Una de cada tres facultades de Medicina en España es privada y nuestro país ya tiene el mayor número de centros por habitante en el mundo. De los 54 centros, 36 son públicos y 18 privados. Estas cifras explican el aumento de la demanda de unos estudios en auge, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una menor proporción de facultades de Medicina por habitante de las que tiene España. 

El aumento de la demanda de esta titulación está siendo respondido en las universidades privadas, que siguen creciendo de forma vertiginosa. Este 2026 se producirá un sorpasso: en España habrá más universidades privadas que públicas. A lo largo de la última década (2015-2025), se han abierto 16 centros privados, 13 de ellos con sede física en nuestro país. De ellos, seis están en Madrid y tres en Andalucía. Así, en el curso académico 2024-2025 se produjo un nuevo hito: en la Comunidad de Madrid, el número de alumnos de Medicina en facultades privadas superó al de las públicas.

Santiago Cuesta, responsable de Universidades de CCOO, alerta de las dificultades que tienen los alumnos para acceder a una plaza en las facultades públicas de Medicina: “Las comunidades autónomas están dando respuesta a la gran demanda a través de las universidades privadas, y esto afecta de lleno a las familias con menos recursos, que no pueden permitirse pagar un centro privado”, explica.

Los requisitos son otros

Abrir una facultad de Medicina implica exigencias especiales, no es como el resto de grados. Las universidades que las inauguran deben tener, al menos, un hospital general y tres centros de salud (de titularidad pública o privada) de referencia para que el alumnado haga las prácticas. Además, las instituciones sanitarias tendrán que disponer del personal y los recursos necesarios, según lo establezcan conjuntamente los ministerios de Sanidad y Universidades. De esta forma, de los 16 centros privados que se han abierto en la última década, tan solo uno de ellos imparte el grado de Medicina, la Universidad CEU Fernando III.

El auge de las privadas se concreta en el número de plazas que ofrecen los centros que se abrieron hace más de una década y que, poco a poco, se van consolidando en este campo: desde que comenzó este siglo han incrementado su oferta un 258%. Con carácter general, contando todas las nuevas facultades, mientras en 2001 se ofrecían 230 plazas privadas de Medicina en España, en 2024 fueron 2.078. Es un aumento del 803%, según recoge el último informe detallado sobre la demografía médica de la Organización Médica Colegial de España. 

Diferencias entre territorios

Mientras en Galicia o Asturias no hay ninguna facultad privada de Medicina, Madrid es la comunidad autónoma con mayor número, seis, frente a las cuatro públicas. Así, en la región, la Universidad Rey Juan Carlos ofreció 157 plazas públicas para estos estudios (en el curso académico 2024/2025), mientras la Universidad Europea (privada) sacó al mercado 230. 

Las universidades públicas han aumentado su oferta un 68% en las últimas dos décadas: mientras en 2001 se ofrecían 4.000 plazas, en 2024 fueron 6.728. Aunque la mayoría de los estudiantes de Medicina en España cursan sus estudios en las universidades públicas, las privadas luchan por incorporar esta titulación en sus centros, y la tendencia hacia los modelos de pago comienza a coger fuerza.

Tomás Chivato Pérez, vicepresidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas, manifiesta la importancia de disponer de un registro nacional de profesionales de cada especialidad, ya que “más que aumentar el número de Facultades parece más lógico evaluar correctamente las capacidades de las existentes”, explica.

Ir a la privada, ¿elección u obligación?

Para estudiar Medicina en una facultad pública en España hay que tener en torno a un 13 de media en la prueba de acceso a la universidad, una calificación que sitúa al grado como uno de los más exigentes del sistema público universitario. Y esto genera una presión sobre los estudiantes, para los que el margen de error en esta prueba es ínfimo. “Hay familias que están haciendo esfuerzos titánicos, piden préstamos y se tienen que endeudar para que sus hijos estudien Medicina en la privada”, explica Cuesta. 

El coste de estudiar este grado en centros privados llega a superar, en muchos de los casos, los 20.000 euros anuales. Con una demanda elevada, sumada al valor de sus profesionales, el grado puede ofrecer una gran rentabilidad. La Universidad Europea (con sus diferentes centros por España) y la Universidad Alfonso X El Sabio, ambas con el grado de Medicina en su oferta educativa, hoy están en manos de fondos de inversión.

¿Hay chiringuitos?

Hace unos meses el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó de “chiringuitos” a ciertos centros privados creados en los últimos años, especialmente online. Aunque el grado de Medicina implica presencialidad, y no se puede cursar online, también se verá afectado por la aprobación el pasado mes de octubre del Real Decreto, que tiene el objetivo de poner freno a la apertura de centros privados de dudosa calidad.

Hasta ahora, la apertura de universidades privadas ha estado en manos de las diferentes comunidades autónomas, que han tenido la última palabra a la hora de poner en marcha nuevos centros. La medida, que busca detener la “eclosión” de estos centros, según alegan desde el Ejecutivo, ya ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por el gobierno de la Comunidad de Madrid y la Junta de Extremadura. En el próximo curso académico (2026/2027) Extremadura tendrá su primera universidad privada, UNINDE, que cuenta con un informe negativo por parte del ministerio. La presidenta autonómica, María Guardiola, ya ha iniciado los trámites para aprobar una segunda universidad privada en la región.

Con el Real Decreto, para abrir una nueva universidad privada la comunidad autónoma deberá contar con un informe vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de las agencias de calidad autonómicas. Estas instituciones son, hasta ahora, las encargadas de evaluar la calidad teórica y práctica impartida en las diferentes facultades de Medicina tanto públicas como privadas de toda España, explica Chivato.

El sindicalista Cuesta incide en que el caso de Medicina es distinto al de otros grados. “No los llamaría chiringuitos como tal”, pero señala que “en buena parte de las privadas no se reúnen los requisitos de calidad de la pública”. Esto se observa, cuenta, en cómo la mayoría del alumnado tiene como primera opción la universidad pública, aunque pueda pagar la privada: “La media socioeconómica del alumnado de las facultades de Medicina es media-alta, si la pública no fuera buena se irían directamente a la privada”, apunta el responsable de Universidades de CCOO. 

Trabajar por el salario mínimo, tener una gran carga emocional y terminar las tardes en otro empleo, porque no llegas a fin de mes, esa la realidad de muchas de las trabajadoras en los centros de educación infantil. Desde hace años reclaman a las instituciones mejores condiciones laborales. Son ellas las que conocen de primera mano la precarización del sector: en España el 97,4% de los profesionales que trabajan en Educación Infantil (0 a 6 años) son mujeres, según los últimos datos del INE.

Este miércoles 18 de febrero, una plataforma que agrupa a las escuelas infantiles del Estado presentará una Proposición No de Ley en la que reivindican una mayor financiación pública para dignificar las condiciones de sus profesionales, y pide impulsar una reforma del marco normativo estatal del ciclo 0-3 años, que garantice la equidad, la calidad educativa y la atención individualizada en todo el territorio. La iniciativa cuenta con el apoyo del PSOE, Podemos y Sumar. 

Mayor concienciación social

La infancia es una etapa fundamental en el desarrollo de los individuos. En los primeros años de vida se aprende a comer, caminar, hablar o relacionarse con los demás. Las escuelas de educación infantil son el primer paso y el recurso de las familias mientras trabajan. No solo sirven para la conciliación, son el espacio, fuera de sus casas, en el que niños y bebés exploran, juegan y aprenden. No son guarderías, insisten quienes se dedican a ello: “Hay familias que solo vienen a que les guardemos a sus hijos”, cuenta Laura (35 años) que es educadora en un centro infantil en la Comunidad de Madrid. 

“No son guarderías”

Las trabajadoras de estos centros cuidan, enseñan y educan: “Cuando hacemos una actividad no solo estamos jugando, les estamos enseñando algo”. Y para ello, cuenta Laura, hay que dedicar tiempo, programar, hacer reuniones o adaptar actividades a aquellos que tienen necesidades educativas: “Nosotros queremos a esos niños porque pasamos más tiempo con ellos que sus propias familias”, expresa la educadora. 

Las escuelas de educación infantil son diferentes en toda España. Cada comunidad autónoma tiene sus propios centros, y cada centro su propio modelo. Desde aquellos completamente públicos, y que dependen de las administraciones autonómicas o municipales; hasta los completamente privados. Esto dificulta unificar las reivindicaciones del sector, cuentan desde la Plataforma de Escuelas Infantiles, que aúna a diferentes profesionales de toda España. 

A camino entre estos dos modelos, en la Comunidad de Madrid, existen los centros de gestión indirecta. Son centros públicos que salen a concurso, y la empresa ganadora se hace con la gestión durante cuatro años. Las condiciones laborales distan mucho entre las diferentes trabajadoras: mientras una profesora en un centro público de gestión directa puede llegar a ganar 1.800 euros mensuales, una que realice el mismo trabajo en un centro de gestión indirecta gana poco más de 1.000 euros: “Queremos que se nos trate igual en toda España”, cuenta Inma (50 años), que es técnica superior de educación infantil, y además estudia el grado de Magisterio.

Un sector muy feminizado

Tengo compañeras que comparten piso, otras alquilan una habitación para poder llegar a fin de mes, y algunas no pueden ser madres

Rosa — Trabajadora en una escuela infantil

Las trabajadoras de centros infantiles desarrollan su labor en un contexto cada vez más complejo, acentuado por las exigencias educativas, emocionales y administrativas: “Tenemos que hacer mucho papeleo e informes y, al final, terminas haciéndolo en casa porque no te da tiempo en la escuela”, cuenta Rosa de 47 años. Licenciada en Química, Rosa decidió dedicarse a la educación infantil y estudió el grado superior y, posteriormente, magisterio. Gana como maestra 1.270 euros netos al mes: “Cuando tenía la categoría de técnico educativo mi sueldo eran 1.003 euros”, cuenta. 

Rosa es madre y gracias a la suya, que de vez en cuando, le echa un cable, puede llegar a fin de mes, pero tiene compañeras se encuentran en una situación aún más complicada: “Unas comparten piso, otras alquilan una habitación para poder llegar a fin de mes y algunas no pueden ser madres”, cuenta. 

La subida salarial es una de las principales reivindicaciones de las trabajadoras. Así lo explica Nieves, que trabaja en una escuela infantil en el municipio de Marchena (Sevilla). Es maestra en Educación Infantil y Primaria, y desde hace más de 15 años desarrolla su labor en escuelas infantiles. En su caso, su centro es “adherido”, lo que significa que pertenece a un Ayuntamiento, pero su gestión es privada. La profesional reconoce que en su escuela la organización es buena, pero el problema siguen siendo los salarios: “Una educadora con la categoría de técnico hoy gana menos de lo que será el salario mínimo si lo suben este 2026”, cuenta, “es más, solo cobra 10 euros más que una limpiadora en el centro educativo”. 

Salarios míseros empujan a pluriemplearse

Nieves es directora de la escuela infantil, por lo que su salario es algo superior al resto de sus compañeras. Aunque las pagas extra están prorrateadas, la mayoría de sus compañeras tienen otros empleos, cuenta. “Trabajan en animación o cuidan niños, algunas cuando salen del centro se van a dar clases particulares para complementar el salario”, señala. 

Inma también describe esta realidad, tiene compañeras que, después de estar ocho horas en la escuela, se van a otro trabajo: “Hay mucho abandono en la profesión y es por las condiciones, mira que a mi me encanta lo que hago, pero en cuanto pueda me voy”, expresa. Su sueldo ronda los 1.100 euros al mes. 

El camino hacia la huelga

Entre los profesionales de diferentes partes de España ya comienza a escucharse la posibilidad de acudir a una huelga indefinida como hicieron en Navarra o Mallorca, donde mejoraron las condiciones. Así lo cuenta Narila (44 años) que trabaja en una escuela infantil en Navarra: “En 2022 hicimos una huelga de dos meses y conseguimos la equiparación salarial con las trabajadoras de las escuelas infantiles del Gobierno navarro, pasamos de ganar 1.140 euros a 1.500”, cuenta. 

En Navarra también hay diferentes modelos de escuelas infantiles, desde las de gestión directa, que dependen del Gobierno o ayuntamientos; hasta las de gestión indirecta que también funcionan a través de concurso público. Narila trabaja en una escuela de gestión indirecta y lleva más de 20 años haciendo este trabajo.

La profesional cuenta que, tras la huelga, el Gobierno de Navarra prometió la reducción de ratios para incorporar progresivamente la pareja educativa en cada unidad de alumnos, pero la realidad, explica Narila, es que esto se tradujo en una figura de apoyo que cubre un profesional a media jornada, que además tiene que trabajar en otra cosa porque no se puede vivir con ese sueldo: “Los apoyos nos han dado algo de mejora, pero se han creado empleos que no son sanos, la gente no puede independizarse con ese sueldo”, señala.

Los ratios

En Andalucía también hay dos tipos de escuelas: las de la Junta y las adheridas. En el caso de las adheridas están las que dependen de los ayuntamientos y los centros privados. En el caso de los ayuntamientos, un tipo de escuelas son las de gestión indirecta que, al igual que en la Comunidad de Madrid, su gestión depende de empresas ganadoras de concurso. En estas escuelas, como la que trabaja Nieves, los ratios son mayores que en las de la Junta de Andalucía. Y en una clase de primer curso (0 años) trabaja una profesional con ocho bebés, una cifra superior en el segundo y tercer curso (1 y 2 años) con 13 y 20 niños, respectivamente. 

Los elevados ratios de alumnado son una de las reclamaciones que las trabajadoras de las escuelas infantiles llevan tiempo reivindicando. Así lo cuenta también Laura: “Quiero que se sientan escuchados y bien tratados, pero, ¿qué hago si seis niños piden mis brazos? Es una frustración saber que no puedes”, cuenta la profesional. 

La vocación ya no es suficiente. En las aulas españolas, el clima de aprendizaje ha empeorado, enseñar se ha vuelto una tarea cada vez más difícil y hay profesores que se replantean su futuro en la profesión.

Andrea Aurelia (38 años) es profesora de Secundaria en un instituto público de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Lleva más de una década enseñando Geografía e Historia, pero desde la pandemia de la covid-19 ha percibido cómo, poco a poco, se deteriora la profesión: “En los últimos cinco años se ha agravado lo que ya conocíamos: muchas familias y alumnos han abandonado el diálogo”, explica la docente.

Los profesores están estresados. El 16,4% de los docentes en Secundaria manifiesta tener altos niveles de estrés y el 16% en Primaria también. A pesar de que el profesorado español presenta niveles similares de estrés a la media de los países de la Unión Europea, según apunta el último Estudio internacional de la enseñanza y el aprendizaje (TALIS), la realidad sitúa al colectivo, señalan los expertos, como uno de los más afectados por problemas de salud mental. 

En consulta estamos acostumbrados a ver muchos casos de problemas de salud mental en profesores, suele haber una sobrecarga de trabajo que les ha llevado al colapso

Pilar Calvo Pascual — Responsable de Psicología educativa del Consejo General de Psicología de España

“Sufrimos mucha ansiedad”, cuenta Andrea Aurelia, que se vio obligada a parar durante unas semanas el pasado mes de noviembre cuando el médico le dio la baja por ansiedad y depresión. Su historia es una realidad que afecta cada vez más a los docentes en España: “En consulta estamos acostumbrados a ver muchos casos de problemas de salud mental en profesores, suele haber una sobrecarga de trabajo que les ha llevado al colapso”, explica Pilar Calvo Pascual, vocal del Consejo General de Psicología de España y responsable del área de Psicología educativa. 

Aunque el alumnado es diverso, y depende de cada centro y de la etapa educativa en la que se encuentra, los docentes cuentan que se está produciendo un cambio social dentro de las aulas. En el instituto de Andrea Aurelia se escuchan comentarios xenófobos y para enseñar Historia tienes que “coger la dictadura con papel de fumar”, cuenta. La docente explica que en más de una ocasión la han insultado: “Me han llamado zorra, puta y hasta he tenido que ir a juicio con el padre de un alumno, al que le pusieron una multa de 500 euros, imagínate como está el patio”. La docente insiste en que esta realidad no es anecdótica, compañeros con los que trabaja también han sufrido estos ataques, pero desde algunos equipos directivos “se buscan profesores sumisos y que no den problemas, yo seguiré denunciando lo que está pasando”.

Calvo lleva dedicándose a la psicología más 35 años y reconoce que el trabajo del equipo directivo es clave para afrontar los problemas de salud mental en los docentes: “Desde los centros hay que trabajar conjuntamente, los equipos directivos deben generar climas saludables proporcionando una distribución equitativa de las labores a través de un buen liderazgo y, sobre todo, del trabajo en equipo. La palabra equipo es fundamental en la educación”, señala la experta. 

Antonio (nombre ficticio) tiene 35 años y también ha vivido una situación similar. Es maestro especializado en Pedagogía Terapéutica y trabaja en un colegio público en Aragón. A lo largo de los diez años que lleva en la educación, ha impartido docencia ordinaria en diferentes etapas educativas: “Te acusan de racista o incluso te llaman cabrón o hijo de puta. Me ha llegado a amenazar la familia”. Reconoce que, en su caso, ha sido puntual, pero tiene compañeros que han tenido que darse de baja por este motivo. Una realidad que, manifiesta, no debería producirse: “Se habla de la vocación y es cierto que esta profesión es muy vocacional, pero nuestro trabajo, como cualquier otro, tiene que ser respetado y dignificado”.

A pesar de que la mayoría de los docentes están satisfechos con su trabajo, según TALIS, uno de cada cinco en Secundaria se plantea dejar la enseñanza en los próximos cinco años. Esto significa que casi un 20% presenta un nivel significativo de desgaste profesional, acentuado por factores que apuntan a la burocracia, la creciente diversidad en las aulas y el estrés. Andrea Aurelia reconoce que aunque su vocación es fuerte se ha replanteado dejar su trabajo: “Antes me dedicaba a la traducción y la interpretación y no cobraba mal, cuando pienso que aún me quedan 30 años no sé si me jubilaré de esto”, relata. 

Las condiciones laborales también hacen mella, el salario de los docentes depende de cada comunidad autónoma, y las diferencias salariales son notorias. Mientras en Euskadi el sueldo de un maestro en Educación Primaria oscila los 2.858,46 euros brutos mensuales, en Asturias el mismo cobra 2.312,61. A esta diferencia se suman los escasos incentivos económicos de la profesión, que apenas se traducen en unos euros por cada trienio trabajado, y donde el ascenso profesional prácticamente se limita a la entrada en los equipos directivos.

Gonzalo (53 años) es docente en un instituto en la periferia de Santander. Además, es delegado sindical de CCOO en su ciudad, pero realiza las mismas horas lectivas que sus compañeros. Lleva dedicándose a la educación nueve años, antes trabajó como sanitario, es fisioterapeuta. Su pasión por la Historia le llevó a dejarlo todo, formarse y emprender su carrera en la docencia. Es profesor en Segundo de Bachillerato y prepara a sus alumnos para la prueba de acceso a la universidad.

Este profesor señala que uno de los problemas que afecta de lleno a los docentes es la presión de las familias: “Es algo que está ahí con independencia del curso que impartas”. Gonzalo resalta que la docencia en Segundo de Bachillerato genera una preocupación, la de estar a la altura, y que tus alumnos vayan bien preparados, y obtengan la nota de corte que necesitan: “En este curso por lo general no hay problemas de comportamiento por parte de los alumnos, es más la presión externa de una nota, las familias y la presión interna que se pone uno mismo”, cuenta. 

Soledad ante problemas

Calvo explica que se está produciendo un cambio en la relación de las familias con los profesores. El paso de los años, explica, muestra que la respuesta de las familias es otra, y en algunas ocasiones hay “faltas de respeto, y a los profesores se les niega o cuestiona”, a lo que se suma, señala la experta, que desde las administraciones se exige a los docentes que sepan dar respuesta a problemas de salud mental en los alumnos, y no están preparados para abordarlos: “Se deja solo al profesor ante el problema, y esto, día tras día, es muy duro”, señala. 

Gonzalo es jefe de departamento en el instituto, reconoce que su trabajo como sanitario, donde estaba expuesto a situaciones de gran estrés, le ayudó a encajar la realidad que atraviesa la Educación, pero no todos sus compañeros lo sienten así, cuenta. Hasta el momento no ha tenido que darse de baja por motivos de salud mental, pero reconoce que está estresado: “Combinar docencia y burocracia no es tarea fácil y agobia, porque sientes que no llegas a todo”. 

Calvo explica que muchos de los docentes que se dan de baja por motivos de salud mental no figuran como tal, debido al estigma que rodea a este tipo de problemáticas: “Te puede pasar a cualquier edad, es común verlo en profesores jóvenes que acaban de empezar, también percibimos que son más las mujeres que los hombres”. Aunque la experta señala que ellas tienen una sensibilidad mayor, por su experiencia, las mujeres piden ayuda antes: “Cuando uno percibe que no está bien es importante que acuda a un profesional, nosotros tenemos las herramientas, que nadie deje pasar esta situación, cuando uno vive así se pierde el disfrute de las cosas”.

Combatir el problema de acceso a la vivienda, acabar con la pobreza infantil severa, reducir la brecha de género o disminuir la contaminación son algunos de los objetivos que recoge la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros.

Esta Nueva Estrategia, elaborada por el Ministerio de Derechos de Sociales, Consumo y Agenda 2030, está compuesta por 100 metas que tienen como fin reforzar el estado de bienestar y orientar las políticas públicas hacia una transición social, económica y medioambiental que garantice los derechos, la igualdad y la cohesión territorial, además de acelerar la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Entre los 10 principales objetivos de España para 2030 se encuentra la lucha contra la pobreza infantil, que se coloca como un eje clave de la nueva estrategia, en la que se incorpora como aspiración una prestación universal por crianza para que llegue a todas las familias con hijos menores a su cargo. El titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, alega que esta medida se ha aplicado en otros países, y que se trata de una herramienta eficaz. Desde el ministerio señalan que esta medida debe ir acompañada de un modelo fiscal redistributivo, progresivo y justo.

El objetivo de esta prestación es reducir la tasa de pobreza y exclusión social (AROPE) en un 10% en España, por debajo de la incidencia de la Unión Europea. Para lo que se priorizarán medidas dirigidas a familias monoparentales, el modelo más afectado por situaciones de pobreza. Con esta media, materializada en una prestación universal, el Gobierno busca erradicar la pobreza infantil más severa a corto plazo. 

La vivienda, un problema transversal

Este 2026 la crisis de la vivienda se agudizará con la subida de los precios del alquiler y la compra, tras alcanzar niveles récord durante el año 2025. Esta nueva Estrategia busca facilitar el acceso a la vivienda en los objetivos de España para 2030. Por este motivo, se pretende triplicar la inversión en vivienda con el propósito de alcanzar el 5% de vivienda en alquiler social, destinando 7.000 millones de euros en los próximos 4 años.

Sostenibilidad y medioambiente

La despoblación es uno de los problemas que afecta a cientos de municipios en España. De los 8132 que hay en nuestro país, más de la mitad, en 4.975 viven menos de 1000 personas, y la población de los municipios más pequeños tiende a ser aún más envejecida. Entre los objetivos de esta nueva estrategia se encuentra reducir en un 5% la tasa de municipios que pierden población, y disminuir en un 32% las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La brecha de género 

Reducir la brecha salarial es otro de los objetivos para 2030, la nueva estrategia buscar diminuirla en un 10%, incluyendo una reducción del porcentaje de contratos a tiempo parcial de las mujeres para alcanzar el 55% respecto a los hombres, y producir un aumento de la tasa de actividad femenina del 5%.

En línea con la lucha por la igualdad de género y oportunidades, uno de los objetivos es aumentar en un 50% la proporción de personas con discapacidad que accedan y completen estudios superiores o formación técnica avanzada, con especial atención a las mujeres con discapacidad.

Colectivos vulnerables

Otro de los 10 objetivos de esta nueva Estrategia pone el foco en la visibilidad y la concienciación sobre los delitos y discursos de odio. Con esta propuesta se busca lograr que el 100% de los trámites de extranjería estén digitalizados, simplificados y unificado para reducir las resoluciones y, de esta forma, garantizar la posibilidad de atención presencial a aquellos que lo necesiten.

El abandono escolar es otro de los asuntos recogidos en esta Estrategia que pretende reducir la tasa de abandono escolar temprano al 9%, con especial atención a colectivos vulnerables como migrantes, población gitana o personas con discapacidad, entre otros. 

El árbitro alemán Pascal Kaiser, que pidió matrimonio a su novio ante más de 40.000 personas en el partido de la Bundesliga entre el FC Köln y el Wolfsburgo, ha sido agredido físicamente este fin de semana en su domicilio. Así lo ha adelantado el diario francés de información deportiva L'Équipe.

Kaiser, el árbitro amateur de origen alemán, hincó rodilla hace poco más de una semana en el RheinEnergieStadion, en la ciudad de Colonia, para pedir matrimonio a su pareja, Moritz. El joven sacó del bolsillo una caja blanca mientras en la otra mano sujetaba el micrófono con el que se dirigió a su pareja: “¿Quieres casarte conmigo?”. Ante la declaración, en el estadio se podía percibir la sorpresa de los aficionados, y el vídeo comenzó a compartirse a través de las redes sociales. El joven árbitro había dado a conocer su homosexualidad hace tres años.

Este pasado viernes, una semana después de la pedida, Kaiser recibió amenazas explícitas en las que se indicaba la dirección de su vivienda. Al día siguiente, en la noche del sábado al domingo, el árbitro fue agredido en su propio domicilio, a pesar, según declara, de que la policía le indicó que no había “riesgo inmediato”. 

Apenas 20 minutos después de haberse puesto en contacto con la policía por esas amenazas, Kaiser fue agredido físicamente en su propio jardín. Al salir a fumar fue interceptado por tres hombres que lo agredieron violentamente, cuenta el joven. El árbitro ha enviado una imagen a L'Équipe en la que se puede ver un hematoma en el ojo derecho, fruto de la agresión en su propio domicilio. Kaiser considera que esa agresión es resultado de haber pedido matrimonio a su novio en medio del campo. 

La homosexualidad, un tabú aún en el fútbol

En España cuesta encontrar algún ejemplo de futbolista que haya salido del armario. La homosexualidad en el mundo del fútbol aún sigue siendo un obstáculo para muchos jugadores, que deciden ocultar su orientación sexual en un deporte, hasta ahora, especialmente masculinizado.

El último informe elaborado por la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI recoge que la discriminación hacia deportistas, especialmente mujeres y personas del colectivo LGTBI, es aún un desafío, ya que los prejuicios y la discriminación siguen presentes en el deporte de élite, a pesar de los avances en la visibilidad hacia la diversidad. 

La borrasca Leonardo, que se marcha este viernes de España —pero dejará lluvias el fin de semana— ha provocado el desalojo de más de 7.000 habitantes en Andalucía y más de un millar en Extremadura. En Grazalema (Cádiz) 1.500 vecinos fueron evacuados este jueves tras caer 600 litros de precipitaciones acumuladas en poco tiempo, y los geólogos alertaron del riesgo de corrimientos de tierra en la zona. 

En Grazalema, municipio gaditano al norte de la provincia de Cádiz, los habitantes oyen ruidos y sienten movimientos. Comienza a escucharse, en medios y entre los vecinos, que se han producido terremotos conocidos como “hidroseísmos”, y se disparan las hipótesis sobre las causas, los riesgos y las consecuencias. Aún así, los expertos insisten en que aún es “pronto” para afirmar que se trate de este tipo de movimiento sísmico.

¿Qué son los hidroseísmos?

Los hidroseísmos son movimientos sísmicos provocados por el desplazamiento de aguas subterráneas. Coloquialmente conocidos como “pequeños terremotos”, estos movimientos son originados por cambios repentinos en la presión de los fluidos subterráneos. Pueden provocarse por lluvias intensas o persistentes, o por el aumento de la presión de los acuíferos, entre otras causas. Suelen tener una magnitud muy baja, duran poco tiempo y en la mayoría de los casos no son peligrosos. 

En las regiones de Málaga y Cádiz se han registrado alrededor de 12 terremotos de pequeña magnitud en los últimos días, pero hasta el momento ninguno en Grazalema. Así lo recoge el mapa interactivo del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Los terremotos registrados afectan a regiones comprendidas desde Cortes de la Frontera hasta Estepona. Luis Cabañas, sismólogo del IGN, explica que los ruidos que se escuchan en la localidad gaditana pueden deberse al arrastre del agua, por lo que el IGN va a colocar tres estaciones sísmicas temporales que permitan medir y localizar los movimientos terrestres que se produzcan en la región y, de esta forma, determinar si se trata de este tipo de movimientos sísmicos: “Necesitamos tiempo para decir que son hidroseísmos”, explica el experto.

“Hay un flujo turbulento que genera vibraciones y los sonidos”

La ingente cantidad de agua que ha caído sobre la región ha provocado una situación de excepcionalidad. Así lo explica Bartolomé Andreo Navarro, catedrático de Geodinámica Externa de la Universidad de Málaga, que no ve una “solidez técnica” para hablar por el momento de hidroseísmo: “Lo que ocurre es que se ha producido una gran recarga. Hay mucha agua que entra en el acuífero y no puede absorber, esto lleva a un flujo turbulento que genera vibraciones y los sonidos que la población percibe”, apunta. 

La reacción del subsuelo ante la cantidad de agua acumulada pone de nuevo en alerta a la localidad de Grazalema, motivo que llevó a la evacuación de sus vecinos. La AEMET avisa de que seguirán dándose precipitaciones en las próximas horas, aunque no tendrán tanta intensidad, pero el foco aún continúa en la provincia.

Nahum Méndez, geólogo y divulgador cientifico, explica que se están produciendo diferentes fenómenos en la región, y que, aunque los hidroseísmos podrían ser uno de ellos, coincide en que la gran cantidad de agua que circula, fruto de las fuertes precipitaciones, también podría provocar estos sonidos. Otro de los fenómenos, para el divulgador, es que el agua que discurre por el acuífero tiene burbujas que podrían estar generando los ruidos que se escuchan: “No podemos afirmar que sean hidroseísmos, pero es un posibilidad”. 

Mendéz cuenta que los hidroseísmos son terremotos pequeños, que, al igual que el resto, no se pueden predecir y, por tanto, pueden darse en cualquier sitio. En la zona hay frecuencia de movimientos sísmicos, “algunos están relacionados con el agua y otros no”, señala. El divulgador resalta la dificultad que existe en el estudio de este tipo de movimientos sísmicos, pero recalca que no son peligrosos debido a su baja intensidad: “La subdelegación de gobierno dijo que podrían ser terremotos que están relacionados con la hidrosismicidad, pero es una posibilidad como cualquier otra”.

El Hospital La Paz debe indemnizar con 218.563,79 euros a la familia de un médico fallecido tras contraer la covid-19 en el desarrollo de su actividad profesional. La sentencia, adelantada por El Confidencial, concluye que el centro hospitalario “no cumplió la exigencia de la normativa de garantizar la seguridad y salud en el trabajo”.

Joaquín Díaz Domínguez era Doctor en Medicina y Jefe de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo de la Paz desde el año 2013. Además, el facultativo había sido Director Médico entre 1994 y 2004 del mismo hospital, que depende de la Comunidad de Madrid. Díaz falleció tras contraer la covid-19 en su puesto de trabajo, y el centro hospitalario madrileño, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, habría incumplido la legislación de prevención de riesgos laborales en los primeros días de la epidemia al no suministrar al profesional los equipos de protección necesarios.

La sentencia, que aún no es firme, ha sido dictada por la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia número 28 de Madrid, que considera que el hospital incurrió en una “omisión negligente” y condena al centro a pagar una indemnización de 154.661,81 euros a la viuda y 21.300,66 euros a sus tres hijas, una cuantía que asciende al total de 218.563,79 euros en concepto de daños y perjuicios por responsabilidad empresarial. Desde el equipo jurídico encargado del caso, valoran esta sentencia como “objetiva”, aunque el interés de la familia no era económico, sino de “justicia”, declara Sr. Víctor Lucas Olmedo, socio del Departamento Laboral de EVERLAW. 

Exposición al contagio

La “omisión negligente”, a la que hace alusión la sentencia, se define como la causa que “provocó una exposición al contagio que podría haberse evitado o al menos minimizado el riesgo de contagio causando el accidente de trabajo que provocó la muerte” del doctor Díaz. Este aspecto ha sido clave para la defensa que ha trabajado durante cinco años en la defensa de este caso, que presenta un “enfoque diferente al resto” de los sucedidos en el marco de la pandemia. Así lo explica Sr. Lucas, quién, además, hace hincapié en el carácter apolítico de la sentencia, ya que se aleja de “cuestiones políticas” para poner el foco en “los derechos del trabajador y en las normas de la empresa”.

El abogado insiste en que esta sentencia es “aséptica” ya que, según explica, ha valorado las pruebas y constata que “no se cuidó de la salud del profesional sanitario cuando se tenía oportunidad para ello”, cuenta. La sentencia aún no es firme, por lo que la parte demandada podría recurrirla, asevera Sr.Lucas. 

Llegar a fin de mes es ya una odisea para muchos. Lo complica el aumento del precio de la vida, que afecta a miles de hogares en España, en los que hay que mirar cada número para que salgan las cuentas. En casa, en el supermercado, en la farmacia… los más mayores también sufren esta realidad, que azota con gran intensidad a quienes ni siquiera cobran de pensión el Salario Mínimo Interprofesional (1.184 euros mensuales brutos). 

Este año las pensiones contributivas subirán un 2,7%, por lo que más de nueve millones de personas verán incrementada su pensión en 2026. Eso sí, las mínimas crecerán más de un 7% y las de viudedad con cargas familiares o el Ingreso Mínimo Vital se incrementarán en un 11,4%. Aun así, para mucho no alcanza.

En Cintruénigo (Navarra), vive Mercedes, una mujer de 83 años que comenzó a trabajar desde muy joven. Cuando se casó, formó una familia, tuvo cinco hijos, y dejó la fábrica en la que trabajaba. Mientras tanto, desde casa cosía alpargatas, muñecas de tela, de todo, cuenta. Mercedes es viuda desde hace 26 años, su marido enfermó y se tuvo que dar de baja hasta jubilarse. Hoy cobra una pensión por el trabajo que realizó él: “Gano 874 euros al mes, pero pago 620 por el centro de día”. 

La historia de Mercedes es una realidad que afecta especialmente a las mujeres, que durante su vida profesional han compaginado la crianza de los hijos con trabajos que en ocasiones estaban mal pagados y en otras ni siquiera cotizaban. Ellas siguen siendo las que mayoritariamente cobran pensiones contributivas que no derivan de un vínculo propio e individual con el mercado laboral: “Tuve que trabajar de seis de la mañana a ocho de la tarde hasta los 70 años como limpiadora, y no estaba dada de alta en la Seguridad Social”, cuenta Mercedes. 

Las mujeres siguen siendo, en su mayoría, las que desarrollan actividades vinculadas con el cuidado o la limpieza, trabajos tradicionalmente caracterizados por su precariedad en el mundo laboral. Esta realidad marca la vejez: las pensiones de las mujeres son un 31% más bajas que las de los hombres. Mientras ellos cobraban de media en 2025 una pensión de 1.564,53 euros al mes, ellas 1.071,76 euros. Así lo recoge el último informe elaborado por el Instituto de las Mujeres, un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad.

La historia se repite

En la otra punta de España, en Jerez de la Frontera (Cádiz) vive Javier (nombre ficticio) de 82 años, junto a su hija y sus cuatro nietos. Entre su pensión, 870 euros, y lo que gana su hija apenas llegan a los 1.200 euros al mes. A esto se suma un gasto fijo, la vivienda, por la que pagan 463 euros mensuales de alquiler. Con esto queda poco margen de maniobra, y a la hora de hacer la compra tienen que mirar cada producto: “Compramos alimentos baratos, macarrones, arroz… pero a veces las cuentas no salen, y tengo que pedir ayuda a mis otros hijos”, explica. 

Durante la crisis económica del 2008 muchos pensionistas se convirtieron en la principal fuente de ingresos de sus familias, que perdieron el trabajo o la vivienda. Hijos en paro que pidieron ayuda a sus padres, y pensionistas que sostuvieron familias enteras. Más de una década ha transcurrido de aquellos años, pero esta situación aún se produce. Los pensionistas sufren las consecuencias de un contexto marcado por el aumento de los precios de la energía, la alimentación o la vivienda. Y la preocupación económica vuelve de nuevo.

Con apenas 15 años, Javier comenzó a trabajar repartiendo periódicos en su ciudad. Más tarde, se mudó a Madrid donde trabajó en una fábrica de cemento en Alcalá de Henares. Después de 20 años viviendo en la capital, regresó a Jerez y allí se jubiló como administrativo, trabajo al que ha dedicado gran parte de su vida profesional. 

El casero del piso en el que vive desde hace 13 años quiere vender la casa, mientras está buscando donde irse, pero con sus ingresos es muy complicado, cuenta, ya que le piden 700 u 800 euros de alquiler por una vivienda similar a la suya: “Creo que el casero no quiere venderla, sino alquilarla a alguien que le dé más por ella”. 

Javier explica que, a pesar de haber trabajado durante toda su vida, en el cálculo de la pensión, al tenerse en cuenta los últimos 15 años cotizados, no salió beneficiado porque tuvo trabajos más precarios en ese tramo: “Vivía mejor cuando trabajaba que ahora que estoy jubilado”, cuenta.

Ser “mileurista” no es suficiente 

José (nombre ficticio) tiene 74 años y vive en un pueblo de Zamora con poco más de 200 habitantes. En el municipio ya no queda ningún bar, y para hacer la compra tiene que desplazarse más de 35 km, que es donde está la tienda más cercana. Vive con su mujer, que le ha ayudado a lo largo de su vida en varios de sus trabajos, pero los únicos ingresos que entran en casa es su pensión, que ronda los 1.000 euros: “Hay que echar cuentas, de eso se encarga mi mujer que es muy buena administradora”.

José ha trabajado durante toda su vida. Comenzó con veintipocos años en una fábrica en Villaverde (Madrid), pero, tras su cierre tres años más tarde, regresó a su pueblo, donde ha trabajado en el régimen agrario como agricultor. Cuando se jubiló, a los 65, tenía cotizados más de 40. Aunque José no tiene hijos explica que llevan una vida muy sencilla, no pueden permitirse grandes lujos. El año pasado se fueron a La Manga con el Imserso, “es el único viaje que hacemos al año”, cuenta. Aunque reconoce que vive en un pueblo, y la vida es más barata que en la ciudad, los excesos son impensables: “Algo se puede ahorrar, pero llevando una vida muy muy metódica”, recalca.

Son las nueve de la mañana y no han pasado ni 48 horas del accidente en Adamuz. En Atocha, el ajetreo de viajeros de un lado para otro recuerda a la normalidad de la estación, pero con alguna excepción: se han cancelado varios trenes de alta velocidad con destino a Andalucía y en el control de maletas hay cola para acceder a las vías y llegar a tiempo para coger los trenes que hoy parten de la capital.

Celia está esperando en esa fila. A las diez y media sale su tren con destino a Pamplona. Ha venido esta mañana en autobús desde Sevilla, su ciudad natal, después de que le cancelaran el AVE a Madrid. Cuando se enteró del accidente estaba en casa y cuenta que le impactó mucho al producirse en Andalucía: “Ahora que voy a coger el tren estoy nerviosilla, la verdad, lo que hemos visto ha sido terrible”. 

En la puerta de entrada está Mariana (21 años) que viaja con su familia: “Siento inquietud, pero bueno, confiando en las manos de Dios”. La joven cuenta que también le cancelaron el AVE desde Sevilla y ha venido en coche esta noche a Madrid para coger el tren a Barcelona, su destino final. Reconoce que están cansados y siente temor: “Solo esperamos que todo vaya bien, la verdad”. 

La sensación de Celia y Mariana también la tiene Fabián, que corre por la estación para llegar a tiempo a la vía. Es la primera vez que monta en tren, viaja a València por una convención de su empresa y va con la hora pillada. Cuenta estar impactado por las imágenes del accidente, y esta mañana lo ha estado pensando: “Estoy un poco nervioso, pero vamos a confiar en que todo va a ir bien, no queda otra”. 

Entre los viajeros más veteranos se percibe la sensación de que esto ya se ha vivido. A algunos, el accidente les recuerda, salvando las distancias, al 11-M, el trágico atentado terrorista en el que murieron más de 191 personas en 2004. La mañana del 11 de marzo del 2004 quedó grabada en la retina de todos los españoles, especialmente en la de aquellos que cada día cogían las líneas de Cercanías en las que se produjeron los atentados: “Adamuz me ha recordado a los trenes de Atocha, tenía una vecina que acabó con lesiones de todo aquello, fue un horror”, cuenta María Jesús, una vecina de Alcalá de Henares que espera su tren con destino a Pamplona. 

“Aunque no es lo mismo que el 11-M, me recuerda a todo aquello, yo vine justo una semana después de los atentados y también tenía esa sensación”. Conrad (64 años) reconoce que se monta con inseguridad esta mañana, pero confía en los trenes, “por eso estoy aquí, podría hacer este trayecto en coche”, cuenta, e incide en que es un viajero de tren habitual, que viene desde Lleida, y se dirige a Murcia.

Los motivos del accidente en Adamuz todavía se siguen investigando. El titular de Transportes, Óscar Puente, insiste en la cautela. Hablar de causas por el momento es “especulación”, ha declarado en una entrevista para elDiario.es. Los datos demuestran que este accidente es uno de los más mortíferos desde que existen registros en España, y en las últimas dos décadas, el segundo más grave tras el sucedido en Angrois (Santiago de Compostela) en 2013, en el que murieron 79 personas por el descarrilamiento del tren en una curva. 

María Jesús viaja esta mañana para ver a su nieta, que vive en San Sebastián, por lo que Pamplona es la primera parada del viaje: “Me he venido con tiempo, y llevo aquí un buen rato”. Cuenta que está tranquila y que el accidente de Adamuz es un hecho puntual: “Siento mucha pena por lo ocurrido, pero estoy tranquila. Sé que el tren es un medio seguro”.

“Es un medio superseguro”

Pau Noy es ingeniero industrial y presidente de la Alianza Ibérica por el Ferrocarril. Cuenta que esta noche va a coger su tercer tren desde el domingo: “Es un medio superseguro”. El experto resalta la gran fiabilidad con la que cuentan los sistemas de señalización que controlan todo lo que pasa en la vía: “Los dos trenes iban a una velocidad de 200 km/h aproximadamente, por lo que el choque fue de 400 km/h. De los casi 600 pasajeros que viajaban han muerto al menos 42, una cifra muy inferior a los que hubieran muerto si el accidente hubiera sido en un avión”.

Las cifras de fallecidos por accidentes de tren en España son muy inferiores a las sucedidas en carretera, donde han perdido la vida 1.119 personas durante el año 2025, según apunta el balance provisional de seguridad vial, aunque algunas asociaciones lo elevan hasta los 1.800. En accidentes ferroviarios murieron 18 personas en nuestro país durante el 2024. Así lo recogen los últimos datos actualizados por el Ministerio de Transportes. Las 18 muertes corresponden a víctimas por material rodante, en pasos a nivel y en colisión con obstáculos. 

El accidente de Adamuz presenta una particularidad que dificulta explicar los motivos que han provocado esta catástrofe: el choque se produjo en línea recta, explica Noy. El experto señala que las consecuencias serían aún peores si la colisión hubiera sido frontal en lugar de lateral: “Para mí el foco está en la vía o en el tren, pero debemos esperar a que se investigue, y hay que estar atentos al informe que elabore ADIF”, recalca.

La sensación entre los viajeros que visitan España es distinta. Sergio (64 años) y Carolina (25 años) son padre e hija. Llegaron ayer de Buenos Aires y aterrizaron en Madrid. Cuando pisaron Atocha se enteraron de que se había cancelado su AVE a Sevilla, y hoy viajan en uno de media distancia hasta la capital andaluza: “Estamos tranquilos, las estadísticas juegan a nuestro favor. No va a producirse otro accidente en dos días”, explica Carolina mientras su padre asiente.

En España las 50 universidades públicas ya tienen 246 centros adscritos, y más de la mitad, 150 de ellos son privados. En la última década se han abierto 20 centros privados adscritos a universidades públicas, que corresponden a centros universitarios docentes y escuelas universitarias. Dentro de los centros adscritos privados se incluyen diferentes tipos de instituciones que, al estilo de la escuela concertada, en el caso de los que imparten títulos, surgieron como complemento a lo público en un momento en el que los campus estatales no lo cubrían todo, pero desde la Universidad muchos hoy ven como elemento anacrónico.

Pese a ello, ante una creciente demanda de formación superior –con nuevo récord de alumnado en la Universidad incluido, 1.827.272 estudiantes en el curso 2024-2025– que está siendo atendida por el sector privado, se siguen abriendo centros adscritos privados, que firman títulos. Para ellos mismos y para las universidades que los acogen es una relación simbiótica, ambos ganan. Experiencias pasadas también demuestran que esta vía puede acabar siendo el primer paso para acabar como universidad privada. Y la licencia de Universidad, la posibilidad de emitir títulos, cotiza alto y se paga cara en el mercado.

Un cambio de modelo

La falta de financiación de los Gobiernos regionales a sus universidades públicas está provocando un cambio en el modelo de educación superior. Los rectorados, atascados sin dinero, no son capaces de absorber la creciente demanda de plazas, y la oferta privada se dispara. Así, en el año 2025, las universidades privadas españolas superaron por primera vez a las públicas en el número de estudiantes de máster, una cifra que refleja el innegable aumento de la demanda de los estudios de posgrado, que ha crecido un 83,1% en la última década, según recoge el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En 2026 se dará otro hito histórico: habrá más universidades privadas que públicas en el país.

Y a medio camino entre unas y otras se encuentran los centros privados adscritos a universidades públicas, que imparten títulos universitarios. Son un híbrido que permite estudiar en instituciones privadas, pero con los estándares de calidad de lo público. Estos centros, privados, establecen convenios con universidades públicas por los que el organismo privado somete sus estudios a los procedimientos que garantizan la calidad en la universidad pública, que a su vez pone el sello de calidad de lo público. El acuerdo se completa con una compensación económica: por cada alumno matriculado, el centro adscrito le da a la Universidad que lo acoge el equivalente a lo que ese estudiante pagaría si se inscribiera en el centro público.

Con este sistema parece que todos ganan: la universidad pública, nadando en la miseria, recibe el montante equivalente a una matrícula a cambio de casi nada; el centro adscrito gana el prestigio de lo público, que firma sus diplomas, y además puede cobrar matrículas a precio privado; el estudiantado obtiene un título de un centro público, mejor valorado que si fuera de uno privado.

Un sistema ¿anacrónico?

Pero en la Universidad hay quien cree que este tipo de instituciones son anacrónicas. Los centros adscritos privados nacen en España cuando aún no existían las universidades privadas y, por tanto, se configuraban como la única oportunidad para acceder a estudios superiores fuera de la universidad pública. Esta realidad comienza a cambiar en el año 2001, cuando se aprueba la Ley Orgánica de Universidades, que abre la puerta a la creación de universidades privadas —hasta el momento solo existían las vinculadas a la Iglesia católica—, explica Carlos Andradas, exrector de la Universidad Complutense de Madrid: “Creo que ahora los centros adscritos han perdido un poco de sentido al haber tantas universidades privadas, salvo en casos concretos en los que la demanda sea tan grande que la pública no pueda cubrirla”.

Jesús Escribano, responsable de Universidad de CCOO en Madrid, admite que, “en un momento histórico podían tener sentido con una universidad en expansión. Igual no se podía hacer otra cosa. Pero que se sigan creando centros adscritos, cuando además en la UCM últimamente han sido el germen de una universidad privada”, dice en alusión al Villanueva o a Cunef, “no tiene sentido alguno”.

En España, la Universidad Autónoma de Barcelona es la que más centros adscrito tiene: 35 (entre púlicos y privados), pero solo ocho de ellos imparten titulación privada, según aclara la universidad. Un ejemplo es EINA, el centro universitario privado de Diseño y Arte en Barcelona, donde se imparten titulaciones oficiales y propias del Grado en Diseño, másteres, posgrados, estudios avanzados y doctorado. 

EINA es un centro adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona desde el año 1994, y el precio del grado en Diseño roza los 10.000 euros anuales, una inversión que se acerca al precio de algunos grados en universidades privadas pero que devuelve un título público. “Disponemos de un margen de autonomía para establecer el precio privado de los créditos”, explican desde EINA, “pero esta capacidad se ejerce siempre desde una gestión responsable, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad del proyecto académico, calidad docente y coherencia con el marco del sistema universitario público al que estamos vinculados”.

El Centro de Estudios Superiores (CES) Don Bosco es un centro de estudios superiores adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) desde hace 25 años. En este centro universitario docente se imparten grados como Educación Primaria, Infantil y otras dobles titulaciones. Ahora es el único adscrito a la Complutense en el que se pueden cursar estos grados. El resto de los adscritos, que hasta el momento habían ofertado estas enseñanzas (ESCUNI y Escuela Universitaria de Profesorado Fomento de Centros de Enseñanza), están en proceso de desadscripción, como antes lo hicieron Cunef o Villanueva, hoy universidades en sí mismas. De los nueve centros adscritos de la UCM, cinco se encuentran en esta situación. La Universidad Complutense ha rechazado dar una valoración tras ser consultada por elDiario.es. 

La Complutense, la universidad más grande de toda España, tuvo que pedir hace unas semanas un crédito de 34,5 millones de euros a la Comunidad de Madrid para poder pagar las nóminas. Ante un contexto marcado por la infrafinanciación pública, los centros adscritos privados suponen un ingreso para las universidades, que asumen como alumnos propios a quienes no se sientan en sus aulas: “Estos centros no suman calidad a la universidad pública, son sólo una solución que beneficia a las dos partes. Para la pública son una fuente de ingresos y para el centro adscrito puede ser la puerta para después convertirse en una universidad privada”, advierte Santiago Cuesta, responsable de Universidad de CCOO. La incorporación de centros privados en las universidades abre dos vías en los centros públicos: la barata y con nota de corte, que imparte la propia universidad, y la cara con el dinero como filtro, que ofrece el centro adscrito.

Rubén Iduriaga, director del CES Don Bosco, cuenta que en Madrid la fuerte competencia es una realidad: “Aquí [en la región] hay 24 centros de formación del profesorado, nosotros apostamos por la educación presencial y apenas llegamos a los 1.000 estudiantes”. Recalca que el alumnado es “diverso”, y que muchos de ellos solicitan la Complutense como primera opción, pero no son aceptados, explica. 

Las cuotas que pagan los alumnos en CES Don Bosco rondan los 400 euros mensuales, una cuantía similar a la que los colegios privados en España cobran por enseñanzas inferiores como el Bachillerato: “Nuestro centro vive de las cuotas de los alumnos y la demanda no ha crecido, teníamos más alumnos cuando existía la diplomatura”, explica Iduriaga.

La expansión de la educación universitaria privada —en Madrid ya hay 14 universidades privadas, más del doble que las públicas (6)—, evidencia una tendencia que se ejemplifica con el auge de los campus privados, que buscan captar cada vez más estudiantes: “A pesar de que en las universidades privadas las cuotas son más altas, pueden ofrecer titulaciones que nosotros no podemos como centro adscrito. La pública se ha quedado estancada, y hay dificultades para dar educación con gran demanda”, recalca Iduriaga. 

Esta tendencia amenaza al sistema universitario, y ha permitido que se creen centros privados que cuentan con un informe demoledor por parte del ministerio. Un ejemplo es UNINDE, la primera universidad privada en Extremadura, que abrirá sus puertas el próximo curso académico sin contar con la valoración positiva del ministerio, pero con el respaldo del gobierno autonómico. Con estas nuevas incorporaciones, en España este 2026 habrá más universidades privadas que públicas.

En España ya viven 49 millones de personas y la población aumenta en todas las comunidades autónomas, a excepción de Extremadura, según recogen los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Catalunya, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid son las que más crecen. Aunque el número de habitantes no deja de aumentar, la despoblación de las zonas rurales es un problema que afecta a miles de municipios en España, donde el éxodo rural de los más jóvenes ha agudizado esta tendencia, que sufren de lleno los pueblos más pequeños, que siguen reclamando mejores servicios y oportunidades. 

Muchos municipios corren el riesgo de desaparecer. La baja natalidad—hay pueblos donde no nace ningún bebe en todo un año—, la salida de miles de jóvenes en búsqueda de mejores oportunidades y las dificultades en el acceso a servicios de calidad son factores que afectan de lleno a miles de localidades en nuestro país: “No tenemos viviendas, muchas son de fin de semana y vacaciones, y hay personas que quieren venir a vivir aquí, pero no pueden”, cuenta Adrián García, un joven de 26 años que vive en Sorihuela, un pequeño pueblo en la provincia de Salamanca. 

En más de la mitad de los municipios de España, el 53,9%, la población ha aumentado o se mantuvo durante el año 2024. Pero España sigue siendo un país desigual, y su población es un ejemplo de ello. De los 8.132 municipios que hay en nuestro país, en 4.975 viven menos de 1.000 personas. Mientras el 40,9% habitaba municipios mayores de 100.000 habitantes el 1 de enero de 2025, tan solo el 2,9% lo hacía en aquellos de 1.000 o menos habitantes, cuya población está más envejecida.

Los jóvenes, el motor de cambio

En Carucedo, un municipio de 478 habitantes en la comarca del Bierzo (León), vive Lucía Rodríguez, una joven de 22 años que trabaja en una fábrica de cervezas del pueblo: “Hace unos años se abrió este negocio para que la gente pudiera probar las cervezas artesanas, comer algo y poder disfrutar de las vistas”. Lucía destaca las ventajas de vivir en un pueblo: “Considero que la vida aquí es mucho mejor, no hay tanta gente ni tanto ruido, es un pueblo muy acogedor, y todos nos llevamos bien”.

Carucedo es uno de los municipios que sufrió la ola de incendios de este pasado verano. Sus habitantes fueron evacuados, y en la fábrica de cervezas del pueblo se quemaron varias naves. Las pérdidas ambientales y patrimoniales del territorio son difíciles de calcular, especialmente en este municipio donde se encuentran Las Médulas, el monumento paisajístico, Patrimonio de la Humanidad, que constituye un importante atractivo turístico en la región.

Maksim Bello (21 años) nació en Rusia y con apenas un año llegó a Carucedo. Ahora busca empleo, pero ha trabajado de soldador, vigilante de seguridad, en la vendimia… El joven resalta las dificultades a las que se enfrentan los pequeños municipios: “La gente de la ciudad no sabe cómo son los pueblos, los ganaderos y agricultores están pasando un mal momento, y no sacan el beneficio que debieran por su trabajo”. A pesar de la realidad que atraviesa el mundo rural, Maksim reconoce que la unión que hay entre los vecinos es una de las fortalezas del lugar: “Esto en la ciudad no ocurre, y yo no lo cambiaría por nada del mundo”, recalca. 

Estudiar y vivir en un pueblo

Sorihuela es el pueblo de 255 habitantes al sur de Salamanca en el que vive Adrián. El joven compagina los estudios y el trabajo: “Estudio Ingeniería mecánica en Béjar, que me pilla a 12 kilómetros de casa, por lo que sigo viviendo con mis padres en el pueblo”.

Béjar es un municipio salmantino de 11.990 habitantes que cuenta con un centro universitario: la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Salamanca. Esta localidad constituye un importante centro de recepción de jóvenes estudiantes que cada año se mudan allí. Adrián es compañero de Óscar, un madrileño de 23 años que decidió estudiar la carrera en Béjar y reconoce estar contento con la decisión: “Es una facultad pequeña, el ambiente es muy familiar y el trato con los profesores es muy bueno”, recalca. 

Adrián cuenta que no le costó conseguir empleo en Sorihuela: “Mi padre es autónomo y siempre ha trabajado en el pueblo, dedicándose a la piedra y la albañilería”. Explica que en la zona hay trabajo, pero señala que el éxodo es un problema presente: “Los pueblos sufren mucho la pérdida de habitantes, que se va notando en la gente joven que decide estudiar y luego, cuando vuelve, no encuentra trabajo de lo suyo aquí”. 

La vivienda, un problema urbano y rural 

Vicente Repilado tiene 26 años y vive en Perales del Puerto, un pueblo extremeño de 877 habitantes, en casa de su pareja: “El acceso a la vivienda no es fácil, cada día sube más el precio y no se construye. Tener hoy una casa en propiedad es un privilegio de los que ya no hay”. 

Vicente ha trabajado desde muy joven. Ahora continúa formándose y estudia un ciclo formativo sanitario: “En el pueblo la gente cada vez es más mayor, otros se van jubilando y hay cuatro jóvenes contados. Esto afecta al trabajo”, explica. En cuanto a los retos a los que se enfrenta el municipio, Vicente incide en que “Extremadura está olvidada”, lo que unido a las dificultades que tienen los trabajadores del sector primario, se ha “idealizando la vida en los pueblos, aquí no todo es de color de rosa”, apunta. 

Juana Garrido (25 años) también tiene esa sensación. Ella vive en Hontalbilla, un municipio segoviano de 276 habitantes: “La gente cree que la vida en los pueblos es fácil y no es así”. Juana comparte casa y gastos con sus tres hermanos, y la joven cuenta los problemas que tienen los municipios más pequeños: “Hay poca comunicación con las grandes ciudades, y si no tienes carnet de coche no puedes hacer nada”. Cada día, se tiene que desplazar a otra provincia para trabajar en una escuela infantil de un pueblo de Valladolid, pero cuenta que en Hontalbilla están sus orígenes: “Aquí me he criado y quiero mantener vivo el pueblo”, señala la joven.

En Madrid la escuela concertada le ha ganado a la pública. De los 540.332 alumnos escolarizados en la capital, 215.133 estudian en centros privados subvencionados, mientras que 214.711 acuden a la educación pública cada día. Estas cifras, aunque muy cercanas entre ellas, muestran la tendencia hacia un modelo de educación concertada asentado en el municipio desde que existen datos diferenciados, hace más de dos décadas.

Se trata de una preferencia que se impone en la ciudad desde el año 2002, cuando la suma de la demanda de la educación concertada y privada supera con creces a la de la educación pública. La privada ha experimentado altibajos en sus cifras desde que se tienen registros, aunque, en el último curso académico actualizado (2023-24) ha alcanzado récord de alumnado: el 20,4% del total de estudiantes está matriculado en centros privados sin concierto.

El 39,83% de los alumnos que estudian en el municipio están escolarizados en la educación concertada, un modelo que recibe financiación pública pero que también cobra a los alumnos. En el 100% de estos centros (colegios privados con concierto) se cobra la cuota base a las familias, pese a que la Lomloe prohíbe establecer como obligatorio en Primaria y Secundaria.

No todos los centros cobran lo mismo. Uno de los factores que influyen en la cuantía de las cuotas que pagan las familias es la forma jurídica de los centros concertados. Mientras los que están constituidos como empresas tienen de media cuotas más altas, los que dependen de fundaciones presentan cuotas inferiores. En la cúspide de los pagos más elevados se encuentran los colegios de titularidad mercantil.

El Partido Popular de Madrid ha convertido a la educación concertada en el núcleo central de su política educativa desde hace más de 20 años, cuando obtuvo las competencias de Educación. Esta tendencia se agudizó desde que Esperanza Aguirre ganó las elecciones en el año 2003, y se materializa en cuestiones como la cesión de suelo público a coste muy bajo para que se construyan centros, que antes de nacer ya tienen el concierto asegurado. Esta práctica (conceder el concierto antes de su construcción) era ilegal hasta el año 2013 cuando José Ignacio Wert, exministro del PP, la regularizó en su Lomce para validar el modelo de la Comunidad, y volvió a ser prohibida en la Lomloe, aunque de una manera ambigua, que de facto no ha conseguido detener las cesiones de suelo en la región.

Ese modelo lleva a las familias a la concertada de manera natural. Nuria es madre de dos hijos y vive en Carabanchel. Su hija menor tiene 16 años y estudia en un instituto concertado del distrito: “La mayoría de colegios que tengo alrededor de casa son concertados, y opté por lo fácil, al ser antigua alumna sabía que tenía muchas posibilidades de que mis hijos pudieran entrar”, explica.

Los centros y los distritos

Madrid cuenta con 1.383 centros educativos de Régimen General en los que se encuentran matriculados 540.332 alumnos, repartidos entre los 21 distritos del municipio. La distribución de estudiantes entre los tres modelos existentes —público, concertado y privado— es dispar y no responde, en todos los casos, a los criterios socioeconómicos de los barrios en los que viven.

De los ocho distritos madrileños que tienen más alumnos escolarizados en la educación concertada que en la pública (Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, La Latina, Carabanchel y Ciudad Lineal), la mitad (Tetuán, La Latina, Carabanchel y Ciudad Lineal) presenta una renta media bruta anual del hogar por debajo de la media del municipio (64.574 euros).

Nuria explica que su hijo mayor estudió en la concertada en todas las etapas educativas y, ahora, su hija de 16 años sigue escolarizada en el mismo centro: “No creo que la educación concertada sea mejor que la pública”, dice. Aunque ella no es creyente, ha escogido un colegio católico, ya que las otras opciones del barrio no le convencían: “Los públicos que tengo cerca de casa, desde el exterior, veo que tienen menos instalaciones, menos patios e incluso, en los que he ido a votar, he percibido que las clases están menos cuidadas”. 

El reparto de centros

De los 1.383 centros educativos, 536 son públicos, 366 concertados y 481 privados. La educación concertada acapara el 26.5% de la oferta educativa de centros en el municipio y es especialmente llamativa ya que, a pesar de ser el modelo educativo con menor oferta de centros, su demanda es superior a la de la educación pública y la privada. 

Mientras la escuela pública madrileña presenta unos datos de alumnado difíciles de encontrar en otro lugar de España —solo 4 de cada 10 estudiantes estudia en la pública—, la suma de centros privados y concertados acapara más del 60% de la oferta de centros de Educación en Régimen General, y evidencia una tendencia educativa hacia modelos no públicos de enseñanza en el municipio, que desde la Comunidad de Madrid promueven en las diferentes etapas educativas. 

Avelino tiene dos hijos que estudian en un colegio concertado en el distrito de Hortaleza: “Llevamos a nuestros hijos aquí porque mi mujer y yo estudiamos en el mismo centro”. Aunque considera que el profesorado de la concertada no es mejor que el de la pública, explica que el ambiente es “más familiar”, un aspecto que las familias valoran, asegura, a la hora de escoger colegio para sus hijos.

La flexibilidad horaria es otro de los factores que influyen en la elección de centro: “Es una ventaja que podamos recogerlos a las cuatro de la tarde”, explica Avelino, que, además, pone en valor la calidad humana del colegio: “A lo mejor no está dotado con la mejor tecnología, pero personal no falta”, añade.

Los distritos

El 75% de los distritos cuenta con más centros públicos que concertados. Sin embargo, esta cifra no se traduce en la matriculación de los alumnos, ya que en más del 70% de los distritos la suma de centros concertados y privados es mayor que la de los públicos en su conjunto, que no siempre cuentan con las plazas necesarias para asumir la demanda de alumnado. Mientras en Chamartín ni el 20% de los alumnos estudian en un centro público, en Villaverde más del 60% sí lo hacen, según se puede ver en el siguiente gráfico.

La educación para adultos, la única excepción

Esta radiografía de la educación madrileña de enseñanzas de Régimen General se complementa con los centros educativos de Régimen Especial, donde estudia el alumnado que requieren apoyos especializados y medidas específicas por sus necesidades educativas. En el municipio, casi la mitad de los centros que prestan este servicio, 42 de 90, son privados, una oferta que dificulta el acceso a una plaza pública y agudiza aún más la tendencia hacia modelos de educación de pago.

En contraposición, la Educación para adultos constituye la excepción del municipio y choca frontalmente con la tendencia educativa que impera en el resto de modelos. Hasta 28 de los 32 centros de Educación para adultos son públicos. En el 90% de los centros que prestan este servicio sus alumnos reciben educación de forma completamente gratuita.

El 83,7% de los españoles piensa que habrá más robots que sustituyan a los trabajadores, y el 45,3% cree que faltara empleo, según los resultados de la última encuesta elaborada por el CIS sobre tendencias sociales. En una sociedad globalizada donde la tecnología conecta al mundo entero, el 79,4 % de los españoles piensa que habrá más soledad o aislamiento en la próxima década. El concepto de cercanía y los vínculos personales han cambiado, y la familia —o lo que hasta ahora se ha considerado como tal— también. Más de la mitad de los españoles cree que tendrá menos relación con su familia que ahora y el 64,4% piensa que se producirán más divorcios o separaciones en los próximos diez años. 

El 68,5% de los encuestados considera que en la próxima década nacerán menos niñas y niños en nuestro país, una realidad que se puede explicar por la caída de la natalidad, que ya es un fenómeno mundial. En España la maternidad se retrasa y bate un nuevo récord: En 2024 nacieron 318.005 bebés, unos 100.000 nacimientos menos que en 2014 y cada vez hay menos madres menores de 35 años.

A pesar de que la delincuencia no crece en España, según los datos del Ministerio del Interior, a los españoles les preocupa, y mucho. Más de la mitad, el 52,7%, piensa que será mayor en la próxima década mientras tan solo el 12% considera que pueda descender. Este fenómeno social, tan complejo, apenas les inquieta como problema global, ya que ni siquiera el 1% cree que la delincuencia, la inseguridad ciudadana, la falta de protección de datos y el control tecnológico sean unos de los principales problemas del mundo en la próxima década. 

El trabajo es, sin duda, una de las mayores inquietudes de los españoles. El 45,3% cree que habrá más paro o falta de trabajo que ahora. La tecnología podría ser la culpable: el 83,7% piensa que los más robots sustituirán a los trabajadores en sus empleos durante los próximos diez años, una cifra elevada ante los innegables avances tecnológicos en la gran mayoría de los sectores. 

Los españoles tampoco se olvidan del medioambiente. El 54,2% cree que habrá más deterioro medioambiental y el 67,3% considera que se producirán más desastres naturales, ocho puntos menos que hace un año cuando se produjo la DANA en Valencia, y la preocupación por los desastres naturales era del 75,6%. 

Incertidumbre por el mundo que habitaremos 

La cuestión que más preocupa a los españoles a nivel mundial son las guerras. El 12,6% cree que es uno de los principales problemas del mundo entero, y el 49,8% piensa que habrá más guerras y conflictos internacionales en los próximos diez años. Los españoles no pierden de vista las diferencias sociales, el 64,4% considera que habrá más desigualdades entre países pobres y ricos, mientras apenas el 7,3% cree que la situación vaya a mejor. 

La desconfianza hacia las instituciones es otro de los factores clave. Apenas el 15,5% cree que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tenga mayor eficacia en el futuro. Esta realidad se complementa con la visión sobre la Unión Europea: Solo el 30,4% de los encuestados piensa que su influencia sea mayor que ahora, una cifra muy por debajo de la que perciben sobre Estados Unidos, Japón, China o los Países Árabes.

El consumo de alimentos ultraprocesados se ha triplicado en España en las últimas tres décadas y, en una tendencia internacional, poco a poco —pero cada vez más rápido— van desplazando formas de alimentación basadas en la elaboración de recetas caseras. Mientras su consumo se dispara, en la industria española de la alimentación y bebidas crecen las exportaciones de productos cárnicos, confitería, panadería y pastas alimenticias. “Los ultraprocesados son productos que las industrias han diseñado para abaratar costes y que pretenden sustituir a los alimentos frescos y a las comidas de toda la vida. No olvidemos que las empresas buscan maximizar sus beneficios dejando de lado el valor nutricional”, explica Ana Gómez, dietista-nutricionista.

Según una investigación de la OCU, el coste mensual de una dieta saludable por persona es de unos 216 euros — en la que los ultraprocesados apenas concentran el 8% del presupuesto—, frente a los 181 euros de la cesta convencional con un 33% de procesados.

Cada vez más visibles, sean accesibles o caros, los ultraprocesados van copando las estanterías de los supermercados. Elsa Iglesias tiene 58 años y se siente identificada con esta realidad: “Lo que más suelo comprar son platos preparados, carne o pizza”. Explica que muchos días come en casa, pero, cuando llega, se hace un filete con algo de ensalada, o tira de lo primero que pilla en la nevera. Esta situación se repite en muchos hogares donde el tiempo arrolla a las familias y las empuja, casi de forma natural, a consumir ultraprocesados. 

Los efectos de este tipo de alimentos son más que conocidos: del innegable aumento del riesgo de padecer sobrepeso u obesidad, al desarrollo de otras patologías más graves como diabetes, hipercolesterolemia (elevación de los niveles de colesterol en sangre), enfermedades cardiovasculares, depresión y cáncer en general. 

De qué están hechos los ultraprocesados

Los ultraprocesados son productos con gran cantidad de azúcares, aditivos, almidones refinados y grasas de mala calidad. Son alimentos altamente calóricos y con un valor nutricional muy bajo. En otras palabras, tienen muchas calorías y pocos nutrientes. Los expertos señalan que su consumo debe ser ocasional y advierten de los riesgos que suponen para los más pequeños cuando comienzan a desarrollar sus primeros hábitos alimenticios. “Al tratarse de productos pobres y con pocos nutrientes pueden provocar situaciones de malnutrición infantil que, sobre todo, son muy alarmantes en estas etapas, ya que los niños están en crecimiento. Por eso, es esencial introducir cuanto antes productos naturales y educar al paladar a estos sabores y sus intensidades”, señala Gómez. 

Elsa Iglesias trabaja en el equipo de recursos humanos de un hospital madrileño, donde las jornadas se alargan y, en muchas ocasiones, el trabajo se multiplica. Son, sin duda, la falta de tiempo y el cansancio lo que la empujan a consumir alimentos ultraprocesados: “Para cocinar se necesita tanto tiempo como dedicación, y yo no tengo”. Iglesias reconoce que aún le quedan unos años con este ritmo: “Cuando me jubile el proyecto número uno va a ser la cocina”.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha presentado este jueves un nuevo Real Decreto que limitará la oferta de ultraprocesados —al menos un 80% de los productos de las máquinas de vending serán saludables— en centros públicos, incluidos hospitales y residencias de mayores. Además, se eliminarán los alimentos ultraprocesados de los menús de niños y adolescentes. 

Esta nueva medida fomentará que los alimentos sean preparados en las cocinas de los centros para evitar el uso de productos precocinados y ultraprocesados. Gómez considera que esta medida supondrá “un gran avance, ya que uno de los principales problemas en residencias y hospitales es la desnutrición de los pacientes”. Además, señala que muchas de las personas que viven en residencias de mayores presentan una o varias patologías, por lo que “una alimentación alejada de ultraprocesados y rica en alimentos naturales y de calidad les ayudará a sobrellevar mucho mejor su situación”. 

¿Dónde vives y cuánto ganas?

Aunque los ultraprocesados ponen en riesgo a la población mundial, no se consumen ni afectan a todos por igual. Una de sus consecuencias más patentes, la obesidad, presenta índices más elevados en personas con menos formación y que viven en municipios con rentas más bajas. Así lo recoge uno de los informes elaborados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Gómez trabaja en una clínica de nutrición en Getafe, un municipio al sur de Madrid. Explica que la gran mayoría de los pacientes consumen alimentos ultraprocesados: “Podría decir que más de un 90% de los que acuden a mi consulta por primera vez utilizan ultraprocesados cada día en algunas de sus comidas. Los han incorporado en su rutina diaria”. Como ejemplo de ello, la experta señala que los pacientes hacen alusión a este tipo de productos cuando les pregunta por sus comidas favoritas o qué les gusta consumir los fines de semana. Sin embargo, Gómez resalta que cuando descubren que “comer saludable tiene mucho que ver con cambiar las prioridades y el enfoque que le damos a la alimentación, es cierto que los ultraprocesados dejan de convertirse en su primer recurso y aprenden que los alimentos mediterráneos, los de toda la vida, se pueden consumir de forma rica y variada”.

Suben los precios

Comer hoy alimentos saludables es un 20% más caro, según apunta el último estudio elaborado por la Organización de Consumidores y Usuario (OCU), en el que se comparan los precios de la cesta de la compra de 41 supermercados. En la investigación se observa el aumento del coste mensual de una dieta saludable por persona (hasta 216 euros) — en la que los ultraprocesados apenas concentran el 8% del presupuesto—, frente a los 181 euros de la cesta convencional donde los platos precocinados, snacks o bebidas azucaradas acaparan el 33% del presupuesto.

Aunque los ultraprocesados no son baratos, la subida del precio de muchos de los alimentos frescos es una realidad que afecta de forma directa en la compra de miles de familias, que cuando acuden al supermercado comprueban el encarecimiento del coste de la vida. En este último mes de noviembre, el IPC se situó en el 3%, una décima menos que en octubre, con el precio de los alimentos al alza, un dato que se refleja en el aumento del precio de productos básicos como los huevos, la carne, la leche o el queso.

A Alberto López de Guzmán (Madrid, 1975) le diagnosticaron Tetralogía de Fallot, una cardiopatía congénita de alta complejidad, con la que vive desde que nació y que no tiene cura: “Es muy muy compleja”, cuenta. Esta enfermedad le ha llevado a pasar por el quirófano hasta en cinco ocasiones, donde ha sido intervenido a corazón abierto. La primera vez al poco de nacer, más tarde a los cuatro años, después a los 15 y, siendo adulto, a los 28 y a los 47.

López es médico internista en el Hospital de Torrejón de Ardoz, profesión a la que decidió dedicarse como respuesta a la gratitud que siente hacia la sanidad pública: “Para mí, trabajar ha sido una forma de agradecer todo lo que han hecho por mí desde que nací”, explica. La Tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita que requiere seguimiento de por vida y que implica una serie de fallos en el funcionamiento del corazón que provoca un mal funcionamiento de los ventrículos y una insuficiencia de oxígeno en sangre. Todos los pacientes tienen que someterse a varias cirugías a lo largo de su vida.

Para mí, trabajar ha sido una forma de agradecer todo lo que han hecho por mí desde que nací

La Tetralogía de Fallot afecta al 15% de los pacientes con cardiopatías congénitas de alta complejidad. En las últimas décadas, su tratamiento ha mejorado a pasos agigantados, permitiendo una mayor tasa de supervivencia entre los pacientes: “Soy una excepción, yo nací en 1975 y en los años 70 y 80, el 90% de los bebés que nacían con esta cardiopatía morían antes de los tres años, ahora el 90% llega a la edad adulta”, cuenta López, quien pone en valor este logro como resultado del “avance de la sanidad pública”. Muchos pacientes desarrollan insuficiencia pulmonar que se corrige con una válvula, y surge la duda de cuándo reemplazarla, sobre todo si no tienen síntomas, explica en su web la Sociedad Española de Cardiología.

Las cardiopatías congénitas afectan a tres de cada 1000 personas en España, lo que significa que en torno a 200.000 adultos viven con este tipo de enfermedades cada día en nuestro país. El grado de complejidad de la cardiopatía de López es igual que el de la exministra socialista fallecida Carme Chacón —primera mujer en ostentar la cartera de Defensa en España—, a quien describe como “un ejemplo de la cultura del esfuerzo, de lo que puede llegar a hacer un adulto con cardiopatía congénita a nivel profesional”. Su madre, Esther Piqueras — presidenta de la Fundación Carme Chacón—, ha sido una pieza clave a lo largo de este camino, explica López: “Hasta ahora ha habido una escasa sensibilidad política. En 2015 el PSOE presentó una PNL para que el Gobierno reconociera la cardiopatía congénita en el adulto dentro del baremo oficial de discapacidad, pero no se le dio importancia”.

Desde muy pequeño, López es completamente consciente de su cardiopatía y de lo que significa vivir con ella. Sus padres siempre le hablaron de la enfermedad, no le sobreprotegieron, y esto se convirtió en “un mecanismo de defensa”, expresa. Explica que esta cardiopatía implica reinventarse continuamente: “A los 13 años dejé el deporte y me convertí en entrenador de baloncesto para chavales, más tarde estudié la carrera, hice la tesis doctoral y hasta he formado mi propia familia, yo no soy una persona infeliz”.

López es el impulsor de la reciente proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE —y votada con 309 votos a favor en el Congreso el pasado 16 de octubre —, que tiene como objetivo modificar el Real Decreto 888/2022 por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, con el fin de incorporar un nuevo baremo que haga una evaluación objetiva de esta discapacidad en adultos: “Esto ha creado una ilusión tremenda en los pacientes”.

Un grupo de cardiólogos y cirujanos cardíacos de la Unidad de Cardiopatías Congénitas del Hospital Universitario La Paz ha elaborado, en tiempo récord —tan solo tres meses— este nuevo baremo, que avalan importantes asociaciones españolas de cardiología, y que constituye un gran avance para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cardiopatías congénitas: “Es un baremo pionero, ningún país de la Unión Europea lo contempla”, recalca López. 

Es un baremo pionero, ningún país de la Unión Europea lo contempla

La modificación de este Real Decreto permitirá que los 200.000 adultos en España con cardiopatías congénitas y, en concreto, 21.000 con las más complejas, como la de López, puedan incorporarse con mayor facilidad a la vida laboral, y en sus trabajos cuenten con la adaptación necesaria: “Este baremo es para trabajar, no es para pagas ni ayudas”. Aun así, pese haberse aprobado la PNL, la incorporación oficial del baremo al Real Decreto podría demorarse entre 14 meses y hasta dos años, según le han informado desde la Administración. 

López subraya la importancia de acelerar este proceso, ya que, asegura, “la tarea más difícil es elaborar el baremo y se lo hemos dado hecho”. Resalta que este avance permitirá mejorar la vida laboral de las personas con cardiopatías congénitas y recuerda que esta discapacidad no se ve, pero existe: “No hay educación social y muchos pacientes no saben que es estar bien. Han aprendido a vivir mal”.

Cada año, centenares de estudiantes de Secundaria y Bachillerato madrileños se reúnen en las Olimpiadas Científicas. Pero en la próxima edición, que comenzará a principios de 2026, dejarán de contar con la ayuda autonómica que venían recibiendo de la Comunidad de Madrid. Sin justificación alguna a los afectados, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha notificado a los equipos de coordinación de las siete especialidades –Matemáticas, Física, Química, Biología, Geología, Economía e Informática– la inmediata suspensión de la subvención que, hasta el momento, ha sido de 3.000 euros a cada especialidad.

La organización

Las Sociedades Científicas y diversas asociaciones de carácter científico o docente sin ánimo de lucro, como es el caso de la Asociación Española Para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) en las Olimpiadas de Geología, son las encargadas de organizar las Olimpiadas Científicas. Sin embargo, tras la retirada de la ayuda autonómica reconocen que “es un gasto difícil de asumir por parte de las sociedades y pone en peligro su continuidad”. Así lo explica Agustín Senderos, miembro del equipo de coordinación de las Olimpiadas de Geología.

Es un gasto difícil de asumir por parte de las sociedades y pone en peligro su continuidad

Senderos ha sido profesor en la Universidad Complutense de Madrid durante 25 años, ahora jubilado, y continúa al frente de la organización de las Olimpiadas Científicas de Geología, donde ha podido observar como cada año, desde hace ya 15, el número de participantes ha ido en aumento, y añade: “Hemos tenido que establecer el máximo de 300”. Senderos pone en valor la importancia de esta actividad: “Con las Olimpiadas hemos visto cómo han aumentado las matrículas de jóvenes que quieren estudiar la carrera de Geología. Esto demuestra que hay una juventud a la que le interesa la ciencia”.

El presupuesto aportado por la Comunidad de Madrid ha permitido sufragar parte de la organización del evento. “Con ese dinero pagábamos los materiales de la actividad, que en el caso de Geología eran los mapas de alta definición en color y el pícnic de mediodía para los estudiantes. Ahora ya les hemos avisado de que tendrán que traerse sus bocatas”, aclara Senderos.

Los organizadores de las Olimpiadas recibieron un email a principio de noviembre, al que ha tenido acceso elDiario.es, con el asunto “Organización de las Olimpiadas”. Este es el texto del correo: “Desde la Subdirección General de Programas de Innovación y Formación del Profesorado, les informamos que, a partir del presente curso escolar, no es posible continuar con la ayuda económica a asociaciones para la organización de las Olimpiadas. Les rogamos tengan en cuenta esta circunstancia en la planificación de futuras ediciones. Lamentamos las molestias y agradecemos la labor que vienen desempeñando en el desarrollo de estas actividades”. No hay explicación ni justificación alguna a por qué se ha cortado la financiación de golpe. La Consejería de Educación no ha contestado a las preguntas formuladas por elDiario.es al respecto.

Las Olimpiadas

Las Olimpiadas Científicas cuentan con tres fases. La primera de ellas es la fase local, donde se enfrentan centenares de estudiantes de los diferentes institutos de la comunidad autónoma a la que pertenecen. Tras finalizar esta primera prueba, los mejores candidatos concurren a nivel nacional, donde los ganadores compiten más tarde en la fase internacional, que reúne a más de una treintena de países de todos los continentes.

La primera fase, la local, constituye una importante oportunidad para los jóvenes españoles, ya que posibilita una participación mayor de estudiantes de Secundaria y Bachillerato, por lo que la puesta en peligro de su continuidad afectaría a una gran cantidad de alumnos que se sienten atraídos por el conocimiento científico. “Vamos a ver como salimos hacia adelante, igual hay que recortar el número de participantes”, señala Senderos. 

Estudiantes de diferentes partes de España han concurrido en la fase internacional, llevándose incluso la medalla de oro en más de una ocasión. Una iniciativa con medio siglo de trayectoria que supone una oportunidad con proyección internacional: “Las Olimpiadas Científicas son la cantera de futuros investigadores”, resalta Senderos, quien hace hincapié en la decisión adoptada por la Comunidad de Madrid: “Este es otro ejemplo de la asfixia económica que vive la universidad madrileña desde hace años”.

Revertir la infrafinanciación a la que están sometidas las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid y mostrar su oposición a la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidad y Ciencia (LESUC). Esos han sido los dos principales motivos de la convocatoria de huelga que han movilizado a la comunidad universitaria y que ayer y hoy han dejado pasillos y aulas vacías en las facultades. Este jueves, a partir de las 18.00 horas, una manifestación encabezada por una pancarta que rezaba “Universidad pública” ha puesto el broche final a dos jornadas de protestas en las que profesorado y alumnado han vuelto a sacar músculo por el centro de la capital.

Con este paro convocado por CCOO, UGT, CNT y CGT, aunque promovido desde las diversas asambleas de las universidades, la comunidad universitaria ha mostrado su descontento ante la política educativa del Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso de la mano del consejero de Educación Emilio Viciana. Mientras el frío atenazaba a los manifestantes y la noche caía en la capital, las voces de 55.000 personas, según los convocantes, se han desgañitado durante todo el recorrido coreando soflamas como “sin financiación no hay investigación”, “fuera empresas de la universidad” y “si somos el futuro, por qué nos dan dos duros”.

La portavoz de CGT Universidad, María Eugenia Ruiz, ha tildado de “éxito” los paros mientras que ha criticado la postura de los rectores: “Ayer mismo, en una jornada de huelga en defensa de la universidad pública, firmaron un acuerdo con universidades privadas. Ahora mismo son una correa de transmisión de las políticas privatizadoras”, ha comentado cuando la movilización subía sus primeros metros por la calle Atocha.

Lo sucedido en la jornada de ayer supone un punto de inflexión, tal y como lo ha catalogado la también ayudante doctora en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). “O estás con Ayuso y sus recortes, o con la comunidad educativa defendiendo la universidad pública”, ha aseverado tajante. Ruiz también se ha referido a la LESUC como “una estrategia más para asfixiar lo público mientras se favorece lo privado” antes de asegurar que si el borrador de la ley no cambia, no descartan convocar una huelga general.

Vaciar la pública, engrosar la privada

Bajo la iluminación navideña que decora las calles del centro madrileño, Ana ha ejemplificado cómo se viven los recortes dentro de los campus. “No tenemos ni para tóner de tinta”, ha comentado esta administrativa de la UCM. Ha asegurado que, por el momento, no teme por su puesto de trabajo, pero sí por la educación pública, “la base de la igualdad en la sociedad”.

Cerca de ella estaba Juan, ingeniero del sector de las telecomunicaciones que hace dos años se graduó en la Universidad Rey Juan Carlos: “Si la educación pública no funciona, la sociedad colapsará”, ha vaticinado mientras alrededor de él los manifestantes coreaban “nada, nada, para la privada”. 

Otro de los manifestantes que esta tarde ha protestado en el centro de Madrid es Jesús Escribano, secretario de Universidad de la Federación de Enseñanza de CCOO en la Comunidad de Madrid: “Estamos aquí porque llevamos muchos años sufriendo una importante infrafinanciación en la universidad pública. La Comunidad de Madrid es la región que menos destina de su PIB por alumno”, ha criticado cuando la movilización se acercaba a Antón Martín.

Mientras que la universidad pública madrileña va a la huelga para reclamar mayor financiación por parte del Ejecutivo regional, el número de universidades privadas ya se acerca a la quincena, frente a las seis públicas. “Facilitan la instalación de cualquier entidad privada sin control, aunque los informes sean desfavorables, incluso reconociendo la Comunidad de Madrid que no cumplen con los requisitos de plantilla o proyecto económico”, ha desarrollado el mismo Escribano.

Javier Becerra, secretario del sector de Enseñanza en la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid, ha afirmado que “la universidad pública vive asfixiada desde hace 15 años con una financiación insuficiente que desemboca principalmente en una serie de recortes e incluso centros que se ven obligados a pedir préstamos para sobrevivir”. Estas palabras del ugetista se refieren a la UCM, que ha tenido que recurrir al crédito de la propia Comunidad de Madrid para poder hacer frente a los gastos y al pago de las nóminas de su personal.

La calle se quedaba angosta para el raudal de manifestantes que transitaba por ella cuando Lucía Cano ha denunciado su situación como doctoranda en la UCM: “El Ministerio ha dado un dinero a la Universidad que se supone no puede tocar para pagar la investigación y mi salario, pero lo han utilizado en otras partidas”. Ella, que tiene 27 años e investiga en el campo de la biología, también ha criticado que su primer año de tesis cobre 1.088 euros, una cantidad que solo en el cuarto año llegará a los 1.600 euros.

A su lado estaba David Notario, huelguista primerizo en una movilización estudiantil. Estudia un máster del CSIC con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo: “Querría comenzar después el doctorado, pero con estas condiciones se plantea el futuro muy complicado”, ha relatado a elDiario.es.

“Estamos gestionando la miseria”

La situación también se torna preocupante para Pilar, Isabel y Elena, ambas integrantes del personal de atención y servicios de la Universidad Autónoma. “Estamos gestionando la miseria. La universidad es el futuro. Si recortamos ahí, ¿qué nos espera?”, se ha preguntado la primera de ellas. Estas funcionarias han incidido en el “lamentable” estado de las infraestructuras universitarias mientras han criticado que “la pareja de un señor que defrauda a Hacienda está gestionando nuestros impuestos”, en referencia a González Amador.

Ana Iglesias, profesora desde hace 25 años en el grado de informática en la UC3M, ha reiterado que hay que salir a la calle a denunciar la situación que atraviesan los centros públicos: “Estoy aquí como madre, tengo tres hijos y están asfixiando la universidad”. Carlos Martínez es profesor en la facultad de Sociología y Ciencias Políticas de la UCM y lleva más de una década enseñando en España: “Hay un plan para destruir todo lo público, mis alumnos no pueden pagar la privada”.

Lucio García tiene 78 años y vive en Alicante:“He venido a ver a mi hija a Madrid, y esta tarde tenía que estar aquí”. Le acompañan su mujer y su hija, Salvia García, que es técnico de laboratorio en la Universidad Politécnica, donde trabaja desde hace cuatro años: “Hay que defender la pública porque es el único ascensor social”. García insiste en que se “necesita más personal” en la universidad en la que trabaja y recalca el hartazgo generalizado ante el argumento de “que no hay dinero”.

Alejandra Muñoz (20 años) y David Rodríguez (21 años) estudian en la UCM y no han dudado en sumarse a la protesta: “Tendría que estar en mi casa estudiando esta tarde, pero hay que estar aquí”, cuenta Muñoz. Rodríguez es estudiante en último curso del grado de Biología, y desde ayer se está manifestando: “Tenemos problemas con las prácticas y los laboratorios, no hay financiación”. El decano de su facultad, Benito Muñoz, acompaña a los estudiantes: “Esperamos que la manifestación cambie las cosas, que nos oiga la Comunidad”, expresa el decano.

Falta de mecanismos democráticos de gobernanza

Javier Rueda, investigador de la UCM e integrante de la sección sindical de la CNT, ha expuesto cuando la manifestación alcanzaba la plaza de Jacinto Benavente que “nos enfrentamos a una privatización de la universidad pública sin ningún disimulo por la vía de la financiación mientras faltan mecanismos de gobernanza universitaria realmente públicos y democráticos”.

La huelga de este miércoles y jueves y las diversas movilizaciones que la han acompañado no han conseguido un gran cambio de postura por parte de la Consejería de Educación, liderada por Emilio Viciana. “No tenemos mucha comunicación. Han accedido a aumentar la financiación, pero aquí lo importante es ver los porcentajes, y siguen siendo muy insuficientes”, ha indicado el responsable de Universidad en CCOO.

Rueda, militante de CNT, ha denunciado que el departamento liderado por Viciana pasará su rodillo por la tramitación de la LESUC. “Esperemos que esta huelga sirva para que incluso esta Consejería tan reaccionaria y recalcitrante escuche algo más a la gente”, ha deseado. Ese es un deseo que se ha dejado entrever a lo largo de la protesta con cánticos directos hacia la presidenta autonómica. Algunos de los más repetidos han sido “Ayuso, escucha, la uni está en lucha”, “Ayuso, payasa, paga tú las tasas” y “Ayuso, cobarde, la uni está que arde”.

Una protesta de la clase trabajadora

En torno a las 19.30 horas, la cabecera de la manifestación ha arribado a la Puerta del Sol, donde se ubica la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. En el kilómetro cero madrileño y a escasos metros de un gigantesco árbol de Navidad, tres integrantes de la comunidad universitaria han enarbolado sus demandas ante los presentes minutos después. 

Por parte del personal de administración y servicios, Sata ha expuesto que “venimos a recordar nuestras exigencias, exigencias de la clase trabajadora que responden a la necesidad de un modelo de universidad completamente público, accesible y de calidad, que no sea asfixiado sistemáticamente por los intereses privados y mercantiles como lleva ocurriendo durante años en la educación pública en Madrid”.

Por parte del personal técnico, de gestión y de administración y servicios, Cristina se ha dirigido al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez: “Al Gobierno central le queremos decir que no vamos a olvidar cómo instrumentaliza el movimiento en su batalla política con el gobierno de la Comunidad de Madrid”. Además, ha tildado de “miseria” los presupuestos estatales destinados a educación, investigación y producción científica. “A la clase trabajadora y a sus hijos e hijas les queremos decir que este, el de la huelga, el de la organización y el de la lucha, es el único camino que tenemos para hacer valer nuestros intereses frente a la educación del empresario”, ha añadido.

Por último, Andrés ha tomado la palabra como estudiante universitario madrileño, que ha recordado a las educadoras y docentes de las otras etapas educativas, “que sufren igual que nosotras el desmantelamiento de la educación pública”, ha afirmado antes de recordar a “las familias que sufren cada día la incertidumbre de saber cuál será el futuro de la educación de sus hijas e hijos”. Para finalizar, el estudiante ha asegurado que “no vamos a parar hasta que se paralice la tramitación de la LESUC y se dé una financiación adecuada para un servicio público de calidad”.

El desequilibrio entre la oferta y la demanda educativa se agrava cada año en la Comunidad de Madrid, donde este curso académico un total de 62.191 estudiantes no ha obtenido una plaza pública en la Formación Profesional solicitada, según alertan los últimos informes sobre el estado de la FP en la región elaborados por el sindicato Comisiones Obreras.

El sindicato explica que la Consejería de Educación ha ofertado 58 grupos menos que el año anterior en una tendencia que cada vez está más agudizada: en el curso anterior (2024/2025) casi 50.000 estudiantes obtuvieron una resolución negativa para acceder al estudio de una FP en un centro público, indica CCOO. Los excluidos han subido aproximadamente un 25% en apenas un curso. La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid desmiente la cifra de los 62.191 estudiantes excluidos de la FP solicitada, cifra que considera “totalmente falsa” y que “no proviene de ninguna fuente oficial”.

Crece la demanda de FP

Cada año son más los jóvenes que optan por estudiar una FP Superior como alternativa a la universidad: el 40% de los estudiantes se decantan hoy por esta opción mientras el 60% decide matricularse en un grado universitario. Estas cifras dejan entrever un cambio respecto a la década anterior cuando, hace seis años, tres de cada diez jóvenes estudiaban una FP Superior y los otros siete un grado universitario.

Ante esta realidad, marcada por el aumento de la demanda y la reducción de la oferta pública, los centros privados están ocupando el vacío que deja el Gobierno regional y la matriculación crece a gran velocidad, especialmente en la FP de Grado Superior. Los fondos de inversión aterrizan y acaparan un sector en crecimiento y con clientela asegurada. En los últimos años, el alumnado de la FP privada se ha multiplicado por diez en Madrid mientras la subida en la pública no llega al 30%.

Lucas Buga es un joven de 20 años, vive en Alcalá de Henares, y lleva tres años intentando conseguir una plaza pública para estudiar una FP en la Comunidad de Madrid. Este año se ha vuelto a quedar fuera del sistema. Mientras tanto, trabaja en logística, cuenta. Ha rellenado solicitudes para diferentes grados como el de Cocina, Atención a Personas en Situación de Dependencia o Técnico de vídeo, sin éxito: “He solicitado plaza en los centros públicos, incluso en los que tardo más de dos horas en llegar, y nada, faltan plazas constantemente”, recalca.

El coste del Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia que quiere estudiar ronda entre los 2.000 y 4.000 euros al año, una cifra inasumible para él: “Ahora mismo mi plan es estudiar unas oposiciones mientras trabajo, no me puedo permitir pagar una FP en un centro privado”. Para Lucas la falta de plazas públicas se concreta en que tiene que dejar de estudiar.

Ahora mismo mi plan es estudiar unas oposiciones mientras trabajo, no me puedo permitir pagar una FP en un centro privado

África Carrera tiene 19 años y vive en Madrid. Trabaja como coordinadora de extraescolares en un colegio y los fines de semana en una panadería como dependienta. A los 16 años comenzó el Grado Medio de Auxiliar de Enfermería en un centro concertado y, tras completar su formación, el año pasado se matriculó en el ciclo Superior de Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. Esta vez en un centro privado, tras ser rechazada en los públicos: “Es una vergüenza donde estudio la FP. En mi curso hacen dos turnos para prácticas, y si te toca el primero de ellos te mandan a un hospital sin haber terminado la formación teórica del grado”.

Carrera explica que los centros privados deciden estructurar así el grado para coger cada vez más estudiantes, que terminan realizando sus prácticas “mayoritariamente en hospitales privados”, que es con quienes firman sus convenios. El precio de la FP que cursa no está al alcance de todos: “Lo pagan mis padres, son 561 euros al mes”, cuenta, una oportunidad que supone un gran esfuerzo: “Si pudiera haber estudiado en un centro público, lo hubiera hecho”.

En este curso académico (2025/2026), el 36% del alumnado de FP Básica, el 70% de Grado Medio y el 69% de Grado Superior ha quedado excluido de las listas de admitidos lo que, unido al cierre de grupos, ha provocado que la red pública haya pasado de 1.791 grupos a 1.733, una disminución que ronda el 3,5% y que contrasta con el número de solicitantes que sigue creciendo cada año.

En ciclos de FP Básica, más de un tercio de los estudiantes (el 36%) no ha podido obtener una plaza pública, lo que ha dejado excluidos a 1.679 jóvenes en esta etapa, según señala CCOO, con mayores dificultades aún para ser admitidos en especialidades como Acceso y conservación en instalaciones deportivas, donde el 38% de los solicitantes no ha conseguido acceder en este curso académico (2025-2026).

Entre los más afectados se encuentran los alumnos de ciclos de FP de Grado Medio y Grado Superior, puesto que 26.021 solicitudes de esta primera opción han sido rechazadas, una cifra que asciende a los 34.485 jóvenes en el caso de la FP de Grado Superior. Entre las especialidades con mayor dificultad de acceso destaca el Grado Medio de Redes y estaciones de tratamiento de aguas —donde el 90% de las solicitudes son rechazadas— o Guía en el medio natural y de tiempo libre con un total del 89% de no admitidos.

En cuanto a las especialidades de FP Superior con mayor demanda destaca el ciclo Superior de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, en el que el 94% de los solicitantes no ha sido admitido, o el Ciclo Superior de Educación Infantil donde el 78% de los solicitantes tampoco han obtenido una plaza pública, apuntan desde CCOO.

“La oferta pública de FP en Madrid no responde ni a la demanda real del alumnado ni a las necesidades del mercado laboral. La Consejería no planifica ni ajusta la oferta, desaprovechando recursos y perpetuando un modelo que no orienta la formación hacia las necesidades reales de la economía madrileña”, expresa Aida San Millán, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO.

Desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid resaltan que “tras los sucesivos procesos de inscripción para el curso 2025/26, incluido el periodo extraordinario que se abrió durante el mes de octubre, los centros públicos de Formación Profesional han cerrado la matriculación con algo más de 5.000 plazas vacantes en todos los grados”.

CCOO explica que esas plazas responden “a lo que no quiere nadie” e inciden en la gravedad de la situación: “Estudiantes que desean estudiar un grado sanitario en el que han quedado muchos aspirantes excluidos, la respuesta no puede ser decirles que se matriculen en Peluquería que sí que quedan plazas”.

El anuncio de los presupuestos del Gobierno de la Comunidad de Madrid fue la puntilla. La subida del 6,5% de la partida destinada a financiar a las seis universidades públicas, que en la práctica supone que las cuentas estén “estancadas” y por tanto sean “insuficientes”, según las plataformas en defensa de las universidades públicas de la región (Complutense, Rey Juan Carlos, Carlos III, Autónoma, Politécnica y Alcalá de Henares), que exigen que el presupuesto universitario alcance el 1% del PIB en 2030. Todo lo que no se acerque a ese objetivo –consagrado en la Ley Orgánica del Sistema Universitario– no lo contemplan como una mejora.

Las organizaciones en defensa de la educación pública madrileña han convocado dos días de huelga en protesta por la “asfixia” a la que las somete la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Nuestro objetivo es por supuesto parar esa ley, pero también que la movilización se haga lo más masiva posible, tanto con la comunidad universitaria como con el gran conjunto de la sociedad madrileña, que cree en lo público”, explican en un comunicado conjunto publicado este martes.

Los grupos de protesta piden para acabar con la huelga convocada una mayor financiación, cambios en el proyecto de ley de universidades que prepara la Comunidad de Madrid en aspectos como la disciplina, la precariedad laboral o la investigación y que se trate a la Universidad como el servicio público que es con carácter general, lo cual implica poner coto a la privatización de los campus. Todo ello rematado por la dimisión del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.

Lo que falla

Una financiación “adecuada” para las universidades se ha convertido en el eje principal de las denuncias ante la evidencia de que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid es el que peor financia a sus campus de toda España y el único que aún no ha revertido los recortes de la pasada década y financia a los centros públicos peor que en 2008. La situación es tan precaria en centros como la Complutense que el rector ha salido al paso de los rumores que dudaban del pago de las nóminas y el Gobierno de Ayuso ha tenido que salir al rescate de esa universidad y prepara el de la Rey Juan Carlos.

Las plataformas inciden en la necesidad de que los recursos sean destinados al desarrollo de la docencia, la investigación, el mantenimiento de infraestructuras y el patrimonio común de las universidades. “La educación no es un gasto, es una inversión”, recuerdan las organizaciones de profesorado, personal de investigación, estudiantes y personal administrativo.

En la nota las plataformas subrayan la deriva de la universidad pública hacia un modelo empresarial, y la tendencia a la privatización de la educación superior en Madrid, que está produciendo “un adelgazamiento de públicas para trasvasar estudiantes y recursos a privadas”, explican. 

Las condiciones laborales del personal universitario y la precariedad es otro de los motivos que han puesto en pie a las comunidades educativas de los seis centros públicos madrileños, que denuncian la congelación salarial. Además, manifiestan los convocantes de los paros su explícito rechazo a la redefinición y cierre de grados universitarios por criterios de mercado y número de estudiantes, que provoca, según explican, “la mercantilización de la educación”. 

Las propuestas

Las seis plataformas que encabezan los paros convocados para los días 26 y 27 de noviembre anuncian un paquete de diez propuestas para debatir y afrontar la situación que atraviesa la educación pública madrileña. Con carácter general, las plataformas exigen una gestión de la universidad como el servicio público que es y que ponga “fin a los criterios del capital para valorar la calidad educativa e investigadora”, según resaltan en su comunicado conjunto. También reclaman el fin de la injerencia del gobierno de Díaz Ayuso y el capital privado.

En cuanto a las medidas concretas, la primera e innegociable es elevar la inversión en las universidades públicas hasta el 1% del PIB para el año 2030, tal y como mandata la ley y tal y como la Comunidad ha asegurado que no va a hacer, en palabras del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.

Para combatir la inestabilidad laboral del profesorado universitario madrileño, las plataformas proponen terminar con los contratos precarios y aumentar el salario y las condiciones de promoción profesional, a la vez que insisten en la necesidad de alcanzar la estabilidad en el empleo. Además, resaltan la importancia de “incentivos que promocionen el reconocimiento y el bien común, y no el castigo”.

Otro de los ejes fundamentales de las reivindicaciones se sitúa en la libertad académica para la producción del conocimiento, que permita la promoción de líneas de investigación y planes de estudio basados en criterios como el conocimiento científico, el pensamiento crítico y las necesidades sociales, que pongan fin a la “potencial rentabilidad como criterio de calidad”, afirman las plataformas convocantes.

Esta reivindicación alude al anteproyecto de ley del espacio superior de educación de la Comunidad de Madrid (Lesuc), que estipula que entre los fines de la Comunidad de Madrid está “promover la libertad de investigación”, para añadir justo después que “velará por la autonomía de las instituciones científicas, así como la no ideologización y la no politización de la ciencia”, lo cual según algunas asociaciones de científicos significa que el Ejecutivo regional podrá dictaminar qué se puede investigar y qué no.

Las seis organizaciones también reclaman que Ayuso cambie la parte del proyecto de ley que se refiere a la disciplina en los campus y reivindican la libertad efectiva de organización y protesta ante las elevadas sanciones que propone la Lesuc, que se permita el ejercicio pleno del derecho de reunión y manifestación y, a su vez, que se posibilite la presencia de espacios para la organización estudiantil y sindical.

Finalmente, las plataformas que cesen las relaciones universitarias –y de todo tipo– con el Estado de Israel y por extensión con las empresas cómplices del genocidio.