchez”, ha retado.

El portavoz de la extrema derecha ha especificado que con la 'prioridad nacional' “se aplicarán unos baremos para que quienes tengan un arraigo y una vinculación con el territorio, que no lleven aquí una semana, tengan prioridad en el acceso a los servicios públicos”. Porque, desde su punto de vista, las políticas actuales promueven la “sustitución”. “Se quiere echar a los autóctonos por gente de fuera y el objetivo de darles el voto es algo obvio”, ha señalado, apuntando a Pedro Sánchez.

El dirigente de Vox ha alabado distintas partes del discurso de Azcón. Y las que el líder popular no ha mencionado, Nolasco ha aprovechado para reivindicarlas. Entre otras, las propuestas de Vox antiinmigratorias –e incluidas en el acuerdo de gobernabilidad– de “suprimir las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos a las ONG u otras entidades que participen en el sostenimiento de la inmigración ilegal” y la “auditoría anual por parte de la Cámara de Cuentas de todos los gastos vinculados a la inmigración masiva”.

Nolasco ha celebrado que Azcón haya hablado “de simplificación administrativa”, con una “desregulación” que va a estar “muy presente” en el nuevo gobierno. “Queremos facilitarle la vida al ciudadano”, ha argumentado. También se ha congratulado que el presidente en funciones haya aludido a los “agravios comparativos” que supuestamente genera el Gobierno central hacia comunidades como Aragón.

En cuanto a la provincia de Teruel, ha aplaudido que el líder popular haya reivindicado la aplicación de las ayudas al funcionamiento al 20% para la provincia de Teruel y el impulso del búnker de radioterapia en el Hospital de Teruel, que “supondrá que los enfermos de cáncer” en la capital turolense “no tengan que desplazarse a Zaragoza”.

Nolasco también ha mencionado otras “reivindicaciones de Vox” incluidas en la intervención de Azcón como “la bonificación al 99% del grupo 2 en el impuesto de sucesiones y donaciones, la reducción del IRPF o las bonificaciones en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la compra de la primera vivienda”.

“Es lógico y es justo”. El presidente en funciones de Aragón y candidato a la reelección, Jorge Azcón, ha ido más allá que María Guardiola en Extremadura y, en su discurso de investidura en las Cortes de Aragón, ha hecho suya la 'prioridad nacional' impulsada por Vox en el territorio nacional. Eso sí, ha aclarado que las ayudas no tendrán en cuenta la “procedencia” de quien las solicite. Con continuos guiños a sus socios de la extrema derecha y un sinfín referencias críticas al Gobierno central, Azcón ha descrito un Aragón idílico que ha contrapuesto con el legado que se encontró al llegar en 2023. Este miércoles será investido con el apoyo de los 40 diputados del PP y Vox.

Mientras que la presidenta extremeña no hizo ni una sola mención a la 'prioridad nacional' en sus intervenciones la semana pasada –ni en el discurso, ni en las réplicas, ni en la toma de posesión–, Azcón ha optado por reivindicar este polémico término en sus primeras palabras ante los diputados aragoneses. “Es un principio fácil de entender”, ha manifestado: “Que quienes reciban ayudas, sea cual sea su procedencia, deben acreditar de acuerdo a distintas baremaciones una vinculación legal, efectiva y beneficiosa con el territorio donde viven”. Así, ha insistido en la tesis de recibir “de forma legal y ordenada a personas de otros países que quieran venir a contribuir con su trabajo a la creación de riqueza”: “Quien venga legalmente a aportar merece y debe recibir el apoyo de nuestro sistema”.

Tras aclarar que este “enfoque” se hará “cumpliendo estrictamente la legalidad” y que “no privará a ninguna persona de una atención sanitaria y social básica”, en línea con lo afirmado en días atrás, ha pedido a “la izquierda” que deje de rasgarse las vestiduras: desde su punto de vista, “estos criterios llevan operativos desde tiempos de Felipe González”.

Un “Gobierno sólido”

Para justificar su acuerdo con la extrema derecha, Azcón ha destacado que aspira a que haya un “Gobierno sólido”, respaldado por “una amplísima mayoría” y reflejo de lo que dictaron las urnas el 8 de febrero. “Los aragoneses reclamaron con su voto un Gobierno regido por los valores, principios y propuestas electorales de la derecha”, ha incidido. Además, el pacto entre PP y Vox permitirá dar luz a una ley de presupuestos autonómicos que es “la norma más importante”. Porque la “imposibilidad de presentar unas cuentas de forma reiterada”, ha apuntado en referencia al Gobierno central, “obliga a una convocatoria electoral para que los ciudadanos expresen su voluntad al respecto”.

Esta no ha sido su única referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez. De hecho, su discurso –de hora y tres cuartos de duración– ha estado regado de continuos ataques: le ha acusado de “incapacidad” con el apagón, de los problemas con las huelgas sanitarias, de “embarrar la convivencia de los españoles” para enrocarse en el poder o de tener como único objetivo mantener a un presidente “rodeado de corrupción”. Y ha reivindicado carencias en materia de carreteras, de ayudas a Teruel y de infraestructuras hídricas.

Azcón ha sacado pecho de su gestión desde el verano de 2023 en materias como sanidad, servicios sociales, carreteras o el sector primario, frente a lo que ha contrapuesto una situación cercana al cataclismo cuando llegó al cargo tras el Gobierno de Javier Lambán.

Y ha incluido varias de las propuestas suscitas con Vox en el acuerdo de gobernabilidad de la semana pasada. Entre ellas, las rebajas fiscales, la construcción de 4.000 viviendas públicas, el incremento del presupuesto de Sanidad en porcentaje equivalente al incremento global del presupuesto autonómico, la gratuidad progresiva de la educación infantil de 0 a 3 años, la ampliación de los regadíos o la ampliación a 24 meses de la cuota cero para nuevos autónomos.

Como sabes, ya hay acuerdo en Aragón: lo dieron a conocer este miércoles los dos primeros espadas del PP y Vox en Aragón. Y si la cara es el espejo del alma, el rostro de Jorge Azcón y también de su equipo reflejó en varios destellos lo que sin duda estaba pensando el líder popular: que lo más difícil no era el trance negociador de las semanas previas, que lo verdaderamente complicado empieza ahora.

Los aragoneses estrenarán dentro de unos días el gobierno que sin duda votaron el pasado 8 de febrero, es obvio. Pero tendrán –o tendremos– que convivir con medidas que en su mayoría no aprueban. Porque Vox ha impuesto su agenda ultra no solo al PP, sino a ese 34% de votantes que dieron su apoyo a los populares. Y por supuesto a todos los que no lo hicieron. La 'prioridad nacional', un término de ecos lepenistas. Azcón se ha tenido que tragar su gran sapo. 

Es evidente la incomodidad con la que gran parte de la cúpula del PP en Aragón, un partido de corte liberal conservador pero alejado de extremismos –más allá de que la estrategia política les haya llevado a adoptar determinadas posiciones en el pasado–, ha recibido ese “el español primero” que quiere imponer Vox. Que no solo quiere imponer: que se convierte en uno de los ejes de gobierno en la comunidad para los próximos cuatro años. Una realidad impensable hace pocos años. Pero la que tenemos.

Para Azcón, como te digo, ahora empieza lo más complicado.

Como administrar la comunidad junto a un socio que, aunque más profesionalizado que en 2023, mantiene su carácter caprichoso e incontinente, algo que encarna su portavoz, Alejandro Nolasco.

Como lidiar con medidas que no dependen del Gobierno autonómico y que colisionarán con la acción del Estado, como la limpieza de los ríos o la reforma del padrón.

O, más importante todavía, con la aplicación de un pacto de tintes xenófobos, que margina a un amplio sector de la población como el de los migrantes, a los que casi sitúa en la categoría de parias. 

A cambio de garantizar la gobernabilidad –habrá que ver hasta qué punto–, presupuestos autonómicos incluidos, Vox obtiene también una vicepresidencia y tres consejerías: Servicios Sociales y Familia; Agricultura, Ganadería y Alimentación, y Medio Ambiente y Turismo. Que, traducido, supone el control de las áreas ideológicamente claves para la extrema derecha: la inmigración, la lucha contra el Pacto Verde comunitario y el freno a las energías renovables.

Solo esta fotografía hace que retrocedamos varias décadas respecto a lo logrado. Un Aragón reaccionario: con eso nos toca convivir. Lo que no necesariamente supone que debamos hacerlo callados. Y aprovecho para decirte que en elDiario.es seguiremos ahí: denunciando las injusticias sociales y todo lo que socave los valores democráticos, en especial cuando estos movimientos provengan del poder.

Por cierto, ¿sabes cuántas referencias hay a la cultura y a la ciencia en el acuerdo de gobierno PP-Vox? Así es: cero. Aunque, visto lo visto, casi mejor.

La indignidad de castigar al indefenso

Como si de una tenebrosa premonición se tratara, la casualidad ha querido que el pacto autonómico PP-Vox se firme la misma semana en la que los zaragozanos hemos sido testigos de una situación indigna por la gestión que ha hecho el equipo de gobierno de Natalia Chueca de la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno central.

La orden expresa a las juntas de distrito para que dejaran de llevar a cabo los trámites de empadronamiento que gestionan a diario y que los derivaran a las oficinas de la plaza del Pilar supuso el colapso y generó colas interminables a las puertas del ayuntamiento, con decenas de migrantes esperando al sol mientras el interior del edificio permanecía casi vacío.

Esta decisión, sin embargo, se topó con la 'rebeldía' de muchos funcionarios municipales en esas mismas juntas de distrito: acordaron de manera informal que continuarían haciendo lo que siempre hacen. Primero porque son trámites sencillos, segundo por el bienestar de los propios migrantes y tercero por sus compañeros y compañeras de la plaza del Pilar. “Las medidas adoptadas por este Gobierno no contribuyen a aligerar el colapso, sino a incrementarlo”, dejó escrito una empleada del Registro General. Tremendo.

Una lección de dignidad entre tanta sombra.

El miércoles, la contestación social se tradujo en una concentración a las puertas del consistorio para denunciar el cuello de botella impuesto por los gestores municipales con la centralización de los certificados de vulnerabilidad. “El problema no es la falta de personal, sino que no se les deja trabajar”, denunció una representante sindical.

Entre el acuerdo de gobierno suscrito por el PP y Vox para Aragón en 2023 y el anunciado esta semana hay múltiples diferencias, pero una fundamental: si el primero condensó las tesis populares con exigencias concretas de la extrema derecha, ahora sucede todo contrario: la formación de Santiago Abascal ha conseguido moldear el pacto a su agenda ultra y ha logrado que el presidente Jorge Azcón cruzara varias líneas rojas.

Las más destacadas son el asedio a las personas migrantes, el coto radical a las energías renovables y la intervención en el río Ebro. Todas ellas cuestiones en las que parte de las competencias son estatales, lo que anticipa un buen número de conflictos jurídicos.

Lucha contra la inmigración

Si hace tres años las únicas referencias a la inmigración en aquella coalición que duró once meses era la exigencia de residencia legal para acceder a subvenciones y la supresión de ayudas a organizaciones que colaboraran con mafias, en el nuevo pacto hay un término ya convertido en marca de la casa extremista –la 'prioridad nacional'– y un sinfín de alusiones destinadas a hacer la vida imposible al extranjero en la comunidad.

Hasta el punto de que, a diferencia de Extremadura, en el pacto aragonés se incluye la publicación de estadísticas de delincuencia vinculada a inmigración masiva e ilegal, algo que depende del Ministerio del Interior –con lo que difícilmente será una realidad– pero que ilustra bien el espíritu de criminalización del inmigrante que late en el documento suscrito por PP y Vox.

Entre medias, el acoso a los menores extranjeros no acompañados, el endurecimiento de los procedimientos contra estos chicos, una auditoría en la Cámara de Cuentas para analizar “los gastos vinculados a la inmigración masiva”, la lucha contra los empadronamientos “ficticios”, la prohibición del nicab en espacios públicos o más dotación presupuestaria para policías locales –esta, una competencia municipal–.

Aunque el Gobierno de Azcón ha sido beligerante contra las decisiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de inmigración, en especial con el recurso a los tribunales –una judicialización de la política que ahora la toma de decisiones y las cede a los magistrados–, al final terminaba acatando los dictados de Madrid. En este nuevo contexto, las cosas pueden cambiar.

Un último apunte en este apartado, de menor relevancia pero muy significativo. Cuando el pasado mes noviembre Vox reclamó al Ejecutivo de Azcón que eliminara las clases de cultura marroquí en los centros educativos para los alumnos de esta nacionalidad –algo que la extrema derecha ya había logrado en la Comunidad de Murcia–, la consejera de Educación fue taxativa: “La integración la hacemos nosotros en el colegio”, respondió. Ahora, el pacto recién suscrito incluye la supresión “de forma inmediata” del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM).

Energías renovables

Otro aspecto novedoso del acuerdo suscrito esta semana tiene que ver con las energías renovables. En 2023, lis únicos actores políticos que ponía en solfa la lucha contra la proliferación de renovables eran Teruel Existe e Izquierda Unida; Vox se sumó más tarde y por ello la única referencia entonces a la cuestión era la planificación en el territorio.

Ahora, y pese a que el PP había mantenido una posición de perfil en este aspecto porque sabe que el desarrollo de parques eólicos y fotovoltaicos es clave para las inversiones anunciadas en Aragón –algunas tan importantes como la fábrica de baterías o los centros de datos–, el nuevo pacto es tajante al respecto: el Gobierno de Aragón asume “el compromiso de emplear todos los medios legales y administrativos necesarios”, ni más ni menos, para evitar que se instalen renovables “en suelos productivos, en terrenos de uso tradicional” y cuando afecto al patrimonio natural. Una inconcreción terminológica que al final puede suponer el veto de facto a todos los molinos de viento y a los paneles solares, en línea con la imposición ideológica ultra de que el cambio climático es un camelo.

Aquí hay además un factor extra. Cuando hace tres años Vox asumió el Departamento de Agricultura, su inexperiencia –y una menor capacidad de decisión ya que tenía la mitad de los diputados– le llevó a aceptar que el Instituto de Gestión Ambiental, el Inaga, se traspasara a la Consejería de Medio Ambiente, que quedó en manos del popular Manuel Blasco. Pero ahora no sucederá lo mismo, tal y como dejó caer el propio Azcón el miércoles, cuando hizo el anuncio del acuerdo: la extrema derecha tendrá capacidad para tramitar las declaraciones de impacto ambiental. Y eso que la importancia de este órgano ha quedado constatada con las investigaciones judiciales en curso.

Limpieza del río Ebro

Un punto esgrimido una y otra vez por Jorge Azcón para desacreditar a Vox durante la negociación presupuestaria fue que varias de sus reclamaciones eran ilegales. Y entre ellas citó con regularidad la limpieza del Ebro, competencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro –un órgano de titularidad estatal– y ante la que una iniciativa unilateral supondría incurrir en un delito ecológico. Pero Azcón también ha tenido que cruzar esta línea roja: “Se impulsará un plan plurianual de limpieza de riberas y de actuación en el cauce del río Ebro”, recoge el nuevo acuerdo. Algo que en todo caso el Ejecutivo autonómico deberá acordar con la CHE.

El presidente aragonés en funciones, Jorge Azcón, ha sorteado todas las cuestiones polémicas del acuerdo de gobierno suscrito con Vox el miércoles y, en su discurso por el Día de Aragón, se ha limitado a sacar pecho por los logros de su Ejecutivo, con menciones a las inversiones privadas o a los servicios públicos, muy en cuestión en la actualidad. Por su parte, la oposición ha cargado contra sus mensajes y también contra el pacto con la extrema derecha. El “sometimiento” del PP a Vox, ha lamentado la portavoz socialista, Pilar Alegría, va a ser “absoluto”.

Sin una sola mención a la inmigración, con un tono en su mayor parte institucional y con palabras de cariño hacia los premiados en este 23 de abril, en especial a las familias de Jorge García Dihinx y Natalia Román, el presidente Azcón ha abandonado este tono solemne en dos momentos: para incidir en la apuesta por la educación pública que según ha dicho está haciendo su gobierno -inmerso en el controvertido bachillerato concertado- y en los ataques al Gobierno de Pedro Sánchez, diana habitual de sus parlamentos.

“La educación pública es una herramienta vertebradora que permite a nuestra sociedad brindar las mismas oportunidades a todos los niños, independientemente de sus circunstancias familiares”, ha optado por expresar, antes de insistir y calificar de “incontestable” el “compromiso del Gobierno de Aragón con la educación pública. También ha aludido a la sanidad, mencionando que ”Aragón cuenta cada año con más personal sanitario tanto en las ciudades como en el medio rural“ y las ”plazas de difícil cobertura“ que ha puesto en marcha.

Tampoco se ha olvidado de una constante en sus discursos: los 90.000 millones de euros de inversión privada que hay comprometida en la actualidad en Aragón. “Hay más gente que viene a vivir a nuestra Comunidad que la que sale a trabajar fuera. Y eso es el reflejo de un presente brillante”, ha incidido Azcón.

Respecto a sus ataques al Ejecutivo central, ha exigido un trato con “la misma lealtad y respeto” que a otras comunidades autónomas. Ha hecho referencia al supuesto “clamor de los aragoneses” por “una financiación que respete” las particularidades autonómicas. “Lo repetiré hasta la saciedad. No queremos ser más que nadie, pero no vamos a tolerar un trato de segunda”, ha dicho, al tiempo que ha pedido “celeridad en la ejecución de las autovías pendientes, o que las obras de regulación hidráulica dejen de sumar retrasos y contratiempos”.

Para la oposición, sin embargo, la posición de Azcón simboliza el “sometimiento absoluto” con Vox que va a suponer el gobierno pactado el miércoles.

La secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, ha insistido en su valoración de que Azcón convocó elecciones para buscar “más estabilidad y autonomía”, y que sin embargo “ambas cosas las ha perdido por el camino”, y ha querido recordar las “caras” del dirigente popular al dar a conocer el acuerdo de gobernabilidad. “Eran un poema, aunque el poema lo vamos a sufrir los aragoneses en esta legislatura que se abre”, ha lamentado. Ha vaticinado que la coalición entre el PP y Vox durará menos que los once meses de la legislatura pasada: “Antes de nacer, ese Gobierno ya está amortizado”, ha dicho ante un acuerdo que “va a traer inestabilidad, recortes y retrasos”.

El texto del pacto, ha incidido también Alegría, supone “un reconocimiento total de la pérdida de autonomía” al haberse hecho “desde la sede de Vox y del PP”.

Desde Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte ha mencionado el “triste récord” de ser “la comunidad autónoma donde mayor peso específico adquiere la ultraderecha en el Gobierno”. “Nos preocupa sobre todo qué va a pasar con las competencias en bienestar social”, ha especificado Guitarte. “Lo que echamos de menos es una apuesta por un modelo de comunidad autónoma que de verdad integre a todas las personas y a todos los territorios”, ha expuesto.

Y la diputada de Izquierda Unida, Marta Abengochea, ha criticado la puesta en funcionamiento de un gobierno que “nace sometido a los dictados de Madrid” y que “nace arrodillado a los violentos, a los negacionistas de la violencia machista y de la ciencia y a aquellos que rezuman racismo y un profundo clasismo”. “Esa prioridad nacional va a ser quitar derechos al no nacional pobre pero seguir poniendo alfombra roja a los fondos buitre, por ejemplo”, ha zanjado.

El discurso de la presidenta de las Cortes

Por su parte, la presidenta de las Cortes de Aragón, la popular María Navarro, ha hecho un discurso muy institucional y alejado de los excesos de su predecesora, Marta Fernández (Vox). Aunque también ha dado espacio a propuestas ideológicas de la inminente coalición de gobierno.

“No habrá progreso si dejamos atrás a parte de nuestro territorio o de nuestra sociedad”, ha expuesto Navarro, para quien celebrar el 23 de abril es “reafirmar una historia compartida, una identidad común y un compromiso firme con los valores”.

En este punto, la presidenta de las Cortes ha recordado que “Aragón fue tierra de fueros y de pactos, donde el poder no se entendía sin acuerdo”, y en este contexto ha reafirmado la “idea de comunidad” basada “en el respeto, en la responsabilidad y en la defensa del bien común”.

Desde su puesto como segunda autoridad autonómica, al frente de “la casa del diálogo” y “del acuerdo”, “donde el interés general debe prevalecer siempre”, ha llamado a “ejercer la política desde la ejemplaridad”. “Porque frente al ruido, Aragón ha sido siempre diálogo. Frente al enfrentamiento, Aragón ha sido acuerdo. Aragón ha sido equilibrio. Y esa es la mejor aportación que podemos hacer a la democracia”, ha abundado Navarro.

En unos tiempos “exigentes”, “de aceleración, de tensiones”, ha continuado la presidenta de la Cámara autonómica, la “respuesta debe ser firme”: “Defender la democracia constitucional, defender sus valores, defender la libertad, la justicia, la igualdad entre españoles y el pluralismo político”.

Tras varias alusiones a la idea de que “amar Aragón es también amar España”, Navarro ha querido lanzar varios agradecimientos. Entre ellos, a las “entidades sociales”, a los trabajadores y empresarios, a los “servidores públicos” y también “al que viene de fuera a integrarse y con su trabajo contribuir a un Aragón mejor”.

El peaje que va a pagar el presidente aragonés, Jorge Azcón, por adelantar elecciones va mucho más allá de la inestabilidad de los últimos cuatro meses, o de la que se pueda encontrar en el futuro. Tal y como constata el acuerdo de Gobierno con Vox, el PP ha transigido con la implantación de la agenda ultra que pregona la formación de extrema derecha y se verá obligado a aceptar una posición muy dura en contra de la inmigración, con el 'no' expreso a la llegada de menores migrantes o la tesis nacionalista del “español primero”. Y también cuestiones propias de la realidad aragonesa como la limpieza del río Ebro. Está por ver, en todo caso, cómo se resuelve la más que probable colisión de estas iniciativas con la legislación estatal.

El documento definitivo, que se dio a conocer a última hora de este martes, va en la línea del suscrito para Extremadura, aunque con las particularidades aragonesas. Y es mucho más duro que el firmado en el verano de 2023, en la primera legislatura de Azcón.

El principal leit motiv del pacto entre los populares y Vox, como ya sucedió en Extremadura –algunas frases se repiten aquí de forma literal– se resume en un concepto que permea en gran parte del documento: la persecución al inmigrante. Así se refleja en la gestión de las ayudas, en la labor de las ONG, en el acceso a la vivienda o en la normativa de extranjería.

Esta es quizás la gran diferencia con el acuerdo entre Azcón y Nolasco en 2023, la mayor contraprestación que ha tenido que aceptar el PP: entonces, las referencias a la inmigración apenas se limitaron a la exigencia de tener residencia legal para acceder a subvenciones y a suprimir ayudas a organizaciones que colaboren con mafias.

Padrón municipal

Ahora, sin embargo, las imposiciones de Vox son múltiples. Una de ellas es “combatir el uso fraudulento del empadronamiento y el acceso indebido a ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales”. Así, los firmantes proponen la reforma del padrón municipal “para combatir el fraude y la ocupación ilegal” y se “exigirá” al Gobierno central la modificación de la normativa correspondiente. Y se creará un “servicio de verificación” del padrón y la residencia efectiva.

En materia de vivienda y de ayudas públicas es donde aparece el término más polémico del acuerdo: la “prioridad nacional”, también de forma casi idéntica a lo que sucede en Extremadura.

En el primer caso, el sistema de acceso a los pisos protegidos exigirá un “arraigo mínimo de diez años para compra y cinco para alquiler, la ”valoración positiva de perfiles en crisis habitacional (jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad)“ y la ”exclusión de condenados por allanamiento o usurpación en los últimos cinco años“.

En el caso de las subvenciones y las prestaciones públicas, se antepondrá también la nacionalidad y un “periodo mínimo reforzado de arraigo”. Estarán excluidos “quienes estén en situación irregular”, cuyo acceso se limitará a “supuestos de urgencia vital”, sin especificar más.

Mientras, como lleva tiempo reclamando, aunque solo lo ha conseguido en la Región de Murcia, Vox impone al PP la supresión del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), que “dejará de impartirse de forma inmediata en los centros de Educación Primaria y Secundaria”, algo que también recoge el pacto extremeño.

Persecuión de los menores migrantes

Los menores migrantes no acompañados aparecen de manera expresa, como estaba previsto, en el acuerdo entre el PP y Vox, en el que se refleja la oposición a la “política de fronteras abiertas”. “No más 'menas'. Rechazo frontal a la política inmigratoria del Gobierno central”, expresa el pacto. También se recoge el “endurecimiento del régimen interno de los centros de menores”, evitar que estas instalaciones se ubiquen en puntos donde surjan problemas y que se lleven a cabo pruebas de edad a los menores, algo que en Aragón se hace desde la etapa del socialista Javier Lambán y para el que el acuerdo actual fija una partida de 100.000 euros. Asimismo, se incluye expresamente que haya acuerdos de repatriación de inmigrantes ilegales a sus países de origen y la prohibición del uso del burka y el nicab en espacios públicos, cuestiones que no escaparán a la polémica por posible extralimitación competencial.

PP y Vox proponen una auditoría anual “de todos los gastos vinculados a la inmigración masiva”. Si en Extremadura esta iniciativa se encarga a la propia Junta, en Aragón deberá corresponder a la Cámara de Cuentas.

También en esta línea, y con el objetivo de hacer frente –según su tesis– al “despilfarro”, acuerdan el “fin de las partidas presupuestarias a ONG que promuevan la inmigración” y también la reducción al “mínimo legal” de las partidas de cooperación al desarrollo exterior.

Fiscalidad

En fiscalidad, como afirmaron días atrás líderes de Vox, también la “música” en Aragón es similar a la de Extremadura, aunque con alguna diferencia. Los populares y la extrema derecha proponen una bajada generalizada de impuestos, pero en la comunidad aragonesa se detallan más los tramos, por ejemplo cuatro para el IRPF, y hay mayores deducciones por natalidad (hasta 2.500 euros con tres hijos).

En cuanto a las particularidades aragonesas, el acuerdo recoge un plan plurianual de limpieza y defensa del Ebro frente a inundaciones y para proteger las explotaciones situadas en zonas ribereñas. No se hace referencia al papel de la Confederación Hidrográfica, que es la encargada legalmente de gestionar en su mayor parte estas iniciativas.

Respecto a las energías renovables, las dos partes declaran una defensa del suelo productivo de Aragón y –también como en el acuerdo de Extremadura asumen el “compromiso de emplear todos los medios legales y administrativos necesarios para favorecer la no instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos” en suelos productivos o que causen afecciones al patrimonio natural.

Y en cuanto al sector primario, PP y Vox antepondrán el campo español frente a las “imposiciones de Bruselas” con la creación de “un fondo de compensación destinado a mitigar el impacto” de la normativa y los acuerdos europeos en agricultores y ganaderos.

Plantas de biogás

También en medio ambiente, el acuerdo suscrito este miércoles recoge la protección de ganaderos frente a grandes depredadores (lobo y oso), el control de instalaciones de biogás, la normativa de protección de olivos monumentales, la declaración del embalse de Biscarrués como interés público o las obras del Pacto del Agua (Yesa, Mularroya, Almudévar). No hay alusión al trasvase del Ebro o un concepto similar.

La extrema derecha tampoco se olvida de una idea que ha propuesto en anteriores ocasiones y ha impuesto la reducción a la mitad de las partidas a sindicatos y organizaciones empresariales, y también a “las entidades privadas que no acrediten utilidad pública efectiva”.

En cuanto a las diferencias con el acuerdo de 2023 en Aragón, desaparece lógicamente la derogación de la Ley de Memoria Democrática, casi la única medida legislativa de la pasada coalición PP-Vox. Ahora se pone además menos énfasis en las políticas lingüísticas, uno de los 'logros' de la extrema derecha en la legislatura pasada, aunque sí se incluye ahora de manera expresa la intención de “librar Aragón de la imposición del catalán” y el objetivo de suprimir el Instituto Aragonés del Catalán.

Mientras, y sin precisar cuáles, el actual acuerdo –algo que no aparecía en el de 2023– se propone derogar o reformar “aquellas disposiciones normativas que supongan un menoscabo de la libertad o respondan a planteamientos de carácter ideológico”.

Fumata blanca al acuerdo por el que la extrema derecha volverá a gobernar en Aragón. El PP y Vox han anunciado esta tarde un pacto por el que Jorge Azcón será el primer presidente popular que revalida el cargo en la comunidad, lo que evitará la repetición electoral. A cambio de garantizar su apoyo, la formación ultra entrará en el Ejecutivos con una vicepresidencia, tres consejerías, más una vicepresidencia en las Cortes, e impodrá su agenda extremista con la 'prioridad nacional' que ya consiguió en Extremadura.

Ambos dirigentes han atendido a los medios este viernes y han comunicado que el futuro Gobierno de Aragón contará con nueve consejerías —las mismas que en la pasada legislatura—. Tres de ellas estarán en manos de Vox: Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medioambiente y Turismo; y Ganadería, Agricultura y Alimentación. La formación contará con una Vicepresidencia del Gobierno y otra en las Cortes de Aragón, además del senador autonómico, que también pasará a ser de Vox.

Azcón y Nolasco han trasladado a los medios pinceladas el acuerdo, que consta de 13 puntos. En él, el polémico concepto de la 'prioridad nacional' también aparece reflejado. El todavía presidente en funciones ha defendido hoy el controvertido principio de “prioridad nacional” impuesto por Vox como condición para firmar el pacto de gobierno suscrito este miércoles entre ambos partidos. Mientras la extrema derecha resume ese principio en el lema “españoles, primero” a la hora de acceder a servicios sociales, ayudas y otras prestaciones, lo cual infringe la legalidad vigente, Azcón ha querido distanciarse de dicha lectura: “Yo quiero dejar claro que mi prioridad absoluta son los aragoneses”, ha señalado a las puertas de las Cortes junto al líder regional de Vox, Alejandro Nolasco. Sin embargo, el dirigente popular ha asegurado acto seguido que “la prioridad nacional va a ser compatible con el principio de legalidad”.

Azcón también ha intentado justificar esa “prioridad nacional” en el hecho de que Sánchez hable según “de España y Catalunya” como si fueran “dos Estados”. “En este contexto se entenderá más lo de prioridad nacional”, ha dicho el jefe del Ejecutivo en funciones. “Ningún acuerdo que se lleve al Consejo de Gobierno irá sin un informe de los servicios jurídicos de la casa”, ha dicho Azcón.

También ha comunicado su intención de sacar adelante “cuatro presupuestos” y que esta candidatura concluya en 2030. Nolasco, preguntado por la salida del gobierno si aparecen desavenencias —como ya sucedió en 2024—, ha dicho que va a “tener fe”: “Vamos a intentar llevar a buen puerto todas estas cuestiones”.

Fin al mayor periodo de interinidad

Ya lo avanzó el dirigente popular el martes, durante el acto por el Día de Aragón en Teruel: estábamos “ante las últimas horas del Gobierno en funciones”. Este mismo miércoles, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha corroborado la inminencia. Y así ha sido. Tras semanas de idas y venidas, con una opacidad máxima en cuanto a las negociaciones en marcha, a las reuniones y en gran parte sobre su contenido, el PP y Vox han anunciado esta tarde el acuerdo. La semana que viene se celebrará el pleno de investidura para la elección de Azcón, que previsiblemente apoyarán los 40 diputados de ambos partidos en unas Cortes con 67 escaños. Según ha explicado Azcón, espera que se pueda convocar la mesa de las Cortes este viernes —puesto que mañana es festivo en la comunidad— y así se pueda celebrar el pleno a principios de la próxima semana.

Se cierra así el mayor periodo de interinidad por el que ha atravesado la Administración autonómica en los últimos 45 años: desde las elecciones del 8 de febrero hasta la sesión de investidura la semana que viene habrán transcurrido más de 80 días. Y a eso hay que sumar que la actividad política ya estaba muy condicionada desde la convocatoria electoral a mediados de diciembre. En total, cuatro meses y pico de inestabilidad en la comunidad autónoma, a la que sigue ahora el periodo de formar gobierno, siempre en caso de que la votación prospere.

La concatenación de citas con las urnas ha supuesto en estas semanas un freno a las negociaciones en Aragón, ya que tanto populares como ultras temían que un acuerdo pudiese penalizarles electoralmente. A eso se ha sumado la intensa desconfianza que había en Vox en la comunidad tras lo que en la formación de extrema derecha considera traiciones pasadas de Jorge Azcón a sus antiguos socios en el Gobierno de Aragón desde el verano de 2023 hasta un año más tarde, cuando se produjo la ruptura.

Los contactos han sido intensos y al máximo nivel entre las cúpulas del PP y Vox, con mayor preponderancia de representantes autonómicos en el primer caso y de nacionales en el segundo. Así se pudo visualizar en la única reunión hecha pública, el pasado 8 de abril en Zaragoza. Un encuentro con el que Azcón aspiraba a sacudirse la impresión de parálisis tanto en el Ejecutivo en funciones como en el proceso negociador.

Según ha podido confirmar este periódico, el programa de gobierno pactado por las dos formaciones incluye el controvertido principio de 'prioridad nacional' que Vox aspira a implantar en todos los gobiernos autonómicos donde el PP necesite sus votos. De esta forma, en cuestiones como el acceso a la vivienda social, en las ayudas o subvenciones o en las prestaciones, los inmigrantes se verían relegados a un segundo plano frente a la población autóctona. Algo que genera serias dudas jurídicas, pero que tanto los populares como la extrema derecha creen legal.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dado un duro varapalo a los cinco exconselleres de Cultura catalanes que presentaron una querella contra la jueza de Sijena, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento donde se ubica el Monasterio. No solo inadmite su demanda ante la “absoluta falta de fundamento sobre la posible existencia de los delitos que se imputan a los querellados”, sino que abre a los exresponsables políticos una pieza por posible “abuso de derecho o mala fe procesal”.

Así lo ha determinado el TSJA en un acuerdo de la Sala de lo Civil y Penal suscrito el pasado viernes pero hecho público este martes. Laura Borras Castañer, Lluis Puig Gordi, Joan Manuel Tresserras Gaju, Angeles Ponsa Roca y Ferran Mascarell Canalda presentaron el pasado 24 de marzo una querella por un presunto delito de prevaricación contra la magistrada, Rocío Vargas, y contra representantes –que los demandantes no concretaron– del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena.

Los cinco representantes políticos consideraban que los demandados eran también sujetos activos del delito, como inductores, por solicitar ejecución forzosa de la sentencia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca, de 4 de julio de 2016, que condenó al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a la restitución de las pinturas a la Sala Capitular del Monasterio de Villanueva de Sijena. Dicha sentencia fue ratificada en mayo de 2025 por la Sala Primera del Tribunal Supremo, que respaldó la devolución de las pinturas murales.

Los exconselleres argumentaban que, al instar a ejecutar la sentencia, los demandados ponían “en peligro de ser destruidos bienes especialmente protegidos e integrantes del Patrimonio Histórico Artístico Mundial”. Ello pese a que, como recuerda el TSJA en el escrito, el fallo concluyó que “el traslado de las pinturas y su integración en la Sala Capitular” era “posible siempre que se adopten las medidas y precauciones necesarias”. Y a que, en su recurso de casación ante el Supremo, la parte recurrente –las instituciones catalanas– “no formuló motivo alguno referido” al hecho de que sí era posible el mencionado traslado.

Según los exconselleres, “la ejecución forzosa pretendida y ejecutada por el dictado de los autos referidos conlleva la consumación del delito” contra el patrimonio, relatan los cinco jueces del TSJA, bajo la presidencia de Juan José Carbonero. Pero valoran a continuación: “En contra de lo que exponen los querellantes, no cabe observar, ni en los hechos que narran, ni de oficio, la existencia de indicio alguno de delito. Por el contrario, lo que queda evidenciado es el recto cumplimiento por parte de la Magistrada querellada de las obligaciones propias de su función jurisdiccional”.

Por todo ello, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Aragón inadmite la querella de los ex altos cargos de la Generalitat. Pero no se queda ahí. Los cinco jueces consideran que “puede existir un abuso o mala fe procesal en el empleo del instrumento procedimental de la querella” debido a “absoluta falta de fundamento sobre la posible existencia” de delitos, por lo que acuerdan abrir una pieza separada para analizar “si ha existido abuso de derecho o mala fe procesal”, lo que supondría una sanción para los cinco exconselleres.

Tras la presentación de la querella, el Gobierno de Aragón tachó la iniciativa como un intento “de carácter político e intimidatorio” que busca frenar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo. El director general de Cultura, Pedro Olloqui, vinculó la demanda con una “nueva ofensiva del independentismo catalán”.