El exlíder de Vox en Murcia denuncia en los juzgados la presunta falsificación de su firma para presentar su propio cese

El diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo, ratificó este miércoles en los juzgados de Cartagena la denuncia presentada por la presunta falsificación de su firma, falsedad en documento oficial y usurpación de identidad, unos hechos que ha calificado como “extraordinariamente graves” y que, a su juicio, “no tienen cabida en una democracia ni en una organización que aspire a gobernar”.

Antelo explicó que la denuncia tiene su origen en la utilización de su firma “sin su conocimiento ni autorización” para presentar un documento oficial mediante el que se solicitaba su propio cese. “Parece una broma, pero desgraciadamente no lo es. Utilizar la firma de una persona para que solicite su propio cese demuestra hasta dónde algunos están dispuestos a llegar”, señaló.

El portavoz apuntó que fue la letrada de la Asamblea Regional quien detectó las irregularidades, paralizó la tramitación del escrito y dejó constancia en un informe de las posibles responsabilidades derivadas de los hechos.

“Cuando un cargo público tiene conocimiento de un posible delito, no tiene otra opción que acudir a la Justicia. Mirar hacia otro lado habría supuesto incumplir con mi obligación”, afirmó.

Antelo insistió en que “nadie en su sano juicio utiliza la firma de otra persona sin su consentimiento” y aseguró que este tipo de actuaciones “atentan contra los principios más elementales del Estado de derecho y de la seguridad jurídica”.

Asimismo, manifestó su convicción de que “este tipo de decisiones no se toman de forma aislada”, apuntando que quienes materializaron los hechos “actuaban siguiendo instrucciones superiores”. “Los trabajadores cumplen órdenes; quienes deben responder son quienes las dan. La responsabilidad política no puede esconderse detrás de terceros”, indicó.

En este sentido, cargó contra la dirección de Vox por lo que considera unas prácticas “impropias de una organización democrática”. “Resulta profundamente preocupante que un partido que pretende gobernar España incurra en comportamientos que recuerdan a las peores prácticas del socialismo: saltarse la ley, vulnerar derechos y creer que todo vale para eliminar al discrepante”, denunció.