El ‘kioscogate’: el pleno de Zaragoza decide este viernes cómo investiga la licencia del amigo del alcalde

El todavía alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón (PP), se expone en el tramo final de su mandato y en las vísperas de su campaña como candidato de los conservadores al Gobierno de Aragón, a un severo desgaste de su imagen, y con ella de sus expectativas electorales, con la comisión de investigación reservada que, según aprobó el pleno, debe escrutar la vertiginosa concesión de una licencia a una empresa de su amigo Juan Forcén Márquez, cuyas sociedades han ganado varias adjudicaciones municipales a lo largo de la legislatura y que forma parte del grupo de empresarios que pretende hacer el negocio del siglo con la privatización del estadio de La Romareda.

Lo curioso del caso es que fue el propio alcalde, o en su caso quien maneja sus redes sociales, quien propagó el vínculo de amistad con el empresario, que es el dato que se sitúa en el origen de la comisión de investigación. 

Ocurrió cerca de la medianoche del 2 de septiembre, cuando el perfil de Twitter del alcalde difundía un mensaje en el que, además de alabar la música del grupo madrileño Taburete, el que lidera el hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas, y asegurar que un evento como la franquicia del festival Vive Latino sirve para “recuperar el recinto de la Expo como localización de grandes conciertos para generar cultura y atraer turismo a la ciudad” (sic) mostraba un vídeo en el que, copa en mano, se les veía de bailoteo en el mismo grupo de personas.

El dato, es decir, la confirmación pública y por una fuente directa de la existencia de ese vínculo, situó a Azcón en uno de sus momentos de mayor zozobra de la legislatura, ya que su difusión coincidió con la tramitación de un expediente en Urbanismo cuyas peculiaridades cobraban ahora un halo de sospecha sobre un eventual trato de favor al empresario, cuya existencia viene sosteniendo desde entonces la oposición de izquierdas, formada por PSOE, ZeC (Zaragoza en Común) y Podemos.

Amigo del alcalde y empleador de su hermano

Lo chirriante de ese expediente, en el que la empresa Martipan, propiedad de Forcén, pedía una licencia para derribar un kiosco hostelero del parque grande, es que el proyecto técnico llegó al ayuntamiento un día después de que fuera aprobado el permiso, una velocidad que para ellos quisieran el resto de los empresarios que operan en el lugar, y sin que la fianza hubiera sido depositada por completo (faltaban 80 euros de 443).

La anterior jornada crítica de Azcón se remonta a finales de junio del año pasado, cuando se conoció que un mes antes, el 24 de mayo, el alcalde había votado en la junta de gobierno local a favor de reactivar (trece años después) los trámites de una operación para construir 532 pisos en la que sus padres (él fallecido poco después) eran partícipes y otra de 409 en la que uno de sus hermanos aparecía como arquitecto, ambas en la zona de Miraflores (son colindantes) y con Forcén como representante de la segunda de esas promotoras.

Ese último dato quedó en aquella ocasión al margen del debate político, que incluyó la petición de una comisión de investigación por parte de la oposición que en este caso no prosperó al salir al rescate de la coalición PP-Cs la ultraderecha de Vox, que por el contrario meses después se abstendría ante la propuesta de activar una información reservada para esclarecer si había habido irregularidades en el expediente de la licencia de demolición del quiosco, lo que permitió que saliera adelante.

La duda consiste en saber qué votarán los dos concejales de esta última formación en el pleno de este viernes ante la propuesta de pautas para investigar la licencia que efectúe el secretario municipal.

El Gobierno de Aragón reclama los ‘papeles’

Esta no es el único frente abierto para el equipo de gobierno de Azcón con el ‘kioscogate’, ya que el Gobierno de Aragón ha decidido demandar en los tribunales al consistorio después de que este le haya negado el acceso al expediente de la licencia, que pretende chequear dentro de su labor de supervisión de las administraciones locales.

La magistrada del Juzgado Contencioso número 5 de Zaragoza, María José Cía, ha emitido una providencia por la que da un plazo de diez días al consistorio para que le remita el expediente. 

“Nunca nos pasa, los ayuntamientos envían siempre la información que se les requiere”, explicó el jueves el director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez, que mostró su extrañeza por la cerrazón del ayuntamiento zaragozano en este asunto, con el que se expone a perder ocho millones del Fondo Local de Cooperación si no cumple los requerimientos y entrega el legajo.

El panorama se complica para el todavía alcalde Azcón, que se expone a que la comisión concluya que el ayuntamiento dio un trato de favor al empresario en la tramitación de la licencia, ya sea de manera consensuada entre todos sus miembros o mediante el voto particular de algunos de ellos, o, también, a que esa investigación acabe por no concluir antes de que lo haga la legislatura municipal, escenario en el que la sombra de la sospecha resultaría más difícil de conjurar.

Las normas de esas pesquisas las marcará el debate sobre la propuesta de funcionamiento que el secretario del ayuntamiento debe presentar al pleno el viernes 24 de febrero, un asunto que de ser echado atrás arrojaría también sombras de duda sobre la gestión del expediente.

La incertidumbre de los planes en torno a La Romareda

El kiosco en cuestión es uno de los cinco del Parque Grande de Zaragoza cuya explotación le fue concedida a una empresa de Forcén a mediados de legislatura sin que ninguna otra firma pujara por ellos. Obtuvo las concesiones de otros dos en otros puntos de la capital aragonesa.

Sin embargo, el gran negocio al que opta Forcén, aunque en este caso como socio no principal de la compañía , todavía no ha superado la fase de expectativa: se trata de la construcción de un nuevo estadio de La Romareda en la superficie del suelo sobre el que se asienta el actual campo municipal gracias a una enrevesada fórmula jurídica pedida por el Real Zazagoza SAD, empresa en la que es consejero y uno de los socios de referencia.

Se habla de una inversión de 140 millones de euros que en 75 años generaría sobre el papel beneficios netos superiores a esa cifra, aunque la compañía deportiva admite no tenerlos, descarta que la banca se los vaya a prestar y se encomienda a unos fondos de inversión que no han sido identificados, y con la que La Romareda pasaría a ser un espacio privado.

Los potentes socios del empresario amigo del alcalde

La operación se encuentra en la raíz de la toma de control del Real Zaragoza por sus actuales propietarios, una amalgama de empresarios entre los que destacan tres: el francoarmenio Joeph Oughourlian, accionista de referencia en el grupo de comunicación Prisa y en la empresa de tecnología militar Indra, en la que entró hace unos meses de la mano del Gobierno central; el estadounidense Jorge Mas, hijo del opositor cubano Jorge Mas y cuyo grupo familiar gestionó la quiebra de la privatizada Sintel, y Jim Miller, socio del fondo Ares, que tiene la participación mayoritaria en el Atlético de Madrid, y de cuya mano han entrado en la SAD aragonesa varios profesionales y gestores que también lo son de la entidad rojiblanca.

Entre las conexiones del Real Zaragoza y el Atlético de Madrid destaca que el secretario del consejo de la segunda de esas empresas, Pablo Jiménez de Parga, sea el socio mayoritario de una de las firmas estadounidenses que controlan la primera de ellas, además de ser uno de los directivos del despacho madrileño de abogados Écija, en el que trabaja su homóloga del Real Zaragoza, Cristina Llop.

Esos vínculos añaden todavía más incertidumbre a los planes de los empresarios, ya que esas participaciones harían incompatible que Real Zaragoza y Atlético de Madrid pudieran competir en la misma categoría del fútbol profesional español.

Por otro lado, en el ayuntamiento no ha sido objeto de debate público el hecho de que la avenida de Navarra, donde se da la circunstancia de que una de las empresas de Forcén (Plaza 14) está vendiendo pisos de ‘alto standing’, sea, si acaso con permiso de la plaza Salamero, la principal calle de la ciudad en la que el Ayuntamiento de Zaragoza ha llevado a cabo una intervención urbanística de calado a lo largo de la legislatura que ahora termina.