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La ola de calor en las aulas en Murcia llega a la Inspección de Trabajo y al Defensor del Pueblo: “La administración está recurriendo a parches”

Las familias recogen los ventiladores que han llevado durante las últimas semanas de curso para soportar el calor en las aulas

Marina Manzanares

22 de junio de 2026 16:55 h

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La asfixiante ola de calor que afecta a la Región de Murcia este mes de junio de 2026 ha desatado una oleada de protestas en los centros educativos públicos de la comunidad, donde familias, sindicatos y docentes han denunciado el sobrecalentamiento crítico de las aulas por falta de ventilación e infraestructuras insuficientes. Como medida inmediata de presión antes de que concluya el curso, la Federación de AMPAS ha anunciado que trasladará formalmente todas las mediciones de temperatura registradas a la Inspección de Trabajo y al Defensor del Pueblo. Asimismo, el colectivo ha avanzado que ya trabaja en la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para obligar a la Asamblea Regional a dotar presupuestariamente un plan definitivo, argumentando que si el Ejecutivo autonómico no prioriza económicamente estas obras es debido a una desatención institucional hacia la protección y el cuidado de los escolares.

La semana pasada se produjeron concentraciones y protestas con batucadas a las puertas de colegios como el CEIP de Rincón de Seca (Murcia), el CEIP Zapata de Torreagüera o en el municipio de Las Torres de Cotillas. Según han denunciado las organizaciones agrupadas en la campaña “Escuela de Calor”, las temperaturas en el interior de las clases han superado de forma generalizada el umbral legal de los 27 grados, obligando a los centros a improvisar medidas de emergencia como el uso de ventiladores domésticos o la reducción de la jornada lectiva ante lo que consideran un riesgo inminente para la salud de los menores y los docentes en esta recta final del curso.

Para fundamentar estas quejas con datos científicos, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la Región Murciana (STERM) ha desplegado un sistema de monitorización independiente mediante termómetros inteligentes en tiempo real en alrededor de una veintena de centros públicos. Al detallar el funcionamiento del rastreo, Andrés Martínez ha señalado que han hecho uso de termómetros inteligentes que, conectados de forma permanente a una red wifi, envían cada hora los datos a la aplicación, que se vuelcan directamente en la página web, de modo que en 24 horas ya está disponible el mapa de calor con las temperaturas reales registradas en cada momento.

A través de esta herramienta, Martínez ha dicho que el 100% de las clases analizadas han superado de forma sistemática el límite legal de 27 grados en la franja horaria de 09:00 a 14:00 horas. Las métricas de la organización sindical desvelan picos térmicos críticos en plena jornada lectiva, destacando los 34,2 °C registrados en el IES Marqués de los Vélez el pasado 2 de junio a las 13:45 horas, o los 33,9 °C detectados en el IES Santa Lucía el 28 de mayo a las 14:10 horas. En cuanto a las medias sostenidas, el portavoz advierte de que las situaciones más graves se localizan en el CEIP Nuestra Señora de la Encarnación, con una media de 29,81 °C, seguido del propio IES Marqués de los Vélez (29,29 °C), el CEIP Don José Marín (28,89 °C) y el CEIP Virgen de la Fuensanta (28,75 °C).

Esta realidad matemática se traduce en un escenario de vulnerabilidad física para los estudiantes de la comunidad. Al ser consultados sobre la experiencia de los menores en las clases, representantes de la Federación de AMPAS de la Región de Murcia (FAPA-RM) han alertado de que las temperaturas están superando los 30 grados, recordando que los menores son mucho más vulnerables y sufren estrés térmico con temperaturas que la ley no permite superar, ante lo que consideran una situación insostenible.

“Todos los edificios públicos están adaptados climatizadamente en estas fechas, pero los centros donde están los menores no los protegemos”, recriminan desde la FAPA-RM. El colectivo denuncia la desigualdad respecto a otras dependencias regionales y lamenta que las soluciones provisionales recaigan sobre los trabajadores de las escuelas, ya que no puede quedar todo en manos de los equipos directivos, que tienen mucha limitación: si no hay espacio y hay mucho calor, poco pueden hacer. Debido a estas carencias, muchos centros recurren a protocolos de emergencia que obligan a las familias a aportar sus propios medios, explicando la federación que en los centros ha habido protocolos en los que se ha pedido a las familias que lleven ventiladores o pulverizadores, o se intenta reubicar a los alumnos, con lo difícil que resulta eso en algunos casos.

“Está demostrado científicamente que el rendimiento escolar baja cuando suben las temperaturas”, sostienen desde la FAPA-RM, alertando de que esta crisis afecta tanto a la salud como a la calidad educativa en una Región donde ya abunda el fracaso y el abandono escolar.

La organización critica que la única respuesta de la Consejería sea acortar las clases, advirtiendo de que esta medida es solo un añadido más en la bajada de la calidad educativa. Esta situación se alinea con el análisis global que hace la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en su “Informe del Sistema Educativo Español 2009-2025”, donde sitúa la fractura entre comunidades autónomas en gasto por alumno y el abandono escolar como parte de los grandes problemas estructurales del país.

El sindicato señala que el sistema educativo ha crecido en volumen pero no en calidad debido a una inversión ineficaz, donde la inflación se ha comido el gasto de los últimos 15 años. Según denuncia CSIF, el abuso de medidas provisionales y la falta de estabilidad e inversión real terminan repercutiendo directamente en la calidad de la enseñanza y cronificando el fracaso escolar. El impacto de este modelo es especialmente evidente en la Región de Murcia: el informe revela que la comunidad gasta 7.228 € por alumno, situándose por debajo de la media nacional (7.421 €). Asimismo, CSIF califica la situación del territorio como de fragilidad educativo-laboral “Muy alta”, vinculada a una tasa de desempleo del 11,06% y a un 44,13% de la población que no ha completado la segunda etapa de educación secundaria.

El problema afecta de forma directa a la salud laboral del personal de los centros. Desde el punto de vista de la prevención de riesgos, Andrés Martínez, portavoz de STERM, ha advertido de que el cansancio físico y psicológico ya es evidente entre el profesorado, alertando del riesgo de que se produzca algún golpe de calor en colectivos vulnerables como docentes embarazadas o mayores con problemas de salud. El cooportavoz ha criticado la “extrema lentitud” de la Consejería a la hora de resolver las solicitudes de adaptación del puesto de trabajo por motivos médicos.

Según ha denunciado, la administración está recurriendo al “parche” de instalar aparatos de aire acondicionado de forma aislada, únicamente en aquellas aulas donde la condición médica de un profesor o de un alumno lo hace estrictamente imprescindible, en lugar de solucionar la situación de la clase de forma global: “De todos los funcionarios públicos, los docentes son los únicos que carecen de condiciones térmicas adecuadas en sus puestos de trabajo”.Asimismo, el representante sindical ha subrayado un sentimiento de “abandono” y una clara “diferencia de trato” al comparar sus centros con los hospitales.

Ante lo que consideran una inacción institucional, la indignación social ha dado paso a un frente común integrado por la FAPA-RM, FEMAE, el Sindicato de Estudiantes, CCOO, STERM y UGT. “Exigimos que sea un Plan de Infraestructuras y Climatización plurianual y consensuado, con una proyección a mayor plazo e inversión suficiente en renovación de los centros públicos”, ha reclamado Martínez, que ha advertido de que hay centros que quieren financiar los aires acondicionados, pero que las instalaciones eléctricas no se lo permiten.

El portavoz ha exigido dotación presupuestaria suficiente para revisar y actualizar las instalaciones eléctricas de los centros antiguos, así como la colocación de sistemas centralizados, ventanas aislantes y la sustitución de las cubiertas de amianto que todavía persisten en la Región. Al evaluar las medidas provisionales de la administración, el portavoz de STERM ha dicho que la Consejería aplaza de manera sistemática las reuniones que exigen los equipos directivos, exigiendo una calendarización de las actuaciones más urgentes: considera que la medida de poder cortar las clases por el calor es un parche que no puede convertirse en la única medida.

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