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El Congreso abre la puerta a reformar la regla de gasto para los ayuntamientos

La proposición de ley de Unidos Podemos sale adelante con el apoyo de PSOE, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís y Bildu, y los votos en contra de PP y Ciudadanos

Pablo Iglesias ha pedido que la mayoría absoluta que este miércoles se ha visto en el Parlamento se traslade a una moción de censura contra Rajoy

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso en una imagen de archivo. EFE

El Congreso ha abierto la puerta a reformar la regla de gasto, la norma que permite al Gobierno central intervenir las cuentas de los ayuntamientos que no se ajustan a sus directrices aunque tengan una economía saneada. Una mayoría de los diputados ha aprobado admitir a trámite una proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú-En Marea para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2012. Al grupo de Pablo Iglesias se han sumado el PSOE, ERC, el PNV, el PDeCAT, Compromís y Bildu, mientras el PP, sus aliados regionales y Ciudadanos se han posicionado en contra.

En la votación han participado 340 diputados. 177 han votado a favor y 163 en contra.

La votación estaba cantada desde el debate de este martes, cuando la mayoría de la Cámara Baja apostó por relajar la norma de la regla de gasto. El PSOE y el PNV advirtieron, eso sí, de que  plantearán enmiendas en el largo camino parlamentario que tiene ahora por delante la proposición.

Un camino que el PP y el Gobierno ya han advertido que tienen intención de impedir. El Ejecutivo de  Mariano Rajoy intentó vetar la simple admisión a trámite de la proposición de Unidos Podemos. Su intención de impedir siquiera el debate parlamentario se topó con sus propios errores: el escrito de veto llegó cuatro minutos tarde al registro del Congreso. 

Durante el debate parlamentario de este martes Iglesias calificó la situación de "oportunidad histórica" porque, a diferencia de otras iniciativas, si la proposición sale adelante supondrá "una orden al Gobierno" ya que modificará el propio texto de la ley.

El Gobierno ya indicó cuando presentó su fallido veto que si esta proposición salía adelante perdería el superávit de los ayuntamientos, que en 2016 fue de 6.847 millones y que tendrían que ser ajustados en los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, Montoro cuenta con ese dinero para reducir su propio déficit y cumplir así con los ajustes marcados desde la UE.

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