Cuando la empresa de componentes de automoción CSA Steering anunció el cierre de sus instalaciones el pasado mes de febrero comenzó la lucha para los 207 trabajadores que en ese momento conformaban su plantilla en Torrejón de Ardoz por conservar su empleo. Ahora, a apenas un mes del cese definitivo de las labores, sus pretensiones se ven reducidas a acordar un ERE integral “en las mejores condiciones posibles”.

La decisión de la multinacional Ford de rescindir el contrato que le vinculaba con CSA hasta 2019 y que suponía el 80% de su carga de trabajo ha sido el desencadenante de esta situación. “Estamos a expensas de que Ford inyecte los 6 millones de euros a los que se compromete en el preacuerdo del ERE integral. El plazo acaba el próximo 24 de mayo pero a día de hoy no se ha aportado dicha cantidad”, explican los trabajadores.

Según explica José Manuel Fernández, delegado de UGT en el comité de empresa, CSA se encontraba en búsqueda de inversores cuando, en diciembre del año pasado, Ford decidió de manera repentina rescindir el contrato. Para ello se acogió a una clausula del acuerdo por la que se podrían romper las relaciones entre las dos compañías siempre y cuando avisara con 6 meses de antelación, lo que supuso un revés irreversible para CSA. La “dejadez y la mala organización” de la empresa proveedora ha sido la causa principal de la rescisión del contrato por parte de la multinacional automovilística, según el representante sindical.

En cuanto fueron comunicados del cierre de la fábrica, programado para el próximo 30 de junio, los trabajadores se organizaron convocando diversas movilizaciones. El pasado 13 de marzo convocaron la huelga indefinida, desconvocada a las dos semanas por presiones de la multinacional y la negociación el ERE integral. “Ahora somos 193 los trabajadores que seguimos en CSA, la mayoría llevamos más de 15 años en la empresa y muchos tienen más de 50, cuenta Fernández.

La labor fundamental de CSA Steering ha sido, durante más de tres décadas, el desarrollo y la elaboración de columnas de dirección para Ford. La absoluta especialización del trabajo realizado durante años, unido a la edad media de los trabajadores, complica la futura reincorporación de estos al mundo laboral. En palabras del portavoz de los trabajadores: “estamos en contacto con empresas de recolocación y yo, por ejemplo, estoy pensando en formarme”.

Aparte de la plantilla regular, varios proveedores auxiliares de Torrejón de Ardoz se verán afectados por el cierre de CSA. Entre ellos se encuentra la Fundación Inlade, un centro especial de empleo para personas con diversidad funcional. “Catorce personas del centro perderán su empleo a consecuencia del cierre”, confirma Juan Manuel Gallardo, director de la organización. “Encontrar trabajo a personas con discapacidad intelectual es muy complejo y estos cambios conllevan un perjuicio muy grande a nivel social, personal y psicológico”, se lamenta.

El duro golpe que supone el cese definitivo del trabajo en CSA para el empleo en Torrejón ha suscitado el apoyo de los sindicatos mayoritarios, de grupos de música como Riot Propaganda y de las formaciones políticas torrejoneras. Luis Andrés Pérez, portavoz de Sí se puede, cuenta que desde su grupo municipal se impulsó la redacción de una declaración institucional de apoyo a los trabajadores de CSA en el Pleno del municipio. “Todas las corporaciones firmamos el texto pero algunos le han dado más importancia que otros”, sostiene el portavoz de Podemos en Torrejón de Ardoz.

Un día después de la firma de apoyo, el concejal de Deportes, José Miguel Martín Criado, acudió a un torneo de fútbol patrocinado por Ford, para indignación de los trabajadores afectados. “Es vergonzoso que vengan a vender la imagen de una empresa comprometida socialmente a un municipio donde deja a 207 familias en la calle. Todo con la complicidad directa del gobierno municipal”, publicaron los trabajadores a través de su página de Facebook.

Desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz defienden que el gobierno local siempre ha apoyado a los trabajadores de CSA Steerings, llegando incluso a ponerse en contacto con las compañías implicadas en el problema. “En ningún momento se quiso molestar a los trabajadores, por eso no se personó el alcalde, pero se trata de un torneo importante en el municipio que cada año tiene un patrocinador”, explican.

Mientras tanto, el representante de los empleados de CSA considera que “se han sensibilizado con el problema todos grupos”, apostillando: “sobre todo cuando estábamos en huelga”. “Nosotros los hemos intentado por todos los medios en contacto con la Administración, pero ha sido en vano”, aseguran.

José Manuel Barbé y Óscar Alonso se enfrentan, junto a su compañero Cristobal, que prefiere no dar sus apellidos, a un cómputo de penas de hasta 8 años de prisión y 2.600 euros de indemnización. Se les acusa de los delitos de atentado y lesiones durante la celebración del pregón de las fiestas de San Nicasio en 2013, pero ellos rechazan las acusaciones que califican, sin matices de ningún tipo, como falsas. “Nos deben absolver porque somos inocentes, fue la policía la que nos atacó, sin poder oponer ningún tipo de resistencia”, aseguran.

Según el manifiesto presentado este martes en la Libre del Barrio de Leganés, el 9 de octubre de 2013 un grupo formado por afectados por las preferentes, trabajadores en defensa de un sueldo digno, personas que abogaban por la educación púbica, simpatizantes del 15M y, sobre todo, vecinos de viviendas vendidas por la Comunidad de Madrid al fondo buitre Goldman Sasch, aprovecharon el pregón de las fiestas vecinales para dar voz a sus reivindicaciones. 

Fue una concentración que acabó reuniendo a unas 500 personas. “Pancartas y silbatos fueron los elementos utilizados” y en ningún momento se reventó la ceremonia del pregón, aseguran los manifestantes. “Finalizado el pregón y en los aledaños de la caseta del Partido Popular, cuando la protesta se disolvía, se produjo una inesperada carga policial saldada con tres detenidos y dos heridos”, relatan, señalando que los heridos eran personas menores de edad de las que no pueden ofrecer más datos.

La plataforma por la absolución de los tres activistas se ha referido a la actitud del entonces alcalde de Leganés, Jesús Gómez (PP), interpelando a los manifestantes al grito de “todos los que han venido de fuera con sus pancartas que se vayan” y a la tutela de la carga policial, a cuenta del comisario González Reglero, acusado de realizar torturas durantes franquismo por la investigación abierta en Argentina.  

El grupo municipal socialista compartió a través de su cuenta en Youtube el vídeo en el que el exalcalde Jesús González agradecía a Esperanza Aguirre e Ignacio González su gestión de la educación en la Comunidad de Madrid mientras los manifestantes portaban sus pancartas el 9 de octubre de 2013.   

Asimismo, PSOE Leganés publicó un vídeo en el que se puede observar la carga policial una vez terminado el pregón en la que se detuvo a los tres activistas y dos menores de edad resultaron heridos. 

Cuatro años después, José Manuel, Óscar y Cristobal tendrán que acudir al Juzgado de lo Penal número 4 de Getafe. A un mes del juicio, programado para el próximo 18 de abril, comienza una campaña para pedir su absolución. Óscar, de 30 años y miembro del sindicato CNT asegura en conversación con eldiario.es, que lo único que hizo fue estar “en el lugar equivocado en el momento equivocado” y que sufrieron una “agresión brutal por parte de la policía. ”Fueron unas detenciones completamente arbitrarias y señaladas por nuestro activismo político“, asegura. Cristobal coincide con Óscar en lo sucedido: ”no agredimos a ningún policía, fue al revés“, manifiesta, declarando la ”inquietud“ que proporciona esta situación a su vida social y laboral. 

El tercer encausado, José Manuel Barbé, es concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Leganés desde que la candidatura de unidad popular Leganemos le suspendiera de militancia en octubre del pasado 2016. Barbé asegura que no renunciaría en caso de ser condenado, remitiéndose a los códigos éticos de Podemos y Leganemos en los que se conmina a dejar el acta al estar procesado, exceptuando casos relacionados con la protesta ciudadana. “No creo que sea motivo para dimitir”, ha zanjado durante la rueda de prensa. 

37 colectivos 

Detrás de estos tres activistas se encuentran más de 37 colectivos sociales y partidos políticos que respaldan su absolución. Brigada 16, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Anticapitalistas, Ganar Leganés, Ganar Alcorcón y Podemos son algunos de los principales apoyos de esta campaña. Este conjunto de colectivos estará presente en un acto el próximo día 8 de abril y anima a firmar por la absolución de José Manuel, Óscar y Cristóbal.

Los '5 de Alcorcón', los '5 del Buero' y miembros de Podemos como Tania Sánchez, el diputado de la Asamblea de Madrid y secretario político de Podemos Comunidad de Madrid, Raúl Camargo y también diputada en la Asamblea de Madrid y portavoz del Consejo Ciudadano de Podemos en la capital han estado presentes en el este primer acto. “La protesta no es delito. Nuestro apoyo a los 3 del pregón”, compartían desde la cuenta oficial del partido. 

El Ayuntamiento de Leganés, gobernado actualmente por Santiago Llorente (PSOE), ha preferido no ofrecer declaraciones a este medio ya que los hechos ocurrieron durante el mandato del Partido Popular. Sin embargo, sí se posicionó en 2013, rechazando la actuación del entonces ejecutivo municipal. “El PSOE de Leganés exigirá la dimisión del director de seguridad nombrado por el alcalde del PP que participó personalmente en el tumulto en el que una menor resultó herida”, rezaba un comunicado publicado por la agrupación socialista leganense un día después de lo ocurrido. 

El partido Unión por Leganés (ULEG) también se mostró contrario al altercado. En un comunicado en su página web denunció “los abusos de poder y autoridad y las provocaciones del alcalde y la concejala de Festejos del PP, en esta ocasión hacia los asistentes y manifestantes de IVIMA y preferentistas durante el pregón, lo que generó un clima de crispación que acabó con cargas policiales, una agresión a una menor y tres detenidos”.

Miguel Ángel Recuenco, concejal del Partido Popular en Leganés sí ha declarado que los manifestantes “invadieron el derecho del de enfrente”. “Todo no vale, hay que esperar y respetar lo que diga la Justicia”, ha sentenciado, detallando que se remite a la denuncia de la Policía y que él no estuvo presente durante los hechos

Los 5 de Alcorcón

En una situación parecida se encuentran cinco vecinos de Alcorcón que fueron detenidos durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012 acusados de desacato y disturbios públicos. Los llamados '5 de Alcorcón' se enfrentan a un cómputo de hasta 25 años de prisión y están citados en el juicio el 17 de abril en los Juzgados de Móstoles. “No pensábamos que nada así pudiera pasar en el barrio”, han manifestado en la rueda de prensa de este lunes. 

Nacho Monreal, uno de los 5 del Buero, recientemente absueltos, también han acudido a esta petición. Ha reclamado que “hay que confiar en la Justicia, sí, pero sobre todo en la solidaridad y la lucha” y que su caso fue “prácticamente idéntico” al de los '3 del pregón'.

El año que ahora empieza será, a nivel electoral, el más tranquilo de los tres últimos. Desde las europeas de 2014 la actualidad política ha estado marcada por múltiples convocatorias pero 2017 nace, en principio, limpio de elecciones. Ni municipales, ni autonómicas, ni generales ni europeas. Algo que no ocurría desde 2013.

Los partidos aprovecharán este año para mirar hacia dentro. Analizarán y repararán los problemas orgánicos que se han generado y que han ido arrastrado durante un largo periodo de tiempo que se ha terminado por convertir, prácticamente, en una campaña electoral continua.

Los ciudadanos también descansarán del bombardeo mediático constante, aunque la actualidad electoral dará paso a la actividad congresual.

Un PSOE dividido y controlado por una gestora y un Podemos inmerso en un debate sobre la forma de concebir el partido tendrán que reconstruirse en sendos procesos internos.

Ciudadanos también intentará limar asperezas entre sus miembros, algunos de ellos críticos con la dirección de la formación, en su próxima Asamblea General.

El Partido Popular parece que es el único que ha conseguido terminar 2016 proyectando una imagen de cierta unidad, gracias a que Mariano Rajoy ha logrado in extremis, retener el Gobierno de la Nación. En febrero, el mismo fin de semana que el partido de Pablo Iglesias, celebrará su Convención Nacional. En ambos casos los ojos estarán puestos no tanto en el liderazgo, sino en cómo se sitúan los posibles sucesores y sucesoras.

Siete convocatorias en tres años

Esta especie de maratón electoral comenzó el 25 de mayo de 2014. Las elecciones europeas fueron tan solo un aperitivo de lo que estaba por venir. En los dos años siguientes, los españoles fueron llamados a las urnas hasta en tres ocasiones y en siete procesos electorales diferentes. Todos ellos analizados en clave nacional.

Pero volvamos a mayo de 2014. Una lista socialista liderada por Elena Valenciano y el exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, capitaneando la candidatura del Partido Popular se disputaban el grueso de los sillones en el Parlamento comunitario.

Pero fueron los integrantes de un Podemos recién llegado, con Pablo Iglesias a la cabeza, quienes dieron la campanada, dominaron la campaña y, sobre todo, el después. Al día siguiente, millones de españoles comenzaron a buscar información sobre aquellos profesores de universidad que habían venido a “patear el tablero”.

Mientras PSOE y PP perdían eurodiputados, 9 y 8 respectivamente, un partido creado cinco meses antes se situaba como cuarta fuerza en España, con 5 escaños. Izquierda Unida fue en este caso la tercera formación española con más peso en Europa, con 6 eurodiputados. Sería la última vez que la izquierda “clásica” quedaba por delante de Podemos en unos comicios.

Un año más tarde las elecciones municipales y autonómicas del 24 mayo de 2015 constataban que el cambio político se había hecho efectivo. A nivel municipal PP y PSOE perdieron 3,3 millones de votos y las candidaturas de unidad popular representadas por Manuela Carmena y Ada Colau y avaladas por la formación de Pablo Iglesias (entre otras) se hicieron con los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Las candidaturas municipalistas lograron también las alcaldías de Valencia, Cádiz, A Coruña, Ferrol, Santiago, Badalona y decenas de localidades de mayor o menor tamaño por todo el país.

Ciudadanos, el partido político de Albert Rivera, alcanzó entonces unos buenos resultados en lo cuantitativo. Pero supo a poco. Esperaban convertirse en la llave que repartiera gobiernos a izquierda y derecha. Ocurrió, pero menos de lo que se barruntaban.

Pocos meses más tarde, el 27 de septiembre, se celebraron las elecciones catalanas. Por primera vez, los partidos que abogaban por la independencia de Catalunya se hacían con la mayoría absoluta. Entre Junts Pel Sí (CiUç´+ERC) y la CUP alcanzaron 72 diputados. 

Esto ocurría a tan solo siete meses de las elecciones generales del 20 de diciembre. 13 partidos lograron representación en un Congreso sin mayoría absoluta. En los medios ya se comenzaba a hablar del “fin del bipartidismo” y, mientras tanto, comenzaba el gobierno en funciones más largo de democracia ante la imposibilidad de formar un Ejecutivo.

Tras medio años de intentos infructuosos los españoles volvieron a ser llamados a las urnas el 26 de julio de 2016. Esta vez IU y Podemos decidieron presentarse a los comicios en una lista conjunta. Pero no alcanzó los resultados esperados. La suma de PP y Ciudadanos mejoraba los resultados de diciembre mientras el PSOE continuaba su declive.

Hubo que esperar a octubre para terminar con el suspense. El 1 de ese mes Pedro Sánchez dimitía al frente del PSOE. El 29, Mariano Rajoy era investido presidente gracias a la abstención socialista, salvo lo 15 diputados que se mantuvieron en el “no es no”.

Entre las elecciones de julio y la investidura en diciembre tuvieron lugar el 25 de septiembre las elecciones vascas y gallegas, que reforzaron al PP en Galicia y golpearon nuevamente al PSOE con unos malos resultados. El PNV reforzó su posición en Euskadi.

Tregua hasta 2019

Después de la vorágine, ya sin la excusa de tener que preparar unas elecciones, Podemos y Partido Popular comienzan este año con la vista puesta sus congresos internos, ambos del 10 al 12 de febrero.  Ciudadanos también celebrará su Asamblea Nacional a primeros de año, el 4 y 5 de febrero. Los socialistas tendrán que esperar para solucionar su cisma interno en torno al mes de mayo, cuando está planeado su próximo Congreso Federal. 

Los únicos referendos con importantes posibilidades de convocarse serán en Cataluña, ya sea en forma de referéndum o en forma de “elecciones constituyentes”, como las ha calificado el president Carles Puigdemont. Si llegan, será la prueba de fuego del nuevo sujeto político catalán que se está construyendo alrededor de En Comú.

Si el calendario se respeta será en 2019 cuando se reanude un intenso ciclo electoral, con Andalucía en marzo y europeas, municipales y autonómicas en mayo. Un año más tarde, en 2020, se celebrarán elecciones generales, vascas y gallegas.

El largo ciclo electoral abierto en mayo de 2014 coincidió con un reflujo de las movilizaciones sociales que habían tomado la calle con el estallido de la crisis para reclamar los derechos que, creían, habían perdido. Mareas, 15M y marchas de la dignidad se diluían mientras el sistema de partidos salido de la Transición cambiaba, quizá para siempre.

La aritmética parlamentaria hará complicado que Mariano Rajoy cumpla su intención de que la legislatura dure cuatro años. Pero sí parece claro que, al menos en 2017, la tregua se cumplirá.

La televisión pública madrileña finaliza 2016 sin director general. La votación en Asamblea para refrendar la candidatura de José Pablo López, prevista para el pasado jueves, fue retirada del orden del día al no contar con los apoyos necesarios. Tras un año plagado de enfrentamientos políticos por la elección de los miembros de Consejo de Administración, la elección del sucesor de Ángel Martín Vizcaíno se producirá, con suerte, en 2017. 

El pasado 22 de diciembre, el Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad retirar del orden del día la votación del director general de Telemadrid porque la propuesta no contaba con los dos tercios necesarios para salir adelante. Fue el portavoz del PSOE en la Asamblea, José Luis Franco, quien propuso que se postergara la elección del nuevo director general “en búsqueda de un mayor consenso”.

El Consejo de Administración había propuesto a José Pablo López, director general de 13TV, como futuro director general de Telemadrid, decisión ante la que el grupo parlamentario socialista se iba a abstener. Esta determinación del PSOE levantó ampollas entre algunos de los parlamentarios originándose la última desavenencia en la Asamblea de Madrid a costa de la televisión pública. 

“Ángel Gabilondo se comprometió a respetar aquello que decidiera la mayoría del Consejo de Administración y votar en sentido contrario significaría romper el acuerdo”, decía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. La portavoz del PSOE en la comisión del control de RTVM, Isaura Leal respondió a la presidenta regional negando que existiera un acuerdo.

Dimisiones y vetos

Esta no ha sido la única polémica que ha existido en la Asamblea de Madrid a consecuencia de la cadena regional durante el año de su prometida renovación. A finales de diciembre del 2015, PP y Ciudadanos pactaron para sacar adelante una reforma de la Ley de Radio Televisión Madrid, que criticaron duramente PSOE y Podemos. La oposición alertaba de la “politización” en la que se vería inmersa el ente público.  

Finalmente se decidió que los partidos propondrían una lista conjunta para ocupar los cuatro sillones del Consejo de Administración que le corresponde nombrar a la Asamblea. Fue entonces cuando los vetos del PP a los candidatos del PSOE y Podemos y la negativa incluir a UGT en el Consejo pusieron en peligro el precario consenso de la cámara autonómica. Los vetos llevaron a que desde la oposición se acusara al gobierno regional de aplicar “sectarismo” a la Nueva Ley de Telemadrid. 

El desencuentro entre los grupos a hora de elegir a los miembros fue tal que, a finales de marzo, dimitió la entonces presidenta, Covadonga Fernández. A pesar de alegar motivos personales, Fernández también comunicó que cuando asumió la presidencia del consejo lo hizo con la certeza de que “a fecha de hoy [por el día de su dimisión] estaría ya constituido el nuevo Consejo de Administración”. “Según me llega a través de los medios de comunicación, la elección de los nuevos consejeros podría demorarse aún más”, añadía. Y tenía razón, no fue hasta mayo cuando la Asamblea aprobó por unanimidad el nuevo consejo de administración.

Además de los encontronazos en la Asamblea, otros casos han ensuciado la imagen de la 'nueva' televisión pública en el último año. Especialmente llamativo fue cuando Luis Lombardo, presidente del Comité de Empresa, reveló que Telemadrid había pagado más de 16 millones de euros a periodistas afines al Partido Popular. Hermann Tertsch llegó a cobrar un millón de euros por sus colaboraciones y la productora de Sánchez Dragó alcanzó 2,8 facturando programas a 100.000 euros. Así se expuso durante la comisión del estudio de la deuda constituida a petición de Podemos.

Su audiencia no remonta

Más de un año después de que se aprobara la reforma de la Ley de Radio Televisión Madrid que, en teoría garantizaba una despolitización y mejora del ente público, la audiencia de la cadena madrileña continua siendo marginal. Según el último informe elaborado por Barlovento con datos de Kantar Media, la audiencia de Telemadrid registra un 4,8% de cuota de pantalla, casi tres puntos menos que la media de las televisiones autonómicas, que se sitúa en 7,4% de 'share'.

Aunque la audiencia de la televisión madrileña ha subido un 0,7% con respecto a diciembre del año pasado, sigue estando a la cola de las principales cadenas regionales. Se encuentra por debajo de Canal Extremadura (5,5%), ETB2 (7,3%) y Canal Sur  (8,6%) y a años luz de TV3, que ostenta un 11,4% de la cuota de pantalla.

La presidenta regional Cristina Cifuentes aseguró a finales de 2015 que su objetivo era que el ente público saliera adelante del “problema económico” derivado de su “baja audiencia”. Aseguró que, que si Telemadrid no era viable y tuviera que priorizar, cerraría la televisión para destinar el dinero a otras partidas.  

Un año después, aquella promesa de Cristina Cifuentes de renovar y fortalecer la televisión pública madrileña, se ha convertido en una fuente de conflictos presente durante todo 2016. En la última cuestión del año,  la elección del nuevo director general, la Asamblea madrileña tampoco está alcanzando, de momento, el consenso necesario para que Telemadrid y Onda Madrid funcionen a pleno rendimiento.

El Ayuntamiento de Madrid levantará este viernes 30 de diciembre las restricciones a la circulación de vehículos por el centro de la ciudad. La concejala de Medioambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha anunciado en una rueda de prensa este jueves que las mediciones de la contaminación han revelado una mejora de la situación por lo que, según el protocolo vigente, este viernes se aplicará el escenario 2. Este estadio del protocolo impide el aparcamiento a los no residentes en el centro de la ciudad y limita la velocidad a 70 km/h en la M30 y las vías de acceso, pero no prohíbe la circulación.

“La previsión sigue siendo mala y hay que seguir recomendando utilizar el transporte público”, ha asegurado Sabanés. La concejala de Ahora Madrid también ha anticipado que, en cumplimiento del protocolo, el día de Nochevieja tampoco habrá restricciones al tráfico.

Lo que ocurra el 1 de enero dependerá de la evolución de la contaminación. Sabanés ha resaltado la “importancia” de que este jueves se cumplan las medidas de limitación del tráfico para que la reducción de los índices de NO2 se mantengan y no haya que volver a aplicar el escenario 3.

En una entrevista en la cadena Ser, Sabanés ya había anticipado que el protocolo anticontaminación del Ayuntamiento permite al Gobierno municipal levantar o modificar determinadas restricciones en momentos puntuales en los que se producen grandes movimientos de vehículos como en Nochevieja.

La concejala de Medioambiente ha explicado que se ha decidido volver al escenario 2 del protocolo porque los datos de medición este miércoles por la noche indican grado de “preaviso”. Paz Valiente, responsable de Sostenibilidad ha especificado, que “a pesar de la ligera mejoría, el nivel de aviso estuvo muy cerca” , por ello han insistido en la importancia de que este jueves se cumpla “con todo rigor” el escenario 3.

Debido a que la mala situación climatológica continúa, el Grupo Operativo encargado del Protocolo seguirá analizando la situación cada día y se informará con tiempo a la ciudadanía en caso de cambio de escenario durante los próximos días. Este Grupo Operativo está formado por todas las áreas del Ayuntamiento, Aemet, el Ministerio de Fomento a través de Cercanías y la DGT.

“Normalidad y fluidez”

Acerca del funcionamiento del estadio 3 durante este jueves, Sabanés ha afirmado que “ha habido reducción de tráfico, sobre todo en los accesos a la ciudad”. El nivel de usuarios del transporte público ha sido “asumible” por la EMT y el Metro, que están funcionando “con normalidad y fluidez”, ha dicho.

El Ayuntamiento aún no tiene datos acerca del número de las sanciones que se están imponiendo ni de qué manera se producen pero aseguran falcilitarlos cuando los tengan a su disposición.

Con la activación del protocolo 3 se abre el debate de si se debería establecer la gratuidad en le transporte público durante jornadas excepcionales por motivos de contaminación. Sabanés ha explicado que se ya se hizo una petición en el Pleno del Ayuntamiento para que en el Consorcio de Transportes, competencia de la Comunidad de Madrid, considerara la gratuidad “para dar una mayor facilidad” a los madrileños en estos casos. “Aún no han contestado afirmativamente”, ha dicho.

Este jueves se ha activado el escenario 3 del protocolo por contaminación atmosférica en Madrid por primera vez en su historia. Este estadio añade la restricción de la circulación en la almendra central de la capital a la mitad de los vehículos desde las 06.30 a las 21.00 horas. Desde el Ayuntamiento reconocen que las previsiones meteorológicas “no son buenas”, por lo que podría darse que durante los próximos días continúe activo el protocolo, coincidiendo con Nochevieja y Año Nuevo. 

Tal y como anunció este miércoles la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, el Consistorio madrileño ha adoptado esta medida debido al “aumento de la contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2) y las previsiones desfavorables de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días”.

Escenario 3

El escenario 3 del protocolo de medidas por episodios de alta contaminación recoge, además de las medidas ya en vigor en los escenarios 1 y 2, la prohibición de la circulación a los vehículos en el área interior a la M30, dependiendo de su matrícula. Así, los días pares se permite el tráfico a los automóviles con número de matrícula acabado en número par o 0; y los días impares, a los vehículos cuya matrícula termine en número impar. 

Si este estadio continua en vigor hasta el fin de semana, los vehículos con matrícula finalizada en cifra par no podrán transitar por Madrid centro ni el sábado 31 de diciembre ni el domingo 1 de enero teniendo que recurrir a otros medios de transporte. Por el contrario, los conductores con matrícula terminada en impar no se verán afectados por la restricción ni en Nochevieja ni en Año Nuevo. 

Aquellos conductores que circulen por el centro de la ciudad sin permiso se expondrán a multas de 90 euros, o 45 en pronto pago. Las sanciones correrán a cargo de la Policía Municipal de Madrid, que realizará controles aleatorios a aquellos que circulen por el interior de la M30. Esta norma se aplica a todos los conductores madrileños, residan o no en el centro de Madrid, pero incluye varias excepciones.

El Consistorio recomienda a los madrileños que vayan a viajar al centro desde las diferentes partes del área metropolitana, el uso del transporte público, que se verá reforzado durante los días en los que el protocolo se encuentre activo.

A tal efecto, la Empresa Municipal de Transportes amplía la cobertura en un total de 55 líneas de la red de autobuses, que conectan, sobre todo, los distritos de la periferia con el centro de la capital. Ademas, se encuentra operativo un párking disuasorio en la avenida de Portugal para los conductores que accedan a Madrid por la carretera de Extremadura (A5). Allí podrán aparcar sin coste alguno durante el horario en el que se aplica la normativa.

Transporte público en Nochevieja y Año Nuevo

Fuentes del Gobierno regional han informado a eldiario.es que los medios de transporte público competencia de la Comunidad de Madrid continuarán con el Plan de Navidad vigente. Este plan incluye “un refuerzo estructural y una incorporación de 360 conductores”, pero no se lanzará ningún dispositivo especial con motivo del protocolo anticontaminación. “El transporte público madrileño está lo suficientemente dimensionado” para este tipo de situaciones, dicen,  pero no descartar reforzar las líneas de autobuses interurbanos en caso de que fuera necesario.

Así las cosas la reducción del horario planificado para Año Nuevo continua en vigor en Metro de Madrid, Metro Ligero, Cercanías Renfe y autobuses. En Año Nuevo, Metro de Madrid funcionará desde las 07.00 hasta las 21.40 en lugar del horario habitual, de 06.00 a 01.30. En el caso de los autobuses, las líneas diurnas terminarán a las 22.00 horas, y media hora más tarde comenzarán las nocturnas. El servicio de trenes de Cercanías Renfe, por su parte, también finalizará “antes de los horarios habituales”. 

En la rueda de prensa que ofrecieron a los medios Marta Higueras y la responsable de sostenibilidad del Ayuntamiento, Paz Valiente, explicaron que durante las fiestas ha disminuido la afluencia de automóviles “al reducirse la hora punta”, aunque ha aumentado “un poco” durante los horarios comerciales. 

“Las previsiones son malas” 

Aunque en esta época hay menos tráfico, “hasta febrero se suele dar una situación atmosférica muy difícil en Madrid”: se origina un anticiclón que contribuye a que la emisión térmica producida en la ciudad se acumule y no ventile. Según ha explicado Ana Casals, portavoz de Aemet, se esperan cielos soleados y ausencia de viento todo el fin de semana y, hasta el domingo por la tarde o lunes por la mañana no se prevé una mejora de la situación. Será entonces cuando “la llegada de una borrasca por el oeste peninsular afecte a Madrid y pueda dispersar la contaminación”, ha explicado.

Desde el Ayuntamiento fueron claros en afirmar que “las previsiones son malas”. “No vamos a anticipar ninguna decisión sin tener datos concretos”, añadieron. Cada madrugada el Ayuntamiento recibe información de la Aemet y, en base a ella, el equipo municipal responsable se reúne por la mañana para dictaminar qué medidas se tomarán al día siguiente. Higueras aseguró que, a pesar de la imposiblidad de conocer la situación del tráfico madrileño con más de 24 horas de adelanto, se comunicarán los cambios “con la antelación suficiente para que no haya ningún problema”. 

C's y PP critican las medidas

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se ha manifestado en contra de las medidas, argumentando que no suelen dar resultado y acaban siendo perjudiciales para los ciudadanos. “Esto de las restricciones son viejas medidas que se han practicado en otros sitios, que no ha dado gran resultados y se convierte en gran problema para el acceso al trabajo de muchas personas que tienen la desgracia de no vivir en Madrid”, ha comentado en el Congreso. 

También ha criticado la normativa el portavoz del PP adjunto en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, alegando que la restricción responde a una “política ideológica” del Gobierno municipal.

Desde Ciudadanos, su portavoz en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, ha lamentado que el Consistorio restrinja el tráfico privado sin ofrecer al mismo tiempo alternativas a los ciudadanos como aparcamientos disuasorios o carriles para bicicletas. “No estamos trabajando en serio un par de calidad del aire, a largo plazo, con medidas con vocación de permanencia que atienden el problema estructural de la contaminación en Madrid”, se ha lamentado.

El Ayuntamiento de Madrid ha activado por primera vez el escenario 3 del protocolo de medidas anticontaminación por los altos niveles de concentración de dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire. Entre las medidas que contempla este escenario está la prohibición de circular por la almendra central de Madrid, en función de la matrícula de los vehículos. El protocolo entrará en marcha este jueves, por lo que los vehículos con matrícula par no podrán transitar en el interior de la M30.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la primera teniente de alcalde, Marta Higueras en representación de  la concejal de Medio Ambiente, Inés Sabanés. De este modo continuarán las medidas en vigor hasta ahora, como la limitación a 70km/h por la M30 y la prohibición de aparcar en el centro de Madrid y se añadirá la restricción de la circulación a la mitad de los vehículos. 

La aplicación del estadio 3 supone que este jueves, día 29, sólo podrán circular por la almendra central de Madrid los coches cuya matrícula acabe en número impar. Si se mantienen los niveles de contaminación y se prolonga este estadio, el viernes 30 podrán circular los vehículos con matrícula par y los acabados en 0.

Excepciones

Esta restricción incluye algunas excepciones. Durante este episodio de contaminación podrán circular los vehículos adaptados a  personas con movilidad reducida o aquellos con el distintivo “cero emisiones” de la DGT, como los coches eléctricos. Las motos y los vehículos de alta ocupación (donde vayan tres o más personas) y los comerciales industrial que cuentan con un autorización específica también están exentos de las restricciones. Desde el Ayuntamiento se ha recordado que la prohibición no se aplica a los servicios de seguridad, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ni a los automóviles que no son de combustión interna. 

Las prohibición para circular y el resto de medidas se aplicarán entre las 6.30 y las 21.00.  Por conducir por la almendra central con la matrícula contraria a lo establecido por el calendario se multará con 90 euros a los conductores, o 45 en pronto pago.

En cuanto a los escenarios posibles para los próximos días, Marta Higueras ha declarado que “las previsiones son malas” pero que no van a anticipar “ninguna decisión sin tener los datos concretos”. La teniente de alcalde ha explicado que cada mañana se evalúan los datos recogidos por la Aemet y en base a ellos se decide el estadio necesario para la ciudad, por lo tanto, se irá comunicando las variaciones en el protocolo día a día “con antelación suficiente para que no haya ningún problema”. 

El Ayuntamiento de Madrid ofrecerá información personalizada a los ciudadanos que se hayan visto afectados por las cláusulas suelo. Pocos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dictaminara la nulidad de las cláusulas suelo, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) activa un servicio para informar a los consumidores afectados sobre cuánto dinero deben devolverles las entidades financieras.

“Cualquier persona que tenga una hipoteca con cláusula suelo puede venir a informarse sobre la cuantía aproximada que, de reclamar, podría establecerse”, anunciaba el martes Marta Higueras, delegada de Equidad, Servicios Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Fuentes municipales han especificado a eldiario.es, no obstante, que es un servicio exclusivamente para los madrileños afectados.

Higueras ha explicado que, en una iniciativa pionera, la EMVS revisará las hipotecas, y además de estimar el dinero que deben recibir de las entidades financieras, facilitará un borrador con los datos necesarios para iniciar una reclamación.

En caso de que el banco no pagara las cantidades estimadas, el siguiente paso será un procedimiento judicial donde el Consistorio ya no participaría. “El Ayuntamiento no se personará contra las entidades financieras puesto que ya es un tema que transciende al Colegio de Abogados”, ha aclarado Higueras. “No seremos un acompañamiento del procedimiento judicial porque no estamos capacitados para hacerlo”, han insistido desde el Consistorio.

Fuentes municipales han planteado que “cuánto más grande sea una institución, más competencias tendrá pero tienen que ser ellas quienes tomen la iniciativa”. “Ojalá la Comunidad y el Gobierno central tomaran una medida de este tipo”, añaden desde el Ayuntamiento.

La gestión en la que se basa este servicio será, según fuentes municipales, “muy rápida, si no inmediata”. La EMVS ha creado una aplicación informática que permite estimar la cantidad a reclamar en cada situación y acelerará los procesos. Sin embargo, en “algunos casos, habrá que realizar un estudio más exhaustivo por las complicaciones que se pueden derivar de los cálculos”, prevén desde el Ayuntamiento.

Marta Higueras ha avisado de que la cantidad de ciudadanos que pueden estar interesados en este servicio es incalculable. “Son todas las personas que han firmado con diversas entidades financieras una hipoteca, en la EMVS no tenemos datos sobre eso, pero entendemos que va a ser mucha gente”, ha declarado

El servicio, que ha comenzado este martes, atenderá a los afectados en el edificio de la EMVS (Palos de la Frontera, 13) mediante cita previa de lunes a viernes de 8.30 a 14.00 horas. Para evitar largas esperas, desde el Ayuntamiento se ha pedido a las personas interesadas en adquirir más información y concertar una cita, llamen al número habilitado a tal afecto (91.516.81.50).

El autor de 'El fin de la clase media' y 'Nosotros o el caos: así es la derecha que viene' vuelve a las librerías con los 'Los límites del deseo: guía de instrucciones para el capitalismo del siglo XXI'

"Creo que ahora mismo en el mapa europeo la gran fuerza es la derecha populista, que está teniendo votos incluso en aquellos lugares que eran propios de la izquierda"

El autor de 'El fin de la clase media' o 'Nosotros o el caos: así es la derecha que viene“ continua en su análisis de los cambios socioeconómicos de los últimos años. Con 'Los límites del deseo: instrucciones de uso del capitalismo del siglo XXI', el periodista y abogado Esteban Hernández elabora una radiografía del sistema económico en el que la sociedad occidental se encuentra inmersa.

A lo largo de su libro habla reiteradamente de “mecanismos” y “resistencias” para frenar las dinámicas del neocapitalismo. ¿A qué resistencias y mecanismos se refiere?

Opciones hay muchísimas. En primera lugar sustituir a algunas personas que están al frente de los puestos de mando y poner a otros que nos lleven por un camino más beneficioso. Se puede poner palos en la rueda en el caso de la financiarización y la Unión Europea puede tomar medidas que combatan la precarización laboral. Además es importante que los impuestos se inviertan en la misma sociedad y poner límite a la avaricia de las empresas. 

¿Es cierto que como individuos podemos hacer poco para frenar el sistema? 

Eso es un error enorme, si nosotros nos quedamos en lo que los políticos pueden hacer por nosotros, habremos fracasado en todos los sentidos. A lo largo de la historia, se han originado un montón de resistencias que la gente ha planteado por sí misma con independencia de lo que los políticos hacían. En el caso del mundo laboral es muy evidente, los sindicatos nacieron fruto de situaciones de necesidad y sin pasar por mediaciones políticas.

Yo creo que ahora estamos delegando demasiado en lo que los políticos pueden hacer y nos olvidamos un poco de mecanismos mediante los que nosotros sí podamos tener una incidencia. En el mundo del trabajo podemos necesitar mecanismos distintos porque es complicado defender tus derechos sin que te partan la cara pero esto no significa que sea imposible. Es obvio que hay determinadas cosas que se pueden hacer y esas cosas que se pueden hacer, insisto, no podemos dejarlas en manos de otros.

¿Cree que ese cambio que apunta en 'Los límites del deseo' vendrá desde las instituciones o desde comunidades más pequeñas? 

No tengo ni idea porque ambas cosas en este momento en concreto tienen muy poco poder a la hora de actuar. Es verdad que instituciones como la Unión Europea tienen muchos mecanismos para hacer cosas pero también hay falta de voluntad, entonces es necesario generar un cambio social para que efectivamente esto se lleve a cabo. Tenemos mecanismos enormes para favorecer nuestra vida y los estamos utilizando en sentido contrario, eso se pude cambiar pero tiene sus dificultades.

Por otro lado las comunidades pequeñas necesitan crecer y desarrollarse para crear algo más consolidado. Uno de los grandes problemas que existe es que hay muchas cosas que se pueden hacer y hay una escasa voluntad por parte de la gente de ponerse en relación con los demás para poder hacer lo que esté en su mano. Si queremos cambiar las cosas, tenemos que poner iniciativas en común y trazar nuevas experiencias porque si no, estaremos absolutamente aislados y lo que hagamos carecerá de eficacia.

Según esta teoría, lo que se necesita para cambiar las cosas es que la gente sea primero consciente de la situación en la que está y reaccione. ¿Cree que la educación es una buena herramienta en este sentido? 

Desde luego que sí, hay elementos obvios y uno de ellos es la educación pero tampoco podemos esperar a que la educación  pueda darnos sus frutos al cabo de X años. Yo creo que estamos en un momento de urgencia y necesitamos una solución ahora. Es evidente que la gente está desanimada y hace falta una chispa. Esa chispa puede ocurrir. Pongo el ejemplo político: en un momento determinado en España estaba todo parado y una determinada formación metió una chispa y a partir de ahí la política se reactivó, puede ocurrir igual en otros terrenos. 

Menciona en su ensayo que un rasgo de la sociedad actual es que sí existe   capacidad para indignarse pero que se trata de una indignación que olvidamos a los pocos minutos. 

Sí, es un tipo de resistencia muy útil para cualquier tipo de poder porque se trata fundamentalmente de un desahogo. Si además del desahogo, que está bien, empezáramos a generar iniciativas en los ámbitos en los que estemos sería mucho más fácil que las cosas fueran de otra forma.

¿Cree que la izquierda de este país está cumpliendo su función en el sentido de luchar contra las fuerzas económicas?

En absoluto, yo creo que ahora mismo en el mapa europeo la gran fuerza es la derecha populista, que está teniendo votos incluso en aquellos lugares que eran propios de la izquierda. Esto significa que, evidentemente, la izquierda está haciendo algo mal.

En España hay un partido de poder que está agotado por la corrupción y el partido de la oposición, que es socialista, está a punto de hacer crack por sus crisis internas. Si en este contexto, Podemos es solamente la tercera fuerza es porque se han equivocado en algo.

Es evidente que la derecha populista europea ha tenido un mensaje muy poderoso alrededor del mundo material, del trabajo, de las posibilidades vitales, de las condiciones de vida… todo ligado al dinero, a lo económico, a lo que de te da el sustento. Si la izquierda española no da esta perspectiva, será cada vez más irrelevante.

Otro de los asuntos que aborda es la percepción que tiene la sociedad acerca del sistema económico. El capitalismo es un sistema que funciona a base de crisis pero a la gente le da una sensación de estabilidad.

El capitalismo viene de crisis pero mucha gente se ha criado en un lapso de tiempo en el que la sociedad tenía una estabilidad, por lo tanto es lógico que se tenga esa percepción. Desde el punto de vista de las generaciones inmediatamente anteriores, en España se vivió un desarrollo grande que venía acompañado de la promesa de un mundo mejor. Tú pensabas que tus hijos iban a estudiar y por tanto iban a vivir mejor que tú, pensabas que esto era un camino acumulativo y que de mayor ibas a tener más recursos y más posibilidades que de joven…, la sociedad tiende a confiar en esto y de repente se quiebra y llega la crisis. Sin embargo, hasta ese momento había una sensación de ir a favor de los tiempos por lo que es normal que la gente no solo tenga la percepción de la estabilidad, si no una necesidad de dicha estabilidad.

Lo que estamos viendo es que con este sistema la posibilidad de trazar tu propio proyecto vital está eliminada, ya no es una cuestión de elección, estamos aquí hoy y mañana no sabemos. Esto genera mucha inestabilidad, mucha inseguridad y por lo tanto, mucho descontento.

¿Cree que la clase media ha variado en sus condiciones de vida desde la publicación de 'El fin de la clase media' en 2014?

La clase media existe por dos motivos: uno porque todavía queda clase media en cuanto a los recursos económicos y en segundo lugar porque la mayor parte de la sociedad se percibe así. Es raro el español que dice que no es clase media, incluso gente con muy pocos recursos materiales se percibe como tal. Así que, aunque solo sea en este nivel, la clase media existe.

Ocurre que a día de hoy se trata de una clase muy debilitada porque muchos han descendido y, aunque algunos hayan ascendido en la escala social, es continua la sensación de que la posición es provisional.

La gran diferencia entre la clase media de hace unas décadas y la actual es que antes las personas que formaban parte de esta clase pensaban que iban a seguir ahí,  ahora sabes que cualquier movimiento te puede llevar a cualquier lado malo. Esta ruptura cambia radicalmente la percepción que la clase media tenía de sí misma. 

Según esta lógica, ¿un médico y un obrero de la construcción realmente pertenecen a la misma clase social?

Si nos fijamos en los recursos materiales, no es así y, precisamente por eso, cada vez hay menos clase media, y cada vez hay más gente dentro de esta clase que subsiste con los recursos propios de las clases populares y menos que están muy por encima de eso. Yo insisto en dos aspectos: uno de ellos es la percepción, y el otro es que antes había una serie de bienes sociales de los que incluso la clase obrera disfrutaba.

Una persona de clase obrera de hace cuatro décadas tenía la sensación de que las cosas iban a ir a mejor pero también una serie de bienes materiales que respaldaban esa idea. Empezando por la vivienda, en los 70 la mayor parte de la vivienda era de creación oficial con lo cual el acceso era mucho más sencillo. Además, existía un transporte público que era relativamente barato y se disfrutaba de bienes como la energía con unos precios no tan elevados. Es verdad que los salarios eran bajos pero había una serie de compensaciones en términos del Estado del bienestar que mejoraban tu nivel de vida y además tus hijos podían ir a la Universidad e intentar trazar un futuro mejor.

Esto ha desaparecido por completo, es todo lo contrario, no me extraña que la clase obrera de esa época pensara que, de alguna manera, pertenecía a la clase media. Es cierto que materialmente no lo eran pero los bienes sociales de los que disfrutaba les permitía pensar de esa manera pensar sobre sí misma.

En 'Los límites del deseo' también analiza el funcionamiento de la Universidad. ¿Cree que la precarización de los recién titulados es un fallo del sistema o, por el contrario, existen empresas fundamentadas precisamente en esta mano de obra?

Fallo del sistema no es, porque estamos metidos en un tipo de gestión financiarizada y una de las patas es la de reducir costes. Si tú puedes tener mano de obra a bajo coste la aprovechas. Es el caso de los becarios y el de mucha otra gente, no es algo coyuntural, es una mecánica de gestión que se utiliza en muy distintos estratos. Mientras la lógica de gestión siga siendo ésta, estas situaciones se producirán, más incluso si sigue habiendo un exceso de mano de obra en las profesiones. Es una consecuencia de lógica de un tipo de gestión.

En la presentación de 'Los límites del deseo' se dijo que al libro le faltaba política y que ofrecía una visión cruda de la realidad. ¿Qué piensa acerca de estas afirmaciones?

En cuanto a la visión cruda, es como cuando intentas hacer una fotografía, la imagen no es ni cruda ni deja de serlo, simplemente capta lo que está afuera. Insisto en esto: independientemente de como sea la realidad, en el instante en que la conoces puedes empezar a cambiarla, si es cruda, será el punto de partida, no el de llegada. Sea como sea la situación en la que estamos, hay que intentar ir hacia lugares que nos sean beneficiosos. Es una cuestión de pensar:  “Esto es crudo y tengo que dar un paso adelante para modificarlo”.

En cuanto a la política, si entendemos la política como una idea de “siéntente bien, vamos a pasárnoslo bien todos juntos, vamos hacer cosas”, pues no, aquí no hay nada de eso. Si entendemos la política como algo más serio, establecer mecanismos de resistencia, porque el conocimiento de la realidad te lo permite, pues entonces es política 100%. Ahora, si lo que decimos es: “Bueno, vamos a dejarlo todo en manos de una gente que nos va a ayudar a sentirnos mejor”,  malo.

Más de 50 ciudades españolas han albergado este miércoles movilizaciones convocadas por la plataforma #NoMasCortesdeLuz para exigir la paralización de los cortes de suministros a las familias sin recursos. Mediante manifestaciones, concentraciones y apagones en edificios institucionales, la iniciativa #HoyApagon21D ha denunciado los “abusos tarifarios” que, según el colectivo, cometen las grandes empresas eléctricas. El movimiento ha coincidido con el anuncio de un acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista contra la pobreza energética.

La manifestación celebrada en Madrid, que ha arrancado en la Plaza de Cibeles a las 19 horas, ha conseguido aunar a cientos de personas. A ella se han unido representantes de Podemos como Pablo Iglesias, Rafael Mayoral o Irene Montero. “PP y PSOE dicen que van a estar tres meses estudiándolo. Nosotros querríamos garantías de que este invierno no se le va a cortar la luz y la calefacción a nadie”, ha declarado el secretario general de la formación. Desde Podemos han afeado el acuerdo entre populares y socialistas por dar la espalda a las organizaciones de la sociedad civil.

Los sindicatos UGT, CCOO y CGT y organizaciones ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción también han participado en la protesta como miembros de la plataforma #NoMasCortesdeLuz.

“Ni gente sin casa, ni casas sin luz” o “Manos arriba, esto es una factura” han sido algunos de los lemas que se han podido escuchar durante el camino hacia la Puerta del Sol. Bajo los miles de bombillas de colores que adornan las calles con motivo de las fiestas navideñas, la multitud portaba velas y se cubría con mantas para visibilizar el problema que hace que 5 millones de personas pasen frío en sus casas cada invierno por no poder hacer frente a las facturas.

En palabras del secretario de CCOO en Madrid, Jaime Cedrún, el acuerdo entre el Ministerio de Industria y los socialistas ha supuesto un “desaire” hacia todas las organizaciones implicadas en el problema de la pobreza energética. Además, ha incidido en la necesidad de una medida de “carácter inmediato”. “Hay que abordar el problema de fondo y regular los precios”, ha dicho

Las movilizaciones “no van a parar”

Representantes de Izquierda Unida también han unido sus voces contra los cortes de luz. Carlos Sánchez Mato, responsable de política económica de IU y concejal del Ayuntamiento de Madrid, ha sido uno de ellos. “Ninguna novedad. Querían paralizar las movilizaciones”, ha señalado en referencia al acuerdo, asegurando que las protestas no van a parar. También, aunque en menor medida, se han acercado al lugar algunos militantes del PSOE. Antonio Miguel Carmona, edil del Consistorio madrileño, ha sido uno de ellos.

Al final del itinerario la activista Cote Romero y el periodista Javier Gallego han leído el manifiesto de #NoMasCortesdeLuz. Además de la prohibición legal de los cortes de luz a las familias con problemas económicos y la aprobación de una tarifa asequible regulada por el Gobierno, se ha reclamado la aplicación del IVA superreducido para la energía, entre otras medidas. “Resulta urgente que España respete los compromisos adquiridos en el marco internacional”, han proclamado.

“Extensión de la ley mordaza”, “aberración jurídica”. Estas son algunas de las calificaciones que ha recibido el proyecto de ley contra delitos de odio que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presentó el pasado martes. Los partidos de la oposición y varios juristas expertos en la materia han cuestionado duramente el texto.

“Es una norma que tiene un carácter integral para corregir conductas que pueden promover al odio”, explicó Cifuentes. “El objetivo es dar respuesta a cualquier forma de intolerancia” y prestar “una especial atención a acciones que se hacen a través de la red”.

La previsión de sanciones de hasta 45.000 euros por conductas con un componente de incitación al odio, intolerancia y discriminación, ha causado fuertes críticas en los grupos de la oposición.

La diputada regional por el PSOE Mónica Silvano destaca que ellos presentaron un proyecto de ley contra delitos de odio semanas antes de que lo hiciera el Gobierno y, por lo tanto, no votarán a favor de la ley propuesta por Cifuentes. “Nosotros vamos a defender nuestro texto”, asegura. Explica que la diferencia fundamental entre su propuesta y la del Gobierno es que, a su juicio, la de su grupo parlamentario “va más en la sensibilización y en la educación, no solo se basa en sancionar”. 

Sin embargo, en el grupo socialista en la Asamblea de Madrid se manifiestan “alegres” de que el Gobierno haya entendido que hay tomar medidas sobre el tema y restan importancia a las críticas de los expertos en Derecho. “Existe una necesidad de legislar sobre este tema, cuando algo es pionero siempre despierta ciertas tensiones”, han declarado. 

El diputado por Podemos en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, coincide con el PSOE en votar negativamente al polémico proyecto de ley. “El Gobierno de Cifuentes ha querido anticiparse a la propuesta de ley del PSOE sobre delitos de odio en la que ya estábamos trabajando todos los grupos”, ha afirmado, apuntando a una estrategia desde la presidencia autonómica: “Es una manera de tapar la ley del PSOE porque no quieren que la oposición lleve leyes delante por sí mismos”, han dicho. 

En cuanto al contenido de la propuesta, la postura de Podemos es rotunda: “Creemos que se trata de una extensión de la Ley Mordaza, más dura si cabe, que pretende sancionar por la vía administrativa y no por la judicial como debe ser en estos casos”.

Desde el grupo parlamentario de Ciudadanos han manifestado no conocer el texto y que no harán valoraciones ni comunicaran su posición en la Asamblea en este sentido hasta que no estudien el proyecto en profundidad.

Puede crear indefensión jurídica, según los expertos

La Plataforma de Defensa de la Libertad de Información (PDLI) se ha manifestado radicalmente en contra de que la llamada Ley Mordaza de Cifuentes, entre en vigor. La abogada Isabel Elbal, que defendió a César Strawberry en el juicio en el que el músico fue absuelto de un delito de enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales, cree que la norma que plantea Cifuentes no se ajusta a la legalidad. Primero, por ser una ley autonómica: “Cuando una materia tiene que ver con derechos fundamentales, está reservada al Congreso”.

“Es una auténtica aberración jurídica, afecta al derecho fundamental a la libertad de expresión y no puede regularse por una norma administrativa”, asegura Elbal, que recuerda que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional se han manifestado en este sentido.

Para Elbal, la finalidad de la ley es “adentrarse en las redes sociales para poder reprimir y censurar aquellas opiniones que sean contrarias al pensamiento dominante”. Admite que en las redes sociales se dan “expresiones repugnantes”, pero que están protegidas por la libertad de expresión. Lo que provocará una ley así es que los usuarios tengan miedo a ser vigilados y se autocensuren, añade.

La ley también puede crear indefensión jurídica. “Hay una falta de definición de la consulta sancionable, es un concepto muy amplio y muy abierto”, asegura Elbal, que opina que cuando una norma puede establecer multas de hasta 45.000 euros, los hechos a castigar deben estar perfectamente claros.

De la misma opinión es el abogado Carlos Sánchez Almeida, especialista en la defensa de los derechos civiles en internet, quien apunta que la ley “busca la autocensura, no solo las sanciones, es un mensaje a toda la ciudadanía, que sepan que están vigilando”. Advierte también que la ciudadanía tiene en su mano herramientas para pelear contra este tipo de normas y “defenderse contra esta agresión”.

“Siempre es peligroso que la Administración se entrometa en materia de libertad de expresión en internet, mejor que sea el Poder Judicial quien pondere, porque solo el Poder Judicial es el que está facultado para secuestrar publicaciones, y una red social no deja de ser una publicación”, apunta.

Para este abogado, lo grave es que el control de internet es una tendencia creciente, y pone como ejemplo que el PSOE haya presentado una iniciativa muy similar: “Ahora el derecho a la libertad de expresión pertenece a toda la ciudadanía, y ante esa explosión de libertad, los gobiernos han querido acotarla con medidas coercitivas”.

Este proyecto de ley también cuenta con un informe desfavorable de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid remitido al Gobierno autonómico por primera vez el pasado mes de junio. El escrito, difundido por la Plataforma en defensa de la Libertad de Información, hace referencia en numerosas ocasiones a la inclusión por parte de la Comunidad en aspectos en los que la competencia es en “exclusiva” estatal. 

“El artículo 30.3 estaría viciado de inconstitucionalidad”, concluye el servicio jurídico. El artículo expone que la Comunidad de Madrid “se personará en los procedimientos penales de incitación de odio en calidad de parte perjudicada civilmente”. La Abogacía considera que la defensa de la legalidad pertenece “en exclusiva al Ministerio Fiscal” y la personación por parte del Gobierno autonómico puede “mermar el derecho de defensa del acusado” por existir “duplicidad” de funciones. 

La Abogacía General de la Comunidad de Madrid apunta a numerosos casos en los que la comunidad autónoma estaría vulnerando competencias estatales en materia de educación, sanidad, mercado laboral y medios de comunicación. 

Las infracciones contempladas en el proyecto podrán ser leves, (con multa de hasta 3.000 euros), graves (con sanciones de entre 3.001 y 20.000 euros), y muy graves (con castigos de entre 20.001 y 45.000 euros). La gravedad de las acciones dependerá “de los daños causados, la permanencia de las repercusiones, el número de personas afectadas, la intencionalidad del infractor y la reincidencia”.

Entre 3.000 y 45.000 euros. Esta es la cantidad a la que se enfrentarán los madrileños por emitir mensajes que, a ojos del Gobierno regional, contengan un componente de discriminación, intolerancia o incitación al odio. Así lo establece el proyecto de Ley sobre la Igualdad de Trato y la Protección contra las Acciones de Incitación al Odio, la Discriminación y la Intolerancia, que el Consejo de Gobierno ha aprobado de forma definitiva este martes. 

En palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la norma “presta una especial atención a todo tipo de actos que se puedan cometer a través de las redes sociales o internet”. “Tiene una carácter integral porque trata de reprimir todo tipo de conductas que puedan promover al odio”, ha afirmado.

Si el proyecto de Ley es aprobado en la Asamblea, la Comunidad de Madrid como institución podrá personarse como acusación particular en los procedimientos que trasciendan del ámbito administrativo por acciones que “inciten al odio”. Así, “expresarán su atención y apoyo a las víctimas de tratos discriminatorios” en los procesos penales, han comunicado.

Cuando la Comunidad de Madrid tenga conocimiento de un supuesto caso de discriminación, acto de intolerancia, o acciones que puedan incitar al odio, pondrá en marcha el correspondiente procedimiento sancionador, en el que se podrán acordar las medidas necesarias para investigar el caso y corregirlo.

Las infracciones podrán ser leves, (con multa de hasta 3.000 euros), graves (con sanciones de entre 3.001 y 20.000 euros), y muy graves (con castigos de entre 20.001 y 45.000 euros). La gravedad de las acciones dependerá, “de los daños causados, la permanencia de las repercusiones, el número de personas afectadas, la intencionalidad del infractor y la reincidencia”.

Además de las redes sociales e internet, la aplicación de esta norma se extenderá a los ámbitos de los medios de educación, la educación, la sanidad, los servicios sociales, el empleo, el acceso a bienes y servicios, incluida la vivienda, el deporte, la cultura, el acceso a espacios públicos y a la participación en organizaciones de interés social o económico. 

El objetivo de este proyecto de Ley es, según el Gobierno madrileño, “garantizar los derechos humanos, las libertades fundamentales, y el respeto por la dignidad de la persona”. Sin embargo, a través de Twitter ya ha recibido las primeras críticas, de aquellos que que consideran esta propuesta como una afrenta a la libertad de expresión.

Junto con esta función preventiva, la Comunidad también desarrollará un Observatorio para la Igualdad de Trato y un protocolo de atención a las víctimas de odio e intolerancia. La idea es que dicho protocolo recoja desde asesoramiento hasta asistencia sanitaria. 

Para que este proyecto de Ley se haga efectivo debe ser aprobado por la Asamblea de Madrid, cuestión aún por decidir al existir un empate de fuerzas entre diputados y del Partido Popular y Ciudadanos y del PSOE y Podemos. El Partido Socialista, por su parte, ha presentado este mismo martes una Proposición de Ley similar a la planteada por el Gobierno. 

Entre las numerosas manifestaciones que han tomado las calles españolas en los últimos años no se ha visto una de menores de 18 años enarbolando pancartas para reclamar el derecho a votar. ERC han hecho dos intentos en el Congreso de que se aprobaran proposiciones para adelantar la edad del voto en las urnas y ha contado con el apoyo del PSOE. No parece que a corto plazo vaya conseguirse, al menos, mientras gobierne el PP. ¿Es una reclamación de una gran parte de la juventud o un interés de los partidos para sumar apoyos? ¿Incentivaría la participación?

El primer intento de que el Parlamento aprobara la proposición de ley para adelantar dos años la edad del voto se saldó con éxito porque fue aprobada aunque con el voto en contra del PP. Pero el visto bueno del Congreso a tramitar los cambios legales no sirvió de nada. La disolución de las Cortes por la repetición electoral se cruzó con la iniciativa y decayó. Vuelta a plantear, el plan fue rechazado en la votación del 22 de noviembre.

“En esta Cámara se excluyen a cientos de miles de personas que tienen 16 y 17 años. Ya pueden trabajar, se les puede negar e hipotecar impunemente el futuro, se puede hacer auténtica carne de cañón con el paro”, clamó Gabriel Rufián, de ERC, desde la tribuna.

Presentes en las primarias del PSOE

El diputado independentista se dirigió a todo el hemiciclo para plantearlo como un derecho de los más jóvenes “a defenderse de ustedes”. El PSOE, que lo incluye en su programa electoral, alega que es la forma de que participen en política, algo que comparten en Unidos Podemos. Los socialistas dejaron que los menores de 16 años votaran en sus primarias. También los de 14 años, aunque en ese caso se exigió que fueran afiliados. En Podemos, la franja para registrarse en los procesos participativos también es de 16.

Luis García Tojar, profesor de Sociología Política en la Universidad Complutense de Madrid, advirtió una “repolitización” de la juventud después del 15M. “No veo indicios de que haya pasado. En las facultades han sido muy evidentes sus ejemplos”, señala este experto, que antes del movimiento tenía a 40 alumnos en una asignatura optativa como es la de Sociología Política y ahora tiene a tres grupos de más de cien alumnos.

“La aparición de Podemos y, en menor medida, de Ciudadanos ha activado a un público joven que no se interesaba por la política y vivía individualmente las consecuencias de la crisis, particularmente duras para ellos. Ese público ha probado las urnas en 2014 y sobre todo en 2015 y 2016. Y , en general, se han frustrado porque no han conseguido los cambios que esperaban. Me parece clave para el futuro de este país que no se vuelvan a casa ahora”, explica este experto.

Gema García-Albacete, profesora de la Universidad Carlos III especializada en Comportamiento y Actitudes Políticas, señala además que este entusiasmo no se reparte de forma homogénea y detecta diferencias “entre aquellos que están estudiando o trabajando y los que están desempleados, que parecen estar quedándose fuera del sistema político”.

Según la participación en las últimas elecciones generales, la mayor parte de los votantes de Ciudadanos ha cursado estudios superiores mientras que apenas un 5% de los votos procede de electores sin estudios. En cuanto a la edad, un 40% del electorado del partido de Albert Rivera es menor de 35 años.

“Si en este país sólo votasen los menores de 45 años, Pablo Iglesias ya sería presidente del Gobierno”, dijo Carolina Bescansa para explicar la escisión del voto en términos generacionales y presumir de votantes jóvenes. Los que apoyan al PP y al PSOE en las urnas se concentran en la franja de los que superan los 45 y viven en municipios de menos de 500.000 habitantes.

La profesora García-Albacete, sin embargo, no tiene tan clara esta afirmación. La experta ve evidente que si se redujera la edad para votar a los 16 “el PP, dado el envejecimiento de sus votantes, cabría pensar que no se beneficiaría en términos electorales” pero no se aventura con más predicciones.

“En cualquier caso se trataría de un porcentaje de votos muy pequeño”, aclara. Y recuerda que los jóvenes son el grupo de edad que menos vota en todas las elecciones. Del mismo modo piensa el profesor García Tojar, quien asegura que “hay un gran margen de incertidumbre en ese pronóstico”.

Según la participación en las últimas elecciones generales, más de la mitad de los votantes de Podemos corresponde a la franja de edad entre 18 y 34 años por lo que se podría esperar que al menos la formación morada sí se vería beneficiada por esta medida.

El Foro Europeo de la Juventud, una plataforma que engloba a organizaciones de jóvenes de los países comunitarios, aboga por reducir la edad de voto. Los argumentos que ofrecen son múltiples: los menores son cada vez más activos políticamente y por tanto, más informados. Y, sobre todo, implicando a los jóvenes en la política se forzaría a los mandatarios y candidatos a formular medidas que atendieran sus necesidades.

Austria fue el primer país

En la mayoría de países miembros de la UE, la edad para votar se sitúa en los 18 años pero existen varias excepciones. Austria fue el primer país en tomar la medida, en 2007. En Alemania y Estonia, por ejemplo, se permite votar a partir de los 16 años en comicios locales.

Desde el Foro Europeo de la Juventud defienden que la reducción de la edad para acceder a las urnas se produzca “con la provisión de una educación cívica obligatoria dentro del sistema educativo” en los países de toda la Unión Europea.

Es la postura que defiende la experta García-Albacete, quien asegura que “discutir los temas que preocupan a los jóvenes sería el primer paso para movilizarles políticamente”. “Cada vez tenemos más evidencia del rol fundamental de la educación cívica para formar una ciudadanía activa”, asegura.

Políticos y activistas se han reunido este lunes para debatir acerca del auge de las políticas de extrema derecha y sobre las formas de combatirlas. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida; la activista de Ecologistas en Acción Yayo Herrero, el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán; Sol Sánchez, exdiputada de Izquierda Unida; y la profesora de Filosofía Política María Eugenia Rodríguez Palop han tomado parte del encuentro. A través de la etiqueta “De Trump a Le Pen”, se han puesto encima de la mesa los motivos por los que la izquierda no está siendo capaz de frenar los “movimientos neofacistas” que han surgido con fuerza en los últimos tiempos y, mucho menos, ganarlos en las urnas.

La primera ponente que ha tomado la palabra ha sido la profesora de Filosofía Política María Eugenia Rodríguez Palop. “Los partidos de extrema derecha ofrecen ante las crisis lo que muchos piensan que son soluciones”, ha asegurado, poniendo como ejemplo la presentación de estas nuevas formaciones como “partidos de la ley y el orden frente la inseguridad ciudadana” y la defensa del proteccionismo comercial como respuesta a la falta de bienestar social.  

“A lo mejor tenemos que pensar en nacionalizar ciertos sectores, poner en duda el concepto de propiedad privada como derecho fundamental, domesticar esos mercados bestializados que nos han hundido”, ha sugerido Palop. Sin embargo, para frenar el ascenso de las políticas neofascistas en Europa, ha dicho, es crucial crear identidad. “No se puede hablar de democracia sin hablar de identidad y de relato común, nosotros tenemos que redistribuir pero también tenemos que hacer comunidad porque ese es el sistema nervioso de la política de izquierdas”, ha afirmado.  

La exdiputada de Izquierda Unida Sol Sánchez ha comenzado su intervención refiriéndose al matiz  lingüístico en la lucha contra la extrema derecha. “Cuando vas a los medios de comunicación de masas más habituales, ya no se habla de extrema derecha o de fascismo, se habla de populismos de izquierdas y populismos de derechas”. Según la militante de Attac, a consecuencia de esta concepción de la política actual, se acaba hablando de las formas y no de los proyectos, sin llegar nunca a lo importante.  

Para Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos, el origen de esta tendencia política a nivel global tiene su origen en la revolución conservadora de Margaret Tatcher en el Reino Unido. Según Urbán, el “extremo centro” que se crea después de esa revolución con Tony Blair es el que va eliminando las bases de la socialdemocracia. 

“Los partidos socialistas se van convirtiendo en 'instituciones zombis' porque dejan de representar el espacio político y los intereses de clase para los que nacieron”, ha contado el eurodiputado, asegurando que ese vacío creado por los antiguos partidos socialistas ha sido ocupado por otras fuerzas, en muchos casos, de extrema derecha. Además, ha explicado que Unidos Podemos y Trump, según esta teoría, son diferentes soluciones al mismo problema. 

Yayo Herrero ha puesto el foco en el desarrollo sostenible y el “ecofascismo” que, según ella, ya existe. Según la activista de Ecologistas en Acción, el triunfo de la extrema derecha tiene mucho que ver con los recursos materiales de los que disponemos. “Cuando dicen 'no cabemos todos' es verdad.  Con esta lógica de consumo y con esta lógica de vida no cabemos todos”, así, ha enunciado, la extrema derecha toma un discurso en el que se hace fuerte porque responde a una realidad. La solución por la izquierda, según Herrero, es tomar la crisis sistémica desde la perspectiva de la derecha y plantear el siguiente mensaje:  “Sí que cabemos todos pero con un sistema totalmente distinto y otra lógica del reparto”. 

Ha sido Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida, quien ha dado una explicación más económica al auge de la extrema derecha en el mundo occidental. Apoyándose en un gráfico, ha expuesto que los perdedores de la globalización son las clases medias europeas. Los trabajadores de las multinacionales que han tenido que transformarse durante la globalización, según Garzón, han sido los  verdaderos perdedores del proceso y son sus hijos e hijas, que carecen del entramado productivo que sí tenían sus padres, los que ahora votan a candidatos de corte pseudofascista, como por ejemplo, Marine Le Pen.  

Entre las soluciones que vislumbra el economista, la fundamental pasa por la política en el sentido práctico de la palabra. “Creo que necesitamos una izquierda radical, que vaya a la raíz de las cosas, todo lo demás son parches”, ha declarado. En ese sentido, el líder de IU ha apuntado a el camino está en “elevar la rabia a compromiso político, desviar la rabia que ha sido canalizada hacia un discurso xenófobo hacia valores distintos”.

Más tarde, ha invitado a cuestionar por qué el discurso de Unidos Podemos no termina de convencer. “Solo el 13% de los parados votan a Unidos Podemos, el 20% de la gente que no tiene nada vota a Ciudadanos”, ha asegurado. “Hemos llegado a Lavapiés y nos hemos dejado Vallecas”, ha llegado a exponer, en un guiño al ámbito político madrileño. 

En último lugar ha tomado la palabra el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha apelado a la lucha por el concepto de “pueblo” como eje central de la política. “En estos momentos de excepcionalidad, que algunos llamarán populistas, se produce una dicotomía entre las élites y quien se considera pueblo”, ha referido el líder de la formación morada. Así ha explicado la victoria de Trump en Estados Unidos, “la definición de pueblo es una definición completamente abierta y la puede ganar cualquiera”, ha asegurado.

En cuanto a los retos a los que se enfrenta la izquierda, Iglesias ha aludido a la diferencia entre la posición de clase y la conciencia de clase. “La gente no vota por su posición de clase, ya nos gustaría los marxistas eso... La gente vota por identidad”, ha dicho, asegurando que el desafío de Unidos Podemos consiste en “ser trasversales sin dejar de ser radicales”.

El líder de Podemos también ha hablado de “feminizar la política”, mediante asociaciones culturales o medios de comunicación alternativos y así, “formar parte de una sociedad que te protege”. 

VÍDEO | El debate completo “De Trump a Le Pen” 

Tras conocerse esta mañana la muerte de la excalcaldesa de Valencia Rita Barberá, el Partido Popular al completo ha cerrado filas en torno a su figura. “Rita consagró su vida a Valencia y a España. Su trabajo y su fortaleza las dedicó a los valencianos y al servicio público”, rezaba el comunicado de la formación. 

Sin embargo, durante este año y coincidiendo con los momentos más críticos en la relación de la exregidora con la justicia, se sucedieron varias declaraciones de desaprobación desde su propio partido hacia la ahora fallecida.

El senador y expresident de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, el 10 de febrero de 2016, tras conocerse las sospechas que involucraban a Rita Barberá en el 'caso Taula' señalaba que era “difícil de creer” que la exalcaldesa de Valencia no supiera nada de lo que sucedía mientras muchos de sus colaboradores estaban siendo investigados. “Hace dudar”, añadía, en declaraciones a la Cadena SER.  

Asimismo, le sugería que abandonara su acta de senadora cuando se conoció la decisión del Partido Popular de mantener a Rita Barberá en la Diputación Permanente del Senado. El expresident pidió a la excaldesa que pensara “qué es lo mejor para el partido” y que “no lo antepusiera a sus intereses personales.  

Este miércoles, poco después de conocerse la muerte de la exregidora, el senador valenciano la ha recordado como “una persona que ha materializado el sentimiento de cualquier político de ayudar a transformar la sociedad”. “Es un día triste, ha fallecido una gran política”, ha apostillado.

Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, hablaba en estos términos de la exalcaldesa recientemente fallecida durante una entrevista a Onda Madrid en febrero de este año: “Cuando uno no suma, cuando puede estar haciendo daño al partido, lo razonable y lo sensato es apartarse del foco”.

Esta mañana ha mostrado sus condolencias por la muerte de Barbera. “Es un día triste para todas las personas del Partido Popular y especialmente de la Comunidad Valenciana y de Valencia”, “Fue una gran alcaldesa”, ha manifestado. 

Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, pidió a Barbera que reflexionase si ella “aporta algo” al partido porque “hay vida fuera de la política” en caso de que la respuesta sea no. “Que cada uno haga un ejercicio de reflexión”, añadía tras el Comité Ejecutivo del Partido Popular. Dichas declaraciones fueron recogidas el 22 de febrero.

Este miércoles, tras conocerse la muerte de la exregidora, ha publicado a través de su cuenta personal de Twitter que “fue la mejor alcaldesa de Valencia y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias”.

La presidenta del PP en la Comundidad Valenciana, Isabel Bonig, el 15 de septiembre de este año opinaba que la única “salida digna” para la exalcaldesa era dejar su acta de senadora. “Es mucho mejor que abandone su acta de senadora. Ella no quiere abandonarla, pasa al grupo mixto, legalmente no podemos hacer nada”, aseguraba.

Este miércoles Bonig afirmaba también a través de su cuenta de Twitter estar “triste”. “Se va un referente político y la mejor alcaldesa de Valencia”, ha publicado. 

Javier Maroto, vicesecretario sectorial del Partido Popular, consideraba hace dos meses que la exalcaldesa de Valencia no estaba demostrando ni “dignidad” ni “ejemplaridad”. “No cumple ninguna de las dos cosas y lo lamento profundamente porque en su comunicado y en sus expresiones dice que no quiere hacer daño ni al partido ni a las instituciones y, desgraciadamente, hemos comprobado que no está siendo así”, expresaba en declaraciones a RNE. Hoy no ha ofrecido declaraciones a los medios sobre el asunto.

Este martes se ha elegido en Pleno municipal a Jorge García como nuevo alcalde de Colmenar Viejo. El ex teniente de alcalde y ahora regidor del municipio está procesado por las mismas causas que su predecesor, Miguel Ángel Santamaría, que dimitió el pasado 10 de noviembre tras conocerse que estaba llamado a sentarse en el banquillo por la concesión irregular de 16 licencias urbanísticas.

Durante los últimos días se han mantenido conversaciones entre los grupos de la oposición para desalojar al Partido Popular del gobierno municipal. Finalmente no se ha conseguido llegar a un acuerdo y la elección del alcalde ha corrido a cuenta de la lista más votada, que en este caso era la de los populares, con nueve concejales.

Ante la esterilidad de los acercamientos para alcanzar un pacto de fuerzas en la oposición, cada grupo se ha votado a sí mismo. Los portavoces de Ganemos Colmenar (5 concejales), PSOE (3 concejales) y Ciudadanos (3 concejales) han coincidido en lamentar la situación del Ayuntamiento colmenareño. Desde la oposición se critica que el equipo de gobierno “ha estado más preocupado por preparar su defensa que por solucionar los problemas de los vecinos de Colmenar” y denuncian que la gestión del Consistorio está “plagada de irregularidades administrativas”.

En declaraciones tras el Pleno, desde Ganemos Colmenar afirman que ha sucedido “lo previsible”. “No había voluntad real para llegar a un acuerdo y hoy se ha visto”, asegura el portavoz, Mariano Martín. El portavoz de Ciudadanos Colmenar Viejo, Jaime Bedia, también ha lamentado lo ocurrido. “Ciudadanos apostó desde el primer minuto por un candidato de consenso”, ha aclarado.

Fernando del Valle, portavoz socialista en el consistorio, ha ido más allá al calificar la situación de “esperpéntica”. Además, ha afeado el carácter “barriobajero” de la sesión plenaria, en la que, según el socialista, se han pronunciado “insultos y descalificaciones personales gratuitas”.

Desde la dimisión de Miguel Ángel Santamaría, Ganemos Colmenar intentó “constituir un gobierno cuatripartito en el que todos los partidos de la oposición estuvieran integrados en función del peso obtenido en las elecciones”, obteniendo ellos el peso mayor al ser el partido con más número de concejales electos. Así las cosas, Mariano Marín se postulaba como única alternativa a los 25 años de mandato popular. Tras varias reuniones entre la oposición e incluso un encuentro conjunto de los cuatro grupos municipales, las conversaciones “no habían avanzado mucho”, pero se continuaba cierta línea de diálogo.

El supuesto veto de Ciudadanos al candidato de Ganemos Colmenar se percibió como definitivo tras las declaraciones de Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, en las que aclaró la posición de la formación naranja. “No gobernaremos con partidos populistas”, aseguró en clara referencia a la candidatura de Mariano Marín durante una visita al parque canino del municipio madrileño. En ese momento, Ganemos Colmenar exigió una rectificación y reconoció que las declaraciones de Aguado no constituían “un buen punto de partida” ya que en Ciudadanos “no habían entendido lo que se estaba poniendo sobre la mesa, que era un gobierno integrador”.

Ciudadanos no asistió a la última reunión de negociación, pocas horas antes de la celebración del pleno. Ya entonces el portavoz socialista hablaba de “callejón sin salida”, a pesar de que desde el PSOE aceptaban apoyar a Mariano Marín si el resto de la oposición lo hacía. Fernando del Valle llegó incluso a ofrecerse como una suerte de tercera opción de candidato mediador a la alcaldía, candidatura que tampoco ha logrado los apoyos necesarios.

Según Del Valle, en Colmenar continúa un equipo de gobierno procesado “gracias a la imposición de Ganemos de ocupar la Alcaldía y al veto de Ciudadanos, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico” a la candidatura de unidad popular. Ciudadanos, sin embargo, justifica no haber apoyado una alternativa al PP calificando lo ocurrido como “una pinza entre PP y Ganemos” y opina que la propuesta de Ganemos ha sido “de todos menos transparente”.

Como consecuencia de los desencuentros entre los diferentes partidos de la oposición y ante la dificultad del Partido Popular de encontrar un candidato sin cuentas pendientes con la justicia, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo estará dirigido por un alcalde que se enfrenta a dos años de prisión y ocho de inhabilitación. El equipo de gobierno resultante tras la salida de Miguel Ángel Santamaría consta de cinco concejales procesados de los nueve que aporta la lista popular.

Junto a Jorge García Díaz y Miguel Ángel Santamaría, otros cuatro concejales del mismo grupo municipal se sentarán en el banquillo por las mismas causas. Hasta ahora solo Santamaría ha presentado su dimisión y, lejos de dimitir, García Díaz a día de hoy preside el Consistorio de Colmenar.

El pasado 8 de noviembre salía a la luz que el juzgado de instrucción número 3 del municipio había abierto juicio oral a Santamaría y su equipo por la concesión de 16 licencias urbanísticas de primera ocupación de manera irregular y en contra de los informes de los técnicos municipales. El anterior alcalde José María Federico, cinco concejales del equipo anterior y otros cinco del actual también serán juzgados por los mismos hechos.

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebrará el próximo 25 de noviembre, el Ayuntamiento de Madrid presenta una campaña para que se deje de culpabilizar a las víctimas de las agresiones machistas.

Mediante mensajes en redes sociales e información en carteles publicitarios, el consistorio de la capital intentará desmontar los esterotipos creados alrededor de este tipo de violencia. La idea es que los madrileños, especialmente los hombres más jóvenes, cambien la dinámica imperante de culpabilizar a la víctima de la violencia machista y se conciencien de que el único culpable de estos ataques es el agresor.

La iniciativa rompe con los mensajes que tradicionalmente han imperado en las campañas institucionales contra la violencia machista, focalizadas en la mujer y en consejos sobre el beneficio de denunciar. En esta ocasión Madrid quiere dar la vuelta a frases que con frecuencia escuchan las mujeres y lo hace con el recurso gráfico de tachar parte de las mismas en los carteles que difundirá.

Algunos de los mensajes que ha puesto en marcha son “Día de con esa ropa vas pidiendo guerra en la fiesta”, “Día de estaba borracha y se dejaba hacer de todo en el cumpleaños”, “Día de ese parque no lo cruzo sola por la noche ni loca” o “Día de tía buena, maciza, dime cómo te llamas para poder pedirte a los reyes”. Al tachar parte de los mismos se convierten en: “Día de fiesta”, “Día de cumpleaños”, “Día de la noche loca” y “Día de reyes”.

“La culpabilización lleva a un tabú”

Isabel Mastrodomenico, directora de la Agencia de Comunicación y Género, opina que los lemas elegidos por el Ayuntamiento para esta campaña “son frases con mucho impacto a nivel comunicativo” y le parece “muy bien” que se hable de las violencias de este tipo.

No obstante, recalca que este tipo de planes de concienciación siempre tienen que ir acompañados una labor pedagógica por parte de las instituciones. “Está muy bien poner estos temas encima de la mesa pero hay que profundizar en ellos”, dice. Además, ha puntualizado que aunque los mensajes vayan dirigidos a la violencia machista en el entorno social, “no hay que olvidar que el 88% de las agresiones machistas son por personas conocidas”.

Desde la Fundación de Mujeres Jóvenes acogen esta acción con positivismo. Creen que perspectivas como las de esta campaña son “muy necesarias”, ya que “la culpabilización lleva a un tabú” que impide a muchas mujeres denunciar los ataques. Asimismo, consideran pertinente que vaya especialmente dirigida a la población masculina, “los hombres tienen un papel muy importante en la erradicación de esta lacra”, dicen.

En lo que va de año 39 mujeres han sido asesinadas por violencia machista y, según datos del Ministerio del Interior, cada 8 horas se produce una violación a una mujer en nuestro país. Así lo ha explicado Marta Higueras, durante la presentación de la campaña, calificándolo de “dato escalofriante”. Sin embargo, ha matizado que “Nunca son suficientes los esfuerzos para luchar contra este atentado contra los derechos humanos”.

El Congreso no prevé un mecanismo para que los diputados puedan renunciar a la dieta extra que reciben para afrontar los gastos para su manutención cuando se presentan por una circunscripción distinta a Madrid, pero tienen alojamiento en la comunidad. Es el caso de 41 parlamentarios de los que han presentado su declaración de bienes en la Cámara Baja.

El reglamento del Congreso recoge una “indemnización” para que los diputados afronten los “gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función”. La cuantía, exenta de tributación, es de 870 euros para los parlamentarios que concurren a las elecciones por Madrid y asciende a 1.823 para los que se presentan por cualquier otra provincia. La diferencia se explica por la necesidad de costearse un alojamiento en Madrid para desarrollar el trabajo parlamentario.

De los 315 diputados que tienen derecho a esa asignación extra, 41 de los que tienen su declaración de bienes en la web del Congreso cuentan con al menos una vivienda en Madrid. Fuentes de la Cámara Baja admiten que no hay previsto un mecanismo para que puedan renunciar a percibir esa cantidad en el caso de que cuenten ya con un alojamiento en la región. Solo el exdiputado Alfred Bosch envió en su etapa como parlamentario un escrito en la Mesa del Congreso para renunciar a la dieta.

Todos los partidos afirman a eldiario.es que no pueden rechazar el dinero extra que perciben los diputados de otras circunscripciones, pese a tener una vivienda en Madrid. Cada grupo trata el asunto de una forma distinta.

La mayoría de los parlamentarios que tienen al menos una casa en Madrid son del PP (23), además de cuatro ministros que ocupan un escaño (María Dolores de Cospedal, Rafael Catalá, Íñigo Méndez de Vigo y Fátima Báñez). Los conservadores perciben el sueldo íntegro.

Ocho socialistas están en esa misma situación. Los parlamentarios del PSOE incorporan esa indemnización a su salario total, del que ceden una parte proporcional al partido. Fuentes socialistas explican que la asignación no hace referencia en exclusiva al gasto por alojamiento sino a los generales que “origine la actividad de la Cámara”. “El concepto es genérico”, apuntan esas fuentes oficiales, que sostienen que debe ser la Mesa del Congreso la que acuerde un “cambio de criterio”.

En el caso de Unidos Podemos, son cinco los representantes que se benefician de la dieta por alojamiento y tienen otro en Madrid. Los pertenecientes a la formación de Pablo Iglesias (Miguel Vila, Juan Manuel del Olmo, Rosana Pastor y Gloria Elizo) reciben en neto tres veces el salario mínimo interprofesional más un porcentaje en el caso de tener cargas familiares. Desde Podemos insisten en que “no se puede renunciar” a esa indemnización. El resto de la asignación por ocupar un escaño lo donan al proyecto Impulsa, con el que Podemos subvenciona proyectos sociales.

Juan López de Uralde, diputado de Equo, que se presentó por Álava y dispone de vivienda en Madrid, explica a eldiario.es que no existe la opción de evitar que el Congreso le pague esa asignación y que, en su caso, lo dona a la formación.

Toni Cantó (Valencia) e Irene Rivera (Málaga) son los dos diputados de Ciudadanos que disponen de vivienda en Madrid. La formación de Albert Rivera anunció que los parlamentarios que se encontraran en esa situación donarían la dieta a fines sociales.

15 personas de entre 16 y 21 años han sido detenidas este martes acusadas de delitos de odio y lesiones por propinar una paliza a un menor el pasado 12 de octubre en Madrid. La Jefatura Superior de la Policía de Madrid vincula el ataque a miembros de Bukaneros y Distrito 14 que consideraron a los agredidos como personas de “ideología contraria”.

Agentes de la Brigada Provincial de Información han detenido a 14 personas, dos de ellas menores, a primera hora de esta mañana, y a otro menor esta misma tarde. La mayoría de las detenciones se han producido en Madrid capital aunque también se han producido arrestos en Boadilla del Monte y en Villacastín (Segovia). Los hechos se produjeron en el distrito de Retiro.

La operación, que continúa abierta, comenzó a raíz del ataque a S.S.V, de 17 años, durante la madrugada del 12 de octubre en la calle Téllez. Según la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, los detenidos se acercaron a un grupo del menores con intención de agredirles. Todos escaparon en distintas direcciones menos S.S.V., que fue alcanzado.

Tal y como informa la Policía, uno de los detenidos empujó a la víctima contra la puerta de un comercio y le hizo caer al suelo. Fue entonces cuando el resto del grupo comenzó a propinarle patadas mientras le increpaban. Al parecer los agresores confundieron a las víctimas con otro grupo que había estado en es ese mismo lugar y momentos antes cantandola marcha 'Cara al Sol'.

Según la Jefatura Superior de la Policía, “algunos son de Bukaneros y de Distrito 14”, pero no se concreta cuántos agresores pertenecen a cada grupo ultra y si hay alguno que no esté relacionado. El pasado mes de julio, varios miembros de Distrito 14 también fueron detenidos acusados de organizar una “caza del pijo” en las fiesta del barrio de Moratalaz.