El Ayuntamiento de Calatayud se arriesga a perder una subvención de 311.000 euros proveniente de los fondos ARRU, destinada a rehabilitar inmuebles del casco antiguo, con la que se han levantado 16 viviendas que han sido destinadas a alquiler turístico, cuando la ayuda debía ir enfocada a “mejorar los tejidos residenciales”. El Ministerio va a analizar este “posible uso no residencial”, mientras que el Ayuntamiento argumenta que la convocatoria contemplaba el fomento del alquiler.

El edificio en cuestión, impulsado por la firma Bilbis SL, se levanta en el número 7 de la plaza de Joaquín Costa, sobre el solar donde antes había tres inmuebles declarados en ruina total. La declaración de primera ocupación certifica las mencionadas 16 viviendas más un local y ocho plazas de aparcamiento, ajustados al proyecto y a la licencia concedida. Ese mismo inmueble opera hoy como un bloque de apartamentos turísticos.

El dinero proviene de una convocatoria que en 2021 proyectó la renovación de 30 viviendas con un coste total estimado de dos millones de euros, repartidos entre el Ministerio de Vivienda, el Gobierno de Aragón y el propio Ayuntamiento de Calatayud. Se presentaron 27 solicitudes y ninguna quedó fuera, según han señalado fuentes municipales a este periódico.

Respecto de la promoción ahora en el centro de la polémica, el anteproyecto apuntaba como objeto declarado la “renovación de los edificios de vivienda” en los números 5, 6 y 7 de la plaza de Costa, y detallaba un edificio de uso residencial colectivo. Las viviendas tienen una y dos habitaciones –ocho en cada caso–. El presupuesto total, incluido el derribo previo de los edificios en ruina, ascendió a 1.119.156,93 euros.

Tanto la construcción como la promoción de los Apartamentos Plaza Costa 7 han correspondido a la mercantil Bilbis SL.

El Ayuntamiento de Calatayud asegura que la tramitación administrativa del expediente se ajustó a lo solicitado. Fuentes municipales defienden que las bases de la convocatoria contemplaban expresamente “el fomento del alquiler de viviendas” como parte del programa, sin que en ningún punto se prohibiera que ese alquiler fuera de carácter turístico. Para el Consistorio, el objetivo de la ayuda se cumplió en el momento en que se construyeron los pisos. La inscripción posterior como vivienda de uso turístico –sostiene– “no altera la naturaleza residencial ni la clasificación urbanística del inmueble”, y es además reversible: bastaría una baja registral para que el edificio recuperase su consideración de vivienda convencional. El registro y la inspección de las viviendas de uso turístico, recuerda el Consistorio, corresponden en exclusiva al Gobierno de Aragón, sin que el Ayuntamiento intervenga en ese trámite.

La Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón, que tramitó la resolución de concesión de la parte autonómica y estatal de la ayuda, mantiene una posición alineada con la del Ayuntamiento. La subvención, explican fuentes del Ejecutivo autonómico, se otorgó conforme a los pliegos de la convocatoria de 2021 y a la finalidad de esa convocatoria, que era rehabilitar o construir edificios y viviendas de tipología residencial colectiva, “sin que el decreto como tal especifique los usos” posteriores. “La ayuda se concede para rehabilitar edificios residenciales, no para un uso concreto de las viviendas incluidas en él”, resume la Consejería de Vivienda.

El Ministerio de Vivienda lo investigará

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ofrece sin embargo una lectura distinta del mismo programa. El Departamento que dirige Isabel Rodríguez explica que el programa ARRU permite destinar hasta un 30% de la edificabilidad a usos distintos del residencial –un margen pensado, precisa, para poder rehabilitar también locales comerciales–, pero que el 70% restante debe mantenerse como uso residencial. Consultado por este periódico, el Ministerio explica que “va a reclamar al Gobierno de Aragón toda la información sobre los usos a los que se han destinado las viviendas rehabilitadas con fondos ARRU en la comunidad”, antes de decidir si exige la devolución de los fondos estatales. El propio Departamento adelanta, además, que el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, actualmente en tramitación, “no deja margen a la construcción o rehabilitación de viviendas o edificios destinadas al uso turístico”.

Las bases de la convocatoria, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza el 18 de enero de 2021, contienen, sin embargo, una formulación que no es tan neutral como apuntan los organismos local y autonómico. Así, indican que la regulación de las ayudas se hace “con el objeto de potenciar el uso residencial, asegurando la diversidad social y el realojamiento de la población residente, ajustándose a la normativa del planeamiento urbanístico vigente”. Esta formulación constituye el objeto declarado por el propio Ayuntamiento de Calatayud, firmado por el alcalde, el popular José Manuel Aranda, el 28 de diciembre de 2020, en la misma convocatoria que después tramitó y resolvió la ayuda para Plaza Costa 7. Sin embargo, las viviendas no han terminado por potenciar el uso residencial sino por servir como alojamiento turístico.

Lo que las bases no contienen es una obligación de mantenimiento de ese uso residencial durante un plazo determinado tras la primera ocupación, ni una cláusula que prohibiera expresamente la inscripción posterior como vivienda turística. A diferencia de otros programas de vivienda –como las ayudas al alquiler social, que fijan permanencias de entre 25 y 40 años–, el ARRU de Calatayud no impuso al beneficiario un compromiso de destino verificable en el tiempo. En esa laguna se amparan tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Aragón: el promotor no habría incumplido ninguna condición expresa, sino una finalidad general que el resultado final contradice.

El verano ha empezado con temperaturas elevadas en toda la Península y Zaragoza no se ha librado, la capital ha llegado este lunes a los 44 grados de máxima y se esperan varias jornadas de intenso calor. En estas circunstancias, el vaso principal de la piscina municipal de Torrero está cerrado temporalmente y sin un horizonte claro de apertura, lo que ha generado protestas por parte de los vecinos, que se han concetrado esta tarde a las puertas del centro. Denuncian la “falta de planificación” del Consistorio y la falta de opciones en el barrio. El Ayuntamiento asegura que se está trabajando en recuperar la actividad pero no es posible fijar una fecha para la reapertura.

Se trata de la única piscina del Centro Deportivo Torrero que pueden usar las personas mayores de seis años, por lo que, en la práctica, este distrito de más de 40.000 habitantes se queda sin acceso a piscina pública en “plena ola de calor extremo, sin que los responsables municipales hayan sido capaces de adelantar cuánto durará el cierre”, tal y como han criticado desde la Asociación Vecinal de Torrero-Venecia. Esta entidad, junto con la Asociación Cultural El Cantero han convocado al vecindario a una concentración para este lunes, 22 de junio, a las 19:00, en la entrada al CDM Torrero, situado en la calle Oviedo, para protestar por la gestión municipal que ha llevado al cierre temporal de la piscina principal de este centro deportivo justo al inicio de la temporada de verano debido a una fuga en el vaso.

Durante la concentración, el portavoz de la Asociación Vecinal Torrero-Venecia, Alberto Lorente, denunció que “nos hemos quedado sin piscina en el distrito de Torrero, más de 40.000 personas en plena ola de calor”. Además, recordó que para muchos vecinos estas instalaciones no son un servicio accesorio: “La piscina para muchas personas no es un capricho. Son sus únicas vacaciones”. Han acudido también Chuaquín Bernal de CHA, Suso Domínguez de ZeC y Miguel Serrano del PSOE.

Numerosas actividades, como cursillos y colonias urbanas, se están viendo afectadas, con el “agravante” de que también están cerradas o lo van a estar en los próximos días las dos instalaciones más próximas al barrio, como son la piscina cubierta del CDM José Garcés y la piscina del Parque de Atracciones, que “parece que este año no abrirá debido a otra nefasta gestión por parte de Ayuntamiento de Zaragoza”.

Desde las entidades vecinales dicen “no comprender” que los responsables municipales “no hayan sido capaces de tomar las medidas pertinentes en los diez meses en que la piscina está sin uso”. En la misma línea, Lorente aseguró que las humedades y filtraciones eran conocidas desde hace tiempo. “Tenemos vecinos y vecinas que han visto humedades en los últimos meses y personas que pasean por la zona que han detectado barro junto a la tapia”, señaló. Aunque reconoció que no son técnicos, defendió que “una ciudad como Zaragoza tiene que encontrar una manera de solucionar sus problemas en las piscinas en invierno y no en verano, cuando estamos a 40 grados y cuando la gente más lo necesita”.

Las asociaciones convocantes han reclamado que se dispongan todos los medios para que la piscina pueda reabrir en breve plazo, que se mantenga informada a la Junta de Distrito de plazos y medidas a tomar, y que desde el gobierno de la ciudad se “asuman responsabilidades por la nefasta gestión”. También proponen que se “reduzca el daño” a la ciudadanía manteniendo abierta al menos la piscina cubierta del CDM José Garcés mientras se prolongue el cierre, y se han sumado a la petición para que “se compense proporcionalmente” a los habitantes del barrio que ya habían adquirido abonos de temporada.

Sin fecha de reapertura

La principal reclamación vecinal pasa por que el Ayuntamiento encuentre una solución urgente al problema. “La razón de esta concentración es reclamar al Ayuntamiento de Zaragoza que dé una solución ante la indignación vecinal que se está generando porque nos han cerrado la piscina”, afirmó Lorente, quien calificó la situación de “mala gestión” municipal.

El motivo aducido por el gobierno municipal para cerrar el vaso principal son una serie de filtraciones, que son estructurales en esta instalación, pero en las últimas semanas se habían hecho más evidentes, hasta el punto de provocar la aparición de un “riachuelo permanente” en el pinar contiguo. La decisión se produjo el pasado 15 de junio tras la revisión por parte de un equipo técnico, nueve días después de la apertura de las piscinas municipales en la ciudad.

Según han informado fuentes municipales este mismo lunes, se está actuando para devolver el servicio a la normalidad, pero el cierre temporal es “una medida obligatoria e inevitable cuando se encuentra una avería sobrevenida y que compromete la seguridad del espacio”. Explican que el origen del fallo está en una avería interna en una junta de dilatación, oculta e indetectable durante los test de precampaña. El agua filtrada presiona un muro de contención con escasez de armado y aseguran que “mantener la piscina abierta sería irresponsable”.  

Desde el mismo momento de la detección del fallo, el Consistorio mantiene activadas a las contratas de mantenimiento. Por un lado, se ha ordenado el acodalamiento metálico de urgencia para asegurar el muro de contención. Por otro, operarios ya están ejecutando el picado de la junta transversal, su saneamiento profundo, la inyección de morteros hidrófugos y resinas de alta elasticidad, y la posterior colocación de la cerámica.

Una versión que no convence a las asociaciones vecinales. “Nosotros sabemos que las humedades y las filtraciones son conocidas estructuralmente en esta instalación”, insistió Lorente. El representante vecinal considera que el problema debía haberse abordado durante los meses de invierno para evitar el cierre de la instalación en plena temporada estival.

En cuanto a los plazos de apertura, esperan poder reabrir a mitad de julio: “Estos días son necesarios e ineludibles y responden estrictamente a los tiempos de obra y posterior fraguado químico de las resinas antes de volver a meter presión de agua”. Aseguran que la avería “no era detectable y difícil de prever durante las labores de mantenimiento de primavera” y que el comportamiento de la junta de dilatación transversal del vaso “solo empezó a fallar de forma progresiva e interna una vez que la piscina recibió las miles de toneladas de agua correspondientes a su llenado total”.

Sobre esa previsión, Lorente lamentó que las entidades vecinales no hayan recibido explicaciones directas por parte del Consistorio. “Cada día que pasa la temporada de verano no es larga y el uso más intensivo de las piscinas se produce precisamente a finales de junio y durante julio”, señaló. A su juicio, si la reapertura se produce a mediados de julio, “estamos hablando de una buena parte de la temporada perdida” y pidió que se asuman responsabilidades para que una situación similar “no vuelva a suceder”.

El Ayuntamiento también ha expresado que lamenta las molestias que esta circunstancia va a ocasionar a los usuarios, pero recuerda que la seguridad debe prevalecer ante cualquier otra consideración.

El CDM Torrero permanece abierto y con acceso gratuito para los usuarios mientras permanezca cerrado el vaso principal. Durante este periodo pueden seguir utilizándose el vaso de chapoteo, las duchas y las zonas de césped. Asimismo, continúan funcionando con normalidad el pabellón deportivo y las pistas exteriores.

La aplicación del convenio Viogén en Zaragoza comienza a generar capítulos como para convertirse en una serie de Netflix. El Gobierno del PP en Zaragoza informó el jueves a última hora y ha insistido este viernes en un supuesto acuerdo con el sindicato mayoritario, CSL, para la denominada unidad Égida, especializada en la protección y seguimiento de víctimas de violencia de género. Sin embargo, las centrales han reaccionado posteriormente de manera unánime con un comunicado en el que no solo lo desmienten, sino que creen que “resulta incomprensible” haber hecho el mencionado anuncio.

La negociación entre las dos partes vive así un nuevo desencuentro, que se suma al vivido días atrás, cuando los sindicatos denunciaron que el Ayuntamiento había ofrecido el equivalente a 1,79 euros diarios a los policías locales que se incorporaran al sistema a cambio de estar disponibles 328 días al año, las 24 horas.

“El Ayuntamiento de Zaragoza ha aceptado la propuesta técnica realizada por CSL, sindicato mayoritario de la Policía Local, para determinar el complemento específico que percibirán los agentes destinados en la unidad Égida, especializada en la protección y seguimiento de víctimas de violencia de género”, informó el jueves el equipo de gobierno del PP. 

Esta decisión se habría adoptado por la mañana, durante la tercera reunión mantenida entre el Departamento de Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza y las organizaciones sindicales, que se ha prolongado durante cerca de tres horas. En el encuentro, según la tesis del Gobierno municipal, el Consistorio ha “vuelto a solicitar a las organizaciones sindicales una propuesta técnica” para determinar objetivamente la cuantía de este complemento específico.

Ante esta situación –siempre según la tesis del PP–, “el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido asumir la propuesta técnica planteada por CSL”. Esta propuesta habría estado basada en la doctrina recogida en una sentencia del Tribunal Supremo del año 2022 relativa a los complementos percibidos por los integrantes de la UFAM de la Policía Nacional, especializada también en la atención y protección de víctimas de violencia de género.

Así, frente a los 42 euros al mes planteados en un principio, y al utilizar como base los datos y la evolución de la actividad recogida por el Ministerio de Igualdad, se incrementó esta cantidad para los agentes de la unidad Égida hasta los 94,65 euros de complemento específico bruto mensual.

“La reunión concluyó sin acuerdo”

Sin embargo, el relato de los sindicatos, incluido CSL, es muy diferente. Todas las centrales con presencia en la negociación de Viogén –CCOO, CSIF, CSL, OSTA, Solidaridad con Forzapol, STAZ y UGT– han desmentido esta información. “La reunión celebrada ayer (por el jueves) concluyó sin acuerdo y sin que se sometiera ninguna propuesta a votación, por lo que resulta incomprensible que el Gobierno municipal traslade a la opinión pública una realidad que no se corresponde con lo sucedido en la mesa de negociación”, han señalado.

El propio secretario general del sindicato CSL, David Izquierdo, ha mostrado su sorpresa por la forma de actuar del equipo de gobierno municipal: “Han anunciado de manera unilateral que había acuerdo cuando no ha sido así”. Izquierdo ha apuntado que CSL propuso al Ayuntamiento una última reunión en la que votar la propuesta y que los representantes municipales se negaron.

La negociación sigue manteniendo cuestiones fundamentales sin resolver, han explicado los sindicatos en el comunicado. Entre ellas destaca el sistema de provisión de los puestos de trabajo, que el Ayuntamiento pretende cubrir mediante libre designación. “La representación sindical considera que una unidad especializada de estas características debe respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, garantizando un procedimiento objetivo y transparente que permita seleccionar a las y los profesionales más adecuados, y no mediante nombramientos discrecionales”, han apuntado las centrales.

Respecto a la cuantía económica “difundida en los medios de comunicación”, esta “nunca fue trasladada ni explicada a la representación sindical, ni durante la reunión ni con posterioridad”, han reflejado. Además, desmienten también que no hayan presentado propuestas al Ayuntamiento: “Fueron desoídas por la Administración”, han lamentado.

“Exigimos que la alcaldesa de Zaragoza asuma personalmente la dirección de este proceso y lidere una negociación que permanece bloqueada. Si no se produce un cambio de actitud por parte del Gobierno municipal, la representación sindical no descarta ninguna de acción”, han advertido.

El Gobierno del PP sigue adelante

Pese a esto, el Gobierno del PP da ya por sustanciada la negociación y sigue adelante. Este viernes, ha anunciado que, una vez “superado el proceso del servicio de relaciones laborales” –de manera unilateral, según los sindicatos–, el proceso ya se encuentra “en manos de la Jefatura de la Policía Local, que será la encargada de realizar la oferta interna y designar a los nueve agentes que integrarán esta nueva unidad especializada”.

Ante las discrepancias, el equipo de gobierno ha atacado a “algunas organizaciones sindicales” por tratar supuestamente de “bloquear la creación” de la unidad Égida. Pese a esto, ha asegurado que “el proyecto se encuentra ya en la fase de oferta de plazas y selección” de los agentes que asumirán la protección del 30% de las mujeres víctimas de violencia machista incluidas en el nivel de riesgo bajo del Sistema VioGén y las que, bajo protección de la Policía Local, pasen de nivel bajo a nivel medio.

“Tras un balance de gestión histórico, poco más se puede hacer”. “Me lo dicen cada vez que salgo a hacer un recado”. Con motivo de sus tres años como alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca se agasajó este miércoles con un acto rodeada de sus consejeros y consejeras –salvo Tatiana Gaudes, que en ese momento atendía a la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad y a la que la regidora contraprogramó– en el que, seamos sinceros, rozó ya los límites entre la autopromoción y el ridículo.

Chueca salpicó su intervención con un puñado de anuncios menores, dedicó la mayor parte del tiempo a sacar pecho por sus logros –los reales y los supuestos– y no se olvidó de meter en la ecuación a Pedro Sánchez, que es un recurso que siempre queda pintón: en el colmo del absurdo, se vanaglorió de los fondos europeos obtenidos, gracias a los cuales ha impulsado algunas de sus principales inversiones, y obvió que provienen del mismo Gobierno central del que abomina. 

Como era previsible, Chueca soslayó cualquier atisbo de crítica por su labor en estos tres años. Por eso, voy a hacerte un recuento de las informaciones publicadas en este periódico –hay más en otros diarios, claro– solo en los últimos días. No hace falta irse muy lejos. Vas a ver.

El informe de la Cámara de Cuentas sobre el sector público local aragonés en el ejercicio de 2023, sin ir más lejos: el propio órgano de control concluyó que los gastos municipales sin fiscalizar ese año –el primero de gestión de la alcaldesa– fueron cinco veces superiores a lo comunicado por el Ayuntamiento, hasta los 90 millones de euros.

O Giesa, ahora Distrito 7, la 'ciudad del cine' que se le ha metido entre ceja y ceja a la alcaldesa: cómo el Gobierno municipal mutó su lapidaria lentitud administrativa en un auténtico frenesí tramitador para la concesión directa en apenas cinco días hábiles a un grupo educativo privado, San Valero, de la formación en el complejo. Una concesión demanial para 30 años muy lucrativa para esta entidad y que además financiará el Gobierno de Jorge Azcón –es decir, que financiaremos todos– al concertar los cursos de FP.

O el convenio Viogén, que a Natalia Chueca le costó tiempo aceptar –hay que reconocer, eso sí, que ha sido ella la que ha dado el impulso definitivo, y no sus predecesores (incluido ZEC)– y que sigue sin estar operativo. Y así puede continuar durante tiempo, ya que las negociaciones con los sindicatos para ver cómo compensa a los agentes que entren en el convenio no han arrancado bien: las centrales denuncian que la 'oferta' actual es de 1,79 euros por jornada a cambio de estar disponibles 328 días al año.

O la desastrosa gestión respecto de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, vinculada a Etopia y que el Gobierno municipal se ha empeñado en reventar. Aun a costa, para más inri, de arriesgarse a tener que devolver más de 700.000 euros en fondos europeos concedidos. Y, no hay que olvidarlo, con cinco trabajadores que siguen sin cobrar desde febrero y que tampoco pueden abandonar el empleo debido al concurso voluntario aplicado por el Ayuntamiento para finiquitar la Fundación.

O el mayor pelotazo urbanístico que ha vivido la capital aragonesa en los últimos años, con una recalificación a la carta a un grupo inversor para levantar 220 viviendas de lujo junto a La Romareda: a ver cómo justifican llegado el momento el supuesto interés social de la medida. 

O el estado del Parque del Agua, olvidado cuando se cumplen 18 años de la Expo de Zaragoza. O la sucesión de incendios en el Parque Tecnológico del Reciclaje, que generan una gran indignación en el barrio de La Cartuja: aquí la responsabilidad no se puede atribuir solo al Ayuntamiento, aunque también es cierto que el Gobierno municipal se ha puesto siempre de perfil en vez de afrontar el problema.

Nolasco y los menores migrantes

Te hemos contado ya cómo la extrema derecha está monopolizando las primeras semanas de coalición PP-Vox con un discurso –espero que nadie se lleve las manos a la cabeza, porque hacen ni más ni menos que lo anunciado antes de las elecciones– de tintes xenófobos y que además pone el foco en los menores de edad que llegan del extranjero sin sus padres, casi nada.

Una circunstancia, esta última, que quizás debería hacer despertar de su letargo a la Fiscalía de Menores, ya que Vox señala y coloca en la diana a estos chicos, de los que revela en qué centro de acogida se ubican e incluso cuál es su localidad natal. Así lo hemos visto con la publicación en el portal oficial del Ejecutivo autonómico –destinado en teoría a dar a conocer la acción del Gobierno, esa es su concepción– de una nueva información con tintes de gacetilla de sucesos que destila fines ideológicos por los cuatro costados. 

La Asociación de Periodistas de Aragón denunció días atrás estos hechos, aunque la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo –las cosas de palacio van despacio– aún no ha resuelto. Está bien, pero resultaría reconfortante que los medios aragoneses se sumaran a las críticas por una deriva que no tiene fin: al no hacerlo, contribuyen a normalizar actitudes xenófobas reprobables.

Entre tanto, el presidente, Jorge Azcón, sigue desdibujado, con una presencia pública menor de lo que acostumbraba. No solo la digestión del acuerdo con la extrema derecha está siendo dura: también tropezones como el del Bachillerato concertado, tumbado por los tribunales –juez Javier Albar mediante– y que deberá retrasarse un año.

Que la situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza es comprometida ya no solo constituye una crítica de los partidos de la oposición: la propia Intervención municipal apunta en esa línea. Así lo refleja un informe del órgano de control sobre la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que constata un empeoramiento de casi todos los parámetros y que advierte de una tormenta el año que viene si no se ejerce un control sobre el gasto. Con un factor añadido que el documento no entra a valorar: en 2027 está previsto empezar a imputar el gasto del nuevo pliego del autobús urbano.

Esta noticia sale a la luz 24 horas después del triunfalista discurso de la alcaldesa, Natalia Chueca, con motivo de sus tres años en el cargo.

El informe, suscrito por el interventor general del Ayuntamiento, fechado el 28 de mayo y que ha protagonizado gran parte de la Comisión de Hacienda celebrada este jueves, es taxativo: el Consistorio se quedó a poco más de un millón de euros de incumplir la regla de gasto en 2025. Ante ello, pide contención ante un Presupuesto 2026 que ya nació superando el techo de gasto legal en casi 43 millones de euros.

El documento certifica que Zaragoza cumplió formalmente con todos los parámetros de estabilidad financiera el año pasado, pero documenta un deterioro generalizado: el ahorro neto municipal cayó de 106,4 a 77,7 millones de euros y la capacidad de financiación se desplomó de 62,3 a 30,4 millones, prácticamente a la mitad. El gasto computable del Ayuntamiento creció un 3,05% en 2025, frente al 1,84% del año anterior, cuando el límite fijado por el Estado era del 3,20%.

Intervención lo resume sin rodeos: “Aunque se haya cumplido con la regla de gasto, lo ha hecho por un estrecho margen ya que el máximo permitido era el 3,20% y se ha quedado a poco más de un millón de euros de quebrantarla”. El órgano fiscalizador no se limita a certificar 2025: extiende la alerta al resultado de este año, “considerando que el Presupuesto General de 2026 se aprobó superando el techo de gasto en casi 43 millones de euros”, y reclama “priorizar los gastos obligatorios y los ya comprometidos” y también reducir “sustancialmente los gastos voluntarios”. Con un objetivo, negro sobre blanco: “Evitar que se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento”.

El informe revela asimismo un problema de mecánica presupuestaria poco conocido. El superávit del ejercicio –30,4 millones– debe destinarse por ley a reducir el endeudamiento neto. Pero el remanente de tesorería del propio Ayuntamiento, de donde sale ese dinero, apenas alcanza los 28 millones, 2,4 millones menos de lo que exige la norma. Ante esto, Intervención señala que “deberán procurarse los mecanismos presupuestarios necesarios para que la diferencia se financie con el alcanzado por los organismos autónomos”, en alusión a los patronatos municipales.

Y eso que el documento, como es lógico, no entra a valorar una circunstancia que puede agravar la situación a partir del año que viene: en 2027 empezarán a computarse previsiblemente los gastos del nuevo pliego del autobús urbano, que ascienden en ese ejercicio a 100 millones de euros, el doble que en la actualidad.

Balance “muy positivo” para el PP

Pese a la delicada situación dibujada por la Intervención municipal, la consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Soláns, ha calificado de “muy positivo” el balance del mencionado informe. “Frente a lo que le ha pasado a otros municipios de igual población o mayor, este ayuntamiento no necesita hacer un plan de ajuste ni un plan económico financiero”, ha valorado la edil popular, que ha destacado la “reducción de la deuda municipal”, el “récord en ejecución presupuestaria” y “el abandono de la tutela financiera de la administración autonómica por primera vez desde los años noventa”.

Mucho más negativos se han mostrado los partidos de la oposición.

La portavoz socialista del área de Hacienda, Marta Aparicio, ha pedido explicaciones al Gobierno de Natalia Chueca por haber cumplido con la regla de gasto “por la mínima” y ha barruntado que puede haber “recortes” en servicios públicos. La alcaldesa de Zaragoza –ha continuado Aparicio– “tiene la obligación” de explicar a los ciudadanos “en qué va a recortar, qué servicio va a dejar de prestar, qué otra piscina va a cerrar por falta de mantenimiento, cuántos autobuses van a disminuir sus frecuencias y cuántas calles va a dejar de limpiar, para seguir pagando sus fiestas”.

La concejal socialista ha alertado, según ha manifestado, en numerosas ocasiones sobre la situación de las arcas municipales: “Este Ayuntamiento se dirigía inexorablemente al caos financiero y el Gobierno me ha llamado agorera e incluso irresponsable por hacer este tipo de declaraciones, pero la realidad se impone”, ha criticado.

“La tendencia es muy preocupante”

Desde Vox, Eva Torres ha apuntado en su intervención en la comisión de Hacienda que “la tendencia es muy preocupante”: “Los números empeoran, la capacidad de financiación se ha reducido a la mitad, el ahorro neto cae en 28,5 millones y el gasto crece en un 3,05%”, ha enumerado. La edil ha pedido al Gobierno municipal que no eluda lo que apunta el documento del órgano fiscalizador: “Nos parece una advertencia de mucho peso y es imposible obviarla”.

En opinión de Torres, “el Ayuntamiento de Zaragoza se aproxima año a año peligrosamente al suspenso”. “Si le sumamos el discurso triunfalista de la alcaldesa y el contrato del autobús, ojo con este tema. No hagamos oídos sordos a las advertencias del interventor, no nos pongamos de perfil. Cualquiera que sepa un poco de presupuestos debería estar preocupado”, ha incidido la concejal de Vox.

Finalmente, desde Zaragoza en Común, su portavoz Elena Tomás ha recordado que su formación siempre ha sido crítica con unas reglas fiscales, pero a continuación ha subrayado que la advertencia recogida en el informe de Intervención “no responde a criterios políticos, sino a una valoración técnica que debe ser tomada en consideración”.

“El Gobierno de Chueca continúa concediendo beneficios fiscales y bonificaciones a grandes empresas mientras traslada el esfuerzo económico a la ciudadanía mediante el incremento de las tasas e impuestos municipales”, ha denunciado Tomás, que ha recordado que empresas como Costco, Quirón o la sociedad promotora de la Nueva Romareda se han beneficiado de decisiones fiscales impulsadas por el Gobierno municipal, mientras el Ayuntamiento depende cada vez más de recursos procedentes de otras administraciones. .

Asimismo, Zaragoza en Común ha cuestionado las prioridades de gasto del Gobierno municipal, señalando inversiones millonarias en proyectos como Giesa, la creciente inversión en iluminación navideña o la utilización intensiva de la Plaza del Pilar para actividades de carácter comercial y lúdico, frente a necesidades que siguen sin resolverse adecuadamente, como el mantenimiento de los colegios públicos, la mejora del transporte urbano, la conservación del arbolado o el refuerzo de los servicios públicos esenciales.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, será elegida este domingo como nueva presidenta provincial del PP con el partido abierto en canal. Al contrario de lo expresado por la dirección del partido en Zaragoza, la crisis por el fichaje del líder del PAR, Alberto Izquierdo, como asesor de Jorge Azcón en el Ejecutivo autonómico dista mucho de haberse solucionado. La ira entre los alcaldes rebeldes se mantiene: algunos escuchan ya a otras formaciones de cara a 2027 mientras otros sostienen que renunciarán a renovar su cargo. “Está a tiempo de arreglarlo, puede ser una hecatombe”, advierte uno de los regidores.

Las propias palabras de la regidora el pasado lunes, cuando dio por “resuelta” la rebelión interna y la circunscribió a “tres o cuatro alcaldes”, han soliviantado aún más a los críticos con la dirección popular. Son un centenar los cargos locales que han suscrito una carta en la que reclaman a Azcón que dé marcha atrás con la incorporación de Izquierdo, que en todo caso ya es oficial porque ha salido esta semana publicada en el Boletín Oficial de Aragón. De ese total, cerca de la mitad son alcaldes de ayuntamientos y el resto, entre alcaldes pedáneos y concejales. Hay que recordar que el PP está en la provincia de Teruel al frente de 92 consistorios.

Este periódico ha recabado numerosos testimonios de regidores populares en ese territorio, todos ellos críticos con el fichaje del presidente aragonesista. Otros muchos guardan silencio por temor a represalias, aunque también hacen evidente su descontento. Por su parte, la dirección provincial del partido ha rehusado hacer valoraciones.

“La crisis no se ha cerrado”, apunta uno de los primeros ediles, que pide anonimato incluso sobre su comarca para evitar el revanchismo de la dirección del partido en Zaragoza. En su caso, tiene muchas dudas de que vaya a continuar representando las siglas del PP: “Me lo voy a pensar muy bien. Te quemas mucho, ves que eres solo un número; te dejan por los suelos y no sabes hasta qué punto merece la pena seguir al frente de tu pueblo”, lamenta, antes de indicar que Vox y Teruel Existe ya le han sondeado para incorporarse a sus filas.

“Se han cargado al PP de Teruel”

¿El motivo de estas dudas? Que Alberto Izquierdo se convierta en asesor de la Presidencia autonómica. “Lo veo muy mal: desde mi punto de vista se han cargado al PP de Teruel. Azcón se pensaba que los de Teruel nos íbamos a callar y le ha salido mal, no vamos a recular. Hay gente muy válida en el PP para afrontar ese cargo y no esa persona, que ha sido el peor enemigo del PP en Teruel”, explica.

Desde su punto de vista, la única forma de que amaine la tormenta es que “Azcón cese a Izquierdo de inmediato”. “Si no, esto está desbordado, puede ser una hecatombe. Están a tiempo de arreglarlo”, advierte el regidor.

Un alcalde de una localidad no muy alejada de la anterior expone un diagnóstico similar, pero en su caso la consecuencia va a ser distinta: “Yo aguantaré lo que queda de mandato y en 2027 lo dejo. No creo que cambie de partido, pero esto ha sido la gota que ha colmado el vaso”, apunta. Acusa al presidente del PAR de haber hecho “la vida imposible” a los cargos locales del PP: “En el partido hay gente mucho más válida para ese puesto, no tiene ninguna justificación. Que den esa oportunidad a Izquierdo es muy fuerte”, critica, y elucubra sobre los motivos: “No sé si quieren tapar algo que no quieren que salga a la luz o es que han pactado algo”.

Un regidor con mucho peso en la provincia constata el malestar, y acusa a la dirección del PP por querer cerrar en falso la crisis: “Sigue habiendo muchos alcaldes enfadados, ni mucho menos está zanjado”. También pone en la diana al presidente del PAR y a Azcón por nombrarlo: “Ha hecho mucho daño al PP aquí”.

Sobre su posición de cara a las elecciones municipales, admite que ningún partido se ha puesto en contacto con él y duda qué paso dar: “Lo decidiré el año que viene. Irme a otro partido no creo; quizás va siendo hora de irme a mi casa. Lo tengo que meditar”.

Una alcaldesa de otra comarca distinta también incide en que el enfado entre los cargos locales populares de la provincia “continúa”, aunque matiza que hoy por hoy “no va a haber dimisiones”. “Pero el año que viene será otra cosa”, advierte. “No somos hinchas de fútbol: que me presentara por las listas del PP no quiere decir que vaya a ser para siempre así. Ahora mismo el PP es el partido que más me cuadra, aunque si Vox viene a hablar conmigo no sé lo que haría”, analiza, aunque en principio descarta presentarse por otras siglas: “Vale más mi coherencia y mi sentido común que una decisión de Jorge Azcón”.

Habrá “castigo electoral”

Esta regidora, en todo caso, vaticina que, más allá de su propia decisión, los vaivenes de la dirección de partido respecto a la provincia de Teruel van a tener un reflejo en los comicios previstos para el año que viene: “Quizás diez alcaldes cambien de bando, pero no creo que los 50 lo hagan. Aunque castigo electoral sí que vamos a sufrir”, anticipa.

En lo que todos los consultados se ponen de acuerdo es en valorar la labor desarrollada por el actual líder provincial y en avanzar el “difícil” congreso que le espera este domingo a su sucesora, Emma Buj. “No tengo ninguna queja de Joaquín Juste, ha sido un presidente cercano y que siempre coge el teléfono. Nos hubiera gustado aquí que hubiera hecho algo más, pero creo que ha llegado hasta donde podía”, valora una alcaldesa.

“Le tengo mucho aprecio, no puedo hablar mal de él: lo ha intentado por activa y por pasiva”, abunda sobre Juste otro compañero, que considera que Buj “tiene mucho trabajo por delante” y que deberá “recorrerse la provincia entera”. “Emma se va a comer un marrón importante para empezar”, advierte otra regidora, que cree que a la alcaldesa de Teruel le penalizará venir de un núcleo grande: “No va a tener el punto de vista de los municipios pequeños en muchas cuestiones”.

Distrito 7, la 'ciudad del cine' que impulsa en Zaragoza la alcaldesa Natalia Chueca de la mano de su 'concejal en la sombra', José María Ruiz de Temiño, se ha convertido en uno de los proyectos más controvertidos de la regidora popular. A la sucesión de adjudicaciones directas se suma una tramitación récord en el caso del apartado formativo, que el equipo de gobierno concedió a una entidad privada de corte conservador en apenas cinco días, pese a las dificultades que entrañan las diligencias para una concesión demanial a 30 años. La operación no le ha podido salir más rentable al grupo San Valero –que opera entre otros la Universidad San Jorge–: ha logrado a su vez que el Ejecutivo autonómico concierte unos estudios audiovisuales que en algunos casos llevaban años cerrados por falta de alumnos.

El proceso arrancó el jueves 20 de noviembre de 2025, día en el que la Fundación San Valero registró en el Ayuntamiento, lo que acompañó con la memoria del grupo. Cuatro días después, el consejero de Presidencia, Ángel Lorén, firmó el punto de partida para tramitar la adjudicación directa, y ese mismo día la Dirección General de Proyectos Estratégicos ya emitió su informe constructivo sobre la zona de Formación. Apenas 48 después, el 26 de noviembre, el expediente ya contaba con un pliego de condiciones administrativo-técnicas que fijaba el canon de la concesión en 3.773.101,38 euros. Y no fue hasta un día más tarde cuando llegó el informe económico que debía sustentar esa cifra, y que arrojó exactamente el mismo resultado: 3.773.101,38 euros. De esta forma, en cinco días hábiles, el Ayuntamiento había recorrido el camino completo entre una solicitud externa y un pliego con canon calculado para ceder durante tres décadas un edificio rehabilitado con fondos europeos del Plan de Recuperación.

La secuencia documental revela, de esta forma, que el orden lógico de la tramitación se invirtió: el pliego incorporó la cifra del canon antes de que existiera el informe técnico-económico llamado a justificarla. Ese dato, unido a la velocidad de los trámites, es uno de los elementos que ha llevado ahora al grupo municipal del PSOE a presentar un recurso de reposición contra la adjudicación.

Intervención cuestiona la naturaleza del canon

El expediente quedó paralizado dos meses, hasta que la Intervención General lo devolvió sin informe a finales de enero. El reparo del órgano fiscalizador advertía de que el canon previsto tiene naturaleza jurídica de tasa y no de ingreso de derecho privado. La respuesta del Ayuntamiento fue inmediata: ese mismo 20 de enero se tramitó una diligencia de sustitución del pliego, aunque no consta una resolución expresa que despeje la objeción planteada por Intervención sobre la naturaleza de la contraprestación.

Las prisas que se tomó el Ayuntamiento para el pliego originaron de hecho un error, del que se advirtió también en enero: se invertía el sentido de uno de los incumplimientos calificados como muy graves, al referirse a “actividades vinculadas” al objeto de la concesión cuando debía decir “actividades NO vinculadas”. Ese mismo día entró en el expediente documentación complementaria de las fundaciones del Grupo San Valero, con una previsión de inversión de 608.290 euros y con las cuentas consolidadas del grupo.

Tras las correcciones de enero, la tramitación quedó en suspenso durante cuatro meses, coincidiendo con la campaña electoral y el tiempo de negociación entre el PP y Vox para formar gobierno. Entre tanto, el pasado 8 de abril se publicó la orden que modificaba la convocatoria autonómica de conciertos educativos para el curso 2026-27. Mes y medio más tarde, el 21 de mayo, llegó la resolución del director general de Planificación, Centros y Formación Profesional del Gobierno de Aragón, que aprobó provisionalmente el acceso al régimen de conciertos para el CPA Salduie, una de las tres fundaciones del Grupo San Valero. Ese mismo día se reactivó la tramitación del expediente, paralizada desde enero. Y el 27 de mayo el Gobierno de Zaragoza aprobó en sesión extraordinaria el pliego definitivo y adjudicó directamente la concesión a las tres fundaciones del grupo: Fundación San Valero, Fundación CPA Salduie y Fundación Universidad San Jorge.

El acuerdo fija la duración de la concesión en 30 años y establece el mencionado canon mínimo de 3,8 millones de euros. Con un desahogo añadido: el pago está diferido, ya que hay un periodo de carencia de tres años. Así, el abono anual –fijado en 122.420,27 euros– no se tendrá que hacer efectivo hasta el cuarto ejercicio de vigencia de la concesión.

Con esa adjudicación, el Ayuntamiento reconoció “la trayectoria y singularidad del grupo San Valero como única entidad aragonesa capaz de ofrecer de manera integrada toda la formación de la familia audiovisual de Imagen y Sonido, que abarca FP de Grado Medio y Superior, formación universitaria, formación para el empleo e investigación aplicada al sector audiovisual”. Esa singularidad, sin embargo, se formalizó en paralelo a la tramitación del expediente: la resolución autonómica que la acredita llegó el mismo día en que se reactivó el procedimiento municipal, paralizado cuatro meses antes.

Siete grados de FP concertados

El acuerdo aprobado contempla siete grados de Formación Profesional en todas las ramas del audiovisual a partir de septiembre, con alrededor de 400 alumnos que podrían pagar entre 60 y 70 euros al mes. El Centro de Producción Audiovisual que el Grupo San Valero ya gestiona en la calle de Sainz de Varanda trasladará esa formación a Distrito 7, mientras las instalaciones actuales seguirán impartiendo formación de sanidad y deportes. Se da la circunstancia de que algunos de los cursos que ahora se conciertan llevaban tiempo cerrados por falta de alumnos.

La parte formativa no es la primera adjudicación directa del proyecto Distrito 7. De hecho, la propia gestión de la antigua fábrica de ascensores Giesa, donde se ubicarán los platós de rodaje de la futura 'ciudad del cine', también se ha resuelto por esta vía después de que el concurso público quedara desierto: la única oferta presentada, de Equipment & Film Design España (EFD Studios), llegó cinco minutos tarde. Sin embargo, el Gobierno municipal no dejó pasar ni un día para anunciar que recurriría a la adjudicación directa, lo que provocó las primeras críticas de la oposición por la “chapuza” y el “fiasco” de la tramitación.

El PSOE presentó entonces un primer recurso de reposición, registrado el 6 de mayo, en el que calificaba la adjudicación directa de Giesa como “contraria a la ley de contratos” y “nula de pleno derecho”, y reclamaba a la alcaldesa Natalia Chueca que paralizase el proceso. El recurso sostenía que, tras un concurso desierto, la vía adecuada habría sido un procedimiento negociado sin publicidad con varias empresas, no una adjudicación directa, y advertía de que la circunstancia de que solo hubiera una oferta, además presentada fuera de plazo, no podía equipararse a que solo un empresario pudiera prestar el servicio. El Ayuntamiento ha rechazado este recurso.

El PSOE: “Es un contrato administrativo”

El segundo recurso de reposición de los socialistas, registrado el 12 de junio, incide en que la naturaleza de la relación entre el Ayuntamiento y el Grupo San Valero no se correspondería con una concesión demanial, sino con un contrato administrativo de servicios, con lo que no debería tramitarse con la legislación patrimonial. El PSOE recuerda que el Ayuntamiento no busca un simple ingreso por la ocupación de un espacio, sino que ese espacio se destine en exclusiva a formación e investigación, hasta el punto de que dedicarlo a “cualquier otra actividad” se califica en el pliego como infracción muy grave. El escrito añade que la solicitud inicial de la Fundación San Valero, presentada el 20 de noviembre de 2025, no incluía ninguna referencia legal que justificara optar por la adjudicación directa, y que fue la providencia de la Consejería de Presidencia la que introdujo el fundamento jurídico que sostendría toda la tramitación posterior.

Al anunciar el recurso, la portavoz socialista, Lola Ranera, criticó el nuevo “dedazo” del Gobierno de Natalia Chueca para tapar “el fracaso y el fiasco” del proyecto, y reclamó a la alcaldesa que rectifique porque, a su juicio, “se está vulnerando la legalidad”. Por su parte, el concejal socialista Horacio Royo enmarcó el recurso de reposición en una posible utilización inadecuada de figuras administrativas pensadas para esquivar la Ley de Contratos del Sector Público, algo que calificó como “el modus operandi de este Ayuntamiento”. Royo denunció que no hay “un solo proyecto estrella” de Chueca que no se haya articulado en torno a concesiones demaniales o derechos de superficie, y citó como ejemplos las piscinas de Valdespartera, la Almozara, la Romareda o el Parque de Atracciones, además de Giesa.

En su respuesta, el Gobierno municipal lamentó lo que calificaron de desconocimiento de los socialistas sobre el régimen jurídico aplicado a las adjudicaciones de Distrito 7. El consejero de Presidencia, Ángel Lorén, ironizó con la posición de la oposición: “Entendemos la confusión del PSOE a la vista de los problemas judiciales en los que está inmerso el partido y los dirigentes del mismo”.

Vox ha vuelto a hacer uso del portal oficial del Gobierno de Aragón para poner en la diana a un menor migrante. Pese a las críticas por la utilización ideológica de una web ideada para informar sobre la actividad del Ejecutivo autonómico, la formación de extrema derecha ha publicado una nota sobre la supuesta fuga de un centro de acogida de un “peligroso” adolescente tras una “brutal agresión”.

Pese a la naturaleza del portal Aragón Hoy, destinado a dar a conocer la acción del Gobierno, la Vicepresidencia de Desregulación, Bienestar y Familia –en manos de Vox– da detalles muy concretos sobre el menor, incluida su nacionalidad y su localidad natal. Desgrana unos hechos según los cuales participó en una revuelta interna en el centro, del que también da a conocer su ubicación, y le dedica calificativos como que fue el “cabecilla” de la pelea, que se “ensañó” con la víctima o que “se desconocen sus posibles antecedentes policiales o delictivos”.

En la nota, el vicepresidente Alejandro Nolasco acusa al “Gobierno de (Pedro) Sánchez” de “amparar” estas “conductas y situaciones intolerables” y exige al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que “deje de ser cómplice”. Asimismo, reclama a Beltrán “que se implique directamente para que la Policía encuentre, detenga y ponga ante la Justicia a este presunto menor de edad, que no puede campar a sus anchas de forma descontrolada y que jamás debería haber sido acogido por el Gobierno de España ni mucho menos entregado forzosamente a Aragón”.

No es la primera vez que Vox lleva a cabo una práctica que no se había dado hasta ahora, y que supone una vuelta de tuerca en la agenda ultra de la formación, que desde que ha vuelto a entrar en el Gobierno de Azcón ha puesto a los menores migrantes que llegan sin padres ni madres a la comunidad en el centro del debate.

Hace tres semanas, el portal Aragón Hoy ya informó, también desde la Vicepresidencia de Desregulación, del supuesto caso de un menor que agredió a una trabajadora social en un centro de acogida del Gobierno de Aragón. La formación ultra incluso dio detalles del joven, del que reveló su edad y su nacionalidad.

Posteriormente, la Asociación de Periodistas de Aragón, que agrupa también al Colegio Profesional, trasladó a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo una solicitud de valoración sobre “diversos comunicados institucionales” difundidos desde la Vicepresidencia de Nolasco a partir de “quejas por parte de colegiados y asociados, pero también de otros ciudadanos ajenos a la profesión”.

Entre otras cuestiones, trasladó a la Comisión el uso reiterado del término ‘mena’, pese a que la ‘Guía didáctica para el correcto tratamiento mediático de las migraciones’ impulsada por el propio Gobierno de Aragón y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón desaconseja expresamente su uso para referirse a personas, y advertía del carácter despectivo y estigmatizante que ha adquirido esa denominación.

La representación sindical del Ayuntamiento de Zaragoza –CCOO, CSL, OSTA y UGT– ha denunciado este martes que la propuesta económica del Gobierno del PP para los agentes de la futura Unidad Égida de Policía Local, destinada a la protección y seguimiento de víctimas de violencia de género en el sistema Viogén, minusvalora la responsabilidad que exige el servicio. Según la propuesta municipal, los policías tendrán que estar disponibles 328 días al año, las 24 horas del día, a cambio de apenas 1,79 euros por día, lo que supone poco más de 42 euros al mes. El equipo de gobierno ha respondido acusando a las centrales de “utilizar un asunto tan serio y sensible como la lucha contra la violencia machista para hacer política”, de “generar una polémica artificial en pleno proceso de negociación” y de no plantear alternativas.

La negociación de las condiciones laborales y económicas de la Unidad Égida lleva meses enquistada. El pasado 13 de marzo, el Gobierno de Natalia Chueca aprobó oficialmente la creación de la unidad como parte de la adhesión de Zaragoza al sistema estatal Viogén, con nueve agentes especializados encargados de atender aproximadamente el 30% de los casos de violencia de género de la ciudad. Tres meses después, la unidad sigue sin estar operativa: no hay calendario para la selección del personal, ni para la formación específica de los agentes, ni para la entrada en funcionamiento del servicio. La siguiente reunión entre el Ayuntamiento y los sindicatos está prevista para este jueves.

Los sindicatos consideran llamativa la diferencia de trato respecto a otras unidades de la Policía Local y otros servicios municipales, cuya valoración económica en la negociación –aseguran– ha sido notablemente superior. A su juicio, esa disparidad pone de manifiesto la escasa importancia real que el equipo de gobierno otorga a una unidad que, sin embargo, presenta públicamente como una apuesta estratégica en la lucha contra la violencia machista. “Las víctimas de violencia de género merecen algo más que anuncios, fotografías y titulares”, han señalado las centrales sindicales.

Los representantes advierten asimismo de que unas condiciones tan poco atractivas dificultarán captar a los perfiles más adecuados para el puesto. Aunque reconocen que puede haber profesionales con vocación de servicio y compromiso con esta problemática, asumen que la propuesta económica puede hacer que el destino se perciba como una carga antes que como un reconocimiento.

Plazo de un año

El consejero de Presidencia y delegado de la Policía Local, Ángel Lorén, ha rechazado en anteriores ocasiones las críticas sindicales y ha recordado que el convenio con el Ministerio del Interior fija un plazo de un año para la implantación en Viogén, plazo que el Ayuntamiento prevé no agotar. Lorén ha subrayado también que, mientras la Unidad Égida no esté operativa, las víctimas de violencia de género de Zaragoza están protegidas por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La portavoz socialista, Lola Ranera, ha expresado su apoyo a los profesionales de la Policía Local que asumirán la responsabilidad de proteger y acompañar a las víctimas desde la Unidad Égida, y ha cuestionado al mismo tiempo el compromiso de la alcaldesa. En cuanto a la retribución propuesta, la portavoz del PSOE la califica de “muy grave”: a su juicio, pretender valorar en apenas 1,79 euros al día la disponibilidad permanente de quienes tendrán que atender situaciones de máxima vulnerabilidad y urgencia lanza “un mensaje muy preocupante” sobre la prioridad real que el PP concede a la lucha contra la violencia machista. “No se puede presumir de hacer de esta lucha una prioridad mientras se regatean las condiciones de quienes van a garantizar la seguridad de las mujeres”, ha concluido Ranera.

Por su parte, Elena Tomás, portavoz de Zaragoza en Común, ha manifestado su “absoluto rechazo” ante la decisión del Gobierno municipal. “Lo que estamos conociendo es profundamente preocupante. Es insultante valorar en apenas 1,79 euros al día la disponibilidad permanente de los agentes que tendrán que atender y acompañar a víctimas de violencia de género”, ha afirmado Tomás, quien considera que esa cifra “transmite un mensaje equivocado y evidencia una falta de compromiso real con una política pública que debería ser una prioridad absoluta”. La portavoz de ZEC ha reclamado además que la unidad cuente con recursos suficientes, una organización sólida, formación especializada y condiciones que permitan atraer y mantener a profesionales cualificados: “La lucha contra la violencia machista no puede quedarse en anuncios ni en titulares”.

Respuesta del Ayuntamiento

En su respuesta, el Gobierno municipal de Zaragoza ha acusado a las organizaciones sindicales de estar “utilizando un asunto tan serio y sensible como la lucha contra la violencia machista para hacer política y generar una polémica artificial en pleno proceso de negociación”. Las informaciones lanzadas en los últimos días, asegura, “no se corresponden con la realidad de las conversaciones mantenidas hasta el momento”.

La propuesta económica puesta sobre la mesa por el Ayuntamiento, ha afirmado el concejal delegado de Policía Local, “no fue arbitraria ni improvisada, sino que ”está fundamentada en criterios objetivos y en la doctrina fijada por una sentencia del Tribunal Supremo relativa a la Policía en Gran Canaria“. Frente a esto, los sindicatos ”no han presentado ninguna propuesta técnica o económica que justifique una alternativa a la planteada por el Gobierno municipal“, ha añadido.

El equipo de gobierno del PP ha manifestado oponerse a la pretensión sindical de que los integrantes de la futura Unidad Égida sean designados “mediante un sistema de libre designación”. Se trata, han indicado, de “una línea roja” puesto que “corresponde a la Administración determinar los procedimientos de selección y organización de sus efectivos”. “La única referencia económica que han puesto sobre la mesa ha sido equiparar el complemento de esta unidad al que perciben los agentes de la UAPO”, ha precisado Lorén, para quien esta comparación “carece de fundamento, puesto que las funciones, responsabilidades, competencias y carga de trabajo de ambos servicios son completamente diferentes”.

Lorén también ha cargado contra el PSOE y Zaragoza en Común, cuya posición es desde su punto de vista “cínica e hipócrita” ya que “durante años no impulsaron ninguna medida para reforzar la atención a las víctimas de violencia machista”.

El informe de la Cámara de Cuentas sobre el sector público local aragonés respecto del ejercicio de 2023 ha reflejado la falta de transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza en un ámbito relevante: el gasto que escapa a los órganos de control municipales. Así, pese a que los acuerdos sin fiscalización previa trasladados por el Gobierno municipal suponían un montante de 16,5 millones de euros, en realidad fueron mucho mayores, ya que alcanzaron los 90,1 millones, tal y como constató Intervención.

Esto es así porque la información fue incompleta: solo se comunicaron a la Cámara de Cuentas los acuerdos del pleno, pero no del propio Gobierno municipal, que supusieron cuatro de cada cinco euros en este ámbito. Dicho de otro modo, hubo casi 74 millones de euros en acuerdos con omisión de fiscalización previa aprobados por la junta de gobierno local en el ejercicio de 2023 que no fueron trasladados a la Cámara a través de la plataforma de rendición.

¿Qué supone esta falta de fiscalización previa? Que los expedientes de gasto llegan al órgano de gobierno sin que el interventor haya podido pronunciarse sobre su legalidad. A diferencia del acuerdo contrario a reparo –en el que el interventor se manifiesta en contra pero el órgano político sigue adelante–, la omisión elimina directamente el trámite de control.

Este no es sin embargo el único punto que protagoniza el Gobierno del PP en Zaragoza, que está al frente del Ayuntamiento desde 2019, entonces con Jorge Azcón. La Cámara de Cuentas también destaca el elevado endeudamiento municipal, lo que a su vez conlleva un importante gasto anual para financiar este pasivo.

Endeudamiento

Así, el endeudamiento por zaragozano asciende a 1.016 euros, el más alto de todas las entidades locales y muy por encima de la media: en los ayuntamientos de 10.000 a 100.000 habitantes es de 414 euros, y el de los que tienen entre 5.000 y 10.000 vecinos, de 421 euros. Como consecuencia de ello, las arcas municipales deben asumir anualmente gastos financieros de casi 58 millones de euros.

Y, al mismo tiempo, el fondo de maniobra es negativo en 55 millones de euros –también el mayor, muy destacado– debido a las “elevadas cifras de la deuda que vence a corto plazo”, según la Cámara de Cuentas. La ratio de liquidez –la correlación entre el activo corriente y el pasivo corriente– fue de 0,77, el único valor inferior a 1 entre todos los tramos de ayuntamientos y muy lejos de la media, de 2,16.

Lo que ayudó al Ayuntamiento de Zaragoza a amortiguar esta presión financiera fue el elevado volumen de ingresos: 914 millones de euros, con un nivel de ejecución –del 94%– muy superior a la media. La recaudación municipal se incrementó en 37,3 millones de euros respecto al ejercicio anterior.

“Es que pedimos un poquito”, me decía con amargura María Gracia a las puertas del Edificio Aída, donde se localiza el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, el SAMA. Los y las trabajadoras del sector de la limpieza –en su gran mayoría, mujeres de más de 50 años– de la provincia de Zaragoza iniciaron hace dos semanas una huelga para reivindicar algo más allá de sus derechos laborales: su propia dignidad como empleadas. Y han ganado, ya que la patronal ha acabado aceptando incluir la mayoría de sus reivindicaciones en el nuevo convenio sectorial.

Su victoria probablemente resulte insuficiente, ya que siguen teniendo una precariedad disparada; de hecho, la elevada tasa de jornadas parciales en el empleo femenino continúa explicando gran parte de la brecha salarial que existe no solo en Aragón sino en toda España. Pero por algo se empieza. Más en tiempos tan complejos.

Si nos has seguido estos días, habrás notado que hemos puesto especial énfasis en cubrir la evolución de las protestas de los y las trabajadoras de la limpieza. Nos parecía de justicia.

“Se arregle o no se arregle, vamos hasta el final”. “El Ayuntamiento ha pagado el 3,5% de subida para este año y a nosotros nos quieren dar el 2,5%. El 1% restante ¿dónde se lo meten?”. “No llego a los 1.000 euros netos al mes”. “Hay muchas mujeres que aunque trabajan siguen en la pobreza”. “Nos tratan como a basura”. Los testimonios de Reyes, María, Milagros, Raquel o Marian iban todos en la misma dirección y dejaban al descubierto la inasumible posición de la patronal, que ha terminado cediendo.

Lo cierto es que, aunque el Gobierno de Jorge Azcón saque pecho en materia laboral y que haya motivos para el optimismo, más les valdría recordar que quedan conflictos enquistados, que las desigualdades persisten en todos los ámbitos y que seguimos recibiendo noticias casi diarias de despidos y cierres, como Majorel o Iberfoil. Y, de paso, que convenzan a sus socios de Vox de la acuciante necesidad de inmigración para compensar la caída de ocupación entre nacionales en nuestra comunidad.

Gasto público, negocios privados

La jornada de este miércoles fue una buena muestra de las políticas de gasto público que está impulsando el Gobierno del PP, ahora en coalición con la extrema derecha.

Así, mientras los profesores en los colegios siguen cruzando los dedos para que la próxima ola de calor no llegue hasta julio –algún día habrá un susto gordo por las altas temperaturas, y entonces nos echaremos las manos a la cabeza–, la vicepresidenta, Mar Vaquero, anunciaba un gasto de 56,7 millones de euros destinado a que colegios privados concierten el Bachillerato. Eso, pese a que hay un recurso en el aire que puede tumbar la iniciativa –veremos–.

Y, apenas una hora más tarde, el presidente Azcón rubricaba el nuevo contrato para Motorland, que supone destinar otros 12 millones de euros en concepto de canon a una empresa, MotoGP Sports Entertaiment Group. A cambio: el campeonato de MotoGP en 2027... y que el resto de años hasta 2031 el circuito de Alcañiz sea reserva –suplente único, incidían sus responsables como descargo–.

Hablamos de casi 70 millones de euros públicos aprobados en un solo día para negocios privados. Y, en el caso del Bachillerato, un desembolso que no tiene carácter puntual, sino que deberá repetirse año a año. Sonroja el hecho de que cuando profesores y padres han pedido al Departamento de Educación un plan inversor para refrigerar las aulas –porque el problema se da en sentido contrario en invierno–, la respuesta del Ejecutivo haya sido señalar con el dedo a Madrid: que pongan en marcha el gasto de 200 millones de euros anunciado por Pilar Alegría en 2022, reclamó la consejera Carmen Susín. ¿Cuánto le tocaría a Aragón si aplicamos el clásico 3%? Pues apenas 6 millones de euros. Para que te hagas una idea y puedas comparar cantidades.

En materia sanitaria, la deriva es similar. Estos días también te hemos contado la primacía de un solo grupo, Ribera Salud, en las privatizaciones impulsadas por Sanidad para los hospitales periféricos de Aragón: desde abril del año pasado se ha llevado contratos que, si asumimos las prórrogas, sumarán 3,2 millones de euros. Y, al mismo tiempo, el Gobierno de Aragón niega lo prometido a los hospitales públicos, como el robot quirúrgico que el jefe de Cirugía General del Royo Villanova espera desde hace años –no dejes de leer lo que nos contó Juan Luis Blas Laina si aún no lo has hecho–. 

Y, mientras tanto, la extrema derecha campa a sus anchas en sus primeras cuatro semanas en el Ejecutivo, avasallando al propio Azcón con sus mensajes de corte xenófobo y contra la cooperación. Un discurso que el PP aragonés ha terminando asumiendo como propio: si podía elegir, la impresión es que ya lo ha hecho. Y de ahí el énfasis en los recursos favorables sobre los menores migrantes o en que la futura ley de vivienda autonómica incorporará la prioridad nacional como marca de la casa ultra.

El insoportable calor en las aulas en los últimos días de mayo, cuando la ola de calor elevó las temperaturas hasta 27 grados pese a no haber siquiera llegado a junio, no ha sido óbice para que una diputada de Vox, la expresidenta de las Cortes de Aragón Marta Fernández, se haya mofado de las protestas de la oposición, pero también de los alumnos, de los padres y madres y de los docentes. “Los niños de ahora no son más de mantequilla”, ha manifestado la representante de la extrema derecha en un alegato en el que además ha vuelto a poner en duda el cambio climático.

Ha sido durante una proposición no de ley (PNL) presentada por el PP para solicitar al Gobierno central que cumpla con un compromiso de 2022, anunciado precisamente por la entonces ministra de Educación Pilar Alegría, para invertir 200 millones en la climatización de los centros escolares de toda España. La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de los populares y de Vox y, en su explicación de voto, Marta Fernández se ha mofado de las críticas por las altas temperaturas.

“Quería bajar el balón al suelo. No sé si soy la única de este Hemiciclo que en su infancia ha cogido la bicicleta y se ha ido por caminos a 40 grados. Los niños de ahora no son más de mantequilla”, ha proclamado la diputada, quien también ha relativizado el calor registrado: “Esta semana estamos a punto de acabar el cole y precisamente calor no ha hecho. Ustedes [en referencia a la diputada de CHA Isabel Lasobras] ha dicho que en el Gobierno climatizaron algunos colegios, pero el calor yo creo que no viene del año 2015, es algo que ocurre todos los veranos, con más intensidad unos que otros. Y esta semana hemos pasado frío”, ha insistido, en un discurso negacionista habitual en Vox.

La intervención posterior ha sido del diputado socialista Fernando Sabés, que ha puesto el acento en esta cuestión: “Escucho a una diputada que apoya a este gobierno negar el cambio climático”, se ha sorprendido. “Que no se lo cree nadie”, le ha replicado Fernández, según ha repetido el propio Sabés. “Suerte que los micros solo recogen lo que quien está interviniendo dice”, ha repuesto el representante socialista.

“Dejación de funciones”

Antes, la diputada del PP Silvia Casas ha aprovechado para cargar contra Alegría por la promesa de la que las comunidades autónomas siguen “sin tener noticia”. “Los centros docentes no necesitan improvisación”, ha aseverado Casas. Sabés le ha afeado que los populares “solo” miren “al Gobierno de España” y que persistan en “su dejación de funciones”, apuntando que en tres años lo único que han hecho es enviar un cuestionario a los centros educativos “para saber si hace frío o calor”.

Desde CHA, Isabel Lasobras ha anunciado su voto en contra “por dignidad parlamentaria y coherencia política” porque la PNL es “una cortina de humo diseñada para confrontar con el Gobierno de España utilizando la salud como munición electoral”. Pilar Buj, de Aragón-Teruel Existe, ha valorado que se trata de un programa “grave” y ha considerado que la respuesta del Gobierno de Aragón “es claramente insuficiente”.

Finalmente, la diputada de IU Marta Abengochea ha preguntado al Ejecutivo autonómico “qué han hecho hasta ahora”, apuntando que el Departamento de Educación solo ha climatizado 40 aulas con fondos europeos. “Cero gobernar para el Gobierno aragonés y hacer oposición al Gobierno estatal”, ha sentenciado Abengochea.

El informe de la Fiscalía Anticorrupción desvelado esta semana tras levantarse el secreto de sumario del caso Leire Díez pone negro sobre blanco, a partir de conversaciones captadas entre los implicados por los agentes de la Guardia Civil y de la compraventa de empresas, la operativa que la trama planificó con Forestalia para favorecer supuestamente tramitaciones tanto de financiación pública como de parques fotovoltaicos. Entre los aludidos está el propio Santos Cerdán, que concertó una reunión en el domicilio del propietario del grupo aragonés, Fernando Samper, y que urgió a sus socios a que reclamaran una presunta mordida de 200.000 euros.

Pero las contraprestaciones podrían ser muy superiores, ya que la UCO da cuenta de una plusvalía de 6,7 millones de euros a favor del denominado grupo Hirurok –compuesto por la socialista Leire Díez, por el empresario guipuzcoano Antxón Alonso y por Vicente Fernández, expresidente de la SEPI– al adquirir dos sociedades de Forestalia y revendérselas más tarde a un precio muy superior: Anticorrupción sospecha que el millonario beneficio está vinculado con las autorizaciones a dos plantas solares en la provincia de Teruel.

Tal y como consta en la denuncia suscrita por la fiscal Anticorrupción Elisa Lamelas y presentada ante la Audiencia Nacional el pasado 9 de diciembre de 2025, todo nace de un atestado presentado por la UCO unos días antes, el 25 de noviembre, en el que se indicaba que, a raíz de las averiguaciones en el caso Mascarillas, pudieron registrar con autorización del Supremo el domicilio del empresario Antxón Alonso y la sede de Servinabar 2000 SL, participada según la UCO por el exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán.

Entonces ya se hablaba de un grupo estructurado formado por los tres principales investigados (Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández) que se autodenominó Hirurok ('nosotros tres', en su traducción del euskera). La fiscal explica que desde 2021 “valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre personas vinculadas a la función pública habría orientado la resolución de diversos expedientes seguidos en la Administración Pública, en beneficio propio o de terceros”. Cifra en cinco las operaciones, que incluirían una de Mercasa y otra de Enusa (participadas por la SEPI), el rescate de Tubos Reunidos, una adjudicación al Parque Empresarial Principado de Asturias y, en último lugar, la relacionada con Forestalia.

La Fiscalía recuerda que los tres investigados se comunicaban por la aplicación Threema en el grupo Hirurok y que desde mayo de 2022 continuaron por otro grupo denominado 'Hirurok Berriro' ('Los tres otra vez').

Reuniones en casa de Samper

En lo relativo al grupo aragonés vinculado con las energías renovables, la fiscal menciona en su informe dos reuniones físicas en el domicilio de Fernando Samper, en la avenida General Militar de Zaragoza, en mayo y julio de 2021; esta última, auspiciada por Santos Cerdán y que contó con la presencia del exsecretario de Organización. Allí supuestamente habrían trasladado al responsable de Forestalia cómo actuar y qué pasos dar para facilitar sendas tramitaciones para Forestalia y Arapellets, en este caso una financiación de 17,3 millones de euros del Sepides, organismo público dependiente de la SEPI, para desarrollos industriales.

De conseguirlo, el grupo Hirurok se llevaría supuestamente una mordida de 200.000 euros. “Vamos a éxito con ellos”, habría afirmado Vicente Fernández en la red Threema, y a continuación insistió, tal y como recogen las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil: “Si consiguen la financiación del Fondo FAIPP (SEPIDES) para sus proyectos de FORESTALIA y ARAPELLET, 200.000€ si hay éxito” (sic).

Ante el avance en la tramitación, el 1 de mayo de 2022 el propio expresidente de la SEPI escribió a Alonso que, al haberse “despejado los problemas” y al constatar que el Sepides les iba a “aprobar las operaciones”, “sería bueno” recodar “el tema a Samper”, en referencia a la supuesta mordida. Cinco días después, por si había dudas, Fernández insistió en que Antxón Alonso debía trasladarle a Samper: “Decirle que estamos dándolo todo con sus dos expedientes, esperando tener resueltos ambos en junio”.

No fue hasta enero de 2023 cuando se aprobó la correspondiente ayuda a Arapellets para una planta de pellets en la localidad de Guardo (Palencia). En cuanto al trámite para Forestalia, no se puedo localizar nada en “un sentido o en el contrario”. La Guardia Civil sí que especifica que, pese a que el acuerdo era “a éxito”, no se había podido localizar el abono de los 200.000 euros.

Plusvalía de 6,7 millones de euros

Otra de las líneas de investigación de la Guardia Civil tiene que ver con millonarios intercambios de participaciones en empresas que generaron cuantiosas plusvalías para Antxón Alonso y, frente a esto, un negocio ruinoso para el grupo Forestalia.

La fecha clave es el 17 de mayo de 2022: ese día, dos sociedades –Energías Renovables de Quirón y Energías Renovables de Satet SL– salen del grupo Forestalia y se integran en una estructura administrada perteneciente a Antxón Alonso a cambio de 141.404 euros en total. Apenas año y medio más tarde, el 27 de diciembre de 2024, Forestalia las recupera por casi 6,9 millones de euros.

¿Qué sucedió entre medias? Aunque el informe de Anticorrupción no puede constatar que haya causa y efecto, sí que apunta al hecho de que dos plantas fotovoltaicas que estaba tramitando ambas sociedades en la provincia de Teruel, Masía I y Masía II, estaban apenas en fase de solicitud en el momento de la adquisición, mientras que para cuando las dos empresas volvieron a estar controladas por el grupo liderado por Fernando Samper ya se había aprobado la declaración de impacto ambiental, se habían otorgado las pertinentes autorizaciones administrativas previas y se había autorizado la construcción.

Así, según los investigadores la intervención del grupo Hirurok habría sido clave para que los proyectos vieran la luz, lo que se habría supuestamente compensado con una retribución encubierta. De ahí que los presuntos delitos que la Fiscalía atribuya a los implicados sean tráfico de influencias, cohecho y, potencialmente, delito contra la Hacienda Pública.

MotorLand será único circuito de reserva de la MotoGP entre 2028 y 2031 a cambio de un canon de 12 millones de euros públicos. Así lo han acordado este miércoles el Gobierno de Aragón y MotoGP Sports Entertaiment Group, empresa organizadora del Mundial de Motociclismo. La buena noticia es que el año que viene sí que regresará el Gran Premio de Aragón de MotoGP, debido a la retirada de Hungría, aunque en el resto de ejercicios esta circunstancia no está garantizada.

La firma ha tenido lugar en un acto celebrado en el Edificio Pignatelli, con la presencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el director general de MotoGP, Carmelo Ezpeleta. “Tras meses de trabajo y de negociaciones exigentes, podemos anunciar que el Gran Premio de Aragón volverá a celebrarse el próximo año. Las motos volverán a rugir en 2027 en el trazado alcañizano. Además, MotorLand seguirá vinculado a MotoGP durante el periodo comprendido entre 2028 y 2031 como circuito de reserva”, ha expresado Azcón tras la firma de la prórroga del acuerdo.

“La firma de este acuerdo permite que MotorLand Aragón continúe formando parte del principal campeonato de motociclismo del mundo y significa actividad económica, turismo y empleo en Alcañiz, Teruel y en el conjunto de Aragón, pues MotorLand implica que los hoteles, restaurantes y comercios de la zona estén al cien por cien de ocupación”, ha indicado.

Para Azcón, cada año que se ha conseguido el campeonato de MotoGP en Aragón “es un éxito”, pero estos últimos años “la competencia a la hora de poder atraer esos campeonatos de MotoGP es infinitamente mayor” y no solo nacional, sino también internacional.

Que Aragón sea uno de los 22 lugares en el mundo en los que se va a celebrar “el mayor acontecimiento de motociclismo es una magnífica noticia, es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos”, ha reconocido el jefe del Ejecutivo autonómico.

Un 'partner' importante

Por su parte, Carmelo Ezpeleta ha expresado que “MotorLand Aragón ha sido un 'partner' importante para MotoGP durante casi dos décadas, desempeñando un rol clave en la presencia del campeonato en España. La renovación para 2027 refleja tanto la fuerza de esa colaboración como el valor que el evento aporta a la región”.

“Nos complace enormemente seguir trabajando juntos y mantener a Aragón como parte de la familia de MotoGP en los próximos años como circuito de reserva porque se ha ganado el derecho y el honor de estar en Campeonato del Mundo de Motociclismo”, ha agregado Ezpeleta.

Durante el fin de semana del Gran Premio, pasan por Alcañiz más de 110.000 personas. Son miles los aficionados que llegan desde distintos puntos de España y desde otros países, conocen Aragón y generan oportunidades para los negocios del territorio.

“Hay un impacto directo de más de 100.000 personas que desde Aragón, desde España, pero también desde otros países, vienen a nuestra comunidad autónoma a disfrutar de nuestra gastronomía, a disfrutar de nuestros paisajes y de nuestra gente, pero si hablamos del indirecto, --la cifra-- es mucho mayor”.

A lo largo del año, el circuito genera un impacto económico directo e indirecto cercano a los 50 millones de euros. De esa cifra, casi la mitad está vinculada directamente a la celebración del Gran Premio de Aragón. Además, la actividad de MotorLand contribuye a consolidar cerca de 500 empleos a jornada completa.

“El retorno reputacional”

“A ese impacto económico –ha recordado Jorge Azcón–, hay que sumar el retorno reputacional gracias a la proyección de la imagen de Aragón en el mundo”, por lo que “hoy hablamos de que Aragón compite y gana con los mejores circuitos del mundo”.

Por ello, “desde el Gobierno de Aragón, la inversión que hacemos en MotorLand no es una más, la consideramos estratégica para poder sacar pecho, para sentirnos orgullosos de lo que hacemos en Alcañiz, de lo que hacemos en el Bajo Aragón y de lo que hacemos en Teruel”, ha manifestado Azcón.

Sobre la inversión de 12 millones por parte del Ejecutivo autonómico, el presidente aragonés ha anotado: “Es un dinero fantásticamente invertido, no solamente por la economía que de por sí genera, sino por la repercusión mundial que este tipo de pruebas tienen” y se ha comprometido a “seguir trabajando para que MotorLand mantenga la máxima actividad posible, para que podamos seguir ocupando el lugar que nos hemos ganado, el puesto que nos merecemos en el mundo del motociclismo”.

Albergar esta prueba en MotorLand no sería posible, ha incidido el presidente de Aragón, sin las inversiones en infraestructuras y equipamientos que se han impulsado desde el Ejecutivo autonómico en los últimos años. Como ejemplo, se ha referido a los 6,2 millones de euros dedicados al reasfaltado de todo el circuito completo.

La dirección del partido ha tratado de aplacar la rebelión de alcaldes en la provincia de Teruel por el fichaje del presidente del PAR, Alberto Izquierdo, como asesor del jefe del Ejecutivo, Jorge Azcón, con una reunión marcada por el máximo hermetismo como síntoma de un cierre en falso. Porque el malestar entre los populares turolenses continúa, va más allá del paso dado para incorporar al dirigente aragonesista y tiene como trasfondo la sensación de ninguneo desde Zaragoza a la provincia. El presidente provincial, sin embargo, da la polémica por finiquitada.

Horas después del encuentro, celebrado a media mañana en la capital aragonesa, desde la formación ni siquiera confirmaban que la reunión se hubiera efectivamente producido. Junto a Azcón estaban convocados el presidente provincial, Joaquín Juste; su próxima sucesora y alcaldesa de Teruel, Emma Buj; el diputado provincial y alcalde de Camarena de la Sierra, Francisco Narro, y la secretaria general de la formación y diputada nacional Ana Alós. A media tarde, el desconcierto era patente incluso entre los propios ediles 'rebeldes', varios de los cuales trasladaban a este periódico no se les habían dado ninguna explicación sobre el resultado de la reunión, y que por lo tanto daban por hecho que habría sido “negativo”.

A última hora, sin embargo, trascendió que el también alcalde de Libros daba la crisis por sustanciada al trasladar a los medios que Azcón había aceptado consultar con la formación en Teruel los próximos “acercamientos” con el PAR. A cambio, Juste daba por bueno el fichaje de Izquierdo. Mientras, alcaldes consultados por este periódico aseguraban esperar el miércoles a sus explicaciones para adoptar una posición.

La pretensión de los díscolos era clara: que Azcón no incorpore como asesor de la Presidencia –dentro de su propio gabinete– al líder de los aragonesistas, a quien las decenas de cargos locales contemplan como un “enemigo” de la formación popular. “No se entiende que le escoja a él cuando hay mucha gente válida en el partido, y cuando el PAR está prácticamente muerto. Es una persona que ha hecho mucho daño y ha dicho muchas cosas de alcaldes del PP”, resumió este mismo martes uno de estos representantes municipales. En total, son en torno a 50 los alcaldes y alcaldesas que han suscrito la carta crítica con el fichaje de Izquierdo, aunque varios de ellos estarían al frente de pedanías y no de ayuntamientos.

Sin embargo, la crisis va más allá del dirigente aragonesista, y tiene que ver con la escasa representación de la provincia en los ámbitos de decisión, principalmente el hecho de que Teruel ya no esté presente en el Consejo de Gobierno de Jorge Azcón desde la marcha de Manuel Blasco, extitular autonómico de Medio Ambiente. Así, fuera de las tres consejerías de Vox, el reparto provincial en primeros cargos populares es de cuatro para Zaragoza (Mar Vaquero, Octavio López, Ángel Sanz y Eva Valle, a los que se suma el propio Azcón), uno para Huesca (Carmen Susín) y un sexto, el de Roberto Bermúdez de Castro, a caballo entre un territorio y otro.

Segundos niveles

Pero es que incluso en un segundo nivel, en las direcciones generales, la representación de la provincia es mínima: apenas dos altos cargos –Miguel Ángel Lafuente en Relaciones Institucionales y Yolanda Vallés en Energía y Minas–, porque la tercera –Ana Oliván, de Gestión Forestal– tiene las horas contadas ya que Vox se quedó la Consejería de Medio Ambiente. Como apuntaba 'Heraldo de Aragón' este martes, ahora mismo hay más antiguos integrantes del PAR en los principales puestos de decisión del Ejecutivo de Jorge Azcón que del propio PP turolense. En cuanto a visibilidad política, el único rostro reconocible de Teruel es el de la diputada Ana Marín, portavoz del grupo parlamentario, un puesto de mucho más fuste en la oposición que en el Gobierno.

En todo caso, no todos en el PP turolense lo ven así. Un alcalde destacado de los populares en la provincia considera que la polémica se circunscribe a un territorio más concreto, al sur de la provincia, y que la protagonizan representantes de municipios de pequeño tamaño, a los que en todo caso traslada el “máximo respeto”. “Pero hay que tener las miras amplias: el objetivo es echar a Pedro Sánchez y debemos remar todos en la misma dirección. No me preocupa Alberto Izquierdo, me preocupa Sánchez; todo lo demás es jugar al regate corto”, argumenta.

Otros ediles consideran sin embargo que el enfado es muy mayoritario en la provincia. Creen que el fichaje del presidente del PAR supone “la gota que colma el vaso” en cuanto al ninguneo hacia Teruel y, además, achacan a la dirección popular una “falta de comunicación” con la provincia.

Mientras, las aguas tampoco bajan calmadas en el PAR, donde la incorporación de Alberto Izquierdo se observa en algunos ámbitos como una traición al partido. El presidente aragonesista ha participado en la tarde de este martes en una asamblea provincial extraordinaria del partido en Utrillas, un encuentro en el que se ha analizado y debatido el “posicionamiento sobre la situación política actual”, en el contexto de las duras críticas a Izquierdo por haber actuado “al margen del mandato” de los órganos del partido, ante lo que se pide su “dimisión”.

Y hoy el encuentro se traslada a Zaragoza, con otra asamblea extraordinaria provincial, en este caso en Zuera. A esta localidad pertenece uno de los principales apoyos de Izquierdo, el secretario general del partido, Francisco Nasarre.

Dijeron 'basta' y lo mantienen, pese al quebranto económico que les causa seguir de huelga tras dos semanas. Las trabajadoras del sector de la limpieza –en su inmensa mayoría son mujeres y de más de 50 años– de la provincia de Zaragoza se han concentrado este lunes para reclamar a la patronal un “convenio justo” ante una situación insostenible para ellas, con unos salarios al borde de la ilegalidad que ahora se pueden ver amenazados por nuevos recortes: la propuesta de actualización salarial no llega al IPC y encima va acompañada de recortes en los derechos laborales.

Con una ruidosa concentración convocada por los sindicatos UGT, CCOO y OSTA en la capital aragonesa a las puertas del edificio Aída, donde tiene su sede el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), y justo antes de la reunión convocada por la patronal –ASPEL y Asoal– para seguir negociando, cientos de personas han reivindicado lo que consideran de justicia. Tras seis horas, no ha habido acuerdo y las centrales han anunciado que la huelga continúa. Este martes por la mañana hay prevista una asamblea para dar a conocer los pormenores de la negociación.

“Estamos cansadas de que la patronal nos traten como basura, porque así es como nos trata”, ha lamentado María Gracia, que explica que lleva “23 años trabajando” y pese a ello bordea el salario mínimo: “No llego a los 1.000 euros al mes netos”. “Y encima nos quieren quitar días de incapacidad temporal es que es una barbaridad”, lamenta.

Milagros también cuenta su día a día. Trabaja para una entidad bancaria a través de una contrata y tiene jornada parcial de 35 horas. Su sueldo neto, incluido el plus del autobús, es de 991 euros. “Es que así no te da para hacer nada en la vida. Y yo tengo la suerte de que hago la que más oficinas, ¿eh? Tengo compañeras que hacen menos horas; alguna, en una sola oficina 36 minutos: le cuesta más desplazarse hasta ahí y volver que el tiempo de trabajo. Me parece vergonzoso”.

Esta empleada recuerda que la culpa no es de su empresa, sino del sector en general. “Yo pertenezco a una contrata que va a más sitios, también a fábricas. Nuestro sector es muy duro: solo quieren subirnos un 2,5%, quitarnos la IT y encima incluir el transporte en el sueldo para llegar al salario mínimo”, critica.

En su caso tiene también la fortuna de que no debe “nada a nadie”, porque asumir un alquiler sería “impensable”. “Las empresas grandes no nos consideran persona, sino números, procesos. Y eso que hacemos hasta de mantenimiento: cuando vemos una cosa rota, avisamos. Llevamos a cabo otras labores que no nos corresponden. Vamos, yo hablo por mí pero sé que mis compañeras también”, explica.

Cerca de ella, Raquel Rangil insiste en argumentos similares, ya que todas tienen interiorizadas las injusticias que denuncian. “Hay muchas mujeres que tienen jornadas de 3 horas y 20 minutos, que viven solas y que no se puede mantener, no pueden ni pagar la luz”, lamenta. Se muestra en contra de que la patronal quiera “absorber el plus del transporte para que alcance el salario mínimo interprofesional” y también que quieran recortar la incapacidad temporal: “Nos quieren quitar ese beneficio”. Y reclama “una jornada más de vacaciones” al año.

Ella hace jornada completa, pero muchas de sus compañeras afrontan situaciones críticas. “Nos están echando un pulso –ataca a la patronal–. ”El viernes podrían haber llegado a algún acuerdo y nos castigaron haciéndonos pagar el fin de semana (para alargar la negociación). Nos han mantenido hasta hoy a las tres de la tarde para ver cuánta gente volvía a trabajar dentro de su precariedad. Claro está que mañana habrá mucha más gente porque estamos ahogadas“, reivindica.

Marian Prado, también trabajadora de la limpieza, explica que el suyo es un “sector feminizado y muy precario”, en el que se abusa de las jornadas parciales: “Hay mujeres que para hacerse una jornada de siete horas emplean diez recorriéndose Zaragoza”, destaca. De ahí su lucha, que aspira a que dejen de ser “trabajadoras de cuarta o quinta categoría”.

Ella se considera dentro de lo que cabe privilegiada por una circunstancia: hasta 1994 estuvo cobrando el plus de antigüedad; después ese plus se esfumó, pero algo aún conserva. Pero no es la tónica general: “Una compañera mía limpia tres horas a la semana en un centro comercial, todo para completar un salario mierdoso. Y somos un sector que, como ves, tenemos todas 50 y pico años, ya con una edad en la que empezamos a tener achaques. No se puede vivir con estos salarios”, incide.

Un sueldo que no les da ni para el alquiler: “Si tuviera que asumirlo, no me daría. Hay muchas mujeres que aunque trabajan siguen en la pobreza.

La huelga de las trabajadoras de la limpieza en Zaragoza ha causado ya importantes problemas debido al gran seguimiento que está teniendo. Plantas como la de BSH en la capital aragonesa –donde han tenido que negociar un ERTE temporal– o la de Stellantis en Figueruelas presentan graves problemas, e incluso ha llegado a cernirse el fantasma del cierre obligado en las factorías por la imposibilidad de continuar en ese contexto.

De hecho, el comité de huelga denunció ya la semana pasada que algunas empresas estarían recurriendo a prácticas destinadas a reducir el impacto de los paros. Entre las situaciones trasladadas a los representantes sindicales figuraban precisamente presuntas sustituciones de trabajadores en huelga en los mencionados centros.

Asimismo, las organizaciones convocantes aseguran que se ha producido un despido relacionado con el seguimiento de la huelga en el servicio que la empresa Eulen presta para Profand, una circunstancia que consideran especialmente grave.

Ante esta situación, los sindicatos han anunciado un refuerzo de los piquetes informativos en distintos centros de trabajo para garantizar el ejercicio del derecho a la huelga y denunciar cualquier posible vulneración de este. Los representantes de los trabajadores sostienen que los servicios mínimos fijados por las administraciones están dificultando el desarrollo de la protesta y aseguran que en algunos centros el número de empleados presentes es similar al de una jornada ordinaria.

Se no está yendo la cabeza. Perdona el dramatismo, pero no sé cómo asumir de otro modo que estemos cruzando líneas tan peligrosas de forma tan descarnada y rápida, y con tan escasa oposición pública –empezando por los propios medios de comunicación, tan dignos en otros ámbitos–. Ayer miércoles, todo un vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, no solo volvió a poner en la diana a los menores migrantes, esta vez a cuenta de su edad, sino que admitió abiertamente que habían llevado a cabo un “examen médico” a una niña de 9 años, que según su tesis podría tener 13, y que para confirmarlo habían encargado "pruebas forenses".

De verdad, creo que el mero hecho de considerar necesario someter a este tipo de pruebas a un niño o una niña de Primaria oculta algún tipo de patología seria. No consigo verlo de otra manera. No me cabe en la sesera.

De todos modos, o algo me he perdido o Vox no tendrá aquí manga ancha para hacer y deshacer a su antojo, como pretende desde la Consejería de Servicios Sociales, cuyas competencias –no olvidemos– pactó cederle Jorge Azcón.

Lo que quiero decir es que hay un protocolo claro en relación con los casos en los que hay indicios de que el joven no sea menor de edad, y no todos los pasos quedan en manos de la extrema derecha. Al revés: Servicios Sociales propone a la Fiscalía de Menores –dependiente en última instancia de la Fiscalía General del Estado– que autorice un determinado análisis y solo después de su visto bueno llega el turno del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), el órgano que lleva a cabo los estudios para determinar la edad, con una sofisticada tecnología y de la mano de unos excelentes profesionales, que se preocupan de proteger al joven más allá de la edad que al final expongan los resultados. El IMLA, por cierto, cuya competencia recae en la Dirección General de Justicia, que depende de la vicepresidenta Mar Vaquero (PP).

E insisto en que, según el mismo protocolo, solo se analizan las situaciones sospechosas, tal y como el mismo Azcón dejó caer el miércoles. Con lo que no cabría el hecho –de nuevo, salvo que algo haya cambiado y no nos hayamos enterado– de someter a pruebas a todos los menores migrantes que no tengan certificado biológico, como prometió Nolasco. En democracia, los contrapesos también existen en el seno de las propias instituciones.

Pero, más allá de los protocolos, vuelvo al principio: ¿en qué cabeza cabe que sea necesario someter a estos test a una niña de 9 años? ¿Cómo hemos llegado al punto de situar en el centro de la guerra política a una cría de esa edad? Esperemos que la Fiscalía frene semejante exceso.

Y, entre tanto, este debate consigue opacar otros que centran la actualidad política, como el hecho de que el Gobierno de Aragón ahora ya no considere importante revisar el modelo de financiación, ni siquiera con una reunión cara a cara con el Ministerio, o que las Cortes vayan a introducir unas dudosas prácticas que se dan en otros parlamentos durante las sesiones de control: que los partidos de la coalición se interpelen a sí mismos. Si estas sesiones estaban ya de por sí alejadas de la ciudadanía, ahí va un clavo más en el ataúd.

Un pelotazo urbanístico de los de antes

Donde había un espacio religioso, donde se anunciaron después dos residencias, ahora habrá 220 pisos. De lujo, claro: en una de las áreas residenciales más caras de la ciudad, anexa al estadio de La Romareda. La recalificación a la carta del antiguo Convento de Jerusalén es un pelotazo urbanístico de libro. De los de antes. Y, como los de antes, llega cargado de silencios y dudas.

Para empezar, al constatar a partir de la documentación recabada por nuestro periódico que la propuesta inicial de la promotora dueña del suelo –Enta Properties, del grupo inversor Bancalé– era para 204 viviendas. Si un informe jurídico fechado este 11 de mayo todavía mencionaba los 204 pisos, ¿qué sucedió entre esa fecha y la del anuncio del Gobierno del PP, el 27 de mayo, para que 'brotaran' 16 nuevas viviendas en ese ámbito? Lo único de lo que tenemos constancia, como te contamos, es una sentencia del TJSA a favor del Ayuntamiento de Zaragoza y contra la propiedad, que deberá asumir de manera gratuita el vial que atraviesa el sector, con la merma económica que eso supone.

Cuestionado al respecto, el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, no precisó el porqué del aumento, aunque lo desvinculó del fallo judicial, y dejó claro que la edificabilidad se mantiene; es decir, que habrá más viviendas pero más pequeñas. Aunque también es cierto que el tamaño influye en el precio final del metro cuadrado.

Pero hay más: pese a que el propio Serrano dijo que para determinar la cantidad que, a cambio de la recalificación a la carta, la promotora pagará al Ayuntamiento –un máximo de 22 millones de euros–, había ya un borrador. Salvo que se refiera al que hizo Enta Properties, lo único que consta es un prolijo informe técnico de la oficina de Planeamiento municipal que deja claro que no hay “valoración técnica que justifique” este importe. Otro misterio que se desvelará a medida que avance la tramitación.

Como el del índice de edificabilidad, cifrado en 1,667 –variable por la que multiplicar la superficie para saber cuánto puedes construir– por Enta Properties pero que el mismo informe técnico minora un 10%, hasta 1,5. Una incógnita más.

La escena fue ilustrativa. La vicepresidenta y portavoz, Mar Vaquero (PP), daba cuenta a primera hora de este jueves ante los medios de una sentencia favorable a Aragón sobre el acogimiento de un menor migrante. Lo hacía en la sala de prensa del Ejecutivo autonómico: sentado frente a ella, el otro vicepresidente, Alejandro Nolasco (Vox), esperaba su turno. Tras las pertinentes preguntas, una cortinilla en el 'streaming' oficial dio paso instantes después al propio Nolasco, quien volvió a trasladar mensajes de corte xenófobo. Vaquero evitó así la foto con el dirigente de la extrema derecha, pero no un objetivo ultra que los propios populares parecen comprar: que el debate público esté saturado de mensajes contra la inmigración.

Cuando se cumple un mes de la toma de posesión de los consejeros del Gobierno de Aragón, tras un pacto entre el PP y Vox por el que la extrema derecha asumió tres consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia, el presidente Azcón parece avasallado por el discurso de la extrema derecha, que ha centrado el tiro en los extranjeros. Si ese 4 de mayo el jefe del Ejecutivo lanzó una advertencia a sus socios y reclamaba a los nuevos consejeros que fueran “prudentes y discretos” porque lo contrario, según argumentó, solo servía para “fracasar”, el caso que le han hecho al líder popular parece ser nulo.

Una de las muestras más evidentes de este alejamiento de la prudencia y la discreción son las notas de prensa publicadas desde la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, encabezada por el propio Nolasco y punta de lanza de la batalla ideológica de Vox, hasta el punto de que el único cometido de la Vicepresidencia parece ser combatir la inmigración. Así, el Ejecutivo autonómico ha llegado a hacer informaciones colgadas en el portal oficial en las que daban cuenta de simples sucesos, como una agresión en un centro de acogida autonómico.

Las continuas alusiones de Nolasco a menores migrantes, a los que denomina con tono despectivo “menas”, ha llevado incluso al Colegio de Periodistas de Aragón a llamar la atención del vicepresidente autonómico, al trasladar a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo las quejas por el tratamiento en varios comunicados de cuestiones relacionadas con migración y colectivos vulnerables. Aragón suscribió en 2022 una 'Guía didáctica para el correcto tratamiento mediático de las migraciones' que ha saltado por los aires en apenas cuatro semanas.

Este mismo jueves, en la mencionada rueda de prensa, Nolasco ha sido el primero en informar de un suceso en Caspe del que ni la Guardia Civil había dado cuenta: una reyerta que ha terminado con un muerto. El vicepresidente ya hablaba entonces de “asesinato” y lo vinculaba con la inmigración y con la seguridad en la localidad caspolina, donde la tasa de foráneos es elevada y hay una importante bolsa de temporeros. En general, el consejero de Desregulación ha dedicado la jornada en exclusiva al suceso: se ha desplazado por la mañana a Caspe, donde ha informado de que la víctima era valenciana –algo que la Guardia Civil no confirmó–, y por la tarde ha exigido al delegado del Gobierno en Aragón que informara “sobre la residencia legal o ilegal” del detenido.

Sin iniciativa

Y ¿qué papel han jugado el PP y Jorge Azcón en estas semanas? Lo cierto es que los populares parecen haber cedido por completo la iniciativa a la extrema derecha. Más allá del día a día, el pulso informativo ha sido para Vox. Hubo un conato de enfrentamiento entre los dos partidos tras pedir la extrema derecha que la Unidad Adscrita a Aragón de la Policía Nacional vigilara los centros de menores migrantes, pero las aguas volvieron pronto a su cauce. En este tiempo, el líder del PP ha parecido estar más pendiente de hurgar en la herida del PSOE que de contrarrestar la labor de la extrema derecha, a la que ha evitado cualquier tipo de crítica pese al destemplado comienzo de legislatura.

Además, la sintonía entre ambas formaciones a la hora de aplicar la denominada prioridad nacional ha sido total, en especial en materia de vivienda, una competencia que recae en el PP.

En los populares, la consigna por ahora es evitar el conflicto con el incómodo socio. Este mismo jueves, la vicepresidenta Vaquero ha sido cuestionada sobre qué ha cambiado para que el Gobierno de Aragón tenga ahora que llevar a cabo pruebas de edad a todos los menores migrantes, no solo en los casos bajo sospecha. La número dos de Azcón en el Ejecutivo lo ha dejado claro, aunque entre líneas: la novedad es que hay una coalición PP-Vox y que ahora las competencias en Servicios Sociales recaen en la extrema derecha. Es decir, que los populares se ven obligados a transigir con la agenda ultra. Y no hay más discusión.

Mientras, la oposición continúa desnortada. En especial, el PSOE, que asiste atónito a la sucesión de revelaciones judiciales provenientes de Madrid. Pero también Chunta, Aragón Existe e Izquierda Unida, a las que apenas se les ha oído. En esta tesitura, la principal voz crítica hacia el Gobierno autonómico proviene del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que ha tenido que salir a responder, casi día sí y día también, al vicepresidente Nolasco con sus ataques en inmigración y seguridad ciudadana.

El informe de la Guardia Civil, en calidad de policía judicial, que ha dado lugar este jueves al registro de la empresa Tubos Reunidos, en Amurrio (Álava), tiene también sus ramificaciones aragonesas, y de nuevo con la empresa Forestalia en el punto de mira. La documentación alude un supuesto pago de 200.000 euros pactado por el grupo de Cerdán a cambio de una financiación blanda –ya conocida– de 17,3 millones de euros proveniente de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) y con destino a Arapellet, filial de la empresa aragonesa, para sendas plantas en Erla (Zaragoza) y Guardo (Palencia). Pero, además, el informe incluye un dato relevante: menciona dos reuniones en el mismo domicilio de Fernando Samper, ex-CEO de Forestalia, con la “participación directa” del propio Santos Cerdán.

Las revelaciones completan en parte el cuadro dibujado meses atrás por la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado, cuando trascendió que estaba investigando este millonario préstamo a Arapellet –dedicada a la producción de biomasa–, autorizado en 2022. Esa fue de hecho la motivación de los registros practicados a finales del año pasado en la sede de Forestalia en la capital aragonesa y en Madrid. Entonces ya se aludió a una posible contraprestación de 200.000 euros al denominado grupo Hirurok ('Nosotros tres', en castellano), integrado por Leire Díez, Vicente Fernández –expresidente de la SEPI– y Antxón Alonso. Ahora, en un informe fechado el 26 de mayo, la UCO apunta a que ese pago se habría “pactado previamente”, aunque por ahora se desconoce “la forma de abono”.

¿Cuándo? Sin determinar este extremo, el informe de la Guardia Civil sí menciona dos fechas: el 24 de mayo y el 12 de julio de 2021. Esos días se produjeron sendas reuniones en la casa de Fernando Samper en Zaragoza, que también fue objeto de registro policial, en las que participó directamente el por entonces secretario de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán. Habría estado acompañado por Vicente Fernández y por Antxón Alonso.

Este es uno de los indicios que tiene la Guardia Civil para situar el inicio del grupo Hirurok antes de lo pensado inicialmente y también para colocar al propio Cerdán como origen de la red, al haber puesto en contacto a sus integrantes y al poner en marcha la actividad.

La investigación que recae sobre la actividad de Tubos Reunidos, origen del registro ordenado este jueves por el juez Santiago Pedraz, tiene más conexiones con Aragón. Así, el expresidente de la SEPI habría recibido en condición de asesor externo de la empresa de Amurrio otro pago, este de 114.950 euros, a través supuestamente de una consultora de Zaragoza, Mediaciones Martínez, ahora con sede en Madrid bajo la denominación Promociones Inmobiliarias Ku-Ma.

El informe técnico de Planeamiento municipal sobre la recalificación a la carta que proyecta el Gobierno del PP en Zaragoza en el antiguo Convento de Jerusalén, a propuesta de un inversor privado, desmiente al consejero de Urbanismo: no hay “valoración técnica que justifique” los 22 millones de euros propuestos por el promotor como compensación ante el pelotazo urbanístico. Además, el documento deja claro que la edificabilidad del sector es menor a la apuntada por la entidad privada.

El estudio, de ocho páginas –y que incluye un inusual nivel de detalle para este nivel de la tramitación, cuando hay solo una propuesta inicial–, esta fechado en enero, un mes después del escrito presentado por Enta Properties. Propiedad del grupo Bancalé, esta firma aspira a que el Ayuntamiento recalifique parte de la parcela, actualmente calificada como dotación local de equipamiento privado o religioso, para levantar en una de las zonas más caras de la ciudad 220 viviendas de lujo, una residencia de mayores y otro desarrollo terciario, ya sean oficinas, un hotel o un centro docente. Como contraprestación para el denominado 'Proyecto Living Romareda', Enta Properties aportaría un máximo de 22 millones de euros, “el límite máximo de viabilidad económica del proyecto”.

Y, pese a que el martes el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, afirmó que para sustentar esta propuesta había ya “un borrador”, lo cierto es que el Servicio Técnico de Planeamiento Municipal –el informe lo suscribe la jefa de la oficina– apunta que la propuesta económica de 22 millones de euros “no se acompaña de valoración técnica que justifique la cantidad señalada”.

Lo único que hay, que conste hasta el momento, es la valoración llevada a cabo por el propio inversor para determinar ese importe de 22 millones, que abarcaría todos los conceptos, incluido el 10% de aprovechamiento y las cesiones obligatorias para las dotaciones.

La edificabilidad

En cuanto a la edificabilidad –cuántos metros cuadrados se pueden construir a partir de la superficie de un suelo–, la propuesta del promotor sitúa este índice en 1,6676, una cifra que enmarca en el “área homogénea” de la Gran Vía; es decir, en línea con el entorno del barrio. Sin embargo, la jefa de Planeamiento es clara: “Debe dejarse constancia expresa de que la edificabilidad del sector es el 1,5, con lo que la superficie edificable es de 12.241 metros cuadrados, y no 15.595 como apunta el inversor privado.

Esto puede tener implicaciones ya que los desarrollos propuestos para el sector deberían reducirse en más de un 10% respecto a lo previsto. La propuesta de Enta Properties era de 204 viviendas de lujo, de las cuales 70 se reservarían para alquiler, pero el Ayuntamiento aumentó el número de pisos hasta 220 –sin justificar el porqué de esta subida–.

El mencionado porcentaje no se aleja mucho de los 1.135 metros cuadrados de superficie que ocupará el vial que debe atravesar el sector y que el promotor deberá asumir finalmente con carácter gratuito, tal y como ha determinado recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La sentencia en primera instancia dio la razón a Enta Properties al considerar que la cesión era onerosa y que generaba edificabilidad.

El informe de Planeamiento y Rehabilitación también hace un recorrido por dos propuestas anteriores del grupo Bancalé en el mismo Convento de Jerusalén, de 2018 y 2019, que no fructificaron. La diferencia con la actual, recuerda la arquitecta municipal, es que entonces se dirimía un “trasvase de aprovechamiento urbanístico municipal previamente reconocido” y ahora se trate de la “atribución de nuevos usos”.