Familiares y pacientes intervenidos por el cirujano cardiovascular Rubén T. M. han expresado su preocupación tras las últimas informaciones sobre la investigación de una presunta trama de corrupción en el Servicio Murciano de Salud (SMS), en la que la Policía Nacional ha detectado el uso de al menos un stent caducado en el marco de las pesquisas de la UDEF. Aunque la Consejería de Salud sostiene que no se han utilizado prótesis caducadas en pacientes, el avance de la investigación —que apunta a la posible facturación de material no homologado y a irregularidades en parte de las intervenciones analizadas— ha reactivado la inquietud entre familias que piden claridad sobre las operaciones realizadas y garantías sobre el seguimiento de los casos.

La trama, presuntamente activa desde 2019 hasta fechas recientes, habría implicado a responsables de Logimed —empresa distribuidora de prótesis vasculares—, de la Unidad de Aprovisionamiento Integral del SMS o unidad de compras, y de médicos adscritos al Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca. Once personas han sido detenidas como presuntas autoras de un fraude de cerca de siete millones de euros, perpetrado mediante la manipulación sistemática de facturas.

“Papá, este titular es para ti, supongo que estarás tan contento como yo. No veas el subidón que me dio cuando vi la foto [del cirujano de La Arrixaca detenido], le habían pixelado la cara pero aun así le reconocí, al instante, no veas qué alegría y hasta miedo sentí. Pero no, era él esposado”. Con estas palabras se dirige Eva Ríos Asunción en un post de Facebook a su padre, Antonio Ríos Peñalver, fallecido por una presunta “una negligencia médica” el 13 de mayo de 2022. El post, de hace cinco días, es una reacción a la publicación en la prensa regional de la detención del cirujano del Servicio de Cardiología del Virgen de la Arrixaca, Rubén T. M., por la trama de las prótesis caducadas del Servicio Murciano de Salud (SMS).

A Antonio Ríos Peñalver le pusieron una endoprótesis aórtica y sufrió una infección nosocomial por la manipulación de la prótesis, relatan desde la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias de la Región de Murcia (Avinesarmur). “Desconocemos si la prótesis venía infectada o se infectó al manipularla en la operación”, continúan. “No hay datos sobre la prótesis, no tenemos información sobre su procedencia, ni venía con código de barras”. Desde Avisenamur recalcan que su denuncia, a la espera de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), está argumentada en una serie de negligencias, pero desvinculan el caso de la trama del SMS. En los últimos días, tras conocerse la identidad del cirujano detenido, sí que les han llovido unos cuantos casos más de denuncias de negligencias por parte del mismo equipo.

Según el relato de Eva, su padre ingresó con neumonía en el Hospital Reina Sofía. Y allí le detectaron un aneurisma de la aorta abdominal. “Tenía 77 años, y estaba muy fuerte”, cuenta emocionada. “Le dijeron que era apto para la operación, que era sencilla, con los riesgos lógicos pero sencilla; se trataba de colocar una endoprótesis”. Su padre, continúa, “era reacio, pero nos convencieron porque nos aseguraron que le alargaría la vida”.

Para la intervención, les derivaron al Hospital Virgen de la Arrixaca, con el equipo liderado por Rubén T.M. “Cuando le operaron estaba perfecto, un hombre que pesaba cien kilos, fuerte, robusto”. Pero a los pocos días empezó a sentir molestias, recuerda. “Al llegar a casa, comenzó un declive que nos llevó de hospital en hospital”. Nueve meses que describe como “un horror, una agonía”.

Eva echa la memoria atrás y rememora “muchas incongruencias, cosas raras, no nos proporcionaban todos los datos que pedíamos”. Consultando a otros profesionales, constata, “nos insistían en que los síntomas que tenía mi padre podían deberse a las prótesis, pero desde el equipo que le operó nos aseguraban que no estaba infectada”. Eva describe un comportamiento “déspota” por parte del equipo.

Su padre, lamenta Eva, “terminó con 60 kilos, en silla de ruedas, con pañales y dolores constantes”. Cuando entró por última vez en el hospital, “era prácticamente un cadáver”. “De tanto presionar, terminaron reconociendo que la prótesis estaba infectada, que se había movido y que le había perforado el duodeno; le volvieron a operar, pero fue otra masacre”. Otro equipo médico “intentó arreglar el problema: nos dijeron que estaba infectado hasta las orejas y que ya no se podía hacer nada por él, se murió podrido cuando se le podría haber evitado mucho sufrimiento”. Eva no es la única familiar que denuncia un caso de presunta “negligencia” practicado por este cirujano.

Incapacidad permanente

Las tres operaciones por las que pasó la murciana María Teresa Bo, también a manos de Rubén T.M., terminaron en una incapacidad permanente en solo ocho meses. La primera intervención fue en mayo de 2024, la segunda en noviembre y la última, en enero de 2025. “Me han fastidiado, porque era una mujer muy activa, siempre de aquí para allá, me encantaba salir, y tenía mi trabajo en una empresa de limpieza”. Ahora “solo puedo pasear cerca de casa, máximo media hora a que me dé un poco el sol, pero para distancias medias o largas necesito que me lleven en coche mi marido o alguno de mis tres hijos”, relata. En mayo de 2024, intervinieron a María Teresa en la pierna izquierda porque tenía “una obstrucción en la arteria”.

A los dos días, recuerda, le dieron el alta. Pero una vez en casa, “no dejaba de supurarme la herida; me tuvieron que poner un dispositivo que llevaba colgado las 24 horas del día durante doce semanas, pero no dio resultado y me tuvieron que volver a operar”. Según su testimonio, “me dijeron que mi pierna había rechazado la prótesis, y me colocaron otra en la siguiente operación”. Tampoco tuvo éxito esa intervención. “A los dos o tres días tenía un dolor que rabiaba, me llevaron en ambulancia a la Arrixaca; tenía tanto dolor que yo pedía que me cortaran el pie”.

En esa tercera operación María Teresa desconoce si se le implantó otra prótesis. “Cuando salieron los sanitarios le dijeron a mi marido que habían removido músculos y tendones, que era la primera vez que veían algo así y que desde el principio me tendrían que haber puesto una prótesis de mejor calidad”. La mujer, de 62 años, teme que las prótesis que lleva en la pierna “sean de las caducadas y que por eso haya tenido tantos problemas”.

Si hasta ahora no ha denunciado ha sido porque “creía que era mi pierna la que no lo había aceptado, pero cuando vi su cara (la del cirujano detenido) en prensa empecé a pensar que a lo mejor estaba caducada”. Reconoce que le apena la situación porque “le vi preocupado por mi caso, y le he llegado a apreciar pero si ha habido negligencia es su responsabilidad”. Ahora sí que se plantea judicializar su caso. “Cuando pongo el pie en el suelo es como si llevara una bota que pesa 20 kilos, tengo que caminar con muletas porque no tengo estabilidad y todo este proceso ha sido un calvario”.

“Ya tengo los papeles del alta firmados”

A Giuseppe Perrone, de 64 años, le intervino Rubén T.M. el 20 de febrero del pasado año en un centro concertado para abordar una isquemia arterial crónica: “En principio iba a ser un cateterismo, entrar y salir. Cuando salió de quirófano nos dijo que había ido todo bien, que al final le habían tenido que hacer un bypass”, explica su hija, Eli Ann. Giuseppe falleció la madrugada del día siguiente, unas ocho horas después de su intervención.

“Tras operarlo, nos dijeron que en una hora nos lo llevaban a la habitación, pero no llegaba”, continúa. A las dos horas, el cirujano volvió a llamar a la familia de Giuseppe: “Dijo que a mi padre le había bajado la tensión y que iban a medicarlo para volver a subírsela, que no nos preocupáramos. Que había perdido sangre, pero que era normal en una intervención así”. Mientras Ruben T.M. trataba de tranquilizar a la familia, Eli recuerda como una enfermera se dirigió aprisa en dirección a su padre, “con dos bolsas de sangre escondidas tras una hoja de papel”. Finalmente, a las doce, mandaron a la familia de Giuseppe a casa.

“Nos dijeron que mi padre estaba durmiendo. A mi padre le mandamos una foto mi madre y yo, para decirle que volvíamos mañana y que estábamos tristes por no poder verlo”, relata.

Pidiendo el historial de su padre, Eli ha descubierto que el centro médico le ocultó que volvieron a intervenir a su padre otras dos veces más: “Lo operaron sin mi consentimiento, lo intubaron sin mi consentimiento. A mí no me llamaron hasta las dos, para decirme que estaba muy mal”, denuncia.

“En la exploración presenta lesión en vena femoral que provoca hemorragia de 500 mililitros de manera aguda y deteriora al paciente hemodinámicamente”, describe el informe evolutivo de hospitalización. A las tres de la madrugada, y tras dos episodios de hipotensión arterial, Giuseppe murió a causa de un paro cardiaco.

“El cirujano que le va a operar”

Agustín Peñalver acudió el 30 de enero del pasado año a la sala de urgencias del Virgen de la Arrixaca, con un fuerte dolor en la pierna izquierda. Se marchó con una cita para un TC de aorta (prueba diagnóstica no invasiva) para el siguiente 7 de febrero, pero su rápido deterioro propició su ingreso en el Servicio de Cirugía Cardiovascular. Tenía, entre otros, un aneurisma de aorta infrarrenal y una trombosis de la arteria poplipea -en la pierna- izquierda, y esperaba junto a su familia la cirugía para que le quitasen el trombo.

Durante la espera irrumpió en la habitación Rubén T.M., identificándose como “el cirujano que le va a operar”, anunciando que a Agustín no le iban a intervenir del trombo, sino que le iban a implantar un bypass: “Le dijo a mi padre que tenía un 98% de posibilidades de sobrevivir a la operación, que si no lo operaba duraría meses”, relata su hija, María Dolores Peñalver. El 11 de febrero a Agustín se le interviene en La Arrixaca mediante una cirugía de bypass aortobifemoral. Cinco días después, Agustín falleció a los 70 años.

“Mi marido no entró a morir. Estaba perfecto, pero de ahí no salió”, lamenta la mujer de Agustín, Magdalena Peñalver. Tal y como describe la denuncia que la familia interpuso contra el cirujano el pasado año, “inexplicablemente” los médicos del Servicio de Cirugía Cardiovascular “se olvidaron” del trombo que Agustín aún alojaba en su pierna izquierda. Ya en el posoperatorio, se pudo comprobar que la circulación no había vuelto a las piernas de Agustín, que continuaban teniendo “mala perfusión”.

“Lo metían y lo sacaban del quirófano todos los días, sin avisarnos. No nos daban explicaciones, cuando preguntaba por el cirujano, siempre nos ponían a hablar con chicos jóvenes”, recuerda Magdalena.

Poco a poco, Agustín se iba deteriorando: “Una noche [la del 14 de febrero] vino el mismo cirujano que le operó y nos dijo que [durante una sesión clínica] habían hablado de amputarle la pierna, pero que él lo iba a operar bajo su responsabilidad”, relata Magdalena. A su salida, el cirujano Rubén T.M. dijo a Magdalena que la operación había sido un éxito, que el lunes [tres días después] “lo iban a bajar a la cafetería”. Según la denuncia, no consta la cirugía en el informe de alta.

Horas después, Agustín entró en shock hemodinámico y necesitó reanimación, se le intervino de nuevo el mismo día: “El paciente había sufrido una hemorragia posoperatoria que había pasado inadvertida, pese a estar fuertemente anticoagulado. (...) Nadie informó a la familia de esto hasta después de la cirugía, diciendo entonces que el diagnóstico era fatal”, revela la denuncia.

“Cuando murió, al día siguiente, en el entierro, decidimos llevar esto a un abogado. No lo veíamos nada claro”, concluye Magdalena. “Estamos en contacto con el forense, no hay informes de él, lo han borrado todo. En el parte de defunción pusieron que murió de muerte natural”, añade María Dolores.

Desde la Consejería de Salud insisten en que, según el servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de La Arrixaca, no se han producido episodios clínicos compatibles con la implantación de prótesis caducadas. Y añaden que fue la propia Consejería de Salud la que puso en conocimiento de la Fiscalía el supuesto fraude: “Llegaremos hasta el final utilizando todas las vías judiciales hasta que se restituya la cuantía económica total supuestamente defraudada; en el marco de la investigación judicial en curso, no se pueden facilitar otros datos”.

La política en la Región de Murcia está viviendo en este mes de mayo una sacudida detrás de otra. El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha aprovechado las ondas del terremoto que hacen temblar los centros de poder de la Región para realizar un cambio de Gobierno, tal y como hizo a finales de la legislatura anterior. La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y el consejero de Salud, Juan José Pedreño, abandonan sus responsabilidades y son sustituidos por Joaquín Buendía, por el momento gerente de Esamur y exalcalde de Alcantarilla, e Isabel Ayala Vigueras, hasta ahora gerente del Servicio Murciano de Salud, respectivamente. La portavocía la asumirá la hasta ahora consejera de Empresa, Marisa López Aragón, desplazando a Marcos Ortuño, quien retiene la consejería de Presidencia, Acción Exterior y Emergencias y añade Juventud. López Aragón gana el mayor peso político al asumir también la cartera de Economía, Hacienda, Portavocía Fondos europeos y transformación digital, anteriormente en manos de Luis Alberto Marín, quien se hace cargo de Empresa, Empleo y Economía Social, en lo que supone un intercambio de áreas.

El presidente murciano ha explicado en su alocución el Palacio de San Esteban que la Región se enfrenta a una “etapa clave” y ha subrayado su disposición a proteger el Mar Menor y la agricultura. López Miras ha vuelto a poner sobre la mesa los “problemas” de financiación de la región y el “déficit histórico de infraestructuras”. Frente al ruido, la confrontación y corrupción nacional, el jefe del Ejecutivo ha defendido la estabilidad. “Gobernar es anticiparse”, ha concluido.

“No ha sido un año corriente”. Con esa frase arrancaba el anuncio de la última remodelación de López Miras hace ya dos años. Tampoco este lo ha sido. El murciano Fernando López Miras ha afrontado este jueves una nueva remodelación de su gabinete. Y lo ha hecho en un momento de especial presión política marcado por las crisis institucionales, la inestabilidad en el equilibrio municipal de ayuntamientos como el Cartagena o el desgaste derivado de la gestión de varios frentes judiciales y sanitarios que han tensado la agenda pública en la Región. No en vano, la reestructuración coincide con la investigación sobre la presunta trama de prótesis en el Servicio Murciano de Salud en la que se habrían facturado prótesis caducadas, mediante irregularidades en los sistemas de compra y registro.

Sara Rubira, consejera de Agricultura, ha sido una de las integrantes del Gobierno regional apartadas por el presidente Fernando López Miras en la remodelación. Su salida se relaciona con el desgaste generado en torno a la gestión de un informe sobre la calidad de los suelos del Campo de Cartagena. Un estudio encargado a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) por su departamento en 2023 y en el que se detectan concentraciones muy elevadas de metales pesados en el entorno de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. La controversia sobre el tratamiento administrativo del documento, su publicación y las acusaciones de falta de transparencia han intensificado las críticas de la oposición y de colectivos ecologistas, situando la gestión ambiental y agraria en el centro del debate político regional.

Este movimiento de piezas llega dos años después de la última remodelación del Ejecutivo, el 15 de julio de 2024, cuando el presidente Fernando López Miras anunció una nueva composición del Consejo de Gobierno tras la salida de varios consejeros de Vox. Aquella crisis se produjo como consecuencia de la ruptura del partido de Santiago Abascal de los pactos autonómicos a nivel nacional, lo que provocó la salida de José Ángel Antelo y José Manuel Pancorbo del Ejecutivo regional. Tras esa crisis, el PP ha gobernado en solitario en la Región de Murcia, con una estructura de gobierno que ahora afronta su primera reordenación de calado desde entonces.

En aquella remodelación de 2024 se incorporaron Marisa López Aragón como consejera de Empresa, Empleo y Economía Social y Jorge García Montoro, al frente de Fomento e Infraestructuras. Ese ajuste buscó estabilizar el Ejecutivo con perfiles técnicos tras la ruptura de la coalición.

Murcia y Cartagena

A nivel municipal, el tablero también se ha movido con fuerza. En Cartagena, la alcaldesa Noelia Arroyo ha logrado desactivar una moción de censura tras la fractura interna de Vox y la retirada de apoyo de exconcejales del partido, en un episodio que ha evidenciado la implosión de la formación en la ciudad portuaria. Y en la capital regional, Murcia ha visto cómo Rebeca Pérez tras el fallecimiento del exalcalde José Ballesta.

En paralelo a la remodelación del Gobierno regional, la crisis interna de Vox en la Región de Murcia se ha traducido también este jueves en la salida de José Ángel Antelo del partido, al que acusa de haber abandonado su papel como alternativa política para convertirse en un proyecto controlado por un reducido núcleo de dirigentes. El hasta ahora diputado regional ha justificado su decisión en lo que considera una deriva interna y en la “falta de coherencia estratégica” de la formación, que, según sostiene, “se ha alejado de sus principios fundacionales y ha perdido cohesión orgánica”.

Antelo sí que ha subrayado que mantendrá el apoyo a aquellas iniciativas que considere “beneficiosas” para la Región de Murcia, especialmente en materias como vivienda, inversiones en infraestructuras o proyectos vinculados al desarrollo regional.

Una Thermomix, un jamón ibérico y varias botellas de vino. Son los premios con los que las familias del CEIP Ana Caicedo, en Lorca, se han lanzado a recaudar fondos para instalar aire acondicionado en el colegio. Han repartido 10.000 papeletas a dos euros cada una con la esperanza, casi cumplida, de reunir los 50.000 euros necesarios para completar la climatización del centro. Mientras el calor empieza a apretar, familias, docentes y equipos directivos vuelven a enfrentarse a un problema que se repite en la Región de Murcia: centros educativos sin climatización suficiente para soportar las altas temperaturas.

“En estas fechas las aulas ya concentran mucho calor, nos encontramos con temperaturas por encima de los 30 grados a las diez de la mañana”, explica Cayetano Martínez, portavoz del AMPA del CEIP Ana Caicedo. Denuncia que las administraciones “se van pasando la pelota unas a otras” sin que se materialicen soluciones estructurales.

“Ya hemos conseguido vender casi todos los boletos”, añade Martínez. El dinero servirá para climatizar el centro, que acoge a 459 alumnos. La inversión ronda los 50.000 euros y permitirá cubrir unas 12 aulas, mientras otras ocho quedarán pendientes para el próximo curso.

“Al final, las familias hacemos lo que está en nuestras manos por nuestros hijos, pero la climatización de los centros es responsabilidad de la Consejería”, afirma Marisa Maldonado, presidenta de la Federación de AMPAS de la Región de Murcia Juan González, que agrupa a unas 300 asociaciones de madres y padres. Maldonado aboga por una intervención de la Administración en estos casos, “para que no se generen desigualdades”.

“Es como ir al centro de salud y que los pacientes tengan que comprar la máquina de rayos X porque la Administración no la ha puesto”, lamenta el portavoz del PSOE en la ciudad de Murcia, Ginés Ruiz Macía.

“La situación es esperpéntica, sabemos de centros a los que las editoriales de libros de texto le ofrecen aparatos de aire acondicionado a cambio de que elijan sus manuales. Hay centros donde la línea pedagógica no se está decidiendo porque prefieran un proyecto educativo, sino porque les ponen cuatro aparatos”, ha denunciado.

Visibilizar el problema: el grupo de calor

Para afrontar esta situación, distintas AMPAS de la Región, junto con los sindicatos Sterm, CCOO y UGT y organizaciones estudiantiles, han constituido el llamado 'grupo de calor,' un espacio para visibilizar el problema y forzar una respuesta de la Consejería. “Exigimos un plan global de adaptación de los centros educativos al aumento de temperaturas, con una inversión suficiente”, apunta Pablo Rodríguez, portavoz de Sterm. Una medida en la que coincide Nacho Tornel, responsable de Educación en Comisiones.

Entre las medidas de presión figuran las denuncias ante la Inspección de Trabajo, las mediciones de temperatura en aulas y la difusión pública de los datos. También trabajan en la elaboración de un mapa térmico de los centros educativos de la Región mediante termómetros conectados a aplicaciones digitales, señalan desde Sterm.

Según este sindicato, menos de la mitad de los centros tienen aire acondicionado. “La Consejería lo que hizo hace dos años fue abrir la puerta a que los centros diseñen sus protocolos de calor y se adelante el final de la actividad lectiva si se superan los 27º C: es decir, cortar las clases y llamar a los padres; se lavan las manos y dejan el problema a los equipos directivos”. Una media “superprecaria”.

“Es un tema complejo porque es difícil dar clase con un calor tan extremo, pero también hay que pensar en qué se hace con los niños si se suspenden las clases o cómo se concilia”, apunta Maldonado. En todo caso, insiste en que es imprescindible adaptar las instalaciones, ya que las interrupciones lectivas afectan al rendimiento académico en una región “con altas tasas de abandono escolar”. Y si se producen incidencias por el calor, “recomendamos que se acuda al médico para obtener informes que acrediten la situación”.

El caso del Valle de Leiva: pionero en parar las clases

El centro pionero en paralizar las clases por estrés térmico, el curso pasado, fue el IES Valle de Leiva (Alhama de Murcia), un centro inaugurado en 2023. Pese a tratarse de un edificio reciente, el centro comenzó sin un sistema de aire acondicionado operativo, explica su director, Roberto García de la Calera.

A pesar de que en las instrucciones aprobadas por la Consejería el umbral térmico está fijado en 27 °C, el centro lo elevó hasta los 30 como criterio de actuación. El 29 de mayo del pasado curso, por primera vez, las mediciones superaron ese límite y se adelantó la salida del alumnado: “Era algo previsto desde principio de curso”, recuerda su director. Desde entonces, asegura, se han producido hasta once suspensiones o adelantos de jornada. “Medíamos las temperaturas y, si una clase llegaba a 30 grados, entendíamos que todo el centro estaba afectado”, explica.

La decisión contó con un amplio respaldo de las familias. “Teníamos el apoyo del 95%”, afirma el director, que insiste en que actuaron amparados por las instrucciones de la Consejería. “Nos dijeron que pusiéramos ‘pingüinos’, compramos algunos, pero eso no servía para nada”, lamenta. La instalación definitiva del sistema de climatización está ya en marcha, con una inversión cercana al medio millón de euros. Una medida con la que el director confía en dejar atrás una situación que define como “tres años de infierno”.

“En otros casos la Administración no se plantea prescindir de la climatización para reducir costes, solo en los centros. Sería impensable poner un despacho para los arquitectos municipales, por ejemplo, sin aire acondicionado”, plantea Ruiz Maciá.

“No se puede ni respirar”

La falta de climatización también afecta de forma directa al profesorado. Vladimir Solá, de la plataforma Docentes Unidos, describe aulas donde las condiciones de trabajo se vuelven insostenibles. “Hay veces que te ves obligado a parar la clase porque no se puede ni respirar. Acabamos empapados de sudor o con mareos”, explica. “Hay aulas que son auténticos hornos”, resume.

A esta situación se suma, según denuncia, la masificación. “Hay clases con ratios muy elevadas, de hasta 32 adolescentes” y advierte de lo que denomina “segregación climática”, ya que en algunos casos son las propias familias las que acaban financiando la climatización de los centros. “Pero no puede depender de la capacidad económica de cada comunidad educativa”, sostiene.

Desde Sterm denuncian que “hay edificios de hace más de cuarenta o cincuenta años, con infraestructuras muy envejecidas; pero incluso hay centros nuevos que tampoco cuentan con la climatización”. Y ponen sobre la mesa “un abandono económico”, que “da la cara sobre todo con el calor”.

Por su parte, el responsable de Educación de CCOO, Nacho Tornel, afirma que el sindicato quiere repetir la estrategia de 2022 con denuncias a la Inspección de Trabajo para visibilizar la falta de medidas frente al calor en las aulas. Tornel critica que no existe un plan de climatización para los alrededor de 600 centros educativos públicos de la Región y reclama actuaciones globales. Sobre el cese de las clases por estrés térmico, subraya que “los equipos directivos están asumiendo un trabajo enorme para evitar esa medida, cambiando horarios y aulas o reduciendo sesiones: otra carga de trabajo más, por si tuvieran poca”.

Presupuestos para climatizar las aulas, sin ejecutar

El Gobierno regional anunció hace un par de semanas que destinará 11 millones de euros de los presupuestos del próximo año a la mejora de la infraestructura educativa de las aulas. Del total, se espera que siete se destinen a un Plan de Climatización Plurianual.

El pasado año 2025, se previeron dos partidas para la climatización y eficiencia energética de los centros educativos por un valor total de 3.235.304 euros, de los que solo se ejecutaron 217.899,93. No llega al 7% de lo inicialmente presupuestado.

Otra partida, prevista en unos 1.482.367,99 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), quedó sin gastar. 

También se planeó destinar parte de los presupuestos a la sustitución de una veintena de cubiertas de centros educativos, de los que se ejecutó tres cuartas partes de forma total o parcial.

“Puede ir anunciando lo que quiera, porque el año que viene volverá a anunciar, sin haber gastado nada”, lamenta el diputado de IU-Verdes en la Asamblea Regional, Jose Luis Álvarez-Castellanos.

El parlamentario apunta a que la Región de Murcia es la única comunidad del sur sin legislación específica para la mejora de las condiciones térmicas en los centros: “Una ley podría dar plazos concretos a la climatización, establecer auditorías o evaluaciones energéticas para todos los centros. Supondría que la climatización debe aplicarse de forma homogénea, sin que nadie quede apartado”.

En Extremadura se aprobó en el año 2019 con un gobierno del Partido Popular la Ley de mejora de la eficiencia energética y las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos extremeños. Más tarde, en el año 2020, Andalucía presentó su propia norma, y Castilla-La Mancha hizo lo propio cuatro años más tarde, en el año 2024. De acuerdo con Álvarez-Castellanos, IU-Verdes presentará la próxima semana una moción para que la Región cuente también con normativa propia.

Por su parte, desde la Consejería de Educación concretan que en “los últimos años” han climatizado más de quince centros. El Gobierno regional, aseguran las mismas fuentes, han ejecutado “la mayor inversión” en modernización energética de la historia de la educación, “con una inversión de cerca de 80 millones de euros, en actuaciones integrales como mejora de cubiertas, retirada de fibrocemento, renovación de carpinterías exteriores, instalación de placas solares o sistemas de climatización en un centenar de centros educativos”.

La planificación de la inversión, continúan, permitirá destinar una partida específica de 11 millones de euros en los presupuestos de este año, para mejorar el confort térmico de las aulas y las infraestructuras educativas de la Región.

Además cifran en dos millones de euros la inversión en la instalación de placas fotovoltaicas y el cambio de cubiertas en centros educativos de la Región.

La Policía Nacional ha confirmado que, en el marco de la investigación sobre una presunta red de corrupción en el Servicio Murciano de Salud (SMS), se implantó al menos un stent caducado. El dato procede del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso el diario La Verdad. Pese a la versión de la Policía Nacional, la Consejería de Salud continúa insistiendo en que no se operó a pacientes con prótesis caducadas.

En el atestado consta que se empleó en un paciente material caducado. Al afectado, que fue operado en un centro concertado después de ser remitido desde el hospital público Virgen de La Arrixaca, se le implantaron dos stent. Los muelles metálicos caducaron en febrero de 2022 pero el informe del paciente no se redacta hasta un mes después, en marzo.

De acuerdo con la Policía Nacional, en estos momentos no se puede determinar si se intervino a más pacientes con material caducado. Tal y como detalla el informe de la UDEF, los investigadores han analizado apenas el 8% de las intervenciones realizadas por un cirujano cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca en un centro concertado. En esa pequeña muestra ya detectaron la facturación de 59 productos caducados. La investigación se complica, además, por la “ambigüedad” a la hora de completar los informes médicos de los pacientes por parte de los implicados en la trama.

Una trama transversal

La trama presuntamente implicó a responsables de la empresa distribuidora de prótesis vasculares Logimed, la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) del SMS, de la unidad de compras del SMS y médicos del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca. Once personas han sido detenidas hasta la fecha.

La Policía ha apuntado que los partes de alta firmados por uno de los implicados, el cirujano del servicio del Virgen de la Arrixaca, Rubén T. M., no habrían podido pasar los controles de la UAI sin que miembros de este organismo conocieran que estaban “permitiendo la facturación de productos no homologados”

Permeados en el recorrido de comercialización, adquisición e intervención de las prótesis, los implicados en la trama usaron códigos de productos homologados en el sistema SAP para cobrar por materiales no autorizados o directamente no utilizados. Esto permitía márgenes de beneficio de hasta el 342% respecto a los precios de mercado. El fraude es patente en la documentación médica: mientras que en los partes de alta de la muestra analizada por la Policía Nacional se registra el implante de 17 prótesis, el SMS abonó 165. En más de la mitad de los casos analizados, no se implantó ninguna prótesis al paciente.

El perjuicio económico estimado supera los 6,8 millones de euros, aunque la UDEF reconoce que la cifra real aún no puede determinarse y recomienda una auditoría forense completa. Salud ha insistido en que han logrado recuperar un monto económico, aunque desconocen cuánto.

La Consejería, que denunció la trama ante la Fiscalía, sostiene que el servicio de Cirugía Cardiovascular de La Arrixaca ya ha revisado su bolsa de pacientes. De cara a verano esperan haber podido efectuar una segunda revisión de los 378 pacientes que podrían estar afectados. El PSOE ha pedido el cese inmediato del consejero de Salud y ha anunciado la solicitud de una comisión de investigación en la Asamblea Regional.

La Consejería intenta “encapsular el problema”

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública han expresado este martes a este diario su “máxima preocupación” por el “intento” de la Consejería de Salud de “encapsular el problema como una trama de corrupción de unos pocos individuos”. Su portavoz, Abel Novoa, ha apuntado a que “han fallado todos los sistemas de control administrativo y organizativo, de compra de materiales y de la actividad desarrollada en los hospitales concertados”.

Novoa insiste en que es “muy complicado” que circunstancias de este tipo se reproduzcan en hospitales públicos “porque hay muchos controles”. En cuanto a la insistencia de la Consejería de Salud en presentarse como denunciante, “es cierto que están colaborando con la justicia pero de forma reactiva no proactiva, porque fue una enfermera anónima la denunciante”.

Novoa sospecha que las informaciones de la UDEF “son solo la punta del iceberg”. El “problema” es que “por el momento sabemos que han evaluado a unos 300 pacientes pero es probable que sean más; no sabemos qué criterios se están siguiendo para evaluar a los pacientes, ni qué protocolos de control se están siguiendo”.

“El problema de este tipo de material, si está caducado, es la biodegradabilidad”, anota: “Es más probable que no resista el tiempo para el que están diseñadas las prótesis o que puedan desarrollar rechazo; y es posible que no se detecte ahora pero sí en unos años”, advierte.

Cuatro policías a caballo flanqueaban la entrada al Ayuntamiento de Murcia el pasado viernes cuando Rebeca Pérez llegó al pleno extraordinario que la consagraría como la primera alcaldesa de la historia de la ciudad. En el salón de plenos, abarrotado con cerca de 200 invitados, esperaba ya el hijo del recientemente fallecido José Ballesta, sentado en primera fila. También había acudido desde Madrid Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, como señal inequívoca del respaldo de Génova a la nueva regidora. Pérez entró entre aplausos y, acompañada del presidente regional, Fernando López Miras, recibió el bastón de mando con visible emoción y lo lanzó al aire en recuerdo de su predecesor. Luego hizo un corazón con las manos desde la presidencia. Nuevo tiempo en La Glorieta.

Pérez (Murcia, 1980) llegó al Ayuntamiento poco después de las municipales de 2015, ocupando la vacante que había dejado su compañera de filas Adela Martínez Cachá. Era la primera vez que ocupaba un cargo público, aunque la política había estado muy presente en su vida desde siempre: su padre, Ángel Pérez, lleva más de treinta años al frente de la pedanía de El Esparragal como alcalde pedáneo. “Desde siempre me ha acompañado aquí y allá, en los actos”, cuenta él, orgulloso y emocionado. Cuando el exalcalde Miguel Ángel Cámara le llamó para proponerle que Rebeca entrara en las listas, Ángel Pérez recuerda que su respuesta fue clara: “Yo le dije que era ella la que tenía que responder”.

Murcia cuenta con 52 pedanías, núcleos de población alrededor del centro de la ciudad donde se desdibujan las fronteras entre urbe y huerta. Natural de El Esparragal, los orígenes pedáneos de Pérez no han sido un dato menor en su trayectoria. “Gran porcentaje de su agenda siempre o casi siempre es en pedanías”, apunta Diego Avilés, concejal de Cultura y compañero de gobierno. “Si hay un pedáneo que le llama con una preocupación, ella no pasa a lo siguiente. Eso lo agradecen mucho”. Recuerda cómo en el Entierro de la Sardina de este año tardaron casi una hora en recorrer la cabecera del desfile porque la paraba todo el mundo. “La llamaban por su nombre, le daban dos besos, le deseaban felices fiestas. Al final le dije: 'Rebeca, yo lo siento, pero llego tarde'”.

En las elecciones de 2019, la recientemente nombrada alcaldesa de Murcia ascendió al segundo puesto de las listas -cuatro años antes iba en el decimotercero- y Ballesta le dio las carteras de Movilidad Sostenible y Juventud, así como la portavocía municipal. Para el politólogo Ismael Crespo, director del máster de Gobierno y Administración Pública de la UMU donde Pérez fue alumna, ese movimiento ya era una señal inequívoca: “Él [José Ballesta] siempre lo comentaba en sus círculos, antes de la enfermedad: 'Rebeca va a ser la primera alcaldesa de Murcia'. Por eso estaba el número dos.”

La escuela de la oposición

En 2021, tras la moción de censura que sacó al PP de la alcaldía, Pérez siguió ejerciendo como portavoz del grupo municipal. Un período que Gloria Alarcón, presidenta del Fórum de Política Feminista de la Región y profesora de Economía Aplicada en la Universidad de Murcia (UMU), relee como algo más que un simple trámite en la oposición: “Cuando la moción de censura, Ballesta permaneció en silencio. Era ella la que, al lado de su mentor, hablaba. Esos dos años fueron un periodo de mentorización espectacular”.

Cuando los populares recuperaron el control en 2023, Ballesta creó para ella el cargo de vicealcaldesa, que hasta ese momento no existía en el Ayuntamiento, y le asignó las competencias de Fomento y Patrimonio. Alarcón cree que la intención iba más allá de lo orgánico: “Creo que Ballesta quería ser señalado por haber puesto a la primera alcaldesa de Murcia. Yo creo que eso estaba ahí y era deliberado.”

Desde julio de 2022, Pérez es coordinadora regional del PP, cargo para el que López Miras la nombró en el último congreso autonómico, y pertenece a la Junta Directiva Nacional por designación directa de Feijóo. Hay que tener en cuenta la singularidad que supone la capital murciana dentro del partido: a diferencia de otras ciudades como Cartagena o Lorca, no existe una estructura municipal central, sino juntas propias de cada barrio y cada pedanía. Era ella, por tanto, quien ejercía de facto como responsable orgánica de la capital. “No es una concejala cualquiera”, resume Crespo. “Reúne todas las condiciones: muchos años de conocimiento del Ayuntamiento, apoyo orgánico sólido y una formación muy seria.”

Avilés describe un ascenso que nunca buscó el foco: “Ha sido un crecimiento silencioso. Nunca ha querido acaparar protagonismo. Por sus méritos propios y sobre todo por su grandeza personal ha ido ganándose la confianza de la gente”.

El 2027, una decisión que no es solo suya

En su discurso de toma de posesión, la alcaldesa prometió perseverar en los grandes proyectos heredados —las Fortalezas del Rey Lobo, el yacimiento de San Esteban, el Parque Metropolitano o Conexión Sur— y se mostró consciente del problema de la vivienda: “Continuaremos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que tener una vivienda asequible pueda ser una realidad”. Reivindicó sus raíces pedáneas: “Murcia son sus pedanías, con necesidades concretas y con un enorme potencial”. Apuntó a la seguridad como una “obsesión” y a la movilidad como deuda pendiente, con el objetivo de lograr “una ciudad más accesible que facilite una conexión eficiente entre todos los núcleos de población”. Llamó a la colaboración entre lo público y lo privado para impulsar la actividad económica y apoyar a autónomos y empresas. Y trazó una ambición más amplia: convertir Murcia “en una ciudad de referencia del Mediterráneo, turística y más cultural”, una urbe que definiría, con una mezcla de orgullo y humor, como “barroca e indie”. Tiró de Unamuno para definir cómo entiende el cargo: “El servicio público requiere de ser aplicados, pero no lo es quien se encierra sino quien va por todas partes con los ojos y los oídos bien abiertos y el corazón en la mano”.

“Los mismos problemas”

El portavoz socialista, Ginés Ruiz, le tendió la mano con un aviso: “Venir hoy aquí a hacer un discurso meramente protocolario sería fallarle a mucha gente”, afirmó, antes de enumerar los grandes problemas sin resolver del municipio: la vivienda, el transporte público, los colegios y el abandono de las pedanías. “Sería fallarles a todos esos vecinos, esos cientos de miles de vecinos de pedanías que sienten y con razón que el Ayuntamiento no se preocupa por ellos”, añadió.

Pérez llega al cargo con quince años de experiencia en los equipos de gobierno del Ayuntamiento de Murcia, un bagaje que el portavoz socialista no dudó en poner sobre la mesa. “Hay una cosa que me tranquiliza y es que usted es plenamente conocedora de todos los problemas”, señaló Ruiz con ironía evidente, para rematar a continuación: “Hay una cosa que me preocupa y es que lleva usted 15 años en los equipos de gobierno de este ayuntamiento y son los mismos problemas, son los mismos retos y son los mismos desafíos”. Una advertencia que, lejos de ser protocolaria, sonó como una declaración de intenciones de cara a la nueva legislatura.

Desde fuera del consistorio, Elvira Medina, portavoz de Podemos, fue más directa: “No creo que vaya a haber ninguna diferencia con la política de Ballesta, representa una continuidad. Murcia lleva dos décadas estancada”. Señaló el transporte público como asignatura pendiente: “Más del 63% de la población vive en pedanías, pero el transporte público es una vergüenza para ser la séptima ciudad de España”. Sí valoró el hito histórico, aunque con condiciones: “Lo más importante es saber si va a poner en marcha políticas feministas. Eso está por ver”.

De cara a 2027, la alcaldesa no quiso aventurar si será o no la candidata del PP. Una cautela que Crespo consideró obligada, ya que los cabezas de lista en las capitales de provincia los designa la dirección nacional en Madrid. “Me parecería muy atrevido que, cuando no está en tu mano ni en la de tu jefe inmediato, dijeras que te vas a presentar en 2027”.

Su padre lo resume con la materia prima de toda una vida de observación: “Desde niña le ha gustado mucho estudiar y cuando se propone algo lo cumple. Trabaja de forma incansable desde que se levanta hasta que se acuesta”. Y añade un rasgo que reconoce le trae algún que otro quebradero de cabeza: “Le gusta escuchar a la gente, pero Rebeca no puede evitar comprometerse con todos, a todo el mundo le dice que sí”.

También José Ángel Antelo, ahora diputado en la Asamblea Regional y que fue portavoz de Vox en el Ayuntamiento entre 2019 y 2023, coincide en el retrato. Antelo, que fue ala pívot del CB Murcia antes de que dos graves lesiones precipitaran su retirada, comparte con Pérez la afición al baloncesto en las canchas del Palacio de Deportes. “Está claro que no pensamos igual políticamente”, dice, “pero es muy constante, se preocupa por dar soluciones a los vecinos y se esfuerza en que todos la entiendan. Su estilo es mucho de estar en la calle, moverse por las pedanías, y eso puede mejorar Murcia”.

Gloria Alarcón, que la conoce desde que se incorporó al consistorio, apunta: “Me parece una política excepcional. Tiene una amabilidad, una empatía, una cercanía muy poco habitual en la clase política. Y lo está asumiendo con mucha personalidad porque ella no es una réplica de Ballesta”. Para la profesora de la UMU, estos valores se corresponden con el estilo del liderazgo femenino.

Los hombres fuertes

La reconfiguración del gobierno municipal se ha producido en torno a tres hombres que ya formaban parte del Ejecutivo de Ballesta, según el decreto firmado por la alcaldesa el pasado domingo. José Guillén se convierte en el número dos del consistorio como primer teniente de alcalde, manteniendo el control sobre áreas tan sensibles como el Desarrollo Urbano, los Parques y Jardines o la Limpieza Viaria. Por su parte, José Francisco Muñoz asume la portavocía del gobierno y amplía su radio de acción con las competencias de Fomento, reforzando así su papel en el desarrollo económico y la movilidad. Completa la triada Antonio Navarro, que además de mantener Urbanismo y Huerta, suma ahora la gestión del patrimonio municipal. Las competencias que Rebeca acumulaba como vicealcaldesa han quedado repartidas entre Muñoz y Navarro, mientras que Guillén ha reforzado su peso político con la gestión de los servicios públicos más relevantes.

A este núcleo duro se añade la incorporación de Pedro García Balibrea, director de Inforges, quien entra en el gobierno al frente de una concejalía de nueva creación -Agenda e Impulso Normativo-, pensada para ordenar el funcionamiento interno del ayuntamiento. Por otro lado, Pérez ha confiado en Miguel Ángel Pérez, el jefe de gabinete de su antecesor, para seguir coordinando la Alcaldía. Un equipo que lleva la impronta del anterior gobierno.

La salud del Mar Menor sigue siendo frágil. Un informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO) revela que en 2025 la laguna estuvo al borde de otra crisis ambiental. El fenómeno más preocupante es el de una masa de agua turbia y blanquecina, identificada como la mancha blanca —denominada técnicamente whiting— que se sitúa al sur de Los Alcázares y hasta la isla Perdiguera. Se trata de una precipitación de carbonato cálcico (partículas microscópicas de calcita) que enturbia el agua de forma permanente y que los científicos vinculan, aunque sin certeza, con descargas subterráneas. El informe reconoce que su origen “alberga enorme complejidad”.

Lo que sí está claro es su impacto: en la zona descrita la turbidez es extrema la mayor parte del año, además los niveles de clorofila son más altos que en el resto de la laguna y la vegetación bentónica (del fondo) ha desaparecido. Los niveles de nitratos y fosfatos también han sido más elevados allí que en otros puntos en 2025.

Inquieta a los científicos que la mancha sigue creciendo. Según el informe, “hacia finales de año, su superficie mostró una tendencia creciente”, una dinámica que “arranca tras el paso de la dana Alice”. Y los investigadores advierten de que si esa expansión se mantiene “podría tener consecuencias nefastas para el ecosistema lagunar”.

El episodio más grave

El episodio más grave se registró en octubre, tras la dana Alice. La entrada masiva de agua continental cargada de sedimentos y nutrientes estratificó la columna de agua, bloqueando la mezcla vertical e impidiendo la llegada de oxígeno al fondo. El informe describe cómo “el agotamiento progresivo de la concentración de oxígeno” llegó “hasta niveles de anoxia (0 mg/l)”, extendiéndose “sobre una amplia superficie del fondo de la cubeta sur”. La situación duró siete días.

El IEO constituyó un gabinete de crisis con las autoridades. Según relata el informe, los científicos observaron peces bentónicos migrando hacia la superficie, el mismo comportamiento registrado antes de las mortandades masivas de 2019 y 2021. La situación se resolvió cuando los vientos de poniente rompieron la estratificación y reoxigenaron el agua.

Aunque las consecuencias no llegaron a las de las riadas de 2017 o la dana de 2019, el episodio confirmó que los aportes de agua continental cargada de nutrientes son el detonante principal de la eutrofización —el proceso por el que el exceso de nutrientes provoca el crecimiento descontrolado de algas y agota el oxígeno— que pone en jaque a la laguna desde hace décadas.

2025, el segundo año más cálido desde 1982

El informe confirma también “un calentamiento progresivo” que sitúa a 2025 como el segundo año más cálido en el Mar Menor desde que se iniciaron las mediciones en 1982. La laguna se calienta por año a un ritmo de 0,036 °C y en 2025 registró 108 días de ola de calor marina. A finales de mayo, en solo cinco días, la temperatura del agua pasó de 20 a 25 °C y llegó a los 30 °C el 30 de junio, elevándose a un ritmo de 0,16 °C diarios.

Esas temperaturas hicieron que se disparase el fitoplancton hasta 7 mg/m³ de clorofila, muy por encima de la media habitual. Y en la zona central, el oxígeno bajó de 4 mg/l casi a diario en julio, con valores puntuales inferiores a 1 mg/l provocando un círculo vicioso: el calor acelera el crecimiento del fitoplancton, su descomposición consume grandes cantidades de oxígeno y se reduce la capacidad que tiene el agua para disolver ese mismo oxígeno.

Aunque la crisis no se materializó al remitir el calor, este episodio ha permitido concluir a los investigadores que el calor, por sí solo, es ya capaz de empujar al ecosistema al límite. En sus palabras, el evento “ilustra el potencial del incremento de la temperatura como factor detonante de procesos disruptivos en ausencia de aportes de nutrientes”.

Tres advertencias urgentes

Todos estos episodios ha generado, además, según el informe, una pérdida mayor de la luz en el fondo de la laguna, más intensa y más duradera que en los años 2023 y 2024 y que amenaza la recuperación de las praderas de Cymodocea nodosa, la hierba marina que tapiza el fondo y cuya restauración es considerada clave para la salud del ecosistema.

El informe concluye que 2025 fue “un año anómalo” pero no catastrófico, y lanza tres advertencias: la interacción entre cambio climático y eutrofización es el principal factor de vulnerabilidad del Mar Menor; es imprescindible reducir los aportes de nutrientes y sedimentos de la cuenca vertiente; y hay que investigar con urgencia el origen y la dinámica de la mancha blanca.

Apenas unos minutos. Es lo que ha durado este miércoles la sesión en la Audiencia Provincial de Cartagena en la que el Mar Menor iba a comparecer por primera vez en un proceso judicial con voz propia. La ausencia del ecotoxicólogo forense Luis Burillo, autor de uno de los informes periciales en los que se sustenta la acusación, ha obligado a suspender el juicio, en una decisión respaldada por la acusación particular, la Fiscalía y la defensa.

Burillo, perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia, no ha podido acudir por motivos personales. Y su comparecencia estaba considerada como una de las piezas clave del procedimiento. Las acusaciones habían planteado la posibilidad de celebrar su declaración en una sesión separada para mantener el calendario previsto, pero el tribunal ha optado por aplazar la vista y celebrarla íntegramente en una nueva fecha.

“Una suspensión nunca es el objetivo, no es una buena noticia, pero es entendible porque una de las pruebas principales no podía practicarse”, ha explicado a las puertas de la Audiencia Sergio Marco, portavoz de los abogados del Mar Menor. “No podíamos renunciar a una prueba pericial fundamental”.

Esta decisión ha frustrado la celebración de una de las citas judiciales más esperadas por los colectivos que llevan años reclamando responsabilidades por el grave deterioro ambiental de la laguna. Decenas de activistas se habían concentrado desde primera hora frente al tribunal con pancartas y consignas como “El Mar Menor no es un contenedor” o “Justicia y derechos para el Mar Menor”.

La acusación particular la ejercen la Alianza por el Mar Menor (Amarme), el Pacto por el Mar Menor y organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife, además de varios ayuntamientos del entorno lagunar.

El Mar Menor cuenta con personalidad jurídica desde la aprobación de la Ley 19/2022, respaldada por una Iniciativa Legislativa Popular que reunió más de 600.000 firmas en toda España y en otros países. La norma, aprobada definitivamente por el Senado en septiembre de 2022, reconoce a la laguna y a su cuenca como sujetos de derecho con la capacidad para ser representados en los tribunales.

“El testimonio de Burillo es fundamental”, ha coincido también Pedro Eugenio Madrid, abogado de las empresas Ecosarete S.L. y Datelio S.L. “Es quien ha hecho el informe principal de la acusación, que rechazamos porque entendemos que hay errores”. Sobre la posición de su cliente, ha dicho que “se considera inocente” porque en el período en que se le acusa por los vertidos, entre 2015 y 2017, no tenía las desaladoras en funcionamiento. “Es un error que han cometido las acusaciones pero esperamos que la sala no lo cometa”. El informe de Burillo, ha abundado, no se basa en datos reales, “sino en unas estimaciones, y se le acusa de haber vertido al Mar Menor una cantidad de salmuera que no es cierta; ni la cantidad ni que se vertiese al Mar Menor porque el rechazo iba a un EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) en Cabo de Palos”.

Marco, sin embargo, ha insistito en que “los acusados, sin autorización, se apropiaron de agua de manera ilícita, la desalaron, y vertieron las aguas salobres al medio ocasionando un grave perjuicio, lo que constituye un delito y queremos que se les castigue y que se repare el daño ecológico”.

“Si estamos aquí y se ha abierto el juicio, entendemos que no tenemos una prueba sino una multitud de pruebas convergentes, directas y concretas que sostienen la autoridad de los hechos”, ha considerado el letrado.

El juicio, que ha atraído hasta Cartagena a la prensa internacional, llega más de seis años después de la imagen de miles de peces agonizando por falta de oxígeno en las orillas del Mar Menor en octubre de 2019.

“La sentencia puede crear jurisprudencia”, ha dicho antes de arrancar el juicio la abogada de Seo Bird Life, Katarzyna Wasowicz. “Hay que tener en cuenta que este caso tiene un impacto europeo y mundial; es el primer ecosistema dotado de personalidad jurídica, un movimiento que se está expandiendo a otros países, donde ya se aplican soluciones semejantes en sus legislaciones internas”.

El juicio se enmarca el caso Topillo, una macrocausa que investiga el impacto de presuntos vertidos contaminantes vinculados a explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena y su posible impacto sobre el Mar Menor. En el centro del procedimiento aparecen las salmueras con altas concentraciones de nitratos y el uso de desalobradoras que habrían contribuido a uno de los episodios de degradación ambiental más graves del Mediterráneo, con episodios de eutrofización, anoxia y mortandad de fauna marina.

En el banquillo se sienta D. M. P., administrador único de las mercantiles Ecosarete S.L. y Datelio S.L., acusado de presuntos delitos contra el medio ambiente por el funcionamiento de instalaciones de desalobración entre 2015 y 2017. Según la acusación, estas explotaciones habrían generado y vertido grandes volúmenes de salmuera con elevada carga de nitratos que, a través de distintos sistemas de drenaje y filtración, habrían terminado alcanzando la cuenca del Mar Menor.

La Fiscalía sustenta su acusación en informes del Seprona de la Guardia Civil y de la Confederación Hidrográfica del Segura, que atribuyen a la explotación investigada la generación de más de 162.000 metros cúbicos de salmuera procedente de una desalobradora presuntamente clandestina. A ello se suma el informe pericial del ecotoxicólogo forense Luis Burillo, que concluye que la actividad se realizó con conocimiento de sus posibles efectos y que estos vertidos habrían contribuido de forma relevante al deterioro del Mar Menor.

Prisión, multas e indemnización

En el plano penal, el Ministerio Público solicita siete años de prisión y una multa cercana a los 9.000 euros, además de una indemnización de 506.137,44 euros a favor del Estado, en su condición de titular del dominio público marítimo-terrestre y del dominio público hidráulico presuntamente afectados, con responsabilidad civil subsidiaria de las mercantiles investigadas. Frente a ello, las organizaciones personadas como acusación particular sostienen que esa compensación debería destinarse directamente a la recuperación del propio humedal.

“Consideramos que la indemnizacion debería ir a la víctima, al Mar Menor, para que se repueda ir recuperando”, ha explicado la abogada Katarzyna Wasowicz. “Es una de las diferencias respecto al Ministerio Fiscal”, ha continuado la letrada que ha matizado, sin embargo, que en esta ocasión la incoación del auto de apertura se produjo en julio “unos meses antes de la proclamación de la personalidad jurídica del Mar Menor, que fue en septiembre”.

EPara las organizaciones ambientales “hoy es un día histórico porque es la primera vez que un ecosistema se presenta en un juicio como víctima y acusación particular”, ha dicho Joaquín Nieto, portavoz de Seo BridLife. “Y cuando se pueda presentar el informe pericial demostraremos que el daño al Mar Menor ha existido; el mensaje es que no se puede contaminar al Mar Menor así como así, ahora tiene instrumentos propios para defenderse y requerir que ese daño se repare”.

La laguna del Mar Menor se convierte este miércoles en protagonista de un juicio sin precedentes en Europa. Por primera vez, este ecosistema comparece en un proceso como víctima y como parte acusadora. El juicio, que tendrá lugar en la sede de la Audiencia Provincial en Cartagena, se enmarca en una de las piezas del conocido como caso Topillo, una macrocausa que investiga presuntos vertidos contaminantes procedentes de explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena y su posible impacto en el Mar Menor. El procedimiento analiza el uso de desalobradoras y la gestión de salmueras con altas concentraciones de nitratos que habrían terminado en la laguna.

La vista no solo examinará estos hechos concretos, sino que inaugura un escenario inédito en Europa. El caso se ha convertido en uno de los procesos más simbólicos en torno a la crisis ecológica del Mar Menor.

Un juicio sin precedentes: el Mar Menor como víctima

La figura del Mar Menor como sujeto de derechos lo equipara a otros ecosistemas reconocidos en Nueva Zelanda, Ecuador o Colombia, donde algunos ríos y otros espacios naturales han conseguido una protección jurídica específica.

La gran incógnita es si esta innovación legal, todavía reciente en España, podrá traducirse en condenas, reparación ambiental y precedentes para futuros litigios ecológicos. “No va a ser un camino de rosas”, valora Teresa Vicente, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia (UMU) y una de las promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular para otorgarle Personalidad Jurídica al Mar Menor. “Es una figura completamente nueva, yo misma tuve que ir a la escuela del Poder Judicial para explicarla a los jueces”.

Lo “fundamental”, para Teresa Vicente es “que todo esto no es ya solo una teoría filosófica sino una ley que forma parte del ordenamiento jurídico español”. Y aunque “son todo conceptos nuevos, estamos bien preparados”. Si hay que recurrir, “recurriremos, no somos perezosos ni nadie nos paga; en cinco años que llevamos con todo este proceso no ha entrado ni un solo euro”.

El Mar Menor cuenta con personalidad jurídica desde la aprobación de la Ley 19/2022, respaldada por una Iniciativa Legislativa Popular que reunió más de 600.000 firmas en toda España y en otros países. La norma, aprobada definitivamente por el Senado en septiembre de 2022, reconoce a la laguna y a su cuenca como sujetos de derecho con la capacidad para ser representados en los tribunales.

La “novedad”, relata Eduardo Salazar, abogado y uno de los promotores de la ILP, “es que el Mar Menor se puede personar, puede pedir pruebas, aportar informes y puntos de vista a través de los abogados, puede acusar y ejercer acciones judiciales propias, incluso impulsando procedimientos penales al margen de la posición de la Fiscalía” aunque en este caso el Ministerio Público sí sostiene la acusación.

Lo “histórico”, sostiene Salazar, es que el daño ambiental ya no se entiende solo como algo abstracto: “Solo conozco un caso similar, el del Rio Macarena en Colombia, al que se reconoció como víctima en un caso de justicia restaurativa, pero no es lo mismo que actuar en nombre propio en un procedimiento”.

La degradación del ecosistema

El Mar Menor ha atravesado en la última década continuos episodios de degradación ambiental. En 2016 ya se detectaron los primeros signos de eutrofización (aumento de la concentración de compuestos de nitrógeno en el agua), pero fue en octubre de 2019 cuando la llegada masiva de nutrientes desencadenó un episodio de anoxia con mortandad de peces en la laguna. En agosto de 2021 se vivió un nuevo colapso, otra vez con miles de animales muertos en las orillas tras la pérdida de oxígeno en el agua. Desde entonces, la laguna ha ido encadenando fases de turbidez extrema y proliferación de algas y la conocida sopa verde, alterando su equilibrio ecológico.

Qué es el caso Topillo

El caso Topillo es una macroinvestigación judicial que pone el foco en los presuntos vertidos contaminantes de explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena y su posible impacto en la laguna salada. La causa analiza el uso de las desalobradoras y cómo se gestionaron las salmueras con alta concentración de nitratos del regadío intensivo. El nombre del caso, Topillo, hace referencia a las perforaciones en la tierra de este animal comparándolas con las redes subterráneas investigadas durante la instrucción.

A comienzos de 2023, la Audiencia Provincial de Murcia decidió dividir el caso en dos grandes bloques: por un lado, una pieza centrada en posibles delitos de prevaricación por la actuación u omisión de cargos públicos en materia de control e inspección ambiental; y por otro, el enjuiciamiento de los presuntos delitos contra el medio ambiente atribuidos a empresas agrícolas y autónomos.

El tribunal consideró que no existía una conexión suficiente que obligara a juzgarlos de forma conjunta, lo que llevó a fragmentar aún más la investigación en decenas de procedimientos repartidos entre distintos juzgados.

Esa decisión “fue el primer antitopillo, en el sentido de que fue la primera decisión desacertada por parte de la Audiencia”, considera Salazar. Al dividirlo, “en lugar de tener un caso global con una suma de acciones, nos quedamos con acciones separadas de las puñaladas al cadáver del Mar Menor”.

“Este es el primero de los casos Topillo en el que la acusación no es solo del fiscal, sino que parte también del Mar Menor, es una parte más, y tiene que dar su consentimiento para los acuerdos si es que los hay”, anota el abogado.

Los hechos de esta pieza concreta

La pieza de este miércoles se centra en la actividad de varias explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena entre los años 2015 y 2017. Según la acusación, estas instalaciones habrían generado grandes cantidades de salmuera con una elevada concentración de nitratos que terminaron en la cuenca del Mar Menor. El procedimiento examinará si existió una gestión ilegal de esos residuos y si las mercantiles investigadas incurrieron en delitos contra el medio ambiente.

D. M. P., administrador único de las mercantiles Ecosarete SL y Datelio SL, se sentará en el banquillo de los acusados frente a tres magistrados. “La defensa niega todos los hechos, pero los informes del perito sí que estiman que la contaminación fue clave para la contaminación del Mar Menor; ahora tendrá que convencer a la audiencia”, apunta Salazar.

Este periódico ha intentado recabar la versión del despacho Madrid Abogados Cartagena, que representa a las empresas, sin obtener respuesta en el momento de la publicación de este artículo.

La clave del juicio: demostrar la causalidad ambiental

La clave del juicio se concentra no solo en la existencia de los vertidos al Mar Menor, sino en su impacto real en la salud del ecosistema. “Hay que probar esa causalidad de los vertidos hacia el colapso de la laguna salada”, incide Salazar. La Fiscalía fundamenta su acusación en un informe pericial del ecotoxicólogo forense Luis Burillo, en el que se concluye que la explotación de las instalaciones sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura se realizó con conocimiento de sus posibles efectos.

Quién acusa y quién defiende

El proceso lo juzgarán tres magistrados y la acusación particular la Alianza por el Mar Menor (Amarme), Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO-Birdlife, a través de cuatro letrados. Además, se han personado los ayuntamientos de Los Alcázares, Cartagena, San Javier y San Pedro del Pinatar.

Un proceso que, según Salazar, puede encontrarse con algunos límites al carecer los tribunales de justicia “de una formación especializada en medio ambiente”.

Qué está en juego

El Ministerio Público reclama en su escrito de acusación una pena de siete años de prisión y una multa cercana a los 9.000 euros. Además, solicita una indemnización de 506.137,44 euros a favor del Estado, con la responsabilidad civil subsidiaria de las dos empresas. La acusación se apoya en los informes del Seprona de la Guardia Civil y de la Confederación Hidrográfica del Segura, que atribuyen a la explotación investigada el vertido de 162.345 metros cúbicos de salmuera.

Si las mercantiles agrícolas resultan condenadas, el destino de la posible indemnización marcaría una diferencia respecto a otros procedimientos similares. El Ministerio Público plantea que la cantidad reclamada se ingrese en las arcas del Estado, en su condición de titular del dominio público marítimo-terrestre y del dominio público hidráulico presuntamente afectados. En cambio, las organizaciones personadas como acusación particular sostienen que los 506.137,44 euros deberían destinarse directamente a la recuperación del Mar Menor como ecosistema perjudicado.

“Este miércoles por fin vamos a escuchar la voz del Mar Menor y creo que lo que nos va a decir es que es importante que se restaure lo contaminado, con una condena ejemplarizante”, concluye el abogado Eduardo Salazar. “Se trata del éxito de un proceso ciudadano para revertir un ecocidio, y se lo tenemos que agradecer a su impulsora, Teresa Vicente, y todas las personas que se dejaron la piel para recoger firmas durante la pandemia; es muy reconfortante y trascendental”.

La Región de Murcia es uno de los principales laboratorios de innovación agrícola del sur de Europa. En este territorio, marcado por la escasez de agua, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) dedica buena parte de su labor investigadora a impulsar nuevas variedades vegetales más resistentes, productivas y adaptadas al cambio climático. Solo en 2025 realizaron más de 50.000 hibridaciones de árboles, cuentan ya con 26 variedades registradas de cerezo, melocotón, albaricoquero, ciruelo y platerina y trabajan en la introducción de otras especies como la pitaya o fruta del dragón.

En un escenario en el que la agricultura del futuro estará definida por la edición genética, los invernaderos de alta bioseguridad, la hibridación o la innovación en nuevas variedades vegetales, estos avances también plantean preguntas de fondo como qué modelo agrario se está consolidando, quién controla la innovación y qué lugar ocupan la biodiversidad y las variedades tradicionales en esa transición. Andrés Martínez Bastida, director del Imida, despeja algunas dudas sobre ese equilibrio entre progreso, rentabilidad y conservación.

¿Cómo ha pasado la Región de Murcia de ser un territorio con estrés hídrico estructural a convertirse en un referente internacional en mejora genética vegetal?

Hemos pasado a ser un referente en el manejo del estrés hídrico por una cuestión de necesidad. En la Región de Murcia se registran unos 350 litros de lluvia por metro cuadrado al año, los cultivos se tienen que adaptar para salir adelante, que sean rentables y haya un interés por continuar con el relevo generacional. En esta comunidad la agricultura de regadío representa un 45% y el resto es de secano. Tenemos la ventaja de que nuestros suelos son de muy buena calidad y tenemos unas 3.000 horas de sol al año, pero al faltarnos el agua hay que introducir la tecnología y estudiar cómo las plantas la utilizan.

¿Qué papel juega el Imida dentro de ese ecosistema de innovación?

Estudiamos el funcionamiento de las plantas en tanto que seres vivos, con sus mapas genéticos, para entender sus características. En nuestro caso, lo que queremos es buscar plantas que sean más resistentes a la sequía; pero también tratamos de descifrar qué genes pueden ayudar a que puedan hacer frente mejor a determinadas plagas y enfermedades, o adquirir determinado color o tamaño.

En la Región de Murcia hemos pasado a ser un referente en el manejo del estrés hídrico por una cuestión de necesidad

¿Cómo se traduce ese trabajo en la práctica?

Se hacen cruzamientos de dos variedades de la misma fruta, por ejemplo melocotón, para obtener una variedad diferente. Y por los distintos campos de ensayo pasan los agricultores y las empresas de distribución y de comercialización para ver las tendencias. Ahora cada vez es más frecuente, por ejemplo, la uva o la sandía sin pepitas. Son fruto de esta evolución.

¿Cuánto tiempo lleva desarrollar una nueva variedad?

Son procesos largos. Cuando cruzas una planta, desde que sale del laboratorio hasta llegar a la fase del campo y que crezca y dé frutos, pueden pasar dos o tres años. El caso de los cultivos leñosos del arbolado es de los más lentos, hasta cinco años. En el de la vid, hasta veinte. Y luego hay que ver si esa fruta vale o no; hay que comprobar al final del proceso si el comportamiento conseguido es el que te habías planteado en un principio. Pero estamos evolucionando y con las nuevas técnicas genómicas se hace todo de forma más precisa.

¿En qué consisten las nuevas técnicas genómicas y por qué están generando tanto debate en Europa?

Hay países que no terminan de verlo claro. Pero no porque no sea una solución válida, sino más bien porque hay países más desarrollados en este campo, como el nuestro, y los que están más rezagados temen quedarse atrás. En la Unión Europea (UE) el debate está encima de la mesa y ya hay un reglamento de la Comisión pendiente de validación para que podamos usar las nuevas técnicas.

Sí que me gustaría dejar claro que no tiene nada que ver con los transgénicos. En los transgénicos se combinan cruces de distintas especies. Nosotros estamos hablando de cruzar siempre variedades dentro de la misma especie; lo que no quisiera es que la gente piense que la están intentando meter alimentos modificados.

¿Podría explicarlo con un ejemplo sencillo?

Si quisiéramos mejorar una variedad de melocotón, por ejemplo, lo que haríamos sería editar su línea genética y esa edición te va a dar pistas de qué genes dan el color amarillo. Entonces lo que haríamos sería cortar esa secuencia en la variedad que lo tiene e introducirlo en otra. Ahí lo que consigues es ir sobre seguro y acortar mucho los plazos. Es una gran revolución.

Sí que me gustaría dejar claro que la edición genética no tiene nada que ver con los transgénicos

¿Y un caso concreto en el que estén trabajando actualmente?

Claro, estamos trabajando duro con el tema del viñedo, sacando variedades con más calidad y más resistentes a algunas plagas a partir de la Monastrell (típica de Jumilla o Yecla). Lo que hacemos es cruzar plantas, sacar nuevos plantones, plantarlos, injertarlos y esperar a que empiecen a producir. Estamos buscando también mejorar la calidad de la uva y del vino, que tenga una menor graduación alcohólica, es una tendencia del mercado. El desarrollo vegetativo del viñedo es lento, por eso la edición genética es un gran avance. En el Imida tenemos una autorización excepcional para poder poner a punto las técnicas genómicas como centro de investigación.

¿Que no tengamos todavía en Europa una reglamentación nos está retrasando mucho respecto a otros países?

En Estados Unidos y China es donde están más avanzados. En España, por poner un ejemplo, la Universidad de Córdoba ha obtenido una variedad de cereal par gente celiaca con la edición, pero al no poder producirlo aquí tienen que venderlo a Estados Unidos que luego nos lo manda a España para comercializarlo aquí. Pero repito que son dentro de la misma especie.

La UE tiene que establecer las distintas categorías de producción dentro de este campo. Y tendrá que figurar en el etiquetado que la variedad en cuestión se ha obtenido mediante técnicas genómicas. Esperamos que a partir de 2028 pueda estar plenamente regulado su uso en la UE.

¿Qué papel juega la conservación de variedades tradicionales en este proceso de innovación?

Fundamental. En el Imida tenemos un banco de germoplasma muy amplio. El problema es que para que las semillas mantengan su capacidad de germinación necesitan una serie de cuidados. Y eso cuesta dinero. Hasta hace poco contábamos con apoyo financiero a través del Ministerio, pero hemos perdido esa partida. En nuestro banco tenemos una variedad enorme de plantas hortícolas, pimientos, habas, judías, moreras, fruta de hueso, cereales... todas las autóctonas de la Región de Murcia; además de animales como la gallina o el chato murciano. Sería muy importante para nosotros recuperar esa partida.

¿Qué margen tiene un pequeño agricultor en este sistema cada vez más tecnológico?

Un pequeño agricultor cada día lo tiene más complicado. Por eso necesitan asociarse en cooperativas u otras organizaciones que les ayuden a mejorar su explotación y comercializar sus productos. Por ejemplo con mercados de proximidad. El problema ahora está focalizado en los jóvenes que se quieren incorporar porque se visualiza como una tarea muy sacrificada, pero hoy en día hay mucha tecnología para agilizar los procesos.

Si una máquina nos ayudara a discriminar el grado de madurez de una fruta, dejaríamos de desperdiciar un 30 por ciento de las cosechas

Si miramos veinte años hacia adelante, ¿cómo será la agricultura en la Región de Murcia?

Dependerá mucho de cuestiones externas. Nosotros hemos sabido adaptarnos bien al cambio del clima y a la tecnología; estamos bastante preparados y creo que seguiremos siendo referentes en el uso del agua y los cultivos. Pero vuelvo al tema del relevo generacional. Tenemos un problema en este sentido. Hacen falta trabajadores cualificados. Y si nosotros no nos implicamos en estos empleos, alguien tendrá que hacerlo y habrá que cualificarlos. También hay que avanzar en la introducción de la Inteligencia Artificial en algunas labores como la recolección o la poda, que ayudarían mucho a acortar y mejorar procesos. Si una máquina nos ayudara a discriminar el grado de madurez de una fruta, por ejemplo, dejaríamos de desperdiciar un 30 por ciento de las cosechas.

“Histórico y sin precedentes en Europa”. Así califican las organizaciones ecologistas que están detrás de la acusación particular, el juicio que se celebrará el próximo miércoles en la sede de la Audiencia Provincial en Cartagena. En la vista se procesará una de las piezas separadas del caso Topillo con la laguna personada como acusación particular y víctima de los daños provocados presuntamente por vertidos contaminantes. Será la primera vez que un ecosistema comparezca en un proceso penal europeo con personalidad jurídica propia.

Esta es una de las casi 40 piezas en la que se dividió la segunda parte del denominado caso Topillo, por vertidos de salmuera al Mar Menor, en la que hay personadas varias asociaciones e instituciones de defensa del medio ambiente y cuatro ayuntamientos regionales como perjudicados.

“Estamos ante un hecho histórico”, insiste al otro lado del teléfono Julia Albaladejo, presidenta de la Alianza por el Mar Menor (Amarme). “Nunca antes un ecosistema se había personado en un juicio como víctima y parte”, continúa al tiempo que añade que es una victoria de la Ley 19/2022 que reconoce la personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, aprobada en septiembre de 2022 y que se aprobó tras una Iniciativa Legislativa Popular que reunió más de 600.000 firmas.

Coincide Ramón Pagán, portavoz de Pacto para el Mar Menor, que junto con Amarme, Greenpeace, Ecologistas en Acción o Seo/BirdLife están detrás de la acusación particular, a la que se han unido los ayuntamientos de Cartagena, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar. “Tenemos mucha esperanza, es la primera vez que en Europa un ecosistema se presenta como acusación particular en defensa de su protección y recuperación y para ejercer su derecho de no ser dañado por actividades empresariales; en este caso, de vertidos de agua contaminada por nitratos”.

“Esperamos que se llegue a un dictamen justo y ejemplarizante y que se reparen los daños que ha sufrido la laguna salada”, continúa Pagán. “En este caso, lo novedoso es que hemos conseguido ser acusación particular”.

La Audiencia Provincial de Murcia tiene previsto juzgar a las mercantiles agrícolas Ecosarete S.L. y Datelio S.L. por su posible implicación en delitos contra el medio ambiente vinculados a vertidos contaminantes de explotaciones ubicadas en el Campo de Cartagena. Según la acusación, en la explotación agrícola Mar de Cristal operaron entre 2015 y 2017 varias desalobradoras sin la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

La investigación apunta a que dichas instalaciones se utilizaban para tratar el agua extraída de pozos destinada al regadío, generando a su vez importantes volúmenes de salmuera con altos niveles de nitratos. De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, se habrían procesado 649.000 metros cúbicos de agua, lo que habría dado lugar a unos 162.000 metros cúbicos de residuo salino concentrado. Según la acusación, esos vertidos acabaron llegando a la cuenca del Mar Menor.

“Espero una sentencia condenatoria”

“Que podamos celebrar el juicio y quede visto para sentencia sería ya un éxito para mí”. Habla Sergio Marco, uno de los abogados de la acusación particular y coordinador de los órganos de gobernanza del Mar Menor. “Si sale adelante, será la primera vez que en Europa un ecosistema se siente en un juicio como parte acusadora, como persona de derecho que va a un procedimiento penal denunciando que se han vulnerado sus derechos”.

La acusación particular reclama sanciones económicas que superen el millón de euros, así como la inhabilitación para desarrollar la actividad durante un periodo de tres años y la adopción de actuaciones concretas orientadas a la recuperación del entorno afectado. Y lo hacen acogiéndose a los artículos 325, 327 y 330 del Código Penal, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El pasado mes de marzo se celebró una vista preliminar vinculada también al caso Topillo que generó controversia después de que el juzgado no convocara de forma oficial a los representantes legales de la laguna. Fiscalía y defensa alcanzaron un acuerdo que supuso la rebaja de la condena a un agricultor investigado por vertidos contaminantes. Una decisión que ha sido recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

“En esta ocasión no puede haber conformidad porque ya hemos sido reconocidos como parte acusadora y, a la vista de cómo está siendo tramitado el proceso, hay evidencia de que no cabe duda de que el Mar Menor sí que puede ejercer sus derechos”, asegura Sergio Marco, quien confía en que haya una sentencia condenatoria.

La alcaldesa de Beniel, Mari Carmen Morales, ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación para exigir que se ejecute el tramo 1 de la autovía RM-1, conocida como la autovía del Bancal. Morales ha denunciado “el abandono de nuestro municipio, que con 11.000 habitantes es uno de los peor conectados de la Región de Murcia”. Según la alcaldesa, no se trata de una reivindicación nueva ni improvisada: “Llevamos mucho tiempo esperando a que se revierta esta situación”. Y ha señalado directamente al Gobierno regional de Fernando López Miras. “Se trata de una infraestructura de titularidad regional, y cuya financiación compete al Ejecutivo murciano”.

La primera edila ha destacado que no disponer de acceso a la autovía “ha provocado que nuestra industria, nuestro tejido empresarial y nuestro pueblo no tengan las mismas oportunidades que otros territorios de nuestra Región”. Morales, que ha apuntado que cree “firmemente” en el trabajo conjunto de las administraciones, ha asegurado que “alza la voz” después de observar desde hace varios meses “que el Gobierno regional va a volver a abandonar el proyecto”.

“La RM1 finaliza en Zeneta y el siguiente tramo es el que conectaría a nuestro municipio; esa no ejecución nos mantiene aislados y no puede haber municipios que avancen a dos velocidades distintas”. Por eso, Morales ha denunciado la “dejadez” del Gobierno de López Miras, “que una vez más nos condena al retraso, el aislamiento y una red viaria deficiente”. Y ha exigido “un compromiso firme y claro y sin más dilaciones para que se establezca el orden establecido”.

Morales ha recordado que desde que es alcaldesa se ha reunido “con todos los consejeros de Fomento que han pasado por el Gobierno regional, que sí que reconoce que es una infraestructura necesaria pero que aun así sigue sin ejecutarse porque no existe un compromiso”.

En este sentido, ha concretado que el Gobierno de España declaró la autovía de interés general “para ayudar en esa financiación, pero esto no puede implicar un retraso en el tramo que nos afecta directamente”. Y ha reclamado “un calendario con fechas concretas y una asignación presupuestaria acorde a la infraestructura; no podemos ser el punto final olvidado de una autovía que otros sí que han visto avanzar”.

“Estamos limitados”

Morales ha puesto sobre la mesa también que “numerosas empresas se han reunido con nosotros para instalarse en Beniel pero al final no lo hacen porque no contamos con unas comunicaciones adecuadas, estamos limitados”. A esto, ha continuado, “le tenemos que sumar miles de desplazamientos diarios de trabajadores, estudiantes o transportistas por vías secundarias, saturadas, con mayores tiempos de recorrido y un incremento evidente del riesgo”. La infraestructura de la autovía “no es un lujo, sino una necesidad básica para nuestro desarrollo, seguridad vial y calidad vida de nuestros ciudadanos”.

En cuanto a las vías de titularidad regional, ha dicho la alcaldesa, “están en una situación de abandono, con firmes en mal estado, y no hablamos solo de falta de inversión, sino de seguridad”. Otra reivindicación histórica, ha concluido, “es la circunvalación que debería estar construida desde hace más de 20 años y sigue sin desbloquearse: hay estudios e informes y consenso social pero falta la voluntad política”.

El Gobierno murciano tendrá que revisar en profundidad el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en la Región después de que haya salido adelante una iniciativa impulsada por Podemos-IU-Alianza Verde. La Asamblea regional ha dado luz verde a la propuesta y se ha fijado un plazo máximo de tres meses para que el Ejecutivo de Fernando López Miras encargue una evaluación externa e independiente del sistema de cribado en la Región. Sin embargo, los votos en contra de PP y Vox han evitado que el programa se ejecute íntegramente en centros públicos

La medida llega después de que un informe difundido el pasado 22 de abril por profesionales vinculados a la Alianza Ciudadana por la Transparencia, Calidad y Equidad en el cribado del cáncer de mama alertara de fallos en el circuito asistencial y señalara que hasta 180 mujeres podrían haber sufrido retrasos evitables en su diagnóstico durante la última década. La moción recibió el respaldo de Podemos-IU-AV, PSOE y Vox.

El texto aprobado reclama una revisión integral del programa y obliga al Ejecutivo autonómico a hacer públicos de forma periódica sus resultados, con informes anuales que permitan evaluar su eficacia. También plantea reforzar las pruebas complementarias en los casos dudosos, actualizar la tecnología empleada, rediseñar los protocolos de seguimiento según el nivel de riesgo y mejorar la coordinación con Atención Primaria.

Entre las medidas incluidas figura además la creación de un órgano autonómico de seguimiento con participación de personal sanitario y ciudadanía, así como la incorporación de la experiencia de las pacientes en la evaluación del servicio.

“La iniciativa ha tenido que llegar tras la presión de la sociedad civil para exigir unas mejoras que tendrían que partir de la Consejería de Salud”, se ha lamentado Abel Novoa, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y portavoz de la Alianza por la transparencia, calidad y equidad en el cribado de cáncer de mama. Con el informe de la Alianza, “el objetivo era apoyar al sistema público, a la salud pública y al programa de cribado y que se pusieran en marcha algunas medidas para mejorar los fallos sistemáticos”, ha continuado.

Para Novoa, “la moción es ejemplar, lo que es lamentable es que el PP haya votado en contra y no haya hecho autocrítica”. El portavoz de la Alianza también ha criticado que Vox “haya apoyado toda la moción salvo el punto para ejecutar el programa en centros públicos, lo que demuestra su defensa de la iniciativa privada”. Según Novoa, el problema no son los conciertos, “sino la escasa capacidad de controlar los centros privados, como se ha demostrado en Murcia; por lo que de alguna manera creo que es importante que si no hay capacidad de control, no se concierten programas tan delicados”.

Durante el debate, la portavoz de Podemos en la Asamblea, María Marín, ha puesto el foco en las consecuencias de los fallos detectados y ha apelado a los testimonios de mujeres afectadas por el funcionamiento del cribado: “Yo misma relaté mi propia experiencia y animé a hacer lo mismo a otras mujeres”, ha apuntado. Marín ha recordado también el caso de una mujer a la que se le comunicó de forma oficial que su resultado de la mamografía era negativo, pero a la que a los seis meses, en una cita intermedia, se le detectó cáncer con micrometástasis en el ganglio centinela.

También ha cargado contra el consejero de Salud, Juan José Pedreño, por desacreditar públicamente el informe elaborado por profesionales sanitarios y por no haber aportado, ha dicho, datos que desmientan sus conclusiones.

Tras la votación, el diputado de IU José Luis Álvarez-Castellanos ha señalado que el resultado parlamentario evidencia una mayoría favorable a corregir el modelo actual y a introducir cambios estructurales en el sistema de detección precoz. A su juicio, los datos conocidos reflejan deficiencias de gestión y apuntan a un problema de acceso y eficacia que afecta directamente a la capacidad del sistema para detectar a tiempo casos de cáncer de mama en la Región.

“Se detecta menos cáncer que en la media nacional y, al mismo tiempo, se registra el peor dato de cánceres detectados fuera del cribado, con un 15,79%, lo que significa que hay mujeres a las que el sistema no está llegando a tiempo”, ha concretado Álvarez-Castellanos.

Otra fuga más en Vox, y ya van ocho concejales y una diputada, en la Región de Murcia desde la caída del exlíder regional José Ángel Antelo el pasado 26 de febrero. María Guerrero, edil de la ultraderecha en el Ayuntamiento de Murcia, ha hecho pública su salida del partido esta madrugada a través de la red social X: “Con mucha tristeza escribo este comunicado, pues actualmente no reconozco a mi partido y continuar en él sería avalar unos comportamientos que no comparto”, ha escrito encabezando las razones de su dimisión, aunque su intención es continuar como concejala no adscrita en el Consistorio.

Guerrero registrará su renuncia a continuar en el grupo municipal de Vox este miércoles. La cúpula del partido, ha escrito en una carta, “está tomando una deriva que no concuerda con los valores y principios que compartía y por los que me afilié”. La edil ha calificado de “insostenible” la situación en el grupo municipal del partido en Murcia y ha señalado directamente al portavoz y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, Luis Gestoso. “Informé debidamente al partido del trato recibido por parte del portavoz, carente de la más mínima educación y respeto hacia mi persona, en aras de obtener respuesta y buscar una solución de forma interna sin perjudicar al partido en ningún momento. Lamentablemente no fue así”, ha relatado.

La concejala ha explicado, además, que esa situación desembocó en una baja médica por ansiedad y que la decisión para abandonar el grupo ha estado provocada también por unas declaraciones del nuevo líder de Vox en la Región de Murcia, José Manuel Pancorbo, quien calificó de “magníficas” las relaciones dentro del grupo municipal en Murcia: “Continuar en el partido sería mirar hacia otro lado cuando se vierten afirmaciones que no son verdad”.

En su comunicado se ha lamentado, además, de que “se están perdiendo perfiles muy válidos y queridos, y manteniendo otros que se han dedicado a la política toda la vida y que, sin la misma, desconozco si tendrían cabida en otra profesión”. Y ha denunciado que “ahora se contrata a familiares y parejas de cargos”. A Nerea Alzola, coordinadora del grupo municipal, se le ha relacionado sentimentalmente con Luis Gestoso.

Guerrero ha señalado que tiene intención de continuar “con el encargo que me encomendaron los murcianos en las urnas: mejorar nuestra Murcia y España”, y por ese motivo no renunciará a su acta de concejal. En el Ayuntamiento de Murcia, sin embargo, el PP de José Ballesta gobierna con mayoría absoluta y Vox no es una pieza decisiva en la toma de decisiones.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que “numerosos profesionales sanitarios” se ven en la “obligación” de utilizar su propio vehículo para acudir a domicilios de pacientes en casos de urgencias no demorables y actividad programada, “asumiendo riesgos que no les corresponden”.

Esta práctica, que desde el Sindicato han calificado de “inadmisible”, ha vuelto a ponerse de manifiesto tras el reciente accidente sufrido por un profesional durante el trayecto hacia la atención de un paciente. SATSE ha advertido de que estos desplazamientos forman parte de la actividad asistencial y “deben contar con las garantías necesarias por parte de la Administración”.

“La sanitaria se desplazó a un domicilio en su vehículo para atender una urgencia del Centro Coordinador, en el desplazamiento tuvo un accidente que ha dejado su coche inutilizado y el arreglo va íntegramente a su cargo”, ha detallado la delegada de Atención Primaria en SATSE, Ana Ruano, quien ha explicado que “cuando firmamos nuestro contrato, no tenemos obligación de tener ni carné de conducir ni vehículo pero al final tenemos que recurrir a nuestros medios”. Ruano ha puesto sobre la mesa que durante un tiempo sí que hubo un seguro para cubrir accidentes en etos trayectos, “pero ya no está en vigor”. Por desplazamientos “solo tenemos una indemnización de 17 euros al mes, unos cincuenta céntimos al día”.

Ante esta situación, SATSE ha exigido a la Administración regional la adopción “urgente” de medidas que garanticen la seguridad de los profesionales, entre ellas la dotación de medios de transporte adecuados para la atención domiciliaria y la contratación de un seguro específico que cubra los riesgos asociados a estos desplazamientos.

En este sentido Ruano ha recordado que una hay una sentencia reciente que falló a favor de los trabajadores y obliga al Servicio Murciano de Salud a tener vehículos a disposición de los trabajadores de Atencion Primaria para las asistencias: “Somos el único colectivo que tiene que usar su vehículo para desplazamientos en emergencias, imagínate a la policía yendo en su propio coche”.

“El compromiso de los profesionales con la atención a la ciudadanía no puede implicar poner en riesgo su propia seguridad”, han destacado el sindicato, que ha insistido “en la necesidad de que la Administración asuma su responsabilidad en la organización de estos servicios”.

Desde la Consejería de Salud, por su parte, han recordado que la atención domicilaria entra dentro de las funciones de los Equipos de Atención Primaria (ESP), según está especificado en la Cartera de Servicios de Atención Primaria, y han añadido que no existe exigencia de contar con un vehículo para ocupar puestos de enfermería “que deba utilizar para acudir a los domicilios de los pacientes”.

La atención domiciliaria desde los centros de Atención Primaria  que se realiza por estos profesionales, han finalizado las mismas fuentes, “cuenta con remuneración económica que se abona según está establecido y en función de la dispersión geográfica fijada para cada centro de salud”.

El informe tiene 509 páginas, fue encargado por el Gobierno de la Región de Murcia en noviembre de 2023 y pagado con una subvención de 293.035 euros. Sus conclusiones son inequívocas: los suelos del entorno de la Sierra Minera Cartagena-La Unión presentan concentraciones de metales pesados que “alcanzan niveles excepcionalmente elevados y pueden representar un riesgo significativo tanto para la producción agrícola como para la salud humana si no se aplican medidas de manejo adecuadas”.

Lo firma el grupo de investigación Garsa de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), lo dirige el investigador Ángel Faz, y su título no deja lugar a dudas: Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena: uso y manejo sostenible para su conservación y pautas para su recuperación. El Gobierno regional intentó que ese informe no existiera, no lo consiguió, y el caso ha acabado en los tribunales.

Cuando el edafólogo José Matías Peñas preguntó a la Consejería murciana de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca por la existencia del informe, la respuesta oficial del Ejecutivo de Fernando López Miras fue que “el centro directivo ha indicado que no se ha realizado el trabajo”. Poco después, la versión cambió: el documento “no obraba en poder del órgano” correspondiente y se había “procedido a tramitar el procedimiento de reintegro de la subvención”. Es decir la Consejería exigía a la UPCT que devolviera los 293.035 euros.

Para Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción, la secuencia no tiene otra lectura: “Mintieron en documento oficial asegurando que dicho informe no existía. Esa falta de transparencia levanta la sospecha: si todo es correcto, ¿por qué no salen al día siguiente con los análisis en la mano?”. La organización denunció al Ejecutivo ante el juzgado por presunta prevaricación.

Faz, durante una videoconferencia a la que también se suman representantes de la Consejería murciana de Agricultura, es tajante sobre su independencia: “Me he sentido totalmente libre. Los números son los números. Eso es lo que hicimos y lo que tomamos”. Tras la presión pública, la UPCT entregó una versión ampliada el 20 de abril, en la que los datos de base no cambiaron: las 567 muestras son las mismas.

Cuarenta veces el límite de arsénico

El estudio detectó concentraciones de arsénico de hasta 320,2 miligramos por kilo de suelo -40 veces el riesgo máximo admisible-, cadmio 23 veces por encima del umbral y manganeso doce veces superior al límite legal.

Sin embargo, el investigador de la UPCT introduce una distinción fundamental: la diferencia entre concentración total y biodisponibilidad real. “El arsénico tiene una media de concentración total de 21,2 miligramos por kilo en la zona sur. Pero ¿cuánto es soluble? 0,4. El cadmio tiene una media de 1,7 mg/kg pero solo el 16,6% es asimilable. Cuando hablamos de biodisponibilidad, que es lo que debe preocuparnos para los riesgos, los números son muy diferentes”.

Francisco José Martín, edafólogo de la Universidad de Granada, comparte esa distinción pero advierte que sin ensayos de toxicidad las cifras siguen siendo insuficientes. Y añade una variable que el propio informe menciona: el drenaje ácido de mina. “En la zona hay drenaje ácido que modifica el pH y puede solubilizar los metales precipitados. Es como una bomba de relojería”.

Cómo los metales viajan hacia los campos y el Mar Menor

Los metales no se quedan donde están. Jordi Sierra, edafólogo de la Universidad de Barcelona, explica el mecanismo: “Cuando llueve torrencialmente, el agua impacta en el suelo. Como los suelos del Campo de Cartagena tienen poca materia orgánica, están compactados y salinizados, el agua no se infiltra: se va por escorrentía superficial arrastrando partículas cargadas de metales, nitrógeno y fósforo. Todo eso acaba contaminando el Mar Menor”.

El cambio climático, añade, agrava el problema: “Cada vez tenemos más lluvias torrenciales y estos suelos degradados son especialmente vulnerables”. José Matías Peñas, por su parte, precisa la geografía del problema: las concentraciones que superan los niveles de referencia se extienden desde Los Urrutias hasta Cabo de Palos. “Estamos hablando de 22 kilómetros cuadrados de la Sierra Minera que llevan tres décadas sin restaurarse, en contra de lo que regula la Ley de Minas”.

El trabajador del campo, en el punto de mira

Para el conjunto de la cuenca, el informe sitúa los riesgos “por debajo de los límites de preocupación”, pero esa afirmación esconde matices que varios expertos consideran insuficientemente desarrollados.

El profesor de la Universidad de Granada señala que el análisis de riesgo laboral arroja valores que no pueden ignorarse: “Se ha hecho un estudio de riesgo de exposición en función del número de días, 180 al año, o hasta 250 si fueran trabajadores más intensivos y he visto algún valor de siete para el plomo. Si el valor supera uno, ya hay riesgo. Hay un riesgo de exposición alto”.

“El cáncer es una enfermedad multifactorial, pero esto es un factor más que aumenta el riesgo. El informe calcula que podría haber un caso de cáncer de más por cada 10.000 habitantes en el escenario más alto. Para los trabajadores de mayor exposición, el riesgo queda por encima del umbral según normativas de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) o la legislación española. Es indiscutible”, apunta Sierra.

Peñas va más lejos: “El riesgo de toxicidad sistémica y carcinogénesis para los trabajadores es inadmisible en la zona de Los Urrutias a Cabo de Palos, a pesar de que han infravalorado ese riesgo en contra de lo que marca el Real Decreto del Ministerio para la declaración de suelos contaminados”. El propio director del informe matiza que hay “motivo para la precaución, no para la alarma”, pero reconoce que haría un seguimiento detallado en las parcelas de mayor riesgo y un análisis de la parte comestible de los cultivos durante dos ciclos al año.

Los más expuestos son los jornaleros, expone el portavoz de Ecologistas en Acción: “Los trabajadores pasan todo el día en cultivos intensivos, con maquinaria y respirando el polvo, que va directamente a los pulmones”. Y añade un factor estructural que agrava la situación: “En el sector primario hay mucho trabajador sin papeles, que sufre situaciones de explotación laboral. Por eso hay que ser más exhaustivos en los controles”.

Las medidas preventivas más inmediatas no requieren grandes inversiones: “Con unas medidas higiénicas básicas -manga larga, guantes, evitar tocarse la boca tras manipular tierra- se puede minimizar bastante el impacto”, explica Sierra. El riesgo, advierte el investigador de la Universidad de Granada, no es inmediato ni visible: “Los metales pesados no es que el año que viene vaya a empezar a morir gente. Dentro de 20 o 30 años los trabajadores que han estado en esa zona tienen un porcentaje muy elevado de desarrollar algún tipo de enfermedad”.

¿Llega la contaminación a los alimentos y al Mar Menor?

La pregunta que más preocupa a los consumidores es si los metales están llegando a los productos que se cosechan y se comen. Faz reconoce los límites de su encargo: “Yo no he trabajado esa escala ni se me ha pedido. Hemos hecho una radiografía. Me parece necesario hacer un estudio en parcelas concretas para ver si se acumula o si hay que cambiar el uso”.

El portavoz de Ecologistas en Acción no comparte esa tranquilidad: “La transferencia a determinados cultivos puede ser importante y no se pueden hacer los mismos controles que en suelos sin contaminantes. No sabemos cómo de gordo es el problema, ni tampoco la solución”.

“Hay que estudiar si los productos agrícolas han acumulado metales. Seguramente va a dar muy bajo por las características del suelo, pero es algo que se tiene que hacer”, dice el investigador de la Universidad de Barcelona. Y alerta sobre una dimensión que el informe no aborda: “Al ser el Mar Menor una laguna cerrada con poca renovación del agua, seguro que hay niveles elevados en el sedimento. Lo siguiente es mirar las especies que realmente comemos: si hay recursos pesqueros o acuícolas, hay que analizar el pescado”.

Peñas, por su parte, advierte que no todos los cultivos acumulan igual: “Las patatas acumulan mucho plomo; las lechugas concentran principalmente cadmio”. Ecologistas en Acción ha pedido a la Administración información sobre si se están haciendo controles adicionales. “No nos han respondido”, denuncia Luengo. “Necesitamos poder estar tranquilos de que no estamos ante un problema de salud pública”.

Sin normativa propia y décadas de retraso

La Región de Murcia carece de normativa propia que fije los niveles máximos de metales pesados admisibles en sus suelos. El contraste con Andalucía es significativo: allí, desde 2015, un decreto establece que si se supera 100 veces el valor de referencia el suelo debe declararse oficialmente contaminado.

Según el investigador de la Universidad de Granada, algunos valores del informe de la UPCT superan en 400 veces ese umbral. En la Región de Murcia, ese decreto no existe pese a que la Ley de Suelos Contaminados de 2011 trasladó esa competencia a las comunidades autónomas hace catorce años. Sierra, por su parte, recuerda que sí existe normativa europea -dos reglamentos de 2023 y 2025- que debería aplicarse por defecto.

Los estudios sistemáticos de metales en la zona datan de finales de los noventa. “Lo raro sería no encontrar metales aquí”, dice Faz. “Estamos pegados a yacimientos mineros con más de 2.000 años de historia”. “Me sorprende que a estas alturas no se haya hecho un estudio epidemiológico a fondo. Lo que se ha presentado ahora es más de lo mismo que se hacía hace décadas”, añade el profesor de la Universidad de Granada al respecto.

El caso en los tribunales y seis años de silencio

En abril, la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Cartagena incoó diligencias previas contra la Administración regional y la empresa pública Tragsa tras una denuncia de Ecologistas en Acción por el uso de tierra vegetal contaminada en el sellado del depósito minero El Lirio. Peñas está citado a declarar como perito.

Y el problema tiene aún más fondo: en noviembre de 2020, la Consejería ya había recibido otro estudio -encargado a IDOM Consulting con fondos europeos FEDER- que cartografiaba concentraciones de plomo diez veces por encima del nivel legal en suelos agrícolas del Campo de Cartagena. Ese informe nunca se hizo público. La Fiscalía Europea ha recibido una denuncia al respecto.

La oposición en la Asamblea Regional no ha tardado en exigir responsabilidades. La portavoz del PSOE, Carmina Fernández, afirmó que “el Gobierno regional tiene la obligación de actuar y proteger la salud de vecinos, trabajadores agrícolas y sector agrícola”, y denunció que el Ejecutivo de López Miras lleva “demasiados años sin actuar, pese al riesgo cancerígeno”. Desde Podemos, la diputada María Marín reclamó “medidas urgentes para proteger a jornaleros y consumidores” y estudios que acrediten si los niveles de contaminación han llegado a la cadena alimentaria. Marín exigió además la dimisión “inmediata” de la consejera Rubira “por ocultar el informe que acredita valores de toxicidad inadmisibles”.

La consejera Sara Rubira dijo esta semana que “se actuará con la máxima responsabilidad”. No fijó plazos y tampoco anunció controles sobre los alimentos. El plan que la Ley del Mar Menor ordenó elaborar en 2020 sigue sin fecha de entrada en vigor, casi cuatro años después de agotado el plazo legal.

La Consejería de Agricultura prometió este jueves nuevas inspecciones en las fincas afectadas y descartó riesgos alimentarios. “Que un producto asimile metales pesados es muy remoto”, dijo el subdirector Curro Miñano, quien pidió “mesura” en la lectura de los datos.

El 28 de septiembre de 2025, en el puerto de Cartagena, Mohamed Diagne no esperaba convertirse en héroe. El joven, de 24 años, estaba en el muelle junto a un compatriota cuando vio caer al agua a Pepita Ortas, alma del restaurante Los Churrascos de El Algar, una pedanía cartagenera. Ella regresaba de un paseo junto a una delegación de hosteleros en el catamarán turístico Yolé. “Habían sobrado algunas bandejas de comida y quería repartirlas”, cuenta la mujer, menuda y vivaracha, mientras organiza el menú del mediodía a una hora de abrir las puertas de su local. Apoyada en su bastón y en medio del ajetreo de la rutina, busca un hueco para hablar del joven: “No se merece que le hayan denegado la residencia, es muy buen chico”.

Aquel día, al acercarse a Mohamed y su acompañante, Pepita se resbaló y cayó al mar. “Tendrías que haberlo visto, Mohamed no dudó un instante, saltó sin pensarlo para sacarme del agua, me agarró fuerte y me dijo que no me preocupara, que ya estaba fuera de peligro”. Pepita volvió a nacer y Mohamed salió del agua convertido en héroe.

Aquella escena, que duró apenas unos segundos, les cambió la vida y les convirtió en familia. “Le hemos empadronado con nosotros, ya tiene su tarjeta sanitaria y le hemos acompañado por el laberinto de oficinas y funcionarios” que deciden quién puede y quién no residir legalmente en España. Lo cuenta Anabel Sanabria, nuera de Pepita, y quien más se ha implicado en el proceso con Mohamed. El mismo día del rescate, le invitaron a comer en su restaurante y desde entonces se han repetido con frecuencia las citas alrededor del mantel. “Pasamos juntos la Nochebuena”, relata Anabel.

El gesto de Mohamed también llegó a la política local. Unos días después del rescate, el 8 de octubre, el pleno del Ayuntamiento de Cartagena aprobó -con los votos en contra de Vox- una moción socialista para instar a la Delegación de Gobierno a solicitar el permiso de residencia para el joven. El concejal socialista Manuel Torres argumentaba su petición en la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, que prevé una serie de motivos extraordinarios, ya que “consideramos que la actuación de este joven merece algo más que un reconocimiento público”.

Siete meses después de lanzarse al agua para salvar una vida, Mohamed sigue sin papeles. No puede trabajar y no tiene más red que la de quienes lo “adoptaron” después del rescate y un tío que le ha acogido en su piso. La semana pasada supieron que el 15 de abril se le denegó el proceso extraordinario, “en seguida escribí al equipo de la alcaldesa, Noelia Arroyo, y le han recibido este lunes en Asuntos Sociales en el Ayuntamiento”, cuenta Anabel. “Llegaron los dos llorando como magdalenas cuando les dieron la noticia”, se lamenta con tristeza Pepa.

“Estoy muy decepcionado, me dieron unas ilusiones de poder regularizar de forma extraordinaria mi situación en España, pero han tardado siete meses en darme una respuesta negativa; si hubieran querido ayudarme realmente lo habrían resuelto rápido”, cuenta Mohamed, originario de Saint-Louis y de una estirpe de pescadores. Con la mirada perdida y con la frustración como protagonista, no termina de perder ni la sonrisa ni la esperanza. La dureza de su vida le ha ido curtiendo el carácter.

De Saint-Luois a Dakhla, y después a El Hierro

“Mi padre murió cuando era muy pequeño, y mi abuela, mi madre y mis hermanos dependen de mí; me gustaría encontrar un trabajo y poder ayudarles porque en Senegal, de pescador, no llegaba a un sueldo de cinco mil euros al año”. Hasta llegar a Cartagena, Mohamed tuvo que embarcarse en dos cayucos en contra de los deseos de su abuela, “le preocupaba que me pasara algo en el trayecto porque uno de mis tíos murió en una patera en 2006”. Su primer viaje, en 2021, terminó en Dakhla. “Estuve un mes malviviendo en Agadir hasta que me repatriaron en un autobús con otros camaradas”. El segundo intento fue en 2023. “Pero esa vez llegamos a El Hierro en un cayuco con otras 52 personas; de ahí me enviaron a un centro a Tenerife, y unos meses después a Lorca”.

Anabel Sanabria no esconde su frustración con el caso de Mohamed. “Es que no tiene ninguna entrada de dinero, salvo lo que podemos ir dándole nosotros de vez en cuando; es muy buen chico, no pide nada, si fuera un aprovechado estaría con nosotros todo el día y no lo hace”, se queja.

Desde la Delegación del Gobierno argumentan que en un primer momento, Mohamed se acogió a la vía extraordinaria “porque no había otra alternativa, pero ahora, con el proceso de regularización administrativo en curso no estamos en esa situación”. Un proceso al que podrán acogerse más de 30.000 personas en la Región de Murcia.

“Una vez que el Ayuntamiento de Cartagena complete y valide el certificado de vulnerabilidad, podrá acogerse al proceso de regularización administrativa” que está en marcha, continúan desde la Delegación al tiempo que confían en que el resultado sea positivo ya que “a priori, cumple todos los requisitos”.

A pesar de que el Gobierno ya se ha pronunciado, Mohamed no quiere tirar la toalla. “Mi caso es diferente, yo me lancé al mar para salvar a Pepita, no lo hice pensando en los papeles ni en el dinero, pero me dijeron que me iban a dar una oportunidad y ahora lo que me piden es que vuelva a empezar, no es justo”.

Por eso, van a recurrir el expediente, cuenta la letrada Sofía Madrid, quien acaba de hacerse cargo del caso de Mohamed. “Tenemos la intención de ayudarle a subsanar algunas gestiones que no se han hecho bien”. La denegación de Extranjería viene justificada por dos motivos: porque tenía otro expediente de regularización en trámite que Mohamed pensaba que estaba archivado, “pero también porque no han considerado que el acto de Mohamed fuera heroico y añaden que tiene muchas vías para regularizarse”. Y aunque la vía de la regularización extraordinaria abierta por el Gobierno sería más rápida, “vamos a recurrir porque a Mohamed quiere intentarlo, se le ha quedado clavada esta espinita”.

La Universidad de Murcia, a través de su Escuela de Formación Continua, ha organizado para este jueves una jornada formativa gratuita dirigida a profesionales del entorno sanitario civil y militar que se centrará en la atención en entornos críticos. La actividad se enmarca en su programa de microcredenciales universitarias en horario de 9:00 a 14:30 horas “y contará con profesionales de prestigio internacional”, informa la coordinadora de la formación María Gracia Adánez, vicedecana de Simulación Clínica y Nuevas Tecnologías de la UMU y médico de urgencias en el Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca.

El curso está dirigido a profesionales del ámbito sanitario, tanto civil como militar, incluyendo personal médico, de enfermería y otras disciplinas implicadas en la atención clínica, especialmente en situaciones de emergencia, cuidados críticos, medicina hiperbárica, cirugía y simulación clínica.

La jornada tiene como objetivo reforzar la importancia de la formación continuada “en un contexto sanitario cada vez más exigente y cambiante; la rápida evolución del conocimiento biomédico y la complejidad de los entornos asistenciales hacen imprescindible la actualización constante de competencias para garantizar una atención de calidad, segura y eficaz”, apunta la vicedecana.

“Hay una necesidad muy clara”, insiste María Gracia Adánez: “Los problemas sanitarios están evolucionando y hay que adaptarse a un entorno cada vez más complejo; nos enfrentamos a diario a situaciones de alta exigencia, que requieren un entrenamiento de forma específica y actualizada”.

En este sentido, las microcredenciales universitarias se presentan como una herramienta “clave”, al ofrecer un modelo formativo “flexible, modular y acreditable”. Este sistema permite a los profesionales adquirir competencias específicas y diseñar itinerarios formativos progresivos adaptados tanto a las necesidades del sistema sanitario como a su propio desarrollo profesional, señalan desde la UMU.

Los asistentes podrán elegir entre dos modalidades de participación: presencial, en el salón de actos del pabellón docente Virgen de la Arrixaca, o virtual, a través de la plataforma de streaming de la universidad. El plazo de inscripción, que es gratuita, permanecerá abierto hasta este miércoles y debe hacerse en la plataforma Casiopea.

Con esta iniciativa, la Universidad de Murcia continúa apostando por la especialización y la innovación docente en el ámbito sanitario, “contribuyendo a la mejora de la capacitación profesional en escenarios críticos donde la preparación puede marcar la diferencia”. Los estudiantes de la Universidad de Murcia que asistan presencialmente y elaboren un trabajo podrán obtener 0,5 CRAU.

Las microcredenciales, recuerda la vicedecana, “surgen a nivel europeo, fomentando la colaboración entre universidades, con las administraciones públicas y otros actores para dar respuesta a necesidades de la sociedad con un enfoque universal y práctico”.

El diputado de Vox Antonio Martínez Nieto ha llamado este miércoles a combatir “incluso con violencia” la “aberración moral del aborto y la eutanasia”. Lo ha dicho durante el debate de una moción del PP en la que se exige al Gobierno una Ley de Cuidados Paliativos que no ha prosperado.

El político se ha preguntado “¿cómo puede el PP pensar que el Gobierno socialista, que quiere meter la cultura de la muerte en la Constitución, va a regular los cuidados paliativos a su gusto?”. Martínez Nieto, que no es la primera polémica que protagoniza en la Asamblea regional, se ha negado a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez “una ley para convertir los cuidados paliativos en un refuerzo de la eutanasia”.

“Tenemos el deber de combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia”, ha dicho tras hacer referencia al médico británico John Langdon Down, quien describió por primera vez el síndrome de Down. “Una verdadera civilización no se juzga por su poder o su tecnología, sino por su trato hacia los débiles que no pueden defenderse”, ha citado el diputado.

El político de ultraderecha ya ha protagonizado otras polémicas en la cámara regional. En febrero de 2025 calificó de “pepona travestida” a la ley LGTBI y dijo que solo hay que celebrar el 'Orgullo agrario'. Y unos meses antes, Un diputado de Vox en Murcia afirma que la pobreza está “alimentada por la ideología del parasitismo social”.

A 24 horas de la última dimisión en el grupo de Vox en el Parlamento murciano, la de la diputada Virginia Martínez, el expresidente de la ultraderecha en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha dejado abierta la posibilidad de que haya “nuevas fugas” en la formación, “tanto de concejales como de diputados”. Tras la incorporación de Virginia Martínez al Grupo Mixto, que comparten con los diputados de Podemos Izquierda Unida-Verdes, los ex de Vox suman dos miembros.

“Ahora mismo”, ha apuntado Antelo en declaraciones a los medios de comunicación, las fuerzas en el Grupo Mixto están equilibradas, “hay un empate, y tendrá que dirimir la Mesa de la Asamblea” cómo actuar a partir de ahora. “Voy a velar por mis intereses y los de Virginia, para tener la máxima posibilidad de dirigirme a los ciudadanos”. Sin embargo, ha esbozado, “aunque ahora somos cuatro, pero puede que en el futuro seamos más”, ha insistido.

Sobre su compañera Virginia Martínez, ha presumido Antelo, “es una de las mejores parlamentarias de la Asamblea, de las más duras con la inmigración irregular; yo mismo fui a buscarla a Londres, donde trabajaba en el sector finaciero con un jugoso salario, que dejó atrás para entrar en política porque creía que se podían cambiar las cosas y veía una alternativa en Vox”. Un partido, ha defendido, “cuya cúpula está absolutamente denostada”. Martínez, ha recalcado, “ha sido de las personas más contundentes contra el problema de la inmigración irregular en nuestras calles”.

Vox, “una S.L. más que un partido”

En opinión de Antelo, que ha comparecido ante los medios a las puertas de la Asamblea esta mañana, Vox “parece más un S.L. que actúa en beneficio propio que un partido con interés en cambiar las cosas y es urgente que se convoque un congreso, no se puede dejar al partido en la deriva en la que se encuentra en la Región de Murcia”. Vox, ha continuado, “se presentó a las elecciones enarbolando la bandera de la meritocracia y vemos que en el Ayuntamiento de Murcia se colocan a novias, en Águilas a nueras o al portavoz de Águilas en el Ayuntamiento de Cartagena como asesor”, aludiendo a las recientes polémicas por las contrataciones o nombramientos de personal de confianza del partido tras la salida de Antelo de la formación.

“Si sigue sin haber autocrítica y rectificación por parte de Vox, entiendo que puede haber personas que quieran impulsar otro proyecto”, ha esbozado, aunque “eso no quiere decir que yo vaya a estar en él”.

“Parece que la cúpula quiera a personas sumisas y dependientes, con un perfil bajo”, ha dicho el expresidente de Vox, quien ha asegurado que en el Grupo Mixto seguirá velando por el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el PP a cambio de su apoyo a los presupuestos.

“El PP lo tendrá más fácil con Vox que con nosotros”

En cuanto a la nueva configuración de la Asamblea, ha considerado Antelo, el PP va a tener más fácil negociar con Vox “que con nosotros, y me remito a los hechos porque Vox acaba de firmar que los centros de menores extranjeros no se desplacen a las afueras o que a los tres años reciban pagas”. Y ha rematado que “las pagas son para los nacionales y los menas (menores extranjeros) tienen que ir a Marraquech; no hemos venido a engañar a nadie y vamos a defender nuestro proyecto”.

Aun así, ha concedido, “yo estoy suspendido cautelarmente y votaré siempre a favor de los intereses de la Región de Murcia, si las iniciativas son correctas, las apoyaré”. Antelo ha exigido que se lleve ya a la Asamblea la reforma del Mar Menor, registrada hace meses, y se ha preguntado “por qué no se lleva a debate si es parte del acuerdo presupuestario”.

Por último, ha lamentado que en la Región de Murcia se haya “desmantelado” el partido, “el único lugar de España donde Vox podía ganar las elecciones, al menos hace un par de meses”.

La Fiscalía y la acusación particular en el caso del incendio mortal de las discotecas de la zona de Atalayas de la capital murciana el 1 de octubre de 2023 han pedido hasta ocho años y seis meses de prisión para los acusados de la tragedia, que costó la vida a trece personas. Otra docena resultó herida en la noche del incendio. Como recuerda, además, la acusación particular, los dos locales pasto de las llamas estaban abiertos sin la licencia administrativa necesaria.

Además de las penas privativas de libertad, solicitan inhabilitaciones para gestionar locales abiertos al público. En sus escritos han cuantificado trece delitos de homicidio y doce de lesiones -en ambos casos por imprudencia grave-, y uno contra los derechos de los trabajadores.

La Fiscalía reclama que los acusados sean condenados como responsables civiles y solicitan que las aseguradoras lo hagan como responsables civiles directas, y de forma subsidiaria la mercantil que explotaba la discoteca.

En el escrito que ha entregado ya la Fiscalía a la magistrada de la plaza número 3 del tribunal de instancia de Murcia pide que se juzgue a los administradores de la discoteca Teatre, Juan Inglés Rojo y Marco Martínez; la responsable del local, Eva María Martínez; el organizador de la fiesta 'We Are Remember', Carlos R.; así como al dueño de la máquina de fuego frío que originó presuntamente las llamas, Alfonso G., y a José F.B., ingeniero encargado del proyecto de división de la nave industrial que albergaba las discotecas Teatre y Fonda Milagros.