Cuando Ismail salió de su casa la tarde del 11 de julio de 2025 no imaginaba que acabaría convirtiéndose en una de las víctimas más visibles de la violencia que sacudió durante casi una semana las calles de Torre Pacheco. A sus 15 años acudió a la concentración convocada por el Ayuntamiento del PP para condenar la agresión sufrida días antes por un vecino del municipio, Domingo, de 69 años. Quería solidarizarse con su pueblo. Pero al terminar la protesta el ambiente cambió.

Un año después, su madre, Kesia, reconstruye la historia con una mezcla de rabia e impotencia. Es sábado. Justo antes de la entrevista, Kesia se pega un chapuzón rápido en la piscina: “Perdona, pero llevo toda la semana trabajando sin parar y mañana me toca otra vez”, se excusa. Son las 11.30 de la mañana y el termómetro marca ya más de 30 grados. La sensación es agridulce. Por una parte, se cumple un año de uno de los momentos “más oscuros” para la familia. Por otro, celebran el cumpleaños de la hermana pequeña de Ismail. “El año pasado se quedó sin fiesta porque estuvimos denunciando en la comisaría”.

“Fue todo muy difícil; lo recuerdo como si fuera hoy”. Ese día habían montando el campamento familiar en la piscina para aplacar los calores del verano. “Sobre las 19:30 Ismail me dijo: ‘Mamá, me voy a la manifestación del pueblo contra la violencia por lo que le han hecho a Domingo’; se duchó, le di un beso y se fue”.

Veinte minutos después empezaron las llamadas. “Me llamó su amigo Moha y me dijo: ‘Lo han matado, lo han matado’. Yo no entendía nada. El único que faltaba en casa era Ismail y se me sobrecogió el corazón; poco después otra amiga me llamó para avisarme de que se lo habían llevado a comisaría”.

Cuando llegó a la comandancia encontró a su hijo en una habitación, sin su teléfono móvil, “como si fuera un delincuente”. Ismail le contó entonces lo ocurrido: “Mamá, me han pegado al grito de ‘moro de mierda”.

Tras la agresión sufrida por Domingo, grupos ultras convocados a través de redes sociales llegaron al municipio alentados por bulos y mensajes de odio, y la tensión se trasladó a las calles con persecuciones contra los vecinos de origen magrebí. “En un momento dado, algunas personas empezaron a increpar a Ismail, a insultarle e ir a por él; la policía le redujo para protegerle, supuestamente, y en ese instante se le echó encima 'la tribu' y empezaron a pegarle patadas, fue un milagro que saliera ileso”, cuenta dolida Kesia.

“Me lo traje a casa y cuando iba a hablar con él empezó a venir mucha gente con palos y machetes; venían detrás de los marroquíes por mi calle, que está muy lejos de donde fue la manifestación. Los habían estado persiguiendo por el pueblo al grito de ‘moros de mierda, os vamos a matar’”.

Kesia recuerda también el ambiente de violencia que se respiraba en esos momentos: “Se escuchaban cosas como ‘Viva Franco’ o ‘moro muerto, abono 'pa' mi huerto’. Tú escuchabas eso y pensabas: ¿qué está pasando aquí?”. Muchos de los jóvenes que buscaron refugio eran menores: “Me gritaban ‘halti, halti’ —tía, en árabe— y empecé a meter gente en mi casa. Llegué a tener a unas 30 o 35 personas, chicos de 14 y 15 años, todos acurrucados en el salón. Eran niños del pueblo, niños de toda la vida, nacidos en España”.

La madre de Ismail rechaza que lo ocurrido pueda explicarse únicamente por la llegada de grupos ultras de fuera del municipio. “Sí, vino gente de fuera, pero también había gente de dentro. El pueblo se sintió apoyado por los forasteros y también influyó que hubiera un partido político, Vox, que avalara ese discurso”.

La madre de Ismail considera que ese respaldo político contribuyó a que algunos vecinos se sintieran legitimados. “La gente se envalentonó porque sentía que tenía un respaldo detrás”.

“Si lo llegan a pillar en otra calle, habría sido un drama”

Su abogado, Sergio Ramos Ruiz, también pone sobre la mesa que los hechos se produjeron dentro de un contexto de tensión social y política. “Hubo elementos relacionados con el odio que acabaron propagándose y desembocaron en agresiones. En el caso de Ismail, afortunadamente no fue a más; si lo llegan a encontrar en otra calle podría haber sido un drama”. Y señala que algunos de los agresores de Ismail “incluso conocían de vista al chico y todos eran mayores de edad”.

El atestado de la Guardia Civil recoge que el menor sufrió contusiones y hematomas. Su madre añade daños en el tímpano. Dos hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito leve de lesiones con agravante de discriminación y de un delito de desorden público, aunque quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial. Actualmente la causa se dirige contra ocho personas pero Kesia pide que se amplíe a una novena: “Es un hombre del pueblo que se ensañó mucho con él y me lo cruzo en el colegio todos los días porque tiene un hijo menor de edad, no está en la investigación y no sé si es por cuestión de poder o dinero, pero me da qué pensar”.

Ramos Ruiz sostiene que los hechos deben investigarse también como un posible delito de odio. “Esa es la parte más complicada del caso”, reconoce, aunque considera que existen indicios suficientes. “El contexto en el que ocurre, las convocatorias públicas que se hicieron aquellos días y la cantidad de vídeos grabados son elementos que apuntan a esa motivación”.

Aunque asegura confiar en la Justicia, Kesia denuncia que la historia de su hijo quedó eclipsada por la agresión a Domingo y por los disturbios posteriores. “El proceso judicial está bastante paralizado y mientras los agresores de Domingo pasaron por el calabozo y tuvieron medidas cautelares, no fue así en el caso de mi hijo”, se queja.

Memes, insultos y persecución en redes

La agresión del 11 de julio tampoco fue el final de la historia. Días después, Ismail sufrió una segunda victimización cuando su imagen comenzó a circular por redes sociales y se le señaló erróneamente como uno de los presuntos autores de la agresión a Domingo: “Se hicieron memes, se rieron de él, le acusaron de ser el agresor y le llamaron moro de mierda, escoria, lacra de la sociedad o infraser”.

Kesia recuerda que lo que más daño hizo a su hijo fue sentir que la gente lo estaba tratando como si hubiera cometido una atrocidad. “En los vídeos se escuchaba a personas diciendo ‘pégale, pégale, hijo de puta, maricón, moro de mierda’, pero él no había hecho absolutamente nada”.

Según su madre, Ismail llegó a explicarle que se sentía como “la gente que sale en la tele porque ha cometido un crimen y los demás quieren vengarse de él, como si hubiera hecho algo horrible”.

De madre española y padre marroquí, hasta entonces Ismail nunca había tenido problemas por su origen. “Era un crío que se sentía español y también marroquí. Había compartido las dos culturas. Celebraba la Navidad y hacía el Ramadán. Estaba integrado en su colegio, tenía sus amigos y era un chico muy sociable”.

Muy emocionada, Kesia recuerda que “le decía que era el gallito del corral porque en las tardes de verano se nos juntaban en la puerta 20 o 25 personas todos los días: españoles, colombianos, marroquíes, personas de etnia gitana, de todo, que venían a casa porque allí estaban a gusto”.

Ismail era un adolescente con una vida normal. “Era un apasionado del fútbol. Desde pequeño había estado en la Escuela de Fútbol de Torre Pacheco: pasó por infantil, cadete, todas las etapas, y cuando sucedió todo se dejó el equipo”. También le encantaban las motos. “Se cogía el tren y se iba solo a Cartagena a comprar piezas, pero también dejó de hacerlo”.

El impacto psicológico fue profundo. “Este tema es tabú en casa. No se habla. Es como si esto no hubiera pasado; se ha quedado con esa sensación de que no está seguro; por eso al terminar el curso ha decidido irse fuera del pueblo”.

Prejuicios y estigmas: “El problema es la 'morofobia'”

Pese a todo, Kesia intenta transformar la experiencia en una oportunidad para trabajar con otros jóvenes. En sus ratos libres colabora como voluntaria con la comunidad magrebí de Torre Pacheco. “Me gusta trabajar con los jóvenes, guiarlos y ayudarles, sobre todo dentro de la comunidad magrebí por todos los estereotipos, prejuicios y estigmas que existen”. En su opinión, en España “el problema no es el racismo, es la morofobia”.

Por eso insiste a los jóvenes en que continúen estudiando. “Les digo que las cosas imposibles son solo un poco más difíciles, y que tienen que seguir estudiando y convertirse en fiscales, médicos, abogados, jueces o profesionales con peso en la sociedad, para que así cambie la mirada hacia ellos”.

También cree que queda pendiente una cuestión de pertenencia. “Muchos chicos han nacido aquí, tienen DNI español y pasaporte español, pero cuando les preguntas te dicen que se sienten marroquíes. Eso debería hacernos reflexionar como sociedad. Quizá no es que ellos no quieran integrarse, sino que nosotros no les dejamos integrarse”.

Kesia lamenta también la falta de apoyo que sintió por parte de algunos vecinos: “Si se hubieran unido, esto no habría pasado. O quizá habría pasado, pero habría sido menos grave. Yo no me he sentido apoyada por mucha gente del pueblo”. Y considera que “en Torre Pacheco no hay convivencia, sino coexistencia, que es diferente; no hay una verdadera integración, somos un municipio multicultural pero no intercultural”.

Pese al golpe que ha supuesto lo ocurrido, Ismail intenta mirar hacia delante. “Quiere formarse como profesional del deporte y su idea es después opositar para policía, piensa que así puede arreglar un poco las cosas, que puede ayudar a cambiar la sociedad”, sonríe su madre.

Cuando las cámaras se marcharon y los últimos ultras abandonaron Torre Pacheco, no llegó la calma. Llegó el silencio. Un silencio que no tenía que ver solo con el verano, sino con el miedo. Durante meses, en las calles donde se había señalado, perseguido e insultado a vecinos por su origen, casi nadie quiso volver a hablar de aquellos días. “En octubre, cuando empezó otra vez la campaña y regresó la gente, algunos vecinos reconocían que lo habían pasado muy mal. Pero no muchos”, recuerda Nabil Moreno, presidente de la Comunidad Islámica Al Manar de Torre Pacheco, un municipio de 40.000 habitantes y 99 nacionalidades diferentes.

Hace un año, la agresión a Domingo, un anciano de 69 años, fue utilizada como detonante de una ola de violencia racista. Centenares de ultras llegaron al municipio, espoleados por mensajes de odio difundidos desde canales y perfiles de extrema derecha que llamaban abiertamente a la “cacería” de migrantes. Durante varios días, Torre Pacheco dejó de ser un pueblo agrícola para convertirse en el escenario de una persecución xenófoba.

Nabil lo recuerda en una cafetería a las afueras de Torre Pacheco. Desde la mesa se puede observar una panorámica del establecimiento. Una docena de parroquianos, de todas las edades, se refugian dentro del calor. En la barra se sirve té con menta y dulces típicos de Marruecos, expuestos en una enorme vitrina. Al fondo, pósteres madridistas adornan la pared, recuerdos de la Champions de 2016. “Distribuyen el pan marroquí, hacen dulces, cordero asado por encargo.También se celebran bodas. Antes esta era la única sala en todo el Campo de Cartagena, ahora hay muchas más”, explica Nabil.

“Ante todo somos de este pueblo, somos vecinos. Somos ciudadanos de aquí, tenemos hijos nacidos aquí y ahora vamos con la segunda generación”, explica Nabil. Al presidente de la comunidad islámica le cuesta recordar los disturbios del pasado año, no quiere volver a esos días que define como de inseguridad e incertidumbre: “Todo el mundo tenía miedo por la noche, a las siete la gente ya estaba entrando en su casa”.

“Vino mucha gente de fuera, ultras y algunos marroquíes a buscar líos, pero esto es un pueblo tranquilo, no somos gente violenta”, abunda. “Los niños estuvieron una semana sin salir en pleno verano, sin disfrutar de sus vacaciones. Yo tuve que irme a la baja una semana, explicarle a mi jefe que no podía trabajar teniendo al lado de mi casa a gente armada”.

Ahora, el hombre confiesa que llegó a temer la vuelta de los ultras. La semana pasada, Vox volvió a explotar un altercado en Torre Pacheco, en el que el presunto agresor atacó en repetidas ocasiones a otro hombre con un martillo en la cabeza y después agredió con una botella rota en el cuello a un tercer hombre: “No es exclusivo de Torre Pacheco que haya heridos graves en una pelea”, apuntó el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca (PP), a este diario. “No hay que meter a todo el mundo en el mismo saco”, añade Nabil.

“Torre Pacheco es un municipio con un alto porcentaje de trabajadores migrantes, fundamentalmente vinculado al campo. Estas son las condiciones que en su día alentaron a algunos colectivos de ultraderecha”, expone el profesor de Sociología en la Universidad de Murcia (UMU) Andrés Pedreño

Convivencia sin integración

138.204 comentarios de discurso de odio racista y xenófobo corrieron como la pólvora en redes sociales en apenas dos semanas tras la agresión el 9 de julio de 2025 a Domingo, según un informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De todo ese contenido, las plataformas solo retiraron el 22%. El informe analizó el periodo entre el 6 y el 22 de julio y concluyó que el 91% de los mensajes de odio detectados tuvieron como objetivo a personas del norte de África.

Los disturbios en Torre Pacheco fueron un problema importado, los ultras podrían haber invadido cualquier otro municipio para sus llamadas “cacerías” al migrante, pero lo ocurrido expuso la fragilidad de la integración en la localidad: “Cada uno va haciendo su vida, te ven como extranjero. Y lo peor de todo, te meten en el mismo saco que una persona que hace las cosas mal. La mayoría piensa que estamos invadiendo su país o quitándoles el trabajo”, observa Nabil.

Durante los peores momentos del conflicto, Nabil echó en falta el respaldo del resto de vecinos de Torre Pacheco: “Si hubieran salido más españoles aquí con nosotros, no hubiera pasado nada”. “Hay que ayudar al pueblo, seas de donde seas. Si pasa algo en España y necesitan sangre, soy el primero en donarla. No hay que distinguir entre españoles y no españoles. Somos de aquí y hay que ayudar en lo que haga falta”.

Entre el ajetreo de la cafetería, Moustafa saluda a algunos de los parroquianos. Ha llegado a recoger el pan, que repartirá en el resto de establecimientos de la localidad. La Glorieta de la Tinaja, señala, es una frontera invisible que divide al municipio: “Ellos [la población blanca] viven ahora en una urbanización. Antes, en el barrio de San Antonio estaban las casas de los locales, que acabaron comprando los migrantes”, explica. “La convivencia no ha cambiado desde el año pasado”, añade Moustafa.

El Miloud llegó a España en 1974 para trabajar en las minas del Llano del Beal. Con una experiencia migratoria y de integración muy distinta a la que suelen experimentar sus compatriotas en la actualidad, es optimista respecto a la convivencia. “Yo llegué de forma legal, tenía 20 años”, cuenta mientras muestra orgulloso una copia de su primer contrato y de su visado, que atesora en su teléfono. En la mina conducía los vagones del tren, recuerda, y ganaba “un buen sueldo”.

La experiencia de El Miloud con sus vecinos es positiva: “Entran en mi casa, toman té con nosotros y nos tratamos con respeto; aquí hay de todo como en todos sitios, gente buena y gente mala y yo tengo muchas amistades tanto con españoles como con africanos”.

En el caso de sus compatriotas, apunta, “es importante tener un buen comportamiento cuando tienes la oportunidad de estar aquí en Europa. Llegar hasta aquí no es fácil, muchas familias tienen que vender en Marruecos todo lo que tienen”. En su opinión, los inmigrantes vienen para trabajar y no “para crear problemas”. En el caso de los jóvenes -dice- hay algunos que “salen de fiesta, se meten con todo el mundo o roban”, pero considera que es un fenómeno que alcanza a todas las nacionalidades. “En Pozo Estrecho, por ejemplo, había una banda robando y todo el mundo decía que eran moros, pero mira, eran españoles”.

Recuerda El Miloud que terminó de instalarse en Torre Pachecho en el año 1989, “cuando empezó a cultivarse aquí a gran escala y necesitaban mano de obra, pero entonces el trato era mucho mejor, ahora hay que pagar hasta por trabajar”.

En España, reflexiona, “tienen que aprender un poco de los países que atesoran más experiencia migratoria como Inglaterra, Alemania o Francia, donde se trata al extranjero como un ciudadano, con todo tipo de oficios y se les considera ingleses, franceses o alemanes”.

La regularización “mejorará la vida de miles de familias”

Las calles de este barrio están, como suele ocurrir en estas fechas, desoladas y desprovistas de gente, con la salvedad de la eventual terraza de bar. En su cafetería, Allal Abbou, presidente de la Asociación Marroquí de Consulta y Participación, intenta construir puentes entre los vecinos: “Hay que activar el barrio, no hay muchos sitios de ocio”, explica. “Jugamos al ajedrez, o fuera a la petanca. Aquí no solo vienen los jóvenes marroquíes del pueblo. Viene mi hijo, mi hija, sus compañeros del colegio. Los vecinos son como mi familia”, abunda.

Una de las paredes de la cafetería está presidida por un televisor, que retransmite una tertulia del Mundial de fútbol en árabe: “Está siendo un Mundial cargado de sorpresas”, señala Allal. Una de las mesas junto al televisor está coronada por un jarrón con las banderas de España y Marruecos: “Ahora hay una nueva generación de diferentes nacionalidades, colores y religiones. Echamos en falta una colaboración entre el Ayuntamiento, Servicios sociales y los vecinos para mejorar la convivencia”, explica.

En Torre Pacheco hay censadas 99 nacionalidades diferentes. En los últimos años, su población ha crecido significativamente hasta alcanzar las 40.000 personas. La llegada del agua del Trasvase Tajo-Segura en 1979 vino acompañada de una enorme oferta de trabajo agrícola, que se suplió con población migrante. Nabil llegó en el 2001, cuando las multinacionales ya habían sustituido a las explotaciones de pequeño tamaño, y trabajó en el campo cuatro años: “Si no hubiera migración, este pueblo estaría en la lista de la España vaciada. Los inmigrantes lo han levantado muchísimo. Yo estuve trabajando 14 horas al día, cargando camiones para exportar a Europa los productos de la huerta murciana”, recuerda Nabil.

“Ahora gracias a Dios tengo un trabajo, tengo a mi familia, mi casa. Soy de Tetuán, cerca de España, me fui porque no veía un futuro allí. Nadie deja su país para buscar conflictos”, subraya.

“Algunos vecinos lo pasan mal, no tienen documentación, no tienen nada. No son el problema, pero su situación es parte del problema”, explica Nabil, que celebra la regularización extraordinaria: “Va a mejorar la vida de miles de familias”. Pedreño, por su parte, espera que mejore a la integración de la población local: “Esperemos que contribuya a la normalización e integración que todo proceso de regularización conlleva”.

Como presidente de una comunidad religiosa, Nabil ha sido testigo de los estragos que la falta de papeles puede causar entre sus vecinos: “Me marcó la situación de una mujer que llegó aquí hace tres años. Su hijo murió el año pasado y no tiene dinero para volver a Marruecos y despedirse. Lo está pasando muy mal en el campo, tiene que comprar contratos y se aprovechan de ella”, explica.

“Tener a personas sin papeles y sin estatutos de la ciudadanía condena a la población a situaciones de marginalidad y de sobreexplotación. En definitiva, sin derechos”, detalla Pedreño.

“[La regularización] va a ser buena para la seguridad del pueblo. Una persona que no tiene casa, ni trabajo, que no puede formarse, al final está abocada a la violencia”, añade Nabil.

“En el barrio de San Antonio se está desarrollando un proyecto de dinamización comunitaria que está desarrollando el Ayuntamiento del municipio con financiación de la Comunidad Autónoma. La gente migrante debe sentirse integrada, con derechos, con un reconocimiento de su ciudadanía. Creo que la regularización y el plan de dinamización son pasos en el buen camino”, apunta Pedreño.

La curva del odio

El estallido de julio no fue un hecho aislado. El observatorio traza una cronología de antecedentes que, sostiene el informe, contribuyeron a preparar el terreno: un intento de robo el 2 de mayo protagonizado por un presunto agresor norteafricano, viralizado como ejemplo de “defensa legítima”; la muerte a tiros de un hombre armado con un cuchillo en el aeropuerto de Gran Canaria, el 17 de mayo; la detención de un policía en Torrejón de Ardoz el 18 de junio, tras la muerte de un ciudadano norteafricano; y, sobre todo, la investigación abierta el 30 de junio por una presunta agresión sexual cerca de un centro de menores en Alcalá de Henares, que el propio documento identifica como detonante de manifestaciones con fuerte carga xenófoba, incluida la exhibición de simbología nazi.

Menos de 24 horas después de la agresión a Domingo, recoge el informe, ya circulaban vídeos manipulados y fotografías erróneas de los supuestos implicados; el 11 de julio grupos de Telegram lanzaron llamamientos a atacar a personas extranjeras y el Ayuntamiento (PP) convocó una manifestación bajo el lema 'Torre Pacheco, libre de violencia, libre de delincuencia'.

Para el 12 y el 13 de julio la violencia dio el salto a las calles de Torre Pacheco, que registró los primeros episodios de violencia en el barrio de San Antonio, con al menos cinco detenciones y el ataque a un establecimiento regentado por una persona musulmana, pese al despliegue de más de 75 agentes. El informe documenta la participación del presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, en una manifestación paralela bajo el lema 'Defiéndete de la inseguridad', donde llegó a afirmar sobre la expulsión de inmigrantes que no iba a quedar “ni uno”. El 14 de julio se anunció la detención del líder del grupo ultra de Telegram 'Deport Them Now', donde germinó la “cacería” al migrante.

El 11 de julio ya se registraban, según OBERAXE, del orden de 6.824 mensajes de odio diario, pero el pico máximo llegó el 12 de julio, con 33.046, coincidiendo con la manifestación convocada en la localidad. Después, fue descendiendo poco a poco aunque se mantuvo elevado hasta el 17 de julio (con 8.247 mensajes).

El Observatorio incide en su informe en que el 33% de los mensajes eran deshumanizantes, un 27% presentó al colectivo como una amenaza, un 23% incitó directamente a la expulsión, un 13% incitó a la violencia y un 4% llegó a alabar a los agresores. El informe subraya además que el 78% de los contenidos de odio se articuló en torno al argumento de la inseguridad ciudadana, y que el lenguaje empleado fue explícitamente agresivo en el 88% de los casos, con un uso reiterado y peyorativo del término “moro”.

El vídeo que no era de Torre Pacheco

OBERAXE dedica un apartado específico a uno de los bulos centrales del caso: un vídeo de 25 segundos que circuló como supuesta prueba de la agresión original. Tanto el Ayuntamiento como la Guardia Civil confirmaron que las imágenes correspondían en realidad a una agresión ocurrida en Almería a finales de mayo, sin relación alguna con los hechos de Torre Pacheco. En paralelo, circularon fotografías con identidades falsas de cinco supuestos agresores, que ni siquiera la víctima llegó a reconocer.

Coincide en este punto Alba Solla, redactora en Maldita.es. La fundación analizó durante esos días 50 publicaciones en X con desinformaciones sobre Torre Pacheco que sumaron más de 1,6 millones de visualizaciones. “A 18 de julio de 2025, ninguna tenía Notas de la Comunidad visibles; pero el bulo del vídeo de la agresión fue el detonante más viral y el primero en circular”.

“Este tipo de prácticas en situaciones impactantes y emergencias es una estrategia muy usual”, explica Solla, al tiempo que añade que desde Maldita.es documentaron también la participación de la red rusa Pravda, “una red de propaganda y desinformación que actúa como amplificadora”, que publicó casi 300 contenidos en cinco días, en varios idiomas.

Según la redactora de Maldita.es, “identificamos el primer bulo de Torre Pacheco en Telegram a las 10.00 horas del 10 de julio, y solo 13 minutos más tarde News Pravda ya lo estaba republicando, es algo muy rápido”.

“Identificamos contenidos de desinformación en Twitter o Telegram que seguían circulando días después y no tenían notas de la comunidad; ocurrió también con la dana en 2024, entonces también vimos que el sistema de notas no era suficientemente efectivo”.

“La desinformación se difunde muy rápido, no se contrasta, y en temas tan delicados y en los que hay un vacío informativo en los primeros momentos, es muy fácil que en ese hueco se cuelen los bulos”, explica Solla. Apelando a las emociones el medio o de la ira, el cóctel está servido. “Es muy rentable porque el pánico llama la atención del receptor y dificulta el razonamiento crítico, simplificando los procesos mentales”.

Un paciente de 65 años reclama 150.000 euros al Servicio Murciano de Salud (SMS) tras denunciar que le implantaron un stent vascular supuestamente caducado en un hospital concertado de Murcia. El caso forma parte de la investigación de la llamada trama de las prótesis, destapada por la UDEF, que indaga posibles irregularidades en el uso y gestión de material sanitario en la sanidad pública murciana.

Según la denuncia, el stent habría sido colocado cuando ya había superado su fecha de caducidad, algo que el informe policial considera un caso representativo dentro de la investigación. Tras la primera intervención, el paciente tuvo complicaciones graves que derivaron en otras dos cirugías en pocos meses, incluyendo un bypass y una intervención de urgencia.

El paciente afectado, “de 65 años y con arteriopatía periférica severa, fue intervenido el 21 de marzo de 2022”, apunta el comunicado del Defensor del Paciente. Según la asociación, “en lugar del bypass previsto, se le practicó una angioplastia con un stent cuya fecha de caducidad (febrero de 2022) constaba en las propias pegatinas adheridas a la hoja de implante, llevando al menos un mes caducado. Así lo recoge el informe de la UDEF, que identifica expresamente a este paciente como el caso paradigmático de producto caducado implantado”.

Lesiones, secuelas funcionales y daño moral

Pero “la intervención fracasó y cuatro meses después necesitó un bypass; al día siguiente del alta sufrió una trombosis completa del injerto por un vendaje compresivo contraindicado, que obligó a una tercera cirugía urgente”. Según la asociación, “la reclamación cifra el daño en 150.000 euros, incluyendo lesiones temporales, secuelas funcionales y un apartado específico de daño moral por la angustia de portar un stent caducado alojado permanentemente en su organismo con riesgos futuros indeterminados”. Y destaca que “la caducidad no era un vicio oculto: bastaba con leer las pegatinas. Es un incumplimiento flagrante de la obligación más básica de seguridad clínica”, continúan desde el Defensor del Paciente.

El mayor escándalo de la sanidad pública de la Región de Murcia ha dejado un agujero a los fondos públicos de 6,9 millones de euros y trece personas investigadas por delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal. Para materializar el fraude, la trama tenía distribuidas personas implicadas en la práctica totalidad del proceso de comercialización, compra e implantación de implantes vasculares.

“Quieren invisibilizarnos, pero consiguen lo contrario, nos hacen más fuertes”. Así de contundente se ha mostrado José Sevilla, portavoz del colectivo LGTBIQ+ Feminista Epéntica, que este domingo se unió a la primera marcha del Orgullo celebrada en el municipio de Totana, en la Región de Murcia, como respuesta al “pacto de la vergüenza” firmado entre el PP y Vox para sacar adelante los presupuestos municipales a cambio de “vetarnos, a nuestra bandera y a nuestros derechos”.

El acuerdo se alcanzó el pasado 2 de junio. En Totana, el Partido Popular ostenta la alcaldía con Juan Pagán al frente del Ayuntamiento, aunque lo hace sin mayoría absoluta en el pleno municipal (cuentan en total siete concejales). Esta circunstancia obliga al equipo de gobierno a negociar apoyos con otras formaciones, entre ellas Vox, para poder sacar adelante iniciativas clave como las cuentas municipales. El precio fue vetar posibles iniciativas en el Consistorio a favor del reconocimiento del colectivo LGTBIQ+.

Sevilla pone sobre la mesa que Totana “no es una excepción en la Región de Murcia, y aunque nos hemos volcado ahora con este municipio, no podemos olvidar que hay otros 15 pueblos o ciudades donde no se cuelgan las banderas, ni se dota de presupuesto a las políticas LGTBI, ni se celebra nada relacionado con nuestro colectivo”. En su opinión, ciudades como Murcia y Cartagena “se salvan” porque “hay asociaciones muy potentes, pero si no seguro que tampoco se hacía nada; mira lo que pasa en Yecla, Jumilla, Alcantarilla o Molina de Segura”.

Una denuncia que llevan arrastrando desde 2019: “Este pacto de la vergüenza está instalado en muchos consistorios; la bandera LGTBI no muerde ni hace daño a nadie, y nos alegramos de que muchas personas hayan abierto los ojos y se les haya caído la venda”, insiste el portavoz de Epéntica.

José Sevilla, cuyo colectivo es de Beniel pero este domingo ha querido formar parte de la comitiva de apoyo en Totana, se queja de que “tenemos a los fascistas en muchos ayuntamientos de la Región, pero también en el Gobierno regional y van a por nosotros; cuando es vital que nos apoyen las instituciones”. Y pone el acento en que “hay muchas personas del colectivo muy abandonadas en pueblos murcianos, sin ningún acompañamiento; eso sí, con el fútbol, la religión, las romerías o las procesiones toda la sociedad se vuelca y ya está bien de agachar la cabeza, no tenemos miedo”.

“En Totana nos queremos diversxs y libres de odio” o “en los pueblos donde hay memoria y orgullo no cabe la lgtbifobia” fueron algunas de las pancartas que encabezaron la marcha, en la que estuvieron presentes también representantes políticos del PSOE, Podemos y Ganar Totana IU. La marcha estuvo acompañada de cánticos como “Totana ha respondido”, y de mensajes en los que se pedían “terapias de conversión para fascistas” o se recordaba que “amar ya es ilegal en 62 países y en siete, con pena de muerte”.

“Para ser domingo vino mucha gente de toda la Región, cientos de personas”, cuenta a este periódico Isabel Molina, socialista de Totana. “La marcha terminó en una fiesta en la plaza con actuaciones, hasta la medianoche, fue una fiesta”, explica Molina al tiempo que recuerda que en la anterior legislatura, en la que gobernaba Ganar Totana IU, “y también en la de 2015, en la que gobernábamos también nosotros, se hacían concursos y había mucha programación todo el mes”.

La socialista critica, además, que en el último pleno del Ayuntamiento salió adelante con la abstención del PP una moción para leer un manifiesto por el Orgullo antes de que terminase el mes “pero no han cumplido, no lo han hecho; al igual que tampoco han hecho público el acuerdo de los presupuestos, los derroteros no son nada halagüeños”.

La Audiencia Provincial de Murcia ha ordenado reabrir la investigación sobre la contratación de servicios culturales del Ayuntamiento de Calasparra, correspondiente al periodo comprendido entre 2010 y 2020, durante los mandatos de los socialistas Jesús Navarro y José Vélez, exsecretario general del PSRM-PSOE.

El tribunal, en un auto de la Sección Tercera, ha revocado el sobreseimiento provisional acordado en marzo por el Juzgado de Instrucción de Cieza, al estimar parcialmente un recurso presentado por el Partido Popular, representado por el abogado José Antonio Izquierdo. La Sala concluye en un auto al que ha tenido acceso este periódico que los indicios que motivaron la apertura del procedimiento “no han quedado desvirtuados” y considera prematuro el archivo de la causa, iniciada a raíz de una denuncia de la Fiscalía.

La investigación se centra en un presunto fraccionamiento de contratos de servicios culturales mediante contratos menores que, según las diligencias iniciales, habrían sido adjudicados de forma reiterada a una misma mercantil sin seguir procedimientos de concurrencia pública.

La Fiscalía aprecia en estos hechos posibles patrones reiterados de fraccionamiento para eludir los límites legales de los contratos menores y evitar la convocatoria de procedimientos abiertos. “Es indudable que tales contratos llegaron a celebrarse, porque los servicios se han prestado y las facturas se han pagado”, señala el auto.

El juzgado instructor había decretado el archivo provisional al señalar la inexistencia de un sistema único de archivo entre 2010 y 2022, la pérdida o dispersión de expedientes y la existencia de documentos sin clasificar, lo que dificultaba el análisis de la contratación, según el auto.

Sin embargo, la Audiencia Provincial discrepa de ese criterio y sostiene que la falta de documentación no debilita los indicios, sino que puede reforzar la necesidad de investigación. El tribunal subraya que consta la prestación de los servicios y su pago mediante facturas, y que no aparece acreditado que se tramitaran procedimientos que garantizaran la concurrencia de otras empresas.

Esta reapertura supone un nuevo capítulo judicial en la gestión del Ayuntamiento de Calasparra durante los años investigados, después de que otra causa relacionada con la organización de festejos taurinos entre 2017 y 2019 quedara archivada. En aquel procedimiento, en el que también figuraban dos exconcejales de Festejos y un empresario, se investigaban posibles delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

La Audiencia Provincial acordó el sobreseimiento de aquella causa por un motivo procesal, aludiendo al agotamiento del plazo legal de instrucción sin haberse practicado determinadas diligencias.

Desde el Partido Socialista de la Región de Murcia han recordado que Vélez ya no tiene ninguna responsabilidad orgánica o institucional vinculada a la formación. Este periódico se ha puesto en contacto con el despacho del abogado Raúl Pardo Geijo, que lleva la defensa de Vélez, sin obtener ninguna valoración sobre la reapertura de la causa hasta el momento.

El Mar Menor y la Bahía de Portmán vuelven a ser este año los dos grandes puntos señalados en la Región de Murcia por el informe Banderas negras 2026, elaborado por Ecologistas en Acción, que denuncia los principales casos de contaminación y mala gestión del litoral español. Ambos espacios repiten con su inclusión en este documento anual; lo que refleja, según la organización ecologista, “la persistencia de problemas ambientales sin resolver desde hace décadas.”

El informe analiza todo el litoral español y otorga un total de 48 banderas negras, dos por provincia o ciudad autónoma. Cada territorio recibe una distinción por contaminación y otra por mala gestión. Su elección se basa en criterios como la gravedad del daño, su continuidad en el tiempo, la falta de soluciones efectivas y el impacto sobre los ecosistemas y la población.

Mar Menor: una crisis ecológica sin resolver

El Mar Menor vuelve a aparecer en el informe de Ecologistas en Acción, señala la organización, por la mala gestión de su cuenca vertiente. Ecologistas insiste en que la laguna continúa sufriendo una “crisis de eutrofización”, que define como fruto de la “negligente” gestión del territorio y la falta de control en toda la cuenca vertiente. Según el informe, el principal factor desencadenante de esta situación “es la entrada excesiva de nutrientes de origen agrícola y ganadero”, a lo que se suman también -añade- otras presiones como el urbanismo, el turismo o la navegación, que contribuyen al deterioro del ecosistema.

Pese a las medidas impulsadas en los últimos años, la organización considera que la recuperación del ecosistema sigue lejos y que persisten carencias importantes en la gestión del territorio y en el control de los aportes contaminantes.

Portmán y Sierra Minera: una contaminación heredada de la minería

Por su parte, la Bahía de Portmán y la Sierra Minera también han recibido una bandera negra por contaminación en el informe de Ecologistas en Acción. En este caso, apuntan desde la organización, el problema tiene un origen histórico ligado a la actividad minera desarrollada durante el siglo XX, “que dejó tras de sí una importante acumulación de residuos con metales pesados”.

El informe subraya que esta herencia industrial sigue condicionando el estado ambiental de la zona décadas después del cierre de las explotaciones. En concreto, señala que la actividad minera “dejó una importante acumulación de residuos con metales pesados”, un impacto que todavía no ha sido completamente revertido.

El documento pone sobre la mesa, además, que siguen abiertos los debates sobre el modelo de regeneración de la Bahía de Portmán y la ejecución de los planes de recuperación en la Sierra Minera, lo que mantiene el conflicto ambiental y social sin resolver.

Restauración ecológica como alternativa

Más allá de la denuncia, el informe de Ecologistas en Acción pone el foco en la restauración ecológica como vía para revertir parte del deterioro. En el caso del Mar Menor, apuntan, esto pasa por reducir de forma efectiva la entrada de nutrientes en toda la cuenca y recuperar ecosistemas que ayuden a filtrar y retener contaminantes.

En Portmán, las propuestas se orientan a la recuperación de suelos contaminados y la restauración del entorno costero, combinando actuaciones de descontaminación y renaturalización.

La organización enmarca estas medidas en un contexto más amplio, marcado por la nueva normativa europea de restauración de la naturaleza, que obliga a los Estados a planificar la recuperación de ecosistemas degradados en las próximas décadas.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha llegado al Debate del estado de la comunidad autónoma con muchos frentes abiertos, pero sacando pecho de cifras y con un capazo de propuestas y promesas. “Confianza”, “certezas” y “estabilidad”, son las palabras que el presidente ha reiterado en un discurso en el que ha rehuido de hacer referencia de los titulares que han asolado a la Comunidad. Un debate que llega justo un mes después de la última sacudida política en la Región con la renovación del Gobierno murciano en plena crisis por el fraude de las prótesis vasculares.

Sin embargo, la única alusión del presidente al mayor escándalo sanitario de la historia murciana ha sido brindar su “respaldo” al manifiesto firmado este miércolespor los profesionales sanitarios de la Arrixaca: “[Los sanitarios] piden respeto y piden que se depuren las responsabilidades de las personas investigadas y acusadas por la justicia”, ha resaltado.

Así ha despachado la alargada sombra de la trama de las prótesis vasculares, que ha dejado un agujero en las arcas regionales de unos 6,9 millones de euros y trece investigados. Quedará por ver si, cuando llegue el turno de intervenciones de la oposición el próximo viernes, López Miras tendrá que tratar de convencer a sus adversarios políticos de que el fraude fue meramente económico, y que ninguna prótesis caducada llegó a implantarse en los pacientes. Una labor que ya tuvo que llevar a cabo la consejera de Salud en su comparecencia de la semana pasada.

Lo de las prótesis no ha sido el único escándalo sanitario de este año en la Región de Murcia. Un informe demoledor de Alianza por la transparencia, calidad y equidad en el cribado de cáncer de mama detectó un retraso “evitable” en el 10% de los diagnósticos de cáncer de mama en Murcia. El por entonces consejero, Pedreño, despachó el documento asegurando que el informe estaba “politizado”. Ahora, López Miras ha anunciado la inminente presentación del Plan Oncológico de la Región de Murcia: “Un compromiso adquirido con esta Cámara y en cuya elaboración han participado 168 profesionales del Servicio Murciano de Salud y Asociaciones de Pacientes”, ha definido.

“Su objetivo es claro: diagnosticar antes, agilizar la atención y ofrecer un mejor acompañamiento a pacientes y familias durante todo el proceso. Porque en cáncer ganar tiempo es ganar oportunidades de vida”, ha abundado.

Lopez Miras ha anunciado que la Región de Murcia dejará de ser una de las nueve comunidades autónomas que aún mantienen el copago a las ayudas de la ELA: “La campaña de bulos en torno al copago de las prestaciones de los enfermos es una indignidad, porque no es una imposición de ninguna comunidad autónoma, porque la única y exclusiva responsabilidad es del Gobierno de Sánchez, de su Gobierno y de su ministra de Sanidad”, ha reprochado. El copago está contemplado por la normativa estatal de la Ley de Dependencia, que prevé la financiación especial de 500 millones para la ley ELA.

“Normalidad democrática”

López Miras ha atribuido a su gobierno una “normalidad democrática”, y ha sacado pecho de las cuentas autonómicas: “Hemos aprobado anualmente los presupuestos generales de la Región de Murcia”, ha presumido. Pendientes todavía de aprobar los presupuestos de este 2026, el Ejecutivo confía tenerlos “antes de agosto”.

El presidente ha presumido también de datos de empleo: “Al inicio de esta legislatura contábamos con 660.000 ocupados y hoy superamos los 711.000 mil murcianos y murcianas más trabajando desde el inicio de la legislatura”. Respecto a la tasa de paro, ha bajado “dos puntos” en los últimos ocho años, de 126.000 personas sin empleo a 72.500.

El presidente ha nombrado, además, la estrategia de impulso al empleo presentada este mayo y que está dotada de 400 millones de euros para alcanzar los 730.000 trabajadores ocupados en 2029 y reducir la tasa de paro por debajo del 10 por ciento.

Respecto al PIB, la Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma que más ha incrementado su PIB en la última década, un 56%, “solo superados por Madrid y Baleares”. Según López Miras, la economía regional creció un 4,5% en 2025: “La cifra más alta de España, lo que refleja una economía más abierta y competitiva; basado en un modelo basado en la industria, el emprendimiento y la simplificación administrativa”. Y ha cifrado en 13.728 millones de euros las exportaciones el pasado ejercicio, un 30% más que antes de la pandemia. Más de cinco mil empresas de la Región vendieron sus productos en el exterior, ha señalado.

2.000 plazas para FP y secundaria

En educación, López Miras se ha comprometido a poner en marcha el Plan de Climatización 2026-2030, con una inversión de 89 millones de euros para que “todas las aulas de los centros educativos de la Región de Murcia cuenten con la temperatura adecuada”. Se trata de una reclamación histórica por parte de padres y de la comunidad docente: esta semana las familias de los estudiantes del IES Cañada de las Eras de Molina de Segura llevaron el problema del calor en las aulas al Defensor del Pueblo, después de no recibir una respuesta “efectiva” por parte de la consejería de Educación.

Al tiempo, López Miras ha anunciado el lanzamiento de 2.000 plazas para “Secundaria, Formación Profesional y otros cuerpos” en la convocatoria de oposiciones de 2027.

Deducciones fiscales

“Hay quienes piensan que los problemas se solucionan con nuevos impuestos y quienes pensamos lo contrario: que las familias saben cómo administrar sus recursos; y ese ha sido el camino seguido por su Gobierno”, ha continuado el presidente en su discurso. López Miras ha destacado que la Región de Murcia es una de las comunidades con más deducciones fiscales para familias, autónomos y clases medias. Y ha concretado que cerca de 800.000 contribuyentes se han beneficiado en la última campaña de la renta de las 27 deducciones autonómicas existentes, con un ahorro conjunto de 45 millones de euros.

“Conviene detenerse en ello porque hay miles de personas que encuentran en estas medidas una ayuda real para afrontar el día a día”, ha apuntado al tiempo que ha dado un dato: nueve de cada diez contribuyentes beneficiados por estas deducciones tienen bases liquidables inferiores a los 24.000 euros anuales.

El presidente regional ha anunciado la extensión de la la bonificación del 99% del Impuesto sobre Sucesiones a todo el grupo tercero de parentesco, mediante la incorporación al proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad. “Lo haremos progresivamente, empezando con un 25% de esa bonificación con aplicación inmediata”. La medida supondrá, según afirma, un ahorro de seis millones de euros y beneficiará a 3.200 ciudadanos. Una rebaja fiscal que ya se aplica, ha dicho, al impuesto de donaciones. “Avanzamos así en nuestro objetivo de que nadie tenga que pagar dos veces por el esfuerzo de toda una vida”.

El presidente ha concretado que 160.000 familias se han beneficiado de las bonificaciones en donaciones y sucesiones en la Región de Murcia. Y ha asegurado que el 97% de los expedientes corresponde a herencias inferiores a 50.000 euros, es decir, “a clases medias y trabajadoras que reciben el fruto de décadas de esfuerzo familiar”.

Con una frase, “libertad frente a intervención, crecimiento frente a conformismo”, ha querido resumir la política económica desarrollada durante los últimos años, “basada en generar confianza, reducir cargas para ciudadanos y empresas y construir una administración más cercana”.

40 millones en extinción de incendios

El Gobierno regional ha reforzado el sistema de emergencias y extinción de incendios con una dotación de 40 millones de euros, ha defendido López Miras, frente a los 28 del pasado ejercicio. Y ha previsto la incorporación de nuevos efectivos en las próximas semanas. El Ejecutivo ha subrayado la importancia de la planificación y la coordinación en la respuesta ante situaciones de riesgo e incendios.

En materia medioambiental, ha defendido la inversión de 306 millones de euros desde 2020 en la recuperación del Mar Menor y ha rechazado su utilización como elemento de confrontación política. Ha anunciado además nuevas actuaciones, como la licitación del Centro de Recuperación de Especies y la culminación de proyectos en El Carmolí.

López Miras ha vuelto a reclamar al Gobierno central mayor implicación en infraestructuras hidráulicas, energéticas y de transporte, así como la ejecución de obras pendientes en la Confederación Hidrográfica del Segura, la planificación de la red eléctrica y el avance en carreteras y autovías estratégicas para la Región.

“Existen irregularidades en la totalidad de la muestra”. Así concluye un informe de la UDEF tras analizar 30 intervenciones quirúrgicas realizadas en un hospital concertado entre 2019 y 2025 por R.T.M. a pacientes derivados por el Servicio Murciano de Salud (SMS). Según el documento, al cotejar los informes de alta con los partes quirúrgicos se descubrieron discrepancias sistemáticas entre el material efectivamente utilizado y el facturado.

De acuerdo al informe de la UDEF, se han detectado un total de cinco productos etiquetados de Logimed “que a la fecha de implantación se encontraban caducados”. E identifica un historial en concreto en cuya alta “se le pone una prótesis y en el parte quirúrgico constan dos, estando ambas caducadas”.

En los cuatro casos restantes de etiquetas caducadas, “al existir más productos pagados que utilizados, no puede saberse con seguridad si se han utilizado los caducados o no, debido a la ambigüedad con que se rellena el parte de alta”, advierten los investigadores.

En su investigación, la UDEF destaca que “al encontrarse los productos manuscritos, estos carecen de información importante como el fabricante o la fecha de caducidad”; lo que, a juicio de la policía, dificulta la “correcta trazabilidad” de los mismos.

La investigación sostiene que en las 30 operaciones examinadas solo constan 17 prótesis realmente implantadas, mientras que se habrían facturado otras 165 que no fueron utilizadas. El informe cifra el perjuicio económico detectado en la muestra en 347.097 euros y señala que, de extrapolarse estos resultados al conjunto de las 492 intervenciones realizadas durante el periodo analizado, el importe podría acercarse a los cinco millones de euros. El informe cita cuatro empresas cuyos materiales aparecen reflejados en la documentación examinada por los investigadores.

La UDEF ha solicitado, señala el informe, a los fabricantes y distribuidores de los productos manuscritos “que procedan a obtener a través de los números de lote la caducidad y datos importantes de dichos productos”. Y elevan a 59 los productos facturados y caducados de una de las empresas investigadas.

En el caso de las hojas de implante de Logimed, los investigadores afirman que “se observan referencias manuscritas que son utilizadas para la adquisición de productos completamente diferentes a los referenciados”, una práctica que, según el informe de la UDEF, añade aún más dificultades para reconstruir qué material se utilizó realmente en cada intervención. Por ello, los agentes consideran necesario “cruzar la información entre el SMS y las facturaciones del proveedor para saber qué se ha utilizado con cada paciente”.

En concreto, el informe señala que en la documentación de Logimed “se han utilizado referencias manuscritas de prótesis, concretamente de BGP y BGA, ambos productos homologados, para la adquisición, principalmente de productos fungibles”, cuyo coste es muy inferior al de las prótesis a las que hacen referencia.

La propia UDEF admite que estas discrepancias dificultan en ocasiones determinar con exactitud qué producto fue implantado. Los investigadores describen casos en los que el informe de alta médica recoge la colocación de una única prótesis vascular, mientras que en los partes quirúrgicos o en las hojas de implante de distintos proveedores aparecen hasta ocho referencias diferentes. Esa situación impide identificar con certeza cuál de ellas se utilizó realmente, apuntan. No obstante, el informe subraya que la duda desaparece en aquellos expedientes en los que consta expresamente que no se implantó ninguna prótesis y, pese a ello, sí aparecen productos de este tipo facturados.

Un fraude de 6,9 millones

Lo que es ya considerado como el mayor escándalo de la sanidad pública de la Región de Murcia ha dejado un agujero a las arcas públicas de 6,9 millones de euros y trece personas investigadas por delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal. La trama tenía repartidos implicados en la práctica totalidad del proceso de comercialización, compra e implantación de implantes vasculares.

La investigación ha revelado que implicados en el fraude pudieron interferir en concursos públicos. Tuvieron lugar comunicaciones entre el por entonces comercial de Logimed y el antiguo responsable de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI), la central de compras del SMS. El representante de la UAI habría enviado de forma exclusiva al excomercial el borrador de los pliegos del concurso de las endoprótesis de aorta, urgiéndole a revisarlo antes de mantener una reunión posterior para abordarlo de manera conjunta.

En concreto, el marco de la investigación se centra en la compra con sobreprecios de prótesis vasculares. En ocasiones, estos productos carecían de homologación o estaban caducados. La Consejería de Salud continúa insistiendo en que el fraude es meramente “económico”: “No se ha constatado que existan episodios clínicos que estén relacionados con la implantación de material que no sea adecuado”, han reiterado a este diario. “Desde el servicio sanitario correspondiente se han revisado las historias clínicas, y se sigue revisando de forma exhaustiva a los pacientes que fueron atendidos por el médico implicado”.

Sobre las 22.00 horas de este sábado se declaró estabilizado el incendio que hizo saltar las alarmas este sábado en el entorno de la mota del río Segura, a la altura de El Malecón (Murcia). Las llamas obligaron a desplegar un amplio dispositivo de emergencias terrestre y aéreo para evitar que las llamas alcanzaran las zonas habitadas. La rápida propagación del fuego, favorecida por la abundante vegetación seca acumulada en las orillas del cauce, llevó a los responsables de la extinción a reforzar los medios disponibles.

Fuentes del 112 confirmaron a este periódico que tuvieron que desalojar a un grupo de vecinos, como medida preventiva. El incendio se originó entre las pedanías murcianas de La Arboleja, Rincón de Seca y Barriomar y en pocos minutos avanzó hacia ambos márgenes del río.

A lo largo de la tarde se incorporaron cuatro helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, un helicóptero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y un hidroavión enviado por la Junta de Castilla-La Mancha.

En las tareas de extinción participaron bomberos municipales, brigadas forestales, agentes de la Policía Local y personal sanitario. Fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias apuntaron a que las llamas podrían haberse reactivado en una zona afectada previamente por otro conato registrado horas antes. La evolución del incendio obligó al Ayuntamiento de Murcia a activar el nivel 1 del Plan de Emergencia Municipal, mientras que la Comunidad Autónoma hizo lo propio con el Plan Infomur.

Desde el Gobierno regional, el presidente Fernando López Miras también mostró su preocupación por el avance de las llamas. “Muy pendiente de la evolución del incendio en Murcia”, escribió el jefe del Ejecutivo regional en su cuenta de X. López Miras apuntó, además, que se incorporaron a las labores de extinción las brigadas de Fortuna, Ricote y Blanca y los bomberos de Alcantarilla y Molina de Segura.

Este es el segundo incendio que vive la ciudad en las últimas tres semanas. El pasado 2 junio se declaró un grave fuego en la pedanía murciana de Los Garres, que calcinó 177 hectáreas del Parque Regional de El Valle y Carrascoy y provocó daños en el castillo de la localidad. A raíz de aquel suceso, la Fiscalía abrió diligencias tras la denuncia presentada por el colectivo conservacionista Huermur, que reclamó esclarecer el origen del incendio y evaluar las posibles afecciones ocasionadas tanto al patrimonio histórico como al espacio natural protegido.

La Denominación de Origen Protegida Arroz de Calasparra celebra su 40 aniversario en un momento clave para el inicio de una nueva campaña de siembra, que arranca con unas 550 hectáreas cultivadas y una previsión cercana a los tres millones de kilos. La efeméride ha centrado la visita institucional al coto arrocero, donde se ha puesto en valor la trayectoria de un cultivo pionero en España, creado en 1986 y con raíces históricas que se remontan al siglo XVIII.

En la visita han participado el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, el vicepresidente del Consejo Regulador de la DOP Arroz de Calasparra, Pedro López, el presidente del Consejo Regulador, José Martínez, el presidente de la Cooperativa del Campo Virgen de la Esperanza, Juan Egea, el gerente de la cooperativa, Juan Antonio Cantero, la gerente de Flor de Calasparra, María Haro, así como representantes municipales. También han asistido la alcaldesa de Calasparra, Teresa García, y la propietaria de la finca visitada, María Dolores Guirao.

La alcaldesa de Calasparra, Teresa García, ha destacado el valor simbólico de esta jornada, enmarcada en la celebración del 40 aniversario de la Denominación de Origen, subrayando el arraigo del cultivo en el municipio y su importancia como parte esencial de la identidad local. García ha puesto en valor la colaboración entre administraciones, productores y Consejo Regulador para seguir reforzando un producto que ha definido como un “emblema” de Calasparra.

Durante la jornada se ha puesto en valor la adhesión de Castilla- La Mancha al reconocimiento de la Medalla de Oro al Arroz de Calasparra, entregando el documento de apoyo durante la jornada. La alcaldesa de Calasparra, además, ha reclamado un mayor respaldo a los agricultores, defendiendo que sería deseable que los productores de la Región de Murcia cuenten con apoyos similares a los de Castilla-La Mancha para garantizar la continuidad del cultivo.

El consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, ha subrayado el carácter singular del coto arrocero, al que ha definido como el “único arroz de montaña de España”, además de destacar su valor ambiental y económico. En este sentido, ha reafirmado el compromiso institucional con su continuidad y ha anunciado ayudas específicas de unos 400 euros por hectárea para los productores de la zona de Hellín. El consejero ha defendido además la importancia de la promoción del producto al señalar que “genera riqueza, empleo y vida en nuestros pueblos”.

Durante la visita, el vicepresidente del Consejo Regulador, Pedro López, ha explicado que el cultivo se encuentra aún en una fase inicial y ha advertido de que la climatología será decisiva en los próximos meses. “Hasta octubre quedan muchos meses”, ha recordado, insistiendo en que las altas temperaturas de finales del verano pueden influir en la maduración del grano, ya que “los últimos días de agosto y septiembre son clave porque es cuando el arroz está en plena maduración”.

Evolución positiva

Por su parte, la propietaria de la finca visitada, María Dolores Guirao, ha destacado el buen inicio de la campaña, con una nascencia favorable del cultivo. “La nascencia ha sido muy buena y la primera fase de la campaña está evolucionando de forma muy positiva”, ha señalado. Guirao ha reivindicado además el legado de los agricultores que impulsaron la DOP hace cuatro décadas: “Somos los continuadores de aquellos agricultores que tuvieron la visión de proteger nuestro arroz”.

La visita ha reunido a representantes del sector y de las administraciones en un recorrido por un ecosistema único entre Calasparra, Moratalla y Hellín, donde se ha destacado la importancia económica, social y medioambiental del cultivo. Además de su valor gastronómico, el arroz de Calasparra se ha consolidado como un producto de calidad diferenciada que contribuye a la conservación del entorno natural y al mantenimiento de la población rural, en un año especialmente simbólico para una de las denominaciones de origen más emblemáticas del país.

Por sorpresa y con intención de abordar la trama de las prótesis del Servicio Murciano de Salud (SMS), el PSOE ha intentado forzar este jueves la comparecencia de la consejera de Salud, Isabel Ayala, en la Asamblea Regional de Murcia. La modificación del orden del día, que ha salido adelante con los votos a favor de Podemos y de Vox, se ha visto frustrada a última hora.

Tras tres horas de pleno, y cuando le habría tocado el turno de palabra a la consejera, la presidenta de la Cámara regional, Visitación Martínez, ha dado lectura a un escrito remitido por Ayala en el que esta ha señalado que había sido informada de la votación una vez había abandonado la Asamblea tras responder a las preguntas parlamentarias, y ha defendido que, si existía interés en su comparecencia, la modificación del orden del día debía haberse planteado mientras permanecía en el hemiciclo.

Ante ello, la consejera ha mostrado su disposición a comparecer “en sede parlamentaria por los cauces adecuados”, y la presidenta de la Asamblea Regional ha suspendido la sesión, lo que ha sido recibido con gritos de indignación tanto en la bancada socialista como en la del Grupo Mixto y Vox.

Pese a la indignación de la consejera, la estrategia de los socialistas no es ninguna novedad en el Pleno murciano y cuenta con el amparo del reglamento de la Asamblea. Semanas atrás fueron los propios populares los que modificaron el orden del día de un Pleno de control para incorporar la convalidación del decreto de ELA y el decreto para el pago de las subvenciones a organizaciones del tercer sector. La diferencia entre ambos movimientos reside en que el PP planteó esta propuesta antes del inicio del debate, mientras que los socialistas han presentado la modificación del orden del día cuando ya estaba avanzado y se habían formulado seis preguntas a los distintos consejeros, entre ellos Ayala.

Esta petición de comparecencia se produce a menos de un mes de la toma de posesión de la consejera, que ha sustituido en el cargo al consejero de Salud, Juan José Pedreño. Una reestructuración que ha coincidido con la investigación sobre la presunta trama de prótesis en el Servicio Murciano de Salud (SMS) en la que se habrían facturado prótesis caducadas, mediante irregularidades en los sistemas de compra y registro.

De acuerdo con el reglamento de la Asamblea, la presidenta de la Cámara “podrá suspender o levantar las sesiones cuando se produzcan incidentes que impidan la normal celebración de estas”. La sesión se reanudará este viernes 19 de junio, se espera que tenga lugar la comparecencia de la consejera con total normalidad.

Una “espantada en toda regla”

Los socialistas han celebrado que, finalmente, este viernes intervendrá la consejera: “Deberá dar explicaciones”, han advertido, un hecho que han atribuido a “la presión ejercida” por “los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, del grupo Mixto y del Grupo Vox”.

Por su parte, la portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea regional, María Marín, ha calificado la actitud de la consejera de “espantada en toda regla, para no dar explicaciones de la trama” a pesar de que se ha ordenado su comparecencia cumpliendo con el reglamento, ha valorado. “Ha salido huyendo a la carrera para evitar dar cuentas, y lo ha hecho con la complicidad del PP y de la presidencia de la Asamblea”, ha continuado Marín. “Una vergüenza más en este escándalo”, ha dicho, “que demuestra que el PP es un partido que miente por sistema”.

“Si no hay políticos implicados, y todo se ha hecho correctamente, por qué se esconden”, ha reflexionado la diputada de Podemos al tiempo que ha recordado que la consejera Ayala ocupó el cargo de directora gerente del SMS “mientras la trama saqueaba sus arcas y jugaba con la vida de cientos de pacientes”. En su opinión, una consejera “que se niega a dar la cara en la sede de la sobería de la Región no puede seguir ni un minuto más en su puesto, debería dimitir hoy mismo”. Marín ha adelantado, además, “que pediremos la reprobación de la presidenta de la Asamblea por convertirse en cómplice y encubridora de esta fuga”.

Un fraude de 6,9 millones de euros

La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha ampliado su alcance más allá del supuesto fraude económico de 6,9 millones de euros detectado en la facturación de material sanitario. Los agentes investigan ahora posibles irregularidades en los procedimientos de contratación pública, tras detectar indicios de que responsables de la central de compras del SMS habrían facilitado borradores de pliegos de licitación a representantes de empresas del sector antes de su publicación oficial.

Según el atestado policial, uno de los comerciales investigados habría introducido modificaciones en las características técnicas y en la configuración de varios lotes de un concurso de endoprótesis de aorta, cambios que posteriormente habrían sido incorporados al expediente. La causa, que ya cuenta con once detenidos y dos personas investigadas, también analiza la presunta adquisición de implantes caducados o sin homologación, así como discrepancias entre la documentación clínica de los pacientes y las facturas emitidas. Desde la Consejería de Salud han insistido desde un principio en que fue la propia inspección sanitaria la que derivó la causa a Fiscalía.

La investigación de la Policía Nacional sobre la presunta trama de las prótesis en el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha ampliado su alcance más allá del supuesto fraude económico de 6,9 millones de euros mediante la manipulación de facturas. Según el atestado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso elDiario.es Región de Murcia, los agentes apuntan también a posibles irregularidades cometidas en la gestión de la contratación pública.

En el informe, que contiene más de un centenar de páginas, los investigadores describen indicios de posibles prácticas arbitrarias en al menos un procedimiento de licitación pública. En concreto, se citan intercambios de correos electrónicos fechados en 2022 entre el entonces responsable de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI), la central de compras del SMS, Vicente F.G.; y Sergio D.M., entonces comercial de Logimed, una empresa del sector sanitario señalada en la investigación, a quien los agentes sitúan como una de las figuras claves en el entramado.

En esos correos, según detalla la UDEF, el responsable de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) del SMS habría enviado de forma exclusiva al excomercial el borrador de los pliegos del concurso de las endoprótesis de aorta, urgiéndole a revisarlo antes de mantener una reunión posterior para abordarlo de manera conjunta.

De acuerdo con el atestado policial, el exrepresentante de la empresa introdujo distintas modificaciones en el documento, incluyendo cambios en la configuración de los lotes del contrato. Posteriormente, el responsable de la unidad habría remitido el texto con parte de esas sugerencias incorporadas al jefe de sección de la UAI, M. N. G.

Estas comunicaciones forman parte de las diligencias en las que la UDEF analiza si, además de las supuestas irregularidades ya conocidas en la facturación y el suministro de material sanitario, pudo existir una intervención irregular en la fase de adjudicación de contratos públicos.

Según la investigación policial, el documento, enviado directamente al antiguo comercial de Logimed, habría sido devuelto con diversas correcciones técnicas antes de incorporarse al expediente final. El 15 de diciembre de 2021 Vicente F.G. envió un correo a Sergio D.M., adelantando el pliego para el concurso público de unas endoprótesis de aorta: “Por favor, revísalos y a la vuelta de las vacaciones lo vemos conjuntamente”, escribió el responsable del departamento de compras. El antiguo comercial de Logimed le respondió tres meses después, el 4 de marzo del año siguiente, adjuntando los pliegos corregidos: “Aquí tienes el concurso revisado y actualizado a día de hoy. Cualquier aclaración no dudes en ponerte en contacto conmigo”. El comercial de Logimed no solo recibió en primicia los pliegos del concurso, sino que los enmendó a medida.

Entre las modificaciones más destacadas se encuentran las introducidas en los lotes 6 y 7, donde se alteran de manera sustancial las características de los dispositivos. De hecho, en el lote 6 se modifica el modelo de endoprótesis, así como las longitudes o el rango de diámetros. Mientras que en el lote 7 se modifica el dispositivo de una fijación infrarrenal a una transrenal, se introducen nuevas estructuras y se varían los materiales o los sistemas de anclaje. Modificaciones que afectaban a los criterios de valoración técnica, sumando más puntos en la evaluación del expediente.

Un agujero de 6,9 millones de euros

Según estimaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, el agujero que la trama hizo a las arcas autonómicas asciende a unos 6,9 millones de euros, aunque el juez instructor del caso ha solicitado un informe a la Administración General del Estado para determinar con exactitud el importe presuntamente defraudado, tal y como ya pidió la UDEF en su atestado. La Policía Nacional ha confirmado que once personas han sido detenidas y dos investigadas, por delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal.

El marco de la investigación se centra en una trama de compra con sobreprecios de prótesis vasculares, con implicados que, presuntamente, ocupaban puestos en la práctica totalidad de la cadena de comercialización. En ocasiones, estos productos carecían de homologación o estaban caducados. Pese a la insistencia por parte de la Consejería de Salud de que el fraude era “económico” y de que “no hay confirmadas” implantaciones de prótesis en mal estado, la UDEF ha documentado el caso de un paciente al que se le intervino con stents caducados.

Cada prótesis tiene un número de serie identificativo, que debe quedar reflejado en el momento de la facturación y en la documentación del paciente. La UDEF ha alertado de la “dificultad” para seguirle la pista a estas prótesis, a causa de que no coincide la información de las prótesis en la hoja de paciente y la facturación, o por la presencia de referencias de prótesis anotadas a mano.

El informe interno de inspección Salud, que fue definitivo para descabezar a la UAI, apunta a un “riesgo grave para la salud” del fraude perpetrado por el jefe de la 'central de compras' del SMS y su jefe de sección, además del jefe de la Sección de Radiología Vascular Intervencionista. Una de las claves son las discrepancias entre los documentos del paciente y la facturación. En concreto, en la hoja de implantación figura una prótesis más barata y homologada, por valor de 400 euros, mientras que se facturaba otra más cara y sin homologar, a precio de 1.200 euros. Solo de este entramado consiguieron provocar a las arcas del hospital un sobrecoste de 650.140 euros.

A punto ha estado la Región de Murcia de afrontar el año preelectoral sin un barómetro institucional propio por primera vez en un cuarto de siglo. La Asamblea Regional ha aprobado este miércoles un contrato transitorio con el Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) que permite reactivar los encargos al organismo universitario, con el rechazo de Vox, después de que la moción presentada por el PP para recuperar el servicio reabriera el debate sobre la continuidad de una serie histórica que, desde el año 2000, ha servido de referencia para investigadores, medios de comunicación y partidos políticos.

El organismo, vinculado a la Universidad de Murcia, dejó de elaborar encuestas después de que la propia Asamblea aprobara en abril de 2025 sustituir el sistema de financiación directa por un modelo de concurrencia competitiva. Aquella decisión salió adelante el 1 de abril de 2025 con los votos a favor de PSOE y Vox y la abstención de Podemos-IU. La iniciativa, presentada inicialmente por Vox, que planteaba directamente suprimir los barómetros, fue enmendada por el PSOE, que mantuvo la realización de las encuestas pero exigió que se adjudicaran mediante un procedimiento abierto. El PP votó en contra al considerar la propuesta “confusa y contradictoria”.

El cambio de modelo no tuvo, sin embargo, efectos inmediatos. El convenio entonces en vigor entre la Asamblea y la Universidad de Murcia garantizaba la continuidad de los trabajos durante un año más, por lo que el CEMOP siguió elaborando estudios a lo largo de 2025. El último barómetro se publicó en marzo de este año. Lo que nunca llegó fue el concurso público: la Cámara no inició el procedimiento de licitación y el centro dejó de recibir nuevos encargos, dejando en el aire la edición de primavera que se venía publicando desde hacía 25 años.

Ha sido en ese contexto en el que el PP ha llevado este miércoles al pleno una moción para recuperar el servicio, que contaba de antemano con el respaldo de Podemos-IU y, previsiblemente, del PSOE, y que ha desembocado en la aprobación de la fórmula transitoria con el rechazo de Vox.

“Vox lo que quiere es que se le dé la encuestadora a la UCAM, ya que son cercanos a ellos”, ha apuntado la portavoz de Podemos-IU, María Marín. “De hecho, en la última encuesta que sacó la UCAM al mes justo de ser Alpañez portavoz del grupo parlamentario Vox, cuando echaron a Antelo, le daba un nivel de conocimiento al de la Región de Murcia del 60%, más o menos al nivel de Gabriel Rufián”.

La propuesta que ha terminado aprobándose coincide con la que el propio CEMOP llevaba meses defendiendo ante los grupos parlamentarios. Su codirector, Ismael Crespo, explica que el centro escribió ya en septiembre del año pasado a la presidenta de la Asamblea para advertir del riesgo de que el organismo se quedara sin actividad. Según Crespo, el retraso ha respondido sobre todo a la falta de respaldo político suficiente: “Esto se ha dilatado mucho porque no había apoyo político. No creo que el PP estuviera dispuesto a llevar algo que sabía que no le iban a votar”, apunta, y subraya que el CEMOP siempre ha defendido que cualquier solución cuente con un consenso amplio.

Un verano “tardío”

El organismo prevé retomar su actividad con un barómetro de verano “tardío” en septiembre, al que seguirían uno de invierno y, ya en la antesala electoral, el preelectoral. Crespo defiende además la legitimidad del modelo murciano frente a las críticas de Vox, que en 2025 llegó a calificar al centro de “chiringuito”: “Barómetros de estos hay en el País Vasco, en Catalunya, en Castilla y León, en Valencia y en Galicia. No somos ninguna excepción”, sostiene.

El sistema murciano presenta, en todo caso, una singularidad poco frecuente en España: aunque el CEMOP depende académicamente de la Universidad de Murcia, su financiación ha procedido históricamente de la Asamblea Regional y no del Gobierno autonómico, a diferencia de otros organismos demoscópicos regionales como el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de Catalunya —organismo autónomo de la Generalitat desde 2007—, el Barómetro Andaluz, impulsado por la Fundación CENTRA y dependiente de la Junta, o el Euskobarómetro, elaborado por la Universidad del País Vasco.

El CEMOP nació en el año 2000 como un grupo de investigación de la Universidad de Murcia integrado por profesores de Ciencia Política y Sociología, y participó en sus primeros años en proyectos como el Atlas Electoral de Murcia, junto a la Fundación Séneca y el CIS. El salto definitivo llegó en 2010, cuando con Rosa Peñalver al frente de la Asamblea se impulsó el convenio que dio lugar a los barómetros periódicos —primero dos ediciones anuales, luego tres—, presentados siempre antes ante la Junta de Portavoces. Desde 2023, además, incorporan el acceso abierto a los microdatos, lo que permite a investigadores y ciudadanía realizar sus propios análisis.

“Increíble el nivel de bajeza al que está llegando López Miras”, ha escrito este jueves en la red social X la portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional, María Marín. “Le pregunto por la gravísima trama destapada en el Servicio Murciano de Salud que ha defraudado casi 7 millones de euros y llegó a implantar prótesis caducadas a pacientes y su respuesta es que yo salivo y me excito pensando en la corrupción del PP”, ha continúado Marín, quien ha reflexionado sobre si el presidente “¿respondería así a un hombre?” y ha considerado que “además de por su gestión corrupta, López Miras tiene que dimitir por misógino y machista”.

Marín ha interpelado este jueves al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, para conocer qué actuaciones ha llevado a cabo “frente al escándalo de presunta corrupción destapado por la UDEF en el Servicio Murciano de Salud (SMS)”. En su pregunta parlamentaria, ha hecho referencia a los “sobreprecios en la adquisición e implantación” de prótesis vasculares, que habrían ocasionado un perjuicio de siete millones de euros a los fondos públicos, así como “al extremo” de que estas prótesis, pese a encontrarse caducadas, fueran utilizadas en intervenciones quirúrgicas derivadas a centros de sanidad privada.

“Señor López Miras, dimita, pida perdón y márchese antes de que la UDEF llame a la puerta de la señora Ayala (titular del departamento regional de Salud) y quién sabe si a la suya propia”, ha dicho la diputada de Podemos, quien ha vuelto a referirse a la recién nombrada consejera como “la señora X de la trama de las prótesis”, y ha acusado a López Miras de intentar “taparlo todo” con su ascenso. “Usted se ha convertido en cómplice. La mierda les llega ya por el cuello y rebosa por todas las ventanas de San Esteban, donde hay que entrar a desinfectar urgentemente”, ha manifestado.

“Los únicos excrementos que hay aquí hoy han salido de su boca”, le ha contestado el presidente, quien ha añadido que en el “presunto” fraude e “irregularidades económicas en las prótesis, la policía, los fiscales y los jueces han señalado a los presuntos responsables y no hay ni un cargo público; usted intenta salivar y se excita pensando que pueda haber algún representante del Partido Popular, pero no lo hay”.

La diputada de la formación morada ha señalado que al perjuicio económico detectado “hay que sumarle un millón de euros pagado indebidamente en concepto de IVA”, y ha establecido una comparación con la comisión vinculada al rescate de Plus Ultra “que ha puesto en la diana al expresidente Zapatero”, cuya cuantía ascendió a 530.000 euros. “Si Pedro Sánchez tiene que dimitir, entonces usted tiene que seguir el mismo camino. Tiene que salir hoy mismo de San Esteban y no volver nunca”, ha afirmado.

“Hoy le hemos preguntado”, ha continuado Marín, “por las medidas que ha tomado usted personalmente frente a esta indecencia, pero la única medida real que ha llevado a cabo es nombrar como consejera de Salud a Isabel Ayala, la directora gerente del SMS que permitió este escándalo”.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ginés Ruiz, exigió este jueves la dimisión inmediata del primer teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y fijó el lunes como fecha límite para que la alcaldesa, Rebeca Pérez, tome una decisión. La petición llega después de que el pasado martes el PSOE denunciara públicamente que Guillén habría ordenado a trabajadores de la contrata de Parques y Jardines acudir, en horario laboral, como público a una conferencia suya, llamadas 'Murcia Smart City Talent', en las jornadas del Tour del Talento celebradas el 27 de mayo en el Auditorio Víctor Villegas. “O este hombre dimite inmediatamente o, si el lunes empieza la semana con José Guillén en el equipo de Gobierno, entenderemos que tanto el equipo de Gobierno como la alcaldesa respaldan totalmente su actuación”, advirtió Ruiz.

El portavoz socialista subrayó que la responsabilidad recae en quienes dieron la orden, no en los trabajadores, a quienes considera víctimas. “Utilizar así a trabajadores de una contrata, hacerles dejar sus puestos de trabajo en horario laboral y llevárselos a engordar el ego de un concejal nos parece algo gravísimo”, afirmó.

“Es para escuchar unas ponencias”

“Mirad, las órdenes que tenemos: se van a su casa, se cambian de ropa y se van al Víctor Villegas, y allí tienen que estar hasta las dos”. La misma voz reconocía las dificultades para quienes vivían lejos: “Hay gente que vive muy lejos y eso es infumable: que se vayan a su casa y, quien pueda, que esté de tres y media a siete allí sentado en el auditorio. Es para escuchar unas ponencias, sencillamente. Fácil y sencillo”, recogen los audios a los que ha tenido acceso el diario local La Opinión.

Los audios recogen también las reacciones de varios operarios ante las instrucciones recibidas. “Yo, la verdad, que me he quedado un poco pillado, porque no entiendo esto”, expresaba uno de ellos. “Estoy recogiendo las ramas. Aquí todavía hay un montón de cosas que recoger; hay setos que barrer; está todo tirado. Ahora coge el coche, cruza toda Murcia, vete a tu casa, dúchate, cámbiate... No sé de qué manera avisan a la gente así, deprisa y corriendo, porque estamos trabajando”, se quejaba otro. Un tercero señalaba que esa tarde tenía una cita en el veterinario y que no había podido organizarse por falta de aviso previo.

UGT: “Les llamaron para hacer de extras en un acto particular y partidista”

Antonio Lax, responsable de Servicios Públicos de UGT en el sector de servicios a la comunidad, se ha sumado a las críticas y ha calificado lo ocurrido de “muy grave”. Según Lax, los trabajadores recibieron una orden de la empresa sin que se les explicara el motivo ni se les diera margen de tiempo suficiente. “Se ven en un acto que no saben de qué va. Es muy grave que alguien que tiene que estar haciendo trabajos públicos de siega o plantación sea apartado de eso para ir a un acto donde el responsable de la concejalía está dando un premio”, señaló.

El sindicalista rechazó además la versión ofrecida por el equipo de Gobierno. “La respuesta que están dando es aún más grave. Primero dijeron que, cuando vieron que quedaban plazas libres, avisaron de forma voluntaria; pero no fue así: se les quitó del tajo para ir allí. No están contratados para eso”, subrayó Lax, quien insistió en que se trató de “un acto particular y partidista” para el que se utilizó a los operarios como “extras”. “Ahora dicen que nadie asistió y hay audios y mensajes”, añadió.

El representante de UGT concluyó reclamando un trato digno para los trabajadores: “Los trabajadores tienen que ser tratados como merecen, y no como personas a quienes manejar a su antojo. Ahora dicen que la culpa es de la empresa”.

Guillén niega los hechos y anuncia acciones legales

El primer teniente de alcalde negó categóricamente las acusaciones. Guillén argumentó que el acto contaba con 2.800 inscritos para 1.700 plazas, por lo que resultaba innecesario movilizar personal para completar el aforo. Respecto a la presencia de algunos operarios, sostuvo que, de haberse producido, fue decisión de la empresa concesionaria y respondía a la vinculación de los contenidos con proyectos municipales financiados con fondos europeos Next Generation.

El edil anunció que ha encargado a los servicios jurídicos municipales el estudio de posibles acciones legales y ha ordenado la apertura de un expediente informativo para esclarecer los audios publicados.

Esta polémica se suma a otras dos denuncias previas del PSOE sobre el área de Parques y Jardines: la presunta contratación directa de las medianas de la avenida Primo de Rivera por unos 135.000 euros y un exceso de gasto de más de 600.000 euros en flor de temporada sin cobertura contractual.

“En la parte este, al sur de la sierra. Zona verde justo en el límite de la zona quemada”, se escucha repetir a dos efectivos con el terminal portátil en mano en el puesto de mando avanzado para combatir el incendio, situado junto al cementerio de la pedanía murciana de Los Garres. Los coordinadores guían por radio a los medios aéreos señalando posiciones con precisión milimétrica al pie de la Cresta del Gallo, la formación rocosa de unos 500 metros que da nombre a uno de los rincones más frecuentados del parque regional de El Valle y Carrascoy, ya que su cima está coronada por grandes rocas rojizas que, vistas desde la ciudad, recuerdan la cresta de un ave.

No han pasado todavía las 24 horas desde que se declaró el fuego este martes, a las 15.10 de la tarde y varios helicópteros sobrevuelan sin descanso la zona, con el bambi colgando a varios metros bajo el fuselaje. En cuestión de segundos, el agua cae en cortina sobre las llamas y, sin apenas margen de pausa, cada aparato regresa de inmediato a balsas cercanas -y en el caso del hidroavión, al pantano de la Pedrera, en Orihuela- para reiniciar la maniobra. Mantienen así una presión constante y coordinada sobre el incendio en Murcia.

“No habíamos visto nunca nada así, ayer [por el martes] se vivieron momentos de película de terror”. Habla Mercedes, vecina de Los Garres, minutos antes de meterse en el coche para visitar el cementerio de la localidad, a los pies de la sierra, y franqueado por un alto muro que impidió que las llamas se colaran en el camposanto, situado en la zona cero del incendio. “Queremos asegurarnos de que no ha habido daños”, remata. Su casa está a unas pocas decenas de metros de un par de fincas que arrasaron las llamas. “Esto está muy descuidado, lleno de matorral seco, hace años era una explotación de naranjos, pero ya no queda nada, está muy abandonado”.

“El limonero no arde”

Juan Carlos Moyano, exalcalde pedáneo (Ciudadanos) de San José de la Vega, población que queda dividida de Los Garres al atravesar la avenida del Camino de la Tejera, no tiene dudas sobre las causas del incendio que ha arrasado la Cresta del Gallo: “Esto se lleva diciendo años. Que iba a pasar, que iba a pasar. Y ha pasado”. Moyano apunta directamente al abandono de la finca Barceló, ahora propiedad de una empresa vinculada al mexicano Carlos Slim, magnate de las telecomunicaciones y uno de los hombres más ricos del mundo, y de la antigua finca de la Tana, cuyos terrenos quedaron en barbecho cuando su propietaria, la familia Cánovas, arrancó los cítricos a finales de los años 90.

Unos 15.000 habitantes residen en ambas pedanías de Murcia -de un total de 55-, donde se extienden dúplex, almacenes frutales, cítricos y edificios de escasa altura, todos ellos atravesados por los carriles -carreteras estrechas, sin apenas acera- de huerta y a escasos metros de la sierra, pulmón de la capital murciana.

“El limonero no arde. Hay dos fincas quemadas y un huerto de limoneros en el centro que no ha ardido”, explica Moyano. Varios bomberos trabajan aún en apagar los últimos rescoldos junto a una nave agrícola, donde se dibuja una frontera nítida entre el verde intacto de los limoneros y el negro de las cenizas en las que se ha convertido el matorral de las parcelas. A su juicio, la sustitución de los cultivos de cítricos por vegetación seca y abandonada fue la mecha que esperaba prenderse: “La maleza tiene una capacidad de combustión enorme. Arde rápido y se propaga”. 

El expedáneo recuerda que tanto él como otros alcaldes de la Vega Baja del Segura llevan años denunciando la dejadez en la limpieza de esas fincas de más de 300.000 metros cuadrados. “Hay una ordenanza municipal que obliga al propietario a tener la finca vallada y limpia, y que faculta al Ayuntamiento a entrar, limpiarla y pasarle el cobro. Pero no se hace. Nunca se ha hecho”, lamenta.

Moyano vivió el incendio de cerca. Dormía la siesta el pasado martes cuando su mujer le llamó por teléfono. “Cuando abrí la puerta, una bocanada de humo entró en casa. No se veía ni los chalets de enfrente”, recuerda. En los minutos más críticos, entre las cinco y las seis de la tarde, acogió en su casa a más de veinte vecinos desalojados, con varios perros y gatos, mientras intentaba calmar a familias con niños pequeños aterrados. Ahora su preocupación se traslada al futuro: “Cuando caiga una dana en otoño, aquí no va a haber nada que pare el agua. Esa ladera quemada va a ser un desastre”.

Una EBAU, sin “haber pegado ojo en toda la noche”

Con los móviles en alto, Tania y Nerea registraban a primera hora la labor de los helicópteros. Ambas estudiantes, son amigas y vecinas de la parte alta de la pedanía. Y sus familias se cuentan entre el centenar de desalojadas este martes para prevenir un desastre ante el voraz avance de las llamas.

“Empezamos a llamar a Emergencias a las tres de la tarde, pero a las tres y media seguía sin haber mucho movimiento de efectivos y a las cuatro el fuego se había adueñado de la sierra”, se queja Nerea, que a pesar de haber terminado Bahillerato -cuenta- no tenía previsto realizar las pruebas de la EBAU, “pero otros compañeros sí que han tenido que presentarse esta mañana, a pesar de no haber pegado ojo en toda la noche”.

A su lado, Tania recuerda “el miedo” vivido en la tarde del martes cuando les aconsejaron salir de sus casas. “Fue horrible ver cómo ardía la montaña y el fuego corriendo hacia abajo, se quedó a diez metros de nuestras viviendas y tuvieron que desalojar a bebés y personas mayores; mucha gente no quería salir de su casa, o estaba durmiendo porque fue a la hora de la siesta y no se habían enterado de nada”.

Entre las cinco y las seis de la tarde del martes se vivieron los peores momentos. “A esa hora hasta bajaban los bomberos mareados de la asfixia, vimos a algunos tirados en el suelo, con lipotimias”, recuerda Tania, que como el resto de sus vecinos se echó a la calle con mangueras y cubos para intentar ayudar a extinguir las llamas. “No pudimos volver a casa hasta bien entrada la madrugada”.

Mascarillas de la pandemia para protegerse del humo

No muy lejos de sus casas, en uno de los puntos calientes del incendio, se levanta el CEIP Antonio Díaz. Rescatadas de la época de la pandemia, los docentes han sacado de una caja esta mañana varias docenas de mascarillas para protegerse de la nube de humo que sigue dominando el ambiente y que ha obligado a niños y profesores a volver a cubrirse el rostro durante la mañana.

De los 300 niños que estudian en este colegio público de la pedanía, a las faldas de la sierra, solo ha cruzado la puerta a las nueve de la mañana medio centenar. “Pero a muchos se los están llevando ya porque las aulas huelen mucho a humo, y no se puede estar dentro”, cuenta la jefa de estudios minutos antes de recibir en el colegio a la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y al consejero de Presidencia, Acción Exterior, Emergencias y Juventud, Marcos Ortuño, que se han acercado hasta el centro escolar a primera hora de la mañana.

El origen del incendio se sitúa en torno a las 15.10 del martes. “No se sabe nada todavía de las causas del incendio pero la policía científica está desplegada investigando el asunto y en las próximas horas o días es posible que sepamos algo”, dice la alcaldesa Rebeca Pérez, quien apunta que “el viento fue el problema fundamental, que provocó que se expandiera con demasiada virulencia”, unido a las temperaturas extremas de un día con alerta naranja declarada. “El dispositivo, formado por más de 400 hombres, sigue activo”, destaca el consejero Marcos Ortuño, quien ha cifrado en 177 hectáreas el espacio afectado por el incendio, “unos siete kilómetros”, de las que un 50 por ciento pertenecen a masa forestal.

La actividad que no cesa

En el campamento donde se ha instalado el Puesto de Mando Avanzado no cesa la actividad. Técnicos, agentes medioambientales, bomberos y responsables de emergencias siguen de cerca la evolución del incendio y coordinan sobre el terreno el despliegue de medios terrestres y aéreos, en una jornada marcada por el humo, las altas temperaturas y la vigilancia constante de los puntos más sensibles del perímetro.

“Los efectivos siguen actuando esta mañana para sofocar los fuegos que se van reactivando con el viento”, explica Fulgencio Perona, concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia desde el centro de coordinación del incendio. Desde las siete de la mañana, concreta, han empezado a operar en la zona de nuevo los medios aéreos, tres helicópteros del Gobierno regional y un avión del Ministerio para la Transición Ecológica.

“Desde ayer mismo tanto la Guardia Civil como la Policía Científica están al pie del cañón para investigar las causas del incendio”, adelanta Perona, quien pide prudencia para determinar las posibles causas de las llamas.

Incendios “más virulentos”

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, también ha acudido al puesto de mando para agradecer el trabajo de los efectivos desplegados desde el inicio del incendio. Desde el Ministerio, según explica, se pusieron a disposición de la Región de Murcia cinco medios aéreos: un avión de coordinación, tres anfibios de gran capacidad y un helicóptero, además de 200 militares de la UME y 75 medios terrestres. “Desde el primer momento ha habido una estrecha colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno. Hemos trabajado mano a mano”.

El dispositivo, además, está integrado por una treintena de efectivos de Emergencias y Protección Civil, seis unidades policiales, cuatro vehículos de bomberos, cinco brigadas forestales y cuarenta agentes de la Unidad Militar de Emergencias, que continuaban este miércoles trabajando en la Cresta del Gallo, el punto que corona la Sierra de Carrascoy, y uno de los focos donde las llamas más han resistido.

Aagesen lanza un aviso sobre la situación general: “Los incendios no solo afloran con mayor cantidad, sino que son mucho más virulentos”. La ministra apela a un pacto de Estado frente a la emergencia climática y reclamó anticipación, prevención y más medios. Al término de su intervención, afirma que la situación era “mucho mejor que la de ayer [por el martes]” y que se espera poder declarar el incendio estabilizado a lo largo de la tarde de este miércoles.

Gran parte de los pinares de este parque regional son fruto de las repoblaciones de finales del siglo XIX y principios del XX, continuadas durante el franquismo con el pino carrasco como especie casi única. Lo que entonces se plantó para salvar los montes desnudos, el fuego del martes lo devoró en horas.

“No hablamos solo del valor ambiental, que es enorme. Con las condiciones climáticas actuales, tener un pulmón para la ciudad de este volumen y tan cerca es muy importante. Pero también hablamos del valor sentimental, porque quién no se ha subido al monte a andar una tarde o un fin de semana. Es una joya que tenemos que cuidar siempre”, apunta el portavoz socialista en el consistorio murciano, Ginés Ruiz Maciá.

El olor a humo sigue impregnado en la piel y la atmósfera.

Un grave incendio forestal declarado este martes por la tarde en la Cresta del Gallo, entre las pedanías murcianas de Los Garres y Lages, ha obligado a activar el Plan Infomur en situación 2 y a solicitar al Gobierno central el envío de tres aviones anfibios y dos helicópteros para reforzar el operativo de extinción. El delegado del Gobierno de la Región, Francisco Lucas, ha advertido en su cuenta de la red social X pasadas las 19 horas que la Unidad Militar de Emergencias (UME) había sido activada y “se encuentra de camino para sumarse a las labores de extinción del incendio declarado en Los Garres”.

“Seguimos con preocupación el avance del fuego en el municipio de Murcia, que ha llevado al desalojo de varias viviendas”, ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sus redes sociales.

El primer aviso llegó al 112 a las 15.10 horas, y en apenas minutos el centro de emergencias recibió más de 200 llamadas de vecinos alarmados por la gran columna de humo visible desde distintos puntos del municipio. Las llamas, originadas cerca del Castillo de Los Garres, avanzan en dirección a San José de la Vega y Beniaján, amenazando viviendas del entorno del cementerio y la rambla.

El incendio supera ya las 110 hectáreas, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia. Algunos vecinos han decidido abandonar sus viviendas de forma preventiva ante el avance de las llamas, próximas a varios núcleos habitados en la zona. “Está todo el cielo gris, desde aquí se ve la humareda y todavía está ardiendo”, han relatado vecinos cercanos al incendio.

“Hay varios helicópteros e hidroaviones sobrevolando la zona de un lado a otro”, cuenta al otro lado del teléfono Paco, propietario de la cafetería Iris, en San José de la Vega. “Aquí no hay peligro, estamos a unos 300 metros; pero arriba el fuego ha llegado a la carretera y en algunas zonas ha saltado muy cerca de las casas, por eso han desolajado algunas viviendas”, continúa. “La nube de humo y ceniza es muy grande, en el monte hay muchas ramas secas y el viento no acompaña”.

“Lo poquito que teníamos de verde y bonito aquí en Murcia. Veremos cómo queda después del desastre que se ha formado”, se lamenta al teléfono Juan Carlos Moyano, antiguo alcalde pedáneo de San José de la Vega, quien ha acogido en su casa a una veintena de personas, ya que su vivienda se encuentra a 300 metros de las llamas.

“Aquí en Los Garres está todo el mundo revolucionado, se sigue viendo gente por la calle pero con mascarillas; y lo que es muy curioso es que está el coche lleno de coches aparcados, por lo visto nadie quiere dejar los coches dentro de los garajes porque ha habido un corte de luz y está el pueblo hasta arriba de vehículos”, relara Antonio Pérez, vecino de Los Garres. “Mucha gente se está yendo porque no se fían, las llamas de hecho están llegando ya cerca de un colegio”.

El parque natural cuenta con zonas residenciales en lo que se conoce como la Costera de Murcia, en la falda de la cordillera, en las que viven unos 25.000 habitantes. “Hay mucha zona residencial que ha tenido el fuego muy, muy cerca. Hablo de una calle de cuatro metros y un frente de llamas de 20 metros de altura. [...] Como ha llovido tanto en Murcia y en toda España, hasta hace un mes estaba verde y no ha dado tiempo a limpiar. Esa maleza, que tenía dos o tres metros de altura en algunos sitios, ha ardido con un frente de llamas verdaderamente espectacular”.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha solicitado a la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha medios aéreos, al igual que “máxima precaución” a los vecinos a través de su cuenta de X.

Pérez también ha informado en esta red social de que las instalaciones deportivas de las pedanías murcianas de Los Garres, San José de la Vega, Beniaján, Los Ramos, Torreagüera y Algezares se encuentran cerradas por el incendio, así como los centros de mayores y los campos de fútbol de las dos primeras.

El dispositivo desplegado se acerca a los 300 efectivos, con tres helicópteros operativos más uno de coordinación, brigadas forestales de la UDIF, agentes medioambientales, Protección Civil, Bomberos del Ayuntamiento de Murcia, Guardia Civil y Policía Local. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Democrático han movilizado tres aviones anfibio, un avión de coordinación y un helicóptero. El Ayuntamiento ha procedido al desalojo preventivo de las viviendas más cercanas al foco, mientras en algunas zonas se han ordenado cortes de suministro eléctrico para evitar riesgos adicionales.

El fuego se produce en el peor momento posible: la jornada más calurosa de la primavera en la Región, con temperaturas que han alcanzado los 40 grados en la capital y aviso naranja por calor extremo. Las rachas de viento en la sierra complican aún más los trabajos de extinción en el parque regional de Carrascoy y El Valle. Por el momento no se ha informado de heridos.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, también ha pedido a los habitantes de la capital murciana que “extremen la precaución” en la red social X.

Desde Protección Civil y Emergencias Murcia han querido recordar a los murcianos y murcianas la importancia de “seguir en todo momento los distintos perfiles oficiales de los servicios de emergencia para evitar bulos o desinformación”. También han informado de que se siguen desplegando nuevos recursos de protección civil y emergencias para este incendio forestal en la ladera de Murcia.

El delegado del Gobierno de la Región, por su parte, ha advertido pasadas las 17.30 horas de que se encontraba de camino “una aeronave de coordinación, dos aviones Alfa, un hidroavión y un helicóptero”.

(Seguimos informando)

Con el incremento de las temperaturas y la llegada de una ola de calor que afecta al sur de Europa —tras haber impactado ya en comunidades como Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Extremadura, Aragón o Madrid—, el consejero de Educación murciano, Víctor Marín, no descarta la suspensión de clases esta semana en la Región de Murcia.

Ante estas situaciones, la Consejería de Educación, ha recordado el consejero, “tiene diseñado un protocolo de actuación para los centros, como ocurre con otras contingencias extraordinarias que se puedan producir, como episodios de dana”. Este protocolo, ha apuntado, incluye medidas “regladas” y puestas a disposición de los equipos directivos para dar respuesta a estas circunstancias, entre ellas la suspensión de la actividad lectiva “cuando sea necesario”.

El titular regional de Educación ha subrayado que esta medida “en ningún caso ha de entenderse como un mecanismo de protesta”, sino como “la aplicación de un protocolo diseñado por la Consejería”.

En las últimas semanas, la falta de climatización en los centros educativos de la Región de Murcia ha vuelto a situarse en el centro del debate con la llegada de episodios de calor extremo. Docentes y padres han denunciado “la falta de soluciones estructurales” y la dependencia de medidas puntuales. Desde la Federación de AMPAS de la Región de Murcia Juan González, que agrupa a unas 300 asociaciones de madres y padres, recuerdan que “la climatización de los centros es responsabilidad de la Consejería” y que las soluciones no pueden seguir dependiendo de iniciativas aisladas o de la capacidad económica de cada comunidad escolar.

El umbral, en los 27 grados

Las instrucciones a las que hace referencia el consejero permiten la reubicación del alumnado o la suspensión de la actividad lectiva cuando las temperaturas en el interior de las aulas superan los umbrales previstos, en torno a los 27 grados. El modelo ya se ha aplicado en casos como el del IES Valle de Leiva, en Alhama de Murcia, convertido en símbolo del problema tras acumular varias jornadas con clases interrumpidas por el calor el curso pasado.

Por otra parte, el consejero ha insistido en que la suspensión de clases no implica la obligación de las familias de recoger a los alumnos, que podrán permanecer en los centros “reubicados en otros espacios sin actividad lectiva, en zonas con menor exposición a las altas temperaturas, zonas de sombra o espacios comunes con climatización”, manteniéndose además operativos los servicios complementarios.

En paralelo, Marín ha defendido que la administración continúa con inversiones para mejorar el confort térmico en los centros educativos. Según ha señalado, desde 2020 se han destinado “80 millones de euros en mejorar la climatización y las potencias eléctricas de un centenar de centros”, y ha avanzado una partida específica de 11 millones de euros prevista para 2026.

El consejero ha añadido que estos planes forman parte de una estrategia de modernización de infraestructuras que, según ha dicho, “en ningún caso fueron concebidas cuando se construyeron para contemplar sistemas de climatización adecuados”.

Grupo de calor: sindicatos, ampas y estudiantes

Para hacer frente a esta problemática, varias AMPAS de la Región, junto con los sindicatos Sterm, CCOO y UGT, además de colectivos estudiantiles, han creado el denominado grupo de calor, una iniciativa destinada a dar visibilidad a esta situación y reclamar una actuación por parte de la Consejería. “Reclamamos un plan integral que permita adaptar los centros educativos al incremento de las temperaturas, acompañado de una financiación adecuada”, ha señalado Pablo Rodríguez, portavoz de Sterm.

Entre las acciones emprendidas destacan la presentación de denuncias ante la Inspección de Trabajo, el control y registro de las temperaturas en las aulas y la divulgación de estos datos. Asimismo, según explican desde Sterm, se está desarrollando un mapa térmico de los centros educativos de la Región mediante el uso de termómetros conectados a aplicaciones digitales.

Familiares y pacientes intervenidos por el cirujano cardiovascular Rubén T. M. han expresado su preocupación tras las últimas informaciones sobre la investigación de una presunta trama de corrupción en el Servicio Murciano de Salud (SMS), en la que la Policía Nacional ha detectado el uso de al menos un stent caducado en el marco de las pesquisas de la UDEF. Aunque la Consejería de Salud sostiene que no se han utilizado prótesis caducadas en pacientes, el avance de la investigación —que apunta a la posible facturación de material no homologado y a irregularidades en parte de las intervenciones analizadas— ha reactivado la inquietud entre familias que piden claridad sobre las operaciones realizadas y garantías sobre el seguimiento de los casos.

La trama, presuntamente activa desde 2019 hasta fechas recientes, habría implicado a responsables de Logimed —empresa distribuidora de prótesis vasculares—, de la Unidad de Aprovisionamiento Integral del SMS o unidad de compras, y de médicos adscritos al Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca. Once personas han sido detenidas como presuntas autoras de un fraude de cerca de siete millones de euros, perpetrado mediante la manipulación sistemática de facturas.

“Papá, este titular es para ti, supongo que estarás tan contento como yo. No veas el subidón que me dio cuando vi la foto [del cirujano de La Arrixaca detenido], le habían pixelado la cara pero aun así le reconocí, al instante, no veas qué alegría y hasta miedo sentí. Pero no, era él esposado”. Con estas palabras se dirige Eva Ríos Asunción en un post de Facebook a su padre, Antonio Ríos Peñalver, fallecido por una presunta “una negligencia médica” el 13 de mayo de 2022. El post, de hace cinco días, es una reacción a la publicación en la prensa regional de la detención del cirujano del Servicio de Cardiología del Virgen de la Arrixaca, Rubén T. M., por la trama de las prótesis caducadas del Servicio Murciano de Salud (SMS).

A Antonio Ríos Peñalver le pusieron una endoprótesis aórtica y sufrió una infección nosocomial por la manipulación de la prótesis, relatan desde la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias de la Región de Murcia (Avinesarmur). “Desconocemos si la prótesis venía infectada o se infectó al manipularla en la operación”, continúan. “No hay datos sobre la prótesis, no tenemos información sobre su procedencia, ni venía con código de barras”. Desde Avisenamur recalcan que su denuncia, a la espera de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), está argumentada en una serie de negligencias, pero desvinculan el caso de la trama del SMS. En los últimos días, tras conocerse la identidad del cirujano detenido, sí que les han llovido unos cuantos casos más de denuncias de negligencias por parte del mismo equipo.

Según el relato de Eva, su padre ingresó con neumonía en el Hospital Reina Sofía. Y allí le detectaron un aneurisma de la aorta abdominal. “Tenía 77 años, y estaba muy fuerte”, cuenta emocionada. “Le dijeron que era apto para la operación, que era sencilla, con los riesgos lógicos pero sencilla; se trataba de colocar una endoprótesis”. Su padre, continúa, “era reacio, pero nos convencieron porque nos aseguraron que le alargaría la vida”.

Para la intervención, les derivaron al Hospital Virgen de la Arrixaca, con el equipo liderado por Rubén T.M. “Cuando le operaron estaba perfecto, un hombre que pesaba cien kilos, fuerte, robusto”. Pero a los pocos días empezó a sentir molestias, recuerda. “Al llegar a casa, comenzó un declive que nos llevó de hospital en hospital”. Nueve meses que describe como “un horror, una agonía”.

Eva echa la memoria atrás y rememora “muchas incongruencias, cosas raras, no nos proporcionaban todos los datos que pedíamos”. Consultando a otros profesionales, constata, “nos insistían en que los síntomas que tenía mi padre podían deberse a las prótesis, pero desde el equipo que le operó nos aseguraban que no estaba infectada”. Eva describe un comportamiento “déspota” por parte del equipo.

Su padre, lamenta Eva, “terminó con 60 kilos, en silla de ruedas, con pañales y dolores constantes”. Cuando entró por última vez en el hospital, “era prácticamente un cadáver”. “De tanto presionar, terminaron reconociendo que la prótesis estaba infectada, que se había movido y que le había perforado el duodeno; le volvieron a operar, pero fue otra masacre”. Otro equipo médico “intentó arreglar el problema: nos dijeron que estaba infectado hasta las orejas y que ya no se podía hacer nada por él, se murió podrido cuando se le podría haber evitado mucho sufrimiento”. Eva no es la única familiar que denuncia un caso de presunta “negligencia” practicado por este cirujano.

Incapacidad permanente

Las tres operaciones por las que pasó la murciana María Teresa Bo, también a manos de Rubén T.M., terminaron en una incapacidad permanente en solo ocho meses. La primera intervención fue en mayo de 2024, la segunda en noviembre y la última, en enero de 2025. “Me han fastidiado, porque era una mujer muy activa, siempre de aquí para allá, me encantaba salir, y tenía mi trabajo en una empresa de limpieza”. Ahora “solo puedo pasear cerca de casa, máximo media hora a que me dé un poco el sol, pero para distancias medias o largas necesito que me lleven en coche mi marido o alguno de mis tres hijos”, relata. En mayo de 2024, intervinieron a María Teresa en la pierna izquierda porque tenía “una obstrucción en la arteria”.

A los dos días, recuerda, le dieron el alta. Pero una vez en casa, “no dejaba de supurarme la herida; me tuvieron que poner un dispositivo que llevaba colgado las 24 horas del día durante doce semanas, pero no dio resultado y me tuvieron que volver a operar”. Según su testimonio, “me dijeron que mi pierna había rechazado la prótesis, y me colocaron otra en la siguiente operación”. Tampoco tuvo éxito esa intervención. “A los dos o tres días tenía un dolor que rabiaba, me llevaron en ambulancia a la Arrixaca; tenía tanto dolor que yo pedía que me cortaran el pie”.

En esa tercera operación María Teresa desconoce si se le implantó otra prótesis. “Cuando salieron los sanitarios le dijeron a mi marido que habían removido músculos y tendones, que era la primera vez que veían algo así y que desde el principio me tendrían que haber puesto una prótesis de mejor calidad”. La mujer, de 62 años, teme que las prótesis que lleva en la pierna “sean de las caducadas y que por eso haya tenido tantos problemas”.

Si hasta ahora no ha denunciado ha sido porque “creía que era mi pierna la que no lo había aceptado, pero cuando vi su cara (la del cirujano detenido) en prensa empecé a pensar que a lo mejor estaba caducada”. Reconoce que le apena la situación porque “le vi preocupado por mi caso, y le he llegado a apreciar pero si ha habido negligencia es su responsabilidad”. Ahora sí que se plantea judicializar su caso. “Cuando pongo el pie en el suelo es como si llevara una bota que pesa 20 kilos, tengo que caminar con muletas porque no tengo estabilidad y todo este proceso ha sido un calvario”.

“Ya tengo los papeles del alta firmados”

A Giuseppe Perrone, de 64 años, le intervino Rubén T.M. el 20 de febrero del pasado año en un centro concertado para abordar una isquemia arterial crónica: “En principio iba a ser un cateterismo, entrar y salir. Cuando salió de quirófano nos dijo que había ido todo bien, que al final le habían tenido que hacer un bypass”, explica su hija, Eli Ann. Giuseppe falleció la madrugada del día siguiente, unas ocho horas después de su intervención.

“Tras operarlo, nos dijeron que en una hora nos lo llevaban a la habitación, pero no llegaba”, continúa. A las dos horas, el cirujano volvió a llamar a la familia de Giuseppe: “Dijo que a mi padre le había bajado la tensión y que iban a medicarlo para volver a subírsela, que no nos preocupáramos. Que había perdido sangre, pero que era normal en una intervención así”. Mientras Ruben T.M. trataba de tranquilizar a la familia, Eli recuerda como una enfermera se dirigió aprisa en dirección a su padre, “con dos bolsas de sangre escondidas tras una hoja de papel”. Finalmente, a las doce, mandaron a la familia de Giuseppe a casa.

“Nos dijeron que mi padre estaba durmiendo. A mi padre le mandamos una foto mi madre y yo, para decirle que volvíamos mañana y que estábamos tristes por no poder verlo”, relata.

Pidiendo el historial de su padre, Eli ha descubierto que el centro médico le ocultó que volvieron a intervenir a su padre otras dos veces más: “Lo operaron sin mi consentimiento, lo intubaron sin mi consentimiento. A mí no me llamaron hasta las dos, para decirme que estaba muy mal”, denuncia.

“En la exploración presenta lesión en vena femoral que provoca hemorragia de 500 mililitros de manera aguda y deteriora al paciente hemodinámicamente”, describe el informe evolutivo de hospitalización. A las tres de la madrugada, y tras dos episodios de hipotensión arterial, Giuseppe murió a causa de un paro cardiaco.

“El cirujano que le va a operar”

Agustín Peñalver acudió el 30 de enero del pasado año a la sala de urgencias del Virgen de la Arrixaca, con un fuerte dolor en la pierna izquierda. Se marchó con una cita para un TC de aorta (prueba diagnóstica no invasiva) para el siguiente 7 de febrero, pero su rápido deterioro propició su ingreso en el Servicio de Cirugía Cardiovascular. Tenía, entre otros, un aneurisma de aorta infrarrenal y una trombosis de la arteria poplipea -en la pierna- izquierda, y esperaba junto a su familia la cirugía para que le quitasen el trombo.

Durante la espera irrumpió en la habitación Rubén T.M., identificándose como “el cirujano que le va a operar”, anunciando que a Agustín no le iban a intervenir del trombo, sino que le iban a implantar un bypass: “Le dijo a mi padre que tenía un 98% de posibilidades de sobrevivir a la operación, que si no lo operaba duraría meses”, relata su hija, María Dolores Peñalver. El 11 de febrero a Agustín se le interviene en La Arrixaca mediante una cirugía de bypass aortobifemoral. Cinco días después, Agustín falleció a los 70 años.

“Mi marido no entró a morir. Estaba perfecto, pero de ahí no salió”, lamenta la mujer de Agustín, Magdalena Peñalver. Tal y como describe la denuncia que la familia interpuso contra el cirujano el pasado año, “inexplicablemente” los médicos del Servicio de Cirugía Cardiovascular “se olvidaron” del trombo que Agustín aún alojaba en su pierna izquierda. Ya en el posoperatorio, se pudo comprobar que la circulación no había vuelto a las piernas de Agustín, que continuaban teniendo “mala perfusión”.

“Lo metían y lo sacaban del quirófano todos los días, sin avisarnos. No nos daban explicaciones, cuando preguntaba por el cirujano, siempre nos ponían a hablar con chicos jóvenes”, recuerda Magdalena.

Poco a poco, Agustín se iba deteriorando: “Una noche [la del 14 de febrero] vino el mismo cirujano que le operó y nos dijo que [durante una sesión clínica] habían hablado de amputarle la pierna, pero que él lo iba a operar bajo su responsabilidad”, relata Magdalena. A su salida, el cirujano Rubén T.M. dijo a Magdalena que la operación había sido un éxito, que el lunes [tres días después] “lo iban a bajar a la cafetería”. Según la denuncia, no consta la cirugía en el informe de alta.

Horas después, Agustín entró en shock hemodinámico y necesitó reanimación, se le intervino de nuevo el mismo día: “El paciente había sufrido una hemorragia posoperatoria que había pasado inadvertida, pese a estar fuertemente anticoagulado. (...) Nadie informó a la familia de esto hasta después de la cirugía, diciendo entonces que el diagnóstico era fatal”, revela la denuncia.

“Cuando murió, al día siguiente, en el entierro, decidimos llevar esto a un abogado. No lo veíamos nada claro”, concluye Magdalena. “Estamos en contacto con el forense, no hay informes de él, lo han borrado todo. En el parte de defunción pusieron que murió de muerte natural”, añade María Dolores.

Desde la Consejería de Salud insisten en que, según el servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de La Arrixaca, no se han producido episodios clínicos compatibles con la implantación de prótesis caducadas. Y añaden que fue la propia Consejería de Salud la que puso en conocimiento de la Fiscalía el supuesto fraude: “Llegaremos hasta el final utilizando todas las vías judiciales hasta que se restituya la cuantía económica total supuestamente defraudada; en el marco de la investigación judicial en curso, no se pueden facilitar otros datos”.

La política en la Región de Murcia está viviendo en este mes de mayo una sacudida detrás de otra. El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha aprovechado las ondas del terremoto que hacen temblar los centros de poder de la Región para realizar un cambio de Gobierno, tal y como hizo a finales de la legislatura anterior. La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y el consejero de Salud, Juan José Pedreño, abandonan sus responsabilidades y son sustituidos por Joaquín Buendía, por el momento gerente de Esamur y exalcalde de Alcantarilla, e Isabel Ayala Vigueras, hasta ahora gerente del Servicio Murciano de Salud, respectivamente. La portavocía la asumirá la hasta ahora consejera de Empresa, Marisa López Aragón, desplazando a Marcos Ortuño, quien retiene la consejería de Presidencia, Acción Exterior y Emergencias y añade Juventud. López Aragón gana el mayor peso político al asumir también la cartera de Economía, Hacienda, Portavocía Fondos europeos y transformación digital, anteriormente en manos de Luis Alberto Marín, quien se hace cargo de Empresa, Empleo y Economía Social, en lo que supone un intercambio de áreas.

El presidente murciano ha explicado en su alocución el Palacio de San Esteban que la Región se enfrenta a una “etapa clave” y ha subrayado su disposición a proteger el Mar Menor y la agricultura. López Miras ha vuelto a poner sobre la mesa los “problemas” de financiación de la región y el “déficit histórico de infraestructuras”. Frente al ruido, la confrontación y corrupción nacional, el jefe del Ejecutivo ha defendido la estabilidad. “Gobernar es anticiparse”, ha concluido.

“No ha sido un año corriente”. Con esa frase arrancaba el anuncio de la última remodelación de López Miras hace ya dos años. Tampoco este lo ha sido. El murciano Fernando López Miras ha afrontado este jueves una nueva remodelación de su gabinete. Y lo ha hecho en un momento de especial presión política marcado por las crisis institucionales, la inestabilidad en el equilibrio municipal de ayuntamientos como el Cartagena o el desgaste derivado de la gestión de varios frentes judiciales y sanitarios que han tensado la agenda pública en la Región. No en vano, la reestructuración coincide con la investigación sobre la presunta trama de prótesis en el Servicio Murciano de Salud en la que se habrían facturado prótesis caducadas, mediante irregularidades en los sistemas de compra y registro.

Sara Rubira, consejera de Agricultura, ha sido una de las integrantes del Gobierno regional apartadas por el presidente Fernando López Miras en la remodelación. Su salida se relaciona con el desgaste generado en torno a la gestión de un informe sobre la calidad de los suelos del Campo de Cartagena. Un estudio encargado a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) por su departamento en 2023 y en el que se detectan concentraciones muy elevadas de metales pesados en el entorno de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. La controversia sobre el tratamiento administrativo del documento, su publicación y las acusaciones de falta de transparencia han intensificado las críticas de la oposición y de colectivos ecologistas, situando la gestión ambiental y agraria en el centro del debate político regional.

Este movimiento de piezas llega dos años después de la última remodelación del Ejecutivo, el 15 de julio de 2024, cuando el presidente Fernando López Miras anunció una nueva composición del Consejo de Gobierno tras la salida de varios consejeros de Vox. Aquella crisis se produjo como consecuencia de la ruptura del partido de Santiago Abascal de los pactos autonómicos a nivel nacional, lo que provocó la salida de José Ángel Antelo y José Manuel Pancorbo del Ejecutivo regional. Tras esa crisis, el PP ha gobernado en solitario en la Región de Murcia, con una estructura de gobierno que ahora afronta su primera reordenación de calado desde entonces.

En aquella remodelación de 2024 se incorporaron Marisa López Aragón como consejera de Empresa, Empleo y Economía Social y Jorge García Montoro, al frente de Fomento e Infraestructuras. Ese ajuste buscó estabilizar el Ejecutivo con perfiles técnicos tras la ruptura de la coalición.

Murcia y Cartagena

A nivel municipal, el tablero también se ha movido con fuerza. En Cartagena, la alcaldesa Noelia Arroyo ha logrado desactivar una moción de censura tras la fractura interna de Vox y la retirada de apoyo de exconcejales del partido, en un episodio que ha evidenciado la implosión de la formación en la ciudad portuaria. Y en la capital regional, Murcia ha visto cómo Rebeca Pérez tras el fallecimiento del exalcalde José Ballesta.

En paralelo a la remodelación del Gobierno regional, la crisis interna de Vox en la Región de Murcia se ha traducido también este jueves en la salida de José Ángel Antelo del partido, al que acusa de haber abandonado su papel como alternativa política para convertirse en un proyecto controlado por un reducido núcleo de dirigentes. El hasta ahora diputado regional ha justificado su decisión en lo que considera una deriva interna y en la “falta de coherencia estratégica” de la formación, que, según sostiene, “se ha alejado de sus principios fundacionales y ha perdido cohesión orgánica”.

Antelo sí que ha subrayado que mantendrá el apoyo a aquellas iniciativas que considere “beneficiosas” para la Región de Murcia, especialmente en materias como vivienda, inversiones en infraestructuras o proyectos vinculados al desarrollo regional.