De los periodistas se dice, erróneamente, que “valen más por lo que callan que por lo que cuentan”. Algo así sucede con el ministro de Economía, Luis de Guindos, que en el relato que hace sobre la crisis financiera suele caer siempre en los mismos olvidos, pese a que le hacen explicar este capítulo negro de España una y otra vez.

La última fue este martes en la Comisión de Investigación de la crisis financiera, en la que tuvo que recorrer de nuevo la reciente gran recesión española el día en el que cumplía 58 años. El ministro volvió a dejar en su explicación las mismas lagunas y agujeros negros de las que ya trufó sus memorias. La organización de la Comisión, que permitía contestar en bloque a los diputados, facilitó que el ministro saliera vivo, incluso después de las duras acusaciones que su exjefe, Rodrigo Rato había vertido en ese mismo sitio una semana antes. “Las teorías de la conspiración son de perdedores”, dejó caer el ministro en su intervención. Un recado para su otrora colega, que le acusó de querer meterle en la cárcel, y también para los portavoces parlamentarios que le azuzaron con cuestiones sobre su intervención en la caída de Bankia y Popular. Pero poco lograron arrancar el actual ministro y eterno candidato a alto cargo en las Instituciones Europeas (ahora aspira a un sillón en el BCE). Estas son algunas de las principales pérdidas de memoria del político popular:

El innombrable

Luis de Guindos se olvidó del nombre de Rodrigo Rato. O si lo recordaba no lo pronunció ni una sola vez durante sus tres intervenciones. Las referencias eran “al expresidente de Bankia” pero no salieron de sus labios el nombre y apellidos de su antiguo mentor y colega. Algo tan complicado no puede ser más que deliberado. Ese olvido vino acompañado de casi cualquier referencia a su relación y a cómo interactuaron en las últimas horas antes de la dimisión de Rato y la nacionalización de Bankia. De Guindos concretó que Rato dimitió de Bankia y horas después amagó con aplazar la decisión, punto al que De Guindos se opuso porque el cambio ya estaba comunicado a la CNMV. Pero ni una referencia a toda la trama que según Rato tenía como objetivo final llevarle a la cárcel. Esto es, la filtración de que el servicio de blanqueo de capitales estaba bajo su pista, que se había acogido a la amnistía fiscal y el informe de la Onif sobre los movimientos de rentas entre sociedades del exgerente del FMI.

Currículo en blanco

El ministro es uno de los pocos banqueros que tiene como tentación recurrente no hablar de su pasado profesional. Este pasa por haber sido la mano derecha de Rato; por ser el representante de Lehman Brothers en España o por haber sido consejero de una entidad que terminó siendo nacionalizada (BMN). Ya casi en el descuento de la comisión (pasadas las nueve de la noche), De Guindos aseguró que estaba “muy orgulloso” de haber sido consejero de la entidad (que ahora se ha fusionado con Bankia) porque cuando él pasó a estar del lado del Ejecutivo fue una de las pocas a la que no hubo que bajar los sueldos del consejo. Ya en sus memorias, Luis de Guindos prefería remontarse a su etapa de docente que sacar pecho de lo que una vez le había puesto en pequeño círculo de los banqueros en España. Ayer no fue diferente, hasta el punto de que prefirió explicar la crisis sin referirse a la situación en EEUU.

Ley del suelo y burbuja inmobiliaria

El exbanquero tuvo diversos cargos en el ministerio de Economía cuando se hicieron cambios regulatorios que liberalizaron el suelo. De Guindos los obvió en su primera exposición y tras las numerosas preguntas, en el turno de réplica sí aseguró que los principios de la liberalización del suelo eran los correctos (cuanta más oferta, más barato, en su opinión), pero que no se lograron aplicar por una sentencia del Tribunal Constitucional. Acto seguidos, el ministro trasladó el nacimiento de la burbuja justo a los primeros años de Gobierno socialista, nada más abandonar el cargo el tándem Rato-De Guindos.

Su papel protagonista

De forma poco habitual en él, De Guindos exprimió un relato de los acontecimientos en el que él mismo aparece como un actor secundario. En sus memoria, él desde luego es un actor principal, pero como esta comisión va de buscar culpables, el ministro optó por hacer suya la máxima de que es mejor ser esclavo de los silencios que preso de sus palabras, y prácticamente no se dio otro papel en el rescate que el de mejor transmisor entre el Banco de España y la troika. Este relato choca además frontalmente con el que Rodrigo Rato había hecho de él una semana antes, en el que había descrito a un De Guindos como un manipulador que manejaba el rescate de Bankia a espaldas de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, entonces gobernador del Banco de España.

La liquidación de Banco Popular

La última (por ahora) réplica del terremoto financiero ha sido la liquidación y venta por un euro de Banco Popular a Banco Santander. Bajo el mandato de De Guindos se decidió no incluir a Popular en la transferencia de activos al banco malo (otro de los puntos negros, por cierto, de la gestión del rescate), y la toxicidad de sus activos acabó finalmente conduciendo a la entidad al desastre. El oscurantismo con el que la Junta Única de Resolución europea tomó la decisión de liquidar el banco hace que aún se le pidan constantes explicaciones al ministro, que se escuda en que el Estado español ya no tiene competencias en esta área dentro de la configuración de la Unión Bancaria. Con todo, una referencia más clara en su mandato se hubiera agradecido por parte de los bonistas y accionistas que están inundando con sus demandas los tribunales españoles y europeos.

La comisión de investigación financiera del rescate cerrará hoy la principal parte de las comparecencias de políticos con la intervención del actual ministro de Economía, Luis de Guindos. De Guindos llegó al Congreso con la polémica de las declaraciones de sus tres antecesores (aunque él es el único que no ha desempeñado el cargo de vicepresidente): Elena Salgado, Pedro Solbes y Rodrigo Rato, pero especialmente de este último, que le acusó en sede parlamentaria de haber “urdido” una trama para ir a la cárcel.

Ante la polvareda del que un día fue su jefe, y al que finalmente tuvo que quitar del cargo de primer ejecutivo de Bankia, De Guindos optó por una comparecencia en la que ni mencionó el nombre del que un día fue todo para el Partido Popular. De Guindos habló durante casi una hora y cinco minutos sin pronunciar ni una sola vez el nombre de Rodrigo Rato. Las tres veces que en su narración del rescate de Bankia tuvo que referirse a Rato lo hizo como “la cúpula”, “la dirección”, y “el entonces presidente”. Cuando se completó la comparecencia pasadas las nueve de la noche, el nombre de Rato seguía sin haber brotado de sus labios.

En su narración del relato de Bankia, De Guindos aseguró que Rato presentó voluntariamente su dimisión. El exvicepresidente de José María Aznar había asegurado que fue De Guindos el que le echó y que con su decisión desplomó la acción de Bankia. El actual ministro de Economía recordó que ya la acción llevaba cayendo varios días y que lo que hizo Rato fue amagar a las pocas horas de dimitir con aplazar la decisión, cosa que no le permitió. Además, no se ahorró recordar que en aquel momento Bankia había sido amonestada la CNMV por manipulación de mercado al estar intentando aguantar el precio de la acción desde la propia compañía, de forma fuera de mercado.

El ministro no entró a discutir otra de las polémicas que lanzó Rato sobre el rescate a Bankia, sobre si habían sido sus competidores los que habían puesto precio a la entidad, pero sí de nuevo recordó la sentencia del Tribunal Supremo que concluyó que las cuentas de la salida bolsa no eran correctas lo que ha llevado a la devolución del dinero a los inversores minoristas (un juicio diferente al penal que se abrirá este año contra Rodrigo Rato por estafa). También aseguró que cuando se veía con los bancos sin el gobernador del Banco de España era “para pedirles dinero”, porque en aquel momento no tenían liquidez para cosas como el FLA o el fondo de suficiencia autonómica. “Nadie ponía un duro en las subastas del Tesoro”, resumió gráficamente.

En la narración del ministro él mismo casi aparece como un espectador que se limita a gestionar unas y otras decisiones: las de Bankia y las del Banco de España. También aparece como un gestor de las decisiones de la Comisión Europea y en definitiva, parece que su actuación fue casi inexistente en este capítulo de la nacionalización de la compañía que decidió en parte la suerte del rescate financiero.

Sí se refirió varias veces al Gobierno socialista que aprobó las leyes oportunas para que fuera propicia la salida a bolsa de la entidad. También de su relato se percibe que la fusión fría que dio lugar a Bankia, especialmente con Bancaja, fue la que precipitó la caída de la entidad.

Sin recuerdos del pasado

De Guindos llegó puntual a la comisión pero por una puerta lateral, despistando así a los numerosos medios audiovisuales que le esperaban en la puerta. El ministro anunció a los diputados de que estructuraría su comparecencia en tres partes, el mismo tipo de esquema que también realizó Rodrigo Rato apenas una semana antes.

En esta ocasión, la organización de la comisión es diferente a la ya polémica que tuvieron que protagonizar los tres exvicepresidentes. Aunque a diferencia de otro tipo de comisiones los comparecientes están obligados a decir la verdad, en este caso la estructura fue la habitual en otro tipo de comisiones, con preguntas con turno corrido de los portavoces parlamentarios y respuesta en bloque por parte del ministro. Según Ana Oramas, los portavoces decidieron esta fórmula en la que hablan más. Sin embargo, también es más fácil escabullirse para los comparecientes.

A diferencia de otras comparecencias, en la bancada popular se sentaron algunos de sus pesos pesados, como Carlos Floriano o Ramón Aguirre además del diputado Miguel Ángel Panigua que había hecho hasta ahora el turno de preguntas (también a Rodrigo Rato).

De Guindos ha desempeñado varios papeles en las últimas dos décadas, clave para explicar la crisis financiera. Entre 2002 y 2004 como secretario de Estado de Economía, es decir, mano derecha de Rodrigo Rato. Esta es la época en la que se liberalizó el suelo (en realidad fue en el año 2000 pero ya entonces De Guindos era director de política económica en el ministerio), punto por el que pasó de puntillas el ministro de Rajoy.

El eje principal del discurso que mantuvo durante la tarde (y ya entrada la noche) fue que la actuación del Ejecutivo del PP evitó el rescate financiero completo. Ya en las conclusiones finales llegó a asegurar que durante estos seis años que ha estado como ministro siempre ha tenido que elegir entre “el mal menor”.

En su discurso inicial, la burbuja comenzó a formarse precisamente en 2004, cuando el Gobierno de Aznar perdió las elecciones. Sin embargo, en varias ocasiones dató el inicio de la burbuja en la entrada al euro (1999-2000).

Pero una de las ausencias más sonadas de su relato es la de la influencia del estallido de la burbuja en Estados Unidos y la caída de Lehman Brothers. De Guindos fue el representante del banco fallido en España entre 2004 y 2008, un pasado que le persigue. Este anatema le hizo no mencionar ni explicar casi 10 años de crisis financiera sin una referencia al otro lado del atlántico. Solo ante una pregunta de Rafael Mayoral, de Unidos Podemos, De Guindos deslizó el nombre de la entidad estadounidense, pero sin mencionar en absoluto sus responsabilidades.

Además, De Guindos tuvo cargos destacados como consejero en entidades intervenidas como el Banco Mare Nostrum (BME) que actualmente se está fusionando con Bankia. También se le ha recordado en varias ocasiones que participara en la emisión de cuotas participativas de la CAM.

La última y sonada ausencia en su narración es la de la caída de Banco Popular, una catástrofe financiera que aún colea y que pone en entredicho la gestión de la Unión Bancaria. En este punto, que colea hoy día con los bonistas y accionistas poniendo demandas a destajo, cargaron especialmente los diputados, aunque el Ejecutivo se parapeta detrás de la falta de responsabilidad ante la pérdida de competencias del supervisor que se han transferido a Europa.

La Comisión se alargó casi cinco horas, con un De Guindos que empezó especialmente calmado y ya en la tercera intervención (la contrarréplica), perdió los nervios, especialmente con el diputado del PSOE, Pedro Saura.

En general, su relato es tan olvidadizo como sus memorias, en las que también escapó de mencionar algunos de los principales problemas y fracasos achacables a su gestión.

Un mensaje como este salta raudo de móvil a móvil por los whatsapp de los españoles. No es la primera vez y ha habido otras cadenas similares antes, y con un incremento de la luz en 2017 próximo al 10% y otra subida que se avecina similar para este año, las cadenas como esta seguirán circulando.

Pero el funcionamiento del mercado eléctrico hace muy complejo que una iniciativa así funcione. Es más, puede ser incluso contraproducente ya que si lograra tener un mínimo alcance el resultado llegaría a ser una potencial ganancia de las eléctricas a las que se quiere castigar. ¿Cómo?

El día antes de realizar la subasta de la luz en el mercado mayorista se adjudica según la previsión cada una de las horas del día siguiente, lo que da una cantidad y un precio para cada hora. Ya durante el día se realizan subastas intra diarias para ir ajustando mejor el programa (lo que se casa en el mercado) con la realidad de la demanda. A lo largo de todo este proceso Red Eléctrica Española interviene para gestionar estos potenciales desvíos y las restricciones técnicas que se puedan producir.

Si el mensaje tiene éxito y se produce un desvío a la baja, eso significa que sobraba producción respecto a la demanda. La actuación para paliar esta falta de previsión se repercute a aquellos productores que hayan producido de más y a los consumidores que hayan consumido de menos respecto a su programa horario. Es decir que las representantes de los consumidores en el mercado, las comercializadoras, deberían responsabilizarse del coste asociado al desvío.

A las eléctricas, en principio, esto les trae sin cuidado ya que ellas estaban dispuestas a ofrecer una cantidad de electricidad que luego no se ha necesitado. Pero seguirían recibiendo la compensación por la adjudicación que se había previsto en la subasta.

En el caso de una empresa integrada entre productor y comercialización, lo que pierden de un lado lo ganan por otro. Si es una comercializadora independiente puede llegar a perder porque debe pagar al productor. Y son precisamente las comercializadoras independientes las que más ayudan a crear un mercado competitivo.

Así que la próxima vez hay que pensárselo dos veces antes de apagar el interruptor: como protesta mundial para el cambio climático está bien (por cierto que ese día ya se hace la previsión del apagón de luz) pero como de forma desordenada puede tener el efecto contrario al deseado.

El Gobierno ha impuesto una suspensión del 50% del gasto a los ministerios ante la necesidad de prorrogar los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Los distintos departamentos no podrán comprometer la mitad de lo que presupuestaron el año pasado hasta que Mariano Rajoy consiga sacar adelante unas nuevas cuentas para las que actualmente no tiene apoyos suficientes. La medida supone elevar el control del gasto que realiza Hacienda ya que en la prórroga de 2016 esta medida solo limitaba el 30% del presupuesto de distintos departamentos.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de diciembre, a propuesta de Cristóbal Montoro, un acuerdo que recoge los criterios de aplicación de la prórroga de los presupuestos de 2017 y que no ha hecho público ni en la referencia que cuelga Moncloa ni en el Boletín Oficial del Estado. Sí se han publicado ya en la página web de Hacienda los presupuestos prorrogados que corresponden a cada ministerio.

Ese acuerdo aprobado por el gabinete de Rajoy contempla una cláusula para limitar el gasto. La orden ministerial, a la que ha tenido acceso eldiario.es, establece concretamente que los ministerios no pueden aprobar ni comprometer nuevos gastos para inversiones y transferencias corrientes por encima de la mitad de lo que figura en los presupuestos prorrogados. Desde Hacienda insisten en que esta medida se toma para controlar el gasto y cumplir con lo acordado con Bruselas.

Según fuentes consultadas, una vez que se acuerden unos nuevos presupuestos lo habitual es levantar esta suspensión. El control conlleva que no se puede licitar, por ejemplo, con el 100% del presupuesto de una partida y en algunos casos puede conllevar retrasos en adjudicaciones o en las convocatorias de determinadas subvenciones o prestaciones públicas. Este inconveniente suele ir ligado a todas las prórrogas presupuestarias pero el control que ejerce este año el Gobierno es más férreo que en ocasiones anteriores.

La propuesta aprobada por el Consejo de Ministros establece como excepción las transferencias destinadas a financiar las pensiones, el desempleo y las clases pasivas. 

Además, deja en manos de Hacienda el visto bueno a los gastos adicionales así como el control de lo que se vaya ejecutando. “Solo por causas excepcionales debidamente justificadas, el Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá autorizar la tramitación de expedientes una vez superado el límite”, señala el escrito. 

El Gobierno justifica ese control del gasto en la necesidad de cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto fijados para 2018. Esta es otra medida en la línea de la congelación de más de 4.000 millones de euros a las comunidades autónomas. Montoro dejará sin anticipos a las autonomías hasta que haya unos nuevos presupuestos. 

Desde el PSOE consideraron que esa medida era una “extorsión” en plena negociación del sistema de financiación autonómica y en un momento en el que el Gobierno no tiene los apoyos para sacar adelante las cuentas. Ahora denuncian que limitar “de forma indiscriminada y con opacidad” los fondos de los ministerios es un nuevo “chantaje, chantaje, pero también a sus socios presupuestarios, Ciudadanos y el PNV”. Los nacionalistas vascos dejaron en suspenso su apoyo por la situación en Catalunya ante la activación del 155. 

Además, subrayan que es una medida “escandalosa” pues conlleva, a su juicio, una suspensión del gasto que puede afectar a partidas importantes para la vida de los ciudadanos, como las becas, la financiación de los ayuntamientos y las inversiones, por ejemplo, para infraestructuras. También sostienen que es la primera vez que una prórroga se gestiona de esta forma: “En 2016 se procedió con la no disponibilidad de crédito y se impuso un recorte por partidas concretas; pero esta vez se hace de manera generalizada”, señalan fuentes socialistas. 

El objetivo con el que trabaja el Gobierno es que se aprueben los presupuestos para finales de marzo pero, por el momento, las negociaciones siguen en suspenso a la espera de que se resuelva la constitución del Gobierno catalán.

El 27 de enero de 2011 se publicaron las conclusiones de la Comisión de Investigación Financiera de Estados Unidos. La comisión consumió casi 10 millones de dólares en cientos de entrevistas para concluir que “la crisis podría haberse evitado” y que había sido consecuencia de la “acción e inacción humana, no de la madre naturaleza ni de un programa informático que se hubiera vuelto loco”.

Como aperitivo la conclusión suena muy interesante pero casi siete años después no ha servido para mucho más. La máquina legislativa de Barack Obama actuó rápido para buscar culpables pero, como en las mejores novelas negras, el resultado fue que habían sido demasiados los que habían contribuido a la más que deficiente regulación financiera como para perseguir a un único protagonista. El golpe de gracia nunca se supo quién lo efectúo.

Algo así está pasando, y pasará, en la comisión de investigación financiera que está abierta en España. Aunque se ha iniciado con... ¡casi 9 años de retraso! La agenda de entrevistas se está tomando en serio y ya han pasado decenas de expertos explicando las particularidades de la formación de la burbuja financiera cuya explosión llevó al rescate público pagado con 60.000 millones de euros y a la imposición de unas medidas que degeneraron en la mayor crisis sufrida en el país.

Aunque ya ha habido comparecientes de altura en la comisión, como Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España durante lo peor de la crisis financiera, y algunos de sus predecesores, poca duda cabe de que esta ha sido la auténtica semana grande con la intervención de los tres anteriores vicepresidentes españoles: Rodrigo Rato, Pedro Solbes y Elena Salgado.

Los tres expolíticos han dibujado un relato de cómo se ha gestionado la historia económica de España desde que Rato tomó los mandos en 1996 hasta que los soltó Salgado entre lágrimas en noviembre de 2011. La personalidad de los tres líderes políticos no podía ser más diferente en activo y dejaron buena muestra de ello a la hora de hacer memoria y autocrítica (casi ninguna) de su gestión.

Rato, un superviviente

En el caso de Rodrigo Rato la arrogancia que destiló su comparecencia y su ajuste de cuentas con el Gobierno de Mariano Rajoy han dejado casi a oscuras el resto de su comparecencia, crucial para entender la formación de la burbuja. Rato ha tenido tres de los cargos más importantes para entender el rescate a la banca en España. A su cargo al frente de Economía, cuando comenzó la locura inmobiliaria, se une su puesto como director gerente del FMI en los años que se formó la burbuja crediticia en EEUU y su puesto como primer ejecutivo de Bankia durante la salida a bolsa y horas antes de su rescate.

Rato, condenado por apropiación indebida en el caso de las tarjetas black, no pensaba abandonar en su comparecencia el único título que aún le otorga su expartido y del que parece que no se avergüenzan: el de autor del milagro económico del Gobierno de Aznar. Lo cierto es que Rato cogió un país que estaba saliendo de la recesión en el año 1996 (después de que el Gobierno en minoría de Felipe González no lograra aprobar presupuestos) y estuvo ocho años en el poder de bonanza económica.

El expolítico no estaba por la labor de dejar que ni uno solo de esos méritos de esa etapa quedara en entredicho. Especialmente se ha criticado la ley de liberalización del suelo que promovió el condenado por las black en el año 2000, y que muchos apuntan como el inicio de la estructura económica basada en la construcción y la especulación para venta y reventa del inmobiliario en España.

Rato no estaba dispuesto a restar mérito a esa etapa, pero tuvo que emplearse mucho más a fondo en defender que su investigación por blanqueo de capitales y sus imputaciones no tenían relación con su cargo de vicepresidente que con la acción política de esa etapa. Si la ausencia de autocrítica como mano derecha de Aznar fue total, fue algo más poroso con la actuación del FMI, habida cuenta de que el propio organismo publicó una auditoría en 2011 en la que estudiaba los errores cometidos en la crisis.

Desde luego, la visión de Rato sobre su capacidad de prevención al frente del FMI palidece ante la versión que estructuró el propio organismo. Según Rato, no se vigilaba el crédito de los países desarrollados porque el problema hasta el momento lo habían provocado los emergentes, y porque no había herramientas para ello. El informe del FMI en realidad achacó al “elevado nivel de pensamiento uniforme, la captura intelectual y en general la percepción de que una gran crisis en las grandes economías avanzadas era improbable” a la incapacidad del fondo para presagiar la debacle.

El apogeo de la versión de Rato es que Bankia recibía todos los permisos del Banco de España en la labor de supervisión y en la salida a bolsa. En cierta forma, el condenado por las black tiene razón, ya que efectivamente las principales operaciones de Bankia recibieron todas las bendiciones por parte del supervisor. Pero esas bendiciones las recibieron un estado de cuentas que luego resultó no reflejar la imagen fiel de la entidad, razón por la cual también será procesado en el juicio el auditor de las cuentas, Deloitte.

Capítulo aparte merece el cruce de acusaciones y desmentidos sobre su vida personal. Desde que no ha tenido dinero en paraísos fiscales (cuando se acogió a la amnistía fiscal), o que ha pagado todos sus impuestos (punto que puede ser cierto si se tiene en cuenta el pago de la amnistía), o que el Gobierno urdió un complot para meterlo en la cárcel. Por ahora, la única condena en firme que tiene el exbanquero y que le puede llevar a la cárcel nace de una información publicada por este periódico, y les garantizamos que no nos hemos puesto de acuerdo con nadie de este Gobierno.

La fiesta de Solbes

Tras el apabullante espectáculo que dio Rato en el Congreso, la Comisión recibió al posiblemente ministro más tímido y reservado, Pedro Solbes. El exvicepresidente socialista dimitió de su cargo en abril de 2009 para no seguir ejecutando medidas en las que no creía. Al ministro se le achaca no haber hecho nada para pinchar la burbuja, pero él ya había advertido en sus memorias que sus consejos habían caído “en saco roto”.

Algo de cierto hay en que España vivía una fiesta en la que sin duda el señor Solbes era su invitado más aburrido, pero tras haber ostentando el cargo de vicepresidente durante cinco años, asegurar que los otros (se entiende que por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y también por el jefe de la Oficina Económica Miguel Sebastián) no le hacían caso, no acaba de resultar del todo convincente. Solbes al menos hizo la autocrítica de que le dejó a Salgado un legado de previsiones mal ejecutadas que terminaron desencadenando en los duros recortes de mayo de 2010.

Aunque Solbes logró acumular el mayor superávit que ha tenido España, dejando las cuentas saneadas precisamente para afrontar una crisis, pasará a la historia como el gestor económico que no supo, no pudo o no se impuso para paliar parte de la España del desenfreno. También le quedará el sambenito de haber comulgado con el Plan E una ocurrencia que salió de un foro económico del calado del G-20. De estas, y otras ocurrencias, se ha sacudido siempre apuntando directamente a Zapatero y eso también ha laminado su recuerdo en el partido, aunque está claro que el del Pinoso de lo que se arrepiente es de haberle sido leal demasiados años.

Defendió también el ministro en sede parlamentaria no haber pronunciado la palabra “crisis” en la campaña electoral de 2008. “No me parecía ir a las elecciones con la palabra crisis...era un tema que había que tratar con cierto cuidado”. La falta de sinceridad con la crisis ha perseguido a Solbes todos estos años, pero lo cierto es que todos los economistas saben que hay que cuidar muy mucho a los animal spirits que decía Keynes y mentar una situación así antes de tiempo podría haber agravado la situación.

Salgado, la inquebrantable

A Pedro Solbes le sucedió en el Gobierno, y también en la Comisión Elena Salgado, la política más hermética que ha tenido el PSOE entre sus filas. Salgado, conocida por su inquebrantable adhesión a Zapatero, bromeó en un corrillo con periodistas acerca de algo sobre lo que tenía toda la razón, “si pensaban que iba a dar un titular es que no me conocen”. La gallega dio pocos titulares pero fue más por demérito de los diputados que por mérito de la compareciente. Sin fuelle ya tras tres días de sesiones, las preguntas de los diputados, a excepción de la del representante de Ciudadanos, Francisco de la Torre, era dispersas y poco atinadas.

Fue una pena porque la exministra tenía mucho que aclarar sobre cómo se aprobó la salida a bolsa de Bankia, ya que han sido muy fuertes los rumores de que se forzó desde el Ejecutivo contra el criterio de los inspectores. Lo que la ministra negó radicalmente es que ella “o alguien de su equipo” hubiera llamado para que las grandes empresas invirtieran en la entidad que entonces presidía Rodrigo Rato y que era el elefante en la habitación de los problemas de España.

La vehemencia de la negación de la expolítica deja el resquicio de que no fuera ella la que llamara, pero sí otras instancias del Ejecutivo las que promovieran aquella entrada en el capital que hizo de la operación un éxito.

Hay que reconocer a la exdirigente que no intentara trasladar a la Unión Europea, ni siquiera a la troika, las responsabilidades de la asunción de recortes, ya que asumió que con la entrada en la UE había que aceptar unas normas que, además, se decidían por el conjunto de los países miembros. Donde sí transfirió la responsabilidad Salgado fue al conjunto de grupos de la Cámara que aprobaron aquellos recortes.

Casi imposible de comprobar es el contrafactual de la premisa que defendió la ministra según la cual, si no se hubiera aprobado la reforma del 135, hubieran estado en peligro los servicios públicos en España. Es cierto que el país evitó el rescate total, pero Rato había asegurado apenas dos días antes que tampoco Bruselas estaba dispuesta a dárselo. Otros países con problemas financieros no hicieron reformas en su Constitución y salieron adelante, así que es casi imposible averiguar con certeza si aquella decisión tomada un 23 de agosto valía el precio que Salgado dice que tendría que pagar España. Algún día, Elena Salgado podrá escribir también sus propias memorias en las que conoceremos cuál era ese “coste social” al que se enfrentaba España y que les hizo decidir entre susto o muerte.

Elena Salgado, la última vicepresidenta socialista que tuvo que gestionar la parte más dura de la crisis, ha comparecido hoy en la Comisión de Investigación de rescate financiero en el Congreso. Salgado, de un perfil claramente ejecutivo, defendió su actuación con la asepsis acostumbrada en ella pese a estar marcada por dos importantes sombras: la reforma del artículo 135 de la Constitución en pleno agosto y la salida a bolsa de Bankia.

Salgado defendió la reforma de la Constitución en la que se consagró en cierta forma la reducción del déficit como un objetivo primordial en la gestión del Estado, porque “el coste de la medida en términos sociales fue nulo en comparación con las alternativas planteadas”. Según la exvicepresidenta, la “regla de oro fiscal” sirvió para “apostar por un compromiso de sostenibilidad de las finanzas públicas en el futuro a cambio de no hacer más recortes en el corto plazo que habrían erosionado gravemente servicios públicos esenciales ligados a derechos fundamentales de los ciudadanos”.

La idea que intentó transmitir Salgado es que desde que tomó las riendas del área de Asuntos Económicos en abril de 2009, tras la renuncia de Pedro Solbes, hasta su marcha en noviembre de 2011, todas sus decisiones estuvieron marcadas por el intento de salvaguardar el Estado del bienestar, evitar el rescate como país que “habría tenido efectos desastrosos para la población” y limitar en la medida de lo posible el coste de la crisis para el erario público.

Salgado reconoció que “en parte lo logramos y en parte no”, pero matizó que quiere “pensar que, en alguna medida, contribuimos a preservar el futuro de España y a paliar el sufrimiento de los sectores más vulnerables”.

Durante el mandato de Salgado se hicieron los famosos recortes de mayo de 2010 que supusieron un tajo en los sueldos de los funcionarios entre otras medidas. Salgado pasó de puntillas (ha sido una de las intervenciones más breves de esta Comisión), por este capítulo que provocó una grave erosión en las filas socialistas, agravado por la reforma laboral, que ni siquiera ha citado hoy. Salgado insistió en que esa noche se logró evitar el rescate, y que contó con el voto mayoritario de la Cámara en la que precisamente hoy defiende su gestión.

Tampoco salió en su intervención la fusión de Bancaja y Bankia y la decisión de salir a bolsa de esta última que también se tomaron bajo su mandato. Pese a que precisamente esta comisión del Congreso estudia estas cuestiones, la ministra ni las comentó en su discurso oficial. Durante la instrucción del caso Bankia se llegó a barajar la imputación de la exministra ya que de forma reiterada los testigos aseguraban que la decisión final del salto al parqué se hizo empujada por el Gobierno de la nación.

Los diputados sí le hicieron preguntas sobre la decisión de esta salida con escaso éxito. Especialmente reseñable fue que Salgado negó haber llamado a inversores institucionales para que compraran acciones de la entidad, un rumor que corrió con fuerza y que envolvió especialmente al caso de Iberdrola. Salgado aseguró que al que hubiera hecho esas declaraciones era mejor “no comprarle un coche usado”. El diputado del PP, Miguel Ángel Paniagua, insistió en su turno de preguntas sobre estas supuestas llamadas, ante lo que la exministra recordó que estaba en la Comisión “bajo la obligación de declarar” y bajo esa responsabilidad aseguró: “ni yo, ni ninguna persona por encargo mío hizo ninguna llamada”. También se escaqueó la responsabilidad de haber instado la salida a bolsa de Bankia. En el juicio que está a punto de abrirse no se le ha llegado a acusar.

Otro punto negro de su breve mandato, la gestión de la Lista Falciani, salió a relucir gracias a la intervención del diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre. Salgado aseguró que no hubo intervención política alguna en la forma en la que se abordó la gestión de aquella lista en la que figuraba el nombre de la familia Botín. Los Botín regularizaron una fortuna en Suiza pero no hubo ningún procedimiento legal para aclarar por qué habían tenido ese dinero fuera, algo muy cuestionado. Además, Hervé Falciani siempre ha defendido que hubo un interferencia política que cortó la transmisión de la lista, que no se recuperó hasta varios años después cuando se comenzó a investigar en varios países europeos.

Salgado, caracterizada por su lealtad inquebrantable a José Luis Rodríguez Zapatero y de ahí que fuera la persona elegida para ejecutar los recortes, hizo escasa autocrítica pero también apenas echó balones fuera. A su antecesor, Pedro Solbes, tan solo le cargó el hecho de haber elaborado mal las cuentas de 2009, algo que el propio Solbes reconoció en su comparecencia del día anterior.

También recordó que la decisión de Jean Claude Trichet de subir los tipos de interés con la recesión ya avanzada agravó el caso. Y que el tipo de rescate que se instrumentó por parte de la troika para Grecia era lento, costoso y de difícil ejecución, lo que no mejoró la crisis de deuda ni el peligro de ruptura del euro. En las intervenciones posteriores a la inicial, Salgado se ha centrado en el papel del BCE al no haber optado por una política expansiva a tiempo, haciéndole en cierta forma el principal responsable del agravamiento de la crisis, sobre todo en comparación con lo sucedido en EEUU.

En cuanto a las reuniones del Ecofin en las que se decidió el rescate a Grecia, Salgado destacó que el político que más se preocupaba del coste social que tendrían las medidas en los ciudadanos griegos era Jean Claude Juncker, entonces primer ministro de Luxemburgo y ahora presidente de la Comisión Europea.

Un último aspecto especialmente polémico con el que cerró el Gobierno de Zapatero fue el indulto al banquero Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander. Rafael Mayoral le preguntó por esta cuestión que quedó en el aire sin resolver. Sí contestó la exvicepresidenta a las interpelaciones del diputado de Unidos Podemos sobre la “puerta giratoria” por la que la exministra fichó en un primero momento por una filial chilena de Endesa. Salgado le ha recordado a Mayoral que su formación es de “ingeniera especializada en energía” y que si se hiciera una regulación clara del salto del Gobierno a la empresa privada se vería que su casa estaba “fuera de dudas”.

“No tengo que pedir disculpas y creo que en un Gobierno deben estar los mejores” ha concluido la exvicepresidenta.

Rodrigo Rato, el hombre que lo fue todo en la economía española, ha tenido hoy su oportunidad para redimirse ante la opinión pública de su papel en la formación de la burbuja de crédito y en la caída de Bankia. Rato ha comparecido ante la Comisión de Investigación del rescate financiero en el Congreso, donde ha podido dar su versión de cómo se llegó al rescate de Bankia, banco que dirigía hasta mayo de 2012, cuando está a punto de abrirse el juicio oral en el que la Audiencia Nacional le juzgará por estafa a los inversores. En una hora de comparecencia, Rato articuló un discurso en el que repartió las culpas sobre la catástrofe financiera de la entidad, con dos protagonistas significativos: el Banco de España y, sobre todo, Luis de Guindos, otrora su amigo y del que llegó a ser jefe. El rifirrafe con los diputados se extendió durante más de cuatro horas con duras críticas.

Respecto al supervisor financiero, Rato lo utilizó como escudo para recordar que le había dado todos los vistos buenos para la salida a bolsa de la entidad y las cuentas. También aseguró que la entidad había forzado la integración de Bancaja en Bankia, una de las razones que agravó la situación de la antigua Caja de Ahorros de Madrid. Pero su intervención fue virando sorprendentemente hacia la responsabilidad y el papel del actual ministro de Economía, Luis de Guindos, al que fue situando en el centro de la diana como responsable de la precipitación del rescate y de la quiebra de la entidad.

Con un claro resquemor, Rato recordó que Guindos le había exigido su dimisión (cuando inicialmente se dijo que se había ido de forma voluntaria), lo que en su opinión provocó la debacle bursátil de la entidad. Luego prosiguió explicando cómo las leyes que aprobó (conocidas como Guindos I y Guindos II), los tempos que manejó o las declaraciones públicas que realizó sobre las necesidades de capital de las entidades bancarias fueron, en su opinión, las que habían agravado el estado de la entidad.

En un momento determinado, el exvicepresidente dio a entender que el Gobierno de Rajoy había solicitado el rescate completo de España, y que finalmente “solicitó el único rescate que le ofrecieron”. El Partido Popular dio su apoyo inicialmente a Rato hasta que saltó el escándalo de las tarjetas black. Rato tuvo que terminar abandonando el partido y hoy ha tenido su oportunidad para devolver parte del trato recibido por sus excompañeros de Gobierno y bancada. Hasta llegó echar en cara la reciente decisión del Estado de vender un 7% de Bankia “precipitadamente” por debajo de su valor en libros.

La acusación más grave llegó cuando aseguró que Luis de Guindos le llamaba al despacho para explicarle las valoraciones que estaba haciendo “la competencia” de Bankia, encuentros que según Rato “se ocultaron al Banco de España”, en particular a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, conocido como MAFO. Según Rato, esos competidores “fueron los grandes receptores de los fondos que salieron de Bankia cuando se hizo la nacionalización”. El exvicepresidente aprovechó para sacar pecho de que bajo su gestión no hubo fuga de capitales, haciendo referencia a que sí había pasado en el caso de Banco Popular o en las entidades catalanas después del 1-O.

Mafo, cercano al PSOE y sobre el que se han descargado muchas de las culpas de la crisis financiera, aparece en la versión de Rato casi como un títere al que el Gobierno no tuvo en cuenta en la decisión del rescate. En el turno de réplica con el diputado de UP Alberto Garzón, Rato se reafirmó en que el Gobierno de Rajoy había mantenido apartado al Banco de España del rescate, en el que Mafo no había participado “la única vez en la historia” en la que se piden ayudas públicas sin la evaluación del supervisor. Con todo, el expolítico también le achacó que su gestión de la supervisión financiera en 2005 había acabado por inflar la burbuja financiera.

La actitud de Rato fue en todo momento de aplomo, manejándose en el Congreso con la libertad de cuando era la mano derecha de José María Aznar y muy alejada a la que mantiene cuando tiene que acudir a la Audiencia Nacional. De hecho, elevó notablemente el tono cuando empezaron las réplicas a los diputados. La primera diputada en intervenir, Ester Capella de ERC, recibió una dura reprimenda por parte del exvicepresidente que le dijo que no pensaba “consentir insultos” como que le acusaran de haber sido un político condenado ya que la condena por las black es de un periodo de tiempo en el que no era político. Rato está siendo investigado por la ONIF, por Hacienda y por la Fiscalía por un presunto delito de blanqueo de capitales que sí se remontaría a su época como vicepresidente. Esta investigación fue la que causó las famosas imágenes del vicepresidente siendo escoltado por agentes de aduanas. Cuando Garzón habló de esta investigación, Rato declaró que “he pagado todos mis impuestos” y que lo que tiene abierta con Hacienda es una discusión sobre el uso de unas “sociedades profesionales” como otros muchos españoles. “En cuatro años no han sido capaces de tomarme declaración”, zanjó.

Pero en el turno de réplica al diputado del Partido Popular, Miguel Ángel Paniagua, Rato decidió explayarse y acusar directamente al ministro de Economía de haber iniciado la filtración sobre la investigación que le tenía abierto el Sepblac al digital Vozpópuli, en concreto a su actual director, Miguel Alba. Además del chivatazo para que hubiera cámaras en la puerta de su casa, también se filtró que Rato se había beneficiado de la amnistía fiscal que promovió el Partido Popular.

Trato a diputados

Rato, que como es lógico no puede contestar así al fiscal ni los abogados en los juicios, se ensañó con la diputada a la que dijo que si sus acusaciones no eran también delictivas al menos eran moralmente no admisibles. También se desquitó con dureza con Toni Roldán, el diputado de Ciudadanos, al que llegó a decir que le estaba pidiendo “incumplir la ley”. “Usted es diputado, debería saber algo de leyes”, se mofó. En un momento determinado, le contestó al diputado Alberto Garzón que no se iba a callar lo que sabe ya que “llevo cinco años callando” dejando muy claro el porqué de su actitud en el Congreso, que retransmitía en abierto por la web la sesión.

Precisamente, la intervención de Roldán causó una importante trifulca no solo con Rodrigo Rato. También se enfrentó la presidenta de la Comisión, la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas. Roldán asegura que no estaba de acuerdo con el formato (en el que no hay un interrogatorio clásico de pregunta respuesta sino varios turnos de réplica y contestación con cada diputado). Oramas le recordó que se había pactado así con los grupos después de ver que no era práctico el interrogatorio en otra de las comparecencias y, sobre todo, porque con este sistema los propios diputados hablan más y pueden fijar posición. En el inicio de su intervención, el diputado del PSOE, Pedro Saura cargó contra las críticas de Roldán y aseguró que la decisión se tomaba por unanimidad.

En un momento de su intervención, Saura le llegó a llamar “presunto delincuente compulsivo”, intervención que Oramas pidió que se borrara del diario de sesiones, a lo que se negó el diputado socialista.

Su época como político y en el FMI

Rato es el hombre al que se le atribuyó el “milagro económico” de la época de Aznar, pero ahora comparece condenado por las tarjetas black y pendiente del juicio por el caso Bankia. El político llegó media hora antes del inicio de la comisión y se sentó en la mesa de comparecientes, evitando así en cierta medida a los periodistas.

El exvicepresidente económico y exdirector gerente del FMI decidió articular su comparecencia en varias etapas. Rato es, sin duda, el personaje clave para explicar la crisis financiera en España. Desde su primer papel como vicepresidente económico entre 1996 y 2004, ya que fijó muchas de las leyes, en especial con la Ley del suelo, que luego fueron caldo de cultivo para la formación de la burbuja. Después, con su rol como director gerente del FMI, precisamente en los años en los que se forjó la crisis, abandonando la organización con los primeros síntomas de crisis en 2007 en Estados Unidos. Y luego, en su tercer papel protagonista, como presidente de Bankia, entidad que terminó por conducir a la quiebra y el rescate y principal exponente del rescate financiero al suponer el primer montante de dinero público que se destinó a un banco.

Rato comenzó describiendo su etapa como ministro de Economía con el contexto de España de finales de los noventa y las normas particulares para salvaguardar a la banca. También desgranando los éxitos de esa etapa, esa en la que el Partido Popular recordó durante años como la del “milagro económico”. Como cabe esperar, hubo una total ausencia de autocrítica, con Rato recordando la crisis con la que el Ejecutivo de Aznar tomó las riendas del Gobierno, y asegurando que muchas de las reformas en marcha se quedaron sin hacer ante la llegada de Zapatero al Gobierno.

La segunda etapa en la que el expolítico conservador estructuró su ponencia arrancaba en su llegada al FMI en 2004. También en esta ocasión, Rato hizo arqueología en las formas en las que se gestionaba el Fondo antes de su llegada para exculpar que el organismo, bajo su mandato, no fuera capaz de detectar la burbuja que se estaba formando en varios países. Rato descargó en la burocracia y en la “falta de herramientas” la incapacidad del organismo para atajar la crisis, ya que en aquella época se dedicaba especialmente a vigilar a países emergentes que eran los que, según sus palabras, habían dado problemas hasta la época.

“No vimos indicios”, asegura Rato, pese a que también recordó el famoso episodio de la reunión de banqueros centrales de Jackson Hole (EEUU) en la que Alan Greenspan habló de la “exuberancia irracional” que se estaba viviendo en los mercados.

“El FMI es uno de los pocos organismos que trabajan para reducir el déficit democrático”, aseguró Rato en una encendida defensa al organismo que representó. El FMI hizo una auditoría sobre su gestión de la crisis en 2011 en la que señaló algunos fallos. Aunque Rato señaló esta auditoría no enumeró los fallos que se habían detectado y tan solo habló de “oportunidad perdida” en 2006 cuando cambió la política de tipos de interés.

La tercera etapa de la intervención la inició ya con el inicio del estallido de la burbuja en España. En junio de 2010, explicó Rato, se le llamó para acudir al Banco de España donde se le pidió que se integrara a Bancaja.

La comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros examina a partir de este martes el papel de los gobiernos de Aznar y Rodríguez Zapatero en la gestación y eclosión de la crisis, con la comparecencia de sus ministros económicos Rodrigo Rato, Pedro Solbes y Elena Salgado.

Rato ha sido el primero en acudir al Congreso después de que la Audiencia Nacional confirmara el pasado octubre su procesamiento por el caso Bankia, al entender que existen indicios de que como presidente del banco conocía “las presuntas falsedades” en las cuentas empleadas para la salida a bolsa de la entidad.

De hecho la Audiencia Nacional remitió el mes pasado al Congreso los informes periciales que se han manejado durante la instrucción para que puedan ser analizados por los diputados.

Hoy también acudirá al Congreso el que fuera presidente de la CNMV entre 2007 y 2012, Julio Segura, y cerrará la sesión, a partir de las 18.30 horas, el 'número dos' de la ex ministra de Economía socialista Elena Salgado, José Manuel Campa.

Las dos españas, la rica del norte y la empobrecida del sur, hace tiempo que comenzaron a desdibujarse. Aunque permanecen en el ideario colectivo, el envejecimiento de la población y el motor del turismo, compañero ya insaparable del boom de la vivienda, han desplazado con un ángulo de escuadra el eje que divide imaginariamente el mapa. Las dos españas se enfrentan ahora de oeste a este, con un Mediterráneo pujante mientras que el occidente de la península se queda ensimismado en su ostracismo.

Los últimos datos sobre la actividad económica de las comunidades autónomas publicados por el INE, reflejan una muy desigualdad marcha de las comunidades en el 2016, un año de expansión con un 3,3% de crecimiento. Baleares y Catalunya, seguidas de Madrid, capitanearon las mejoras de la actividad económica bien por encima de la media. En el extremo opuesto, Asturias, Extremadura o Cantabria, con unas tasas de crecimiento casi en la mitad que los territorios en cabeza.

Por arriba y por abajo dos excepciones este-oeste: Galicia, que mejoró notablemente su actividad después de años de hacerlo peor que el resto y La Rioja, con el efecto contrario: le ha ido mejor otros años y en 2016 cerró el furgón de cola del crecimiento.

Pero las mejoras, magnificadas por el efecto de años de recesión asimétrica en todo el Estado, no logran cerrar ni corregir la brecha de la riqueza per cápita por regiones. Madrid lidera, con 32.815 euros que le tocarían por cabeza a sus habitantes, frente a una media europea de 29.148 euros y una media nacional de 24.080. En la cola, Extremadura, que pese al proceso de convergencia aún le toca un reparto por cabeza en la riqueza de apenas 16.558 euros. La mitad que los madrileños.

Éstas son las comunidades que reparten riqueza y las que reciben

Diferencia anual entre la renta disponible de los hogares y el PIB per cápita en cada comunidad autónoma

Pero medir la renta per cápita con el PIB encierra algunas trampas. Madrid genera mucha más riqueza per cápita por el efecto de los beneficios empresariales domiciliados en la capital, así como la Administración Central. Para medir realmente cómo le ha ido a los ciudadanos españoles es mejor hablar de la renta disponible de los hogares, la riqueza con la que realmente cuentan. Para hacerlo, al PIB hay que descontarle los elementos que no llegan a los bolsillos de los hogares como los beneficios empresariales (que como es lógico forman parte de la actividad económica), los impuestos ligados a la producción y el IRPF y hay que sumarle las transferencias como las pensiones y otras prestaciones, recuerda el economista José Carlos Díez.

Una vez hecha esta operación la fotografía cambia singularmente en algunas comunidades. En primer lugar, con datos de 2015 que son los últimos que publica el INE, la renta disponible media de un hogar es de 14.527 euros, muy próximo al salario más común en España y más realista con los ingresos de los que disponen las familias. Y en dinero en los bolsillos sin el efecto de los beneficios empresariales, los vascos son los que salen mejor parados, con 18.914 euros de renta disponible per cápita.

En tiempos de balanzas fiscales y competición por ver qué territorio aporta más al resto del estado, la brecha entre lo que produce cada comunidad autónoma y lo que se quedan realmente sus familias nos permite hacer otra forma diferente de quién genera más riqueza que acaba distribuyéndose.

Madrid pasa de ser la más rica a la que más cede, con una renta disponible por hogar muy similar a la de los navarros. En el gráfico se puede ver el saldo entre la riqueza y la renta disponible. En rojo, el saldo negativo, como Madrid, que termina cediendo riqueza al resto del territorio. En azul, saldo positivo, con transferencias entrando para la renta de las familias, con el significativo caso de Asturias, con un PIB per cápita que apenas mejora en términos relativos desde el año 2000 pero aumentando su porción de la tarta en renta disponible.

Raymond Torres, al frente del servicio de estudios de Funcas, recuerda que es importante corregir estos datos con envejecimiento y población. Las comunidades más envejecidas, como el Principado, son receptoras netas de transferencias al recibir un importante flujo de pensiones, un efecto exacerbado por los subsidios recibidos por la reconversión del carbón.

Madrid y Asturias son los casos más extremos entre lo que se produce y lo que se recibe. Pero también es llamativo el caso del País Vasco, en el que lo que se genera se queda casi por completo, año tras año, en los bolsillos de sus ciudadanos. Díez achaca este efecto al cupo vasco, que hace que Euskadi se convierta en una suerte de compartimento estanco.

Ese imaginario eje oeste/este se cumple casi a la perfección en esta división entre receptores y productores. El clásico tercio noreste con el que los mapas del tiempo señalan también las particularidades de esta parte de la península.

En este saldo Catalunya también aporta al resto de España algo más de lo que se quedan sus habitantes, pero en una proporción relativamente baja, algo menos que La Rioja y en línea con el comportamiento en los últimos años de Islas Baleares. La población, el nivel de impuestos (en Catalunya hay mayor presión fiscal), también influyen en este reparto entre lo que se genera y lo que finalmente tienen las familias.

Una buena noticia, eso sí, es que después de los marcados años de descenso de la crisis (en todos los gráficos se puede ver una forma de U o un punto de inflexión), la renta disponible media volvió en 2015 a niveles previos a la crisis.

Solo Castilla y León, Cantabria, Canarias y Baleares (que está por encima de la media) no habían logrado en 2015 recuperar el mismo valor en euros de renta que tenían en 2007.

En definitiva, una España a dos velocidades: una que envejece y se estanca rápidamente y otra que mira al sol nacer y a las oportunidades.

El intento de mirar al futuro se ha convertido en un deporte de riesgo en economía desde que la gran crisis de 2008 bajó la marea y dejó al descubierto los principales fallos del sistema capitalista. Los cambios han sido tantos y tan difíciles de identificar que ahora se etiquetan como el “nuevo normal”, anticipando que esto que sucede y no sabemos interpretar es el futuro.

La crisis económica explotó en una crisis social que confluyó a su vez en una catarsis de las relaciones laborales. Aunque internet existe desde hace más de 30 años, no ha sido hasta su uso como mediador entre trabajo y trabajadores con las aplicaciones de la llamada ‘economía colaborativa’ cuando el potencial de la red ha incidido de pleno en cómo se organiza todo el sistema capitalista.

El 4 de marzo de 2017, se publicaba en eldiario.es un extenso análisis titulado “El fin del capitalismo como lo conocemos” en el que se intentaba desentrañar qué era esto del “postcapitalismo”. Los expertos coinciden en que la forma de organizar los medios de producción y la relación con el factor trabajo serán uno de los principales catalizadores del cambio.

En esta nueva realidad, el reparto del tiempo y los salarios de supervivencia son algunos de los elementos de los que se habla con más fuerza para reorganizar el mercado del trabajo. En julio, el ministro de Agenda Digital (¿una cartera del futuro?), Álvaro Nadal, predecía que la jornada laboral terminaría siendo de cuatro días y tres de fin de semana. Algo similar planteó no sin polémica en 2015 el millonario mexicano Carlos Slim, que imaginó unas jornadas hiperintensivas de tres días que permitieran luego descansar cuatro días seguidos. También se debaten las jornadas de 35 o incluso 30 horas, como dejaba caer en su ideario para las primarias socialistas Pedro Sánchez.

Aún más lejos dejaba volar su imaginación la diputada danesa Ida Auken, que a finales de 2016 escribió un sugerente artículo titulado “Bienvenidos a 2030. No poseo nada, no tengo privacidad y la vida nunca ha sido mejor”.

Auken fantaseaba con un mundo en el que los ciudadanos no son propietarios de coches, ni pisos, ni siquiera en gran medida de trabajos. En su artículo (que ella no considera una utopía sino una posible realidad a discutir), la exministra de Medio Ambiente avanza que las comunicaciones se liberalizarán, tanto las tecnológicas como las de transporte. Que gracias a la tecnología tendremos a disposición ropa, coches u otros utensilios a demanda en el momento que los necesitemos. Y se imagina un trabajo a horas, a ratos, especialmente cualificado en el que se piense en diseño, tecnología y avances y sea plenamente satisfactorio.

Las ideas de Auken van en línea con lo que ya se conoce en recursos humanos como “knowmads”. Con este neologismo, los expertos en relaciones laborales hablan de un trabajador muy cualificado “nómada del conocimiento”. El experto que creó el concepto, John Moravec, cree, como Auken, que serán trabajadores que harán su tarea más por gusto que por la compensación. Que cambiarán de trabajo en función de dónde se les necesite, empleando su creatividad a la medida de los que les contraten.

Hablar de este mundo de trabajadores felices, empleando unas horas al día en tareas imaginativas y sin aparentes preocupaciones, con una interminable fuerza robótica haciendo las labores menos agradables, supone poner solo la vista en los ganadores del futuro. Para llegar a ese escenario por el camino se habrán quedado atrás un alto número de “perdedores”, los trabajadores menos cualificados que no se hayan podido adaptar a esos cambios.

Esos perdedores puede que solo existan en una ventana transitoria, pero allí estarán. Cuando llegue el coche o el autobús autónomo y todos los demás transportes… ¿A que se dedicarán millones de conductores? Google ha anunciado este verano un robot que escribirá las noticias. ¿Qué harán miles de periodistas? El pronóstico es que uno de cada cuatro centros comerciales cierren en los próximos años en Estados Unidos, reduciéndose paulatinamente la superficie comercial en todo el mundo, hasta quedar concentrada en el centro de las ciudades. ¿Qué pasará con los miles de trabajos que genera la atención al público? Y eso sin entrar en el sector manufacturero, el más amenazado por la tecnología.

Muchos de estos profesionales se deberán reconvertir al sector de los cuidados, que en un mundo humanizado (en el que no vamos a querer que nos cuide un robot aunque sea R2P2), cada vez absorberá más fuerza de trabajo. También lo harán las profesiones científicas, pero para ninguno de estos sectores estarán preparados los perdedores.

Para paliar las consecuencias de este nuevo escenario, se plantea como solución clave la renta básica, un colchón que suavice el aterrizaje de los perdedores en la nueva economía. Los empresarios de Silicon Valley han sido algunos de los más proactivos en cuanto a experimentar con esta prestación, conscientes de que sus avances ponen en peligro miles de puesto de trabajo, y de que es conveniente que las personas sigan teniendo capacidad adquisitiva para seguir consumiendo.

India, Italia, Finlandia, California, Holanda, Ontario y Kenya son algunos de los países que en 2017 tienen programas para medir los resultados de la implantación de una renta básica. La proliferación de estos experimentos tiene como contrapartida una legión de detractores que enarbolan dos críticas: es muy caro y desincentiva a la gente a trabajar.

En España, lo más parecido a una renta básica ha sido la Renta de Garantía de Ingresos del País Vasco. Con 60.000 personas con ingresos de entre 625 euros a los 959 y en funcionamiento desde 1989. Las economistas de la Universidad del País Vasco Sara de la Rica y Lucía Gorjón hicieron un análisis de los efectos de esta prestación para concluir que recibir esta ayuda no solo no retrasaba la búsqueda de un empleo, en algunos casos incluso la facilitaba.

La pasarela a ese mundo en el que muchos trabajarán menos pero disfrutarán más, necesita tejer esa red que recoja a los que no puedan o sepan adaptarse. Reorganizar las actuales ayudas abaratará una medida que puede terminar siendo de primera necesidad, como lo fue la apuesta por la sanidad pública universal. También será un elemento cohesionador e igualador en el que, cubiertas las necesidades básicas, los ciudadanos tendrán más tiempo para formarse y preocuparse por otras actividades con un mayor impacto económico.

Tampoco se puede olvidar el papel que tendrá la fuerza laboral inactiva, donde la renta básica también podrá sostener a una población envejecida. En 2046 la esperanza media de vida para las mujeres se proyecta que sea de 90 años, según el INE, y más de la mitad de la población española (dato que se puede extrapolar a la mundial) tendrá más de 55 años. La posibilidad de cobrar una pensión como la que hoy conocemos está más que en entredicho. En ese escenario la renta básica podrá ser también un sustitutivo.

La palabra del año 2017 para la Fundéu es aporafobia (odio al pobre). Pero a este paso no es descartable que en 2018 el término del año sea ludismo. El odio a las máquinas vuelve de nuevo y en un ambiente de sueldos precarios y atonía el temor a que un robot nos quite el puesto de trabajo va in crescendo.

Las cifras de grandes consultoras tipo McKinsey son a priori alarmantes. Alrededor de 800 millones de trabajos serán reemplazados en todo el mundo por máquinas de aquí al 2030. Un reciente estudio de la Universidad de Oxford decía que en algunas áreas, como Latinoamérica, la tasa de sustitución llegaría casi al 60%. Pero en países como Estados Unidos la tasa de reemplazo por máquinas es también muy elevada, por encima del 40%.

Estos lúgubres datos esconden otra verdad que también están revelando la ciencia y los estudios. Que en parte, los robots tienen características de la energía: ni crean ni destruyen puestos de trabajo, en realidad los transforman. En un reciente estudio de diciembre de dos investigadores de la Universidad de Bonn en el Centre for Economic Policy Research, se señalaba que el saldo entre los puestos de trabajo que se destruyen por robot y los que se crean nuevos es prácticamente cero y, en algunos casos, positivo.

Los investigadores analizaban el impacto de las patentes de inteligencia artificial en Estados Unidos en las zonas en las que se registraban. Su conclusión es que, en general, cuantas más patentes de automatización en un área, más población ocupada había en la zona. Solo había una excepción para esta premisa: que en el área hubiera sobre todo trabajos de tipo rutinario, en cuyo caso el efecto se diluía y prácticamente quedaba neutro.

Así las cosas, la rutina es la palabra anatema para que un robot birle un puesto de trabajo. A esta conclusión llegan también dos prestigiosos investigadores de MIT y de Carnegie Mellon que han publicado la semana pasada un artículo en Science sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado de trabajo.

Los autores analizan qué pueden y qué no pueden aprender a hacer bien los robots para dar con hasta ocho criterios clave que describen el tipo de tareas con las que la inteligencia artificial puede llegar a desempeñar una labor también como un hombre y, por lo tanto, usurpar su puesto de trabajo.

En principio, cualquier tarea que se salga de la rutina e implique utilizar inteligencia emocional y empatía lleva todas las de perder con la inteligencia artificial. Aunque procesar datos se le da muy bien a los robots, tienen que procesar miles de datos para poder almacenar un gran número de relaciones causa-efecto que le lleve a poder acertar en un análisis.

Esto hace que no valgan para procesar datos o pistas desorganizadas o demasiado heterogéneas para poder elaborar una conclusión. ¿Cómo es posible? Porque algunas predicciones humanas se saltan que correlación no es causalidad y asocian determinados datos a un resultado en el que luego aciertan. A un robot saltarse así una regla es algo que le cuesta entender. A siempre tiene que dar lugar a B.

Así que todos aquellos trabajos en los que se procesen datos complejos pero no necesariamente sistematizados, como la medicina o los cuidados, tienen muchas menos posibilidades de ser reemplazados. Tampoco aquellos en los que un margen de error como el que tiene todavía la inteligencia artificial sea inaceptable, como en defensa privada o seguridad.

El artículo de Science concluye que la inteligencia artificial puede también ayudar a mejorar algunas partes del trabajo pero no el total. Por ejemplo, puede ayudar a los abogados a clasificar documentos relevantes para un caso pero no podrá entrevistar bien a testigos. Podrán leer muy bien ecografías u otras imágenes médicas, pero no hacer las preguntas adecuadas a los pacientes sobre síntomas y desde luego no reconfortarlos.

El estudio advierte de que la parte emocional tampoco es tan imprescindible para sustituir a un humano. Por ejemplo, han puesto a prueba a vendedores y han descubierto que la inteligencia artificial es muy buena estudiando las transcripciones entre un vendedor y un cliente y luego utilizando esos diálogos para construir chatbots que ayuden en venta a distancia.

Con todo, con estos criterios no sorprende que el estudio de Oxford hiciera un ránking con los diez tipos de puestos de trabajo con menos probabilidades de ser sustituidos por máquinas y que estos estuvieran acaparados por terapeutas, trabajadores sociales, trabajadores de emergencias, cirujanos y otros trabajos que implican contacto directo y manual con otros seres humanos.

El estudio de los investigadores de Bonn, el que decía que el empleo no se destruye sino que se transforma sí destaca un aspecto que puede ser en cierto punto alarmante: el nuevo empleo pasa de las fábricas y de las industrias al sector servicios. Algunos trabajadores necesitarán un periodo de transición para reconvertirse (de ahí la importancia para algunos de las redes de protección como la renta básica), y otros no lo conseguirán. Pero la pregunta es si el sector servicios, tradicionalmente menos sindicalizado y con sueldos más bajos, podrá generar la misma calidad de empleo que lograron las fábricas.

El año que se va no será especialmente reseñable en la historia económica. Fue el cuarto año de crecimiento económico, en el que el país volvió a tocar el nivel de riqueza previo a la crisis pero donde no recuperó todavía el nivel de empleo ni la tasa de paro previos a la gran recesión. Sin reformas de calado y sin ni siquiera presupuestos, fue un ejercicio sin excesivos sobresaltos, después de casi una década de montaña rusa en la información económica.

Quizá por eso, los españoles, hastiados de tanta austeridad y tanto gobierno en minoría carente de acción, se volcaron a leer noticias sobre el vecino desconocido: Portugal. El análisis “Portugal, sorpresa internacional y envidia de la izquierda española” ha sido la noticia que ha conseguido captar la atención durante más tiempo entre los lectores de la sección de Economía de este diario. 14 millones de minutos dedicaron sus casi 100.000 visitas (según datos de analytics) a desentrañar el milagro portugués que ha llevado a mejorar casi todos los datos económicos y a salirse del programa de rescate de la UE.

Otros desconocidos que se pusieron de moda este año y de los que también lo quisimos saber casi todo fue de los estibadores. La reforma del Gobierno los puso en primer plano y este análisis con todas sus aristas se llevó también casi el mismo tiempo de lectura que los amigos portugueses.

[Por cierto, como este ránking es de economía lo hacemos con el indicador fetén, que es el de tiempo de lectura, que mide el nivel de calidad de los textos y la acogida del público]

El tercer tema que más minutos de tiempo de los lectores se ha llevado (13,5 millones) ha sido un faro que nos ha iluminado todo el año: la entrevista a la catedrática de Derecho del Trabajo, Julia López, en el que aclaraba aspectos claves de las relaciones laborales y de género.

Las entrevistas a mujeres sabias es un género que nos encanta en la sección de Economía y que, albricias, también le gusta mucho a nuestro lector. Otros hitazos de este año han sido las entrevistas a Susan George, “La izquierda cree que sus ideas son tan estupendas que no le hace falta defenderlas”; o la de la argentina Mercedes D'Alessandro, “El capitalismo tiene un socio oculto: la mujer que realiza los trabajos domésticos no remunerados”.

La situación en Catalunya no nos ha sido ajena y los lectores se han estudiado a conciencia los análisis que hemos hecho estudiando el impacto del 1-O y de una hipotética Catalunya independiente. Diez millones de minutos se emplearon en leer, ¿Qué pasaría con los bancos en una Catalunya independiente?, prácticamente los mismos que se llevó, Datos que cuestionan el desastre económico anunciado para Catalunya.

2017 también ha sido un año en el que el funcionariado ha cotizado al alza, aunque no lo han hecho sus sueldos. Los temas relacionados con la oferta pública de empleo han tenido mucho tráfico en cantidad (110.000 visitas en El Gobierno toma como rehenes a miles de opositores e interinos para conseguir aprobar los Presupuestos) y en cantidad ya que te hemos explicado cómo preparar las oposiciones y también como estar ojo avizor con los que sacan tajada de estas convocatorias.

Otros temas que han acaparado la atención de los lectores ha sido la llegada de los tejados inteligentes de Tesla a España, el perfil de Juan Luis Cebrián que será relevado al frente de Prisa, la lista con los 60 nombres de beneficiarios de amnistía fiscal que hemos ido conociendo y los cambios en la ley de los autónomos.

En total, entre las diez noticias publicadas en 2017 con más atención por parte de nuestros lectores se llevaron 120 millones de minutos leyendo economía durante 814.000 visitas.

Pero si queremos saber en qué noticias los lectores fueron más minuciosos, podemos conseguir una ratio de tope de calidad dividiendo el tiempo empleado por las visitas. El caviar de lo más leído sería entonces para el perfil de Cebrián, seguido por un análisis de claves del CETA, y de un texto que trataba de explicar el impacto de la fuga de las empresas en Catalunya.

Un factcheck sobre Podemos y su visión de Uber, una reseña sobre un documental de renta básica, y la crónica que narraba el trágico final de Miguel Blesa, cierran el top 5 de artículos que los lectores se han casi empollado por el tiempo que han dedicado a leerlos.

A 2017 le pedimos que nuestros lectores-opositores se saquen su plaza; seguir entrevistando a muchas mujeres interesantes y contar alguna reforma que recupere derechos. Y sino, menos mal que aún nos queda Portugal.

La cadencia entre prórroga y prórroga de presupuestos sirve como forma de medir el tiempo y la crisis política. Este viernes, el Consejo de Ministros aprueba algunos de los reales decretos (la actualización de las pensiones y la subida del salario mínimo), que certifican que el 1 de enero comienza a funcionar una nueva prórroga presupuestaria. El tiempo se detiene en las cuentas públicas, salvo en contadas partidas que el Ejecutivo retoca para cumplir con el acuerdo social.

Las cuentas de 2017 serán las sextas en la historia de la democracia en ser prorrogadas. Las anteriores fueron las de 1982, 1989, 1995, 2011 y 2016. 7-6-6-6-1. Esta es la frecuencia de años con los que el Ejecutivo de turno se ha visto obligado a prorrogar las cuentas. Cada año ha sido diferente y 2017 se lleva el dudoso crédito de ser la primera vez que se hace en dos años consecutivos. Y el aún más dudoso mérito de que el Gobierno de Mariano Rajoy no presentó las cuentas por que no quería que se las devolverían.

Sí lo hizo Felipe González que se arriesgó en minoría a llevar a las Cortes unas cuentas en 1995 que ya nacieron muertas. Fue otro socio nacionalista, CiU, el que no accedió a dar su visto bueno a los presupuestos que diseñó Pedro Solbes. Solbes y Montoro, González y Rajoy, eran o son unos líderes políticos muy diversos. Elaboraron aquellas fatídicas cuentas que marcaron la transición entre las legislaturas de González y la primera de José María Aznar, a sabiendas de que no recibirían el visto bueno de los catalanes.

Montoro, o Rajoy, no se ha querido arriesgar a volver a los toriles. Las cuentas públicas deberían haberse presentado antes del 1-O, y antes de los palos y del resto de sucesos que ya forman parte de la historia, el Ejecutivo prefirió abstenerse de presentar las cuentas, que sin el visto bueno del PNV nacerían igual de muertas que aquellas de González de 1996.

A diferencia también de aquellos presupuestos socialistas, el viernes todo apunta a que no se aprobará en consejo de ministros el Real Decreto que fija la subida del sueldo de los funcionarios. Tampoco se hizo en 2016 pero luego se abordó con carácter retroactivo cuando a mitad de año se dieron por buenas por fin las cuentas de 2017. El presidente de CSIF, Miguel Borra dice que cuentan con la palabra de Hacienda de que este año volverán a hacer lo mismo en cuanto haya presupuestos, con la previsión de que estos vean la luz en marzo y que la subida esté entre el 1,5 y 1,75%.

A expensas de que esto suceda, con el disputado apoyo del PNV que esta misma semana instó al Ejecutivo a poner de una vez encima de la mesa un proyecto de PGE, los funcionarios tendrán congelada la subida salarial, y también estará en el frigorífico la sonada Oferta Pública de Empleo, la mayor de la historia, que acordaron sindicatos públicos y Ejecutivo para 2019.

Catalunya se ha interpuesto en el camino de Rajoy para lo que deberían haber sido sus primeras cuentas en expansión y con paz social de la legislatura. La primavera de la economía no florece en el proceso independentista. El próximo ejercicio España saldrá del proceso de Déficit Excesivo, la economía sigue creciendo y los ingresos (por fin) son superiores a lo previsto. Sin el caos político que desató la consulta ilegal del 1-O, Rajoy podría haber llevado a estos presupuestos acuerdos sociales como el de la función pública; una subida del permiso de paternidad de al menos hasta las 5 semanas y una bajada de impuestos a los que ingresan menos de 17.500 euros.

Cuentas fuera de temporada

Pero el 155 y los tempos mal gestionados se le han echado encima con lo que se acaba un año en total atonía. Fuera hace mucho frío y si en el exterior espera una minoría parlamentaria el clima se vuelve gélido. El Ejecutivo empezará el ejercicio solo sacando réditos al pacto por la subida del salario mínimo que ha rubricado esta misma semana con los agentes sociales.

Pero el impacto de este acuerdo será muy limitado. Aunque en 2018 no hay duda de que el salario mínimo legal subirá un 4%, hasta los 736 euros, no se reflejará en los convenios que lo tomen como referencia, tal y como han acordado exceptuar las partes. Así se evita el llamado “efecto arrastre” por el que subirían miles de salarios que tienen este suelo como referencia.

Tampoco está claro por el momento qué efecto tendrá esta subida en las cotizaciones sociales. Según un borrador de orden ministerial que ha sometido a audiencia pública el ministerio de empleo, la base de cotización mínima sí subiría un 4% en línea con la subida del salario mínimo. Lo cierto es que esta referencia crea un suelo legal por el cual no se puede cotizar porque sería ilegal tener un trabajo que pagara menos.

Pero la Seguridad Social no necesita tener firmada esta orden hasta finales de enero, ya que cobra a mes vencido, y por el momento no se ha decidido qué hacer con la base de cotización máxima. En el borrador que circula esta se quedaría congelada, en 3.751 euros, lo que ha llevado a especular con que se quedaría fija para el próximo año.

Sin embargo, fuentes del Ejecutivo aseguran que esta decisión no se ha tomado y desde CCOO Carlos Bravo asegura que solo responde al impasse de la prórroga de presupuestos ya que iría en contra de lo hablado en los últimos años con el Ejecutivo.

Según Airef, el vigilante de las cuentas públicas, la subida del salario mínimo y la de las bases máximas de cotización fueron las dos medidas que más ayudaron a mejorar los maltrechos ingresos de la Seguridad Social en un entorno de salarios bajos y de pensiones cada vez más altas.

Precisamente las pensiones serán otras de las protagonistas de este viernes ya que por ley sí que debe de aprobarse su revalorización para que opere el 1 de enero a falta de presupuestos. La actualización será de un pírrico 0,25%, cuando la inflación cerrará con casi toda seguridad 2017 por encima del 2%. Se materializa así una de las principales pérdidas de poder adquisitivo desde que comenzó la reforma de las pensiones que tiene como objetivo moderar el avance del sistema al que cada vez se añaden cohortes de población con derechos más altos.

En 2015 y 2016, años en los que ya operó la subida del 0,25%, la inflación media anual fue negativa así que esta actualización supuso una mínima mejora que se perderá por completo con la inflación de 2017.

También se queda en el limbo la subida del IPREM, el indicador que sirve como referencia para las prestaciones sociales, la actualización de las becas y otros partidas que se quedarán congeladas hasta que el Ejecutivo logre desatascar las negociaciones con el PNV. Según fuentes conocedoras de la negociación la sintonía es muy alta y ya el presupuesto está aquilatado, a la espera de que el Gobierno decida levantar el 155 sobre Catalunya. Por lo pronto, la retirada de las fuerzas policiales este mismo fin de semana es una puerta abierta a que entre una corriente de aire caliente a unas cuentas escarchadas fuera de temporada.

La mano de obra suele ser el primer coste fijo en una empresa de servicios. Si se prescinde de los empleados sin que se resienta el servicio, la posibilidad de tener éxito, entendido como ser rentables, se dispara. Las empresas dueñas de las plataformas, conocidas como colaborativas, encontraron en esta fórmula un filón. Proveer de servicios a sus clientes pero con mano de obra externa. ¿Qué podía salir mal?

Podía, puede y está saliendo mal que aunque con retraso y a trompicones los reguladores están poniendo límites a este tipo de economía que en un primer momento se tildó de “colaborativa”. A falta de una buena traducción en castellano, la economía de los encargos lleva ya años prestando servicios en decenas de países sin prácticamente plantilla. Estructuras ligeras soportadas en la idea de que son particulares los que quieren intercambiar entre ellos una prestación de servicios en la que la app de turno solo facilita el contacto como si se tratara de una plaza o un mercado. Un punto de encuentro digital.

Pero de un año para acá, las sentencias están lloviendo en casi todos los países desarrollados, incluso los más liberales, con los jueces apuntalando la laboralidad de las relaciones de los prestadores de servicios con estas plataformas. Esta misma semana se han conocido dos resoluciones clave que afectan a España. Este miércoles se conocía la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que decía que la aplicación más colaborativa de Uber –Uber Pop– no era otra cosa que una empresa que prestaba servicios de transporte.

Esta fórmula de Uber, que funciona en Polonia, Rumanía, República Checa y Eslovaquia, facilita que mediante la aplicación los particulares que estén por la calle se crucen y uno le ofrezca a otro llevarle en coche. El servicio estaba suspendido por medidas cautelarísimas desde 2014 en España y poco a poco se fue prohibiendo también en otros países. Ahora el TJUE le dice a Uber que pese a que defiende que la aplicación no es el centro, a la postre sí lo es.

Para los magistrados de Estrasburgo, lo que hace Uber no es solo intermediar ya que con la potencia de su plataforma lo que genera es una oferta de servicios de transporte urbano. Es decir, transforma el mercado. Pero para que esta nueva oferta sea accesible para el público general debe haber una potente herramienta informática (la app) que es “indispensable” tanto para los conductores como para los clientes. Además, según el tribunal, Uber ejerce una influencia “decisiva” sobre las “condiciones de las prestaciones efectuadas por estos conductores”.

Devolver el foco a su sitio

Los fundamentos de la justicia europea están muy en línea con la reciente acta de inspección de trabajo que adelantó El País en el caso de Deliveroo en la Comunidad Valenciana. Este caso entra aún más de lleno en la cuestión que marca una de las principales diferencias entre lo que es colaborativo o no: la propiedad de los medios de producción.

La Inspección de Trabajo hace un minucioso examen para determinar lo que llaman la “laboralidad” esto es, si la relación de trabajo debe ser asalariada o autónoma y prestan especial atención a un punto que esgrime la compañía de reparto: los medios son propiedad de los riders, esto es, las bicicletas y los móviles.

La propiedad de los medios de producción marca desde la concepción más marxista la diferencia entre lo que es el capitalismo y lo que no lo es. El patrón es dueño de los medios de producción, del capital, y el obrero los explota. Por eso los autónomos deben aportar sus propios medios de producción para dejar clara que su relación es ajena a la empresa a la que le prestan servicio.

La inspección de Valencia aclara que hoy día no se puede tener la misma consideración de qué es aportar un medio de producción relevante y qué no lo es. En opinión de los inspectores, en la actualidad adquirir un “carro de limpieza o un vehículo” no puede ser determinante para excluir a un trabajador de un ámbito de producción. Menos aún un móvil.

Los inspectores recuerdan que son numerosos los casos en los que asalariados se desplazan con sus vehículos o llaman con su teléfono para cuestiones del trabajo y en ningún caso eso les podría desproteger de la empresa.

Por eso, la inspección insiste en el mismo punto que el TJUE: el verdadero medio de producción es la app. La plataforma es en todo momento la protagonista del negocio.

Para el abogado laboralista Adrián Todolí, ya hay pocas dudas de que la legislación española no acepta que se aporte un vehículo o medios “poco significativos” para justificar a los falsos autónomos. Todolí recuerda que solo en casos de camiones de más de 3.500 toneladas, la justicia reconoce que el medio de producción es significativo. ¿Y el resto de repartidores? Todolí recuerda que pueden estar en algunos casos también en situación de desprotección laboral y piensa que gracias a este caso de Deliveroo otros trabajadores se pueden animar a denunciar. En este post en su blog hace una fundamentación más pausada de los argumentos de derecho.

Más allá de España

Los indicios que ve la inspección de Trabajo son muy similares a los que han llevado a que otros jueces hayan decidido poner fin a la 'uberización' de la economía en otros países. El Reino Unido, un tribunal dictó que los conductores de Uber deberían ser asalariados y en California la compañía tuvo que cerrar varios acuerdos legales para cerrar los casos en los que los conductores estaban logrando que se les reconociera la laboralidad.

La importancia de la plataforma, que es el elemento del capital que domina las relaciones laborales, es que da instrucciones, marca los horarios, las agendas, reparte las zonas y otra serie de factores que dejan pocas dudas de que se comporta como un auténtico “jefe”.

Pero, ¿pueden estas empresas ser rentables si tienen que contratar a los trabajadores? Por el momento no se lo plantean. Deliveroo asegura que recurrirá la decisión de Trabajo ante la Justicia y que, además, ha cambiado las condiciones de sus riders, que ya no tienen las mismas obligaciones que cuando se hizo la inspección de Valencia. En el caso de Uber, el servicio que opera en España lo hace mediante empresas de flotas de conductores que tienen licencias VTC y que tienen a la mayoría de sus trabajadores dados de alta como asalariados.

Uber tiene otro servicio, Uber Eats, muy similar a Deliveroo que se presta en bici o coche. Desde la compañía aseguran que son muy diferentes porque no ponen condiciones a sus repartidores que son totalmente libres de conectarse o no a la app. Tampoco tienen unas retribuciones fijas ni unos mínimos.

La libertad para trabajar puntualmente es una de las cuestiones, precisamente, que defienden los que creen que deben existir estas plataformas. Y que está en el origen de la prestación de servicios P2P. Pero las sentencias vienen a decir que estas grandes plataformas han desnaturalizado la raíz de la economía colaborativa (compartida en su término inglés) y que ahora se han convertido simplemente en modelos de negocio rupturistas pero capitalistas al uso.

Con todo, y hasta que los países terminen de integrar en su legislación estos modelos de negocio, aceptando también que en algunos casos pueden ser esporádicos, la tendencia a usar estos servicios es creciente. Eurostat publicó ayer que un 15% de los españoles había reservado un alojamiento por una app de este tipo de economía digital y que un 5% había usado una de estas app de transporte, datos próximos a la media de la UE. El país donde más se han usado estas app es Reino Unido, con casi un tercio de la población recurriendo a ellas.

El 70% de las personas que generan ingresos con estos servicios no tienen protección social y, tal y como recuerda Luz Rodríguez, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, es un problema al que los sistemas de protección se tienen que enfrentar como un nuevo reto.

Pero las app han supuesto un desafío a todo el corsé regulador de los estados. Los problemas de convivencia que genera entre los vecinos un uso masivo de Airbnb; la falta de seguridad de las app de compraventa; o la rara avis que supone para la legislación del transporte por carretera una plataforma como Blablacar.

Las costuras del armazón legal se resienten ante la nueva economía a la que poco a poco se le comienza a dar forma.

Un nuevo presupuesto para 2018 con una crisis de Gobierno bajo el brazo. Estas son las cuentas que ha tenido que reformular el Ayuntamiento de Madrid para lograr el visto bueno del ministerio de Hacienda y desbloquear así las obras paralizadas por toda la ciudad. En el Plan Económico y Financiero (PEF) al que ha tenido acceso eldiario.es se puede ver donde el equipo de Manuela Carmena ha tenido que emplearse. El capítulo 6, el de inversiones reales, se reduce respecto a la previsión de ejecución de 2017 en 95 millones de euros.

Este es el recorte que reflejan las cuentas pero que unos y otros defienden o atacan con diferentes puntos de vista. El cálculo está hecho sobre la ejecución prevista y no sobre lo presupuestado. Ya en 2016 solo se pudo ejecutar el 77% del presupuesto en inversiones y el equipo de Carmena ha apostado por hacer los cálculos sobre lo que realmente se ha podido gastar y no sobre las cifras en el papel que finalmente no se han podido cumplir en muchos casos por falta de medios materiales y en otros por mala previsión.

Sin embargo, Eduardo Garzón, asesor hasta ahora del que era concejal de Hacienda Carlos Sánchez Mato, cree que lo correcto es comparar dos magnitudes iguales, esto es, presupuestado sobre presupuestado, en cuyo caso el recorte se dispararía hasta los 500 millones de euros. Garzón defiende la necesidad de presupuestar con holgura para poder tener el margen suficiente para poder finalizar las obras y solicitar los créditos necesarios en los ejercicios en curso y de hacerlo sobre el gasto financiero total.

Con todo, el presupuesto global del ayuntamiento crece, tirado por las partidas de gastos de personal y gastos corrientes. Estas dos partidas crecen en casi 180 millones de euros, de nuevo sobre lo realmente ejecutado.

En 2016 hubo un importante incremento en el capítulo de inversiones, donde se gastaron 380 millones de euros por la compra de un inmueble (Alcalá, 95) y por los pagos de varias sentencias. Este gasto se considera extraordinario y ya en 2017 se rebajó la partida en inversión a algo menos de 200 millones de euros.

Hay dos puntos claves para entender este recorte de 95 millones de euros en inversión. Por un lado, el equipo de Carmena cree que se pueden recuperar por la vía de los IFS, Inversiones Financieras Sostenibles que se añaden al presupuesto inicial cuando los ayuntamientos tienen superávit (como es el caso de Madrid) esta cifra a lo largo de 2018. Una suerte de “atajo” para mejorar las cuentas municipales.

Garzón no es tan optimista porque recuerda que el marco legal para solicitar estos IFS son los Presupuestos Generales del Estado que como pronto estarán aprobados en marzo de 2018. Además, dice que no todas las partidas tienen cabida en estos IFS, solo las que cumplen requisitos muy concretos. 

Por otro, en la balanza pesaba que las inversiones ahora paralizadas no se perdieran al lograr con el pacto con Hacienda que decayeran las cautelares (hoy mismo) y que se pudieran reiniciar los trabajos. Esto es lo que les ha hecho decantarse por esta opción que sobre el papel puede suponer al fin y al cabo perder menos. Desde el ayuntamiento cifran los IFS paralizados en alrededor de 275 millones de euros, muchos de los cuales eran obras ya muy avanzadas y otros proyectos fáciles de tramitar como compras de autobuses para la EMT.

Pero quedan pendiente una importante cifra que aún no ha comenzado el proceso contable y que es lo que desde el anterior equipo de Hacienda creen que se va a perder. Son obras de montantes no muy importantes, tipo un carril bici de 5 millones de euros y que deberían obtener los permisos necesarios antes del 29 de diciembre. Desde el Ayuntamiento dicen que hoy mismo han dado la orden a todos los departamentos de que se pongan a trabajar “como locos” para lograr sacar estos proyectos y han reforzado el área de Intervención. 

El ayuntamiento reconoce que algo se perderá pero esperan que sea lo mínimo posible. Garzón es mucho más negativo y cree que “como mucho se recuperarán dos o tres millones” de los 120 millones que calcula que están en esta situación tan incipiente.

Jaén, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, (Andalucía); Parla, Navalcarnero y Alcorcón (Madrid); Gandía (Comunidad Valenciana); Totana (Murcia) y San Andrés de Rabanedo (Castilla y León) son los nueve municipios españoles de más de 20.000 habitantes en riesgo de quiebra, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Su situación dista de la de la mayoría de ayuntamientos, que con su superávit consiguen sanear el déficit del conjunto de las administraciones.

Con los ánimos a flor de piel tras la batalla entre el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Madrid que se ha saldado con el cese del concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, el organismo que tutela las cuentas públicas en España ha dado este martes a conocer los nueve consistorios en “riesgo de sostenibilidad”, es decir, que podrían entrar en bancarrota (situación en la que ya están o han estado varios de ellos).

Todos tienen ratios de deuda de más de 200% de sus ingresos corrientes, remanentes de tesorería negativos persistentes y periodos medios de pago a proveedores ampliamente superiores a los treinta días fijados en la normativa vigente. De hecho, según la AIReF “su grado de cumplimiento anual de las reglas fiscales reviste una importancia secundaria frente a un problema estructural y agudo de sostenibilidad de sus finanzas”. Además, aunque el organismo no entra en este asunto, varias de ellas coinciden en ser la sede de tramas de corrupción crecidas a la sombra de la burbuja inmobiliaria.

La recomendación del organismo es que el Ministerio de Hacienda “convoque y lidere” una comisión que se encargue de resolver los problemas de sostenibilidad de estos ayuntamientos. En algunos casos (Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León) con participación de la comunidad autónoma que les tutela, ya que así lo establece su estatuto de autonomía.

Jaén, la ciudad que el secretario de Estado de Hacienda dejó en quiebra técnica

Es la única capital de provincia del listado. Según explica el portavoz de Ganemos Jaén, Manuel Montejo, el problema de fondo es el déficit estructural, que ronda cada año entre 30 y 40 millones. “Esto viene de muy atrás y alcanza varios equipos de gobierno. Se fue tapando durante muchos años sobre todo con el dinero que venía de la gerencia de Urbanismo, el rendimiento de la construcción sin sentido y la ampliación de la ciudad de manera desaforada. El patrimonio municipal se malvendió rápido y se obtuvieron muchos beneficios. Cuando estalla la burbuja y sin urbanismo que compense el déficit, la deuda exponencialmente aumenta. Ni lo paró un gobierno de coalición PSOE-IU en 2007-2011, ni el PP con la mayoría absoluta de 2011 hasta ahora”.

El actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, fue alcalde entre 2011 y 2015, cuando dejó el consistorio en quiebra técnica. Le sucedió Francisco Javier Márquez Sánchez, también del PP.

En la actualidad, según el informe de AIReF, la media del ratio deuda/ingresos supera el 400%, y tiene un periodo medio de pago a proveedores de 620 días.

Jerez de la Frontera, dos ex alcaldes condenados a prisión

La ciudad andaluza, conocida mundialmente por sus vinos, sus caballos y su circuito de velocidad, arrastra también un historial de gestión muy poco halagüeño. Tiene dos ex alcaldes condenados a prisión. En 2014, el Supremo elevaba a cinco años y medio de cárcel la condena impuesta al histórico dirigente andalucista Pedro Pacheco por la contratación irregular como asesores de dos compañeros del Partido Andalucista en empresas municipales. Sigue en prisión.

Un año después, la Audiencia de Cádiz condenó a cuatro años y medio de cárcel y a ocho de inhabilitación a la exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), Pilar Sánchez (PSOE), por varios delitos relacionados con las subvenciones que concedió a una empresa para que se instalara en el parque tecnológico de la ciudad. Recientemente obtuvo el tercer grado penitenciario.

En la actualidad, Mamen Sánchez (PSOE) gestiona una deuda acumulada de 642 millones de euros, con un periodo medio de pago a proveedores de 284 días.

La Línea de la Concepción, paro y economía sumergida en la frontera de Gibraltar

Este municipio, que se enfrenta a problemas endémicos de desempleo (con un 35% de paro ha encabezado en alguna ocasión el ránking de las ciudades con más desempleados de España) y economía sumergida, tiene un nuevo reto a corto plazo: el “brexit”. Este proceso puede afectar a los casi 13.000 trabajadores españoles que cruzan diariamente la Verja, ya que la salida del Reino Unido de la UE podría suponer el cierre permanente por primera vez desde hace cinco décadas. Mientras tanto, su regidor, Juan Franco (La Línea 100x100), debe enfrentarse a una deuda municipal de 149 millones de euros.

Gandía, la resaca de Arturo Torró

En esta localidad valenciana, los cuatro años de gestión del alcalde del PP Arturo Torró (2011-2015) dejaron un reguero de imputaciones para el ex regidor. Torró vio su nombre salpicado por uno de los grandes escándalos de corrupción de los últimos años: El alcalde contrató al presunto 'conseguidor' valenciano de la Operación Púnica, Alejandro de Pedro, por unos “19.000 0 20.000” euros por posicionar la web del consistorio, según admitió. También reconoció haber contratado los servicios del imputado en la trama de Granados para su campaña electoral de 2011.

La actual alcaldesa, Diana Morant (PSPV-PSOE), que asimismo ha estado investigada por prevaricación, aunque el caso ha sido archivado, tuvo que aplicar un draconiano plan de ajuste.

La deuda de Gandía en la actualidad es de 283 millones de euros, con un ratio sobre ingresos corrientes de 381%.

El PSPV dejó la deuda en 2011 en 114 millones y Torró la disparó en cuatro años a los actuales 240. Deuda fruto de excesos, en el caso socialista, el año Borgia y en el del PP de los conciertos de Julio Iglesias, Tom Jones, proyectos fallidos como la ciudad agroalimentaria, la creación de un grupo mediático o el intento fallido de una nueva Terra Mítica.

Totana, escenario del “caso Tótem”

El municipio murciano, que fue escenario de manifestaciones contra los planes urbanísticos de los años del “pelotazo”, arrastra una deuda de 95 millones de euros. Fue escenario del “caso Tótem”, la causa de corrupción urbanística más importante que se conoció en la Región de Murcia. La sentencia judicial, del año 2012, dejó sentado que el alcalde de Totana y diputado regional Juan Morales, del PP, lideraba una trama que pedía comisiones por agilizar proyectos. Cumplió algo más de dos años de cárcel.

La media de la ratio de deuda sobre ingresos corrientes en el Ayuntamiento es del 312%, 10 veces superior a la del subsector, tres veces superior a la de los ayuntamientos de la Comunidad y cinco veces superior a los ayuntamientos de su grupo de población. La AIReF estima que se producirá un crecimiento de la misma en 2017.

Este municipio está regido en la actualidad por el socialista Andrés García Cánovas.

San Andrés del Rabanedo, una deuda asfixiante

El municipio castellanoleonés arrastra una deuda de 61 millones de euros. Situado apenas a un kilómetro de la capital leonesa, experimentó un enorme crecimiento en los años del boom de la construcción, al pasar de alrededor de 15.000 a unos 30.000 habitantes en poco tiempo. Durante este crecimiento exponencial se produce un gran endeudamiento producto, en gran parte, de la política de privatizaciones, según Izquierda Unida.

Según afirmaba Laura Fernández, concejal de IU, en Diario de León, “con el primer plan de ajuste del PP se pagaron 27 millones de euros a la multinacional de la basura. A otra gran empresa, Gexin, se le adeudaban más de 2 millones. A la multinacional del agua, el PSOE le revende, mediante una reprivatización, que supone un aumento de lo que hay que pagar de más de un millón de euros al año. Y muchos más casos que han ido arruinando este Ayuntamiento”. Esta formación ha pedido que una parte de la deuda sea declarada ilegítima.

Alcorcón, un terremoto financiero

En los últimos años, uno de los grandes feudos madrileños del Partido Popular es famoso, sobre todo, por las salidas de tono de su alcalde, el diputado autonómico David Pérez. El político es conocido por comentarios misóginos como que las feministas son “mujeres frustradas” o la más reciente polémica en la que sugería que Ada Colau había “allanado” el paso a los terroristas en los atentados de agosto en Barcelona. Pero menos conocidas son las cuentas de este pueblo (167.000 habitantes), al que la Airef ha pedido vigilancia especial a Hacienda para que elabore un plan de sostenibilidad que frene la quiebra del consistorio.

Pérez, nada más llegar a la alcaldía en 2011 culpó a las anteriores administraciones del PSOE de haber creado una deuda oculta y no ha perdido oportunidad durante su mandato para publicitar cómo iba “saneando” la situación de la ciudad que pretendió a ser la sede de Eurovegas.

La proporción de ingresos sobre deuda es del 220%, sobrevive gracias a los mecanismos de liquidez del Estado (85% de su deuda) y paga a sus proveedores en un plazo medio de 220 días. En total, la deuda del municipio ha rozado los 300 millones de euros. El PP gobierna en minoría el consistorio, con una importante contestación por parte de la oposición constituida por Ganar Alcorcón.

Navalcarnero, el primero en la lista

Navalcarnero tiene el dudoso honor de ser considerado el municipio más endeudado de España, con una ratio de deuda por ingresos del 400%. Este éxito se lo debe sobre todo al regidor del PP que tuvo durante 20 años, Baltasar Santos, que dejó el cargo en 2015. La Cámara de Cuentas de Madrid y el Tribunal de Cuentas han dejado por escrito informes en los que se especifica cómo generar una situación insostenible en un municipio no se logra de la noche a la mañana.

En los años 2007 y 2008 se inflaron varios contratos de obra. Por ejemplo, la plaza de toros del municipio, que pasó de 15,6 millones de euros a costar 22 millones. Otra obra faraónica cuyas consecuencias arrastran ahora los vecinos son las cuevas de la Plaza de Segovia que pasó de costar un millón de euros a casi 4 y que la Intervención General del Estado sospecha que se hizo en fraude de ley.

El nuevo alcalde, el socialista José Luis Adell, tuvo que emplearse en un duro plan de ajuste para que los poco más de 25.000 vecinos puedan hacer frente a la deuda que acumula el municipio. De media, el municipio tarda 300 días en pagar a sus proveedores (llegó a rozar los 700 días de demora).

Parla, la perla del endeudamiento

La tercera ciudad del sur de Madrid sobre la que alerta la Airef es posiblemente la que haya acaparado más titulares. Tomás Gómez, el defenestrado líder del PSOE de Madrid, fue regidor de este pueblo entre 1999 y 2008. Entre los escándalos que acumula está el sobrecoste de su tranvía, que según el Tribunal de Cuentas se desvió en un 38% sobre el presupuesto original.

Parla tiene una deuda de 433 millones de euros, y el tranvía son alrededor de 256 millones de euros. Además, en el exdiputado del PP, y otrora mano derecha de Esperanza Aguirre, Francisco Granados ha involucrado en varias ocasiones parte de sus negocios en la trama Púnica con adjudicaciones por parte del ayuntamiento. También ha trascendido que Baltasar Santos perdonó más de 500.000 euros en impuestos municipales a la constructora Hispánica, implicada en el trama Gürtel y que ganó un concurso para levantar un colegio en la localidad sureña.

Los hombres de negro hicieron las maletas. La troika dejó de ser un hit. Pero las consecuencias de las políticas de austeridad siguen presentes en España y en el resto de los países rescatados casi un lustro después de ser intervenidos.

Ayer el concejal de Hacienda (exconcejal de Hacienda a estas horas) de Madrid, Carlos Sánchez Mato se hizo un Varufakis. Mato se plantó “por principios” a cumplir con las normas tal y como las dicta el ministerio de Hacienda, adaptadas hace ya cinco años a los deseos de los burócratas que sanearon nuestro sistema financiero. Los que ya hemos visto varias veces esta función, representada en varios escenarios y países desde 2007, podríamos haber predicho casi con los ojos cerrados hace tres años que esto pasaría. No me alegro de acertar. Muy al contrario. Me alegraré el día en el que la política y las relaciones humanas me den más sorpresas a la portuguesa.

Varufakis lo contó en sus recientes memorias (Adultos en la sala) y se había encargado de ventilarlo en varias publicaciones anteriores. Aunque Alexis Tsipras era el elegido por el pueblo para hacer frente a la troika, terminó siendo práctico. Varufakis no quería ser pragmático. Creía en sus principios. El “principismo político” al que muchos achacan también a Sánchez Mato. Aunque en el caso del griego fue él quién dio el portazo.

El tiempo acaba juzgando a los idealistas y a los pragmáticos. Dos corrientes especialmente enfrentadas en los partidos de izquierdas. Unos gobiernan en campaña electoral y otros reinan en el poder. Y son medidas dictadas en sus antípodas ideológicas, como estos principios de austeridad que aún nos rigen, los que terminan haciendo impracticable la convivencia de ambos bandos.

Porque aunque muchos den palmas con las orejas ante la división de la izquierda, lo que no se puede olvidar es que esta ruptura llega ante la aplicación de una regla injusta y caduca, planteada en un momento en el que España estaba en una situación muy diferente a la actual. La regla de gasto que solo permite a los Ayuntamientos gastar por encima de un cálculo del PIB potencial (este año un 1,7%), es un corsé que aprieta demasiado a unos municipios que han cumplido a rajatabla las condiciones más estrictas impuestas en el rescate.

No hay precedentes en Europa de una norma tan estricta que haya trasladado a las entidades locales la regla de gasto hasta desembocar en una intervención. Lieja (en Bélgica) o Vanaa (Finlandia) sí tuvieron que tomar precauciones, pero no con los rutilantes datos que maneja el Ayuntamiento de Madrid de superávit y reducción de deuda.

Una de las claves de este conflicto es que Madrid financia con sus más de 1.100 millones de euros de superávit en 2016 los desmanes del Gobierno central (el que pilota Cristóbal Montoro) y de la Seguridad Social (de su amiguísima Fátima Báñez). Obligar al consistorio a seguir teniendo estos elevados excesos de ahorro (entre todos los ayuntamientos suman 7.000 millones), es una forma de garantizar la tranquilidad para que ni Montoro ni la Seguridad Social pongan sus cuentas en orden.

Casi a la vez que conocemos que Madrid no puede mover un agujero más la hebilla del cinturón, se nos anuncia que para 2019, año electoral, el Ejecutivo quiere subir las pensiones de viudedad o el salario mínimo. Ambas medidas son loables y deseables, pero el Ejecutivo debe aprender a financiarlas de otra manera, y no obligando a los madrileños y a los ciudadanos de otros municipios que han hecho los deberes a continuar con unas inversiones por debajo de lo que se merecen.

En tiempos de tanta discusión sobre el reparto de la financiación autonómica es sangrante que los ayuntamientos tengan que ser el colchón para la falta de previsión del Gobierno del PP que no quiere hacer una reforma de la Seguridad Social y no sabe de dónde sacar el dinero para mantener sus promesas de bajadas de impuestos y de subidas de otros complementos. Bueno, sí saben de dónde. Del ahorro de los municipios.

No solo un Quijote

Tampoco se puede olvidar que en el acto que parece casi heroico de Sánchez Mato se esconden luces y sombras y es difícil que un relato sea perfecto. Ser un hombre de principios también conlleva a veces una exasperante inflexibilidad. La virtud de la firmeza se convierte con facilidad en el pecado de la cabezonería. Y como bien sabe el católico edil, en las virtudes muchas veces se lleva la penitencia.

También hay algunas lagunas en la gestión de las cuentas públicas. En 2016 apenas se ejecutó un 77% de la inversión del Ayuntamiento, algo que ha levantado fuertes ampollas internas –“¿ahora se pega por unos millones que no fuimos capaces estos años de ejecutar?”–. También la falta de personal, casi crónica en el Ayuntamiento de Madrid, hace muy difícil materializar el soñado presupuesto, bello sobre el papel pero sin manos a la obra para ejecutar. Y tampoco parece tan pulcra la gestión de los presupuestos participativos, donde algunos cálculos se hicieron próximos a ojímetro, resintiéndose al final la cuadratura del presupuesto ejecutado final.

En el bando de los pragmáticos también son varios los que se preguntan, “¿por qué esta pelea numantina en solitario?”. “¿Por qué el Ayuntamiento de Zamora (IU) o el de Cádiz (Anticapitalistas) no se han plantado también ante Montoro?”.

Para estos, los prácticos, las obras paralizadas por todo Madrid eran una señal mucho más perversa de debilidad que claudicar con el nuevo plan que supone al final “una crisis de expectativas”. Esto es, no hacer recortes (aunque los críticos con la decisión de Carmena los estén bautizando como tales), sino por hacer una mejora menor de lo que querían, una de las principales diferencias también con lo que se le pidió a Varufakis, con el Gobierno de Tsipras empleándose a fondo para podar aún más el maltrecho país.

Y cómo no, el nada desdeñable impacto de las tensiones de la política interna de esa confluencia que es Ahora Madrid.

Estar en el poder mancha y los borrones son inevitables. Una suciedad que repele al bando de los idealistas y que se cura con un buen detergente en la bancada de los pragmáticos.

Del lado de Sánchez Mato está además la objeción de conciencia. Una poderosa arma del catolicismo para no entrar en razón... cuando no es una razón buena. Afortunadamente en el Congreso seguirá su curso la propuesta de cambiar la regla de gasto lo que, sumado al desprecio que las propias instituciones europeas sienten ya hacia los principios de la austeridad, marcan el final de estas razones para los próximos meses. Demasiado tarde para un buen concejal.

“Economía de los pequeños encargos” o “economía de las plataformas digitales”. Así han rebautizado los expertos a lo que en un principio se denominó como “economía colaborativa”. El término pronto se descubrió como engañoso, ya que la colaboración esconde unas relaciones desiguales entre los dueños de este nuevo modelo de empresas y los que prestan servicios. El tamaño cada vez mayor que toman estas nuevas formas de trabajo –alrededor de 4.000 millones de euros de ganancias en la UE en 2015– y la ausencia de una regulación específica han llevado al Parlamento Europeo a encargar un estudio a la Universidad de Leeds con unas conclusiones devastadoras sobre la situación de los trabajadores del sector del futuro.

El 70% de los trabajadores de estas plataformas no tienen protección social, según el estudio que ha entrevistado a 1.200 trabajadores en empresas clave (como Amazon) en varios países y a expertos relevantes en diversas economías como la española. No tener protección social quiere decir que prácticamente no cotizan para una pensión, que no tienen prestaciones de maternidad ni paternidad ni cualquier otro beneficio social que se ofrezca en su país. Los trabajadores sí tienen mayoritariamente cobertura sanitaria y dicen estar asegurados en caso de un accidente.

Esta misma semana, la Comisión de Empleo del Congreso votó a favor de que el Gobierno presente en los próximos meses un informe explicando cómo va a adoptar la legislación española a este tipo de trabajos y cómo va a dotar de protección social a estos trabajadores.

Los defensores de este tipo de trabajos aseguran que en muchos casos solo suponen un ingreso extra para los trabajadores, lo que en cierta forma justifica la idea de la “colaboración”. El estudio profundiza en que, efectivamente, hay varios grados de dependencia entre los trabajadores de estas plataformas. 

Los ingresos de una cuarta parte de estos trabajadores dependen casi por completo de estos pequeños encargos y no tienen otro empleo remunerado. Esta dependencia les hace encima más vulnerables ya que sus ingresos están entre un 62% y un 43% por debajo de los otros trabajadores que no están tan atados a estos trabajos. Es decir, su situación de debilidad les hace aceptar ingresos muy bajos incluso para otros trabajadores.

Sin embargo, incluso los que atienden estos encargos digitales de forma puntual porque tienen otro trabajo no tienen protección social, lo que quiere decir que se dedican a empleos que tampoco les ofrecen esta cobertura.

La remuneración es a todas luces en este estudio muy inferior a la media y, lo que es más llamativo, al salario mínimo interprofesional marcado en cada país. En el caso de Francia, que tiene un salario mínimo generoso, el pago medio a las personas que hacen este tipo de actividades está un 54% por debajo del SMI. En el caso de Alemania es de casi un 29% y en el caso de España (uno de los países con menor salario mínimo de la zona del euro), la diferencia fue solo un 9% inferior.

Por ahora, y pese a que muchos lo consideran el trabajo del futuro, las estimaciones apuntan que solo entre un 1% y un 5% de la población en edad de trabajar en la UE ha participado en algún tipo de trabajo “pagado” de estas plataformas. En España, el estudio refleja que la complejidad para obtener ingresos sin estar dado de alta como autónomo puede haber puesto freno al crecimiento del empleo por parte de este tipo de plataformas. 

Pese a la baja cobertura de la que goza el trabajador autónomo en España (frente a los asalariados), el estudio recoge a España como uno de los países que mejor protección ofrece a los trabajadores por cuenta propia (ver gráfico). Esta singularidad, y la cuota fija que no permite amoldarse a los ingresos, parecen haber sido una barrera para un uso muy puntual en atender estos pequeños encargos que algunos trabajadores solo atienden una vez al mes.

Para Luz Rodríguez, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha y especializada ahora en este tipo de relaciones laborales, la dificultad añadida de generar estos trabajos en España es que no hay un “canal jurídico” por el que encauzar estos ingresos. No se ha desarrollado la figura de autónomo a tiempo parcial ni tampoco la de cotización por la vía de los ingresos, pero lo cierto es que este tipo de encargos no corresponden a la definición tradicional del trabajo autónomo y no hay encaje ahora mismo para darle una salida legal.

“El gran reto es arbitrar una protección social para un trabajo atípico que cada vez es más frecuente. Cómo se cotiza, cómo se protege al sistema y cómo se protege a estos trabajadores. Encontrar las situaciones de vulnerabilidad independiente del estatus jurídico”, así describe Rodríguez los retos que supone este nuevo sistema y lamenta que por el momento el debate esté mirando al pasado y no al futuro. Lo cierto es que habrá cada vez más trabajos de este tipo “con apenas cotización y que no generan caja para el sistema pero las personas sí generarán problemas que habrá que cubrir”, recuerda la laboralista.

La vulnerabilidad de este colectivo también se define porque una importante parte procede del paro de larga duración, al menos uno de cada cinco. 

Una cuestión que arroja resultados mixtos en el estudio es la de la satisfacción personal y el bienestar por este trabajo desempeñado. Los encuestados muestran altos grados de satisfacción por la variedad de los trabajos, el tipo y la flexibilidad pero se muestran muy descontentos por las previsiones de progresión en su carrera o de mejorar sus ingresos.

El informe insta a los países y a la Comisión Europea a repensar todo el entramado jurídico que da cobertura a este tipo de empleos y a que ahora mismo ya no responde a las necesidades del sector. También propone cuestiones como que el salario mínimo proteja por ley a los trabajadores de estas compañías.

“Nosotros que nos queremos tanto debemos separarnos”. Cantaban Los Panchos en su bolero más desgarrador a una historia de amor imposible al estilo Romeo y Julieta. Los mercados, que quisieron tanto a Janet Yellen, la primera señora del dólar en la historia de EEUU, entonaban anoche su despedida. Es la historia de un amor imposible, con la llegada de un padre político, Donald Trump, que frustró cualquier posibilidad de que la prestigiosa economista lograra lo que han hecho todos sus predecesores en los útimos 40 años: encadenar dos mandatos consecutivos al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Anoche Yellen protagonizó su última rueda de prensa como una de las mujeres más poderosas de la tierra. Su sucesor, Jerome Powel, no estará al frente de la Reserva Federal de EEUU hasta el 3 de febrero, pero los tempos políticos y económicos hicieron que la de ayer fuera la última rueda de prensa de Yellen, que salda su último año con la tercera subida a los tipos de interés en Estados Unidos y la quinta en su mandato.

La rueda de prensa estuvo acaparada por la rebaja de impuestos que Trump selló pocas horas antes de la despedida. Los periodistas querían saber si esta medida de Trump podría lograr lo que la banquera central no ha terminado de conseguir en estos años: dinamizar la economía y conseguir que los sueldos de los estadounidenses repuntaran.

Meciendo sus palabras en la cadencia típica de los banqueros centrales (calma, parsimonia, tranquilidad y equilibrio), Yellen valoró posibles efectos de este recorte de impuestos, incluso defiendo una mejora de las previsiones de crecimiento económico estos años, pero sin exceso de optimismo. Hasta se permitió elevar una ceja ante la previsión de Trump sobre que su plan provocaría un crecimiento de la economía del 4%.

Ante la pregunta de si estaba “decepcionada” por irse antes que sus predecesores, Yellen contestó como la señora que es, agradecida por los 13 años que ha sido alto cargo de la Reserva Federal y reiterando la “lealtad” que siente por la institución. “Siento que es el momento correcto de irme”, zanjó con la sonrisa contenida pero reflejada en el púrpura de su vestuario, un color muy adecuado para esta prematura despedida.

No la quiso Obama y la despachó Trump

Yellen llegó amada por los mercados, por los economistas, por los sindicatos, pero poco apreciada por el presidente que la nombró, Barack Obama. El presidente quería nombrar a su amigo, Larry Summers, una opción mucho más convencional que no convencía ni al propio candidato que se descartó de la carrera apenas un mes antes de que se tomara la decisión. Obama, presionado por una situación extrema en su Gobierno en el que su debilidad parlamentaria le había hecho perder el control sobre el presupuesto federal, se decantó finalmente por la favorita de los agentes económicos pero también por la más heterodoxa de las propuestas.

Era el año 2013 y ya la economía estadounidense llevaba años en ascenso. A la exprofesora de Harvard, le tocaba la dura tarea de drenar los recursos que la reserva Federal llevaba inyectando a la economía desde el estallido de la burbuja. Su manejo en la gestión de expectativas, la clave en la gobernanza de la política monetaria, y su conocimiento de las transferencias de estos efectos del precio del dinero en el mercado de trabajo la convirtieron en la apuesta más segura para embridar un mercado que comenzaba a destilar el aroma de la exuberancia irracional.

Ni halcón ni paloma (los términos con los que se conoce a los que son partidarios de medidas restrictivas en los mercados o expansivos) Yellen revoloteó sobre los mercados manejando los tiempos y esperando a que se resolviera el problema de la baja calidad del empleo generado en Estados Unidos antes de volver a subir los tipos de interés. Pero han pasado los años y el nuevo normal de la precariedad laboral, un problema global y no solo español, parece haberse convertido en el nuevo normal.

Cansada de ver cómo la transfusión masiva no acababa de mejorar los mecanismos más profundos de la economía, la discípula de James Tobin (el de la Tasa Tobin) optó por cambiar la medicina y comenzar a retirar estímulos a ver cómo funcionaba el paciente. El mandato de la Reserva Federal, domar la inflación pero lograr que el empleo no se resienta (o al revés) ha estado bajo control. Pero por supuesto le han llovido las críticas por subir los tipos (pronto) y por subir los tipos (tarde).

Desde el punto de vista formal, y algo superficial, la gestión de Yellen ha sido un éxito. Bajo su mandato la tasa de desempleo ha tocado mínimos de 2001 y la inflación ni se ha asomado al abismo psicológico del 2%. Merece la pena echar un vistazo a este resumen publicado por The New York Times sobre los principales datos que deja su mandato.

Pero la artillería de la Reserva Federal no estaba preparada para lidiar con la anemia en la que se ha instalado la economía de los países desarrollados. Ni el BCE ni la Fed logran crecimientos briosos ni puestos de trabajo con unos salarios significativos que permitan animar la coyuntura económica.

Se puede decir que Yellen se va con los deberes hecho con las armas que tenía y que a su sucesor Powel aún la quedará la titánica tarea de desprenderse de la ingente cantidad de activos que atesora la Reserva Federal en forma de bonos y deuda privada que compró para sacar a muchas empresas del atolladero.

Aunque Yellen podría seguir como consejera de la Fed, ya ha anunciado que una vez que Powel tome el mando se retirará sin torpedear la transición que se prevé ordenada ya que su sucesor ya trabaja en la Reserva Federal. Volverá probablemente a investigar junto con su marido, el Nobel de Economía George Akerlof y en su despedida expresó su deseo de continuar en Washington aunque tiene plaza de profesora en Berkeley. Habrá que ver si se entrega a los placeres de ofrecer rentables eventos y conferencias como hicieron los hombres que la precedieron en su mandato. Su predecesor, Ben Bernanke, ha llegado a cobrar 250.000 dólares por cada evento en el que ha participado.

Yellen salió de la rueda de prensa ordenando nerviosa una pila de papeles (a los que aparentó hacer caso durante la rueda de prensa como maniobra de distracción), sin ruido ni alharacas. No hubo el sonado aplaudo de las películas americanas. Esto es realidad y no ficción y como al resto de banqueros centrales, será el tiempo el que juzgue su legado.

Te vas Janet Yellen, nosotras, que nos quisimos tanto.

Los bancos deberán encarar una nueva vuelta de tuerca de la regulación que hará más difícil ganar dinero con los préstamos. Hoy mismo el BOE publica la nueva circular bancaria que define la contabilidad de que deben aplicar los bancos a partir del 1 de enero de 2018. La nueva normativa, que adapta el sistema internacional de obligatorio cumplimiento, supone ser más estricto con la clasificación de los créditos conocidos como dudosos, esto es, con alguna probabilidad de impago.

El cambio de contabilidad es casi filosófico. Hasta ahora, las pérdidas que producían estos créditos se apuntaban cuando sucedían y ahora la entidad tiene que anticiparse y contabilizar el crédito como puede ir en el futuro. En definitiva, se pasa de un sistema de “pérdida incurrida” a “pérdida esperada”. Los reguladores asumen que el cambio añade “complejidad” pero es un paso más en el intento de hacer a las entidades financieras cada vez más sólidas. Para hacer estos cálculos los bancos deberán manejar datos a futuro, como previsiones económicas, marcha del mercado inmobiliario, etc...

Hasta ahora, estos créditos en los que había una posibilidad futura de tener una pérdida, se apuntaban en la contabilidad con una provisión (un dinero que se guarda para hacer frente a una eventual pérdida) durante alrededor de 12 meses. Con esta nueva contabilidad, estos créditos pasan a calificarse como “normales con vigilancia especial” y se debe proteger al banco con una provisión por toda la vida de este crédito. Igual que si fuera un crédito en el que ya hubiera habido un impago.

Los efectos prácticos de este cambio son que los bancos tendrán que separar mucha más cantidad de dinero en la contabilidad para cubrir estos créditos. De media, hasta un 13% más de provisiones según el Banco de España tomando los datos de la Autoridad Bancaria Europea. El regulador insiste en que el impacto en los resultados de los bancos será menor, ya que se permite diferir hasta en cinco años el efecto de incrementar estas partidas contables.

Sin embargo, el regulador sí asume que esto encarecerá el crédito. ¿Por qué? Cuando la entidad financiera concede un préstamo tiene que calcular el coste para el banco, un coste al que ahora tiene que sumar ese dinero que tendrá que tener reservado en forma de provisión y que drenará parte de las ganancias que conlleva la venta de este producto financiero.

Este coste, o precio, se calcula con la diferencia entre el tipo de interés oficial y el que se aplica al préstamo más una prima de riesgo, es decir, el coste para el banco de dar el crédito. Los bancos pueden dar préstamos a pérdidas como gancho para atraer a clientes, pero entonces deben dejar estos créditos marcados en su contabilidad.

Fuentes del Banco de España reconocen que el ritmo de concesión de nuevos créditos sigue siendo muy débil pero también apuntan al proceso de recuperación económica como principal culpable. La burbuja crediticia de 2010 estalló precisamente por un grado de endeudamiento muy elevado que la economía ha tratado de corregir, un proceso totalmente contrario a la venta de préstamos.

Por eso, tras el saneamiento y estabilización de la crisis, las entidades financieras se encuentran cada vez con mayores dificultades para hacer su negocio tradicional (dar préstamos) de forma rentable. Los mínimos tipos de interés y la atonía de los salarios tampoco facilitan a los bancos ganar dinero por los canales tradicionales.

El paro y la afiliación son, junto con la venta de coches, los primeros datos económicos cerrados del mes de noviembre con los que poder hacer ya cábalas sobre el impacto de la incertidumbre catalana. La evolución del empleo en octubre aventuró el daño del procés en el mercado de trabajo pero ya en noviembre los datos no se expresan con la rotundidad que algunos los interpretan.

Dentro de los dos elementos conocidos noviembre, paro y altas en la Seguridad Social, esta segunda es la que ayuda en mejor medida a leer la marcha de la economía. El paro registrado es clave, pero cuenta con muchas distorsiones que llaman a tomar los datos con prudencia y la estadística que sí es referencia es la de la tasa de paro de la EPA, que es trimestral y no conoceremos hasta 2018.

Pero la afiliación nos habla del dinamismo de la economía, española y catalana, y de su afectación por la política. Así, vemos que en noviembre la afiliación bajó algo más que en el resto de España pero tanto el dato medio de todo el país como el de Catalunya son muy livianos: en España las afiliaciones cayeron un 0,07% y en Catalunya un 0,12%. En octubre las tendencia contraria en Catalunya fue mucho más clara, con una subida media (siempre hablando en términos intermensuales) en el conjunto de España del 0,5% mientras que en la autonomía no se creó empleo.

Variación media mensual de afiliados a la Seguridad Social en Catalunya y a nivel nacional

Desde noviembre de 2012 hasta la actualidad

Fuente: Ministerio de Empleo

Catalunya sigue siendo la comunidad autónoma con más afiliados de España, así que cualquier fluctuación tiene un impacto para el conjunto total. Sin embargo, ha sido Islas Baleares la que ha lastrado la marcha de los cotizantes en noviembre, ya que la comunidad registró una caída media del 15%, casi 79.000 empleados. El excepcional verano también ha provocado una excepcional pérdida de afiliación en noviembre, mes en el que tradicionalmente acaba la temporada en el Mediterráneo. 

Por provincias, la afiliación tampoco ha ido igual. La que más ha caído es la de Girona, con una pérdida de empleo del 2,32% y Tarragona con una pérdida del 1,4%. Sin embargo, en la provincia de Barcelona se ha creado empleo, un 0,32% con casi 9.200 puestos de trabajo nuevos. La comparación de estos datos por provincias con los de 2016 nos habla de una cifra muy similar. En conjunto la CCAA de Catalunya no creó ni destruyó empleo en noviembre de 2016, pero por el diferente comportamiento de sus provincias. Barcelona fue un poco más dinámica el año pasado creando empleo (con una mejora del 0,52%), pero Lleida destruyó más y el resto prácticamente igual. En definitiva, la ralentización de la creación de empleo en la provincia de Barcelona es lo que explica que el resultado global haya sido este año algo peor que la evolución del anterior.

En Castilla y León, Cantabria y Extremadura los datos de afiliación también han sido peores que en Catalunya, pese a ser comunidades con mucha menor exposición al turismo.

Para el catedrático emérito de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Oliver, los datos que dan la medida de la afectación del empleo serían la media del mes de octubre y de noviembre. Oliver cree que aún es pronto para saber las consecuencias de la fuga de empresas de Catalunya, el dato más visible del procés. “No se puede saber si es una catástrofe o lo contrario; además no tenemos datos de una experiencia previa que nos permitan predecir el efecto”, explica este economista. Para Oliver, el impacto, “no es menor y hay una clara evidencia” pero si las elecciones del 21-D despejan varias incógnitas se podrá diluir durante la primavera del próximo ejercicio. Tampoco se puede olvidar que este frenazo en Catalunya tiene lugar en un momento de intensa desaceleración de la economía española.

Por ahora, los datos de comercio minorista y turismo de octubre, nos hablan de que a Catalunya le ha ido peor que a la media pero con una cifras lejos del catastrofismo inicial en el que en el sector se hablaba de caídas de ventas próximas al 30%. El otro dato nuevo que se conoce ya de noviembre, el de matriculaciones, también indica que la influencia del procés no es clara ya que la venta de coches subió más de un 7%.

En general, las previsiones de los analistas, como por ejemplo la Airef (la Autoridad de Vigilancia Independiente), hablan de una economía que languidece pero crece. La Airef prevé que el crecimiento en el último trimestre del año de la región sea del 0,5%, frente al 0,9% estimado antes de ver los efectos del procés. Esto supone una pérdida para la economía catalana de 2.000 millones de euros que podría haber crecido (siempre según estas estimaciones) y que ya no crecerá.