Poco antes de las ocho y media de la tarde, el Sindicato de Inquilinas enviaba un comunicado que ha dejado a la sociedad española con el corazón helado. Maricarmen, convertida en símbolo de la lucha por la vivienda después de haber sido desahuciada por una empresa especuladora, ha fallecido este miércoles. Ya no podrá volver a su casa del barrio del Retiro en la que vivía desde hace siete décadas. “No son muertes, son asesinatos”. “Maricarmen vive, la lucha sigue”. Centenares de personas se han movilizado desde la asamblea de Sol –corazón neurálgico de las protestas desde el 26 de septiembre– para manifestarse frente al Congreso de los Diputados.

Varias lecheras acordonan la entrada de la sede de la soberanía nacional mientras otros tantos policías vigilan varias entradas y salidas para que los manifestantes no crucen el perímetro policial. El enfado es enorme entre los asistentes. Hay una mezcla de rabia, tristeza, indignación, pena, frustración. “Estoy enfadadísima, la verdad”, explica Aza. “Cuando se echa de su casa a una señora de 87 años, y se muere a los pocos días después, lo único que demuestra [ese hecho] es que la han asesinado quienes la han echado en primera instancia”. “Estoy cabreadísima, me siento muy triste, porque parecía que Maricarmen iba a volver a su casa”, lamenta. “Aunque fuera un parche, daba cierta esperanza, pero la realidad es otra”.

“La realidad es que esta señora ha sido apaleada por los medios, por el Estado, por los fondos buitre y por todos aquellos que han sido cómplices en su asesinato”, afirma la joven. “Porque es un asesinato”, insiste“. ”Asesinos, asesinos“, es otro de los gritos de indignación que se escuchan durante esta noche en la Carrera de San Jerónimo. Sobre las nueve y media de la noche, hay un minuto de silencio en respeto a Maricarmen. La gente extiende las manos y rota rápidamente las muñecas, en señal de homenaje. ”No toleramos ni un desahucio más“, gritan todos ellos, mientras los agentes de la Policía Nacional siguen cerrando el paso.

“A Maricarmen la ha matado el capital”, responde Gema, de 30 años, cuando es preguntada. Esta joven, que se siente muy orgullosa de su generación por haber impulsado este movimiento, cree que el camino lo marca el trabajo de base, siguiendo el ejemplo del Sindicato de Inquilinas. “La única solución es la organización, a corto y largo plazo. En tu barrio, con tus vecinas, con tus amigas”, afirma.

Gema cree que el capitalismo rentista, en este caso, no ha conseguido lo que quería. “Que estemos dormidas”. “Querían hacer que sintiéramos frío ante las desgracias de los demás, y en cambio, estamos más despiertas que nunca, porque lo que le afecta al resto, me afecta a mí también”, añade. Aza coincide en que hay que concebir la vivienda “como un bien social, como algo filosóficamente intrínseco a la vida”. “No puede ser algo que esté completamente desligado de ella y que sea un bien de mercado”, advierte porque, de lo contrario, Maricarmen solo será uno de otros tantos casos que se seguirán repitiendo, agrandando la crisis de vivienda que acaba derivando en una crisis social. “Esto no se puede repetir: jugar con la vivienda es jugar con la vida de la gente”, protesta esta joven.

Alejandra, de 22 años, lleva desde el domingo –un día después de la primera manifestación– protestando. “Estos días han sido muy emocionantes, aunque también estamos cansadas. Seguimos, sobre todo, con fuerza”, afirma. Pese a la lluvia, pese a los intentos de grupos ultraderechistas y neonazis de sabotear la acampada, y pese al paso de los días. Su amiga Irinea, de 26 años, se siente “devastada”, después de haber conocido la noticia del fallecimiento de Maricarmen. 

“Siento que esta última semana ha sido bastante cansada. Estamos muy empoderadas pero el cansancio se nota. Y esto ha sido un bajón”, reconoce. La joven siente el peso del paso de los días, como otros muchos jóvenes. “Creo que esto podría ser un punto de inflexión, que nos lleve un poco más arriba porque estos días están siendo duros”, repite. “La han asesinado”, añade y emplaza a las instituciones a la reflexión.

“Las protestas son contra los especuladores, sean de derechas o de izquierdas, contra todos los especuladores que están jodiendo la Comunidad de Madrid y este país”. Alejandra, en la misma línea, cree que una de las enseñanzas del 15M es que “hay que luchar desde los barrios, todas juntas, mediante la organización sindical”, en lugar de crear nuevos partidos políticos que terminen apoderándose de la fuerza social. “Es muy frustrante como persona que está ahí luchando, ver cómo se politiza, no de una manera buena, la lucha”, lamenta, en referencia a la tendencia de la política institucional de sacar rédito a los movimientos sociales.

Desde que el Sindicato de Inquilinas convocara la manifestación del 26S, la vivienda ha pasado a ocupar el debate político. Tanto es así que se llevaron al Congreso de los Diputados dos decretos por la vivienda que se aprobaron en Consejo de Ministros y fueron derogados el pasado viernes –con los votos en contra de PP, Vox y Junts, y también del PNV, en el caso del segundo–. Un nuevo decreto –el que pedía aprobar el Sindicato fue bautizado como Decreto Maricarmen– ha sido aprobado esta semana en el Consejo de Ministros y espera ser convalidado en la Diputación Permanente, después de que Pedro Sánchez haya convocado elecciones generales para el 29 de noviembre.

“Siento mucha pena, mucha tristeza”, dice Alejandra, tras el fallecimiento de Maricarmen. “Lo primero que he pensado es que ella no ha muerto, ha sido un asesinato”. Este es el sentir mayoritario entre las personas que se agolpan esta noche frente al Congreso. “Rentistas culpables, Gobierno responsable”, vuelven a gritar al unísono. 

Naiara, de 22 años, cree que hay que seguir “luchando juntas”, en las plazas y en los barrios. “Me gusta mucho que, al menos, por fin nos estén escuchando. No solo se hace ruido desde un lado, desde la izquierda también hacemos ruido”, opina. “Estamos muy enfadadas pero también muy unidas y somos un montón”. A pocos minutos antes de las diez de la noche, la Carrera de San Jerónimo sigue llena. Algunos turistas miran atónitos a su alrededor, sin entender lo que pasa.

En Sol, los acampados han estado achicando agua y arreglando las goteras estos días para poder dormir. “El ambiente está decaído por Maricarmen, pero tenemos ganas de seguir aquí”, asegura Pablo, de 21 años, que añade que estos días han sido “tensos” y “difíciles” por la lluvia. “Aun así, nos hemos organizado bastante bien, arreglando goteras y haciendo comunidad”. “Cuando hay problemas los solucionamos con mediación y con paz. Estamos bastante orgullosos, todo se ha hecho con pacifismo”, explica. Y que él, como tantos otros jóvenes de Sol, sueña con “un cambio de verdad”.

El PSOE d’Eivissa ha acusat l’alcalde de la ciutat, Rafa Triguero (PP), de governar “a cop d’escàndol”, en el marc del cas que ha precipitat la dimissió de la regidora del PP, Ana Ferrer Prohías, després que el seu marit fos detingut per la seva presumpta implicació en una trama de blanqueig de capitals, narcotràfic i pertinença a una organització criminal. Mentre que el seu marit, José Luis Cortés Cortés, ha estat traslladat a Madrid en un cas que investiguen l’Audiència Nacional i la Fiscalia Especial Antidroga, Ferrer Prohías no és investigada per les autoritats.

Malgrat que la imatge que Ferrer Prohías projectava estava principalment relacionada amb l’esport –va ser esportista d’elit–, la parella també és coneguda per haver portat un alt nivell de vida, cosa que també era visible en algunes publicacions a les seves xarxes socials. Aquelles imatges van desaparèixer del perfil de la regidora després que la informació sortís a la llum. Ara, a més, dos dels seus comptes personals són privades. Ni l’Ajuntament ni el PP de l’illa volen fer més valoracions sobre el tema, de moment.

Ferrer, en qualsevol cas, no és investigada per les autoritats pels fets atribuïts al seu marit. L’alcalde ha demanat “prudència” fins que es conegui la veracitat dels fets i es resolgui el procediment judicial. Triguero també ha apel·lat al patiment de Ferrer i dels seus dos fills menors i ha defensat que la mateixa exregidora desconeixia l’abast de la investigació. “És una mare amb un fill i una filla menors que no ho estan passant gens bé i [la detenció del pare] els està afectant molt. Vull transmetre que, fins que no es conegui la veracitat [del cas] i la sentència, cal prudència, perquè ni la mateixa Ferrer coneix l’abast d’aquesta qüestió”, ha afirmat l’alcalde.

El PSOE, però, sosté que la petició de prudència no resol les preguntes sobre l’actuació de l’Ajuntament. La formació considera que Triguero ha d’explicar no només les circumstàncies que van envoltar la renúncia, sinó també la seva pròpia actuació des que va tenir coneixement de la detenció. “Aquesta falta de transparència no és un fet aïllat, sinó que respon a una manera de governar que ja hem vist en altres assumptes que afecten directament l’alcalde”, afirmen.

Els socialistes es refereixen a els moviments de l’alcalde per aconseguir un habitatge de preu limitat (VPL). Una VPL és una figura creada per la llei balear d’habitatge que permet convertir locals i oficines en habitatges amb límits de preu i requisits d’accés per ampliar l’oferta residencial. Per als socialistes, es tracta d’un altre episodi en què el Govern municipal hauria donat explicacions després que la informació transcendís i la pressió pública l’obligués a reaccionar.

“En lloc d’avançar-se, explicar els fets i actuar amb transparència, Triguero espera, deixa passar els dies i només mou fitxa quan l’escàndol ja és públic”, sosté la formació. L’oposició considera “especialment greu” que aquesta mateixa manera d’actuar es repeteixi, segons la seva valoració, en assumptes que “afecten el mateix alcalde”, com també membres de l’Executiu local. “Quan hi ha dubtes, informació que no s’explica o decisions que arriben tard, Triguero no pot pretendre que la ciutadania simplement giri full”, insisteix el PSOE.

La dimissió

Els socialistes qüestionen que Triguero presenti ara la sortida de la regidora “com una decisió estrictament personal” quan el mateix PP reconeix, i l’alcalde va afirmar posteriorment en declaracions públiques, que ja coneixia la voluntat de Ferrer de renunciar i li havia traslladat que “considerava convenient formalitzar-la”. Així, el PSOE, principal grup de l’oposició a l’Ajuntament, considera “insuficients” les explicacions donades per l’alcalde sobre la renúncia de la regidora. Així mateix, exigeixen al batlle que expliqui “què sabia, quan ho sabia i què va fer durant els 10 dies previs a l’anunci de la dimissió”.

La detenció de Cortés Cortés es va produir el 21 de setembre, segons El País. Tanmateix, no va ser fins al diumenge 4 d’octubre quan el PP va fer pública una nota de premsa informant de la dimissió de Ferrer, un dia després que el cas sortís a la llum. “Si Triguero ja sabia que Ana Ferrer volia deixar el càrrec i ell mateix considerava convenient formalitzar-ne la renúncia, per què no es va fer pública abans?”, es pregunten els socialistes. “Què va passar durant aquests deu dies?”, afegeixen.

Els socialistes consideren que Triguero no es pot limitar ara a comunicar la renúncia i donar el cas per tancat. Així, reclamen que l’alcalde expliqui la seqüència dels fets i, especialment, quan va tenir coneixement de la detenció del marit de Ferrer i quines decisions va prendre des d’aquell moment fins diumenge passat, almenys deu dies després d’haver conegut la informació sobre l’arrest.

El mateix Triguero va explicar que es va reunir amb Ferrer a principis de la setmana passada, quan el seu marit ja havia estat detingut. Segons l’alcalde, la regidora li va traslladar “part de la informació que ella tenia, que no era gaire”. Tots dos van acordar que Ferrer tenia “l’obligació de dimitir” i, segons Triguero, ella va manifestar la seva voluntat d’abandonar el càrrec.

El PP va confirmar la renúncia diumenge al vespre mitjançant un comunicat. Segons el partit, Ferrer havia comunicat la setmana anterior a l’alcalde la seva decisió d’abandonar la corporació municipal, primer verbalment i posteriorment per escrit, al·legant motius personals i familiars. És precisament aquesta successió d’esdeveniments la que el PSOE reclama que s’aclareixi. El principal partit de l’oposició vol saber què va passar durant els dies transcorreguts entre el moment en què Triguero va tenir coneixement de la situació i l’anunci públic de la dimissió.

Els socialistes consideren especialment rellevant determinar si l’alcalde “hauria actuat exactament de la mateixa manera si la situació no hagués transcendit públicament”. La pregunta, sostenen, afecta la manera com l’Ajuntament va respondre políticament a una situació que va acabar provocant la sortida d’una integrant del Govern municipal.

“Em sorprèn que parlin d’habitatge”

Guadalupe Nauda, regidora d’Unides Podem, posa el focus en la contradicció que, a parer seu, existia entre el paper institucional de Ferrer i l’activitat atribuïda al seu marit. Nauda subratlla que la regidora “no està imputada ni investigada”, però qüestiona que pogués beneficiar-se de l’activitat empresarial del seu marit i que continués participant en els debats municipals mentre, segons la seva valoració, ell desenvolupava activitats vinculades a l’especulació immobiliària.

“A mi el que em sorprèn és que s’asseguin en un ple a parlar d’habitatge, a parlar de les persones sense llar, a parlar de la gent que malviu en una caravana”. La regidora d’Unides Podem considera especialment contradictori que Ferrer participés en debats sobre l’accés a l’habitatge mentre el seu marit estava, segons sosté, relacionat amb operacions “d’especulació immobiliària”. “Com a mínim no diguis res, no et presentis, no hi siguis, però no siguis en un lloc defensant que la gent vulnerable no pugui accedir a l’habitatge quan el teu marit hi està especulant”, afirma.

Així mateix, Nauda critica el paper que Ferrer exercia dins l’Ajuntament, ja que només va estar un any al capdavant de la regidoria d’Esports. Després, va renunciar per motius personals i familiars, tot i que va mantenir un càrrec a la Fundació Municipal del Patronat d’Esports. La portaveu recorda que ja s’havia plantejat en diverses ocasions quina era la funció de la regidora després que li retiressin algunes àrees de gestió i quedés, segons el seu relat, limitada fonamentalment a la seva presència als plens. “Estava ocupant un espai sense gestionar cap cartera i cobrant els diners públics de tots nosaltres”, sosté Nauda.

La regidora també qüestiona la reacció de l’Ajuntament que presideix Triguero un cop la detenció va transcendir. A parer seu, la decisió de mantenir la situació fins que el cas va arribar als mitjans respon a una estratègia de contenció política. “Van jugar una mica al ‘mentre no surti a la premsa i ningú ho relacioni, ja que continuem igual’. Aquesta és la meva sensació”. “Perquè ells ho sabien, igual que ho sabia molta gent”, afirma.

Nauda interpreta la posterior sortida de Ferrer com una decisió condicionada pel cost polític que el cas podia tenir per al PP, tenint en compte l’horitzó electoral que s’acosta. Segons ella, la conseqüència buscada hauria estat desvincular Ferrer de l’Ajuntament i del partit davant l’impacte polític de la investigació que afecta el seu marit. “En definitiva, el que intenten és desvincular-la del Partit Popular i de l’Ajuntament, però perquè els perjudica en l’àmbit electoral”, conclou. El grup municipal de Vox ha rebutjat fer cap valoració sobre aquesta notícia.

La trama tenia 16 viles de luxe

La dimissió de Ferrer es va produir després que el seu marit fos detingut en una operació contra una presumpta organització criminal dedicada al tràfic de cocaïna i al blanqueig de capitals. La investigació és dirigida per l’Audiència Nacional i la Fiscalia Especial Antidroga i ha comportat 27 detencions, quatre de les quals a Eivissa, a més de registres en diversos punts d’Espanya i a la República Dominicana. Segons consta al Registre Mercantil, Cortés mantenia activitat empresarial en diverses societats vinculades principalment a la promoció immobiliària, la construcció, la compra de terrenys, la compravenda i el lloguer d’immobles i l’arquitectura tècnica, com també a la direcció i coordinació d’obres.

Segons la investigació, una part de l’estructura investigada utilitzava societats mercantils vinculades al sector immobiliari per introduir en el circuit legal els beneficis procedents del narcotràfic. Els investigadors van localitzar inversions en promocions, urbanitzacions i habitatges de luxe, especialment a Eivissa, Marbella i Madrid. L’organització hauria arribat a promoure i construir urbanitzacions i viles de luxe per ocultar la titularitat real dels béns i blanquejar fons. En el marc de l’operació, s’ha acordat la prohibició de disposar de setanta immobles i setze viles de luxe i s’han immobilitzat 95 propietats immobiliàries vinculades als investigats.

La investigació policial sosté que l’organització introduïa cocaïna a Europa des de Colòmbia i Panamà i que, a més de blanquejar els seus propis beneficis, hauria començat a oferir serveis de blanqueig a altres organitzacions dedicades al narcotràfic. Les investigacions van permetre vincular els investigats amb quatre confiscacions de cocaïna a Panamà que sumaven més de 1.500 quilos.

A Eivissa, la investigació va desembocar en la detenció de quatre persones, entre elles Cortés. El registre que va acabar amb la seva detenció es va produir en una urbanització de Ses Torres, al nucli de Jesús, dins el municipi de Santa Eulària des Riu. Allà es van confiscar una pistola, tres armes blanques, tres rellotges d’alta gamma, una desena de smartphones i diversos ordinadors portàtils, a més de diners en efectiu.

El PSOE de Eivissa ha acusado al alcalde la ciudad, Rafa Triguero (PP), de gobernar “a golpe de escándalo”, en el marco del caso que ha precipitado la dimisión de la concejala del PP, Ana Ferrer Prohías, después de que su marido fuera detenido por su presunta implicación en una trama de blanqueo de capitales, narcotráfico y pertenencia a organización criminal. Mientras que su marido, José Luis Cortés Cortés, ha sido trasladado a Madrid en un caso que investiga la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, Ferrer Prohías no está siendo investigada por las autoridades.

Pese a que la imagen que Ferrer Prohías mostraba principalmente estaba relacionada con el deporte –fue deportista de élite–, la pareja también es conocida por haber llevado un alto tren de vida, algo que también era visible en algunas publicaciones de sus redes sociales. Aquellas imágenes desaparecieron del perfil de la concejala después de que saliera a la luz la información. Ahora, además, dos de sus cuentas personales son privadas. Ni el Ayuntamiento ni el PP de la isla quieren valorar más el tema, por el momento.

Ferrer, en cualquier caso, no está siendo investigada por las autoridades por los hechos atribuidos a su marido. El alcalde ha pedido “prudencia” hasta que se conozca la veracidad de los hechos y se resuelva el procedimiento judicial. Triguero ha apelado además al sufrimiento de Ferrer y de sus dos hijos menores y ha defendido que la propia exconcejala desconocía la magnitud de la investigación. “Es una madre con un hijo y una hija menores que no lo están pasando nada bien y [la detención del padre] les está afectando mucho. Quiero trasladar que, hasta que se conozca la veracidad [del caso] y la sentencia, debe haber prudencia, porque ni la propia Ferrer conoce la magnitud de esta cuestión”, afirmó el alcalde.

El PSOE, sin embargo, sostiene que la petición de prudencia no resuelve las preguntas sobre la actuación del Ayuntamiento. La formación considera que Triguero debe explicar no solo las circunstancias que rodearon la renuncia, sino también su propia actuación desde que tuvo conocimiento de la detención. “Esta falta de transparencia no es un hecho aislado, sino que responde a una forma de gobernar que ya hemos visto en otros asuntos que afectan directamente al alcalde”, afirman.

Los socialistas se refieren a los movimientos del alcalde para conseguir una vivienda de precio limitado (VPL). Una VPL es una figura creada por la ley balear de vivienda que permite convertir locales y oficinas en viviendas con límites de precio y requisitos de acceso para ampliar la oferta residencial. Para los socialistas, se trata de otro episodio en el que el Gobierno municipal habría dado explicaciones después de que la información trascendiera y la presión pública obligara a reaccionar.

“En lugar de adelantarse, explicar los hechos y actuar con transparencia, Triguero espera, deja pasar los días y solo mueve ficha cuando el escándalo ya es público”, sostiene la formación. La oposición considera “especialmente grave” que esa misma forma de actuar se repita, según su valoración, en asuntos que “afectan al propio alcalde”, así como a miembros del Ejecutivo local. “Cuando hay dudas, información que no se explica o decisiones que llegan tarde, Triguero no puede pretender que la ciudadanía simplemente pase página”, insiste el PSOE.

La dimisión

Los socialistas cuestionan que Triguero presente ahora la salida de la concejala “como una decisión estrictamente personal” cuando el propio PP reconoce, y el alcalde afirmó después en declaraciones públicas, que ya conocía la voluntad de Ferrer de renunciar y le había trasladado que “consideraba conveniente formalizarla”. Así, el PSOE, principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento, considera “insuficientes” las explicaciones dadas por el alcalde sobre la renuncia de la concejala. Asimismo, exigen al primer edil que explique “qué sabía, cuándo lo sabía y qué hizo durante los 10 días previos al anuncio de la dimisión”.

La detención de Cortés Cortés se produjo el 21 de septiembre, según El País. Sin embargo, no fue hasta el domingo 4 de octubre cuando el PP hace pública una nota de prensa informando de la dimisión de Ferrer, un día después de que el caso saliera a la luz. “Si Triguero ya sabía que Ana Ferrer quería dejar el cargo y él mismo consideraba conveniente formalizar su renuncia, ¿por qué no se hizo pública antes?”, se preguntan los socialistas. “¿Qué pasó durante estos 10 días?”, añaden.

Los socialistas consideran que Triguero no puede limitarse ahora a comunicar la renuncia y dar el caso por cerrado. Así, reclaman que el alcalde explique la secuencia de los hechos y, especialmente, cuándo tuvo conocimiento de la detención del marido de Ferrer y qué decisiones tomó desde ese momento hasta el pasado domingo, al menos diez días después de conocer la información sobre el arresto.

El propio Triguero explicó que se reunió con Ferrer a principios de la semana pasada, cuando su marido ya había sido detenido. Según el alcalde, la concejala le trasladó “parte de la información que ella tenía, que no era mucha”. Ambos acordaron que Ferrer tenía “la obligación de dimitir” y, según Triguero, ella manifestó su voluntad de abandonar el cargo.

El PP confirmó la renuncia el domingo por la noche mediante un comunicado. Según el partido, Ferrer había comunicado la semana anterior al alcalde su decisión de abandonar la Corporación municipal, primero de forma verbal y posteriormente por escrito, alegando motivos personales y familiares. Es precisamente esa sucesión de acontecimientos la que el PSOE reclama que se aclare. El principal partido de la oposición quiere saber qué ocurrió durante los días transcurridos entre el momento en que Triguero tuvo conocimiento de la situación y el anuncio público de la dimisión.

Los socialistas consideran especialmente relevante determinar si el alcalde “habría actuado exactamente de la misma manera si la situación no hubiera trascendido públicamente”. La pregunta, sostienen, afecta a la forma en que el Ayuntamiento respondió políticamente a una situación que terminó provocando la salida de una integrante del Gobierno local.

“Me sorprende que hablen sobre vivienda”

Guadalupe Nauda, concejala de Unidas Podemos, pone el foco en la contradicción que, a su juicio, existía entre el papel institucional de Ferrer y la actividad atribuida a su marido. Nauda subraya que la concejala “no está imputada ni investigada”, pero cuestiona que pudiera beneficiarse de la actividad empresarial de su marido y que continuara participando en los debates municipales mientras, según su valoración, él desarrollaba actividades vinculadas a la especulación inmobiliaria.

“A mí lo que me sorprende es que se sienten en un pleno a hablar de vivienda, a hablar de las personas sin hogar, a hablar de la gente que malvive en una caravana”. La concejala de Unidas Podemos considera especialmente contradictorio que Ferrer participara en debates sobre el acceso a la vivienda mientras su marido estaba, según sostiene, relacionado con operaciones “de especulación inmobiliaria”. “Por lo menos no digas nada, no te presentes, no estés, pero no estés en un sitio defendiendo que la gente vulnerable no pueda acceder a la vivienda cuando tu marido está especulando con ella”, afirma.

Asimismo, Nauda critica el papel que Ferrer desempeñaba dentro del Ayuntamiento, debido a que solo estuvo un año ostentando la concejalía de Deportes. Después, renunció por motivos personales y familiares, aunque mantuvo un cargo en la Fundación Municipal del Patronato de Deportes. La portavoz recuerda que ya se había planteado en varias ocasiones cuál era la función de la edil después de que le fueran retiradas algunas áreas de gestión y quedara, según su relato, limitada fundamentalmente a su presencia en los plenos. “Estaba ocupando un espacio sin gestionar cartera y cobrando el dinero público de todos nosotros”, sostiene Nauda.

La concejala cuestiona además la reacción del Ayuntamiento que preside Triguero una vez que la detención trascendió. A su juicio, la decisión de mantener la situación hasta que el caso llegó a los medios responde a una estrategia de contención política. “Jugaron un poco al ‘mientras no salga en prensa y nadie lo vincule, pues seguimos igual’. Esa es mi sensación”. “Porque ellos lo sabían, igual que lo sabía mucha gente”, afirma.

Nauda interpreta la posterior salida de Ferrer como una decisión condicionada por el coste político que podía tener el caso para el PP, teniendo en cuenta el horizonte electoral que viene. Según ella, la consecuencia buscada habría sido desvincular a Ferrer del Ayuntamiento y del partido ante el impacto político de la investigación que afecta a su marido. “En definitiva, lo que intentan es desvincularla del Partido Popular y del Ayuntamiento, pero porque les perjudica a nivel electoral”, concluye. El grupo municipal Vox ha rechazado hacer ninguna valoración sobre esta noticia.

La trama tenía 16 villas de lujo

La dimisión de Ferrer se produjo después de que su marido fuera detenido en una operación contra una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y al blanqueo de capitales. La investigación está dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga y ha supuesto 27 detenciones, cuatro de ellas en Eivissa, además de registros en distintos puntos de España y en República Dominicana. Según consta en el Registro Mercantil, Cortés mantenía actividad empresarial en varias sociedades vinculadas principalmente a la promoción inmobiliaria, la construcción, la compra de terrenos, la compraventa y alquiler de inmuebles y la arquitectura técnica, dirección y coordinación de obras.

Según la investigación, una parte de la estructura investigada utilizaba sociedades mercantiles vinculadas al sector inmobiliario para introducir en el circuito legal los beneficios procedentes del narcotráfico. Los investigadores localizaron inversiones en promociones, urbanizaciones y viviendas de lujo, especialmente en Eivissa, Marbella y Madrid. La organización habría llegado a promover y construir urbanizaciones y villas de lujo para ocultar la titularidad real de los bienes y blanquear fondos. En el marco de la operación se ha acordado la prohibición de disponer de setenta inmuebles y dieciséis villas de lujo y se han inmovilizado 95 propiedades inmobiliarias vinculadas a los investigados.

La investigación policial sostiene que la organización introducía cocaína en Europa desde Colombia y Panamá y que, además de blanquear sus propios beneficios, habría comenzado a ofrecer servicios de blanqueo a otras organizaciones dedicadas al narcotráfico. Las pesquisas permitieron vincular a los investigados con cuatro incautaciones de cocaína en Panamá que sumaban más de 1.500 kilos.

En Eivissa, la investigación desembocó en la detención de cuatro personas, entre ellas Cortés. El registro que acabó con su arresto se produjo en una urbanización de Ses Torres, en el núcleo de Jesús, dentro del municipio de Santa Eulària des Riu. Allí se incautó una pistola, tres armas blancas, tres relojes de alta gama, una decena de smartphones y varios ordenadores portátiles, además de dinero en efectivo.

Fins fa uns dies, les xarxes socials de la regidora del PP a l’Ajuntament d’Eivissa, Ana Ferrer Prohías, mostraven l’alt tren de vida que duia juntament amb el seu marit, José Luis Cortés Cortés. Després que sortís a la llum l’operació policial contra el blanqueig de capitals, el tràfic de drogues i la pertinença a organització criminal que va acabar amb la detenció del seu marit, aquelles imatges de iots de luxe, vacances a la neu i vehicles d’alta gamma han desaparegut dels seus perfils. Altres fonts destaquen que Ferrer Prohías presumia habitualment de la roba que duia, així com de les seves bosses i accessoris de marques de luxe.

Durant el registre policial que va acabar amb la detenció de Cortés Cortés, en una urbanització de ses Torres —zona residencial exclusiva i molt cotitzada situada al nucli de Jesús, dins el municipi de Santa Eulària des Riu—, es va confiscar una pistola, tres armes blanques, tres rellotges d’alta gamma, una desena de smartphones i diversos ordinadors portàtils, així com centenars de bitllets de 20 i 50 euros, i feixos de 100 i 200, segons les imatges difoses per la investigació.

Aquest tren de vida havia despertat sospites d’una presumpta vinculació amb una organització criminal dedicada al tràfic de cocaïna i al blanqueig de capitals. Agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, en una operació coordinada per l’EUROPOL, van detenir l’última setmana de setembre 26 persones en territori nacional relacionades amb la trama. Una d’elles, la parella de l’edil.

La regidora del PP a l’Ajuntament d’Eivissa Ana Ferrer Prohías ha presentat la seva renúncia a l’acta de regidora després que el seu marit fos detingut en el marc de l’operació policial contra la presumpta organització criminal. El Partit Popular insular va confirmar la dimissió aquest diumenge al vespre mitjançant un comunicat, en què assenyala que Ferrer va comunicar la setmana passada al batle de la ciutat, Rafael Triguero, la seva decisió d’abandonar la Corporació municipal. Segons el partit, la regidora va traslladar inicialment la seva voluntat de renunciar de manera verbal i posteriorment la va formalitzar per escrit, al·legant motius personals i familiars.

El PSOE d’Eivissa ja havia reclamat públicament la seva dimissió i havia exigit també explicacions al batle, en considerar que l’Ajuntament havia d’oferir una resposta política i institucional davant la situació. Després de la nota de premsa difosa pel PP, queda per esclarir si el batle d’Eivissa, Triguero, era coneixedor dels detalls de la investigació que havia acabat amb la detenció del marit de Ferrer, i quines van ser les decisions que va decidir adoptar a partir d’aquell moment. L’Ajuntament no ha donat més explicacions a aquest diari de moment.

Les societats de José Luis Cortés Cortés

Cortés Cortés ha estat traslladat a Madrid en un cas que està sent investigat per l’Audiència Nacional i la Fiscalia Especial Antidroga, segons ha avançat La Voz de Ibiza i ha pogut confirmar elDiario.es. L’investigat per presumpta pertinença a organització criminal en la trama de narcotràfic i blanqueig de capitals era entrenador personal en un gimnàs i, a més, es dedicava al negoci immobiliari.

L’investigat per presumpta pertinença a una organització criminal en la trama de narcotràfic i blanqueig de capitals era entrenador personal en un gimnàs i, a més, es dedicava al negoci immobiliari

Actualment figura amb càrrecs en diverses societats vinculades principalment a aquest sector, segons consta al Registre Mercantil. És administrador únic d’Unero Espacio SL, una empresa dedicada a la compravenda i el lloguer d’immobles, la seva gestió, així com a la construcció i promoció immobiliària. També és administrador únic de Cas Mut Unero SL i Ses Torres 3 Unero SL, societats domiciliades a Eivissa els objectes socials de les quals inclouen activitats immobiliàries, promoció, construcció, compravenda i arrendament d’immobles.

La seva activitat empresarial continua amb Rodcor Ibiza SL, on figura com a administrador mancomunat, l’objecte social de la qual inclou la construcció i les activitats immobiliàries, però també el comerç, les indústries manufactureres i tèxtils i el turisme, l’hostaleria i la restauració, i amb World Unero SL, de la qual és administrador únic des de l’abril de 2026. Aquesta darrera té com a objecte principal la tinença i gestió de participacions en altres societats, per la qual cosa funciona com un holding, més que com una immobiliària pròpiament dita.

L’agost de 2026, a més, Unero Espacio SL, administrada per Cortés, va ser designada administradora única de Tri Mares Investment SL, una societat l’objecte de la qual inclou la promoció immobiliària, la compravenda de terrenys i edificacions i la construcció. Cortés hi figura com a representant d’Unero Espacio SL.

Fora del negoci immobiliari, Cortés manté també el control d’Arquitectura Técnica Viva de Intermediación SL, de la qual figura com a soci únic i administrador únic. Aquesta societat està relacionada amb l’arquitectura tècnica, la direcció i coordinació d’obres, projectes, rehabilitació, peritatges, taxacions i informes tècnics.

La declaració patrimonial de Ferrer Prohías

En la declaració de béns patrimonials d’Ana Ferrer Prohías, publicada al Portal de Transparència de l’Ajuntament després de les eleccions municipals i autonòmiques de maig de 2023, l’edil va declarar com a activitat privada principal l’administració retribuïda en el sector dels entrenaments esportius, ocupació que exercia des de maig de 2020 i per a la qual va fer constar no haver obtingut la corresponent autorització de compatibilitat.

El patrimoni immobiliari que figura a la declaració estava compost per sis immobles urbans dels quals Ferrer Prohías declarava ser titular al 100 %. Els valors cadastrals eren molt diferents entre si: des dels 6.688 euros d’una de les propietats fins als 86.919 euros d’una altra. Entremig apareixen immobles amb valors de 8.647, 27.323 i 62.663 euros. A aquest patrimoni s’hi sumava una participació del 33 % en un immoble de naturalesa rústica, amb un valor cadastral de 16.752 euros.

Segons la seva declaració de béns, la regidora posseeix sis immobles urbans

La declaració recollia també 39.102 euros en comptes i dipòsits bancaris. Ferrer Prohías atribuïa 23.800 euros a un compte bancari del qual era titular al 100 %, mentre que altres 11.975 euros corresponien a un compte d’una entitat compartit al 50 %. Els 3.327 euros restants estaven dipositats en un altre compte de titularitat compartida al 50 %. Pel que fa als vehicles, només n’hi apareixia un, el valor de mercat declarat del qual era de zero euros.

A l’altre costat del balanç hi figuraven tres préstecs hipotecaris assumits íntegrament per la regidora, amb un deute pendent d’amortització que ascendia a 162.578 euros. El més elevat, de 88.591 euros, estava vinculat al seu habitatge habitual. Els altres dos, amb saldos pendents de 40.267 i 33.719 euros, apareixien relacionats amb activitats econòmiques.

Hi ha, a més, un darrer apartat de la declaració en què amb prou feines hi ha rastre de patrimoni: les caselles corresponents a joies, obres d’art, objectes sumptuaris, valors mobiliaris, fons d’inversió i participacions en societats figuren “sense dades”.

El batle demana “prudència”

El batle d’Eivissa, Rafael Triguero, ha assenyalat que la regidora Ana Ferrer li va transmetre la seva voluntat de dimitir després de saber que el seu marit havia estat detingut en una operació contra el narcotràfic i el blanqueig de capitals, en declaracions als mitjans. El primer edil ha demanat “prudència” fins que es resolgui el cas que investiguen l’Audiència Nacional i la Fiscalia Especial Antidroga, apel·lant al patiment de Ferrer i la seva família, que afirma que no tenia coneixement de l’operació.

Triguero, que emmarca el cas en una “qüestió personal i familiar”, ha explicat que es va reunir amb la ja exregidora a principis de la setmana passada, quan el marit d’aquesta ja havia estat detingut. “Em va explicar part de la informació que ella tenia, que no era gaire. Vam acordar que tenia l’obligació de dimitir i ella tenia la voluntat d’abandonar el càrrec”, ha afirmat el batle.

“És una mare amb un fill i una filla menors que no ho estan passant gens bé i [la detenció del pare] els està afectant molt. Vull transmetre que, fins que no es conegui la veracitat [del cas] i la sentència, hi ha d’haver prudència, perquè ni la mateixa Ferrer coneix la magnitud d’aquesta qüestió”, ha afegit. També ha explicat que els següents de les llistes i que possiblement substituiran Ferrer són Alfonso Riera o Luis Conill, cosa que ocorrerà en el proper ple municipal.

El batle ha demanat 'prudència': 'És una mare amb un fill i una filla menors que no ho estan passant gens bé i [la detenció del pare] els està afectant molt. Vull transmetre que, fins que no es conegui la veracitat [del cas] i la sentència, hi ha d’haver prudència, perquè ni la mateixa Ferrer coneix la magnitud d’aquesta qüestió'

Una detenció en una vil·la de luxe dominicana

L’organització establerta a Espanya i finalment desmantellada estava vinculada, segons informació de la Policia Nacional, a destacats referents del narcotràfic internacional. S’encarregava d’introduir cocaïna a Europa des de Colòmbia i Panamà i utilitzava inversions immobiliàries, promocions i viles de luxe per blanquejar els seus propis beneficis i els d’altres organitzacions criminals, segons la investigació del cos de seguretat conjuntament amb la Guàrdia Civil.

L’organització utilitzava inversions immobiliàries, promocions i viles de luxe per blanquejar els seus propis beneficis i els d’altres organitzacions criminals

L’operació s’ha saldat amb 27 detinguts, quatre d’ells a Eivissa. A més, s’han dut a terme 38 registres en altres punts d’Espanya i a l’altra banda de l’Atlàntic, en una vila de luxe de la República Dominicana. Agents de la Policia Nacional i de l’institut armat es van desplaçar fins al país caribeny després d’haver treballat juntament amb la Direcció Nacional de Control de Drogues dominicana per materialitzar la detenció.

A Espanya, n’hi ha hagut 14 a Madrid, quatre a Eivissa, tres a Almeria, dos a Màlaga, dos a Lleó i una a Pontevedra. Dos dels detinguts estan catalogats com a High Value Target per l’EUROPOL. A més, es van executar 38 registres: 19 a Madrid, vuit a Eivissa, vuit a Andalusia, quatre a Màlaga i altres quatre a Almeria, un a Albacete, un altre a Mèrida (Extremadura) i un darrer a Pontevedra (Galícia). A més, s’han dut a terme diverses actuacions a la República Dominicana.

La Plaça Judicial 5 de la Secció d’Instrucció del Tribunal Central d’Instància de l’Audiència Nacional i la Fiscalia Especial Antidroga han dirigit la investigació, en què han participat agents de la Policia Judiciària de Portugal, i que va arrencar el setembre de 2023 a partir de l’anàlisi de plataformes de missatgeria encriptades.

Segons les primeres indagacions, entre 2020 i 2021 l’organització va establir rutes per introduir cocaïna mitjançant els coneguts mètodes del ‘ganxo cec’, rip off o contenidor ‘embarassat’, amb els quals abastia altres organitzacions criminals establertes a Espanya.

Les investigacions van permetre vincular els investigats amb quatre confiscacions de cocaïna a Panamà que sumaven més de 1.500 quilos i determinar que formaven part de la branca espanyola d’una estructura amb capacitat per introduir droga procedent de Colòmbia i Panamà mitjançant contenidors marítims. Aquests acabaven en punts de demanda de consum, com les illes.

Viles de luxe per blanquejar els diners de la droga

Una part de l’estructura es dedicava a introduir en el circuit legal els beneficis procedents del narcotràfic mitjançant societats mercantils vinculades al sector immobiliari. Els investigadors van localitzar inversions en promocions, urbanitzacions i habitatges de luxe, especialment a Eivissa, Marbella i Madrid.

L’organització hauria arribat a promoure i construir urbanitzacions i viles de luxe per ocultar la titularitat real dels béns i blanquejar els fons obtinguts del tràfic de drogues. En el marc de l’operació s’ha acordat la prohibició de disposar de setanta immobles i setze viles de luxe.

L’estructura hauria ampliat després aquesta activitat i hauria començat a oferir serveis de blanqueig a altres organitzacions dedicades al narcotràfic. D’aquesta manera, a més de blanquejar els seus propis beneficis, facilitava a tercers l’adquisició i ocultació de béns a través de les seves societats, en un model que els investigadors denominen ‘crime as a service’. La investigació atribueix així a l’organització una doble via d’ingressos: els beneficis obtinguts del tràfic de cocaïna i les comissions que cobrava per blanquejar diners d’altres xarxes criminals.

95 propietats immobiliàries immobilitzades

Durant la macrooperació s’han intervingut 271.521 euros en efectiu, 76.425 dírhams dels Emirats Àrabs Units i 1.175 dòlars, a més de bloquejar més d’1,3 milions de dòlars en criptomonedes USDT (Tether), una moneda digital el valor de la qual està vinculat al dòlar, així com quaranta vehicles d’alta gamma i dues embarcacions, detallen els agents.

En els registres es van localitzar així mateix sis armes de foc, entre elles una arma de guerra, un silenciador i altres armes prohibides, a més de més de 800 cartutxos. L’operació també ha permès bloquejar 26 comptes bancaris —tres dels quals domiciliats a Luxemburg— i més d’un centenar de persones jurídiques.

Els investigadors també han acordat immobilitzar 200 béns, com ara vehicles i altres actius, i 95 propietats immobiliàries vinculades als investigats. De moment, la investigació continua oberta i s’han tramitat cinc ordres internacionals de detenció, per la qual cosa no es descarten noves actuacions i detencions, assenyalen des de la Policia Nacional.

Hasta hace unos días, las redes sociales de la concejala del PP en el Ayuntamiento de Eivissa, Ana Ferrer Prohías, mostraban el alto tren de vida que llevaba junto a su marido, José Luis Cortés Cortés. Después de que saliera a la luz la operación policial contra el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas y la pertenencia a organización criminal que terminó con la detención de su marido, aquellas imágenes de yates de lujo, vacaciones en la nieve y vehículos de alta gama han desaparecido de sus perfiles. Otras fuentes destacan que Ferrer Prohías presumía habitualmente de la ropa que llevaba, así como de sus bolsos y accesorios de marcas de lujo.

Durante el registro policial que acabó con la detención de Cortés, en una urbanización de Ses Torres –zona residencial exclusiva y muy cotizada situada en el núcleo de Jesús, dentro del municipio de Santa Eulària des Riu–, se incautó una pistola, tres armas blancas, tres relojes de alta gama, una decena de smartphones y varios ordenadores portátiles, así como centenares de billetes de 20 y 50 euros, y fajos de 100 y 200, según las imágenes difundidas por la investigación.

Este tren de vida había levantado sospechas de una presunta vinculación con una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y al blanqueo de capitales. Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación coordinada por la EUROPOL, detuvieron la última semana de septiembre a 26 personas en territorio nacional relacionadas con la trama. Una de ellas, la pareja de la edil.

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Eivissa Ana Ferrer Prohías ha presentado su renuncia al acta de edil después de que su marido fuera detenido en el marco de la operación policial contra la presunta organización criminal. El Partido Popular insular confirmó la dimisión este domingo por la noche mediante un comunicado, en el que señala que Ferrer comunicó la pasada semana al alcalde de la ciudad, Rafael Triguero, su decisión de abandonar la Corporación municipal. Según el partido, la concejala trasladó inicialmente su voluntad de renunciar de forma verbal y posteriormente la formalizó por escrito, alegando motivos personales y familiares.

El PSOE de Eivissa ya había reclamado públicamente su dimisión y había exigido también explicaciones al alcalde, al considerar que el Ayuntamiento debía ofrecer una respuesta política e institucional ante la situación. Tras la nota de prensa difundida por el PP, queda por esclarecer si el alcalde de Eivissa, Triguero, era conocedor de los detalles de la investigación que había terminado con la detención del marido de Ferrer, y cuáles fueron las decisiones que decidió adoptar a partir de ese momento. El Ayuntamiento no ha dado más explicaciones a este diario por el momento.

Las sociedades de José Luis Cortés Cortés

Cortés ha sido trasladado a Madrid en un caso que está siendo investigado por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, según ha avanzado La Voz de Ibiza y ha podido confirmar elDiario.es. El investigado por presunta pertenencia a organización criminal en la trama de narcotráfico y blanqueo de capitales era entrenador personal en un gimnasio y, además, se dedicaba al negocio inmobiliario.

El investigado por presunta pertenencia a organización criminal en la trama de narcotráfico y blanqueo de capitales era entrenador personal en un gimnasio, y además, se dedicaba al negocio inmobiliario

En la actualidad, figura con cargos en varias sociedades vinculadas principalmente a este sector, según consta en el Registro Mercantil. Es administrador único de Unero Espacio SL, una empresa dedicada a la compraventa y alquiler de inmuebles, su gestión, así como a la construcción y promoción inmobiliaria. También es administrador único de Cas Mut Unero SL y Ses Torres 3 Unero SL, sociedades domiciliadas en Ibiza cuyos objetos sociales incluyen actividades inmobiliarias, promoción, construcción, compraventa y arrendamiento de inmuebles.

Su actividad empresarial continúa con Rodcor Ibiza SL, donde figura como administrador mancomunado, cuyo objeto social incluye la construcción y las actividades inmobiliarias, pero también el comercio, las industrias manufactureras y textiles y el turismo, la hostelería y la restauración y con World Unero SL, de la que es administrador único desde abril de 2026. Esta última tiene como objeto principal la tenencia y gestión de participaciones en otras sociedades, por lo que funciona como un holding, más que como una inmobiliaria propiamente dicha.

En agosto de 2026, además, Unero Espacio SL, administrada por Cortés, fue designada administradora única de Tri Mares Investment SL, una sociedad cuyo objeto incluye la promoción inmobiliaria, la compraventa de terrenos y edificaciones y la construcción. Cortés figura en ella como representante de Unero Espacio SL.

Fuera del negocio inmobiliario, Cortés mantiene también el control de Arquitectura Técnica Viva de Intermediación SL, de la que figura como socio único y administrador único. Esta sociedad está relacionada con la arquitectura técnica, la dirección y coordinación de obras, proyectos, rehabilitación, peritaciones, tasaciones e informes técnicos.

La declaración patrimonial de Ferrer Prohías

En la declaración de bienes patrimoniales de Ferrer, publicada en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, la edil declaró como actividad privada principal la administración retribuida en el sector de los entrenamientos deportivos, ocupación que desempeñaba desde mayo de 2020 y para la que hizo constar no haber obtenido la correspondiente autorización de compatibilidad.

El patrimonio inmobiliario que figura en la declaración estaba compuesto por seis inmuebles urbanos de los que Ferrer declaraba ser titular al 100%. Los valores catastrales eran muy distintos entre sí: desde los 6.688 euros de una de las propiedades hasta los 86.919 euros de otra. Entre medias aparecen inmuebles con valores de 8.647, 27.323 y 62.663 euros. A este patrimonio se sumaba una participación del 33% en un inmueble de naturaleza rústica, con un valor catastral de 16.752 euros.

Según su declaración de bienes, la concejala posee seis inmuebles urbanos

La declaración recogía también 39.102 euros en cuentas y depósitos bancarios. Ferrer atribuía 23.800 euros a una cuenta bancaria de la que era titular al 100%, mientras que otros 11.975 euros correspondían a una cuenta de una entidad compartida al 50%. Los 3.327 euros restantes estaban depositados a otra cuenta de titularidad compartida al 50%. En cuanto a los vehículos, solo aparecía uno, cuyo valor de mercado declarado era de cero euros.

En el otro lado del balance figuraban tres préstamos hipotecarios asumidos íntegramente por la concejala, con una deuda pendiente de amortización que ascendía a 162.578 euros. El mayor de ellos, de 88.591 euros, estaba vinculado a su vivienda habitual. Los otros dos, con saldos pendientes de 40.267 y 33.719 euros, aparecían relacionados con actividades económicas.

Hay, además, un último apartado de la declaración en el que apenas hay rastro de patrimonio: las casillas correspondientes a joyas, obras de arte, objetos suntuarios, valores mobiliarios, fondos de inversión y participaciones en sociedades figuran “sin datos”.

El alcalde pide “prudencia”

El alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, ha señalado que la concejala Ferrer le transmitió su voluntad de dimitir tras conocer que su marido había sido detenido en una operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, en declaraciones a los medios. El primer edil ha pedido “prudencia” hasta que se resuelva el caso que investigan la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga apelando al sufrimiento de Ferrer y su familia, quien afirma que no tenía conocimiento de la operación.

Triguero, que enmarca el caso en una “cuestión personal y familiar”, ha explicado que se reunió con la ya exconcejala a principios de la semana pasada, cuando el marido de esta ya había sido detenido. “Me explicó parte de la información que ella tenía, que no era mucha. Acordamos que tenía la obligación de dimitir y ella tenía la voluntad de abandonar el cargo”, ha afirmado el alcalde.

“Es una madre con un hijo y una hija menores que no lo están pasando nada bien y [la detención del padre] les está afectando mucho. Quiero trasladar que, hasta que se conozca la veracidad [del caso] y la sentencia, debe haber prudencia, porque ni la propia Ferrer conoce la magnitud de esta cuestión”, ha añadido. También ha explicado que los siguientes en las listas y que posiblemente sustituirán a Ferrer son Alfonso Riera o Luis Conill, lo cual ocurrirá en el próximo pleno municipal.

El alcalde ha pedido “prudencia”: 'Es una madre con un hijo y una hija menores que no lo están pasando nada bien y [la detención del padre] les está afectando mucho. Quiero trasladar que, hasta que se conozca la veracidad [del caso] y la sentencia, debe haber prudencia, porque ni la propia Ferrer conoce la magnitud de esta cuestión'

Una detención en una villa de lujo dominicana

La organización asentada en España y finalmente desmantelada estaba vinculada, según información de la Policía Nacional, a destacados referentes del narcotráfico internacional. Se encargaba de introducir cocaína en Europa desde Colombia y Panamá y utilizaba inversiones inmobiliarias, promociones y villas de lujo para blanquear sus propios beneficios y los de otras organizaciones criminales, según la investigación del cuerpo de seguridad en conjunto con la Guardia Civil.

La organización utilizaba inversiones inmobiliarias, promociones y villas de lujo para blanquear sus propios beneficios y los de otras organizaciones criminales

La operación se ha saldado con 27 detenidos, cuatro de ellos en Eivissa. Además, se han llevado a cabo 38 registros en otros puntos de España y al otro lado del charco, en una villa de lujo de República Dominicana. Agentes de la Policía Nacional y del instituto armado se desplazaron hasta el país caribeño tras haber trabajado junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas dominicana para materializar el arresto.

En España, ha habido 14 en Madrid, cuatro en Eivissa, tres en Almería, dos en Málaga, dos en León y una en Pontevedra. Dos de los arrestados están catalogados como High Value Target por EUROPOL. Además, se ejecutaron 38 registros: 19 en Madrid, ocho en Eivissa, ocho en Andalucía, cuatro en Málaga y otros cuatro en Almería, uno en Albacete, otro en Mérida (Extremadura) y un último en Pontevedra (Galicia). Además, se han realizado varias actuaciones en República Dominicana. 

La Plaza Judicial 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga han dirigido la investigación, en la que han participado agentes de la Policía Judiciaria de Portugal, y que arrancó en septiembre de 2023 a partir del análisis de plataformas de mensajería encriptadas.

Según las primeras averiguaciones, entre 2020 y 2021 la organización estableció rutas para introducir cocaína mediante los conocidos métodos del 'gancho ciego', 'rip off' o contenedor 'preñado', con los que abastecía a otras organizaciones criminales asentadas en España.

Las pesquisas permitieron vincular a los investigados con cuatro incautaciones de cocaína en Panamá que sumaban más de 1.500 kilos y determinar que formaban parte de la rama española de una estructura con capacidad para introducir droga procedente de Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos. Estos terminaban en puntos de demanda de consumo, como las islas.

Villas de lujo para blanquear el dinero de la droga

Una parte de la estructura estaba dedicada a introducir en el circuito legal los beneficios procedentes del narcotráfico mediante sociedades mercantiles vinculadas al sector inmobiliario. Los investigadores localizaron inversiones en promociones, urbanizaciones y viviendas de lujo, especialmente en Eivissa, Marbella y Madrid.

La organización habría llegado a promover y construir urbanizaciones y villas de lujo para ocultar la titularidad real de los bienes y blanquear los fondos obtenidos del tráfico de drogas. En el marco de la operación se ha acordado la prohibición de disponer de setenta inmuebles y dieciséis villas de lujo.

La estructura habría ampliado después esta actividad y comenzado a ofrecer servicios de blanqueo a otras organizaciones dedicadas al narcotráfico. De esta forma, además de lavar sus propios beneficios, facilitaba a terceros la adquisición y ocultación de bienes a través de sus sociedades, en un modelo que los investigadores denominan ‘crime as a service'. La investigación atribuye así a la organización una doble vía de ingresos: los beneficios obtenidos del tráfico de cocaína y las comisiones que cobraba por blanquear dinero de otras redes criminales.

95 propiedades inmobiliarias inmovilizadas

Durante la macrooperación se han intervenido 271.521 euros en efectivo, 76.425 dirhams de Emiratos Árabes Unidos y 1.175 dólares, además de bloquear más de 1,3 millones de dólares en criptomonedas USDT (Tether), una moneda digital cuyo valor está vinculado al dólar, así como cuarenta vehículos de alta gama y dos embarcaciones, detallan los agentes.

En los registros se localizaron asimismo seis armas de fuego, entre ellas un arma de guerra, un silenciador y otras armas prohibidas, además de más de 800 cartuchos. La operación ha permitido asimismo bloquear 26 cuentas bancarias –tres de ellas domiciliadas en Luxemburgo– y más de un centenar de personas jurídicas.

Los investigadores también han acordado inmovilizar 200 bienes, como vehículos y otros activos, y 95 propiedades inmobiliarias vinculadas a los investigados. De momento, la investigación continúa abierta y se han tramitado cinco órdenes internacionales de detención, por lo que no se descartan nuevas actuaciones y arrestos, continúan desde la Policía Nacional.

La regidora del PP a l'Ajuntament d'Eivissa Ana Ferrer Prohías ha presentat la seva renúncia a l'acta d'edil després que el seu marit fos detingut en el marc d'una operació policial contra una presumpta organització criminal dedicada a introduir cocaïna a Europa i blanquejar els beneficis a través d'operacions immobiliàries de luxe.

El PP d'Eivissa ha confirmat la dimissió aquest diumenge a la nit mitjançant un comunicat, en el qual assenyala que Ferrer va comunicar la setmana passada a l'alcalde de la ciutat, Rafa Triguero, la seva decisió d'abandonar la Corporació municipal. Segons el partit, la regidora va traslladar inicialment la seva voluntat de renunciar de forma verbal i posteriorment la va formalitzar per escrit, al·legant motius personals i familiars.

L'alcalde li va traslladar la conveniència de formalitzar la renúncia, una posició que, segons el PP, va ser compartida per Ferrer. La seva sortida de l'Ajuntament es farà efectiva ara conforme al procediment administratiu establert.

La dimissió es produeix després que el marit de la regidora fos detingut en una operació que ha permès, segons la investigació, desarticular una organització criminal presumptament dedicada al tràfic de cocaïna i al blanqueig de capitals. La trama hauria utilitzat societats immobiliàries i propietats de luxe per introduir i ocultar en el circuit legal els beneficis procedents de la droga, amb operacions vinculades a viles situades a Eivissa, Marbella i Madrid.

La investigació policial situa així el negoci immobiliari com una de les vies utilitzades presumptament per l'organització per blanquejar els diners obtinguts del tràfic d'estupefaents. La detenció del marit de Ferrer va precipitar la pressió política sobre la regidora, encara que no consta que l'edil estigui sent investigada per aquests fets.

El PSOE d'Eivissa havia reclamat públicament la seva dimissió i havia exigit també explicacions a l'alcalde, en considerar que l'Ajuntament havia d'oferir una resposta política i institucional davant la situació. Els socialistes havien reclamat que la institució fos “un exemple de transparència i responsabilitat política”.

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Eivissa Ana Ferrer Prohías ha presentado su renuncia al acta de edil después de que su marido fuera detenido en el marco de una operación policial contra una presunta organización criminal dedicada a introducir cocaína en Europa y blanquear los beneficios a través de operaciones inmobiliarias de lujo.

El PP de Eivissa ha confirmado la dimisión este domingo por la noche mediante un comunicado,en el que señala que Ferrer comunicó la pasada semana al alcalde de la ciudad, Rafa Triguero, su decisión de abandonar la Corporación municipal. Según el partido, la concejala trasladó inicialmente su voluntad de renunciar de forma verbal y posteriormente la formalizó por escrito, alegando motivos personales y familiares.

El alcalde le trasladó la conveniencia de formalizar la renuncia, una posición que, según el PP, fue compartida por Ferrer. Su salida del Ayuntamiento se hará efectiva ahora conforme al procedimiento administrativo establecido.

La dimisión se produce después de que el marido de la concejala fuera detenido en una operación que ha permitido, según la investigación, desarticular una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de cocaína y al blanqueo de capitales. La trama habría utilizado sociedades inmobiliarias y propiedades de lujo para introducir y ocultar en el circuito legal los beneficios procedentes de la droga, con operaciones vinculadas a villas situadas en Eivissa, Marbella y Madrid.

La investigación policial sitúa así el negocio inmobiliario como una de las vías utilizadas presuntamente por la organización para blanquear el dinero obtenido del tráfico de estupefacientes. La detención del marido de Ferrer precipitó la presión política sobre la concejala, aunque no consta que la edil esté siendo investigada por estos hechos.

El PSOE de Eivissa había reclamado públicamente su dimisión y había exigido también explicaciones al alcalde, al considerar que el Ayuntamiento debía ofrecer una respuesta política e institucional ante la situación. Los socialistas habían reclamado que la institución fuera “un ejemplo de transparencia y responsabilidad política”.

Son pasadas las tres y media de la tarde cuando empieza a chispear en el centro de Madrid. Más de mil tiendas siguen ocupando la Puerta del Sol, cuando se cumple una semana de la histórica manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas. Tras la decepción por los dos decretos Maricarmen derogados este viernes en la votación en el Congreso de los Diputados –con votos de PP, Vox y Junts en contra de ambos–, la organización sindical ha sacado a las calles a medio millón de personas, según el Sindicato–70.000 según Delegación del Gobierno–. Lucía, de 22 años y que lleva acampada desde el martes, cuenta que es consciente “desde muy pequeña” del problema de la vivienda.

Cuando estalló la crisis inmobiliaria y financiera de 2008 afectó a su familia directamente. “Fui creciendo, me fui formando, y ya cuando he sido adulta, me he interesado más”. Su tienda, justo en el centro de la plaza, mira directamente hacia la sede de la Comunidad de Madrid, donde su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al Gobierno desalojarla. “La huelga [general] es una herramienta muy eficaz, que nos puede ayudar mucho, aunque también afecta al trabajador promedio”, explica.

“Estamos ante un Congreso incapaz de sacar medidas valientes adelante por la vida de las inquilinas porque está secuestrado por el rentismo”, clamaba tras la manifestación de esta mañana una de las portavoces del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río. “Vamos a construir la huelga general que ya es un clamor social”. “La población está a favor de construir esta huelga general porque es la herramienta histórica con la que se han conquistado los derechos en este país y es la herramienta con la que vamos a conquistar el derecho a la vivienda”, añadía.

“Frustración” y “esperanza”

Lucía, que no ha ido a la manifestación para quedarse en Sol, mantiene “la esperanza” en el movimiento que se ha generado en torno al 26S. La esperanza es una de las palabras que más repiten estos días los jóvenes; también la “frustración”. “Estamos muy defraudados con el Gobierno, muy frustrados”, reconoce. Una frustración que se percibe de forma generalizada. Zero, de 19 años, también lleva acampando en Sol desde el martes. Es vecino de campamento de Lucía. “La organización es increíble”. “Se hacen grupos de whatsapp por la calle en la que estés y siempre hay gente dispuesta a ayudar”, asegura. Este joven detalla cómo se están organizando: con normas de convivencia, de respeto, y de limpieza. “Lo que veo es el respeto del uno al otro y la comunidad que se está creando”.

Asegura que le recuerda a cómo era la vida, antiguamente, en los barrios. “Salir a hablar con tus vecinos, ayudar al otro sin buscar nada a cambio”. “Y eso es lo que a mí me está llenando más, ver que podemos ser autosuficientes”, explica. 

–¿Qué sintió ayer cuando se tumbaron los dos decretos de vivienda en el Congreso?

“La verdad es que me lo esperaba, pero siempre tienes la esperanza de que vayan a empezar a hacer las cosas bien”. “Yo creo que la esperanza es lo que está moviendo todo esto”, afirma Zero. De nuevo, la esperanza. Pero también la frustración. Así fue cómo vivieron el momento en que el Congreso de los Diputados tumbó el primer decreto –con los votos en contra de PP, Vox y Junts– y del segundo –con el voto en contra de los tres primeros, y también del PNV. “Asumía que alguno caería, pero no pensaba que iban a ser los dos de golpe”, reconoce. “Cuando llegó la noticia, porque aquí la seguíamos de manera muy activa, de que habían tumbado el primero, ya asumíamos que el segundo también iba a caer”. “Y fue muy frustrante”.

Sin embargo, este joven tiene claro que quiere seguir. “Si hace falta estar un mes, pues se está un mes”. También Lucía, su compañera de lucha. “Tenemos que aprovechar la oportunidad, porque lo difícil ya está hecho, que era organizarse y salir a las calles”, explica. Y lanza un mensaje a la gente joven para que “estudiemos, no nos dejemos llevar por la ignorancia”. “El odio es muy fácil de comprar, pero lo difícil es precisamente venir aquí, querer a tu pueblo y hacer algo por ello”. “Hay que salir a las calles porque podemos cambiar las cosas”, insiste.

Debido a las lluvias que empezaron a caer estos últimos días, prácticamente todo el campamento está cubierto por toldos. Al acceder al interior, en una de las entradas de este sector –así llaman los acampados las diferentes zonas de Sol–, un grupo de mayoritariamente chicas come en el suelo. Jana, de 22 años, lleva desde el lunes manifestándose y desde el miércoles acampando. Esta mañana se ha acercado a la manifestación, desde la columna que salía de Atocha. “El ambiente era muy bueno”, explica. Para ella, como para otros jóvenes, son sus primeras protestas en torno a reivindicar la vivienda como un derecho.

–¿Cómo le afecta la crisis de vivienda?

“Ahora mismo”, explica, “soy estudiante pero también estoy trabajando por las tardes”. Estudia Trabajo Social y trabaja por las tardes para poder pagarse parte de los estudios. Se planteó estudiar en otra ciudad para poder acceder a un doble grado pero no lo vio viable. “Viendo los precios [del alquiler], te tienes que quedar con tus padres”, reconoce. De todas las propuestas que ha puesto sobre la mesa el Sindicato de Inquilinas, Jana cree que la más importante ahora mismo es “la reducción de los alquileres, porque dentro de lo que cabe creo que es lo más factible a corto plazo”. Además, cree que es necesario ampliar el parque de vivienda pública. “Si el Estado tiene más viviendas, es más fácil regular”.

Enfrente de ella está Chiara, de 20 años, que ya participó en la manifestación del sábado pasado. Después de tantos días acampando reconoce que el cansancio empieza a afectar porque “a nadie le gusta dormir en el suelo, incómodos, pasando frío y aguantando las lluvias”. Sin embargo, lo ve necesario. “Nos parece importante poner el cuerpo, aunque sea un sacrificio”. Ella cuenta que en su entorno social, la gente joven, mayoritariamente comparte sus valores. “Está de acuerdo no siempre con mis ideas, pero respeto mis derechos”, matiza.

A raíz de las manifestaciones de esta semana, que aún transversales están repletas de jóvenes de la Generación Z, siente que está habiendo “un despertar”. “Es que somos muchísimos. Es que realmente toda la gente estamos aquí preocupados por lo que nos interesa, por lo que necesitamos, por lo que creemos que es lo digno para vivir”, opina. Así, cree que no toda la gente joven es de derechas o de extrema derecha.

Belén, de 24 años, se sienta al lado de Chiara. El primer día que estuvo en la acampada fue el pasado lunes, junto a su amiga Gloria. “Pude venir porque teletrabajaba el martes, así que nos vinimos las dos, montamos la tienda y hubo amigos que nos trajeron colchón, mantas y todo lo necesario, los que no se podían quedar”, explica.

Reconoce, igual que otras compañeras suyas, que “no me lo esperaba, pero me he alegrado muchísimo” porque “es la primera vez que he sentido, en muchos años, esperanza política”. Además de las medidas concretas que ha puesto sobre la mesa el Sindicato de Inquilinas, pide una mejor cobertura mediática para explicar, políticamente, la diferencia entre grandes tenedores y pequeños propietarios. “Me parece muy importante, antes de establecer medidas o de darnos prisa con las leyes —que, por supuesto, hace falta—, diferenciar eso”, asevera.

Y pone como ejemplo, un autónomo que después de haber trabajado toda la vida se ha podido pagar un piso en contraposición de un fondo buitre que se compra un edificio entero y especula con la vivienda. Por eso, las medidas concretas, opina, no se pueden abordar de la misma manera para unos y otros. “Creo que la derecha y la ultraderecha están jugando con eso y creo que nos puede hacer mucho daño, porque hay gente que piensa que está en un grupo que obviamente no va a defender sus intereses”, lamenta.

La autoorganización: una de las claves

En otro de los sectores de Sol, cerca de la calle Mayor, un grupo de amigos charla sobre lo que está ocurriendo estos días. Josema, de 22 años, empezó a acampar el pasado domingo. “Es increíble. A mí me ha hecho recuperar la ilusión en la juventud y, ni siquiera en la juventud, en la gente. Es increíble la organización por dentro: no hay caos”, comenta. Este joven cuenta que ante cualquier contratiempo, incluido la lluvia, la gente se organiza de forma horizontal para solucionar cualquier problema.

Y en este sentido, reconoce el trabajo de base. “Yo pienso que, aunque en lo personal sí que pienso distinto, me gusta el Sindicato de Inquilinas, que es quien ha tenido el músculo de poder organizar todo esto”. “Estamos yendo todos a una para ver si así podemos hacer algo, porque somos mucho más fuertes que por separado”, considera.

En cuanto a los dos decretos tumbados este viernes, Josema no se muestra sorprendido. “Yo me lo esperaba porque, sinceramente, el PSOE sabe muy bien lo que ha hecho. Y el resto, ya sabemos cómo son”, afirma, respecto a los partidos conservadores que votaron en contra. “Aquí no se salva nadie. Tenemos una batalla contra la clase política y los de arriba”, recuerda, recordando uno de los lemas del 15M: “Somos los de abajo, y vamos a por los de arriba”.

Entre sus compañeros de sector está Emi, un joven de 20 años. 

–¿Cómo está viviendo estos días?

“Tengo muchas ganas, la verdad, y mucha ilusión por el proyecto y, sobre todo, por la causa”. “Pero al final también decepciona un poco”, reconoce, recordando las votaciones de este viernes en el Congreso de los Diputados. “Tampoco teníamos mucha esperanza, pero algo de esperanza había, ¿sabes? Y estamos aquí intentándolo. Parecía que iba a salir al menos un decreto, que encima no llevaba ni los mínimos de lo mínimo, y es que ni eso”, lamenta Emi.

Este joven, como otros, cree que hay que mantener la energía que se ha concentrado estos días en la Puerta de Sol para ir hacia la huelga general este 14 de octubre. “Es un orgullo porque, al final, tú vives tu lucha y tu causa por ti mismo y, antes de esto, yo no era consciente de que había tanta gente y de que somos muchos que nos podemos organizar muy bien”, opina. Y pone en valor la autoorganización: “Ayer [viernes] cuando empezó a llover aquí, llovió un montón. Nos organizamos todos súper bien para poner las lonas, para hacer todo esto, cada uno mirando por todo el grupo”. “Súper, súper bonito”, añade.

El motor de las movilizaciones, la acampada de Sol, se mantiene encendido cuando son pasadas las seis de la tarde. A las ocho, en dos horas, los neonazis de Núcleo Nacional han convocado una movilización. Sin embargo, los manifestantes no les tienen miedo. Este sábado, la Policía Nacional ha desplegado a 500 antidisturbios debido a la convocatoria ultra, que pretende enfrentarse a los acampados, según Vozpópuli.

De momento, la “frustración” pero también la “esperanza” para luchar continúa encendida. “Permitid que la rabia os llene el pecho y, sobre todo, mantened la cabeza alta, porque estamos orgullosas y porque estamos mirando a un horizonte más justo, esperanzador, por el que merece la pena vivir”, concluyó la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, frente al edificio del Ayuntamiento de Madrid, que preside José Luis Almeida.

El Govern vol construir una quarta dessaladora a Eivissa, malgrat l’oposició de les entitats ecologistes. L’Executiu autonòmic, que ja ha adjudicat la redacció del projecte per 943.800 euros a través de l’empresa pública de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA), s’enfronta a les crítiques de sectors socials que alerten sobre la necessitat de decréixer i millorar les polítiques hídriques pel que fa a depuració, regeneració, reutilització i tancament del cicle de l’aigua, abans d’ampliar o construir noves infraestructures. Adverteixen, a més, que les plantes dessalinitzadores tenen un consum elèctric molt elevat, en un context en què Eivissa ha patit talls en els subministraments elèctrics durant tot l’estiu, a causa d’haver assolit uns nivells de consum energètic inassumibles.

El projecte del Govern contempla una planta al municipi de Sant Josep de sa Talaia, al sud-oest de l’illa, amb capacitat per produir 15.000 metres cúbics d’aigua al dia. La redacció del projecte ha estat adjudicada a la UTE I4Water Proyectos SL–Soluciones North Line SL, amb una previsió que els treballs de redacció durin 78 setmanes. “La dessalinització depèn de l’energia, i s’està veient que aquesta dependència no és tan robusta com podria semblar”, explica Juan Calvo, director de l’Aliança per l’Aigua. “L’illa està produint més aigua dessalinitzada que mai i, tanmateix, tenim els aqüífers pitjor que mai”, lamenta.

El projecte del Govern contempla una planta al municipi de Sant Josep de sa Talaia, al sud-oest de l’illa, amb capacitat per produir 15.000 metres cúbics d’aigua al dia

Aquest estiu hi ha hagut problemes de subministrament elèctric en diversos punts de tota l’illa d’Eivissa. A més d’afectar els negocis turístics, hi va haver apagades que van afectar barris sencers. Per exemple, una avaria en el subministrament va espatllar a mitjan agost un transformador elèctric, deixant durant quatre hores sense llum un barri de veïns de Sant Antoni de Portmany. Al mateix municipi, una avaria elèctrica a la zona costanera va deixar sense subministrament 800 abonats. La tercera setmana d’agost, un altre tall va deixar sense electricitat centenars de persones de Santa Eulària des Riu i Sant Miquel de Balansat.

Fonts d’Endesa van assenyalar a aquest diari que les onades de calor d’aquest estiu es troben entre les possibles causes de les avaries registrades aquest estiu a la xarxa elèctrica de l’arxipèlag balear. L’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) va apuntar que la temperatura mitjana de l’agost ha estat de 28,8 graus, cosa que representa un increment anòmal de 3,5 graus. El juliol també va ser extremadament càlid, amb una temperatura mitjana de 28 graus i una anomalia de 2,9, i es va convertir en el juliol més càlid dels darrers 65 anys. Per aquests motius, entre d’altres, l’Aliança per l’Aigua –que defensa millorar la política hídrica insular– proposa depurar millor, reutilitzar i tancar correctament el cicle de l’aigua abans de construir una quarta dessaladora.

El Govern rebutja els arguments de l'Aliança per l'Aigua

L’Agència Balear de l’Aigua –ABAQUA, que depèn de la Conselleria del Mar i del Cicle de l’Aigua– qüestiona que es pugui establir una relació directa entre l’augment de la dessalinització i l’empitjorament de l’estat dels aqüífers. Fonts de l’organisme adverteixen que comparar les dades de 2019 amb les de 2023 –un any “extremadament sec”– per extrapolar conclusions a l’actualitat desvirtua l’anàlisi, i afirmen que “referir les conclusions només a la dessalinització és perdre la perspectiva”. D’altra banda, responen que “les accions o actuacions no han de ser excloents”, davant la pregunta de si no seria més eficient que els municipis reduïssin les pèrdues de les seves xarxes i milloressin la gestió de la demanda abans d’augmentar la producció d’aigua dessalinitzada. “Abordar-les totes de manera conjunta i simultània és probablement la manera més ràpida d’arribar a l’objectiu”. “Plantejar-ne una abans que una altra o una en substitució d’una altra és un dels errors més grans que podem cometre, ja que la resta de factors no queden immòbils”, assegura l’agència.

Així mateix, subratlla la necessitat d’analitzar factors globals com l’increment de la població resident (+3.000 habitants l’any), la pressió turística i els canvis en els patrons de pluja derivats del canvi climàtic. L’Agència Balear de l’Aigua destaca que l’augment d’aigua dessalinitzada entre 2023 i 2025 –1,5 hectòmetres cúbics, és a dir, 1,5 milions de metres cúbics, per al consum urbà, i gairebé 200.000 metres cúbics anuals en dispensadors per a camions– ha reduït les extraccions dels pous, situant les reserves de 2026 entre un 10% i un 14% per sobre de les dels dos anys anteriors. En aquest sentit, remarca que “totes les actuacions quantitativament rellevants destinades a substituir les extraccions subterrànies contribuiran, sens dubte, a la recuperació o disminució de la pressió sobre els aqüífers”.

Abaqua defensa que la gestió de la demanda, la reutilització i l’augment de recursos són mesures complementàries que han d’avançar simultàniament, i sosté que “com més mesures i com més aviat es posin en marxa, més a prop estarà l’objectiu de revertir les extraccions no sostenibles”. Així mateix, l’entitat defensa disposar de capacitat de dessalinització de reserva a través de les seves línies independents de producció, cosa que permetria aturar-les a mesura que el recurs es recuperés i “facilitaria els treballs de manteniment preventiu que obliguen a aturar-les, ara mateix molt precaritzats per l’ús intensiu de les plantes”.

Pel que fa a la proposta de recarregar els aqüífers amb aigua regenerada, l’Agència Balear de l’Aigua aclareix que “aquesta acció no és competència d’Abaqua”, sinó de la Direcció General de Recursos Hídrics. L’organisme explica que es tracta d’una actuació complexa a mitjà termini, condicionada per la salinitat de les aigües residuals i la qualitat de la depuració. Mentrestant, assenyala que Abaqua participa en projectes en marxa com la bassa de sa Rota i té en contractació tres plantes de regeneració urbana a Ses Païsses, Can Bossa i Santa Eulària per permetre “la substitució d’aigua de xarxa i, per tant, de pou o dessalinitzada, per aigües depurades posteriorment regenerades”.

En relació amb la vulnerabilitat energètica, Abaqua detalla que les obres compten obligatòriament amb certificats de disponibilitat de subministrament elèctric informats favorablement per les empreses operadores i distribuïdores. Segons explica, produir un metre cúbic d’aigua dessalinitzada requereix al voltant de 3,5 quilowatts hora d’electricitat. Per posar aquesta xifra en context, compara l’energia necessària per produir els aproximadament 1.000 litres d’aigua que utilitza al dia una família de cinc membres amb el consum d’un termo d’aigua calenta per a dues dutxes o d’un aparell d’aire condicionat durant una hora. Per això, conclou que “l’energia, tot i ser important, no ho és davant d’una possibilitat de desabastiment o de limitació d’ús”. En definitiva, sosté que “la dessalinització s’ha de considerar com una necessitat estructural per complementar les extraccions sostenibles, però també com una necessitat conjuntural per fer front a anys o períodes de sequera”.

L’empresa Abaqua afirma, davant dels arguments dels ecologistes, que 'l’energia, tot i ser important, no ho és davant d’una possibilitat de desabastiment o de limitació d’ús'

L’Aliança per l’Aigua fa una altra lectura d’aquestes mateixes dades. Segons l’informe anual de l’Observatori de l’Aigua de les Illes Balears, les tres dessaladores d’Eivissa van produir 13,94 hectòmetres cúbics d’aigua el 2025, un 65,2% més que el 2018. És a dir, les plantes van estar a prop del seu límit de producció: van utilitzar el 95,7% de la seva capacitat anual. Durant l’estiu, la pressió va ser encara més gran. Entre juny i setembre van produir per sobre de la seva capacitat mensual teòrica: un 101,5% al juny, un 108,6% al juliol, un 113,4% a l’agost i un 106,3% al setembre.

Segons l’informe anual de l’Observatori de l’Aigua de les Illes Balears, les tres dessaladores d’Eivissa el 2025 van produir per sobre de la seva capacitat mensual teòrica: un 101,5% al juny, un 108,6% al juliol, un 113,4% a l’agost i un 106,3% al setembre

A partir de les dades disponibles, l’Aliança per l’Aigua conclou que Eivissa “ja no pot substituir més extraccions d’aigua subterrània per aigua dessalinitzada amb les infraestructures actuals”. Qualsevol reducció addicional de la pressió sobre els aqüífers haurà de passar per gestionar la demanda, reduir les pèrdues a les xarxes de distribució o incorporar aigües regenerades, i no per produir més aigua dessalinitzada. De fet, el 19,1% de tota l’aigua dessalinitzada de l’illa es produeix en temporada baixa. És el percentatge més alt de les Balears. Això significa, segons interpreta l’Aliança per l’Aigua, que hi ha poc marge per augmentar la producció durant l’hivern i utilitzar més aigua dessalinitzada en lloc d’extreure-la dels aqüífers.

El model: seguir creixent

“Si el model consisteix a continuar creixent i augmentant el subministrament d’aigua per al consum urbà i turístic, evidentment no farà falta una quarta dessaladora: en faran falta cinc, sis, deu o les que siguin necessàries”, sosté Rafa Tur, portaveu de l’Aliança per l’Aigua. Tur considera que falta una estratègia que ordeni les actuacions. “El problema real és tancar el cicle de l’aigua, depurar-la correctament, reutilitzar-la i fer que torni a estar disponible”.

Si el model consisteix a continuar creixent i augmentant el subministrament d’aigua per al consum urbà i turístic, evidentment no farà falta una quarta dessaladora: en faran falta cinc, sis, deu o les que siguin necessàries

Rafa Tur — Portaveu de l'Aliança per l'Aigua

Les dades mostren, a més, que la qüestió no és únicament el pic de consum dels mesos turístics. La demanda d’aigua dessalinitzada subministrada als cinc municipis d’Eivissa va passar de 8,33 hectòmetres cúbics el 2018 a 13,53 el 2025, un increment del 62,4%. Però el creixement també és important durant els mesos d’hivern, quan el subministrament va augmentar un 76%, davant del 54% dels mesos d’estiu. Per tant, l’illa demana aigua dessalinitzada durant tot l’any, no només d’abril a octubre.

D’altra banda, el percentatge de les masses d’aigua subterrània en mal estat ha passat del 44% al 81%. És a dir, l’augment de la producció d’aigua dessalinitzada no ha millorat la salut dels aqüífers. Qualsevol reducció addicional de la pressió sobre les aigües subterrànies haurà d’aconseguir-se mitjançant una menor demanda, la reducció de les pèrdues a les xarxes o la reutilització d’aigua regenerada, sosté l’Aliança en el seu informe anual de 2025.

El percentatge de les masses d’aigua subterrània en mal estat ha passat del 44% al 81%. És a dir, l’augment de la producció d’aigua dessalinitzada no ha millorat la salut dels aqüífers

L’Aliança considera un error respondre amb un augment o construcció de noves infraestructures –depuradores, dessaladores– cada vegada que hi ha un increment de població, sigui de residents o de turistes. Aquest model té com a conseqüència que les infraestructures creixen en relació amb la pressió demogràfica, en lloc de reduir l’arribada de visitants, com també transformar les polítiques hídriques per reduir, regenerar i reutilitzar.

En aquest sentit, posen com a exemple els 25.000 metres cúbics diaris d’aigua que s’estan malbaratant a la bassa de sa Rota, a Santa Eulària. Part de l’aigua que arriba a les depuradores procedeix de xarxes amb infiltracions d’aigua marina. Segons l’Aliança, l’aigua dolça que produïm mitjançant dessalinització acaba tornant a carregar-se de sal, es depura novament com a aigua salada i finalment es torna a abocar al mar. L’entitat considera que produir aigua nova resulta inútil si el sistema no aconsegueix conservar-la per donar-li nous usos.

Regenerar i reutilitzar

Per això Calvo defensa canviar l’enfocament. “No ens podem permetre produir aigua, consumir-la, depurar-la i després llençar-la al mar”. Entre les alternatives assenyala la recàrrega dels aqüífers amb aigua regenerada, que permetria convertir les mateixes masses d’aigua subterrània en “dipòsits naturals d’aigua regenerada a la mateixa illa”. L’Aliança, tanmateix, torna a posar el focus en la necessitat de fixar els límits físics del territori, així com quins costos estem disposats a assumir per mantenir determinats nivells de consum, que poden deixar els recursos naturals, finits, en una situació delicada.

D’altra banda, la crisi climàtica –onades de calor i períodes de sequera cada vegada més intensos– empitjora encara més, si és possible, la situació. “No podem dependre de la meteorologia, i molt menys tenint en compte el que ens està proporcionant el canvi climàtic”, afirma Tur. El portaveu de l’Aliança per l’Aigua defensa que cal retenir l’aigua quan plou, afavorir la infiltració i evitar que les pluges torrencials acabin ràpidament al mar.

Finalment, demanen un pla estratègic, amb actuacions concretes, que permeti gestionar l’aigua d’una manera diferent i aconseguir així el tancament del cicle de l’aigua, principal objectiu de l’Aliança per l’Aigua. Per tant, el nucli del debat és si cada augment de la demanda d’aigua s’ha de traduir necessàriament en una nova planta dessaladora per produir-la o si, abans, el territori es pot permetre gestionar millor l’aigua que ja produeix. Mentre el cicle de l’aigua continuï obert –extraiem, dessalinitzem, consumim, depurem i tornem a abocar–, Eivissa acabarà necessitant cada vegada més dessaladores per accedir a una aigua que es podria obtenir mitjançant una millor gestió de la política hídrica insular.

El Govern quiere construir una cuarta desaladora en Eivissa, pese a la oposición de las entidades ecologistas. El Ejecutivo autonómico, que ya ha adjudicado la redacción del proyecto por 943.800 euros a través de la empresa pública de la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (ABAQUA), se enfrenta a las críticas de sectores sociales que alertan sobre la necesidad de decrecer y mejorar las políticas hídricas en cuanto a depuración, regeneración, reutilización y cierre del ciclo del agua, antes de ampliar o construir nuevas infraestructuras. Advierten, además, de que las plantas desalinizadoras tienen un consumo eléctrico muy elevado, en un contexto en que Eivissa ha sufrido cortes en los suministros eléctricos durante todo el verano, debido a que se han alcanzado topes de energía inasumibles.

El proyecto del Govern contempla una planta en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, en el suroeste de la isla, con capacidad para producir 15.000 metros cúbicos de agua al día. La redacción del proyecto ha sido adjudicada a la UTE I4Water Proyectos SL–Soluciones North Line SL con una previsión de que los trabajos de redacción duren 78 semanas. “La desalación depende de la energía, y se está viendo que esa dependencia no es tan robusta como podría parecer”, explica Juan Calvo, director de la Alianza por el Agua. “La isla está produciendo más agua desalada que nunca y, sin embargo, tenemos los acuíferos peor que nunca”, lamenta.

El proyecto del Govern contempla una planta en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, en el suroeste de la isla, con capacidad para producir 15.000 metros cúbicos de agua al día

Este verano ha habido problemas de suministro eléctrico en varios puntos de toda la isla de Eivissa. Además de afectar a los negocios turísticos, hubo apagones que afectaron a barrios enteros. Por ejemplo, un fallo en el suministro estropeó a mitades de agosto un transformador eléctrico dejando durante cuatro horas sin luz a un barrio de vecinos de Sant Antoni de Portmany. En el mismo municipio, una avería eléctrica en la zona costera dejó sin suministro a 800 abonados. La tercera semana de agosto, otro corte dejó sin electricidad a centenares de personas de Santa Eulària des Riu y Sant Miquel de Balansat.

Fuentes de Endesa señalaron a este diario que las olas de calor de este verano están entre las posibles causas de las averías registradas este verano en la red eléctrica del archipiélago balear. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apuntó que la temperatura media de agosto ha sido de 28.8 grados, lo que representa un incremento anómalo de 3.5 grados. Julio también fue extremadamente cálido con una temperatura media de 28 grados y una anomalía 2.9, convirtiéndose en el julio más cálido desde hace 65 años. Por estos motivos, entre otros, la Alianza por el Agua –que aboga por mejorar la política hídrica insular– propone depurar mejor, reutilizar, y cerrar correctamente el ciclo del agua, antes que construir una cuarta desaladora.

El Govern rechaza los argumentos de la Alianza por el Agua

La Agencia Balear del Agua –ABAQUA, que depende de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua– cuestiona que pueda establecerse una relación directa entre el aumento de la desalación y el empeoramiento del estado de los acuíferos. Fuentes del organismo advierten que comparar los datos de 2019 con los de 2023 –un año “extremadamente seco”– para extrapolar conclusiones a la actualidad desvirtúa el análisis, afirmando que “referir las conclusiones solo a la desalación es perder la perspectiva”.

Por otro lado, responden que “las acciones o actuaciones no deben ser excluyentes”, a la pregunta sobre si no sería más eficiente que los municipios reduzcan las pérdidas de sus redes y mejoren la gestión de la demanda, antes que aumentar la producción de agua desalada. “Abordarlas todas de forma conjunta y simultánea es probablemente la manera más rápida de llegar al objetivo”. “Plantear una antes que otra o una en sustitución de otra es uno de los mayores errores que podemos cometer, ya que el resto de factores no queda inmóvil”, asegura la agencia.

Asimismo, subraya la necesidad de analizar factores globales como el incremento de la población residente (+3.000 habitantes al año), la presión turística y los cambios en los patrones de lluvia fruto del cambio climático. La Agencia Balear del Agua destaca que el aumento de agua desalada entre 2023 y 2025 –1,5 hectómetros cúbicos, es decir, 1,5 millones de metros cúbicos, para consumo urbano y casi 200.000 metros cúbicos anuales en dispensadores para camiones– ha reducido las extracciones de los pozos, situando las reservas de 2026 entre un 10% y un 14% por encima de las de los dos años anteriores. A este respecto, remarca que “todas las actuaciones relevantes cuantitativamente destinadas a sustituir las extracciones subterráneas contribuirán, sin duda, a la recuperación o disminución de la presión sobre los acuíferos”.

Abaqua defiende que la gestión de la demanda, la reutilización y el aumento de recursos son medidas complementarias que deben avanzar simultáneamente, sosteniendo que “cuantas más medidas y más pronto se pongan en marcha, más cerca estará el objetivo de revertir las extracciones no sostenibles”. Asimismo, la entidad aboga por disponer de capacidad de desalación de reserva a través de sus líneas independientes de producción, lo que permitiría detenerlas a medida que el recurso se recupere y “facilitaría los trabajos de mantenimiento preventivo que obligan a pararlas, ahora mismo muy precarizados por el uso intensivo de las plantas”.

Respecto a la propuesta de recargar los acuíferos con agua regenerada, la Agencia Balear del Agua aclara que “esta acción no es competencia de Abaqua”, sino de la Dirección General de Recursos Hídricos. El organismo explica que se trata de una actuación compleja a medio plazo, condicionada por la salinidad de las aguas residuales y la calidad de la depuración. Entre tanto, señala que Abaqua participa en proyectos en marcha como la balsa de sa Rota y tiene en contratación tres plantas de regeneración urbana en Ses Païsses, Can Bossa y Santa Eulària para habilitar “la sustitución de agua de red y, por tanto, de pozo o desalada, por aguas depuradas posteriormente regeneradas”.

En relación con la vulnerabilidad energética, Abaqua detalla que las obras cuentan obligatoriamente con certificados de disponibilidad de suministro eléctrico informados favorablemente por las empresas operadoras y distribuidoras. Según explica, producir un metro cúbico de agua desalada requiere alrededor de 3,5 kilovatios hora de electricidad. Para poner esta cifra en contexto, compara la energía necesaria para producir los aproximadamente 1.000 litros de agua que utiliza al día una familia de cinco miembros con el consumo de un termo de agua caliente para dos duchas o de un aparato de aire acondicionado durante una hora. Por ello, concluye que “la energía, siendo importante, no lo es frente a una posibilidad de desabastecimiento o de limitación de uso”. En definitiva, sostiene que “la desalación debe ser considerada como una necesidad estructural para complementar las extracciones sostenibles, pero también como una necesidad coyuntural para hacer frente a años o periodos de sequía”.

La empresa Abaqua afirma, frente a los argumentos de los ecologistas, que 'la energía, siendo importante, no lo es frente a una posibilidad de desabastecimiento o de limitación de uso'

La Alianza por el Agua hace otra lectura de estos mismos datos. Según el informe anual del Observatorio del Agua de las Illes Balears, las tres desaladoras de Eivissa produjeron 13,94 hectómetros cúbicos de agua en 2025, un 65,2% más que en 2018. Es decir, las plantas estuvieron cerca de su límite de producción: utilizaron el 95,7% de su capacidad anual. Durante el verano, la presión fue todavía mayor. Entre junio y septiembre produjeron por encima de su capacidad mensual teórica: un 101,5% en junio, un 108,6% en julio, un 113,4% en agosto y un 106,3% en septiembre.

Según el informe anual del Observatorio del Agua de las Illes Balears, las tres desaladoras de Eivissa en 2025 produjeron por encima de su capacidad mensual teórica: un 101,5% en junio, un 108,6% en julio, un 113,4% en agosto y un 106,3% en septiembre

A partir de los datos disponibles, la Alianza por el Agua concluye que Eivissa “ya no puede sustituir más extracciones de agua subterránea por agua desalada con las infraestructuras actuales”. Cualquier reducción adicional de la presión sobre los acuíferos tendrá que pasar por gestionar la demanda, reducir las pérdidas en las redes de distribución o incorporar aguas regeneradas, y no por producir más agua desalada. De hecho, el 19,1% de toda el agua desalada de la isla se produce en temporada baja. Es el porcentaje más alto de Balears. Esto significa, según interpreta la Alianza por el Agua, que hay poco margen para aumentar la producción durante el invierno y utilizar más agua desalada en lugar de extraerla de los acuíferos.

El modelo: seguir creciendo

“Si el modelo consiste en seguir creciendo y aumentando el suministro de agua para el consumo urbano y turístico, evidentemente no hará falta una cuarta desaladora: harán falta cinco, seis, diez o las que sean necesarias”, sostiene Rafa Tur, portavoz de la Alianza por el Agua. Tur considera que falta una estrategia que ordene las actuaciones. “El problema real es cerrar el ciclo del agua, depurarla correctamente, reutilizarla y hacer que vuelva a estar disponible”.

Si el modelo consiste en seguir creciendo y aumentando el suministro de agua para el consumo urbano y turístico, evidentemente no hará falta una cuarta desaladora: harán falta cinco, seis, diez o las que sean necesarias

Rafa Tur — Portavoz de la Alianza por el Agua

Los datos muestran, además, que la cuestión no es únicamente el pico de consumo de los meses turísticos. La demanda de agua desalada suministrada en los cinco municipios de Eivissa pasó de 8,33 hectómetros cúbicos en 2018 a 13,53 en 2025, un incremento del 62,4%. Pero el crecimiento también es importante en los meses de invierno, donde el suministro aumentó un 76% frente al 54% de los meses de verano. Por tanto, la isla demanda agua desalada durante todo el año, no solamente de abril a octubre.

Por otro lado, el porcentaje de las masas de agua subterránea en mal estado ha pasado del 44% al 81%. Es decir, el aumento de la producción de agua desalada no ha mejorado la salud de los acuíferos. Cualquier reducción adicional de la presión sobre las aguas subterráneas tendrá que lograrse mediante una menor demanda, la reducción de las pérdidas en las redes o la reutilización de agua regenerada, sostiene la Alianza en su informe anual de 2025.

El porcentaje de las masas de agua subterránea en mal estado ha pasado del 44% al 81%. Es decir, el aumento de la producción de agua desalada no ha mejorado la salud de los acuíferos

La Alianza considera un error responder con un aumento o construcción de nuevas infraestructuras –depuradoras, desaladoras– cada vez que hay un incremento poblacional, ya sea de residentes o turistas. Este modelo tiene como consecuencia que las infraestructuras crecen en relación con la presión demográfica, en lugar de reducir la llegada de visitantes, así como transformar las políticas hídricas para reducir, regenerar, y reutilizar.

En este sentido, ponen como ejemplo los 25.000 metros cúbicos diarios de agua que se están desperdiciando en la balsa de sa Rota, en Santa Eulària. Parte del agua que llega a las depuradoras procede de redes con infiltraciones de agua marina. Según la Alianza, el agua dulce que producimos mediante desalación acaba volviendo a cargarse de sal, se depura nuevamente como agua salada y finalmente se vierte otra vez al mar. La entidad considera que producir agua nueva resulta inútil si el sistema no consigue conservarla para darle nuevos usos.

Regenerar y reutilizar

Por eso Calvo defiende cambiar el enfoque. “No podemos permitirnos producir agua, consumirla, depurarla y después tirarla al mar”. Entre las alternativas señala la recarga de acuíferos con agua regenerada, que permitiría convertir las propias masas de agua subterránea en “depósitos naturales de agua regenerada en la propia isla”. La Alianza, no obstante, vuelve a poner el foco en la necesidad de fijar los límites físicos del territorio, así como qué costes estamos dispuestos a asumir para mantener determinados niveles de consumo, que pueden dejar los recursos naturales, finitos, en una situación delicada.

Por otro lado, la crisis climática –olas de calor y periodos de sequía cada vez más acuciantes– empeora todavía más si cabe la situación. “No podemos depender de la meteorología, y mucho menos teniendo en cuenta lo que nos está deparando el cambio climático”, afirma Tur. El portavoz de la Alianza por el Agua defiende que hay que retener el agua cuando llueve, favorecer la infiltración y evitar que las lluvias torrenciales terminen rápidamente en el mar.

Finalmente, piden un plan estratégico, con actuaciones concretas, que permita gestionar el agua de forma distinta y así conseguir el cierre del ciclo del agua, principal objetivo de la Alianza por el Agua. Por tanto, el núcleo del debate está en si cada aumento de la demanda del agua debe traducirse necesariamente en una nueva planta desaladora para producirla o si, antes, el territorio puede permitirse gestionar mejor el agua que ya produce. Mientras el ciclo del agua sigue abierto –extraemos, desalamos, consumimos, depuramos y volvemos a verter–, Eivissa terminará necesitando cada vez más desaladoras para acceder a un agua que se podría alcanzar mediante una mejor gestión de la política hídrica insular.

Els calessers de Palma ja han encarregat a una empresa valenciana la fabricació dels prototips de les noves galeres elèctriques amb les quals pretenen substituir progressivament els actuals vehicles tirats per cavalls. El model, encara pendent de la corresponent valoració tècnica municipal i dels processos d’homologació i autorització, serà diferent del que ja funciona a Alcúdia i ha estat dissenyat específicament per mantenir l’estètica dels tradicionals carruatges de Palma.

“Hem demanat un model pensat per a Palma per no trencar l’estètica”, explica a aquest diari Venancio Vargas, portaveu dels calessers. La intenció, afegeix, és que el nou vehicle tingui una aparença “més senyorial” i adequada a la ciutat. Assenyala que necessiten que sigui diferent del model d’Alcúdia, més pensat per a un turisme de platja. “Cal buscar alguna cosa més bonica”, afegeix Vargas.

El prototip va ser presentat a l’Ajuntament aquest dilluns. Fonts de la Regidoria de Medi Natural i Benestar Animal expliquen que els mateixos calessers estan analitzant i valorant diferents models abans d’escollir el que considerin més adequat. Un cop presentat el vehicle, haurà de passar la valoració tècnica municipal i els processos d’homologació i autorització que corresponguin davant Trànsit i el Ministeri d’Indústria.

El principal obstacle perquè la substitució avanci, segons els mateixos calessers, és ara econòmic. El preu de cada galera elèctrica puja a 45.000 euros sense IVA, segons ha avançat IB3 i ha pogut confirmar aquest diari. Una quantitat que Vargas considera difícil d’assumir per als titulars de les llicències. El portaveu assegura que el cost s’ha incrementat per diversos factors, entre ells la situació derivada de la crisi de l’estret d’Ormuz. Els calessers intentaran negociar amb el fabricant una reducció del preu si finalment encarreguen un nombre elevat de vehicles.

El principal obstacle perquè la substitució avanci, segons els mateixos calessers, és ara econòmic. El preu de cada galera elèctrica puja a 45.000 euros sense IVA

“Se’ns ha anat una mica de les mans perquè pel tema de l’estret d’Ormuz i altres coses ha pujat el preu”, lamenta Vargas. No obstant això, intentaran aconseguir un preu més assequible. “Si n’hi comprem moltes [al fabricant], ens pot intentar abaixar una mica el preu”, afegeix. La transformació no es produirà, per tant, de manera immediata. El portaveu dels calessers assenyala que els titulars de les llicències aniran substituint els seus vehicles en funció de les seves possibilitats econòmiques i de les temporades. Actualment hi ha 28 llicències de carruatges de cavalls a Palma.

“Si aconseguim qualsevol mena d’ajuda, ja sigui ajuda, subvenció, finançament o el que sigui, el canvi seria abans”, sosté Vargas. Al seu parer, els bancs tampoc no estan oferint unes condicions que facilitin l’operació. “El problema és que els bancs no et financen i, potser, el finançament que pots arribar a trobar te’l financen com si fos un article de luxe. I la cosa, així, està molt complicada”, explica.

El representant dels conductors afirma: 'Si aconseguim qualsevol mena d’ajuda, ja sigui ajuda, subvenció, finançament o el que sigui, el canvi seria abans'

Vargas rebutja, a més, que una inversió de 45.000 euros pugui amortitzar-se ràpidament. “Jo crec que per amortitzar-ho necessitaríem quatre anys com a mínim”, afirma. El càlcul, explica, ha de tenir en compte les despeses associades a l’activitat, com ara els impostos i les quotes i obligacions dels treballadors autònoms. “Si tot el que guanyés fos net, probablement podria amortitzar-se ràpid, però hi ha moltes coses al darrere”, assenyala. Per això, tant els calessers com les entitats animalistes coincideixen a reclamar suport econòmic de les administracions per facilitar la transició. Vargas apunta especialment a la possibilitat que l’Ajuntament aconsegueixi una línia d’ajuts d’altres administracions o algun mecanisme de finançament.

L’Ajuntament de Palma assegura que el procés continua dins del diàleg mantingut amb el sector i que la transformació cap als vehicles elèctrics no està paralitzada. El consistori va aprovar el passat 27 de maig una modificació puntual del Pla Normatiu Municipal de 2026 per incorporar la reforma del reglament del servei de transport urbà de viatgers amb vehicles de tracció animal amb conductor. Segons la Regidoria, aquella decisió permet iniciar formalment el procediment per modificar el reglament vigent i establir el marc necessari per a la substitució progressiva de les actuals galeres per vehicles elèctrics.

La previsió municipal que s’havia plantejat és que els primers carruatges elèctrics poguessin arribar el maig de 2027. Perquè aquest calendari es pugui complir, els vehicles hauran de superar els tràmits tècnics i administratius corresponents. El canvi suposa també una modificació de la posició mantinguda durant anys per part del sector. L’Ajuntament assegura que prop del 90% de les llicències vigents donen suport ara a la transformació del model, després del consens assolit el passat mes de març, quan la majoria dels titulars va presentar al consistori una proposta per avançar cap als carruatges elèctrics.

Els animalistes reclamen accelerar el canvi

Les entitats animalistes, que fa anys que reclamen la substitució dels cavalls pels carruatges elèctrics, també consideren que el finançament és una de les claus per accelerar el procés. Progreso en Verde i Satya Animal han reclamat a l’Ajuntament del PP que contribueixi econòmicament a la transició i que es busquin ajuts també en els àmbits autonòmic i estatal. “El mínim que hauria de fer l’administració és facilitar el canvi i ajudar al finançament dels calessers”, sosté Kike Gimeno, portaveu de Satya Animal.

Guillermo Amengual, president de Progreso en Verde, assegura que la seva organització està treballant en diverses vies per obtenir subvencions i reclama que l’Ajuntament faciliti el canvi. La qüestió econòmica se suma així al debat sobre el calendari de substitució. Les organitzacions animalistes reclamen una data definitiva per a la desaparició de les galeres tirades per cavalls, mentre que l’Ajuntament manté que el procés administratiu està en marxa i que la previsió és que les primeres elèctriques puguin circular el maig de 2027.

El nou model dissenyat per a Palma es converteix així en un dels primers passos concrets d’una transformació el ritme de la qual dependrà, en bona mesura, que els titulars de les llicències puguin afrontar els 45.000 euros d’inversió inicial per cada vehicle. “Sense ajuda, sense subvencions, sense finançament, és complicat”. “Es farà a poc a poc”, resumeix Vargas.

Los caleseros de Palma ya han encargado a una empresa valenciana la fabricación de los prototipos de las nuevas galeras eléctricas con las que pretenden sustituir progresivamente los actuales vehículos tirados por caballos. El modelo, todavía pendiente de la correspondiente valoración técnica municipal y de los procesos de homologación y autorización, será diferente al que ya funciona en Alcúdia y ha sido diseñado específicamente para mantener la estética de las tradicionales galeras de Palma.

“Hemos pedido un modelo pensado en Palma para no romper la estética”, explica a este diario Venancio Vargas, portavoz de los caleseros. La intención, añade, es que el nuevo vehículo tenga una apariencia “más señorial” y adecuada a la ciudad. Señala que necesitan que sea distinto al modelo de Alcúdia, más pensado para un turismo de playa. “Hay que buscar algo más bonito”, añade Vargas.

El prototipo fue presentado al Ayuntamiento este lunes. Fuentes de la Concejalía de Medio Natural y Bienestar Animal explican que los propios caleseros están analizando y valorando distintos modelos antes de escoger el que consideran más adecuado. Una vez presentado el vehículo, tendrá que pasar la valoración técnica municipal y los procesos de homologación y autorización que correspondan ante Tráfico y el Ministerio de Industria.

El principal obstáculo para que la sustitución avance, según los propios caleseros, es ahora económico. El precio de cada galera eléctrica asciende a 45.000 euros sin IVA, según ha avanzado IB3 y ha podido confirmar este diario. Una cantidad que Vargas considera difícil de asumir para los titulares de las licencias. El portavoz asegura que el coste se ha incrementado por distintos factores, entre ellos la situación derivada de la crisis del Estrecho de Ormuz. Los caleseros intentarán negociar con el fabricante una reducción del precio si finalmente encargan un número elevado de vehículos.

El principal obstáculo para que la sustitución avance, según los propios caleseros, es ahora económico. El precio de cada galera eléctrica asciende a 45.000 euros sin IVA

“Se nos ha ido un poco de las manos porque por el tema del Estrecho de Ormuz y más cosas ha subido el precio”, lamenta Vargas. No obstante, van a intentar conseguir un precio más asequible. “Si le compramos muchas [al fabricante], nos puede intentar bajar un poco el precio”, añade. La transformación no se producirá, por tanto, de manera inmediata. El portavoz de los caleseros señala que los titulares de las licencias irán sustituyendo sus vehículos en función de sus posibilidades económicas y de las temporadas. Actualmente hay 28 licencias de calesas en Palma.

“Si conseguimos cualquier tipo de ayuda, ya sea ayuda, subvención, financiación o lo que sea, el cambio sería antes”, sostiene Vargas. A su juicio, los bancos tampoco están ofreciendo unas condiciones que faciliten la operación. “El problema es que los bancos no te financian y a lo mejor la financiación que puedes llegar a encontrar te lo financian como si fuera un artículo de lujo. Y la cosa así está muy complicada”, explica.

El representante de los conductores afirma: 'Si conseguimos cualquier tipo de ayuda, ya sea ayuda, subvención, financiación o lo que sea, el cambio sería antes'

Vargas rechaza además que una inversión de 45.000 euros pueda amortizarse rápidamente. “Yo creo que para amortizarlo necesitaríamos cuatro años mínimo”, afirma. El cálculo, explica, debe tener en cuenta los gastos asociados a la actividad, como impuestos y las cuotas y obligaciones de los trabajadores autónomos. “Si yo todo lo que ganara fuera neto, probablemente podría ser amortizado rápido, pero hay muchas cosas detrás”, señala. Por eso, tanto los caleseros como las entidades animalistas coinciden en reclamar apoyo económico de las administraciones para facilitar la transición. Vargas apunta especialmente a la posibilidad de que el Ayuntamiento consiga una línea de ayudas de otras administraciones o algún mecanismo de financiación.

El Ayuntamiento de Palma asegura que el proceso continúa dentro del diálogo mantenido con el sector y que la transformación hacia los vehículos eléctricos no está paralizada. El Consistorio aprobó el pasado 27 de mayo una modificación puntual del Plan Normativo Municipal de 2026 para incorporar la reforma del reglamento del servicio de transporte urbano de viajeros con vehículos de tracción animal con conductor. Según la Concejalía, aquella decisión permite iniciar formalmente el procedimiento para modificar el reglamento vigente y establecer el marco necesario para la sustitución progresiva de las actuales galeras por vehículos eléctricos.

La previsión municipal que se había planteado es que las primeras calesas eléctricas pudieran llegar en mayo de 2027. Para que ese calendario pueda cumplirse, los vehículos deberán superar los trámites técnicos y administrativos correspondientes. El cambio supone también una modificación de la posición mantenida durante años por parte del sector. El Ayuntamiento asegura que cerca del 90% de las licencias vigentes respaldan ahora la transformación del modelo, después del consenso alcanzado el pasado mes de marzo, cuando la mayoría de los titulares presentó al Consistorio una propuesta para avanzar hacia las calesas eléctricas.

Los animalistas reclaman acelerar el cambio

Las entidades animalistas, que llevan años reclamando la sustitución de los caballos por las calesas eléctricas, también consideran que la financiación es una de las claves para acelerar el proceso. Progreso en Verde y Satya Animal han reclamado al Ayuntamiento del PP que contribuya económicamente a la transición y que se busquen ayudas también en los ámbitos autonómico y estatal.

“Lo mínimo que debería hacer la administración es facilitar el cambio y ayudar a la financiación de los caleseros”, sostiene Kike Gimeno, portavoz de Satya Animal. Guillermo Amengual, presidente de Progreso en Verde, asegura que su organización está trabajando en distintas vías para obtener subvenciones y reclama que el Ayuntamiento facilite el cambio.

La cuestión económica se suma así a la discusión sobre el calendario de sustitución. Las organizaciones animalistas reclaman una fecha definitiva para la desaparición de las galeras tiradas por caballos, mientras el Ayuntamiento mantiene que el proceso administrativo está en marcha y que la previsión es que las primeras eléctricas puedan circular en mayo de 2027.

El nuevo modelo diseñado para Palma se convierte así en uno de los primeros pasos concretos de una transformación cuyo ritmo dependerá, en buena medida, de que los titulares de las licencias puedan afrontar los 45.000 euros de inversión inicial por cada vehículo. “Sin ayuda, sin subvenciones, sin financiación, es complicado”. “Se irá haciendo poco a poco”, resume Vargas.

Evaristo Soler Cardona torna a estar en el punt de mira de la Justícia. El Jutjat d’Instrucció número 1 d’Eivissa ha dictat una ordre de recerca i detenció contra ell després que no comparegués davant del jutjat en una de les causes que encara té pendents. En una interlocutòria consultada per elDiario.es, la jutgessa considera que la seva absència podria respondre al fet que l’investigat “intenta sostreure’s de l’acció de la justícia”

Soler Cardona està citat en aquesta causa per un presumpte delicte de trencament de condemna arran de l’incompliment d’una ordre d’allunyament. La nova ordre judicial arriba després de diverses condemnes per uns fets ocorreguts a la badia de Porroig, on, segons els fets que els tribunals han considerat provats, Soler Cardona va amenaçar i coaccionar diversos navegants per exigir-los diners a canvi de permetre’ls fondejar les seves embarcacions. L’Audiència Provincial de Balears ha confirmat recentment una condemna de sis mesos de presó per un delicte de coaccions, imposada inicialment pel Jutjat Penal número 2 d’Eivissa, la titular del qual, la magistrada Martina Rodríguez, va donar per provats aquests fets.

La sentència de primera instància també va condemnar Soler Cardona per un delicte continuat de trencament de mesura cautelar i un altre de danys, segons la resolució a la qual ha tingut accés aquest diari. Pel primer haurà de pagar una multa de 8.640 euros –24 mesos a raó de 12 euros diaris– i pel segon, una altra de 4.320 euros –12 mesos amb la mateixa quota diària–. A més, haurà d’indemnitzar amb 3.283 euros François Xavier Crone pels danys ocasionats a la seva embarcació.

L’ordre implica que Soler Cardona haurà de ser detingut i posat a disposició judicial quan sigui localitzat. El jutjat ha cursat una requisitòria –una ordre judicial– a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat perquè procedeixin a localitzar-lo i detenir-lo amb l’objectiu que comparegui en qualitat d’investigat i sigui escoltat per la jutgessa. A més, ha de facilitar un domicili on pugui rebre les pròximes notificacions i citacions. La requisitòria té fixada com a data de cessament el 16 d’abril de 2031.

Mentre Soler Cardona no sigui localitzat, el jutjat suspèn la tramitació de la causa i n’acorda l’arxivament provisional. La interlocutòria estableix que, si transcorren cinc anys sense que sigui localitzat, les actuacions s’arxivaran definitivament per prescripció i es cancel·larà la requisitòria. La resolució també ordena deixar constància de la mesura en els registres corresponents i remetre a les Forces i Cossos de Seguretat la documentació necessària per executar l’ordre.

elDiario.es s’ha posat en contacte amb l’advocat d’Evaristo Soler Cardona per conèixer les raons de la incompareixença del seu client als requeriments judicials i la seva posició davant l’ordre de recerca, detenció i presentació dictada pel Jutjat d’Instrucció número 1 d’Eivissa. Aquest diari també li ha preguntat si la defensa té previst recórrer la resolució, si Soler Cardona contempla comparèixer voluntàriament davant del jutjat i si hi ha algun altre aspecte de la causa que consideri rellevant aclarir. L’advocat no ha respost aquestes preguntes en el moment de la publicació d’aquesta notícia.

Una ordre d’allunyament de la cala

L’última condemna d’Evaristo Soler Cardona té l’origen en una nit de juny de 2024 a la badia de Porroig, a Sant Josep de sa Talaia. El 22 de juny, l’empresari tenia vigent una mesura cautelar que li impedia acostar-se a menys de 100 metres de la zona, dictada en el marc d’una altra causa penal. Tot i així, segons els fets que la jutgessa del Penal número 2 d’Eivissa va considerar provats i que ara ha confirmat l’Audiència Provincial de Balears, Soler Cardona es va acostar a un catamarà fondejat a la badia i va amenaçar el seu patró, François Xavier Crone.

“Gabacho de mierda, vete de aquí, no queremos en la isla a gente como tú, te quitaré el ancla, acabarás en las rocas, de nada te servirá tu dinghy”, recull la sentència que li va dir. L’episodi no va acabar aquí. Hores després, ja de matinada, el patró es va tornar a trobar amb Soler Cardona en unes circumstàncies que la resolució considera acreditades i que van acabar amb danys a la seva embarcació.

Crone havia decidit no baixar al camarot aquella nit. Segons va explicar durant el procediment, feia temps que patia una situació de “pertorbació” que, d’acord amb el seu relat, havia començat el 2021 i s’havia intensificat durant els últims mesos. Després de la primera topada, va romandre al saló del catamarà, entre el son i la vigília. Cap a les tres de la matinada va sentir un cop sec. El seu vaixell havia col·lidit amb una altra embarcació fondejada després que, segons va declarar, la seva àncora hagués estat aixecada.

Va sortir aleshores a coberta i va posar el motor en marxa per allunyar-se de les roques. Va ser en aquell moment quan va veure unes bombolles a l’aigua i, al costat, una figura de grans dimensions que va sortir a la superfície. Crone va identificar l’home com Soler Cardona. Segons la seva declaració, l’acusat es va tornar a dirigir a ell de manera intimidatòria: “Te lo advertí, la próxima vez te hundiré el barco, lárgate de aquí”, recull la sentència.

La identificació va ser un dels elements centrals del judici. Crone va sostenir que aquella nit hi havia lluna plena i que va poder veure l’acusat, però va assenyalar especialment que va reconèixer la seva veu “de manera categòrica i rotunda”. La defensa va qüestionar aquesta identificació per les condicions de l’escena: era de matinada i, segons va argumentar, la visibilitat i la capacitat per escoltar amb claredat eren limitades.

La sentència també considera provat que, amb el propòsit de dissuadir Crone de continuar fondejant a Porroig, Soler Cardona va danyar la seva embarcació auxiliar. La pneumàtica, que estava subjectada als pescants del catamarà, va aparèixer a l’aigua amb almenys deu o dotze talls. El peritatge aportat al procediment va xifrar els desperfectes en 3.283 euros, quantitat que el condemnat haurà d’abonar al perjudicat.

L’Audiència Provincial confirma la condemna

L’Audiència Provincial ha avalat ara la valoració feta per la jutgessa de primera instància. La resolució, amb Gemma Robles com a ponent, rebutja íntegrament el recurs presentat per la defensa, que qüestionava tant la identificació de Soler Cardona com la suficiència de les proves.

La defensa sostenia que la condemna es basava fonamentalment en el testimoni de Crone i que no hi havia elements objectius suficients –com ara proves pericials, testimonis independents o evidències tècniques– que corroborin la seva versió. També apuntava a l’enemistat prèvia entre tots dos com un element que, al seu parer, podia afectar la credibilitat del denunciant.

La magistrada, però, considera que la declaració de la víctima reuneix les condicions necessàries per sustentar la condemna i rebutja que les circumstàncies d’aquella nit impedissin identificar l’acusat.

Un dels punts discutits en el recurs va ser, a més, l’existència d’un delicte continuat de trencament de mesura cautelar. La defensa sostenia que la sentència descrivia un únic episodi i que la continuïtat s’havia construït a partir dels antecedents de l’acusat. L’Audiència considera, en canvi, que aquella nit hi va haver dos episodis diferenciats: el primer, durant el dia, amb les amenaces al patró; i el segon, hores després, quan es va produir l’incident amb el vaixell i les amenaces posteriors. Tot i estar separats en el temps, tots dos responien, segons el tribunal, a un mateix propòsit: impedir que Crone romangués fondejat a la badia.

La defensa també va qüestionar que existís una prova directa que Soler Cardona hagués abandonat Porroig després del primer episodi i hi hagués tornat posteriorment. L’Audiència entén que aquesta circumstància es pot deduir del conjunt de les proves i considera poc raonable que romangués a la zona esperant una eventual intervenció policial, especialment tenint en compte que pesava sobre ell una ordre d’allunyament. Crone, a més, va assegurar que no l’havia tornat a veure durant el temps transcorregut entre tots dos episodis.

Amb aquests arguments, l’Audiència Provincial confirma íntegrament la condemna de sis mesos de presó per coaccions, així com les penes de multa pel trencament continuat de la mesura cautelar i pels danys. La resolució manté també la prohibició d’apropar-se a menys de 100 metres de Crone, del seu domicili i del seu lloc de treball, així com de comunicar-s’hi per qualsevol mitjà durant tres anys. El condemnat queda, a més, inhabilitat per al dret de sufragi passiu durant el temps de la pena de presó.

La sentència estableix que l’impagament de les multes suposarà un dia de privació de llibertat per cada dues quotes impagades i li imposa les costes del procediment. L’acusació particular ha estat exercida per l’advocada Azucena López Acebes en representació de Crone.

El juny de 2023, el Jutjat d’Instrucció número 2 d’Eivissa va condemnar el polèmic empresari per delictes lleus d’amenaces i coaccions contra membres de Maltesa del Mar —plataforma sense ànim de lucre que defensa la conservació del fons marí de l’illa— que van tenir lloc a finals de maig de 2022.

Evaristo Soler Cardona vuelve a estar en el punto de mira de la Justicia. El Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa ha dictado una orden de búsqueda y detención contra él después de que no compareciera ante el juzgado en una de las causas que todavía tiene pendientes. En un auto consultado por elDiario.es, la jueza considera que su ausencia podría responder a que el investigado “intenta sustraerse de la acción de la justicia”. Soler Cardona está citado en esta causa por un presunto delito de quebrantamiento de condena a raíz del incumplimiento de una orden de alejamiento.

La nueva orden judicial llega después de varias condenas por unos hechos ocurridos en la bahía de Porroig, donde, según los hechos que los tribunales han considerado probados, Soler Cardona amenazó y coaccionó a distintos navegantes para exigirles dinero a cambio de permitirles fondear sus embarcaciones. La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado recientemente una condena de seis meses de prisión por un delito de coacciones, impuesta inicialmente por el Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa, cuya titular, la magistrada Martina Rodríguez, dio por probados esos hechos.

La sentencia de primera instancia también condenó a Soler Cardona por un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar y otro de daños, según el fallo al que tuvo acceso este diario. Por el primero deberá pagar una multa de 8.640 euros –24 meses a razón de 12 euros diarios– y por el segundo, otra de 4.320 euros –12 meses con la misma cuota diaria–. Además, deberá indemnizar con 3.283 euros a François Xavier Crone por los daños ocasionados en su embarcación.

La orden implica que Soler Cardona deberá ser detenido y puesto a disposición judicial cuando sea localizado. El juzgado ha cursado una requisitoria –una orden judicial– a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que procedan a su localización y detención con el objetivo de que comparezca en calidad de investigado y sea oído por la jueza. Además, debe facilitar un domicilio en el que pueda recibir las próximas notificaciones y citaciones. La requisitoria tiene fijada como fecha de cese el 16 de abril de 2031.

Mientras Soler Cardona no sea localizado, el juzgado suspende la tramitación de la causa y acuerda su archivo provisional. El auto establece que, si transcurren cinco años sin que sea localizado, las actuaciones se archivarán definitivamente por prescripción y se cancelará la requisitoria. La resolución también ordena dejar constancia de la medida en los registros correspondientes y remitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la documentación necesaria para ejecutar la orden.

elDiario.es se ha puesto en contacto con el abogado de Evaristo Soler Cardona para conocer las razones de la incomparecencia de su cliente a los llamamientos judiciales y su posición ante la orden de búsqueda, detención y presentación dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa. Este diario también le ha preguntado si la defensa tiene previsto recurrir la resolución, si Soler Cardona contempla personarse voluntariamente ante el juzgado y si existe algún otro aspecto de la causa que considere relevante aclarar. El abogado no ha respondido a estas preguntas en el momento de la publicación de esta noticia.

Una orden de alejamiento de la cala

La última condena de Evaristo Soler Cardona tiene su origen en una noche de junio de 2024 en la bahía de Porroig, en Sant Josep de sa Talaia. El 22 de junio, el empresario tenía en vigor una medida cautelar que le impedía acercarse a menos de 100 metros de la zona, dictada en el marco de otra causa penal. Aun así, según los hechos que la jueza de lo Penal número 2 de Eivissa consideró probados y que ahora ha confirmado la Audiencia Provincial de Balears, Soler Cardona se aproximó a un catamarán fondeado en la bahía y amenazó a su patrón, François Xavier Crone.

“Gabacho de mierda, vete de aquí, no queremos en la isla a gente como tú, te quitaré el ancla, acabarás en las rocas, de nada te servirá tu dinghy”, recoge la sentencia que le dijo. El episodio no terminó ahí. Horas después, ya de madrugada, el patrón volvió a encontrarse con Soler Cardona en unas circunstancias que la resolución considera acreditadas y que acabaron con daños en su embarcación.

Crone había decidido no bajar al camarote aquella noche. Según explicó durante el procedimiento, llevaba tiempo sufriendo una situación de “perturbación” que, de acuerdo con su relato, había comenzado en 2021 y se había intensificado en los últimos meses. Después del primer encontronazo, permaneció en el salón del catamarán, entre el sueño y la vigilia. Hacia las tres de la madrugada escuchó un golpe seco. Su barco había colisionado con otra embarcación fondeada después de que, según declaró, su ancla hubiese sido levantada.

Salió entonces a cubierta y puso el motor en marcha para alejarse de las rocas. Fue en ese momento cuando vio unas burbujas en el agua y, junto a ellas, una figura de gran tamaño que salió a la superficie. Crone identificó al hombre como Soler Cardona. Según su declaración, el acusado se volvió a dirigirse a él de forma intimidatoria: “Te lo advertí, la próxima vez te hundiré el barco, lárgate de aquí”, recoge la sentencia.

La identificación fue uno de los elementos centrales del juicio. Crone sostuvo que aquella noche había luna llena y que pudo ver al acusado, pero señaló especialmente que reconoció su voz “de forma categórica y rotunda”. La defensa cuestionó esa identificación por las condiciones de la escena: era de madrugada y, según argumentó, la visibilidad y la capacidad para escuchar con claridad eran limitadas.

La sentencia también considera probado que, con el propósito de disuadir a Crone de seguir fondeando en Porroig, Soler Cardona dañó su embarcación auxiliar. La neumática, que estaba sujeta a los pescantes del catamarán, apareció en el agua con al menos diez o doce cortes. El peritaje aportado al procedimiento cifró los desperfectos en 3.283 euros, cantidad que el condenado deberá abonar al perjudicado.

La Audiencia Provincial confirma la condena

La Audiencia Provincial ha avalado ahora la valoración realizada por la jueza de primera instancia. La resolución, con Gemma Robles como ponente, rechaza íntegramente el recurso presentado por la defensa, que cuestionaba tanto la identificación de Soler Cardona como la suficiencia de las pruebas.

La defensa sostenía que la condena descansaba fundamentalmente en el testimonio de Crone y que no existían elementos objetivos suficientes –como pruebas periciales, testimonios independientes o evidencias técnicas– que corroborasen su versión. También apuntaba a la enemistad previa entre ambos como un elemento que, a su juicio, podía afectar a la credibilidad del denunciante.

La magistrada, sin embargo, considera que la declaración de la víctima reúne las condiciones necesarias para sustentar la condena y rechaza que las circunstancias de aquella noche impidieran identificar al acusado.

Uno de los puntos discutidos en el recurso fue, además, la existencia de un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar. La defensa sostenía que la sentencia describía un único episodio y que la continuidad se había construido a partir de los antecedentes del acusado. La Audiencia considera, en cambio, que aquella noche hubo dos episodios diferenciados: el primero, durante el día, con las amenazas al patrón; y el segundo, horas después, cuando se produjo el incidente con el barco y las amenazas posteriores. Aunque separados en el tiempo, ambos respondían, según el tribunal, a un mismo propósito: impedir que Crone permaneciera fondeado en la bahía.

La defensa también cuestionó que existiera una prueba directa de que Soler Cardona hubiese abandonado Porroig después del primer episodio y regresado posteriormente. La Audiencia entiende que esa circunstancia puede deducirse del conjunto de las pruebas y considera poco razonable que permaneciera en la zona esperando una eventual intervención policial, especialmente teniendo en cuenta que pesaba sobre él una orden de alejamiento. Crone, además, aseguró no haber vuelto a verlo durante el tiempo que transcurrió entre ambos episodios.

Con estos argumentos, la Audiencia Provincial confirma íntegramente la condena de seis meses de prisión por coacciones, así como las penas de multa por el quebrantamiento continuado de la medida cautelar y por los daños. El fallo mantiene también la prohibición de aproximarse a menos de 100 metros de Crone, de su domicilio y de su lugar de trabajo, así como de comunicarse con él por cualquier medio durante tres años. El condenado queda además inhabilitado para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena de prisión.

La sentencia establece que el impago de las multas supondrá un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas y le impone las costas del procedimiento. La acusación particular ha sido ejercida por la abogada Azucena López Acebes en representación de Crone.

En junio de 2023, el Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa condenó al polémico empresario por delitos leves de amenazas y coacciones contra miembros de Maltesa del Mar –plataforma sin ánimo de lucro que aboga por la conservación del fondo marino en la isla– que tuvieron lugar a finales de mayo de 2022.

La promoció projectada de 532 habitatges públics que el Ministeri d’Habitatge impulsarà a partir de 2027 a la zona de Ca n’Escandell, a la capital d’Eivissa, s’ha convertit en un dels principals escenaris de l’enfrontament entre les institucions eivissenques i el Govern central. El projecte preveu una inversió estatal de 131 milions d’euros per a 362 pisos en parcel·les 100% públiques, juntament amb una aportació addicional de 14 milions d’euros per desenvolupar 170 immobles més en col·laboració amb les administracions autonòmica i local.

La disputa per l’habitatge arriba, a més, en un moment de creixent pressió social sobre el Govern central. El desnonament de Maricarmen, una dona de vuitanta-set anys que feia set dècades que vivia a la mateixa casa, ha provocat una mobilització impulsada pel Sindicat d’Inquilines, amb una manifestació aquest dissabte a Madrid i una acampada posterior a la Puerta del Sol que es mantindrà almenys fins aquest dimarts, quan està prevista una votació al Consell de Ministres per aprovar un nou decret d’habitatge.

El cas ha convertit l’habitatge en un dels principals fronts polítics d’aquests dies i ha accelerat la negociació d’aquest nou decret que el Govern del PSOE i Sumar pretén aprovar aquest dimarts. Per tirar-lo endavant posteriorment al Congrés, necessitarà reunir una majoria parlamentària que, a més dels seus socis progressistes –ERC, Compromís, EH Bildu, BNG o Podemos–, passa també per aconseguir el suport de forces conservadores com el PNB i Junts. El Govern reconeix que les converses continuen obertes i que la concreció de les mesures encara està en negociació.

La prioritat per als residents obre el conflicte

La disputa se centra en els criteris d’accés als habitatges. L’alcalde de la ciutat, Rafa Triguero (PP), va reclamar davant la ministra d’Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que els veïns residents a l’illa tinguessin prioritat absoluta en l’accés als habitatges. La posició inicial de la ministra va rebutjar establir un criteri estricte d’arrelament territorial, defensant que l’oferta pública estatal també ha d’atendre els professionals sanitaris, docents i de serveis que es desplacen temporalment a l’illa per treballar.

Des de la direcció del PP insular, el vicesecretari de Política Insular, Mariano Juan, va qualificar d’incomprensible que l’Executiu reconegui l’emergència de l’habitatge d’Eivissa i, alhora, descarti mecanismes per prioritzar els joves i les famílies que intenten desenvolupar el seu projecte de vida al municipi. Segons Juan, no s’entén que el Govern sigui conscient de “l’excepcional gravetat del problema d’accés a l’habitatge que existeix a l’illa i, al mateix temps, descarti establir algun mecanisme que prioritzi aquells que ja viuen, treballen i desenvolupen el seu projecte de vida a Eivissa”.

El xoc inicial entorn dels criteris d’adjudicació va topar de ple amb la legislació autonòmica en matèria d’habitatge. L’article 70.8 de la Llei 5/2018 d’habitatge de les Illes Balears estableix explícitament que, per accedir a un habitatge protegit de promoció pública, el beneficiari ha d’acreditar un període mínim de residència de cinc anys a l’arxipèlag. Després de les dures crítiques de l’Ajuntament eivissenc —on es va recordar que el sòl municipal es va cedir per ajudar la població local i no per a aspirants sense vinculació amb l’illa—, fonts de Casa 47 (l’Entitat Estatal d’Habitatge i Sòl dependent del Ministeri) van aclarir a elDiario.es que l’adjudicació respectarà estrictament la normativa d’habitatge protegit vigent a la comunitat autònoma, precisant així la posició del Ministeri. Aquesta puntualització va ser celebrada per l’Ajuntament d’Eivissa com una rectificació forçada per les exigències municipals, i va sol·licitar que es formalitzi en el conveni corresponent.

La Llei 5/2018 d’habitatge de les Illes Balears estableix explícitament que, per accedir a un habitatge protegit de promoció pública, el beneficiari ha d’acreditar un període mínim de residència de cinc anys a l’arxipèlag

Tanmateix, el compromís d’aplicar la llei autonòmica no ha frenat les demandes del PP eivissenc, que ha decidit elevar l’exigència. Les institucions eivissenques –els cinc alcaldes de l’illa i el president del Consell Insular– reclamen que el requisit de residència prèvia no es quedi en els cinc anys fixats per la norma balear, sinó que s’incrementi fins als deu anys. “La legislació balear té fixats cinc anys. Si en volen deu, ho ha de canviar la seva majoria parlamentària”, responen fonts dels socialistes eivissencs. Toni Costa, portaveu del Govern, en canvi, recorda que la normativa d’habitatge balear fixa un mínim de cinc anys de residència per accedir a una promoció d’habitatge públic.

El PP eivissenc, per defensar la seva postura, considera que l’illa “té un problema de creixement demogràfic”. El president del Consell Insular, Vicent Marí, explica que durant les darreres dècades l’illa pràcticament ha duplicat la seva població i que construir habitatges perquè continuï arribant més gent “no resol el problema dels residents, sinó que augmenta la pressió sobre l’habitatge, el territori, les infraestructures i els serveis públics”, assenyala. Per aquestes raons, considera que l’habitatge públic “ha de permetre que les persones que ja viuen a Eivissa s’hi puguin quedar”. “Si construïm per continuar generant nova demanda sense atendre abans la que ja existeix, agreugem el problema en lloc de resoldre’l”.

L’habitatge entra en precampanya

La disputa pels habitatges de Ca n’Escandell s’emmarca en un clima de precampanya política amb la mirada posada en les eleccions municipals i autonòmiques de 2027. Durant una entrevista a Cadena SER Ibiza, la ministra Isabel Rodríguez va qualificar la crisi del lloguer a l’illa de “dramàtica” i va situar Eivissa com l’“epicentre” del problema. No obstant això, Rodríguez va responsabilitzar directament la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), acusant-la de negar-se a aplicar les eines que preveu la Llei estatal d’habitatge, com ara la declaració de zones de mercat residencial tensionat per limitar els preus dels arrendaments. La ministra va contraposar les mesures socialistes –construcció de parc públic, congelació de preus i lluita contra l’especulació– amb la gestió conservadora, citant també les directrius de la Comissió Europea impulsades per Ursula von der Leyen per limitar els lloguers turístics de curta durada.

En aquest context estatal s’entén també la pressió que el Sindicat d’Inquilines exerceix sobre el Govern amb l’anomenat “Decret Maricarmen”. L’organització reclama que el nou decret inclogui cinc mesures: mesures estructurals per impedir els desnonaments; una regulació dels lloguers de temporada i per habitacions; la congelació dels preus actuals del lloguer; pròrrogues efectives dels contractes i, com a principal reivindicació, la renovació automàtica de tots els contractes perquè passin a ser indefinits. El sindicat sosté que l’objectiu és evitar que es puguin repetir casos com el de Maricarmen i que els inquilins tinguin garantida més estabilitat residencial.

El paquet que el Govern negocia per portar aquest dimarts al Consell de Ministres comparteix alguns d’aquests objectius, tot i que no totes les reivindicacions del Sindicat d’Inquilines estan assumides. Sobre la taula hi ha mesures de protecció davant dels desnonaments, l’estabilització dels contractes de lloguer, la regulació dels lloguers de temporada i per habitacions i una regulació més gran dels pisos turístics.

L’Executiu preveu, a més, bonificacions fiscals per als inquilins i per als propietaris que abaixin el preu del lloguer, ajuts per a la compra del primer habitatge, la protecció del parc estatal d’habitatge i una possible reducció de l’IVA per a la construcció d’habitatge protegit. També es negocia una fórmula per protegir els inquilins vulnerables davant dels desnonaments en habitatges propietat de fons voltor. El Govern preveu, així mateix, que els inquilins puguin sol·licitar una pròrroga dels seus contractes durant dos anys mantenint el mateix preu, però la renovació automàtica i indefinida que reclama el Sindicat d’Inquilines no forma, de moment, part de la posició dels socialistes.

Per la seva banda, l’encreuament entre les dues formacions ha adquirit un fort to d’acusacions cap als seus rivals polítics conservadors. Així, Rodríguez ha insinuat que històricament algunes promocions públiques han acabat “en mans dels regidors del PP, o de l’alcalde del PP o dels amics dels dirigents del PP”.

Rodríguez no ha esmentat directament Triguero. Tampoc no ha quedat clar si s’hi referia o no. Tot i que mai no ha estat adjudicatari d’un habitatge públic, l’alcalde ha estat al focus durant els darrers mesos després d’haver dut a terme una operació urbanística que pretenia, presumptament i segons ha denunciat l’oposició, obtenir irregularment un habitatge de preu limitat (VPL). Una VPL és una figura creada per la llei balear d’habitatge que permet convertir locals i oficines en habitatges amb límits de preu i requisits d’accés per ampliar l’oferta residencial.

Darrere de la pugna institucional hi ha unes dades econòmiques que reflecteixen la dificultat d’accés a l’habitatge a l’arxipèlag. D’acord amb l’Índex de Preus de l’Habitatge (IPV) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el preu de l’habitatge lliure a les Balears va registrar un increment interanual del 13,7% en el segon trimestre de 2026, situant-se com la vuitena pujada més gran de tot l’Estat.

Aquesta tendència prolonga l’escalada de l’exercici anterior, quan el cost de l’habitatge nou va pujar un 13,4% i el de segona mà un 11,8% a les illes. Aquest escenari de preus a l’alça fa que treballadors amb una ocupació estable continuïn sense trobar habitatges assequibles, convertint la política residencial en la principal batalla política a l’arxipèlag balear.

La proyectada promoción de 532 viviendas públicas que el Ministerio de Vivienda impulsará a partir de 2027 en la zona de Ca n’Escandell, en la capital de Eivissa, se ha convertido en uno de los principales escenarios del enfrentamiento entre las instituciones ibicencas y el Gobierno central. El proyecto contempla una inversión estatal de 131 millones de euros para 362 pisos en parcelas 100% públicas, junto a una aportación adicional de 14 millones de euros para desarrollar otros 170 inmuebles en colaboración con las administraciones autonómica y local.

La disputa por la vivienda llega además en un momento de creciente presión social sobre el Gobierno central. El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en la misma casa, ha provocado una movilización impulsada por el Sindicato de Inquilinas, con una manifestación este sábado en Madrid y una acampada posterior en la Puerta del Sol que se mantendrá al menos hasta este martes, cuando está prevista una votación en el Consejo de Ministros para aprobar un nuevo decreto de vivienda.

El caso ha convertido la vivienda en uno de los principales frentes políticos de estos días y ha acelerado la negociación de este nuevo decreto que el Gobierno de PSOE y Sumar pretende aprobar este martes. Para sacarlo adelante después en el Congreso necesitará reunir una mayoría parlamentaria que, además de sus socios progresistas –ERC, Compromís, EH Bildu, BNG o Podemos–, pasa por conseguir también el respaldo de fuerzas conservadoras como PNV y Junts. El Gobierno reconoce que las conversaciones continúan abiertas y que la concreción de las medidas todavía está en negociación.

La prioridad para los residentes abre el choque

La disputa se centra en los criterios de acceso a las viviendas. El alcalde de la ciudad, Rafa Triguero (PP), reclamó ante la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que los vecinos residentes de la isla tuvieran prioridad absoluta en el acceso a las viviendas. La posición inicial de la ministra rechazó fijar un criterio estricto de arraigo territorial, defendiendo que la oferta pública estatal también debe atender a los profesionales sanitarios, docentes y de servicios que se desplazan temporalmente a la isla para trabajar.

Desde la dirección del PP insular, el vicesecretario de Política Insular, Mariano Juan, tildó de incomprensible que el Ejecutivo reconozca la emergencia habitacional de Eivissa y, al mismo tiempo, descarte mecanismos para priorizar a los jóvenes y familias que intentan desarrollar su proyecto de vida en el municipio. Según Juan, no se entiende que el Gobierno sea consciente de “la excepcional gravedad del problema de acceso a la vivienda que existe en la isla y, al mismo tiempo, descarte establecer algún mecanismo que priorice a quienes ya viven, trabajan y desarrollan su proyecto de vida en Eivissa”.

El choque inicial en torno a los criterios de adjudicación colisionó de lleno con la legislación autonómica en materia de vivienda. El artículo 70.8 de la Ley 5/2018 de vivienda de las Illes Balears establece de forma explícita que, para acceder a una vivienda protegida de promoción pública, el beneficiario debe acreditar un periodo mínimo de residencia de cinco años en el archipiélago. Tras las duras críticas del Consistorio ibicenco –donde se recordó que el suelo municipal se cedió para ayudar a la población local y no para aspirantes sin vinculación con la isla–, fuentes de Casa 47 (la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo dependiente del Ministerio) aclaran a elDiario.es que la adjudicación respetará estrictamente la normativa de vivienda protegida vigente en la comunidad autónoma, precisando así la posición del Ministerio. Esta puntualización fue celebrada por el Ayuntamiento de Eivissa como una rectificación forzada por las exigencias municipales, solicitando que se formalice en el convenio correspondiente.

La Ley 5/2018 de vivienda de las Illes Balears establece de forma explícita que, para acceder a una vivienda protegida de promoción pública, el beneficiario debe acreditar un periodo mínimo de residencia de cinco años en el archipiélago

Sin embargo, el compromiso de aplicar la ley autonómica no ha frenado las demandas del PP ibicenco, que ha decidido elevar la exigencia. Las instituciones ibicencas –los cinco alcaldes de la isla y el presidente del Consell Insular– reclaman que el requisito de residencia previa no se quede en los cinco años fijados por la norma balear, sino que se incremente hasta los diez años. “La legislación balear tiene fijados cinco años. Si quieren diez, lo tiene que cambiar su mayoría parlamentaria”, responden fuentes de los socialistas ibicencos. Toni Costa, portavoz del Govern, en cambio, recuerda que la normativa de vivienda balear fija un mínimo de cinco años de residencia para acceder a una promoción de vivienda pública.

El PP ibicenco, para defender su postura, valora que la isla “tiene un problema de crecimiento demográfico”. El presidente del Consell Insular, Vicent Marí, explica que durante las últimas décadas la isla prácticamente ha duplicado su población y que construir viviendas para que siga llegando más gente “no resuelve el problema de los residentes, sino que aumenta la presión sobre la vivienda, el territorio, las infraestructuras y los servicios públicos”, señala. Por estas razones, considera que la vivienda pública “debe permitir que las personas que ya viven en Eivissa puedan quedarse”. “Si construimos para seguir generando nueva demanda sin atender antes la que ya existe, agravamos el problema en lugar de resolverlo”.

La vivienda entra en precampaña

La disputa por las viviendas de Ca n’Escandell se enmarca en un clima de precampaña política con la vista puesta en los comicios municipales y autonómicos de 2027. Durante una entrevista en Cadena SER Ibiza, la ministra Isabel Rodríguez calificó la crisis de alquiler en la isla de “dramática” y situó a Eivissa como el “epicentro” del problema. No obstante, Rodríguez responsabilizó directamente a la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), acusándola de negarse a aplicar las herramientas que contempla la Ley estatal de Vivienda, como la declaración de zonas de mercado residencial tensionado para topar los precios de los arrendamientos. La ministra contrapuso las medidas socialistas (construcción de parque público, congelación de precios y combate a la especulación) con la gestión conservadora, citando además las directrices de la Comisión Europea impulsadas por Ursula von der Leyen para limitar los alquileres turísticos de corta duración.

En este contexto estatal se entiende también la presión que el Sindicato de Inquilinas está ejerciendo sobre el Gobierno con el llamado “Decreto Maricarmen”. La organización reclama que el nuevo decreto incluya cinco medidas: medidas estructurales para impedir los desahucios; una regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones; la congelación de los precios actuales del alquiler; prórrogas efectivas de los contratos y, como principal reivindicación, la renovación automática de todos los contratos para que pasen a ser indefinidos. El sindicato sostiene que el objetivo es evitar que puedan repetirse casos como el de Maricarmen y que los inquilinos tengan garantizada una mayor estabilidad residencial.

El paquete que el Gobierno negocia para llevar este martes al Consejo de Ministros comparte algunos de esos objetivos, aunque no todas las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas están asumidas. Sobre la mesa están medidas de protección frente a los desahucios, la estabilización de los contratos de alquiler, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y una mayor regulación de los pisos turísticos.

El Ejecutivo contempla además bonificaciones fiscales para inquilinos y para propietarios que bajen el precio del alquiler, ayudas para la compra de la primera vivienda, el blindaje del parque estatal de vivienda y una posible reducción del IVA para la construcción de vivienda protegida. También se negocia una fórmula para proteger a los inquilinos vulnerables frente a desahucios en viviendas propiedad de fondos buitre. El Gobierno prevé asimismo que los inquilinos puedan solicitar una prórroga de sus contratos durante dos años manteniendo el mismo precio, pero la renovación automática e indefinida que reclama el Sindicato de Inquilinas no forma, de momento, parte de la posición de los socialistas.

Por su parte, el cruce entre ambas formaciones ha adquirido un fuerte tono de acusaciones hacia sus rivales políticos conservadores. Así, Rodríguez ha deslizado que históricamente algunas promociones públicas han terminado “en manos de los concejales del PP, o del alcalde del PP o de los amigos de los dirigentes del PP”.

Rodríguez no ha mencionado directamente a Triguero. Tampoco ha quedado claro si se refería o no a él. Aunque nunca ha sido adjudicatario de una vivienda pública, el alcalde ha estado en el foco durante los últimos meses después de haber realizado una operación urbanística que perseguía, presuntamente y según ha denunciado la oposición, obtener irregularmente una vivienda de precio limitado (VPL). Una VPL es una figura creada por la ley balear de vivienda que permite convertir locales y oficinas en viviendas con límites de precio y requisitos de acceso para ampliar la oferta residencial.

Detrás de la pugna institucional subyacen unos datos económicos que reflejan la dificultad de acceso al hogar en el archipiélago. De acuerdo con el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda libre en Balears registró un incremento interanual del 13,7% en el segundo trimestre de 2026, situándose como la octava mayor subida de todo el país.

Esta tendencia prolonga la escalada del ejercicio anterior, cuando el coste de la vivienda nueva subió un 13,4% y el de segunda mano un 11,8% en las islas. Este escenario de precios al alza hace que trabajadores con empleo estable sigan sin encontrar viviendas asequibles, convirtiendo la política residencial en la principal batalla política en el archipiélago balear.

Platges de Comte, enclavament de la costa de Sant Josep (Eivissa), és una de les platges preferides dels turistes que visiten l’illa, principalment per les seves aigües cristal·lines i les nombroses opcions que ofereix per contemplar la posta de sol. Aquest estiu, aquesta successió de cales ha tornat a ser un exemple de la saturació turística. El 4 d’agost, a les tres de la tarda, 1.513 persones ocupaven tant les platges com les zones de bany, segons un estudi de l’Observatori de Sostenibilitat de la Fundació IbizaPreservation. Tanmateix, la capacitat de càrrega màxima s’estima en 537 persones, de manera que durant els mesos de temporada alta es pot arribar a gairebé triplicar la capacitat de càrrega màxima estimada.

L’estudi s’ha publicat enmig del debat que fa temps que és sobre la taula: hi ha un malestar cada vegada més gran entre la població de les Illes Balears a causa de la turistificació, que engoleix els espais naturals i transforma la fisonomia pròpia de l’arxipèlag balear. Mentre les institucions –gairebé totes governades pel PP, totes en el cas eivissenc– aposten per la “contenció” i la “moderació” en l’arribada de turistes, altres organitzacions socials consideren que l’objectiu ha de ser el decreixement. En el cas d’espais com Platges de Comte, diferents entitats –entre elles IbizaPreservation– reclamen mesures per regular els accessos, així com els fluxos de visitants.

A mitjan agost –coincidint amb l’arribada de l’eclipsi solar total–, Platges de Comte va tornar a situar-se com un dels principals pols d’atracció turística. Verónica, una eivissenca que viu a Madrid i que gaudia de la platja amb les seves amigues, resumía així el seu sentir: “Està massa massificada, no es pot sortir enlloc”. Una sensació que, deia, s’ha accelerat durant els darrers cinc anys, especialment des de la pandèmia. Si l’illa ja viu de per si els moments de màxima pressió turística entre mitjan juliol i l’agost, l’eclipsi solar del dia 12 hi va afegir un ingredient més a la saturació, ja que milers de persones es van desplaçar a les cales i als espais naturals amb les millors panoràmiques per contemplar-lo.

El treball de camp d’IbizaPreservation es va dur a terme entre els dies 1 i 4 d’agost. El pic màxim es va registrar el darrer dia, quan 1.513 persones ocupaven les cales que se succeeixen al llarg d’uns 800 metres de costa. Situada a la costa occidental, la sorra del conjunt de cales s’alterna amb roques i petites entrades al mar que fragmenten el litoral i formen racons d’aigües especialment transparents, fet que converteix la zona en un lloc habitual per practicar snorkel. Aquestes platges es troben, a més, delimitades per una llengua de roca que separa unes cales de les altres. Al seu voltant emergeixen els illots de sa Conillera, l’Illa des Bosc, s’Espartar i ses Bledes, integrants de les Reserves Naturals d’Es Vedrà i es Vedranell i dels illots de Ponent, així com de la Xarxa Natura 2000.

El pic màxim es va registrar el darrer dia, quan 1.513 persones ocupaven les cales que se succeeixen al llarg d’uns 800 metres de costa

La xifra contrasta amb les 537 persones que, d’acord amb el criteri utilitzat en l’estudi, constitueixen la capacitat física estimada de l’espai natural. En aquell moment, cada usuari disposava d’uns 2,67 metres quadrats de superfície de platja, davant dels 7,50 metres quadrats establerts com a referència. Les dades contrasten amb la platja urbana del municipi de Santa Eulària des Riu, que es troba entre les més buides. Amb 16.688 metres quadrats de superfície, la seva capacitat física se situa en 2.225 persones, segons l’estimació de la fundació. El pic màxim registrat durant l’estudi –l’1 d’agost a les dotze del migdia– va ser de 618 usuaris, cosa que representa el 27,8% de la seva capacitat estimada. En aquell moment hi havia uns 27 metres quadrats disponibles per persona.

“Els resultats mostren situacions molt diferents a les dues platges analitzades i, en el cas de Platges de Comte, uns nivells d’ús que poden tenir implicacions tant per al sistema natural platja-duna com per a l’experiència de les persones usuàries. Aquest primer estudi ens permet començar a disposar de dades objectives per conèixer millor la pressió que suporta cada espai i orientar-ne la gestió», explica Elisa Langley, coordinadora de l’Observatori de Sostenibilitat.

Els resultats mostren situacions molt diferents a les dues platges analitzades i, en el cas de Platges de Comte, uns nivells d’ús que poden tenir implicacions tant per al sistema natural platja-duna com per a l’experiència de les persones usuàries

Elisa Langley — Coordinadora de l'Observatori de Sostenibilitat

Més de mil persones de mitjana

L’estudi posa xifres a una pressió turística que ja es podia observar a simple vista a Platges de Comte. L’ocupació mitjana durant els dies que va durar l’estudi es va situar en 1.073 persones. És a dir, pràcticament el doble de la capacitat física estimada. Per calcular aquesta capacitat, l’estudi considera que cada persona hauria de disposar d’almenys 7,5 metres quadrats de platja. És el criteri que va establir inicialment el Pla d’Ordenació de l’Oferta Turística (POOT) d’Eivissa, aprovat pel Govern, i que posteriorment s’ha utilitzat en documents de planificació municipal.

Platges de Comte disposa de 4.025 metres quadrats de superfície de platja, per la qual cosa, aplicant aquest criteri, la seva capacitat no arriba a les 600 persones. “L’objectiu no és únicament determinar quantes persones poden ocupar una platja, sinó disposar d’informació que permeti avançar cap a un nivell d’ús compatible amb la conservació del patrimoni natural, una experiència satisfactòria per a les persones usuàries i la qualitat de vida de la població resident”, assenyala Langley.

La pressió no es va concentrar únicament en un moment puntual. L’Observatori de Sostenibilitat va fer recomptes cada 60 minuts entre les deu del matí i les set de la tarda, tant a la sorra –incloses les zones d’hamaques– com al mar, dins dels límits delimitats per als banyistes. El resultat de l’estudi mostra que el conjunt de cales està sotmès a una elevada pressió turística tant al matí com al migdia i a la tarda. Sense tenir en compte que aquesta saturació es manté, com a mínim, fins al moment de la posta de sol.

L’Observatori de Sostenibilitat va fer recomptes cada 60 minuts entre les deu del matí i les set de la tarda, tant a la sorra –incloses les zones d’hamaques– com al mar, dins dels límits delimitats per als banyistes

Gairebé nou-cents vehicles a la platja

La pressió sobre Platges de Comte no es limita als turistes que ocupen les platges, sinó també als cotxes i les motos que aparquen a les zones adjacents d’accés. El màxim de vehicles registrat durant els dies en què es va fer l’estudi es va situar en 888 vehicles estacionats, segons l’Observatori de Sostenibilitat. Durant el cap de setmana se’n van arribar a comptabilitzar 756, mentre que la mitjana diària va ser de 622 vehicles.

La dada adquireix una rellevància especial per les característiques de l’entorn. Els dos aparcaments propers a la platja i els restaurants ocupen conjuntament gairebé 30.000 metres quadrats de sòl rústic protegit, distribuïts en diferents categories de protecció. Tanmateix, aquests espais naturals no compten amb cap regulació específica d’estacionament, les competències del qual depenen de l’Ajuntament.

L’escena es repeteix estiu rere estiu i va ser especialment problemàtica durant el dia de l’eclipsi. A les diferents entrades de Platges de Comte es concentra un trànsit de vehicles molt per sobre de la capacitat de càrrega de l’entorn, que s’amuntega als accessos i als camins de terra de manera caòtica i desordenada. Tot això mentre el conjunt de platges suporta una afluència que, segons l’estudi d’IbizaPreservation, supera amb escreix els límits considerats idonis en funció de l’espai disponible. La fundació considera que les dades obtingudes aquest estiu constitueixen un punt de partida i que serà necessari mantenir les mesuraments els pròxims anys per comprovar si la situació es repeteix i com continua evolucionant.

La pressió també ve donada pels cotxes i les motos que aparquen a les zones adjacents. El problema es va poder veure especialment durant el dia de l’eclipsi

Platges de Comte serveix com a exemple d’un debat que està plenament d’actualitat, en un context en què milers de ciutadans de l’illa han sortit al carrer per manifestar-se en contra de l’ampliació de l’aeroport des Codolar, que pretén gairebé duplicar les portes d’embarcament, passant de 17 a 32. En una illa que ja rep més de nou milions de turistes a l’any, i que en els pròxims cinc anys podria arribar gairebé als deu milions –segons estimacions d’AENA–, diferents entitats i organitzacions socials plantegen què cal fer quan un territori arriba als seus límits.

Platges de Comte, enclave de la costa de Sant Josep (Eivissa), es una de las playas favoritas que escogen los turistas que visitan la isla, principalmente por sus aguas cristalinas y las numerosas opciones que ofrece para contemplar la puesta de sol. Este verano, esta sucesión de calas ha vuelto ser un ejemplo de la saturación turística. El 4 de agosto, a las tres de la tarde, 1.513 personas ocupaban tanto las playas como las zonas de baño, según un estudio del Observatorio de Sostenibilidad de la Fundación IbizaPreservation. Sin embargo, la capacidad de carga máxima se estima en 537, por lo que en los meses de temporada alta se puede llegar a casi triplicar la capacidad de carga máxima estimada.

El estudio se ha publicado en medio del debate que lleva tiempo sobre la mesa: hay un malestar cada vez mayor en la población de las Illes Balears debido a la turistificación, que engulle los espacios naturales transformando la fisonomía propia del archipiélago balear. Mientras las instituciones –casi todas ellas gobernadas por el PP, todas en el caso ibicenco– abogan por la “contención” y la “moderación” en la llegada de turistas, otras organizaciones sociales consideran que el objetivo es el decrecimiento. En el caso de espacios como Platges de Comte, diferentes entidades –entre ellas IbizaPreservation– reclaman medidas para regular los accesos, así como los flujos de visitantes.

A mediados de agosto –coincidiendo con la llegada del eclipse solar total–, Platges de Comte volvió a situarse como uno de los principales polos de atracción turística. Verónica, una ibicenca que vive en Madrid y disfrutaba de la playa con sus amigas, resumía su sentir así: “Está demasiado masificada, no se puede salir a ningún sitio”. Una sensación que, decía, se ha acelerado en los últimos cinco años, especialmente desde la pandemia. Si la isla vive de por sí los momentos de mayor estrés turístico entre los meses de mediados de julio y agosto, el eclipse solar del 12 añadió un ingrediente más a la saturación, pues miles de personas se desplazaron a las calas y espacios naturales con mejor panorámica para contemplarlo.

El trabajo de campo de IbizaPreservation se realizó entre los días 1 y 4 de agosto. El pico máximo se registró el último día, cuando 1.513 personas ocupaban las calas que se suceden a lo largo de unos 800 metros de costa. Situada en la costa occidental, la arena del conjunto de calas se alterna con rocas y pequeñas entradas al mar que fragmentan el litoral y forman rincones de aguas especialmente transparentes, lo que convierte la zona en un lugar habitual para la práctica del snorkel. Estas playas se encuentran, además, delimitadas por una lengua de roca que separa unas calas de otras. A su alrededor emergen los islotes de Sa Conillera, Illa des Bosc, S'Espartar y Ses Bledes, integrantes de las Reservas Naturales de Es Vedrà y Es Vedranell y de los islotes de Ponent así como de la Red Natura 2000.

El pico máximo se registró el último día, cuando 1.513 personas ocupaban las calas que se suceden a lo largo de unos 800 metros de costa

La cifra contrasta con las 537 personas que, de acuerdo con el criterio utilizado en el estudio, constituyen la capacidad física estimada del espacio natural. En ese momento, cada usuario disponía de unos 2,67 metros cuadrados de superficie de playa, frente a los 7,50 metros cuadrados establecidos como referencia. Los datos contrastan con la playa urbana del municipio de Santa Eulària des Riu, que está entre las más vacías. Con 16.688 metros cuadrados de superficie, su capacidad física se sitúa en 2.225 personas, según la estimación de la fundación. El pico máximo registrado durante el estudio –el 1 de agosto a las doce del mediodía– fue de 618 usuarios, lo que supone el 27,8% de su capacidad estimada. En ese momento había unos 27 metros cuadrados disponibles por persona.

“Los resultados muestran situaciones muy diferentes en las dos playas analizadas y, en el caso de Platges de Comte, unos niveles de uso que pueden tener implicaciones tanto para el sistema natural playa-duna como para la experiencia de las personas usuarias. Este primer estudio nos permite empezar a disponer de datos objetivos para conocer mejor la presión que soporta cada espacio y orientar su gestión”, explica Elisa Langley, coordinadora del Observatorio de Sostenibilidad.

Los resultados muestran situaciones muy diferentes en las dos playas analizadas y, en el caso de Platges de Comte, unos niveles de uso que pueden tener implicaciones tanto para el sistema natural playa-duna como para la experiencia de las personas usuarias

Elisa Langley — Coordinadora del Observatorio de Sostenibilidad

Más de mil personas de media

El estudio pone cifras a una presión turística que ya se podía observar a simple vista en Platges de Comte. La ocupación media durante los días que duró el estudio se situó en 1.073 personas. Es decir, prácticamente el doble de la capacidad física estimada. Para calcular esta capacidad, el estudio considera que cada persona debería disponer de al menos 7,5 metros cuadrados de playa. Es el criterio que estableció inicialmente el Plan de Ordenación de la Oferta Turística (POOT) de Eivissa, aprobado por el Govern, y que después se ha utilizado en documentos de planificación municipal.

Platges de Comte dispone de 4.025 metros cuadrados de superficie de playa, por lo que, aplicando ese criterio, su capacidad no alcanza las 600 personas. “El objetivo no es únicamente determinar cuántas personas pueden ocupar una playa, sino disponer de información que permita avanzar hacia un nivel de uso compatible con la conservación del patrimonio natural, una experiencia satisfactoria para las personas usuarias y la calidad de vida de la población residente”, señala Langley.

La presión no se concentró únicamente en un momento puntual. El Observatorio de Sostenibilidad realizó recuentos cada 60 minutos entre las diez de la mañana y las siete de la tarde, tanto en la arena –incluidas las zonas de hamacas– como en el mar, dentro de los límites delimitados para los bañistas. El resultado del estudio muestra que el conjunto de calas está sometido a una elevada presión turística tanto por la mañana como al mediodía y la tarde. Sin tener en cuenta que dicha saturación se mantiene, como mínimo, hasta el momento de la puesta de sol.

El Observatorio de Sostenibilidad realizó recuentos cada 60 minutos entre las diez de la mañana y las siete de la tarde, tanto en la arena –incluidas las zonas de hamacas– como en el mar, dentro de los límites delimitados para los bañistas

Casi novecientos vehículos en la playa

La presión sobre Platges de Comte no se limita a los turistas que ocupan las playas, sino también a los coches y motos que aparcan en las zonas colindantes de acceso a ellas. El máximo de vehículos registrado durante los días en que se hizo el estudio se situó en 888 vehículos estacionados, según el Observatorio de Sostenibilidad. Durante el fin de semana llegaron a contabilizarse 756, mientras que la media diaria fue de 622 vehículos.

El dato adquiere especial relevancia por las características del entorno. Los dos aparcamientos próximos a la playa y los restaurantes ocupan conjuntamente casi 30.000 metros cuadrados de suelo rústico protegido, distribuidos en diferentes categorías de protección. Sin embargo, estos espacios naturales no cuentan con ninguna regulación específica de estacionamiento, cuyas competencias dependen del Ayuntamiento.

La estampa se repite verano tras verano y fue especialmente problemática durante el día del eclipse. En las diferentes entradas a Platges de Comte se concentra un tráfico de vehículos muy por encima de la capacidad de carga del entorno, que se agolpa en los accesos y caminos de tierra de forma caótica y desordenada. Todo ello mientras el conjunto de playas soporta una afluencia que, según el estudio de IbizaPreservation, supera con creces los límites considerados idóneos en función del espacio disponible. La fundación considera que los datos obtenidos este verano constituyen un punto de partida y que será necesario mantener las mediciones en los próximos años para comprobar si la situación se repite y cómo continúa evolucionando.

La presión también viene dada por los coches y motos que aparcan en las zonas colindantes. El problema pudo verse especialmente durante el día del eclipse

Platges de Comte sirve como ejemplo de un debate que está de plena actualidad, en un contexto en que miles de ciudadanos de la isla han salido a la calle a manifestarse en contra de la ampliación del aeropuerto de es Codolar, que pretende casi doblar las puertas de embarque, pasando de 17 a 32. En una isla que ya recibe más de nueve millones de turistas al año, y que en los próximos cinco años podría alcanzar casi diez –según estimaciones de AENA–, diferentes entidades y organizaciones sociales plantean qué hacer cuando un territorio llega a sus límites.

L’Audiència Provincial de Balears ha confirmat la condemna de sis mesos de presó per un delicte de coaccions a l’empresari ‘pirata’ Evaristo Soler Cardona, dictada pel Jutjat Penal número 2 d’Eivissa. El jutge de primera instància també havia condemnat Soler Cardona per un delicte continuat de trencament de mesura cautelar i un altre delicte de danys, segons la sentència a la qual ha tingut accés en exclusiva elDiario.es. Pel primer delicte haurà de complir una pena de vint-i-quatre mesos de multa a raó de 12 euros diaris, en total, 8.640 euros i, pel segon, complirà una pena de dotze mesos de multa amb una quota diària de 12 euros, en total, 4.320 euros. A més, haurà d’indemnitzar el denunciant, François Xavier Crone, amb 3.283 euros pels danys ocasionats a la seva embarcació.

Els fets es remunten al 22 de juny de 2024, quan Soler Cardona, tot i tenir en vigor una ordre judicial que li prohibia aproximar-se a menys de 100 metres de la badia de Porroig (Sant Josep de sa Talaia, Eivissa), va amenaçar el patró d’un catamarà fondejat a la zona. “Francès de merda, ves-te’n d’aquí, no volem a l’illa gent com tu, et trauré l’àncora, acabaràs a les roques, de res et servirà el teu dinghy”, li va etzibar en al·lusió a la seva embarcació auxiliar, tal com recull la sentència. L’acusat tenia aleshores en vigor una mesura cautelar que li prohibia acostar-se a menys de 100 metres de la badia, dictada en el marc d’una causa penal per un delicte contra la flora.

La condemna inclou també la inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la pena de presó i la prohibició d’aproximar-se a menys de 100 metres de Crone, del seu domicili i del seu lloc de treball, com també de comunicar-se amb ell per qualsevol mitjà durant tres anys. La sentència estableix que l’impagament de les multes comportarà un dia de privació de llibertat per cada dues quotes impagades. A més, haurà de fer-se càrrec de totes les costes del procediment.

L’acusació particular l’ha exercit l’advocada Azucena López Acebes en representació de l’afectat. elDiario.es s’ha posat en contacte amb l’advocat de la defensa per saber si té intenció de recórrer i per conèixer la seva valoració sobre la sentència, però no ha respost a les consultes d’aquest diari en el moment de publicar-se aquesta notícia.

La jutgessa valida la identificació de l’acusat

En la sentència de primera instància ara confirmada per l’Audiència, la jutgessa va considerar provat que el 22 de juny de 2024 Evaristo Soler Cardona es va dirigir a un dels catamarans fondejats a la badia de Porroig i va amenaçar-ne el capità. Segons el relat recollit en la resolució, Crone no el va tornar a veure durant la resta de la tarda i la nit.

La víctima va quedar en un estat de nerviosisme després del que acabava de viure, atès que l’actitud de l’acusat s’havia iniciat el 2021, tot i que la intensitat de la «pertorbació» havia augmentat en els darrers temps. L’objectiu no era cap altre que impedir-li fondejar a la badia. Arran d’aquest incident, el denunciant va decidir no baixar a la cabina i quedar-se al saló en actitud d'entreson. Cap a les tres de la matinada, ja del dia 23, el denunciant “va sentir, de sobte, un cop sec i es va adonar que la seva embarcació havia xocat amb una altra que també es trobava fondejada perquè l’àncora havia estat aixecada, de manera que el vaixell havia quedat a la deriva”.

Després d’aquest incident, l’afectat va sortir immediatament a coberta i es va adonar de l’impacte perquè la seva embarcació presentava desperfectes tant a la fibra com a la fusta (a l’aleta de la part posterior dreta de l’embarcació). Tot seguit, va posar en marxa el motor “per allunyar-se de les roques” i va veure aleshores a l’aigua unes bombolles, compatibles amb les que es formen “quan una persona està bussejant”. Així, va observar, al costat de les bombolles, com emergia una “massa important” de gran envergadura que va sortir a la superfície i que, segons el denunciant, era l’acusat, qui es va treure el regulador i es va dirigir a la víctima de manera intimidatòria. “T’ho vaig advertir, la pròxima vegada t’enfonsaré el vaixell, fot el camp d’aquí”, va amenaçar, segons recull la sentència. Segons la víctima, aquella nit hi havia lluna plena, per la qual cosa va poder identificar perfectament l’acusat, però el que més el va ajudar a identificar-lo, sense cap mena de dubte, “va ser que li va reconèixer la veu, de manera categòrica i contundent”.

De la mateixa manera, amb el propòsit de dissuadir-lo de fondejar a la badia, així com de causar danys als béns propietat de la víctima, Soler Cardona “va esquinçar amb un objecte tallant la seva embarcació auxiliar, que portava subjectada amb els pescants”. Es tractava d’una pneumàtica perfectament subjectada pels pescants i que presentava almenys 10 o 12 talls i es trobava a l’aigua. Segons el peritatge aportat pel denunciant, els danys ocasionats ascendien a 3.283 euros, que també van ser reclamats al denunciat.

El tribunal dona plena solidesa a la declaració de la víctima

La resolució, de la qual ha estat ponent la magistrada Gemma Robles, desestima íntegrament el recurs interposat per la defensa de l’empresari i ratifica punt per punt la sentència dictada en primera instància. El tribunal rebutja així els arguments del condemnat i atorga plena solidesa i veracitat a la declaració de la víctima.

La defensa sosté que la prova es va valorar de manera incorrecta i que la identificació de l’acusat no era fiable, ja que s’havia produït de matinada i en unes condicions de visibilitat i audició deficients. També va qüestionar que Soler Cardona hagués pogut dur a terme els fets des de l’aigua, atesa la posició elevada de la pneumàtica, i va assenyalar suposades contradiccions en el relat de Crone, com també l’enemistat prèvia entre tots dos, que podria afectar la seva credibilitat.

El recurs al·legava, a més, que s’havia vulnerat el dret a la presumpció d’innocència perquè la condemna es basava essencialment en la declaració de la víctima, sense una corroboració objectiva suficient. La defensa va destacar l’absència de proves pericials, testimonis independents o elements tècnics que acreditessin la participació de l’empresari. Tanmateix, el tribunal ha rebutjat aquests arguments.

Pel que fa al delicte continuat de trencament, la defensa de Soler Cardona sostenia que no hi havia cap base per considerar que hi hagués una reiteració dels fets; afirma que la sentència només descriu un episodi i que la continuïtat delictiva s’havia fonamentat indegudament en els seus antecedents penals.

El tribunal de l’Audiència Provincial desestima aquest argument i assenyala que els fets provats descriuen en realitat dos episodis diferenciats, tot i que tinguessin lloc el mateix dia. El primer va tenir lloc durant el dia i va incloure amenaces directes. El segon es va produir a la nit i, segons la sentència, aquestes amenaces es van materialitzar amb els danys de què se l’acusa. Per al tribunal, tots dos episodis estan vinculats per un mateix propòsit i constitueixen un delicte continuat.

La defensa del condemnat també va qüestionar que no existís una prova directa que l’acusat hagués abandonat la badia després del primer episodi i hi hagués tornat posteriorment. El tribunal, però, considera que aquesta circumstància es desprèn de les proves disponibles. Atès que es tracta d’una badia concorreguda i que sobre l’acusat pesava una ordre d’allunyament, no resulta raonable pensar que s’hi hagués quedat esperant una possible intervenció policial, argumenta el tribunal. A això cal afegir que el perjudicat no el va tornar a veure entre tots dos episodis. Per aquests motius, la magistrada considera que la continuïtat delictiva es basa en una valoració racional del conjunt de les proves i rebutja els arguments de la defensa de Soler Cardona. En conseqüència, desestima íntegrament el recurs.

La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado la condena de seis meses de prisión por un delito de coacciones al empresario ‘pirata’ Evaristo Soler Cardona dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa. El juez de primera instancia también había condenado a Soler Cardona por un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar y otro delito de daños, según el fallo al que ha accedido en exclusiva elDiario.es. Por el primer delito deberá cumplir una pena de 24 meses de multa a razón de 12 euros diarios, en total, 8.640 euros y, por el segundo, cumplirá una pena de 12 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros, en total, 4.320 euros. Además, deberá indemnizar al denunciante, François Xavier Crone, con 3.283 euros por los daños ocasionados a su barco.

Los hechos se remontan al 22 de junio de 2024, cuando Soler Cardona, pese a tener en vigor una orden judicial que le prohibía aproximarse a menos de 100 metros de la bahía de Porroig (Sant Josep de sa Talaia, Eivissa), amenazó al patrón de un catamarán fondeado en la zona. “Gabacho de mierda, vete de aquí, no queremos en la isla a gente como tú, te quitaré el ancla, acabarás en las rocas, de nada te servirá tu dinghy”, le espetó en alusión a su bote, tal como recoge la sentencia. El acusado tenía entonces en vigor una medida cautelar que le prohibía acercarse a menos de 100 metros de la bahía, dictada en el marco de una causa penal por un delito contra la flora.

La condena incluye también la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena de prisión y la prohibición de aproximarse a menos de 100 metros de Crone, de su domicilio y lugar de trabajo, así como de comunicarse con él por cualquier medio durante tres años. El fallo establece que el impago de las multas conllevará un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas. Además, tendrá que hacerse cargo de todas las costas del procedimiento.

La acusación particular la ha ejercido la abogada Azucena López Acebes en representación del afectado. elDiario.es se ha puesto en contacto con el abogado de la defensa para conocer si tiene intención de recurrir y realizar alguna valoración sobre la sentencia, pero no ha respondido a las consultas de este periódico en el momento en que se publica esta noticia.

La jueza valida la identificación del acusado

En la sentencia de primera instancia ahora confirmada por la Audiencia, la jueza consideró probado que el 22 de junio de 2024 Evaristo Soler Cardona se dirigió a uno de los catamaranes fondeados en la bahía de Porroig y amenazó a su capitán. Según el relato recogido en la resolución, Crone no volvió a verlo durante el resto de la tarde y la noche.

La víctima se quedó en estado de nerviosismo después de lo que acababa de vivir, dado que la actitud del acusado se había iniciado en 2021, aunque la intensidad de la “perturbación” había escalado en los últimos tiempos. El objetivo no era otro que no permitirle fondear en la bahía. Debido a este incidente, el denunciante decidió no bajar al camarote y quedarse en el salón en actitud de duermevela. Hacia las tres de la madrugada ya del día 23, el denunciante “oyó, de repente, un golpe seco, dándose cuenta de que su embarcación había colisionado con otra que se hallaba igualmente fondeada porque el ancla había sido levantada, quedando el barco a la deriva”.

Tras este incidente, el afectado salió a cubierta inmediatamente, dándose cuenta del golpe porque su barco tenía desperfectos tanto en la fibra como también en la madera (en la aleta de la parte trasera derecha de la embarcación). Acto seguido, puso el motor en marcha “para alejarse de las rocas”, viendo en ese momento en el agua unas burbujas, compatibles con las que se forman “cuando una persona está buceando”. Así, observó junto a las burbujas cómo se dibujaba una “masa importante” de gran envergadura, que salió a flote, que según el denunciante era el acusado, quien se quitó el regulador y se dirigió a la víctima de forma intimidatoria. “Te lo advertí, la próxima vez te hundiré el barco, lárgate de aquí”, amenazó, recoge la sentencia. Según la víctima, esa noche había luna llena, por lo que pudo identificar al acusado perfectamente, pero lo que más le ayudó a identificarle, sin ningún género de duda, “fue que le reconoció la voz, de forma categórica y rotunda”.

Del mismo modo, con el propósito de disuadirle de fondear en la bahía, así como de causar daños en los bienes propiedad de la víctima, Soler Cardona “rajó con un objeto cortante su embarcación auxiliar, que llevaba sujeta con los pescantes”. Se trataba de una neumática perfectamente sujeta por los pescantes y que estaba rajada al menos por 10 o 12 cortes y en el agua. Según el peritaje aportado por el denunciante, los daños ocasionados ascendían a 3.283 euros, que fueron reclamados también al denunciado.

El tribunal da plena solidez a la declaración de la víctima

La resolución, cuya ponente ha sido la magistrada Gemma Robles, desestima de manera íntegra el recurso interpuesto por la defensa del empresario y ratifica punto por punto el fallo dictado en primera instancia. El tribunal desacredita así los argumentos del condenado y da plena solidez y veracidad a la declaración de la víctima.

La defensa sostiene que se valoró de forma incorrecta la prueba y que la identificación del acusado carecía de fiabilidad al haberse producido de madrugada y en condiciones de visibilidad y audición deficientes. También cuestionó que Soler Cardona pudiera haber realizado los hechos desde el agua, dada la posición elevada de la neumática, y señaló supuestas contradicciones en el relato de Crone así como la enemistad previa entre ambos que podría afectar a su credibilidad.

El recurso alegaba, además, que se había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia porque la condena descansaba esencialmente en la declaración de la víctima, sin corroboración objetiva suficiente. La defensa destacó la ausencia de pruebas periciales, testimonios independientes o elementos técnicos que acreditaran la participación del empresario. Sin embargo, el tribunal ha rechazado estos argumentos.

En cuanto al delito continuado de quebrantamiento, la defensa de Soler Cardona sostenía que no hay base para considerar que existiera una reiteración de los hechos; afirma que la sentencia solo describe un episodio y que la continuidad delictiva se ha fundamentado indebidamente en sus antecedentes penales.

El tribunal de la Audiencia Provincial desesima este argumento y señala que los hechos probados describen en realidad dos episodios diferenciados, aunque ocurrieran el mismo día. El primero tuvo lugar durante el día e incluyó amenazas directas. El segundo se produjo por la noche y, según la sentencia, esas amenazas se materializaron con la acusación de daños. Para el tribunal, ambos episodios están vinculados por un mismo propósito y constituyen un delito continuado.

La defensa del condenado también cuestionó que no exista una prueba directa de que el acusado abandonara la bahía después del primer episodio y regresara posteriormente. El tribunal, sin embargo, considera que esa circunstancia se deduce de las pruebas disponibles. Al tratarse de una bahía concurrida y pesar sobre el acusado una orden de alejamiento, no resulta razonable pensar que permaneciera allí esperando una posible intervención policial, argumenta el tribunal. A ello cabe añadir que el perjudicado no volvió a verlo entre ambos episodios. Por estos motivos, la magistrada considera que la continuidad delictiva se basa en una valoración racional del conjunto de las pruebas y rechaza los argumentos de la defensa de Soler Cardona. En consecuencia, desestima íntegramente el recurso.