El juez del caso Forestalia acuerda nuevas diligencias y pide más detalles sobre la tramitación del Clúster del Maestrazgo

El magistrado juez de la plaza número 1 de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal del Instancia de Teruel, Juan José Cortés, ha acordado nuevas diligencias de prueba, informativas y documentales, dentro de la causa abierta a Forestalia. En especial, pide más detalles sobre la tramitación de los 20 parques eólicos que incluye el Clústerl del Maestrazgo.

Entiende el juez que estas nuevas diligencias, solicitadas al tribunal por y su grupo parlamentario de las Cortes de Aragón, “pueden arrojar luz y aclarar las diferentes relaciones entre las personas físicas y jurídicas implicadas en la presunta organización y las conductas de los mismos para determinar su reprochabilidad penal o no, aclarar el comportamiento seguido desde el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) y si hubo ese modus operandi que se le reprocha de favorecimiento hacia el Grupo Forestalia”.

Entre las diligencias acordadas el juez requiere a la Secretaría General Técnica del Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón para que informe al Tribunal de Instancia sobre las fechas de cese y nombramiento de Ana Cristina Fraile como jefa de gabinete de Alfredo Boné, exconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón; del jefe del Área Técnica IV de Gestión de la Información de Inaga, Alberto P. F., así como las funciones que desarrollaba. Y requiere al Inaga que informe con detalle sobre los proyectos de energía eólica que conforman el denominado Clúster del Maestrazgo (criterios de asignación de expedientes, servicios de consultoría o contratos licitados, entre otros).

A la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (Sarga) le solicita le informe de los encargos de ejecución recibidos del Inaga en relación con los expedientes de proyectos de energía eólica del propio Clúster del Maestrazgo y también las declaraciones de compatibilidad o conflicto de interés con la entidad promotora realizados por los técnicos de Sarga que emitieron informes de consultoría ambiental.

El juez también reclama a esta empresa autonómica “la fecha de contratación y las funciones que ha desempeñado y que desempeña” Lucía Domingo, esposa del exconsejero de Medio Ambiente Alfredo Boné.

“En fase de análisis”

Igualmente, pide a Tecnologías y Servicios Agrarios SA, S.M.E., M.P. (Tragsatec) que informe los encargos de ejecución recibidos del Inaga referidos a proyectos de energía eólica del Clúster del Maestrazgo. Documentación e información, toda ella, relacionada con un total 20 parques eólicos y una decena de empresas promotoras.

Contra este auto se puede interponer, ante el mismo Tribunal de Instancia, Recurso de Reforma en el plazo de tres días.

Mientras, y reiterando lo expresado ya en resoluciones anteriores, el juez aclara que en la actualidad estamos “en fase de análisis de todo lo aprehendido, lo que nos permitirá confirmar/desmentir propiamente todas las sospechas, y más allá de sospechas, indicios racionales de criminalidad”.

También indica que “es evidente que por el volumen e intensidad de las diligencias que ahora se acuerdan, y la necesidad de su ulterior estudio y análisis, nos hace ya representarnos que esta fase de la instrucción va a durar más aún, de lo que en un primer momento pudiéramos haber pensado. De toda la información que se obtenga gracias a las diligencias ahora acordadas, se dará traslado a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma), para que emita el correspondiente informe pericial que contextualice toda ella”.

Rechazado el recurso de Fernando Samper

Por otro lado, el magistrado instructor del caso Forestalia ha desestimado el recurso presentado por el propietario del grupo empresarial Forestalia, Fernando Samper, contra tres autos dictados dentro del procedimiento judicial abierto a Forestalia y determina que la causa continue por sus propios trámites. 

En el recurso de reforma, presentado el pasado 27 de febrero por el abogado de Samper, uno de los alegatos utilizado por el abogado de Samper en su escrito es “que no existen indicios racionales que justifiquen la continuación de la instrucción y reprocha a la instrucción un carácter prospectivo”. Ante ello razona el juez en su respuesta que de todo lo actuado y “ya, desde el primer momento, se manejaron más que sospechas”. Concreta que “no estamos ante hechos puramente especulativos derivados de una especial sensibilidad política” sino que “ya, desde ese primer momento, se hacen referencia, se argumentan, pero no de manera vaga, genérica o especulativa, sino con datos concretos y sobre actuaciones concretas, comportamientos que aconsejan una fiscalización de esas conductas”. 

Niega el instructor en su auto, que “en ningún caso” la investigación ha sido prospectiva, “sino que, al contrario, fue una investigación exhaustiva, que ha pretendido alcanzar y abrazar todos los eventuales comportamientos que se han entendido reprochables y que han ido apareciendo durante la misma”. Rechaza también que, en el procedimiento, “se haya generado indefensión a las partes y que se haya actuado a espaldas de los afectados”. En este sentido añade que “una de sus preocupaciones ha sido, en todo momento, salvaguardar los derechos de los investigados o personas afectadas” rechazando que “la instrucción, en ningún caso, se ha alargado artificial o caprichosamente”.

Contra este auto cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Teruel.