Ayuso aprovecha el último borrador de la ley de universidades para cargar contra el Gobierno

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado la última versión del borrador de ley de universidades para cargar contra el Gobierno e impregnar el texto de llamadas a la defensa de la libertad, a la “neutralidad ideológica” en las universidades, “la no ideologización y la no politización de la ciencia” y la defensa del español.

Además, el texto, de 170 páginas, confirma el carácter represor de la norma que ya incluían las primeras versiones y mantiene que el consejero responsable de turno podrá imponer multas de hasta 15.000 euros por colgar pancartas sin permiso o de 100.000 los escraches o manifestaciones no autorizadas que interrumpan la actividad de la universidad.

También mantiene inalterado el modelo de financiación, por el que la Comunidad de Madrid establece que su aportación a las cuentas de las universidades no pasará del 70% del presupuesto, y que también abre la puerta a que los rectorados creen fondos de inversión para ganar dinero. El modelo que propone el Gobierno regional aboca a los campus a perder 200 millones de euros al año, según un análisis realizado por Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García, profesores de economía en las universidades de Jaén y Politécnica de València, respectivamente, y dos de los principales expertos en contabilidad universitaria en España.

“Disfunciones” e “inseguridad jurídica”

El borrador arranca fuerte. En la exposición de motivos, la parte inicial de la norma donde se justifica y presenta la ley, la Consejería de Educación dedica todo un folio a cargar contra “el legislador nacional” por la obligatoriedad de que las prácticas de los becarios de universidad coticen a la Seguridad Social. Aunque la expresión “legislador nacional” alude técnicamente al Congreso, que validó el Real Decreto Ley que reguló esa cotización, la iniciativa fue del Gobierno y la desarrolló el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones.

El PP madrileño siempre ha rechazado esta medida, que según deja ahora el Gobierno regional negro sobre blanco “está generando un importante desajuste en el sistema educativo, puesto que se ha demostrado de gran complejidad obtener tal elevado número de plazas para su ejecución, especialmente en el marco de los crecientes costes burocráticos acordados por el legislador nacional”. También “ha generado una preocupante inseguridad jurídica, tanto para la empresa como para las instituciones públicas” porque aunque, admite, estas cotizaciones están bonificadas, “cualquier error meramente formal aboca a la empresa a encontrarse en situación de no estar al corriente con la Seguridad Social”. Todo ello, dice el texto, frente a la “generosa colaboración a la que esas entidades se prestan desinteresadamente”.

La “libertad” y el español

El texto incluye también apartados específicos a algunos de los temas que aborda Ayuso habitualmente, como “la libertad” –según la entiende ella– o el uso del español en los campus, que tienen cada uno un artículo específico. Para el idioma hay menciones varias a lo largo del articulado, pero por si acaso se le dedica el artículo 4, sobre el fomento de la lengua española. “Las universidades velarán por la defensa y uso del español de calidad, en la docencia y la investigación”, dice el punto 2.

Respecto a la “libertad”, el artículo 139 incluye una línea que parece pensada ad hoc para evitar los escraches, una acción contra la que el Gobierno regional se ha mostrado muy crítico en anteriores ocasiones. “Todos los órganos unipersonales de las universidades [el rector, el gerente, etc.] tienen el deber de promover la libertad en las sedes de su universidad, por lo que evitarán amparar [...] el hostigamiento de los miembros de la universidad o las personas que visiten o sean invitadas al campus”, dice el texto.

Esta medida se complementa con el régimen sancionador, que no ha variado desde la primera versión pese a que diversas fuentes piensan que podría chocar contra la normativa estatal. El borrador completo filtrado mantiene la calificación de falta grave, y por tanto con una multa máxima posible de 300.000 euros, “impedir o dificultar, por acción u omisión, los procesos electorales regulados por la ley en el campus universitario; así como permitir la celebración de referéndum ilegales”.

Algo más barato, como máximo 100.000 euros a discreción del consejero de turno, será “permitir la ocupación de cualquier lugar del campus, o que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias, así como de la docencia, a la que los estudiantes y el personal tengan derecho”, en lo que puede interpretarse como una prohibición de las acampadas, como la reciente en defensa de Palestina. “Colocar pancartas o símbolos sin la debida autorización, o arrancar los que hayan sido debidamente autorizados” le puede costar al infractor 15.000 euros en su calidad de falta leve, según el borrador.

'Enmiendas' al Gobierno

El texto también enmienda algunas medidas que ha tomado el Gobierno recientemente. Por ejemplo, explicita que para ser rector en las universidades madrileñas hay que tener la acreditación a Catedrático, requisito que la reciente ley universitaria aprobada por el Gobierno (LOSU) eliminó a cambio de tener “méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria que determinen los Estatutos” de cada universidad.

También contiene el borrador un artículo destinado a chocar con el Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, que el Gobierno se dispone a modificar este próximo martes para endurecer los requisitos para crear universidades privadas. La Comunidad de Madrid escribe en el artículo 45.1 del texto que “corresponde a la Comunidad de Madrid la constitución o reconocimiento de las universidades que impartan enseñanzas (...) en la modalidad no presencial, cuando vayan a establecerse en la región”, cuando el Gobierno ha anunciado públicamente que la competencia para aprobar universidades online pasará a ser del Congreso, excepto en tres supuestos relativos a las lenguas cooficiales que no aplican a Madrid.

Ciencia “no ideológica”

El libro segundo del borrador, que regula la investigación científica, arranca con lo que parece una contradicción. El artículo 146 del texto (el segundo de este libro) establece en su apartado e que entre los fines de la Comunidad de Madrid está “promover la libertad de investigación”, para justo en siguiente, el f, añadir que “velará por la autonomía de las instituciones científicas, así como la no ideologización y la no politización de la ciencia”.

“En la práctica permite al legislador dictaminar qué se puede investigar”, sostiene Félix Martínez, presidente de la asociación Dignidad Investigadora Madrid, Dignimad. “Cuestiones como la desigualdad de género o el cambio climático —tildados en repetidas ocasiones como 'ideológicas'— podrían quedar bajo el punto de mira de las autoridades políticas, como hemos visto en otros países, como los Estados Unidos”, advierte.

Con carácter general, continúa Martínez, el texto “no aporta solución alguna a la precarización de nuestro trabajo” ni “responde a las reclamaciones del colectivo de investigadoras, entre ellas la ausencia de mención alguna a programas postdoctorales para jóvenes doctores o la sorprendente desaparición (respecto al anterior borrador) del programa Gabriela Morreale —destinado a postdocs senior— dejan en vilo el futuro de la investigación en nuestra región”, valora.