Hay quien lleva algo más de tres años esperando una avalancha de despidos que no termina de llegar. A finales de 2022, el mundo conoció ChatGPT, y la IA o Inteligencia Artificial aterrizó como algo real para muchas personas. Respondía a preguntas, redactaba textos y creaba imágenes de forma autónoma, mejorando su calidad a gran velocidad. Era “el fin” para millones de empleos. Pero, ¿lo ha sido?

De momento no, coinciden la mayoría de expertos e instituciones, que indican que la IA está teniendo un papel más complementario que sustitutivo de los trabajadores. Sin embargo, varios anuncios recientes de recortes de plantilla en multinacionales tecnológicas han vuelto a encender las alarmas. ¿Ahora sí? ¿Llegaron las malas noticias?

Hace una semana Meta confirmaba un recorte de 8.000 trabajadores y la congelación de 6.000 contrataciones (de una plantilla de unas 80.000 personas); Amazon despidió a unos 30.000 empleados de oficina entre finales de 2025 y principios de 2026 (un área en la que empleaba a unos 350.000 en todo el mundo); mientras que Microsoft está ofreciendo bajas incentivadas a sus trabajadores por primera vez en su historia.

La tendencia sigue por las compañías más pequeñas. Ebay ha despedido a 800 trabajadores (6% de la plantilla), Pinterest a 750 (15%), la firma de software Atlassian a 1.600 (10%). Block, la compañía financiera del fundador de Twitter, ha llegado a los 4.000 empleados (el 40% de su fuerza laboral).

Un equipo significativamente más pequeño, con las herramientas que estamos desarrollando, puede hacer más y mejor. Y las capacidades de las herramientas de IA se multiplican cada semana

Jack Dorsey — Fundador de Twitter y de la firma financiera Block

Ninguno de los responsables de estas compañías han dado demasiados rodeos a la hora de explicar el motivo de los despidos: serán sustituidos por inteligencia artificial. “Un equipo significativamente más pequeño, con las herramientas que estamos desarrollando, puede hacer más y mejor. Y las capacidades de las herramientas de IA se multiplican cada semana”, ha manifestado Jack Dorsey, de Block. 

Sin embargo, esta posición no cuenta la historia completa. Muchas de esas empresas estaban afrontando procesos de reducción de personal previos a la maduración de estas herramientas. El caso más evidente es el de Amazon, que ha reconocido en varias ocasiones que “sobredimensionó” su plantilla durante la pandemia y lleva haciendo grandes recortes desde 2022. “Es el famoso AI washing: atribuir a la inteligencia artificial una serie de reducciones de personal que se iban a hacer de todas maneras”, explica Enrique Dans, profesor de Innovación y Tecnología en IE Business School. 

La IA está haciendo a algunas personas bastante más productivas. Pero, en realidad, esto no justificaría un volumen de despidos tan elevado como el que estamos viendo

Enrique Dans — profesor de Innovación y Tecnología en IE Business School

“La inteligencia artificial está haciendo a algunas personas bastante más productivas, como los desarrolladores o algunos procesos administrativos. Pero, en realidad, esto no justificaría un volumen de despidos tan elevado como el que estamos viendo, que está escalando a decenas de miles de personas”, argumenta.

Transformar un recorte en “innovación” suaviza el impacto de los despidos y permite diluir la responsabilidad por estos. “Frente al discurso de la empresa, que justifica este recorte en una supuesta 'aceleración de la innovación' y el cambio provocado por la Inteligencia Artificial, CCOO ve otras causas”, ha denunciado el sindicato sobre el ERE de Capgemini, una consultora que despedirá a 748 personas en España. “El problema real radica en dos factores que la dirección evita mencionar”, protesta CCOO: “Nula gestión del talento” y “deslocalización agresiva”.

El “tsunami” más anticipado

Estos ceses han reavivado muchos miedos y debates sobre los posibles efectos de la IA en el mercado laboral. En el Día Internacional del Trabajo, algunas personas se preguntan si estamos en la antesala de un “tsunami” en los mercados laborales. O, en una visión menos catastrofista, si estamos ante una nueva revolución –como tantas otras en la historia–, que simplemente cambiará el panorama actual con otra forma de trabajar y la desaparición de algunos empleos junto al surgimiento de otros nuevos. 

“Este año va a ser crucial para saber si vamos a tener un apocalipsis laboral por la IA o no”, considera José Varela, responsable de Digitalización de UGT, que lamenta que no puede “ser optimista” por dos motivos. Por un lado, la actuación de las citadas tecnológicas, que puede provocar un efecto de arrastre. Por otro, la legislación vigente en materia de despido en España, que Varela advierte que es “un puente de plata” para que las compañías achaquen a la IA recortes que se dan por cambios organizativos y productivos. En un reciente informe, UGT advierte de un “frenazo” en el empleo tecnológico en España, tras varios años de fuerte empuje. 

El ruido de despidos por la IA es continuo en ciertos ámbitos empresariales. También en muchos despachos de abogados que asesoran a las grandes compañías, aunque “es una pulsión que todo el mundo va teorizando, pero que no se va concretando todavía”, sostiene Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO. No hay una avalancha de ERE en España por este motivo, pero los sindicatos mayoritarios están en guardia y formando a sus delegados y delegadas para “gobernar” la IA que se está introduciendo en los centros de trabajo, explica. 

Los primeros estudios sobre los efectos de la inteligencia artificial en el empleo, cuando no existía la llamada “IA generativa”, como ChatGPT o Claude, en la década de 2010, estimaban la probabilidad de que profesiones enteras pudieran automatizarse. Como el famoso paper del profesor de Oxford Carl Benedict Frey que pronosticó que casi la mitad de los empleos –el 47%– eran susceptibles de ser reemplazados por una máquina o por una inteligencia artificial, con los empleos menos cualificados y con salarios bajos como los más amenazados. 

Los trabajos posteriores ha pasado a centrarse más en “tareas” automatizables y menos en profesiones, “argumentando que la tecnología afecta a actividades laborales específicas más que a puestos de trabajo completos y que la mayoría de las profesiones combinan tareas que son automatizables de forma diferenciada”, recoge una reciente revisión de la investigación sobre IA y empleo realizada por el servicio de estudios de la Comisión Europea (JRC), en la que participa el investigador Enrique Fernández-Macías.

La IA no debe destruir puestos de trabajo, los tiene que transformar y está rediseñando las tareas. Sobre todo, está haciéndose cargo de las tareas más rutinarias para que la persona se centre en aquellas que aporta más valor

Rocío Millán — directora de Servicio Corporativo del Grupo Adecco

Así, ahora las investigaciones más recientes han pasado de hablar de “riesgo de automatización” a una noción más amplia de “exposición profesional” a la IA, sin conclusiones cerradas todavía sobre su repercusión. Es decir, cuánto de ello afectará a una sustitución de trabajadores por la tecnología o a una modificación de estos empleos. Mientras, también se prevé que se gane en productividad y se creen nuevos perfiles profesionales adaptados a este nuevo entorno tecnológico. 

“La IA no debe destruir puestos de trabajo, los tiene que transformar y está rediseñando las tareas. Sobre todo, está haciéndose cargo de las tareas más rutinarias para que la persona se centre en aquellas en las que aporta más valor”, explica Rocío Millán, directora de Servicio Corporativo del Grupo Adecco, empresa de consultoría y gestión de recursos humanos. En el Ministerio de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, reivindica una IA “en favor de los derechos de las personas trabajadoras”, por ejemplo a través de su uso por parte de la Inspección de Trabajo.

Las empresas sí están adoptando la IA, y muy rápido

Como apunta Millán, ya no hay que mirar solo al futuro para abordar este debate: la inteligencia artificial se está usando en muchos puestos de trabajo a día de hoy. Más de lo que podemos pensar y en constante crecimiento. 

“La adopción de la IA por parte de las empresas es muy rápida”, destaca BBVA Research. En 2025, una de cada cinco empresas de la UE con al menos 10 empleados utilizó tecnologías de inteligencia artificial. Con datos de Eurostat, el dato medio alcanzó el 20%, frente al 13,5% en 2024 y al 8% en 2023, lo que refleja una gran aceleración en apenas dos años. 

La distribución por país muestra que los nórdicos lideran con creces la adopción, con Dinamarca (42%) seguida de Finlandia y Suecia (en torno a 35-38%), mientras que varios países del Este se mantienen por debajo del 10%. España se sitúa algo por encima de la media, con un 20,3% de empresas que dicen usar ya IA. 

Si atendemos a cuántos trabajadores la emplean en su puesto de trabajo, el dato es aún mayor. De media, el 30% de los de la UE, según una macroencuesta que analiza el estudio Supervisión digital, gestión algorítmica y la plataformización del trabajo en Europa (2025), de la Comisión Europea. Vuelven a liderar los nórdicos, con un 45% de trabajadores que dicen usar estas herramientas en Dinamarca. En España, es el 29%. A la cola se sitúa Grecia, con un 14%. 

“Es una difusión increíblemente rápida para una tecnología tan reciente”, destacó Enrique Fernández-Macías, investigador del JRC europeo y uno de los autores del estudio, en las recientes jornadas ‘El trabajo en tiempos de algoritmos’ organizadas por el Ministerio de Trabajo. 

Los datos además son “sorprendentemente transversales”, subrayó Fernández-Macías, ya que aunque es más frecuente entre trabajadores cualificados e intelectuales, también se usa bastante entre otros oficios de sectores como los servicios. “Y tiende a ser a iniciativa de los trabajadores, incluso en muchos casos con sus propios dispositivos, como los teléfonos móviles”. Los usos más habituales: escribir textos con herramientas como ChatGPT, traducir y procesar datos, así como discutir ideas. 

La IA no es solo vista como una amenaza, sino también como una oportunidad para muchas personas. “La máquina me devuelve lo que la vida me quitó”, destaca Carlos Sánchez Almeida, uno de los más relevantes abogados en materia de derechos digitales, propiedad intelectual y libertades fundamentales del Internet español, que padece Parkinson, lo que le ha dificultado mucho su capacidad para escribir. 

Sandra (nombre ficticio) se está preparando unas oposiciones mientras trabaja, “casi sin tiempo ni posibilidad de ir a una academia”, y está utilizando varias herramientas de IA, como NotebookLM, que le están “ayudando mucho” para elaborar resúmenes, pódcast para estudiar y practicar con modelos de examen. “Sin la IA creo que iría mucho peor preparada, me ha dado un tiempo que no tenía”, reflexiona. 

Incluso en las pequeñas y medianas empresas (pymes), a menudo señaladas por su posición de desventaja para implementar estas herramientas respecto a las grandes compañías, la IA se ve en muchas ocasiones como esperanzadora. “Es una gran oportunidad”, afirma la líder de la patronal Cepyme, Ángela de Miguel, que subraya que en muchas ocasiones las pequeñas compañías no podían competir en ciertos proyectos, no por falta de talento, sino de medios, que ahora en algunos casos pueden satisfacerse a través de la IA. 

Nos complementa y manda más que sustituye (por ahora)

Dado el auge de las IA para tareas asociadas de procesamiento de la información y resolución de problemas, más transversales entre las ocupaciones, se observa “un aumento exponencial de la exposición a la IA en todas las categorías ocupacionales de los trabajadores”, aunque las comparativamente más cualificadas están más expuestas que las elementales, indica el estudio Revisando el impacto laboral de la IA en la era de la IA generativa de la Comisión Europea. “Esto apunta a un impacto sustancial y transversal de la IA en el mercado laboral”.

La clave es determinar en qué va a consistir ese impacto. ¿Desaparecerán empleos? ¿Cuáles cambiarán y en qué sentido? ¿Cuántos se crearán? Las respuestas a estas preguntas aún no están cerradas. 

“Por contrastar con los debates más apocalípticos, lo que vemos a día de hoy con la IA –tal y como la vemos ahora– es que la inteligencia artificial es una herramienta digital, avanzada, de difusión sorprendentemente rápida, pero fundamentalmente complementaria al trabajo humano, no sustitutiva”, sostuvo Fernández-Macías en el foro del Ministerio de Trabajo.

Por contrastar con los debates más apocalípticos, lo que vemos a día de hoy con la IA es que es una herramienta avanzada, de difusión sorprendentemente rápida, pero fundamentalmente complementaria al trabajo humano, no sustitutiva

Enrique Fernández-Macías — investigador del servicio de estudios de la Comisión Europea

Las investigaciones que tratan de anticipar el impacto de la IA se acumulan. El jueves, Funcas publicó un nuevo estudio que prevé en su escenario central una destrucción de entre 1,7 y 2,3 millones de empleos en España en la próxima década y la creación de unos 1,6 millones. El informe prevé un efecto neto negativo, de unos 400.000 empleos menos, aunque reconoce que es una cuestión “todavía abierta y depende de la velocidad de los procesos de formación y reasignación laboral”. 

En BBVA Research subrayan que “las revoluciones industriales han provocado siempre grandes cambios estructurales: sectoriales, espaciales, en la organización del trabajo o en el empleo”, pero sin disparar las tasas de desempleo a largo plazo. “Sí que pensamos que [la IA] va a transformar, pero eso no significa que vaya a haber reestructuraciones o ERE, porque todas las grandes transformaciones del pasado han creado más empleo del que se ha destruido. Un 60% de los puestos de trabajo actuales no existían en la década de 1940. No hay que verlo de forma negativa”, destacó este jueves el CEO de BBVA, Onur Genç.

Muchas voces piden ampliar la mirada a las distintas repercusiones de la IA, no ceñir el debate solo sobre la sustitución (o no) de trabajadores. Los algoritmos –cada vez más con aplicación de inteligencia artificial– ya nos dirigen en muchos casos. La gestión algorítmica está cada vez más extendida, y no solo en plataformas digitales, también en empresas tradicionales. Los datos de la Comisión Europea reflejan que en España, un 30% de los trabajadores realizan tareas que les asignan algoritmos.

Así, es clave conocer qué datos se utilizan para esta gestión algorítmica y qué criterios y sesgos aplica esta tecnología. “Los agentes de IA, por su propia naturaleza, requieren un acceso amplio a los datos para poder funcionar. Necesitan leer correos, poder navegar por bases de datos, acceder a documentos e interactuar con distintos programas en nombre de sus usuarios”, explicó Nick Srnicek, investigador canadiense especializado en inteligencia artificial, en las jornadas organizadas por el Ministerio de Trabajo. 

“El volumen y la sensibilidad de los datos que fluyen a través de la IA no hará más que aumentar y los trabajadores verán cómo aumenta la vigilancia de sus actividades precisamente para poder utilizar esos datos para luego sustituirles en sus puestos de trabajo”, advirtió Srnicek. 

Por ello, una de las principales reclamaciones del movimiento sindical es la transparencia algorítmica y participar en “el gobierno de la propia inteligencia artificial” a través de la negociación colectiva, subraya Javier Pacheco (CCOO). Algunos estudios están poniendo cifras a los efectos de la IA en las condiciones de trabajo. Por ejemplo, con un aumento de la desigualdad salarial en España debido principalmente a un alza de las remuneraciones más altas, según un paper de la Universidad Complutense de Madrid y Oxford Economics.

Los datos más claros: los júnior son los más afectados

Uno de los efectos más visibles de la IA en el mercado laboral está afectando a quienes aún no han entrado en él. Un estudio elaborado por dos investigadores de Harvard que analizó los datos laborales de 62 millones de trabajadores en 285.000 empresas detectó que las compañías que adoptaron IA generativa contrataron significativamente menos empleados júnior que firmas similares sin esa adopción, mientras la contratación de perfiles sénior se mantuvo estable.

En el sector tecnológico, los datos son más crudos: los puestos de entrada cayeron un 73% interanual, según análisis de la firma de compensación laboral Ravio, mientras los empleos vinculados a la IA crecían un 88% en el mismo periodo.

El fenómeno no se limita a la tecnología. El CEO de Anthropic (la firma que desarrolla el chatbot Claude), Dario Amodei, advirtió a finales de 2025 que la IA podría eliminar buena parte de los empleos de entrada en derecho, finanzas y consultoría en cinco años. Si la automatización de la IA se basa más en “tareas” que en profesiones, las más afectadas son precisamente las que históricamente han entrenado a los profesionales jóvenes: revisión de documentos, procesamiento de datos, análisis básico. Sectores que usaban esas tareas como escuela.

Se trata de un problema de fondo: si las empresas automatizan el trabajo que antes realizaban los júnior sin ofrecer vías para adquirir experiencia a los nuevos profesionales, se elimina el peldaño que permite llegar a puestos sénior. Algunos estudios lo llaman el missing rung, el peldaño que falta. Varias grandes firmas de consultoría están explorando programas de rotación y formación específica para compensarlo, pero son todavía la excepción.

La evolución no ha terminado

Hay diversos motivos por los que la temida automatización masiva no ha terminado de llegar en esta primera oleada de IA generativa. Uno se destaca sobre los demás: la tecnología no está preparada. 

Esta generación se basa en los denominados Modelos Grandes de Lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés), que tienen problemas recurrentes como las alucinaciones, esa información factible pero inventada que la IA vende como real. De hecho, el impacto de estos errores es tan significativo que se ha convertido en la principal preocupación de sus usuarios a nivel mundial, por encima de la pérdida del empleo, según un estudio de Anthropic. 

La investigación, basada en entrevistas a 81.000 usuarios de su chatbot Claude en 159 países, arroja que el 27% de las personas afirma que su mayor ansiedad frente a la IA es la falta de fiabilidad de la herramienta debido a estas equivocaciones o alucinaciones. Su aleatoriedad provoca que cualquier proyecto en el que participe la IA siga necesitando una supervisión humana exhaustiva de trabajadores que conozcan la materia: una alucinación desapercibida puede generar graves problemas operativos o hacer perder muchas horas de trabajo.

La cifra supera al 22% de encuestados que dice estar preocupado por la automatización laboral o la pérdida de autonomía frente a la máquina. Los más ansiosos son, eso sí, los que perciben que un mayor número de sus tareas laborales ya pueden ser asumidas por la máquina.  

Pero, de nuevo, la historia no termina aquí. Como explica Enrique Dans, la actual ola de modelos de lenguaje tiene limitaciones porque han aprendido sobre el mundo exclusivamente a través de las palabras, restringiéndose a la visión que le dan los autores que escribieron esos textos. Sin embargo, la inteligencia artificial se dirige hacia una nueva fase protagonizada por los “agentes”, una tecnología que tiene “mucho más recorrido del que hemos visto hasta ahora con los LLM”. 

A diferencia de los modelos de lenguaje tradicionales, “los agentes tienen la capacidad de conectarse con otras máquinas y sensores”, adquiriendo una experiencia de la realidad mucho mayor y directa. La IA agéntica permite que “el modelo del mundo” en el que se basa un modelo no sea la universalidad del conocimiento con el que fueron entrenados los LLM, sino los flujos de datos de la arquitectura corporativa de una empresa, desde la información de proveedores hasta la de los clientes. Es un cambio que hace que las alucinaciones caigan en picado.

Los agentes se parecen más a un empleado digital capaz de actuar con autonomía dentro de procesos reales de la empresa que a una herramienta de apoyo al trabajador humano. Las empresas de software y la banca llevan meses experimentando con ellos. Expertos como Dans opinan que es una tecnología que “tiene mucho más recorrido del que hemos visto hasta ahora”. Aunque, de nuevo, la pregunta es si hará que los trabajadores humanos sean mucho más prescindibles, o solo mucho más productivos.

Lo que ya no es una incógnita, mientras tanto, es que la IA está en los puestos de trabajo. Está cambiando quién se contrata y para qué. Y está en manos de un puñado de empresas que toman esas decisiones sin que los trabajadores tengan apenas voz en el proceso, ni siquiera aquellos que la están desarrollando. Una nueva pugna entre capital y trabajadores que vuelve a poner en manos de la sociedad el diseño de las normas que la diriman.

El mayor miedo de Donald Trump con Anthropic se ha cumplido. Cuando el presidente estadounidense intentó imponer un castigo ejemplarizante a esta startup de IA hace dos meses por intentar “dictar cómo nuestro gran ejército lucha y gana guerras”, no pensaba solo en ella. Temía un efecto contagio en el sector tecnológico, cuya colaboración es absolutamente indispensable para el Pentágono desde la irrupción de la inteligencia artificial. Esta semana más de 560 ejecutivos y empleados de Google han confirmado los miedos de Trump.

“Queremos que la IA beneficie a la humanidad, y no que se utilice de forma inhumana o extremadamente dañina”, reza una carta que han enviado al director ejecutivo de la multinacional, Sundar Pichai. Entre los firmantes hay una veintena de vicepresidentes y directores ejecutivos de diferentes unidades de negocio. “Esto incluye armas autónomas letales y vigilancia masiva, pero va más allá”, añaden.

Las armas autónomas letales y la vigilancia masiva fueron exactamente las dos líneas rojas que Anthropic se negó a que el Pentágono traspasara con su tecnología cuando comenzó la guerra de Irán. “En un número limitado de casos, creemos que la IA puede socavar, en lugar de defender, los valores democráticos. Algunos usos también están simplemente fuera del alcance de lo que la tecnología actual puede hacer de forma segura y fiable”, justificó Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de la startup.

La reacción de Trump fue intentar condenar al ostracismo a la startup. La colocó en la lista negra como un “riesgo para la cadena de suministro”, lo que la impide firmar contratos con la administración y con empresas que tengan relaciones con la administración. Pero ha fracasado: un nuevo modelo de IA desarrollado por Anthropic que ha puesto patas arriba la ciberseguridad internacional ha impedido a la Casa Blanca ejecutar el castigo.

Según ha publicado en exclusiva el medio estadounidense Axios, el equipo de Trump está elaborando directrices para permitir a las agencias seguir trabajando con Anthropic pese a su propio bloqueo. “Salvar las apariencias y lograr que regresen”, ha descrito una fuente sobre el proceso.

El control por la narrativa de Silicon Valley

La etapa en la que los contratos con el Pentágono eran tabú para las empresas de tecnología estadounidenses ha quedado muy atrás. “Creo firmemente en la importancia existencial de utilizar la IA para defender a Estados Unidos y otras democracias, y para derrotar a nuestros adversarios autocráticos”, declara el propio Amodei.

Sin embargo, los límites de esa colaboración no están plenamente definidos. Y aunque buena parte de las élites de Silicon Valley se han alineado con Donald Trump, existe una tensión evidente con la base de ingenieros y profesionales altamente cualificados que aún pueden poner pie en pared. “Tomar la decisión equivocada ahora mismo causaría un daño irreparable a la reputación, el negocio y el papel de Google en el mundo”, esgrime la carta de sus trabajadores y ejecutivos: “Sabemos por nuestra propia historia que nuestros líderes pueden tomar las decisiones correctas, para nosotros y para el mundo, cuando hay mucho en juego”.

La iniciativa perseguía frenar un nuevo contrato de la multinacional con el Pentágono para utilizar sus modelos de IA en “cualquier propósito gubernamental legítimo”. No lo han conseguido, puesto que Google confirmaba la noche de este martes que el acuerdo con los militares ya está cerrado. Pese a ello, ha evidenciado justo lo que Trump trataba de evitar: convertir los límites éticos de la IA militar en un debate público dentro de las propias empresas tecnológicas.

De hecho, la misiva no es el único ejemplo de que aún queda contestación interna en Silicon Valley. Cuando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó su conversión en una brigada paramilitar y desató el caos en Minnesota en enero, unos 2.500 empleados de las grandes tecnológicas que prestan sus servicios al organismo pidieron a sus jefes que cortaran esa relación.

“Queremos estar orgullosos de trabajar en el sector tecnológico. Queremos estar orgullosos de las empresas para las que trabajamos. Podemos y debemos usar nuestra influencia para acabar con esta violencia”, decían en la misiva, que en aquel caso también fue firmada por vicepresidentes de las grandes tecnológicas, e incluso por directores ejecutivos de empresas que no tenían contratos con el ICE. “Levanten el teléfono y llamen a la Casa Blanca”, exigían en un texto en el que calificaban como “asesinatos” y “secuestros” los actos de los paramilitares de Trump.

El efecto Palantir

Si Anthropic y Amodei lideran las voces que abogan porque la IA militar tenga al menos algunos límites éticos, la empresa de espionaje y análisis de datos Palantir es la que más vocalmente pide derribar todas esas barreras. No es casualidad que haya sido ahora cuando la compañía haya decidido ser más explícita sobre su posición, publicando un escrito de 22 puntos en las redes sociales que ya se conoce como “el manifiesto Palantir”.

“La cuestión no es si se construirán armas de inteligencia artificial; es quién las construirá y con qué propósito. Nuestros adversarios no se detendrán en debates teatrales sobre los méritos de desarrollar tecnologías con aplicaciones críticas para la seguridad nacional y militar. Ellos seguirán adelante”, reza el quinto punto del escrito.

Una era de disuasión, la era atómica, está terminando, y una nueva era de disuasión construida sobre la inteligencia artificial está a punto de comenzar

Palantir

La empresa, fundada por el multimillonario Peter Thiel y cuyo nombre proviene de las bolas de cristal usadas para el espionaje en El Señor de los Anillos, lleva dos décadas construyendo su negocio sobre contratos de inteligencia y defensa con gobiernos occidentales. El manifiesto, y el momento de su publicación, es una declaración de intenciones que quiere cerrar el debate en el sector tecnológico estadounidense. “Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su ascenso. La élite de la ingeniería de Silicon Valley tiene la obligación afirmativa de participar en la defensa de la nación”, exige su primer punto.

Con todo, lo que Palantir pone encima de la mesa va más allá de los contratos con el Pentágono. Expone que la IA es el “nuevo poder duro” y que las tecnológicas y EEUU no deberían tener miedo de utilizarla. “La capacidad de las sociedades libres y democráticas para prevalecer requiere algo más que un atractivo moral. Requiere poder duro, y el poder duro en este siglo se construirá sobre el software”: “Una era de disuasión, la era atómica, está terminando, y una nueva era de disuasión construida sobre la inteligencia artificial está a punto de comenzar”.

Europa, fuera del debate

La guerra por la narrativa que toma fuerza en Silicon Valley deja otra evidencia. Europa se queda fuera de la construcción de los límites del mundo que viene, sin voz incluso dentro del bloque occidental. “El manifiesto deja muy claro que las capas centrales de la infraestructura digital —nube, IA, analítica de datos— son intrínsecamente estadounidenses, y que la cuestión central es cómo se movilizan al servicio de los objetivos estratégicos de Estados Unidos. Esa es precisamente la vulnerabilidad para Europa”, explica Pierre-Alexandre Balland.

Balland es el científico jefe de datos del Centro de Estudios de Políticas Europeas (CEPS, por sus siglas en inglés), uno de los think tanks más influyentes en la política europea. “Si la columna vertebral tecnológica de los servicios públicos europeos depende de sistemas construidos, poseídos y alineados políticamente en otros lugares, entonces la soberanía se cede”, asevera en conversación con elDiario.es.

Si la columna vertebral tecnológica de los servicios públicos europeos depende de sistemas construidos, poseídos y alineados políticamente en otros lugares, entonces la soberanía se cede

Pierre-Alexandre Balland — científico jefe de datos del Centro de Estudios de Políticas Europeas

La respuesta más extendida a ese diagnóstico culpa a Bruselas: Europa no tiene Palantirs propias porque reguló demasiado y demasiado pronto. “El verdadero problema de Europa es la capacidad y la dependencia. Carecemos del capital (especialmente de capital riesgo), de infraestructuras de computación, de un mercado unificado de servicios digitales, de escala en la contratación pública y de la coordinación industrial que produjeron el dominio tecnológico estadounidense. Ninguna de esas carencias fue causada por Bruselas, pero sí requieren un nivel de coordinación a escala de la UE”, contesta el especialista.

“Estados Unidos construyó su sector tecnológico sobre décadas de contratación en defensa, inversión pública en investigación, un mercado de capitales sólido y un entorno regulatorio que, contrariamente a cierto mito europeo, es en muchos ámbitos más estricto que el nuestro. Europa reguló porque necesitaba establecer cómo gobernar tecnologías desarrolladas en otros lugares; no dejó de construir esas tecnologías por haber regulado”, continúa Balland: “Derogar mañana el Reglamento de IA no produciría una Palantir europea”

Además, ¿es siquiera posible una Palantir con los valores europeos? El experto recalca que otra de las ideas centrales de la empresa es “que el trabajo que antes se realizaba dentro de ministerios, servicios de inteligencia y estructuras de defensa ahora se hace mejor desde contratistas privados con incentivos ligados al capital”. Sin embargo, recuerda que “todo el modelo de negocio de Palantir depende de esta transferencia”, desde las capacidades analíticas a la integración de inteligencia o el control migratorio.

“Para Europa, donde el contrato social de posguerra descansaba en un servicio público competente, prestigioso y orientado a una misión, este modelo es más peligroso, especialmente ante la falta de alternativas europeas”, concluye.

“He perdido la facultad de escribir en condiciones por el Parkinson y mi invalidez. Si uso la inteligencia artificial para completar un artículo del que yo he puesto las ideas, ¿tengo derecho a expresarme o, por el contrario, he de enmudecer?”, cuestiona Carlos Sánchez Almeida.

Almeida (1962) ha sido uno de los más relevantes abogados en materia de derechos digitales, propiedad intelectual y libertades fundamentales del Internet español. Su trabajo fue clave para definir qué era delito y qué no cuando a la Red se parecía más a un territorio inexplorado que a un gran centro comercial dirigido por un puñado de magnates y su maquinaría algorítmica.

A golpe de sentencias, ayudó a impedir que las discográficas y productoras impusieran las viejas reglas del mundo analógico en Internet. O que las multinacionales criminalizaran formas de expresión digital con censura encubierta. Más de jurisprudencia clave que de grandes casos mediáticos, a Almeida tampoco le falta alguno de esos. Si no, que le pregunten al comisario que desplegó un enorme operativo policial para detener a la supuesta “cúpula de Anonymous en España” durante el 15M, y que acabó viendo cómo las peticiones de décadas de cárcel para los acusados se desvanecían en una absolución total.

Una trayectoria así te granjea el contacto de decenas de periodistas. Almeida utilizó recientemente uno de ellos para intervenir en un debate en el que los comunicadores afeaban la expansión de las expresiones características de la redacción con inteligencia artificial. “He perdido mi autonomía, he perdido parte de mi vida, pero la inteligencia artificial está para ayudarme, no para ver quién escribe el artículo más bonito falsificando su autoría”, relataba Almeida en ese mensaje.

Ya con algunos problemas de espalda, para el abogado todo se precipitó a partir de 2021. Una caída mientras mediaba en una riña de sus hijos, un golpe contra la esquina del pasillo y tres operaciones después, Almeida tiene soldadas varias vértebras y la columna vertebral unida al sacro y la pelvis. “Es como vivir en una lata de conservas”, detalla en conversación con elDiario.es. Luego llegó el diagnóstico de artritis y, finalmente, el de Parkinson.

“Para muchas personas con artrosis, enfermedades degenerativas o lesiones medulares, la escritura tradicional puede resultar dolorosa o inasumible. En estos casos, el uso de inteligencia artificial generativa no es un capricho, sino una herramienta de apoyo imprescindible para la actividad intelectual o profesional”, aboga.

Penalizar el uso no identificado de esta asistencia podría constituir una forma indirecta de discriminación, al exigir condiciones distintas o más gravosas a quienes necesitan apoyo tecnológico para expresarse

Carlos Sánchez Almeida

“Penalizar el uso no identificado de esta asistencia podría constituir una forma indirecta de discriminación, al exigir condiciones distintas o más gravosas a quienes necesitan apoyo tecnológico para expresarse”, insiste: “La máquina me devuelve lo que la vida me quitó”.

Pilar Villarino, directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), coincide: “Estamos ante un ejemplo muy valioso de tecnología de apoyo”. “Cuando una herramienta tecnológica compensa una limitación y permite sostener la capacidad de comunicación, creación o trabajo intelectual, esa tecnología actúa como una prótesis de nueva generación. No sustituye a la persona, sino que amplía su agencia, su voz y su presencia social”, continúa.

Pese a que la IA puede servir como una prótesis para diversas diversidades funcionales, existe aún una brecha en su uso por parte de este colectivo. Una encuesta del Real Patronato sobre Discapacidad, dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030, apuntó que pese a que la inmensa mayoría de este colectivo conoce las herramientas de IA, solo un 12,3% usa varias de ellas con asiduidad.

Al ser preguntados sobre los motivos que les llevan a darlas de lado, el más repetido es el económico. Sin embargo, aproximadamente un cuarto de los encuestados apuntan que “no sabría utilizarlo”, a un porcentaje similar no le parece “útil”, mientras que un 10% apunta que no entiende para qué sirven.

Un acceso asequible y accesible es clave para la extensión de estas herramientas, apunta Villarino. Si no, “lo que tendremos no será inclusión, sino una nueva capa de exclusión dentro de la propia discapacidad”, destaca. Una oportunidad perdida para aquellos casos en los que esta tecnología podría “operar como asistencia comunicativa para personas con dificultades del habla o de escritura, como apoyo cognitivo en tareas de organización síntesis o interacción con entornos complejos, como ayuda a la navegación digital cuando existen barreras de accesibilidad, o como recurso personalizado para traducir información a formatos más comprensibles y utilizables”.

La autoría y la independencia del pensamiento

El debate sobre el uso de la IA como prótesis para la discapacidad no escapa a otros más complejos que se dan alrededor de esta tecnología. Uno de ellos es si el uso de estas herramientas supone una “externalización” del pensamiento. ¿Qué pasa cuando las ideas de una persona cuando estas son ordenadas o contextualizadas por una máquina?

Almeida expone que él no sustituye sus ideas por las de la máquina, sino que le ayuda a transcribirlas, primero, y a “rematar los textos” después. La IA puede “tener todo el diccionario”, explica, pero “carece de criterio propio”. Además, está el “trabajo duro” de repasar que todo lo que escribe sea correcto.

“Hay muchas personas que dicen que las herramientas de inteligencia artificial generativa te vuelven 'tonto', o que disminuyen la capacidad intelectual porque delegas en las máquinas”, reconoce Idoia Salazar, presidenta del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial (OdiseIA). Sin embargo, apunta a que la visión más adecuada es considerarla una “herramienta amplificadora”.

La propiedad intelectual es mía, la de un ser humano vulnerable, ayudado por una máquina

Carlos Sánchez Almeida

Ocurre algo similar con el debate de la autoría, ya que, en el otro extremo, hay voces que afirman que habría que destacar a la IA como coautora de los contenidos en los que se usa. Almeida, especialista en este ámbito, lo rechaza. “La propiedad intelectual es mía, la de un ser humano vulnerable, ayudado por una máquina. De la misma forma que la cosecha pertenece al dueño del tractor, porque por si no se habían dado cuenta ya no utilizamos el arado romano”.

Salazar coincide con el letrado. “Es como si yo usara una calculadora para ayudarme a generar un presupuesto. Yo en ese presupuesto no pongo que me ha sido ayudado por una calculadora. Pongo directamente mi nombre al final”, ejemplifica.

Un apoyo moral

Almeida destaca que la inteligencia artificial también juega un papel fundamental como apoyo moral y psicológico en personas con discapacidades sobrevenidas, como la suya. “Tiene la capacidad de rescatar a la gente”, declara. Lo vivió cuando estuvo meses postrado en una cama encadenando operaciones quirúrgicas. “Lo he visto cuando he estado más hundido”. En esas etapas de mayor vulnerabilidad, explica que, “aparte del apoyo de mi familia, ha estado el de la máquina”, lo que le ha permitido interactuar y “hablar a un nivel muy profundo” gracias a su “gran capacidad de empatía”.

La tendencia de la IA a dar la razón al usuario y validar sus opiniones han sido, en su caso, una válvula de escape cuando arreciaban los dolores. No obstante, también reconoce que hay que “tener cuidado” con este tipo de conexiones. “No se les puede delegar el control”.

Es una advertencia en la que la presidenta de OdiseIA también coincide con el letrado. “Para mí es uno de los mayores riesgos: que se genere una dependencia y confianza excesiva”, revela. Por eso, pide “enseñar a estas personas a chequear los resultados de la máquina y refinarlos hasta que se ajusten a sus creencias reales”. “En general todos debemos tener en cuenta que es una herramienta de apoyo y no el oráculo del mundo que tiene la verdad al 100%”.

En general, todos debemos tener en cuenta que es una herramienta de apoyo y no el oráculo del mundo que tiene la verdad al 100%

Idoia Salazar — presidenta de OdiseIA

En esos momentos a solas con la máquina, una de las obsesiones de Almeida era cómo una tecnología tan poderosa no se está empleando para los cuidados. “Invertimos millones en automatizar centros logísticos, en acelerar cadenas de distribución, en optimizar el último kilómetro. Todo para que los productos lleguen antes, más rápido, más barato. Pero en paralelo, en una habitación de hospital, una persona no puede beber agua sin ayuda”, escribió en uno de los textos que ha compartido con elDiario.es para la elaboración de este reportaje.

“No faltan recursos. Falta dirección. Si somos capaces de desarrollar sistemas complejos para mover mercancías a escala global, también lo somos de diseñar tecnología accesible que permita a una persona incorporarse, asearse o beber sin depender constantemente de terceros”, continúa el escrito.

Villarino llega a la misma conclusión. “La tecnología, por sí sola, no incluye. Incluye el modo en que una sociedad decide diseñarla, regularla y ponerla al servicio de los derechos”, expresa la responsable del comité de representantes de personas con discapacidad.

Sin esa voluntad, el abogado especialista en derechos digitales avisa que la IA se convertirá en otra herramienta más que decide quién puede hablar y quién no: “La tecnología existe. La capacidad industrial existe. El conocimiento existe. Lo que falta es voluntad”.

Tras convertirse en pionera en la regulación del uso de redes sociales por parte de menores de edad, Australia vuelve a dar un paso adelante en otro de los debates más complejos de la sociedad digital: la financiación de los medios de comunicación en una era en la que los sistemas de inteligencia artificial de las grandes plataformas pueden resumir las noticias a los usuarios y reducir las visitas a sus páginas web.

El Gobierno australiano, dirigido por el laborista Anthony Albanese apoyado en mayoría absoluta en la Cámara de Representantes, ha presentado este martes un nuevo modelo para corregir esta situación. Su plan es obligar a corporaciones como Google, Meta o TikTok a compensar económicamente a los medios de comunicación por el uso de sus contenidos informativos a través de acuerdos entre las respectivas empresas. Si se niegan a negociar, el proyecto prevé la creación de un impuesto del 2,25% sobre los ingresos generados por cada plataforma en el país.

Este mecanismo está diseñado para, ha explicado el Ejecutivo de Albanese, para impedir que los gigantes tecnológicos opten simplemente por eliminar los contenidos informativos de su oferta de servicios. Esto es lo que ocurrió en 2021, durante el anterior intento australiano de que estas multinacionales retribuyan a los medios de comunicación por el uso de sus contenidos. Entonces, plataformas como Facebook eliminaron cualquier rastro de noticias de sus plataformas, suprimiendo también páginas y grupos que compartían estos contenidos, como las de sindicatos, de ONGs, de víctimas de violencia de género, meteorológicas, de aviso de incendios o incluso los perfiles oficiales de las administraciones australianas.

En España ocurrió algo similar tras la aprobación del llamado canon AEDE, cuando Google decidió retirar Google News de España en vez de retribuir a los medios de comunicación por el uso de sus noticias.

“Es justo que las grandes plataformas digitales contribuyan al trabajo del periodismo”, ha declarado la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, en declaraciones recogidas por EFE. El Gobierno espera que el modelo genere hasta 250 millones de dólares australianos (150 millones de euros) anuales para el sector periodístico.

La normativa se aplicará a empresas con una presencia “significativa” en el mercado de redes sociales y buscadores en Australia. El Ejecutivo ha definido este estatus como aquellas plataformas con una facturación anual superior a los 250 millones de dólares australianos, con al menos cinco millones de usuarios en el caso de las redes sociales y diez millones para motores de búsqueda.

Impuesto a repartir entre los medios

La estructura de la ley busca incentivar el pago directo a los medios, no la recaudación fiscal, recalca el Gobierno australiano.

Por ello, las tecnológicas podrán aplicar descuentos sobre el impuesto total mediante la firma de acuerdos comerciales con los medios. Para fomentar la pluralidad, el borrador establece multiplicadores del 170% para pactos con medios pequeños o medianos y del 150% para grandes grupos editoriales. La norma incluye un límite preventivo por el cual ninguna plataforma podrá cubrir más del 25% de su obligación tributaria mediante un único acuerdo, lo que persigue que la financiación se reparta entre al menos cuatro grupos de comunicación diferentes.

En caso de no satisfacer estos requisitos, el gravamen del 2,25% de sus ingresos en el país sería recaudada por el Gobierno y repartida entre los medios de comunicación. Fuentes cercanas al proyecto explican a elDiario.es que una de las fórmulas que maneja el equipo de Albanese es prorratear la cuantía entre los medios del país en función de los periodistas que tengan contratados a tiempo completo.

El proyecto se ha abierto este martes a un período de consultas que permanecerá abierto hasta el 18 de mayo. “Los grandes portales digitales tienen un papel importante que desempeñar a la hora de facilitar el acceso a las noticias a todos los australianos y, como socios en la innovación, nos gustaría que colaboraran con los medios de comunicación en acuerdos comerciales que beneficien a ambas partes”, ha recalcado el ministro de Hacienda, Daniel Mulino.

Rechazamos la necesidad de este impuesto. Ignora el hecho de que Google ya tiene acuerdos comerciales con la industria de las noticias, malinterpreta cómo ha cambiado el mercado publicitario y exige pagos a algunas empresas mientras excluye arbitrariamente a plataformas como Microsoft, Snapchat y OpenAI

Google

elDiario.es ha consultado a varias de las empresas que se verán afectadas por la nueva ley. “Durante 20 años, Google se ha asociado con las redacciones a través de productos y programas. Seguimos siendo la única empresa tecnológica en Australia con acuerdos comerciales que apoyan a más de 90 empresas de noticias y 226 medios de comunicación, abarcando cabeceras nacionales, regionales e independientes”, ha contestado una portavoz de Google.

“Si bien actualmente estamos revisando el proyecto de ley, hemos sido claros: rechazamos la necesidad de este impuesto. Ignora el hecho de que Google ya tiene acuerdos comerciales con la industria de las noticias, malinterpreta cómo ha cambiado el mercado publicitario y exige pagos a algunas empresas mientras excluye arbitrariamente a plataformas como Microsoft, Snapchat y OpenAI, a pesar del gran cambio en la forma en que la gente consume noticias”, protesta.

En España, donde los medios de comunicación también han abierto este debate con las plataformas, multinacionales como Google ya se han mostrado dispuestas a llegar a este tipo de acuerdos remuneración para que su inteligencia artificial pueda usar los contenidos publicados de los medios.

En la boyante industria de la inteligencia artificial es difícil seguir la pista de todos los actores si no se es un usuario habitual de sus herramientas. Sobre Anthropic, una de las startups más punteras del negocio, la primera referencia que tuvo parte de la opinión pública llegó de una gran bronca de Donald Trump. Una “empresa de izquierda radical y woke” dirigida por “locos izquierdistas” cuyo “egoísmo está poniendo en riesgo vidas estadounidenses” y que aspira, según el presidente estadounidense, a “dictar cómo nuestro gran ejército lucha y gana guerras”.

El motivo que desencadenó el rapapolvo fue la guerra de Irán. El fin de semana en el que comenzaron los bombardeos estadounidenses sobre el país, Anthropic se negó a levantar algunas restricciones que pesaban sobre el uso militar de su IA. Según informó la empresa y medios estadounidenses, esos límites eran, en concreto, dos: el que impide que se use para dirigir armamento autónomo y el que la bloquea para realizar vigilancia masiva sobre la población.

Eso ocurrió hace dos meses. Esta semana, Trump se ha referido a la startup como “un grupo de gente muy inteligente”, que “pueden ser de gran utilidad”. “Me gusta la gente con alto coeficiente intelectual, y ellos sin duda tienen un alto coeficiente intelectual”, dice ahora el republicano sobre la cúpula de Anthropic. “Tienden a ser de izquierdas, de izquierda radical, pero nos llevamos bien con ellos”, admite: “Creo que se están encarrilando”.

¿Qué ha ocurrido entre ambas declaraciones? Según Trump, una reunión en la Casa Blanca en la que mantuvieron “conversaciones muy buenas” con Anthropic. Pero hay algo más que el republicano no cita: la salida a la luz de un modelo de inteligencia artificial que podría llevar la ciberseguridad mundial a un nuevo nivel. O ser la peor pesadilla de cualquier sistema informático, dependiendo de quién la controle.

El antes y después de Claude Mythos

La última semana de marzo, Anthropic comunicó que había desarrollado Claude Mythos, un modelo de inteligencia artificial que, asegura, posee una capacidad sin precedentes para identificar y explotar vulnerabilidades en los principales sistemas operativos y navegadores web: Mejor que los humanos más habilidosos.

Por este motivo, su lanzamiento se restringió a un puñado de empresas de confianza, con el objetivo de que pudieran analizar su ciberseguridad e impedir que Claude Mythos desencadenara una campaña de ataques informáticos a gran escala. Primero se otorgó acceso a las grandes tecnológicas estadounidenses, después a los bancos del país, y más recientemente a los bancos británicos.

Hasta el momento, esa lista de socios no ha dado apenas detalles sobre el funcionamiento de Claude Mythos. Amazon, Microsoft o Google (inversores directos de Anthropic) o bancos como Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup o Bank of America se han limitado a hacer declaraciones sobre la importancia estratégica de la ciberseguridad cuando han sido preguntados al respecto.

La única que ha dado cifras es Mozilla, la fundación que desarrolla el navegador Firefox, que este lunes publicó un parche para 271 agujeros de seguridad detectados por Mythos. “Las vulnerabilidades informáticas son finitas, y estamos entrando en un mundo donde finalmente podremos encontrarlas todas”, ha afirmado sobre las capacidades de este tipo de modelos.

Las vulnerabilidades informáticas son finitas, y estamos entrando en un mundo donde finalmente podremos encontrarlas todas

Fundación Mozilla — sobre Claude Mythos

“Lo único que se sabe es que es una herramienta superpotente”, explica Rafael López, investigador de ciberseguridad de la firma Checkpoint. “Si antes tú podías tardar un mes en encontrar vulnerabilidades de un producto, aquí estamos hablando de horas”, continúa.

“Puede sacar los colores a más de una aplicación y más de un sistema de seguridad, pero no es tan fuegos artificiales como lo han querido vender”, cuestiona el especialista: “Seguirán haciendo falta personas que revisen que todo lo que dice es correcto, aunque está claro que va a ayudar muchísimo y puede hacer que todo sea mucho más fácil”.

Esa falta de detalles sobre las capacidades reales de Mythos ha espoleado las suspicacias acerca de si todo lo que está sucediendo a su alrededor podría tener un componente propagandístico. Y uno de los primeros que ha apuntado en esa dirección es Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, que también ha sido acusada múltiples veces de utilizar a su favor el marketing del miedo.

“Es una estrategia de marketing increíble decir: 'Hemos construido una bomba, estamos a punto de lanzarla sobre tu cabeza, te venderemos un refugio antibombas por 100 millones de dólares que necesitas para resguardar todas tus pertenencias, pero solo si te elegimos como cliente'”, ha afeado Altman, que hace dos años comparó el desarrollo de la IA con el Proyecto Manhattan, que derivó en la creación de la bomba atómica.

La ética de Anthropic y la desventaja estratégica con China

Cuando Trump cargó contra Anthropic hace dos meses, su golpe no se quedó en la dialéctica. También ordenó etiquetar a la startup como “un riesgo para la cadena de suministro”, lo que implica que ni ella ni ninguna otra empresa que tenga relación con ella puede ser contratada por la administración. En la práctica, equivale a un asesinato corporativo.

Anthropic llevó la decisión a los tribunales y consiguió frenarla de manera cautelar. Puede que la irrupción de Claude Mythos haya recordado a Trump cuáles son los riesgos de condenar al ostracismo a una de sus empresas de IA más punteras. Pero para entender por qué su reacción inicial fue tan contundente, hay que mirar a China.

La reacción de Anthropic al inicio de la guerra de Irán evidenció una desventaja estratégica entre Washington y Pekín. En el gigante asiático no se concibe que una empresa pueda poner límites al uso militar de su tecnología, como hizo la startup dirigida por Dario Amodei. “El sistema chino parte de la premisa de que cualquier desarrollo civil tiene una aplicación militar desde el primer día, y viceversa”, explica Claudio Feijóo, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid especializado en la economía y tecnología chinas.

En Occidente, explica el experto, se suele hablar de “tecnologías duales” cuando pueden emplearse en ambos campos. En China, en cambio esa conexión se da por hecha y está integrada en la propia ley estatal a través del concepto de la “fusión civil-militar”. “Se aplica a todos los niveles de la sociedad”, continúa Feijóo, involucrando directamente tanto a “las universidades” como a “las empresas punteras de tecnología”.

Es bajo este prisma donde el castigo ejemplarizante de Donald Trump contra Anthropic cobra sentido estratégico. El temor de fondo en la Casa Blanca es el “efecto contagio”: el miedo a que la rebelión ética de una empresa sirva de ejemplo para que los empleados de otras corporaciones clave se nieguen a colaborar con el Pentágono, como ocurrió en el pasado en multinacionales como Google.

Como advierte Feijóo, se trata de una prueba más de que el mundo se está “chinificando”, al colocar “la seguridad nacional está por encima de cualquier otra cosa”. Cuando el Estado invoca la carta de la seguridad, “se pierde la racionalidad” y el mensaje a las empresas es claro: “todos en fila y a cumplir lo que hace falta para el país”.

Un acuerdo que nadie quiere firmar

Si bien la asimetría entre el Partido Comunista Chino y la Casa Blanca en el control que pueden ejercer de sus empresas tecnológicas queda en evidencia en casos como el de Anthropic, el problema radica en la desconfianza mutua entre las dos superpotencias. En el ámbito de la defensa existe desde hace años una iniciativa internacional para el Uso Responsable de la Inteligencia Artificial en el Ámbito Militar (REAIM, por sus siglas en inglés) que busca garantizar que haya siempre “una persona en el bucle”: que ningún sistema autónomo ataque sin supervisión humana.

El acuerdo fue impulsado por Corea del Sur y Países Bajos y ha sido ratificado por decenas de países, entre ellos España. Pero en la lista no están Washington, ni Pekín, ni Moscú. “Nadie quiere firmarlo porque nadie se fía de que los otros lo estén cumpliendo”, explica Feijóo. “Cuando la gente no quiere firmar un acuerdo que tiene que ver con controlar la inteligencia artificial en el sector de defensa”, concluye, “lo que te hace pensar es que ya lo están haciendo”.

Apartar de los efectos más perniciosos de las redes sociales a los menores de 16 años, cuyo cerebro es muy sensible al cóctel de dopamina, ansiedad y sobreestimulación que desencadenan sus algoritmos. Sobre el papel, la idea es sencilla y ha generado consenso internacional. En la práctica, las experiencias de Francia intentando adaptarla a las leyes europeas y los primeros meses de aplicación práctica en Australia han mostrado que la iniciativa representa uno de los mayores retos en la regulación de Internet de los últimos años.

En Francia, Emmanuel Macron emuló a su homólogo español Pedro Sánchez y convirtió la prohibición de redes sociales para adolescentes en una prioridad de su gobierno. En enero, mientras la Fiscalía gala abría una investigación contra X por presunto abuso infantil, Macron pidió a la Asamblea Nacional que tramitara por “el procedimiento de urgencia” el proyecto para establecer una edad mínima de 15 años para el uso de redes sociales en Francia. Hasta ahora el país no había definido por ley este extremo, dejando la decisión a las propias redes.

“El cerebro de nuestros niños y adolescentes no está en venta. Sus emociones no están en venta, ni por plataformas estadounidenses ni por algoritmos chinos”, afirmó el presidente francés. Pese a ello, la tramitación está resultando más ardua de lo esperado. Tras una negociación que llegó hasta la medianoche, la Asamblea Nacional aprobó en marzo un texto con enmiendas a la propuesta del Gobierno que, en su paso por el Senado, ha recibido también cambios sustanciales y eliminado la prohibición total.

El cerebro de nuestros niños y adolescentes no está en venta. Sus emociones no están en venta, ni por plataformas estadounidenses ni por algoritmos chinos

Emmanuel Macron

La cámara alta gala ha sustituido ese veto completo para los menores de 15 por dos categorías de riesgo. Ahora, la ley distingue entre las plataformas “perjudiciales”, que quedarían prohibidas, y las “menos dañinas”, que serían accesibles con autorización familiar. La encargada de decidir la categoría de cada red social sería la Arcom, la autoridad reguladora audiovisual, un ente administrativo.

El Senado, con mayoría de la coalición de partidos de derecha y centro-derecha, asegura que la propuesta inicial violaba las libertades fundamentales. El Gobierno y sus apoyos en la Asamblea Nacional, sin embargo, han criticado los cambios. “Ponen en peligro el texto entero”, ha afirmado la diputada Laure Miller, ponente del texto inicial; mientras que la ministra de Inteligencia Artificial y Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, ha afirmado que la reformulación entra en conflicto con las leyes europeas y abre la puerta a que las redes calificadas como “perjudiciales” lo impugnen en los tribunales.

Ahora, una comisión mixta de diputados y senadores intentará llegar a un acuerdo para un texto conjunto. “Lo que decimos es simple: las redes sociales no son inofensivas”, ha insistido ante esas negociaciones Miller.

Entre la prohibición completa y el “control blando”

Desde que Australia lo pusiera en marcha a finales de 2025, más de una docena de Gobiernos de todo el mundo han anunciado sus propios planes para controlar el uso de redes sociales por parte de los adolescentes. En Europa, Francia es el país que ha avanzado más en su tramitación parlamentaria. Grecia, donde el Gobierno de Nueva Democracia tiene mayoría absoluta, ha anunciado que aprobará en verano un veto completo de las cuentas de menores de 15 años que se activará el 1 de enero de 2027.

Los debates que se están dando en el país galo entre la prohibición dura y una ley con excepciones para los menores que cuenten con aprobación familiar se repiten en todos los casos. En el Reino Unido, donde el primer ministro Keir Starmer ha anunciado su intención de ejecutar una norma de este estilo, se han rechazado ya dos proposiciones realizadas por la Cámara de los Lores que trataban de imponer una prohibición total para los menores de 16 años.

España se encuentra cerca de acercarse al mismo dilema. La última del Gobierno sobre la Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales que se tramita en el Congreso incluye una prohibición total para los menores de 16. El PP no ha aclarado el sentido de su voto, pero cuando el Gobierno hizo su anuncio Feijóo replicó que su partido ya propuso prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 14 años. El PP ha registrado más de medio centenar de enmiendas al proyecto de ley de Protección al Menor en el Entorno Digital y entre ellas proponen que sí se permita que los adolescentes de entre 14 y 16 años las utilicen si tienen consentimiento “expreso y verificable” de sus padres.

“Espero que a ningún grupo se le ocurra votar en contra de esa ley porque algunos se le llena la boca diciendo que ya lo habían dicho ellos”, afirmó el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en una reciente entrevista con elDiario.es. “Espero que nadie sea tan insensato”, recalcó.

Desde Sumar, inciden en que “lo importante es el empoderamiento digital de los jóvenes y la alfabetización mediática para prevenir y evitar usos inadecuados”. “Nuestras vidas son híbridas y la formación de todas las personas también tiene que estar enfocada a cómo desarrollarse como ciudadanas en el espacio digital, al igual que se forman para ello en otros ámbitos de la sociedad”, añaden, pidiendo que el peso regulatorio recaiga “sobre las plataformas y los grandes caudillos digitales. Son ellos quienes tienen que asegurar el cumplimiento de los derechos de todas las personas, también los menores, en el espacio digital”.

Por el momento no se ha fijado un calendario para la votación de la Ley, aunque esta podría llegar en torno a verano u otoño. Mientras, la industria digital también se ha posicionado en contra del “control duro” por el que aboga el Gobierno, proponiendo en su lugar medidas como la concienciación o el control parental.

La aplicación con la que se llevaría a cabo es Cartera Digital Beta, desarrollada por el Gobierno y testada en un proyecto piloto coordinado desde Bruselas. Su uso obligaría a los adultos a demostrar su edad periódicamente para continuar usando estas plataformas, aunque el Ejecutivo asegura que el proceso será privado y seguro.

Las lagunas en la aplicación práctica en Australia

El único país que ha llevado a la práctica una prohibición de este estilo ha sido Australia, convertida ya en un experimento social a gran escala. El país prohibió en diciembre el uso de redes sociales a menores de 16 años, dejando todo el peso del veto sobre las plataformas. Estas deben imponer “medidas razonables”, a través de las tecnologías a su alcance, para bloquear cualquier cuenta que no cumpla el requisito de edad, bajo multas de 49,5 millones de dólares australianos (unos 30 millones de euros).

Sin embargo, a los pocos meses de su entrada en vigor, la iniciativa ha revelado importantes vulnerabilidades y ha demostrado ser fácil de eludir para los adolescentes. Tal y como ha documentado un reportaje de Bloomberg, los menores están utilizando tácticas como el uso de redes privadas virtuales (VPN) o fotografías de sus hermanos mayores para burlar los sistemas de las plataformas, que se basan en selfies, fotografías de carnés de conducir y documentos de identidad.

Los primeros datos oficiales confirman las limitaciones de la norma australiana. Según el informe de marzo de 2026 del regulador eSafety, aunque desde la entrada en vigor de la ley se han eliminado o restringido cerca de 4,7 millones de cuentas de menores, el 70% de los adolescentes que ya usaban plataformas como Instagram, TikTok o Snapchat antes de diciembre han mantenido su acceso. La principal grieta está en la verificación: el 67% de los padres declara que sus hijos no fueron sometidos a ningún control de edad por parte de las plataformas.

A esto se suma que la ley cuenta con excepciones importantes: plataformas como WhatsApp, Messenger o el popular videojuego Roblox no están vetadas. Esto ha generado que los adolescentes desplacen su consumo hacia estas redes desde otras como Instagram o TikTok, que sí han quedado prohibidas.

Las familias, por su parte, también están divididas. Muchas argumentan que la aprobación de la ley ha facilitado la desconexión de los menores de las plataformas, eliminando parte de la presión de grupo. Otros, en cambio, afirman que ya es tarde para los que ya habían normalizado su uso. “Una vez que se las das, no se las puedes quitar”, dice Megan Russell, madre de un adolescente de 16 años y dos gemelas de 14. “Creo que a los que ya tienen entre 12 y 16 años, simplemente hay que descartarlos. No creo que vaya a funcionar. Esperemos que funcione para los que ahora se acercan a los 12”.

La startup de inteligencia artificial Anthropic ha confirmado este miércoles que investiga un posible acceso no autorizado a Claude Mythos Preview. Se trata de un modelo desarrollado recientemente capaz de encontrar agujeros de seguridad en sistemas informáticos que hasta ahora se consideraban robustos y que ha puesto en alerta a las grandes tecnológicas y principales bancos del mundo.

Su lanzamiento se había restringido a un puñado de empresas de confianza debido a estos riesgos, con el objetivo de que pudieran analizar su ciberseguridad e impedir que Claude Mythos desencadenara una campaña de ataques informáticos a gran escala. No obstante, este miércoles Bloomberg ha informado de que un grupo de personas ajeno a esa pantalla de seguridad ha accedido al modelo sin autorización. Horas más tarde, Anthropic ha reconocido que lo está investigando.

“Estamos investigando un informe que advierte de a un acceso no autorizado a Claude Mythos Preview a través de uno de nuestros entornos de proveedores externos”, ha declarado la startup. Este acceso se habría producido gracias al sistema utilizado por terceras compañías que realizan trabajos de desarrollo para Anthropic.

Según ha explicado Bloomberg, un pequeño grupo de personas en un foro privado obtuvo acceso al modelo el mismo día en que la startup anunció su despliegue para pruebas con socios estratégicos. No obstante, la empresa ha asegurado que no existen pruebas de que la actividad se extendiera más allá del entorno de ese proveedor.

Anthropic lanzó Mythos este mes bajo un despliegue restringido para que corporaciones como Amazon, Microsoft, Apple, Cisco y CrowdStrike pudieran identificar y parchear vulnerabilidades críticas en sus propios sistemas antes de que la tecnología llegue al público general. Algunos bancos estadounidenses también han tenido acceso al modelo.

Mozilla, la organización que desarrolla el navegador Firefox y que también ha contaco con ese acceso anticipado, ha publicado un parche para 271 vulnerabilidades detectadas por Mythos. “Nuestra experiencia es esperanzadora para los equipos que superan el vértigo y se ponen manos a la obra”, había declarado la organización. “Las vulnerabilidades informáticas son finitas, y estamos entrando en un mundo donde finalmente podremos encontrarlas todas”.

La aparición de Mythos también parecía haber relajado las tensiones entre la Casa Blanca y Anthropic. La startup fue incluida en una lista negra el pasado febrero por negarse a ceder ante algunas peticiones del Pentágono en cuanto al uso de su IA en la guerra de Irán. Esto provocó la ira de Donald Trump, que los denomino “locos izquierdistas”. Sin embargo, en los últimos días se han producido acercamientos y el presidente estadounidense ha afirmado que la tecnología de Anthropic “podría ser muy útil” y que sus dirigentes “se están encarrilando”.

La posible brecha de seguridad en Mythos se suma, no obstante, a otros incidentes recientes que han puesto bajo escrutinio los procesos de Anthropic. El pasado marzo, la compañía atribuyó a un error humano el descubrimiento del nombre y las descripciones de Mythos en un registro de datos accesible públicamente. Además, este mismo mes se produjo la publicación no autorizada del código fuente de Claude Code, su asistente de programación.

SpaceX ha anunciado un acuerdo con la startup Cursor, especializada en el desarrollo de software con inteligencia artificial, que otorga al fabricante de cohetes y satélites el derecho a utilizar en exclusiva sus productos y a adquirir la empresa por 60.000 millones de dólares (unos 51.000 millones de euros). Si la compañía de Elon Musk decide ejecutar esa opción de compra, esta se produciría a finales de este 2026. En caso de que la transacción no llegue a concretarse, SpaceX abonará 10.000 millones de dólares a Cursor por su colaboración.

“La combinación del producto líder de Cursor y su distribución entre ingenieros de software expertos, junto con el superordenador de entrenamiento Colossus de SpaceX —equivalente a un millón de H100—, nos permitirá construir los modelos más útiles del mundo”, ha publicado SpaceX en X, la red social de Musk. Colossus es un complejo de computación de IA que la empresa xAI, también propiedad del magnate e integrada dentro del grupo SpaceX, está construyendo en EEUU.

El movimiento se produce mientras la compañía aeroespacial ultima los detalles su salida a bolsa, prevista para junio. Se espera que sea la mayor venta de acciones de la historia, alcanzando los 1,75 billones de dólares. La cifra podría colocarla entre las 10 mayores empresas del mundo por capitalización bursátil, justo por detrás del grupo de tecnológicas conocido como Las Siete Magníficas, la compañía fabricante de chips taiwanesa TSMC y la petrolera saudí Aramco.

SpaceX ya tiene en su estructura a la startup de IA xAI, que se nutre de los datos de la red social X. Sin embaego, la integración de Cursor busca reforzar la competitividad del grupo de Musk en el desarrollo de modelos especializados en la escritura de código. Se trata de una de las ramas con más potencial de esta tecnología, con profundas implicaciones tanto en el aumento de la productividad de los ingenieros de software como en seguridad nacional, pero en la que xAI estaba claramente retrasada frente a OpenAI o Anthropic.

A largo plazo, la IA basada en el espacio es, obviamente, la única forma de escalar

Elon Musk

El acuerdo ahonda también en la relación entre empresas espaciales y empresas de IA, una de las carreras ocultas que implica la vuelta a la Luna y la pugna de las grandes potencias por dominar la órbita terrestre. “A largo plazo, la IA basada en el espacio es, obviamente, la única forma de escalar”, ha escrito Musk en su red social.

SpaceX ha solicitado permiso para desplegar hasta un millón de satélites y el objetivo declarado del empresario es construir centros de datos orbitales alimentados con energía solar que permitan procesar información fuera de la Tierra. Starlink, el negocio de Internet por satélite de Musk, generó 4.420 millones de dólares de beneficios en 2025.

Cursor, cuya matriz es la empresa Anysphere, fue valorada en 29.300 millones de dólares el pasado mes de noviembre y ha destacado por su rápido crecimiento desde su fundación en 2022 por cuatro investigadores del MIT. El acuerdo permitirá a la startup utilizar la infraestructura de computación de SpaceX, que incluye el superordenador Colossus. “Es un paso importante en nuestro camino para construir el mejor entorno para programar con IA”, ha afirmado Michael Truell, cofundador y director ejecutivo de Cursor.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha iniciado el trámite de audiencia pública para un nuevo Real Decreto que busca actualizar el Servicio Universal de Telecomunicaciones. El proyecto plantea un salto en la velocidad mínima de conexión fija a Internet, pasando de los 10 megas por segundo (Mbps) actuales a los 100 Mbps. Fuentes del departamento que dirige Óscar López aseguran que España se convertiría en el primer país europeo en integrar esta capacidad dentro del paraguas de servicios básicos garantizados por ley.

El cambio se incluirá en la propuesta de renovación del Servicio Universal de Telecomunicaciones, es el mecanismo legal que asegura que todos los ciudadanos tengan acceso a telefonía fija e Internet con independencia de su ubicación geográfica, bajo unos estándares de calidad y a un precio asequible. Según la propuesta, este nuevo régimen entraría en vigor el 1 de enero de 2027.

Otra de las novedades del reglamento es el cambio en la designación de los operadores encargados de prestar el servicio. Hasta ahora, Telefónica era la única compañía designada para garantizar esta cobertura. El nuevo texto propone que todos los operadores tengan la obligación de ofrecer el servicio universal dentro de sus zonas de cobertura y con las características técnicas que establezca el Real Decreto.

Fuentes de Transformación Digital exponen que esta modificación responde a que “la extensa red de telecomunicaciones”, con “el despliegue de redes de fibra óptica, tecnología móvil 5G y la mejora de las prestaciones satelitales” permite liberar de esa obligación exclusiva a Telefónica para extenderla a todos los operadores. “Con ello, se refuerza la capacidad del usuario de elegir libremente al operador que en una zona esté prestando estos servicios”, añaden las mismas fuentes.

Ampliación del bono social y nuevas ayudas

En el plano económico, el proyecto amplía el paraguas de protección social al incluir a las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital entre los colectivos con derecho a tarifas bonificadas. El Gobierno propone que todos los operadores apliquen un descuento mínimo del 25% en sus tarifas para usuarios con rentas bajas, una medida que Transformación Digital estima que podrá beneficiar a unos 800.000 hogares.

La normativa también establece requisitos en materia de accesibilidad, obligando a las empresas a disponer de una oferta suficiente de terminales para personas con discapacidad. Además, tanto los operadores como las plataformas del servicio de emergencias 112 deberán incorporar la funcionalidad de texto en tiempo real antes de junio de 2027 para facilitar la comunicación a personas con dificultades auditivas o de habla.

En el verano de 2025, el juez de la Corte Penal Internacional Nicolas Guillou quedó bloqueado. Al intentar pagar un billete de tren o un café con su tarjeta, el terminal daba error. Todas sus reservas de viajes quedaron canceladas. Tampoco podía usas sus suscripciones a servicios digitales, recuperar los datos que había almacenado en la nube ni enviar correos electrónicos. El magistrado había sido sancionado por Donald Trump por investigar los crímenes de guerra de Israel en Palestina y ratificar la orden de arresto internacional contra Benjamin Netanyahu.

El veto implicó que todas las empresas estadounidenses dejaran de prestarle servicio. Sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard se convirtieron en trozos de plástico. Sus cuentas en Amazon, Microsoft o Gmail quedaron anuladas. Sus reservas de viajes con Expedia, una empresa con sede en Seattle, se cancelaron. Desde entonces Guillou, así como otros miembros de la Corte sancionados, tienen que llamar primero a los alojamientos o estaciones para saber si aceptan dinero en efectivo. El juez goza de libertad en las calles europeas, pero ha sido apartado de la sociedad digital: “Es como volver a la década de 1990”, expresa.

El de Guillou es un caso micro. Cuando esto ocurre a nivel macro, entra en juego el futuro de naciones enteras y millones de personas. Así puede atestiguarlo Volodímir Zelenski. El presidente ucraniano lo sufrió en las primeras semanas de Trump en el cargo, cuando el presidente estadounidense ordenó a la empresa de satélites Maxar que dejara de suministrar imágenes al ejército ucraniano para forzar a Kiev a negociar con Moscú.

La misma noche en la que comenzó el bloqueo, las tropas de Vladímir Putin atacaron la ciudad natal de Zelenski, Kryvyi Rih, matando al menos a cuatro personas e hiriendo a más de 30. El frente de batalla ucraniano quedó a ciegas, sus pilotos de drones tuvieron que parar sus contraataques y las defensas aéreas quedaron en clara desventaja ante la aviación rusa.

Se trata de una realidad de la que numerosos especialistas han avisado durante décadas, anunciada por casos como el de Julian Assange, pero que ahora toda Europa vive en primera persona. La Casa Blanca tiene “un botón de apagado” para numerosas tecnologías y sistemas críticos del continente y bajo el mandato de Trump no duda en usarlo para forzar a los países europeos a seguir sus intereses.

El riesgo de un 'botón de apagado' por parte de Estados Unidos ya no es una discusión teórica de expertos en tecnología o simulaciones de guerra: es un riesgo inminente y genuino que Europa ya no tiene el lujo de ignorar

Cori Crider — directora del Future of Technolofy Institute

Esta es la principal conclusión del informe Defensa en la nube: un flanco europeo expuesto, elaborado por el think tank Future of Technology Institute (FOTI), con sede en Bruselas. El análisis, que se presenta este viernes y al que ha tenido acceso elDiario.es, se ha elaborado a partir de datos abiertos sobre las contrataciones públicas del continente. El resultado arroja que 23 de los 28 países analizados dependen de los gigantes tecnológicos estadounidenses para sostener sistemas críticos de sus ejércitos y agencias de seguridad.

Esto les deja a merced de bloqueos como el que sufre el juez Guillou y sus compañeros de la Corte Penal Internacional o el de Ucrania. “El riesgo de un 'botón de apagado' por parte de Estados Unidos ya no es una discusión teórica de expertos en tecnología o simulaciones de guerra”, dice Cori Crider, directora ejecutiva del instituto, “es un riesgo inminente y genuino que Europa ya no tiene el lujo de ignorar”.

“La administración Trump y sus patrocinadores de las grandes tecnológicas han convertido nuestras dependencias tecnológicas en un arma, y esto parece que solo irá a peor”, asevera.

Riesgo alto en más de la mitad de los países europeos

El mapa de riesgo que dibuja el FOTI divide al continente en dos grandes bloques de alerta. En el nivel de riesgo alto se encuentran 16 naciones, incluyendo a potencias militares como el Reino Unido, Alemania y Polonia. Los investigadores las colocan en el peldaño más alto por su política de contratación de forma directa con los hiperescaladores estadounidenses, como se conoce al grupo formado por Amazon, Google, Microsoft y Meta, por la potencia y envergadura de sus centros de datos.

España, por su parte, se ubica entre los siete países con un riesgo medio, marcado por el peligro de las “dependencias ocultas”. Esto se debe a que aunque los gobiernos de estos países han impulsado políticas para recurrir a proveedores nacionales y blindar su soberanía, estos a su vez siguen dependiendo de empresas estadounidenses para desplegar todas las capacidades del sistema. El informe destaca que España tiene una gran dependencia de Oracle, una multinacional estadounidense de centros de datos.

A los 30 días de una interrupción, como máximo, la mayoría de los servicios dejarían de funcionar. En cuanto te cortan el servicio y hay que renovar la licencia, ya no puedes seguir utilizándolo

Tobias Bacherle — coautor del estudio

Los autores del estudio reflejan como las compañías de EEUU, conscientes de esta preocupación, han empezado a ofrecer a los países europeos redes aisladas de Internet y sin conexión con Washington, lo que impediría que la Casa Blanca pudiera forzarlas a echarlas abajo en un momento dado. Sin embargo, el “botón de apagado” va más allá de esa conexión física, alertan.

“A los 30 días de una interrupción, como máximo, la mayoría de los servicios dejarían de funcionar. Esto se debe a que necesitan renovaciones de las licencias y parches de seguridad. En cuanto te cortan el servicio y hay que renovar la licencia, ya no puedes seguir utilizándolo”, avisa Tobias Bacherle, coautor del estudio.

Este poder tiene nombre y apellidos legales. La principal herramienta de la Casa Blanca para bloquear el uso de su tecnología es la legislación de sanciones de EEUU, que prohíbe a cualquier empresa estadounidense prestar servicios a las personas o entidades que Washington decida incluir en sus listas negras. Ese fue el marco que obligó a Microsoft, Expedia o Visa a cortar sus servicios a los jueces de la Corte Penal Internacional de forma instantánea.

Al paquete de bloqueo se suma la llamada CLOUD Act, que permite a las autoridades estadounidenses exigir a sus empresas tecnológicas el acceso a datos almacenados en servidores europeos, lo que llevó al ejército suizo a prohibir el uso de WhatsApp en 2022, destaca el informe. La última es la ley FISA, que habilita la vigilancia de comunicaciones incluso en sistemas teóricamente aislados. Cuando el director legal de Microsoft compareció ante el Senado francés y le preguntaron si podía garantizar que los datos europeos estaban a salvo del gobierno de EEUU, su respuesta fue: “No, no puedo”.

Logística, gestión de personal, armas

Aunque este botón de apagado se ha relacionado tradicionalmente con los servicios digitales y financieros, sobre todo desde que EEUU lo pulsó para acorralar a Assange y Wikileaks, los investigadores explican que no se circunscribe solo a estos sectores. El documento establece que la dependencia de la nube estadounidense abarca los sistemas más vitales de las fuerzas armadas europeas, incluyendo “desde armas hasta logística y gestión de personal”.

Katja Bego, investigadora de Chatham House (un think tank británico de política internacional que se encuentra entre los más influyentes del mundo) destaca que también está “directamente incrustado en los sistemas de armas” y puede, literalmente, “dejar en tierra a nuestros aviones de combate”.

Aunque no lo cita directamente, Bego evoca la gran polémica de los últimos años respecto al botón de apagado tecnológico de EEUU. Se trata del cazabombardero F35, el más moderno de los que emplea y vende EEUU. Este es un avión de combate de última generación con multitud de sistemas conectados, que dependen de software, actualizaciones y flujos de datos controlados en buena medida por empresas y autoridades estadounidenses.

En la práctica, esto significa que estos cazabombarderos necesitan acceso continuo a estos sistemas para operar con normalidad. Esta situación, que se consideraba normal en el marco de la OTAN antes del segundo mandato de Trump, ha disparado los debates sobre si el republicano podría impedir el uso de los F35 a los países que los han adquirido en uno de sus arrebatos geopolíticos.

Estas dudas han provocado que varios países, como España, Portugal, Suiza o Canadá, rechacen comprar el caza o pidan cancelar los contratos ya existentes. Sin embargo, buena parte de las principales potencias europeas ya los tiene en sus fuerzas aéreas.

Comprar europeo y código abierto: la hoja de ruta contra el apagón tecnológico

El informe del FOTI traza un plan de acción “urgente” centrado en romper la dependencia con los gigantes tecnológicos. La principal recomendación es establecer planes de migración graduales para trasladar los sistemas militares más críticos a nubes plenamente europeas antes de 2030. “La infraestructura en la nube debe tratarse como un pilar central de la estrategia de defensa de Europa”, recalca Tobias Bacherle.

El Instituto urge a los gobiernos a reformar sus normativas de contratación pública para instaurar políticas que prioricen a los actores europeos y el software de código abierto. Esto implica exigir que la informática gubernamental y de defensa sensible opere exclusivamente en infraestructuras alojadas y controladas legalmente dentro de Europa, excluyendo de las licitaciones a aquellas plataformas que se comercializan como soberanas, pero que siguen expuestas al alcance extraterritorial de Estados Unidos.

Además, los expertos advierten contra la actual fragmentación del continente, donde cada país busca parches por su cuenta. La solución, apuntan, pasa por aunar y unificar las compras entre los Estados miembros para generar la demanda suficiente que permita crecer a las empresas tecnológicas locales.

Para los autores, esta crisis de dependencia encierra una oportunidad histórica. Con el gasto militar europeo disparado hasta los 381.000 millones de euros, los investigadores piden a los gobiernos que utilicen estos colosales presupuestos como una “palanca de política industrial”. Como destaca Katja Bego, gran parte de esta tecnología en la nube y la inteligencia artificial es de “doble uso” (militar y civil), por lo que invertir en un ecosistema de defensa propio generaría un efecto dominó que impulsaría todo el sector comercial y tecnológico europeo.

El Ministerio para la Transformación Digital ha aprobado una orden ministerial que impide realizar cualquier comunicación comercial telefónica a través de números que no comiencen por el prefijo 400. La medida, que forma parte del Plan Antiestafas, fija octubre como fecha límite para que las operadoras bloqueen cualquier intento de contacto publicitario que no utilice esta nueva numeración.

“En el día de hoy hemos publicado en el BOE una instrucción que va a obligar a que todas las operadoras telefónicas obliguen a todas las empresas a hacer las llamadas comerciales, siempre con un número 400”, ha detallado el ministro Óscar López este martes en un evento de AMETIC, la patronal tecnológica. “Esta medida entrará en vigor a partir de octubre y por lo tanto, todos los ciudadanos que sepan que a partir de octubre solo podrán recibir llamadas comerciales que entren de un número 400 y el resto serán bloqueadas”.

Los nuevos números 400 serán unidireccionales. Esto significa que los ciudadanos podrán recibir la comunicación, pero el sistema les impedirá devolver la llamada a ese mismo número. Con esta restricción, el Gobierno busca neutralizar las estafas de rellamada, en las que los ciberdelincuentes intentan que la víctima contacte con números de tarificación especial dejándole un gancho en un primer contacto.

Además de la imposición del nuevo prefijo, las operadoras de telecomunicaciones también deberán permitir que sus clientes restrinjan totalmente cualquier contacto comercial vinculado a los números 400.

Registro de nombres contra el fraude por SMS

El paquete de medidas también incluye la mensajería móvil. Con el objetivo de frenar las suplantaciones de identidad de empresas e instituciones a través de SMS, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) creará un registro oficial donde todos los organismos deberán inscribir los códigos alfanuméricos que utilizan como remitentes.

“A partir de junio, se acabaron los SMS suplantando la personalidad de compañías”, ha afirmado López, señalando que el objetivo es conseguir que “solamente las empresas y las entidades que estén en ese registro de la CNMC podrán hacer esos envíos masivos”. A partir del 7 de junio, las operadoras tienen la orden de bloquear cualquier mensaje cuyo remitente no figure en esta base de datos verificada.

Estas medidas se suman a un protocolo previo que, desde marzo de 2025, prohíbe el uso de numeración móvil para servicios de atención al cliente, obligando al uso de números cortos, fijos locales o rangos gratuitos (800 y 900).

El ministro ha defendido que esas primeras medidas han servico para frenar millones de contactos publicitarios y estafas. “Con las medidas que hemos puesto hasta ahora, hemos conseguido bloquear ya 192 millones de llamadas y 17 millones de SMS”. Según datos del sector, compañías como Telefónica interceptan actualmente cerca de 500.000 llamadas fraudulentas cada día antes de que lleguen al terminal del usuario final.

La nueva normativa se aplicará a todas las compañías, con la única excepción de las pequeñas operadoras de luz, gas y teléfono que posean menos de un 5% de cuota de mercado, cuenten con menos de 250 trabajadores o facturen menos de 50 millones de euros anuales. En caso de incumplimiento tras la entrada en vigor, los ciudadanos podrán denunciar directamente ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) o la CNMC.

“Si voy a incitar a otros a matar y cometer delitos, entonces debo predicar con el ejemplo y demostrar que mi mensaje es totalmente sincero”, o “si no hacemos nada muy pronto, moriremos, estoy completamente seguro de ello”. Son extractos de lo que dejó escrito Daniel Moreno-Gama antes de, presuntamente, lanzar un cóctel molotov contra la casa de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, y dirigirse después a la sede de la empresa y amenazar con “matar a cualquiera que estuviera dentro”.

Moreno-Gama, un joven de 20 años natural de Texas, fue detenido el pasado fin de semana por la policía de San Francisco tras los incidentes. Según ha informado ahora el FBI, el hombre llevaba encima un “manifiesto anti-IA” en el que discutía el “riesgo existencial” que, a su juicio, supone esta tecnología para la humanidad. El texto incluía una lista con nombres y direcciones de otros directivos, inversores y miembros de juntas directivas de varias empresas del sector.

Los investigadores no han identificado a estos ejecutivos ni revelado el contenido exacto del escrito. La declaración del agente al cargo del caso ante el juez describe que Moreno-Gama se había desplazado de Texas a California el mismo día del ataque y que portaba una garrafa de queroseno en el momento de su detención. Uno de los fragmentos del manifiesto era una carta dirigida al propio Altman. “Si por algún milagro sobrevives, lo tomaría como una señal divina para que te redimas”, expresaba en ella, según la información del FBI.

El joven también había expresado comentarios contra él y otros líderes tecnológicos en sus redes sociales. “Estas personas no se parecen en casi nada a ti”, afirmaba en una publicación: “Lo más probable es que sean sociópatas o psicópatas y, en el caso de Altman, se ha informado repetidamente de que es un mentiroso patológico”.

El cofundador y director ejecutivo de OpenAI ha reaccionado al ataque compartiendo una foto de su familia en su blog personal. “Las imágenes tienen poder, o eso espero. Normalmente, intentamos ser bastante discretos, pero en este caso comparto una foto con la esperanza de que disuada a la próxima persona de lanzar un cóctel molotov contra nuestra casa, sin importar lo que piense de mí”, ha escrito.

Altman reconoce a su vez que “el temor y la ansiedad ante la IA están justificados; estamos presenciando el mayor cambio social en mucho tiempo, y quizás de toda la historia”. “No todo saldrá bien”, continúa. También admite que esta tecnología “tiene una dinámica de 'poder absoluto' que lleva a la gente a hacer locuras” para llegar a dominarlo, por lo que pide actuar para que “nadie tenga el anillo”, en referencia a El señor de los anillos. “Es fundamental que el proceso democrático siga teniendo más peso que las empresas”, concluye.

Terrorismo doméstico

Moreno-Gama se enfrenta a 11 cargos estatales en California, incluyendo intento de asesinato e intento de incendio provocado. La Fiscalía de distrito de San Francisco ha explicado que estas acusaciones podrían conllevar una pena de entre 19 años y cadena perpetua.

A nivel federal, se le imputan delitos de posesión de un arma de fuego no registrada y destrucción de propiedad privada mediante explosivos. El fiscal federal de California ha advertido que “si las pruebas demuestran que el Sr. Moreno-Gama ejecutó estos ataques para cambiar las políticas públicas o coaccionar al gobierno u otros funcionarios”, su departamento lo tratará “como un acto de terrorismo doméstico”.

Su abogada, en cambio, ha denunciado que los fiscales han imputado cargos excesivos para congraciarse con Altman y señalado que Moreno-Gama atraviesa una “crisis de salud mental”. “Es injusto e inmoral que la Fiscalía y el Gobierno se aprovechen de la enfermedad mental de un joven vulnerable, convirtiendo un caso de vandalismo en un caso de intento de asesinato con posibilidad de cadena perpetua para ganar el apoyo de un multimillonario”, ha afirmado en declaraciones recogidas por Los Ángeles Times.

Es injusto e inmoral que la Fiscalía y el Gobierno se aprovechen de la enfermedad mental de un joven vulnerable, convirtiendo un caso de vandalismo en un caso de intento de asesinato para ganar el apoyo de un multimillonario

Abogada de Daniel Moreno-Gama

De confirmarse que la motivación del ataque era detener el avance de la IA, se trataría del primer atentado planificado cuyo móvil es el desarrollo de esta tecnología. En la publicación de su blog, Altman destaca que en los últimos tiempos se han publicado varios artículos “incendiarios” contra él y la propia industria, por lo que pide bajar el tono.

La inteligencia artificial generativa es una de las tecnologías de más rápida adopción de la historia. Tres años y medio después de la aparición de ChatGPT, los debates sobre las consecuencias negativas de esta tecnología se multiplican. Los procesos de despido achacados a la IA, la proliferación de contenidos falsos generados por máquinas, la concentración de poder tecnológico o la opacidad sobre los sistemas de entrenamiento ocupan ahora buena parte de la esfera pública, foros académicos y debates parlamentarios de todo el mundo.

La animadversión contra los grandes ejecutivos tecnológicos también ha aumentado. Esta tensión tuvo su pico en 2025 con el magnate más próximo a Donald Trump, Elon Musk. Tras celebrar la victoria del republicano con un saludo nazi y pasar a formar parte del gobierno como responsable de la eficiencia de la administración, promoviendo el despido de centenares de miles de trabajadores públicos, el fundador de Tesla y SpaceX vio como su empresa de vehículos eléctricos se convertía en objetivo de ataques por todo el país.

Desde principios de febrero hasta junio, cuando abandonó de manera definitiva el gobierno, concesionarios y vehículos Tesla de particulares sufrieron vandalismo y ataques violentos. Varios detenidos por estos actos se enfrentan ahora a penas de 15 a 20 años de prisión, acusados por la ex fiscal federal de EEUU, Pam Bondi, de “terrorismo doméstico”.

Amazon ha alcanzado un acuerdo para adquirir la compañía de telecomunicaciones satelitales Globalstar por 11.600 millones de dólares. La operación representa la segunda mayor compra en la historia del gigante tecnológico, un movimiento que permitirá a la multinacional reforzar su infraestructura espacial para competir con Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX liderado por Elon Musk.

Los términos del acuerdo establecen que Amazon ofrecerá 90 dólares por cada acción de Globalstar o 0,32 acciones de Amazon, sujeto a diversas condiciones. La transacción, que se espera que concluya el próximo año, permitirá a Amazon integrar el espectro radioeléctrico de Globalstar. Se trata de un aspecto clave para ofrecer servicios de internet satelital a dispositivos móviles, una tecnología para dar cobertura a zonas donde no llegan las redes terrestres convencionales y que Amazon planea ofrecer en 2028.

La compañía fundada por Jeff Bezos espera que esta operación le ayude a recuperar parte del terreno perdido con Starlink. Actualmente, su unidad de satélites (antes llamada Project Kuiper, ahora rebautizada como Leo) cuenta con poco más de 200 dispositivos en órbita, frente a los más de 10.000 que opera Starlink.

Pese a la magnitud de la compra, la red de Globalstar es, por el momento, limitada, con dos docenas de satélites en órbita baja. El objetivo de la operación es más bien acceder al espectro radioeléctrico que operan y a su “experiencia” en el internet satelital, ha afirmado Panos Panay, vicepresidente de Amazon: “Al combinar la experiencia probada y la sólida base de Globalstar con la obsesión por el cliente y la innovación de Amazon, los clientes pueden esperar un servicio más rápido y fiable en más lugares”.

Retraso en los lanzamientos

La desventaja de Amazon con SpaceX radica también en su capacidad de lanzamiento. Esta se deriva a su vez del retraso a su vez de Blue Origin, la compañía de naves espaciales de Bezos. Mientras que la compañía de Musk se ha basado en una estrategia de ensayo y error en los lanzamientos, perdiendo una gran cantidad de cohetes, Blue Origin ha seguido un enfoque mucho más conservador. A esto se suma que SpaceX se ha llevado los primeros contratos clave de la NASA, lo que le ha permitido acceder a financiación y experiencia real en misiones espaciales.

No obstante, debido a esa falta de capacidad de lanzamiento, Amazon tuvo que solicitar en febrero una prórroga de dos años a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para cumplir con el despliegue de sus primeros 1.600 satélites, que deberían haber entrado en servicio este año.

Otro punto clave de la negociación ha sido la relación de Amazon con Globalstar con Apple, que posee una participación del 20% en la compañía de satélites. Como parte del pacto, Amazon ha acordado que su infraestructura seguirá dando soporte a los servicios de emergencia (SOS) para el iPhone y el Apple Watch. Aunque Amazon ha mantenido en secreto los términos específicos de esta alianza, Globalstar ya colaboraba estrechamente con la firma de Cupertino.

Globalstar, con sede en Luisiana y fundada en 1991, reportó ingresos de 273 millones de dólares en 2025, un 9% más que el año anterior. Sus acciones se habían revalorizado un 270% en los últimos doce meses ante la especulación de una venta. Por su parte, SpaceX presentó este mes la documentación para salir a bolsa en una de las operaciones de este tipo más esperadas del mercado.

La cadena de gimnasios Basic-Fit ha sufrido un robo de la información que afecta a aproximadamente un millón de sus socios en Europa. Entre los afectados hay clientes de sus gimnasios en España, Francia, Alemania y Países Bajos. Los datos sustraídos incluyen nombres y apellidos, direcciones, correos electrónicos, números de teléfono, fechas de nacimiento, números de cuenta bancaria e información sobre su membresía y consumo, según ha informado Basic-Fit a las víctimas a través de correo electrónico.

“Concretamente, incluye el tipo de membresía, el saldo de pagos, el número de pase de Basic-Fit, un identificador interno, los horarios y clubs de tus visitas recientes”, desglosa la empresa sobre este último punto. Los ciberdelincuentes también han accedido al tipo de dispositivo que los socios utilizaron para validar esas últimas visitas, como por ejemplo la marca del teléfono. Las contraseñas del servicio no se han visto afectadas, según la comunicación.

El acceso a los datos se produjo el pasado 8 de abril en el sistema encargado de registrar las visitas de los socios a los centros deportivos. El operador, que presta servicio a más de 4,5 millones de clientes en seis países europeos, ha detallado que sus herramientas de monitorización detectaron la intrusión y bloquearon el acceso. El sistema que gestiona su modelo de franquicias en otros países europeos opera de manera independiente y no se ha visto afectado por la filtración.

“Los hackers encontraron una vulnerabilidad en la seguridad de nuestro sistema”, ha explicado un portavoz de Basic-Fit a elDiario.es. “La solucionamos minutos después de detectar la brecha. Lamentablemente, la seguridad 100% no existe, tal y como confirma el NCSC (la agencia nacional de ciberseguridad del Reino Unido), que aconseja a las empresas que trabajen en su resiliencia”, añaden las mismas fuentes: “Los hackers no se han puesto en contacto con nosotros y, por lo que sabemos, los datos no se han publicado en ningún lugar”.

Ataques de suplantación de identidad

La empresa comunica a los afectados que no es “necesario” que tomen “ninguna medida inmediata”. No obstante, avisa que deben tener “cuidado con los posibles intentos de phishing”, una modalidad de ataque en la que los ciberdelincuentes suplantan la identidad de empresas e instituciones para ganarse la confianza de las víctimas y robar sus datos financieros o su dinero.

La acumulación de datos personales como las sustraídas en este tipo de incidentes, como cuentas bancarias, números de teléfono y fechas de nacimiento, facilita el diseño de los ganchos para engañar al objetivo. Los ciberdelincuentes utilizan detalles específicos como nombres completos o registros de actividad para generar un “sesgo de autoridad” y una sensación de urgencia que impida que sospeche de la interacción.

Además, el volumen de información filtrada permite la profesionalización de las estafas mediante centros de llamadas, donde los datos son vendidos a terceros o empleados para cometer fraudes financieros posteriores.

En caso de sospecha de haber clicado en un enlace fraudulento o de haber introducido datos bancarios en páginas que podrían estar operadas por ciberestafadores, la recomendación de las fuerzas de seguridad es comunicar lo sucedido de inmediato al banco y denunciar los hechos a la Policía. El Instituto Nacional de Ciberseguridad dispone del número gratuito 017 y del teléfono de WhatsApp 900 116 117 para resolver dudas de seguridad. Atiende a ciudadanos, empresas y profesionales y es confidencial.

Booking ha notificado a sus usuarios una brecha de seguridad que ha permitido el robo de información personal vinculada a sus reservas. En un correo enviado a los afectados, la compañía ha confirmado que los datos expuestos incluyen nombres, correos electrónicos, números de teléfono y cualquier detalle que el cliente haya compartido directamente con el alojamiento.

En una primera comunicación, la plataforma ha informado a las víctimas de que sus direcciones físicas también se habían filtrado. No obstante, Booking ha explicado posteriormente a elDiario.es que se trataba de un error en la redacción del aviso que esos datos no se han visto afectados. Este medio ha preguntado a la empresa por el número de afectados y la vía en que los ciberdelincuentes se han hecho con la información, pero esta no ha contestado a las preguntas.

En su respuesta a elDiario.es, Booking reitera lo comunicado a las víctimas: tras detectar “actividad sospechosa”, Booking ha actualizado los números de PIN de las reservas afectadas e instado a sus clientes a mantener la alerta ante posibles correos, llamadas o mensajes de WhatsApp sospechosos.

En este sentido, la empresa recuerda que nunca solicita datos de tarjetas de crédito o transferencias bancarias fuera de los canales oficiales de pago de su plataforma. “Si has recibido algún correo electrónico o alguna llamada telefónica sospechosa, podría provenir de personas con malas intenciones que se hacen pasar por el alojamiento o por Booking”, avisa a los afectados.

Este robo se produce en un contexto de aumento de los ataques de suplantación de identidad que utilizan a los hoteles como gancho. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por los establecimientos para contactar con clientes que van a hospedarse en ellos de manera inminente para anunciarles problemas en su reserva o cambios de última hora. Su objetivo es que, movidos por la urgencia, realicen pagos o revelen sus datos financieros a los estafadores.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya ha sancionado a diversos hoteles por este motivo. Otra de sus tácticas es atacar a los propios empleados del alojamiento, enviando enlaces maliciosos a los empleados del establecimiento para infectar sus equipos y obtener las claves de acceso a Booking. Una vez dentro del sistema, envían mensajes a los futuros huéspedes alegando problemas con el pago o la tarjeta para redirigirlos a páginas fraudulentas donde capturan sus datos bancarios.

En caso de sospecha de haber clicado en un enlace fraudulento o de haber introducido datos bancarios en páginas que podrían estar operadas por ciberestafadores, la recomendación de las fuerzas de seguridad es comunicar lo sucedido de inmediato al banco y denunciar los hechos a la Policía. El Instituto Nacional de Ciberseguridad dispone del número gratuito 017 y del teléfono de WhatsApp 900 116 117 para resolver dudas de seguridad. Atiende a ciudadanos, empresas y profesionales y es confidencial.

Anthropic, la startup que compite con OpenAI por el liderazgo de la inteligencia artificial, afirma que ha desarrollado un modelo demasiado peligroso para ser liberado al público. La compañía ha anunciado esta semana que su nueva tecnología, denominada Claude Mythos, posee una capacidad sin precedentes para identificar y explotar vulnerabilidades de ciberseguridad. Según sus datos internos, el sistema ha localizado miles de fallos en los principales programas, incluyendo todos los grandes sistemas operativos y navegadores web.

La startup ha expresado en un comunicado que teme que si publica el modelo en abierto este pueda ser utilizado por grupos de ciberdelincuentes para aprovecharse de agujeros en el código que hasta ahora habían pasado inadvertidos. Claude Mythos es un modelo general que también puede generar texto como los chatbots más conocidos, pero han sido su capacidad de analizar software lo que lo que ha desatado las alarmas.

“Los modelos de IA han alcanzado un nivel de capacidad de codificación que les permite superar a todos, salvo a los humanos más habilidosos, a la hora de encontrar y explotar vulnerabilidades de software”, asegura Anthropic en su comunicado.

Los modelos de IA han alcanzado un nivel que les permite superar a todos, salvo a los humanos más habilidosos, a la hora de encontrar y explotar vulnerabilidades de software

Anthropic

Entre los hitos del modelo, presume Anthropic, está el descubrimiento de una vulnerabilidad de 27 años de antigüedad en OpenBSD, un sistema operativo diseñado específicamente para ser difícil de hackear. Logan Graham, responsable del equipo de pruebas de la empresa, ha calificado el avance como “un punto de inflexión” para la industria tecnológica.

Ante el temor de que la herramienta sea utilizada por los ciberdelincuentes, Anthropic ha optado por un despliegue restringido a través de una iniciativa llamada Project Glasswing. Se trata de una coalición de 40 organizaciones, entre las que se encuentran gigantes como Apple, Amazon, Microsoft, Google y la Linux Foundation, a los que ha dado acceso al modelo para que parcheen las posibles brechas que Claude Mythos pueda detectar en sus sistemas.

A pesar del revuelo generado en torno a las capacidades de esta nueva IA en las últimas horas, por el momento ninguna de estas compañías ha desmentido las capacidades de las que presume Anthropic. Amazon, Google y Microsoft son inversores oficiales de la startup, mientras que Apple y la Linux Foundation colaboran estrechamente con la empresa.

El secretario del Tesoro reúne a los bancos

El debate en torno a Claude Mythos ha escalado fuera de las fronteras de la industria tecnológica este viernes. Varios diarios económicos, entre ellos el Financial Times, han informado de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, convocó esta semana a los máximos responsables de algunos de los mayores bancos del país para abordar los riesgos asociados a esta IA.

Según el citado medio, que cita fuentes conocedoras del encuentro, a este asistieron directivos de Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo. También participó el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell. El consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon también había sido invitado, aunque finalmente no pudo asistir.

Había sido precisamente Dimon el que, en su carta anual publicada esta semana, había escrito que los ciberataques “siguen siendo uno de nuestros mayores riesgos”, que “la IA casi con seguridad lo agravará” y que será necesaria una inversión significativa en defensa.

Según ha informado Anthropic, ya antes de esta reunión con los principales bancos, sus responsables habían iniciado conversaciones con el gobierno estadounidense para hablar de los riesgos de Claude Mythos para la seguridad nacional. La salida a la luz del modelo pilla a la startup en medio de una guerra abierta con la Casa Blanca: Donald Trump ordenó calificar a la empresa como un “riesgo para la cadena de suministro” después de que esta se negara a levantar algunas salvaguardas de seguridad en el uso de su IA en la guerra de Irán.

La sombra de una estrategia comercial

Sin embargo, no todos los expertos comparten el clima de pánico. El analista Gary Marcus, uno de los mayores críticos con el “autobombo” que rodea a la industria de la IA, ha señalado que el anuncio de Anthropic podría estar “inflado” y responder más a una maniobra de marketing que a una amenaza inmediata.

Marcus advierte que, en las pruebas de explotación del navegador Firefox presentadas por la empresa, se desactivó el “sandboxing” (un mecanismo de aislamiento de seguridad), lo que facilitó enormemente la tarea del modelo y lo convirtió más en una “prueba de concepto” que en un peligro real.

Además, Marcus subraya que modelos de código abierto mucho más pequeños y económicos ya han demostrado ser capaces de realizar análisis de vulnerabilidades similares a los de Mythos. Para el analista, el modelo está “en la tendencia” de evolución de la industria, pero no representa un salto fuera de los gráficos respecto a sus competidores.

El despliegue del 5G llegó acompañado de una narrativa muy ambiciosa sobre las tecnologías que este nuevo estándar de comunicación permitiría: coches autónomos, cirugías en remoto o múltiples aplicaciones relacionadas con las ciudades inteligentes. Tenía, sin embargo, un problema: prácticamente ninguna de ellas estaba lista cuando la red empezó a expandirse. Ahora, siete años después de que comenzara el despliegue de 5G en España, Telefónica presenta uno de los primeros servicios que serían imposibles sin esta red: drones repartidos por el territorio y teledirigidos por pilotos profesionales desde uno de sus centros de ciberseguridad en Madrid.

¿A quién va destinado? De momento, la operadora ha buscado los primeros clientes en el ámbito de la vigilancia lejos de los núcleos poblacionales. Uno de los contratos ya en operación, que Telefónica ha mostrado este jueves a un grupo de periodistas, es la prevención de incendios en zonas rurales de Extremadura, aunque sus drones también se están utilizando para vigilar infraestructuras críticas.

“Hemos empezado por los entornos menos poblados. También entornos industriales, como centros logísticos, que están un poco más aislados. A partir de ahí, según vayamos avanzando en el desarrollo, iremos explorando nuevos entornos”, ha explicado a elDiario.es Leonor Ostos, directora de Desarrollo de productos y servicios de Telefónica España.

La compañía cree que el mayor potencial inicial del servicio está en la reducción de costes en sectores como el industrial, el logístico o el energético. Especialmente en procesos que, de otra manera, implicarían el envío de helicópteros u operarios por tierra y que ahora pueden ser supervisados por pilotos profesionales desde Madrid. Sin embargo, la operadora está abierta a desarrollar cualquier caso de uso con las empresas y administraciones públicas interesadas.

“Por ejemplo, la supervisión de autopistas parece ideal hacerla con drones. El transporte, o si poco a poco nos vamos acercando a entornos más poblados, lo iremos trabajando de la mano de AESA [Agencia Estatal de Seguridad Aérea]”, ha añadido Ostos. El servicio puede desplegarse en cualquier lugar donde llegue la red 5G de la compañía. Según sus portavoces, la cobertura abarca ya el 95% del territorio nacional.

Un nido de drones en la antena de telecomunicación

La propuesta de Telefónica es eliminar la necesidad de que los pilotos se desplacen físicamente al lugar de la misión. Para lograrlo, el servicio se apoya en estaciones automatizadas conocidas como “Drone-in-a-Box” (nido de drones), las cuales permiten que el aparato despegue, aterrice y se recargue de forma autónoma en su punto de despliegue.

Esas cajas pueden instalarse en las 22.000 estaciones que la operadora tiene repartidas por el Estado. Al ubicarse en estos emplazamientos, los nidos de drones cuentan con entornos físicamente securizados y disponen de un suministro de energía constante y garantizado para mantener los aparatos siempre operativos y listos para volar.

La otra modalidad del servicio es operar los drones propiedad del cliente, en la que la operadora asumiría el pilotaje a distancia y la gestión de permisos. En la actualidad, Telefónica cuenta con una plantilla de doce pilotos formados para realizar operaciones BVLOS (vuelos más allá de la línea visual del piloto) y gestionar la burocracia con la AESA y la normativa europea de aeronaves no tripuladas (UAS). Todos han salido de su propio equipo de ingenieros.

“Somos casi como una aerolínea. Tienes que estar coordinado con los aeropuertos cercanos, por ejemplo, y tienes que hacer todas las autorizaciones previas al vuelo y la gestión del espacio aéreo”, ha explicado el responsable del equipo.

Inteligencia artificial y procesamiento en tiempo real

La transmisión de vídeo en tiempo real y el control a larga distancia se realizan mediante la conectividad 5G de la operadora. Pero el sistema no se limita a enviar imágenes a una pantalla en Madrid para que el piloto las observe. La clave técnica es la incorporación de algoritmos de inteligencia artificial, concretamente basados en tecnología de visión artificial.

Estas técnicas permiten analizar las imágenes que capta el dron en pleno vuelo y de forma automática. El sistema utiliza modelos preentrenados que lanzan alertas inmediatas si detectan situaciones anómalas o predefinidas por el cliente. Así, la IA puede identificar de manera autónoma fuego o humo en un monte, detectar si una persona ha sufrido una caída en una planta industrial o alertar de intrusiones no autorizadas en una zona de seguridad.

Esta automatización de la vigilancia amplía los casos de uso hacia tareas cotidianas y rutinarias que, hasta ahora, requerían intervención manual. Según los portavoces del proyecto, la IA puede desde comprobar si hay plazas de aparcamiento libres en un recinto, hasta utilizar el vídeo para calcular automáticamente el volumen en metros cúbicos de mercancía en un entorno portuario o logístico, ahorrando a los operarios tener que realizar esas mediciones a pie de pista.

Respecto al precio, la operadora ha preferido no comunicarlo en la presentación del servicio ante los periodistas. Los casos de uso pueden variar tanto en función de las horas de vuelo y el tipo de despliegue, alegan los portavoces de Telefónica, que no es posible ofrecer una horquilla orientativa.

Cuatro astronautas han viajado esta semana alrededor de la Luna por primera vez en más de medio siglo. La NASA ha organizado el viaje más largo de la historia del ser humano, ha captado las primeras imágenes de la Tierra desde la cara oculta del satélite y reactivado la ilusión por la exploración espacial del siglo XXI. Sin embargo, esta carrera es muy distinta a la que EEUU ganó en los años 70.

“Construiremos bases científicas, conduciremos vehículos exploradores, haremos radioastronomía, fundaremos empresas, impulsaremos nuestra industria, inspiraremos; pero, en última instancia, siempre elegiremos la Tierra”, pronunció la astronauta Christina Koch justo tras aparecer “zona de silencio”, la parte del viaje en la que la cápsula queda incomunicada detrás del satélite.

El discurso cuidadosamente escogido de Koch para este momento histórico evoca la nostalgia de la exploración del cosmos pero señala una parte de ese cambio. La nueva carrera espacial tiene un componente privado clave. La NASA vuelve al satélite para explotar sus recursos y la misión Artemisa II es el primer paso de una nueva arquitectura industrial y comercial que llegará en los próximos años de la mano de nuevos magnates espaciales.

La cápsula Orión que protagoniza este viaje será, con casi con toda probabilidad, una de las últimas fabricadas por la agencia espacial estadounidense siguiendo los métodos tradicionales. A partir de ahora, el diseño de las próximas generaciones de naves correrá a cargo de empresas privadas en un modelo en el que la NASA entrará como cliente, pero no será la dueña del proyecto ni tendrá control directo en sus requisitos técnicos.

Así ocurrirá con los módulos de alunizaje, cuyo desarrollo ya ha sido adjudicado a empresas como SpaceX (Elon Musk) o Blue Origin (Jeff Bezos). El primero se pondrá a prueba en la misión Artemisa III, prevista para 2027. La NASA defiende que este nuevo paradigma, conocido como New Space, permitirá abaratar costes y acelerar los desarrollos. Frente al modelo público tradicional, dominado por la aversión al fallo, la nueva industria bebe de las lógicas de Silicon Valley: asume errores como parte del proceso.

El cambio no es a futuro, sino que está sucediendo ya. La inmensa inversión de SpaceX para desarrollar cohetes reutilizables que disminuyan el coste por lanzamiento (y su mayor tolerancia a perder vehículos), las constelaciones de minisatélites baratos de producir y la extensión de los servicios espaciales mucho más allá de los estados son las primeras pruebas de ello. La seguridad y el paso firme de la exploración espacial clásica se ven sustituidos por la velocidad y la disrupción propias del sector tecnológico.

Sin embargo, la economía lunar y la producción de vehículos espaciales son solo la superficie del naciente sector del New Space. El verdadero negocio que las empresas espaciales están presentando a los fondos de capital riesgo, y por el que han conseguido inversiones de unos 150.000 millones de dólares en la última década según datos de Space Capital, no es convertirse en gestoras de la logística y la minería espacial. Ese es solo el primer paso. La carrera espacial oculta que se está desarrollando ahora trata de construir una nueva infraestructura de poder en el espacio y conectarla con la última gran revolución tecnológica terrestre: la inteligencia artificial.

La infraestructura invisible del poder orbital

El espacio se está convirtiendo en una extensión del sistema nervioso de la Tierra. Las finanzas globales se rigen por los relojes atómicos a bordo de los sistemas globales de navegación por satélite, de los que depende desde el comercio internacional de alta frecuencia hasta sacar dinero, explican los investigadores Clémence Poirier y Sébastien Moranta, del Instituto Europeo de Política Espacial. El transporte marítimo, la aviación y la logística terrestre que abastece los supermercados se basan en la misma red para no colapsar, mientras que prácticamente todas las operaciones militares modernas necesitan respaldo satelital.

“Aunque los sistemas espaciales aún no se hayan definido como infraestructuras críticas, sin duda desempeñan un papel fundamental en la prosperidad y la seguridad de las economías y sociedades modernas, y sirven de apoyo a otras infraestructuras críticas”, explican ambos investigadores en la Elgar Encyclopedia of Space Policy and Governance.

La red espacial es muy eficiente, pero eso la ha convertido en un “punto único de fallo”. Es el cruce de caminos moderno. Quien lo controle, obtiene un gran poder de influencia sobre la economía y la seguridad planetaria. Hasta ahora ese poder estaba en manos de los Estados. Pero eso está cambiando con el desarrollo del New Space.

El mejor ejemplo hasta la fecha de ese trasvase de poder se dio en 2022. Entonces Elon Musk decidió unilateralmente frustrar un contraataque ucraniano contra la flota rusa en Crimea. Ante la petición de Kiev para activar la cobertura de su constelación Starlink en la zona y guiar drones submarinos hacia sus objetivos, el magnate se negó y desconectó el servicio por temor a una escalada nuclear.

El curso de la guerra, las vidas de millones de personas y la seguridad internacional quedaron marcadas por la agenda personal de un solo empresario. “Hubo una solicitud urgente de las autoridades gubernamentales para activar Starlink hasta Sebastopol”, publicó Musk en X, su red social, citando la mayor ciudad portuaria de Crimea. “La intención evidente era hundir la mayor parte de la flota rusa anclada allí. Si hubiera accedido a su petición, SpaceX habría sido explícitamente cómplice de un importante acto de guerra y de una escalada del conflicto”, justificó.

Por qué llevar la inteligencia artificial al espacio

Mientras la industria del New Space multiplica la cantidad de datos que llegan desde la órbita, en la superficie una nueva tecnología ha transformado la capacidad de analizarlos e interpretarlos en tiempo real. La convergencia entre la inteligencia artificial y la privatización del cosmos es, para sus impulsores, la mayor oportunidad económica de la historia.

“Estamos hablando de la mayor oportunidad de mercado de la historia, billones de dólares al año en inversión de capital (CapEx). Mi mejor estimación es que, en un plazo de entre cinco y diez años, al menos la mitad de toda la nueva capacidad de computación se desplegará en el espacio por motivos energéticos”, dice Philip Johnston, fundador y CEO de Starcloud, una startup fundada en 2024 que acaba de recibir 170 millones de dólares para desarrollar centros de datos en el espacio.

Estamos hablando de la mayor oportunidad de mercado de la historia, billones de dólares al año en inversión de capital

Philip Johnston — fundador y CEO de Starcloud

“Tan pronto como Starship [el cohete pesado de SpaceX] vuele con frecuencia, será más barato construir centros de datos en el espacio”, insiste Johnston, de 39 años. Hasta ahora, un satélite funcionaba de forma similar a un espejo: captaba una imagen o una señal y la enviaba a la Tierra para ser procesada. El problema es que la multiplicación de satélites y telescopios en órbita ha saturado la capacidad de las antenas terrestres para recibirlos y transmitirlos.

La propuesta de Starcloud (así como de otras 20 o 30 startups, de las que una decena están en fase avanzada) es saltarse ese último paso. Convertir esos espejos en centros de datos, desplegando infraestructura de computación en órbita alimentada por paneles solares. De esta forma, en lugar de bajar un archivo gigantesco para que sea analizado en la Tierra, sería el propio satélite el que analizaría la imagen en tiempo real y enviaría una alerta de unos pocos bytes si detecta algo relevante. El proceso podría ahorrar horas en transmisiones.

El modelo Qwen3 completó múltiples experimentos, en los que se transmitieron preguntas desde la Tierra al satélite, se procesaron a bordo y los resultados se enviaron de vuelta a las estaciones terrestres, todo ello en tan solo dos minutos

El Diario del Pueblo — periódico oficial del Partido Comunista Chino

SpaceX puso en órbita el primer satélite de Starcloud con chips de Nvidia el pasado noviembre. Microsoft y Amazon ya tienen en marcha proyectos similares. Pero la más avanzada, según sus anuncios oficiales, es China: en enero de este año la empresa Adaspace Technology consiguió subir el modelo Qwen-3 de Alibaba a un satélite en condiciones de misión real.

“En la prueba, el modelo Qwen3 completó múltiples experimentos, en los que se transmitieron preguntas desde la Tierra al satélite, se procesaron a bordo y los resultados se enviaron de vuelta a las estaciones terrestres, todo ello en tan solo dos minutos”, explicó El Diario del Pueblo, el periódico oficial del Partido Comunista de China.

Sin normas para las IA militar espacial

Tanto China como las startups estadounidenses promocionan estos avances como nuevas formas de desarrollar ciudades inteligentes, detectar catástrofes medioambientales antes de que sucedan o telemedicina. La realidad es que una de sus primeras aplicaciones está siendo la militar: satélites con IA que detectan tropas enemigas, tanques o misiles en tiempo real y envían alertas instantáneas para disparar contra ellos, sin esperar a que los datos lleguen a la Tierra.

La carrera de la IA entre Washington y Pekín y el aumento de la tensión internacional hace que todas estas tecnologías nazcan, en realidad, con la etiqueta de “doble uso” (civil y militar). Un factor que desdibuja las fronteras de lo que constituye un arma espacial, complicando su regulación y aumentando el riesgo de que sean atacadas en caso de conflicto, ha alertado el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme (UNIDIR) en su último informe.

Aunque la inteligencia artificial puede mejorar las operaciones espaciales, también pueden ser reutilizadas y explotadas para aplicaciones disruptivas u hostiles

Naciones Unidas

“Aunque las aplicaciones cuánticas y de inteligencia artificial pueden mejorar las operaciones espaciales, también pueden ser reutilizadas y explotadas para aplicaciones disruptivas u hostiles”, destaca: “Los sistemas avanzados de IA podrían aumentar indirectamente las amenazas relacionadas con el espacio si se utilizan para automatizar ciberataques, secuestrar interfaces o explotar datos de código abierto”.

Esa situación, unida al hecho de que las principales potencias espaciales son también potencias nucleares, hace que Naciones Unidas alerte de que la integración de la IA en los sistemas de mando incremente el riesgo de errores de cálculo o de una escalada militar involuntaria. “La incertidumbre sobre las capacidades tecnológicas emergentes puede alimentar la desconfianza e iniciar una carrera armamentística en el espacio”.

El UNIDIR, una institución autónoma dentro del marco de la ONU cuyo propósito fundamental es realizar investigaciones independientes sobre el control de armas y la proliferación de armamento, advierte que el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre (1967) no tiene en cuenta la toma de decisiones de manera autónoma, lo que complica aún más la situación.

Con todo, el organismo subraya que las startups y los actores comerciales no pueden escudarse en el desconocimiento de las leyes ni en la naturaleza de doble uso de sus productos. En última instancia, advierte el instituto, la viabilidad a largo plazo del mercado espacial depende de que no se convierta en un caos bélico incontrolable. Por ello, les recuerda sus obligaciones de “conocer quiénes son sus clientes” y para qué utilizan sus productos. A los Estados, les pide que no descuiden el control de sus propias empresas.

El ser humano se lanza de nuevo al espacio, pero con unas capacidades inimaginables en su primera carrera hacia la Luna. Si una inteligencia artificial privada toma una decisión errónea sobre una infraestructura crítica desde el espacio, ¿bajo qué ley se juzga ese error? ¿Quién audita los sesgos de un algoritmo que envía alertas a la Tierra a 500 kilómetros de altura? ¿Pensaba Christina Koch en estos dilemas cuando citó a las empresas que protagonizaran la nueva conquista del espacio?

PLD Space, la empresa española de transporte espacial con sede en Elche, ha recibido un préstamo de 30 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para impulsar la fase de desarrollo final del su cohete Miura 5. Este lanzador, diseñado para poner pequeños pequeños satélites en órbita, podría convertirse en el primer cohete orbital europeo reutilizable. Su primer vuelo de prueba podría llegar este 2026.

La operación marca la primera inversión directa del BEI, la institución financiera de la UE que financia proyectos públicos y privados para impulsar el desarrollo económico, la cohesión y la transición verde, en pequeños lanzadores de satélites. PLD Space ha explicado que la inversión empleará el capital en escalar sus capacidades industriales y de lanzamiento, con el objetivo comercial de ofrecer un servicio capaz de abarcar 30 misiones anuales desde puertos espaciales como el de la Guayana Francesa, conocido como el Puerto Espacial Europeo.

Esos pequeños satélites son “claves para las comunicaciones, la investigación y también nuestra seguridad”, ha expresado la presidenta del BEI, Nadia Calviño. Se trata de aparatos que pueden desplegarse en grupos denominados constelaciones para ofrecer conectividad global, observación en tiempo real de la Tierra (desde el clima hasta conflictos o desastres) y servicios críticos como navegación, vigilancia y comunicaciones seguras.

El Miura 5 está específicamente diseñador para el lanzamiento de estos satélites, reduciendo la complejidad asociada a los lanzadores pesados. “Europa necesita unas capacidades de lanzamiento sólidas e independientes para garantizar un acceso autónomo al espacio”, ha declarado el vicepresidente del BEI, Robert de Groot. “Con su innovadora tecnología e infraestructura de lanzamiento, PLD Space está avanzando decisivamente en esta dirección. El BEI se enorgullece de apoyar a PLD Space en la ampliación de sus servicios de lanzamiento para lograr precios competitivos a escala mundial, reforzando así la autonomía de Europa en este segmento crítico del espacio”.

PLD Space fue fundada en 2011 en Elche (Alicante) por Raúl Torres y Raúl Marí y es la primera empresa española dedicada al transporte espacial y pionera europea en el desarrollo de cohetes reutilizables. Con una plantilla que supera ya los 200 empleados —principalmente ingenieros aeroespaciales— y oficinas principales en Elche, además de centros de pruebas en Teruel y Huelva, la compañía ha pasado de un equipo inicial de tres fundadores a convertirse en uno de los actores de referencia en el sector del “New Space”. Además del Miura 5, también está desarrollando motores de propelente líquido.

Con el apoyo del BEI, la empresa suma 210 millones de euros de financiación conseguida en 2026, tras una ronda de 180 millones cerrada en marzo. Dicha operación estuvo liderada por Mitsubishi y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).

“Este acuerdo nos permitirá ampliar la infraestructura industrial y de lanzamiento necesaria para ofrecer un acceso fiable al espacio a nuestra cartera internacional de clientes comerciales e institucionales. Agradecemos al BEI su confianza y su apoyo. Este respaldo no solo fortalece nuestra visión a largo plazo, sino que además acelera el acceso europeo al espacio”, ha manifestado el presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez.

Bankinter ha tenido que asumir la responsabilidad de una de las mayores brechas de seguridad de la banca digital reciente tras la absorción de EVO Banco. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a la entidad una multa de 400.000 euros como responsable última del agujero originado en EVO, aunque ha aceptado como atenuante el hecho que este se produjo con anterioridad a la fusión. Tras asumir la responsabilidad y acogerse al pago voluntario, la cuantía final ha sido de 240.000 euros.

La causa de la brecha fue un “error manual” de configuración durante un proceso de migración de software, según ha reconocido Bankinter. El fallo permitía realizar consultas masivas a la base de datos sin necesidad de credenciales válidas, algo que los sistemas de validación de la entidad no detectaron porque solo comprobaban que los datos se entregaran correctamente, pero no quién los solicitaba.

El agujero estuvo abierto desde febrero a abril de 2024. En marzo del mismo año, un ciberdelincuente descubrió la vulnerabilidad y durante cuatro días realizó hasta cinco millones de peticiones de datos. Más de 1,2 millones de esas consultas resultaron exitosas. No obstante, el informe pericial independiente citado en la resolución de la AEPD recoge que no existen pruebas de que el atacante pudiera exportar toda la información proporcionada por el sistema.

Esas fichas personales incluían números de cuenta IBAN, declaraciones de IVA del último ejercicio, ingresos mensuales, situación laboral y años trabajados de los afectados. La AEPD alerta en su resolución que esta combinación de datos permite construir un perfil “completo y detallado” de un individuo, lo que dispara las posibilidades de que sean víctimas de intentos de fraude o suplantaciones de identidad.

Sin embargo, los ciberdelincuentes no se detuvieron ahí. En una maniobra típica de estos grupos cuando tienen acceso a una brecha de alta gravedad, lanzaron una campaña de extorsión contra varios empleados del banco. Primero, publicaron los datos de 10 víctimas en un portal de la dark net como prueba de su ataque. Después, exigieron un pago a los responsables para retirar la información, entre ellos el jefe de ciberseguridad de EVO.

Al no obtener el dinero, los ciberdelincuentes cumplieron su amenaza y publicaron más paquetes de información de afectados, que incluían perfiles personales detallados de 958 clientes y cuatro trabajadores del banco.

En su resolución, la AEPD critica que la entidad careciera de medidas de cifrado o anonimizado adecuadas para este tipo de datos, lo que permitió que la información fuera visible para cualquiera que lograra acceso. “Los afectados confían en la entidad para el manejo seguro de su información personal, habiéndose erosionado la confianza y expectativas razonables de los afectados respecto al tratamiento de sus datos personales”, señala la Agencia.

Bankinter adquirió EVO Banco en 2019, pero ambas entidades continuaron operando como filiales separadas. El anuncio de la fusión definitiva llegó en abril de 2024, unas semanas después de que se produjera la brecha de seguridad ahora sancionada. La integración definitiva de los dos bancos concluyó el 14 de julio de 2025, fecha en la que EVO desapareció como entidad independiente y Bankinter asumió tanto la cartera de clientes como las responsabilidades legales derivadas de la gestión anterior.