El Gobierno de Juan Francisco Pérez Llorca vivió este viernes una breve crisis, en el seno de la Conselleria de Justicia, que dirige Nuria Martínez, a consecuencia del polémico recorte de cuatro de las cinco funcionarias de apoyo asignadas a la jueza que instruye la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, tal como había desvelado elDiario.es. Si a media mañana el president Pérez Llorca negó que se haya “quitado medios al juzgado de Catarroja”, ante las críticas de la oposición, la situación cambió drásticamente pocas horas después con el auto dictado por la jueza instructora en el que la magistrada alertaba de que la “eliminación prácticamente total de medios personales” y la “insuficiencia de los medios materiales” iban a afectar “ineludiblemente” al procedimiento, que investiga los 230 presuntos homicidios imprudentes de la dana y mantiene como investigados a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

La jueza reprochaba abiertamente en la resolución que la decisión de la Conselleria de Justicia suponía una “gran dilación” para la instrucción y recordaba que las cuatro funcionarias “cuyo puesto se suprime están trabajando en esta causa desde el 26 de marzo de 2025, por lo que son conocedoras del procedimiento, funcionando como un equipo”.

Tras el auto, la Conselleria de Justicia aseguró en un comunicado a primera hora de la tarde que iba a garantizar la “continuidad de los recursos humanos” para el juzgado de la dana. A pesar de que la resolución, firmada el pasado 7 de abril por la directora general de Justicia, María José Adalid, aludía únicamente a la supresión de los 200 puestos de apoyo en los órganos judiciales, fiscales e institutos de medicina legal, la Conselleria de Justicia indicó este viernes que se convertirán en plazas estructurales.

Sin embargo, tal como destacaba la jueza Nuria Ruiz Tobarra, las cuatro funcionarias de apoyo que se le retiran el próximo 30 de junio están plenamente familiarizadas con la compleja causa, por lo que su pérdida supone un cierto quebradero de cabeza para la organización interna del juzgado de Catarroja, al que estaban asignadas desde el 26 de marzo de 2025.  

La Conselleria de Justicia se escudó en que la decisión fue “comunicada y trabajada” en el marco del diálogo con las organizaciones sindicales, “manteniendo los canales de interlocución abiertos en todo momento”. Sin embargo, los aludidos arremetieron contra la resolución de la directora general de Justicia (reproducida al final de esta información). El sindicato CSIF, en un comunicado tras conocer la resolución, prevé un “colapso” provocado por la falta de personal en unos juzgados “ya de por sí saturados”. CSIF recuerda que los juzgados valencianos “lideran la tabla nacional en carga de trabajo”.

UGT pide una mesa de negociación

Por su parte, el sindicato UGT ha pedido a la consellera de Justicia que convoque “de manera inmediata y urgente” una mesa de negociación. El sindicato critica la “falta de transparencia” y lamenta que la resolución oculta información relativa a la antigüedad (la variable esgrimida para decidir la supresión de los refuerzos), “lo que impide verificar” su correcta aplicación.

En el caso de las cuatro funcionarias de apoyo en la causa de la dana, la antigüedad se remonta a hace poco más de un año, cuando se incorporaron al Palacio de Justicia de Catarroja. “La ausencia de dicha información impide a esta organización sindical ejercer adecuadamente sus funciones de control, vigilancia y participación en un proceso que incide directamente en la estructura de plantilla, la organización del trabajo y las condiciones laborales del personal”, indica el escrito remitido a la Conselleria de Justicia.

Una fuente sindical concluye con pesimismo: “Aquí se va a generar un caos que no te puedes ni imaginar”.

La Conselleria de Justicia, apenas un par horas después de que la jueza de la dana alertara de que el recorte de sus funcionarias de apoyo afectaba al ritmo de la instrucción de la causa, ha anunciado este viernes en un comunicado que creará cuatro plazas estructurales para compensar la supresión, prevista para el próximo 30 de junio. La consellera Nuria Martínez ha asegurado que la Generalitat “garantiza” la continuidad de los recursos humanos en el Juzgado de Catarroja que instruye la causa de la dana.

“Por parte de la Generalitat no se va a generar ningún tipo de dilación. Seguiremos dando el soporte que precisa el juzgado de Catarroja con los medios materiales y recursos humanos necesarios para garantizar la correcta instrucción de la causa. Nuestro compromiso por ofrecer una Administración de Justicia de calidad es indiscutible”, ha defendido Martínez.

El departamento autonómico enmarca la medida en un plan de agilización de la Administración de Justicia de la Comunitat Valenciana, que se adopta con el objetivo de avanzar en el proceso de estabilización de las plantillas y consolidar un modelo “más moderno, ágil y eficiente, orientado a garantizar un mejor servicio a la ciudadanía”.

La Conselleria de Justicia sostiene que los 200 puestos de refuerzo suprimidos pasarán a ser estructurales a partir del próximo 1 de julio.

“Con la creación de 200 puestos estables en la plantilla, vamos a reforzar la capacidad del sistema, contribuyendo directamente a una prestación más eficaz y sostenible del servicio público de Justicia”, ha afirmado Nuria Martínez.

La jueza de la dana ha alertado en un auto dictado este viernes de la “gran dilación en la instrucción” que supone “inevitablemente” el recorte de cuatro de las cinco funcionarias de apoyo que ha ordenado la Conselleria de Justicia del Consell presidido por Juan Francisco Pérez Llorca, tal como ha revelado elDiario.es. Las cuatro funcionarias “cuyo puesto se suprime están trabajando en esta causa desde el 26 de marzo de 2025, por lo que son conocedoras del procedimiento, funcionando como un equipo”, afirma la resolución de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra.

La magistrada augura una “eliminación prácticamente total de medios personales” y una “insuficiencia de los medios materiales” que “afectan ineludiblemente a la instrucción del procedimiento”. Las afirmaciones de la jueza contrastan de plano con la versión del president Pérez Llorca, que este viernes ha negado que se trate de un recorte.

La instructora recuerda que en el procedimiento “resta por practicar un importante número de declaraciones testificales y periciales”. “En este momento, restan 109 declaraciones testificales. Ello sin contar los ofrecimientos de acciones a perjudicados, y testificales de piezas de fallecimiento y lesiones, aproximadamente 50. A ello se añaden cotejos de llamadas, mensajes y vídeos que efectúa la LAJ [Letrada de la Administración de Justicia]”, apostilla el auto.

El auto alude a la resolución de la directora general de Justicia, María José Adalid, que “acuerda la supresión de los puestos que ocupan cuatro funcionarias” asignadas a la causa de la dana desde el 26 de marzo de 2025.

La jueza también destaca la necesidad de compartir la sala de vistas con los titulares de las cinco plazas integrantes del Tribunal de Instancia de Catarroja.

Salas de vistas “claramente insuficientes”

La resolución acuerda que, a partir del próximo 30 de junio (fecha en la que parten las cuatro funcionarias), el juzgado procederá a entregar a las partes personadas las grabaciones de las declaraciones testificales, periciales y de los investigados en el sistema Arconte, “sin que sea precisa la transcripción de la LAJ ni, por tanto, su consiguiente notificación a las partes”.

“Los equipos de Arconte y el número de las salas existentes en la sede de este partido judicial son claramente insuficientes para atender de forma debida, y con la necesaria celeridad, una causa tan compleja como las presentes diligencias”, afirma.

La instructora, desde el inicio de la causa, evitaba que las grabaciones de las declaraciones se notificaran a las partes para proteger la intimidad de los investigados y de los testigos. Eso sí, las grabaciones quedaban a disposición de las partes en el juzgado y la LAJ elaboraba las actas de las declaraciones.

El auto de este viernes cambia la dinámica del juzgado, debido al recorte de las funcionarias de apoyo, aunque excluye de las grabaciones a los ofrecimientos de acciones a perjudicados y las testificales de piezas de fallecimiento y de lesiones.

La jutgessa de la dana ha acreditat amb les telefonades del xofer de Carlos Mazón que les versions de la Generalitat i del PP sobre els passos del president després del seu dinar i sobretaula amb Maribel Vilaplana en un reservat del restaurant El Ventorro eren completament falses.

Es tracta de l’enèsima demostració de la mentida oficial orquestrada pel Consell anterior per a salvar l’actuació de Mazón, actualment aforat per la seua condició de diputat autonòmic del PP de Juan Francisco Pérez Llorca, després de les declaracions testificals del mateix conductor i dels policies que van escortar el president llavors en el seu desplaçament fins a la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) el 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va deixar 230 morts. Fins i tot la cap de premsa de Mazón va reconéixer obertament en la seua declaració testifical del 27 de febrer passat que les diverses versions que va donar el Palau de la Generalitat després de la catàstrofe de la dana eren incertes.

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha incorporat al procediment un breu informe, signat el 10 de març passat pel director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, Francisco Javier Balfagón, que detalla el llistat de telefonades entrants i ixents del telèfon mòbil corporatiu del conductor, Ernesto Serra.

El document, a què ha tingut accés elDiario.es, ressenya la comunicació clau que desmenteix les múltiples versions de Carlos Mazón: a les 19.47, el xofer va rebre una telefonada, de tot just un minut, d’un telèfon que correspon al contacte “Secretàries Presi”, segons l’acta d’acarament del terminal telefònic elaborada per la lletrada de l’Administració de Justícia, a què també ha tingut accés aquest diari.

A pesar que Mazón va defensar durant mesos que s’havia incorporat al Cecopi del Centre d’Emergències de l’Eliana “passades les set” i que havia estat treballant en el seu despatx del Palau de la Generalitat, les telefonades del conductor demostren que no va ser fins a quasi les 20.00 que es va mobilitzar l’equip del president per a acudir a la reunió.

Telefonada del xofer a l’escorta

Immediatament després de rebre la telefonada de la secretària de Mazón —després d’haver-se’l “requerit per a portar el president a l’Eliana”, segons indica l’acta d’acarament—, el conductor va telefonar a un dels escortes.

Carlos Mazón havia arribat al Palau poc abans de les 20.00, després d’haver allargat la sobretaula amb Maribel Vilaplana i haver acompanyat la comunicadora fins a un aparcament pròxim al restaurant. Una vegada advertit per un alt càrrec sobre la crítica situació en el Post de Comandament de Metrovalència situat a tocar del barranc de Poio, el llavors cap del Consell va eixir en el seu vehicle oficial cap a l’Eliana, acompanyat per l’assessor Josep Lanuza.

Després de recollir la cap de premsa, Maite Gómez, als voltants del Palau (en la zona de les Torres de Serrans), ja de camí cap al Centre d’Emergències, el comboi va sentir a les 20.11 l’estrident xiulit de l’Es-Alert en els telèfons mòbils respectius.

Carlos Mazón va arribar a les 20.28 al Cecopi, tal com confirmen els enregistraments de les càmeres de videovigilància del Centre d’Emergències, també incorporades al procediment que instrueix la jutgessa de Catarroja.

Una vegada aterrat en el Cecopi, el president es va posar “al capdavant” de la reunió, “en el rol que havien d’exercir els directors institucionals de l’emergència”, segons va afirmar l’exconsellera Salomé Pradas en l’acarament amb José Manuel Cuenca, cap de gabinet de Mazón.

La jueza de la dana ha acreditado con las llamadas del chófer de Carlos Mazón que las versiones de la Generalitat y del PP sobre los pasos del president tras su comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro eran completamente falsas.

Se trata de la enésima demostración de la mentira oficial orquestada por el Consell anterior para salvar la actuación de Mazón, actualmente aforado por su condición de diputado autonómico del PP de Juan Francisco Pérez Llorca, tras las declaraciones testificales del propio conductor y de los policías que escoltaron al entonces president en su desplazamiento hasta la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos. Incluso la jefa de prensa de Mazón reconoció abiertamente su declaración testifical del pasado 27 de febrero que las diversas versiones que dio el Palau de la Generalitat tras la catástrofe de la dana eran inciertas.

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha incorporado al procedimiento un breve informe, firmado el pasado 10 de marzo por el director general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Francisco Javier Balfagón, que detalla el listado de llamadas entrantes y salientes del teléfono móvil corporativo del conductor, Ernesto Serra.

El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, reseña la comunicación clave que desmiente las múltiples versiones de Carlos Mazón: a las 19.47, el chófer recibió una llamada, de apenas un minuto, de un teléfono que corresponde al contacto “Secretarias Presi”, según el acta de cotejo del terminal telefónico elaborada por la Letrada de la Administración de Justicia, a la que también ha tenido acceso este diario.

A pesar de que Mazón defendió durante meses que se había incorporado al Cecopi del Centro de Emergencias de l'Eliana “pasadas las siete” y que había estado trabajando en su despacho del Palau de la Generalitat, las llamadas del conductor demuestran que no fue hasta casi las 20.00 cuando se movilizó el equipo del president para acudir a la reunión.

Llamada del chófer al escolta

Inmediatamente después de recibir la llamada de la secretaria de Mazón —tras haber sido “requerido para llevar al president a l'Eliana”, según indica el acta de cotejo—, el conductor telefoneó a uno de los escoltas.

Carlos Mazón había llegado al Palau poco antes de las 20.00, tras haber alargado la sobremesa con Maribel Vilaplana y haber acompañado a la comunicadora hasta un aparcamiento cercano al restaurante. Una vez advertido por un alto cargo sobre la crítica situación en el Puesto de Mando de Metrovalencia, situado a tiro de piedra del barranco del Poyo, el entonces jefe del Consell salió en su vehículo oficial hacia l'Eliana, acompañado por el asesor Josep Lanuza.

Tras recoger a la jefa de prensa, Maite Gómez, en los alrededores del Palau (en la zona de las Torres de Serranos), ya de camino hacia el Centro de Emergencias, el convoy escuchó a las 20.11 el estridente pitido del Es-Alert en sus respectivos teléfonos móviles.

Carlos Mazón llegó a las 20.28 al Cecopi, tal como confirman las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del Centro de Emergencias, también incorporadas al procedimiento que instruye la jueza de Catarroja.

Una vez aterrizado en el Cecopi, el president se puso “al frente” de la reunión, “en el rol que debían desempeñar los directores institucionales de la emergencia”, según afirmó la exconsellera Salomé Pradas en el careo con José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón.

La Conselleria de Justícia del Govern autonòmic de Juan Francisco Pérez Llorca ha retallat dràsticament les funcionàries de suport assignades al jutjat de Catarroja que instrueix la causa de la dana, segons ha pogut saber elDiario.es. La mesura desmantella, a efectes pràctics, l’organització interna del jutjat, pel fet de retirar quatre funcionàries (entre gestores i tramitadores) i deixar-hi únicament l’auxili judicial.

La resolució, signada el 7 d’abril passat per la directora general de Justícia, María José Adalid, explica que per part del departament autonòmic dirigit per la consellera Nuria Martínez “s’ha considerat no prorrogar els reforços” als òrgans judicials valencians vigents des de l’1 de gener passat, entre els quals al jutjat encarregat del procediment de la dana.

El document acorda que el pròxim 30 de juny les quatre funcionàries abandonen el jutjat de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que investiga els 230 presumptes homicidis imprudents esdevinguts el 29 d’octubre de 2024, amb l’obligació de consumir els dies pendents de vacances i d’assumptes propis abans d’aquesta data.

Es tracta de les funcionàries que donen suport a la instrucció del complex procediment, prorrogat fins al pròxim 30 d’octubre, i que depenen de la Conselleria de Justícia. A més, les gestores i les tramitadores estan familiaritzades amb l’extensa causa, amb uns quants centenars de peces de defuncions i en el marc de la qual han declarat més de mig miler de testimonis i perjudicats.

Per part seua, la instructora té un reforç en el seu jutjat, acordat pel Consell General del Poder Judicial, que assegura la seua dedicació exclusiva a la causa de la dana.

La Conselleria de Justícia al·lega un “criteri objectiu d’antiguitat”

Fonts de la Conselleria de Justícia consultades per aquest diari vinculen la mesura amb l’“objectiu d’avançar en el procés d’estabilització de les plantilles i consolidar un model d’Administració de justícia més modern, àgil i eficient, orientat a garantir un millor servei a la ciutadania”, amb “una reivindicació històrica de les organitzacions sindicals” i amb la “prioritat compartida per la mateixa Administració” de reduir la temporalitat, dotar de més estabilitat les plantilles i millorar les condicions laborals del personal al servei de la justícia.

Les mateixes fonts indiquen que els 200 llocs la cobertura dels quals no es renovarà corresponen a reforços de llarga duració. “La seua identificació s’ha fet sobre la base d’un criteri objectiu d’antiguitat, prioritzant els que, pel seu caràcter estructural en la pràctica, requereixen una consolidació definitiva”, afigen.

La Conselleria de Justícia explica que els 200 llocs de treball “passaran a integrar-se com a places estructurals” amb el mateix nombre i estables en la plantilla “reforçant la capacitat del sistema i contribuint directament a una prestació més eficaç i sostenible del servei públic de justícia”.

La mesura, postil·len les fonts oficials del departament autonòmic, ha sigut “comunicada i treballada” en el marc del diàleg amb les organitzacions sindicals, “mantenint els canals d’interlocució oberts en tot moment”.

“La transició es gestionarà de manera ordenada, intentant garantir en tot moment la continuïtat del servei i minimitzant qualsevol impacte tant en els professionals com en la ciutadania”, conclouen.

La Conselleria de Justicia del Gobierno autonómico de Juan Francisco Pérez Llorca ha recortado drásticamente las funcionarias de apoyo asignadas al juzgado de Catarroja que instruye la causa de la dana, según ha podido saber elDiario.es. La medida desmantela, a efectos prácticos, la organización interna del juzgado, al retirar a cuatro funcionarias (entre gestoras y tramitadoras) y dejar únicamente al auxilio judicial.

La resolución, firmada el pasado 7 de abril por la directora general de Justicia, María José Adalid, explica que por parte del departamento autonómico dirigido por la consellera Nuria Martínez “se ha considerado no prorrogar los refuerzos” a los órganos judiciales valencianos vigentes desde el pasado 1 de enero, entre ellos al juzgado encargado del procedimiento de la dana.

El documento acuerda que el próximo 30 de junio las cuatro funcionarias abandonen el juzgado de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que investiga los 230 presuntos homicidios imprudentes acaecidos el 29 de octubre de 2024, con la obligación de consumir los días pendientes de vacaciones y de asuntos propios antes de esa fecha.

Se trata de las funcionarias que dan apoyo a la instrucción del complejo procedimiento, prorrogado hasta el próximo 30 de octubre, y que dependen de la Conselleria de Justicia. Además, las gestoras y tramitadoras están familiarizadas con la extensa causa, con varios centenares de piezas de fallecimientos y en el marco de la cual han declarado más de medio millar de testigos y perjudicados.

Por su parte, la instructora cuenta con un refuerzo en su juzgado, acordado por el Consejo General del Poder Judicial, que asegura su dedicación exclusiva a la causa de la dana.

La Conselleria de Justicia alega un “criterio objetivo de antigüedad”

Fuentes de la Conselleria de Justicia consultadas por este diario vinculan la medida con el “objetivo de avanzar en el proceso de estabilización de las plantillas y consolidar un modelo de Administración de Justicia más moderno, ágil y eficiente, orientado a garantizar un mejor servicio a la ciudadanía”, con “una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales” y con la “prioridad compartida por la propia Administración” de reducir la temporalidad, dotar de mayor estabilidad a las plantillas y mejorar las condiciones laborales del personal al servicio de la Justicia.

Las mismas fuentes indican que los 200 puestos cuya cobertura no se renovará corresponden a refuerzos de larga duración. “Su identificación se ha realizado con base en un criterio objetivo de antigüedad, priorizando aquellos que, por su carácter estructural en la práctica, requieren una consolidación definitiva”, agregan.

La Conselleria de Justicia explica que los 200 puestos de trabajo “pasarán a integrarse como plazas estructurales” con el mismo número y estables en la plantilla “reforzando la capacidad del sistema y contribuyendo directamente a una prestación más eficaz y sostenible del servicio público de Justicia”.

La medida, apostillan las fuentes oficiales del departamento autonómico, ha sido “comunicada y trabajada” en el marco del diálogo con las organizaciones sindicales, “manteniendo los canales de interlocución abiertos en todo momento”.

“La transición se gestionará de manera ordenada, intentando garantizar en todo momento la continuidad del servicio y minimizando cualquier impacto tanto en los profesionales como en la ciudadanía”, concluyen.

Rocío Gómez, la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante que dimitió el pasado 30 de enero por el escándalo de la adjudicación de viviendas de protección pública a cargos del PP y funcionarios municipales disparó su patrimonio en casi 170.000 euros durante su etapa en el consistorio que dirige el popular Luis Barcala. Así se desprende de la declaración de bienes publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante tras su dimisión al frente del área de Urbanismo.

La exconcejala declaró en 2023, al inicio de su mandato, bienes inmuebles por un valor de 22.309,45 euros y “otros bienes” por un importe de 25.773,37 euros, además de un pasivo en créditos de 4.260,79 euros.

La nueva declaración de bienes reseña un aumento significativo de su patrimonio. Rocío Gómez anota bienes inmuebles por un monto de 202.682,03 euros, según el valor catastral (siempre muy inferior al de mercado).

Por otro lado, la exedil del PP también declara “otros bienes” por un importe de 14.246,93 euros. Todo ello suma unos activos de 216.928,96 euros. Su patrimonio, por tanto, se ha disparado en 168.846,14 euros.

La exedil fue una de las beneficiarias de las viviendas protegidas. Una jueza de Alicante investiga la polémica adjudicación de viviendas protegidas en el residencial 'Les Naus' en Alicante.

La Fiscalía, por su parte, ve indicios de los presuntos delitos de prevaricación y fraude en la adjudicación de las viviendas, que en algunos casos fueron a parar a cargos vinculados al PP y altos funcionarios locales.

La jueza de la dana ha citado a declarar, con la condición de testigo, al conductor del vehículo oficial adscrito a la exconsellera Salomé Pradas el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos.

Así lo indica la magistrada Nuria Ruiz Tobarra en una providencia dictada este jueves en la que acepta la diligencia propuesta por la acusación popular que ejerce el PSPV-PSOE.

La resolución solicita a la Conselleria de Emergencias, que dirige Juan Carlos Valderrama, que identifique al conductor de Pradas.

La providencia también acuerda que se comunique al alcalde de Sot de Chera, localidad afectada por la presa de Buseo, de titularidad autonómica, la posibilidad de que aporte voluntariamente, en un plazo de cinco días, los mensajes y llamadas, relacionados con la emergencia, que mantuvo el día de la catástrofe, “sin perjuicio de lo que pueda acordarse tras su declaración”.

Salomé Pradas informó a Carlos Mazón y a su equipo en Presidencia de “absolutamente toda la situación” de la dana durante el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos. Así lo declaró la exconsellera, actualmente investigada en la causa, durante el careo que mantuvo el pasado 12 de enero con José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, según el acta de la declaración cara a cara a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La investigada consideraba que se quedó “sola” en el seno de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). La otra representante del Consell que participaba en el Cecopi, la vicepresidenta Susana Camarero, se desconectó poco después del inicio de la reunión para acudir a la entrega de unos premios. Pradas “estaba sola como consellera ese día, no había nadie más del Consell”, según lamentó en el careo.

La exconsellera también reprochó “cierta persuasión repentina” por parte del jefe de gabinete de Mazón una vez que informó de la eventual medida del confinamiento de la población que barajaba el Cecopi —“estaba sobre la mesa”— para que “no se llevara a término”.

A Cuenca lo definió como “una extensión del president”, que “sabe en todo momento donde se encuentra” la máxima autoridad autonómica.

La exconsellera (a pesar de que Mazón no siempre la atendió telefónicamente mientras alargaba la comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro) “informó de todo lo que iba aconteciendo antes, durante, y después, durante todo el día, todo lo que consideró que era importante que debía saber Presidencia”.

Antes del polémico ágape, mientras Mazón terminaba su agenda de actos ajenos a la dana de aquella mañana, el jefe de gabinete le dijo que hablara con él si quería informar al president. Al menos Pradas “implícitamente lo entendió así”. Por su parte, Cuenca negó que recibiera la orden de su jefe de que no le molestaran.

El testigo aludió a la agenda pública de Mazón. Por el contrario, Salomé Pradas le espetó a Cuenca que aquella jornada ella “no estaba para mirar agendas”. La exconsellera afirmó que desconocía que Mazón se había encerrado con otra comensal en el reservado de El Ventorro. “A lo mejor si sabe que tiene la comida la llama más veces”, manifestó.

“No le va a echar la culpa a nadie de por qué pasó lo que pasó, pero quería informar a Presidencia porque entendía que era lo correcto para estar lo más coordinados posible, con el president y el resto de consellers”, afirmó Salomé Pradas.

Una “intensidad muy dura” en el Cecopi

El jefe de gabinete de Mazón adujo que sus mensajes de WhatsApp a Pradas en los que cuestionaba la medida del confinamiento estuvieron motivados por las dudas jurídicas que planteó el entonces secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez.

En uno de esos mensajes (algunos de ellos con cierto tono indecoroso), Cuenca pedía “calma” a la consellera. Por su parte, Pradas explicó en el careo que en el Cecopi “de calma nada” ya que se vivía una “situación de una intensidad muy dura”.

José Manuel Cuenca, por su parte, se definió como un “periodista” sin conocimientos jurídicos ni “intención ni rol en la emergencia”. Asoció el posible confinamiento con la pandemia de la Covid-19 y dijo que se trataba de una “cuestión de enjundia” y “de envergadura” por la “restricción de derechos fundamentales”.

Salomé Pradas lo interpretó como un “intento de persuasión para que no se lleve a cabo esa medida”, a pesar de que estaba plenamente avalada por la normativa en materia de emergencias. “No es un intento de persuasión sino una reflexión”, matizó Cuenca.

La exconsellera dijo que cuando recibió esos mensajes, la decisión de enviar el Es-Alert a los móviles de la población ya se había tomado en el Cecopi. “Sinceramente se sorprendió con esos whatsapps, porque estaban en momentos de mucha tensión”, según reza el acta del careo.

La “instrucción” de no confinar, según Salomé Pradas, “venía o bien de Cayetano García o bien del president”. “No podía ser de otra forma”, añadió. Aun así, “ella no le hizo caso”.

Por otro lado, al llegar Mazón al Cecopi, “entonces se pone al frente, en el rol que debían desempeñar los directores institucionales de la emergencia”, deslizó Pradas.

Pradas ordenó que “su móvil no lo tocaran”

La exconsellera lanzó otro dardo a Cuenca y cuestionó que el jefe de gabinete de Mazón perdiera todos los mensajes de WhatsApp de su teléfono móvil corporativo al entregarlo formateado a la Generalitat tras su cese “sin sus datos personales”, a pesar de que la instrucción de la causa era ampliamente conocida.

“El teléfono te lo puedes quedar y ella se lo quedó”, según reza el acta con la transcripción del careo. La exconsellera, además, “envió un mensaje expreso de que no tocaran su móvil, y no resetearan nada”.

“Con su abogado prepararon un escrito diciendo que su móvil no lo tocaran, que lo iba a abonar y se lo quedaba, y que no permitía que resetearan contenido del teléfono”, apostilló Salomé Pradas.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha estimado los recursos de Manos Limpias, la Fiscalía y la Diputación de Valencia, presidida por el popular Vicente Mompó, y ha reabierto la causa contra el excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, por la presunta falsificación de su título académico en la institución provincial. El auto cuestiona la prescripción del delito esgrimida por el juez de instrucción que dictó el pasado 8 de octubre el sobreseimiento libre de la causa y pone en duda que no se tomara declaración al denunciado.

Mientras que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de València afirmaba que los hechos denunciados por el pseudosindicato habrían prescrito “cuanto menos hace 30 años”, la Audiencia de Valencia sostiene, tras repasar la jurisprudencia, que “cada vez que el funcionario pide a prórroga, no se limita a continuar en una situación ni tiene el derecho absoluto a la continuación, sino que debe alegar que reúne los requisitos de aptitud que en su momento le facultaron para optar al puesto en que desea continuar”.

El auto se escuda en que, según la documentación aportada por la Diputación de Valencia, “el denunciado habría solicitado sendas prórrogas en el servicio activo en los últimos años, siendo los dos últimos los de 2023 y 2024”.

Sin la “necesaria claridad de hechos”

Por otro lado, considera que “debe esgrimir de forma expresa o por remisión, expresa o tácita, los títulos que le amparan”. “La exigencia es tan evidente que de formular la petición excusándose de la titulación, la respuesta habrá de ser negativa por no ser apto para el destino en función de los requisitos normativos exigidos al efecto”, agrega.

El auto de la sección tercera de la Audiencia de Valencia concluye que “no siendo descartable que la persona denunciada haya hecho valer su título falso en demostración del cumplimiento de su preparación, de su condición de apto para acceder a las prórrogas en el servicio activo, es manifiesto que no se dispone de la necesaria claridad de hechos para poder ceñir el cómputo de la prescripción al momento de su inicial presentación en la década de los ochenta”.

La resolución revoca el auto de sobreseimiento libre dictado por el juez y ordena el inicio de la instrucción de la causa.

La jueza de la dana insiste en un auto dictado este miércoles en que un “nexo común que ha demostrado la instrucción es la ausencia de avisos a la población”.

La magistrada vincula la falta de alerta a la ciudadanía el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, con la “parálisis en la toma de decisiones” en el seno del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y la “tardía convocatoria del mismo” por parte de la entonces consellera Salomé Pradas, actualmente investigada en la causa.

La resolución desestima el recurso de reforma de la defensa de Pradas contra la providencia que acordó una pericial caligráfica para determinar la autoría de las notas manuscritas entregadas por Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, sobre las indicaciones de la entonces consellera vinculadas a la redacción del texto del Es-Alert. La defensa de la exconsellera reconoció la autoría las anotaciones de “su puño y letra” y solicitó la suspensión de la prueba caligráfica acordada por la instructora.

El auto recuerda que “en ningún momento” Pradas había reconocido durante su declaración inicial como investigada la autoría de la nota manuscrita, al no constar el documento en el procedimiento hasta que lo entregó Suárez. Las manifestaciones del escrito de la defensa, que reconoce la autoría, “no pueden sustituir a la declaración de investigada, diligencia personalísima, que no puede reemplazarse por la manifestación de ninguna persona, por un escrito presentado por su representación procesal, ni por una comparecencia”, afirma la resolución.

Y, aunque lo reconociera en una declaración como investigada, “tampoco ello eximiría la práctica de una prueba que ha de estimarse pertinente”, agrega.

El auto justifica la “pertinencia” de la prueba por la “relevancia en la adopción de medidas de protección a la población”, eje principal de todo el procedimiento instruido por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra.

La jueza repasa la cronología acreditada por la investigación y destaca, como “lo más dramático”, que a las 17.20 del 29 de octubre de 2024 “se pudo haber lanzado un mensaje” Es-Alert, tal como propuso el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, al inicio de la reunión del Cecopi. Un mensaje propuesto —en balde— que aconsejaba a la población refugiarse en altura y que “hubiera sido plenamente efectivo” para evitar que los vecinos bajaran a los garajes o circularan por carretera.

La magistrada también incide en que “uno de los elementos que demoró” el envío de la alerta a la población fue “incluso por la redacción del mismo en valenciano”. Por indicación de Pradas y del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, se cambiaron palabras en valenciano normativo ('tipus' por 'tipo', por ejemplo) o el acento de València por Valencia.

El auto destaca las consultas a la Abogacía de la Generalitat y los mensajes enviados a la consellera por José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón. Más de una hora antes del envío del Es-Alert, la reunión del Cecopi barajaba la fórmula de “permanezcan en sus domicilios”, aunque en el mensaje final de las 20.11 fue sustituida por “eviten desplazamientos”. “La razón del cambio se desconoce”, afirma la jueza de Catarroja.

Pradas mostraba “voluntad de controlar”

Además, la resolución también cuestiona que el contenido del Es-Alert fuera un “cuestión absolutamente de los técnicos”, tal como defiende Pradas, a tenor de las manifestaciones de la entonces consellera grabadas por las cámaras de una productora subcontratada por Emergencias en las que daba ciertas indicaciones sobre el texto.

“No se limitaba a ser una mera testigo del envío del mensaje, sino que se muestra una voluntad de controlar”, afirma el auto.

La jueza, tal como ha destacado a lo largo de la instrucción, considera que la alerta a la población “se podía por otro lado haber efectuado” por otras vías, tales como medios de comunicación (destaca la televisión autonómica À Punt) o el 112 en la red social X. “Nada de ello se hizo y se esperó hasta tres horas en el envío del mensaje”, apostilla.

Por otro lado, el auto destaca que “en la falta de avisos a la población incurre igualmente” el entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, también investigado en la causa.

El sector del juego pierde una batalla relevante contra la regulación y el alejamiento de salones y locales de apuestas de los centros educativos para combatir la ludopatía, legislada durante la etapa del Pacte del Botànic al frente del Ejecutivo valenciano. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) ha dictado cinco sentencias en las que desestima los recursos interpuestos por varias empresas y asociaciones empresariales contra el Decreto 97/2021 del Consell, que desarrolla las restricciones a los salones de juego y los locales de apuestas. La misma Sala y sección ya avaló hace tres años la clausura de un salón de juegos cercano a colegios, tal como informó este diario.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en respuesta a varias cuestiones prejudiciales, sentenció el pasado 16 de octubre que el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE no se opone a una normativa nacional que imponga a los operadores del sector del juego limitaciones como distancias mínimas entre sus establecimientos y de estos con respecto a centros educativos.

Los recursos que ha desestimado ahora el alto tribunal valenciano solicitaban la anulación de una decena de artículos del Decreto 97/202, de medidas urgentes para la aplicación de la Ley 1/2020, de 11 de junio de la Generalitat, de regulación del juego y prevención de ludopatía en la Comunidad Valenciana.

Esos artículos establecen una serie de requisitos a las solicitudes de autorización de instalación de nuevos locales de juegos y de apuestas, la renovación de las licencias, la instalación y sustitución de máquinas de juego en la hostelería, la medición de las distancias mínimas o la información comercial en el exterior de este tipo de establecimientos.

Los magistrados han rechazado las alegaciones de los recurrentes contra todos esos artículos, al considerar que éstos no merecen ningún reproche de legalidad.

Así, recuerdan que el Decreto 97/2021 “es una disposición administrativa/reglamento ejecutivo de ley autonómica, dictada en ejercicio de competencia exclusiva de la Comunidad Valenciana”, por lo que a la Sala únicamente le corresponde enjuiciar si los preceptos reglamentarios “se separan o van más allá de lo establecido en la ley habilitante”.

El TSJ-CV ve una “motivación válida”

El TSJ-CV ha concluido que esos preceptos “no solo encuentran cobertura en una norma con fuerza de ley (…)”, sino que también contienen una “motivación válida sobre nexo causal entre el objetivo ‘proteger el interés general’ y el instrumento ‘prohibición de instalación de salones a distancia inferior a 850 metros de un centro educativo”, como se explica en una de las sentencias.

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado también la pretensión de los recurrentes consistente en la elevación de una cuestión de inconstitucionalidad contra un artículo y dos disposiciones transitorias de la Ley 1/2020.

Las cinco sentencias dictadas por el TSJ-CV pueden ser recurridas en casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

El PSPV-PSOE ha solicitado a la jueza de Llíria que investiga la filtración de un audio manipulado de una de las llamadas entre la Aemet y el Centro de Emergencias de la Generalitat sobre la gestión de la dana la imputación de los dos altos cargos del Consell de Carlos Mazón que se hicieron con la grabación, de carácter reservado. Se trata de Alberto Martín Moratilla, exdirector general de Emergencias, y de Ricardo García, ex subsecretario de la conselleria que dirigía Salomé Pradas, señalados ambos el pasado 31 de marzo por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, como los altos cargos que obtuvieron el audio filtrado más tarde. Los socialistas valencianos, que ejercen una de las acusaciones populares en la causa, destacan que el acceso al audio fue una “petición de Presidencia” de la Generalitat, tal como confirmó Suárez.

“Habida cuenta de que únicamente había interés por obtener dicha llamada de las innumerables que se produjeron el 29 de octubre de 2024, y dado que precisamente, fue dicha llamada la que apareció filtrada en los medios de comunicación y difundida a través de las redes sociales de Carlos Mazón y del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, se considera pertinente la citación en calidad de investigados de los dos cargos públicos que mostraron interés por obtener la grabación de la llamada telefónica difundida”, afirma el escrito del PSPV-PSOE, al que ha tenido acceso este diario.

La acusación popular recuerda que, según se desprende de la declaración de las perjudicadas (las funcionarias de la Aemet y de Emergencias grabadas en el audio),“ en ningún momento se autorizó su difusión”. Para el PSPV-PSOE, resulta “especialmente significativo el comentario del Subdirector General de Emergencias [Jorge Suárez] al reconocer que en su dilatada trayectoria profesional, nunca había sucedido nada semejante”.

El lápiz de memoria

 El antiguo subsecretario de Pradas obtuvo la grabación en un lápiz de memoria y aseguró que “había prisa” y que era una “petición de Presidencia”, según la declaración testifical de Suárez. Por su parte, Martín Moratilla, actual inspector jefe del servicio operativo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, fue quien requirió al subdirector de Emergencias la grabación de la llamada entre la predictora de la Aemet y la funcionaria de la Generalitat.

El entonces president Carlos Mazón compartió en sus redes sociales la grabación manipulada, de manera que daba a entender que Aemet no estaba dando una información fidedigna, un bulo que se desmintió poco después cuando diferentes medios, entre ellos elDiario.es, publicaron la conversación de forma íntegra.

HazteOir se n’ix de la causa de la dana. Així ho sol·licita l’associació ultraconservadora en un escrit remés a la jutgessa instructora, a què ha tingut accés elDiario.es. Els advocats Javier María Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna i Nouna Lozano Manchado anuncien el desistiment de l’acusació popular i la renúncia a l’acció “amb els efectes legals oportuns” i “sense perjudici de la continuació del procediment respecte de les altres parts personades”. 

La representació jurídica de l’entitat a penes ha proposat diligències en el marc del procediment que instrueix la jutgessa Nuria Ruiz Tobarra, més enllà dels seus intents fallits d’implicar el Govern de Pedro Sánchez en la instrucció. 

L’associació, que es va querellar inicialment contra la delegada del Govern, Pilar Bernabé, i contra el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), Miguel Polo, va ser expulsada de la causa en un primer moment per part de la magistrada instructora. No obstant això, la secció segona de l’Audiència de València va admetre la seua personació com a acusació popular. 

HazteOir es va limitar a demanar la citació de Pedro Sánchez com a testimoni, aprofitant la testifical del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La magistrada va argumentar, en una interlocutòria del 15 de desembre passat, que no constava que Sánchez, “a diferència” de Núñez Feijóo, “estiguera informat en temps real” per part de Carlos Mazón sobre la gestió de la dana del 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts. 

L’entitat ultraconservadora va recórrer en apel·lació contra la resolució. No obstant això, el fiscal es va oposar a la possibilitat de citar Pedro Sánchez com a testimoni pel fet de considerar que la seua testifical no aportaria res a l’esclariment dels fets. La secció segona de l’Audiència Provincial de València va tombar el recurs per unanimitat i va adduir, en una interlocutòria del 6 de març passat, que la diligència proposada per HazteOir incorria en “clars tints prospectius”. 

L’eixida de Liberum per l’“excessiva dispersió” de les parts

Un mes després del revés, l’acusació popular tira la tovallola. I ho fa poc després que una altra acusació popular abandonara el procediment. Es tracta de l’associació Liberum, que el 30 de març passat també es va apartar de la causa

“Una vegada personats, i amb posterioritat a això, en aquest procediment concorren múltiples acusacions populars ja personades, la qual cosa genera una excessiva dispersió de parts amb interessos coincidents i una evident duplicitat d’escrits i actuacions”, afirma l’escrit de Liberum, a què ha tingut accés aquest diari. 

L’entitat argüeix que, “per raons d’economia processal i de sanejament del procés”, resulta “més adequat” apartar-se del procediment, “evitant reiteracions innecessàries i contribuint a la simplificació i l’agilitació del procediment, almenys per part nostra”.

L’escrit, d’altra banda, sol·licita la devolució de la fiança de 6.000 euros depositada per l’acusació popular en personar-se en la causa.

El PSPV-PSOE ha sol·licitat a la jutgessa de Llíria que investiga la filtració d’un àudio manipulat d’una de les telefonades entre l’Aemet i el Centre d’Emergències de la Generalitat sobre la gestió de la dana la imputació dels dos alts càrrecs del Consell de Carlos Mazón que van obtindre l’enregistrament, de caràcter reservat. Es tracta d’Alberto Martín Moratilla, ex-director general d’Emergències, i de Ricardo García, ex-sotssecretari de la conselleria que dirigia Salomé Pradas, assenyalats tots dos el 31 de març passat pel subdirector d’Emergències, Jorge Suárez, com els alts càrrecs que van obtindre l’àudio filtrat més tard. Els socialistes valencians, que exerceixen una de les acusacions populars en la causa, destaquen que l’accés a l’àudio va ser una “petició de Presidència” de la Generalitat, tal com va confirmar Suárez. 

“Tenint en compte que únicament hi havia interés per obtindre aquesta telefonada de les innombrables que es van produir el 29 d’octubre de 2024, i atés que precisament, va ser aquesta telefonada la que va aparéixer filtrada en els mitjans de comunicació i difosa a través de les xarxes socials de Carlos Mazón i del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, es considera pertinent la citació com a investigats dels dos càrrecs públics que van mostrar interés per obtindre l’enregistrament de la telefonada difosa”, afirma l’escrit del PSPV-PSOE, a què ha tingut accés aquest diari.

L’acusació popular recorda que, segons es desprén de la declaració de les perjudicades (les funcionàries de l’Aemet i d’Emergències gravades en l’àudio),“ en cap moment es va autoritzar la difusió”. Per al PSPV-PSOE, resulta “especialment significatiu el comentari del subdirector general d’Emergències [Jorge Suárez] en reconéixer que en la seua dilatada trajectòria professional, mai havia passat res de semblant”.

El llapis de memòria

L’antic sotssecretari de Pradas va obtindre l’enregistrament en un llapis de memòria i va assegurar que “hi havia pressa” i que era una “petició de Presidència”, segons la declaració testifical de Suárez. Per part seua, Martín Moratilla, actual inspector en cap del servei operatiu del Consorci Provincial de Bombers d’Alacant, va ser qui va requerir al subdirector d’Emergències l’enregistrament de la telefonada entre la predictora de l’Aemet i la funcionària de la Generalitat.

El president llavors Carlos Mazón va compartir en les seues xarxes socials l’enregistrament manipulat, de manera que donava a entendre que l’Aemet no donava una informació fidedigna, una faula que es va desmentir poc després quan diferents mitjans, entre els quals elDiario.es, van publicar la conversa de manera íntegra.

HazteOir se sale de la causa de la dana. Así lo solicita la asociación ultraconservadora en un escrito remitido a la jueza instructora, al que ha tenido acceso elDiario.es. Los abogados Javier María Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna y Nouna Lozano Manchado anuncian el desistimiento de la acusación popular y la renuncia a la acción “con los efectos legales oportunos” y “sin perjuicio de la continuación del procedimiento respecto de las demás partes personadas”.

La representación jurídica de la entidad apenas ha propuesto diligencias en el marco del procedimiento que instruye la jueza Nuria Ruiz Tobarra, más allá de sus intentos fallidos de implicar al Gobierno de Pedro Sánchez en la instrucción. 

La asociación, que se querelló inicialmente contra la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, fue expulsada de la causa en un primer momento por parte de la magistrada instructora. Sin embargo, la sección segunda de la Audiencia de Valencia admitió su personación como acusación popular.

HazteOir se limitó a pedir la citación de Pedro Sánchez como testigo, aprovechando la testifical del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La magistrada argumentó, en un auto del pasado 15 de diciembre, que no constaba que Sánchez, “a diferencia” de Núñez Feijóo, “estuviera informado en tiempo real” por parte de Carlos Mazón sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos.

La entidad ultraconservadora recurrió en apelación la resolución. Sin embargo, el fiscal se opuso a la posibilidad de citar a Pedro Sánchez como testigo al considerar que su testifical no aportaría nada al esclarecimiento de los hechos. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia tumbó el recurso por unanimidad y adujo, en un auto del pasado 6 de marzo, que la diligencia propuesta por HazteOir incurría en “claros tintes prospectivos”.

La salida de Liberum por la “excesiva dispersión” de las partes

Un mes después del revés, la acusación popular tira la toalla. Y lo hace poco después de que otra acusación popular abandonara el procedimiento. Se trata de la asociación Liberum, que el pasado 30 de marzo también se apartó de la causa

“Una vez personados, y con posterioridad a la misma, en dicho procedimiento concurren múltiples acusaciones populares ya personadas, lo que genera una excesiva dispersión de partes con intereses coincidentes y una evidente duplicidad de escritos y actuaciones”, afirma el escrito de Liberum, al que ha tenido acceso este diario.

La entidad arguye que “por razones de economía procesal y de saneamiento del proceso” resulta “más adecuado” apartarse del procedimiento, “evitando reiteraciones innecesarias y contribuyendo a la simplificación y agilización del procedimiento, al menos por nuestra parte”.

El escrito, por otro lado, solicita la devolución de la fianza de 6.000 euros depositada por la acusación popular al personarse en la causa.

La jueza de la dana ha citado como testigo el próximo 7 de mayo al alcalde de Utiel, el popular Ricardo Gabaldón, según una diligencia de ordenación dictada este martes. La magistrada Nuyria Ruiz Tobarra ya adelantó en un auto del pasado 14 de julio que Gabaldón actuó mejor y más rápido que el Gobierno de su entonces homólogo autonómico del mismo partido, Carlos Mazón, president de la Generalitat. El primer edil, según la jueza instructora, “adoptó medidas de protección de la población que iban mucho más allá del consejo de no acercarse a las riberas y ríos emitido por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), y con una antelación muy superior a la del referido aviso especial: el cierre de los centros escolares”. 

Si bien el departamento de Emergencias de la Generalitat decretó la alerta hidrológica en el río Magro y en el barranco del Poyo a las 11.45, Ricardo Gabaldón ya había cerrado los centros escolares antes. 

Además, Gabaldón podrá aclarar si Mazón le telefoneó, como insinuó el exjefe del Consell en un primer momento, o no (tal como se desprende de la lista de llamadas del 29 de octubre de 2024 que hizo pública el expresident). Carlos Mazón pidió aquella tarde a Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, el número de teléfono del alcalde de Utiel, localidad para la que se había activado el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en plena comida del entonces jefe del Consell en un reservado de El Ventorro con Maribel Vilaplana.

Por otro lado, la diligencia de ordenación cita de nuevo como testigo al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez.

Deniega la petición de Pradas sobre las transcripciones

Además, la resolución deniega la petición de la defensa de Pradas, de la que ha informado este diario, sobre la transcripción íntegra tanto de su declaración inicial del 11 de abril de 2025 como de su careo con el exjefe de gabinete de Mazón celebrado el pasado 12 de enero.

“El acta de la diligencia de careo, así como el acta de la declaración como investigada de su representada la constituyen la grabación de las mismas”, tal como resolvió la jueza instructora en sendos autos de los pasados 11 de abril y 20 de julio.

“La grabación de las diligencias es el único medio que permite apreciar realmente los matices de las respuestas de los comparecientes”, afirma la diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia.

La defensa de la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, ha pedido a la jueza instructora la transcripción íntegra de su careo con José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón, celebrado el pasado 12 de enero.

Así consta en un escrito al que ha tenido acceso este diario en el que sostiene que la falta tanto de la transcripción íntegra de su propia declaración como investigada como la del careo, ambas “diligencias de vital importancia para el devenir del proceso” impide a la defensa “analizar con el rigor técnico necesario las manifestaciones vertidas”.

“Si el Juzgado está procediendo a la transcripción literal de otras declaraciones de la causa, negar dicha posibilidad respecto a la declaración de mi mandante genera un agravio comparativo y una ruptura de la igualdad que debe presidir la instrucción”, afirma el escrito firmado por los letrados Eduardo de Urbano, Sandra Imedio y Paloma Crespo.

La defensa de Salomé Pradas ha solicitado en varias ocasiones que se incorporara al procedimiento una transcripción más completa de su declaración inicial del 11 de abril de 2025.

“La transcripción literal es el único medio que garantiza que no existan interpretaciones subjetivas o errores de síntesis en el acta, recogiendo los matices, dudas o precisiones que solo el tenor literal de la pregunta y la respuesta pueden ofrecer”, agrega el escrito, que incide en el carácter “especialmente crítico en una diligencia de careo, cuyo objeto es precisamente la resolución de contradicciones específicas”.

“És funcionària, va aprovar l’oposició, però té el pecat per a l’esquerra que és la parella del president de la Generalitat Valenciana”. El president Juan Francisco Pérez Llorca es va pronunciar així dijous passat 26 de març (vegeu el vídeo) en la sessió de control de les Corts Valencianes per a defensar el fitxatge de la seua parella, Vanesa Soler, per la Diputació de València amb un sou de 52.000 euros, el doble del que percebia en la seua destinació anterior en l’Ajuntament de Finestrat.

No obstant això, les afirmacions del cap del Consell modula la realitat, ja que Soler només va consolidar la seua plaça fins a 2024 en un procés d'estabilització, encara que segons requerixen fonts del Palau de la Generalitat “en 2008 aprova una oposició, pren posesió del càrrec i assumix les mateixes obligacions bàsiques que qualsevol empleat públic”. Així ho va reconéixer indirectament el propi Ajuntament de Finestrat quan va publicitar el 12 de gener de 2024 la presa de possessió de nou funcionaris, en el marc del procés d'estabilització. Es tractava de “empleats que han estat ocupant amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016” i que “han superat tots els processos establits”. Quatre d'aquells nou (entre ells la parella de Juan Francisco Pérez Llorca), amb categoria d'administratius, van passar així a ser funcionaris de carrera de l'Administració General.

El mateix Pérez Llorca, llavors alcalde de Finestrat, va expressar la seua “il·lusió” i va avalar el “fabulós treball” dels funcionaris estabilitzats. “En nom de tota la localitat, he d’agrair-los la seua tasca i, sobretot, animar-los a continuar treballant com han fet fins ara”, va afirmar.

La parella del president va entrar a treballar en l’Ajuntament de Finestrat el 2007. Després de la victòria de Honorato Algado, l’alcalde popular va ocupar en el consistori una tanda de 34 simpatitzants del PP, entre ells Vanesa Soler, filla d’un apoderat del partit. Els dos anys i mig següents va ser secretària de direcció de la Regidoria de Recursos Humans, en mans aquells dies de l’edil Pilar Martínez Salazar.

Encara que constava com a funcionària eventual, la Diputació de València va reconéixer aquest període per a atorgar-li la comissió de serveis la parella de Pérez Llorca. Comptant el període en què Soler va ser funcionària interina (entre el 2010 i el 2024) i els dos anys següents, ja estabilitzada com a funcionària de carrera, la candidata es va imposar a les altres quatre aspirants. La institució provincial no va tindre en compte el treball en una categoria inferior (d’auxiliar administratiu) d’una de les candidates, que es va incorporar a la funció pública molt abans (eln 1989), deixant via lliure per a seleccionar a la funcionària de Finestrat.

A més, Pérez Llorca va adduir, en les seues primeres declaracions després de la polèmica per la comissió de serveis, que la seua parella era “funcionària de carrera fa més de 20 anys” i va defensar el procés de selecció. No obstant això, la dona a penes estava des del 2024 com a funcionària de carrera, després d’haver sigut interina durant el període anterior.

En la mateixa compareixença de dijous en les Corts, Pérez Llorca també va patinar quan va dir que la vacant de secretària de direcció del Centre d’Assistència a Municipis de la Diputació, coberta per urgència, es va oferir el juliol del 2025, moment en què ell encara no era president. La realitat és que el juliol de l’any passat es va aprovar, es va crear al novembre, però es va oferir el 28 de gener, dos mesos després de la seua presa de possessió. L’anunci tan sols es va publicar en el tauler virtual de la pàgina web de la Diputació de València durant tot just huit dies, del 28 de gener passat al 4 de febrer, tal com ha informat aquest diari.

El criteri d’idoneïtat, determinat una vegada els candidats van presentar les seues sol·licituds, va restringir l’experiència laboral als llocs d’administratiu C1 i, també, a la trajectòria com a secretària de direcció. Amb aquest criteri discrecional, Vanesa Soler es va imposar a la resta de les candidates.