El acuerdo entre Podemos, Movimiento Sumar e Izquierda Unida (IU) para concurrir juntos a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en la Región de Murcia sigue en el aire, aunque las distintas formaciones mantienen abierta la posibilidad de alcanzar una candidatura unitaria. La negociación se centra en acercar la apuesta de Movimiento Sumar e IU por un acuerdo estatal en torno al Frente Amplio y la propuesta de Podemos de establecer una fórmula propia de confluencia adaptada a la realidad murciana.

El coordinador autonómico de Podemos, Víctor Egío, defiende que el entendimiento en la Región no debe quedar supeditado a las discrepancias existentes en el ámbito estatal. Para respaldar su postura, reivindica el trabajo compartido durante los últimos años en la Asamblea Regional, los ayuntamientos y las movilizaciones sociales. “Nadie entendería que, aunque en Madrid no se pongan de acuerdo, no alcancemos un pacto aquí”, sostiene.

Egío rechaza que la unidad implique necesariamente la integración de Podemos en el Frente Amplio y apuesta por una coalición que tenga en cuenta las particularidades políticas de Murcia. “No creo que los votos de la Región de Murcia valgan menos que los de Canarias”, afirma, en referencia a los acuerdos alcanzados en otros territorios.

En la misma línea, el diputado murciano de Podemos Javier Sánchez Serna ha reclamado a todas las formaciones, incluida la suya, un esfuerzo para cerrar un acuerdo. A través de la red social X, ha advertido de las consecuencias políticas de una posible división: “Si no hay unidad, si con nuestra división contribuimos a la llegada de un gobierno de PP-Vox, quedaremos desacreditados para muchos años”.

Por su parte, IU-Verdes mantiene su apuesta por una candidatura unitaria y espera que Podemos se incorpore a las negociaciones o plantee una fórmula compartida que permita a todas las organizaciones concurrir juntas. El diputado regional de IU-Verdes José Luis Álvarez-Castellanos ha explicado que su formación se remite a la estrategia federal del Frente Amplio de cara a las próximas elecciones generales y sitúa a Penélope Luna como su referente si se abre una negociación; mientras que en Podemos todavía no han definido quién será cabeza de lista.

Un acta de diputado desde 2016

Álvarez-Castellanos recuerda que la izquierda ha concurrido unida a las elecciones generales desde 2016 bajo distintas marcas electorales: Unidos Podemos, Unidas Podemos y Sumar, en 2023. Durante ese periodo, la izquierda ha revalidado el acta de diputado en la Región de Murcia a lo largo de cinco convocatorias electorales consecutivas.

En las últimas elecciones generales, celebradas en julio de 2023, Sumar agrupó a IU, Podemos, Verdes Equo y Más Región. Estos comicios constituyen el precedente electoral más reciente para analizar la representación de la izquierda en la circunscripción murciana, que reparte diez escaños.

En el ámbito autonómico, los acuerdos entre ambas formaciones han resultado más difíciles. En 2019, IU y Podemos concurrieron por separado a las elecciones regionales. En 2023, las negociaciones para presentar una candidatura conjunta estuvieron cerca de prosperar, pero finalmente no llegaron a buen puerto. Como resultado, ambas formaciones acabaron concurriendo juntas en la candidatura autonómica de Podemos.

Por su parte, Óscar Urralburu, secretario de Organización estatal de Movimiento Sumar, insiste en que “estamos trabajando en la línea de conformar un Frente Amplio, cualquiera puede sentarse para contribuir a este proyecto de construcción plural y diversa, para hacer frente a la oleada ultra que viene en España y en Europa”. Hasta las 23.59 “tenemos tiempo”, concreta. Para Urralburu la negociación se tiene que centrar de acuerdo al ámbito estatal, “a excepción de territorios como Canarias donde han planteado un Frente Amplio propio y hemos llegado a acuerdos con esas coaliciones, pero con partidos de ámbito estatal las coaliciones se cierran a ese nivel”.

Apilados sobre las estanterías de La Minerva conviven libros sobre antirracismo, antiespecismo o anarquismo; sobre una de las mesas se amontonan pequeños panfletos, en varios idiomas, con un mismo mensaje: “Las vecinas del Carmen nacemos donde queremos” y, como un rastro de la memoria del barrio, el antiguo letrero de los cines Floridablanca permanece todavía en el local. Ahora, en este espacio de la calle Princesa de la capital murciana, se aprende español, se organizan asambleas, se cose, se hace autodefensa, se reparan objetos y se habla de vivienda.

La Minerva lleva un mes y medio abierta y es uno de los dos espacios desde los que Al Tresbolillo intenta volver a tejer comunidad en El Carmen. El otro es Casa Revuelta, en la plaza Actor Cecilio Pineda. Son dos locales cedidos por sus propietarios en buenas condiciones y que el colectivo quiere autogestionar, abriéndolo a asociaciones, colectivos y vecinos del barrio.

La inauguración oficial de ambos espacios será el 24 de este mes, aunque la fachada de Casa Revuelta ya ha sido vandalizada. El pasado viernes, el mural de las persianas que representa un pasillo que conecta Palestina a través del Mediterráneo con el símbolo del naranjo en flor y un bordado huertano tradicional pintado por el artista Taqi Spateen fue recubierto por las banderas de España e Israel.

En la orilla sur del río Segura, a un paso del centro de Murcia, El Carmen concentra a casi 25.000 vecinos siendo el más populoso de una capital con casi 480.000 habitantes. Figura entre los barrios con mayor presencia de población extranjera del país: el 36,2% de sus habitantes tiene otra nacionalidad, según los Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística con datos de 2024. Es también un distrito con un patrimonio que forma parte de la historia de la ciudad, donde se encuentra el Jardín de Floridablanca, abierto en 1786 y considerado el primer jardín público de España; el Puente de los Peligros, que lo une con el casco antiguo; el antiguo Cuartel de Artillería, actualmente un polo cultural; y la estación de trenes Murcia del Carmen.

“La vivienda lo está cambiando todo”. José Daniel Espejo, uno de los fundadores de Al Tresbolillo, lo explica un martes por la mañana en La Minerva. Regenta la librería Libros Traperos y dedica, junto a otros miembros del colectivo, cuatro o cinco horas diarias de forma voluntaria a mantener en marcha el proyecto.

La vivienda es, para ellos, algo más que una reivindicación. Se ha convertido en un nuevo punto de conexión: “Esta crisis rompe todas las barreras y nos empuja a conectarnos con los demás”, explica Espejo.

Una técnica de la Huerta

Al Tresbolillo toma su nombre de una técnica tradicional de cultivo de la Huerta de Murcia: el tresbolillo, que distribuye las plantas en zigzag para aprovechar mejor el espacio. La imagen sirve también para explicar la filosofía del colectivo: personas y grupos distintos que mantienen su autonomía, pero se relacionan para hacer crecer algo común.

La necesidad de recuperar comunidad coincide con un momento de fuerte movilización por la vivienda y con un contexto político marcado por el avance de los discursos de exclusión. El grupo inicial de Al Tresbolillo rondaba las 15 personas. Ahora Espejo calcula que entre 40 y 50 participan de forma activa en asambleas y grupos de trabajo. “Por suerte, de todas las edades”, subraya.

“Éramos gente ya políticamente activa y había cierta red progresista que intentaba reforzar la vida comunitaria del barrio, la participación ciudadana y la convivencia”, cuenta Espejo.

Entre quienes formaban aquella red estaba también Isis, psicóloga y una de las fundadoras del colectivo. Pero el contexto del barrio empezó a cambiar y la actividad vecinal adquirió una dimensión más política. “Empezamos a ver movimientos xenófobos a nuestro alrededor y discursos de odio que estaban calando entre nuestras vecinas, señalando al migrante y vinculándolo con la delincuencia y la suciedad”, relata.

Una inseguridad “creada”

Con el lanzamiento de la asociación Mi Barrio del Carmen hace un año y medio comenzaron a detectar a su alrededor discursos contra la población migrante. Espejo considera que esos mensajes utilizaban un “campo semántico muy racista” para construir un relato sobre el barrio.

Una parte de esa disputa por el relato se produjo a través de las redes y de las conexiones televisivas que comenzaron a aparecer sobre el barrio durante la primavera del año pasado. Espejo recuerda que después empezó a escuchar en plazas, supermercados y bares a vecinos preocupados por la supuesta inseguridad de El Carmen. Él considera que buena parte de esa percepción era una “inseguridad además creada, que no se apoya en ningún dato real de violencia o de delito”.

La primera respuesta fue casi anónima. Empezaron a pegar por el barrio carteles con un mensaje sencillo: “Las vecinas del Carmen nacemos donde queremos”. “Queríamos visibilizar, pero sin poner nuestras caras ni nada; no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo”, recuerda Isis. Algunos carteles duraban poco. Los arrancaban quienes no compartían el mensaje. Pero también se encontraron con frases como “Vecinas, no estáis solas” o con corazones, cuenta Isis.

La respuesta se hizo todavía más visible cuando abrieron los espacios. Algunos vecinos empezaron a acercarse para agradecer que existiera un lugar desde el que defender otra idea del barrio. “Cuánto me alegro de que esté esto, porque si no parece que todo el mundo se ha vuelto racista de repente”, recuerda Espejo que les decían.

El Carmen tiene, además, una tradición de movilización que ayuda a entender la facilidad con la que una reivindicación puede terminar en algo colectivo. Espejo lo define como un barrio “popular” y “trabajador”, pero también con un fuerte sentimiento de pertenencia.

Un laboratorio de “respuesta ciudadana”

Recuerda las movilizaciones por el soterramiento del AVE, la ocupación de las vías y el conflicto en torno al paso a nivel, así como las resistencias vecinales ante determinados cambios relacionados con la movilidad y la actividad comercial. “Son fenómenos que son muy locales y que terminan arrastrando a la sociología del barrio”, sostiene.

Ahora esa capacidad de organización se desarrolla en un contexto diferente. Espejo considera que la última oleada migratoria ha coincidido con una debilitación de algunos recursos de los servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia, un repunte del sinhogarismo y el auge de la ultraderecha.

“Todo eso ha convertido al barrio en un laboratorio de difusión de mensajes de odio. Pero también -y esa es nuestra parte- en un laboratorio de respuesta ciudadana, de convivencia, de democracia local y de esperanza”, afirma.

Con la apertura de los locales, “nuestra herramienta fundamental es la presencialidad”, dice Espejo. Frente a unas redes sociales que considera convertidas en una “maquinaria de confusión, desconfianza y miedo”, el colectivo apuesta por la posibilidad de encontrarse físicamente. “Encontrarte con el otro y hacer cosas juntos”, resume.

La Minerva es la expresión más concreta de esa apuesta. Cerca de 200 personas se han suscrito al proyecto, según Espejo. “Se ha llenado ya de actividades. Está que hierve esto”, resume Espejo.

Clases de español, karate feminista y un repair café

Las clases de español son una de las actividades con mayor demanda. Hay autodefensa y karate feminista. Dos veces al mes funciona un repair café, donde los vecinos llevan objetos estropeados para intentar repararlos juntos. Los martes se celebra un taller de poesía. También está 'Las Hacendosas', un encuentro de costura que no funciona tanto como un curso como un espacio para aprender unas de otras y, sobre todo, “juntarse a hablar y a echar la tarde”. Y hay un club de lectura sobre maternidades disidentes.

La Minerva sirve además para las reuniones de distintos colectivos. Allí se han encontrado personas procedentes de Mali y Costa de Marfil, el Sindicato de Vivienda, grupos de apoyo a Palestina y otras organizaciones sociales.

“Los vecinos y los colectivos que trabajan aquí, y la gente interesada en utilizar el espacio, tienen voz en su organización”, explica. Participan en los gastos, las normas de convivencia, la regulación de la actividad y los horarios.

La vivienda es uno de los principales puntos de conexión entre todas esas redes. El Sindicato de Vivienda de Murcia utiliza La Minerva para sus reuniones y asesorías colectivas. Cualquier vecino puede llevar allí un problema relacionado con el alquiler y buscar junto al resto posibles vías para afrontarlo. “La vivienda es una reivindicación fundamental en el barrio”, afirma Espejo.

El funcionamiento colectivo permite que alguien que llega con un problema no tenga que afrontarlo en solitario. El conocimiento acumulado por el grupo sirve para estudiar las posibilidades legales, negociar con un propietario o buscar alternativas ante un desahucio.

Toñi Rojo, trabajadora social de 31 años y miembro del sindicato, insiste en que quien acude a una asesoría no se convierte en usuario de un servicio: “No somos una ONG, no somos una entidad, no somos trabajadoras sociales. Tienes que hacerte partícipe de tu propio caso y se gestiona de forma colectiva”. En las asesorías, las vecinas que ya han pasado por una situación parecida cuentan cómo la resolvieron, y cuando varias personas comparten casero, como ocurre en algunos bloques con un único propietario, se ponen en contacto entre ellas. “Se trata de darle autonomía y herramientas a la gente para que pueda resolver sus propios casos y de colectivizar ese saber porque muchas situaciones se dan por falta de información o de recursos”, explica.

Jorge Molina, de 37 años, trabaja en administración y es uno de los portavoces del sindicato. Los problemas que llegan a las asesorías se repiten y uno de los más frecuentes es la negativa a devolver la fianza, “una práctica que han cogido”. Rojo añade los contratos de temporada que se renuevan año tras año para viviendas que en realidad son permanentes, los pisos sin contrato y los propietarios que impiden empadronarse porque no tienen la vivienda declarada. “Muchas veces el propietario se aprovecha del desconocimiento de una persona que no tiene estudios o que viene de otro país para poner cualquier cosa en el contrato, y nos encontramos con contratos ilegales”, explica. La mayoría de los casos, añade, tienen que ver con multipropietarios; muy pocos, con caseros que alquilan una única vivienda.

El sindicato llegó a La Minerva después de dos años celebrando asambleas allí donde les prestaban un espacio, en distintos barrios de la ciudad y con frecuencia en el local de la CGT, también en El Carmen. “Al final, nuestro epicentro ha sido el barrio del Carmen, que es un barrio con una situación de vivienda muy conflictiva”, explica Rojo.

La organización surgió en octubre de 2024 del entorno del Ateneo La Canalla, una asociación anarquista de Murcia, aunque después siguió su propio camino, y su punto de partida fue una concentración por la vivienda en la plaza de la Merced que reunió a mucha gente. “Nació de esa necesidad: la gente necesitaba un espacio donde hablar de sus situaciones, juntarse y trabajar sobre el tema”, recuerda Rojo. De aquella concentración salió una pequeña asamblea que dedicó sus primeros meses a fijar unas bases políticas, una estructura de comisiones y unos objetivos a medio y largo plazo.

Sin una vivienda estable no hay barrio

Molina fue uno de los organizadores de aquellas primeras movilizaciones. Cuenta que veían cómo surgían sindicatos de inquilinas en otras ciudades del país y que consideraban “imprescindible” que Murcia tuviera una organización capaz de “hacer frente a los intereses de los rentistas y los especuladores”. En la ciudad ya existía la PAH, con la que mantienen una “relación estrecha”, pero se había centrado en el problema hipotecario de la anterior crisis.

Para Rojo, sin una vivienda estable no hay barrio posible: “Si me tengo que estar mudando cada seis meses porque tengo un contrato temporal, ¿para qué voy a conocer a mis vecinas si me voy a ir?”. El efecto alcanza también a quienes se quedan porque “la persona que lleva 50 años en ese bloque ve que cada año pasan vecinas nuevas”.

Según Molina, la transformación de El Carmen se aprecia en “los locales comerciales que se están convirtiendo en vivienda o infravivienda”, muchos sin cédula de habitabilidad y algunos sin ventanas ni ventilación. El sindicato observa el mismo proceso, más lento que en ciudades como Málaga, en La Paz y la Fama, donde se multiplican los desahucios y los fondos compran pisos uno a uno para hacerse después con bloques enteros. “Son barrios que están muy cerca del centro y que, a la vez, están muy lejos”.

Esa presión cae con más fuerza sobre la población migrante, la misma a la que señalan los discursos sobre la inseguridad, y ‘El racismo también desahucia’ es una de las consignas del sindicato. Molina relata casos de propietarios que dividen sus viviendas en habitaciones y alquilan cada una a una familia a precio alto, y Rojo cuenta que cuatro mujeres con las que trabaja viven así. “Si vives en una habitación con seis personas no puedes integrarte, no puedes convivir porque no puedes traer a nadie a tu casa”, denuncia Rojo, que denuncia un “racismo inmobiliario” que afecta incluso a personas nacidas aquí con apellidos que no se identifican como españoles.  

La coordinadora del sindicato la forman hoy entre 20 y 25 personas voluntarias que compaginan la militancia con sus trabajos y cargas familiares. Rojo, que trabaja con mujeres migrantes en Molina de Segura, apunta que “dentro del tercer sector muchas veces la militancia no es posible porque estás atada de pies y manos, así que hay que llevarla afuera”.

“Si tenemos alguna esperanza de superar esta crisis y de recuperar formas de habitar las ciudades, es precisamente a través del asociacionismo, del sindicalismo de base y de las organizaciones de apoyo a la inquilina”, defiende Jose Daniel Espejo.

La integración es, en cualquier caso, uno de los retos que el propio colectivo reconoce. Isis admite que declararse antirracista no significa saber automáticamente cómo construir una convivencia intercultural: “Nosotras podemos ser antirracistas, pero creo que todavía nos falta mucho para tener códigos realmente de integración”, reconoce. Han creado un grupo de trabajo específico para aprender a hacerlo. La dificultad, explica, está en pasar de una posición de rechazo al racismo a construir herramientas concretas para convivir con personas que tienen experiencias y procedencias diferentes. “Cuando se trata de convivir, es que no sabemos hacerlo realmente”, explica.

“Islamización y pérdida del comercio local”

José Soler, jubilado de 66 años, preside la asociación Mi Barrio del Carmen, fundada en el verano de 2025 y que, según él, reúne a 500 personas en su grupo de WhatsApp y a 28.000 seguidores en redes, donde constantemente publica vídeos de peleas, hurtos o personas sin hogar en el barrio grabados por vecinos. Soler fue vocal de Vox en la Junta Municipal del Carmen, pero niega cualquier vínculo con el partido y asegura que le expulsaron precisamente por defender la neutralidad de la asociación: “Vox quiso quedarse con la sede y a mí me echaron de Vox por la asociación”. Afirma que entre sus miembros hay votantes de todos los partidos y que en el grupo está prohibido usar la palabra “moro”.

Soler también rechaza que la asociación vincule la inseguridad con la inmigración -“los delincuentes son los delincuentes y la gente de cada nacionalidad es su nacionalidad”-, aunque distingue entre los inmigrantes que llegaron hace años y los que han llegado “últimamente”, que en su opinión “no vienen a trabajar”. Preguntado por datos, responde que muchos vecinos no denuncian: “Las estadísticas están ahí, pero la realidad está en la calle”.

Por su parte, el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia Fernando Sánchez-Parra también ha contribuido a difundir este tipo de discursos a través de vídeos dramatizados en sus redes sociales. En uno de ellos recorre el barrio de El Carmen mientras aparecen rótulos como “islamización y pérdida del comercio local”. La cámara se detiene ante el Café Al Baraka, en la esquina de la calle San Marcos, mientras el edil plantea a sus seguidores si “tu barrio también ha cambiado”. En otro momento, señala la apertura de una oficina de abogados especializada en extranjería, a la que acusa de colaborar con “las mafias y las ONG de la inmigración ilegal”, y contrapone el cierre de comercios tradicionales con la apertura de establecimientos que, según afirma, “los españoles ni usamos”. El vídeo remata con un “menos halal y más producto local”.

El discurso coincide con el que el concejal ha trasladado al debate municipal sobre El Carmen, donde vincula los cambios comerciales y demográficos con la inmigración. El pasado junio, Sánchez-Parra fue denunciado por la Policía Local tras un incidente en una zona de ocio de Murcia, cuando un aparcacoches de origen argelino aseguró que el edil le había amenazado con un espray de pimienta. Los agentes le intervinieron el aerosol al comprobar que no estaba homologado para su uso en España. Sánchez-Parra reconoció que lo llevaba, aunque afirmó que desconocía su ilegalidad y negó haberlo utilizado contra el hombre.

A sus 80 años, Jesús no se rinde. Lleva casi una década buscando los restos de Gabriel Navarro López, el tío de su padre, fusilado en Caravaca en 1939. “La última de sus hijas murió hace seis meses, a los 93 años, y le prometí que mientras pudiera no me rendiría”, cuenta a elDiario.es Región de Murcia, visiblemente emocionado. Su objetivo es localizar sus restos y poner fin a una incertidumbre que ha atravesado varias generaciones de la familia. Gabriel, miembro del Frente Popular en la localidad, fue una de las víctimas de la represión franquista cuyo paradero sigue sin esclarecerse casi 90 años después de su muerte.

En esta búsqueda, Jesús cuenta con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia y del arqueólogo Miguel Mezquida, coordinador de la Asociación Científica ArqueoAntro, que participa en el procedimiento para investigar la zona, localizar la fosa y, si es posible, exhumar los restos.

“Queremos restituir la dignidad a la memoria de mi tío abuelo”, insiste Jesús. En estos años ha reunido documentación, ha tratado de contactar con familiares de otras víctimas y ha aportado una muestra genética para facilitar una posible identificación. “Nuestro ADN solo puede tener un 15% de coincidencias”, explica. Al ser su sobrino nieto paterno, “se analiza el cromosoma Y, cuya secuencia tiene que ser idéntica”, explica Marisol Schwab, antropóloga especialista en genética forense, colaboradora de ArqueoAntro e investigadora de la Universitat de València.

El camino, sin embargo, es largo. Todavía se desconoce la ubicación exacta de la fosa y hacen falta trabajos de prospección que permitan acotar dónde buscar. A la espera de que avance el procedimiento, Jesús teme que los plazos se alarguen aún más o que un cambio de Gobierno tras las elecciones termine bloqueando la investigación.

Una condena tras la Guerra Civil

Gabriel Navarro López, conocido como 'el Diente Teja', tenía 44 años cuando fue fusilado. Era alpargatero, estaba casado y pertenecía a la CNT y a la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Según Jesús, antes de la Guerra Civil no había tenido un perfil político destacado, pero el conflicto terminó llevándolo a la actividad política y al trabajo de abastecimiento de las tropas republicanas.

“El gran delito de Gabriel fue perder la guerra”, resume Jesús. Su compromiso con la República, según sostiene la familia, estuvo detrás de su condena. Aunque Jesús insiste en que las manos de su tío abuelo nunca estuvieron manchadas de sangre.

El investigador Vicente Juan Medrano Salamanca, autor del libro Consejos de guerra a mujeres. Condenadas en la Región de Murcia 1939-1944, ha estudiado las ejecuciones que se produjeron en la Región durante la posguerra. Según explica, en Caravaca fueron ejecutadas 44 personas tras el final de la contienda. Muchas fueron detenidas por su supuesta participación en el asalto al Castillo de la localidad durante la noche del 1 al 2 de octubre de 1936, cuando la fortaleza funcionaba como prisión y un grupo de personas asaltó el recinto, donde murieron once de los cuarenta presos. “Pero el testigo del fiscal fue en muchos casos el rumor público y aprovechando aquello se juzgó a mucha gente en el pueblo”.

Sin embargo, de acuerdo con Medrano, las declaraciones de Gabriel y de varios testigos apuntan a que no había participado en aquellos hechos. En ese momento, sostiene el investigador, cuentan que estaba hablando por teléfono con el gobernador civil de Murcia “para pedir el envío de fuerzas y tratar de evitar lo que finalmente ocurrió”.

La documentación consultada por Jesús recoge también valoraciones sobre la peligrosidad política de Gabriel para el nuevo régimen. En una nota a la que ha tenido acceso, el alcalde y el jefe local de Falange lo describían como un personaje “muy perjudicial para la nueva España”. Según relata, aquel señalamiento terminó de cerrar cualquier posibilidad de escapar a la condena.

Gabriel tuvo la oportunidad de emigrar, “pero no lo hizo porque pensaba que no corría peligro y no llegó a imaginarse que podía acabar fusilado”.

Una fosa que todavía no está localizada

Gabriel fue fusilado a las seis de la mañana del 20 de octubre de 1939, el mismo día en que el padre de Jesús cumplía veinte años. La familia tuvo que afrontar entonces las dificultades para enterrarlo. “Les pidieron un ataúd para enterrar a mi tío y unas tasas que tenían que pagar en el Ayuntamiento, pero no tenían un duro y tenían mucho miedo de acercarse a la casa consistorial por si había represalias”, relata Jesús.

Según su testimonio, consiguieron trasladar la caja en una borriquilla cuando ya había anochecido. El enterrador alumbraba los cadáveres con un farol para tratar de reconocerlos. La familia pudo localizar a Gabriel, pero, según la versión que ha llegado hasta Jesús, el cuerpo se quedó sin enterrar porque no se habían abonado las tasas municipales.

Décadas después, la familia sigue sin saber dónde están sus restos. Jesús cree que pudieron ser depositados en una zona del cementerio distinta de aquella en la que se produjeron los fusilamientos. Una tía que vivió aquellos días “acudía a dejar flores en uno de los posibles emplazamientos”. Un recuerdo que se ha convertido en una pista para la familia.

En 2019, cuando se cumplían 80 años de los fusilamientos, se celebró un homenaje en el cementerio de Caravaca. Fue entonces cuando Jesús decidió dar un nuevo impulso a la búsqueda. En 2022, el equipo arqueológico de ArqueoAntro visitó el recinto y documentó indicios que podrían ayudar a orientar los trabajos, entre ellos posibles impactos de proyectiles en las tapias y una esquina donde, según los testimonios, pudieron ser enterradas algunas de las víctimas.

“Se sabe que los fusilaron en la parte alta del cementerio, a la derecha, y es probable que los enterraran en una fosa en la parte izquierda”, explica Jesús. No obstante, la ubicación no está confirmada. Tampoco se sabe cuántas personas podrían encontrarse en ella ni si existe más de un enterramiento.

El siguiente paso pasa por realizar prospecciones y, si se confirma la ubicación, proceder a la excavación. Miguel Mezquida explica que en estos casos el trabajo se apoya en buena medida en la tradición oral y los testimonios familiares.

Una tramitación que puede prolongarse años

La búsqueda también depende de la financiación y de los trámites administrativos. Mercedes Nicolás, presidenta de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMHRM), explica que existen varias vías para impulsar una exhumación: a través del ayuntamiento correspondiente, mediante las subvenciones estatales canalizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias o con fondos del Ministerio destinados a las comunidades autónomas.

En el caso de Gabriel, finalmente se optó por presentar directamente la documentación ante el Ministerio competente en Memoria Democrática. El procedimiento requiere paciencia. “Suelen tardar cerca de año y medio”, indica.

Miguel Mezquida recibió el expediente de Gabriel en agosto, cuando la convocatoria de subvenciones para proyectos municipales ya estaba próxima. “No llegábamos a tiempo. Además, esta vía requería la intervención del Ayuntamiento y la alternativa fue acudir directamente al Ministerio”, explica el arqueólogo. Incluso si el procedimiento avanza sin contratiempos, la familia tendrá que esperar. “Si todo fuese bien, podría estar a finales de 2027 o principios de 2028”, calcula.

A los plazos administrativos se suma la incertidumbre política. Jesús teme que un cambio de Gobierno tras las elecciones pueda paralizar o ralentizar los trabajos y dejar de nuevo la búsqueda en suspenso.

Una preocupación que se enmarca en las críticas de los colectivos memorialistas por la falta de impulso institucional a las exhumaciones en la Región. De hecho, Murcia se encuentra entre los territorios con menor actividad exhumadora registrada en las últimas décadas. Mezquida sostiene que en Murcia no se han desarrollado exhumaciones científicas en el marco de las políticas actuales de memoria democrática y apunta a la falta de una ley autonómica específica, de recursos estables y de un banco regional de ADN como obstáculos para avanzar en la localización e identificación de las víctimas.

De la mano de la Federación, Mezquida participó en la elaboración del Catálogo de Fosas de la Región de Murcia, un proyecto destinado a documentar los enterramientos y las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista. Según explica, durante esos trabajos no identificaron fosas susceptibles de exhumación en las condiciones previstas para el catálogo. El arqueólogo apunta que, durante la dictadura, algunos restos fueron trasladados a panteones familiares, aunque en muchos casos no se identificaron con nombres y fotografías hasta la Transición.

La falta de intervenciones científicas recientes no significa que nunca se hayan realizado trabajos de recuperación de restos en la Región. Mezquida recuerda una intervención llevada a cabo en 1979 en el cementerio de Espinardo, en Murcia, donde se exhumaron cinco fosas. Se trata, no obstante, de un antecedente distinto de las investigaciones arqueológicas y forenses que se reclaman actualmente para localizar, recuperar e identificar a las víctimas.

“Siempre he dicho que, si los republicanos hubieran ganado la guerra, alguna plaza llevaría el nombre de mi tío abuelo Gabriel”, reflexiona Jesús en voz alta. “Todos los muertos de la parte de Franco están enterrados con subvenciones de todos los españoles y ahora nos dicen que no confrontemos, pero realmente no queremos confrontación, solo queremos dignidad y paz”, sostiene.

“Nos encontramos como los días posteriores al fallecimiento de nuestros familiares”. Jairo perdió a su hija y su yerno en el incendio de las discotecas de Las Atalayas, en Murcia. Tres años después sigue reviviendo el dolor de aquella noche: “Sigue siendo igual de doloroso”. La madre de su hija está “psicológicamente destrozada, anulada”, ha añadido en las puertas de la Ciudad de la Justicia este jueves, cuando se cumple el tercer aniversario de aquella fatídica madrugada.

Era domingo, 1 de octubre de 2023. La fiesta todavía no había terminado cuando el fuego comenzó a propagarse por los locales de Teatre y Fonda Milagros. Eran las seis de la mañana. En apenas unos minutos, la madrugada se convirtió en una tragedia en la que perdieron la vida trece personas.

Tres años después, la herida sigue abierta en las familias de las víctimas, que afrontan de nuevo el aniversario sin cerrar el capítulo judicial. Para recordar a sus seres queridos y reclamar que se depuren todas las responsabilidades, se han concentrado este jueves a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Murcia. Allí, mientras el procedimiento avanza hacia el juicio oral, los familiares siguen reclamando respuestas.

Sin poder reprimir la emoción, Jairo insiste en que mantienen la esperanza de que quienes tengan responsabilidad respondan ante la justicia. “El Ayuntamiento de Murcia es el principal responsable de lo que ha pasado”, sostiene. A su juicio, era el consistorio la administración que debía encargarse de establecer y hacer cumplir las normas de seguridad, aunque también señala a los propietarios de las discotecas por las infracciones cometidas.

“No había forma de escapar de allí”

“No había forma de escapar de allí”, relata. Según explica, sus familiares “perdieron la vida sin la mínima posibilidad de salir”. Jairo subraya que no cree que existiera una intención de causar la muerte de nadie: “No existía esa intención, pero se quebrantaron las normas”, afirma.

La investigación ha puesto el foco en las condiciones de seguridad de los establecimientos. Las salidas de emergencia no eran operativas, los recorridos de evacuación superaban las distancias permitidas y la falta de una adecuada sectorización entre ambos locales favoreció la propagación de las llamas. A todo ello se sumó el la máquina de efectos de fuego frío utilizada durante la fiesta.

Una instrucción “muy compleja”

El procedimiento ha avanzado durante estos tres años, aunque todavía no hay fecha para la celebración del juicio. Rosa Egea, abogada de seis supervivientes y familiar de una de las víctimas, destaca que la instrucción ha sido “muy compleja” y que ya ha concluido. Existe auto de apertura de juicio oral contra siete personas y ahora se está a la espera de los escritos de defensa y de que las actuaciones sean remitidas a la Audiencia Provincial.

Será entonces cuando el procedimiento llegue al tribunal encargado de examinar las pruebas. “Queremos que los supervivientes sean escuchados y que Olga Lucrecia no conste solo como fallecida”, explica Egea. Se refiere a Olga Lucrecia Nieto, conocida como Lula, cuya condición de trabajadora del establecimiento ha requerido una investigación específica. Egea explica que demostrar que Lula se encontraba trabajando aquella madrugada, pese a no estar dada de alta, ha supuesto un trabajo complejo.

También los familiares de Lula continúan reclamando respuestas. Ferney, esposo de la víctima, asegura que “seguimos igual” y lamenta que, tres años después, todavía no hayan recibido una solución. “Tenemos esperanza en que se haga justicia”, afirma. Sobre el reconocimiento de la situación laboral de Lula, destaca el trabajo de su abogada, que, según sus palabras, “ha peleado contra viento y marea” para demostrar que estaba trabajando en el local.

La causa alcanza al responsable de Fonda Milagros y a tres personas vinculadas a Teatre, el establecimiento en el que se originó el fuego. También tendrán que responder ante el tribunal el DJ que organizó la fiesta celebrada aquella noche, el propietario de la máquina de efectos de fuego frío utilizada durante el evento y el ingeniero relacionado con el proyecto de división de la nave.

“La familias buscan alivio”

El letrado Pedro López Graña, quien representa también a los familiares, resume su aspiración en la necesidad de cerrar judicialmente el episodio y encontrar una explicación. “Las familias lo que buscan es un alivio”, afirma.

Aquella noche, Teatre celebraba la fiesta 'We are remember', mientras Fonda Milagros recibía a su público habitual. Todas las víctimas eran de nacionalidad colombiana, ecuatoriana o nicaragüense. Fonda Milagros se había convertido en uno de los locales preferidos por el público latino de la capital murciana.

En la práctica, ambos establecimientos funcionaban como una única unidad operativa pese a contar con titularidades diferenciadas. Compartían instalaciones, personal, sistema eléctrico y climatización. El recinto había sido concebido inicialmente como una única discoteca de grandes dimensiones, pero terminó dividido en varios establecimientos. Trabajadores de la zona explicaron entonces que el propietario había optado por dividirlo en tres espacios “para que fuera más rentable”.

El incendio mostró las consecuencias de aquella configuración. El falso techo de Teatre ardió con rapidez y, según los testimonios recogidos durante la investigación, las llamas formaron una gran bola de fuego. En Fonda Milagros, la estructura que sostenía parte del local terminó desplomándose por completo.

“El verdadero responsable es el Ayuntamiento”

Durante años, la actividad de los locales había estado marcada por una situación de irregularidad administrativa. Es precisamente ahí donde las familias y sus abogados sitúan una de las principales cuestiones todavía pendientes. José Manuel Muñoz, abogado de tres familias, sostiene que la instrucción no ha abordado de forma suficiente la posible responsabilidad de la Administración. “El verdadero responsable es el Ayuntamiento y no está”, afirma.

Muñoz considera que la tragedia no puede desvincularse del funcionamiento de los mecanismos de control. “Cualquier actividad necesita un control eficiente. La dejadez y la permisividad han tenido como resultado final la muerte de 13 personas”, sostiene. A su juicio, el procedimiento debería permitir determinar también qué ocurrió con las actuaciones administrativas previas al incendio.

López Graña coincide en señalar que la posible responsabilidad del Ayuntamiento y de funcionarios municipales constituye una parte todavía abierta del caso: “Hay una querella pendiente de resolución en la que se plantea una posible prevaricación”, apunta.

López Graña sostiene que el Ayuntamiento actuó inicialmente con regulación, inspecciones y actas y que en enero de 2022 se acordó el cese de la actividad de las discotecas. Sin embargo, “falló la ejecución de la orden de cese”.

La jueza, no obstante, ha decidido excluir al consistorio de la responsabilidad civil subsidiaria en esta fase. El auto considera que no se dan las condiciones previstas en el Código Penal para atribuirle esa responsabilidad dentro del procedimiento. La resolución mantiene además en libertad a los siete acusados y descarta, por ahora, medidas como la retirada de los pasaportes o la prohibición de abandonar España.

Mientras el procedimiento sigue su curso, las familias afrontan un nuevo aniversario sin respuestas definitivas. “La memoria es muy corta y para la Administración mucho más”, lamenta Muñoz, que reclama que lo ocurrido sirva para revisar los mecanismos de control y seguridad.

La Consejería de Educación murciana ha movido ficha y ha decidido dejar sin efecto de manera cautelar el límite de 19 años que bloqueaba a los alumnos con discapacidad para acceder a programas de Formación Profesional. Esta medida permite reabrir durante este curso el proceso de matrícula para todos los estudiantes afectados.

El consejero de Educación, Víctor Marín, ha apuntado que la Comunidad lleva diez meses requiriendo una aclaración al Ministerio de Educación sobre la normativa. Según ha explicado, las respuestas contienen criterios contradictorios, lo que ha llevado a la Consejería a actuar sin esperar a una nueva resolución.

Por su parte, la Delegación del Gobierno sostiene que la normativa estatal no establece un límite general de edad para que las personas con necesidades educativas especiales continúen formándose.

La decisión llega después de que el PSOE en la Región plantease hace diez días una moción en la Asamblea Regional para urgir a la eliminación del límite de edad y la consiguiente apertura de un nuevo periodo de matrícula para los estudiantes que se habían quedado fuera de los programas.

El reciente caso de Alejandro, que quiere estudiar Actividades Auxiliares de Comercio en el IES José Luis Castillo-Puche, ha vuelto a poner estas últimas semanas el foco sobre el límite de edad para acceder a los programas de Formación Profesional. Aunque el joven de Yecla se ha convertido en la cara visible de esta situación, no es un caso aislado. Otras familias de la Región ya se han encontrado con el mismo impedimento cuando sus hijos han tratado de continuar su formación más allá de los 19 años.

El colectivo Galactyco ha denunciado la agresión “homófoba” que sufrió este jueves un joven de 28 años en las inmediaciones del estadio Cartagonova, en Cartagena. Los hechos ocurrieron alrededor de las 22.00 horas, ha concretado la asociación, cuando la víctima se dirigía al campamento de las fiestas de Carthagineses y Romanos.

Según el relato del joven, todo comenzó cuando un grupo de personas empezó a increparle por llevar un bolso. Los agresores se lo habrían intentado arrebatar y, posteriormente, comenzaron a insultarle con expresiones de carácter homófobo y al grito de “maricón”. A continuación, se incorporaron al ataque otras personas de mayor edad, hasta reunir a cinco individuos.

La víctima asegura que fue abatida y golpeada por el grupo, sufriendo una herida en la cara y numerosos hematomas, entre ellos uno en la zona del ojo, según recoge Galactyco. Finalmente consiguió escapar y llegar hasta el recinto festero, donde fue atendido por efectivos de Protección Civil. Debido a la gravedad de la herida en el rostro, necesitó varios puntos de sutura.

Tras recibir asistencia, el joven acompañó a agentes de la Policía en un intento de localizar a los presuntos autores de la agresión, aunque la búsqueda no permitió identificarlos.

“Desde el colectivo Galactyco queremos denunciar que los discursos de odio que se producen en nuestra sociedad, especialmente los producidos en Cartagena por personas que ocupaban cargos institucionales, hacen creer a los homófobos con libertad para poder atacar a personas que no visten como a ellos les gustaría. En este caso solicitamos una actuación de oficio de la fiscalía para hacer frente a un delito de odio como este”, ha reclamado el presidente del colectivo, Miguel Ángel Casanova.

La ilusión de Alejandro es seguir estudiando. Tiene 20 años, es de Yecla y había depositado sus esperanzas en la Formación Profesional para continuar aprendiendo y avanzar hacia una vida más autónoma. Este curso, sin embargo, no ha podido formalizar su matrícula. La Consejería murciana de Educación ha rechazado su admisión porque supera los 19 años establecidos en la convocatoria murciana. La decisión ha dejado a su familia preguntándose cómo puede quedarse fuera del sistema un joven por el simple hecho de cumplir años. Tras haber cursado Almacén, quiere estudiar Actividades Auxiliares de Comercio en el IES José Luis Castillo-Puche, cuyos informes respaldan que Alejandro continúe en un programa de formación.

El caso de Alejandro no es una excepción. En 2025, Leyre Sofía Fuster, una joven de 19 años con síndrome de Down, tampoco pudo continuar formándose tras completar un ciclo de FP adaptado de Ofimática en el IES Miguel Espinosa de Murcia. Sus padres denunciaron que la Consejería de Educación le impedía matricularse en otro programa adaptado de Administración Básica debido a su edad. Sus padres presentaron un recurso de alzada para reclamar una revisión de la normativa y poder garantizar la continuidad de sus estudios, cuenta su padre, Antonio Fuster.

Antonio agotó también un recurso de reposición. “Solo me quedaba la vía del contencioso administrativo”, se lamenta. Leyre “sufrió una decepción enorme, no le dieron la oportunidad de seguir formándose cuando sí que existía esa posibilidad”. Antonio se pregunta por qué a las personas con discapacidad se las limita a los 19 años para acceder a esta modalidad de FP, “cuando a las personas procedentes de familias desestructuradas se les permite continuar con el mismo procedimiento hasta los 21 años”. “Es un agravio comparativo”.

El consejero de Educación, Víctor Marín, ha defendido que la restricción de acceso se debe a “un criterio interpretativo” del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional: “Estamos ante un paripé, porque es el Gobierno de la Región de Murcia el que detecta primero este problema y lo pone en conocimiento del Ministerio, subrayando el perjuicio que puede suponer para los alumnos y las familias el tener limitado este acceso por una edad máxima”, ha defendido.

Sin embargo, la ordenación del Sistema de Formación Profesiona a nivel estatal no limita de ninguna manera la edad de acceso al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE). El texto solo pone coto a la permanencia de los alumnos en estos programas, que limita en unos 21 años: “En las ofertas de formación profesional bajo esta modalidad en el sistema educativo, las personas escolarizadas en centros ordinarios o en centros de educación especial podrán permanecer, al menos, hasta los 21 años cumplidos en el año natural en que finalice el curso”.

Se trata de unos tiempos que, además, pueden ser prorrogables: “[Un] plazo que podrá ser excepcionalmente ampliado por un año cuando el equipo docente considere que dicha ampliación hará posible la consecución de los resultados de aprendizaje”.

La restricción que limita la edad de matriculación de los jóvenes con Necesidades Educativas Especiales es de la Consejería de Educación de la Región de Murcia. En concreto, en su resolución de matriculación de FP para el curso 2026/2027: “Los destinatarios de los Programas Formativos Profesionales de la modalidad Especial serán jóvenes con necesidades educativas especiales que tengan un nivel de autonomía personal y social que les permita acceder a un puesto de trabajo. Podrán incorporarse a estos programas alumnos de entre 15 y 19 años, cumplidos en el año natural de incorporación”. En otras palabras, el texto limita el acceso a aquellos alumnos que tengan más de 19 años en el año de inicio del curso formativo.

Curiosamente, la orden de matriculación para el curso 2024/2025 difiere de la de 2025/2026 y de la actual. Con el mismo Real Decreto del Ministerio de Educación en vigor, en el curso 2024/2025 la Consejería sí que interpretó que los alumnos de más de 19 años podían matricularse en FP: “Podrán incorporarse a estos programas alumnos de entre 15 y 21 años, cumplidos en el año natural de incorporación”.

Todo apunta a que la Comunidad Autónoma calculó los años que un alumno debería tener a la hora de matricularse para poder graduarse a los 21 (que estableció en 19) e interpretó que esta era la edad máxima legal en la que un alumno con Necesidades Educativas Especiales puede matricularse en FP. Una teoría que se confirma en un escrito de consulta que la Consejería envió el pasado año al Ministerio: “Dicho artículo [el del Real Decreto] establece una limitación de edad de permanencia hasta los 21 años y, en consecuencia, de acceso, dependiendo de la duración de estas enseñanzas”.

Esta orden no solo añade restricciones que no figuran en el Real Decreto, también es más restrictiva que la orden de la propia Consejería tras la publicación de la ley estatal, que toma como modelo: “La edad máxima en la modalidad Especial en centros ordinarios o en centros de educación especial será la establecida en el artículo 35 del Real Decreto n.º 659/2023, de 18 de julio”.

En declaraciones a medios, Víctor Marín ha asegurado que la Región de Murcia comparte la misma interpretación del Real Decreto que el resto de las Comunidades autónomas y Ceuta y Melilla: “Siguiendo un criterio interpretativo del Real Decreto nacional queda compartido por la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y por Ceuta y Melilla, donde el Ministerio tiene competencias en educación”.

Lo cierto es que La Rioja es la única autonomía que, junto a la Región de Murcia, limita también la edad. En su orden de matriculación establece que, para poder acceder a FP, los alumnos deberán “tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso y no superar los dieciocho años en el momento de acceso ni durante el año natural en curso”.

En el caso de Ceuta y Melilla, el consejero de Educación murciano argumentó que solo se bareman a los alumnos de entre 15 y 19 años. Lo cierto es que la normativa ceutí y melillense establece lo mismo que el Real Decreto, que “en las ofertas de formación profesional bajo esta modalidad, las personas escolarizadas en centros ordinarios o en centros de educación especial podrán permanecer, al menos, hasta los 21 años cumplidos en el año natural en que finalice el curso”. Plazo que, de nuevo, “podrá ser excepcionalmente ampliado por un año cuando el equipo docente considere”. La baremación a la que se refiere Marín simplemente da puntos a los alumnos de edades comprendidas entre los 15 y 19 para priorizar su acceso.

Dos comunicaciones que no se contradicen

Unas informaciones que se difundieron el pasado miércoles es que el Ministerio de Educación envió dos comunicaciones a la Región de Murcia sobre la normativa de FP a la Región de Murcia totalmente contradictorias. El caso es que ninguna de estas dos misivas avalan el límite de la edad de matriculación establecido por la Consejería, e inciden en la normativa estatal.

La primera misiva llegó del director general de Gestión y Planificación Educativa del Ministerio, una carta de colaboración en el que se le recordaba a la Comunidad Autónoma el contenido del Real Decreto Estatal. También apunta a la contradicción entre la orden de la Consejería tras la publicación del Real Decreto y la orden de matriculación: “Se aprecia, por tanto, una discrepancia entre la resolución analizada y el régimen jurídico vigente. Al establecer dicho límite de edad máxima de acceso, la resolución introduce una restricción no contemplada ni en su propia norma autonómica ni en la legislación básica estatal”.

Más tarde llegó una respuesta de la Secretaría General de Formación Profesional del Ministerio a la consulta que envió la consejería de Educación el pasado año: “La previsión contenida en el artículo 35.3 del Real Decreto 659/2023 se refiere específicamente a la permanencia en determinadas ofertas de formación profesional desarrolladas en el sistema educativo bajo esta modalidad, sin que de ello pueda deducirse una limitación general de la continuidad formativa de las personas con necesidades educativas especiales dentro del Sistema de Formación Profesional una vez alcanzada dicha edad”, ha explicado la Secretaría General.

“Los dos escritos que ha enviado el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a la Consejería son complementarios y se ajustan a la normativa vigente”, ha insistido fuentes de la Delegación del Gobierno a este diario.

“No debería haber límite de edad”

“Realmente no debería haber ningún límite de edad”, opina Pablo García, presidente de la Asociación Kapaces, que trabaja en Yecla para facilitar la inclusión social de las personas con diversidad funcional. “En la Región de Murcia hay más personas afectadas por esta problemática, en la que llevamos implicados tiempo para poder resolverla; es muy injusto”, apunta mientras que lo califica de “discriminación”.

Pablo García insiste en que imponer límites de edad es “restar oportunidades a estas personas de formarse en un oficio con sus adaptaciones para gente con autismo, síndrome de Down, asperger o daño cerebral adquirido, por ejemplo”.

En cuanto al “tira y afloja” de las administraciones, apunta, “es lamentable porque estamos hablando de personas, y la Consejería debería admitir que es una interpretación errónea y discriminatoria”.

Si en otras comunidades no tienen estos límites, reflexiona, “por qué la Región responsabiliza al Estado”. Limitar el acceso a los 19 años, señala, es “casi lo mismo que quitarles la oportunidad de seguir formándose porque a estas personas les cuesta más aprobar un curso y suelen repetir; así que lo tendrán que solucionar”. Para el presidente de Kapaces, “la legislación estatal debería eliminar el límite de edad y a nivel regional que son quienes tienen la competencia en Educación deberían velar por los ciudadanos más vulnerables”.

Con este tipo de formaciones, además, “los chicos hacen prácticas, se les da visibilidad y ayuda a que los empresarios pierdan el miedo que todavía hay a veces para contratarles”. Por eso, “si queremos que las personas con diversidad funcional tengan un trabajo lo más independiente posible, no podemos fallarles en la formación”.

Pablo García confía en que se pueda resolver el conflicto: “Tanto desde la Delegación como el consejero nos han comunicado que van a poner de su parte para que se solucione”.

Lo que arrancó en marzo como una disputa interna para controlar el grupo parlamentario de Vox en la Asamblea Regional de Murcia ha terminado en una investigación judicial por la posible comisión de un delito de falsificación documental. El Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena ha citado como investigados a dos personas vinculadas al grupo parlamentario de Vox, un asesor y la coordinadora, en relación con la documentación presentada para formalizar el relevo de José Ángel Antelo como portavoz. También ha sido llamada a declarar como testigo la diputada Virginia Martínez, que se desmarcó de aquella decisión.

El artículo 390 del Código Penal contempla para este delito penas de entre tres y seis años de prisión, multas de seis a 24 meses y la inhabilitación especial durante un periodo de dos a seis años.

“Siento que se haya tenido que llegar a esto; y siento que paguen justos por pecadores, ellos dicen que simplemente actuaban siguiendo órdenes de la cúpula pero está pasando en muchas partes de España y es una tristeza”, ha señalado José Ángel Antelo. “Ahora, que la justicia siga investigando y tome las decisiones que tenga que tomar, los hechos son incontestables”, ha valorado en declaraciones a este periódico. “Creo firmemente en la justicia, que separa la tiranía de la democracia y todos debemos estar bajo ese paraguas”, ha dicho.

Estas citaciones suponen un nuevo paso en un conflicto que se remonta al pasado mes de marzo, cuando Vox decidió sustituir a Antelo por Rubén Martínez Alpañez al frente del grupo parlamentario.

El problema surgió al trasladar aquella decisión a la Mesa de la Asamblea. El escrito formulado por Vox incorporaba el certificado digital del grupo parlamentario, cuya representación ante los órganos de la Cámara estaba vinculada a Antelo. El entonces portavoz denunció que su certificado había sido utilizado sin su autorización para tramitar su propia sustitución.

La Mesa decidió inicialmente no dar curso al escrito. Según explicó posteriormente, le había generado dudas sobre la utilización del certificado electrónico y tampoco quedaba acreditado suficientemente que los acuerdos internos del grupo hubieran sido adoptados con las formalidades exigibles.

La controversia no terminó con la decisión de la Mesa. Días después, el Parlamento acabó aceptando el traslado de Antelo al Grupo Mixto y reclamó a Vox que formalizara la nueva portavocía. Rubén Martínez Alpañez pasó a ocupar ese puesto.

De la denuncia política a los juzgados

Antelo decidió llevar el asunto a la Justicia. El 16 de julio acudió a los juzgados de Cartagena para ratificar la denuncia por la presunta falsificación de su firma, falsedad en documento oficial y usurpación de identidad.

El exdirigente de Vox sostuvo entonces que la utilización de su firma electrónica había permitido presentar un documento mediante el cual se solicitaba su propio cese. También señaló que había sido la letrada de la Asamblea Regional quien había advertido inicialmente de las irregularidades y había dejado constancia de ellas en un informe.

La investigación deberá determinar, entre otras cuestiones, quién realizó materialmente la presentación electrónica, qué certificado se utilizó, quién tenía autorización para emplearlo y bajo qué instrucciones se actuó.

Mario Pérez asumió por primera vez la alcaldía de Los Alcázares a los 29 años. Dos legislaturas después, afronta el último tramo de su mandato con “la misma ilusión”, pero “con mucha más experiencia”. El alcalde sitúa entre sus principales prioridades el futuro del Mar Menor, la protección frente a las inundaciones y la reclamación de un centro de salud 24 horas. Con la vista puesta en revalidar la alcaldía, hace balance de estos años al frente del Ayuntamiento, marca distancias con algunas decisiones del Gobierno regional y defiende que la recuperación del Mar Menor pasa, sobre todo, por actuar en el origen del problema.

Está ya en el último tramo de la legislatura, si tuviera que hacer balance hoy, ¿cuál considera que ha sido el principal logro de su Gobierno y cuál es la gran asignatura pendiente que quiere dejar resuelta antes de las elecciones?

La gran asignatura pendiente es convencer a la Comunidad Autónoma de que un centro de salud 24 horas no es un lujo, sino un derecho y una necesidad imperiosa para Los Alcázares. Hemos crecido en servicios y esta ha sido una legislatura en la que se están empezando a materializar algunos grandes proyectos que ya se venían trabajando también durante la pasada legislatura, como el nuevo cuartel de la Guardia Civil, la financiación para el teatro municipal, el desbloqueo de la construcción del centro de mayores o la puesta en marcha de la primera gran obra contra las inundaciones, la actuación en la avenida de Muñoz Zambudio, impulsada por el Gobierno de España y que se encuentra en licitación.

¿Tiene decidido volver a presentarse a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales?

La Agrupación del PSOE en Los Alcázares cree en las primarias para elegir candidato. Iniciamos el procedimiento a principios de septiembre, presenté mi precandidatura y ya se ha ratificado. Estoy muy ilusionado. Sería mi tercera legislatura, con una experiencia acumulada que me permite agilizar trámites y abordar problemas que llevan tiempo bloqueados con mayor habilidad.

El proyecto que iniciamos hace ocho años tiene unos ejes muy claros. No se trata de cuatro años más, sino de seguir con nuestra línea de trabajo: nuestro lema es que lo que hemos logrado es solo el comienzo.

El municipio ha crecido mucho, pero queda trabajo por hacer en los barrios, en los servicios y para conseguir que los jóvenes puedan vivir aquí. También queremos que nuestros mayores tengan su centro de día, que está prácticamente terminado, y una residencia.

Los Alcázares es uno de los principales municipios gobernados por el PSOE en una Región de Murcia ¿Cómo califica actualmente su relación con López Miras y su Gobierno? ¿En qué asuntos siente que el Ejecutivo regional ha escuchado al Ayuntamiento y en cuáles considera que le ha fallado?

Como alcalde, dejo las diferencias ideológicas a un lado. Me gusta más el papel institucional y creo que ellos deben jugar el mismo. Las relaciones son buenas en función de quién representa cada competencia. Con el Gobierno autonómico, por ejemplo, tenemos muy buena relación con la Dirección General de Aguas y con la Consejería de Educación. Eso ha permitido llevar a cabo la construcción de doce aulas del colegio Antonio Menárguez y la creación del nuevo colegio Bienvenido Conejero.

Con otros consejeros, por desgracia, la relación ha sido mucho más complicada. En Sanidad, hasta tres consejeros nos han dicho que nos escucharían para mejorar la situación sanitaria de Los Alcázares y no he recibido ni una llamada para decirme “no lo veo” o “hay que seguir pensándolo”; peor todavía, nos han invitado a desplazarnos a La Unión, que está a quince minutos. Lo que veo es que se gestionan arbitrariamente los recursos públicos y que se dan determinadas cosas a otros municipios con el mismo color político sin ningún argumento.

La Asamblea Regional acaba de aprobar la toma en consideración de la reforma de la Ley del Mar Menor impulsada por el PP. Entre otras cuestiones, plantea que la pérdida de determinadas ayudas por infracciones no sea automática, sino que se valore cada caso ¿Cree que esta reforma supone un retroceso en la protección del Mar Menor?

Precisamente, fui el único regidor del Mar Menor que estuvo presente en la Asamblea. Creo que esta reforma es un atentado contra el Mar Menor. Hasta ahora, las sanciones se aplicaban a quienes no cumplían la ley. Lo triste es ver que quienes representan al Mar Menor son los que están atacando al Mar Menor.

La ley se puede mejorar y es mejorable, pero de todos los aspectos que podrían haber abordado —como la simplificación administrativa o la puesta en marcha de todas las obligaciones que corresponden a la Comunidad Autónoma— han elegido una modificación que, a mi juicio, busca blindar a quienes no cumplen la ley.

Se ha dicho que no se rebajan las sanciones, sino que se actualizan. Es falso. Creo que es jugar con la inteligencia de los ciudadanos de la Región de Murcia. Si se quiere ayudar a la agricultura, que en estos tiempos se ha podido ver afectada por la imagen que se proyecta del sector, hay muchas formas de hacerlo. Lo fácil sería beneficiar a quien lo hace bien y castigar a quien lo hace mal. Se pueden hacer modificaciones tributarias o establecer ayudas para quienes cumplen.

La pregunta es: ¿con quién se han reunido para plantear esta modificación? Porque quienes incumplen son precisamente los que se benefician. Y eso me hace pensar que son los amigos del Gobierno de la Región de Murcia.

Este verano la laguna ha resistido sin episodios de anoxia o mortandad masiva, pero científicos y colectivos ambientales siguen advirtiendo de que no puede hablarse todavía de recuperación ¿En qué momento podremos decir realmente que el Mar Menor está recuperado y qué medida concreta falta por ejecutar?

Las medidas en origen no se han tomado. Cada vez que hay lluvias los arrastres son cuantiosos y llegan desde Murcia a través de las ramblas y los cauces. Hasta que no se tomen medidas para minimizar esos arrastres, el Mar Menor no va a mejorar.

En cuanto al acuífero cuaternario, es necesario retirar las aguas contaminadas que están debajo de nosotros para poder reutilizarlas para la agricultura. No hay una mejoría real cuando se habla de que el Mar Menor está estable. Es como cuando vas al médico, te ponen una máquina y estás monitorizado para comprobar tus constantes vitales: eso significa que estás estable, pero no que hayas mejorado.

Somos incapaces de ponernos de acuerdo todas las administraciones. Y lo que siento es que hay miedo a utilizar la ciencia para el Mar Menor. Incluso se ha visto la ciencia como una enemiga. Hay que tomar medidas piloto, seguir trabajando y no olvidar la mejora de nuestras playas mientras se soluciona el problema de origen. Vemos una regresión año tras año y no podemos olvidarnos de esa parte.

El Ministerio para la Transición Ecológica está impulsando actuaciones importantes en Los Alcázares, como el Cinturón Verde ¿Está satisfecho con el ritmo de ejecución? ¿Hay alguna actuación del Gobierno de España que considere prioritaria y que esté llegando demasiado tarde?

Soy consciente de que el Gobierno de España está tratando bien a nuestro municipio en cuanto a la protección del Mar Menor, pero un ciudadano no puede entender que sean necesarios cinco años para poner en marcha determinadas actuaciones.

Hoy tengo que decir que termina el plazo de la fase I de la actuación de la avenida de Muñoz Zambudio para la recuperación de la rambla y que esta semana, según nos han trasladado, habrá informes favorables para construir el primer filtro del Cinturón Verde. Pero, si me preguntas qué está pendiente, lo más importante es actuar en origen. No es posible que tengamos que limitarnos a retener el agua que llega desde Murcia.

Después de las inundaciones que ha sufrido el municipio y ante el riesgo de nuevos episodios de lluvias torrenciales, ¿puede garantizar a los vecinos que Los Alcázares está hoy mejor preparado que hace cuatro años?

Nunca diré que estamos seguros ante unas inundaciones. Hemos intentado minimizar el riesgo con obras y también con formación para que, en situaciones de crisis, los ciudadanos sepan cómo actuar. Eso evita riesgos innecesarios y es una de las partes en las que estamos trabajando.

También queremos dotar a Protección Civil de mayores recursos. La preparación pasa por las obras, pero también por la coordinación entre administraciones y ciudadanos, por estar preparados y por contar con material suficiente para los grupos de emergencias.

Cuando vuelva a producirse una DANA, ¿quién tiene hoy la responsabilidad principal de evitar que el agua vuelva a entrar en el casco urbano: Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, Confederación Hidrográfica o Gobierno central?

La responsabilidad tiene que ser compartida. Una DANA no entiende de competencias administrativas y las administraciones tampoco podemos actuar de forma aislada.

Usted ha reclamado una actuación coordinada para retirar los fangos acumulados en las playas ¿Por qué sigue sin existir una solución definitiva a este problema y quién está bloqueando, a su juicio, una actuación más rápida?

Es falta valentía. Las competencias están entre Costas y la Comunidad Autónoma y, sin los informes previos de una administración y de la otra, ninguna puede actuar. Hay demasiada desinformación y nosotros somos proactivos a la hora de tomar decisiones para mejorar nuestras playas. Una mejora de nuestras playas también mejoraría las del resto de municipios del Mar Menor. Yo tengo claro que equivocarse no es un error. El error es no haber actuado.

Cuatro grapas en la cabeza, una noche en vela y la tristeza de quien no entiende qué ha ocurrido. Es lo que le dejó a Hamza El Guenyari la tarde de este jueves. “Acababa de salir de trabajar, siempre quedo con mi mujer en un gimnasio de Mula aunque vivimos en un pueblo cercano, ella acude en autobús y nos vemos siempre en la parada, después vamos juntos a entrenar”, relata visiblemente emocionado sin poder aguantar las lágrimas este tetuaní, ingeniero informático, que lleva ya dos décadas residiendo en España.

Hamza y su mujer no llegaron al gimnasio. En la misma parada un hombre le rompió una botella de cerveza en la cabeza y de ahí Hamza tuvo que ser trasladado en ambulancia primero al centro de salud y después al hospital. Según la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, el hombre también le insultó y le amenazó con referencias a su origen marroquí y los conflictos con Ceuta y Melilla. “La denuncia es por lesiones, amenazas y un posible delito de odio”, puntualiza.

“Cogió la botella y me la estampó en la cabeza”, cuenta Hamza en conversación con elDiario.es. El joven explica que había detenido el coche con los cuatro intermitentes cuando llegó su mujer en autobús. En ese momento, el vehículo que estaba detrás comenzó a tocar el claxon. “Solo me detuve un momento para esperar a mi mujer, bajé para ayudarla y para pedirle disculpas a los ocupantes del vehículo, pero no hubo manera de dialogar”.

En el coche, según su relato, el conductor iba al volante y el acompañante bebía una cerveza. El copiloto comenzó a increparle. “Me dijo: ‘Muévete, hijo de puta’; me llamó también maricón y no quiso atender a mis disculpas”. Hamza asegura que trató de acercarse al hombre con una actitud tranquila, pensando que la discusión terminaría ahí. “Me acerqué en buena sintonía, en un afán relajado”, y en ese momento “me agredió”.

Al tocarse, Hamza comprobó que estaba sangrando. “No pidió disculpas, al contrario, siguió llamándome moro de mierda, hijo de puta”, increpándome “vete de mi país, vas a pagar por lo de Ceuta y Melilla”.

Su mujer, que acababa de bajar del autobús, presenció la agresión y llamó al 112. Según Hamza, cuando el agresor vio que estaba avisando a los servicios de emergencia intentó marcharse. En ese momento pasó un coche de la Policía Local y su mujer pidió a los agentes que se detuvieran: “Me dijo que si le detenían por mi culpa me iba a meter cuatro tiros; yo solo estaba centrado en la cantidad de sangre, que me había llegado hasta los calzoncillos y estaba asustadísimo”.

“Hasta las diez de la noche no llegamos a casa”, relata. Los sanitarios le recomendaron que se despertara cada tres horas durante la noche. “Hoy (por el viernes) me he levantado con vértigos, me han ajustado la medicación y me han dicho que permanezca atento a mi evolución en las próximas 48 horas”.

“Yo no quiero política, vengo a trabajar”

Hamza insiste en que no quiere convertir lo sucedido en una cuestión política. “Yo no quiero política. Vengo a trabajar”, afirma. “Soy ingeniero informático, soy articulista, colaboro con la Cadena SER; me encanta mi trabajo, me divierto mucho, he escrito varios libros”, enumera: “Vengo a sumar, no a restar; he trabajado sin parar para labrarme un futuro, para tener mi propia vivienda”.

“Llevo 20 años viviendo en España y siempre me han tratado bien; no puedo juzgar a todos, pero ha caído uno de la nada con toda la rabia que tiene”, se lamenta e insiste en que no se lo merece: “Llevo llorando desde ayer, lo que más me pesa es la sensación de impotencia que se te queda; siempre he tenido una sonrisa en la cara, hasta la agresión, es que me quedé en shock”.

Condena de CCOO

La denuncia de Hamza ha recibido el respaldo de CCOO Región de Murcia, que ha condenado la agresión y ha trasladado su solidaridad al joven y a su familia. El sindicato reclama que los hechos sean investigados y que, si se acreditan las circunstancias denunciadas, los responsables respondan ante la justicia.

CCOO considera especialmente grave que una persona sea insultada, amenazada o agredida por su origen y alerta de la normalización de discursos racistas y xenófobos. “Ninguna diferencia de origen, nacionalidad, cultura o religión puede convertirse en una excusa para el odio o la violencia”, sostiene.

El sindicato recuerda que más de 324.000 personas nacidas en el extranjero viven en la Región de Murcia, alrededor de una de cada cinco personas residentes en la comunidad. Además, unos 124.000 trabajadores extranjeros están afiliados a la Seguridad Social, aproximadamente el 17% del total de cotizantes.

CCOO reclama a los partidos políticos y representantes públicos que rechacen “sin matices” las expresiones racistas y xenófobas y que no contribuyan a alimentar prejuicios contra las personas migrantes.

El sindicato subraya que Hamza no es responsable de las decisiones de ningún Gobierno ni de ningún conflicto político. “Nadie debe pagar por aquello que no ha hecho”, señala CCOO, que hace un llamamiento a la sociedad murciana para no permanecer indiferente ante el racismo.

Los populares han conseguido la toma en consideración de su reforma de la Ley del Mar Menor en la Asamblea de la Región de Murcia. Y lo han hecho esquivando a Vox y uniendo fuerzas con José Ángel Antelo y Virginia Martínez, los dos exdiputados de Abascal que ahora forman, junto a los parlamentarios de Podemos, parte del Grupo Mixto. Las otras dos propuestas de modificación de la norma, la de Vox y la de Podemos, no han logrado reunir los apoyos suficientes.

La modificación abarca, tal y como define el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, “un punto de un artículo y una disposición adicional”. Aunque el portavoz insiste en que “lo que estaba prohibido va a seguir estando prohibido y lo que estaba permitido va a seguir estando permitido”, de aprobarse la modificación de la normativa vigente se rebajarán sanciones y condicionarán castigos a los infractores que contaminen la laguna salada: sustituye el régimen autonómico de sanciones sobre nitratos por el estatal, lo que en la práctica rebaja las horquillas de las multas; la comisión de infracciones graves o muy graves pasan de conllevar la pérdida automática del derecho a subvenciones públicas durante dos años a que esto solo sea una posibilidad; y elimina la obligación de que las explotaciones agrícolas y ganaderas contraten las Entidades Colaboradoras de la Administración Agraria (Ecarm) para las inspecciones.

Junto a la iniciativa de los populares, el Pleno someterá también a toma en consideración las propuestas registradas por Vox y por Podemos en el Grupo Mixto. La formación de Santiago Abascal plantea una reforma que, además de revisar las restricciones a la actividad agraria, excluye al municipio de Fuente Álamo de determinadas restricciones, “al no existir conexión entre su acuífero y el acuífero Cuaternario”. El Grupo Mixto, por su parte, ha registrado su propia propuesta de modificación de la ley para restringir la expansión de las macroplantas fotovoltaicas en la cuenca vertiente.

Contaminar sin perder la subvención

Uno de los cambios más controvertidos se ha logrado modificando una sola conjugación verbal. La reforma toca el artículo 83.4, que restringe el derecho a acceder a subvenciones públicas a los infractores. En el nuevo texto, se sustituye “conllevarán”, por “podrán conllevar”, lo que supone que la pérdida del derecho a subvenciones públicas durante dos años pase a ser tan solo una posibilidad, en lugar de una consecuencia automática. “Los infractores y no infractores van a competir en igualdad de condiciones para acceder a una subvención, ¿quién va a querer cumplir la ley si no tiene ninguna repercusión?”, plantea Carmina Fernández, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional de Murcia.

Para Podemos, el cambio deja esa decisión en manos de la Administración. “Dependerá del criterio de la Consejería”, sostiene su portavoz, María Marín. “Rebajan el régimen sancionador, que lo aplican los jueces, para así poder suavizar todo aquello que escapa del control del Gobierno regional y el Partido Popular”, abunda Fernández.

Por su parte, el portavoz de Vox en la Asamblea regional, Rubén Martínez Alpañez, cuestiona que la reforma no vaya más allá en la revisión de las consecuencias de las sanciones. A su juicio, que una infracción grave o muy grave tenga aparejadas restricciones sobre las ayudas es razonable, pero reclama que las mismas reglas se apliquen a todos los agricultores.

Rebaja de la horquilla sancionadora

En el año 2022, dos años después de que saliera adelante la Ley del Mar Menor, se aprobó la ley estatal 30/2022, por la que se regula el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas. En el texto, se establece un régimen sancionador en materia del uso sostenible de nutrientes en la agricultura. De aprobarse la modificación, se aplicará este marco general, pensado para la generalidad nacional y que no tiene en cuenta la vulnerabilidad de la laguna.

Se trata de otro de los puntos que cuestionan desde la oposición. Marín sostiene que la Ley 30/2022 no obliga a eliminar los regímenes específicos de las comunidades autónomas y cita el artículo 27.1 de la norma, que establece que el régimen estatal se aplicará “salvo en las comunidades autónomas que dispongan de régimen sancionador específico, en las que se aplicará dicho régimen”. La diputada considera que este precepto permite mantener el régimen sancionador específico de la Región de Murcia y cuestiona el argumento utilizado por el PP para modificarlo.

“Una situación de contaminación y de desequilibrio excepcional como tiene el Mar Menor, necesita una legislación excepcional, que es la Ley de Protección del Mar Menor. La laguna salada es el espacio más degradado que hay en todo el Mediterráneo y no podemos aplicarle las mismas sanciones que a otros sitios”, reclama Fernández.

“Existe el principio legal de no regresión ambiental, que indica que no se pueden dar pasos atrás en la protección de espacios naturales si no están justificados. Y en este caso está claro y a la vista está que no están en absoluto justificados”, recuerda la portavoz socialista.

Por otro lado, Alpañez coincide con los populares en que se debe equiparar el régimen sancionador de la laguna al estatal, argumentando que la normativa específica del Mar Menor se diseñó en un contexto de mayor deterioro de la laguna y que mantenerla para los agricultores del Campo de Cartagena supone un trato discriminatorio respecto al resto de productores de la Región. “Se está dando el mismo trato a todos los agricultores salvo a los del Campo de Cartagena”, afirma Alpañez, que califica esta situación de “apartheid”.

Eliminación de las Ecarm

Con la modificación el control de las explotaciones agrícolas y ganaderas a través de las Ecarm pasará de ser una obligación a una sugerencia, dado que el nuevo texto cambia “tendrán la obligación” por “podrán contratar”.

“Si ya era complicado la participación de las Ecarm en la gestión del Mar Menor, ahora las van a hacer absolutamente innecesarias”, lamenta Fernández.

Marín cuestiona igualmente la eliminación de la obligación de contratar las Ecarm y considera que supone perder una vía de control en un contexto en el que, a su juicio, los medios de inspección de la Administración son ya insuficientes.

Sobre las Ecarm, Vox respalda la eliminación de su obligatoriedad, aunque defiende que sea la propia Comunidad Autónoma la que asuma las labores de control. Alpañez califica de “disparate” que los agricultores tengan que contratar obligatoriamente a una empresa para verificar el cumplimiento de la normativa y considera que no deberían tener que “estar defendiendo permanentemente su inocencia”, por lo que, a su juicio, que dejen de ser obligatorias es “un paso importante”.

Vox: la modificación avanza sin el partido que la exigió

La iniciativa del PP tiene además un recorrido político particular. La reforma de la Ley del Mar Menor fue una de las exigencias que Vox incluyó en el acuerdo presupuestario alcanzado con el PP para 2025, una proposición que los populares presentaron en diciembre de ese año. Se concibió al dictado de los de Abascal, llegando a modificarse en febrero para incluir la eliminación de la obligatoriedad de las Ecarm y así contentarlos cuando Antelo aún estaba al frente de este partido.

Sin embargo, la propuesta que ahora impulsa el Gobierno regional no cuenta con el respaldo de Vox, sino con el de Antelo y Virginia Martínez, que abandonaron la formación poco después y se integraron al Grupo Mixto.

Casualmente, el día antes de que se presentase la proposición para modificar la Ley del Mar Menor, Antelo y Martínez se reunieron con la Fundación Ingenio, colectivo civil que asegura aglutinar al 85% de los agricultores del Campo de Cartagena. El pasado martes, vísperas del debate, se reunieron con más representantes del sector agroalimentario: “No estamos aquí para bloquear por bloquear ni para hacer ruido. Estamos para conseguir resultados. Mañana tenemos la oportunidad de empezar a corregir una injusticia histórica con el campo murciano y vamos a aprovecharla”, aseguraron.

Los cambios ya generaron una fuerte contestación cuando el PP registró su propuesta a finales de 2025. Organizaciones ecologistas y expertos en derecho ambiental alertaron entonces de que la rebaja del régimen sancionador podía vulnerar el principio de no regresión ambiental, que impide a las administraciones reducir sin una justificación suficiente el nivel de protección alcanzado para un espacio natural.

La reforma también encuentra una oposición frontal en la oposición parlamentaria. Marín considera que el Gobierno regional pretende rebajar las exigencias de una ley cuyos instrumentos fundamentales, a su juicio, todavía no se han desarrollado plenamente. “

“El Gobierno regional no la está cumpliendo [la Ley del Mar Menor] desde su aprobación”, afea la portavoz de los socialistas, que recuerda que el Ejecutivo regional todavía no ha elaborado un Plan de ordenación territorial de la cuenca vertiente, aprobado el programa de actuación de la contaminación por nitratos en el campo de Cartagena o un estudio de los puertos de la laguna salada.

La portavoz de Podemos acusa además al PP de actuar “al servicio de sus amos, el agro y la construcción” y sostiene que pretende “cargarse la protección, el mantenimiento, la restauración y el deber que tienen como Administración de conservación del medio ambiente”.

La diputada también endurece sus críticas al PP por el modo en que, según sostiene, está defendiendo la modificación. “Estoy muy cansada de que el PP intente usar la falta de conocimiento de todas estas cuestiones para hacer lo que le da la gana”.

La posición de Podemos choca también con la de los dos diputados cuyo apoyo permite al PP sacar adelante su iniciativa. Marín resta importancia a la postura de Antelo y Virginia Martínez y sostiene que habrían respaldado la reforma aunque el PP hubiera presentado otro tipo de modificación. “A mí la postura de Antelo y Martínez me trae sin cuidado”, afirma. La portavoz asegura que su partido ya advirtió en abril de una operación de transfuguismo vinculada a la aprobación de otras iniciativas del Gobierno regional. “Lo dijimos hace cuatro meses y se ha cumplido todo, desgraciadamente, todo al dedillo”, afirma. Marín acusa a ambos diputados de estar “vendidos al PP”.

La posición de Vox marca también una distancia clara con la de Antelo y Virginia Martínez, a quienes Alpañez acusa de tránsfugas: “Se han entregado a los brazos del PP y han dado carta blanca” al Gobierno regional.

Tres agentes de la Guardia Civil han resultado heridos este miércoles durante una intervención frente a la costa de Cabo Cope, en Águilas, en la que han sido detenidos los dos ocupantes de una embarcación vinculada presuntamente al traslado de migrantes y al suministro de combustible a otras pateras.

Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la lancha utilizada por los sospechosos trató de evitar la intervención policial y terminó chocando contra la embarcación semirrígida de los agentes. Uno de los guardias sufrió una herida en una pierna que requirió cinco puntos de sutura, mientras que otros dos, entre ellos el capitán al frente de la tripulación, sufrieron lesiones cervicales debido al impacto.

La embarcación interceptada llevaba dos motores fueraborda y una veintena de garrafas de gasolina, según ha informado el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas. La actuación formaba parte de un dispositivo en el que han participado medios marítimos, aéreos y terrestres, incluido un helicóptero.

La operación se encuentra judicializada y la Delegación del Gobierno no ha facilitado por el momento más detalles sobre las circunstancias concretas del choque. El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas Ayala, ha anunciado que ofrecerá información sobre el resultado de la intervención una vez finalicen las diligencias.

Más medios

La AUGC ha aprovechado el incidente para volver a reclamar más medios para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Según la asociación, los agentes se enfrentan en ocasiones a embarcaciones con mayor tamaño y potencia que las utilizadas para interceptarlas, una diferencia que, según la AUGC, incrementa el riesgo durante las persecuciones.

El episodio se produce pocos días después de otra intervención en aguas próximas a Cartagena. El lunes, los agentes localizaron una embarcación a unas 12 millas al sureste de Monte Cenizas después de que hubiese participado en el desembarco de 59 migrantes. En ese caso también fueron detenidos sus dos presuntos patrones.

La sucesión de operaciones se enmarca en el incremento de la actividad de estas embarcaciones en distintos puntos del litoral murciano durante las últimas semanas. Las autoridades han desplegado dispositivos de vigilancia para localizar tanto las pateras empleadas para trasladar migrantes como aquellas que, según las investigaciones, pueden actuar como apoyo logístico mediante el transporte de combustible.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reclamado al Gobierno central que dote a la Guardia Civil de más recursos para afrontar este tipo de actuaciones. Tras conocer las lesiones de los agentes, ha expresado su apoyo a los heridos y ha cuestionado la suficiencia de los medios disponibles para hacer frente a embarcaciones de gran potencia.

El 22 de mayo no cabía un alfiler en la sala de plenos del Ayuntamiento de Murcia. Más de 200 personas arroparon la toma de posesión de Rebeca Pérez como nueva alcaldesa, en un acto que sirvió también para escenificar el respaldo del Partido Popular a la sucesora del fallecido José Ballesta. Entre los asistentes estaban el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el secretario general del PP, Miguel Tellado, una representación de peso que llegaba después de que, apenas diez días antes, Alberto Núñez Feijóo hubiera viajado a Murcia tras el fallecimiento de Ballesta y coincidido con Pérez, entonces alcaldesa en funciones, y con López Miras.

La fotografía de aquel día y la presencia de Tellado en la investidura dibujaron el cierre de filas de las direcciones regional y nacional del PP en torno a la nueva alcaldesa.

“Más allá de su carácter simbólico, ese respaldo conjunto responde a una lógica claramente estratégica”, valora el politólogo Alberto Mora, director técnico del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) y profesor de Ciencia Política en la Universidad de Murcia (UMU). El objetivo, explica, era cerrar cuanto antes cualquier posible crisis de sucesión, despejar las dudas sobre el liderazgo y evitar que Pérez afronte las elecciones de 2027 bajo la sombra de la provisionalidad. Pero la operación trasciende el ámbito municipal: “Murcia es una plaza central para el PP, no solo en el ámbito regional, sino también en su estrategia nacional”, subraya Mora.

Con el respaldo del partido asegurado, Pérez afronta ahora el reto más complejo: dejar de ser la sucesora de Ballesta para construir un liderazgo propio. Para ello, apunta el analista, tendrá que demostrar capacidad de gestión y establecer un vínculo propio con la ciudadanía, también a través de una comunicación eficaz de esa gestión.

La propia alcaldesa sitúa su mandato en ese equilibrio entre continuidad y cambio. En el balance de sus primeros cien días, asegura que ha tratado de “preservar un legado” y una forma de entender Murcia que compartió durante años con Ballesta, pero también de “imprimir mi propia manera de gobernar”, basada, dice, en la cercanía, la escucha y la presencia en barrios y pedanías.

Pérez asegura que su llegada a la alcaldía ha supuesto una etapa de “aprender, escuchar y, sobre todo, trabajar”, pero evita presentar estos primeros meses como una ruptura con su antecesor. Su objetivo sostiene, es que el Ayuntamiento mantenga en marcha los grandes proyectos mientras ella imprime su propio estilo al Gobierno municipal.

El portavoz socialista del Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, descarta cualquier tipo de ambigüedad en el balance y aprecia en el Gobierno de Pérez “una continuidad en la política del anuncio que se ha hecho ya”. “Desde que está gobernando el PP hace 30 años no se ha hecho nada relevante en Murcia. Hacen grandes promesas, continuos proyectos que suponen cambios 'históricos' y luego publicitan que han cambiado cuatro farolas o que se han construido 20 metros de acera”.

Murcia sale mal parada al ser comparada con la evolución reciente de otras capitales de provincia cercanas como Almería, Granada o Alicante, a ojos de Ruiz Maciá. “Estamos hablando de que para el nuevo plan de ordenación están diciendo como objetivo terminar las costeras, que se tenían que haber finalizado hace 15 o 20 años. ¿Entonces, como el tranvía, como el transporte público? Hay una política de conformismo porque hay una política de anuncio, cartel y espectáculo, como la del árbol de navidad”, apunta el portavoz socialista, al tiempo que señala los problemas de limpieza que experimenta la ciudad y la situación de abandono en la que se encuentran muchos de sus colegios públicos.

Una nueva etapa en el Ayuntamiento

Una de las primeras decisiones que ha marcado esa nueva etapa ha sido el relevo de Mercedes Bernabé por Diego Avilés, concejal de Cultura e Identidad, como portavoz del grupo municipal. Mora considera que el cambio es relevante porque modifica la forma en la que el Ejecutivo municipal fija posición y responde a la oposición y ve en Avilés un perfil coherente con el tono que Pérez quiere imprimir a su mandato.

La alcaldesa confirma esa lectura, aunque evita presentar el relevo como una enmienda a la etapa anterior. Avilés, afirma, representa una “voz joven, preparada y muy vinculada a Murcia”, mientras que el cambio responde a la voluntad de “aprovechar al máximo las capacidades” del equipo en una “nueva etapa”.

Pérez reivindica además un tono de “cercanía, serenidad y diálogo” y asegura que se puede discrepar con firmeza “sin convertir la política municipal en una confrontación permanente”. Avilés, cofrade del Perdón desde su nacimiento hace 34 años, forma parte de la Ejecutiva del partido desde 2022 y ha destacado durante esta legislatura por su buen talante con el mundo de la cultura y el resto de grupos políticos.

La lectura que hace Ruiz Maciá de este movimiento político es que la regidora murciana quiere revitalizar el grupo municipal de cara a las próximas elecciones, darle continuidad a Avilés y “ponerlo más en el escenario”. “Pero más allá de eso, no creo que vaya a cambiar nada”.

En su primera intervención como portavoz del grupo municipal popular el pasado 19 de agosto, Avilés hizo una declaración de apoyo a los vecinos de Ceuta “ante la grave crisis migratoria y de seguridad que se ha generado en nuestro país”, mientras que la semana pasada hizo lo propio con la llegada en los últimos días de “centenares de inmigrantes ilegales” a las costas murcianas, hecho que llevó a López Miras a pedir la intervención del Ejército el pasado jueves.

La primera crisis importante de su Gobierno ha llegado, precisamente, en el terreno de la gestión interna, con el conflicto protagonizado por su primer teniente de alcalde, José Guillén, quien habría ordenado a trabajadores de la contrata de Parques y Jardines a acudir, en horario laboral, como público a una conferencia suya en las jornadas del Tour del Talento celebradas el 27 de mayo en el Auditorio Víctor Villegas. Para Mora, el episodio supone uno de los primeros focos de desgaste y una prueba de la capacidad de Pérez para gestionar los conflictos dentro de su propio equipo.

Su impacto electoral, sin embargo, todavía resulta difícil de medir. “A esta distancia de las elecciones, el caso Guillén difícilmente condicionará por sí solo el voto”, apunta el politólogo Alberto Mora. El riesgo aparecería si deja de percibirse como un episodio aislado y la oposición consigue integrarlo en un relato más amplio sobre el funcionamiento del Gobierno municipal.

Para el portavoz socialista municipal, la alcaldesa de Murcia se puso de perfil en aquel momento: “Sabe perfectamente de las irregularidades que se cometieron y que era algo totalmente reprochable”. “Seguimos teniendo una forma de gestionar lo público al servicio de lo privado. Nadie del equipo de gobierno ha intentado corregir lo ocurrido y, en cambio, se me ha reprobado a mí, pero ahí están los vídeos y los audios”.

Pérez, preguntada por si la gestión de su primer teniente de alcalde estuvo a la altura, evita entrar en una valoración política del conflicto. Asegura que se dieron “las explicaciones oportunas” y que su obligación como alcaldesa es conocer los hechos, escuchar las distintas versiones y actuar sobre esa base, “no según titulares ni exigencias políticas”.

Proyectos frente a la acusación de inmovilismo

El portavoz socialista, quien abandonó Podemos en febrero de 2023 y ha sido comparado con Zohran Mamdani por su estilo de comunicación en las redes sociales, también reivindica de forma contundente que Murcia necesita una adaptación a la nueva situación del clima. “El que no quiera ver que no se puede vivir durante casi cuatro meses al año, pues tenemos un problema muy serio”.

Más allá de las polémicas, Pérez quiere que su primer año quede asociado a la gestión. Frente a la acusación de “inmovilismo” que le atribuye el PSOE, la alcaldesa reivindica una Murcia “más preparada, más abierta y más conectada” y otra dimensión vinculada a la conservación del patrimonio y la identidad del municipio.

Entre las actuaciones que destaca están el nuevo modelo de transporte público, el protocolo para abordar los problemas de inundaciones, el Plan de Acción Integral para las pedanías, la recuperación del yacimiento de San Esteban y distintos proyectos de infraestructura verde. También sitúa como uno de los hitos de estos primeros meses la llegada a Murcia del nuevo centro tecnológico de Quantix.

Pérez cifra en 731,5 millones de euros la licitación del nuevo modelo de transporte público y en 40 millones la inversión prevista por Quantix, con 250 empleos altamente cualificados.

Ese será precisamente uno de los terrenos sobre los que se medirá su liderazgo en los próximos meses. Mora considera que el margen de error todavía existe, aunque se irá reduciendo a medida que avance el mandato. “Un gobierno puede salir airoso de varias polémicas si no afectan a cuestiones centrales para los ciudadanos o si logra corregirlas con rapidez”, señala.

El examen de 2027

La batalla electoral de 2027 se jugará, según Mora, en dos terrenos. Por un lado, el PP tendrá incentivos para nacionalizar la competencia y aprovechar la lógica de bloques y la confrontación con el Gobierno central, un terreno que moviliza con eficacia al electorado de la derecha. Pero esa estrategia puede convivir con otra operación en clave municipal: asociar a Pérez con “la cercanía, la capacidad de gestión y la estabilidad”.

El riesgo para los populares es que la nacionalización del debate termine reforzando también a Vox e intensificando la competencia dentro del espacio de la derecha.

La alcaldesa, mientras tanto, insiste en desmarcar su discurso de la cuenta atrás electoral. El respaldo público de Feijóo y López Miras a su candidatura para 2027 fue, reconoce, recibido con “emoción, humildad y una enorme responsabilidad”, pero considera que el verdadero respaldo tendrá que llegar de los ciudadanos: “Ese respaldo hay que ganárselo cada día en la calle y serán los murcianos quienes finalmente juzguen nuestro trabajo”.

La oposición parte de una situación más complicada, según Mora, por su menor visibilidad. Su reto no será únicamente conseguir que los electores conozcan a sus candidatos, sino asociarlos con un proyecto reconocible y con una expectativa creíble de gobierno.

Para el PSOE, además, existe el desafío de movilizar a un electorado que “viene mostrando más dificultades de activación”. Si la elección queda absorbida por la política nacional, los socialistas competirán “en un terreno menos favorable”. Si, por el contrario, consiguen municipalizarla y convertirla en una evaluación de la gestión y del futuro de la ciudad, tendrán “más margen para hacer competitiva la elección”.

Ahí quedará una de las principales incógnitas de estos primeros cien días: si Rebeca Pérez conseguirá convertir la sucesión de Ballesta en un proyecto político propio o si su mandato acabará siendo leído como una continuidad de la etapa anterior.

“Hablamos mucho de que somos el séptimo municipio de España, pero no tenemos los servicios ni la calidad de vida que le corresponden”, valora Ruiz Maciá.

La vuelta a las aulas en la Región de Murcia se acerca con temperaturas que siguen superando los 30 grados en algunos centros educativos y con un requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ha reclamado a la Consejería de Educación información sobre el estrés térmico en 23 centros además de que subsane las condiciones denunciadas en uno de ellos.

El organismo ha emitido un requerimiento a Educación después de que UGT pusiera en su conocimiento la situación del CEIP Santa María de Gracia de Murcia, donde las deficiencias de una instalación eléctrica antigua impiden utilizar con normalidad los equipos de climatización, según ha denunciado el sindicato. La Inspección ha instado a la Consejería a actuar y a cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Real Decreto 486/1997.

El caso llega a las puertas del nuevo curso: los docentes se incorporarán a los centros el 1 de septiembre y los alumnos comenzarán las clases el día 8.

UGT considera especialmente significativo que la normativa invocada por la Inspección lleve vigente casi tres décadas. “Hemos tenido tiempo de adaptar los centros educativos y el calor cada vez es más sofocante”, señala la responsable de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, Toñi Del Vas, que reclama un plan integral para abordar la situación.

La normativa establece, para los locales donde se desarrollan trabajos sedentarios propios de oficinas o similares, que la temperatura no debe superar los 27 grados. Sin embargo, los registros realizados en centros educativos murcianos muestran que las aulas pueden encontrarse varios grados por encima de ese umbral. “Estamos superando con holgura los 31 grados, ahora llega la vuelta a las clases y seguimos con un estrés térmico que sufren alumnado y personal docente”, denuncia Del Vas.

Termómetros que registran la temperatura cada hora

La situación ha sido monitorizada durante los últimos meses por Sterm, el sindicato de estudiantes y la FAPA Juan González a través del denominado grupo de calor. Las organizaciones instalaron termómetros digitales en una treintena de centros educativos.

“Son termómetros que miden la temperatura cada hora y tienen cierta consistencia”, explica Andrés Martínez, portavoz de Sterm. Según los datos recogidos por el colectivo, este miércoles se registraban alrededor de 30 grados en varios centros, mientras que la situación se repite en buena parte de los colegios e institutos monitorizados.

Los registros más elevados de este miércoles se produjeron en el IES Carthago Spartaria de La Palma, en Cartagena, con 32,7 grados, seguido del CEIP Virgen de la Fuensanta de La Alberca, con 32,6, y del IES Marqués de los Vélez de El Palmar, con 32,5.

El grupo de calor decidió además trasladar la situación a la Inspección de Trabajo. La denuncia se presentó de forma conjunta con UGT y CCOO, relata Andrés Martínez, con el objetivo de que el organismo analizara las condiciones de estrés térmico existentes en los centros señalados.

Para Sterm, el problema no se limita a las temperaturas puntualmente alcanzadas durante una ola de calor, sino a la falta de una estrategia permanente para adaptar los edificios educativos.

Una ley para obligar a climatizar los colegios

La respuesta que plantean las organizaciones no pasa únicamente por instalar aparatos de aire acondicionado en los centros donde se registran temperaturas más elevadas. El pasado mes de julio quedó registrada en la Asamblea Regional una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para promover una ley que establezca un plan de infraestructuras y climatización de los centros educativos murcianos.

La iniciativa se encuentra ahora pendiente de que la Mesa de la Asamblea se reúna en septiembre y determine si admite la propuesta a trámite. En caso de que prospere, sus impulsores podrán comenzar la recogida de firmas necesaria para llevar adelante la iniciativa.

El objetivo es que la futura norma obligue a realizar una auditoría del estado de las infraestructuras educativas, determine las necesidades de cada centro y establezca un calendario de actuaciones urgentes y periódicas.

89 millones para climatizar las aulas

La Comunidad Autónoma anunció el pasado junio el Plan ClimaTIZA, con una inversión prevista de 89 millones de euros, con el objetivo de climatizar todas las aulas de la Región antes de 2030; y durante este verano, la Consejería de Educación ha ejecutado obras en 38 centros educativos, algunas de ellas destinadas a mejorar el confort térmico, además de actuaciones en cubiertas, instalaciones solares y ampliaciones, señalan desde este departamento.

Para UGT, estas intervenciones resultan “insuficientes” ante las necesidades de la red educativa regional. El sindicato reclama conocer qué actuaciones concretas se han realizado durante el verano y qué partidas presupuestarias se han destinado a combatir el calor. “Sin presupuestos da igual que López Miras diga que hay un Plan ClimaTIZA sin partidas presupuestarias concretas”, afirma Del Vas.

A los 86 años de edad, ha fallecido el catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Murcia (UMU) y exalcalde socialista del Ayuntamiento de Murcia entre 1983 y 1987, Antonio Bódalo. “Murcia despide con profundo pesar a quien fue referente de nuestro municipalismo”, ha recordado la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, quien ha dicho de Bódalo que puso “su vida al servicio público y siguió sirviendo a su Ayuntamiento hasta el final”.

El Consistorio, además, ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento del exalcalde. “Las banderas oficiales ya ondean a media asta en señal de respeto y duelo”, ha escrito Rebeca Pérez en su cuenta de X.

Nacido en Nerpio en 1940 cuando esta localidad albaceteña todavía integraba la provincia de Murcia, se licenció en Ciencias Químicas en 1963 y veinte años después aterrizó como primer edil en el Ayuntamiento de la capital. Miembro del Partido Socialista de la Región de Murcia, Bódalo fue el segundo alcalde de la ciudad tras la restauración de la democracia, sustituyendo a José María Aroca RuizFunes. Aunque consiguió el bastón de mando con mayoría absoluta, solo se mantuvo un mandato al frente de la alcaldía, que pasaría después al también socialista José Méndez.

“Nos ha dejado un excelente compañero y uno de los mejores alcaldes que ha tenido Murcia”, ha escrito sobre Bódalo el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá.

Antes de desembarcar en la Glorieta, ejerció como director general de Universidades de la Región de Murcia (1982-83). Y tras su paso por el Ayuntamiento asumió la Consejería de Administración Pública (1991-93) en el Gobierno regional, presidido por el socialista Carlos Collado.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas Ayala, también ha tenido unas palabras para Bódalo en su cuenta de X, a quien ha calificado como “una figura clave en la transformación del municipio de Murcia”.

Bódalo, además, fue vicerrector de Investigación (1990-91), director del Departamento de Ingeniería Química (2005-2010), vicedecano del Consejo General de Colegios de Químicos de España (2003-2012), presidente la Asociación de Químicos de Murcia y decano del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Murcia (1995-2019). Y tras su jubilación, profesor emérito de Químicas.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha exigido este lunes a Pedro Sánchez más medios policiales para hacer frente a las mafias que se mueven “sin control” en las costas murcianas. Lo ha hecho a través de una carta que se ha materializado tras la llegada en los últimos seis días de 112 migrantes a bordo de embarcaciones clandestinas a la Cala del Barco y Punta Negra, en Cartagena.

En su misiva, López Miras ha mostrado además su preocupación ante la posibilidad de que la “invasión” de Ceuta este verano provoque que los migrantes que no lograron pasar a la ciudad autónoma sigan buscando vías irregulares para llegar a España.

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia ha considerado el discurso del presidente murciano “irresponsable” y “oportunista”. Y ha lamentado que se vincule la situación de Ceuta “con la llegada de más inmigrantes a nuestras costas”. Según Francisco Lucas, “son dos fenómenos completamente distintos”.

“Lamentablemente, el presidente regional ha decidido utilizar la inmigración para generar alarma social, asustar a la población y tapar su incapacidad para gestionar la Región de Murcia; López Miras vuelve a demostrar su deslealtad institucional y oportunismo, copiando lo que ha hecho Moreno Bonilla en Andalucía y enviando una carta al presidente del Gobierno vinculando estos dos fenómenos y describiendo una situación que no es real en la Región de Murcia”, ha manifestado el delegado.

“Entiendo la preocupación de los ciudadanos, pero al mismo tiempo les garantizo que todos los organismos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la Región de Murcia luchan incansablemente y con buenos resultados contra las mafias, como demuestra el desmantelamiento en agosto de una de las mayores organizaciones dedicadas al tráfico de personas en el Mediterráneo”, ha añadido.

Lucas ha comunicado que el Ministerio del Interior ha asignado una nueva embarcación que ya está en Cartagena y que servirá para reforzar los medios del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico y las mafias.

“Total impunidad”

En su carta a Pedro Sánchez, el presidente regional ha denunciado que en el plazo “de apenas cuatro días”, se ha registrado la llegada de lanchas rápidas que trafican con inmigrantes “con total impunidad y a plena luz del día, sin que hayan sido interceptadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Sin embargo, en un comunicado de prensa, el delegado del Gobierno ha recordado que todas las personas que han desembarcado en la Región de Murcia en los últimos días han sido localizadas por la Guardia Civil, atendidas por Cruz Roja y que se han iniciado los correspondientes procedimientos de expulsión.

En palabras de López Miras, “lo ocurrido en las playas de Cartagena estos días de agosto, pone de manifiesto la imprevisión de un Ministerio del Interior sin respuesta a las reiteradas demandas de reforzar los efectivos de la Guardia Civil en nuestra comunidad autónoma”. Y ha urgido a incrementar los medios tecnológicos de vigilancia, “como sensores, radares o drones, que permitan controlar y prevenir incidentes de esta naturaleza”.

El hombre detenido por el asesinato de su expareja en el centro comercial Carrefour Infante, en Murcia, ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. La jueza de la plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lorca, con competencias en violencia sobre la mujer, acordó este sábado la medida, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU).

El detenido está siendo investigado por un delito de asesinato, con la agravante de parentesco, y otro delito continuado de quebrantamiento de condena. Durante su declaración ante la magistrada reconoció su participación en los hechos, según consta en la resolución judicial.

La jueza considera que existen “indicios consistentes que permiten atribuir al investigado la autoría” del crimen y justifica el ingreso en prisión por la gravedad de los delitos y por el riesgo de fuga, además de la necesidad de evitar que pueda volver a atentar contra bienes jurídicos protegidos. Según la magistrada, no existe otra medida cautelar que permita alcanzar esos objetivos sin comprometer gravemente el desarrollo de la causa.

El caso tiene además un antecedente judicial. El hombre había sido condenado en abril de este año por malos tratos sobre la misma mujer. La sentencia, dictada el 15 de abril por la magistrada de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Murcia, le prohibía acercarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio, su lugar de trabajo o cualquier otro sitio en el que se encontrara, y también comunicarse con ella por cualquier medio durante 16 meses.

La condena, dictada por conformidad, incluía además 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y el pago de una indemnización de 310 euros. La pareja tenía una hija en común, de cinco años, cuya coustodia ha recaído en su abuela.

El crimen se produjo este miércoles en uno de los establecimientos del Carrefour Infante. La mujer, de 44 años, fue localizada sin vida en la zona de almacén de una zapatería del centro comercial, donde trabajaba el hombre investigado. Según fuentes vinculadas a la investigación, el presunto agresor la habría atacado con un arma blanca antes de abandonar el establecimiento.

Un compañero del negocio encontró el cuerpo después de que el hombre cerrara el establecimiento y se marchara del centro comercial. El 112 recibió el aviso alrededor de las 17.25 horas y los servicios sanitarios desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer.

El sospechoso fue detenido durante la madrugada, alrededor de las 00.15 horas, en Puerto Lumbreras, cuando, según informó la Delegación del Gobierno, se disponía a desplazarse hacia Granada. La investigación ha corrido a cargo del Grupo de Homicidios y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), con la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Científica.

El procedimiento continuará en Murcia

El detenido fue puesto este sábado a disposición judicial en Lorca, al tratarse del partido judicial en el que fue arrestado. Una vez resuelta su situación personal, la investigación continuará en Murcia.

La magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia, que había practicado el levantamiento del cadáver y abierto inicialmente diligencias por homicidio y quebrantamiento de condena, se inhibió a favor de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Murcia, competente para continuar la instrucción al haber ocurrido allí los hechos.

La jueza de Lorca ha acordado ahora inhibirse también a favor del Tribunal de Instancia de Murcia, por ser este el partido judicial en el que se produjo el crimen.

Las ostras planas que se cultivan de forma experimental en el Mar Menor han superado una de las pruebas más exigentes desde que comenzó el proyecto: su primer verano con elevadas temperaturas. Con el agua de la laguna alcanzando los 32 grados, los primeros resultados del seguimiento científico muestran una mortalidad muy baja, prácticamente similar a la registrada en otros periodos del año

Técnicos de la Asociación Naturalista del Sureste (ANSE) e investigadores del Centro Oceanográfico de Murcia del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) han realizado estos días un nuevo muestreo del piloto de cultivo en columna de ostra plana (Ostrea edulis) dentro del proyecto RemediOS-3, una actuación que busca evaluar tanto la capacidad de adaptación de la especie al cambio climático como su potencial para mejorar la calidad del agua.

“Estamos poniendo a prueba la resistencia de las ostras a las altas temperaturas del Mar Menor”, explica a elDiario.es Región de Murcia Marina Albentosa, investigadora del IEO-CSIC. La científica recuerda que en un proyecto anterior, desarrollado en 2023 en las Salinas de San Pedro, se alcanzaron temperaturas de hasta 34 grados y se observó una mortalidad preocupante durante los meses de junio y julio. “Ahora queríamos comprobar qué ocurría en los dos sistemas piloto que tenemos en el Mar Menor, tanto en el arrecife como en el cultivo en columna”.

Aunque el verano todavía no ha finalizado y el equipo continuará analizando la evolución de los ejemplares durante los próximos meses, los resultados iniciales son positivos. “Estamos satisfechos porque la mortalidad es muy pequeña, prácticamente como la de cualquier otro mes del año”, señala Albentosa, que destaca que estos datos aportan información clave sobre la capacidad de la especie para afrontar episodios de calor extremo.

Resiliencia térmica y estrategia frente al cambio climático

El seguimiento forma parte de un experimento de resiliencia térmica con el que los investigadores pretenden conocer qué ejemplares presentan una mayor capacidad de adaptación. Para ello, analizarán biomarcadores relacionados con la respuesta al estrés térmico y estudiarán las diferencias entre los distintos lotes de ostras. “Si identificamos el lote mejor dotado para resistir las altas temperaturas, podremos utilizarlo para su reproducción y desarrollar una estrategia frente al cambio climático”, explica la investigadora.

La recuperación de la ostra plana responde también a la importancia que esta especie tuvo históricamente en el ecosistema del Mar Menor. En los años ochenta la laguna albergaba alrededor de 135 millones de ejemplares de Ostrea edulis, un bivalvo filtrador que contribuía a mantener la calidad y transparencia del agua. La degradación ambiental, el exceso de nutrientes, el aumento de la temperatura y la pérdida de hábitat redujeron drásticamente sus poblaciones.

El proyecto trabaja con dos líneas complementarias. Por un lado, las ostras fijadas sobre bloques de arrecife actúan como estructuras capaces de generar hábitat y favorecer la biodiversidad marina. Por otro lado, el cultivo en columna está orientado a la bioextracción de nutrientes mediante un modelo de acuicultura restaurativa. “No se trata simplemente de cultivar animales, sino de hacerlo generando beneficios para el ecosistema”, señala la investigadora. Las ostras se alimentan filtrando microalgas, cuya proliferación está relacionada con el exceso de nutrientes en el agua.

La ostra, herramienta complementaria para recuperar el Mar Menor

El objetivo es que estos sistemas puedan convertirse en una herramienta complementaria para la recuperación del Mar Menor. “No son la solución única para recuperar la calidad del agua, pero sí una medida más dentro de un conjunto de actuaciones necesarias”, apunta Albentosa.

El proyecto RemediOS-3, que finalizará a finales de 2027, forma parte de la Mar Menor Oyster Initiative impulsada por el IEO-CSIC y cuenta con la participación de ANSE, la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia y la Fundación Estrella de Levante. Además, está apoyado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Programa Pleamar, y cofinanciado por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

Además, la actuación ha contado con la participación de WWF España, entidad colaboradora que ha cedido el uso de su catamarán WWF Solar para el desarrollo de los trabajos de campo. El catamarán solar de WWF España se ha revelado como “una plataforma especialmente adecuada para este tipo de muestreos en el entorno del Mar Menor, al facilitar el acceso a los módulos de cultivo en columna con una amplia superficie de trabajo, sin generar emisiones y con un impacto mínimo sobre la lámina de agua de la laguna”, señalan desde ANSE.

Un hombre ha asesinado este miércoles a su mujer en el centro comercial Carrefour Infante, en Murcia, en un suceso que las autoridades investigan como un posible caso de violencia de género. Según fuentes vinculadas a la investigación, el presunto agresor habría atacado a la mujer con un arma blanca dentro de uno de los establecimientos del recinto y posteriormente habría abandonado el lugar. A las 00:15 de la madrugada el hombre ha sido detenido por la Guardia Civil, en coordinación con la Policía Nacional, según ha informado la Delegación del Gobierno. El investigado tenía una condena previa por malos tratos y medidas de protección vigentes. En abril de 2026 fue condenado a no acercarse a menos de 500 metros de la víctima ni comunicarse con ella durante 16 meses.

La detención se ha producido en Puerto Lumbreras, cuando el presunto autor se disponía a desplazarse hacia Granada, según ha informado la Delegación del Gobierno.

El servicio de emergencias 112 recibió este miércoles una alerta alrededor de las 17.25 horas en la que se comunicaba el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer, de 44 años, en la zona de almacén de uno de los comercios del centro comercial. El crimen tuvo lugar en Súper Rápido, una zapatería donde trabajaba el supuesto autor de los hechos, un hombre de alrededor de 40 años.

Un compañero del establecimiento habría sido quien encontró a la víctima después de que el presunto responsable cerrara el negocio y se marchara del centro comercial tras el ataque. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y los servicios sanitarios de emergencia, que confirmaron el fallecimiento de la mujer.

Condena previa

Según fuentes judiciales, el hombre investigado había sido condenado el 15 de abril de 2026 por la magistrada de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Murcia como autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar cometido sobre quien era su expareja, con la que tenía una hija en común de cinco años cuya custodia definitiva se ha atribuido a la abuela de la menor.

La sentencia de conformidad le impuso, entre otras penas, la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar en el que se encontrara, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante 16 meses, además de 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y el pago de una indemnización de 310 euros.

La investigación permanece abierta y está siendo llevada a cabo conjuntamente por el Grupo de Homicidios y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), con la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Científica, han confirmado fuentes de Delegación del Gobierno.

Conmoción por el crimen machista

Este jueves se han convocado minutos de silencio en distintas instituciones. Tanto el Gobierno regional como la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Murcia han mostrado su condena públicamente ante el crimen machista. El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas Ayala, ha expresado su “más sentido pésame a los familiares y seres queridos de la víctima en estos duros momentos”.

“Condenamos este crimen con toda la firmeza”, ha escrito Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia, en una publicación en X. “Nos unimos al dolor de la familia y de las personas que hoy lloran una vida arrebatada de la forma más brutal. No, no y siempre no a la violencia. Ni una más”.

Horas antes, un guardia civil asesinaba a su expareja, también agente del cuerpo y registrada en el sistema VioGén, en el cuartel de Llanes (Asturias).

Cheques por jornal, “a porrillo” y libres de impuestos. Esta es la curiosa retribución que el Ayuntamiento de Murcia ha pagado a sus voluntarios de Protección Civil a lo largo de 24 años. El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias, tras una denuncia presentada por dos miembros de la propia agrupación municipal: “Ellos te dan el cheque y te dicen que vayas a cobrarlo al banco de en frente. Pasan los meses y ves que no te piden un expediente para justificar los gastos”.

Tal y como recuerda la denuncia al Tribunal de Cuentas, “la actividad voluntaria se caracteriza por su carácter gratuito, altruista y no retribuido”. Esto no es incompatible con el derecho a reembolso de los gastos ocasionados por la actividad, como pueden ser la comida o el transporte. El problema, recuerdan los denunciantes, llega cuando la regularidad de los pagos no responde a “verdaderos reembolsos de gastos reales, necesarios, individualizados y documentalmente acreditados”, sino a “cantidades fijas por guardia, jornada, disponibilidad, asistencia o colaboración”. En otras palabras, el Tribunal de Cuentas tendrá que dilucidar si los cheques que el Consistorio dio a sus voluntarios de Protección Civil durante más de dos décadas fueron para retribuir jornadas de servicio, y no para pagar dietas.

Los pagos se recibían limpios y libres de impuestos, aseguran los denunciantes. Sin embargo, incluso las dietas de los voluntarios deben estar sujetas a IRPF, tal y como estipula el artículo 17.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Esto lo corrobora el Ministerio de Hacienda en múltiples consultas relativas al tema: “Hay cuatro dictámenes vinculantes del Ministerio de Hacienda que dicen que los ayuntamientos tienen que declarar estos pagos en el IRPF”.

“Cuantías fijas por guardia”

Según la denuncia, los importes a percibir por los voluntarios eran cuantías fijas por guardia. Resulta reveladora una relación de voluntarios y guardias publicada en un grupo de WhatsApp de la Agrupación. El listado abarca desde el uno de enero hasta el 19 de enero del año 2023. Tras una relación de DNI parcialmente anonimizados figuran dos columnas para el tipo de guardia, y una tercera con las cantidades a abonar a los voluntarios. Los denunciantes apuntan a que los importes se habrían podido calcular en “cuantías fijas por guardia”: “En guardias ordinarias de fin de semana, el criterio sería supuestamente de 50 euros por cada guardia de 24 horas y 25 euros por cada guardia de 12 horas”, explican los denunciantes. Un día tenía dos turnos, mañana y tarde, “por lo que acabas con 64 euros”, abundan. La suma total de las cuantías de ese listado ascienden a 12.400 euros.

“El problema también viene porque el que lleva el registro de cuántos servicios se hacen son los propios voluntarios. Puedes jugar con apuntarte cosas, es un descontrol total del dinero público”, aventuran.

Más allá del listado al que han tenido acceso los denunciantes, y los cheques que han podido fotografiar, los voluntarios confiesan que va a ser “un reto” estimar cuánto dinero desembolsó el Ayuntamiento de esta manera: “Al terminar el servicio, te hacían firmar una hoja para hacer constar que recogías el cheque, lo imprimían ellos [el Servicio de Protección Civil]. Después lo llevabas al banco y lo cobrabas en efectivo, el voluntario se queda sin ningún tipo de documentación que refleje ese pago”, explican.

“Llegó un punto en el que el propio director del banco salía de su despacho, al ver que no paraban de llegar voluntarios con cheques para cobrarlos. A veces se le juntaban seis voluntarios en la sede, con cheques de 2.000 euros cada uno firmados por el Ayuntamiento de Murcia”, detallan.

Los denunciantes han solicitado al Tribunal de Cuentas que requiera al Consistorio y a la entidad bancaria “la relación íntegra de cheques, pagarés, transferencias, disposiciones y movimientos bancarios que pudieran estar vinculados a pagos a voluntarios de Protección Civil”.

Reglamento interno

Los denunciantes han recurrido también el reglamento interno de Protección Civil al considerar que amplía de forma excesiva el régimen disciplinario. En un escrito de alegaciones de 60 páginas, al que ha tenido acceso este medio, solicitan que se anule el procedimiento de aprobación al entender que el Ayuntamiento no realizó una consulta pública previa, un trámite que consideran necesario al afectar el texto a derechos y obligaciones de los voluntarios. El Consistorio defendió que no era necesario al tratarse de una norma organizativa, una interpretación que los denunciantes rechazan porque el reglamento regula aspectos como el acceso a la Agrupación, los deberes, las sanciones o las condiciones para continuar como voluntario.

“No tenían un reglamento y sin reglamento no se puede abrir expedientes, como habían hecho con nosotros; así que tuvieron que hacer uno deprisa y corriendo”, relatan los denunciantes al tiempo que concretan que se encuentra en fase de aprobación.

Los alegantes sostienen que el nuevo texto modifica el modelo de voluntariado al introducir mayores exigencias de disponibilidad, disciplina y obediencia. Entre los puntos que cuestionan se encuentra la obligación de prestar al menos 60 horas de servicio al año, “repartidas en los cuatro trimestres, salvo justificación médica o necesidad imperiosa”. El mismo artículo establece que “no podrá renovar ni solicitar reincorporación en los próximos dos años” quien no cumpla ese requisito.

También cuestionan el artículo 81, que regula la expulsión definitiva y que, según el texto, “implicará la prohibición de volver a pertenecer a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Murcia bajo cualquier modalidad”. Los alegantes piden sustituir esta prohibición sin límite temporal por un plazo determinado y revisable.

Y advierten de que algunas normas podrían afectar a derechos de los voluntarios, como la libertad de expresión o la posibilidad de comunicar irregularidades: “No quieren que acudamos a otras administraciones a denunciar nada”.

El escrito cuestiona igualmente la limitación para pertenecer a varias organizaciones de protección civil, recogida en el artículo 31, que declara que “la pertenencia a la Agrupación será incompatible con la integración simultánea en otras organizaciones de voluntariado de protección civil de ámbito estatal, autonómico o municipal, así como en entidades análogas, cuando dicha pertenencia pueda afectar a la disponibilidad, neutralidad, coordinación o eficacia del servicio”.

Los alegantes recuerdan que el Consejo de Estado, en su dictamen 950/2018 sobre un reglamento similar en Cantabria, “consideró esencial suprimir una prohibición de pertenecer a más de una organización de voluntariado de protección civil por falta de motivación suficiente y por limitar los derechos de asociación y participación voluntaria”.

Becas bajo la lupa del Defensor del Pueblo

El tercer frente abierto por los mismos voluntarios es la gestión de las becas para cursar el grado medio de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES). “Se convocan cada dos años, para premiar a los que tienen más antigüedad o han acumulado más horas o más servicios”. También las impugnaron “por incumplir con la ley de subvenciones y de procedimiento administrativo, y el 5 de noviembre nos tuvieron que dar la razón”. Según denunciaron, no existe un órgano colegiado de valoración y las convocatorias nunca se publicaron en el tablón de edictos electrónico ni en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Cinco días más tarde, solicitaron formalmente la revisión de oficio de las seis convocatorias de becas concedidas desde 2015, al considerar que el mismo vicio estructural se repitió de forma sistemática durante una década. Cada convocatoria estaba valorada en unos 27.200 euros por curso, alcanzando una cifra de 160.000 euros el total que podría verse afectado si prospera la revisión, afirman los denunciantes, que piden además la suspensión cautelar de cualquier nueva convocatoria y el reintegro de las cantidades indebidamente abonadas.

El Ayuntamiento no ha dictado resolución expresa sobre esa solicitud pese a haber transcurrido “sobradamente” el plazo legal de tres meses previsto en la Ley 39/2015. Ante ese silencio, los promotores del escrito recurrieron al Defensor del Pueblo, que el pasado 17 de junio admitió a trámite la queja e inició actuaciones ante el Consistorio murciano para que se pronuncie de forma expresa sobre los hechos. La institución que dirige Ángel Gabilondo ha advertido, no obstante, de que su intervención“ no suspende los plazos para que los afectados puedan acudir, si lo consideran oportuno, a la vía contencioso-administrativa”.