La vuelta a las aulas en la Región de Murcia se acerca con temperaturas que siguen superando los 30 grados en algunos centros educativos y con un requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ha reclamado a la Consejería de Educación información sobre el estrés térmico en 23 centros además de que subsane las condiciones denunciadas en uno de ellos.

El organismo ha emitido un requerimiento a Educación después de que UGT pusiera en su conocimiento la situación del CEIP Santa María de Gracia de Murcia, donde las deficiencias de una instalación eléctrica antigua impiden utilizar con normalidad los equipos de climatización, según ha denunciado el sindicato. La Inspección ha instado a la Consejería a actuar y a cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Real Decreto 486/1997.

El caso llega a las puertas del nuevo curso: los docentes se incorporarán a los centros el 1 de septiembre y los alumnos comenzarán las clases el día 8.

UGT considera especialmente significativo que la normativa invocada por la Inspección lleve vigente casi tres décadas. “Hemos tenido tiempo de adaptar los centros educativos y el calor cada vez es más sofocante”, señala la responsable de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, Toñi Del Vas, que reclama un plan integral para abordar la situación.

La normativa establece, para los locales donde se desarrollan trabajos sedentarios propios de oficinas o similares, que la temperatura no debe superar los 27 grados. Sin embargo, los registros realizados en centros educativos murcianos muestran que las aulas pueden encontrarse varios grados por encima de ese umbral. “Estamos superando con holgura los 31 grados, ahora llega la vuelta a las clases y seguimos con un estrés térmico que sufren alumnado y personal docente”, denuncia Del Vas.

Termómetros que registran la temperatura cada hora

La situación ha sido monitorizada durante los últimos meses por Sterm, el sindicato de estudiantes y la FAPA Juan González a través del denominado grupo de calor. Las organizaciones instalaron termómetros digitales en una treintena de centros educativos.

“Son termómetros que miden la temperatura cada hora y tienen cierta consistencia”, explica Andrés Martínez, portavoz de Sterm. Según los datos recogidos por el colectivo, este miércoles se registraban alrededor de 30 grados en varios centros, mientras que la situación se repite en buena parte de los colegios e institutos monitorizados.

Los registros más elevados de este miércoles se produjeron en el IES Carthago Spartaria de La Palma, en Cartagena, con 32,7 grados, seguido del CEIP Virgen de la Fuensanta de La Alberca, con 32,6, y del IES Marqués de los Vélez de El Palmar, con 32,5.

El grupo de calor decidió además trasladar la situación a la Inspección de Trabajo. La denuncia se presentó de forma conjunta con UGT y CCOO, relata Andrés Martínez, con el objetivo de que el organismo analizara las condiciones de estrés térmico existentes en los centros señalados.

Para Sterm, el problema no se limita a las temperaturas puntualmente alcanzadas durante una ola de calor, sino a la falta de una estrategia permanente para adaptar los edificios educativos.

Una ley para obligar a climatizar los colegios

La respuesta que plantean las organizaciones no pasa únicamente por instalar aparatos de aire acondicionado en los centros donde se registran temperaturas más elevadas. El pasado mes de julio quedó registrada en la Asamblea Regional una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para promover una ley que establezca un plan de infraestructuras y climatización de los centros educativos murcianos.

La iniciativa se encuentra ahora pendiente de que la Mesa de la Asamblea se reúna en septiembre y determine si admite la propuesta a trámite. En caso de que prospere, sus impulsores podrán comenzar la recogida de firmas necesaria para llevar adelante la iniciativa.

El objetivo es que la futura norma obligue a realizar una auditoría del estado de las infraestructuras educativas, determine las necesidades de cada centro y establezca un calendario de actuaciones urgentes y periódicas.

89 millones para climatizar las aulas

La Comunidad Autónoma anunció el pasado junio el Plan ClimaTIZA, con una inversión prevista de 89 millones de euros, con el objetivo de climatizar todas las aulas de la Región antes de 2030; y durante este verano, la Consejería de Educación ha ejecutado obras en 38 centros educativos, algunas de ellas destinadas a mejorar el confort térmico, además de actuaciones en cubiertas, instalaciones solares y ampliaciones, señalan desde este departamento.

Para UGT, estas intervenciones resultan “insuficientes” ante las necesidades de la red educativa regional. El sindicato reclama conocer qué actuaciones concretas se han realizado durante el verano y qué partidas presupuestarias se han destinado a combatir el calor. “Sin presupuestos da igual que López Miras diga que hay un Plan ClimaTIZA sin partidas presupuestarias concretas”, afirma Del Vas.

A los 86 años de edad, ha fallecido el catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Murcia (UMU) y exalcalde socialista del Ayuntamiento de Murcia entre 1983 y 1987, Antonio Bódalo. “Murcia despide con profundo pesar a quien fue referente de nuestro municipalismo”, ha recordado la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, quien ha dicho de Bódalo que puso “su vida al servicio público y siguió sirviendo a su Ayuntamiento hasta el final”.

El Consistorio, además, ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento del exalcalde. “Las banderas oficiales ya ondean a media asta en señal de respeto y duelo”, ha escrito Rebeca Pérez en su cuenta de X.

Nacido en Nerpio en 1940 cuando esta localidad albaceteña todavía integraba la provincia de Murcia, se licenció en Ciencias Químicas en 1963 y veinte años después aterrizó como primer edil en el Ayuntamiento de la capital. Miembro del Partido Socialista de la Región de Murcia, Bódalo fue el segundo alcalde de la ciudad tras la restauración de la democracia, sustituyendo a José María Aroca RuizFunes. Aunque consiguió el bastón de mando con mayoría absoluta, solo se mantuvo un mandato al frente de la alcaldía, que pasaría después al también socialista José Méndez.

“Nos ha dejado un excelente compañero y uno de los mejores alcaldes que ha tenido Murcia”, ha escrito sobre Bódalo el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá.

Antes de desembarcar en la Glorieta, ejerció como director general de Universidades de la Región de Murcia (1982-83). Y tras su paso por el Ayuntamiento asumió la Consejería de Administración Pública (1991-93) en el Gobierno regional, presidido por el socialista Carlos Collado.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas Ayala, también ha tenido unas palabras para Bódalo en su cuenta de X, a quien ha calificado como “una figura clave en la transformación del municipio de Murcia”.

Bódalo, además, fue vicerrector de Investigación (1990-91), director del Departamento de Ingeniería Química (2005-2010), vicedecano del Consejo General de Colegios de Químicos de España (2003-2012), presidente la Asociación de Químicos de Murcia y decano del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Murcia (1995-2019). Y tras su jubilación, profesor emérito de Químicas.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha exigido este lunes a Pedro Sánchez más medios policiales para hacer frente a las mafias que se mueven “sin control” en las costas murcianas. Lo ha hecho a través de una carta que se ha materializado tras la llegada en los últimos seis días de 112 migrantes a bordo de embarcaciones clandestinas a la Cala del Barco y Punta Negra, en Cartagena.

En su misiva, López Miras ha mostrado además su preocupación ante la posibilidad de que la “invasión” de Ceuta este verano provoque que los migrantes que no lograron pasar a la ciudad autónoma sigan buscando vías irregulares para llegar a España.

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia ha considerado el discurso del presidente murciano “irresponsable” y “oportunista”. Y ha lamentado que se vincule la situación de Ceuta “con la llegada de más inmigrantes a nuestras costas”. Según Francisco Lucas, “son dos fenómenos completamente distintos”.

“Lamentablemente, el presidente regional ha decidido utilizar la inmigración para generar alarma social, asustar a la población y tapar su incapacidad para gestionar la Región de Murcia; López Miras vuelve a demostrar su deslealtad institucional y oportunismo, copiando lo que ha hecho Moreno Bonilla en Andalucía y enviando una carta al presidente del Gobierno vinculando estos dos fenómenos y describiendo una situación que no es real en la Región de Murcia”, ha manifestado el delegado.

“Entiendo la preocupación de los ciudadanos, pero al mismo tiempo les garantizo que todos los organismos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la Región de Murcia luchan incansablemente y con buenos resultados contra las mafias, como demuestra el desmantelamiento en agosto de una de las mayores organizaciones dedicadas al tráfico de personas en el Mediterráneo”, ha añadido.

Lucas ha comunicado que el Ministerio del Interior ha asignado una nueva embarcación que ya está en Cartagena y que servirá para reforzar los medios del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico y las mafias.

“Total impunidad”

En su carta a Pedro Sánchez, el presidente regional ha denunciado que en el plazo “de apenas cuatro días”, se ha registrado la llegada de lanchas rápidas que trafican con inmigrantes “con total impunidad y a plena luz del día, sin que hayan sido interceptadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Sin embargo, en un comunicado de prensa, el delegado del Gobierno ha recordado que todas las personas que han desembarcado en la Región de Murcia en los últimos días han sido localizadas por la Guardia Civil, atendidas por Cruz Roja y que se han iniciado los correspondientes procedimientos de expulsión.

En palabras de López Miras, “lo ocurrido en las playas de Cartagena estos días de agosto, pone de manifiesto la imprevisión de un Ministerio del Interior sin respuesta a las reiteradas demandas de reforzar los efectivos de la Guardia Civil en nuestra comunidad autónoma”. Y ha urgido a incrementar los medios tecnológicos de vigilancia, “como sensores, radares o drones, que permitan controlar y prevenir incidentes de esta naturaleza”.

El hombre detenido por el asesinato de su expareja en el centro comercial Carrefour Infante, en Murcia, ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. La jueza de la plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lorca, con competencias en violencia sobre la mujer, acordó este sábado la medida, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU).

El detenido está siendo investigado por un delito de asesinato, con la agravante de parentesco, y otro delito continuado de quebrantamiento de condena. Durante su declaración ante la magistrada reconoció su participación en los hechos, según consta en la resolución judicial.

La jueza considera que existen “indicios consistentes que permiten atribuir al investigado la autoría” del crimen y justifica el ingreso en prisión por la gravedad de los delitos y por el riesgo de fuga, además de la necesidad de evitar que pueda volver a atentar contra bienes jurídicos protegidos. Según la magistrada, no existe otra medida cautelar que permita alcanzar esos objetivos sin comprometer gravemente el desarrollo de la causa.

El caso tiene además un antecedente judicial. El hombre había sido condenado en abril de este año por malos tratos sobre la misma mujer. La sentencia, dictada el 15 de abril por la magistrada de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Murcia, le prohibía acercarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio, su lugar de trabajo o cualquier otro sitio en el que se encontrara, y también comunicarse con ella por cualquier medio durante 16 meses.

La condena, dictada por conformidad, incluía además 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y el pago de una indemnización de 310 euros. La pareja tenía una hija en común, de cinco años, cuya coustodia ha recaído en su abuela.

El crimen se produjo este miércoles en uno de los establecimientos del Carrefour Infante. La mujer, de 44 años, fue localizada sin vida en la zona de almacén de una zapatería del centro comercial, donde trabajaba el hombre investigado. Según fuentes vinculadas a la investigación, el presunto agresor la habría atacado con un arma blanca antes de abandonar el establecimiento.

Un compañero del negocio encontró el cuerpo después de que el hombre cerrara el establecimiento y se marchara del centro comercial. El 112 recibió el aviso alrededor de las 17.25 horas y los servicios sanitarios desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer.

El sospechoso fue detenido durante la madrugada, alrededor de las 00.15 horas, en Puerto Lumbreras, cuando, según informó la Delegación del Gobierno, se disponía a desplazarse hacia Granada. La investigación ha corrido a cargo del Grupo de Homicidios y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), con la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Científica.

El procedimiento continuará en Murcia

El detenido fue puesto este sábado a disposición judicial en Lorca, al tratarse del partido judicial en el que fue arrestado. Una vez resuelta su situación personal, la investigación continuará en Murcia.

La magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia, que había practicado el levantamiento del cadáver y abierto inicialmente diligencias por homicidio y quebrantamiento de condena, se inhibió a favor de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Murcia, competente para continuar la instrucción al haber ocurrido allí los hechos.

La jueza de Lorca ha acordado ahora inhibirse también a favor del Tribunal de Instancia de Murcia, por ser este el partido judicial en el que se produjo el crimen.

Las ostras planas que se cultivan de forma experimental en el Mar Menor han superado una de las pruebas más exigentes desde que comenzó el proyecto: su primer verano con elevadas temperaturas. Con el agua de la laguna alcanzando los 32 grados, los primeros resultados del seguimiento científico muestran una mortalidad muy baja, prácticamente similar a la registrada en otros periodos del año

Técnicos de la Asociación Naturalista del Sureste (ANSE) e investigadores del Centro Oceanográfico de Murcia del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) han realizado estos días un nuevo muestreo del piloto de cultivo en columna de ostra plana (Ostrea edulis) dentro del proyecto RemediOS-3, una actuación que busca evaluar tanto la capacidad de adaptación de la especie al cambio climático como su potencial para mejorar la calidad del agua.

“Estamos poniendo a prueba la resistencia de las ostras a las altas temperaturas del Mar Menor”, explica a elDiario.es Región de Murcia Marina Albentosa, investigadora del IEO-CSIC. La científica recuerda que en un proyecto anterior, desarrollado en 2023 en las Salinas de San Pedro, se alcanzaron temperaturas de hasta 34 grados y se observó una mortalidad preocupante durante los meses de junio y julio. “Ahora queríamos comprobar qué ocurría en los dos sistemas piloto que tenemos en el Mar Menor, tanto en el arrecife como en el cultivo en columna”.

Aunque el verano todavía no ha finalizado y el equipo continuará analizando la evolución de los ejemplares durante los próximos meses, los resultados iniciales son positivos. “Estamos satisfechos porque la mortalidad es muy pequeña, prácticamente como la de cualquier otro mes del año”, señala Albentosa, que destaca que estos datos aportan información clave sobre la capacidad de la especie para afrontar episodios de calor extremo.

Resiliencia térmica y estrategia frente al cambio climático

El seguimiento forma parte de un experimento de resiliencia térmica con el que los investigadores pretenden conocer qué ejemplares presentan una mayor capacidad de adaptación. Para ello, analizarán biomarcadores relacionados con la respuesta al estrés térmico y estudiarán las diferencias entre los distintos lotes de ostras. “Si identificamos el lote mejor dotado para resistir las altas temperaturas, podremos utilizarlo para su reproducción y desarrollar una estrategia frente al cambio climático”, explica la investigadora.

La recuperación de la ostra plana responde también a la importancia que esta especie tuvo históricamente en el ecosistema del Mar Menor. En los años ochenta la laguna albergaba alrededor de 135 millones de ejemplares de Ostrea edulis, un bivalvo filtrador que contribuía a mantener la calidad y transparencia del agua. La degradación ambiental, el exceso de nutrientes, el aumento de la temperatura y la pérdida de hábitat redujeron drásticamente sus poblaciones.

El proyecto trabaja con dos líneas complementarias. Por un lado, las ostras fijadas sobre bloques de arrecife actúan como estructuras capaces de generar hábitat y favorecer la biodiversidad marina. Por otro lado, el cultivo en columna está orientado a la bioextracción de nutrientes mediante un modelo de acuicultura restaurativa. “No se trata simplemente de cultivar animales, sino de hacerlo generando beneficios para el ecosistema”, señala la investigadora. Las ostras se alimentan filtrando microalgas, cuya proliferación está relacionada con el exceso de nutrientes en el agua.

La ostra, herramienta complementaria para recuperar el Mar Menor

El objetivo es que estos sistemas puedan convertirse en una herramienta complementaria para la recuperación del Mar Menor. “No son la solución única para recuperar la calidad del agua, pero sí una medida más dentro de un conjunto de actuaciones necesarias”, apunta Albentosa.

El proyecto RemediOS-3, que finalizará a finales de 2027, forma parte de la Mar Menor Oyster Initiative impulsada por el IEO-CSIC y cuenta con la participación de ANSE, la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia y la Fundación Estrella de Levante. Además, está apoyado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Programa Pleamar, y cofinanciado por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

Además, la actuación ha contado con la participación de WWF España, entidad colaboradora que ha cedido el uso de su catamarán WWF Solar para el desarrollo de los trabajos de campo. El catamarán solar de WWF España se ha revelado como “una plataforma especialmente adecuada para este tipo de muestreos en el entorno del Mar Menor, al facilitar el acceso a los módulos de cultivo en columna con una amplia superficie de trabajo, sin generar emisiones y con un impacto mínimo sobre la lámina de agua de la laguna”, señalan desde ANSE.

Un hombre ha asesinado este miércoles a su mujer en el centro comercial Carrefour Infante, en Murcia, en un suceso que las autoridades investigan como un posible caso de violencia de género. Según fuentes vinculadas a la investigación, el presunto agresor habría atacado a la mujer con un arma blanca dentro de uno de los establecimientos del recinto y posteriormente habría abandonado el lugar. A las 00:15 de la madrugada el hombre ha sido detenido por la Guardia Civil, en coordinación con la Policía Nacional, según ha informado la Delegación del Gobierno. El investigado tenía una condena previa por malos tratos y medidas de protección vigentes. En abril de 2026 fue condenado a no acercarse a menos de 500 metros de la víctima ni comunicarse con ella durante 16 meses.

La detención se ha producido en Puerto Lumbreras, cuando el presunto autor se disponía a desplazarse hacia Granada, según ha informado la Delegación del Gobierno.

El servicio de emergencias 112 recibió este miércoles una alerta alrededor de las 17.25 horas en la que se comunicaba el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer, de 44 años, en la zona de almacén de uno de los comercios del centro comercial. El crimen tuvo lugar en Súper Rápido, una zapatería donde trabajaba el supuesto autor de los hechos, un hombre de alrededor de 40 años.

Un compañero del establecimiento habría sido quien encontró a la víctima después de que el presunto responsable cerrara el negocio y se marchara del centro comercial tras el ataque. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y los servicios sanitarios de emergencia, que confirmaron el fallecimiento de la mujer.

Condena previa

Según fuentes judiciales, el hombre investigado había sido condenado el 15 de abril de 2026 por la magistrada de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Murcia como autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar cometido sobre quien era su expareja, con la que tenía una hija en común de cinco años cuya custodia definitiva se ha atribuido a la abuela de la menor.

La sentencia de conformidad le impuso, entre otras penas, la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar en el que se encontrara, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante 16 meses, además de 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y el pago de una indemnización de 310 euros.

La investigación permanece abierta y está siendo llevada a cabo conjuntamente por el Grupo de Homicidios y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), con la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Científica, han confirmado fuentes de Delegación del Gobierno.

Conmoción por el crimen machista

Este jueves se han convocado minutos de silencio en distintas instituciones. Tanto el Gobierno regional como la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Murcia han mostrado su condena públicamente ante el crimen machista. El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas Ayala, ha expresado su “más sentido pésame a los familiares y seres queridos de la víctima en estos duros momentos”.

“Condenamos este crimen con toda la firmeza”, ha escrito Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia, en una publicación en X. “Nos unimos al dolor de la familia y de las personas que hoy lloran una vida arrebatada de la forma más brutal. No, no y siempre no a la violencia. Ni una más”.

Horas antes, un guardia civil asesinaba a su expareja, también agente del cuerpo y registrada en el sistema VioGén, en el cuartel de Llanes (Asturias).

Cheques por jornal, “a porrillo” y libres de impuestos. Esta es la curiosa retribución que el Ayuntamiento de Murcia ha pagado a sus voluntarios de Protección Civil a lo largo de 24 años. El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias, tras una denuncia presentada por dos miembros de la propia agrupación municipal: “Ellos te dan el cheque y te dicen que vayas a cobrarlo al banco de en frente. Pasan los meses y ves que no te piden un expediente para justificar los gastos”.

Tal y como recuerda la denuncia al Tribunal de Cuentas, “la actividad voluntaria se caracteriza por su carácter gratuito, altruista y no retribuido”. Esto no es incompatible con el derecho a reembolso de los gastos ocasionados por la actividad, como pueden ser la comida o el transporte. El problema, recuerdan los denunciantes, llega cuando la regularidad de los pagos no responde a “verdaderos reembolsos de gastos reales, necesarios, individualizados y documentalmente acreditados”, sino a “cantidades fijas por guardia, jornada, disponibilidad, asistencia o colaboración”. En otras palabras, el Tribunal de Cuentas tendrá que dilucidar si los cheques que el Consistorio dio a sus voluntarios de Protección Civil durante más de dos décadas fueron para retribuir jornadas de servicio, y no para pagar dietas.

Los pagos se recibían limpios y libres de impuestos, aseguran los denunciantes. Sin embargo, incluso las dietas de los voluntarios deben estar sujetas a IRPF, tal y como estipula el artículo 17.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Esto lo corrobora el Ministerio de Hacienda en múltiples consultas relativas al tema: “Hay cuatro dictámenes vinculantes del Ministerio de Hacienda que dicen que los ayuntamientos tienen que declarar estos pagos en el IRPF”.

“Cuantías fijas por guardia”

Según la denuncia, los importes a percibir por los voluntarios eran cuantías fijas por guardia. Resulta reveladora una relación de voluntarios y guardias publicada en un grupo de WhatsApp de la Agrupación. El listado abarca desde el uno de enero hasta el 19 de enero del año 2023. Tras una relación de DNI parcialmente anonimizados figuran dos columnas para el tipo de guardia, y una tercera con las cantidades a abonar a los voluntarios. Los denunciantes apuntan a que los importes se habrían podido calcular en “cuantías fijas por guardia”: “En guardias ordinarias de fin de semana, el criterio sería supuestamente de 50 euros por cada guardia de 24 horas y 25 euros por cada guardia de 12 horas”, explican los denunciantes. Un día tenía dos turnos, mañana y tarde, “por lo que acabas con 64 euros”, abundan. La suma total de las cuantías de ese listado ascienden a 12.400 euros.

“El problema también viene porque el que lleva el registro de cuántos servicios se hacen son los propios voluntarios. Puedes jugar con apuntarte cosas, es un descontrol total del dinero público”, aventuran.

Más allá del listado al que han tenido acceso los denunciantes, y los cheques que han podido fotografiar, los voluntarios confiesan que va a ser “un reto” estimar cuánto dinero desembolsó el Ayuntamiento de esta manera: “Al terminar el servicio, te hacían firmar una hoja para hacer constar que recogías el cheque, lo imprimían ellos [el Servicio de Protección Civil]. Después lo llevabas al banco y lo cobrabas en efectivo, el voluntario se queda sin ningún tipo de documentación que refleje ese pago”, explican.

“Llegó un punto en el que el propio director del banco salía de su despacho, al ver que no paraban de llegar voluntarios con cheques para cobrarlos. A veces se le juntaban seis voluntarios en la sede, con cheques de 2.000 euros cada uno firmados por el Ayuntamiento de Murcia”, detallan.

Los denunciantes han solicitado al Tribunal de Cuentas que requiera al Consistorio y a la entidad bancaria “la relación íntegra de cheques, pagarés, transferencias, disposiciones y movimientos bancarios que pudieran estar vinculados a pagos a voluntarios de Protección Civil”.

Reglamento interno

Los denunciantes han recurrido también el reglamento interno de Protección Civil al considerar que amplía de forma excesiva el régimen disciplinario. En un escrito de alegaciones de 60 páginas, al que ha tenido acceso este medio, solicitan que se anule el procedimiento de aprobación al entender que el Ayuntamiento no realizó una consulta pública previa, un trámite que consideran necesario al afectar el texto a derechos y obligaciones de los voluntarios. El Consistorio defendió que no era necesario al tratarse de una norma organizativa, una interpretación que los denunciantes rechazan porque el reglamento regula aspectos como el acceso a la Agrupación, los deberes, las sanciones o las condiciones para continuar como voluntario.

“No tenían un reglamento y sin reglamento no se puede abrir expedientes, como habían hecho con nosotros; así que tuvieron que hacer uno deprisa y corriendo”, relatan los denunciantes al tiempo que concretan que se encuentra en fase de aprobación.

Los alegantes sostienen que el nuevo texto modifica el modelo de voluntariado al introducir mayores exigencias de disponibilidad, disciplina y obediencia. Entre los puntos que cuestionan se encuentra la obligación de prestar al menos 60 horas de servicio al año, “repartidas en los cuatro trimestres, salvo justificación médica o necesidad imperiosa”. El mismo artículo establece que “no podrá renovar ni solicitar reincorporación en los próximos dos años” quien no cumpla ese requisito.

También cuestionan el artículo 81, que regula la expulsión definitiva y que, según el texto, “implicará la prohibición de volver a pertenecer a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Murcia bajo cualquier modalidad”. Los alegantes piden sustituir esta prohibición sin límite temporal por un plazo determinado y revisable.

Y advierten de que algunas normas podrían afectar a derechos de los voluntarios, como la libertad de expresión o la posibilidad de comunicar irregularidades: “No quieren que acudamos a otras administraciones a denunciar nada”.

El escrito cuestiona igualmente la limitación para pertenecer a varias organizaciones de protección civil, recogida en el artículo 31, que declara que “la pertenencia a la Agrupación será incompatible con la integración simultánea en otras organizaciones de voluntariado de protección civil de ámbito estatal, autonómico o municipal, así como en entidades análogas, cuando dicha pertenencia pueda afectar a la disponibilidad, neutralidad, coordinación o eficacia del servicio”.

Los alegantes recuerdan que el Consejo de Estado, en su dictamen 950/2018 sobre un reglamento similar en Cantabria, “consideró esencial suprimir una prohibición de pertenecer a más de una organización de voluntariado de protección civil por falta de motivación suficiente y por limitar los derechos de asociación y participación voluntaria”.

Becas bajo la lupa del Defensor del Pueblo

El tercer frente abierto por los mismos voluntarios es la gestión de las becas para cursar el grado medio de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES). “Se convocan cada dos años, para premiar a los que tienen más antigüedad o han acumulado más horas o más servicios”. También las impugnaron “por incumplir con la ley de subvenciones y de procedimiento administrativo, y el 5 de noviembre nos tuvieron que dar la razón”. Según denunciaron, no existe un órgano colegiado de valoración y las convocatorias nunca se publicaron en el tablón de edictos electrónico ni en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Cinco días más tarde, solicitaron formalmente la revisión de oficio de las seis convocatorias de becas concedidas desde 2015, al considerar que el mismo vicio estructural se repitió de forma sistemática durante una década. Cada convocatoria estaba valorada en unos 27.200 euros por curso, alcanzando una cifra de 160.000 euros el total que podría verse afectado si prospera la revisión, afirman los denunciantes, que piden además la suspensión cautelar de cualquier nueva convocatoria y el reintegro de las cantidades indebidamente abonadas.

El Ayuntamiento no ha dictado resolución expresa sobre esa solicitud pese a haber transcurrido “sobradamente” el plazo legal de tres meses previsto en la Ley 39/2015. Ante ese silencio, los promotores del escrito recurrieron al Defensor del Pueblo, que el pasado 17 de junio admitió a trámite la queja e inició actuaciones ante el Consistorio murciano para que se pronuncie de forma expresa sobre los hechos. La institución que dirige Ángel Gabilondo ha advertido, no obstante, de que su intervención“ no suspende los plazos para que los afectados puedan acudir, si lo consideran oportuno, a la vía contencioso-administrativa”.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso rojo por calor extremo para este jueves en varias zonas de la Región de Murcia, concretamente en la Vega del Segura, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. En estas áreas se esperan temperaturas que podrían alcanzar los 44 grados durante las horas de mayor intensidad térmica.

Por su parte, la Comunitat Valenciana afronta un nuevo episodio de altas temperaturas con valores que volverán a situarse en niveles elevados en buena parte del territorio. La situación estará marcada por un ambiente muy caluroso, especialmente durante las horas centrales del día, con máximas que podrían superar los 40 grados en algunos puntos. También se ha activado el aviso rojo por calor extremo ante la previsión de temperaturas que podrían alcanzar los 42 grados en zonas del litoral sur de Valencia y Alicante.

Además del calor, la jornada estará marcada por la inestabilidad atmosférica, con posibilidad de tormentas en distintos puntos de la Comunitat Valenciana.

La alerta roja representa el nivel más alto de riesgo previsto por altas temperaturas y supone una situación de peligro para la población. Por ello, se recomienda extremar las medidas de prevención, especialmente entre colectivos más sensibles como personas mayores, niños, pacientes con enfermedades crónicas y trabajadores o deportistas expuestos al aire libre.

El episodio de calor afectará también a otras comarcas murcianas. La AEMET mantiene activo el aviso naranja en el Altiplano, donde los valores máximos podrían situarse en torno a los 42 grados, y en la zona del Noroeste, con registros cercanos a los 40 grados.

Por su parte, el Campo de Cartagena y Mazarrón permanecen bajo aviso amarillo, con temperaturas que podrían alcanzar los 38 grados. Desde algunos ayuntamientos han hecho públicas algunas recomendaciones generales para la población.

La Región de Murcia también permanecerá en aviso por posibles tormentas, que podrían venir acompañadas de rachas intensas de viento e incluso granizo, con mayor probabilidad durante la tarde y en las zonas interiores. Desde el Gobierno de Murcia han activado ya el plan de preemergencia Platermur, tal y como ha anunciado el presidente regional, Fernando López Miras.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Generalitat mantiene activadas también las medidas de seguimiento y prevención ante este episodio de calor. Además, la Generalitat ha elevado las medidas preventivas frente al riesgo de incendios forestales durante jornadas de temperaturas extremas.

Cuando Ismail salió de su casa la tarde del 11 de julio de 2025 no imaginaba que acabaría convirtiéndose en una de las víctimas más visibles de la violencia que sacudió durante casi una semana las calles de Torre Pacheco. A sus 15 años acudió a la concentración convocada por el Ayuntamiento del PP para condenar la agresión sufrida días antes por un vecino del municipio, Domingo, de 69 años. Quería solidarizarse con su pueblo. Pero al terminar la protesta el ambiente cambió.

Un año después, su madre, Kesia, reconstruye la historia con una mezcla de rabia e impotencia. Es sábado. Justo antes de la entrevista, Kesia se pega un chapuzón rápido en la piscina: “Perdona, pero llevo toda la semana trabajando sin parar y mañana me toca otra vez”, se excusa. Son las 11.30 de la mañana y el termómetro marca ya más de 30 grados. La sensación es agridulce. Por una parte, se cumple un año de uno de los momentos “más oscuros” para la familia. Por otro, celebran el cumpleaños de la hermana pequeña de Ismail. “El año pasado se quedó sin fiesta porque estuvimos denunciando en la comisaría”.

“Fue todo muy difícil; lo recuerdo como si fuera hoy”. Ese día habían montando el campamento familiar en la piscina para aplacar los calores del verano. “Sobre las 19:30 Ismail me dijo: ‘Mamá, me voy a la manifestación del pueblo contra la violencia por lo que le han hecho a Domingo’; se duchó, le di un beso y se fue”.

Veinte minutos después empezaron las llamadas. “Me llamó su amigo Moha y me dijo: ‘Lo han matado, lo han matado’. Yo no entendía nada. El único que faltaba en casa era Ismail y se me sobrecogió el corazón; poco después otra amiga me llamó para avisarme de que se lo habían llevado a comisaría”.

Cuando llegó a la comandancia encontró a su hijo en una habitación, sin su teléfono móvil, “como si fuera un delincuente”. Ismail le contó entonces lo ocurrido: “Mamá, me han pegado al grito de ‘moro de mierda”.

Tras la agresión sufrida por Domingo, grupos ultras convocados a través de redes sociales llegaron al municipio alentados por bulos y mensajes de odio, y la tensión se trasladó a las calles con persecuciones contra los vecinos de origen magrebí. “En un momento dado, algunas personas empezaron a increpar a Ismail, a insultarle e ir a por él; la policía le redujo para protegerle, supuestamente, y en ese instante se le echó encima 'la tribu' y empezaron a pegarle patadas, fue un milagro que saliera ileso”, cuenta dolida Kesia.

“Me lo traje a casa y cuando iba a hablar con él empezó a venir mucha gente con palos y machetes; venían detrás de los marroquíes por mi calle, que está muy lejos de donde fue la manifestación. Los habían estado persiguiendo por el pueblo al grito de ‘moros de mierda, os vamos a matar’”.

Kesia recuerda también el ambiente de violencia que se respiraba en esos momentos: “Se escuchaban cosas como ‘Viva Franco’ o ‘moro muerto, abono 'pa' mi huerto’. Tú escuchabas eso y pensabas: ¿qué está pasando aquí?”. Muchos de los jóvenes que buscaron refugio eran menores: “Me gritaban ‘halti, halti’ —tía, en árabe— y empecé a meter gente en mi casa. Llegué a tener a unas 30 o 35 personas, chicos de 14 y 15 años, todos acurrucados en el salón. Eran niños del pueblo, niños de toda la vida, nacidos en España”.

La madre de Ismail rechaza que lo ocurrido pueda explicarse únicamente por la llegada de grupos ultras de fuera del municipio. “Sí, vino gente de fuera, pero también había gente de dentro. El pueblo se sintió apoyado por los forasteros y también influyó que hubiera un partido político, Vox, que avalara ese discurso”.

La madre de Ismail considera que ese respaldo político contribuyó a que algunos vecinos se sintieran legitimados. “La gente se envalentonó porque sentía que tenía un respaldo detrás”.

“Si lo llegan a pillar en otra calle, habría sido un drama”

Su abogado, Sergio Ramos Ruiz, también pone sobre la mesa que los hechos se produjeron dentro de un contexto de tensión social y política. “Hubo elementos relacionados con el odio que acabaron propagándose y desembocaron en agresiones. En el caso de Ismail, afortunadamente no fue a más; si lo llegan a encontrar en otra calle podría haber sido un drama”. Y señala que algunos de los agresores de Ismail “incluso conocían de vista al chico y todos eran mayores de edad”.

El atestado de la Guardia Civil recoge que el menor sufrió contusiones y hematomas. Su madre añade daños en el tímpano. Dos hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito leve de lesiones con agravante de discriminación y de un delito de desorden público, aunque quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial. Actualmente la causa se dirige contra ocho personas pero Kesia pide que se amplíe a una novena: “Es un hombre del pueblo que se ensañó mucho con él y me lo cruzo en el colegio todos los días porque tiene un hijo menor de edad, no está en la investigación y no sé si es por cuestión de poder o dinero, pero me da qué pensar”.

Ramos Ruiz sostiene que los hechos deben investigarse también como un posible delito de odio. “Esa es la parte más complicada del caso”, reconoce, aunque considera que existen indicios suficientes. “El contexto en el que ocurre, las convocatorias públicas que se hicieron aquellos días y la cantidad de vídeos grabados son elementos que apuntan a esa motivación”.

Aunque asegura confiar en la Justicia, Kesia denuncia que la historia de su hijo quedó eclipsada por la agresión a Domingo y por los disturbios posteriores. “El proceso judicial está bastante paralizado y mientras los agresores de Domingo pasaron por el calabozo y tuvieron medidas cautelares, no fue así en el caso de mi hijo”, se queja.

Memes, insultos y persecución en redes

La agresión del 11 de julio tampoco fue el final de la historia. Días después, Ismail sufrió una segunda victimización cuando su imagen comenzó a circular por redes sociales y se le señaló erróneamente como uno de los presuntos autores de la agresión a Domingo: “Se hicieron memes, se rieron de él, le acusaron de ser el agresor y le llamaron moro de mierda, escoria, lacra de la sociedad o infraser”.

Kesia recuerda que lo que más daño hizo a su hijo fue sentir que la gente lo estaba tratando como si hubiera cometido una atrocidad. “En los vídeos se escuchaba a personas diciendo ‘pégale, pégale, hijo de puta, maricón, moro de mierda’, pero él no había hecho absolutamente nada”.

Según su madre, Ismail llegó a explicarle que se sentía como “la gente que sale en la tele porque ha cometido un crimen y los demás quieren vengarse de él, como si hubiera hecho algo horrible”.

De madre española y padre marroquí, hasta entonces Ismail nunca había tenido problemas por su origen. “Era un crío que se sentía español y también marroquí. Había compartido las dos culturas. Celebraba la Navidad y hacía el Ramadán. Estaba integrado en su colegio, tenía sus amigos y era un chico muy sociable”.

Muy emocionada, Kesia recuerda que “le decía que era el gallito del corral porque en las tardes de verano se nos juntaban en la puerta 20 o 25 personas todos los días: españoles, colombianos, marroquíes, personas de etnia gitana, de todo, que venían a casa porque allí estaban a gusto”.

Ismail era un adolescente con una vida normal. “Era un apasionado del fútbol. Desde pequeño había estado en la Escuela de Fútbol de Torre Pacheco: pasó por infantil, cadete, todas las etapas, y cuando sucedió todo se dejó el equipo”. También le encantaban las motos. “Se cogía el tren y se iba solo a Cartagena a comprar piezas, pero también dejó de hacerlo”.

El impacto psicológico fue profundo. “Este tema es tabú en casa. No se habla. Es como si esto no hubiera pasado; se ha quedado con esa sensación de que no está seguro; por eso al terminar el curso ha decidido irse fuera del pueblo”.

Prejuicios y estigmas: “El problema es la 'morofobia'”

Pese a todo, Kesia intenta transformar la experiencia en una oportunidad para trabajar con otros jóvenes. En sus ratos libres colabora como voluntaria con la comunidad magrebí de Torre Pacheco. “Me gusta trabajar con los jóvenes, guiarlos y ayudarles, sobre todo dentro de la comunidad magrebí por todos los estereotipos, prejuicios y estigmas que existen”. En su opinión, en España “el problema no es el racismo, es la morofobia”.

Por eso insiste a los jóvenes en que continúen estudiando. “Les digo que las cosas imposibles son solo un poco más difíciles, y que tienen que seguir estudiando y convertirse en fiscales, médicos, abogados, jueces o profesionales con peso en la sociedad, para que así cambie la mirada hacia ellos”.

También cree que queda pendiente una cuestión de pertenencia. “Muchos chicos han nacido aquí, tienen DNI español y pasaporte español, pero cuando les preguntas te dicen que se sienten marroquíes. Eso debería hacernos reflexionar como sociedad. Quizá no es que ellos no quieran integrarse, sino que nosotros no les dejamos integrarse”.

Kesia lamenta también la falta de apoyo que sintió por parte de algunos vecinos: “Si se hubieran unido, esto no habría pasado. O quizá habría pasado, pero habría sido menos grave. Yo no me he sentido apoyada por mucha gente del pueblo”. Y considera que “en Torre Pacheco no hay convivencia, sino coexistencia, que es diferente; no hay una verdadera integración, somos un municipio multicultural pero no intercultural”.

Pese al golpe que ha supuesto lo ocurrido, Ismail intenta mirar hacia delante. “Quiere formarse como profesional del deporte y su idea es después opositar para policía, piensa que así puede arreglar un poco las cosas, que puede ayudar a cambiar la sociedad”, sonríe su madre.

Cuando las cámaras se marcharon y los últimos ultras abandonaron Torre Pacheco, no llegó la calma. Llegó el silencio. Un silencio que no tenía que ver solo con el verano, sino con el miedo. Durante meses, en las calles donde se había señalado, perseguido e insultado a vecinos por su origen, casi nadie quiso volver a hablar de aquellos días. “En octubre, cuando empezó otra vez la campaña y regresó la gente, algunos vecinos reconocían que lo habían pasado muy mal. Pero no muchos”, recuerda Nabil Moreno, presidente de la Comunidad Islámica Al Manar de Torre Pacheco, un municipio de 40.000 habitantes y 99 nacionalidades diferentes.

Hace un año, la agresión a Domingo, un anciano de 69 años, fue utilizada como detonante de una ola de violencia racista. Centenares de ultras llegaron al municipio, espoleados por mensajes de odio difundidos desde canales y perfiles de extrema derecha que llamaban abiertamente a la “cacería” de migrantes. Durante varios días, Torre Pacheco dejó de ser un pueblo agrícola para convertirse en el escenario de una persecución xenófoba.

Nabil lo recuerda en una cafetería a las afueras de Torre Pacheco. Desde la mesa se puede observar una panorámica del establecimiento. Una docena de parroquianos, de todas las edades, se refugian dentro del calor. En la barra se sirve té con menta y dulces típicos de Marruecos, expuestos en una enorme vitrina. Al fondo, pósteres madridistas adornan la pared, recuerdos de la Champions de 2016. “Distribuyen el pan marroquí, hacen dulces, cordero asado por encargo.También se celebran bodas. Antes esta era la única sala en todo el Campo de Cartagena, ahora hay muchas más”, explica Nabil.

“Ante todo somos de este pueblo, somos vecinos. Somos ciudadanos de aquí, tenemos hijos nacidos aquí y ahora vamos con la segunda generación”, explica Nabil. Al presidente de la comunidad islámica le cuesta recordar los disturbios del pasado año, no quiere volver a esos días que define como de inseguridad e incertidumbre: “Todo el mundo tenía miedo por la noche, a las siete la gente ya estaba entrando en su casa”.

“Vino mucha gente de fuera, ultras y algunos marroquíes a buscar líos, pero esto es un pueblo tranquilo, no somos gente violenta”, abunda. “Los niños estuvieron una semana sin salir en pleno verano, sin disfrutar de sus vacaciones. Yo tuve que irme a la baja una semana, explicarle a mi jefe que no podía trabajar teniendo al lado de mi casa a gente armada”.

Ahora, el hombre confiesa que llegó a temer la vuelta de los ultras. La semana pasada, Vox volvió a explotar un altercado en Torre Pacheco, en el que el presunto agresor atacó en repetidas ocasiones a otro hombre con un martillo en la cabeza y después agredió con una botella rota en el cuello a un tercer hombre: “No es exclusivo de Torre Pacheco que haya heridos graves en una pelea”, apuntó el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca (PP), a este diario. “No hay que meter a todo el mundo en el mismo saco”, añade Nabil.

“Torre Pacheco es un municipio con un alto porcentaje de trabajadores migrantes, fundamentalmente vinculado al campo. Estas son las condiciones que en su día alentaron a algunos colectivos de ultraderecha”, expone el profesor de Sociología en la Universidad de Murcia (UMU) Andrés Pedreño

Convivencia sin integración

138.204 comentarios de discurso de odio racista y xenófobo corrieron como la pólvora en redes sociales en apenas dos semanas tras la agresión el 9 de julio de 2025 a Domingo, según un informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De todo ese contenido, las plataformas solo retiraron el 22%. El informe analizó el periodo entre el 6 y el 22 de julio y concluyó que el 91% de los mensajes de odio detectados tuvieron como objetivo a personas del norte de África.

Los disturbios en Torre Pacheco fueron un problema importado, los ultras podrían haber invadido cualquier otro municipio para sus llamadas “cacerías” al migrante, pero lo ocurrido expuso la fragilidad de la integración en la localidad: “Cada uno va haciendo su vida, te ven como extranjero. Y lo peor de todo, te meten en el mismo saco que una persona que hace las cosas mal. La mayoría piensa que estamos invadiendo su país o quitándoles el trabajo”, observa Nabil.

Durante los peores momentos del conflicto, Nabil echó en falta el respaldo del resto de vecinos de Torre Pacheco: “Si hubieran salido más españoles aquí con nosotros, no hubiera pasado nada”. “Hay que ayudar al pueblo, seas de donde seas. Si pasa algo en España y necesitan sangre, soy el primero en donarla. No hay que distinguir entre españoles y no españoles. Somos de aquí y hay que ayudar en lo que haga falta”.

Entre el ajetreo de la cafetería, Moustafa saluda a algunos de los parroquianos. Ha llegado a recoger el pan, que repartirá en el resto de establecimientos de la localidad. La Glorieta de la Tinaja, señala, es una frontera invisible que divide al municipio: “Ellos [la población blanca] viven ahora en una urbanización. Antes, en el barrio de San Antonio estaban las casas de los locales, que acabaron comprando los migrantes”, explica. “La convivencia no ha cambiado desde el año pasado”, añade Moustafa.

El Miloud llegó a España en 1974 para trabajar en las minas del Llano del Beal. Con una experiencia migratoria y de integración muy distinta a la que suelen experimentar sus compatriotas en la actualidad, es optimista respecto a la convivencia. “Yo llegué de forma legal, tenía 20 años”, cuenta mientras muestra orgulloso una copia de su primer contrato y de su visado, que atesora en su teléfono. En la mina conducía los vagones del tren, recuerda, y ganaba “un buen sueldo”.

La experiencia de El Miloud con sus vecinos es positiva: “Entran en mi casa, toman té con nosotros y nos tratamos con respeto; aquí hay de todo como en todos sitios, gente buena y gente mala y yo tengo muchas amistades tanto con españoles como con africanos”.

En el caso de sus compatriotas, apunta, “es importante tener un buen comportamiento cuando tienes la oportunidad de estar aquí en Europa. Llegar hasta aquí no es fácil, muchas familias tienen que vender en Marruecos todo lo que tienen”. En su opinión, los inmigrantes vienen para trabajar y no “para crear problemas”. En el caso de los jóvenes -dice- hay algunos que “salen de fiesta, se meten con todo el mundo o roban”, pero considera que es un fenómeno que alcanza a todas las nacionalidades. “En Pozo Estrecho, por ejemplo, había una banda robando y todo el mundo decía que eran moros, pero mira, eran españoles”.

Recuerda El Miloud que terminó de instalarse en Torre Pachecho en el año 1989, “cuando empezó a cultivarse aquí a gran escala y necesitaban mano de obra, pero entonces el trato era mucho mejor, ahora hay que pagar hasta por trabajar”.

En España, reflexiona, “tienen que aprender un poco de los países que atesoran más experiencia migratoria como Inglaterra, Alemania o Francia, donde se trata al extranjero como un ciudadano, con todo tipo de oficios y se les considera ingleses, franceses o alemanes”.

La regularización “mejorará la vida de miles de familias”

Las calles de este barrio están, como suele ocurrir en estas fechas, desoladas y desprovistas de gente, con la salvedad de la eventual terraza de bar. En su cafetería, Allal Abbou, presidente de la Asociación Marroquí de Consulta y Participación, intenta construir puentes entre los vecinos: “Hay que activar el barrio, no hay muchos sitios de ocio”, explica. “Jugamos al ajedrez, o fuera a la petanca. Aquí no solo vienen los jóvenes marroquíes del pueblo. Viene mi hijo, mi hija, sus compañeros del colegio. Los vecinos son como mi familia”, abunda.

Una de las paredes de la cafetería está presidida por un televisor, que retransmite una tertulia del Mundial de fútbol en árabe: “Está siendo un Mundial cargado de sorpresas”, señala Allal. Una de las mesas junto al televisor está coronada por un jarrón con las banderas de España y Marruecos: “Ahora hay una nueva generación de diferentes nacionalidades, colores y religiones. Echamos en falta una colaboración entre el Ayuntamiento, Servicios sociales y los vecinos para mejorar la convivencia”, explica.

En Torre Pacheco hay censadas 99 nacionalidades diferentes. En los últimos años, su población ha crecido significativamente hasta alcanzar las 40.000 personas. La llegada del agua del Trasvase Tajo-Segura en 1979 vino acompañada de una enorme oferta de trabajo agrícola, que se suplió con población migrante. Nabil llegó en el 2001, cuando las multinacionales ya habían sustituido a las explotaciones de pequeño tamaño, y trabajó en el campo cuatro años: “Si no hubiera migración, este pueblo estaría en la lista de la España vaciada. Los inmigrantes lo han levantado muchísimo. Yo estuve trabajando 14 horas al día, cargando camiones para exportar a Europa los productos de la huerta murciana”, recuerda Nabil.

“Ahora gracias a Dios tengo un trabajo, tengo a mi familia, mi casa. Soy de Tetuán, cerca de España, me fui porque no veía un futuro allí. Nadie deja su país para buscar conflictos”, subraya.

“Algunos vecinos lo pasan mal, no tienen documentación, no tienen nada. No son el problema, pero su situación es parte del problema”, explica Nabil, que celebra la regularización extraordinaria: “Va a mejorar la vida de miles de familias”. Pedreño, por su parte, espera que mejore a la integración de la población local: “Esperemos que contribuya a la normalización e integración que todo proceso de regularización conlleva”.

Como presidente de una comunidad religiosa, Nabil ha sido testigo de los estragos que la falta de papeles puede causar entre sus vecinos: “Me marcó la situación de una mujer que llegó aquí hace tres años. Su hijo murió el año pasado y no tiene dinero para volver a Marruecos y despedirse. Lo está pasando muy mal en el campo, tiene que comprar contratos y se aprovechan de ella”, explica.

“Tener a personas sin papeles y sin estatutos de la ciudadanía condena a la población a situaciones de marginalidad y de sobreexplotación. En definitiva, sin derechos”, detalla Pedreño.

“[La regularización] va a ser buena para la seguridad del pueblo. Una persona que no tiene casa, ni trabajo, que no puede formarse, al final está abocada a la violencia”, añade Nabil.

“En el barrio de San Antonio se está desarrollando un proyecto de dinamización comunitaria que está desarrollando el Ayuntamiento del municipio con financiación de la Comunidad Autónoma. La gente migrante debe sentirse integrada, con derechos, con un reconocimiento de su ciudadanía. Creo que la regularización y el plan de dinamización son pasos en el buen camino”, apunta Pedreño.

La curva del odio

El estallido de julio no fue un hecho aislado. El observatorio traza una cronología de antecedentes que, sostiene el informe, contribuyeron a preparar el terreno: un intento de robo el 2 de mayo protagonizado por un presunto agresor norteafricano, viralizado como ejemplo de “defensa legítima”; la muerte a tiros de un hombre armado con un cuchillo en el aeropuerto de Gran Canaria, el 17 de mayo; la detención de un policía en Torrejón de Ardoz el 18 de junio, tras la muerte de un ciudadano norteafricano; y, sobre todo, la investigación abierta el 30 de junio por una presunta agresión sexual cerca de un centro de menores en Alcalá de Henares, que el propio documento identifica como detonante de manifestaciones con fuerte carga xenófoba, incluida la exhibición de simbología nazi.

Menos de 24 horas después de la agresión a Domingo, recoge el informe, ya circulaban vídeos manipulados y fotografías erróneas de los supuestos implicados; el 11 de julio grupos de Telegram lanzaron llamamientos a atacar a personas extranjeras y el Ayuntamiento (PP) convocó una manifestación bajo el lema 'Torre Pacheco, libre de violencia, libre de delincuencia'.

Para el 12 y el 13 de julio la violencia dio el salto a las calles de Torre Pacheco, que registró los primeros episodios de violencia en el barrio de San Antonio, con al menos cinco detenciones y el ataque a un establecimiento regentado por una persona musulmana, pese al despliegue de más de 75 agentes. El informe documenta la participación del presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, en una manifestación paralela bajo el lema 'Defiéndete de la inseguridad', donde llegó a afirmar sobre la expulsión de inmigrantes que no iba a quedar “ni uno”. El 14 de julio se anunció la detención del líder del grupo ultra de Telegram 'Deport Them Now', donde germinó la “cacería” al migrante.

El 11 de julio ya se registraban, según OBERAXE, del orden de 6.824 mensajes de odio diario, pero el pico máximo llegó el 12 de julio, con 33.046, coincidiendo con la manifestación convocada en la localidad. Después, fue descendiendo poco a poco aunque se mantuvo elevado hasta el 17 de julio (con 8.247 mensajes).

El Observatorio incide en su informe en que el 33% de los mensajes eran deshumanizantes, un 27% presentó al colectivo como una amenaza, un 23% incitó directamente a la expulsión, un 13% incitó a la violencia y un 4% llegó a alabar a los agresores. El informe subraya además que el 78% de los contenidos de odio se articuló en torno al argumento de la inseguridad ciudadana, y que el lenguaje empleado fue explícitamente agresivo en el 88% de los casos, con un uso reiterado y peyorativo del término “moro”.

El vídeo que no era de Torre Pacheco

OBERAXE dedica un apartado específico a uno de los bulos centrales del caso: un vídeo de 25 segundos que circuló como supuesta prueba de la agresión original. Tanto el Ayuntamiento como la Guardia Civil confirmaron que las imágenes correspondían en realidad a una agresión ocurrida en Almería a finales de mayo, sin relación alguna con los hechos de Torre Pacheco. En paralelo, circularon fotografías con identidades falsas de cinco supuestos agresores, que ni siquiera la víctima llegó a reconocer.

Coincide en este punto Alba Solla, redactora en Maldita.es. La fundación analizó durante esos días 50 publicaciones en X con desinformaciones sobre Torre Pacheco que sumaron más de 1,6 millones de visualizaciones. “A 18 de julio de 2025, ninguna tenía Notas de la Comunidad visibles; pero el bulo del vídeo de la agresión fue el detonante más viral y el primero en circular”.

“Este tipo de prácticas en situaciones impactantes y emergencias es una estrategia muy usual”, explica Solla, al tiempo que añade que desde Maldita.es documentaron también la participación de la red rusa Pravda, “una red de propaganda y desinformación que actúa como amplificadora”, que publicó casi 300 contenidos en cinco días, en varios idiomas.

Según la redactora de Maldita.es, “identificamos el primer bulo de Torre Pacheco en Telegram a las 10.00 horas del 10 de julio, y solo 13 minutos más tarde News Pravda ya lo estaba republicando, es algo muy rápido”.

“Identificamos contenidos de desinformación en Twitter o Telegram que seguían circulando días después y no tenían notas de la comunidad; ocurrió también con la dana en 2024, entonces también vimos que el sistema de notas no era suficientemente efectivo”.

“La desinformación se difunde muy rápido, no se contrasta, y en temas tan delicados y en los que hay un vacío informativo en los primeros momentos, es muy fácil que en ese hueco se cuelen los bulos”, explica Solla. Apelando a las emociones el medio o de la ira, el cóctel está servido. “Es muy rentable porque el pánico llama la atención del receptor y dificulta el razonamiento crítico, simplificando los procesos mentales”.

Un paciente de 65 años reclama 150.000 euros al Servicio Murciano de Salud (SMS) tras denunciar que le implantaron un stent vascular supuestamente caducado en un hospital concertado de Murcia. El caso forma parte de la investigación de la llamada trama de las prótesis, destapada por la UDEF, que indaga posibles irregularidades en el uso y gestión de material sanitario en la sanidad pública murciana.

Según la denuncia, el stent habría sido colocado cuando ya había superado su fecha de caducidad, algo que el informe policial considera un caso representativo dentro de la investigación. Tras la primera intervención, el paciente tuvo complicaciones graves que derivaron en otras dos cirugías en pocos meses, incluyendo un bypass y una intervención de urgencia.

El paciente afectado, “de 65 años y con arteriopatía periférica severa, fue intervenido el 21 de marzo de 2022”, apunta el comunicado del Defensor del Paciente. Según la asociación, “en lugar del bypass previsto, se le practicó una angioplastia con un stent cuya fecha de caducidad (febrero de 2022) constaba en las propias pegatinas adheridas a la hoja de implante, llevando al menos un mes caducado. Así lo recoge el informe de la UDEF, que identifica expresamente a este paciente como el caso paradigmático de producto caducado implantado”.

Lesiones, secuelas funcionales y daño moral

Pero “la intervención fracasó y cuatro meses después necesitó un bypass; al día siguiente del alta sufrió una trombosis completa del injerto por un vendaje compresivo contraindicado, que obligó a una tercera cirugía urgente”. Según la asociación, “la reclamación cifra el daño en 150.000 euros, incluyendo lesiones temporales, secuelas funcionales y un apartado específico de daño moral por la angustia de portar un stent caducado alojado permanentemente en su organismo con riesgos futuros indeterminados”. Y destaca que “la caducidad no era un vicio oculto: bastaba con leer las pegatinas. Es un incumplimiento flagrante de la obligación más básica de seguridad clínica”, continúan desde el Defensor del Paciente.

El mayor escándalo de la sanidad pública de la Región de Murcia ha dejado un agujero a los fondos públicos de 6,9 millones de euros y trece personas investigadas por delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal. Para materializar el fraude, la trama tenía distribuidas personas implicadas en la práctica totalidad del proceso de comercialización, compra e implantación de implantes vasculares.

“Quieren invisibilizarnos, pero consiguen lo contrario, nos hacen más fuertes”. Así de contundente se ha mostrado José Sevilla, portavoz del colectivo LGTBIQ+ Feminista Epéntica, que este domingo se unió a la primera marcha del Orgullo celebrada en el municipio de Totana, en la Región de Murcia, como respuesta al “pacto de la vergüenza” firmado entre el PP y Vox para sacar adelante los presupuestos municipales a cambio de “vetarnos, a nuestra bandera y a nuestros derechos”.

El acuerdo se alcanzó el pasado 2 de junio. En Totana, el Partido Popular ostenta la alcaldía con Juan Pagán al frente del Ayuntamiento, aunque lo hace sin mayoría absoluta en el pleno municipal (cuentan en total siete concejales). Esta circunstancia obliga al equipo de gobierno a negociar apoyos con otras formaciones, entre ellas Vox, para poder sacar adelante iniciativas clave como las cuentas municipales. El precio fue vetar posibles iniciativas en el Consistorio a favor del reconocimiento del colectivo LGTBIQ+.

Sevilla pone sobre la mesa que Totana “no es una excepción en la Región de Murcia, y aunque nos hemos volcado ahora con este municipio, no podemos olvidar que hay otros 15 pueblos o ciudades donde no se cuelgan las banderas, ni se dota de presupuesto a las políticas LGTBI, ni se celebra nada relacionado con nuestro colectivo”. En su opinión, ciudades como Murcia y Cartagena “se salvan” porque “hay asociaciones muy potentes, pero si no seguro que tampoco se hacía nada; mira lo que pasa en Yecla, Jumilla, Alcantarilla o Molina de Segura”.

Una denuncia que llevan arrastrando desde 2019: “Este pacto de la vergüenza está instalado en muchos consistorios; la bandera LGTBI no muerde ni hace daño a nadie, y nos alegramos de que muchas personas hayan abierto los ojos y se les haya caído la venda”, insiste el portavoz de Epéntica.

José Sevilla, cuyo colectivo es de Beniel pero este domingo ha querido formar parte de la comitiva de apoyo en Totana, se queja de que “tenemos a los fascistas en muchos ayuntamientos de la Región, pero también en el Gobierno regional y van a por nosotros; cuando es vital que nos apoyen las instituciones”. Y pone el acento en que “hay muchas personas del colectivo muy abandonadas en pueblos murcianos, sin ningún acompañamiento; eso sí, con el fútbol, la religión, las romerías o las procesiones toda la sociedad se vuelca y ya está bien de agachar la cabeza, no tenemos miedo”.

“En Totana nos queremos diversxs y libres de odio” o “en los pueblos donde hay memoria y orgullo no cabe la lgtbifobia” fueron algunas de las pancartas que encabezaron la marcha, en la que estuvieron presentes también representantes políticos del PSOE, Podemos y Ganar Totana IU. La marcha estuvo acompañada de cánticos como “Totana ha respondido”, y de mensajes en los que se pedían “terapias de conversión para fascistas” o se recordaba que “amar ya es ilegal en 62 países y en siete, con pena de muerte”.

“Para ser domingo vino mucha gente de toda la Región, cientos de personas”, cuenta a este periódico Isabel Molina, socialista de Totana. “La marcha terminó en una fiesta en la plaza con actuaciones, hasta la medianoche, fue una fiesta”, explica Molina al tiempo que recuerda que en la anterior legislatura, en la que gobernaba Ganar Totana IU, “y también en la de 2015, en la que gobernábamos también nosotros, se hacían concursos y había mucha programación todo el mes”.

La socialista critica, además, que en el último pleno del Ayuntamiento salió adelante con la abstención del PP una moción para leer un manifiesto por el Orgullo antes de que terminase el mes “pero no han cumplido, no lo han hecho; al igual que tampoco han hecho público el acuerdo de los presupuestos, los derroteros no son nada halagüeños”.

La Audiencia Provincial de Murcia ha ordenado reabrir la investigación sobre la contratación de servicios culturales del Ayuntamiento de Calasparra, correspondiente al periodo comprendido entre 2010 y 2020, durante los mandatos de los socialistas Jesús Navarro y José Vélez, exsecretario general del PSRM-PSOE.

El tribunal, en un auto de la Sección Tercera, ha revocado el sobreseimiento provisional acordado en marzo por el Juzgado de Instrucción de Cieza, al estimar parcialmente un recurso presentado por el Partido Popular, representado por el abogado José Antonio Izquierdo. La Sala concluye en un auto al que ha tenido acceso este periódico que los indicios que motivaron la apertura del procedimiento “no han quedado desvirtuados” y considera prematuro el archivo de la causa, iniciada a raíz de una denuncia de la Fiscalía.

La investigación se centra en un presunto fraccionamiento de contratos de servicios culturales mediante contratos menores que, según las diligencias iniciales, habrían sido adjudicados de forma reiterada a una misma mercantil sin seguir procedimientos de concurrencia pública.

La Fiscalía aprecia en estos hechos posibles patrones reiterados de fraccionamiento para eludir los límites legales de los contratos menores y evitar la convocatoria de procedimientos abiertos. “Es indudable que tales contratos llegaron a celebrarse, porque los servicios se han prestado y las facturas se han pagado”, señala el auto.

El juzgado instructor había decretado el archivo provisional al señalar la inexistencia de un sistema único de archivo entre 2010 y 2022, la pérdida o dispersión de expedientes y la existencia de documentos sin clasificar, lo que dificultaba el análisis de la contratación, según el auto.

Sin embargo, la Audiencia Provincial discrepa de ese criterio y sostiene que la falta de documentación no debilita los indicios, sino que puede reforzar la necesidad de investigación. El tribunal subraya que consta la prestación de los servicios y su pago mediante facturas, y que no aparece acreditado que se tramitaran procedimientos que garantizaran la concurrencia de otras empresas.

Esta reapertura supone un nuevo capítulo judicial en la gestión del Ayuntamiento de Calasparra durante los años investigados, después de que otra causa relacionada con la organización de festejos taurinos entre 2017 y 2019 quedara archivada. En aquel procedimiento, en el que también figuraban dos exconcejales de Festejos y un empresario, se investigaban posibles delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

La Audiencia Provincial acordó el sobreseimiento de aquella causa por un motivo procesal, aludiendo al agotamiento del plazo legal de instrucción sin haberse practicado determinadas diligencias.

Desde el Partido Socialista de la Región de Murcia han recordado que Vélez ya no tiene ninguna responsabilidad orgánica o institucional vinculada a la formación. Este periódico se ha puesto en contacto con el despacho del abogado Raúl Pardo Geijo, que lleva la defensa de Vélez, sin obtener ninguna valoración sobre la reapertura de la causa hasta el momento.

El Mar Menor y la Bahía de Portmán vuelven a ser este año los dos grandes puntos señalados en la Región de Murcia por el informe Banderas negras 2026, elaborado por Ecologistas en Acción, que denuncia los principales casos de contaminación y mala gestión del litoral español. Ambos espacios repiten con su inclusión en este documento anual; lo que refleja, según la organización ecologista, “la persistencia de problemas ambientales sin resolver desde hace décadas.”

El informe analiza todo el litoral español y otorga un total de 48 banderas negras, dos por provincia o ciudad autónoma. Cada territorio recibe una distinción por contaminación y otra por mala gestión. Su elección se basa en criterios como la gravedad del daño, su continuidad en el tiempo, la falta de soluciones efectivas y el impacto sobre los ecosistemas y la población.

Mar Menor: una crisis ecológica sin resolver

El Mar Menor vuelve a aparecer en el informe de Ecologistas en Acción, señala la organización, por la mala gestión de su cuenca vertiente. Ecologistas insiste en que la laguna continúa sufriendo una “crisis de eutrofización”, que define como fruto de la “negligente” gestión del territorio y la falta de control en toda la cuenca vertiente. Según el informe, el principal factor desencadenante de esta situación “es la entrada excesiva de nutrientes de origen agrícola y ganadero”, a lo que se suman también -añade- otras presiones como el urbanismo, el turismo o la navegación, que contribuyen al deterioro del ecosistema.

Pese a las medidas impulsadas en los últimos años, la organización considera que la recuperación del ecosistema sigue lejos y que persisten carencias importantes en la gestión del territorio y en el control de los aportes contaminantes.

Portmán y Sierra Minera: una contaminación heredada de la minería

Por su parte, la Bahía de Portmán y la Sierra Minera también han recibido una bandera negra por contaminación en el informe de Ecologistas en Acción. En este caso, apuntan desde la organización, el problema tiene un origen histórico ligado a la actividad minera desarrollada durante el siglo XX, “que dejó tras de sí una importante acumulación de residuos con metales pesados”.

El informe subraya que esta herencia industrial sigue condicionando el estado ambiental de la zona décadas después del cierre de las explotaciones. En concreto, señala que la actividad minera “dejó una importante acumulación de residuos con metales pesados”, un impacto que todavía no ha sido completamente revertido.

El documento pone sobre la mesa, además, que siguen abiertos los debates sobre el modelo de regeneración de la Bahía de Portmán y la ejecución de los planes de recuperación en la Sierra Minera, lo que mantiene el conflicto ambiental y social sin resolver.

Restauración ecológica como alternativa

Más allá de la denuncia, el informe de Ecologistas en Acción pone el foco en la restauración ecológica como vía para revertir parte del deterioro. En el caso del Mar Menor, apuntan, esto pasa por reducir de forma efectiva la entrada de nutrientes en toda la cuenca y recuperar ecosistemas que ayuden a filtrar y retener contaminantes.

En Portmán, las propuestas se orientan a la recuperación de suelos contaminados y la restauración del entorno costero, combinando actuaciones de descontaminación y renaturalización.

La organización enmarca estas medidas en un contexto más amplio, marcado por la nueva normativa europea de restauración de la naturaleza, que obliga a los Estados a planificar la recuperación de ecosistemas degradados en las próximas décadas.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha llegado al Debate del estado de la comunidad autónoma con muchos frentes abiertos, pero sacando pecho de cifras y con un capazo de propuestas y promesas. “Confianza”, “certezas” y “estabilidad”, son las palabras que el presidente ha reiterado en un discurso en el que ha rehuido de hacer referencia de los titulares que han asolado a la Comunidad. Un debate que llega justo un mes después de la última sacudida política en la Región con la renovación del Gobierno murciano en plena crisis por el fraude de las prótesis vasculares.

Sin embargo, la única alusión del presidente al mayor escándalo sanitario de la historia murciana ha sido brindar su “respaldo” al manifiesto firmado este miércolespor los profesionales sanitarios de la Arrixaca: “[Los sanitarios] piden respeto y piden que se depuren las responsabilidades de las personas investigadas y acusadas por la justicia”, ha resaltado.

Así ha despachado la alargada sombra de la trama de las prótesis vasculares, que ha dejado un agujero en las arcas regionales de unos 6,9 millones de euros y trece investigados. Quedará por ver si, cuando llegue el turno de intervenciones de la oposición el próximo viernes, López Miras tendrá que tratar de convencer a sus adversarios políticos de que el fraude fue meramente económico, y que ninguna prótesis caducada llegó a implantarse en los pacientes. Una labor que ya tuvo que llevar a cabo la consejera de Salud en su comparecencia de la semana pasada.

Lo de las prótesis no ha sido el único escándalo sanitario de este año en la Región de Murcia. Un informe demoledor de Alianza por la transparencia, calidad y equidad en el cribado de cáncer de mama detectó un retraso “evitable” en el 10% de los diagnósticos de cáncer de mama en Murcia. El por entonces consejero, Pedreño, despachó el documento asegurando que el informe estaba “politizado”. Ahora, López Miras ha anunciado la inminente presentación del Plan Oncológico de la Región de Murcia: “Un compromiso adquirido con esta Cámara y en cuya elaboración han participado 168 profesionales del Servicio Murciano de Salud y Asociaciones de Pacientes”, ha definido.

“Su objetivo es claro: diagnosticar antes, agilizar la atención y ofrecer un mejor acompañamiento a pacientes y familias durante todo el proceso. Porque en cáncer ganar tiempo es ganar oportunidades de vida”, ha abundado.

Lopez Miras ha anunciado que la Región de Murcia dejará de ser una de las nueve comunidades autónomas que aún mantienen el copago a las ayudas de la ELA: “La campaña de bulos en torno al copago de las prestaciones de los enfermos es una indignidad, porque no es una imposición de ninguna comunidad autónoma, porque la única y exclusiva responsabilidad es del Gobierno de Sánchez, de su Gobierno y de su ministra de Sanidad”, ha reprochado. El copago está contemplado por la normativa estatal de la Ley de Dependencia, que prevé la financiación especial de 500 millones para la ley ELA.

“Normalidad democrática”

López Miras ha atribuido a su gobierno una “normalidad democrática”, y ha sacado pecho de las cuentas autonómicas: “Hemos aprobado anualmente los presupuestos generales de la Región de Murcia”, ha presumido. Pendientes todavía de aprobar los presupuestos de este 2026, el Ejecutivo confía tenerlos “antes de agosto”.

El presidente ha presumido también de datos de empleo: “Al inicio de esta legislatura contábamos con 660.000 ocupados y hoy superamos los 711.000 mil murcianos y murcianas más trabajando desde el inicio de la legislatura”. Respecto a la tasa de paro, ha bajado “dos puntos” en los últimos ocho años, de 126.000 personas sin empleo a 72.500.

El presidente ha nombrado, además, la estrategia de impulso al empleo presentada este mayo y que está dotada de 400 millones de euros para alcanzar los 730.000 trabajadores ocupados en 2029 y reducir la tasa de paro por debajo del 10 por ciento.

Respecto al PIB, la Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma que más ha incrementado su PIB en la última década, un 56%, “solo superados por Madrid y Baleares”. Según López Miras, la economía regional creció un 4,5% en 2025: “La cifra más alta de España, lo que refleja una economía más abierta y competitiva; basado en un modelo basado en la industria, el emprendimiento y la simplificación administrativa”. Y ha cifrado en 13.728 millones de euros las exportaciones el pasado ejercicio, un 30% más que antes de la pandemia. Más de cinco mil empresas de la Región vendieron sus productos en el exterior, ha señalado.

2.000 plazas para FP y secundaria

En educación, López Miras se ha comprometido a poner en marcha el Plan de Climatización 2026-2030, con una inversión de 89 millones de euros para que “todas las aulas de los centros educativos de la Región de Murcia cuenten con la temperatura adecuada”. Se trata de una reclamación histórica por parte de padres y de la comunidad docente: esta semana las familias de los estudiantes del IES Cañada de las Eras de Molina de Segura llevaron el problema del calor en las aulas al Defensor del Pueblo, después de no recibir una respuesta “efectiva” por parte de la consejería de Educación.

Al tiempo, López Miras ha anunciado el lanzamiento de 2.000 plazas para “Secundaria, Formación Profesional y otros cuerpos” en la convocatoria de oposiciones de 2027.

Deducciones fiscales

“Hay quienes piensan que los problemas se solucionan con nuevos impuestos y quienes pensamos lo contrario: que las familias saben cómo administrar sus recursos; y ese ha sido el camino seguido por su Gobierno”, ha continuado el presidente en su discurso. López Miras ha destacado que la Región de Murcia es una de las comunidades con más deducciones fiscales para familias, autónomos y clases medias. Y ha concretado que cerca de 800.000 contribuyentes se han beneficiado en la última campaña de la renta de las 27 deducciones autonómicas existentes, con un ahorro conjunto de 45 millones de euros.

“Conviene detenerse en ello porque hay miles de personas que encuentran en estas medidas una ayuda real para afrontar el día a día”, ha apuntado al tiempo que ha dado un dato: nueve de cada diez contribuyentes beneficiados por estas deducciones tienen bases liquidables inferiores a los 24.000 euros anuales.

El presidente regional ha anunciado la extensión de la la bonificación del 99% del Impuesto sobre Sucesiones a todo el grupo tercero de parentesco, mediante la incorporación al proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad. “Lo haremos progresivamente, empezando con un 25% de esa bonificación con aplicación inmediata”. La medida supondrá, según afirma, un ahorro de seis millones de euros y beneficiará a 3.200 ciudadanos. Una rebaja fiscal que ya se aplica, ha dicho, al impuesto de donaciones. “Avanzamos así en nuestro objetivo de que nadie tenga que pagar dos veces por el esfuerzo de toda una vida”.

El presidente ha concretado que 160.000 familias se han beneficiado de las bonificaciones en donaciones y sucesiones en la Región de Murcia. Y ha asegurado que el 97% de los expedientes corresponde a herencias inferiores a 50.000 euros, es decir, “a clases medias y trabajadoras que reciben el fruto de décadas de esfuerzo familiar”.

Con una frase, “libertad frente a intervención, crecimiento frente a conformismo”, ha querido resumir la política económica desarrollada durante los últimos años, “basada en generar confianza, reducir cargas para ciudadanos y empresas y construir una administración más cercana”.

40 millones en extinción de incendios

El Gobierno regional ha reforzado el sistema de emergencias y extinción de incendios con una dotación de 40 millones de euros, ha defendido López Miras, frente a los 28 del pasado ejercicio. Y ha previsto la incorporación de nuevos efectivos en las próximas semanas. El Ejecutivo ha subrayado la importancia de la planificación y la coordinación en la respuesta ante situaciones de riesgo e incendios.

En materia medioambiental, ha defendido la inversión de 306 millones de euros desde 2020 en la recuperación del Mar Menor y ha rechazado su utilización como elemento de confrontación política. Ha anunciado además nuevas actuaciones, como la licitación del Centro de Recuperación de Especies y la culminación de proyectos en El Carmolí.

López Miras ha vuelto a reclamar al Gobierno central mayor implicación en infraestructuras hidráulicas, energéticas y de transporte, así como la ejecución de obras pendientes en la Confederación Hidrográfica del Segura, la planificación de la red eléctrica y el avance en carreteras y autovías estratégicas para la Región.

“Existen irregularidades en la totalidad de la muestra”. Así concluye un informe de la UDEF tras analizar 30 intervenciones quirúrgicas realizadas en un hospital concertado entre 2019 y 2025 por R.T.M. a pacientes derivados por el Servicio Murciano de Salud (SMS). Según el documento, al cotejar los informes de alta con los partes quirúrgicos se descubrieron discrepancias sistemáticas entre el material efectivamente utilizado y el facturado.

De acuerdo al informe de la UDEF, se han detectado un total de cinco productos etiquetados de Logimed “que a la fecha de implantación se encontraban caducados”. E identifica un historial en concreto en cuya alta “se le pone una prótesis y en el parte quirúrgico constan dos, estando ambas caducadas”.

En los cuatro casos restantes de etiquetas caducadas, “al existir más productos pagados que utilizados, no puede saberse con seguridad si se han utilizado los caducados o no, debido a la ambigüedad con que se rellena el parte de alta”, advierten los investigadores.

En su investigación, la UDEF destaca que “al encontrarse los productos manuscritos, estos carecen de información importante como el fabricante o la fecha de caducidad”; lo que, a juicio de la policía, dificulta la “correcta trazabilidad” de los mismos.

La investigación sostiene que en las 30 operaciones examinadas solo constan 17 prótesis realmente implantadas, mientras que se habrían facturado otras 165 que no fueron utilizadas. El informe cifra el perjuicio económico detectado en la muestra en 347.097 euros y señala que, de extrapolarse estos resultados al conjunto de las 492 intervenciones realizadas durante el periodo analizado, el importe podría acercarse a los cinco millones de euros. El informe cita cuatro empresas cuyos materiales aparecen reflejados en la documentación examinada por los investigadores.

La UDEF ha solicitado, señala el informe, a los fabricantes y distribuidores de los productos manuscritos “que procedan a obtener a través de los números de lote la caducidad y datos importantes de dichos productos”. Y elevan a 59 los productos facturados y caducados de una de las empresas investigadas.

En el caso de las hojas de implante de Logimed, los investigadores afirman que “se observan referencias manuscritas que son utilizadas para la adquisición de productos completamente diferentes a los referenciados”, una práctica que, según el informe de la UDEF, añade aún más dificultades para reconstruir qué material se utilizó realmente en cada intervención. Por ello, los agentes consideran necesario “cruzar la información entre el SMS y las facturaciones del proveedor para saber qué se ha utilizado con cada paciente”.

En concreto, el informe señala que en la documentación de Logimed “se han utilizado referencias manuscritas de prótesis, concretamente de BGP y BGA, ambos productos homologados, para la adquisición, principalmente de productos fungibles”, cuyo coste es muy inferior al de las prótesis a las que hacen referencia.

La propia UDEF admite que estas discrepancias dificultan en ocasiones determinar con exactitud qué producto fue implantado. Los investigadores describen casos en los que el informe de alta médica recoge la colocación de una única prótesis vascular, mientras que en los partes quirúrgicos o en las hojas de implante de distintos proveedores aparecen hasta ocho referencias diferentes. Esa situación impide identificar con certeza cuál de ellas se utilizó realmente, apuntan. No obstante, el informe subraya que la duda desaparece en aquellos expedientes en los que consta expresamente que no se implantó ninguna prótesis y, pese a ello, sí aparecen productos de este tipo facturados.

Un fraude de 6,9 millones

Lo que es ya considerado como el mayor escándalo de la sanidad pública de la Región de Murcia ha dejado un agujero a las arcas públicas de 6,9 millones de euros y trece personas investigadas por delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal. La trama tenía repartidos implicados en la práctica totalidad del proceso de comercialización, compra e implantación de implantes vasculares.

La investigación ha revelado que implicados en el fraude pudieron interferir en concursos públicos. Tuvieron lugar comunicaciones entre el por entonces comercial de Logimed y el antiguo responsable de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI), la central de compras del SMS. El representante de la UAI habría enviado de forma exclusiva al excomercial el borrador de los pliegos del concurso de las endoprótesis de aorta, urgiéndole a revisarlo antes de mantener una reunión posterior para abordarlo de manera conjunta.

En concreto, el marco de la investigación se centra en la compra con sobreprecios de prótesis vasculares. En ocasiones, estos productos carecían de homologación o estaban caducados. La Consejería de Salud continúa insistiendo en que el fraude es meramente “económico”: “No se ha constatado que existan episodios clínicos que estén relacionados con la implantación de material que no sea adecuado”, han reiterado a este diario. “Desde el servicio sanitario correspondiente se han revisado las historias clínicas, y se sigue revisando de forma exhaustiva a los pacientes que fueron atendidos por el médico implicado”.

Sobre las 22.00 horas de este sábado se declaró estabilizado el incendio que hizo saltar las alarmas este sábado en el entorno de la mota del río Segura, a la altura de El Malecón (Murcia). Las llamas obligaron a desplegar un amplio dispositivo de emergencias terrestre y aéreo para evitar que las llamas alcanzaran las zonas habitadas. La rápida propagación del fuego, favorecida por la abundante vegetación seca acumulada en las orillas del cauce, llevó a los responsables de la extinción a reforzar los medios disponibles.

Fuentes del 112 confirmaron a este periódico que tuvieron que desalojar a un grupo de vecinos, como medida preventiva. El incendio se originó entre las pedanías murcianas de La Arboleja, Rincón de Seca y Barriomar y en pocos minutos avanzó hacia ambos márgenes del río.

A lo largo de la tarde se incorporaron cuatro helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, un helicóptero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y un hidroavión enviado por la Junta de Castilla-La Mancha.

En las tareas de extinción participaron bomberos municipales, brigadas forestales, agentes de la Policía Local y personal sanitario. Fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias apuntaron a que las llamas podrían haberse reactivado en una zona afectada previamente por otro conato registrado horas antes. La evolución del incendio obligó al Ayuntamiento de Murcia a activar el nivel 1 del Plan de Emergencia Municipal, mientras que la Comunidad Autónoma hizo lo propio con el Plan Infomur.

Desde el Gobierno regional, el presidente Fernando López Miras también mostró su preocupación por el avance de las llamas. “Muy pendiente de la evolución del incendio en Murcia”, escribió el jefe del Ejecutivo regional en su cuenta de X. López Miras apuntó, además, que se incorporaron a las labores de extinción las brigadas de Fortuna, Ricote y Blanca y los bomberos de Alcantarilla y Molina de Segura.

Este es el segundo incendio que vive la ciudad en las últimas tres semanas. El pasado 2 junio se declaró un grave fuego en la pedanía murciana de Los Garres, que calcinó 177 hectáreas del Parque Regional de El Valle y Carrascoy y provocó daños en el castillo de la localidad. A raíz de aquel suceso, la Fiscalía abrió diligencias tras la denuncia presentada por el colectivo conservacionista Huermur, que reclamó esclarecer el origen del incendio y evaluar las posibles afecciones ocasionadas tanto al patrimonio histórico como al espacio natural protegido.

La Denominación de Origen Protegida Arroz de Calasparra celebra su 40 aniversario en un momento clave para el inicio de una nueva campaña de siembra, que arranca con unas 550 hectáreas cultivadas y una previsión cercana a los tres millones de kilos. La efeméride ha centrado la visita institucional al coto arrocero, donde se ha puesto en valor la trayectoria de un cultivo pionero en España, creado en 1986 y con raíces históricas que se remontan al siglo XVIII.

En la visita han participado el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, el vicepresidente del Consejo Regulador de la DOP Arroz de Calasparra, Pedro López, el presidente del Consejo Regulador, José Martínez, el presidente de la Cooperativa del Campo Virgen de la Esperanza, Juan Egea, el gerente de la cooperativa, Juan Antonio Cantero, la gerente de Flor de Calasparra, María Haro, así como representantes municipales. También han asistido la alcaldesa de Calasparra, Teresa García, y la propietaria de la finca visitada, María Dolores Guirao.

La alcaldesa de Calasparra, Teresa García, ha destacado el valor simbólico de esta jornada, enmarcada en la celebración del 40 aniversario de la Denominación de Origen, subrayando el arraigo del cultivo en el municipio y su importancia como parte esencial de la identidad local. García ha puesto en valor la colaboración entre administraciones, productores y Consejo Regulador para seguir reforzando un producto que ha definido como un “emblema” de Calasparra.

Durante la jornada se ha puesto en valor la adhesión de Castilla- La Mancha al reconocimiento de la Medalla de Oro al Arroz de Calasparra, entregando el documento de apoyo durante la jornada. La alcaldesa de Calasparra, además, ha reclamado un mayor respaldo a los agricultores, defendiendo que sería deseable que los productores de la Región de Murcia cuenten con apoyos similares a los de Castilla-La Mancha para garantizar la continuidad del cultivo.

El consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, ha subrayado el carácter singular del coto arrocero, al que ha definido como el “único arroz de montaña de España”, además de destacar su valor ambiental y económico. En este sentido, ha reafirmado el compromiso institucional con su continuidad y ha anunciado ayudas específicas de unos 400 euros por hectárea para los productores de la zona de Hellín. El consejero ha defendido además la importancia de la promoción del producto al señalar que “genera riqueza, empleo y vida en nuestros pueblos”.

Durante la visita, el vicepresidente del Consejo Regulador, Pedro López, ha explicado que el cultivo se encuentra aún en una fase inicial y ha advertido de que la climatología será decisiva en los próximos meses. “Hasta octubre quedan muchos meses”, ha recordado, insistiendo en que las altas temperaturas de finales del verano pueden influir en la maduración del grano, ya que “los últimos días de agosto y septiembre son clave porque es cuando el arroz está en plena maduración”.

Evolución positiva

Por su parte, la propietaria de la finca visitada, María Dolores Guirao, ha destacado el buen inicio de la campaña, con una nascencia favorable del cultivo. “La nascencia ha sido muy buena y la primera fase de la campaña está evolucionando de forma muy positiva”, ha señalado. Guirao ha reivindicado además el legado de los agricultores que impulsaron la DOP hace cuatro décadas: “Somos los continuadores de aquellos agricultores que tuvieron la visión de proteger nuestro arroz”.

La visita ha reunido a representantes del sector y de las administraciones en un recorrido por un ecosistema único entre Calasparra, Moratalla y Hellín, donde se ha destacado la importancia económica, social y medioambiental del cultivo. Además de su valor gastronómico, el arroz de Calasparra se ha consolidado como un producto de calidad diferenciada que contribuye a la conservación del entorno natural y al mantenimiento de la población rural, en un año especialmente simbólico para una de las denominaciones de origen más emblemáticas del país.

Por sorpresa y con intención de abordar la trama de las prótesis del Servicio Murciano de Salud (SMS), el PSOE ha intentado forzar este jueves la comparecencia de la consejera de Salud, Isabel Ayala, en la Asamblea Regional de Murcia. La modificación del orden del día, que ha salido adelante con los votos a favor de Podemos y de Vox, se ha visto frustrada a última hora.

Tras tres horas de pleno, y cuando le habría tocado el turno de palabra a la consejera, la presidenta de la Cámara regional, Visitación Martínez, ha dado lectura a un escrito remitido por Ayala en el que esta ha señalado que había sido informada de la votación una vez había abandonado la Asamblea tras responder a las preguntas parlamentarias, y ha defendido que, si existía interés en su comparecencia, la modificación del orden del día debía haberse planteado mientras permanecía en el hemiciclo.

Ante ello, la consejera ha mostrado su disposición a comparecer “en sede parlamentaria por los cauces adecuados”, y la presidenta de la Asamblea Regional ha suspendido la sesión, lo que ha sido recibido con gritos de indignación tanto en la bancada socialista como en la del Grupo Mixto y Vox.

Pese a la indignación de la consejera, la estrategia de los socialistas no es ninguna novedad en el Pleno murciano y cuenta con el amparo del reglamento de la Asamblea. Semanas atrás fueron los propios populares los que modificaron el orden del día de un Pleno de control para incorporar la convalidación del decreto de ELA y el decreto para el pago de las subvenciones a organizaciones del tercer sector. La diferencia entre ambos movimientos reside en que el PP planteó esta propuesta antes del inicio del debate, mientras que los socialistas han presentado la modificación del orden del día cuando ya estaba avanzado y se habían formulado seis preguntas a los distintos consejeros, entre ellos Ayala.

Esta petición de comparecencia se produce a menos de un mes de la toma de posesión de la consejera, que ha sustituido en el cargo al consejero de Salud, Juan José Pedreño. Una reestructuración que ha coincidido con la investigación sobre la presunta trama de prótesis en el Servicio Murciano de Salud (SMS) en la que se habrían facturado prótesis caducadas, mediante irregularidades en los sistemas de compra y registro.

De acuerdo con el reglamento de la Asamblea, la presidenta de la Cámara “podrá suspender o levantar las sesiones cuando se produzcan incidentes que impidan la normal celebración de estas”. La sesión se reanudará este viernes 19 de junio, se espera que tenga lugar la comparecencia de la consejera con total normalidad.

Una “espantada en toda regla”

Los socialistas han celebrado que, finalmente, este viernes intervendrá la consejera: “Deberá dar explicaciones”, han advertido, un hecho que han atribuido a “la presión ejercida” por “los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, del grupo Mixto y del Grupo Vox”.

Por su parte, la portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea regional, María Marín, ha calificado la actitud de la consejera de “espantada en toda regla, para no dar explicaciones de la trama” a pesar de que se ha ordenado su comparecencia cumpliendo con el reglamento, ha valorado. “Ha salido huyendo a la carrera para evitar dar cuentas, y lo ha hecho con la complicidad del PP y de la presidencia de la Asamblea”, ha continuado Marín. “Una vergüenza más en este escándalo”, ha dicho, “que demuestra que el PP es un partido que miente por sistema”.

“Si no hay políticos implicados, y todo se ha hecho correctamente, por qué se esconden”, ha reflexionado la diputada de Podemos al tiempo que ha recordado que la consejera Ayala ocupó el cargo de directora gerente del SMS “mientras la trama saqueaba sus arcas y jugaba con la vida de cientos de pacientes”. En su opinión, una consejera “que se niega a dar la cara en la sede de la sobería de la Región no puede seguir ni un minuto más en su puesto, debería dimitir hoy mismo”. Marín ha adelantado, además, “que pediremos la reprobación de la presidenta de la Asamblea por convertirse en cómplice y encubridora de esta fuga”.

Un fraude de 6,9 millones de euros

La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha ampliado su alcance más allá del supuesto fraude económico de 6,9 millones de euros detectado en la facturación de material sanitario. Los agentes investigan ahora posibles irregularidades en los procedimientos de contratación pública, tras detectar indicios de que responsables de la central de compras del SMS habrían facilitado borradores de pliegos de licitación a representantes de empresas del sector antes de su publicación oficial.

Según el atestado policial, uno de los comerciales investigados habría introducido modificaciones en las características técnicas y en la configuración de varios lotes de un concurso de endoprótesis de aorta, cambios que posteriormente habrían sido incorporados al expediente. La causa, que ya cuenta con once detenidos y dos personas investigadas, también analiza la presunta adquisición de implantes caducados o sin homologación, así como discrepancias entre la documentación clínica de los pacientes y las facturas emitidas. Desde la Consejería de Salud han insistido desde un principio en que fue la propia inspección sanitaria la que derivó la causa a Fiscalía.

La investigación de la Policía Nacional sobre la presunta trama de las prótesis en el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha ampliado su alcance más allá del supuesto fraude económico de 6,9 millones de euros mediante la manipulación de facturas. Según el atestado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso elDiario.es Región de Murcia, los agentes apuntan también a posibles irregularidades cometidas en la gestión de la contratación pública.

En el informe, que contiene más de un centenar de páginas, los investigadores describen indicios de posibles prácticas arbitrarias en al menos un procedimiento de licitación pública. En concreto, se citan intercambios de correos electrónicos fechados en 2022 entre el entonces responsable de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI), la central de compras del SMS, Vicente F.G.; y Sergio D.M., entonces comercial de Logimed, una empresa del sector sanitario señalada en la investigación, a quien los agentes sitúan como una de las figuras claves en el entramado.

En esos correos, según detalla la UDEF, el responsable de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) del SMS habría enviado de forma exclusiva al excomercial el borrador de los pliegos del concurso de las endoprótesis de aorta, urgiéndole a revisarlo antes de mantener una reunión posterior para abordarlo de manera conjunta.

De acuerdo con el atestado policial, el exrepresentante de la empresa introdujo distintas modificaciones en el documento, incluyendo cambios en la configuración de los lotes del contrato. Posteriormente, el responsable de la unidad habría remitido el texto con parte de esas sugerencias incorporadas al jefe de sección de la UAI, M. N. G.

Estas comunicaciones forman parte de las diligencias en las que la UDEF analiza si, además de las supuestas irregularidades ya conocidas en la facturación y el suministro de material sanitario, pudo existir una intervención irregular en la fase de adjudicación de contratos públicos.

Según la investigación policial, el documento, enviado directamente al antiguo comercial de Logimed, habría sido devuelto con diversas correcciones técnicas antes de incorporarse al expediente final. El 15 de diciembre de 2021 Vicente F.G. envió un correo a Sergio D.M., adelantando el pliego para el concurso público de unas endoprótesis de aorta: “Por favor, revísalos y a la vuelta de las vacaciones lo vemos conjuntamente”, escribió el responsable del departamento de compras. El antiguo comercial de Logimed le respondió tres meses después, el 4 de marzo del año siguiente, adjuntando los pliegos corregidos: “Aquí tienes el concurso revisado y actualizado a día de hoy. Cualquier aclaración no dudes en ponerte en contacto conmigo”. El comercial de Logimed no solo recibió en primicia los pliegos del concurso, sino que los enmendó a medida.

Entre las modificaciones más destacadas se encuentran las introducidas en los lotes 6 y 7, donde se alteran de manera sustancial las características de los dispositivos. De hecho, en el lote 6 se modifica el modelo de endoprótesis, así como las longitudes o el rango de diámetros. Mientras que en el lote 7 se modifica el dispositivo de una fijación infrarrenal a una transrenal, se introducen nuevas estructuras y se varían los materiales o los sistemas de anclaje. Modificaciones que afectaban a los criterios de valoración técnica, sumando más puntos en la evaluación del expediente.

Un agujero de 6,9 millones de euros

Según estimaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, el agujero que la trama hizo a las arcas autonómicas asciende a unos 6,9 millones de euros, aunque el juez instructor del caso ha solicitado un informe a la Administración General del Estado para determinar con exactitud el importe presuntamente defraudado, tal y como ya pidió la UDEF en su atestado. La Policía Nacional ha confirmado que once personas han sido detenidas y dos investigadas, por delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal.

El marco de la investigación se centra en una trama de compra con sobreprecios de prótesis vasculares, con implicados que, presuntamente, ocupaban puestos en la práctica totalidad de la cadena de comercialización. En ocasiones, estos productos carecían de homologación o estaban caducados. Pese a la insistencia por parte de la Consejería de Salud de que el fraude era “económico” y de que “no hay confirmadas” implantaciones de prótesis en mal estado, la UDEF ha documentado el caso de un paciente al que se le intervino con stents caducados.

Cada prótesis tiene un número de serie identificativo, que debe quedar reflejado en el momento de la facturación y en la documentación del paciente. La UDEF ha alertado de la “dificultad” para seguirle la pista a estas prótesis, a causa de que no coincide la información de las prótesis en la hoja de paciente y la facturación, o por la presencia de referencias de prótesis anotadas a mano.

El informe interno de inspección Salud, que fue definitivo para descabezar a la UAI, apunta a un “riesgo grave para la salud” del fraude perpetrado por el jefe de la 'central de compras' del SMS y su jefe de sección, además del jefe de la Sección de Radiología Vascular Intervencionista. Una de las claves son las discrepancias entre los documentos del paciente y la facturación. En concreto, en la hoja de implantación figura una prótesis más barata y homologada, por valor de 400 euros, mientras que se facturaba otra más cara y sin homologar, a precio de 1.200 euros. Solo de este entramado consiguieron provocar a las arcas del hospital un sobrecoste de 650.140 euros.