La noticia era recibida con esperanza en Canarias: la mejora de los datos epidemiológicos permitía la reapertura de sus principales mercados a las puertas de la temporada alta en las Islas, cuando el frío recorre Europa. Alemanes, británicos y holandeses pueden viajar al Archipiélago y volver a casa sin restricciones, pero el recrudecimiento de la segunda ola en sus países ha forzado nuevos confinamientos y toques de queda, unas medidas que disparan la incertidumbre sobre la previsión de llegadas de turistas a Canarias.

El Gobierno autonómico se mantiene moderadamente optimista. La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, ha vaticinado una recuperación de entre el 40% y el 50% de la actividad turística que se registró durante la temporada alta entre finales de 2019 y principios de 2020. La estrategia es vender las Islas como “destino refugio” gracias a su baja incidencia de COVID-19. En este sentido, Turismo ha lanzado la campaña titulada La bienvenida más cálida de todas, para impulsar el deseo de viajar al Archipiélago y absorber la mayor parte de la demanda potencial de vacaciones de invierno que se pueda generar en Europa. 

El mercado más cercano, y el tercero en volumen con casi dos millones de visitantes en 2019, no invita al optimismo. España, que ha superado el millón de casos confirmados de coronavirus y ha contabilizado más de 35.000 muertes desde el inicio de la pandemia, registra en torno a 20.000 positivos nuevos cada día. Excepto Galicia, Extremadura, Canarias y Baleares, todas las autonomías españolas se han amparado en el estado de alarma para blindar sus fronteras y confinar la región entera. La Comunidad de Madrid, desde donde proceden gran parte de los viajes peninsulares que llegan a las Islas, ha ordenado cerrar las fronteras de la región solo durante estos dos fines de semana, por incluir puentes festivos. Hasta el momento, Canarias no ha reclamado limitar la entrada y salida de sus territorios respecto a otras autonomías, ya que supondría el cierre del mercado turístico.

Regla de 6 y confinamientos parciales en el Reino Unido

El Reino Unido, el principal mercado turístico para Canarias, con cerca de cinco millones de visitantes en 2019, levantó la cuarentena obligatoria para aquellos que volvieran de sus vacaciones en las Islas el 25 de octubre, justo a tiempo para el comienzo de la temporada de invierno. La industria turística respondió rápidamente, programando cerca de un centenar de vuelos bien recibidos por los británicos ansiosos por volver a viajar y disfrutar del buen tiempo de Canarias. El Gobierno ha pedido a los habitantes de las zonas afectadas que no hagan viajes innecesarios, pero deja la puerta abierta a los traslados a los aeropuertos para irse de vacaciones y la oficina nacional de estadística (ONS) dice que viajar al extranjero ya no supone un mayor riesgo de infección. 

Mientras, los contagios diarios en el país se sitúan por encima de los 24.000 y las regiones han impuesto medidas cada vez más restrictivas para detener al virus. Inglaterra ha prohibido las reuniones de más de seis personas y ha confinado las ciudades más afectadas, como Liverpool y Manchester. Escocia ha cerrado bares y restaurantes y en noviembre entra en vigor un nuevo sistema con cinco niveles de restricciones, mientras que Irlanda del Norte ha cerrado las escuelas durante dos semanas. Las medidas más duras las ha tomado Gales, que ha decretado un nuevo confinamiento, cerrando sus fronteras y limitando las actividades a los servicios esenciales. 

En Londres crece la presión para una vuelta al confinamiento general, pero la gestión del primer ministro Boris Johnson - que estuvo ingresado en la UCI con COVID-19 en abril - ha destacado por sus vaivenes y su reticencia a la hora de tomar medidas más duras. El líder conservador postergó la toma de medidas durante la primera ola, apostando por una inmunidad de grupo que, como advirtieron los científicos, no se materializó. Con 45.000 muertes registradas, el Reino Unido es el país europeo que más vidas ha perdido a causa del virus.

Limitar los viajes al máximo fuera de Alemania

Alemania es el segundo país emisor de turistas a Canarias; en 2019, llegaron a las Islas más de dos millones y medio de visitantes germanos. Berlín ha mantenido a las Islas en su lista negra durante 49 días. Tras el levantamiento de restricciones, se programaron 71 vuelos con una oferta de 13.000 plazas hasta el 30 de octubre. Pero el mismo fin de semana que se permitían los viajes sin tener que hacer una cuarentena a la vuelta, el país registraba su pico máximo de contagios: 14.714 positivos el sábado 24 de este mes, superado solo dos días después con 16.774 casos en 24 horas.

Durante la primavera, Alemania fue uno de los países puestos como ejemplo al reaccionar a tiempo para contener la propagación del coronavirus, con medidas drásticas pero sin llegar a decretar un confinamiento total como en España o Italia. Pero la segunda ola ha obligado al Gobierno germano a ordenar, en coordinación con los estado federados, el cierre parcial de la vida pública para tratar de reducir la movilidad: a partir del 2 de noviembre, y durante todo el mes, se clausuran bares y restaurantes, teatros, salas de conciertos, cines, gimnasios y los hoteles no podrán aceptar pernoctaciones turísticas. Además, las reuniones sociales quedan limitadas a un máximo de 10 personas.

Estas medidas fueron acordadas después de fuertes tensiones por adoptar unas restricciones homogéneas para toda Alemania, pues les corresponde a los estados federados decidir en su territorio; de hecho, algunos Länder ya habían introducido el cierre de bares y restaurantes a partir de las 23:00 horas o la prohibición a los hoteles de albergar huéspedes de zonas consideradas de riesgo. La canciller alemana, Angela Merkel, ha advertido que se avecinan “meses muy difíciles” y ha pedido con ahínco a la población que mantenga la distancia de seguridad, que evite contactos sociales y que limite al máximo los viajes al extranjero.

El “confinamiento inteligente” no es suficiente en los Países Bajos

Con más de medio millón de visitantes en 2019, Holanda es el cuarto emisor de turistas a Canarias. El país ha sido el último en levantar las restricciones a los vuelos que lo conectan con Canarias, y el mayor turoperador del país, TUI Netherlands, ha anunciado su vuelta a las Islas pagando las pruebas PCR a los turistas. Sin embargo, el rápido crecimiento de los casos está empujando al Gobierno a tomar medidas cada vez más restrictivas. 

Holanda afrontó la primera ola de la pandemia con un “confinamiento inteligente” que limitaba los cierres a aquellas actividades que requerían el contacto físico, como la hostelería en sala, los colegios, las peluquerías y los burdeles del barrio rojo. A mediados de octubre, el resurgir del virus obligó a un nuevo cierre parcial de cuatro semanas que, entre otras cosas, limitaba los encuentros a cuatro personas.

Dos semanas después del nuevo confinamiento, los nuevos casos siguen disparados, rompiendo la barrera de los 10.000 positivos en un país cuya población es poco más de un tercio de la de España. El sistema está abrumado. El rastreo de contagios ha sido un fracaso, los resultados para las pruebas PCR están sufriendo retrasos de más de una semana y la presión sobre los hospitales ha obligado a trasladar pacientes a Alemania para liberar camas en las UCI. El Gobierno se está planteando ahora un confinamiento estricto de dos semanas para romper la tendencia. 

Con este panorama desalentador en toda la Europa continental, el mercado turístico canario sigue a expensas de la incertidumbre que genera la COVID-19. Los datos epidemiológicos son muy buenos en las Islas, con tendencia a la baja, pero si la pandemia crece en origen, el destino puede resentirse.

Un toque de queda “para toda España”. Esa es la petición que ha hecho el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid al Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de doblegar la expansión del coronavirus en medio de la tormenta política desatada en la capital por la gestión de la pandemia. Expertos epidemiólogos de Canarias aplauden la medida en territorios con altas incidencias, como la que preside Isabel Ayuso (PP), pero aseguran que no está justificada su aplicación en todo el territorio.

“Como medida de intervención en Comunidades Autónomas con una incidencia acumulada importante, es una medida razonable que ya se debería haber implementado para reducir contactos”, dice Amós García, el jefe de Epidemiología y Prevención de Canarias. Sin embargo, asegura que en zonas como el archipiélago, con menos de 100 casos por 100.000 habitantes en catorce días, “no está justificado”, destacando además que, al tratarse de una región ultraperiférica, Canarias tiene reducida la posibilidad de contacto con otras regiones.

Lluis Serra, el portavoz del Comité Científico del Gobierno de Canarias para la crisis de la COVID-19, incide en que las cifras epidemiológicas del archipiélago “no son comparables” a otras zonas del país y dice que “no tiene sentido” un toque de queda si la incidencia acumulada permanece debajo de los 300 casos. El catedrático de Salud Pública considera positivo que las autonomías puedan contar con el toque de queda en caso de ser necesario, pero subraya que el Gobierno de Canarias ya cuenta con medidas que limitan el ocio nocturno en caso un repunte de casos.

El semáforo de restricciones autonómico limita a diez personas las reuniones y reduce los horarios nocturnos de la hostelería si una isla supera en una semana los 50 casos por 100.000 habitantes. Tras varias semanas de restricciones en cuatro islas, la única que continúa con el semáforo en rojo es Tenerife.

Las medidas tomadas desde el Gobierno regional le han valido los aplausos del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que destacaba la “magnífica labor” de las Islas para controlar un fuerte repunte en agosto y septiembre que afectó especialmente a la isla de Gran Canaria.

El Gobierno central ha avisado a Madrid de que un toque de queda requeriría un estado de alarma y los apoyos parlamentarios suficientes para otorgarle seguridad jurídica más allá de los catorce días iniciales, elevando la presión sobre el Partido Popular, con el que ha tenido fuertes encontronazos por la gestión de la segunda ola en la capital. El Ejecutivo no ha descartado la propuesta de la Comunidad pero destaca la importancia de tener en cuenta la visión de todas las autonomías, que se reunirán este jueves en el Consejo Interterritorial de Sanidad de salud en busca de un marco común para las restricciones contra la pandemia.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado este miércoles que no pedirá el toque de queda en las Islas y si el Gobierno central lo establece como medida de contención del coronavirus en el país, solicitará que el archipiélago quede excluido.

Otros países europeos han implementado el toque de queda para frenar la expansión de la segunda ola de COVID-19, pero siempre limitando la medida a las regiones más afectadas por el virus. En Francia, el Gobierno de Emmanuel Macron ha prohibido salir de casa sin justificación entre las 21:00 y las 6:00 horas en París y otras ocho grandes ciudades. En Italia y Bélgica el toque de queda se limita también a sus regiones con mayor incidencia de coronavirus.

El toque de queda podría complementar las limitaciones a la hostelería y el cierre del ocio nocturno para evitar las reuniones en espacios no regulados. Igualmente, Lluis Serra, dice que los botellones y las fiestas ilegales, han sido “muy puntuales” en Canarias en comparación a otras zonas de España y recomienda no apuntar hacia los jóvenes como los únicos culpables de los rebrotes.

Canarias quiere “premiar” a las aerolíneas que restablezcan las conexiones entre las Islas y el continente europeo con entre dos y cuatro euros por asiento ofertado, lo ocupe un pasajero o no. El turismo aplaude la medida para relanzar el sector, pero algunos expertos dudan de su efectividad en un momento de baja demanda por el miedo al coronavirus.

El Gobierno autonómico ha reservado un millón de euros para la medida, pendiente de incrementar la cuantía y de conseguir la aprobación de Bruselas, según fuentes de la Consejería de Turismo.

El presidente de la patronal hotelera de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricua, considera que se trata de una medida “valiosa y necesaria” para contrarrestar el riesgo que toman las aerolíneas al establecer vuelos en un momento de tanta incertidumbre. “Estamos todos juntos en esto y hay que arrimar el hombro”, señala, pidiendo además una eliminación de las tasas aeroportuarias.

La Asociación de Líneas Aéreas de España (ALA) valora “cualquier medida encaminada a animar la demanda de pasajeros” y sugiere que, con la subvención, Canarias podría ganar “competitividad frente a otros destinos”.

Algunos economistas, sin embargo, dudan que la subvención de la oferta se vaya a traducir en un mayor número de visitantes. “La medida muestra amplias dudas sobre su efectividad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, convirtiéndose probablemente en un mero trasvase de fondos a las aerolíneas (si es que estas deciden volar) sin efectos reales sobre la demanda”, dice Juan Luis Jiménez, profesor titular en el Departamento de Análisis Económico Aplicado  (ULPGC).

El economista asegura que la actual se trata de una crisis de demanda y las medidas deberían ir encaminadas a reponerla. “Los individuos no viajan por tener miedo al contagio, no porque falten aviones para viajar ni por problemas presupuestarios”, asegura.

Esto se podría ver agravado por el perfil del turista que viene a Canarias. Los visitantes suelen ser de mayor edad y, según datos de Promotur, un 51,9% de ellos considera muy importante la seguridad en su elección de destino. Los últimos datos no son alentadores: una reciente encuesta de la empresa de investigación YouGov señala que tan solo un 11% de los británicos, los segundos clientes más importantes de las Islas, planea hacer un viaje internacional en los próximos seis meses.

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha reconocido que, incluso con una reducción de vuelos del 60%, la ocupación sigue siendo muy baja. Sin embargo, confía en que durante las próximas semanas se levanten las restricciones a los viajes a Canarias de los principales mercados turísticos europeos y la temporada de invierno sea “un éxito”.

En una reunión con la consejera, los turoperadores se mostraron cautos ante un “invierno de barbecho”, expresando su preocupación por las restricciones en las fronteras aunque las Islas tengan buenas condiciones sanitarias y climatológicas.

Pese a la mejoría de los datos epidemiológicos de las Islas, el Centro Europeo de Control y Prevención de las Enfermedades (ECDC) pintó este jueves las Islas de rojo en su primer semáforo COVID, permitiendo la imposición de restricciones. El verde, que recomendaría el levantamiento de cuarentenas o pruebas a la vuelta, queda aún muy lejos, requiriendo un 30% menos de positivos por prueba PCR y una incidencia acumulada de menos de un tercio de la actual.

Del lado de las aerolíneas, tampoco es seguro que puedan adaptar su oferta a corto plazo ni si sería efectivo el estímulo propuesto. Jiménez señala que los horarios de vuelo se suelen organizar con seis meses de adelanto, aunque el exceso de capacidad durante la pandemia pueda haber incrementado la flexibilidad. Además, la cuantía de la subvención es limitada: 720 euros de máximo para un vuelo de cuatro horas entre Londres y Tenerife con 160 asientos disponibles. “¿Qué aerolíneas cambiarán su decisión de no volar a Canarias a sí volar por la cuantía discutida?”, se pregunta el economista.

La planificación de la temporada de invierno se complica aún más por los cambios de actitud de los pasajeros. En la reunión con Turismo, los delegados de los turoperadores Globalia y Schauinsland Reisen destacaron la escasa anticipación en las reservas hacia Canarias, ya que la mayoría se formalizan el día previo al viaje. La incertidumbre, los bajos precios y el temor a que las aerolíneas tarden en ejecutar los rembolsos en caso de cancelación podrían hacer que los turistas pospongan su decisión de reservar.

Sergio Moreno Gil, director del Instituto Universitario de la Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la ULPGC, da por hecho que “vamos a trabajar con un volumen muy limitado de turistas” y propone concentrar los esfuerzos en “conectar con aquellos que se sienten más seguros en Canarias y quieren venir”. El economista sugiere reforzar el contacto continuado con los clientes fidelizados y reforzar las medidas de rastreo para los turistas con el uso de tecnologías como la aplicación Radar COVID. Si el Gobierno de Canarias quiere subvencionar el restablecimiento de rutas, propone atar las ayudas a una compensación de su impacto medioambiental, en línea con la reactivación verde de la economía que quiere hacer la Unión Europea. 

Pese a tener algunos de los mejores datos epidemiológicos del país, Canarias no se ha escapado de la peor calificación del semáforo europeo para las restricciones de viaje. Junto con el resto de España, y la mayoría del continente, las Islas quedan teñidas de rojo, con lo que se podrían mantener las cuarentenas o pruebas de COVID-19 a los turistas que vuelvan a sus países de origen.

La baja incidencia acumulada del coronavirus acerca a Canarias al ámbar, al encontrarse por debajo de los 150 casos, pero tener más de un 4% de positivos en las pruebas PCR condena a las Islas al rojo.

Cabe resaltar que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) ha utilizado el dato nacional de positividad del 10.49% para todas las regiones españolas aunque el dato para Canarias está mucho más cerca de lo exigido para bajar de nivel, con un 5.61% de positivos a la hora de publicación del mapa.

El verde recomendaría a todos los países de la UE que levantasen cualquier tipo de restricción, pero esto queda aún muy lejos para las Islas. Canarias tendría que, además de reducir la positividad por debajo del 4%, reducir la incidencia acumulada (casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas) por debajo de los 25, menos de un tercio de los 82,38 actuales.

Un cambio de nivel al ámbar sigue sin ser una garantía de que se abran del todo las fronteras. El acuerdo intenta reducir la incertidumbre y evitar el cierre de fronteras para salvar el espacio Schengen, uno de los grandes logros de la Unión. Sin embargo, la decisión de qué medidas tomar siempre dependerá de cada estado miembro. Además, los niveles rojo y ámbar indican que los países miembros podrían imponer cuarentenas o pruebas de coronavirus a los viajeros que vuelvan de esos países, pero no hay una distinción clara entre los dos.

Días después de levantarse el confinamiento en el Reino Unido, los pueblos costeros de Inglaterra se llenaron de visitantes de todo el país para la envidia de las zonas turísticas españolas, a las que tanta falta les hacía recuperar su segundo mercado emisor tras más de media temporada de verano perdida. Sin embargo, una población aún atemorizada por el coronavirus, la falta de turismo exterior y una nueva ola de restricciones han apagado los sueños de un verano dorado para la industria turística británica.

En mayo y julio parecía que la recuperación económica del Reino Unido empezaría por sus zonas costeras, que se encuentran entre las más deprimidas del país. La costa se ha empobrecido por la deslocalización de la industria, la pérdida de rentabilidad de sectores como la pesca y la competencia de los destinos soleados del sur de Europa a sus ciudades balneario. Todo esto, culminado en los últimos años por una fuga de cerebros hacia las grandes ciudades. El cierre del turismo internacional parecía dar un halo de esperanza a estas comunidades, que se plagaron de visitantes nacionales buscando un rayo de sol tras meses de encierro.

Los hoteleros de las islas miraban con envidia tras llevarse un duro golpe a finales de julio cuando el Reino Unido incluyó a Canarias y Baleares en su recomendación de no viajar pese a su menor afección por el virus. Desde Canarias se señalaba una y otra vez a los datos y el Gobierno español llegó a insinuar que el Ejecutivo de Johnson estaba utilizando la medida para fortalecer su economía a costa de sus ex socios europeos y sacar músculo en las recrudecidas negociaciones del brexit. Ya en septiembre, el Gobierno británico se abrió a una estrategia covid diferenciada para las islas, aunque estas tienen ahora índices epidemiológicos demasiado altos para una reapertura.

Sin importar los rifirrafes políticos y los planes de Johnson, la industria turística inglesa ha tenido un verano lleno de baches y la segunda ola de la pandemia ha vuelto a ponerla en apuros. Grandes empresas del país, como la aerolínea EasyJet, están en apuros y, pese a los mejores intentos de reforzar el mercado turístico interno, el patronato nacional del sector, Visit Britain, estima que se reduzca a la mitad este año.

En mayo y junio las zonas de playa mostraban promesa, con el mejor comienzo de temporada desde hace décadas, pero la masificación no viene sin costes. Las redes sociales se llenaron de vídeos de peleas entre jóvenes embriagados a orillas del mar. Los gobiernos municipales denunciaron la destrucción causada por la basura, el vandalismo y las hogueras ilegales.

Más allá de los ya conocidos impactos del turismo de masas, el principal temor era que los visitantes de zonas más afectadas por la COVID-19 trajeran el virus a estos pueblos hasta entonces libres de los peores efectos de la pandemia. La afluencia descontrolada y la falta de normas claras desde el Gobierno amenazaban con crear el caldo de cultivo ideal para los rebrotes. El caos obligó incluso a algunos ayuntamientos a pedir a sus potenciales visitantes que reconsideraran sus viajes. El patronato de turismo de Blackpool, al noroeste de Inglaterra, llegó incluso a cambiar su nombre de Visit Blackpool a Do Not Visit Blackpool en un intento de reducir el flujo desde otras zonas del país. Pese a la polémica, múltiples zonas turísticas han intentado extender la temporada hasta septiembre y octubre con descuentos y actividades para aprovechar los buenos resultados y contrarrestar las pérdidas del confinamiento.

La pandemia no ha tardado en hacer que estos planes vuelen por los aires. El 14 de septiembre el Gobierno conservador del país anglosajón, que ha sido particularmente laxo en su gestión de la pandemia, endureció las restricciones contra el coronavirus en Inglaterra tras un fuerte repunte de casos. Ahora las reuniones sociales pasan de 30 a seis asistentes como máximo.

Muchos grupos que pretendían estirar el verano han visto cómo sus planes han sido ilegalizados de un día para otro y la cascada de cancelaciones no se ha hecho esperar. Las viviendas vacacionales y los campings, que habían recobrado protagonismo como opciones seguras para mantener el distanciamiento social, han visto desaparecer hasta un 60% de las reservas, según varios líderes del sector. A principios de verano, el pueblo balneario de St Leonards-on-Sea, dos horas al sur de Londres, tenía plena ocupación. “No me dejan de llegar solicitudes de reserva”, decía Lydia, que explota el antiguo apartamento de veraneo de su familia en la localidad como apartamento turístico. Ahora no tiene ninguna reserva a la vista y se ha tenido que poner la casa en venta.

En las grandes ciudades no ha habido siquiera amagos de recuperación. Datos del think tank Centre for Cities muestran que la asistencia a las zonas comerciales de Londres continúa reducida a un 31% de la registrada antes de la cuarentena. Los urbanitas que no han abandonado la ciudad evitan salir innecesariamente y los turistas internacionales siguen sin venir pese a la política de fronteras abiertas. En los aeropuertos londinenses, los taxistas hacen cola durante horas a la espera de una buena carrera. “Sin turistas, esto está muerto”, dice David, chófer de uno de los icónicos black cab de la capital. 

La familia Del Castillo mueve ficha por fin para sacar sus camellos de la Reserva Natural de Las Dunas de Maspalomas. El Condado de La Vega grande había agotado ya todos sus recursos legales, apelando sin éxito al Supremo con el fin de invalidar el Plan de la Reserva y mantener sus caballerizas en su situación actual, poniendo en riesgo el patrimonio ecológico que sostiene su negocio y gran parte de la industria turística de Gran Canaria. Ahora, durante estos meses de parón turístico debido a la pandemia, parece haber recobrado fuerza el proyecto para regularizar y modernizar las instalaciones de sus safaris para turistas por las Dunas de Maspalomas.

La Demarcación de Costas de Canarias ha sacado a exposición pública el proyecto para trasladar las caballerizas de los dromedarios al extremo sur de la avenida Touroperador Neckerman, en una zona del dominio público marítimo terrestre fuera del área de uso restringido de la Reserva. El proyecto incluye dos carpas desmontables, una zona de descanso para los dromedarios sobre una plataforma impermeable, un abrevadero, una baño y un almacén. Se ha abierto el plazo para presentar alegaciones al proyecto durante veinte días hábiles a partir del 2 de septiembre.

Aunque los recorridos de los dromedarios por las Dunas ya estaban regulados para minimizar su impacto, los excrementos de los dromedarios en su actual emplazamiento, cerca de la Charca de Maspalomas y sin impermeabilización, podían afectar al delicado entorno de la marisma. Además, al estar dentro de la zona de exclusión, el acceso a las caballerizas facilita la entrada descontrolada de visitantes a las zonas más delicadas de las Dunas.

La familia Del Castillo es la antigua tenedora del 7% del territorio de Gran Canaria, extensos arenales en el sur de la isla que a mediados del siglo XX cobraron gran valor económico gracias al acelerado desarrollo turístico. Fue el anterior Conde de la Vega Grande el promotor del concurso de ideas para el destino turístico Maspalomas Costa Canaria y, aunque la familia se deshizo de gran parte de sus terrenos a favor de otros empresarios, mantuvo a golpe de pleito la explotación de los espacios naturales que solían ser de su propiedad, incluyendo los servicios de hamacas, los chiringuitos y los denominados safaris por las dunas.

En declaraciones a este periódico, el director general de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Manolo Amador, ha definido el nuevo proyecto de las caballerizas como “un primer paso interesante” y asegura que desde la corporación insular continúan trabajando para mejorar la delimitación y la señalización de los senderos en la Reserva. “La gente normalmente es respetuosa cuando se les informa de las normas”, dice, pero entiende que haya algunos despistados porque “llevamos muchos años en un limbo”.

El presidente del Partido Popular (PP) en Gran Canaria, Poli Suárez, ha expresado este jueves su sorpresa por la detención de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), en el marco de una investigación judicial vinculada con la presunta compra de votos en las elecciones municipales de 2015 y de 2019. Suárez ha apelado a la presunción de inocencia de la regidora, a quien su partido pretende rescatar para tratar de recuperar el terreno perdido en uno de sus históricos bastiones electorales, Gran Canaria.

En declaraciones a Canarias Ahora tras conocerse la detención de Bueno y el registro a las oficinas municipales del Consistorio sureño, que continúa ya entrada la noche, el líder de los populares grancanarios ha señalado que estos últimos acontecimientos no varían la hoja de ruta marcada por su partido. “Mi proyecto sigue siendo reunir en torno al PP a los que se identifican con él y formaron parte de él”, ha señalado Suárez, que también busca socios estables en personas y grupos que se han marchado a Ciudadanos o a otros grupos independientes. “Yo no pongo veto a nadie y todos los que quieran unirse al PP tienen la puerta abierta”, ha manifestado, aunque niega que estuviera ya en marcha una negociación para la incorporación de Bueno a las listas populares de 2023.

La actual alcaldesa fue militante del Partido Popular hasta la explosión del caso Góndola, por el que también fue detenida junto al entonces alcalde popular, Paco González. El destapamiento del caso a poco tiempo de las elecciones de 2007 se saldó con la expulsión de Bueno del partido y el crecimiento de Ciuca como partido independiente bajo su liderazgo.

El registro a las oficinas municipales y la detención de la alcaldesa ha truncado la fotografía de la alcaldesa de Mogán junto a una de las líderes nacionales del PP, la expresidenta del Congreso Ana Pastor, que este jueves se ha desplazado a la isla de Gran Canaria para visitar el campamento de migrantes en el Muelle de Arguineguín. Era un día marcado para que los populares arroparan a Bueno, aliada de Coalición Canaria (CC) en las pasadas elecciones. La regidora pidió la pasada semana, con la voz temblorosa del llanto, que "políticos de mayor instancia" se acercaran al muelle para conocer la situación. A su llamada asistieron, además de Pastor, la presidenta de los populares canarios, Australia Navarro, y Poli Suárez.

Uno de los partidos en la oposición en el Ayuntamiento de Mogán, Nueva Canarias (NC), ha pedido la dimisión de todos los miembros del Gobierno municipal y ha propuesto al resto de fuerzas la formación de una alternativa. El presidente del PP grancanario opta por la cautela y pide esperar unos días antes de adoptar cualquier tipo de decisión, aunque subraya que su partido “está hecho para gobernar” y que dará “un paso al frente para asegurar la estabilidad política de cualquier ayuntamiento en el que tenga importancia”.

Hace unos días había trascendido que el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Mogán, Maicol Santana, se había asegurado un sueldo de 34.000 euros por su nombramiento como presidente de una comisión municipal en su sustitución del también detenido Mencey Navarro, concejal de Urbanismo del Consistorio sureño y mano derecha de Bueno. Se da la circunstancia de que Santana había denunciado meses antes, junto a representantes de NC, presuntas irregularidades en la contratación de la asistencia jurídica del Ayuntamiento al despacho de abogados del propio Navarro. Desde las filas nacionalistas sostienen que ese acuerdo de sustitución incluía el compromiso del portavoz del PP de retirar las acciones judiciales contra el también primer teniente de alcalde. Este periódico ha intentado en numerosas ocasiones contactar con Santana a lo largo de este jueves, sin éxito.

Tampoco ha sido posible hablar con Francisco González, exalcalde del PP en el municipio y uno de los denunciantes de la presunta compra de votos , una maniobra de la que, en caso de confirmarse, su partido habría sido uno de los grandes perjudicados. Este jueves falleció su padre, el también alcalde del municipio, Francisco González Saavedra, por COVID-19. No podrá asistir al sepelio al estar en cuarentena por la enfermedad. 

Pese al cambio de gobierno en la isla, las ayudas al sector primario en Tenerife siguen copadas por aliados de Coalición Canaria. La Cooperativa del Campo de La Candelaria se ha concedido a sí misma, a través de la Asociación Canaria de Arrastre (ACA), un contrato de emergencia de 146.000 euros, financiado por el Cabildo de Tenerife, para abastecer de forraje a los ganaderos de bovino de raza basta canaria. El sector celebra la ayuda como un alivio durante estos meses sin otros ingresos, pero algunos ganaderos, que han pedido mantenerse en el anonimato, denuncian que los precios a los que acceden con los vales de alimentos que les dio la ACA son hasta un 20% más elevados que los que suelen conseguir en el mercado.

Las ayudas buscan evitar que los ganaderos de arrastre sacrifiquen a los animales por no poder alimentarlos debido a la caída de ingresos durante estos meses de pandemia sin fiestas populares. Las subvenciones y los premios ligados a las romerías y los arrastres suponen el principal ingreso generado por el bovino autóctono, una raza en peligro de extinción que ha perdido su uso agrícola.

Tanto la cooperativa de La Candelaria como la Asociación Canaria de Arrastre están asentadas en el feudo nacionalista de La Laguna, y han sido históricos aliados de la formación del exalcalde y ex presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo. Tras la muerte en 2018 de Pedro Molina, que fue nombrado hijo predilecto de la ciudad y de la isla, el nuevo hombre fuerte del binomio ACA-La Candelaria es Alberto Santiago Cacho. Tras 25 años de gerencia de la cooperativa, compagina ahora funciones de secretario con la presidencia de ACA. Cacho también heredó de Molina la presidencia de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (AGATE), que ha conseguido del ayuntamiento lagunero una ayuda directa de 80.000 euros a repartir entre los ganaderos de raza basta del municipio, donde mantiene especial arraigo esta tradición. 

En declaraciones a este periódico, Cacho asegura que ACA eligió el presupuesto de su cooperativa para el abastecimiento de forraje porque era el más barato de los tres recibidos y dice que es “imposible” que ningún ganadero consiga un precio mejor que el ofrecido por su cooperativa, pero se niega a decir a qué otros distribuidores le pidieron ofertas. “Llevamos 30 años trabajando con la administración y sabemos cómo hay que hacer las cosas”, dice.

Según Cacho, la ayuda en especie a través de la asociación busca que el dinero vaya “directo a los animales, porque si va a los ganaderos a menudo se pierde en otras cuestiones que pueden necesitar, como un camión”.

El consejero de Agricultura del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, defiende las ayudas al ganado basto como parte de las ayudas de su departamento para “salvar las naves” y mantener la producción del sector primario insular. Dice que el Cabildo optó por dar 1,2 millones de euros en ayudas directas a través de las asociaciones (que también beneficiaron, entre otros, a los apicultores, las cofradías de pescadores y los consejos reguladores del vino) para acelerar el proceso burocrático en un momento de crisis. La corporación ha destinado otros 3,3 millones en ayudas al sector primario concedidas a través de un proceso de concurrencia. 

Sobre la adjudicación del contrato a La Candelaria, Parrilla confía en la “autogestión de las asociaciones” y que ACA tendrá que justificar la ayuda, demostrando que eligió el mejor de, al menos, los tres presupuestos solicitados. De no ser así, tendría que devolver la ayuda y enfrentarse a las consecuencias penales correspondientes, advierte.

Tanto Parrilla como Cacho se muestran satisfechos con el funcionamiento de las ayudas directas a través de asociaciones. El consejero subraya la importancia de que las ayudas lleguen a los ganaderos cuando las necesitan y espera repetirlas el año que viene. El presidente de ACA espera que así sea y dice que trabajará para que la oferta de La Candelaria sea la más barata, pero insiste en que siempre se concederá el contrato al mejor ofertante.

La supervivencia de la raza bovina canaria y de las tradiciones que la rodean depende casi exclusivamente de las subvenciones públicas. A preguntas sobre la sostenibilidad de un modelo ganadero tan dependiente de ayudas, Cacho responde que “a los hoteleros también les están pagando los ERTE”. Alega que las ayudas públicas son necesarias para que la gente pueda salir adelante y que “del arrastre también vive la gente”. Cabe recalcar que, como reconoce el líder de ACA, la inmensa mayoría de los ganaderos de arrastre lo hace por afición. “La gente también tiene derecho a divertirse”, dice.

En busca de alternativas, la Cooperativa de La Candelaria y la Corporación insular están desarrollando un proyecto de maduración para elevar el valor de la carne de la vaca basta. El sector intenta mantener la raza, pero parece haber aceptado que algunos de sus animales más preciados, estos representantes de la tradición agraria del archipiélago, van ya rumbo al matadero. 

El repunte de casos de COVID-19 en las Islas Canarias, y su consecuente declaración como destino no seguro por parte de las autoridades de los países emisores, aboca al cierre al turismo, su principal industria. Así lo ha dejado claro José María Mañaricúa, presidente de la patronal hotelera de Las Palmas (FEHT), en declaraciones a este periódico.

Alemania, el segundo país emisor de turistas a las Islas, extendió este miércoles a Canarias la recomendación de no viajar, hasta ahora vigente para todo el territorio nacional salvo las islas atlánticas, después de que el archipiélago sobrepasara la barrera de los 50 nuevos casos semanales por cada 100.000 habitantes. La pasada semana se registraron en Canarias 1.820 nuevos contagios de coronavirus, unos 84 por cada 100.000 isleños, y los contagios no muestran señas de ralentizarse.

Todos los viajeros alemanes que se desplacen a las Islas tendrán que someterse a una prueba PCR y aislarse hasta obtener un resultado negativo cuando regresen a su país de origen. La consejera de Turismo, Yaiza Castilla (ASG), dice que las medidas impuestas por el país germano no son tan dañinas para la economía canaria como las tomadas por Inglaterra hace unas semanas porque no requieren una cuarentena de dos semanas. Sin embargo, Alemania ya ha avisado de que eso probablemente cambie en octubre, justo cuando los hoteles canarios empiezan a calentar motores para la temporada de invierno.

Mañaricúa señala que el principal efecto de estas medidas será la cancelación de la mayoría de paquetes turísticos, como ya habían avisado los principales turoperadores en reuniones con Turismo. Estos paquetes representan entre el 60% y el 70% de la ocupación de muchos establecimientos en las islas, que se verán abocados al cierre. Esto se hará notar especialmente ahora que se acaba el verano y los turistas locales, que habían mantenido abiertos algunos complejos, se reincorporan a sus puestos de trabajo.

Por su parte, el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, dice que la inclusión de Canarias como zona de riesgo por parte de Alemania es un “jarro de agua fría” para la industria turística canaria y, al igual que su homólogo por la provincia de Las Palmas, pide reforzar la medidas de control para controlar la curva de contagios.

“Si no conseguimos bajar los contagios por debajo de los 50 por cada 100.000 habitantes, las restricciones por parte de los países europeos irán cayendo en cascada y no habrá temporada de invierno”, augura Mañaricúa.

La consejera Castilla confía en que Canarias pueda reconducir esta situación en las próximas cuatro semanas, para lo que considera imprescindible endurecer las medidas restrictivas y los controles para frenar el índice de contagios, así como el compromiso férreo de toda la población, “que debe tomar conciencia de que casi uno de cada dos puestos de trabajo dependen directa o indirectamente del turismo, sin contar todo el empleo inducido que genera esta actividad en Canarias”.

Un ejemplo de cómo el control de la pandemia permite que continúen abiertos los canales turísticos es la excepción concedida por parte del Gobierno belga a la isla de Tenerife en su recién anunciada recomendación de no viajar a España. Aquellos que visiten Tenerife no necesitarán someterse a pruebas PCR y cuarentena a la vuelta a Bélgica.

Más allá de las restricciones a la movilidad, la incertidumbre causada por la pandemia ha reducido drásticamente la demanda del turismo internacional. En la comisión parlamentaria sobre el sector este lunes, las patronales advirtieron que “el turismo está en la UVI y sedado con los ERTE” pero que “no puede estar sedado eternamente”.

La crisis del sector ha reavivado el debate en las Islas sobre la dependencia económica del turismo. Mañaricúa se muestra de acuerdo con el refuerzo de otros sectores productivos en el archipiélago, pero pide inversión y un empujón a la educación para llevarlo a cabo, poniendo como ejemplo la reconversión industrial en los años 90 de su País Vasco natal. “Un cambio de modelo no ocurre porque tres políticos lo digan. Eso solo funciona con verdadero esfuerzo e inversión”, concluye.

El gobierno municipal de Mogán presidido por Onalia Bueno (Ciuca) ha esgrimido argumentos higiénico-sanitarios para desahuciar de un espacio municipal a la única organización de la zona dedicada al reparto de alimentos para los más necesitados . El Banco de Alimentos de Las Palmas, que suministra parte de los alimentos distribuidos por la Asociación de Vecinos de Las Lomas de Arguineguín, ha salido al paso de estas acusaciones con una carta de su presidente, Pedro Llorca, donde asegura que sus socios cumplen todos los requisitos y han superado todas las inspecciones pertinentes.

En rueda de prensa, la alcaldesa criticó la disposición de los alimentos en el local de la Asociación, la acumulación de enseres en el patio e insinuó que podría haber ratas en las instalaciones.

El Presidente del Banco de Alimentos asegura, sin embargo, que la Asociación “fue dada de alta en octubre de 2008 cumpliendo con todos los requisitos necesarios al efecto” y que “ha superado con éxito las inspecciones que se le han realizado, tantos las internas como las acometidas por la Unidad de Control o Áreas Funcionales de Agricultura de las Delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas que, en nombre del Fondo Español de Garantía Agraria, verifican el correcto desarrollo del programa de ayuda alimentaria”.

La Asociación de Vecinos presentó la misiva durante una rueda de prensa este lunes para exponer sus alegaciones a las críticas del Ayuntamiento y el expediente de desahucio. El grupo pide que se paralice el expediente de suspensión de la cesión del inmueble. De no ser posible, solicita que se les facilite un espacio alternativo en Arguineguín, donde residen la mayoría de sus usuarios, que no tienen medios para desplazarse a recoger los alimentos. Dicen que las instalaciones del velatorio municipal, que pronto se va a trasladar a un nuevo espacio, podría ser una buena base desde donde realizar su labor. Si finalmente tuvieran que abandonar su actual local al lado de la antigua guardería municipal, ruegan que les den suficiente tiempo para terminar de repartir los alimentos que ya tienen ahí almacenados.

La carta del Banco de Alimentos se suma a los informes de la empresa de control de plagas Faycanes, que ponen entredicho las acusaciones del Gobierno municipal. Tras detectarse roedores en la guardería, Faycanes hizo una inspección de la zona y dijo que “un solar colindante donde se acumulan todo tipo de enseres - que el Ayuntamiento asume se trata del local de la asociación - puede ser un lugar de entrada de roedores”. Sin embargo, la misma empresa inspeccionó más tarde el local en cuestión, certificando que no tiene una plaga de ratas y apuntando a un tercer solar como la fuente de los problemas de la escuela infantil. 

Tras múltiples intentos, no ha sido posible acceder a los informes del Ayuntamiento relativos al desahucio de la asociación. Según varios voluntarios y la coordinadora de la formación vecinal, el trabajador municipal que se presentó en el local como inspector de sanidad es Raico Guerra, un asesor en materias urbanísticas de la alcaldesa. De acuerdo con el portal de transparencia de Mogán, Guerra no tiene más formación académica que el bachillerato y trabajaba en una tienda de animales hasta incorporarse a la política local.

La Asociación espera que el Ayuntamiento cambie su postura y le permita continuar su labor desde su local en Arguineguín. Su coordinadora, Jenni Hymoff, subraya el fuerte incremento de la demanda de asistencia en el municipio por la crisis del coronavirus y la dificultad de que la administración, con todos sus plazos y procedimientos, responda con agilidad a las necesidades urgentes de la población.

De lo contrario, la administración liderada por Onalia Bueno se convertiría en el único organismo atendiendo a las familias más necesitadas de Mogán. Según declaraciones de Tania Alonso, la concejala de área, los Servicios Sociales solo han tramitado una veintena de expedientes este año para que personas necesitadas recibieran alimentos de la Asociación, mientras estos servían a 300 familias. Sin embargo, defiende el cierre del servicio de reparto para mejorar “la eficiencia de los servicios públicos y evitar la duplicidad de las prestaciones”.

El Partido Popular busca recuperar su protagonismo en Gran Canaria, donde encadenó cinco presidencias insulares hasta la caída de José Manuel Soria, la ruptura con José Miguel Bravo de Laguna y el triunfo de Antonio Morales (NC) en 2015. Los populares quieren poner fin a la fragmentación de la derecha, empezando por atraer a su antigua concejala convertida en independiente aliada a Coalición Canaria, la todopoderosa alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. 

Así lo ha dejado claro el presidente del partido en la isla, Poli Suárez, en declaraciones a esta redacción. “Mi proyecto buscar sumar con personas y grupos que se han ido a otras fuerzas como Ciudadanos y otros independientes”, dijo. Suárez niega que haya habido ninguna negociación respecto a las listas de 2023 con Onalia Bueno, pero dice que su objetivo en Mogán es “suavizar las cosas” y hacer una “oposición colaborativa”. 

Suárez dice que, aunque las relaciones en Mogán “no han sido buenas”, el entendimiento con Ciuca no es nuevo. El líder popular señala como ejemplo la inclusión de Daniel Reyes, de Ciuca Telde, en cuarto lugar de las listas del PP al Cabildo. Anteriormente, el candidato a la presidencia del PP, Marco Aurelio Pérez, gobernó el municipio turístico de San Bartolomé de Tirajana como líder de Asociación de Vecinos, otro grupo independiente con peso también en Santa Lucía, un municipio del sureste grancanario con fuerte tradición nacionalista. 

El mejor entendimiento entre las dos formaciones se sellará el próximo lunes con el fichaje del portavoz del PP de Mogán, Maicol Santana Araña, como sustituto del concejal de Urbanismo, Juan Mencey Navarro, en la presidencia de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos. Santana, que hasta ahora no cobraba nada como portavoz del principal partido de la oposición, consigue así la dedicación al 75% a sus labores como concejal y se asegura un sueldo de 34.000 euros anuales. 

El concejal popular se convierte de esta manera en necesario colaborador de Mencey Navarro, contra quien tomó acciones legales hace menos de un año. Santana se personó, junto a la concejala de Nueva Canarias Isabel Santiago, como acusación popular en la investigación por presunta prevaricación en los contratos de asistencia jurídica del Ayuntamiento moganero por su posible trato de favor al despacho de abogados del responsable de Urbanismo. En un comunicado del partido sobre el nuevo sueldo municipal de Santana, no se menciona el conflicto legal entre el popular y la mano derecha de Onalia Bueno a quien va a servir como suplente. El concejal se ha negado a atender las preguntas por escrito y las llamadas telefónicas de este redacción, pero sus antiguos compañeros de denuncia explican que el acuerdo contempla la retirada de la denuncia del portavoz del PP contra el primer teniente de alcalde de Ciuca. 

El acercamiento con el partido de Onalia Bueno no ha sentado bien a todos los populares de Mogán. Paco González, concejal conservador y antiguo alcalde del rico municipio turístico subraya su lealtad al partido, pero niega que haya cambiado su relación con el partido de Gobierno y la alcaldesa. “Yo, personalmente, no he hecho ningún acercamiento a Ciuca”, espetó en declaraciones a esta redacción. 

González, que tuteló a la actual alcaldesa hasta la explosión del caso Góndola a poco tiempo de las elecciones de 2007, que acabó con la expulsión de Onalia Bueno del partido y el crecimiento de Ciuca como partido independiente, dice que él no tenía conocimiento de los acuerdos con Maicol Santana y que está al margen de las decisiones del partido porque no tiene ningún cargo orgánico. 

El exalcalde niega ningún contacto con su otrora fiel aliada y ahora enemiga política declarada, Onalia Bueno: “Ellos conmigo no hablan más que en los juzgados”, dice. González hace referencia a la denuncia de Onalia Bueno contra él, su partido y Maicol Santana por supuestas ofensas a su honor por pedir explicaciones en el pleno sobre una casa de protección oficial de su propiedad. González no cree que la alcaldesa haya retirado la denuncia, en la que pide una indemnización de 45.000 euros y está ya vista para sentencia. Antes de la denuncia por lo civil, la líder de Ciuca intentó, sin éxito, ir contra su antiguo partido por la vía penal. 

Jugando a dos bandas

Pese a las intenciones de acercamiento del Partido Popular, Onalia Bueno continúa labrando su estrecha relación con la Coalición Canaria de Fernando Clavijo, que llegó a hacer campaña por Ciuca en Mogán durante su etapa de presidente autonómico. Tras su ruptura con la izquierda nacionalista grancanaria que formó el partido ahora al frente de la isla, Nueva Canarias, CC ha buscado crecer en la isla a través de alianzas con antiguos líderes del PP como Bueno o Bravo de Laguna.  

La alcaldesa de Mogán ha renovado a Jesús Romero Espeja, arquitecto y exviceconsejero de Política Territorial en el anterior Gobierno de Canarias liderado por Clavijo, como asesor en la elaboración del Plan General de Ordenación y el segundo Plan de Modernización de Playa de Mogán. 

Espeja, que está imputado en un juzgado de Arona por autorizar una ampliación ilegal de un local de ocio, figura como tercer vocal de la Comisión de Evaluación Ambiental de la que Maicol Santana será presidente suplente y representa al Ayuntamiento en la comisión homóloga a nivel autonómico. 

Tras haber asesorado a Mogán durante los tres últimos meses de 2019 por un importe de 3,750 euros, el Gobierno de Onalia Bueno le ha vuelto a contratar por todo el 2020 con el mismo fin. El contrato es de 14,999.00 euros, un euro por debajo del máximo permitido para considerarlo un contrato menor y evitar un proceso de concurrencia y el pago se divide en doce mensualidades. 

Adelantándose al resto del país, el Gobierno de Canarias prohibió la semana pasada fumar en público si no se mantiene la distancia de dos metros e hizo obligatoria la mascarilla siempre. Los empresarios del sector de la hostelería buscan adaptarse una vez más a estas restricciones para seguir abiertos durante la crisis sanitaria. Su mayor obstáculo ahora son algunos clientes que se niegan a colaborar, poniéndoles en riesgo de tener un problema con la Policía.

Iván Molina, responsable de La Tasquita d’Iván, en la capital grancanaria, dice que la policía le ha advertido de que si sus clientes no se pusieran mascarilla, podría ser multado con hasta 6.000 euros, además de las multas que puedan recibir los clientes. En general dice que sus clientes colaboran cuando se lo pide, pero el problema surge cuando avanza la tarde y se mezcla la clientela, especialmente con el incremento del consumo de copas en terrazas tras el cierre de las discotecas. “Ese tipo de gente, a las siete u ocho de la tarde, en cuanto me doy la vuelta, se baja la mascarilla”, señala.

Luis Ramos, responsable del restaurante el Churrasco, también en Las Palmas de Gran Canaria, afirma que se ve obligado a insistir una y otra vez para que los clientes cumplan durante la sobremesa. “Es una guerra diaria”, se lamenta.

Los hosteleros critican la picaresca de los clientes que buscan huecos en la legislación, que “excluye la obligación del uso de la mascarilla solamente en el momento de la ingesta de alimentos o bebidas”. Algunos han llegado a citar el BOE delante de ellos, buscando un argumento para destaparse nariz y boca con solo tener un vaso delante.

En declaraciones a este periódico, el jefe de sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de Salud, Amós García, aclara que, aunque no haya que ponerse y quitarse la mascarilla con cada bocado o trago, hay que llevarla puesta durante las sobremesas o si se está charlando o viendo un partido en una terraza durante periodos más largos de tiempo.

La prohibición de fumar también ha causado enfrentamientos con los clientes. Algunos se empeñan en hacerlo, aunque la ley lo prohíba si no se mantiene una distancia de seguridad de dos metros. Si se comparte mesa con otro comensal es imposible cumplir y, además, en la mayoría de casos, las mesas en las terrazas están a solo 1,5 metros de distancia la una de la otra.

Los empresarios se ven indefensos cuando tienen que enfrentarse a sus clientes para hacer cumplir las normas y evitar que una multa les dé la puntilla a sus negocios, ya gravemente afectados por la crisis sanitaria. Molina dice que, cuando ha llamado a la policía para denunciar la falta de cooperación de un cliente, le han recomendado que contrate seguridad privada, alegando que solo puede acudir la policía un cliente se resiste a irse tras ser expulsado.

“No me puedo permitir contratar seguridad, y menos cuando tengo a parte de la plantilla en ERTE porque no me dan los números”, se lamenta Molina. Ante la falta de cooperación de los clientes y sin alternativas viables, se está viendo obligado a cerrar antes de tiempo para evitar más conflictos. “Tengo licencia para estar abierto hasta la una, pero empiezo a repartir las cuentas a las doce. No me interesa tener este tipo de clientela”, concluye.  

La decisión la semana pasada por parte de Berlín de eximir al archipiélago de la recomendación de no viajar a España dio esperanzas a un sector vital para la economía canaria tras el duro golpe de las cuarentenas impuestas por el gobierno británico a todos aquellos que volvieran de sus vacaciones en España. Sin embargo, la recuperación tendrá que ser orgánica y los hoteleros descartan que se vayan a llenar los establecimientos canarios de turistas rebotados de otros destinos del país.

Ha habido especulación los últimos días sobre la posibilidad de que los 30 000 alemanes con paquetes contratados a Baleares con TUI cambiaran sus planes de un archipiélago a otro después de que el turoperador cancelara sus paquetes en respuesta a la recomendación de Alemania de no viajar a España con la única excepción de Canarias.

Las patronales hoteleras de ambas provincias, la FEHT por Las Palmas y Ashotel por Santa Cruz, dicen que no se está viendo una recuperación significativa de las reservas a partir de la imposición de cuarentenas a los turistas alemanes que visiten otras zonas de España. De hecho, Jorge Marichal, el presidente de Ashotel, dice que hay más cancelaciones que reservas en los últimos días.

De todas formas, la llegada de estos turistas podría ayudar a la economía canaria en apuros, pero se quedarían muy cortos de recuperar la alta ocupación turística a la que están acostumbrados los hoteleros del Archipiélago. 30 000 visitantes semanales representan poco más de una décima parte de lo que suele recibir Canarias, que cerró 2019 con más de 19 millones de turistas.

José María Mañaricúa, el presidente de FEHT subraya, en declaraciones en este periódico, que la decisión de cambiar sus viajes cancelados por paquetes en Canarias dependerá de cada turista. “En invierno Canarias es el único destino próximo y con buen clima para el turista europeo, pero en verano tenemos mucha competencia en el mercado alemán, especialmente de Turquía”, dice.

Además, el cliente germano de Baleares no encaja necesariamente con la oferta de Canarias. Por un lado, los jóvenes que buscan fiesta y ocio en Ibiza es más probable que opten por otros destinos en el Mediterráneo como Croacia. Por otro lado, los alemanes adinerados con segundas viviendas en Baleares pueden seguir yendo ahí a condición de que se aíslen o se sometan a una prueba PCR cuando vuelvan a su país.

Según Mañaricúa, la clientela fiel a Canarias son las personas mayores de 60 a 80 años. “¿Viajarán este invierno sabiendo que hay un virus circulando por le mundo? Eso no lo podemos saber”, dice. Sin embargo, celebra la decisión de Alemania de hacer una excepción con el Archipiélago como muestra de que es un destino seguro: “Canarias tiene los mejores datos epidemiológicos y el mejor clima de Europa. De eso no hay duda”.

La reciente subida de casos en las Islas podría echar por tierra esta oportunidad. En los últimos siete días se han registrado 904 nuevos casos en las Islas, lo equivalente a 42 por cada 100 000 habitantes. Si los datos epidemiológicos siguen empeorando en los próximos días y se sobrepasan los 50 nuevos positivos por cada 100 000 en una semana, esto podría privar al Archipiélago de su designación como destino seguro a ojos de Alemania, que requeriría cuarentenas o pruebas a los turistas a la vuelta, asestando otro duro golpe al motor económico de las Canarias.

Los 28 migrantes que pasaban la cuarentena en el Aula de Naturaleza Virgen del Pino de Tunte (San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria) han abandonado el centro este miércoles tras haber pasado dos semanas en cuarentena. Según declaraciones a este periódico de Antonio Rico, presidente de la Cruz Roja en Canarias, los migrantes serán distribuidos por distintos centros de la isla.

La llegada de estas 28 personas al pueblo del interior del principal municipio turístico de Gran Canaria generó gran polémica a principios de agosto. Los vecinos levantaron barricadas para intentar detener el paso de la guagua que los transportaba y la Policía Nacional tuvo que intervenir para dispersar las protestas, que se saldaron con una detención.

Rico y la Delegación del Gobierno aseguran que el traslado se trata de un proceso rutinario para la optimización de los recursos de acogida disponibles. El presidente regional de la Cruz Roja explica que, una vez han pasado las dos semanas de cuaretena para asegurar que no hay riesgo sanitario, los migrantes son distribuidos por 24 centros en los que se alojan unas 1.200 personas.

Entre otras cuestiones, cuando llegó este grupo al pueblo, los vecinos de Tunte criticaron el movimiento entre centros de los migrantes por cómo afectaba eso a su integración en la comunidad. Decían que lejos de cualquier rechazo racista o xenófobo, ellos habían acogido a los anteriores usuarios del Aula de la Naturaleza y temían tener que volver a empezar de cero el proceso de integración con un nuevo grupo de migrantes.

Sin embargo, el principal argumento para las barricadas era el miedo a que la llegada de los migrantes produjera un brote de COVID-19 en el pueblo, aunque ninguno de los 28 que finalmente se trasladaron al pueblo hubiesen dado positivo en las pruebas PCR. Estos migrantes formaban parte de un grupo de 71 que pasaron tres noches en el muelle de Arguineguín y entre los que se detectaron doce positivos de coronavirus, que fueron aislados en otras instalaciones. Aunque ha habido decenas de casos importados de coronavirus a través de los extranjeros llegados a Canarias por mar, no se ha registrado ningún contagio en Canarias a partir de una persona migrante.

Tras las barricadas, el Gobierno de San Bartolomé de Tirajana defendió que la respuesta de la población no fue racista y criticó a la Delegación del Gobierno por falta de comunicación y coordinación con las instituciones locales durante este proceso de traslado.

El Instituto alemán de salud pública Robert Koch (RKI) declara a un territorio zona de riesgo si se detectan más de 50 positivos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en una semana. Al contrario del resto de España, Canarias se considera por ahora un destino seguro, lo cual ha dado un halo de optimismo al sector turístico de las Islas, pero el reciente repunte de casos le acerca a los límites establecidos por el país germano.

En la última semana se han registrado en Canarias 633 nuevos casos de COVID-19, pasando de 3.148 casos totales el 11 de agosto a 3.781 este martes 18. Si se divide el número de casos por la población isleña de 2.153 millones, Canarias registra 29,4 casos por cada 100.000 personas. Esto es una subida sustancial respecto a la semana anterior, cuando el Archipiélago registró 424 casos, equivalentes a 19,7 casos por cada 100.000 habitantes.

Si se detectaran más de 1.070 casos en una semana, las Islas sobrepasarían los límites tolerados por Alemania, su segundo mercado turístico después del británico, y se convertiría automáticamente en un destino de riesgo a ojos del RKI. El instituto solo considera valores cualitativos sobre el control de la epidemia en una segunda fase evaluación en caso de que una región con buenos datos epidemiológicos pudiera ser considerada de riesgo debido a sus carencias a la hora de evaluar o controlar el virus.

La decisión la semana pasada por parte de Berlín de eximir al archipiélago de la recomendación de no viajar a España dio esperanzas a un sector vital para la economía canaria tras el duro golpe de las cuarentenas impuestas por el gobierno británico a todos aquellos que volvieran de sus vacaciones en España. Los hoteleros esperan poder alojar a los turistas cuyos viajes a Baleares hayan sido cancelados y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, cree que esta noticia podría convencer a Downing Street de hacer también una excepción con el Archipiélago.

Tras declararse un importante brote en tres salas de baile de la capital grancanaria, las islas han registrado un repunte de casos, pero el crecimiento no ha sido exponencial. Después de un pico de 129 casos el jueves 13, los casos han bajado a 79, 49 y 50 los últimos tres días. Sanidad confía en que, con el refuerzo de las medidas de seguridad y la colaboración ciudadana, se puedan controlar los brotes y se estabilice la situación, pero subraya que las próximas dos semanas serán críticas para controlar el virus.

El repunte de casos de coronavirus en Las Palmas de Gran Canaria durante la última semana ha hecho sonar las alarmas. La web de la Consejería de Sanidad indica que, según la residencia del paciente, la ciudad concentra la mitad de los casos activos en las Islas, alcanzando los 503 este lunes tras sumar dieciséis nuevos positivos en las últimas 24 horas. Por ahora, el Ejecutivo regional descarta que haya transmisión comunitaria y dice que, aunque hay muchos casos, están bajo control. Sin embargo, alerta de que la expansión del virus se puede descontrolar si aquellos que han tenido contacto estrecho con personas contagiadas no respetan las cuarentenas y colaboran con las labores de detección, arriesgándose a ser vectores de transmisión que faciliten una expansión descontrolada del virus por la ciudad.

Un alto porcentaje de los casos en Las Palmas de Gran Canaria son menores de 30 años relacionados a los brotes en entornos de ocio nocturno. La mayoría no tiene síntomas y los rastreadores han conseguido detectar muchos positivos y contactos estrechos a partir de cada caso. Sin embargo, si los posibles infectados no cumplen las medidas sanitarias, la ciudad puede pasar de una fase con muchos casos controlados a una fase de contagio comunitario en la que el que el rastreo del virus se hace imposible y el coronavirus podría alcanzar a personas más vulnerables.

Sanidad dice que ahora se están viendo las consecuencias de los abusos de hace dos semanas. La expansión del virus en la ciudad ya ha causado un aumento de las hospitalizaciones y tres ingresos en UCI después de un mes y medios sin pacientes de COVID-19 en los centros de la capital. Si los brotes se mantienen controlados, puede que la situación no se agrave, pero si continúan las prácticas de riesgo con un número tan elevado de infectados en la ciudad, el virus podría crecer exponencialmente.

Sanidad dice que algunas personas con contacto estrecho con el virus han faltado a sus citas para las pruebas PCR y, en otros casos, aunque se han sometido a las pruebas, la arena en sus sandalias mostraba que que no se habían aislado en casa como debían, arriesgando la seguridad de los demás ciudadanos.

Fuentes de la Consejería subrayan que aunque un contacto estrecho dé negativo en una prueba PCR, es muy importante que respete las dos semanas de cuarentena, puesto que hay un periodo de ventana durante el cual podría desarrollar la infección y hacer de vector de transmisión del virus.

Además de ser un delito contra la salud pública, la Consejería denuncia este tipo de comportamiento como una grave irresponsabilidad que puede costar vidas y abocar a la ciudad a un nuevo encierro con graves consecuencias económicas.

El Ejecutivo confía en detener la expansión del virus, pero dice que está en las manos de cada uno de los ciudadanos. Los contactos estrechos tienen una especial responsabilidad, pero Sanidad subraya también la importancia de que toda la población mantenga la distancia de seguridad, cumpla con las normas de higiene y haga un uso correcto de la mascarilla. Hay mucho en juego en los próximos quince días.

Nada más poner un pie en tierras canarias, los migrantesllegados en patera se topan con la Policía. Su relación con la ley y las fuerzas del orden determinan desde entonces el futuro de su proyecto migratorio a Europa, pero a menudo carecen de los recursos jurídicos necesarios para defenderse.

La Ley otorga a los extranjeros sin recursos el derecho a la asistencia jurídica gratuita para cualquier proceso en el que se puedan ver involucrados, haciendo especial referencia a la expulsión, la denegación de entrada y la protección internacional. Sin embargo, muchas de las personas llegadas a Canarias en patera se encuentran perdidas en un sistema judicial totalmente ajeno. A menudo no entienden su situación legal ni los documentos que le han sido facilitados por la Policía.  

El Defensor del Pueblo ha reprendido esta semana a las instituciones por el incumplimiento de estos derechos de los migrantes. “La asistencia letrada que, a través del turno de oficio, reciben los extranjeros que llegan a nuestras costas debe garantizar que se recibe un asesoramiento individualizado, con presencia de intérprete y que la persona comprende los derechos que le asisten”, dice. 

Sin una intervención efectiva de los abogados de oficio, la asistencia que reciben miles de migrantes se reduce generalmente a las charlas grupales ofrecidas en los centros de acogida por los tres abogados del servicio jurídico de la Cruz Roja en Canarias. Estas charlas deberían ser sustituidas por asesoramiento más personalizado cuando los migrantes pasan de centros de acogida integrales, pero la saturación del sistema con la reactivación de la ruta a Canarias y el parón del estado de alarma ha alargado a veces hasta cerca de un año su estancia en un sistema diseñado solo para los primeros quince días desde su llegada a Europa. 

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) subrayan que la creación de un un Servicio de Orientación Jurídica a Extranjeros (SOJE) “es una reclamación histórica por parte de las entidades sociales”.

Tras múltiples intentos, ha sido imposible recabar las versiones de los Colegios de Abogados de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Por su parte, la Delegación del Gobierno se limita a decir que “el derecho de asilo está garantizado, que toda persona puede pedir asilo y su expediente es tramitado individualmente y resuelto conforme a la Ley”.

El flujo migratorio hacia Canarias es mixto. Algunas personas llegan huyendo de la guerra y la persecución política - como es el caso actualmente de los llegados de Malí - mientras que la mayoría viene buscando oportunidades económicas para salir de la pobreza. 

Aquellos que huyen de la violencia pueden pedir protección internacional para permanecer en España. Una vez formalizada su petición de asilo, tres abogados del equipo jurídico de CEAR en las Islas les guían para completar el procedimiento. Sin embargo, el sistema está saturado actualmente y muchos solicitantes de asilo tendrán que esperar hasta verano de 2021 para poder entregar su documentación.

La resolución del expediente suele tardar más de un año y actualmente la Oficina de Asilo tiene más de 100.000 solicitudes atrasadas, principalmente de Venezuela y Colombia. El Ministerio del Interior ha prometido poner los medios necesarios para acelerar las resoluciones.

Los migrantes económicos tienen muy pocas posibilidades de regularizar su situación en España. Prácticamente su única opción es pedir un permiso de residencia por arraigo si tienen un contrato laboral de un año y han pasado ya tres años en el país. 

Algunos, desesperados al ver su proyecto migratorio estancado a las puertas de Europa, presentan solicitudes de asilo sin méritos como última opción o con la esperanza de que les permita viajar para reunirse con sus familias en el continente. 

Sea de la persecución o del hambre, todos los que arriesgan la vida para llegar a Canarias vienen huyendo de la miseria. El debate sobre las diferencias prácticas y morales entre ellas sigue abierto, pero el sistema legal discrimina entre las motivaciones políticas y las económicas. Lo que sí debería ser universal, al ser España un estado de derecho, es el acceso a una asistencia jurídica apropiada, pero actualmente esto no es más que papel mojado.

La pandemia ha multiplicado las familias en necesidad de asistencia social en todo el país, golpeando con especial fuerza a las zonas turísticas como el sur de Gran Canaria. Sin embargo, eso no parece frenar al Ayuntamiento de Mogán, que está decidido a echar del local que le había cedido a la única organización del municipio que reparte alimentos y otros productos básicos a los más necesitados, abocándola al cierre.

La decisión del gobierno de Onalia Bueno amenaza con poner fin al proyecto benéfico de la Asociación de Vecinos de las Lomas del Barranco de Arguineguín, que durante doce años ha asistido a familias en apuros – cerca de 300 ahora mismo - en colaboración con el Banco de Alimentos y la Unión Europea. Para justificar su decisión, el Ayuntamiento esgrime una batería de argumentos, desde falta de colaboración a problemas eléctricos o de plagas, que la asociación niega uno por uno.

En la rueda de prensa explicando la expulsión, la concejala de Servicios Sociales, Tania Alonso, dijo que el principal motivo para el cierre es “defender la eficiencia de los servicios públicos y evitar la duplicidad de las prestaciones”, alegando que “hay gente que aprovecha la situación actual para beneficiarse del sistema público de protección social”. Jenni Hymoff, la presidenta de la asociación, subraya que, como recoge el convenio de cesión del local, la organización es independiente del Ayuntamiento y todos los alimentos que reparten provienen de donaciones privadas y proyectos nacionales y europeos de ayuda, no del consistorio local. 

Según la concejala, el Ayuntamiento intentó firmar un nuevo convenio con la asociación que requeriría que esta última compartiera los datos de todas las familias a la que sirven para evitar abusos de los servicios. Hymoff niega que se haya celebrado ninguna reunión para discutir un nuevo convenio. Además, señala que esto podría crear un conflicto de protección de datos y, de todas formas, siempre que llega una nueva familia pidiendo ayuda, la asociación la remite a Servicios Sociales y le ofrece lo que necesite mientras se tramita su ayuda municipal. 

“La gente tiene que comer y no puede esperar semanas a que la administración arregle toda la documentación”, dice la líder vecinal. Sin embargo, el Gobierno de Ciuca señala como prueba de mala gestión y falta de cooperación que la asociación sirva a 300 familias cuando Servicios Sociales, según dice la concejala, solo ha emitido dieciséis informes este año para remitir familias a la ONG. 

Alonso asegura que Mogán es “un municipio con recursos” y que, aunque cierre la asociación vecinal, sus usuarios no van a quedar desamparados. En la rueda de prensa, la edil aplaudió el trabajo de su equipo en este momento de crisis, aunque durante el confinamiento le negase a la asociación el apoyo logístico que solía ofrecerle, obligando al Ejército a intervenir para que no se detuviera el reparto de alimentos.

“A mí me encantaría que nuestro trabajo no hiciera falta para dedicarme a algo más relajante, pero si estuviera todo el mundo bien servido, no llegarían tantas familias hambrientas a nuestras puertas”, dice la presidenta de la organización vecinal.

El Gobierno municipal también ha alegado falta de higiene para justificar su decisión. Tras detectarse roedores en la guardería, la empresa de control de plagas Faycanes hizo una inspección de la zona y dijo que “un solar colindante donde se acumulan todo tipo de enseres - que el Ayuntamiento asume se trata del local de la asociación - puede ser un lugar de entrada de roedores”. Sin embargo, la misma empresa inspeccionó más tarde el local en cuestión, certificando que no tiene una plaga de ratas y apuntando a un tercer solar como la fuente de los problemas de la escuela infantil. Además, la asociación cuenta con el visto bueno del Ministerio de Agricultura, responsable del programa nacional de reparto de alimentos, tras una inspección del local en diciembre.

El consistorio moganero también criticó la acumulación de cajas y palets en el patio de la asociación, diciendo que podría causar un peligro de incendio. Hymoff responde que se trata de instrumentos esenciales para su labor y que el problema radica en la falta de comprensión por parte del Ayuntamiento del servicio que llevan a cabo. La presidenta vecinal denuncia que desde la administración le han denegado cualquier petición de reunirse para atajar las necesidades del proyecto. 

En su intervención en rueda de prensa, la alcaldesa Onalia Bueno criticó también el estado de la instalación eléctrica en el local cedido y el número de electrodomésticos empleados para mantener los alimentos en frío. Hymoff alega que fue el Ayuntamiento quien hizo la instalación y que, pese a sus peticiones, el Gobierno no le ha permitido hacer obras para mejorar las condiciones del edificio. 

Tras múltiples intentos, no se ha podido acceder a los informes técnicos del Ayuntamiento relativos al desahucio de la asociación. 

El local en cuestión es la antigua vivienda del maestro colindante a la guardería municipal, que, tras la construcción de una nueva escuela, se espera que deje de estar en funcionamiento cuando empiece el curso en septiembre. En declaraciones a este periódico, la concejala de Servicios Sociales dijo que el Ayuntamiento espera demoler todas las estructuras en esta manzana y se barajan “varias opciones” para el uso de estos terrenos públicos en el centro del pueblo de Arguineguín en segunda línea de playa. 

Si finalmente el Ayuntamiento extingue la cesión del local a la asociación de vecinos, esta se ve abocada al cierre, puesto que no dispone de fondos para cubrir un alquiler. Servicios Sociales dice que no puede cederle una alternativa porque no tiene espacios disponibles. La organización ha pedido permanecer en su local actual hasta que se habilite el nuevo tanatorio municipal y pueda mudarse a las instalaciones del antiguo.

Las familias beneficiarias del proyecto social han presentado múltiples escritos en el Ayuntamiento pidiendo que se frene su expulsión y los voluntarios han creado una campaña de recogida de firmas en Change.org que ya tiene más de 1.100 apoyos. 

El Gobierno local ha dado diez días para presentar alegaciones contra su decisión y un mes para evacuar el edificio. Por su parte, la presidenta de la asociación dice que continuarán con su labor. “Esta semana nos llegan 10.000 kilos de alimentos y tenemos que hacérselos llegar a la gente”, dice. 

Tenercán Logística S.L., la empresa de distribución comercial de gas licuado de CEPSA en Canarias, quiere construir un almacén para 5.000 bombonas sobre suelo rústico de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), cerca del camping de Pasito Blanco. Sus principales clientes serían la hostelería y los residentes de la zona. La Ley del Suelo no prohíbe este tipo de instalaciones en suelo rústico, pero el proyecto necesita ser declarado de interés público para poder seguir adelante en este emplazamiento.

El almacén de butano y propano embotellado serviría de centro logístico, guardando las bombonas llenas para su reparto a domicilio y a estaciones de servicio. También se recogerían aquí las botellas vacías para luego enviarlas a una central externa para su rellenado y reutilización. El proyecto se limita al almacenaje y no habría ningún trasvase o transformación del combustible en las instalaciones.

La empresa planea almacenar 2.500 botellas de 11 kilos de propano y otras 750 de 35 kilos para grandes cocinas en negocios de hostelería o viviendas con múltiples aparatos que consuman gas licuado. Además, se guardarían en estas instalaciones 1.750 bombonas de butano de 12.5 kilos para uso primordialmente residencial. Sin embargo, cabe apuntar que la empresa espera que en torno a un tercio de las botellas en el almacén estén vacías en cada momento y que el tipo de bombona almacenada disponible fluctúe dependiendo de la demanda.

El responsable de logística de Tenercán, Daniel Pérez, subraya en declaraciones a este periódico que el aprovisionamiento de gas se trata de un “servicio de primera necesidad” y el objetivo del almacén es “mejorar la eficiencia y el servicio al cliente”, facilitando la distribución en el sur de la isla que hasta ahora depende de unas instalaciones en Telde.

Pérez dice que el almacén es seguro y que “el riesgo es mínimo”. El responsable dice no hay peligro de que una botella explote mientras está en el almacén y que, por normativa, las bombonas se almacenan al aire libre para prevenir una acumulación de gas en caso de pérdida.

Tras comprobar que el proyecto es compatible con el Plan de Ordenación, el Cabildo insular ha sacado a información pública la declaración de interés público. Desde la corporación, señalan que esta declaración no tiene por qué otorgarse aunque sea compatible con la ley y depende de una decisión discrecional del Consejo de Gobierno. La decisión solo se podrá tomar una vez se haya completado el proceso de información pública y se haya oído a las diferentes partes, dicen.

Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el concejal de Urbanismo y Asuntos Medioambientales Alejandro Marichal (CC) ha dicho, en declaraciones a este periódico, que el papel del consistorio local se limita a facilitar la tramitación del proyecto y que políticamente él no está “ni a favor ni en contra de la declaración de interés público”.

Como alternativa a su actual emplazamiento en suelo rústico de Pasito Blanco, el almacén de bombonas se podría construir en la zona industrial de El Tablero. Sin embargo, Marichal señala que el espacio disponible en esta zona es más reducido y, si preocupa el posible riesgo de las bombonas, la densidad de población es mayor en El Tablero.

CEPSA ha rechazado hacer comentarios sobre el proyecto al no tratarse de unas instalaciones propias, sino de la empresa distribuidora. 

La capital grancanaria se ha convertido en los últimos días en el mayor foco de coronavirus en las Islas. Tras un rápido aumento de los casos en la última semana, 162 de los 421 casos activos en el Archipiélago provienen de la ciudad, en su mayoría relacionados con fiestas o reuniones familiares.

En la última semana, Sanidad ha registrado diecisiete nuevos casos diarios de media entre la población capitalina, con mayor representación del grupo de edad entre los 30 y los 39 años. El día con más casos fue el 7 de agosto, cuando se registraron 37 nuevos casos en la ciudad.

Sanidad asegura que los brotes están controlados y el rastreo está funcionando para detectar otros positivos a partir de cada caso matriz. Según la Consejería, los hospitales están preparados y no se están viendo afectados por el repunte de casos, con solo 25 pacientes hospitalizados en todo el Archipiélago.

Señala también que la afección en la ciudad aún es muy pequeña si se compara con otras zonas del país, pero hay que vigilar el crecimiento en los últimos días y hacer énfasis en el cumplimiento de las medidas establecidas para controlar la expansión del virus, con especial cuidado en reuniones familiares y fiestas.