La polémica con los salarios incluidos en el arreglo de las riberas del río Huerva a su paso por Zaragoza, una de las actuaciones más emblemáticas impulsadas por el Gobierno del PP en la ciudad, es solo la última de un reguero de pasos controvertidos que se suman además a su elevado sobrecoste: los trabajos van a terminar suponiendo un gasto público de 34 millones de euros como mínimo, cuando lo anunciado fueron 24 millones.

El último incremento se ha conocido esta semana, con 2,2 millones de euros extras para la segunda fase del proyecto. El Ayuntamiento ha aprobado dos modificados de contrato, uno por tramo, que ha justificado por circunstancias sobrevenidas, requerimientos técnicos y mejoras ambientales. Según el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, los cambios van a servir “para mejorar el proyecto, reforzar la seguridad estructural y beneficiar su valor medioambiental”. En el primer tramo, entre el puente Blasco del Cacho y la Gran Vía, el aumento es de 1.164.420,89 euros IVA incluido. La causa principal es el talud de la calle de Manuel Lasala: tras las lluvias de finales de septiembre de 2025 aparecieron rellenos inestables de escombros, ladrillos y plásticos, lo que ha obligado a vaciar la ladera y a sustituir la escollera prevista por técnicas de bioingeniería.

En el segundo tramo, entre Miguel Servet y la desembocadura, el sobrecoste es de algo más de un millón de euros. El Consistorio lo atribuye en este caso a la erosión de las crecidas bajo el muro de la calle del Doctor Aznar Molina, que según Serrano ha obligado a “ejecutar trabajos de refuerzo estructural mediante hormigonado sumergido”. También a la aparición de restos del antiguo Convento de San José y de más de un centenar de restos óseos, y a mejoras en el drenaje, las barandillas, el alumbrado, el riego y los juegos infantiles. 'El Periódico de Aragón' ha concretado, a partir del expediente, que el riego previsto crece un 20%, la extracción de rellenos del cauce un 77%, los trabajos de bioingeniería un 139% y los recursos para arqueología se duplican.

Inicialmente, la actuación iba a costar 24 millones de euros, con 10 millones en una primera fase y otros 14 en una segunda, tal y como anunció el propio Ayuntamiento.

Con la primera etapa se cumplió, y de hecho la adjudicación a la UTE COPHA-Construcciones MLN destinada a mejorar la biodiversidad y acometer la regeneración paisajística e hidromorfológica de las riberas rebajó la inversión en 1,5 millones de euros, aunque el gasto final fue algo mayor. Pero con la segunda el sobrecoste ha sido muy intenso.

Primero, el Ayuntamiento tuvo que acometer una modificación presupuestaria –aprobada en pleno en plena canícula del año pasado, el 29 de julio– de siete millones de euros por un error grave de cálculo en el anteproyecto, que según manifestó abiertamente la alcaldesa, Natalia Chueca, se presupuestó “a mano alzada”, entre duras críticas de la oposición. La concejal socialista Marta Aparicio tachó de “inconcebible” que la iniciativa se hubiera medido “a ojo”.

Finalmente, la inversión comprometida alcanza los 34 millones de euros, y eso que los trabajos aún no han terminado.

Pero la pata presupuestaria no es la única que ha generado controversia. Los trabajos han generado intensas quejas en el vecindario, que ha denunciado vibraciones en los edificios, filtraciones en garajes, ruido desde primera hora de la mañana o la presencia de ratas. Mientras, los colectivos ecologistas han denunciado “podas agresivas” que han generado “heridas irrecuperables” en el arbolado y falta de protección de las plantas que provoca “la desestabilización” de los ejemplares.

Además, el Gobierno del PP en Zaragoza ha empleado parte de la financiación para publicitar el proyecto en medios afines como EDA TV –Estado de Alarma–, el portal ultra impulsado por Javier Negre, al que destinó 6.060 euros. Y lo mismo a digitales como The Objective, El Debate, Periodista Digital, ABC, El Confidencial o elEconomista. En total, el dembolso entre finales del año pasado y mayo de 2026 rondó los 230.000 euros.

Y la última controversia, como ha desvelado elDiario.es, tiene que ver con el pago de nóminas a cargos de confianza, entre altos directivos o asesores de comunicación, con los fondos europeos que financian el proyecto. Un montante que supera los 850.000 euros y que la Fundación Biodiversidad, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica, no acepta como gasto, lo que puede derivar en un conflicto entre las dos instituciones.

Hay salarios cargados de trece personas, seis de ellas de confianza. Y se dan situaciones llamativas, como la de un asesor de comunicación cuyo sueldo salió el año pasado casi al completo de este proyecto –pese a que siguió llevando a cabo su trabajo normal en el Ayuntamiento– o el del coordinador general de Urbanismo, que percibió 72.000 euros de aquí por once meses de trabajo, casi su nómina anual entera.

El Gobierno de Zaragoza ha licitado un acuerdo marco para encargar a empresas externas la redacción de proyectos de reforma de calles, renovación de tuberías y alumbrado público, además de la dirección de las obras. El presupuesto, tal y como aprobó el equipo de gobierno del PP el 9 de septiembre, es de 1.210.000 euros (IVA incluido) para dos años. La Dirección de Infraestructuras lo justifica en que sus servicios “no cuentan con los medios materiales ni humanos suficientes”. El informe que lo acredita no cuantifica ni la plantilla disponible ni la carga de trabajo.

El contrato puede prorrogarse dos años más, hasta un valor estimado de 2 millones de euros. Se divide en cuatro lotes, con hasta tres empresas por cada uno. El primero –302.500 euros– cubre proyectos de obras de hasta 1.680.000 euros de presupuesto de ejecución material. El segundo –242.000 euros– abarca los que van de esa cifra hasta 3,5 millones de euros. El tercero –302.500 euros– es para alumbrado público. Y el cuarto –363.000 euros– incluye direcciones facultativas y apoyo a la inspección de obras.

El pliego técnico sostiene que existe una “constante necesidad de actuar” en la potabilizadora, la red de abastecimiento, los viales, los puentes y el alumbrado. Entre las obligaciones normativas que contribuyen a ello, cita la Ordenanza Municipal de Accesibilidad y el decreto estatal que exige reducir las fugas evitables de agua potable. También alude a la “mayor consignación presupuestaria” para infraestructuras en los últimos años, que genera trabajos de ingeniería que, según el documento, “es urgente atender”.

Aunque los técnicos municipales seguirán redactando proyectos, el Gobierno municipal recurrirá a las empresas ante “puntas de trabajo” o ante actuaciones que por su “extensión y complejidad” no pueda asumir, como la rehabilitación integral de puentes, la reforma de grandes avenidas o las tuberías arteriales.

Honorarios en función del coste

Los honorarios dependen del coste de cada obra. En el primer lote, los proyectos de obras de hasta 33.613,45 euros se pagarán a un precio máximo de 1.800 euros, y los de hasta 100.000 euros, a 2.500 euros. Por encima, se aplica un coeficiente del 3% sobre el presupuesto hasta 500.000 euros y del 2,8% hasta 1.680.000 euros. En el segundo lote el coeficiente baja al 2,6%. Para estimar el coste, el pliego fija módulos orientativos: 350 euros por metro cuadrado de reforma de calle o 550 euros por metro lineal de tubería arterial de 300 milímetros de diámetro.

Finalmente, el cuarto lote incluye también visitas de apoyo a la inspección en obras sin proyecto y en trabajos de terceros en la vía pública: se pagarán a 60 euros por visita, con una duración mínima de hora y media, y 20 euros por cada hora adicional. El pliego deja claro, no obstante, que el personal externo no tendrá la condición de autoridad, y únicamente un funcionario podrá levantar actas con presunción de certeza u ordenar la paralización de una obra.

Lío a la vista con la reforma de las riberas del Huerva impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza, una iniciativa sufragada con fondos europeos y cuyo coste se ha disparado hasta los 34 millones de euros. La Fundación Biodiversidad –perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y que canaliza desde el Gobierno central estas ayudas– ha rechazado un gasto en nóminas que asciende a 868.000 euros, la mayor parte de cargos de confianza y que en algunos casos incluyen el salario anual entero. Y eso que en varios casos el “parte de horas” registrado muestra que no se dedicó tiempo a esta labor.

El gasto en plantilla que la Fundación Biodiversidad no acepta se enmarca en los proyectos Ciudades, de mejora de la biodiversidad en el entorno del Huerva, y Ríos, Restitución paisajística-hidromorfológica. Y afecta a trece personas: entre ellas, Blanca Solans, actual consejera de Hacienda y Fondos Europeos y antes directora general de Fondos Europeos; su sucesora en este cargo; el coordinador general del Área de Urbanismo; el jefe del Departamento de Gestión de Fondos Europeos; la directora de comunicación del Ayuntamiento, o asesores e interinos con labores de comunicación.

El grado de imputación del gasto objeto de la polémica varía mucho: mientras que de Solans se pasaron apenas 4.000 euros de 2022 y 2023, una parte mínima de su sueldo, el ahora coordinador general de Urbanismo superó el año pasado los 71.000 euros, lo cual supone un elevado porcentaje de sus percepciones totales porque encima tomó posesión del cargo en febrero. Mientras, el salario del jefe del Departamento de Gestión de Fondos Europeos derivado al proyecto del Huerva llegó a 50.232 euros ese año, más de la mitad de su nómina –pública, como todos estos puestos–. Y en el caso de un asesor de comunicación –personal eventual– equivalió el pasado ejercicio a su salario completo, pese a que continuó desarrollando su trabajo normal en el Ayuntamiento.

En total, el gasto en personal cargado por el Gobierno del PP a ambos proyectos europeos y que la Fundación Ecodiversidad no acepta asciende a 858.218,98 euros, encuadrado en cinco ejercicios presupuestarios (de 2022 a 2026). De estos, 456.634 euros son de puestos de confianza. Solo al salario de uno de los asesores de comunicación se han destinado con estos fondos 122.000 euros en cuatro años. A una alta funcionaria municipal de Medio Ambiente, 141.000 euros en el mismo periodo. Y al jefe del Departamento de Gestión de Fondos Europeos, 100.000 euros.

En los dos informes, la Fundación Biodiversidad excluyó los sueldos del personal funcionario y eventual del Ayuntamiento por considerarlo “estructural, ordinario o recurrente” y no financiable con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). La Subdirección General de Fondos Europeos, del Ministerio de Hacienda, confirmó esta regla general, pero matizó que el criterio determinante es si el coste estaba previsto en la estimación de origen del Plan de Recuperación.

Y aquí es donde se le abre la puerta al Ayuntamiento de Zaragoza. El Consistorio alegó, por un lado, que las propias bases de estas ayudas permiten imputar hasta el 80% del coste de personal propio no contratado al efecto. Y, por el otro, que existe un cuadro de recursos humanos aprobado desde el origen de la convocatoria y que la Fundación dio por válida una modificación presupuestaria del Ayuntamiento que incorporaba parte del gasto en salarios y que identificaba nominalmente a los empleados.

Sin horas de trabajo en el parte

La propuesta de Acuerdo de Gobierno que recurre la liquidación el pasado 9 de septiembre, por cierto, está precisamente firmada por la consejera Blanca Solans, la directora de Fondos Europeos y el jefe de Gestión de Fondos Europeos, los tres con parte del salario derivado a la reforma del Huerva.

Pero hay más. Según recoge el propio informe, en el primer trimestre de este año se cargó a estos proyectos europeos la nómina de ocho empleados municipales pese a que el propio parte de horas proporcionado por el Ayuntamiento no permitía “verificar” que se dedicara nada de tiempo al proyecto, motivo por el que la Fundación no considera “elegible” este gasto. Según fuentes del Consistorio, la razón de ello es que, por la naturaleza de estos empleos –que incluye a asesores de comunicación pero también a personal laboral y funcionario– y la flexibilidad de las jornadas, resulta imposible que haya un registro horario.

Contactado por este periódico, fuentes de la Fundación Biodiversidad eluden la polémica. “No entramos a valorar públicamente los proyectos”, apuntan.

El caso de la guardería Waldorf Munay de Zaragoza, donde se acumulan ya once denuncias de niños y niñas por presuntas agresiones sexuales, cumple este mes de septiembre un año con la instrucción aún abierta –de hecho, se acaba de ampliar–, con dos investigados en libertad con cargos y con unos padres que, según aseguran, tratan de superar lo vivido. Mientras, un informe policial cree consistente el patrón sobre los testimonios de los pequeños.

Fue en septiembre del año pasado cuando trascendió la detención de un trabajador del centro infantil, un hombre que desempeñaba funciones docentes y de cuidados. Pese a que la acusación pidió prisión provisional para él, el juez optó por dejarle en libertad con cargos. Mientras, en marzo se sumó una segunda investigada, una de las dos fundadoras de la guardería, que cerró sus puertas en noviembre. En estos meses, hasta diez familias han denunciado los presuntos abusos a sus hijos e hijas, con once víctimas en total. Todos ellos de menos de tres a seis años cuando se produjeron los supuestos hechos.

En este tiempo se han ido sucediendo las testificales de los pequeños en la Cámara Gesell del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), un servicio judicial que funciona como prueba preconstituida y que evita la revictimización de los pequeños. Y aún están pendientes las declaraciones de los dos últimos denunciantes y el posterior informe del IMLA: no se presentaron en verano debido al periodo vacacional y por este motivo el Juzgado de nº11 de Zaragoza ha ampliado la instrucción otros seis meses.

Lo que sí consta en el expediente es un informe policial, fechado el pasado mes de mayo, en el que se analizan los testimonios de ocho de las presuntas víctimas y de sus padres. La conclusión principal, según ha podido constatar elDiario.es, es que el patrón observado por la autoridad policial es compatible con los presuntos abusos sexuales, aunque también se destaca que esto no tumba la presunción de inocencia. Las reacciones emocionales de los pequeños, argumenta el mencionado informe, son congruentes con lo narrado.

“Le han dañado profundamente”

Mientras, para las familias el recuerdo de lo sucedido no se ha olvidado. Este periódico ha podido hablar con dos de los padres de denunciantes y han reconocido los problemas que los pequeños siguen sufriendo. “A mi hija le han fastidiado dos años de felicidad, le han dañado profundamente. Tiene muchos miedos, sobre todo con comida”, asegura C., una de ellas –los nombres son ficticios para preservar la identidad–. “La mía no puede ni siquiera ver películas. Varios niños testificaron que les ponían imágenes matando a personas, les decían que si lo contaban les harían eso”, recuerda J, que indica que la pequeña también tiene “pánico a estar sola”. “Es una angustia”, resume.

“Para los padres, que se esté alargando todo es duro psicológicamente. No puedes soltar del todo. Aún están a mitad de los informes del IMLA”, lamenta C., aunque admite que la instrucción se ha tenido que prolongar por la llegada de nuevas denuncias.

Los miedos se han incrementado con el comienzo del curso tras el largo periodo veraniego. “Mi hija no es capaz de ir al baño: se aguanta el pis. Y sigue con miedo a los profesores, aunque está algo más confiada. Antes de empezar me decía que tenía miedo y reaccionaba con ansiedad”, señala J..

Ambas coinciden por separado en criticar que no haya contempladas acciones para asesorar y ayudar a las familias en trances así. “Empieza el colegio y no hay un mecanismo que nos ayude a hablar con las tutoras nuevas, para que sepan reaccionar cuando haya un detonante. Que si va al baño y tiene problemas con un compañero, saber de dónde viene”, explica C., quien ha tenido que contratar psicólogos para “dar pautas y consejos” a los profesores. Para ello, los docentes tienen que dar su consentimiento, algo ante lo que han encontrado por lo general una buena disposición.

Mientras, aunque este periódico no ha podido ponerse en contacto con la defensa de los acusados, su abogado, José María Bayod, sí que expresó en febrero la “agonía” que estaban sufriendo tanto el investigado como las dos personas que gestionaban la guardería. Asimismo, Bayod recordó que la acusación había pedido en dos ocasiones que se decretara prisión y orden de alejamiento para el principal investigado y que “ni el fiscal ni el juez” lo habían aceptado, lo que consideraba “significativo”.

El Gobierno del PP en Zaragoza lleva desde hace cuatro años sin reclamar los 12 millones de euros que debe devolver un elitista club de la ciudad, el Tiro de Pichón, y lo justifica en que aguarda a que se resuelva un contencioso judicial abierto con la Confederación Hidrográfica del Ebro. Pero ahora un informe elaborado por el propio Ayuntamiento reconoce sin ambages que la razón por la que no activa la restitución es por no causar “perjuicios” al centro deportivo.

Así consta en un documento suscrito por un alto cargo de la Gerencia de Urbanismo, Pedro Marín Ballabriga –jefe de Departamento de Suelo y Vivienda del Ayuntamiento–, y fechado el pasado 9 de septiembre. El informe, elaborado ante los reiterados avisos de la oposición municipal por la posible prescripción de la deuda –en octubre se cumplen cuatro años desde que el pleno declaró nula la expropiación de sus terrenos en La Almozara–, sostiene que la acción para recuperar el dinero no ha prescrito: al no resolver el recurso que la sociedad presentó contra esa nulidad, la ejecución del acuerdo quedó suspendida por silencio administrativo y el reloj de la prescripción, siempre según el documento, se detuvo.

Hay que recordar que el Tiro de Pichón es un club de gran raigambre en la capital aragonesa. A él han pertenecido tradicionalmente –como refleja el libro por su 75 aniversario– “reconocidas familias zaragozanas, sagas que continuaron con el paso de los años”, entre las que señala a la familia de Jorge Azcón, actual presidente del Gobierno de Aragón. El dirigente popular es de nuevo citado en este volumen, ya que formaba parte en 2010 –en ese momento Azcón no era cargo público– de la junta del club en calidad de tesorero.

El informe no detalla cuáles serían los perjuicios

El informe conocido este lunes, dirigido al consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, recuerda que el Tiro de Pichón recurrió en reposición el 2 de diciembre de 2022 y pidió expresamente la suspensión del acuerdo. El Ayuntamiento no contestó en el plazo de un mes y tampoco lo hizo después: el recurso lleva más de tres años y nueve meses sin resolverse porque, según deja reflejado por escrito el alto cargo de Urbanismo, hacerlo “podría causar importantes perjuicios a los sujetos expropiados”; es decir, a la propia sociedad recurrente. El texto no precisa cuáles serían esos perjuicios ni por qué justifican incumplir el plazo legal.

Con esa base, el documento sitúa la suspensión en el 3 de enero de 2023. Admite que el Ayuntamiento no adoptó ningún acuerdo expreso para ello y la califica de suspensión “de facto”, “tácita” y ex lege.

Lo que está en juego son ni más ni menos que 12 millones de euros: 9,6 millones de devolución principal, que el Ayuntamiento pagó en su día al club como justiprecio, y 2,3 millones de intereses. Tras el deslinde de la Confederación Hidrográfica del Ebro de diciembre de 2021, que declaró dominio público casi 11.000 metros cuadrados de una de las parcelas, el propio informe calcula que el justiprecio correcto rondaría los 1.413.000 euros.

El documento no fija una fecha de prescripción. Reconoce la duda sobre si el plazo es de cuatro años, por tratarse de una deuda tributaria, o de cinco, como obligación personal del Código Civil, y argumenta que el cómputo solo empezará cuando el acuerdo sea firme, para lo que deberá resolverse el recurso pendiente.

Posibilidades “incólumes”

En la comisión, el consejero Víctor Serrano ha defendido en la comisión que la acción no solo no ha prescrito, sino que sus posibilidades permanecen “absolutamente incólumes”. Ha añadido que existe “una firme voluntad política” de reclamar y ha insistido en que el Gobierno esperará a la sentencia sobre el deslinde, que sigue pendiente de señalamiento.

Desde la oposición, la concejal socialista Ros Cihuelo ha recordado que el acuerdo de octubre de 2022 reconoció que el pleno “estaba facultado para exigir ese dinero que el Tiro de Pichón ha cobrado sin tener derecho a cobrarlo y que es de los ciudadanos”. Son, ha indicado, “casi 12 millones de euros con los que se podrían hacer muchas cosas en beneficio de los ciudadanos”.

Además, Cihuelo ha afeado precisamente al equipo de gobierno que solo tuviera “en cuenta los perjuicios al Tiro de Pichón”: “Ustedes no entienden el concepto del interés público”, ha atacado, antes de retomar la cuestión primera: “Exigimos que ejecute el acuerdo plenario y que requieran el cobro de la deuda, o por lo menos que resuelva expresamente ese recurso, que es su obligación por ley”.

El representante de Zaragoza en Común, Suso Domínguez, ha señalado por su parte que en el expediente no constaba ningún informe de la asesoría jurídica que “aclare todo esto de manera manifiesta”. “Lo que se tiene que hacer es cumplir el mandato de pleno sobre la revocación del expediente: todo lo demás son excusas que nos hacen correr el riesgo de perder 12 millones con intereses del Tiro de Pichón que se adeudan a este Ayuntamiento”, ha dicho, en línea con el argumento socialista.

Finalmente, Armando Martínez, de Vox, ha calificado de “prudente” la actuación del Gobierno municipal, como ya hizo en diciembre de 2023, pero ha recordado que el propio gerente de Urbanismo expresó entonces las dudas sobre la prescripción. Asimismo, ha pedido que la jefa del Servicio Jurídico firmara un informe que sostenga que está detenido plazo de prescripción de la acción de reintegro, “para tranquilidad de todos”.

Los últimos presupuestos del actual mandato de Natalia Chueca pueden ser los más baratos y, al paradójicamente, también los que más coste político le generen al Gobierno del PP. La portavoz de Vox, Eva Torres, ha augurado este viernes una posición más dura por parte de su formación y ha vinculado el apoyo a las cuentas de 2027 no solo a las propuestas que formulen, sino al cumplimiento de lo acordado en el pasado. “Dedíquese más a la gestión, menos atril en la calle y menos fiestas”, ha advertido la edil a Chueca. Los populares no necesitan a Vox para alcanzar la mayoría plenaria, pero en ese caso tendrían que echarse en brazos de la concejal tránsfuga, Marisa Gaspar, con el desgaste que eso genera.

“Los acuerdos están para cumplirlos. Hay algo peor que perder un presupuesto, y es perder tu palabra y tu credibilidad”, ha lamentado la portavoz de Vox durante un desayuno informativo este viernes con periodistas. Ahí, ha desgranado los tres requisitos en forma de compromisos pendientes que exige a los populares para su 'sí' a las cuentas. Primero, aumentar la ejecución presupuestaria de las partidas de pendientes de este año, que han pasado “de más de un 85% hasta ahora a un 20% en este momento”. Segundo, “ligar la zona de bajas emisiones (ZBE) a los niveles reales de contaminación” para evitar un modelo recaudatorio.

El tercero es impulsar el proyecto de “racionalizar el tamaño del Ayuntamiento”: esto último, ha afirmado Torres, “está muy avanzado”, ya hay un “informe técnico” y solo queda “que la alcaldesa diga sí o no”. Sobre si implicaría el despido de personal municipal, la portavoz de Vox no ha querido ser muy específica, pero ha venido a decir que así será: “El objetivo no es despedir, pero si quitas estructuras hay directores y cargos de confianza que desaparecen”.

Sobre las peticiones de cara al próximo ejercicio, la edil ha valorado que el PP en estas cuentas “no tiene mucho margen”. “Lo que la alcaldesa debe hacer es cerrar todos los frentes que tiene abiertos, que son muchos. Eso le voy a pedir. Y que por favor este equipo de gobierno y que especialmente ella se dedique más a la gestión: menos atril en la calle y menos fiestas”, ha atacado la portavoz de Vox.

Eva Torres ha recordado que su formación ha garantizado la estabilidad institucional del PP “durante más de siete años”. Un apoyo, ha incidido, que han otorgado por “fidelidad, responsabilidad y compromiso con los zaragozanos”. Sin embargo, la portavoz ha afeado de forma directa a la alcaldesa, Natalia Chueca, que el equipo de gobierno esté dando la espalda a los acuerdos que firmaron.

Respecto de la sociedad La Nueva Romareda, de cuyo consejo de administración precisamente forma parte Eva Torres, la edil ha dicho –en línea con lo afirmado estas semanas– que su grupo va a “exigir siempre transparencia”, más “con un proyecto de 170 millones de euros”. Pese a las críticas formuladas al PP, ha insistido en que “donde más papel hacen a los zaragozanos” es dentro del consejo y en que no se plantea salir de este órgano: “No está encima de la mesa”. La última polémica tiene que ver con los ocho millones de euros del contrato por los 'naming rights' que La Nueva Romareda transfirió en primavera al Real Zaragoza SAD.

El denominado Jardín del Monasterio de Cuarte de Huerva, en Zaragoza, ya está operativo. Se trata de un espacio verde que simula una iglesia al aire libre y que de hecho ha sido diseñado a instancias del párroco, como recoge el propio proyecto. El parque, que incorpora elementos de simbología cristiana como un altar con crismón incorporado, ha sido financiado con dinero público: el Gobierno del PP en la localidad ha echado mano de fondos procedentes de la Diputación Provincial. El Consistorio recuerda que “es, ante todo, una infraestructura hidráulica de seguridad”, lo que ha condicionado su diseño.

Esta semana se cumplen dos meses del estreno oficial de la zona verde, que fue adjudicada a la empresa Solceq SL por 265.147 euros. Como reflejaba el proyecto, “durante la redacción se habló con [el párroco] don Gustavo y se propuso reproducir el templo de Santa María en el espacio público en la nueva zona verde, de forma que pudiera impartir misa en este nuevo espacio”. De ahí las gradas de hormigón y las plataformas horizontales. “Una piedra en la zona del altar, como ARA, permitirá oficiar la misa. Las familias, muchas con niños y niñas de todas las edades podrán asistir a la misa, ahora en un espacio amplio, natural, y sagrado (al reproducir las mismas medidas y proporciones del templo del monasterio). Los asistentes podrán estar de pie en la zona central, poner sillas si se requiere o sentarse en las gradas laterales”, añade.

La inauguración se produjo el pasado 17 de julio, como acto oficial en la jornada inaugural de las fiestas de Santa Ana del municipio. Fuentes del equipo de gobierno explican que su “función principal es proteger el municipio frente a episodios de lluvias torrenciales, recogiendo, laminando y canalizando las escorrentías procedentes de los barrancos del entorno antes de su evacuación hacia el río Huerva”. Esto es lo que ha hecho que el espacio no se planteara “como un parque convencional” y lo que llevó, “por ejemplo”, a descartar “la instalación de zonas de juego infantil permanentes sobre la superficie”.

Bodas civiles

“Desde su inauguración permanece abierto al público y puede utilizarse libremente, siempre de forma compatible con su naturaleza y características”, indican las mismas fuentes municipales, que apuntan que uno de los posibles usos es “la celebración de bodas civiles”. “Actualmente el Ayuntamiento todavía no ha registrado ninguna solicitud para celebrar un enlace en este espacio, pero es una posibilidad que está disponible para aquellas parejas que quieran escogerlo como escenario para su boda”, especifican.

El cartel que se puede observar en el mismo parque constata en todo caso la simbología religiosa del espacio público, que “se inspira en el Real Monasterio de Santa María de Santa Fe” y que “reinterpreta algunos de los espacios más representativos del conjunto monástico cisterciense”. Respecto del altar, “ejecutado en una sola pieza de piedra caliza”, incorpora el mencionado crismón, “símbolo cristiano usado por el Císter”. “El símbolo del Crismón remonta su origen a la época romana. Expresa los principios de la creación y sus leyes”, apunta el texto.

Inicialmente, la obra tenía por objetivo –como consta en el acto público que oficializó, en julio de 2024, la cesión del suelo por el Ayuntamiento de Zaragoza al de Cuarte, con las alcaldesas de ambas localidades– a “mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad, creando un nuevo acceso” al mencionado centro educativo y “dotando a este espacio de una parada de autobús escolar, de una zona de estacionamiento para las familias que acuden a diario al instituto y un ‘pump track’”. Sin embargo, el concepto se amplió posteriormente hasta convertirse en una auténtica misa al aire libre. En su inauguración, eso sí, el Consistorio indicó que se trataba de una actuación “hidráulica capaz de laminar y drenar el agua de lluvia hacia el río Huerva, una infraestructura pensada para reducir el impacto de las tormentas” en el municipio.

Para financiar esta actuación, el Ayuntamiento de Cuarte ha recurrido al plan de subvenciones Plus 2024 de la Diputación Provincial de Zaragoza, como consta en la documentación oficial. En principio, para adecuar una zona verde y a la implantación de carril bici en la zona del Monasterio de Santa Fe. Se da la circunstancia de que los trabajos se vieron afectados por las fuertes lluvias de finales de septiembre del año pasado, lo que obligó a retrasar su estreno.

Respecto al programa de actividades en esta zona verde, las fuentes municipales dice que está trabajando para las propuestas decara a los próximos meses. “Las asociaciones y entidades del municipio pueden plantear iniciativas para desarrollar allí”, inciden.

Entidades vecinales, colectivos ecologistas y asociaciones en defensa del territorio, al igual que distintos investigadores del ámbito académico, advierte desde Aragón en sus alegaciones al proyecto de real decreto sobre centros de datos de que, si no se refuerza el control sobre lo que ocurre dentro de estas infraestructuras, “España podría convertirse en una suerte de colonia digital que ceda sus competencias legales, financieras y económicas, así como sus recursos energéticos, hídricos y de suelos, a proyectos determinados por corporaciones privadas”.

A esa advertencia se suma un frente amplio. Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, junto a otras decenas de plataformas ciudadanas –como 'No es sequía, es saqueo'–, han presentado alegaciones conjuntas al mismo trámite. Consideran el proyecto “insuficiente para prevenir y reducir de forma adecuada sus impactos ambientales y sociales, en particular sobre dos recursos fundamentales: el agua y la energía”. “Mejorar la eficiencia de los centros de datos no basta si el consumo total de agua y energía sigue creciendo sin límites”, advierten, y reclaman tres cambios: límites ambientales máximos evaluados de forma acumulada por territorio, una planificación que exija cobertura 100% renovable, y garantías democráticas de transparencia y rendición de cuentas.

Las alegaciones censuran el propio proceso de consulta. La Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) denuncia que “no es de recibo ni el momento en el que se abrió la consulta, durante el mes de agosto, ni la duración de la misma” –que finalmente fue ampliada–, mientras el documento colectivo recuerda que el artículo 6.3 del Convenio de Aarhus exige plazos razonables para una participación efectiva.

En materia hídrica, las alegaciones coinciden en que el decreto delega la sostenibilidad del agua en una etiqueta europea (WUE) autodeclarada por las propias empresas, sin inspección independiente. Para la FNCA, ese enfoque es “un error mayúsculo”: es, advierte, un indicador de eficiencia relativa que no informa sobre el consumo total ni sobre su compatibilidad con los recursos de cada cuenca.

El documento colectivo propone limitar el uso a 5.000 metros cúbicos anuales por centro en demarcaciones con estrés hídrico alto o severo, un umbral que en Aragón dejaría fuera solo a los proyectos de Amazon Web Services. Como referencia, los ecologistas citan el centro proyectado por Meta en Talavera de la Reina (Toledo), de 248 megavatios, que contempla consumir hasta 504 millones de litros de agua al año.

Una moratoria

En energía, las entidades reclaman suficiencia y una moratoria frente al crecimiento del sector, después de que Red Eléctrica haya concedido ya más de 12 gigavatios de acceso, muy por encima de los 4 gigavatios previstos para 2030. La Agencia Internacional de la Energía, citada por los ecologistas, calcula que un centro de datos de IA de 100 MW consume al año tanta electricidad como 100.000 hogares.

El documento colectivo pide además elevar del 80% al 100% la cobertura renovable exigida y del 80% al 90% la correlación horaria, y obligar a instalar baterías de respaldo –cuatro horas de autonomía– en centros de más de 5 MW. Denuncia también un “agujero legal” en el régimen sancionador: una empresa podría incumplir cuatro años seguidos, corregirlo puntualmente en el quinto y reiniciar el ciclo, por lo que propone reducir a dos años el margen tolerado y elevar el recargo hasta 20 veces el precio de mercado por cada MWh excedido.

Las alegaciones colectivas alertan asimismo de que la legislación aragonesa permite conexiones 'off-grid' –sin pasar por la red eléctrica general– a parques renovables que eludirían los límites del propio decreto.

Las alegaciones también ponen el foco en el suelo: piden limitar al 20% la ocupación no urbanizable por proyecto y fijar una distancia mínima de 1.500 metros entre centros de más de 50 megavatios y los núcleos de población, ante los efectos acumulativos –isla de calor, ruido o pérdida de hábitat– ya detectados en el área metropolitana de Zaragoza.

El documento señala por otro lado que el decreto carece de mecanismos de auditoría externa: no especifica qué administración debe verificar que los datos reportados por las empresas son ciertos, ni prevé sanción alguna si no lo son. Solo contempla, critican las entidades, la retirada del acceso a la red por no presentar documentación, no porque esta sea falsa.

Falta de información

Pedro Arrojo, relator especial de la ONU sobre el derecho al agua, pide en su informe de 2025 que los Estados promuevan “una moratoria de la puesta en marcha de centros de datos” mientras no haya información clara sobre su consumo de agua y energía. Otro informe citado en las alegaciones, el de la investigadora Aurora Gómez sobre Aragón, sostiene que la opacidad es una estrategia deliberada del sector, hasta el punto de que son “las propias resistencias quienes tengan que buscar la información”, en lugar de que las instituciones la publiquen de forma agregada.

Las entidades sociales, ambientales y vecinales aragonesas coinciden en que el proyecto de real decreto delega en las propias empresas promotoras el control sobre sus requisitos, sin techos absolutos de consumo ni evaluación de los efectos acumulativos de instalar varios centros de datos en un mismo territorio.

Por su parte, 'No es sequía, es saqueo' ha difundido además un comunicado propio que rebate directamente las críticas del Gobierno de Aragón al decreto, al que acusa de perjudicar la economía autonómica. “Lo imposible no es cumplir el real decreto. Lo imposible es convivir con 30 centros de datos depredadores de recursos”, señala el texto, que cita un estudio de la Universidad de Zaragoza según el cual 8.000 megavatios de centros de datos multiplicarían entre cinco y quince veces la demanda eléctrica de la comunidad.

El propio documento colectivo maneja otra proyección distinta y más alta: si se instalasen los 11.237 MW proyectados en Aragón, el consumo –73.827 GWh al año– equivaldría al 87% del consumo eléctrico regional actual y al 22% del nacional.

“Bochornoso”, “lamentable” o “ridículo histórico”. La evacuación de los bienes del monasterio de San Juan de la Peña el pasado 13 de agosto, en los momentos más duros del incendio de Riglos, ha llegado a las Cortes de Aragón, donde el PSOE ha criticado la tardanza en actuar y ha pedido “responsabilidades” al Gobierno autonómico. El Ejecutivo ha defendido su respuesta, en la que primó la “anticipación” y el “criterio técnico”.

Ha sido una interpelación del diputado socialista Marcel Iglesias la que ha llevado el debate a la Cámara autonómica. En ella, el parlamentario ha empezado destacando la “importancia” del patrimonio que guardan los muros del monasterio viejo de San Juan de la Peña: “El Panteón Real más importante de Aragón y me atrevo a decir que de España”. A continuación, ha criticado el “episodio bochornoso” vivido esa tarde, con imágenes que recorrieron todo el país con los militares de la UME llevándose en urnas buena parte de los bienes. La actuación denotó, según el representante socialista, una “falta de competencia política del Gobierno de Aragón”, se vivieron “escenas lamentables que han quedado en la retina de todos los aragoneses y todos los españoles”.

“¿Por qué no se bajaron los bienes de San Juan de la Peña hasta el día 13 por la tarde? ¿Por qué se pusieron en riesgo no solo los bienes, sino a los miembros de la UME?”, ha preguntado Marcel Iglesias, quien ha atacado al Ejecutivo por pedir a los militares “una primera intervención” para retirar el patrimonio “sin asesoría y asistencia de los técnicos en el lugar”.

En su respuesta, la vicepresidenta Mar Vaquero, al frente del Departamento de Presidencia, Justicia y Cultura, ha acusado al diputado del PSOE de “total falta de sensibilidad y de conocimiento”. “Gracias a Dios estos incendios estuvieron bajo la gestión de un Gobierno del PP y de Vox. Con uno del PSOE, hoy los bienes no estarían a salvo en el Museo de Huesca”, ha contraatacado Vaquero, que ha continuado: “Nadie relacionado con la devoción o el mantenimiento de San Juan de la Peña tuvo ninguna crítica, pero ustedes, como aves rapaces, intentan aprovechar cualquier circunstancia para sacar rédito político”.

Sobre el operativo, la vicepresidenta lo ha calificado como “un ejemplo de anticipación a dos acontecimientos, de capacidad de coordinación y de sensibilidad”. Vaquero también ha incidido en la “buena coordinación” entre Interior y Medio Ambiente, por un lado, y de Patrimonio con Turismo, por el otro, en ambos casos repartidos entre el PP y Vox.

“Deprisa y corriendo”

La réplica de Iglesias ha comenzado con una alusión a las palabras de la vicepresidenta: “Los bienes de San Juan de la Peña, restos de nuestros primeros reyes no se salvaron gracias a Dios: se salvaron gracias a la UME, a los técnicos de Patrimonio y a la Guardia Civil”, ha apuntado.

Iglesias ha insistido con las fechas para reflejar la supuesta tardanza en el rescate de los bienes. “Desde el día 10 por la tarde ya se decía que el fuego podía ir hacia San Juan de la Peña. ¿Qué hicieron desde hasta el 13, cuando hubo que hacer una operación deprisa y corriendo?”, ha cuestionado, antes de acusar a Vaquero: “Defiende lo indefendible. Los técnicos hicieron un gran trabajo, pero alguien no los mandó cuando había que haberlos mandado. Y esto requiere asumir responsabilidades políticas”.

La “reacción tardía” del Ejecutivo autonómico, ha aludido el parlamentario socialista, provocó “indignación en la gente de los pueblos”, que vieron cómo se tenían que desviar medios a la evacuación de los bienes en vez del incendio, y también “entre los expertos de cultura y de patrimonio”. “El propio jefe de la UME explicó que se hizo una primera actuación en la que se les llamó para que sacaran lo que pudieran, que no conocían el patrimonio e iban recibiendo las órdenes por teléfono entre el humo con las llamas cerca. Sin saber lo que tenían que sacar ni cómo. Los propios militares se tuvieron que retirar porque sus vidas corrían peligro”, ha explicado Iglesias.

“Es evidente que se actuó tarde. Es una responsabilidad política del Gobierno de Aragón que alguien debería asumir. Fue un ridículo histórico”, ha concluido el diputado del PSOE.

Al cerrar la interpelación, la vicepresidenta ha insistido en su argumentación inicial, de que “gracias a Dios” había un gobierno PP-Vox, y ha vuelto a valorar la actuación llevada a cabo. “Un operativo que se coordinó desde el 112, se actuó con anticipación, con criterio técnico. Opinar desde fuera cuando ya ha pasado el riesgo es muy fácil. Fue un ejemplo de anticipación a los acontecimientos”, ha descrito Vaquero.

El Vive Latino quizás más multitudinario –y sin duda el más caluroso– ha generado una polémica colateral que no es específica de este festival, sino común a muchos otros y no solo eso: también a cines o parques temáticos. Hablo de la prohibición, más o menos intensa, que establecen sus promotores para acceder al recinto con comida o bebida del exterior. Una restricción que habrás visto de manera habitual y que seguramente te preguntarás si es legal.

La controversia surgió al hacer público la organización Facua que había denunciado ante el Gobierno de Aragón –en concreto, ante la Dirección General de Interior y Protección Civil– a VLZGZ SL, la promotora del festival, por este impedimento que reflejó en su web. En la nota, la asociación de consumidores ya reveló algo importante: que la empresa no contaba con el preceptivo visado para ello, como le había trasladado el propio Ejecutivo.

Entonces decidimos indagar un poco más, hablar con expertos y analizar la jurisprudencia. Y lo que encontramos no habla en favor de los empresarios culturales. La abogada Miriam Pascual, experta en derechos de los usuarios, nos trasladó que, con todos los elementos que tenía sobre la mesa, había “argumentos jurídicos muy sólidos” para considerar “abusiva” esta restricción. Las sentencias previas sobre la cuestión también tienden a descartar esta prohibición, incluso cuando se justifican con motivaciones sanitarias, como arguyó el responsable de VLZGZ SL y promotor del festival, Nacho Royo. También intervino la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), cuyo presidente, José Ángel Oliván, nos contó con un punto de amargura que en el pasado ya requirieron al Gobierno de Aragón que aplicara la normativa con el Vive Latino, pero que nadie les hizo caso. 

La sensación final es que se trata de una derrota anunciada. Salvo excepciones –como querer introducir vidrio o botellas con tapón–, puedes entrar con comida o bebida del exterior, pero: (1) no todo el mundo es consciente de ello, (2) las amenazas más o menos veladas de los promotores suelen hacer que el usuario desista y (3) la pasividad de la Administración para frenar estas prácticas no contribuye a solucionarlo.

Por lo tanto, que no te tomen el pelo: tienes derecho a exigirlo.

Sobre el Vive, por cierto, Royo ha dado por hecho que habrá una sexta edición, en principio se supone que en Zaragoza, y que ya tiene a artistas “prácticamente firmados”.

Y aprovechando que también tiene como protagonista involuntario el recinto de la muestra de 2008, te incluyo en este resumen semanal un interesante análisis de Daniel Sarasa y Francisco Pellicer, titulado 'La Expo necesita vecinos', en el que exponen que, ante la próxima instalación de la Agencia Española de Salud Pública en lo que fue el edificio de Aragón, habría que aprovechar para promover la construcción de viviendas en la zona y mejorar las conexiones con los barrios contiguos con el objetivo de “construir ciudad”. Lo intentó en su día el difunto Javier Lambán con los 'cacahuetes', pero la iniciativa no fructificó.

El ritmo imposible de los centros de datos

Otro fenómeno que hemos tratado de analizar es el de la proliferación de centros de datos en Aragón. Si la comunidad tiene capacidad para absorber a semejante velocidad el despliegue de granjas de servidores en la comunidad. Y la respuesta no es muy positiva: parece más bien un sueño inalcanzable. Al menos, al ritmo con que se plantean.

La cuestión lleva meses en el aire y se ha intensificado estas últimas semanas a cuenta del real decreto que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez para regular la instalación de 'data centers' en el país. El Ejecutivo de Jorge Azcón lo ha considerado un ataque diseñado casi específicamente para "hundir" a Aragón, ya que según su tesis pone en riesgo miles de millones de euros de inversión en la comunidad.

Los datos son bastante elocuentes. Únicamente contando las granjas de servidores que tienen concedido el acceso a la red, la suma de la demanda eléctrica que requieren más que dobla la de la comunidad autónoma en su conjunto. Ni siquiera toda la generación de renovable desplegada ahora mismo en el territorio sería suficiente para abastecerles. Y eso que faltan los centros de datos aún pendientes, lo que dispararía la cifra.

De salir adelante el mencionado decreto ley, la situación sería incluso peor: si un estudio de la Universidad de Zaragoza ya calculó que, en el escenario de mayor magnitud, hasta un tercio de la superficie de Aragón tendría que llenarse de molinos de viento y placas solares para surtir de electricidad a los 'data centers', con los requisitos que establece la normativa en proyecto el tapizado sería incluso mayor, ya que por ejemplo exige que las plantas de renovables sean de nueva creación.

Tanto los promotores como administraciones como la aragonesa reclaman más celeridad en los trámites y en las inversiones en la red para poder canalizar toda la demanda, pero no podemos de la noche a la mañana conseguir que una entidad pública –para los agoreros de lo público, tampoco una empresa privada sería capaz– desbloquee decenas de miles de millones de euros para nudos de conexión, con el objetivo de propiciar unos desarrollos industriales cuyos beneficios para la sociedad, además, no están muy claros.

Porque al tiempo que tratan de convencernos de que estamos a punto de perder un tren histórico, en Zaragoza vivimos situaciones como la del centro de datos que promueve Microsoft junto a Puerto Venecia. Aquí, mientras el Ejecutivo y la multinacional escamotean dinero con la expropiación a propietarios del suelo, los partidos de la oposición exigen rigor para gestionar el amianto localizado en el terreno, que entraña riesgos para la salud, o incluso que se retire la licencia a la compañía.

Qué más te hemos contado estos días

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este jueves en las Cortes de Aragón un gasto extra de 42 millones de euros en medios materiales y humanos para hacer frente a los incendios forestales en Aragón, con la adquisición de helicópteros, aviones anfibios y autobombas para la extinción del fuego y la contratación de un centenar de personas más para el operativo. Desde la oposición, el PSOE le ha ofrecido un pacto y CHA le ha afeado que no haya hecho alusión al cambio climático.

“En los incendios, como en muchas otras cosas de la vida, el riesgo cero no existe. Pero el Gobierno asumirá el compromiso y la responsabilidad que demandan los aragoneses”, ha afirmado solemne el dirigente popular en una comparecencia a petición propia, a las que se han unido una del PSOE y otra de CHA. Antes, Azcón ha hecho pública una batería de medidas para mejorar la lucha contra el fuego que supera los 40 millones, a los que el jefe del Ejecutivo ha añadido otros 8 millones para resarcir de los daños por las llamas de este verano.

Concretamente, se incorporarán cuatro nuevos helicópteros pesados tipo 'Mike' por 3,5 millones, para un total de siete operativos; dos aviones anfibios 'Firebox' –con un coste de 1,2 millones–, seis autobombas –3,2 millones– y tres máquinas pesadas –500.000 euros–.

En cuanto al refuerzo de medios humanos, ha anunciado la contratación de casi un centenar de trabajadores de profesionales, “un 30% más que los que han intervenido este verano”, y una inversión de cinco millones anuales durante un trienio para ampliar las bases de las brigadas helitransportadas.

Respecto del gasto por los daños ocasionados este verano por los inecencios, Azcón ha dado a conocer una línea de ayudas de 2,1 millones de euros para los agricultores y ganaderos afectados por los incendios forestales de este verano y otra de tres millones de euros para autónomos y pymes. Asimismo ha mencionado que la Administración regional está invirtiendo tres millones para rehabilitar viviendas, infraestructuras e instalaciones municipales, y también ha recordado que retribuirá a los agricultores que han luchado contra el fuego por el gasóil gastado, algo que en todo caso aún no se ha hecho efectivo.

Además, el Instituto Aragonés del Agua está acometiendo obras por 500.000 euros para mejorar la red de abastecimiento de los municipios afectados por el fuego.

Junto a esto, Azcón ha apuntado que el Gobierno regional destinará 6,5 millones a un plan de impulso al aprovechamiento maderero y las intervenciones selvícolas, de manera que llevará a cabo “la mayor limpieza de los bosques que se ha hecho en la historia de la comunidad autónoma”.

El Gobierno de Aragón ha eliminado de la convocatoria de subvenciones para familias, infancia y adolescencia que se publica este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la línea 4, dotada con 500.000 euros procedentes íntegramente del Pacto de Estado en materia de violencia de género y aportados por el Gobierno de España. La supresión de esta partida –destinada a “fomentar la parentalidad positiva y el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes, para la prevención de la violencia familiar y de género”– reduce el presupuesto total de la convocatoria hasta los 948.500 euros, frente a los cerca de 1,5 millones del año anterior. La oposición y la Delegación denuncian que la comunidad ha perdido ese medio millón de euros por “motivos ideológicos”.

La medida se enmarca en el acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox en Aragón en abril, que incorpora el criterio de “prioridad nacional” como pauta a aplicar durante toda la legislatura en el reparto de ayudas públicas. El Ejecutivo autonómico, liderado por Jorge Azcón (PP) con Alejandro Nolasco (Vox) como vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, aplicó por primera vez ese criterio en junio a las ayudas para familias en partos y adopciones múltiples, y volvió a hacerlo en julio con las mismas ayudas.

El vicepresidente aragonés compareció este martes junto al director general de Familia, Infancia y Natalidad, David Sainz, para presentar la nueva convocatoria de subvenciones a entidades sociales (un centenar largo en Aragón) en materia de conciliación familiar. “Estas subvenciones traen una novedad con respecto a años anteriores, la introducción de la prioridad nacional. En los criterios de valoración de esta orden se premian en mayor medida aquellos proyectos que prioricen a los nuestros, a los de casa”, afirmó Nolasco.

El criterio otorga 5 puntos adicionales a las entidades que acrediten “un mayor número de familias y personas beneficiarias con residencia legal, efectiva y continuada en Aragón durante un periodo mínimo de cinco años”. Fuentes de la propia Consejería precisaron que se trata de “un criterio de puntuación, que no excluyente”. Nolasco defendió la medida apelando a que “los recursos de cualquier administración pública son finitos”, por lo que existe “la obligación” de repartirlos de la manera “más justa para todos los aragoneses y españoles”.

El reparto de la convocatoria

La convocatoria, dotada con 948.500 euros, se distribuye en tres líneas. La primera, para servicios de apoyo a la conciliación de familias con hijos menores de 16 años (o hasta 21 en caso de discapacidad o dependencia), cuenta con 498.500 euros: 350.000 de fondos propios del Gobierno de Aragón y 148.500 del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad. La segunda, para familias a cargo de personas mayores de 21 años en situación de discapacidad o dependencia, suma 150.000 euros, íntegramente autonómicos. La tercera, para actividades de prevención de la “violencia intrafamiliar”, se dota con 300.000 euros.

Según cifras facilitadas por la propia consejería, el año pasado la línea 1 contó con 600.000 euros (450.000 propios más 150.000 del Plan Corresponsables), 101.500 euros más que este año. A esa reducción se suma la desaparición íntegra de la línea 4, de 500.000 euros. La consejería cifra la merma total de la convocatoria en 600.000 euros respecto al ejercicio anterior.

La Delegación del Gobierno en Aragón, dependiente del Ejecutivo central, ha respondido acusando al Ejecutivo autonómico de “abrazar el negacionismo de la violencia machista” y “renunciar” a los 500.000 euros del Pacto de Estado. Según su versión, no se trata de una decisión del Ministerio, “sino de una renuncia consciente y por cuestiones ideológicas del Ejecutivo autonómico”, que habría perdido esos fondos al sustituir en la convocatoria el término “violencia de género” por el de “violencia intrafamiliar”.

Críticas del PSOE

Tras el Consejo de Gobierno de este miércoles, la vicepresidenta Mar Vaquero ha salido al paso para matizar el alcance del criterio: la prioridad nacional, ha afirmado, “se tiene en cuenta para tener una mayor puntuación”, explicó, y ha precisado que el criterio “se viene incorporando” ya en “alguna de estas convocatorias”. Sobre la reducción presupuestaria, Vaquero ha hablado de “una minoración” y ha trasladado la responsabilidad al Gobierno central, “que recortó fondos”, subrayando que el Ejecutivo aragonés “ha mantenido la aportación a la que se comprometió”. No se ha pronunciado sobre el cambio de terminología señalado por la Delegación del Gobierno.

Desde el PSOE, la diputada Mónica Iglesias ha cargado contra el Ejecutivo de Jorge Azcón por renunciar al medio millón de euros, en línea con lo expresado por la Delegación del Gobierno. La parlamentaria socialista ha recordado que en 2025 existía una línea específica destinada a fomentar la parentalidad positiva, proteger a niños, niñas y adolescentes y prevenir expresamente la violencia familiar y de género. “Estamos ante una renuncia consciente. El dinero estaba disponible. Era dinero para Aragón, para proyectos desarrollados en Aragón y para beneficiar a menores y familias aragonesas”, ha señalado Iglesias, quien considera que el Ejecutivo autonómico “ha decidido prescindir” de ese dinero “por una cuestión estrictamente ideológica”.

“Lo más grave es que ese negacionismo ya no se queda en declaraciones: empieza a tener consecuencias presupuestarias y a costarle dinero a Aragón y a los aragoneses”, ha afirmado la diputada. Iglesias ha indicado que 46 entidades sociales aragonesas se van a ver afectadas por la exclusión de determinados proyectos. Entre ellas ha citado a Fundación Adunare, Fundación DFA, Kairos, Fundación Piquer, Asapme Aragón, entre otras.

El Gobierno de Jorge Azcón ha dejado sin ejecutar casi tres de cada cuatro euros de la transferencia que desde 2024 realiza el Ministerio de Educación al Ejecutivo para reforzar lectura y matemáticas. Precisamente en estos dos ámbitos los resultados que ofrece el informe PISA 2025, sobre el rendimiento de los estudiantes aragoneses, son especialmente negativos para la comunidad: se sitúa prácticamente en la media de la OCDE tras una intensa caída.

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha recibido del Ministerio, desde 2024, un total de 24,7 millones de euros para los dos programas de cooperación territorial destinados a paliar precisamente esas carencias: el refuerzo de la competencia lectora y el refuerzo de la competencia matemática. Sin embargo, según los datos de ejecución presupuestaria consolidada del propio Gobierno de Aragón, el departamento que dirige en la actualidad Carmen Susín –y con anterioridad Claudia Pérez Forniés primero y Tomasa Hernández después– solo ha llegado a gastar 5,8 millones de esa cantidad, lo que supone un 23,6%, mientras que casi 19 millones de euros han quedado sin obligar en las cuentas autonómicas.

El patrón se repite en las dos partidas por separado. De los 8,5 millones de euros recibidos desde 2024 para el refuerzo de la competencia lectora, Educación ha ejecutado 2,1 millones, un 24,6%. En matemáticas, la asignatura donde el batacazo aragonés en PISA ha sido más pronunciado, el Departamento ha gastado 3,7 de los 16,2 millones recibidos, un 23%. En ambos casos, el primer año de vigencia del programa, 2024, se cerró con una ejecución nula: el dinero llegó a las cuentas autonómicas, pero no se llegó a comprometer ni un euro. El ritmo mejoró en 2025, con entre un 36% y un 37% de ejecución, pero ha vuelto a caer en 2026, con datos a julio que sitúan el gasto en apenas el 18,9% (matemáticas) y el 21,5% (lectura) del crédito definitivo de este ejercicio, todavía en curso.

Esta acumulación de fondos sin gastar se produce, además, en pleno incumplimiento formal: la normativa que regula estos programas exige a las comunidades autónomas ejecutar toda la financiación recibida del Ministerio “en el plazo estipulado” y prohíbe destinarla a fines distintos de los previstos en cada convocatoria.

El Departamento ha confirmado que los fondos se recibieron y ha añadido que se están ejecutando. “Decir lo contrario es mentir”, inciden fuentes de la Consejería, que indican que la transferencia del año 2024 está “todavía en período de justificación, hasta el 31 de noviembre de 2026”. “El resto de fondos, correspondientes a 2025 y 2026, aún están en período de ejecución”, añaden.

Programas de cooperación

Los Programas de Cooperación Territorial (PCT) de refuerzo de la Competencia Lectora y de refuerzo de la Competencia Matemática son dos líneas de financiación estatal destinadas a reforzar las competencias clave del alumnado y a favorecer la cohesión y el equilibrio territorial del sistema educativo.

Su finalidad es mejorar el nivel de desempeño en competencia lectora y en competencia matemática del alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y, en el caso de matemáticas, también de los Ciclos Formativos de Grado Básico, en centros sostenidos con fondos públicos. Los programas se enmarcan en las prioridades estratégicas de la Unión Europea para la próxima década en materia de calidad, equidad, inclusión y éxito educativo, que fijan como objetivo que el porcentaje de alumnado de 15 años con bajo rendimiento en comprensión lectora y matemáticas sea inferior al 15% en 2030.

En la práctica, los fondos se destinan a dotar a los centros seleccionados de profesorado y horas lectivas adicionales de refuerzo en estas dos áreas, dirigidas al alumnado con mayores dificultades.

Cada año, el Ministerio y las comunidades autónomas acuerdan en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación la distribución territorial de los créditos y los criterios de reparto. La dotación nacional ha crecido de forma sostenida en los últimos ejercicios: el programa de refuerzo de la competencia matemática pasó de 64,9 millones de euros en 2024 a 120,6 millones un año más tarde, manteniéndose en niveles similares en 2026; el de competencia lectora se dotó con 56,2 millones de euros en 2026.

En conjunto, el Ministerio transfirió a las comunidades autónomas 387,7 millones de euros en 2026 para el conjunto de los seis programas de cooperación territorial de apoyo educativo –que incluyen también educación inclusiva, PROA+ y bienestar y protección en los centros–, prácticamente el triple de lo destinado en 2018 (129,7 millones de euros).

El de los centros de datos en Aragón comienza a ser un sueño inalcanzable. Al menos, al ritmo al que aspiran los promotores privados y el Ejecutivo autonómico. Los proyectos ya autorizados reclaman a la red más del doble de electricidad de lo que la comunidad es capaz de consumir en su momento de mayor demanda: ni sumando toda la energía renovable que hoy produce la región habría suficiente para alimentarlos. Cubrir esa diferencia exigiría multiplicar la potencia solar y eólica instalada y alfombrar de placas y aerogeneradores una parte sustancial del territorio. Y eso sin contar con las exigencias extras que introduce el decreto ley del Gobierno central para centros de datos, unos requisitos en fase de proyecto que el sector y el propio Ejecutivo aragonés consideran prácticamente imposibles de cumplir.

Aragón tiene una punta de demanda eléctrica de 1.700 megavatios (MW). Los centros de datos que ya cuentan con acceso concedido a la red acumulan, sin embargo, 3.600 MW: 2.400 en la red de transporte y 1.300 más en distribución. Más del doble de toda la punta de la comunidad. Y esa cifra no incluye ni los permisos pendientes de resolver ni las nuevas solicitudes que siguen llegando. Si se pusieran en marcha únicamente los proyectos que ya tienen luz verde, la demanda eléctrica aragonesa se triplicaría. Ni siquiera toda la generación renovable que produce hoy Aragón –18.721,6 GWh al año, según el Boletín de Coyuntura Energética del Gobierno de Aragón– bastaría para alimentarlos, sin contar el resto de la demanda residencial e industrial que ya sostiene la región. Los centros de datos se han llevado, por sí solos, el 67% de toda la nueva capacidad concedida a consumidores en la red de distribución aragonesa.

La foto no es exclusiva de Aragón. A nivel nacional, ya se han concedido derechos de acceso y conexión a la red eléctrica por más de 12 gigavatios (GW), el triple del objetivo que se marca la propia Estrategia de Inteligencia Artificial del Ejecutivo para 2030 (2,5 GW de computación acumulada, equivalentes a unos 4 GW de demanda eléctrica). Y hay, advierte el propio Ministerio, “un número muy relevante de solicitudes” todavía por resolver.

Un decreto para poner coto, en pleno agosto

Para intentar ordenar ese desbordamiento, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico –junto con los de Economía, Comercio y Empresa, y Transformación Digital y Función Pública– sometió a información pública el pasado 27 de agosto, por vía de urgencia, un proyecto de real decreto que fija requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, de resiliencia y de soberanía digital para los centros de procesamiento de datos.

El plazo inicial de alegaciones de siete días se amplió hasta este jueves “en aras de facilitar la participación de los interesados”, según el Miteco. El Gobierno accedió a la prórroga después de que la patronal SpainDC –que tiene como directora ejecutiva a la ex de Cs Begoña Villacís– trasladara su “preocupación” por un texto que, a su juicio, podría “comprometer inversiones reales” cifradas en hasta 60.000 millones de euros.

El borrador exige a los centros de datos de más de 1 MW un índice de eficiencia energética (PUE) de 1,15 o inferior y un índice de eficiencia hídrica (WUE) de 0,1 litros por kilovatio hora o menos, ambos más estrictos que cualquier normativa comparable en la Unión Europea. Obliga también a cubrir el 80% del consumo con energía renovable adicional –proveniente de plantas puestas en marcha en una ventana de dieciocho meses en torno a la conexión del centro de datos– y exige que esa cobertura se cumpla hora a hora, no en balance anual. El incumplimiento puede acarrear, en los casos más graves, la pérdida del permiso de acceso y conexión ya concedido.

Aragón apura el plazo para las alegaciones

El Gobierno de Aragón presentará sus propias alegaciones este jueves, último día de plazo, según avanzó el lunes la consejera Eva Valle. El Ejecutivo autonómico comparte, dijo la titular de Economía, “la necesidad de asegurar la sostenibilidad energética y medioambiental”, pero reclama hacerlo “de manera equilibrada y proporcional”, de forma compatible con el desarrollo de una infraestructura que considera “estratégica para la economía del futuro” y para la capacidad de competir de la región y de las empresas aragonesas. “Esto no es lo que hace el proyecto de real decreto, que de aprobarse como está constituye un verdadero riesgo para la implantación de centros de datos en todo el país, en particular en Aragón, que tiene un porcentaje más elevado de compromisos ya realizados y de tramitaciones ya en marcha de centros de datos”, recalcó Valle.

La consejera atribuyó ese riesgo a que el proyecto incorpora requisitos “casi de imposible cumplimiento” tanto para los proyectos ya en tramitación como para los nuevos, un diagnóstico en el que –subrayó– coinciden también las asociaciones del sector, que hablan de “la práctica imposibilidad de cumplir no solo individualmente cada uno de los requisitos, sino también todos ellos en su conjunto”. Valle reprochó además al Ministerio haber elaborado la propuesta “sin ningún tipo de diálogo previo”.

Antes que el Gobierno de Aragón, ha sido el propio sector energético el que ha puesto sobre la mesa sus alegaciones. El Clúster de la Energía de Aragón (Clenar), que representa a las empresas del sector ante las administraciones, ha registrado ya un escrito de 49 páginas ante la Dirección General de Política Energética y Minas con 68 propuestas de modificación. El argumento central de Clenar es jurídico: el real decreto no ofrece, sostiene la patronal, cobertura legal suficiente para limitar de forma tan severa la libertad de empresa que garantiza el artículo 38 de la Constitución. La disposición que habilita el desarrollo reglamentario es, en palabras del escrito, “una remisión en blanco” que no predetermina “los aspectos esenciales de la cuestión regulada”, lo que –de aprobarse tal cual está redactado– podría incurrir “en nulidad de pleno derecho”.

Clenar objeta también la aplicación retroactiva de los nuevos requisitos a proyectos con permisos ya solicitados u otorgados, y recuerda que el artículo 33.2 de la Ley del Sector Eléctrico solo permite denegar un acceso por falta de capacidad de red, no por incumplimiento de estos nuevos criterios de sostenibilidad, un argumento que ya esgrimió la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en enero de 2026 para tumbar una propuesta anterior similar.

Lo que el propio sector calcula que haría falta

Es el propio informe de Clenar el que ofrece una radiografía de la magnitud del problema territorial que denuncia la consejera Valle. Tomando como referencia los 2.500 MW de centros de datos comprometidos en Aragón, la patronal calcula que cumplir los requisitos de adicionalidad y correlación horaria del borrador exigiría instalar en la región 15,1 GW fotovoltaicos y 12,4 GW eólicos –combinados con 12,5 GW de baterías de ocho horas de capacidad– o, si se optara solo por fotovoltaica, 25 GW con 10 GW de baterías.

Frente a los 3,3 GW fotovoltaicos y los 5,7 GW eólicos instalados en Aragón a cierre de 2025 –según el Boletín de Coyuntura Energética del Gobierno de Aragón–, eso supondría instalar un 462,4% de la potencia fotovoltaica actual y un 216,8% de la eólica, además de la totalidad de los 12,5 GW de baterías necesarios. A escala del conjunto de España, solo para cubrir la demanda de los centros de datos aragoneses habría que sumar más de un 27% de fotovoltaica, un 36,9% más de eólica y un 4.807% más de baterías de las que existen hoy... en todo el país. A eso hay que sumar que la capacidad de baterías es todavía muy marginal: 46 MW instalados de dos parques y cuatro plantas y 809 MW en tramitación, según datos del propio Ejecutivo autonómico.

Esas cifras encajan con las que ya había adelantado un estudio del Instituto CIRCE y la Universidad de Zaragoza: el escenario sobre granjas de servidores que maneja el propio Gobierno central exigiría cubrir hasta el 39% del territorio aragonés con instalaciones renovables, de los que entre el 24% y el 32% corresponderían solo a los centros de datos. Y ese estudio, además, calcula sus cifras en balance anual, no en correlación horaria –el criterio más exigente que impone el borrador del Miteco–, lo que las convierte en un suelo mínimo: el despliegue real necesario sería aún mayor.

El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha sido el encargado de participar en la comisión extraordinaria de Presidencia convocada por el grupo del PSOE para dar explicaciones sobre el pago de ocho millones de euros al Real Zaragoza desde la sociedad La Nueva Romareda, de capital mayoritario público. Y sus respuestas no han satisfecho a la oposición, que ha arrinconado al edil del PP. Serrano ha llegado a aludir a posibles “actos terroristas” para justificar que no hayan hecho público el contrato de arrendamiento del nuevo estadio.

Los populares solo han contado con un apoyo: el de la concejal Marisa Gaspar, tránsfuga de Vox. El resto de partidos han sido unánimes.

El más vehemente ha sido el socialista Horacio Royo, que ha insistido una y otra vez en reclamar “transparencia” para conocer el mencionado acuerdo entre La Nueva Romareda y el Real Zaragoza SAD. Fue suscrito el pasado 2 de marzo y solo dos días más tarde la sociedad –participada en un 80% por el Ayuntamiento y del Gobierno de Aragón– transfirió al club ocho millones de euros en concepto de 'naming rights' por el campo de fútbol, pese a que no estará listo hasta el próximo verano como mínimo.

“Ya llevaron a los zaragozanos engañados a las urnas al decirles en 2023 que construirían un estadio a coste cero. No van a volver a llevar a los zaragozanos engañados a las urnas”, ha sentenciado Royo, quien ha pedido saber “por qué se firmaron esos contratos” por un campo “a día de hoy es poco más que un montón de hormigón y de hierro a medio terminar”. “Ahí averiguaremos si se firma en base a algún interés público o con base en las necesidades financieras del socio privado”, ha señalado el edil socialista, antes de recordar que poco después de suscribir este acuerdo se concretó “la tercera venta del paquete mayoritario de acciones del Real Zaragoza” desde que se empezó a hablar del nuevo estadio.

El edil ha cuestionado si el Real Zaragoza SAD está pagando ya “el alquiler por ese contrato de industria del nuevo campo”, dado que ya ha cobrado por el nombre. “Si no (responden), tendremos la sensación de que nos intentan ocultar cosas. Y no sería la primera vez: estuvimos 16 meses en los que el Real Zaragoza no pagó sus aportaciones y no dijeron nada”, ha zanjado.

“Deber de confidencialidad” de Vox

Más complicado ha sido el papel de la portavoz de Vox, Eva Torres, que es miembro del consejo de administración de La Nueva Romareda, por lo que ha aludido a su “deber de confidencialidad” para no revelar detalles del contrato, ni siquiera a sus compañeros de grupo. Sí que ha intervenido como portavoz para recordar que se trata de “un proyecto de casi 170 millones de euros, mayoritariamente públicos”.

“A fecha de hoy, el socio privado puso diez millones de euros y meses más tarde obtuvo ocho millones por el 'naming'”, ha lamentado Torres, que ha dado a conocer la postura de su formación: “Este grupo lo ha dicho públicamente: quiere conocer estos contratos porque no los conoce. Y también quiere una explicación de por qué se entregaron esos ocho millones al Real Zaragoza. Entendemos que, pese a ser una sociedad mercantil, los grupos municipales tenemos derecho a la información”, ha manifestado.

Mientras, desde Zaragoza en Común, Suso Domínguez ha ido en la misma línea y ha destacado que, “de los 16 millones que ha aportado la sociedad Real Zaragoza a la sociedad La Nueva Romareda, la mitad se los han regalado”. “¿Se puede hablar de confidencialidad cuando hablamos de 150 millones de euros de dinero público?”, ha criticado Domínguez, quien ha afeado a Vox que el PP cuenta con su “complicidad”. “Sabía o debía saber lo que estaba pasando. No entendemos por qué pone su prestigio personal al servicio de estos intereses”, ha atacado a Eva Torres.

La respuesta de Serrano

La respuesta del consejero de Urbanismo ha sido errática. Ya desde el comienzo, al no justificar bien su presencia en una comisión que no es la suya –el consejero de Presidencia es Ángel Lorén–, para responder a cuestiones de una sociedad cuyo consejo de administración abandonó en abril del año pasado, mucho antes de los hechos objeto de debate. Una circunstancia que no ha obstado para que, frente al “deber de confidencialidad” al que ha aludido la portavoz de Vox, Serrano haya dado por hecho que tenía en su poder el contrato de arrendamiento que evitar dar a conocer en su integridad.

Serrano ha leído titulares de prensa para justificar que la información es pública, pese a que el contrato de arrendamiento continúa sin ser revelado. “Si está todo publicado, ¿por qué estamos aquí? Cuando ustedes gobernaban, el Real Zaragoza jugó todos los años gratis en un estadio que era de todos y por el que el Ayuntamiento no percibió ni un euro de ingresos”, ha atacado el consejero de Urbanismo.

El edil solo ha respondido a las preguntas planteadas por la concejal tránsfuga, a quien ha indicado que “por primera vez” el club está pagando “un canon”. Además, Serrano ha dicho que había “informes técnicos” que justificaban los contratos.

Mientras, el momento más surrealista del debate ha llegado cuando, para justificar que no hagan público el contrato de arrendamiento entre La Nueva Sociedad y el Real Zaragoza, el consejero de Urbanismo ha aludido a “aspectos del contrato que son confidenciales”: “En las labores de mantenimiento de las instalaciones del campo hay una serie de informaciones sensibles que, mal utilizada, puede ser objeto de sabotajes o actos terroristas”, ha esgrimido.

Para terminar, ha querido dar por cerrada la polémica con el mencionado contrato, que ya fue solicitado con anterioridad por el PSOE: “Se les contestó ya que, sobre la base de los artículos 15 y 16 del reglamento orgánico, no tenían derecho al acceso a esta información”, una decisión que “no recurrieron”, ha recordado.

Aragón generó casi 22.400 gigavatios hora (GWh) de electricidad en 2025, el doble del consumo eléctrico de la comunidad (11.190 GWh), según el último Boletín de Coyuntura Energética del Gobierno de Aragón. La comunidad sigue exportando prácticamente la mitad de lo que produce (46,5%), pero el margen se estrecha: la ratio entre producción total y consumo cae por segundo año consecutivo, al bajar en dos años del 213,4% al 200,1%. Las comunidades deficitarias que reciben este exceso de electricidad aragonesa son la Comunidad de Madrid, Cataluña, la Comunitat Valenciana o el País Vasco.

Es precisamente el peso de las renovables en ese modelo el que retrocede, y lo hace en los dos indicadores que mide el boletín a la vez, algo que no había ocurrido en ningún año en esta década. Sobre el consumo de energía primaria, la cuota renovable cae del 48% al 44,4%, mientras el gas natural recupera peso, del 23,3% al 27,8%. Sobre la producción eléctrica total, el retroceso es todavía mayor: del 90,1% de 2024 al 83,6% de 2025. Entre 2021 y 2024, ambos indicadores habían subido de forma casi ininterrumpida; 2025 es el primer año en que caen a la vez.

La eólica ilustra bien el fenómeno. La comunidad cerró el año con 5.709 megavatios (MW) de potencia eólica en funcionamiento –233 centrales, 409 MW y 16 centrales más que en 2024–, un máximo histórico. Y sin embargo produjo menos electricidad que el año anterior: 10.928 GWh, un 3,1% menos que los 11.278 GWh de 2024. El factor de capacidad –producción real frente a la máxima teórica– cayó al 21,8%, el segundo peor dato del periodo 2021-2025, solo por delante del 23,9% de 2022. Es la primera vez en la serie en que más potencia instalada no se traduce, como mínimo, en producción estable.

La fotovoltaica sí creció en todos los parámetros de potencia y producción, pero también perdió rendimiento. La potencia conectada a red aumentó un 28,9%, hasta 3.270 megavatios, y la producción subió un 5,5%, hasta 4.193 GWh. El autoconsumo –instalaciones que generan su propia electricidad– también se disparó: 19.888 instalaciones y 689 MW de potencia, frente a las 16.468 instalaciones y 560 MW de 2024. Pero el factor de capacidad fotovoltaico cayó del 17,9% al 14,6%, el nivel más bajo de todo el periodo junto al de 2021. La producción crece solo porque la nueva potencia instalada compensa sobradamente la pérdida de rendimiento por megavatio.

Gas natural

El hueco que deja la caída del peso renovable lo llena, sobre todo, el ciclo combinado, la central que quema gas natural para generar electricidad. Su producción se disparó un 115,3% en 2025, hasta 2.240 GWh, frente a los 1.040 GWh de 2024 –el mayor repunte porcentual de cualquier tecnología del año–. El propio boletín del Gobierno de Aragón vincula ese salto a un aumento directo del consumo de gas natural en la comunidad.

Ese repunte coincide con el año del apagón que se registró el 28 de abril de 2025, aunque los datos mensuales de Aragón apuntan a que el ciclo combinado ya producía muchísimo a principio de año que en 2024. La subida se intensifica en el segundo semestre, coincidiendo con las nuevas exigencias regulatorias.

Mientras, la hidroeléctrica protagoniza el mayor desplome porcentual del año: produjo 3.447 GWh, un 17,4% menos que en 2024. Ese año había sido excepcionalmente lluvioso —la producción hidroeléctrica subió un 61,1% sobre 2023—, y 2025 corrigió buena parte de esa subida puntual.

El dato más singular de todo el periodo 2021-2025, sin embargo, no está en ninguna de las grandes tecnologías, sino en el autoconsumo: las instalaciones se han multiplicado por 10,3 en cuatro años, de 1.924 en 2021 a 19.888 en 2025, y la potencia casi se ha quintuplicado, hasta 689 GW. Es el único indicador del boletín que crece todos los años sin excepción, mientras eólica, fotovoltaica a gran escala, hidroeléctrica y ciclo combinado oscilan al alza y a la baja según el año.

En realidad, el techo de la autosuficiencia renovable aragonesa no se tocó en 2025, sino antes: la producción renovable llegó a cubrir el 185,9% del consumo eléctrico en 2024, su máximo histórico, y ya bajó al 167,30% en 2025. Dicho de otro modo, la desaceleración empezó un año antes de que existiera ningún apagón al que atribuírsela.

La pregunta es sencilla: ¿puede un festival de música, llámese Vive Latino, que accedas al evento con comida o bebida del exterior? Es la misma que se formulan quienes quieren introducir alimentos propios en cines o parques temáticos, casi siempre por motivos económicos. La polémica llega a cuenta de la queja formulada por la organización Facua, que hizo público su denuncia al evento musical más importante que vive Zaragoza durante el año. Las asociaciones de consumidores critican la desidia de la Administración para penalizar estas acciones. “Existen argumentos jurídicos muy sólidos para considerar la restricción abusiva”, zanja Miriam Pascual, abogada experta en derechos de los usuarios.

Facua anunció el jueves que había reclamado una sanción para el Vive Latino por prohibir expresamente el acceso a los usuarios con comida y bebida del exterior pese a no haber solicitado el pertinente permiso al Gobierno de Aragón; en concreto, a la Dirección General de Interior, que debe visar las restricciones respecto del derecho de admisión –una eventual autorización siempre debe figurar de manera visible en la entrada a los recintos–.

Hay que recordar que el Vive Latino, como el resto de festivales similares, son eventos por los que uno paga su entrada para escuchar música, que es el objeto principal de la actividad. Como norma general, no se puede prohibir acceder con comida o bebida de fuera: así lo han determinado los tribunales. Y, en todo caso, para que la prohibición tenga efectividad hay que solicitarlo al organismo público correspondiente: de no hacerlo, como es el caso, los organizadores pierden la cobertura administrativa para exigirlo.

Vetar la entrada con alimentos del exterior obedece “exclusivamente a motivaciones económicas y al afán de obtener mayores beneficios”, denunció Facua. “La noticia nos ha causado estupor por un lado y una alegría inmensa por otra parte. Ahora ya sabemos que somos grandes: Facua nos ha denunciado y solamente carga contra los grandes”, ironizó después Nacho Royo, promotor del festival, en declaraciones a 'Heraldo'. Después, amenazó con “acciones legales” contra Facua.

En Aragón, la normativa aplicable es el Decreto 23/2010, según la cual lo único expresamente prohibido son cuestiones lógicas como armas, drogas o productos que inciden a la violencia o la xenofobia. Para el resto, es necesario que tenga un “fundamento razonable” y que será visado por la Dirección General de Interior y publicitado con un cartel.

Razones “sanitarias”

El empresario ha justificado en razones “sanitarias” la prohibición de acceder al Vive Latino con comida o bebida de fuera: cada puesto de alimentación suyo, ha afirmado Royo, “pasa unos controles sanitarios muy estrictos”. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan, entonces denominada Aecosan) ya dictaminó en un informe que es ilegal y constituye una cláusula abusiva.

En esa línea, un juzgado de Valencia determinó en 2025 que la comida o la bebida en este tipo de eventos constituye “un servicio complementario o accesorio al esencial, y que no ha sido solicitado”, con lo que no puede ser prohibido porque sí. El fallo descartó el argumento de la trazabilidad de la comida, lo que señala de forma específica el Vive Latino, aunque sí admite una limitación de seguridad: que el envase introducido pueda suponer un riesgo, como en el caso de vidrio o latas. No es el caso.

“La explotación de barras de bebida o establecimientos de comida es una actividad accesoria. Impedir consumir un producto comprado fuera, cuando puede consumir uno equivalente comprado dentro, puede acabar convirtiendo la prestación accesoria en una condición económica indirecta para disfrutar de la principal”, desgrana la abogada Miriam Pascual.

¿Cuál es el problema? La desidia de las administraciones a la hora de sancionar a los promotores y empresarios por esta práctica obliga al usuario a llegar a los tribunales, lo que supone un coste inasumible para la gran mayoría: hay una indefensión de facto. De eso se queja con amargura José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA). En el Vive Latino de 2023, presentaron reclamaciones al Ejecutivo autonómico por este mismo motivo. “No hemos recibido respuesta en ninguno de los casos. Ni el Ayuntamiento de Zaragoza ni el Gobierno de Aragón nos han contestado, pese a que fueron públicas”, lamenta Oliván. El silencio administrativo diluyó la responsabilidad del promotor.

Parece que este festival tiene algún tipo de cúpula de silencio a su alrededor

José Ángel Oliván — Presidente de la Unión de Consumidores de Aragón

Pero es que el año pasado la UCA volvió a la carga y, según cuenta su presidente, consiguieron que la Dirección General de Interior requiriera al Vive Latino “una serie de cambios”. Pero estos no se produjeron y no hubo “ningún tipo de intervención” del Ejecutivo. Nueva reclamación de la organización de consumidores y de nuevo la callada por respuesta. “Parece que este festival tiene algún tipo de cúpula de silencio a su alrededor”, critica Oliván.

¿Qué puede hacer el usuario al que se le prohíbe esta circunstancia? Blasco aporta varias claves. Para empezar, conservar una prueba de que existe esa prohibición. Luego, solicitar la hoja de reclamaciones y formular la correspondiente queja, algo que también propone la Unión de Consumidores de Aragón. Como tercer paso, pedir que se identifique la concreta condición de admisión aplicada. A continuación, denunciar tanto ante el Servicio Provincial de Consumo como ante el órgano autonómico competente en espectáculos públicos, que en Aragón depende de la Dirección General de Interior. Y, como última opción, valorar arbitraje de consumo o vía judicial cuando exista un interés económico que lo justifique.

El curso político ha empezado esta semana en Aragón a medio gas, con alguna sorpresa y con una constatación obvia: contra Pedro Sánchez se gobierna mucho mejor.

Para muestra, un botón.

El martes, el presidente Jorge Azcón decidió reunir en Teruel a las alcaldesas de las tres capitales y al consejero Octavio López para escenificar su indignación contra el Gobierno central por el estudio informativo para el tramo ferroviario entre Valencia y la capital turolense, de vía única ante el elevado coste de la doble y en relación con los pasajeros previstos. Allí, el jefe del Ejecutivo y las regidoras cargaron de manera inmisericorde contra el Ministerio.

Casualmente, a unos cientos de metros se celebraba a la vez un acto histórico pero con mucha menos repercusión institucional: se inició la actividad en el flamante nuevo Hospital Obispo Polanco, un servicio fundamental para la provincia cuyo coste se acerca a los 100 millones de euros. La representación autonómica la encabezó... una directora de área del Servicio Aragonés de Salud.

Un día antes, el lunes por la tarde, una noticia sacudió la actividad política autonómica: había renunciado a su cargo la directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Marta Tejero. Los motivos oficiales fueron, como resulta habitual, cuestiones personales (con “motivos profesionales” justificó el diputado Pedro Navarro –una persona en su día muy próxima a Azcón– su adiós a la política activa, aunque las causas van más allá de un simple cambio de aires laboral). Pero a nadie se le escapa que Tejero se sitúa al frente del organismo que gestiona los centros de menores y que se encarga de la gestión de los menores migrantes, donde Vox –el IASS se encuadra en el Departamento de Alejandro Nolasco– ha puesto el foco desde su regreso al Ejecutivo. Tejero, funcionaria, ha renunciado apenas tres meses después de ser elegida.

La vicepresidenta y portavoz Mar Vaquero ha pasado este martes de puntillas por la cuestión a preguntas de los periodistas. “Motivos personales”, ha esgrimido una y otra vez. Después, eso sí, ha pedido que dejáramos de vincular el cese con “cuestiones polémicas”. Nada más que añadir, circulen.

Mucho más explícita ha sido Vaquero a la hora de valorar la manifestación que se iba a celebrar horas después en la plaza del Pilar de Zaragoza con la crisis migratoria en Ceuta como protagonista: ha pedido a todos los alcaldes que fueran “valientes” y se sumaran a la marcha.

La concentración la ha encabezado, como no podía ser de otra manera, Jorge Azcón, de nuevo empeñado en centrar su acción de gobierno en atacar al Ejecutivo central. En el acto –muy multitudinario, eso sí– “no hay ni afilados, ni militantes, ni siquiera simpatizantes de partidos políticos”, ha intentado defender el presidente aragonés. Algo que se desmentía a poco que uno tuviera ojos.

Así, el presidente aragonés ha dedicado su agenda institucional en el arranque del curso político a recibir a una gimnasta y a meterse con Pedro Sánchez.

Los bomberos aragoneses alzan la voz

Días atrás te ofrecimos una información en la que recogemos las protestas y quejas de los bomberos en varias de las instituciones con cuerpo propio: el Gobierno de Aragón y las tres diputaciones provinciales. Todas sus demandas tienen denominadores comunes: escasez de personal, largas jornadas laborales y falta de medios materiales.

En un contexto de emergencia climática, con incendios desbocados este verano en Aragón y tras las dos muertes registradas durante la extinción de sendos fuegos, las administraciones deberían tomar buena nota.

Hay dos negociaciones paralelas: una con el operativo antiincendios de Infoar (DGA), con el que se ha registrado un "acuerdo de mínimos" que deberá ser refrendado, y otra con los bomberos forestales, que mantienen los paros.

Entre tanto, continúan las pesquisas en relación con el incendio de Riglos, uno de los más devastadores que ha vivido Aragón desde que hay registros. La gran novedad de los últimos días es que la Audiencia de Huesca revocó la prisión provisional sin fianza del único investigados decretado por la jueza de Jaca por considerar "insuficientes" los indicios para una medida tan drástica. Mientras, la magistrada ha autorizado a la Guardia Civil a que analice el contenido de los teléfonos móviles intervenidos a este trabajador.

Además, el Gobierno de Aragón ha formalizado su personación en la causa, con lo que tendrá acceso a todas las diligencias y podrá ejercer acciones contra los eventuales responsables. Hay que recordar que la sombra de la responsabilidad planea sobre el propio Ejecutivo autonómico debido a que, pese al evidente riesgo de incendios, autorizó unas obras donde se originaron las llamas.

La primera decisión del Gobierno del PP ha sido pedir prisión sin fianza para el trabajador investigado, algo que casa mal con los antecedentes judiciales pero que se adapta como un guante con las palabras del consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, que con el incendio de Riglos aún arrasando el Pirineo tuvo el detalle de reclamar que esta persona se “pudriera en la cárcel”. Muy edificante.

Y lo que también continúa, sin posibilidad a la vista de que el fenómeno se revierta, es el dogmatismo climático de Vox: la formación de extrema derecha atribuye los fuegos de este verano a las "políticas irracionales de fanatismo" que atribuye a “la izquierda”.

La empresa mexicana EDF ha presentado por fin el aval de 300.000 euros para Distrito 7-Giesa, donde se va a ubicar la 'ciudad del cine' de Zaragoza. Lo ha hecho cuatro meses después de la adjudicación directa a cargo del Gobierno del PP, aunque el plazo era de 15 días, y tras haber presentado fuera de plazo la oferta en el concurso público previo. A pesar de todo esto, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha valorado este miércoles que se trata de “una concesión con todas las garantías”, algo que la oposición pone en duda. Además, la regidora ha anunciado que se va a licitar el servicio de formación profesional que incluye el complejo, que inicialmente iban a ser entregado a dedo a San Valero: en todo caso –en palabras de la propia alcaldesa–, esta Fundación “tiene muchas probabilidades” de llevarse el concurso.

Una vez presentado el aval, el Ayuntamiento puede ya formalizar el contrato de la concesión demanial con la firma, lo que permitirá desbloquear la instalación, que ha costado 20 millones de euros. El objetivo, según ha manifestado la primer edil en una visita al complejo, es que a finales de octubre se lleve a cabo la entrega de las obras y que “como máximo en enero de 2027” haya ya actividad en Distrito 7.

Chueca se ha congratulado por estar encarando “el final de la transformación de lo que antes era una fábrica abandonada” en el barrio de Las Fuentes para dedicarlo a la industria audiovisual: “Zaragoza no tenía unas instalaciones a la altura de las necesidades”, ha afirmado la alcaldesa, que ha vuelto a calificar de “proyecto estratégico” Giesa.

El cronograma, ha afirmado, está “cumpliendo”. “Estamos hablando de más de 26.500 metros cuadrados de transformación manteniendo la esencia del propio edificio del principio del siglo XX”, ha señalado.

“Una empresa de gran reputación”

Respecto a la formalización del contrato con EFD, Chueca se ha felicitado por tener a “una empresa de gran reputación a nivel internacional”, lo que desde su punto de vista garantiza que la apuesta será un “éxito” y convertirá a Zaragoza en “un referente” de cara a “atraer producciones nacionales e internacionales de primer nivel”.

La regidora se ha referido también a las clases de FP audiovisual privado, que han tenido que retrasarse un año por el fracaso en los tribunales de la concertación educativa lanzada por el Gobierno de Aragón. Los “400 alumnos” llegarán el próximo curso.

Además, Chueca ha anunciado que el Gobierno del PP da marcha atrás a la adjudicación directa de este servicio al grupo San Valero –que gestiona entre otros la Universidad San Jorge– y sacará un concurso público para la FP privada, en el que la alcaldesa ya ha adelantado que el mencionado grupo tiene “muchas probabilidades” de ganar.

También se volverá a sacar a concurso la restauración del complejo, el tercero de los fracasos del proyecto de Giesa ya que quedó desierto. “Estamos estudiando cómo mejorar la licitación”, ha apuntado Natalia Chueca.

Un procedimiento “arbitrario”

Desde la oposición, el concejal del PSOE Horacio Royo ha lamentado “el empeño de Chueca en seguir adelante” con la adjudicación a una empresa que ha presentado los avales “fuera del plazo legalmente establecido”, en presentar los avales para la formalización de la concesión demanial.

Royo ha exigido a la alcaldesa “volver a los acuerdos alcanzados con los vecinos” en los usos de esta instalación que ha contado con fondos europeos. “Desde el Grupo Socialista solo podemos lamentar profundamente el empeño de la alcaldesa en seguir adelante con este procedimiento arbitrario, con este procedimiento de adjudicación a dedo que, una vez más, queremos recordar que vulnera los acuerdos alcanzados con los vecinos, que pervierte el uso establecido en los propios proyectos que se presentaron a los fondos europeos y que nos abre un periodo de enorme incertidumbre”, ha valorado.

El edil socialista ha calificado este nuevo hecho como una “huida hacia adelante de la propia alcaldesa” y recordaba que desde el PSOE seguiremos trabajando en pro de un proyecto favorable para los vecinos y para la ciudad.

Por su parte, Zaragoza en Común (ZEC) ha vuelto a mostrar su “preocupación por el modelo planteado para Distrito 7, un proyecto ubicado en el antiguo complejo de Giesa, patrimonio público municipal, para cuya rehabilitación y equipamiento el Ayuntamiento de Zaragoza prevé destinar más de 20 millones de euros de dinero público”. “El Ayuntamiento pone el edificio, pone el dinero para rehabilitarlo y equiparlo y después son empresas privadas las que van a aprovechar esas instalaciones. Nos parece que hay una apuesta clarísima por poner recursos públicos al servicio de intereses privados”, ha señalado la portavoz de ZEC, Elena Tomás.

La formación cuestiona asimismo el planteamiento de la formación vinculada al proyecto, que también se ha orientado hacia entidades privadas y formación concertada. Para Zaragoza en Común, si se moviliza una cantidad tan importante de recursos públicos y se pone a disposición del proyecto un edificio que forma parte del patrimonio municipal “deben existir garantías claras sobre el beneficio que obtiene la ciudadanía”.

“Una chapuza de gestión”

Finalmente, la portavoz de Vox, Eva Torres, ha considerado que la alcaldesa de Zaragoza “intenta maquillar un historial vergonzoso de improvisación en la tramitación”. “La alcaldesa vende como un éxito lo que en realidad ha sido una chapuza de gestión. Han tenido que cambiar de manos el proyecto a mitad de camino tras acumular retrasos, concursos desiertos y errores de licitación flagrantes”, ha continuado Torres.

La portavoz de Vox cree que “presumir de una adjudicación a la que solo concurrió una empresa no es síntoma de competitividad ni de libre mercado, sino de que el pliego técnico genera dudas y poco interés real”.

Sobre la formación profesional, Torres ha afirmado que “el PP ha dejado en la estacada a 400 estudiantes este curso por su soberbia y sus prisas electorales” y ha celebrado que el Gobierno del PP “haya atendido la exigencia de Vox de licitar públicamente las patas de educación y restauración”.

El PP también cierra filas con Vox a cuenta del cese de Marta Tejero como directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) tras apenas tres meses en el cargo. La responsable de cuestiones como los centros de acogida para inmigrantes, en el foco de la extrema derecha desde su llegada al Gobierno de Jorge Azcón, renunció por motivos personales y a ello se ha agarrado la portavoz del Ejecutivo, la también vicepresidenta Mar Vaquero, quien ha pedido desvincular de “cuestiones polémicas” su cese.

Hasta tres veces le han preguntado a la número dos de Azcón en el Gobierno por la renuncia de Tejero, y en otras tantas se ha remitido a la versión oficial. Hay que recordar que entre las competencias del IASS están la gestión de estancia temporal de menores extranjeros, los centros de menores, el acogimiento familiar, las adopciones o la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital (IMV), todos ellos asuntos en los que Vox ha mostrado sus posiciones más extremistas desde la puesta en marcha de la coalición.

En este tiempo, la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia –que tiene al frente a Alejandro Nolasco, de Vox– ha cargado semana sí, semana también contra los menores migrantes, ha reclamado más actividad policial dentro de estas instalaciones, ha puesto el foco en la edad de estos niños, niñas y jóvenes y ha lanzado iniciativas como la retirada de la paga semanal solo a los menores extranjeros.

Nada de ello estaría, según Vaquero, en la marcha de Marta Tejero, que fue nombrada a finales del mes de mayo. La vicepresidenta y portavoz ha pedido “respeto” para la decisión de la exdirectora del IASS y ha reclamado que no se vincule con las decisiones de Vox: “Reconducir y orientar (su cese) a cuestiones polémicas no forma parte de nuestro día a día”, ha señalado.

De hecho, según Vaquero la “principal labor” que ha llevado a cabo en el corto periodo de tiempo en el que ha ejercido como responsabla de Servicios Sociales es la gestión de las evacuaciones en los incendios de este verano, en asuntos como la búsqueda de “alojamientos” o la participación en las reuniones del CECOPI.

El Departamento de Desregulación, ha apuntado la portavoz autonómica, ya está “trabajando” en el relevo, que se hará efectivo en los próximos días. Y ha querido dejar claro que la marcha de Tejero “no afecta al día a día” del IASS, que “sigue trabajando con total normalidad”.