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La Comunidad de Madrid quiere imponer sanciones de hasta 45.000 euros por insultos en redes sociales

El gobierno regional ha aprobado este martes un proyecto de ley contra la incitación al odio, la discriminación y la intolerancia 

La CAM se personará como acusación particular en los procesos penales por acciones de incitación al odio, según recoge el proyecto de Ley

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Cristina Cifuentes, candidata del PP a la Comunidad de Madrid

Entre 3.000 y 45.000 euros. Esta es la cantidad a la que se enfrentarán los madrileños por emitir mensajes que, a ojos del Gobierno regional, contengan un componente de discriminación, intolerancia o incitación al odio. Así lo establece el proyecto de Ley sobre la Igualdad de Trato y la Protección contra las Acciones de Incitación al Odio, la Discriminación y la Intolerancia, que el Consejo de Gobierno ha aprobado de forma definitiva este martes. 

En palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la norma "presta una especial atención a todo tipo de actos que se puedan cometer a través de las redes sociales o internet". "Tiene una carácter integral porque trata de reprimir todo tipo de conductas que puedan promover al odio", ha afirmado.

Si el proyecto de Ley es aprobado en la Asamblea, la Comunidad de Madrid como institución podrá personarse como acusación particular en los procedimientos que trasciendan del ámbito administrativo por acciones que "inciten al odio". Así, "expresarán su atención y apoyo a las víctimas de tratos discriminatorios" en los procesos penales, han comunicado.

Cuando la Comunidad de Madrid tenga conocimiento de un supuesto caso de discriminación, acto de intolerancia, o acciones que puedan incitar al odio, pondrá en marcha el correspondiente procedimiento sancionador, en el que se podrán acordar las medidas necesarias para investigar el caso y corregirlo.

Las infracciones podrán ser leves, (con multa de hasta 3.000 euros), graves (con sanciones de entre 3.001 y 20.000 euros), y muy graves (con castigos de entre 20.001 y 45.000 euros). La gravedad de las acciones dependerá, "de los daños causados, la permanencia de las repercusiones, el número de personas afectadas, la intencionalidad del infractor y la reincidencia".

Además de las redes sociales e internet, la aplicación de esta norma se extenderá a los ámbitos de los medios de educación, la educación, la sanidad, los servicios sociales, el empleo, el acceso a bienes y servicios, incluida la vivienda, el deporte, la cultura, el acceso a espacios públicos y a la participación en organizaciones de interés social o económico. 

El objetivo de este proyecto de Ley es, según el Gobierno madrileño, "garantizar los derechos humanos, las libertades fundamentales, y el respeto por la dignidad de la persona". Sin embargo, a través de Twitter ya ha recibido las primeras críticas, de aquellos que que consideran esta propuesta como una afrenta a la libertad de expresión.

Junto con esta función preventiva, la Comunidad también desarrollará un Observatorio para la Igualdad de Trato y un protocolo de atención a las víctimas de odio e intolerancia. La idea es que dicho protocolo recoja desde asesoramiento hasta asistencia sanitaria. 

Para que este proyecto de Ley se haga efectivo debe ser aprobado por la Asamblea de Madrid, cuestión aún por decidir al existir un empate de fuerzas entre diputados y del Partido Popular y Ciudadanos y del PSOE y Podemos. El Partido Socialista, por su parte, ha presentado este mismo martes una Proposición de Ley similar a la planteada por el Gobierno. 

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