La Consellería do Medio Rural, dirigida por María José Gómez, realizará una inspección “inmediata” de la granja de visones de Abegondo (A Coruña), después de que elDiario.es desvelara este lunes que la explotación mantiene cadáveres sin recoger durante varios días, animales con autolesiones y colas canibalizadas por el estrés extremo, crías de visón muertas, además de suciedad extrema y abundante presencia excrementos. Las imágenes fueron grabadas en el interior de la explotación entre los días 20 y 24 de noviembre de 2025 y 20 y 21 de abril de 2026, y fueron cedidas por ARDE. El caso está denunciado ante la Fiscalía.

La Xunta explicó a este diario que supervisará próximamente el estado de las instalaciones de la granja de visones. “En función de los resultados de esa inspección, se adoptarán las medidas que correspondan”, añade. Si hay incumplimientos, la administración autonómica debe abrir un expediente sancionador y determinar qué castigo corresponde.

El departamento autonómico alega que no había tenido constancia formal “de ninguna denuncia sobre este tema” y asegura que lo ha conocido a través de los medios de comunicación. “Por lo tanto, tampoco constan inspecciones a dicha granja que pudieran haber constatado incumplimientos relacionados con el bienestar animal”, agrega. Antes de la publicación de la noticia, este diario consultó a la Consellería si había realizado inspecciones en la granja, pero no recibió respuesta hasta después de que se difundió la información.

La Consellería se queja de que este tipo de denuncias “no se trasladen inmediatamente a los servicios veterinarios oficiales”, para que se puedan llevar a cabo las acciones “con la máxima celeridad y eficacia posibles”, con el objetivo de “garantizar las adecuadas condiciones de la explotación en materia de bienestar animal”. Las fuentes consultadas señalan que cualquier persona o colectivo que tenga conocimiento de posibles irregularidades “debe denunciarlas en el momento ante los servicios veterinarios oficiales”.

La explotación, formada por 13 naves, está vinculada a la sociedad Antonio Vigo Piel SL según consta en la documentación interna analizada. Esta granja fue denunciada el pasado 22 de mayo ante la Fiscalía de A Coruña por posibles delitos de maltrato animal, de acuerdo con la documentación consultada por este diario. La empresa opera en la industria peletera y se centra en la cría y venta de pieles tanto en España como en el extranjero, según figura en el Registro Mercantil. elDiario.es se intentó poner en contacto con A.V., a través de un teléfono asociado a la empresa, así como por otras vías, sin que haya sido posible recabar su versión de los hechos.

Las condiciones observadas en la granja podrían ser incompatibles con las obligaciones básicas en materia de bienestar animal, entre ellas, “la obligación de prevenir sufrimiento evitable, el mantenimiento de condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y la correcta atención veterinaria de animales lesionados o enfermos”, según una veterinaria consultada por este diario. La profesional cita el Real Decreto 348/2000, que establece –en el artículo 3 y el punto dos del Anexo I– que los animales deben mantenerse en condiciones que eviten sufrimiento innecesario y que aquellos que estén enfermos o heridos recibirán “inmediatamente el tratamiento apropiado”. En caso de que el animal no responda a estos cuidados, “se consultará a un veterinario lo antes posible”.

Las imágenes de la granja muestran mucha suciedad en las jaulas y paredes de su interior, así como visones heridos y/o con enfermedades; cadáveres en estado de descomposición; así como trato brusco y violento por parte de uno de los operarios de la explotación, que aparece golpeando a los animales. Además, se observa un gato y otras aves en la explotación, lo que entraña riesgos biosanitarios relacionados con la propagación de virus.

Una macrogranja de visones americanos, ubicada en el municipio de Abegondo (A Coruña), mantiene cadáveres sin recoger durante varios días, animales con autolesiones y colas canibalizadas por el estrés extremo, crías de visón muertas, además de suciedad extrema y abundante presencia excrementos. Así se desprende de las imágenes grabadas en su interior –entre los días 20 y 24 de noviembre de 2025 y 20 y 21 de abril de 2026– y facilitadas por la entidad ARDE, que avanza este lunes elDiario.es.

Las condiciones observadas podrían ser incompatibles con las obligaciones básicas en materia de bienestar animal, entre ellas, “la obligación de prevenir sufrimiento evitable, el mantenimiento de condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y la correcta atención veterinaria de animales lesionados o enfermos”, según una veterinaria consultada por este diario. La profesional cita el Real Decreto 348/2000, que establece –en el artículo 3 y el punto dos del Anexo I– que los animales deben mantenerse en condiciones que eviten sufrimiento innecesario y que aquellos que estén enfermos o heridos recibirán “inmediatamente el tratamiento apropiado”. En caso de que el animal no responda a estos cuidados, “se consultará a un veterinario lo antes posible”.

Se trata de una explotación formada por 13 naves vinculada a Antonio Vigo Piel SL, según la documentación consultada por este diario. La empresa opera en la industria peletera y se centra en la cría y venta de pieles tanto en España como en el extranjero, según figura en el Registro Mercantil. elDiario.es se ha puesto en contacto con A.V. con la finalidad de contrastar la información y recabar su versión de los hechos, sin que haya sido posible en el momento en que se publica esta noticia.

Este diario también se ha puesto en contacto con la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia, así como con la Consellería de Sanidade, con la finalidad de contrastar la información y esclarecer si se han realizado inspecciones en la granja. En caso de que sí, se ha consultado a ambas administraciones si se han abierto expedientes, sin que haya sido posible obtener una respuesta en el momento en que se publica esta noticia.

Por otro lado, el 100% de granjas de AGAVI España (Asociación Nacional de Criadores de Visón) poseen la certificación de bienestar animal Welfur. Más del 95% de la producción nacional de visón viene de granjas que están dentro de AGAVI, según afirma la asociación en su web. Este diario se ha puesto en contacto con AGAVI y Welfur, a quienes se ha preguntado si la granja dispone de la certificación de bienestar animal, y si las imágenes son compatibles con ella, sin que haya sido posible obtener una respuesta, en el momento en que se publica esta noticia.

Visones conviven con cadáveres

Las imágenes de la granja muestran mucha suciedad en las jaulas y paredes de su interior, así como visones heridos y/o con enfermedades; cadáveres en estado de descomposición; así como trato brusco y violento por parte de uno de los operarios de la explotación, que aparece golpeando a los animales. Además, se observa un gato y otras aves en la explotación, lo que entraña riesgos biosanitarios relacionados con la propagación de virus.

La entidad de protección medioambiental y animal ARDE (Animal Respect & Defence of the Environment) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de A Coruña el 22 de mayo de 2026 por posibles delitos de maltrato animal, según la documentación consultada por este diario. En su escrito, ARDE solicita al Ministerio Público que abra diligencias de investigación sobre los hechos e identifique tanto a la persona jurídica responsable de la explotación como a los operarios y al personal veterinario encargado de la supervisión sanitaria y el bienestar animal.

Asimismo, la asociación insta a la Fiscalía a valorar la posible existencia de delitos de maltrato animal y pide que se practique una inspección oficial in situ para verificar el estado sanitario y de bienestar de los visones. Este diario no ha podido comprobar si la Fiscalía Provincial de A Coruña ha registrado la denuncia presentada por la entidad animalista.

Los animales sufren “dolor” y “estrés”

La denuncia ante la Fiscalía Provincial de A Coruña va acompañada de un informe pericial veterinario, al cual ha accedido este diario, en el que la veterinaria Alba N. P. hace una evaluación del bienestar animal y las condiciones higiénico-sanitarias en la explotación en la explotación de visón americano.

Asimismo, matiza que se trata de un análisis “sin inspección directa de la explotación ni exploración clínica individual de los animales”, ya que está basado “en el material audiovisual facilitado por terceros”, por lo que no es posible determinar “la prevalencia exacta de las lesiones ni su evolución individual”, si bien es posible “identificar patrones repetidos y consistentes”.

Sobre las instalaciones en las que conviven, la profesional observa que las jaulas individuales en las que viven los animales son “metálicas” y de “dimensiones reducidas”, cuyas estructuras poseen signos de corrosión avanzada, deterioro estructural visible y acumulación de restos orgánicos adheridos. Además, los suelos son de rejilla metálica y/o plástica. Existe una “ausencia frecuente de superficies de descanso diferenciadas del enrejado” y hay una “elevada densidad de jaulas en el interior de las naves”. Por tanto, la veterinaria considera que el estado de deterioro estructural observado “podría favorecer la aparición de lesiones traumáticas”, así como dificultar el mantenimiento de condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y comprometer la comodidad y bienestar de los animales.

En cuanto a las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones, la veterinaria destaca la “presencia abundante” de excrementos, restos de alimento, pelo y materia orgánica “acumulados sobre distintas superficies de contacto”. Asimismo, incide en la presencia de alimento depositado “sobre superficies aparentemente contaminadas”, así como aparente ausencia “de limpieza reciente en múltiples jaulas y estructuras”. Además, hay una “acumulación de estructuras metálicas deterioradas, material almacenado y objetos diversos en el interior de la explotación”. Según la profesional, estas condiciones sugieren posibles fallos en los protocolos de limpieza y desinfección, lo que podría aumentar el riesgo de infecciones y empeorar el estado sanitario general de la instalación.

Respecto a su estado de salud, se han observado numerosos visones con pérdida parcial o total de pelo en la cola. También presentan heridas abiertas (úlceras), formación de costras y signos compatibles con muerte de tejido en las extremidades. En algunos casos, se aprecia incluso una pérdida parcial de la estructura anatómica. Esto se puede deber a procesos de automutilación, infecciones secundarias y/o agresiones entre individuos, según interpreta. La veterinaria afirma que son lesiones “potencialmente asociadas a dolor y malestar significativo” y que las lesiones son compatibles con “evolución no aguda y posible ausencia de intervención temprana”.

Es decir, la profesional interpreta que las lesiones no parecen recientes ni de aparición repentina, sino que llevan tiempo desarrollándose y empeorando de forma progresiva. Además, sugiere que probablemente no se han tratado o atendido a tiempo, lo que habría permitido que evolucionaran hasta el estado actual.

Del mismo modo, señala que hay potencial riesgo de “progresión infecciosa y complicaciones sistémicas. Es decir, que existe la posibilidad de que la infección no se quede solo en la herida o en la zona afectada, sino que empeore con el tiempo. En ese caso, podría extenderse a otras partes del cuerpo y provocar problemas más graves que afecten al organismo en general, no solo a la lesión local.

Por otro lado, se observan visones con inflamación marcada; eritemas; presencia de material orgánico adherido y pérdida de integridad cutánea. La veterinaria interpreta que las lesiones observadas encajan con procesos de inflamación e infección que podrían haberse visto favorecidos por unas condiciones de higiene insuficientes en el entorno.

También hay animales con inflamación periocular (alrededor de los ojos), secreción, formación de costras y posible afectación ocular. Las lesiones observadas son compatibles con “procesos infecciosos, traumáticos o irritativos, sin que pueda evidenciarse en el material analizado la aplicación de medidas terapéuticas”, interpreta la profesional.

Las imágenes describen un patrón de animales con distintos niveles de evolución de enfermedad: algunos con lesiones recientes, otros con daños más antiguos y otros con afectaciones graves, lo que indica procesos que se han prolongado en el tiempo. El hecho de que coexistan estos distintos estadios en varios individuos sugiere una exposición continuada a las mismas causas o condiciones, y hace menos probable que se trate de episodios puntuales o aislados, según la veterinaria.

Sobre el comportamiento, se observan animales con movimientos repetitivos; hiperactividad e interacción reiterada con barrotes y estructuras de las jaulas. Estas conductas son compatibles con lo que se conoce como comportamientos estereotipados, que suelen aparecer en situaciones de estrés prolongado, frustración y falta de posibilidades para desarrollar conductas naturales propias de la especie.

Además, la veterinaria advierte que la presencia de animales en el interior de una macrogranja puede suponer un riesgo para la bioseguridad y el control sanitario. Este riesgo sería especialmente relevante en explotaciones de visones, una especie considerada vulnerable a distintos agentes zoonóticos de importancia epidemiológica. Es decir, capaces de transmitirse entre animales y humanos.

Deterioro de la salud animal

La profesional valora, tras inspeccionar el material audiovisual de casi tres horas, que las condiciones son compatibles con un deterioro del bienestar animal, asociado a “estrés crónico sostenido” en el tiempo, frustración de conductas naturales y “dolor físico” derivado de las lesiones observadas. Desde una perspectiva técnica, valora que la combinación de heridas, limitaciones del entorno y alteraciones del comportamiento sugieren un “deterioro significativo” de las condiciones de bienestar en las que se encuentran los animales dentro de la explotación.

En base a la literatura científica consultada por la veterinaria, afirma que la caudofagia (mordedura de la cola del animal a sí mismo o hacia otros) y otras lesiones en visones son indicadores relevantes de problemas de bienestar en la industria intensiva de producción de pieles.

En este sentido, distintos estudios señalan que la aparición de heridas o laceraciones, mordeduras, pérdida de tejido, necrosis, infecciones, inflamación o lesiones cutáneas en visones están asociadas a “situaciones de estrés crónico”, frustración en la conducta, así como a una reducción del bienestar. También se ha descrito que la restricción del entorno puede afectar negativamente a los animales al impedir la realización de comportamientos altamente motivados.

Estos aspectos, incide la profesional, son especialmente relevantes en especies semiacuáticas como el visón americano, que tiene necesidades conductuales complejas y requiere de entornos enriquecidos que permitan la exploración y el movimiento. La presencia de lesiones en la piel y en la zona de los ojos en varios animales podría estar relacionada con posibles “deficiencias en las condiciones higiénico-sanitarias”, en el manejo de los animales y en el control sanitario de la explotación.

Por tanto, la veterinaria plantea una relación compatible entre el confinamiento y la falta de estímulos ambientales; el desarrollo de estrés crónico y la aparición de conductas anómalas, incluida la automutilación. Del mismo modo, las condiciones higiénico-sanitarias deficientes podrían incrementar el riesgo de infecciones y agravar las lesiones observadas en piel y ojos. En conjunto, las evidencias apuntan a que la restricción ambiental en esta especie puede comprometer de forma significativa su bienestar, al limitar comportamientos esenciales para su etología natural.

Riesgo de transmisión de virus

Las explotaciones de visones han sido objeto de atención epidemiológica en los últimos años por la susceptibilidad de esta especie a distintos agentes zoonóticos relevantes para la salud pública, desgrana el informe. La veterinaria apunta a que estos animales han mostrado ser altamente susceptibles a la infección por COVID-19, con “capacidad de transmisión entre individuos” y, en determinadas circunstancias, entre especies.

En este sentido, recuerda que en España se registraron brotes en granjas de visones durante la pandemia de COVID-19. Algunos estudios han señalado que estos animales pueden infectarse con facilidad y transmitir el virus de manera eficiente.

Por otro lado, en 2022 se detectó en Galicia un brote de gripe aviar en una explotación de visones. Fue un caso considerado relevante desde el punto de vista epidemiológico por la posible transmisión entre mamíferos dentro de la granja. Así, la presencia de animales ajenos a la explotación, junto con las condiciones higiénico-sanitarias descritas, podría “comprometer las medidas de bioseguridad necesarias en este tipo de instalaciones”. Estas circunstancias ambientales también podrían “favorecer la persistencia y transmisión de agentes infecciosos entre animales susceptibles”.

En conclusión, la profesional sostiene que las condiciones descritas, constituyen “indicadores objetivos” de deterioro del bienestar animal. Asimismo, la repetición de lesiones en múltiples individuos y en distintos momentos apunta a una “situación mantenida en el tiempo”, más que a hechos aislados. En conjunto, las condiciones observadas podrían “no ajustarse plenamente a los requisitos mínimos establecidos en la normativa vigente en materia de bienestar animal y bioseguridad”.

Sin embargo, la veterinaria matiza que la confirmación definitiva de estas observaciones requeriría “inspección oficial in situ”. Finalmente, insiste en que las valoraciones recogidas en el informe “deben interpretarse dentro de las limitaciones inherentes al análisis indirecto mediante material audiovisual”, dado que no se trata de una inspección directa en la explotación.

La relación empresarial

La documentación comercial consultada por elDiario.es vincula la explotación investigada con Antonio Vigo Piel SL. En el caso de esta sociedad, consta un recibí de la empresa Técnicas de Nutrición SA por la entrega de 450 kilos de pienso de visón el 13 de abril de 2026. El cliente figura como Antonio Vigo, con domicilio a escasos kilómetros de la granja investigada. Según el buscador de explotaciones REGA de la Xunta de Galicia, este titular aparece asociado a una explotación en estado de alta, como ha comprobado este diario.

Asimismo, la sociedad Antonio Vigo Piel SL –dedicada a la cría de animales de peletería– figura con domicilio social en la calle Huertas 1 de A Coruña, en dependencias de una asesoría. Su administrador único es A. V. G., nombre coincidente con el que aparece en la documentación de suministro. De la documentación consultada se desprende que esta sociedad estaría vinculada a la explotación denunciada.

El president del Consell Insular, Vicent Marí (PP), haurà de declarar al jutjat després d’haver estat imputat per un presumpte delicte de prevaricació, tràfic d’influències, coaccions i lesions psicològiques a una funcionària, en el marc del cas “La vida islados”, segons consta en una interlocutòria del Jutjat d’Instrucció número 4 d’Eivissa consultat per elDiario.es.

Fa uns mesos, l’Audiència Provincial de les Balears va reobrir la causa després que la magistrada estimés parcialment el recurs d’apel·lació presentat per María Ana Tur Díaz, interventora del Consell Insular, i revoqués parcialment la decisió anterior del jutjat, que havia decretat el sobreseïment provisional el desembre de 2024. La Fiscalia d’Eivissa, en canvi, va tornar a sol·licitar el sobreseïment provisional i l’arxivament de les actuacions el 9 de febrer de 2026.

La reobertura del cas es refereix estrictament a l’adjudicació del contracte per a la producció i el rodatge de “La vida islados”, un curt protagonitzat per Olivia Molina, per al qual es va assignar una partida de 249.018 euros que van anar a parar a l’empresa Fuera de Escena Ibiza S.L. Quedava fora d’aquesta revisió la resta del pressupost destinat a la campanya turística —un total de 745.000 euros—, tramitada per via d’emergència, és a dir, “a dit”, sense concurs públic ni procediment negociat.

L’acusació particular, exercida per la funcionària María Ana Tur Díaz, sol·licita per un presumpte delicte de prevaricació la pena d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic per un període de dotze anys, així com per a l’exercici del dret de sufragi passiu. Pel delicte de tràfic d’influències ha demanat una altra pena de dotze anys de presó i una multa del tant al doble del benefici —és a dir, un total de 500.000 euros— i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic i per a l’exercici del dret de sufragi passiu durant set anys.

Pel que fa al delicte de lesions psíquiques ha sol·licitat dos anys i mig de presó i, per les coaccions, un any i sis mesos de presó. Així mateix, l’acusació reclama que Marí indemnitzi la interventora amb un mínim de 80.000 euros en concepte de responsabilitat civil, a més dels interessos legals corresponents.

Pel que fa a l’acusació popular, exercida pel PSOE, ha sol·licitat per al primer delicte la mateixa condemna que l’acusació particular i, pel que fa al tràfic d’influències, el partit polític ha demanat per a Marí un any de presó, una multa del tant al doble del benefici obtingut –fixada en la quantitat de 500.000 euros– i la inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic, així com l’exercici del dret de sufragi passiu per un període de set anys.

La Fiscalia s’hi oposa

La Fiscalia d’Eivissa, en canvi, va tornar a sol·licitar el sobreseïment provisional i l’arxivament de les actuacions el 9 de febrer de 2026. En el seu escrit, la fiscal considera que no només va ser adequat el procediment d’emergència, d’acord amb l’article 120 de la Llei de Contractes del Sector Públic —possible fins i tot mitjançant contractació verbal—, sinó que “tampoc queda acreditada una actuació il·lícita penal” pel que fa al contracte de 164.257 euros de la campanya promocional de “La vida islados”.

A més, la fiscal argumenta, en relació amb Marí, que no s’ha acreditat que les resolucions fossin “injustes o arbitràries”, ja que “van ser revisades per diversos tècnics” i els decrets administratius van esdevenir ferms sense que fossin recorreguts. El Ministeri Fiscal, per tant, considera que no ha quedat acreditat que el president del Consell Insular “imposés o influís en l’elecció d’una o altra empresa als funcionaris” de la institució per dur a terme la campanya de promoció turística, ni tampoc que tingués relació amb l’empresa Fuera de Escena Ibiza SL ni amb Republicana de Cine.

Així mateix, argumenta que és l’empresa Fuera de Escena Ibiza SL la que figura en l’expedient de contractació, i no Republicana de Cine, que només apareix “quan se sol·licita un informe a una altra empresa per valorar preus de mercat”, i afegeix que el Consell Insular —que seria l’administració perjudicada econòmicament en la causa— no s’ha personat i ha indicat que “no hi ha perjudicis per a l’Administració”.

Finalment, d’acord amb les diligències practicades, la fiscal no considera acreditada l’existència del delicte de coaccions ni de lesions psicològiques, ni tampoc del delicte d’assetjament contra la funcionària María Ana Tur Díaz.

Entre els seus arguments, la fiscal afirma, pel que fa a la posposició del seu nomenament com a interventora, que la querellant va manifestar en seu judicial que va presentar la sol·licitud de la plaça d’interventora quan governava el PSOE (2015-2019) i va reconèixer que havia parlat amb els responsables, als quals va instar que deixessin signat el seu nomenament abans que arribés Vicent Marí, que havia guanyat les eleccions.

Quan va ser nomenat president, ella li hauria explicat que hi havia “un defecte formal” que impedia el seu nomenament com a interventora. D’altra banda, A. R. B., secretari general del Consell Insular, va assegurar en la seva declaració judicial com a testimoni que la funcionària va ser nomenada interventora un cop es van complir “els requisits legals”, i que aquests requisits no depenien de l’investigat, sinó de recursos humans.

La funcionària va denunciar “pressions”

Durant el ple ordinari del Consell, celebrat el 25 de setembre de 2020, el president va anunciar la decisió adoptada pel seu executiu de continuar amb la campanya turística “La vida islados”, malgrat el reparament d’Intervenció, i va criticar durament la viceinterventora que havia elaborat l’informe, encara que sense esmentar-la directament.

Quan el cas va arribar a l’Oficina Anticorrupció, l’organisme públic balear —avui dia extingit després que el Govern de Marga Prohens (PP) el suprimís— va decidir contactar directament amb María Ana Díaz Tur, qui va afirmar a la seu de l’ens que va patir “pressió laboral, amenaces d’acomiadament i pressions” per part de Marí. Uns episodis que, segons la funcionària, s’haurien produït durant el període en què treballava a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu (Eivissa), quan Vicent Marí n’era l’alcalde.

El president va afirmar que desconeixia la situació d’assetjament laboral que va descriure la funcionària davant l’Oficina Anticorrupció i va negar aquests fets. Tot i això, l’organisme públic afirma disposar d’“informes mèdics on consta la pressió a la qual estava sotmesa per causes laborals”, als quals Marí no va poder tenir accés en el seu moment. El 9 d’octubre de 2020, “l’especialista va diagnosticar a la senyora Tur lesions al colze i a les dues cames d’origen psoriàsic aparent per càrrega emocional (estrès)”, indicava l’Oficina Anticorrupció en el seu informe.

El part mèdic, recollit per l’Oficina, afegia que “la pacient presenta simptomatologia ansiosa-depressiva reactiva a un problema laboral, amb ansietat flotant, sensació d’ofec, taquicàrdies, opressió al pit, tensió muscular, pèrdua de confiança en si mateixa, tristesa i exacerbació de símptomes somàtics com alopècia i psoriasi”. “Se sent desqualificada i pressionada. Té por de les represàlies per fer correctament la seva feina”, assenyalava el document.

Reobertura de la causa

El judici oral es va obrir al març després que l’acusació particular, exercida per la interventora, demanés un impuls processal de la causa. Segons el que sosté la Fiscalia, que al seu torn també va presentar al març un escrit després de l’obertura, no hi ha cap pena que s’hagi d’imposar al president del Consell.

Per la seva banda, l’acusació particular ja havia presentat al febrer un altre escrit en què sol·licitava una pena de sis anys per al president pels delictes que se li atribueixen. El jutjat dona tres dies als acusats per confirmar la seva defensa legal i deu dies més per presentar les seves al·legacions davant l’Audiència Provincial de Palma, on respondran a les acusacions i proposaran les seves pròpies proves per al judici. Fonts del Consell Insular afirmen que Marí encara ha de presentar la seva defensa i recorden la posició de la Fiscalia.

Anteriorment, elDiario.es va informar que l’Audiència Provincial de Palma havia reobert la causa que investigava el president del Consell Insular d’Eivissa per presumpta prevaricació administrativa i coaccions a una funcionària en el cas de “La vida islados”. La magistrada va estimar parcialment el recurs d’apel·lació presentat per María Ana Tur Díaz, interventora del Consell Insular, i va revocar parcialment la decisió del Jutjat d’Instrucció número 4 d’Eivissa, que havia decretat el sobreseïment provisional el desembre de 2024.

La jutgessa va apreciar que podrien haver-se vulnerat els criteris mínims de control que s’han d’establir fins i tot en contractes tramitats per via d’emergència. En relació amb la part recurrent, sosté que podria existir un delicte de prevaricació per l’adjudicació del contracte mitjançant un procediment d’emergència que, segons s’argumenta, no era aplicable en aquell moment.

El jutge, en el seu auto d’arxivament, en canvi, va considerar que l’actuació no constitueix delicte perquè existeix un debat jurídic i tècnic sobre si el procediment d’emergència estava justificat. En el cas concret, alguns informes sostenen que no era legal utilitzar aquest procediment, mentre que altres indiquen que sí que era apropiat, donades les circumstàncies excepcionals de la pandèmia de la COVID-19.

La Sala, basant-se en la jurisprudència del Tribunal Suprem, argumentava que no tota decisió administrativa incorrecta constitueix prevaricació. Perquè existeixi aquest delicte, l’actuació ha de ser clarament arbitrària, injustificable d’acord amb el dret i realitzada amb dol directe, és a dir, amb intenció de perjudicar o beneficiar algú de manera manifestament injusta.

A més, en l’administració pública és habitual que sorgeixin interpretacions discutibles de la llei a causa de la complexitat dels procediments o de la coexistència d’informes tècnics contradictoris. Per això, l’error d’interpretació pot excloure la responsabilitat penal si no hi ha una intenció clara d’actuar de manera il·legal.

En el cas analitzat, el Jutjat d’Instrucció número 4 havia conclòs, abans de la reobertura, que l’actuació del president del Consell Insular, Vicent Marí, no va ser arbitrària ni injustificada, sinó que es va mantenir dins d’un marge legal discutible. Per això no va apreciar delicte de prevaricació i la denúncia va ser arxivada.

La magistrada de l’Audiència Provincial de Palma va considerar que aquests arguments són aplicables pel que fa a la possibilitat d’utilitzar el procediment d’emergència per a l’adjudicació del contracte. És a dir, que es tracta d’una interpretació que hauria d’haver estat resolta davant la jurisdicció competent, la via contenciosa administrativa.

El presidente del Consell Insular, Vicent Marí (PP), deberá sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial de Balears para ser juzgado por un presunto delito de prevaricación, tráfico de influencias, coacciones y lesiones psicológicas a una funcionaria, en el marco del caso ‘La vida islados’, como figura en un auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, consultado por elDiario.es.

Unos meses atrás, la Audiencia Provincial de Balears reabrió la causa después de que la magistrada estimara parcialmente el recurso de apelación presentado por María Ana Tur Díaz, interventora del Consell Insular, y revocara parcialmente la anterior decisión del juzgado, que había decretado el sobreseimiento provisional en diciembre de 2024. La Fiscalía de Eivissa, en cambio, volvió a solicitar el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones el 9 de febrero de 2026.

La reapertura del caso se refiere estrictamente a la adjudicación del contrato para la producción y el rodaje de ‘La vida islados’, un corto que protagonizó Olivia Molina y para la que se asignó una partida de 249.018 euros que fueron a parar a la empresa Fuera de Escena Ibiza S.L. Lo que se dejaba de lado era el resto del presupuesto asignado para desarrollar la campaña turística –un total de 745.000 euros– en la modalidad de tramitación de emergencia, es decir, 'a dedo', sin pasar por concurso público ni negociado.

La acusación particular, ejercida por la funcionaria María Ana Tur Díaz, solicita por un presunto delito de prevaricación la pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público por un periodo de 12 años, así como para el ejercicio de sufragio pasivo. Por el delito de tráfico de influencias ha pedido otra pena de 12 años de cárcel y una multa de tanto al doble del beneficio –es decir, un total de 500.000 euros– e inhabilitación especial para el empleo o cargo público y para el ejercicio de sufragio pasivo durante siete años.

Respecto al delito de lesiones psíquicas ha solicitado dos años y medio de prisión y, por las coacciones, un año y seis meses de cárcel. Asimismo, la acusación reclama que Marí indemnice a la interventora con un mínimo de 80.000 euros en concepto de responsabilidad civil, además de los intereses legales correspondientes. 

En cuanto a la acusación popular, ejercida por el PSOE, ha solicitado el primer delito la misma condena que la acusación particular y, en cuanto al tráfico de influencias, el partido político ha pedido para Marí un año de prisión, una multa del tanto al duplo del beneficio obtenido –fijada en la cantidad de 500.000 euros– y la inhabilitación especial para empleo o cargo público. Así como el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un periodo de siete años.

La fiscal se opone

La Fiscalía de Eivissa, en cambio, volvió a solicitar el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones el 9 de febrero de 2026. En su escrito, la fiscal considera que no solamente fue adecuado el procedimiento de emergencia, de acuerdo con el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público –posible incluso a través de la contratación verbal–, sino que “tampoco queda acreditada una actuación ilícita penal” en cuanto al contrato de 164.257 euros por la campaña promocional de ‘La vida islados’.

Además, la fiscal argumenta, en relación a Marí, que no ha quedado acreditado que las resoluciones fueran “injustas o arbitrarias”, ya que “fueron revisadas por varios técnicos” y los decretos administrativos devinieron firmes sin que fueran recurridos. El Ministerio Fiscal, por tanto, considera que no ha quedado acreditado que el presidente del Consell Insular “impusiera o influyera en la elección de una y otra empresa en los funcionarios” de la institución para llevar a cabo la campaña de promoción turística, ni tampoco que tuviera relación con la empresa Fuera de Escena Ibiza SL, ni con Republicana de Cine.

Asimismo, argumenta que es la empresa Fuera de Escena Ibiza SL la que figura en el expediente de contratación, no Republicana de Cine, que solo figura “cuando se solicita un informe a otra empresa para valorar precios del mercado” y añade que el Consell Insular –que sería la administración perjudicada económicamente en la causa– no se ha personado y ha indicado que “no hay perjuicios a la Administración”. Por último, en base a las diligencias practicadas, la fiscal no considera acreditada la existencia del delito de coacciones ni lesiones psicológicas ni tampoco el delito de acoso hacia la funcionaria María Ana Tur Díaz.

Entre sus argumentos, la fiscal afirma, en cuanto a la posposición de su nombramiento como interventora, que la querellante manifestó en sede judicial que presentó la solicitud de la plaza de interventora cuando gobernaba el PSOE (2015-2019) y reconoció que había hablado con los responsables, a quienes instó que dejaran firmado su nombramiento antes de que llegara Vicent Marí, que había ganado las elecciones. 

Cuando fue nombrado presidente, ella le habría contado a él que había “un defecto formal” que impedía su nombramiento como interventora. Por otro lado, A. R. B., secretario general del Consell Insular, aseguró en su declaración judicial como testigo que la funcionaria fue nombrada interventora una vez que se cumplieron “los requisitos legales”. Y que esos requisitos no dependían del investigado, sino de recursos humanos.

La funcionaria denunció “presiones”

Durante el pleno ordinario del Consell, celebrado el 25 de septiembre del 2020, el presidente anunció la decisión adoptada por su Ejecutivo en cuanto a continuar con la campaña turística ‘La vida islados’, pese al reparo de Intervención, y criticó duramente a la viceinterventora que había realizado el informe, aunque sin nombrarla directamente.

Cuando el caso llegó a la Oficina Anticorrupción, el organismo público balear –hoy día ya extinta después de que el Govern de Marga Prohens (PP) la eliminara– decidió ponerse en contacto directamente con María Ana Díaz Tur, quien afirmó en la sede del ente público que sufrió “presión laboral, amenazas de despido y presiones” por parte de Marí. Unos episodios que se habrían producido, según la funcionaria, durante el periodo en el que ella trabajaba en el Ajuntament de Santa Eulària des Riu (Eivissa), cuando Vicent Marí era alcalde del municipio.

El presidente afirmó que desconocía la situación de acoso laboral que narró la funcionaria a la Oficina Anticorrupción y negó tal extremo, si bien el organismo público afirma tener en su poder “informes médicos donde hay constancia de la presión a la que se veía sometida por causas laborales”, a los que Marí no pudo tener acceso en su momento. El 9 de octubre de 2020, “el especialista diagnosticó a la señora Tur lesiones en codo y ambas piernas de aparente origen psoriásico por carga emocional (estrés)”, comentaba la Oficina Anticorrupción en su informe.

El parte médico, recogido por la Oficina, aportaba que “la paciente presenta sintomatología ansioso-depresiva reactiva a problema laboral, con ansiedad flotante, sensación de ahogo, taquicardias, opresión en el pecho, tensión muscular, pérdida de confianza en sí misma, tristeza y exacerbación de síntomas somáticos como alopecia y la psoriasis”. “Se siente descalificada y presionada. Tiene miedo a las represalias por realizar correctamente su trabajo”, aseguraba el documento.

Reapertura de la causa

El juicio oral se abrió en marzo después de que la acusación particular, que ejerce la interventora, pidiera un impulso procesal a la causa. Según lo defendido por la Fiscalía, que por su parte también presentó en marzo un escrito tras la apertura, no hay ninguna pena que imponer al presidente del Consell.

Por su parte, la acusación particular ya había enviado otro escrito en febrero solicitando una pena de seis años para el presidente por los delitos que se le acusan. El juzgado otorga tres días a los acusados para confirmar su defensa legal y otros diez para presentar sus alegaciones ante la Audiencia Provincial de Palma, donde responderán a las acusaciones y propondrán sus propias pruebas para el juicio. Fuentes del Consell Insular afirman que Marí todavía tiene que presentar la defensa y recuerdan la posición de la Fiscalía.

Anteriormente, elDiario.es informó de que la Audiencia Provincial de Palma había reabierto la causa que investigaba al presidente del Consell Insular d’Eivissa por presunta prevaricación administrativa y coacciones a una funcionaria por el caso de ‘La vida islados’. La magistrada estimaba así parcialmente el recurso de apelación presentado por María Ana Tur Díaz, interventora del Consell Insular, y revocaba parcialmente la decisión del Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, que había decretado el sobreseimiento provisional en diciembre de 2024.

La jueza apreció que se podrían haber vulnerado los criterios de control mínimos que deben establecerse, incluso en los contratos adjudicados por la vía de emergencia. En cuanto a la parte recurrente, sostiene que podría existir un delito de prevaricación por la adjudicación del contrato mediante un procedimiento de emergencia que. según lo que objetan. no era aplicable en ese momento.

El juez en su auto de archivo, sin embargo, consideró que la actuación no constituye delito porque existe un debate jurídico y técnico sobre si el procedimiento de emergencia estaba justificado. En el caso concreto, algunos informes sostienen que no era legal usar este procedimiento, mientras que otros aseguran que sí era apropiado, dadas las circunstancias excepcionales de la pandemia de COVID-19.

La Sala, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, argumentaba que no toda decisión administrativa incorrecta es prevaricación. Para que exista este delito, la actuación debe ser claramente arbitraria, injustificable según el derecho, y realizada con dolo directo, es decir, con intención de perjudicar o beneficiar a alguien de forma manifiestamente injusta. 

Además, en la administración pública es común que surjan interpretaciones discutibles de la ley debido a la complejidad de los procedimientos o a informes técnicos contradictorios. Por eso, el error de interpretación puede excluir la responsabilidad penal si no hay intención clara de actuar de manera ilegal.

En el caso analizado, el Juzgado de Instrucción número 4 concluía, antes de la reapertura, que la actuación del presidente del Consell Insular, Vicent Marí, no fue arbitraria ni injustificada, sino que se movió dentro de un margen legal discutible. Por ello no apreció delito de prevaricación y la denuncia fue archivada. 

La magistrada de la Audiencia Provincial de Palma consideró que estos argumentos son aplicables en cuanto a la posibilidad de utilizar el procedimiento de emergencia para la adjudicación del contrato. Es decir, que se trata de una interpretación que debió ser resuelta ante la jurisdicción competente, la vía contencioso-administrativa.

L’oposició social a l’ampliació de l’aeroport d’Eivissa, contemplada en el DORA III –període 2027-2031–, és unànime. Tant les organitzacions ecologistes com les patronals empresarials i hoteleres, així com els partits polítics, s’oposen a un projecte en què AENA preveu incrementar gairebé el doble les portes d’embarcament, passant de les actuals 17 a 32. El gestor aeroportuari, que té interessos privats des que el Govern de Mariano Rajoy va privatitzar el 49% de l’empresa pública, preveu una inversió de gairebé 230 milions d’euros amb l’objectiu de “modernitzar” la infraestructura i “atendre la demanda futura de trànsit”. Tot en un context en què el 2025 hi va haver més de 9 milions de passatgers a l’aeroport insular.

“Es tracta d’ampliar la infraestructura de massificació a costa de la nostra terra i el nostre benestar”, assenyala Neus Prats, vicepresidenta del grup ecologista GEN-GOB, que qualifica la remodelació com a “absolutament demencial”. “Representarà la multiplicació de tots els problemes de massificació que ja pateix l’illa i no obeeix de cap manera a l’interès general ni està al servei de les necessitats dels residents de l’illa”, afirma. Una altra de les entitats ecologistes de l’illa, Amics de la Terra, considera que ampliar l’aeroport, ja sobredimensionat, “agreujarà encara més la crisi hídrica, l’emergència de l’habitatge, la saturació turística i les emissions de carboni”.

Representarà la multiplicació de tots els problemes de massificació que ja pateix l’illa i no obeeix de cap manera a l’interès general ni està al servei de les necessitats dels residents de l’illa

Neus Prats — Vicepresidenta del grup ecologista GEN-GOB

Però l’esdeveniment que prova el consens que hi ha al voltant del rebuig a l’ampliació de la infraestructura aeroportuària va tenir lloc el passat 15 de maig a la Mesa de Diàleg de l’Aigua, promoguda per l'Aliança per l'Aigua, i que va comptar amb la participació dels principals agents socials, excepte els sindicats obrers. L’acord més rellevant de la jornada va ser la posició unànime de totes les entitats participants –socials, mediambientals, empresarials i hoteleres– a favor d’establir límits efectius al creixement de l’illa com a condició indispensable per garantir “la sostenibilitat hídrica i ambiental”. Aquest consens es va veure reflectit en l’oposició a l’ampliació. A més, es va assenyalar que un increment de la capacitat aeroportuària suposaria “un augment directe de la pressió sobre els recursos hídrics i sobre el conjunt del territori insular”.

L’Associació Empresarial d’Oci Nocturn (AEON) també s’ha posicionat de manera contundent argumentant que augmentar l’afluència de visitants agreujaria la situació d’insostenibilitat social i mediambiental que ja pateix l’illa. La patronal de l’oci nocturn ha lamentat que AENA “ha permès la invasió de l’aeroport d’Eivissa de publicitat de discoteques i hotels” i que promocionen l’illa “com una destinació de festa i excessos”. “Suposaria un greu perjudici per a l’equilibri territorial, social i mediambiental”, insisteixen.

Entre les entitats socials amb més arrelament a l’illa destaca l’Institut d’Estudis Eivissencs, que advoca per “reduir la pressió turística” amb l’objectiu de millorar la “qualitat de vida” dels residents. Així, adverteixen que el projecte d’AENA “planteja pràcticament duplicar la capacitat” de la infraestructura i que això suposaria agreujar problemes ja existents com la turistificació, l’escassetat d’aigua, el trànsit, la dificultat d’accés a l’habitatge o la contaminació derivada dels jets privats. L’entitat acusa el gestor aeroportuari de “prioritzar el benefici econòmic per damunt de la qualitat de vida dels residents”.

Aquesta entitat destaca juntament amb GEN-GOB per haver estat el moviment social que va aglutinar les lluites per convertir ses Salines d’Eivissa i Formentera en un parc natural. L’aeroport, però, es troba als voltants. De fet, el GEN-GOB adverteix que el parc natural “ja pateix greus impactes per la proximitat de les instal·lacions” i que una ampliació podria agreujar l’equilibri ecològic. A més de ser una àrea de descans i nidificació per a les aus –com els flamencs–, és un ecosistema molt valuós pels seus valors ecològics, paisatgístics, històrics i culturals.

Per això, el GEN-GOB insisteix que es tracta d’“un autèntic atemptat” per a l’illa, que només obeeix a “les ànsies econòmiques d’una empresa com AENA”. L’IEE, en la mateixa línia, es qüestiona quines serien les conseqüències futures d’aquesta ampliació i es planteja si realment és necessària la construcció de noves carreteres, més dessalinitzadores, més construccions hoteleres o fins i tot una segona pista d’aterratge al costat del parc natural. AENA no ha respost a la consulta d’aquest diari sobre si l’ampliació de l’aeroport implicarà augmentar el nombre de passatgers.

Una obra mastodòntica

A més de preveure un increment de gairebé el doble de portes –de 17 a 32–, la remodelació pretén reorganitzar completament la forma en què els viatgers accedeixen als avions. La major part del creixement es concentrarà en una nova zona d’embarcament comuna, que comptarà amb 18 portes: set de les quals connectades directament per passarel·la telescòpica, quatre dissenyades específicament per agilitzar el trànsit regional i interinsular i set per a embarcaments remots.

Així mateix, contempla un nou dic al nord-est, pensat exclusivament per a vols internacionals fora de l’espai Schengen. En total, s’hi afegiran 12 portes distribuïdes en dues plantes per permetre tant l’ús de passarel·les directes com l’accés a peu des de la pista. D’altra banda, inclou una zona flexible, és a dir, un espai amb dues portes addicionals que es podrà adaptar segons les necessitats de trànsit de cada moment.

En aquest sentit, l’aeroport seria més modern i accessible. El nou disseny contempla la construcció de prepassarel·les d’última generació, dissenyades per facilitar el flux de passatgers tant si l’embarcament és directe per passarel·la com si es fa de manera remota. D’altra banda, s’habilitaran zones específiques per a persones amb mobilitat reduïda.

Es preveuen altres actuacions, com l’ampliació de la terminal cap al sud-oest; la sala d’embarcament amb àrees i portes flexibles adaptables a cada vol; nous controls de passaports per agilitzar les sortides i arribades; un nou dic al nord-est i la reforma de l’estètica de l’edifici actual. A més, es preveu modernitzar ascensors i escales perquè els passatgers es puguin desplaçar millor. El pla inclou construir noves oficines i locals comercials més moderns.

Abans de construir el nou dic del nord-est, AENA ha d’edificar una nova zona de suport a l’aeronau al sud-oest, d’uns 9.400 metres quadrats. Associat a l’edifici d’activitats aeronàutiques i vials d’accés a les noves instal·lacions, es preveu construir un aparcament d’uns 8.000 metres quadrats. A més, s’hi inclouria un edifici de tallers i oficines de 7.000 metres quadrats per planta, que permetria enderrocar les instal·lacions “obsoletes” actuals, situades al costat de la torre de control.

El pla inclou, entre altres, un aparcament de 8.000 metres quadrats, nous controls de passaports, noves oficines i locals, i 16 nous aparadors addicionals a la planta baixa

De la mateixa manera, es preveu dur a terme obres de grans dimensions, com el desviament de la carretera Camí des Codols en un tram d’uns 700 metres; el soterrament d’almenys 200 metres del torrent de sa Font i el trasllat del punt net actual per permetre l’accés a les noves zones. Pel que fa a la terminal, s’hi afegiran 16 nous aparadors a la planta baixa; el nou control de seguretat comptarà amb 17 línies simultànies, incloent-hi carrils ràpids i línies específiques per a famílies i persones amb mobilitat reduïda. D’altra banda, s’hi afegirà una dotzena cinta de recollida d’equipatges d’alta capacitat per a avions de grans dimensions.

Tots els partits s’hi oposen

Vicent Marí (PP), president del Consell Insular, explica a elDiario.es que estan “en contra d’aquesta ampliació desmesurada de l’aeroport d’Eivissa”. Marí –màxim càrrec institucional de l’illa– opina que és necessari que el Govern millori “l’accessibilitat, el moviment de passatgers dins la terminal –tant de residents com de turistes–, les portes d’embarcament i els accessos als avions”, perquè cal disposar d’infraestructures modernes. “Però no ens sembla admissible que ens n’assabentem per la premsa que volen doblar la capacitat de l’aeroport”, critica.

“Tenim una aposta clara per la sostenibilitat”. El president ha fet seu –igual que la resta dels cinc ajuntaments de l’illa, on governa el PP– el discurs de la “contenció” i la “moderació”, en referència als nivells de creixement turístic que ja són inassumibles per cada vegada més veus, també dins de les patronals empresarials i hoteleres. La consigna es resumeix en “no créixer en quantitat, sinó en qualitat”. “Això va en contra de la política turística que estem aplicant”, assegura el president.

Estem en contra d’aquesta ampliació desmesurada de l’aeroport. No ens sembla admissible que ens n’assabentem per la premsa

Vicent Marí — President del Consell d'Eivissa

Fonts del Consell Insular assenyalen a aquest diari, en relació amb el DORA III (Document de Regulació Aeroportuària per al període 2027-2031), que AENA va remetre el setembre de 2025 un escrit a la institució insular informant que redactaria el nou document i que s’obria, per imperatiu legal, un termini de participació prèvia en què el Consell tenia deu dies per introduir “aquells assumptes que considerava d’interès perquè AENA valorés la seva incorporació al seu document estratègic”.

Tanmateix, segons el Consell Insular, en aquesta petició “no s’adjuntava ni s’informava de cap contingut previst en el mateix, ni molt menys de la intenció de fer obres a l’aeroport o de doblar-ne la capacitat”. En aquest sentit, el Consell Insular va informar que considerava d’interès “abordar la presència de publicitat d’establiments d’oci a la terminal eivissenca, els problemes de mobilitat i d’accés a la terminal i les taxes aeroportuàries”, indiquen les mateixes fonts.

Pel que fa als partits a l’oposició, PSOE i Esquerra Unida Podem han registrat una proposta d’acord per exigir a les institucions governades pel PP –el mateix Consell, el Govern i l’Ajuntament de Sant Josep, terme municipal on s’ubica l’aeroport– que defensin “una posició clara i contundent contra aquest projecte”. Els partits progressistes lamenten que aquesta proposta preveu un increment del 29% de la superfície aeroportuària.

“El PP ha de triar: o es posiciona clarament contra aquesta ampliació als espais on té veu, o queda retratat com a còmplice d’un model que perjudica la ciutadania d’Eivissa”, afirma Elena López, portaveu dels socialistes. Óscar Rodríguez, d’Esquerra Unida Podem, lamenta que l’ampliació “afecta directament l’entorn del Parc Natural de ses Salines, ja sotmès a una intensa pressió acústica, atmosfèrica i territorial”.

La planificació d’AENA, recorda Rodríguez, respon als “interessos d’una empresa que cotitza en borsa”, després que Rajoy decidís, el 2015, la privatització del 49% del gestor de les instal·lacions aeroportuàries de l’Estat. “Si algú ha convertit AENA en una ‘caixa registradora’ que busca beneficis per als inversors, no és altre que el Partit Popular”, insisteix Rodríguez. El 51% de la propietat d’AENA és d’Enaire, empresa pública adscrita al Ministeri de Transports que dirigeix Óscar Puente.

El 51% de la propietat d’AENA és d’Enaire, empresa pública adscrita al Ministeri de Transports que dirigeix Óscar Puente

El PP exigeix “cogesió”

El Partido Popular, en minoria al Govern balear amb el suport extern de Vox, ha registrat una Proposició No de Llei (PNL) a la cambra autonòmica per exigir la paralització de l’ampliació de l’aeroport d’Eivissa. Sebastià Sagreras, portaveu dels populars a l’hemicicle, alerta que rebutgen aquest projecte “per l’increment de la capacitat operativa i del nombre de passatgers que implicaria”, en una illa que ja suporta una forta pressió sobre el territori i la mobilitat.

La iniciativa, signada també pel president insular i diputat autonòmic Vicent Marí, reclama “paralitzar qualsevol tramitació vinculada a una ampliació de l’aeroport d’Eivissa” i que qualsevol inversió d’AENA s’orienti exclusivament a la millora del servei i de la seguretat, així com “a la reducció d’impactes territorials, ambientals o de mobilitat, però en cap cas afavorir un increment de la pressió sobre el territori”.

Finalment, Sagreras ha criticat “la manca d’informació i de participació real de les institucions de les Illes Balears en una decisió d’aquesta importància”, i ha conclòs que “aquesta situació demostra, una vegada més, la necessitat d’avançar cap a la cogestió aeroportuària perquè les decisions estratègiques (...) es prenguin comptant amb les institucions de les Illes”.

La oposición social a la ampliación del aeropuerto de Eivissa, contemplado en el Documento de Regulación Aeroportuario para el periodo 2027-2031 –el (DORA III)–, es unánime. Tanto las organizaciones ecologistas como las patronales empresariales y hoteleras, así como los partidos políticos, se oponen a un proyecto en el que AENA prevé incrementar casi al doble las puertas de embarque, pasando de las actuales 17 a 32. El gestor aeroportuario, que tiene intereses privados desde que el Gobierno de Mariano Rajoy privatizara el 49% de la empresa pública, prevé una inversión de casi 230 millones de euros con el objetivo de “modernizar” la infraestructura y “atender la demanda futura de tráfico”. Todo en un contexto en que en 2025 hubo más de 9 millones de pasajeros en el aeropuerto insular.

“Se trata de ampliar la infraestructura de masificación a costa de nuestra tierra y nuestro bienestar”, señala Neus Prats, vicepresidenta del grupo ecologista GEN-GOB, que califica la remodelación como “absolutamente demencial”. “Representará la multiplicación de todos los problemas de masificación que ya sufre la isla y no obedece de ninguna manera al interés general ni está al servicio de las necesidades de los residentes de la isla”, afirma. Otra de las entidades ecologistas de la isla, Amics de la Terra, considera que ampliar el aeropuerto, ya sobredimensionado, “agravará aún más la crisis hídrica, la emergencia habitacional, la saturación turística y las emisiones de carbono”.

Representará la multiplicación de todos los problemas de masificación que ya sufre la isla y no obedece de ninguna manera al interés general ni está al servicio de las necesidades de los residentes de la isla

Neus Prats — Vicepresidenta del grupo ecologista GEN-GOB

Pero el evento que prueba el consenso que hay en torno al rechazo a la ampliación de la infraestructura aeroportuaria tuvo lugar el pasado 15 de mayo en la Mesa de Diálogo del Agua, promovida por la Alianza por el Agua, y que contó con la participación de los principales agentes sociales, excepto los sindicatos obreros. El acuerdo más relevante de la jornada fue la posición unánime de todas las entidades participantes —sociales, medioambientales, empresariales y hoteleras— a favor de establecer límites efectivos al crecimiento de la isla como condición indispensable para garantizar “la sostenibilidad hídrica y ambiental”. Este consenso se vio reflejado en la oposición a la ampliación. Además, se señaló que un incremento de la capacidad aeroportuaria supondría “un aumento directo de la presión sobre los recursos hídricos y sobre el conjunto del territorio insular”.

La Asociación Empresarial de Ocio Nocturno (AEON) también se ha posicionado de forma contundente argumentando que aumentar la afluencia de visitantes agravaría la situación de insostenibilidad social y medioambiental que ya padece la isla. La patronal del ocio nocturno ha lamentado que AENA “ha permitido la invasión del aeropuerto de Ibiza de publicidad de discotecas y hoteles” y que promocionan la isla “como un destino de fiesta y excesos”. “Supondría un grave perjuicio para el equilibrio territorial, social y medioambiental”, insisten.

Entre las entidades sociales con más arraigo en la isla destaca l’Institut d’Estudis Eivissencs (IEE), que aboga por “reducir la presión turística” con el objetivo de mejorar la “calidad de vida” de los residentes. Así, advierten que el proyecto de AENA “plantea prácticamente duplicar la capacidad” de la infraestructura y que esto supondría agravar problemas ya existentes como la turistificación, la escasez de agua, el tráfico, la dificultad de acceso a la vivienda o la contaminación derivada de los jets privados. La entidad acusa al gestor aeroportuario de “priorizar el beneficio económico por encima de la calidad de vida de los residentes”.

Esta entidad destaca junto al GEN-GOB por haber sido el movimiento social que aglutinó las luchas para convertir ses Salines d’Eivissa i Formentera en un parque natural. El aeropuerto, sin embargo, se sitúa en las inmediaciones. De hecho, el GEN-GOB advierte que el parque natural “ya sufre graves impactos por la proximidad de las instalaciones” y que una ampliación podría agravaría el equilibrio ecológico. Además de ser un área de descanso y nidificación para las aves –como los flamencos–, es un ecosistema muy valioso por sus valores ecológicos, paisajísticos, históricos y culturales. 

Por ello, el GEN-GOB insiste en que se trata de “un auténtico atentado” para la isla, que solo obedece a “las ansias económicas de una empresa como AENA”. El IEE, en la misma línea, se cuestiona cuáles serían las consecuencias futuras de esta ampliación y se plantea si realmente es necesaria la construcción de nuevas carreteras, más desaladoras, más construcciones hoteleras o incluso una segunda pista de aterrizaje junto al parque natural. AENA no ha respondido a la consulta de este diario sobre si la ampliación del aeropuerto implicará aumentar el número de pasajeros.

Una obra mastodóntica

Además de prever un incremento de casi el doble de puertas –de 17 a 32–, la remodelación pretende reorganizar por completo la forma en que los viajeros acceden a los aviones. La mayor parte del crecimiento se concentrará en una nueva zona de embarque común, que contará con 18 puertas: siete de ellas conectadas directamente por pasarela telescópica, cuatro diseñadas específicamente para agilizar el tráfico regional e interislas y siete para embarques remotos.

Asimismo, contempla un nuevo dique en el noreste, pensado exclusivamente para vuelos internacionales fuera del espacio Schengen. En total, sumará 12 puertas distribuidas en dos plantas para permitir tanto el uso de pasarelas directas como el acceso a pie desde la pista. Por otro lado, incluye una zona flexible, es decir, un espacio con dos puertas adicionales que podrá adaptarse según las necesidades de tráfico de cada momento.

En este sentido, el aeropuerto sería más moderno y accesible. El nuevo diseño contempla la construcción de prepasarelas de última generación, diseñadas para facilitar el flujo de pasajeros tanto si el embarque es directo por pasarela como si se realiza en remoto. Por otro lado, se habilitarán zonas específicas para personas con movilidad reducida.

Se contemplan otras actuaciones, como la ampliación de la terminal hacia el suroeste; la sala de embarque con áreas y puertas flexibles adaptables a cada vuelo; nuevos controles de pasaportes para agilizar salidas y llegadas; un nuevo dique al noreste y reforma de la estética del edificio actual. Además, se prevé modernizar ascensores y escaleras para que los pasajeros se muevan mejor. El plan incluye construir nuevas oficinas y locales comerciales más modernos.

Antes de construir el nuevo dique noreste, AENA debe edificar una nueva zona de apoyo a la aeronave al suroeste, de unos 9.400 metros cuadrados. Asociado al edificio de actividades aeronáuticas y viales de acceso a las nuevas instalaciones, se pretende construir un aparcamiento de unos 8.000 metros cuadrados. Además, se incluiría un edificio de talleres y oficinas de 7.000 metros cuadrados por planta, que permitiría demoler las instalaciones “obsoletas” actuales, situadas junto a la torre de control.

El plan incluye, entre otros, un aparcamiento de 8.000 metros cuadrados, nuevos controles de pasaportes, nuevas oficinas y locales y 16 nuevos mostradores extra en la planta baja

Del mismo modo, se pretenden realizar obras de grandes dimensiones, como el desvío de la carretera Camí des Codols en un tramo de unos 700 metros; el soterramiento de al menos 200 metros del Torrent de sa Font y el traslado del punto limpio actual para permitir el acceso a las nuevas zonas. En cuanto a la terminal, se sumarán 16 nuevos mostradores en la planta baja; el nuevo control de seguridad contará con 17 líneas simultáneas, incluyendo carriles rápidos y líneas específicas para familias y personas con movilidad reducida. Por otro lado, se añadirá una duodécima cinta de recogida de gran capacidad para aviones de grandes dimensiones.

Todos los partidos se oponen

Vicent Marí (PP), presidente del Consell Insular, explica a elDiario.es que están “en contra de esta ampliación desmedida del aeropuerto de Eivissa”. Marí –mayor cargo institucional de la isla– opina que es necesario que el Gobierno mejore “la accesibilidad, el movimiento de pasajeros dentro de la terminal –tanto de residentes como de turistas–, las puertas de embarque y los accesos a los aviones” porque es necesario tener infraestructuras modernas. “Pero no nos parece de recibo que nos enteremos por la prensa de que quieren doblar la capacidad del aeropuerto”, critica.

“Tenemos una apuesta clara por la sostenibilidad”. El presidente ha hecho suyo –igual que el resto de los cinco ayuntamientos de la isla, donde gobierna el PP– el discurso de la “contención” y la “moderación”, en referencia a los niveles de crecimiento turístico que son ya inasumibles para cada vez más voces, también dentro de las patronales empresariales y hoteleras. La consigna se resume en, “no crecer en cantidad, sino en calidad”. “Esto va en contra de la política turística que estamos aplicando”, asegura el presidente.

Estamos en contra de esta ampliación desmedida del aeropuerto. no nos parece de recibo que nos enteremos por la prensa

Vicent Marí — Presidente del Consell d'Eivissa

Fuentes del Consell Insular señalan a este diario, en relación al DORA III, que AENA remitió en septiembre de 2025 un escrito a la institución insular informando que iba a redactar el nuevo documento y que se abría, por imperativo legal, un plazo de participación previa en el que el Consell tenía diez días para introducir “aquellos asuntos que consideraba de interés para que AENA valorara su inserción en su documento estratégico”.

Sin embargo, según el Consell Insular, en esta petición “no se adjuntaba ni se informaba de ningún contenido previsto en el mismo, ni mucho menos de la intención de hacer obras en el aeropuerto o de doblar su capacidad”. En este sentido, el Consell Insular informó que consideraba de interés “abordar la presencia de publicidad de establecimientos de ocio en la terminal ibicenca, los problemas de movilidad y de acceso a la terminal y las tasas aeroportuarias”, indican las mismas fuentes.

En cuanto a los partidos en la oposición, PSOE y Esquerra Unida Podem han registrado una propuesta de acuerdo para exigir a las instituciones gobernadas por el PP –el propio Consell, el Govern y el Ajuntament de Sant Josep, término municipal donde se sitúa el aeropuerto– que defiendan “una posición clara y contundente contra este proyecto”. Los partidos progresistas lamentan que esta propuesta prevé un incremento del 29% de la superficie aeroportuario.

“El PP tiene que elegir: o se posiciona claramente contra esta ampliación en los espacios donde tiene voz, o queda retratado como cómplice de un modelo que perjudica a la ciudadanía de Eivissa”, afirma Elena López, portavoz de los socialistas. Óscar Rodríguez, de Esquerra Unida Podem, lamenta que la ampliación “afecta directamente al entorno del Parc Natural de ses Salines, ya sometido a una intensa presión acústica, atmosférica y territorial”.

La planificación de AENA, recuerda Rodríguez, responde a los “intereses de una empresa que cotiza en bolsa”, después de que Rajoy decidiera, en 2015, la privatización del 49% del gestor de las instalaciones aeroportuarias del Estado. “Si alguien ha convertido AENA en una ‘caja registradora’ que busca beneficios para los inversores, no es otro que el Partido Popular”, insiste Rodríguez. El 51% de la propiedad de AENA es de Enaire, empresa pública adscrita al Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente.

El 51% de la propiedad de AENA es de Enaire, empresa pública adscrita al Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente

El PP exige “cogestión”

El PP, en minoría en el Govern balear con el apoyo externo de Vox, ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la cámara autonómica para exigir la paralización de la ampliación del aeropuerto de Eivissa. Sebastià Sagreras, portavoz de los populares en el hemiciclo, alerta de que rechazan este proyecto “por el incremento de la capacidad operativa y del número de pasajeros que implicaría”, en una isla que ya soporta una fuerte presión sobre el territorio y la movilidad.

La iniciativa, firmada también por el presidente insular y diputado autonómico Vicent Marí, reclama “paralizar cualquier tramitación vinculada a una ampliación del aeropuerto de Eivissa” y que cualquier inversión de AENA debe orientarse exclusivamente a la mejora del servicio y de la seguridad, así como “a la reducción de impactos territoriales, ambientales o de movilidad, pero en ningún caso favorecer un incremento de la presión sobre el territorio”.

Finalmente, Sagreras ha criticado “la falta de información y de participación real de las instituciones de las Illes Balears en una decisión de esta importancia”, concluyendo que “esta situación demuestra, una vez más, la necesidad de avanzar hacia la cogestión aeroportuaria para que las decisiones estratégicas (...) se tomen contando con las instituciones de las Islas”.

Igualdad Animal ha denunciado este jueves que la Consejería de Sanidad de Castilla y León oculta a la opinión pública el expediente sancionador que abrió el pasado mes de febrero contra el matadero Vicente de Lucas (Segovia), después de que la fundación animalista trasladara a las autoridades castellano-leonesas el 19 de diciembre de 2025 las imágenes inéditas que avanzó este martes elDiario.es. En este establecimiento industrial, unos 200 cervatillos fueron sacrificados a tiros, de forma aglomerada, con signos evidentes de miedo y estrés debido al incorrecto trato que realizaron los operarios.

La Consejería de Sanidad, cuya cartera en funciones ostenta Alejandro Vázquez (PP), no respondió a este diario cuando se le consultó por las presuntas irregularidades en el matadero segoviano. Concretamente, se preguntó si la Dirección General de Salud Pública había iniciado una o varias inspecciones y si se habían acreditado irregularidades. En caso afirmativo, si se había iniciado un expediente y cuáles eran las conclusiones que habían extraído los técnicos y servicios veterinarios en sus informes.

Pese a ello, tras la publicación del reportaje aseguraron que el matadero “cuenta con autorización para operar con caza de cría”, y al tiempo que reconocieron que habían formulado requerimientos para “reforzar las garantías en bienestar animal”. Así, señalaron que el sacrificio de los cérvidos se realizaba en “establecimiento autorizado y bajo supervisión veterinaria oficial, conforme al marco regulador vigente para animales destinados al consumo humano”. “Los animales sacrificados cuentan con la documentación sanitaria preceptiva emitida por las autoridades de origen que ampara su traslado al matadero”, informaron.

Después de la denuncia presentada por Igualdad Animal, Sanidad afirma que, en el marco del control oficial, “se intensificaron las actuaciones de supervisión”. En este sentido, se revisaron “los protocolos aplicables”, promoviendo “medidas de mejora conforme al soporte científico y normativo disponible”, al considerar las “particularidades propias” de los cérvidos y la necesidad de “una aproximación técnica específica para esta especie”.

Sin embargo, se omite que el 27 de febrero de 2026, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería no solamente comunica que las autoridades “habían implantado medidas correctivas”, sino que se habían “iniciado actuaciones administrativas para la gestión de un expediente sancionador contra el matadero Vicente de Lucas”, como se desprende de un documento consultado por este diario.

El 17 de abril de 2026, la Dirección General de Salud Pública responde a Igualdad Animal que ha constatado que el sacrificio de cérvidos “no constituye una actividad habitual en dicho establecimiento”, según figura en los correos internos, consultados por este diario. Se trata, señala el organismo competente, “de una actividad de carácter estacional, concentrándose los sacrificios principalmente en los meses de diciembre, febrero y agosto, con un volumen de 862, 879 y 574 cérvidos, respectivamente”. No obstante, los sacrificios de más de 200 animales de esta especie tuvieron lugar el 5 de marzo de 2025.

En consecuencia, puede concluirse que “el sacrificio de cérvidos en el citado matadero no forma parte de su actividad ordinaria”. Por otra parte, afirma Salud Pública, desde el ámbito oficial del establecimiento “se están reforzando las actuaciones de supervisión con el fin de garantizar el bienestar animal”, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento europeo 1099/2009, y de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en esta materia.

“La Junta de Castilla y León no puede reconocer medidas correctivas y, al mismo tiempo, negar la existencia de infracciones”, explican fuentes de Igualdad Animal. Cabe señalar que las imágenes muestran cómo los animales, conscientes tras los disparos, movían la cola, las patas y levantaban la cabeza mientras se desangraban. Además, los cervatillos presenciaron el sacrificio del resto, mientras que otros animales de la misma especie eran colgados por una sola extremidad cuando aún estaban vivos. En algunos casos, los animales intentaban escapar malheridos del cajón de sacrificio por los pasillos, lo que obligaba a los trabajadores a avisar al matarife para que los rematara a distancia.

“Que hechos de esta gravedad puedan producirse en un establecimiento autorizado y bajo supervisión veterinaria oficial, como reconoce la propia Consejería en su respuesta, resulta aún más grave”, destacan las mismas fuentes, y añaden que “no estamos ante un vacío legal ni ante una actividad sin control, sino ante un fallo en la aplicación efectiva y en la supervisión real de la normativa que debería haberlo evitado”.

La fundación animalista sostiene, en respuesta a la Consejería de Sanidad, que en ningún momento han cuestionado la autorización del matadero ni la documentación sanitaria de los animales, sino “la existencia de infracciones muy graves en el manejo, el aturdimiento y la matanza de los ciervos”. Entre las presuntas irregularidades, Igualdad Animal sostiene como muy grave la agonía que sufrieron los animales que permanecieron conscientes y con signos vitales tras la ausencia de aturdimiento previo, llegando incluso a ser izados por sus extremidades antes de morir. La Ley 32/2007, precisamente, considera una infracción muy grave “el incumplimiento de la obligación del aturdimiento previo”.

Asimismo, las mismas fuentes recuerdan que el Real Decreto 695/2022 obliga a que los mataderos dispongan de “sistemas de videovigilancia”. Sin embargo, este caso deja sin respuesta “cómo pudieron ocurrir estos hechos en un matadero autorizado, qué falló en la supervisión, qué recogen las grabaciones obligatorias y por qué no se detectaron antes estas irregularidades”. Así, afirman que la respuesta de Sanidad, al “insistir en la autorización del establecimiento y la supervisión veterinaria oficial”, evidencia que “los mecanismos de control” no han funcionado.

“El acceso y control de las grabaciones sigue en manos de los propios operadores, lo que limita su independencia y eficacia”, lamentan y añaden que pese a se trata de una herramienta concebida “para garantizar transparencia y supervisión”, ésta puede “quedar condicionada por quienes son precisamente objeto de esa supervisión”. “Este caso pone de manifiesto la necesidad de un sistema de videovigilancia independiente y transparente en todos los mataderos”, insisten.

Igualdad Animal recuerda que la normativa establece que, cuando existen indicios objetivos de infracción, la Administración no puede actuar con discrecionalidad, sino que debe incoar y tramitar el correspondiente procedimiento sancionador. En este caso, las imágenes apuntan a posibles incumplimientos del Reglamento (CE) 1099/2009 y de la Ley 32/2007, en particular en lo relativo a la obligación de garantizar un aturdimiento eficaz y mantener la inconsciencia de los animales hasta su muerte.

En cualquier caso, la autorización administrativa del establecimiento no exime del cumplimiento de la normativa vigente ni impide la obligación de investigar y, en su caso, sancionar los hechos denunciados. “La gravedad de las imágenes, junto con el reconocimiento de actuaciones correctivas por parte de la Consejería, exige una respuesta administrativa coherente, proporcionada y plenamente ajustada al principio de legalidad”, afirma a este diario Anna Mulà, gerente de incidencia legislativa de Igualdad Animal.

Finalmente, Igualdad Animal reclama que se tramite el expediente sancionador ya anunciado por la Consejería y que se apliquen las “consecuencias previstas en la normativa”. También pide “acceso completo” a la documentación de las inspecciones y controles realizados, incluidos informes veterinarios, actas y medidas correctivas. Asimismo, solicita “transparencia sobre el funcionamiento del sistema de videovigilancia en el matadero” y las grabaciones relacionadas “con los hechos denunciados”, además de una revisión del sistema de control oficial para reforzar la detección de posibles “incumplimientos en bienestar animal”.

La versión del matadero

La empresa asociada al establecimiento industrial explicó a este diario que “hasta donde este matadero conoce, no nos consta que se haya tramitado o esté tramitando expediente administrativo sancionador de ningún tipo más allá de la emisión de algún acta de control oficial correspondiente al sacrificio de cérvidos”. En este sentido, afirmaron que su postura en relación al sacrificio de los animales “es la que formalmente pusimos de manifiesto en su momento a los organismos públicos competentes y, concretamente, a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León”.

Asimismo, aseguraron que su actividad había sido autorizada “bajo informe favorable”, y que una vez presentada la memoria técnica descriptiva de la actividad que vio luz verde por parte de los servicios veterinarios oficiales, ese tipo de sacrificio “se ha venido realizando desde su inicio y en todo momento con toda normalidad y cumpliendo con todas las normas vigentes”, sin que se hayan detectado incumplimientos por ninguno de los profesionales “de los servicios veterinarios oficiales que han estado a lo largo de los años desde que se concedió la autorización para ese tipo de sacrificio”.

Finalmente, señalaron que dicha actividad se había realizado, desde el inicio y hasta la actualidad, de forma “correcta, eficaz y eficiente en todas sus fases del sacrificio, y cumpliendo en todo momento la normativa vigente de bienestar animal”, también la relativa al método de aturdimiento, regulado en el Reglamento europeo 1099/2009.

“Als mesos de juliol i agost, el preu del camió cisterna passa de 100 a 160 euros a causa de l’augment de la demanda d’aigua per part d’aquestes viles i mansions de luxe”. És el testimoni d’una veïna d’una zona costanera de Sant Josep (Eivissa), entre es Jondal i ses Salines, que reflecteix un descontentament cada vegada més gran entre la població resident: el malbaratament i el consum desmesurat d’aigua per part d’algunes viles i mansions de luxe, de vegades destinades al lloguer turístic.

Aquesta veïna sosté que a la seva família són quatre (ella, la seva parella i els seus dos fills) i que gasten un camió cisterna al mes, mentre veuen entrar-ne un o dos d’aquests camions cada dia, en els mesos de temporada alta, a les esmentades viles. “Cal exigir limitacions en els consums”, afirma. “Hem demanat [a les administracions competents] restriccions en els camions cisterna que es puguin portar a una casa”, assegura Hazel Morgan, presidenta d’Amics de la Terra, que afegeix que ha arribat a comprovar l’entrada de fins a deu camions en algunes d’aquestes viles.

En una d’aquestes mansions s’observa una filera de palmeres del gènere Washingtonia, originàries de zones àrides i subtropicals del sud-oest dels Estats Units, així com del nord-oest de Mèxic. Tot i que poden sobreviure amb poca aigua, poden necessitar un reg moderat per mantenir un creixement ràpid i tenir un aspecte més frondós. Encara no ha començat la temporada alta i la veïna afectada lamenta que aquest dimarts al matí han tornat a entrar camions cisterna a la vila.

Una d’aquestes viles està valorada en vuit milions d’euros, segons una agència especialitzada en el sector immobiliari. Aquest portal, que permet el lloguer de la mansió, la descriu com “una magnífica vila de sis dormitoris”, situada al sud-oest de l’illa. A més de disposar de “tota mena de luxes i comoditats”, també té una piscina amb gandules que “està envoltada de jardins cuidats amb plantes mediterrànies”. La casa està envoltada de gespa natural, que també suposa un altre dels grans consums d’aigua en aquest tipus de mansions amb usos turístics.

Resseguint el camí d’entrada s’observen grans massissos de baladres carregats de flors blanques, que actuen com una barrera visual densa i acolorida que separa el camí de la resta del jardí. A prop de l’entrada principal, als marges de la zona pavimentada, apareixen exemplars de iuca, un gènere de plantes natives d’Amèrica del Nord i Central, que creixen de forma natural en climes mediterranis i desèrtics d’arreu del món. D’altra banda, també s’hi observen garrofers i oliveres, propis del paisatge de l’illa.

Deu camions al dia per a una sola vila

Morgan explica a aquest diari que viu en una casa en una zona de camp aïllada al municipi de Santa Eulària, on s’abasteixen d’aigua procedent d’aquests camions: “Els xofers ens expliquen que en algunes viles dels voltants hi arriben —a l’estiu— entre cinc i deu camions cada dia. És una quantitat extraordinària”.

Aquest consum desmesurat es produeix a tots els municipis de l’illa, especialment al de Sant Joan, on predominen aquest tipus de viles, moltes d’elles destinades al lloguer turístic. No tots són per regar la vegetació dels voltants de la casa: alguns serveixen per omplir les piscines. Morgan assenyala que en un allotjament d’aquest terme municipal, que opera legalment amb llicència turística, renoven l’aigua de la piscina cada vegada que entren nous clients. “A Google Maps s’observa com una d’aquestes mansions no en té una, sinó tres piscines al jardí”, assegura.

A Google Maps s’observa com una d’aquestes mansions no en té una, sinó tres piscines al jardí

Hazel Morgan — Presidenta d'Amics de la Terra

El mateix tipus d’habitatges de lloguer turístic estan envoltats d’una frondositat atípica [formada a vegades per espècies tropicals i altres per plantes pròpies del clima mediterrani de les illes], que per mantenir requereix grans quantitats d’aigua. Així com jardins amb gespa que també necessiten un reg abundant gairebé diari. Tot això en un context d’estrès hídric cada vegada més preocupant a les Pitiüses.

Juan Calvo, coordinador de l’Aliança per l’Aigua a Eivissa i Formentera, explica que durant el període més llarg de sequera que es va produir entre els anys 2024 i 2025, van exigir “tres mesures urgents” a les administracions públiques. “Un major control de l’aigua de pou; maximitzar l’ús d’aigua dessalinitzada perquè els aqüífers puguin descansar i dur a terme projectes de reutilització de l’aigua depurada”, afirma el biòleg, que afegeix que actualment l’illa reutilitza menys d’un 3% d’aquest recurs

L'illa reutilitza menys d'un 3% de l'aigua depurada, segons Juan Calvo, coordinador de l'Aliança per l'Aigua a Eivissa i Formentera

L’expert indica que el problema “ve de lluny” i que, per això, l’Aliança exigeix als ajuntaments un major control sobre les extraccions d’aigua de pou. “Els pous s’han assecat i els camions cisterna no donen l’abast per respondre a tota la demanda del sòl rústic”, explica Calvo, i afegeix que això implica també “una revisió de les concessions”.

Calvo desenvolupa que molts d’aquests pous tenen una concessió “per a ús agrari”, però que en realitat s’està utilitzant per a altres finalitats. “És fonamental revisar aquestes concessions i penalitzar o sancionar aquells que estan incomplint la llei, com poden ser aquestes grans vil·les”, assegura el científic, que aclareix que caldria comprovar si compten amb els permisos per als usos actuals o fins i tot per consumir el volum d’aigua extreta.

Entre 12.000 i 16.000 litres d'aigua

Un altre dels residents consultats per a aquest reportatge mostra el seu enuig pel malbaratament que es produeix. “Jo vigilo de no gastar ni una gota més del compte, però en canvi a aquestes cases se’ls permet”, lamenta. De la mateixa manera, explica que ha treballat en moltes d’aquestes cases i que ha pogut comprovar com han estat decorades “amb una vegetació que no és pròpia de l’illa”. “No pots tenir plantes que consumeixen tanta aigua, o gespa, quan no hi ha cap camp natural a Eivissa”.

Per tant, considera que les administracions competents –ajuntaments i Govern balear– han d’introduir limitacions en els consums. “Hi ha cases de gent molt adinerada on cada dia reben 20 camions: cubes d’entre 12.000 i 16.000 litres. No existeix control de la venda d’aigua a l’illa”, denuncia. La presidenta d’Amics de la Terra també explica que a casa seva –fa la comparació– són vuit persones i han de comprar un camió cisterna amb aquesta capacitat per al consum d’aigua domèstic cada 25 dies, aproximadament.

Una altra de les mansions objecte de protestes se situa en un entorn rural amb pins i arbustos i el seu accés està delimitat per un portal de fusta. L’exterior està envoltat de murs de pedra seca –una tècnica tradicional balear–, que s’utilitzen per delimitar marjades. L’exterior de l’habitatge, de disseny contemporani, compta amb càmeres i sistemes de videovigilància per mantenir la privacitat dels seus hostes.

La vila està envoltada d’oliveres ben cuidades, distribuïdes pel terreny rústic rogenc. Al voltant de la finca s’estén un bosc de pins i a la zona immediata a la vila, tanques baixes i arbustos perfectament retallats. La vegetació de la pista de pàdel està envoltada de baladres, caracteritzats per les seves tiges llargues i rectes amb fulles estretes i allargades; arbustos i matollar mediterrani als laterals i altres flors silvestres. La pista està situada just al límit d’una zona boscosa plena de pins.

L'administració: “absent” en mesures

La situació no es redueix a aquestes vil·les de luxe repartides per tota l’illa, sinó que s’estén a complexos hotelers que també necessiten abundants recursos per abastir les seves instal·lacions. El que demanen des d’Amics de la Terra és que s’imposin restriccions en el nombre de viatges que poden fer els camions cisterna a un mateix domicili tenint en compte el nombre de persones que hi viuen perquè “és imperdonable”. Així com que es potenciïn els controls de l’ús dels pous que tenen permís per utilitzar-se amb finalitats agrícoles, però l’ús dels quals “no es destina realment a l’agricultura”.

En la mateixa línia, Calvo afirma que “cal posar límits als camions cisterna perquè prioritzin l’ús residencial no turístic”. Aquesta mesura també seria beneficiosa per a les persones que resideixen en cases de camp a qui se’ls asseca el pou “i no tenen accés a l’aigua perquè està anant cap a altres vil·les que tenen un ús turístic”.

Reclamen, a més, que el Govern —amb competències per dur a terme aquestes inspeccions— augmenti el nombre de tècnics per realitzar aquests controls dels recursos hídrics amb més periodicitat. “A vegades no es pot entrar a les finques perquè no es té permís, però amb drons es poden captar imatges aèries per dur-ne un control”. En aquest sentit, des de l’associació ecologista critiquen la manca de presència de la institució autonòmica en matèria de gestió hídrica i reclamen més competències i recursos per a les administracions locals.

El que està fent l’administració —critiquen— és “absentar-se de prendre mesures i justificar, secundàriament, la instal·lació d’una nova dessaladora a l’illa”. Una infraestructura que, tanmateix, no resoldrà el problema hídric que pateix Eivissa, almenys a curt termini. Respecte a aquest escenari crític, la portaveu d’Amics de la Terra recorda que l’alerta permet prendre mesures amb més facilitat i justificació, un aspecte positiu del qual les institucions no s’estan aprofitant.

Més control sobre els grans consumidors

Tot això es va exposar divendres passat, durant la Taula de Diàleg de l’Aigua d’Eivissa promoguda per l’Aliança per l’Aigua, que va reunir representants ecologistes, empresarials, agrícoles i de les administracions locals sota una idea compartida: l’illa no pot continuar creixent al ritme actual si vol garantir la seva sostenibilitat hídrica. A l’espai participatiu, nascut després de la greu sequera del 2016, les entitats van reclamar “límits efectius” al creixement urbanístic i turístic davant la sobreexplotació dels aqüífers i l’augment de la pressió sobre el territori.

Les entitats reclamen també avançar cap a solucions basades en la natura, com la restauració de zones humides i torrents o mesures agroforestals que afavoreixin la infiltració de l’aigua. “No es tracta de posar restriccions a les instal·lacions, sinó a l’ús i consum d’aigua”, subratlla Morgan. Per la seva banda, l’Ajuntament de Sant Josep ha defensat, després de la consulta d’aquest diari, que les institucions ja estan impulsant polítiques de contenció i ordenació amb un impacte directe tant en la reducció de la pressió humana com en l’estalvi i ús responsable de recursos tan sensibles com l’aigua, especialment en una illa com Eivissa.

En concret, les mesures aplicades contra el lloguer turístic il·legal, la limitació de vehicles en temporada alta —inspirada en el model pioner implantat el 2019 a la pitiüsa menor, Formentera.eco—, la millora del transport públic o la gestió dels fluxos turístics van encaminades precisament a ordenar millor l’activitat i compatibilitzar-la amb la qualitat de vida dels residents. També citen canvis amb aquest propòsit en matèria urbanística, com la modificació del Pla Territorial Insular (PTI), que limita de manera clara determinats usos turístics en sòl rústic i reforça la protecció del territori i de recursos estratègics com l’aigua.

Cada vegada més difícil de sostenir

Més que simples comoditats —en paraules de l’agència que lloga una d’aquestes vil·les—, els elements d’aquestes mansions de luxe poden entendre’s com una materialització del gust socialment construït de les classes dominants, en termes del sociòleg francès Pierre Bourdieu. Des de la seva teoria de la distinció, l’acumulació de capital econòmic no s’expressa únicament en la possessió de béns, sinó en la seva conversió en formes de capital simbòlic que naturalitzen i legitimen les classes socials altes.

Elements com els grans jardins, la piscina o la pista de pàdel, així com la selecció de determinades espècies vegetals, no compleixen només una funció recreativa o estètica, sinó que formen part d’una lògica de distinció: ordenen l’espai segons una estètica del luxe que es presenta com a “natural” o desitjable. Així, l’oci no és només una manera de disposar lliurement del temps, sinó que es converteix també en una pràctica d’afirmació social, on el control de l’entorn —aigua, paisatge i privacitat— opera com un mecanisme de reproducció de la distinció social.

Finalment, els ecologistes adverteixen que el model actual de luxe turístic, amb allotjaments amb aquestes característiques (jardins tropicals, piscines i, en definitiva, urbanitzacions d’alt consum), resulta cada vegada més difícil de sostenir en una illa amb recursos limitats i cada vegada més vulnerable a sequeres severes derivades del canvi climàtic.

“En los meses de julio y agosto, el precio del camión cisterna pasa de 100 a 160 euros debido al aumento de la demanda de agua por parte de estas villas y mansiones de lujo”. Es el testimonio de una vecina de una zona costera de Sant Josep (Eivissa), entre es Jondal y ses Salines, que refleja un descontento cada vez mayor entre la población residente: el derroche y consumo desmesurado de agua por parte de algunas villas y mansiones de lujo, en ocasiones destinadas al alquiler turístico.

Esta vecina sostiene que en su familia son cuatro (ella, su pareja y sus dos hijos) que gastan un camión cisterna al mes, mientras ven entrar uno o dos de estos camiones cada día, en los meses de temporada alta, en las mencionadas villas. “Hay que exigir limitaciones en los consumos”, afirma. “Hemos pedido [a las administraciones competentes] restricciones en los camiones cisterna que se puedan llevar a una casa”, asegura Hazel Morgan, presidenta de Amics de la Terra, que añade que ha llegado a comprobar la entrada de hasta diez camiones en algunas de estas villas.

En una de estas mansiones se observa una hilera de palmeras del género Washingtonia, originarias de zonas áridas y subtropicales del suroeste de Estados Unidos, así como del noroeste de México. Aunque pueda sobrevivir con poca agua, puede necesitar un riego moderado para mantener un crecimiento rápido y tener un aspecto más frondoso. Todavía no ha empezado la temporada alta y la vecina afectada lamenta que este martes por la mañana han vuelto a entrar camiones cisterna en la villa.

Una de estas villas está valorada en ocho millones de euros, según una agencia especializada en el sector inmobiliario. Este portal, que permite el alquiler de la mansión, la describe como “una magnífica villa de seis dormitorios”, situada en el suroeste de la isla. Además de disponer de “todo tipo de lujos y comodidades” también posee una piscina con tumbonas que “está rodeada de jardines cuidadosamente mantenidos con plantas mediterráneas”. La casa está rodeada de césped natural, que también supone otro de los grandes consumos de agua en este tipo de mansiones con usos turísticos. 

Bordeando el camino de entrada se observan grandes macizos de adelfas cargadas de flores blancas, que actúan como una barrera visual densa y colorida que separa el camino del resto del jardín. Cerca de la entrada principal, en los márgenes del área pavimentada, aparecen ejemplares de yucca, un género de plantas nativas del Norte y Centroamérica, que crecen de forma natural en climas mediterráneos y desérticos de todo el mundo. Por otro lado, también se observan algarrobos y olivos, propios del paisaje de la isla.

Diez camiones al día para una sola villa

Morgan explica a este diario que vive en una casa en una zona de campo aislada en el municipio de Santa Eulària en la que se abastecen de agua proveniente de estos camiones: “Los choferes nos explican que a algunas villas de los alrededores vienen –en verano– entre cinco y diez camiones cada día. Es una cantidad extraordinaria”. 

Este consumo desmesurado se produce en todos los municipios de la isla, especialmente en el de Sant Joan donde predominan este tipo de villas, muchas de ellas destinadas al alquiler turístico. No todos son para regar la vegetación de los alrededores de la casa, algunos de ellos sirven para llenar las piscinas. Morgan señala que en un alojamiento de este término municipal, que opera legalmente con licencia turística, renuevan el agua de la piscina cada vez que entran nuevos clientes. “En Google Maps se observa cómo de una de estas mansiones no tiene una, sino tres piscinas en el jardín”, asegura.

En Google Maps se observa cómo de una de estas mansiones no tiene una, sino tres piscinas en el jardín

Hazel Morgan — Presidenta de Amics de la Terra

El mismo tipo de viviendas de alquiler turístico están rodeadas de una frondosidad atípica [formada a veces de especies tropicales y otras de plantas propias del clima mediterráneo de las islas], que para mantener requiere de grandes cantidades de agua. Así como jardines con césped que también necesitan de un riego abundante casi a diario. Todo esto en un contexto de estrés hídrico cada vez más preocupante en las Pitiüses.

Juan Calvo, coordinador de la Alianza por el Agua en Eivissa y Formentera, explica que durante el mayor periodo de sequía que se produjo entre los años 2024 y 2025, exigieron “tres medidas urgentes” a las administraciones públicas. “Un mayor control del agua de pozo; maximizar el uso de agua desalada para que puedan descansar los acuíferos y llevar a cabo proyectos de reutilización del agua depurada”, afirma el biólogo, quien añade que en estos momentos la isla reutiliza menos de un 3% de este recurso.

La isla reutiliza menos de un 3% del agua depurada, según Juan Calvo, coordinador de la Alianza por el Agua en Eivissa y Formentera

El experto indica que el problema “viene de lejos” y que, por ello, la Alianza exige a los ayuntamientos un mayor control sobre las extracciones de agua de pozo. “Los pozos se han secado y los camiones cisterna no dan abasto para responder a toda la demanda del suelo rústico”, explica Calvo y añade que ello implica también “una revisión de las concesiones”.

Calvo desarrolla que muchos de estos pozos tienen una concesión “para uso agrario” pero que en realidad se está utilizando para otros fines. “Es fundamental revisar estas concesiones y penalizar o sancionar a aquellos que están incumpliendo la ley como pueden ser estas grandes villas”, asegura el científico, que aclara que habría que comprobar si cuentan con los permisos para los usos actuales o incluso para consumir el volumen de agua extraída.

Entre 12.000 y 16.000 litros de agua

Otro de los residentes consultados para este reportaje muestra su enfado debido al despilfarro que se produce. “Yo vigilo no gastar ni una gota más de la cuenta, pero en cambio a estas casas se les permite”, lamenta. Del mismo modo, explica que ha trabajado en muchas de estas casas y que ha podido comprobar cómo han sido decoradas “con una vegetación que no es propia de la isla”. “No puedes tener plantas que consumen tanta agua, o hierba, cuando no hay ningún campo natural en Eivissa”.

Por tanto, considera que las administraciones competentes –ayuntamientos y Govern balear– deben introducir limitaciones en los consumos. “Hay casas de gente muy adinerada donde cada día reciben 20 camiones: cubas de entre 12.000 y 16.000 litros. No existe control de la venta de agua en la isla”, denuncia. La presidenta de Amics de la Terra también explica que en su casa –hace la comparación– son ocho personas y tienen que comprar un camión cisterna con esta capacidad para el consumo de agua diario doméstico cada 25 días, aproximadamente. 

Otra de las mansiones objeto de protestas se sitúa en un entorno rural con pinos y arbustos y su acceso está delimitado por un portón de madera. El exterior está rodeado de muros de piedra seca –una técnica tradicional balear–, que se utilizan para delimitar bancales. El exterior de la vivienda, de diseño contemporáneo, cuenta con cámaras y sistemas de videovigilancia para mantener la privacidad de sus huéspedes.

La villa está rodeada de olivos bien cuidados, distribuidos en el terreno rústico rojizo. Alrededor de la finca se extiende un bosque de pinos y en la zona inmediata a la villa, setos bajos y arbustos perfectamente recortados. La vegetación de la pista de pádel se rodea de adelfas, caracterizadas por sus tallos largos y rectos con hojas estrechas y alargadas; arbustos y matorral mediterráneo en los laterales y otras flores silvestres. La pista está situada justo al borde de una zona boscosa llena de pinos.

La administración: “ausente” en medidas

La situación no se reduce a estas villas de lujo repartidas por toda la isla, sino que se extiende a complejos hoteleros que también necesitan abundantes recursos para abastecer sus instalaciones. Lo que piden desde Amics de la Terra es que se pongan restricciones en el número de viajes que pueden hacer los camiones cisterna a un mismo domicilio teniendo en cuenta el número de personas que viven en el mismo porque “es imperdonable”. Así como que se potencien los controles del uso de los pozos que tienen permiso para utilizarse con fines agrícolas, pero cuyo uso “no se destina realmente a la agricultura”. 

En la misma línea, Calvo afirma que “hay que poner coto a los camiones cisterna para que prioricen el uso residencial no turístico”. Esta medida también sería beneficiosa para las personas que residen en casas de campo a quienes se les seca el pozo “y no tienen acceso al agua porque está yendo para otras villas que tienen un uso turístico”.

Reclaman, además, que el Govern –con competencias para realizar estas inspecciones– aumente el número de técnicos para llevar a cabo estos controles de los recursos hídricos con mayor periodicidad. “A veces no se puede entrar en las fincas porque no se tiene permiso, pero con drones se pueden captar imágenes aéreas para llevar un control”. En ese sentido, desde la asociación ecologista critican la falta de presencia de la institución autonómica en materia de gestión hídrica y reclaman más competencias y recursos para las administraciones locales.

Lo que está haciendo la administración –critican– es “ausentarse de tomar medidas y justificar, secundariamente, la instalación de una nueva desaladora en la isla”. Una infraestructura que, sin embargo, no resolverá el problema hídrico que sufre Eivissa, por lo menos a corto plazo. Respecto a este escenario crítico, la portavoz de Amics de la Terra recuerda que la alerta permite tomar medidas con mayor facilidad y justificación, un aspecto positivo del que las instituciones no se están aventajando.

Más control sobre los grandes consumidores

Todo esto se arrojó el pasado viernes, durante la Mesa de Diálogo del Agua de Eivissa promovida por la Alianza por el Agua, que reunió a representantes ecologistas, empresariales, agrícolas y de las administraciones locales bajo una idea compartida: la isla no puede seguir creciendo al ritmo actual si quiere garantizar su sostenibilidad hídrica. En el espacio participativo, nacido tras la grave sequía de 2016, las entidades reclamaron “límites efectivos” al crecimiento urbanístico y turístico ante la sobreexplotación de los acuíferos y el aumento de la presión sobre el territorio.

Las entidades reclaman también avanzar hacia soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración de humedales y torrentes o medidas agroforestales que favorezcan la infiltración del agua. “No se trata de poner restricciones a las instalaciones, sino al uso y consumo de agua”, subraya Morgan. Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Josep ha defendido tras la consulta de este diario que las instituciones ya están impulsando políticas de contención y ordenación con un impacto directo tanto en la reducción de la presión humana como en el ahorro y uso responsable de recursos tan sensibles como el agua, especialmente en una isla como Eivissa.

En concreto, las medidas aplicadas contra el alquiler turístico ilegal, la limitación de vehículos en temporada alta –inspirada en el modelo pionero implantado en 2019 en la pitiusa menor, Formentera.eco–, la mejora del transporte público o la gestión de flujos turísticos van encaminadas precisamente a ordenar mejor la actividad y compatibilizarse con la calidad de vida de los residentes. También citan cambios con este propósito en materia urbanística, como la modificación del Plan Territorial Insular (PTI), que limita de forma clara determinados usos turísticos en suelo rústico y refuerza la protección del territorio y de recursos estratégicos como el agua.

Tras la consulta de este diario, el Ayuntamiento de Santa Eulària explica que las instituciones de la isla vienen aplicando desde hace tiempo “políticas de contención y gestión que tienen un reflejo directo tanto en la reducción de consumos como en la protección de recursos esenciales como el agua”. Según fuentes municipales, el Consistorio lleva años implementando “medidas de control y limitación” dirigidas a los grandes consumidores durante los meses de mayor demanda hídrica.

En este sentido, señalan que durante 2023 se pudieron ahorrar unos 26.164 metros cúbicos de agua y en 2024 la cifra de ahorro alcanzó los 23.626 metros cúbicos, tomando como referencia el año 2022, cuando aún no se aplicaban estas restricciones. Además, Santa Eulària también ha actualizado recientemente su normativa urbanística para “reforzar el control sobre el alquiler turístico, promover un uso más sostenible del agua y regular de forma más estricta las edificaciones en suelo rústico”. La nueva regulación incorpora “limitaciones sobre el tamaño y número de piscinas en suelo urbano, así como restricciones relacionadas con su vaciado”, señalan las fuentes consultadas.

Cada vez más difícil de sostener

Más que simples comodidades –en palabras de la agencia que alquila una de estas villas–, los elementos de estas mansiones de lujo pueden entenderse como una materialización del gusto socialmente construido de las clases dominantes, en términos del sociólogo francés Pierre Bourdieu. Desde su teoría de la distinción, la acumulación de capital económico no se expresa únicamente en la posesión de bienes, sino en su conversión en formas de capital simbólico que naturalizan y legitiman a las clases sociales altas.

Elementos como los grandes jardines, la piscina o la pista de pádel, así como la selección de determinadas especies vegetales, no cumplen solo una función recreativa o estética, sino que forman parte de una lógica de distinción: ordenan el espacio según una estética del lujo que se presenta como “natural” o deseable. Así, el ocio no es solamente una manera de disponer libremente del tiempo, sino que se convierte también en una práctica de afirmación social, donde el control del entorno —agua, paisaje y privacidad— opera como un mecanismo de reproducción de la distinción social.

Finalmente, los ecologistas advierten de que el modelo actual de lujo turístico, con alojamientos con estas características (jardines tropicales, piscinas y en definitiva, urbanizaciones de alto consumo), resulta cada vez más difícil de sostener en una isla con recursos limitados y cada vez más vulnerable a severas sequías derivadas del cambio climático.

Unos 200 cervatillos han sido sacrificados a tiros en el matadero autorizado de Vicente de Lucas Fuentetaja de Segovia. Los cérvidos convivían aglomerados en la zona de sacrificio, con signos evidentes de miedo y estrés debido al incorrecto trato que realizaron los operarios del establecimiento industrial. Los animales, conscientes tras los disparos, movían la cola, las patas y levantaban la cabeza mientras se desangraban. Los cervatillos presenciaron el sacrificio del resto, mientras que otros animales de la misma especie eran colgados por una sola extremidad cuando aún estaban vivos. En algunos casos, los animales intentaban escapar malheridos del cajón de sacrificio por los pasillos, lo que obligaba a los trabajadores a avisar al matarife para que los rematara a distancia, como se desprende de las imágenes inéditas que avanza elDiario.es.

Este diario se ha puesto en contacto con la empresa asociada al matadero, que ha respondido que “hasta donde este matadero conoce, no nos consta que se haya tramitado o esté tramitando expediente administrativo sancionador de ningún tipo más allá de la emisión de algún acta de control oficial correspondiente al sacrificio de cérvidos”. En este sentido, afirman que la postura de este matadero en relación al sacrificio de los animales “es la que formalmente pusimos de manifiesto en su momento a los organismos públicos competentes y, concretamente, a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León”.

Asimismo, aseguran que su actividad ha sido autorizada “bajo informe favorable”, y que una vez presentada la memoria técnica descriptiva de la actividad que vio luz verde por parte de los servicios veterinarios oficiales, ese tipo de sacrificio “se ha venido realizando desde su inicio y en todo momento con toda normalidad y cumpliendo con todas las normas vigentes”, sin que se hayan detectado incumplimientos por ninguno de los profesionales “de los servicios veterinarios oficiales que han estado a lo largo de los años desde que se concedió la autorización para ese tipo de sacrificio”. Finalmente, señalan que dicha actividad se ha realizado, desde el inicio y hasta la actualidad, de forma “correcta, eficaz y eficiente en todas sus fases del sacrificio, y cumpliendo en todo momento la normativa vigente de bienestar animal”, también la relativa al método de aturdimiento, regulado en el Reglamento europeo 1099/2009.

Este diario también se ha puesto en contacto con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, sin que haya sido posible obtener su versión de los hechos. En la consulta, se les solicitó la procedencia y condición del traslado de los animales; la constatación o no de posibles incumplimientos de la normativa de bienestar animales; existencia de inspecciones y/o expedientes abiertos por los hechos; medidas adoptadas, así como las conclusiones de los informes técnicos realizados, entre otros.

Las grabaciones fueron captadas el 5 de marzo de 2025 en el interior del matadero de Vicente de Lucas, en Segovia (Castilla y León) de forma anónima y enviadas a finales de octubre a Igualdad Animal. Fuentes de la organización detallan que fueron sacrificados más de 200 ciervos que procedían del Monte de El Pardo, área natural protegida al noroeste de Madrid, y que gestiona Patrimonio Nacional, organismo adscrito a Presidencia del Gobierno. “Los animales fueron capturados vivos, mutilados en sus cuernos y trasladados al matadero”, señala la organización animalista a este diario. Antes del sacrificio de más de 200 cérvidos, “más de cinco ya habían muerto dentro de las instalaciones, posiblemente a causa del estrés y el miedo provocados por el confinamiento”, añaden. Patrimonio Nacional, organismo a quien se le consultó si se habían realizado actuaciones de control poblacional durante el periodo señalado; naturaleza de los métodos de captura y gestión de los animales, así como el destino y trazabilidad del traslado, no ha respondido a este diario, en el momento en que se publica esta noticia.

El Monte de El Pardo es un espacio protegido de alto valor, considerado como uno de los mejor conservados de Europa. Situado al noroeste de Madrid, cuenta con una superficie de 15.821 hectáreas, y fue declarado Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA), dentro de la Red Natura 2000. La caza está prohibida en este espacio y los controles de población de ciervos se realizan “mediante capturas y traslado a mataderos autorizados”, aunque con “carácter estacional”, especifica Salud Pública de Castilla y León, principalmente durante los meses de diciembre, febrero y agosto.

Sacrificios presuntamente irregulares de ciervos

“En el marco de estas actuaciones, los animales son capturados vivos, se les cortan las cuernas y posteriormente son transportados hasta el matadero para su matanza”, explica a elDiario.es Anna Mulá, Gerente de Incidencia Legislativa. Después de recibir las imágenes, Igualdad Animal verificó su autenticidad y correspondencia con la del establecimiento y presentó una denuncia administrativa ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León el 22 de diciembre de 2025, según la documentación consultada por este diario. Igualdad Animal señala que se han producido ocho infracciones graves de la normativa europea de bienestar animal.

La matanza de más de 200 cérvidos tuvo lugar el 5 de marzo de 2025 entre las 6:00 y las 11:00 horas, según consta en la denuncia. Así, la abogada y experta en conservación de especies, indica que estos animales “no han sido mantenidos, criados ni cebados con fines de producción, explotación ganadera o lucro, ni pueden ser calificados como animales de producción”. En su denuncia, Mulá argumenta que estos ciervos son animales silvestres (es decir, salvajes) que vivían libres. No han sido criados por humanos en una granja para producir carne, sino que su sacrificio es parte de un plan de control poblacional. Normalmente, la legislación europea que dice cómo deben morir los animales no se aplica cuando se trata de controlar poblaciones de animales salvajes. Es decir, si se hiciera en el campo, las normas serían diferentes. Sin embargo, en el momento en que introduces a los animales en un matadero autorizado, las reglas cambian.

“El sacrificio de animales en un matadero no puede realizarse al margen de las exigencias de bienestar animal aplicables a este tipo de instalaciones, debiendo la autoridad competente verificar que el establecimiento cumple con las obligaciones legales que le son exigibles y que no se producen situaciones de sufrimiento evitable, estrés o maltrato durante el manejo, aturdimiento y muerte de los animales”, argumenta la experta. Por tanto, el matadero autorizado tiene la obligación legal de evitar cualquier sufrimiento, dolor o estrés innecesario, y las autoridades competentes deben vigilar el cumplimiento estricto de la ley.

Este espacio natural está considerado el bosque mediterráneo más importante de la Comunidad de Madrid, así como una importante reserva ecológica y biológica. Este ecosistema –que discurre por el río Manzanares, desde su nacimiento hasta el Monte El Pardo, incluyendo La Pedriza, constituye el parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares– forma parte de una gran riqueza faunística. Entre ellas, además del ciervo, especies como el águila imperial, el buitre negro, la cigüeña negra y otras numerosas como el gamo, el jabalí, el gato montés conejo, el tejón, el zorro, la gineta o la comadreja conviven en este espacio. Entre los reptiles, destacan la culebra de escalera, el lagarto ocelado y la lagartija cenicienta.

Una cadena de irregularidades

La denuncia de Igualdad Animal contra el matadero Vicente de Lucas Fuentetaja de Segovia expone una cadena de presuntas irregularidades que comenzó con un manejo violento mediante ruidos y golpes para forzar el movimiento de ciervos aterrorizados; continuó con una gestión logística deficiente que provocó aglomeraciones, permitió que los animales presenciaran la muerte de otros y culminó en una ejecución técnica negligente. Estas supuestas infracciones incluyeron la falta de sujeción individual y la realización de disparos múltiples descontrolados, lo que derivó en la situación más grave: la agonía de animales que permanecieron conscientes y con signos vitales tras la ausencia de aturdimiento previo, llegando incluso a ser izados por sus extremidades antes de morir. 

La Ley 32/2007, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, considera una infracción muy grave “el incumplimiento de la obligación del aturdimiento previo”, así como “educar o manejar al animal con métodos agresivos o violentos que puedan provocar maltrato al animal, o causarle estados de ansiedad o miedo”, como se desprende del artículo 14.1 en los apartados e) y n). Entre las faltas leves, se incluye el incumplimiento de las obligaciones de protección animal en cuanto al “cuidado y manejo de los animales, siempre que no se produzcan lesiones permanentes, deformidades o defectos graves, o la muerte de los animales” y el incumplimiento de las obligaciones respecto a “la forma, métodos y condiciones para el sacrificio o matanza de animales”, como se desprende del artículo 14.3 en los apartados a) y b).

El artículo 16 de la normativa establece, para las infracciones leves, una sanción de hasta 600 euros o apercibimiento; en el caso de las graves, una multa de entre 601 y 6.000 euros y para las muy graves, entre 6001 y 100.000 euros. La denuncia de Igualdad Animal sostiene que se ha producido al menos una infracción muy grave debido al presunto incumplimiento “de la obligación de aturdimiento previo” dado que “los animales permanecieron conscientes tras los disparos”.

Sanidad abre expediente sancionador

El 27 de febrero de 2026, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad comunica que las autoridades “habían implantado medidas correctivas” y que se habían “iniciado actuaciones administrativas para la gestión de un expediente sancionador contra el matadero Vicente de Lucas”. En el escrito, al cual ha accedido este diario, la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León informa, en relación al citado matadero, de que “se ha procedido a verificar que el transporte está legalmente amparado por la documentación exigible para trasladar desde origen al matadero”, y que se dio traslado de la denuncia a los Servicios Veterinarios Oficiales de Salud Pública.

Estos servicios, en base al artículo 4 del Decreto 189/1994, realizaron “controles adicionales específicos con el fin de verificar si los hechos denunciados suponen un incumplimiento de la legislación de bienestar animal”. Del mismo modo, procedieron a implantar “medidas correctivas en relación con el manejo de los animales desde su llegada al matadero hasta su sacrificio”. “Se han iniciado actuaciones administrativas para la gestión de un expediente sancionador al establecimiento Vicente de Lucas”, concluye la Dirección General de Salud Pública.

El 17 de abril de 2026, la Dirección General de Salud Pública responde a Igualdad Animal que ha constatado que el sacrificio de cérvidos “no constituye una actividad habitual en dicho establecimiento”, según figura en los correos internos, consultados por este diario. Se trata, señala el organismo competente, “de una actividad de carácter estacional, concentrándose los sacrificios principalmente en los meses de diciembre, febrero y agosto, con un volumen de 862, 879 y 574 cérvidos, respectivamente”. Sin embargo, los sacrificios de más de 200 animales de esta especie tuvieron lugar el 5 de marzo de 2025.

En consecuencia, puede concluirse que “el sacrificio de cérvidos en el citado matadero no forma parte de su actividad ordinaria”. Por otra parte, afirma Salud Pública, desde el ámbito oficial del establecimiento “se están reforzando las actuaciones de supervisión con el fin de garantizar el bienestar animal”, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento europeo 1099/2009, y de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en esta materia. “Todo apunta a que los animales podrían estar entrando en el circuito alimentario: son trasladados a un matadero autorizado en lugar de ser gestionados in situ como medida de control poblacional”, indican fuentes de Igualdad Animal.

Exigen el cierre cautelar

En la denuncia presentada ante las autoridades de la Junta de Castilla y León, Igualdad Animal reclama que se lleven a cabo “medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del daño” y que, en su caso, se estudie el “cese o interrupción de la actividad”, con la posible clausura del establecimiento, así como la retirada de la autorización administrativa.

Asimismo, solicitan a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que verifique “el cumplimiento del matadero de la obligación de disponer de un Sistema de Videovigilancia del Bienestar de los Animales”, según lo previsto en el Real Decreto 695/2022. Esta normativa, que regula específicamente esta cuestión, indica en su artículo 1 que este real decreto “tiene por objeto establecer, con carácter básico, los requisitos para la instalación y funcionamiento de un Sistema de Videovigilancia del Bienestar de los Animales en los mataderos del territorio español, para la realización de controles relativos a la normativa sobre bienestar de los animales, a fin de garantizar su cumplimiento por los operadores de los mataderos y su personal”.

En su solicitud, Mulá sostiene que esta videovigilancia debe incluir “todas las áreas donde se encuentren animales vivos” y que se debe comprobar “la existencia de un procedimiento normalizado de trabajo que registre los incumplimientos detectados y las medidas adoptadas, conservando dichos registros”, como establece la ley.

Finalmente, exigen que “se adopten las medidas necesarias para evitar la reiteración de estas prácticas” con el objetivo de que el matadero denunciado “no vuelva a ser utilizado para la matanza de animales silvestres procedentes de actuaciones de control poblacional”, cuando dicha actividad “no resulte compatible con la naturaleza del establecimiento, su autorización administrativa y las condiciones bajo las que fue autorizado, así como las exigencias legales en materia de bienestar animal”.

Igualdad Animal valora “positivamente” la incoación del expediente por parte de la Dirección General de Salud Pública de Castilla y León, pero considera también que la respuesta es “insuficiente” mientras “no se garantice que el matadero no vuelva a ser utilizado para la matanza de animales”. Además, exigen que se resuelva el expediente “con las sanciones previstas en la ley”.

Una dona ha denunciat haver patit una agressió sexual brutal mentre estava ingressada a l’hospital Can Misses d’Eivissa durant la matinada de dilluns a dimarts. Els fets van provocar la intervenció d’agents de la Policia Nacional, que van detenir un home com a presumpte autor dels fets gràcies a la revisió de les càmeres de seguretat del centre i a les dades aportades per la víctima. L’arrestat passarà a disposició judicial mentre la investigació continua oberta. La dona rep atenció psicològica continuada.

Els fets, avançats per Noudiari, van tenir lloc cap a dos quarts de quatre de la matinada quan es van sentir “crits en una habitació”, segons explica Eduardo Escudero, gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, que assenyala que el presumpte agressor va forçar una porta d’accés per entrar a l’hospital i agredir sexualment la pacient. “El primer que vull manifestar és la meva màxima repulsa davant incidents de qualsevol mena de violència i, més concretament, davant una molt probable agressió sexual”, ha declarat als mitjans.

Escudero relata que, després que se sentissin els crits, les infermeres tornaven “de prendre una coca-cola o un cafè i van veure sortir corrent una persona d’una habitació”. “La van perseguir, però ràpidament la van perdre perquè corria molt”, continua. Tant els infermers com altres sanitaris de la planta es van desplaçar ràpidament fins al lloc i van comprovar que en aquella habitació, que és doble, una de les pacients s’estava dutxant mentre l’altra dona denunciava haver estat víctima d’una agressió sexual.

“Va ser una situació de ‘xoc’ per a tot el personal d’infermeria, auxiliars i zeladors perquè és la primera vegada que passa a l’hospital”, lamenta Escudero. El gerent precisa que, tot i que l’àrea de salut activa “desgraciadament” amb freqüència protocols per agressions sexuals ateses des d’Urgències o derivades pel 061, mai no s’havia produït una situació d’aquestes característiques dins del mateix hospital. “El primer va ser tranquil·litzar la situació. Tots estàvem molt nerviosos”, ha afegit.

El gerent de l’àrea de salut explica que es va avisar immediatament la Policia Nacional després d’escoltar el relat de la pacient. Paral·lelament, l’hospital va activar el protocol habitual previst per a agressions sexuals, pel qual el servei de seguretat del centre intervé. Segons ha detallat Escudero, una llevadora va acudir immediatament per fer l’exploració corresponent i, a més, un ginecòleg i una psicòloga van atendre la víctima.

La Policia Nacional i el metge forense es van desplaçar fins al lloc dels fets, tal com estableixen aquests procediments. La direcció de l’hospital va decidir, a més, convertir l’habitació en individual per garantir la tranquil·litat de la víctima. L’altra pacient ingressada va ser traslladada a una altra estança i posteriorment la dona agredida va passar a ocupar una altra habitació individual, on roman acompanyada per familiars i personal sanitari.

La revisió de les càmeres de seguretat va detectar que l’agressor havia forçat una porta d’entrada per la qual s’accedeix a l’interior de l’hospital. Després, va escapar per una altra sortida diferent que també va aconseguir forçar. Escudero assegura que l’hospital Can Misses queda tancat a la nit, per la qual cosa la persona detinguda va poder entrar al recinte hospitalari després de forçar les portes. “La porta principal es tanca a les onze de la nit i la resta quan acaba l’activitat de l’hospital, normalment cap a les vuit del vespre”, ha explicat.

El gerent ha precisat que no hi ha alarmes a tot l’hospital i que les portes tenen un funcionament automàtic, però que es poden forçar. “Quan es tanquen es bloquegen, però evidentment les pots forçar si ets capaç d’obrir entre les dues làmines de vidre i estirar amb força”, ha explicat. Tot i això, ha subratllat que fins ara les mesures de seguretat es consideraven prou per cobrir el complex hospitalari. Escudero ha indicat que no consta cap robatori ni altres desperfectes més enllà de les dues portes forçades i ha evitat precisar per quines zones es va poder desplaçar el detingut dins del recinte, ja que es tracta d’una investigació encara oberta. També ha rebutjat oferir detalls clínics o personals sobre la víctima, i s’ha limitat a assenyalar que estava ingressada “per un procés patològic en una planta d’hospitalització convencional”.

Després d’aquest incident, Escudero ha proposat “replantejar” tot el sistema de seguretat de l’hospital. “Evidentment, aquest incident ens farà replantejar tot el sistema de seguretat de l’hospital”, ha afirmat. El gerent ha explicat que els vigilants fan rondes contínues durant tota la nit per diferents àrees del complex, des de consultes fins a altres edificis annexos, tot i que no romanen de manera fixa a la recepció principal. A més, ha aclarit que el reforç de seguretat anunciat recentment per a l’estiu no té relació amb aquesta agressió i que es tractava d’una mesura ja prevista des de fa mesos tant per a l’hospital com per als centres de salut de les Pitiüses.

Sobre la possible relació entre l’agressor i la víctima, Escudero ha assenyalat que “podria ser un conegut”, tot i que ha insistit que és una qüestió que correspon determinar a la Policia Nacional. “Ho desconec totalment”. “Si he de donar la meva opinió, no [ho crec], perquè és molt estrany. Aquesta persona podria haver estat dins sense haver forçat cap porta si hagués estat algú ben conegut”, ha apuntat, matisant que es tracta únicament d’una apreciació personal.

Una mujer ha denunciado haber sufrido una brutal agresión sexual mientras permanecía ingresada en el hospital Can Misses de Eivissa durante la madrugada del lunes al martes. Los hechos provocaron la intervención de agentes de la Policía Nacional, que detuvieron a un hombre como presunto autor de los hechos gracias al visionado de las cámaras de seguridad del centro y datos aportados por la víctima. El arrestado pasará a disposición judicial mientras la investigación continúa abierta. La mujer recibe atención psicológica continuada.

Los hechos, avanzados por Noudiari, ocurrieron hacia las tres y media de la madrugada cuando se escucharon “gritos en una habitación”, según explica Eduardo Escudero, gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, quien señala de que el presunto agresor forzó una puerta de entrada para acceder al hospital y agredir sexualmente a la paciente. “Lo primero que quiero manifestar es mi mayor repulsa ante incidentes de cualquier tipo de violencia y más concretamente ante una muy probable agresión sexual”, ha manifestado en declaraciones a los medios.

Escudero relata que, después de que se escucharan los gritos, las trabajadoras de enfermería volvían “de tomar una coca cola o un café y vieron salir corriendo a una persona de una habitación”. “La persiguieron pero rápidamente la perdieron porque corría mucho”, prosigue. Tanto los enfermeros como otros sanitarios de la planta se desplazaron rápidamente hacia el lugar y comprobaron que en esa habitación, que es doble, una de las pacientes se estaba duchando mientras que la otra mujer denunciaba que había sido víctima de una agresión sexual.

“Fue una situación de ‘shock’ para todo el personal de enfermería, auxiliares y celadores porque es la primera vez que sucede en el hospital”, lamenta Escudero. El gerente precisa que, aunque el área de salud activa “desgraciadamente” con frecuencia protocolos por agresiones sexuales atendidas desde Urgencias o derivadas por el 061, nunca se había producido una situación de estas características dentro del propio hospital. “Lo primero fue tranquilizar la situación. Todos estábamos muy nerviosos”, ha añadido.

El gerente del área de salud explica que se llamó de inmediato a la Policía Nacional tras escuchar el relato de la paciente. Paralelamente, el hospital activó el protocolo habitual previsto para agresiones sexuales, por el que el servicio de seguridad del centro pasa a intervenir. Según ha detallado Escudero, una matrona acudió inmediatamente para realizar la exploración correspondiente y, además, un ginecólogo y una psicóloga atendieron a la víctima.

La Policía Nacional y el médico forense se desplazaron hacia el lugar de los hechos, como establecen estos procedimientos. La dirección del hospital decidió además convertir la habitación en individual para garantizar la tranquilidad de la víctima. La otra paciente ingresada fue trasladada a otra estancia y posteriormente la mujer agredida pasó a ocupar otra habitación individual, donde permanece acompañada por familiares y personal sanitario.

La revisión de las cámaras de seguridad detectó que el agresor había forzado una puerta de entrada por la que se accede al interior del hospital. Luego, escapó por otra diferente que también consiguió forzar. Escudero asegura que el hospital Can Misses queda cerrado por la noche, por lo que la persona detenida pudo entrar en el interior del recinto hospitalario tras forzar las puertas. “La puerta principal se cierra a las once de la noche y el resto cuando acaba la actividad del hospital, normalmente sobre las ocho de la tarde”, ha explicado.

El gerente ha precisado que no hay alarmas en todo el hospital y que las puertas tienen un funcionamiento automático, pero que se pueden forzar. “Cuando se cierran se bloquean, pero evidentemente las puedes forzar si eres capaz de abrir entre las dos lamas de cristal y traccionar con fuerza”, ha explicado. No obstante, ha subrayado que hasta ahora las medidas de seguridad se consideraban suficientes para cubrir el complejo hospitalario. Escudero ha indicado que no consta ningún robo ni otros desperfectos más allá de las dos puertas forzadas y ha evitado precisar por qué zonas pudo desplazarse el detenido dentro del recinto, al tratarse de una investigación todavía abierta. También ha rehusado ofrecer detalles clínicos o personales sobre la víctima, limitándose a señalar que estaba ingresada “por un proceso patológico en una planta de hospitalización convencional”.

Tras este incidente, Escudero ha propuesto “replantear” todo el sistema de seguridad del hospital. “Evidentemente, este incidente nos va a hacer replantear todo el sistema de seguridad del hospital”, ha afirmado. El gerente ha explicado que los vigilantes realizan rondas continuas durante toda la noche por distintas áreas del complejo, desde consultas hasta otros edificios anexos, aunque no permanecen de manera fija en la recepción principal. Además, ha aclarado que el refuerzo de seguridad anunciado recientemente para el verano no guarda relación con esta agresión y que se trataba de una medida ya prevista desde hace meses tanto para el hospital como para los centros de salud de las Pitiüses.

Sobre la posible relación entre el agresor y la víctima, Escudero ha señalado que “podría ser un conocido”, aunque ha insistido en que se trata de una cuestión que corresponde determinar a la Policía Nacional. “Lo desconozco totalmente”. “Si tengo que dar mi opinión, no [lo creo], porque es muy extraño. Esa persona podía haber estado dentro sin haber forzado ninguna puerta si hubiera sido bien conocido”, ha apuntado, matizando que se trata únicamente de una apreciación personal.

Rafael Triguero (PP), alcalde d’Eivissa, està sota el focus mediàtic després d’haver realitzat una operació urbanística que perseguiria, presumptament i segons denuncia l’oposició, obtenir de manera irregular un habitatge de preu limitat (VPL). L’estratègia consistiria a transformar una oficina en un habitatge de preu limitat en un barri de l’eixample de la ciutat. Per presumptament esquivar les limitacions que va introduir el Govern de Marga Prohens (PP) per beneficiar-se d’una VPL, Triguero va cedir el 50% del local-habitatge i d’un altre habitatge seu als seus fills menors (25% a cadascun d’ells) mitjançant un pacte successori abans de mudar-se al nou immoble, segons la documentació a la qual ha accedit elDiario.es. D’aquesta manera, a més, la seva parella podria llogar o vendre un altre pis del qual és titular al 100% en el mateix bloc.

Una VPL és una figura creada per la llei balear d’habitatge que permet convertir locals i oficines en habitatges amb límits de preu i requisits d’accés per ampliar l’oferta residencial. A diferència d’un VPO o habitatge protegit tradicional, no forma part d’un règim clàssic de promoció pública. “En tot moment he complert la llei escrupolosament. No he adquirit, ni tampoc se m’ha adjudicat, ni un habitatge públic ni tampoc un habitatge protegit”, va explicar Triguero en una compareixença d’urgència en què no va acceptar preguntes dels periodistes. Després de les preguntes d’elDiario.es, l’Ajuntament d’Eivissa es remet a les declaracions de l’alcalde, així com a les valoracions de la Conselleria d’Habitatge del Govern, que no aprecia irregularitats fins al moment.

Com va avançar La Voz de Ibiza i ha comprovat elDiario.es, Triguero i la seva parella van comprar, al 50% cadascun, una oficina en una urbanització de Can Misses, segons consta a l’escriptura amb data 4 de juny de 2025. Es tracta d’una oficina de gairebé 100 metres quadrats que disposa d’una terrassa descoberta de gairebé 45 metres quadrats i una terrassa amb jardí de 76 metres quadrats. Per a això, van sol·licitar una hipoteca de 208.000 euros, que venç el 4 de juny de 2045. Si la parella deixés de pagar i el banc hagués de vendre l’immoble en subhasta pública, es fixa un valor de 366.814 euros.

L’alcalde i la seva dona van comprar una oficina de gairebé 100 metres quadrats, amb 45 de terrassa i 76 de jardí

El 22 de desembre de 2025, l’alcalde d’Eivissa cedeix el 50% del seu local a favor dels seus dos fills menors, segons els documents als quals ha tingut accés elDiario.es. Cadascun d’ells rep el 25% de la propietat mitjançant el pacte successori, una fórmula que permet avançar l’herència en vida a les Balears. A més, Triguero i els seus dos fills van sol·licitar el canvi d’ús de local a habitatge el 19 de març de 2026.

Tot i que l’alcalde va cedir el 50% de la propietat als seus fills menors, Triguero continua mantenint el control total sobre l’habitatge a causa de les clàusules que s’hi van imposar. En aquest sentit, mitjançant el pacte successori es va reservar “la facultat de disposar”, és a dir, el control i dret sobre l’immoble, sense que els fills puguin intervenir en aquestes decisions. A més, l’alcalde –o la seva parella, en cas que ell mori– té el dret exclusiu de gestionar l’immoble fins que els seus fills compleixin els 35 anys. Els fills tenen prohibit vendre’l, hipotecar-lo, llogar-lo, donar-lo o deixar-lo en herència.

Tot i que l’alcalde va cedir el 50% de la propietat als seus dos fills menors, Triguero continua mantenint el control total sobre l’habitatge a causa de les clàusules que s’hi van imposar

Triguero també és propietari d’un altre habitatge situat al mateix municipi. Un pis de 70 metres quadrats. L’escriptura es va formalitzar el 30 de novembre de 2012. En aquell moment, l’alcalde en tenia el 100% de la titularitat. El 22 de desembre de 2025, el mateix dia en què va cedir el 50% del local-habitatge als seus fills, va fer la mateixa operació mitjançant el pacte successori amb el seu altre pis, cedint el 25% a cadascun d’ells.

S’utilitza la mateixa fórmula que en el cas del local convertit en VPL: Triguero manté el poder sobre l’habitatge amb la imposició de les mateixes clàusules. D’altra banda, la dona de l’alcalde és propietària al 100% d’un habitatge al mateix bloc on l’alcalde i ella van comprar l’oficina que més tard van convertir en habitatge mitjançant un canvi d’ús. És un pis de 94 metres quadrats amb una terrassa de 12 metres quadrats.

Què diu la llei

La llei autonòmica 3/2024, de mesures urgents en matèria d’habitatge, indica en el punt cinc de l’article 2, com un dels requisits legals, que per poder accedir a un habitatge de preu limitat “en qualsevol de les modalitats d’accés” el beneficiari “no podrà ser titular del ple domini o d’un dret real d’ús i gaudi sobre més d’un 50% d’algun habitatge lliure o sotmès a algun règim de protecció”.

Cal recordar que el local va ser adquirit per Triguero i la seva parella al 50%. Tots dos posseïen, el 4 de juny de 2025, el 100% d’un altre habitatge. Per aquest motiu, el 22 de desembre de 2025, Triguero utilitza la fórmula del pacte successori (herència en vida) per repartir el local i el seu altre habitatge, al 50%, als seus dos fills menors (cadascun d’ells en posseeix, des d’aleshores, el 25%). El canvi d’ús de local a habitatge es va sol·licitar el 19 de març de 2026. L’objectiu era quedar-se presumptament amb el 50% i així complir, sobre el paper, aquest requisit legal. Tanmateix, l’alcalde continua tenint el control total dels dos pisos. L’oposició ha criticat que aquesta operació es va fer per “donar aparença de complir la legalitat”.

La llei estableix que una persona que gaudeix d’una VPL no pot ser titular de més d’un 50% d’un altre habitatge. En el moment d’adquirir-la, l’alcalde i la seva dona posseïen el 100% d’un altre pis, de manera que el primer edil va recórrer a una herència en vida per repartir el local i el seu altre habitatge entre els seus dos fills menors

El PSOE assegura que Triguero va viure a la casa

D’altra banda, l’oficina va obtenir la llicència de primera ocupació, que atorga l’Ajuntament d’Eivissa, el 6 de març de 2026 –unes dues setmanes abans de sol·licitar el canvi d’ús–, segons va denunciar el PSOE davant l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), dependent de la Conselleria d’Habitatge del Govern. En la mateixa denúncia, a la qual ha tingut accés aquest diari, s’explica que a l’abril d’aquest any, Triguero i la seva parella es van traslladar al nou pis, tot i no complir presumptament “els requisits necessaris per ser beneficiaris”. Així mateix, la parella de l’alcalde va procedir a llogar l’habitatge del qual és titular al 100% i que està al mateix edifici, segons els socialistes. A parer del PSOE, es tracta “d’una clara maniobra d’adquirir un immoble per reconvertir-lo en VPL sense complir els requisits” i amb l’objectiu d’“obtenir un benefici econòmic, llogant els seus habitatges en propietat i ocupant el nou local oficina ara convertit en habitatge VPL”.

En segon lloc, com a presumpta irregularitat, es descriu la manca d’inscripció al Registre Autonòmic de VPL, tal com exigeix la legislació autonòmica en el seu article tercer. L’habitatge, però, no ha estat inscrit en aquest registre, que s’ha de produir abans de l’ocupació efectiva de l’habitatge. Entre les obligacions, la llei indica que s’ha de registrar la primera inscripció dels habitatges de preu limitat, “una vegada obtinguda la llicència de primera ocupació, i com a requisit previ a les seves transmissions posteriors, arrendaments o altres modalitats de transmissió de qualsevol dret o cessió d’ús admès en dret”, tal com figura en la disposició addicional dotzena.

En tercer lloc, tampoc s’hauria fet la declaració responsable davant la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern balear, que ara dirigeix José Luis Mateo després d’haver substituït Marta Vidal, l’ideòloga de les últimes modificacions en matèria d’habitatge. En el punt sisè de l’article 2 s’estableix que “el compliment de les condicions d’accés s’acreditarà mitjançant la presentació d’una declaració responsable” tant en la primera transmissió com en les posteriors, del beneficiari davant la conselleria competent en la matèria, en el termini de trenta dies des de la formalització del contracte quan escaigui, sense perjudici de la comprovació per part dels serveis d’inspecció competents en matèria d’habitatge.

Així mateix, la declaració responsable haurà d’adjuntar “l’escriptura acreditativa de la propietat o el contracte de lloguer, en què s’haurà de fer constar, a més del compliment de les condicions establertes i la destinació com a domicili habitual i permanent de l’habitatge, la identitat de les parts intervinents, la superfície útil, el preu i la modalitat d’ús de l’habitatge de preu limitat”, descriu la normativa.

D’altra banda, l’Ajuntament d’Eivissa va aprovar en el ple del 30 de novembre de 2023, quan Triguero ja era alcalde, els criteris per aplicar el decret llei de mesures urgents en matèria d’habitatge limitant a vuit barris del municipi la possibilitat de convertir locals comercials en habitatges, i entre aquests vuit barris hi ha el de Can Misses, on se situen els immobles afectats.

La polèmica arriba al Parlament

Aquest dimarts, en el ple del Parlament, la diputada socialista Irantzu Fernández va interpel·lar el conseller d’Habitatge, José Luis Mateo. En la seva intervenció, va criticar la política d’habitatge del Govern, que va resumir en tres aspectes: el “fracàs absolut” que, al seu parer, està sent el programa de ‘Lloguer segur’; la negativa del Govern a declarar l’arxipèlag balear com a “zona tensionada”, cosa que permetria posar límits als preus del lloguer, i la llei de mesures urgents en matèria d’habitatge, que incloïa la figura dels habitatges a preu limitat.

“Ja vam denunciar que aquesta llei permetia l’especulació urbanística. I sap qui també se’n va adonar? L’alcalde d’Eivissa, el senyor Triguero. (...) Un chollo al seu mateix immoble. Un local que feia 20 anys que estava buit i al qual només li calia que l’Ajuntament aprovés, en aquella mateixa zona –on no hi havia cap altre local més–, que es pogués fer la reconversió”, va criticar Fernández. “Es pot tenir més barra que fer maniobres fictícies amb les propietats?”, es va preguntar. “Senyor conseller, creu que hi havia algú a Vila –ciutat, en català– que no sabés que l’alcalde feia mes i mig que vivia a la VPL?”, li va interpel·lar.

En la seva resposta, Mateo va assegurar que la denúncia havia estat rebuda a l’IBAVI i que seria “tramitada i resposta” des de la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura “com totes les altres”. El conseller d’Habitatge va afirmar que l’executiu autonòmic havia creat la figura de la VPL “per generar més habitatge assequible per als residents de les nostres illes”. “Està permetent que ciutadans amb un mínim de cinc anys de residència puguin accedir a un habitatge”, va insistir.

De la mateixa manera, Mateo va destacar que la reconversió de locals és “una de les figures amb més acceptació entre els municipis”. Vint-i-un ajuntaments han aprovat acords en el ple “per regular aquesta mesura”, segons el conseller, que va afegir que aquestes delimitacions es poden aplicar en zones residencials, però no en zones comercials: “És de calaix”. “Ho apliquen així tots els municipis que ho han regulat, entre ells alguns de d’esquerres, com Inca, Pollença, Maó i Manacor”, va argumentar el conseller.

Després del torn de Mateo va intervenir Pilar Costa, també diputada socialista a l’hemicicle. “Vostès queden absolutament inhabilitats per a qualsevol debat sobre habitatge mentre tinguin implicada la màxima autoritat municipal de l’illa per presumpta corruptela en l’obtenció d’una VPL de manera fraudulenta”, va insistir.

La parlamentària va descriure la següent línia cronològica: el Govern aprova un decret llei d’habitatge el 2023, que un any després s’aprova definitivament. Durant aquest interval, l’Ajuntament d’Eivissa aprova una zonificació. “Va ser un dels primers a fer-ho: en pocs dies va fer una delimitació dels llocs on es podia fer la reconversió i un dels barris era el del propi alcalde. Suposo que també és casualitat que l’alcalde es compri un local, s’autoconcedeixi la llicència de primera ocupació, el converteixi en VPL, se’n vagi a viure allà i llogui la seva casa anterior a preu de mercat”, va criticar Costa. “Són maquinacions per perpetrar un frau de llei”, va insistir, i va preguntar al conseller si podia aclarir en quina situació es troba l’expedient.

“Per a vostès tot s’hi val en la seva desesperada i, sens dubte, molt poc edificant tasca d’oposició”, va respondre Mateo, que va repetir la versió que aquests dies estan donant tant l’Ajuntament com la Conselleria d’Habitatge. “Llancen acusacions sobre un procediment que, com ja va explicar el mateix alcalde d’Eivissa i com també ha manifestat el Govern des del primer moment, es troba obert i en tramitació i, per tant, dins de termini, i sobre el qual es revisaran tots els requisits com en tots els casos”, va repetir.

En aquest cas, el conseller va insistir que la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura, fins ara, no havia rebut la documentació per a la inscripció de l’habitatge al registre autonòmic de VPL, ni tampoc per al posterior registre dels seus futurs beneficiaris. A partir d’aquí, va explicar, es revisarà tota la documentació i el compliment dels requisits “quan la documentació sigui aportada”, com en qualsevol altre cas. Per això, “no es pot considerar incompliment en un procediment que encara es troba en tramitació”, va argumentar.

En aquest sentit, Mateo va afirmar que quan un local es converteix en VPL s’ha d’inscriure al Registre Autonòmic “a partir del moment en què s’hagi obtingut la llicència municipal de primera ocupació”. Segons la informació de què disposava el Govern, “aquest cas està dins de termini”. “Està en el període en què es pot fer aquesta inscripció”, va insistir. Pel que fa als beneficiaris, posteriorment, “s’haurà de fer la inscripció dels beneficiaris de VPL mitjançant la corresponent declaració responsable”. “En aquest cas, l’alcalde ja ha manifestat públicament la seva intenció que, un cop finalitzi la tramitació, posarà aquesta VPL al mercat de lloguer”, va detallar Mateo, de manera que seran “els futurs inquilins, li pesi a qui li pesi, els qui hauran de complir els requisits d’accés a la VPL com a beneficiaris”.

La sargantana pitiüsa (Podarcis pityusensis) està en perill d’extinció. Des de fa dues dècades, viu amenaçada per la introducció artificial d’una espècie invasora, la serp de ferradura (Hemorrhois hippocrepis), que s’alimenta d’ella i d’altres mamífers. En només quinze anys ha arribat a colonitzar el 90% del territori d’Eivissa, fet que amenaça l’equilibri ecològic de les illes, així com la supervivència d’aquesta espècie. Abans de la seva desaparició progressiva, existien una quarantena de subespècies de la sargantana a les Pitiüses, una espècie endèmica d’aquests dos petits territoris de l’arxipèlag balear. “Podria desaparèixer completament”, conclou una investigació del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals), encapçalada per Oriol Lapiedra.

La funció de la sargantana pitiüsa per als ecosistemes pitiüsos és de gran importància: pol·linitza la majoria de les flors, controla plagues perquè s’alimenta d’insectes i dispersa llavors. Aquesta espècie també es troba a Formentera i en gairebé una quarantena d’illots dels seus voltants, fet que ha donat lloc a “poblacions amb coloracions úniques a cada zona”. De fet, aquesta espècie és una de les que presenten “més variacions de color de tot el món”, cosa que ha generat molt d’interès entre la comunitat científica internacional. La gran varietat de colors –amb tons verds, marrons, grisos, blaus i negres– és el resultat de “milers d’anys d’adaptació a diferents hàbitats i de l’aïllament genètic dels illots”. “Perdre aquestes poblacions evolutivament úniques significa que mai més no tornarem a veure exemplars iguals”, adverteix Guillem Casbas, investigador predoctoral del CREAF i un dels principals autors de l’estudi.

A causa de la introducció artificial de les serps a través d’oliveres, l’anterior Govern de Francina Armengol va limitar l’entrada d’aquests arbres a determinats mesos de l’any, sent Miquel Mir conseller de Medi Ambient i Territori. “La llei està molt bé, però hauria d’haver entrat en vigor el 2015”, va afirmar a aquest diari Antònia Maria Cirer, catedràtica de Ciències Biològiques. Es creu que les serps van ser detectades per primera vegada a Eivissa cap a l’any 2003, però no va ser fins al 2010 quan es van publicar els primers estudis científics sòlids que van certificar el seu establiment a l’illa.

Els principals resultats de la investigació del CREAF apunten que la serp de ferradura s’ha expandit “per gairebé tota l’illa” i que ja “ocupa més del 90% del territori”. “Ha devorat la majoria d’exemplars de la sargantana endèmica, que no estava acostumada a aquest nou depredador”, assenyalen les conclusions. Sobre això, s’estan publicant diversos estudis científics: un dels més rellevants a la revista Ecology –a més dels signants, hi van participar el Consorci de Recuperació de Fauna de les Illes Balears i el Servei d’Agents de Medi Ambient, tots dos dependents del Govern; l’Associació Herpetològica Espanyola (AHE) i la Universitat de Granada–. Aquest estudi constata que aquestes serps no només han arrasat amb les sargantanes d’Eivissa, sinó que, en ser capaces de nedar per la mar, “també estan extingint poblacions amb coloracions úniques dels illots propers”.

Segons l’estudi, les serps ja ocupen més del 90% del territori, han devorat la majoria d’exemplars de la sargantana endèmica i 'també estan extingint poblacions amb coloracions úniques dels illots propers'

Els investigadors assenyalen que aquest comportament “no s’havia observat en aquesta espècie ni, de fet, en gairebé cap altre cas al món”, ja que fins ara es considerava “molt poc probable que una serp colonitzés activament altres territoris nedant”. Un dels motius, afirmen, podria ser que les serps ja han esgotat “bona part de l’aliment” a Eivissa. El grup de recerca està salvant alguns d’aquests exemplars que es troben en aquests illots, traslladant aquestes subespècies de la sargantana eivissenca al Zoo de Barcelona, en col·laboració amb la Conselleria de Medi Natural. Tot i això, s’ha constatat l’extinció de les poblacions úniques de sargantana en deu illots.

Aquest diari ja va informar que aquest hivern passat havia de ser el primer en què la Conselleria de Medi Natural no retiraria les 63 trampes que havia col·locat al Parc Natural de ses Salines, on aquesta espècie endèmica ha vist reduïdes les seves poblacions fins a un 70%, segons el grup ecologista GEN-GOB. “Les sargantanes estan desapareixent a mesura que el territori va sent colonitzat per les serps”, explica Agnès Vidal, educadora ambiental.

La colonització dels illots

L’extinció de les poblacions úniques de sargantana en 10 illots va més enllà i constata una “pèrdua irreparable”, ja que “no existeixen més en cap altre lloc del món”. Els científics assenyalen que, en tractar-se d’illots petits, l’extinció “succeeix molt ràpidament”, perquè en qüestió de pocs mesos “unes poques serps poden acabar amb tota la població”. Entre aquests casos, l’extinció s’ha produït als illots de Santa Eulària i de s’Ora.

Tomàs Bosch, cap del Servei de Protecció d’Espècies –dependent de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal del Govern–, va assenyalar a aquest diari que les trampes per a serps es mantindrien actives tant en zones costaneres com als illots. Per exemple, es van prospectar tots els illots del Parc Natural de ses Salines, tot i que no es van trobar indicis d’invasió de serps, excepte a l’illot Escull d’en Terra, on es va capturar una serp de ferradura. Com a mesura preventiva, també es van instal·lar trampes a l’illot d’en Caragoler.

Els investigadors detallen que al principi pensaven que els illots “estaven protegits” de la serp, que no tenia manera d’accedir-hi amb la mar pel mig. “Quan vam començar a detectar les primeres serps pensàvem que es tractava d’introduccions accidentals, potser vinculades a embarcacions o al transport humà. Però, a mesura que vam recopilar vídeos, fotografies i testimonis de serps nedant en mar obert, vam entendre que eren capaces d’arribar-hi per si mateixes”, assegura Oriol Lapiedra, investigador del CREAF.

Quan vam començar a detectar les primeres serps pensàvem que es tractava d’introduccions accidentals, potser vinculades a embarcacions o al transport humà. Però, a mesura que vam recopilar vídeos, fotografies i testimonis de serps nedant en mar obert, vam entendre que eren capaces d’arribar-hi per si mateixes

Oriol Lapiedra — Investigador del CREAF

Per realitzar l’estudi, el grup de recerca ha combinat treball de camp, trampes per detectar serps, comparació de censos actuals i antics, enregistraments, fotografies i observacions verificades de pescadors i ciutadans. En el cas de l’illot de Santa Eulària van instal·lar 12 trampes i van capturar fins a 58 serps entre 2023 i 2025. A més, van comparar les poblacions de sargantanes amb un cens realitzat el 2016. “Mentre que aquell any s’havien registrat 72 sargantanes, el 2023 només se’n van detectar tres i el 2025 ja no s’hi va observar cap exemplar, confirmant l’extinció local de la població”, lamenta Guillem Casbas, investigador predoctoral del CREAF.

Els investigadors expliquen que la “invasió” dels ofidis va començar fa dues dècades. Al principi, la serp es va establir a poc a poc en zones molt concretes, però entre 2010 i 2015 va començar “una fase d’expansió imparable”. A inicis de la dècada, s’estima que la serp ocupava menys del 5% del territori eivissenc. Tanmateix, aquest percentatge va augmentar fins aproximadament el 40% el 2016 i ja superava el 90% el 2025. “De fet, quan la serp conquereix una nova zona de l’illa pot tardar menys de tres anys a extirpar tota la població de sargantanes; la invasió es mou com un incendi, amb un front que avança a mesura que s’acaba el menjar”, afegeix Lapiedra.

La invasió es mou com un incendi, amb un front que avança a mesura que s’acaba el menjar

Oriol Lapiedra — Investigador del CREAF

Podria desaparèixer a Formentera

A més de sargantanes, els ofidis s’alimenten de ratolins, ratpenats, aus i musaranyes. “Això, juntament amb la desaparició de la sargantana, provoca efectes ecològics en cascada molt preocupants, perquè deixen de dur-se a terme funcions clau com la pol·linització de flors i plantes cultivades; la dispersió de llavors; la regulació de la població d’insectes, que pot evitar plagues; o el desplaçament d’altres depredadors que es quedaran sense aliment, com algunes aus que s’alimenten de petits mamífers”, lamenta l’investigador.

Lapiedra llança una advertència: la serp no té competidors i està tan ben alimentada que s’han capturat alguns exemplars molt grans, de fins a 2 metres. És a dir, “un 200% més grans que els de la península”. El problema també ha arribat a la pitiüsa del sud, on aquesta espècie viu amb variacions genètiques i un color diferent. Allà ja s’han començat a observar ofidis i, atès que es tracta d’una illa molt petita, “una explosió demogràfica de la serp de ferradura podria implicar la desaparició de les sargantanes en pocs anys”.

La lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis) está en peligro de extinción. Desde hace dos décadas, vive amenazada por la introducción artificial de una especie invasora, la serpiente de herradura (Hemorrhois hippocrepis), que se alimenta de ella y de mamíferos. En solo 15 años ha pasado a colonizar el 90% del territorio de Eivissa, lo que amenaza el equilibrio ecológico de las islas, así como la supervivencia de esta especie. Antes de su progresiva desaparición, existían unas cuarenta subespecies de la lagartija en las Pitiüses, una especie endémica de estos dos pequeños territorios del archipiélago balear. “Podría desaparecer por completo”, concluye una investigación del CREAF (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales), encabezada por Oriol Lapiedra.

La función de la lagartija pitiusa para los ecosistemas pitiusos es de suma importancia: poliniza la mayoría de flores, controla plagas porque se alimenta de insectos y dispersa semillas. Esta especie también se encuentra en Formentera y en casi cuarenta islotes de sus alrededores, lo cual ha dado lugar a “poblaciones con coloraciones únicas en cada zona”. De hecho, esta especie es una de las que presentan “más variaciones de color en todo el mundo”, lo que ha generado mucho interés entre la comunidad científica internacional. La gran variedad de colores –con tonos verdes, marrones, grises, azules y negros– es el resultado de “miles de años de adaptación a distintos hábitats y del aislamiento genético de los islotes”. “Perder estas poblaciones evolutivamente únicas significa que nunca volveremos a ver ejemplares iguales”, advierte Guillem Casbas, investigador predoctoral del CREAF y uno de los principales autores del estudio.

Debido a la introducción artificial de las serpientes a través de olivos, el anterior Govern de Francina Armengol limitó la entrada de estos árboles a ciertos meses del año, siendo Miquel Mir conseller de Medio Ambiente y Territorio. “La ley está muy bien, pero debería haber entrado en vigor en 2015”, afirmó a este diario Antònia Maria Cirer, catedrática de Ciencias Biológicas. Se cree que las serpientes fueron detectadas por primera vez en Eivissa hacia el año 2003, pero no fue hasta 2010 cuando se publicaron los primeros estudios científicos sólidos que certificaron su asentamiento en la isla.

Los principales resultados de la investigación del CREAF apuntan a que la serpiente de herradura se ha expandido “por casi toda la isla” y que ya “ocupa más del 90% del territorio”. “Ha devorado a la mayoría de ejemplares de la lagartija endémica, que no estaba acostumbrada a este nuevo depredador”, señalan las conclusiones. Sobre ello, se están publicando varios estudios científicos: uno de los más relevantes en la revista Ecology –además de quienes lo firman, contó con la participación del Consorcio de Recuperación de Fauna de las Illes Balears y el Servicio de Agentes de Medio Ambiente, ambos dependientes del Govern; la Asociación Herpetológica Española (AHE) y la Universidad de Granada–. Este estudio constata que estas serpientes no solo han arrasado con las lagartijas de Eivissa, sino que, al ser capaces de nadar por el mar, “también están extinguiendo poblaciones con coloraciones únicas de los islotes cercanos”.

Según el estudio, las serpientes ya ocupan más del 90% del territorio, han devorado la mayoría de ejemplares de la lagartija endémica y 'también están extinguiendo poblaciones con coloraciones únicas de los islotes cercanos'

Los investigadores señalan que este comportamiento “no se había observado en esta especie ni, de hecho, en casi ningún otro caso en el mundo”, ya que hasta ahora se consideraba “muy poco probable que una serpiente colonizara activamente otros territorios nadando”. Uno de los motivos, afirman, podría ser que las serpientes ya han agotado “buena parte del alimento” en Eivissa. El grupo de investigación está salvando algunos de estos ejemplares que se encuentran en dichos islotes, trasladando a estas subespecies de la lagartija ibicenca al Zoo de Barcelona, en colaboración con la Conselleria de Medio Natural. Pese a todo, se ha constatado la extinción de las poblaciones únicas de lagartija en diez islotes.

Este diario ya informó de que este pasado invierno iba a ser el primero en el que la Conselleria de Medio Natural no iba a retirar las 63 trampas que había colocado en el Parc Natural de ses Salines, donde esta especie endémica ha visto reducidas sus poblaciones en hasta un 70%, según el grupo ecologista GEN-GOB. “Las lagartijas están desapareciendo a medida que el territorio va siendo colonizado por las serpientes”, cuenta Agnès Vidal, educadora ambiental.

Colonización de los islotes

La extinción de las poblaciones únicas de lagartija en 10 islotes va más allá y constata una “pérdida irrecuperable”, ya que “no existen más en ningún otro lugar del mundo”. Los científicos señalan que, al tratarse de islotes pequeños, la extinción “sucede muy rápidamente”, ya que en cuestión de pocos meses “unas pocas serpientes pueden acabar con toda la población”. Entre ellos, la extinción se ha producido en los islotes de Santa Eulària y de s’Ora.

Tomàs Bosch, jefe del Servicio de Protección de Especies –dependiente de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Govern–, señaló a este diario que las trampas para serpientes se iban a mantener activas tanto en zonas costeras como en los islotes. Por ejemplo, se prospectaron todos los islotes del Parc Natural de ses Salines, aunque no se encontraron indicios de invasión de serpientes, excepto en el islote Escull d’en Terra, donde se capturó una serpiente de herradura. Como medida preventiva, se instalaron también trampas en el islote d’en Caragoler.

Los investigadores detallan que al principio pensaban que los islotes “estaban protegidos” de la serpiente, que no tenía forma de acceder a ellos con el mar de por medio. “Cuando empezamos a detectar las primeras serpientes pensábamos que se trataba de introducciones accidentales, quizá vinculadas a embarcaciones o al transporte humano. Pero, a medida que recopilamos vídeos, fotografías y testimonios de serpientes nadando en mar abierto, entendimos que eran capaces de llegar por sí mismas”, asegura Oriol Lapiedra, investigador del CREAF.

Cuando empezamos a detectar las primeras serpientes pensábamos que se trataba de introducciones accidentales, quizá vinculadas a embarcaciones o al transporte humano. Pero, a medida que recopilamos vídeos, fotografías y testimonios de serpientes nadando en mar abierto, entendimos que eran capaces de llegar por sí mismas

Oriol Lapiedra — Investigador del CREAF

Para realizar el estudio, el grupo de investigación ha combinado trabajo de campo, trampas para detectar serpientes, comparación de censos actuales y antiguos, grabaciones, fotografías y observaciones verificadas de pescadores y ciudadanos. En el caso del islote de Santa Eulària instalaron 12 trampas y capturaron hasta 58 serpientes entre 2023 y 2025. Además, compararon las poblaciones de lagartijas con un censo realizado en 2016. “Mientras que ese año se habían registrado 72 lagartijas, en 2023 solo se detectaron tres y en 2025 ya no se observó ningún ejemplar, confirmando la extinción local de la población”, lamenta Guillem Casbas, investigador predoctoral del CREAF.

Los investigadores explican que la “invasión” de los ofidios empezó hace dos décadas. Al principio, la serpiente se estableció poco a poco en zonas muy concretas, pero entre 2010 y 2015 empezó “una fase de expansión imparable”. A inicios de la década, se estima que la serpiente ocupaba menos del 5% del territorio ibicenco. Sin embargo, este porcentaje aumentó hasta aproximadamente el 40% en 2016 y ya superaba el 90% en 2025. “De hecho, cuando la serpiente conquista una nueva zona de la isla puede tardar menos de tres años en extirpar toda la población de lagartijas; la invasión se mueve como un incendio, con un frente que avanza a medida que se acaba la comida”, añade Lapiedra.

La invasión se mueve como un incendio, con un frente que avanza a medida que se acaba la comida

Oriol Lapiedra — Investigador del CREAF

Podría desaparecer en Formentera

Además de lagartijas, los ofidios se alimentan de ratones, murciélagos, aves y musarañas. “Esto, junto con la desaparición de la lagartija, provoca efectos ecológicos en cascada muy preocupantes, porque dejan de realizarse funciones clave como polinizar flores y plantas cultivadas; la dispersión de semillas; la regulación de la población de insectos, que puede evitar plagas; o el desplazamiento de otros depredadores que se quedarán sin alimento, como algunas aves que se alimentan de pequeños mamíferos”, lamenta el investigador. 

Lapiedra lanza una advertencia: la serpiente no tiene competidores y está tan bien alimentada que se han capturado algunos ejemplares muy grandes, de hasta 2 metros. Es decir, “un 200% más grandes que los de la península”. El problema también ha llegado a la pitiusa del sur, donde esta especie vive con variaciones genéticas y un color diferente. Allí ya se han empezado a observar ofidios y, dado que se trata de una isla muy pequeña, “una explosión demográfica de la culebra de herradura podría implicar la desaparición de las lagartijas en pocos años”.

Rafael Triguero (PP), alcalde de Eivissa, está bajo el foco mediático después de haber realizado una operación urbanística que perseguía, presuntamente y según denuncia la oposición, obtener irregularmente una vivienda de precio limitado (VPL). La estrategia consistiría en transformar una oficina en una vivienda de precio limitado en un barrio del eixample de la ciudad. Para presuntamente esquivar las limitaciones que introdujo el Govern de Marga Prohens (PP) para beneficiarse de una VPL, Triguero cedió el 50% del local-vivienda y de otra casa suya a sus hijos menores (25% a cada uno de ellos) mediante un pacto sucesorio antes de supuestamente mudarse al nuevo inmueble, según la documentación a la que ha accedido elDiario.es. De este modo, además, su pareja podría alquilar o vender otro piso del cual es 100% titular en el mismo bloque.

Una VPL es una figura creada por la ley balear de vivienda que permite convertir locales y oficinas en viviendas con límites de precio y requisitos de acceso para ampliar la oferta residencial. A diferencia de una VPO o vivienda protegida tradicional, no forma parte de un régimen clásico de promoción pública. “En todo momento he cumplido la ley escrupulosamente. No he adquirido, ni tampoco se me ha adjudicado, ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida”, explicó Triguero en una comparecencia de urgencia en la que no aceptó preguntas de los periodistas. Tras las preguntas de elDiario.es, el Ajuntament d’Eivissa se remite a las declaraciones del alcalde, así como a las valoraciones de la Conselleria de Vivienda del Govern, que no aprecia irregularidades hasta el momento.

Como adelantó La Voz de Ibiza y ha comprobado elDiario.es, Triguero y su pareja compraron, al 50% cada uno, una oficina en una urbanización de Can Misses, según consta en la escritura a fecha del 4 de junio de 2025. Se trata de una oficina de casi 100 metros cuadrados que posee una terraza descubierta de casi 45 metros cuadrados y una terraza con jardín de 76 metros cuadrados. Para ello, solicitaron una hipoteca de 208.000 euros, que vence el 4 de junio de 2045. Si la pareja dejara de pagar y el banco tuviera que vender el inmueble en una subasta pública, se fija un valor de 366.814 euros.

El alcalde y su mujer compraron una oficina de casi 100 metros cuadrados, con 45 de terraza y 76 de jardín

El 22 de diciembre de 2025, el alcalde de Eivissa cede el 50% de su local en favor de sus dos hijos menores, según los documentos a los que ha accedido elDiario.es. Cada uno de ellos recibe el 25% de la propiedad mediante el pacto sucesorio, una fórmula que permite adelantar la herencia en vida en Balears. Además, Triguero y sus dos hijos solicitaron el cambio de uso de local a vivienda el 19 de marzo de 2026.

Pese a que el alcalde cedió el 50% de la propiedad a sus dos hijos menores, Triguero sigue manteniendo el control total sobre la vivienda debido a las cláusulas que se impusieron. En este sentido, mediante el pacto sucesorio se reservó “la facultad de disponer”, es decir, el control y derecho sobre él, sin que los hijos puedan intervenir en esas decisiones. Además, el alcalde –o su pareja, en caso de que él fallezca– posee el derecho exclusivo de gestionar el inmueble hasta que sus hijos cumplan los 35 años. Los hijos tienen prohibido venderla, hipotecarla, alquilarla, donarla o dejarla en herencia.

Pese a que el alcalde cedió el 50% de la propiedad a sus dos hijos menores, Triguero sigue manteniendo el control total sobre la vivienda debido a las cláusulas que se impusieron

Triguero también es propietario de otra vivienda situada en el mismo municipio. Un piso de 70 metros cuadrados. La escritura se materializó el 30 de noviembre de 2012. En ese momento, el alcalde tenía el 100% de su titularidad. El 22 de diciembre de 2025, el mismo día en que cedió el 50% del local-vivienda a sus dos hijos, hizo la misma operación mediante el pacto sucesorio con su otro piso, cediendo el 25% a cada uno de ellos. 

Se utiliza la misma fórmula que en el caso del local convertido en VPL: Triguero mantiene el poder sobre la vivienda con la imposición de las mismas cláusulas. Por otro lado, la mujer del alcalde es propietaria al 100% de una vivienda en el mismo bloque donde el alcalde y ella compraron la oficina que más tarde convirtieron en vivienda mediante un cambio de uso. Es un piso de 94 metros cuadrados con una terraza de 12 metros cuadrados.

Qué dice la ley

La ley autonómica 3/2024, de medidas urgentes en materia de vivienda, indica en el punto cinco del artículo 2, como uno de los requisitos legales, que para poder acceder a una vivienda de precio limitado “en cualquiera de las modalidades de acceso” el beneficiario “no podrá ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso y disfrute sobre más de un 50% de alguna vivienda libre o sometida a algún régimen de protección”.

Cabe recordar que el local fue adquirido por Triguero y su pareja al 50%. Ambos poseían, el 4 de junio de 2025, el 100% de otra vivienda. Por este motivo, el 22 de diciembre de 2025, Triguero utiliza la fórmula del pacto sucesorio (herencia en vida) para repartir el local y su otra vivienda, al 50%, a sus dos hijos menores (cada uno de ellos posee, desde entonces, el 25%). El cambio de uso de local a vivienda se solicitó el 19 de marzo de 2026. El objetivo era quedarse presuntamente con el 50% y así cumplir, sobre el papel, con este requisito legal. Sin embargo, el alcalde sigue teniendo el control total de ambos pisos. La oposición ha criticado que esta operación se hizo para “dar apariencia de cumplir con la legalidad”.

La ley establece que una persona que disfruta de una VPL no puede ser titular de más de un 50% de otra vivienda. En el momento de adquirirla, el alcalde y su mujer poseeían el 100% de otro piso, por lo que el primer edil recurrió a la herencia en vida para repartir el local y su otra vivienda a sus dos hijos menores

El PSOE asegura que Triguero vivió en la casa

Por otro lado, la oficina obtuvo la licencia de primera ocupación, que otorga el Ajuntament d’Eivissa, el 6 de marzo de 2026 –unas dos semanas antes de solicitar el cambio de uso–, según denunció el PSOE ante el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), dependiente de la Conselleria de Vivienda del Govern. En la misma denuncia, a la que accedió este diario, se explica que en abril de este año Triguero y su pareja se fueron a vivir al nuevo piso, pese a no reunir presuntamente “los requisitos necesarios para ser beneficiarios”. Asimismo, la pareja del alcalde procedió a alquilar la vivienda de la que es titular al 100% y que está en el mismo edificio, según los socialistas. A juicio del PSOE, se trata de “una clara maniobra de adquirir un inmueble para reconvertirlo en VPL sin cumplir los requisitos” y con el objetivo de “obtener un beneficio económico, alquilando sus viviendas en propiedad y ocupando el nuevo local oficina ahora convertido en vivienda VPL”.

En segundo lugar, como presunta irregularidad, se describe la falta de inscripción en el Registro Autonómico de VPL, como exige la legislación autonómica en su artículo tercero. La vivienda, sin embargo, no ha sido inscrita en este registro, que se debe producir previo paso a la ocupación efectiva de la vivienda. Entre las obligaciones, la ley indica que se debe registrar la primera inscripción de las viviendas de precio limitado, “una vez obtenida la licencia de primera ocupación, y como requisito previo a sus transmisiones posteriores, arrendamientos u otras modalidades de transmisión de cualquier derecho o cesión de uso admitido en derecho”, como figura en la disposición adicional decimosegunda. 

En tercer lugar, tampoco se habría realizado, según los socialistas, la declaración responsable ante la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear, que ahora dirige José Luis Mateo tras haber sustituido a Marta Vidal, la ideóloga de las últimas modificaciones en materia de vivienda. En el punto seis del artículo 2 se establece que “el cumplimiento de las condiciones de acceso se acreditará mediante la presentación de una declaración responsable” tanto en la primera transmisión como en las posteriores, del beneficiario ante la consejería competente en la materia, en el plazo de treinta días desde la formalización del contrato cuando proceda, sin perjuicio de la comprobación por parte de los servicios de inspección competentes en materia de vivienda.

Asimismo, la declaración responsable deberá adjuntar “la escritura acreditativa de la propiedad o el contrato de alquiler, en la que se hará constar, además del cumplimiento de las condiciones establecidas y el destino como domicilio habitual y permanente de la vivienda, la identidad de las partes intervinientes, la superficie útil, el precio y la modalidad de uso de la vivienda de precio limitado”, describe la normativa.

Por otro lado, el Ajuntament d'Eivissa aprobó en el pleno del 30 de noviembre de 2023, cuando Triguero ya era alcalde, los criterios para aplicar el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda limitando a ocho barrios del municipio la posibilidad de convertir locales de negocio en viviendas, y entre esos ocho barrios se encuentra el de Can Misses, donde se sitúan los inmuebles afectados.

La polémica llega al Parlament

Este martes, en el pleno del Parlament, la diputada socialista Irantzu Fernández interpeló al conseller de Vivienda, José Luis Mateo. En su intervención, criticó la política de vivienda del Govern, que resumió en tres aspectos: el “fracaso absoluto” que está siendo, a su juicio, el programa de ‘Alquiler seguro’; la negativa del Govern a declarar el archipiélago balear como “zona tensionada”, lo que permitiría poner topes en los precios del alquiler y la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que incluyó la figura de las viviendas a precio limitado.

“Ya denunciamos que esta ley permitía la especulación urbanística. ¿Y sabe quién se dio cuenta también? El alcalde de Eivissa, el señor Triguero. (...) Un chollazo en su misma finca. Un local que llevaba 20 años vacío y al que solo le hacía falta que el Ajuntament aprobara, en esa misma zona –donde no había ningún otro local más–, que se pudiera hacer la reconversión”, criticó Fernández. “¿Se puede tener más cara que hacer maniobras ficticias con las propiedades?”, se preguntó. “Señor conseller, ¿piensa que había alguien en Vila –ciudad, en catalán– que no supiera que el alcalde llevaba mes y medio viviendo en la VPL?”, le interrogó.

En su respuesta, Mateo aseguró que la denuncia había sido recibida en el IBAVI y que iba a ser “tramitada y respondida” desde la Dirección General de Vivienda y Arquitectura “como todas las demás”. El conseller de Vivienda afirmó que el Ejecutivo autonómico había creado la figura de la VPL “para generar más vivienda asequible para los residentes en nuestras islas”. “Está permitiendo que ciudadanos con un mínimo de cinco años de residencia puedan acceder a una vivienda”, insistió.

Del mismo modo, Mateo destacó que la reconversión de locales es “una de las figuras de mayor acogida entre los municipios”. Veintiún ayuntamientos han aprobado acuerdos en el pleno “para regular esta medida”, según el conseller, quien añadió que estas delimitaciones se pueden aplicar en zonas residenciales, pero no en zonas comerciales: “Es de cajón”. “Lo aplican así todos los municipios que lo han regulado, entre ellos algunos de izquierdas, como Inca, Pollença, Maó y Manacor”, argumentó el conseller.

Tras el turno de Mateo intervino Pilar Costa, también diputada socialista en el hemiciclo. “Ustedes quedan absolutamente inhabilitados para cualquier debate sobre vivienda mientras tengan implicado a la máxima autoridad municipal de la isla por presunta corruptela en la obtención de una VPL de forma fraudulenta”, insistió.

La parlamentaria describió la siguiente línea cronológica: el Govern aprueba un decreto ley de vivienda en 2023, que un año después se aprueba definitivamente. Durante este intervalo, el Ajuntament d’Eivissa aprueba una zonificación. “Fue uno de los primeros en hacerlo: en unos pocos días hizo una delimitación en los lugares en los que se podía realizar la reconversión y uno de los barrios era el del propio alcalde. Supongo que también es casualidad que el alcalde se compre un local, se autoconceda la licencia de primera ocupación, lo convierta en VPL, se vaya a vivir allí y alquile su casa anterior a precio de mercado”, criticó Costa. “Son maquinaciones para perpetrar un fraude de ley”, insistió, y preguntó al conseller si podía aclarar en qué situación se encuentra el expediente.

“Para ustedes todo vale en su desesperada y, desde luego, muy poco edificante labor de oposición”, respondió Mateo, quien volvió a repetir la versión que está dando estos días tanto el Ajuntament como la Conselleria de Vivienda. “Vierten acusaciones en un procedimiento que como ya explicó el propio alcalde de Eivissa y como también ha manifestado el Govern desde el primer momento se encuentra abierto en tramitación, por tanto, en plazo, y sobre el que se revisarán todos los requisitos como en todos los casos”, repitió.

En este caso, el conseller insistió en que la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, hasta la fecha, no había recibido la documentación para la inscripción de la vivienda en el registro autonómico de VPL, ni tampoco para el posterior registro de sus futuros beneficiarios. A partir de ahí, explicó, se revisará toda la documentación y el cumplimiento de los requisitos “cuando la documentación sea aportada”, como en cualquier otro caso. Por ello, “no se puede considerar incumplimiento en un procedimiento que aún se encuentra en tramitación”, argumentó.

En este sentido, Mateo afirmó que cuando un local se convierte en VPL se debe inscribir en el Registro Autonómico “a partir del momento en que se haya obtenido la licencia municipal de primera ocupación”. Según la información de la que el Govern dijo que disponía, “este caso está en plazo”. “Está en el periodo en que puede realizarse esa inscripción”, insistió. En cuanto a los beneficiarios, posteriormente, “se deberá hacer la inscripción de beneficiarios de VPL mediante la oportuna declaración responsable”. “En este caso, el alcalde ya ha manifestado públicamente su intención de que una vez finalice la tramitación pondrá esa VPL en el mercado del alquiler”, detalló Mateo, por lo que serán “los futuros inquilinos, mal que a usted le pese, quienes deberán cumplir los requisitos de acceso a la VPL como beneficiarios”.

El Partit Socialista de les Illes Balears ha denunciat Rafael Triguero (PP), alcalde d’Eivissa, davant l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) per la comissió de presumptes infraccions greus i molt greus de la Llei 5/2018, d’habitatge, i de la Llei 3/2024, de mesures urgents en matèria d’habitatge. L’escrit d’acusació, al qual ha tingut accés elDiario.es, està relacionat amb el canvi d’ús d’un local comercial a Habitatge de Preu Limitat (VPL), situat al barri de Can Misses, a l’eixample d’Eivissa. Una VPL és una figura creada per la llei balear d’habitatge que permet convertir locals i oficines en habitatges amb límits de preu i requisits d’accés per ampliar l’oferta residencial. A diferència d’un VPO o habitatge protegit tradicional, no forma part d’un règim clàssic de promoció pública ni té el mateix nivell de protecció administrativa permanent. Després de la consulta d’elDiario.es, l’Ajuntament d’Eivissa respon que es remeten “a les declaracions ja fetes al respecte per l’alcalde”. Al seu compte d’Instagram, Triguero va negar les irregularitats que se li imputen. “En tot moment, he complert la llei escrupolosament. No he adquirit, ni tampoc se m’ha adjudicat, ni un habitatge públic ni tampoc un habitatge protegit”, es va limitar a respondre, en una compareixença de premsa en què no va acceptar preguntes dels periodistes. La Conselleria d’Habitatge del Govern balear no ha respost a aquest diari en el moment en què es publica aquesta notícia.

Aquest diari ha consultat el Govern sobre si l’Ibavi ha rebut formalment la denúncia i si preveu obrir actuacions d’inspecció o expedient informatiu; si l’habitatge esmentat figura inscrit al Registre d’Habitatges de Preu Limitat; si consta la presentació de la declaració responsable exigida per la normativa autonòmica i com interpreta els requisits relatius a la titularitat d’altres habitatges per accedir a una VPL en aquest cas concret. Així mateix, si consideren que podria haver-se produït alguna irregularitat administrativa o urbanística relacionada amb la conversió del local/oficina en habitatge. A l’Ajuntament d’Eivissa se li ha consultat si hi ha hagut irregularitats respecte de la llicència de primera ocupació de l’habitatge i sobre l’adequació urbanística de les actualitzacions realitzades. “La Conselleria d’Habitatge ja ha manifestat que no veu irregularitats i que tot el procés segueix dins termini”, ha respost la corporació.

Les presumptes irregularitats

Pel que fa a les irregularitats que desgrana la denúncia, avançades per La Voz de Ibiza, es descriu com a infracció molt greu l’incompliment dels requisits de propietat. Triguero i la seva parella haurien negociat la compravenda del local durant l’any 2024 i la van elevar a escriptura pública el 4 de juny de 2025, segons l’escrit. Es tracta d’un immoble catalogat com a oficina, ubicat en una planta baixa d’una urbanització de Can Misses. La titularitat del local es va negociar al 50% per a cada membre de la parella. Aquesta oficina es va adquirir amb la finalitat de transformar-la en VPL. La presumpta irregularitat s’explicaria perquè Triguero i la seva parella són propietaris d’altres dos habitatges de manera separada.

La parella de l’alcalde té la titularitat d’un habitatge situat a la segona planta del mateix bloc, mentre que Triguero és propietari d’un altre habitatge ubicat al mateix municipi, segons l’escrit. El punt cinc de l’article 2 de la Llei 3/2024 estableix, com un dels requisits legals, que per poder accedir a una VPL el beneficiari “no podrà ser titular del ple domini o d’un dret real d’ús i gaudi sobre més d’un 50% d’algun habitatge lliure o sotmès a algun règim de protecció”. Actualment, Triguero i la seva parella viuen amb els seus fills en aquest pis, segons els socialistes. L’alcalde va fer una donació del 50% als seus fills menors a través de la figura del pacte successori per, segons el document, “donar aparença de complir amb la legalitat” i així quedar-se ell sol amb l’altre 50%.

Així mateix, el PSOE denuncia que l’Ajuntament d’Eivissa va aprovar en el ple del 30 de novembre de 2023, quan Triguero ja era alcalde, els criteris per aplicar el decret llei de mesures urgents en matèria d’habitatge limitant a vuit barris del municipi la possibilitat de convertir locals de negoci en habitatges, i entre aquests vuit barris hi ha el de Can Misses, on se situen els immobles afectats.

A més, el 6 de març de 2026, el local/oficina va obtenir la llicència de primera ocupació que atorga l’Ajuntament d’Eivissa. A l’abril d’aquest any, Triguero i la seva parella es van traslladar a viure al nou pis, tot i que no reuneixen “els requisits necessaris per ser beneficiaris”, segons la denúncia. Així mateix, la parella de l’alcalde va llogar l’habitatge del qual és titular al 100% i que és al mateix edifici. A parer del PSOE, es tracta “d’una clara maniobra d’adquirir un immoble per reconvertir-lo en VPL sense complir els requisits” i amb l’objectiu “d’obtenir un benefici econòmic, llogant els seus habitatges en propietat i ocupant el nou local oficina ara convertit en habitatge VPL”.

En segon lloc, com a presumpta irregularitat, es descriu la manca d’inscripció al Registre Autonòmic de VPL, tal com exigeix la legislació autonòmica en el seu article tercer. L’habitatge, però, no ha estat inscrit en aquest registre, que s’ha de produir abans de l’ocupació efectiva de l’habitatge. Entre les obligacions, la llei indica que s’ha de registrar la primera inscripció dels habitatges de preu limitat, “una vegada obtinguda la llicència de primera ocupació, i com a requisit previ a les seves transmissions posteriors, arrendaments o altres modalitats de transmissió de qualsevol dret o cessió d’ús admesa en dret”, tal com figura a la disposició addicional dotzena.

En tercer lloc, tampoc no s’hauria fet la declaració responsable de beneficis davant la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern balear, que ara dirigeix José Luis Mateo després d’haver substituït Marta Vidal, la ideòloga de les darreres modificacions en matèria d’habitatge. En el punt sis de l’article 2 s’estableix que “el compliment de les condicions d’accés s’acreditarà mitjançant la presentació d’una declaració responsable” tant en la primera transmissió com en les posteriors, del beneficiari davant la conselleria competent en la matèria, en el termini de trenta dies des de la formalització del contracte quan pertoqui, “sense perjudici de la comprovació per part dels serveis d’inspecció competents en matèria d’habitatge”.

Així mateix, la declaració responsable haurà d’adjuntar “l’escriptura acreditativa de la propietat o el contracte de lloguer, en què es farà constar, a més del compliment de les condicions establertes i la destinació com a domicili habitual i permanent de l’habitatge, la identitat de les parts intervinents, la superfície útil, el preu i la modalitat d’ús de l’habitatge de preu limitat”, descriu la normativa.

Els socialistes recorden que, segons el règim sancionador de la Llei 5/2018, entre les infraccions molt greus es descriu a l’article 88 el “falsejament de requisits o titularitat d’un altre habitatge”, que se sanciona amb multes d’entre 30.001 i 90.000 euros; entre les greus, l’incompliment “d’obligacions de registre”, tipificat a l’article 87, i que se sanciona amb entre 3.001 i 30.000 euros, així com sancions accessòries, segons l’article 92 c), que obliga a “reposar la situació alterada per la infracció comesa a l’estat anterior en els termes concrets i els terminis que indiqui la resolució sancionadora”. La legislació també preveu la possibilitat d’imposar fins a 12 multes mensuals “per al compliment”.

El PSOE exigeix una investigació

En l’escrit, signat per Iago Negueruela, portaveu del PSOE al Parlament balear, els socialistes exigeixen a l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), en primer lloc, que “iniciï les actuacions d’inspecció necessàries per verificar la titularitat d’altres habitatges” de la família, així com la “manca d’inscripció als registres corresponents”.

En segon lloc, que procedeixi a l’obertura “del corresponent expedient sancionador per les infraccions greus i molt greus detallades” i que acordi, si escau, “la sanció de reposició de la legalitat, exigint el cessament de l’ocupació de l’habitatge o la seva desqualificació com a VPL amb les conseqüències econòmiques pertinents”.

Finalment, sol·liciten que si en el transcurs de la investigació es comprova que els fets poden ser constitutius d’algun il·lícit penal, l’Administració “haurà de posar-ho en coneixement del jutjat d’instrucció corresponent, si pot haver existit algun tipus d’informació privilegiada, tràfic d’influències o frau de llei”, entre altres presumptes irregularitats.

La versió de la Conselleria

La Conselleria d’Habitatge ha respost a la petició de consulta d’elDiario.es després de la publicació de la notícia. En la seva resposta, ha explicat que la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura del Govern analitzarà el contingut d’aquesta denúncia, “tal com s’estudien totes les denúncies que es reben”. L’IBAVI ha rebut la denúncia i l’ha traslladada a la Direcció General, que és qui té les competències en matèria d’inspecció d’habitatge.

Així mateix, han reiterat que la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura no ha rebut fins ara documentació per a la inscripció de l’habitatge en el registre autonòmic d’habitatges de preu limitat (VPL) ni per al posterior registre dels seus beneficiaris en relació amb el cas consultat. “Per tant, a partir d’aquí, es revisarà la documentació i el compliment dels requisits quan aquesta documentació sigui aportada, com en qualsevol altre cas. Tant pel que fa a la inscripció de l’habitatge en el registre de VPL com als beneficiaris”, ha explicat.

Per aquest motiu, afirmen, “no es poden considerar incompliments en un procediment que encara es troba pendent de tramitació”. En aquest sentit, diuen que un habitatge s’ha d’inscriure en el registre autonòmic de VPL a partir del moment en què hagi obtingut la llicència municipal de primera ocupació, peró que “no hi ha un termini de temps determinat a la llei”. Segons la informació de què disposa la Conselleria, en aquest cas “es troba dins la fase prèvia a la inscripció, per tant dins termini, en el sentit d’estar en el període en què ja pot inscriure l’habitatge en el registre de VPL”.

Finalmente, en relació amb el moment d’inscriure un habitatge com a VPL, la Conselleria recalca que “també s’ha de fer abans de qualsevol tipus de comercialització (ja sigui mitjançant lloguer o venda) i també abans que sigui ocupat com a domicili habitual i permanent per les persones beneficiàries o usuàries”. No obstant això, a la Conselleria no tenen constància que es doni aquest supòsit en el cas consultat.

Posteriorment, s’haurà de fer el tràmit d’inscripció dels beneficiaris de la VPL, mitjançant la declaració responsable. En el cas consultat, l’alcalde ja ha manifestat públicament la seva intenció de, una vegada finalitzi la tramitació, treure la VPL al mercat de lloguer; per tant, “seran els futurs inquilins els qui hauran de complir els requisits d’accés a una VPL com a beneficiaris”.

El Partido Socialista de las Illes Balears ha denunciado a Rafael Triguero (PP), alcalde de Eivissa, ante el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) por la comisión de presuntas infracciones graves y muy graves en la Ley 5/2018, de vivienda, y en la Ley 3/2024, de medidas urgentes en materia de la vivienda. El escrito de acusación, al cual ha accedido elDiario.es, está relacionado con el cambio de uso de un local comercial a Vivienda de Precio Limitado (VPL), situado en el barrio de Can Misses, en el eixample de Eivissa. Una VPL es una figura creada por la ley balear de vivienda que permite convertir locales y oficinas en viviendas con límites de precio y requisitos de acceso para ampliar la oferta residencial. A diferencia de una VPO o vivienda protegida tradicional, no forma parte de un régimen clásico de promoción pública ni tiene el mismo nivel de protección administrativa permanente.

Tras la consulta de elDiario.es, el Ajuntament d’Eivissa responde que se remiten “a las declaraciones ya realizadas al respecto por el alcalde”. En su cuenta de Instagram, Triguero negó las irregularidades que se le imputan. “En todo momento, he cumplido la ley escrupulosamente. No he adquirido, ni tampoco se me ha adjudicado, ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida”, se limitó a responder, en una comparecencia de prensa en la que no aceptó preguntas de los periodistas.

Al Ajuntament d’Eivissa se le ha consultado si ha habido irregularidades respecto a la licencia de primera ocupación en la vivienda y sobre la adecuación urbanística de las actualizaciones realizadas. “La Conselleria de Vivienda ya ha manifestado que no ve irregularidades y que todo el proceso sigue en plazo”, ha respondido la corporación.

Las presuntas irregularidades

En cuanto a las irregularidades que desgrana la denuncia, avanzadas por La Voz de Ibiza, se describe como infracción muy grave el incumplimiento de los requisitos de propiedad. Triguero y su pareja habrían negociado la compraventa del local durante el año 2024 y lo elevaron a escritura pública el 4 de junio de 2025, según el escrito. Se trata de un inmueble catalogado como oficina, ubicado en una planta baja de una urbanización de Can Misses. La titularidad del local se negoció al 50% para cada miembro de la pareja. Esta oficina se adquirió con el fin de transformarla en VPL. La presunta irregularidad se explicaría porque Triguero y su pareja son propietarios de otras dos viviendas de forma separada.

La pareja del alcalde tiene la titularidad de una vivienda situada en la segunda planta del mismo bloque, mientras que Triguero es propietario de otra vivienda ubicada en el mismo municipio, según el escrito. El punto cinco del artículo 2 de la Ley 3/2024 establece, como uno de los requisitos legales, que para poder acceder a una VPL el beneficiario “no podrá ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso y disfrute sobre más de un 50% de alguna vivienda libre o sometida a algún régimen de protección”. En la actualidad, Triguero y su pareja viven con sus hijos en este piso, según los socialistas. El alcalde hizo una donación del 50% a sus hijos menores a través de la figura del pacto sucesorio para, según el documento, “dar apariencia de cumplir con la legalidad” y así quedarse él solo con el otro 50%.

Asimismo, el PSOE denuncia que el Ajuntament d'Eivissa aprobó en el pleno del 30 de noviembre de 2023, cuando Triguero ya era alcalde, los criterios para aplicar el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda limitando a ocho barrios del municipio la posibilidad de convertir locales de negocio en viviendas, y entre esos ocho barrios se encuentra el de Can Misses, donde se sitúan los inmuebles afectados.

Además, el 6 de marzo de 2026, el local/oficina obtuvo la licencia de primera ocupación que otorga el Ajuntament d'Eivissa. En abril de este año, Triguero y su pareja se fueron a vivir al nuevo piso, pese a que no reúnen “los requisitos necesarios para ser beneficiarios”, según la denuncia. Asimismo, la pareja del alcalde procedió a alquilar la vivienda de la que es titular al 100% y que está en el mismo edificio. A juicio del PSOE, se trata de “una clara maniobra de adquirir un inmueble para reconvertirlo en VPL sin cumplir los requisitos” y con el objetivo de “obtener un beneficio económico, alquilando sus viviendas en propiedad y ocupando el nuevo local oficina ahora convertido en vivienda VPL”.

En segundo lugar, como presunta irregularidad, se describe la falta de inscripción en el Registro Autonómico de VPL, como exige la legislación autonómica en su artículo tercero. La vivienda, sin embargo, no ha sido inscrita en este registro, que se debe producir previo paso a la ocupación efectiva de la vivienda. Entre las obligaciones, la ley indica que se debe registrar la primera inscripción de las viviendas de precio limitado, “una vez obtenida la licencia de primera ocupación, y como requisito previo a sus transmisiones posteriores, arrendamientos u otras modalidades de transmisión de cualquier derecho o cesión de uso admitido en derecho”, como figura en la disposición adicional decimosegunda.

En tercer lugar, tampoco se habría realizado la declaración responsable de beneficios ante la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear, que ahora dirige José Luis Mateo tras haber sustituido a Marta Vidal, la ideóloga de las últimas modificaciones en materia de vivienda. En el punto seis del artículo 2 se establece que “el cumplimiento de las condiciones de acceso se acreditará mediante la presentación de una declaración responsable” tanto en la primera transmisión como en las posteriores, del beneficiario ante la consejería competente en la materia, en el plazo de treinta días desde la formalización del contrato cuando proceda, sin perjuicio de la comprobación por parte de los servicios de inspección competentes en materia de vivienda“.

Asimismo, la declaración responsable deberá adjuntar “la escritura acreditativa de la propiedad o el contrato de alquiler, en la que se hará constar, además del cumplimiento de las condiciones establecidas y el destino como domicilio habitual y permanente de la vivienda, la identidad de las partes intervinientes, la superficie útil, el precio y la modalidad de uso de la vivienda de precio limitado”, describe la normativa.

Los socialistas recuerdan que, según el régimen sancionador de la Ley 5/2018, entre las infracciones muy graves, se describe en el artículo 88 el “falseamiento de requisitos o titularidad de otra vivienda”, que se sanciona con multas de entre 30.001 y 90.000 euros; entre las graves, el incumplimiento “de obligaciones de registro”, tipificado en el artículo 87, y que se sanciona con entre 3.001 y 30.000 euros, así como sanciones accesorias, según el artículo 92 c) que obliga a “reponer la situación alterada por la infracción cometida al estado anterior en los términos concretos y los plazos que indique la resolución sancionadora”. La legislación también prevé la posibilidad de imponer hasta 12 multas mensuales “para el cumplimiento”.

El PSOE exige una investigación

En el escrito, firmado por Iago Negueruela, portavoz del PSOE en el Parlament balear, los socialistas exigen al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), en primer lugar, que “inicie las actuaciones de inspección necesarias para verificar la titularidad de otras viviendas” de la familia, así como la “falta de inscripción en los registros correspondientes”.

En segundo, que proceda a la apertura “del correspondiente expediente sancionador por las infracciones graves y muy graves detalladas” y que acuerde, si procede, “la sanción de reposición de la legalidad, exigiendo el cese de la ocupación de la vivienda o su descalificación como VPL con las consecuencias económicas pertinentes”.

Finalmente, solicitan que si en el transcurso de la investigación se comprueba que los hechos pueden ser constitutivos de algún ilícito penal, la Administración “deberá ponerlo en conocimiento del juzgado de instrucción correspondiente, si puede haber existido algún tipo de información privilegiada, tráfico de influencias o fraude de ley”, entre otras presuntas irregularidades.

La versión de la Conselleria

La Conselleria de Vivienda ha respondido a la solicitud de consulta de elDiario.es tras la publicación de la noticia. En su respuesta, ha explicado que la Dirección General de Vivienda y Arquitectura del Govern analizará el contenido de esta denuncia, “tal y como se estudian todas las denuncias que se reciben”. El IBAVI ha recibido la denuncia y la ha trasladado a la Dirección General, que es quien tiene las competencias en materia de inspección de vivienda.

Asimismo, han reiterado que la Dirección General de Vivienda y Arquitectura no ha recibido hasta ahora documentación para la inscripción de la vivienda en el registro autonómico de viviendas de precio limitado (VPL) ni para el posterior registro de sus beneficiarios en relación con el caso consultado. “Por tanto, a partir de ahí, se revisará la documentación y el cumplimiento de los requisitos cuando esta documentación sea aportada, como en cualquier otro caso. Tanto en lo relativo a la inscripción de la vivienda en el registro de VPL como a los beneficiarios”, ha explicado.

Por este motivo, afirman, “no se pueden considerar incumplimientos en un procedimiento que todavía se encuentra pendiente de tramitación”. En este sentido, señalan que una vivienda debe inscribirse en el registro autonómico de VPL a partir del momento en que haya obtenido la licencia municipal de primera ocupación, pero que “no existe un plazo de tiempo determinado en la ley”. Según la información de la que dispone la Conselleria, en este caso “se encuentra dentro de la fase previa a la inscripción, por tanto dentro de plazo, en el sentido de estar en el periodo en el que ya puede inscribirse la vivienda en el registro de VPL”.

Finalmente, en relación con el momento de inscribir una vivienda como VPL, la Conselleria recalca que “también debe hacerse antes de cualquier tipo de comercialización (ya sea mediante alquiler o venta) y también antes de que sea ocupada como domicilio habitual y permanente por las personas beneficiarias o usuarias”. No obstante, en la Conselleria no tienen constancia de que se dé este supuesto en el caso consultado.

Posteriormente, deberá realizarse el trámite de inscripción de los beneficiarios de la VPL, mediante la declaración responsable. En el caso consultado, el alcalde ya ha manifestado públicamente su intención de, una vez finalice la tramitación, sacar la VPL al mercado de alquiler; por tanto, “serán los futuros inquilinos quienes deberán cumplir los requisitos de acceso a una VPL como beneficiarios”.

Sota la consigna “No és diversió, és esclavitud”, l’organització global Empty the Tank, dedicada a posar fi al captiveri de balenes i dofins, promou aquest cap de setmana concentracions i protestes en diferents ciutats espanyoles i europees amb l’objectiu de posar fi al patiment dels cetacis. A Espanya, diferents organitzacions animalistes faran concentracions a Palma (Mallorca), el Port de Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote i València per “visibilitzar la dura realitat d’aquests animals en captivitat i promoure la fi d’aquesta indústria a escala global”.

En concret, Satya Animal ha dut a terme una protesta aquest matí davant de l’aparcament del parc temàtic Marineland, mentre que l’organització Imagine Canarias ho ha fet davant del Loro Parque (Port de Santa Cruz de Tenerife) amb l’objectiu d’“unir les nostres veus contra la indústria mundial del captiveri”. “És important destacar que quatre orques han mort en un curt període de temps al Loro Parque de Tenerife”, critica l’Associació We Whale, que convoca la protesta de Lanzarote.

Aquesta protesta tindrà lloc aquest diumenge a partir de les deu del matí davant del parc temàtic Rancho Texas Lanzarote Park, en una acció “per mostrar el nostre rebuig al captiveri i l’explotació d’aquests animals increïblement intel·ligents i sensibles” en un “moment crític” per a la conservació marina. “Mentre que més parcs marins estan tancant, els dofins i les orques estan sent reubicats en altres instal·lacions, en lloc de donar-los l’oportunitat de tenir la llibertat que mereixen en santuaris marins”, lamenta el moviment.

Finalment, sota el lema “Llibertat”, diferents entitats (FAADA, AnimaNaturalis, Captain Paul Watson Foundation Spain, WeWhale, ARDA, Denia Animal Save i l’activista Olivia Mandle) es concentraran també diumenge a partir de les onze i quart del matí davant de l’Oceanogràfic de València. Durant el cap de setmana hi haurà concentracions al Regne Unit (Manchester i Londres), als Països Baixos (Utrecht), a Alemanya (Duisburg), a Bèlgica (Bruges) i a Grècia (Atenes).

En el cas de Mallorca, la mobilització promoguda pel grup animalista Satya Animal s’ha situat a l’entorn del parc temàtic Marineland, a Costa d’en Blanes (Calvià), un dels epicentres turístics de l’illa. Kike Gimeno, portaveu de l’organització, explica que l’explotació animal es resumeix “en dos nivells”. D’una banda, el conjunt d’animals que viuen en captivitat en instal·lacions d’aquest tipus i, de l’altra, aquells que, a més, són utilitzats en espectacles. “Uns són els animals que simplement viuen allà, tancats en pocs metres, en unes condicions que no són les pròpies del seu medi”. “Viuen en condicions d’espai molt limitat en què, a més, reben el soroll de les persones que hi entren”, explica. Marineland no ha respost a les preguntes d’aquest diari, en què se li demanava per les protestes davant de les seves instal·lacions.

“Se’ls priva de menjar”

Gimeno detalla que aquestes condicions afecten de manera general totes les espècies mantingudes en captivitat en aquest tipus de parcs, majoritàriament animals exòtics, allunyats del seu entorn natural. Tanmateix, afegeix un segon nivell de preocupació en el cas dels cetacis i altres animals utilitzats en exhibicions. “Els dofins, lleons marins i lloros són forçats a fer espectacles davant de la resta de persones que hi venen”, assenyala.

Aquests animals no només viuen en espais reduïts, sinó que, a més, són sotmesos a dinàmiques d’entrenament i exhibició basades en reforços alimentaris. “Se’ls priva de menjar per estimular-los i obligar-los a fer els exercicis que se’ls demanen”, afirma. “Després d’això se’ls premia amb menjar”. En aquest sentit, Gimeno recorda que es tracta d’animals “especialment intel·ligents i sensibles”. Aquesta mateixa capacitat cognitiva és la que intensifica el patiment en captivitat. “La mateixa intel·ligència que els permet fer l’espectacle és la que, a més, els situa en una situació de vulnerabilitat absoluta davant del patiment”, sosté.

En el cas concret dels dofins, Gimeno insisteix que “són animals molt intel·ligents”. “Són plenament conscients del que està passant, del que se’ls demana i de les condicions en què es troben”, critica. L’alimentació, afegeix, es converteix en la principal eina de control del comportament. “L’única manera d’estimular-los i d’obtenir la seva atenció és privant-los d’aliment”. “Sovint passen moltes hores sense menjar fins que tenen tanta gana que són molt més receptius al que se’ls està demanant”, assegura.

L’organització també denuncia les interaccions amb el públic com a part del mateix sistema d’explotació. “Es venen interaccions directes amb turistes o amb visitants del parc, en què es pot fer una foto o tocar els dofins”, explica Gimeno. “Tot això només s’aconsegueix perquè al darrere hi ha el menjar”. En el cas dels dofins, afegeix també un problema addicional derivat de l’exposició ambiental. “En estar en una piscina tan poc profunda, això els genera contínuament problemes de pell perquè estan excessivament exposats al sol”, lamenta.

Mentrestant, mig centenar de persones s’ha concentrat aquest dissabte davant de les portes de Loro Parque, a Puerto de La Cruz. Durant la protesta han cridat consignes com ara “prou presons d’aigua, demanem vida lliure per als cetacis”, “no són pallassos, tenen dret a la llibertat”, “no són màquines de fer diners” o “prou maltractament animal”. També han explicat que els dofins no poden moure els músculs de la cara, “així que no ens enganyin més amb els seus somriures, ja que se’ls subministren antidepressius perquè són conscients del seu empresonament”.

Contra una indústria global

Les protestes a Espanya es produeixen en un context més ampli que, segons Empty the Tanks, connecta la indústria del captiveri amb el turisme internacional i amb la captura d’animals en diferents punts del món. En el cas dels dofins, el moviment assenyala especialment l’existència de xarxes de captura i comerç internacional. “El mercat de venda de dofins està molt connectat amb la situació del Japó i són els principals proveïdors de la resta de zoològics del món”, assenyala Gimeno, que fa referència a mètodes de captura de cries en el medi natural.

Paral·lelament, el moviment situa el fenomen dins d’una indústria global vinculada al turisme. “Al final, els principals proveïdors són els establiments turístics. És un gran reclam per al turisme familiar perquè saben que els infants voldran anar a veure els dofins”, assegura. També apunta a la presència de campanyes promocionals a l’Aeroport de Palma com a part d’aquesta estratègia de visibilitat.

La Federació Hotelera de Mallorca (FEHM) no ha respost a les preguntes d’aquest diari. A la patronal hotelera se li demanava, concretament, la seva posició respecte a les crítiques plantejades per organitzacions i col·lectius en relació amb la tinença de cetacis en parcs temàtics; el paper que exerceixen aquest tipus d’“atractius” en l’oferta turística de la destinació i les consideracions del sector hoteler en relació amb el benestar animal i la sostenibilitat de l’oferta.

L’acció prevista a Mallorca no s’ha limitat a la concentració. Satya Animal ha dut a terme, a més, una performance simbòlica en què una persona ha ocupat una estructura que simula una petita piscina. L’objectiu, segons expliquen, és transmetre visualment la idea de confinament. “Hem fabricat una petita piscina en què hem introduït una persona perquè es vegi en perspectiva la vida que tenen els dofins allà dins”, assenyala Gimeno. “És una petita simulació de la vida que passen els dofins”.

Més enllà de la protesta puntual, l’organització insisteix en un horitzó de transformació del model. “El primer és que desapareguin aquests espais perquè fan un ús comercial dels animals”, afirma el portaveu de Satya Animal. En el seu plantejament, l’alternativa passa per reconvertir aquestes instal·lacions en centres de rescat i recuperació. “El futur seria que acollissin animals que no poden ser reintroduïts al medi natural o que s’utilitzessin com a centres de rescat, se’ls curés i se’ls retornés al mar quan fos possible”.

Brooke Spurling, coordinadora d’AnimaNaturalis a València, insisteix que el problema no és puntual ni aïllat, sinó estructural. “El nostre missatge és clar: orques, dofins i belugues no pertanyen a un tanc. Són animals que en llibertat recorren desenes de quilòmetres al dia, viuen en estructures socials complexes i desenvolupen cultures pròpies. Tancar-los en piscines perquè facin piruetes no és educació, és entreteniment a costa del seu patiment”, sosté.

Espanya, el país amb més dofinaris

En aquest sentit, lamenta que Espanya és el país de la Unió Europea “amb més dofinaris” i l’únic que “encara manté orques i belugues en captivitat”. Mentre que altres països europeus avancen cap al tancament d’aquestes instal·lacions o prohibeixen directament la cria en captivitat, Espanya continua “legitimant una indústria que se sosté sobre la reproducció forçada i el trasllat d’individus entre centres, trencant vincles familiars i socials que per a aquests animals són essencials”.

Per aquestes raons, Spurling considera que accions com la que duran a terme davant de l’Oceanogràfic de València són “fonamentals”, ja que “traslladen al carrer un debat que la indústria prefereix mantenir ocult darrere la façana de l’oci familiar”. “La ciutadania cada vegada té més informació i rebutja aquests espectacles; ara cal que les administracions estiguin a l’altura i acompanyin aquest canvi social amb un marc legal que posi fi al captiveri de cetacis a Espanya”, conclou.

L’Oceanogràfic de València ha respost a aquestes crítiques explicant que és “un centre compromès amb els més alts estàndards de benestar animal”, en què treballen cada dia més de 120 professionals veterinaris, científics i tècnics especialitzats “en la cura, seguiment i enriquiment dels animals sota la seva responsabilitat”.

Defensen que el benestar animal “és una disciplina científica avaluable mitjançant indicadors objectius i verificables”, i que, en el seu cas, està avalat per un Comitè de Cura i Benestar Animal independent liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), “integrat per experts interns i externs que supervisen tots els protocols”. A més, defensen que compten amb la certificació de Global Humane, que estableix “exigents estàndards internacionals en benestar animal, conservació i investigació”.

Així mateix, asseguren que participen en diferents “projectes de conservació desenvolupats en diversos ecosistemes marins”. En un context en què els oceans afronten amenaces creixents derivades de la contaminació, la pèrdua de biodiversitat, el canvi climàtic o l’activitat humana, destaquen que centres científics i de conservació com l’Oceanogràfic “contribueixen al coneixement, recuperació i protecció d’espècies amenaçades i dels seus hàbitats”.

Sobre els models de santuaris marins, afirmen que “qualsevol proposta relacionada amb animals marins s’ha d’analitzar des de criteris científics, veterinaris, logístics i de sostenibilitat a llarg termini, garantint sempre el màxim benestar animal”. En aquest sentit, afirmen que actualment “hi ha molt poques instal·lacions operatives a escala internacional i el seu funcionament continua sent objecte d’anàlisi i debat dins la mateixa comunitat científica i professional”. Malgrat tot, aclareixen que respecten “el dret de totes les persones i col·lectius a expressar les seves opinions”.

Els parcs canaris es defensen

Loro Parque defensa que les instal·lacions zoològiques modernes compleixen estàndards científics i veterinaris orientats al benestar animal. “Quan es decideix allotjar una espècie animal en un parc zoològic, això només es pot fer si es poden satisfer les seves necessitats biològiques, fisiològiques i comportamentals, perquè cada individu pugui gaudir d’una experiència de vida positiva”, assenyala el parc a elDiario.es.

La companyia assegura que tots els animals sota la seva cura, inclosos dofins i orques, disposen d’“hàbitats adequats”, alimentació suficient i condicions que els permeten expressar “comportaments naturals”. A més, explica que l’estat dels animals és supervisat de manera contínua per veterinaris i especialistes en comportament animal. “Tots els nostres animals són objecte d’un seguiment regular per part d’un equip especialment dedicat, format per veterinaris i especialistes en comportament, que avaluen el seu nivell de benestar sobre la base de criteris científics i objectius”, afegeix.

Respecte a les peticions de tancament d’aquest tipus d’instal·lacions o la seva reconversió en santuaris marins, Loro Parque rebutja aquesta possibilitat i qüestiona la viabilitat d’aquests models alternatius. “Estem molt preocupats per les conseqüències que aquest tipus de discurs extremadament simplificador pot tenir per als mateixos animals”, sosté.

L’empresa afirma que “els santuaris marins no existeixen” i els defineix com “el gran negoci dels activistes”. Com a exemple, esmenta el cas de dues belugues traslladades a Islàndia des de la Xina, la situació de les quals —assegura— ha evidenciat “importants dificultats de gestió i de benestar animal”. També al·ludeix a les orques Keijo i Wikie, de Marineland Antibes, que “fa més d’un any que acumulen promeses incomplertes”.

El parc tinerfeny situa, a més, el debat en el marc més ampli de la conservació marina. “Creiem que el veritable repte és la conservació de les espècies i la protecció dels ecosistemes marins”, sosté la companyia, que considera que amenaces com la contaminació, les captures accidentals, el canvi climàtic o el soroll submarí continuen agreujant-se per als cetacis salvatges.

En aquest sentit, Loro Parque reivindica la feina desenvolupada per la seva fundació i els programes científics en què participa conjuntament amb institucions públiques. “Loro Parque i la seva fundació han contribuït al rescat i la conservació de nombroses espècies amenaçades”, afirma, citant projectes impulsats conjuntament amb el Govern de Canàries en el marc del programa CANBIO i altres iniciatives vinculades a la protecció de la Macaronèsia i dels cetacis salvatges. “El nostre compromís amb els animals es tradueix en accions concretes. Som veritables activistes, en el sentit més positiu i útil del terme”, conclou.

En la mateixa línia, Rancho Texas Park ha explicat a aquest diari que “és important assenyalar que, igual que existeixen postures crítiques, hi ha altres opinions que sí que donen suport a la feina que fem”. “Des de la nostra responsabilitat envers els animals que allotgem aquí, la seva salut i el seu benestar, complim tots els estàndards de benestar establerts per la legislació europea, espanyola i, per descomptat, canària”, assenyalen.

Així mateix, afirmen que treballen constantment “per garantir que els animals es trobin en les millors condicions possibles, mitjançant programes d’enriquiment ambiental, plans de control veterinari preventiu i totes les cures necessàries per atendre adequadament les seves necessitats”. D’altra banda, fonts del parc afirmen que també desenvolupen “una important tasca de conservació, col·laborant en projectes de recerca in situ juntament amb universitats i entitats especialitzades”. Aquesta tasca contribueix, segons la seva opinió, a conservar aquestes espècies en el seu hàbitat natural, així com a protegir i preservar els cetacis i altres animals marins.

Finalment, pel que fa als santuaris marins, consideren que es tracta d’“una proposta difícilment viable des del punt de vista científic i tècnic”. “Parlem d’animals que han nascut i s’han desenvolupat sota la cura humana, de manera que la seva adaptació a altres tipus d’entorns planteja nombrosos desafiaments relacionats amb la seva salut, benestar i seguretat”, conclouen.

Bajo la consigna 'No es diversión, es esclavitud', la organización global Empty the Tank, dedicada a poner fin al cautiverio de ballenas y delfines, primueve este fin de semana concentraciones y protestas en diferentes ciudades españolas y europeas con el objetivo de poner fin al sufrimiento de los cetáceos. En España, diferentes organizaciones animalistas harán concentraciones en Palma (Mallorca), el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote y València para “visibilizar la dura realidad de estos animales en cautividad y promover el fin de esta industria a nivel global”.

En concreto, Satya Animal ha llevado a cabo una protesta esta mañana frente al parking del parque temático de Marineland, mientras que la organización Imagine Canarias lo ha hecho frente al Loro Parque (Puerto de Santa Cruz de Tenerife) con el objetivo de “unir nuestras voces contra la industria mundial del cautiverio”. “Es importante destacar que cuatro orcas han muerto en un corto periodo de tiempo en Loro Parque de Tenerife”, critica la Asociación We Whale, que convoca la protesta de Lanzarote.

Esta protesta tendrá lugar este domingo a partir de las diez de la mañana enfrente del parque temático Rancho Texas Lanzarote Park, en una acción “para mostrar nuestro rechazo al cautiverio y la explotación de estos animales increíblemente inteligentes y sensibles” en un “momento crítico” para la conservación marina. “Mientras que más parques marinos están cerrando, los delfines y las orcas están siendo reubicados en otras instalaciones, en lugar de darles la oportunidad de tener la libertad que merecen en santuarios marinos”, lamenta el movimiento.

Finalmente, bajo el lema “Libertad”, diferentes entidades (FAADA, AnimaNaturalis, Captain Paul Watson Foundation Spain, WeWhale, ARDA, Denia Animal Save y la activista Olivia Mandle) se concentrarán también el domingo a partir de las once y cuarto de la mañana frente al Oceanogràfic de Valencia. Durante el fin de semana habrá concentraciones en Reino Unido (Manchester y Londres), Países Bajos (Utrecht), Alemania (Duisburg), Bélgica (Brujas) y Grecia (Atenas).

En el caso de Mallorca, la movilización promovida por el grupo animalista Satya Animal se ha situado en el entorno del parque temático de Marineland, en Costa d’en Blanes (Calvià), uno de los epicentros turísticos de la isla. Kike Gimeno, portavoz de la organización, explica que la explotación animal se resume “en dos niveles”. Por un lado, el conjunto de animales que viven en cautividad en instalaciones de este tipo, y por otro, aquellos que además son utilizados en espectáculos. “Uno son los animales que simplemente viven ahí, encerrados en pocos metros, en unas condiciones que no son las propias de su medio”. “Viven en condiciones de espacio muy limitado en el que reciben además ruido de las personas que entran”, explica. Marineland no ha respondido a las preguntas de este diario, en las que se le consultaba por las protestas frente a sus instalaciones.

“Se les priva de comida”

Gimeno detalla que estas condiciones afectan de forma general a todas las especies mantenidas en cautividad en este tipo de parques, en su mayoría animales exóticos, alejados de su entorno natural. Sin embargo, añade un segundo nivel de preocupación en el caso de los cetáceos y otros animales utilizados en exhibiciones. “Los delfines, leones marinos y loros son forzados a realizar espectáculos ante el resto de personas que vienen”, señala.

Estos animales no solo viven en espacios reducidos, sino que además son sometidos a dinámicas de entrenamiento y exhibición basadas en refuerzos alimentarios. “Se les priva de comida para estimularles y obligarles a realizar los ejercicios que les mandan”, afirma. “Después de eso se les premia con comida”. En este sentido, Gimeno recuerda que se trata de animales “especialmente inteligentes y sensibles”. Esa misma capacidad cognitiva es la que intensifica el sufrimiento en cautividad. “La misma inteligencia que les permite hacer el espectáculo es la que además les pone en situación de vulnerabilidad absoluta ante el sufrimiento”, sostiene.

En el caso concreto de los delfines, Gimeno insiste en que “son animales muy inteligentes”. “Son conscientes plenamente de lo que está pasando, de lo que se les pide y de las condiciones en las que están”, critica. La alimentación, añade, se convierte en la principal herramienta de control del comportamiento. “La única forma de estimularles y de recibir su atención es privándoles de alimento”. “A menudo están muchas horas sin comer hasta que tienen tanta hambre que son mucho más receptivos a lo que se les está pidiendo”, asegura.

La organización también denuncia las interacciones con el público como parte del mismo sistema de explotación. “Se venden interacciones directas con turistas, o con visitantes del parque, en las que se puede hacer una foto o tocar a los delfines”, explica Gimeno. “Todo esto solo se consigue porque detrás está la comida”. En el caso de los delfines, añade además un problema adicional derivado de la exposición ambiental. “Al estar en una piscina tan poco profunda, les va generando problemas de piel continuamente porque están excesivamente expuestos al sol”, lamenta.

Mientras tanto, medio centenar de personas se ha concentrado este sábado frente a las puertas de Loro Parque, en Puerto de La Cruz. Durante la protesta han gritado consignas como “no más cárceles de agua, pedimos vida libre para los cetáceos”, “no son payasos, tienen derecho a la libertad”, “no son máquinas de hacer dinero” o “basta ya de maltrato animal”. También han explicado que los delfines no pueden mover sus músculos de la cara, “con lo que no nos engañen más con sus sonrisas, pues se les suministra antidepresivos porque saben de su encierro”.

Contra una industria global

Las protestas en España se producen en un contexto más amplio que, según Empty the Tanks, conecta la industria del cautiverio con el turismo internacional y con la captura de animales en distintos puntos del mundo. En el caso de los delfines, el movimiento señala especialmente la existencia de redes de captura y comercio internacional. “El mercado de venta de delfines está muy conectado con la situación de Japón y son los principales proveedores al resto de zoológicos del mundo”, señala Gimeno, que alude a métodos de captura de crías en el medio natural.

En paralelo, el movimiento sitúa el fenómeno dentro de una industria global vinculada al turismo. “Al final los mayores proveedores son los establecimientos turísticos. Es un gran reclamo porque saben para el turismo familiar porque saben que los niños van a querer acudir a ver a los delfines”, asegura. Apunta además a la presencia de campañas promocionales en el Aeropuerto de Palma como parte de esa estrategia de visibilidad.

La Federación Hotelera de Mallorca (FEHM) no ha respondido a las preguntas de este diario. A la patronal hotelera se le pedía, concretamente, su posición respecto a las críticas planteadas por organizaciones y colectivos en relación a la tenencia de cetáceos en parques temáticos; el papel que desempeñan este tipo de “atractivos” en la oferta turística del destino y las consideraciones del sector hotelero en relación con el bienestar animal y la sostenibilidad de la oferta.

La acción prevista en Mallorca no se ha limitado a la concentración. Satya Animal ha llevado a cabo además una performance simbólica en la que una persona ha ocupado una estructura que simula una pequeña piscina. El objetivo, según explican, es trasladar visualmente la idea de confinamiento. “Hemos fabricado una pequeña piscina en la que hemos introducido a una persona para que se vea en perspectiva la vida que tienen los delfines ahí dentro”, señala Gimeno. “Es una pequeña simulación de la vida que pasan los delfines”.

Más allá de la protesta puntual, la organización insiste en un horizonte de transformación del modelo. “Lo primero es que desaparezcan estos espacios porque hacen un uso comercial de los animales”, afirma el portavoz de Satya Animal. En su planteamiento, la alternativa pasa por reconvertir estas instalaciones en centros de rescate y recuperación. “El futuro sería que acogiesen animales que no pueden ser reintroducidos en el medio natural o que se utilicen como centros de rescate, se les cure y se les devuelva al mar cuando sea posible”.

Brooke Spurling, coordinadora de AnimaNaturalis en Valencia, insiste en que el problema no es puntual ni aislado, sino estructural. “Nuestro mensaje es claro: orcas, delfines y belugas no pertenecen a un tanque. Son animales que en libertad recorren decenas de kilómetros al día, viven en estructuras sociales complejas y desarrollan culturas propias. Encerrarlos en piscinas para que hagan piruetas no es educación, es entretenimiento a costa de su sufrimiento”, sostiene.

España, el país con más delfinarios

En este sentido, lamenta que España es el país de la Unión Europea “con más delfinarios” y el único que “todavía mantiene orcas y belugas en cautividad”. Mientras que otros países europeos avanzan hacia el cierre de estas instalaciones o prohíben directamente la cría en cautividad, España sigue “legitimando una industria que se sostiene sobre la reproducción forzada y el traslado de individuos entre centros, rompiendo vínculos familiares y sociales que para estos animales son esenciales”.

Por estas razones, Spurling considera que acciones como la que llevarán a cabo frente al Oceanogràfic de Valencia son “fundamentales” ya que “trasladan a la calle un debate que la industria prefiere mantener oculto tras la fachada del ocio familiar”. “La ciudadanía cada vez tiene más información y rechaza estos espectáculos; ahora hace falta que las administraciones estén a la altura y acompañen ese cambio social con un marco legal que ponga fin al cautiverio de cetáceos en España”, concluye.

El Oceanogràfic de Valencia ha respondido a estas críticas explicando que es “un centro comprometido con los más altos estándares de bienestar animal”, en el que trabajan cada día más de 120 profesionales veterinarios, científicos y técnicos especializados “en el cuidado, seguimiento y enriquecimiento de los animales bajo su responsabilidad”.

Defienden que el bienestar animal “es una disciplina científica evaluable mediante indicadores objetivos y verificables”, y que, en su caso, está respaldada por un Comité de Cuidado y Bienestar Animal independiente liderado por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), “integrado por expertos internos y externos que supervisan todos los protocolos”. Además, defienden que cuentan con la certificación de Global Humane, que establece “exigentes estándares internacionales en bienestar animal, conservación e investigación”.

Asimismo, aseguran que participan en distintos “proyectos de conservación desarrollados en diferentes ecosistemas marinos”. En un contexto en el que los océanos afrontan amenazas crecientes derivadas de la contaminación, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático o la actividad humana, destacan que centros científicos y de conservación como el Oceanogràfic “contribuyen al conocimiento, recuperación y protección de especies amenazadas y de sus hábitats”.

Sobre los modelos de santuarios marinos, afirman que “cualquier propuesta relacionada con animales marinos debe analizarse desde criterios científicos, veterinarios, logísticos y de sostenibilidad a largo plazo, garantizando siempre el máximo bienestar animal”. En este sentido, afirman que en la actualidad “existen muy pocas instalaciones operativas a nivel internacional y su funcionamiento continúa siendo objeto de análisis y debate dentro de la propia comunidad científica y profesional”. Pese a todo, aclaran que respetan “el derecho de todas las personas y colectivos a expresar sus opiniones”. 

Los parques canarios se defienden

Loro Parque defiende que las instalaciones zoológicas modernas cumplen estándares científicos y veterinarios orientados al bienestar animal. “Cuando se decide albergar una especie animal en un parque zoológico, esto solo puede hacerse si se pueden satisfacer sus necesidades biológicas, fisiológicas y comportamentales, para que cada individuo pueda disfrutar de una experiencia de vida positiva”, señala el parque a elDiario.es.

La compañía asegura que todos los animales bajo su cuidado, incluidos delfines y orcas, disponen de “hábitats adecuados”, alimentación suficiente y condiciones que les permiten expresar “comportamientos naturales”. Además, explica que el estado de los animales es supervisado de forma continua por veterinarios y especialistas en comportamiento animal. “Todos nuestros animales son objeto de un seguimiento regular por parte de un equipo especialmente dedicado, compuesto por veterinarios y especialistas en comportamiento, que evalúan su nivel de bienestar sobre la base de criterios científicos y objetivos”, añade.

Respecto a las peticiones de cierre de este tipo de instalaciones o su reconversión en santuarios marinos, Loro Parque rechaza esa posibilidad y cuestiona la viabilidad de estos modelos alternativos. “Estamos muy preocupados por las consecuencias que este tipo de discurso extremadamente simplificador puede tener para los propios animales”, sostiene.

La empresa afirma que “los santuarios marinos no existen” y los define como “el gran negocio de los activistas”. Como ejemplo, menciona el caso de dos belugas trasladadas a Islandia desde China, cuya situación —asegura— ha evidenciado “importantes dificultades de gestión y de bienestar animal”. También alude a las orcas Keijo y Wikie, de Marineland Antibes, que “llevan más de un año con promesas incumplidas”.

El parque tinerfeño sitúa además el debate en el marco más amplio de la conservación marina. “Creemos que el verdadero desafío es la conservación de las especies y la protección de los ecosistemas marinos”, sostiene la compañía, que considera que amenazas como la contaminación, las capturas accidentales, el cambio climático o el ruido submarino continúan agravándose para los cetáceos salvajes.

En este sentido, Loro Parque reivindica el trabajo desarrollado por su fundación y los programas científicos en los que participa junto a instituciones públicas. “Loro Parque y su fundación han contribuido al rescate y la conservación de numerosas especies amenazadas”, afirma, citando proyectos impulsados junto al Gobierno de Canarias en el marco del programa CANBIO y otras iniciativas vinculadas a la protección de la Macaronesia y de los cetáceos salvajes. “Nuestro compromiso con los animales se traduce en acciones concretas. Somos verdaderos activistas, en el sentido más positivo y útil del término”, concluye.

En la misma línea, Rancho Texas Park ha explicado a este diario que “es importante señalar que, al igual que existen posturas críticas, hay otras opiniones que sí respaldan la labor que realizamos”. “Desde nuestra responsabilidad hacia los animales que aquí albergamos, su salud y su bienestar, cumplimos con todos los estándares de bienestar establecidos por la legislación europea, española y, por supuesto, canaria”, señalan.

Asimismo, afirman que trabajan constantemente “para garantizar que los animales se encuentren en las mejores condiciones posibles, mediante programas de enriquecimiento ambiental, planes de control veterinario preventivo y todos los cuidados necesarios para atender adecuadamente sus necesidades”. Por otro lado, fuentes del parque afirman que también desarrollan “una importante labor de conservación, colaborando en proyectos de investigación in situ junto a universidades y entidades especializadas”. Esta labor contribuye, en su opinión, a conservar estas especies en su hábitat natural, así como a proteger y preservar a los cetáceos y otros animales marinos.

Finalmente, en cuanto a los santuarios marinos, consideran que se trata “una propuesta difícilmente viable desde el punto de vista científico y técnico”. “Estamos hablando de animales que han nacido y se han desarrollado bajo el cuidado humano, por lo que su adaptación a otro tipo de entornos plantea numerosos desafíos relacionados con su salud, bienestar y seguridad”, concluyen.