El pasado mes de octubre entró en vigor la Ley de Memoria Democrática, y una de las sus medidas más celebradas en los países receptores de la inmigración española de la Guerra Civil y posguerra fue la nueva triple puerta de acceso a la nacionalidad española que se abrió por un periodo de dos años, hasta octubre de 2024. Por un lado, para descendientes de exiliados hasta segundo grado, incluyendo a nietos, pero también para quienes hubieran salido de España por otros motivos (como puede ser la búsqueda de prosperidad económica), entre 1936 y 1955; en segundo lugar, para aquellas hijas e hijos nacidos fuera de España de madres que perdieron su nacionalidad española por haberse casado con un extranjero antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978; y, finalmente, para descendientes mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad de acuerdo a la norma anterior, la derogada Ley de Memoria Histórica en 2007. 

Este triple acceso se frenaría en seco en el caso de que el Partido Popular ganase las próximas elecciones generales el 23 de julio, ya que la norma de octubre sería derogada por el nuevo gobierno, tal y como ha reiterado el candidato Alberto Núñez Feijóo esta misma semana en una entrevista en Onda Cero.

Las primeras estimaciones del Ministerio de la Presidencia, proponente de la Ley, cifraban en 350.000 las potenciales personas beneficiarias de estas medidas. Seis meses después, hasta el 31 de marzo de 2023, se habían aprobado en las oficinas consulares en total 26.477 solicitudes de adquisición de la nacionalidad española al amparo de la nueva Ley, mayoritariamente en Argentina, México y Cuba. 

La respuesta de los diferentes consulados al momento de recibir peticiones  de acuerdo a esta triple posibilidad no está siendo igual en todos los lugares. A la inicial esperanza de miles de descendientes de emigrantes, en algunos países se están dando casos de retraso en las tramitaciones, silencio administrativo o, incluso, denegaciones basadas en interpretaciones contrarias a la norma que comienzan a generar desconfianza y decepción en las familias.

elDiario.es ha podido hablar con varios solicitantes en distintos países. Remiten falta de recursos humanos, de organización y también de actitud contraria a la aplicación de la nueva normativa. Los nombres han sido cambiados o reducidos a iniciales a petición de las personas entrevistadas, siendo un pensamiento común el “miedo a que se retrase aún más mi petición de nacionalidad si se publica mi nombre”.

“A finales de mayo ya se habrán cumplido seis meses y no tengo información sobre mi trámite”, remite Antonio, hijo de un exiliado de la posguerra, desde México. Explica así la falta de respuesta desde la oficina consular de Monterrey a la solicitud que comenzó a cursar en noviembre, recién entrada en vigor la Ley. Fue de los primeros: “Me dijeron que posiblemente para marzo o abril estaría listo mi trámite por ser el más sencillo como hijo de español, no nieto, pero no me están respondiendo los mails”.

Opina que lejos de ser un tema de falta de personal, “acaba siendo un tema de pésima atención al ciudadano. Pareciera que te están haciendo un favor con algún trámite, cuando en realidad es un servicio al ciudadano”. Le angustia pensar que pasen los meses y se cumpla el plazo de dos años abierto por el Gobierno español para estas nacionalizaciones de hijos y nietos de emigrantes sin que consiga su pasaporte. 

En Sao Paolo, Brasil, sí están respondiendo, escudándose eso sí, en la falta de personal. En una respuesta fechada hace escasos días, con firma del consulado general de esta ciudad, se confirma que desde el 13 de diciembre no se están adjudicando credenciales para las nuevas solicitudes de nacionalidad que llegan. “Mientras se mantenga la actual fuerza laboral de este consulado general, (la espera) superará varios meses y quizás años” se puede leer en el correo electrónico.

A continuación se transmite al ciudadano una queja que parece destinada a instancias superiores. “Mientras algunos consulados han obtenido autorización para contratar con carácter temporal varias decenas de trabajadores, este consulado ha debido hacer frente al incremento de trabajo con cuatro bajas en su plantilla” y se añade que “dentro de menos de un mes, una nueva baja voluntaria volverá a dejar al consulado en una situación crítica”.

Descendientes de emigrantes brasileños están localizando estos días a autoridades españolas del Ministerio de Exteriores en sus redes sociales, solicitando su amparo. P.B, bisnieto de gallegos y andaluces y que está intentando tramitar la nacionalidad de su padre, ha conseguido que le respondan desde Twitter y tras varios intentos ha recibido un escueto “estamos en ello. Gracias por tu mensaje”.

En Mendoza, en la región de Cuyo en Argentina, la oficina consular española solo da seis citas al día para rectificar errores. En los papeles de Sagrario, al apellido de su abuelo paterno español le sobraba una letra o en los documentos argentinos que hace que no coincidieran con los documentos españoles, y tuvo que hacer hace poco noche en la puerta junto con otras cincuenta personas, para ser una de las seis personas agraciadas y solucionarlo. A su madre de 82 años le faltan también papeles, pero no quiso llevársela esa noche. Pasó miedo, tuvieron que llamar en la madrugada a la policía, hacían guardias para no dormirse. 

“Fue totalmente desmoralizante, pasar toda la noche, entregar los papeles, que vean que a la partida de nacimiento que había salido de España no le habían puesto la fecha. Volví a casa devastada, llorando del cansancio”, explica. Ha conseguido que vuelvan a enviar la partida directamente desde España al consulado y que no tenga que volver a pernoctar en la puerta.  “Realmente esto te tira abajo. Pienso, ¿cuánta gente dejará así de insistir, de pedir por su derecho? Es una pena.”

El Ministerio de Hacienda autorizó a finales de abril la contratación de hasta 460 efectivos en consulados y embajadas españolas que responderán a las necesidades de refuerzo para gestionar esta derivada de la Ley de Memoria Democrática, así como la tramitación del voto exterior para las elecciones autonómicas y generales de este año 2023. De ellos, de momento se han incorporado 150 funcionarios y funcionarias en varias embajadas del continente americano, incluyendo Estados Unidos y Canadá. 

Esta situación no se da de forma generalizada. “Se está actuando muy bien, por ejemplo, en Buenos Aires y Rosario en Argentina; Montevideo en Uruguay, en Caracas (Venezuela) y en La Habana (Cuba)” explica al teléfono Juan Manuel de Hoz desde el Centro de Descendientes Españoles Unidos, Ce.DEU, asociación que negoció activamente en la elaboración del texto final que amplía las posibilidades de nacionalización en la norma aprobada en noviembre, que se conoce en Latinoamérica como la Ley de Nietos. Han detectado errores en Santiago de Chile, Mendoza y Monterrey en México, Salvador de Bahía y Río de Janeiro en Brasil y, fuera de Latinoamérica, en Montreal (Canadá) y Amsterdam (Países Bajos).  

Tres ministerios han sido consultados para recabar la valoración sobre qué puede estar pasando: Exteriores, Justicia y Presidencia, de donde cuelga la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Ninguno ha emitido ningún tipo de juicio sobre la situación. De Hoz, por su parte, lo atribuye a posible falta de conocimiento de parte del cuerpo funcionarial que ocupan puestos jerárquicos,  falta de lectura de las instrucciones o incluso de coordinación interministerial entre Exteriores, de quien depende el personal diplomático, y Justicia, encargada de emitir la instrucción que explica los pasos a seguir en la tramitación de todos los supuestos. Caso aparte son las graves irregularidades de interpretación de la norma que han detectado en Montreal, en Canadá, y que atribuye a “una cuestión de índole ideológica contraria a la aplicación de la ley o instrucción”. 

¿Español? El que nace en España 

“Se entiende que tanto la Ley 20/2022 como la interpretación más acorde con la verdadera voluntad del legislador y del espíritu de la ley, es refundar los dos supuestos distintos de opción que se refieren en todo momento a situaciones de expatriación o de exilio, es decir, de personas originariamente españolas, entendiendo como tales las nacidas en España”. El párrafo anterior es un extracto de la resolución negativa de petición de nacionalidad española al amparo de la nueva ley firmada por el cónsul de Montreal Ernesto de Zulueta Habsburgo-Lorena el pasado 18 de mayo. En él, se reduce la condición de “personas originariamente españolas” a las nacidas en España, lo que contraviene directamente el artículo 17 del  Código Civil, en el que se define claramente que españoles de origen son los nacidos de padre o madre española, sin necesidad de que el nacimiento sea en territorio nacional. De ser asumible la argumentación del diplomático, él mismo, nacido en Nueva York en 1961 no podría contar con pasaporte español, ni tampoco, por citar un ejemplo conocido, el rey emérito Juan Carlos, nacido en Roma en 1938.

Desde el Ministerio de Exteriores no han querido entrar a valorar este escrito, y se limitan a remitir al derecho de recurso ante el Ministerio de Justicia, responsable de la aplicación de la normativa del registro civil.

“La instrucción de Justicia sobre la aplicación de la Ley no obliga  a que se haya nacido en España para ser víctima de expatriación”, explica Juan de la Hoz. “Simplemente ser hijo o nieto de alguien originariamente español”. Este texto ha motivado una carta de queja enviada desde la asociación Ce.DEU al ministro de exteriores José Manuel Albares. “No es posible consentir ni tolerar semejantes excesos que cruzan y vulneran la delgada línea de la legalidad por parte de un funcionario jerárquico del servicio exterior de España”, reza la carta. Han recibido respuestas informales del entorno del ministro y del partido socialista asegurando que “estaban en ello”. 

No es el único caso del consulado de Montreal. Daniel acaba de recibir el mismo tipo de respuesta desde el consulado, reinterpretando los supuestos de la ley. “No quieren reconocer la nacionalidad española de mi abuela por haber nacido en Argelia, cuando sus dos padres eran españoles”, explica en conversación desde Canadá. Ha aportado el certificado de nacimiento español de sus bisabuelos siguiendo la normativa, pero no ha servido. “Entendemos que su abuela no nació en España, por lo que no respondería a los requisitos exigidos por la Ley de Memoria Democrática”, le contestaron en un email, añadiendo que, por tanto, “su abuela no habría perdido la nacionalidad española como consecuencia de haber padecido exilio”. De nuevo, ni la Ley ni su posterior instrucción de aplicación exigen primero, que los antepasados hayan nacido en España, sino que sean españoles, ni que hayan sufrido exilio o expatriación.  

En el caso de Daniel, se da la circunstancia de que su hermana desde París y con la misma documentación sí ha conseguido tramitar su solicitud de nacionalidad, y que haya sido aceptada con los mismos papeles que a él en Montreal le han rechazado. Ambos ya cuentan con pasaporte europeo, ya que poseen la  nacionalidad francesa por parte de madre, por lo que añade, “no es cuestión de que yo necesite nacionalidad española, pero tengo derecho de tenerla, es la historia de mi familia. Quiero mi derecho de ser español porque me siento así también”. Recuerda a su padre y abuelo que “no pudieron tener la nacionalidad nunca. Es un derecho, mi derecho”.

Hace casi seis años que la familia de Beatriz la enterró, tras el accidente de tráfico que le costó la vida. Con su historial médico de lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea no pudo afrontar la recuperación de las lesiones. Unos años antes, en 2013, la joven pasó por un calvario debido a un embarazo que con su historial de enfermedades ponía en claro riesgo su vida. La joven vivía en extrema pobreza en el municipio de Jiquilisco, en El Salvador. Junto a su familia y asistida por varias entidades feministas, solicitó poner fin al embarazo pero no pudo hacerlo, por las duras restricciones del país en cuanto al aborto.

El actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha calificado públicamente el aborto como un genocidio, en un país en el que a las mujeres que sufren abortos espontáneos se las interroga en el mismo centro médico, para después juzgarlas y condenarlas con penas que pueden llegar a los 50 años de cárcel de acuerdo a su código penal. Desde 1998, la interrupción del embarazo está penalizada  en todos sus supuestos en El Salvador, en uno de los países con los derechos reproductivos de la mujer más restrictivos. 

Beatriz, cuyo nombre real se decidió proteger en el proceso judicial, se supo embarazada por segunda vez en febrero de 2013, habiendo sido madre el año anterior de un niño que necesitó pasar por incubadora tras las complicaciones de una gestación que terminó en preeclampsia. Tras el parto, los médicos le recomendaron no volver a tener hijos por el grave peligro que corría su vida. Decidió no esterilizarse y unos meses después, a los veintiún años y enferma, quedó embarazada de nuevo.

En esta ocasión y con pocas semanas de gestación, solicitó a las autoridades que se le practicase un aborto terapéutico debido al riesgo para su vida y tras saber que el feto sufría de malformaciones congénitas y carecía de cerebro, lo que hacía inviable su supervivencia fuera del útero. Comenzó entonces un periplo judicial frente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema salvadoreña que determinó tres meses después, en mayo, que no existía grave peligro y que los derechos a la vida y a la salud de Beatriz no se estaban vulnerando. El 3 de junio de 2013, en la semana 19 de gestación, a Beatriz se le practicó una cesárea en la que alumbró a un feto anencefálico que falleció cinco horas después, como ya se sabía que ocurriría.

Años después de su fallecimiento, la historia de Beatriz ha llegado esta semana a la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, el órgano judicial autónomo de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que dirime las vulneraciones de los países con respecto a los derechos de sus ciudadanos. El caso de “Beatriz contra El Salvador” ha sido sometido estos días 21 y 22 de marzo a audiencia pública.  A lo largo de dos jornadas,  un tribunal internacional compuesto por jueces de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay han escuchado 42 declaraciones de familiares y el cuerpo médico que atendieron a Beatriz, junto a peritos de la causa y también del gobierno del país denunciado. La lista de comparecientes incluye al viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud y a un secretario de la Presidencia salvadoreños. 

Durante el primer día se ha recordado en sede judicial y en la voz de Isabel Sierra, una de las peritas, lo indicado por la Organización Mundial de la Salud: “en relación con la atención del aborto como servicio médico, la OMS recomienda la despenalización. En el caso que se considere una reforma gradual, recomienda que se tenga en cuenta el riesgo para la salud”. Este mismo mes de marzo la Organización ha lanzado nuevas directrices para los países, enfocadas a proteger la salud reproductiva de mujeres y niñas, y ha cuantificado en 25 millones los abortos no seguros en el mundo.  

Mientras, en las puertas de la sede del tribunal en San José de Costa Rica, y  acompañando al desarrollo de las sesiones, varias organizaciones ciudadanas han exigido la reparación. Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, reclamaba ante las cámaras de la CNN  “justicia para ella y para toda la región. Estamos aquí para acuerpar a la familia de Beatriz, a la que se torturó. Nos queremos vivas, y que esta historia no se repita”. Esta entidad ha podido documentar a través de una investigación en juzgados salvadoreños que, durante el periodo 2000-2019, hasta 181 mujeres fueron procesadas por aborto o por homicidio agravado, en casos donde se dio la muerte del feto en los últimos meses de gestación, incluso de forma espontánea. Humberto, el hermano de la joven,  y en una rueda de prensa convocada al inicio de las audiencias, declaró que “nosotros como familia vamos a seguir hasta que se haga justicia a mi hermana para que ninguna mujer vuelva a pasar por lo que mi hermana tuvo que pasar.”

A partir de ahora la Corte deliberará y emitirá su sentencia, tras analizar lo escuchado, lo que puede demorarse varios meses.  El caso de Beatriz es el primero en el que la CIDH se pronunciará sobre aborto.

Podrá dictaminar medidas de reparación que son de obligado cumplimiento para los países que la han ratificado (El Salvador lo hizo en 1995). Ajeno a la jurisprudencia internacional, el presidente de la  asamblea legislativa salvadoreña Ernesto Castro, del partido Nuevas Ideas de Bukele,  declaró en su cuenta de Twitter en la noche del miércoles que “mientras Nuevas Ideas sea mayoría en la Asamblea Legislativa, no existe ni la más mínima posibilidad de que el aborto se legalice en El Salvador. Defendemos la vida por sobre todas las cosas”.

Junto a  Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto en El Salvador, otras entidades llevan años apoyando a la familia de Beatriz: el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, La Colectiva Feminista e IPAS Latinoamérica y El Caribe, y otras 44 organizaciones internacionales les han mostrado su apoyo a lo largo de estos años, desde Amnistía Internacional a organizaciones de corte religioso como Católicas por el Derecho a Decidir (México), Red Católicas de América Latina y El Caribe, Entrepueblos, Mugarik Gabe o Euskal Fondoa desde España.

Los derechos reproductivos en el mundo

El Salvador es uno de los 24 países en los que el aborto está prohibido en cualquier caso, incluyendo si existe riesgo para la vida de la mujer. En Latinoamérica le acompañan en esta dura reglamentación Nicaragua, Honduras, Haití, República Dominicana y Surinam. Otros países son Egipto, Irak, Mauritania, Senegal, Sierra Leona, el Congo, Madagascar, Laos y Filipinas, según lo documentado por la organización Center for Reproductive Rights.

Para esta entidad de derechos humanos y de acuerdo a sus estadísticas, sumando las legislaciones que prohíben el aborto bajo cualquier supuesto a las que solo lo permiten si hay riesgo mortal para la mujer u otras situaciones de riesgo de la salud de la gestante, cuatro de cada diez mujeres en el mundo vivirían con sus derechos reproductivos vulnerados en su propio país.  Más o menos es la misma proporción (3,6 de cada diez) de mujeres que pueden interrumpir su embarazo en las primeras semanas de gestación sin tener que alegar ningún motivo. En este grupo están las españolas, acompañadas por países que han desarrollado recientemente legislaciones aperturistas como son Argentina, Colombia y México  junto a la mayoría de países del continente europeo.

Aunque no es así en toda Europa: desde 2020 y tras una sentencia que criminalizó el aborto en Polonia aún cuando exista una alta probabilidad de deterioro grave e irreversible del feto o de que nazca con una enfermedad grave o terminal, más de mil mujeres polacas han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para pedir  justicia. Actualmente, la interrupción del embarazo solo está permitida en este país en caso de violación, incesto o cuando la vida de la madre se encuentre en peligro. 

Las consecuencias de la revocación de la Ley Roe Vs Wade en EEUU

Uno de los países que ha sufrido movimientos de regresión en cuanto a los derechos reproductivos de las mujeres es Estados Unidos. En junio del pasado año, su Corte Suprema eliminó la garantía constitucional de acceso al aborto mediante la revocación de la Ley federal Roe vs. Wade que permitía desde 1973 a las mujeres interrumpir su embarazo en todo el territorio bajo varias condiciones. Desde entonces, queda en mano de los estados decidir unilateralmente y con su propia jurisprudencia, lo que hace que las mujeres tengan derechos distintos, muchas veces dependiendo de si viven a un lado u otro de una autopista que hace de frontera interestatal. 

En los últimos meses los estados han actuado y legislado de tal forma que hoy en doce de ellos el aborto está completamente prohibido, entre ellos Texas, donde recientemente un hombre ha demandado a tres mujeres acusándolas de “muerte por negligencia” por proporcionar la píldora abortiva a su mujer, medicación que acaba de ser prohibida en Wyoming. En otros como Oklahoma el Tribunal Supremo ha intervenido esta misma semana para asegurar el derecho al aborto cuando la salud de la madre esté en peligro. Estados Unidos es uno de los países que no ha ratificado ni  asumido la jurisprudencia de La Corte Interamericana, siendo este uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

“Queremos una reparación justa e integral”: esta es la frase que más repite Zenón Gallegos, pescador de 58 años de Chancay (Perú), uno de los departamentos afectados por el vertido de más de diez mil barriles de crudo al océano Pacífico en una operación de carga y descarga de un buque en la refinería La Pampilla, propiedad de Repsol, que responsabilizó al tsunami de Tonga del derrame –la filtración comenzó tras la erupción del volcán de Tonga–.

La tragedia ocurrió hace más de un año, el 15 de enero de 2022, y está en los tribunales peruanos. Aquel día, un buque que descargaba petróleo en la zona multiboyas de la refinería de Repsol se movió 50 metros, se rompieron las amarras y arrancó de cuajo toda la instalación submarina, a raíz de lo cual se produjo un derrame, en circunstancias de grandes corrientes después de la erupción del volcán en Tonga. 

Catorce meses después, el Gobierno aún no ha emitido informe oficial alguno en el que se dirima la afectación total y, por tanto, las responsabilidades, ya sean de las autoridades públicas, la empresa o el armador italiano del buque Mare Doricum, cuyo capitán, Giacomo Pisani, ya no está en el país.

La multinacional española ha asegurado a elDiario.es, sin embargo, que implementó el plan de contingencia y se hizo responsable de las actividades de limpieza. Repsol también afirma que ha destinado 300 millones en limpieza y compensaciones, y recuerda que hay varios procesos judiciales aún abiertos, en los que también pueden dirimirse responsabilidades del armador y de las autoridades, que tampoco avisaron del, según Repsol, “súbito y extraordinario” oleaje que se avecinaba.

Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay son los puertos que más han sufrido el impacto del combustible en sus aguas. Los cuatro quedan cerca de la capital del país, Lima. El más lejano está a tan solo 74 kilómetros, pero el Gobierno parece seguir atascado en una maraña de sanciones administrativas que no se evalúan ni fiscalizan.

La batalla legal no ha concluido y, mientras, el nuevo Gobierno surgido tras el autogolpe y destitución de Pedro Castillo tiene paralizada la gestión política de un desastre ecológico, medioambiental y económico que ha impactado en el día a día de 51.000 personas entre pescadores, comercio y turismo y sus familias. Muchos no han vuelto a trabajar en aquellas costas desde aquel fatídico jueves de enero del pasado año.

“Son 80 kilómetros de litoral y más de 15.000 hectáreas afectadas”, cuenta Zenón. Además de los efectos socioeconómicos, el desastre en 48 playas y dos áreas naturales ha alcanzado a más de 900 especies animales, algunas en peligro de extinción como la nutria marina o el pingüino de Humboldt.

Al lado de Zenón, Luis Antonio Díaz, pescador artesanal de Aucallama, explica cómo el ejército “solo estuvo la primera semana y se retiraron porque no había fondos”. Este graduado en Gastronomía de 24 años se indigna ante el argumento de que hay zonas inaccesibles para las tareas de limpieza. “Si no se pudiera, nosotros no bajaríamos, es ahí donde pescamos ¿Cómo es posible que una empresa con capacidad, tecnología e inversión no pueda?”.

Ambos representan a 19 asociaciones de trabajadoras y trabajadores del mar que suman unos mil afectados y concuerdan en que el Gobierno no está haciendo mucho por ellos, pero dirigen sus acusaciones principales hacia la petrolera. Por eso han venido a España, ayudados por la asociación española Entrepueblos y la entidad peruana CooperAcción, que protege y promociona los derechos humanos y medioambientales. Participan en la gira Ecologistas en Acción y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), que les están ayudando a mantener encuentros con varios representantes políticos del Congreso de los Diputados (ERC, EH Bildu, Unidas Podemos) y reuniones con equipos técnicos de los ministerios de Exteriores, Industria y Derechos Sociales. Desde el 14 de febrero hasta el 3 de marzo, han recorrido con una agenda repleta de encuentros y acciones Catalunya, València, Madrid, Euskadi y Galicia. 

Quieren que se garanticen sus derechos fundamentales y, además, esperan que tras su visita y su ronda de reuniones, “el Estado español deje de pronunciarse a través de informes de Repsol. ¿Por qué no usan la información del Perú que dice que aún hay impacto medioambiental?”.  

El Gobierno peruano, a través de su ministra de Medio Ambiente, Albina Ruiz, avisó de que “solo el Estado es el único que puede anunciar, a través de estudios, que todas las playas afectadas por el derrame de petróleo están libres de hidrocarburos”, y anunció nuevas monitorizaciones en 97 puntos tras encontrar en diez zonas inspeccionadas el pasado enero restos de petróleo. Desde España, Repsol afirma que “el mar y el fondo marino están limpios y la mayor parte de las playas en la zona están aptas para ser reabiertas y reactivar la actividad y que en ”el resto“ –los 97 puntos identificados por Perú–,  ”Repsol está trabajando para ejecutar planes adicionales de rehabilitación en el menor tiempo posible“.

Fanny Maribel Tamayo navega las costas mostrando los restos de petróleo que les impide salir a pescar

Desde Chancay, a más de 11 horas de vuelo y al teléfono, la armadora y pescadora Fanny Maribel Tamayo cuenta que aún hay crudo en el agua: “Cuando mueve el agua es horrible, sale como marrón en la orilla, se ve el petróleo que todavía levanta”. Explica cómo solía trabajar: “Yo bajaba a las tres o cuatro de la madrugada, cuando volvían los pescadores. Nos repartíamos todo para vender y traer comida a la casa. Yo soy armadora, eso significa que soy la propietaria de la chalana (barca a remo o motor) con la que salen los trabajadores. Entonces sonreíamos, ahora nos miramos las caras y se nos cae la lágrima, porque no hay nada en la orilla”. 

Hoy sobrevive lavando ropa que le encargan y lo que surja. “Voy a apañar fresa, ají, tomate… lo que sea”. Es viuda con dos hijos a su cargo. Cuando se le pregunta por ayudas del Gobierno, se lamenta: “El señor Castillo (en referencia al expresidente) vino acá a Chancay y dijo que nos iban a dar mil soles (unos 250 euros, siendo el sueldo medio del país unos 400 al mes), pero no nos dieron nada. Sí hemos recibido apoyo de otras identidades: arroz, aceite, pan. Dina Boluarte [quien asumió el poder en enero de este año] nos mandó solo frijoles. Sí lo recibimos para no quedar mal, pero no es suficiente”.

Durante meses las mujeres trabajadoras del mar, también las esposas de los pescadores y el resto de la comunidad, se han organizado en lo que han llamado olla común de forma reivindicativa, pero también de subsistencia ante la falta de recursos. Zahída Vanessa Salazar, compañera armadora del mismo distrito, cuenta: “Íbamos a los mercados a pedir que nos regalasen víveres y así cocinar y poder alimentarnos. Nunca pensé que llegaríamos a este extremo”.

Alejandro Chirinos, sociólogo y director de CooperAcción –entidad peruana que acompaña en la gira española a los dos representantes de los pescadores– insiste en que “son distritos con altos niveles de pobreza y estrechamente relacionados con el mar. Del 100% que pescan, el 60% lo venden; el 25% lo reservan para consumo familiar, y el 15% lo reparten en comunidad”. El sociólogo responsable de la entidad explica que estas comunidades tienen profundas raíces históricas. “Aquí está el origen de la civilización Caral, una de las más antiguas del planeta, previa a las andinas. Llevan miles de años subsistiendo a través de su relación con el mar y el pescado y Repsol les ha expulsado de su zona histórica de trabajo”. 

En todo el año no ha habido planes públicos de capacitación o reconversión en las zonas, ni ayudas públicas más allá de algunos envíos de alimentación de emergencia las primeras semanas, denuncian. En la actualidad, dos organismos públicos peruanos tienen abiertas hasta 13 causas administrativas contra Repsol relacionadas con falsedad o retraso en la documentación aportada, incumplimientos en identificaciones y limpieza de zonas, e interferencias en la actuación fiscal. 

La empresa está cerrando con las familias acuerdos de compensación. De momento, lleva cerrados 8.700 (un 85% del total de los afectados censados). La cuantía depende del tipo de actividad del afectado.

Los acuerdos están siendo previos al informe final, que está por llegar –y las sentencias judiciales–, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, el Osinegrim, y que se esperaba estuviera terminado hace meses. Este texto del organismo determinará responsabilidades, y calculará el coste de daños económicos, sociales y ambientales, independientemente de lo que terminen dirimiendo los tribunales peruanos. “Será la base para plantear demandas penales por daños y perjuicios”, añade el sociólogo.

Desde su domicilio, Zahída Vanesa envía un mensaje que atraviesa otro océano, el Atlántico: “Necesitamos el apoyo de ustedes, de España, para poder ser escuchados. Queremos nuestro mar limpio sin petróleo, queremos trabajar. Estamos reclamando lo que creemos justo, Repsol nos ha dañado nuestro único lugar de trabajo”.

Cuando ya son más de 21.000 las víctimas civiles en las zonas que ha conseguido monitorizar la ONU desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, cualquier paz negociada parece muy lejana. En el primer aniversario del estallido de la guerra, elDiario.es ha consultado con varias voces expertas en geopolítica de la paz cómo suelen resolverse los conflictos y sus posibilidades de aplicación en el caso de Ucrania.

Empezando por el principio, a grandes rasgos, ¿cómo acaba una guerra? “Principalmente hay dos opciones: por un lado, las guerras acaban con una 'paz de los victoriosos' que significa que uno de los dos bandos derrota militarmente al otro e impone los términos de la paz. Esto fue así, por ejemplo, en las dos guerras mundiales o en la guerra civil española”, dice Pol Bargués, investigador principal del think tank CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs).

Sin embargo, explica que en la actualidad son más habituales los finales negociados –por ejemplo, un alto al fuego o un acuerdo político–, “en parte, por la internacionalización de los conflictos e incidencia de organismos internacionales como la ONU u otras potencias, que pueden ejercer presión para que se negocie el fin de la guerra”.

En ocasiones, esas negociaciones tienen fases exploratorias y no públicas. Ana Villellas, investigadora de la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona, no hace conjeturas sobre si actualmente se están llevando a cabo conversaciones secretas, pero coincide en que habitualmente toman un papel relevante las terceras partes. Cita como ejemplo el alto al fuego parcial entre Armenia y Azerbaiyán en 2020, en el que el papel mediador externo fue ejercido por Rusia, precisamente.

“Desgraciadamente, en muchos conflictos armados se llega a la fase de negociación cuando el coste de la guerra (económico, humano) deviene imposible para las dos partes”, dice Jordi Armadans, analista sobre paz y conflictos que ha dirigido la fundación FundiPau durante 25 años. Se pregunta si, tras el enquistamiento de los enfrentamientos el pacto parece la única salida, “por qué no avanzar y promoverla antes”.

En la búsqueda de aprendizajes previos, Villellas rememora el caso de Sri Lanka como ejemplo de “no dejar ninguna vía sin explorar para que las negociaciones lleguen a buen término y que no se reanude la violencia”. En esta isla del Índico, alejada de la atención de Occidente, se libró una cruenta guerra civil durante 26 años en los que durante solo dos intentó mediar India, que retiró sus fuerzas en 1990. El balance de víctimas mortales se ha cifrado en más de 100.000 personas y años después, han llegado acusaciones internacionales de crímenes de guerra hacia las dos partes de la contienda.

“Tanto ucranianos como rusos piensan hoy que pueden ganar esta guerra militarmente y por lo tanto la guerra se alarga y las negociaciones de paz se hacen inimaginables”, dice Bargués, que resume así la posición actual de ambos bandos. “También la UE y la OTAN están convencidos de que Ucrania puede vencer militarmente a Rusia”.

El académico explica que Estados Unidos y Europa no son neutrales, y, a la hora de plantear esfuerzos diplomáticos no tienen ningún poder posible sobre Rusia. “Podrían, eso sí, ejercer influencia sobre Ucrania para que opte por el diálogo, pero posiblemente esto implicaría concesiones territoriales a Rusia”. Sin embargo, en su plan de 10 puntos, Kiev exige actualmente a Moscú que “restaure la integridad territorial” de Ucrania y retire todas sus fuerzas armadas del país.

Armadans sostiene que es “obvio y evidente” que se ha hecho poco esfuerzo diplomático hasta ahora. Aclara que nadie puede asegurar que más diplomacia habría llegado a buen puerto, pero, dice, “en muchos momentos, el diálogo casi ha sido descartado de antemano”. Sobre la negativa a negociar con tiranos o criminales de guerra responde: “Si eso fuera así la mayoría de acuerdos de paz no se habrían ni intentado, ni negociado, ni alcanzado. Y cuando se ha querido obviar esa evidencia para acordar acuerdos o pactos, se ha hecho. Sin ir más lejos, en esta misma guerra de Ucrania, a finales de 2022, Estados Unidos y Rusia negociaron un intercambio de prisioneros”. En diciembre, Moscú liberó a una jugadora de baloncesto norteamericana, Brittney Griner, y Washington a un antiguo y conocido traficante de armas, Viktor Bout. 

Cambio de posiciones

La mayoría de las negociaciones, indica Villellas, afrontan “numerosas dificultades, se alargan durante años, y a menudo afrontan fases de ruptura y bloqueos”. “Hay temas complejos de negociar, como disputas territoriales”, dice la investigadora. “Otras dificultades son la desconfianza entre las partes, la instrumentalización de las negociaciones, el incumplimiento de acuerdos o la gestión de facciones disidentes, entre otras muchas. En la mayoría de negociaciones, suele haber actores mediadores o facilitadores, que acompañan la interlocución entre los actores en conflicto”.

Las voces consultadas recuerdan que ya ha habido intentos de sentarse a la mesa negociadora en relación con la actual ofensiva rusa. Bargués recuerda que antes del 24 de febrero de 2022, el presidente francés, Emmanuel Macron, viajó a Moscú para mediar, convencer a Putin y frenar la escalada. “Fue imposible ante su deriva nacionalista y lunática, al mismo tiempo que evidenció que la prevención de conflictos es una tarea más de fondo”, dice el investigador, que señala que Francia “tradicionalmente ha sido de la opinión de que Europa debería haber integrado a Rusia, en vez de optar por una versión atlantista que la ve como una amenaza”. Una vez ya consumada la invasión del territorio ucraniano, Kiev y Moscú mantuvieron conversaciones, primero en Bielorrusia a finales de febrero del 2022, y posteriormente en marzo bajo supervisión de Turquía, pero no consiguieron consensuar acercamiento alguno.

Para la investigadora de la Escola de Cultura de Pau, ha habido una evolución en los posicionamientos de los dos países enfrentados desde el comienzo de los ataques rusos. Además de cuestionar Ucrania como Estado soberano y de considerar al Donbás como territorio irrenunciable, explica, “Rusia ha dado pasos que alejan la solución, como su anexión de cuatro regiones y su exigencia de reconocimiento de esa situación, y parece decidida a continuar con una guerra que concibe como existencial”. Por su parte, en Ucrania “ha habido un desplazamiento desde posiciones iniciales –neutralidad respecto a la OTAN, postergar la cuestión del Donbás y Crimea, retirada de tropas rusas al menos a las posiciones del 23 de febrero de 2022–, hacia posiciones hoy de entrada en la OTAN y retirada completa de tropas a las fronteras reconocidas internacionalmente”.

En esta situación, y aunque apuesta por intensificar los esfuerzos no militares, la experta cree que el diálogo es poco probable. Tampoco ve posible en estos momentos una repetición de los llamados Acuerdos de Minsk, con los que desde 2014 se intentó solucionar, por la vía de la negociación, el conflicto en el este de Ucrania con la mediación de los líderes de Francia y Alemania en el llamado Formato Normandía.

“Tarde o temprano debe conseguirse un acuerdo como el de Minsk, auspiciado por diferentes actores internacionales y que se vea como un compromiso entre Rusia y Ucrania y no como una imposición del uno al otro”, dice por su parte Pol Bargués. “Siempre habrá concesiones. Idealmente es importante que las partes no vean el acuerdo como una derrota, para evitar recelos o el afán de revisión en un futuro”.

Preguntada acerca de si hay algún modelo de resoluciones de conflictos pasados –como el caso de Corea del Sur, como han sugerido algunas voces– que pueda ser aplicable a Ucrania, Villellas responde que “cada modelo es específico, no aplicable directamente a otros casos” e insiste en que las partes en conflicto tendrán que “explorar, abordar y acordar opciones y acuerdos posibles que puedan ser aceptables, preferiblemente con apoyo de terceras partes”.

En referencia a esta figura externa de mediación, cita a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, la más antigua institución dedicada a la resolución de controversias internacionales, creada a finales del siglo XIX. Tanto Rusia como Ucrania la conocen bien, ya que la han utilizado anteriormente, en un caso de disputa relacionada con la detención de buques y personal naval ucraniano de 2019 que aún está pendiente de resolución. Solo en el siglo XXI, la Corte ha participado en 26 arbitrajes entre estados y fue clave, por ejemplo, en la resolución de las exigencias de fronteras entre Etiopía y Eritrea en los últimos años del siglo XX, que cerró dos años de conflicto bélico tras la invasión por parte de Eritrea en 1998 de un territorio que Etiopía consideraba propio.

Coincidiendo con el aniversario del comienzo de la guerra, China pidió el viernes un alto al fuego “integral” y llamó a reanudar las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, al presentar un documento de 12 puntos en el que refrenda la posición de Pekín. El primer punto reza: “La soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países deben ser defendidas de manera efectiva”. “China siempre se ha declarado como un actor neutral que apela a la moderación y a una salida negociada de la guerra. Con el plan de 'paz' ha reiterado su apuesta por la desescalada militar y nuclear y aprovechado para criticar a Occidente”, dice el investigador del CIDOB.

Una paz duradera

Tras analizar la situación, las voces consultadas por elDiario.es coinciden en que, en el primer aniversario de la guerra, la paz no asoma como un horizonte cercano, aunque debe seguir siendo anhelada. Según recuerdan, la construcción de la paz va más allá de las posibles mesas negociadoras.

“Hay que involucrar iniciativas en múltiples niveles por diferentes actores, locales e internacionales, a menudo con las poblaciones locales, que no deben excluir a las mujeres”, dice Villellas. Pol Bargués dice que, para 'sostener la paz', como se llama desde la ONU al proceso hacia una “paz duradera”, sería necesario que los dos países “retomaran cierta normalidad diplomática, cooperación entre instituciones y establecer relaciones, además de la reconciliación entre la sociedad civil y la paz social”.

El pasado jueves, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que subrayó la necesidad de alcanzar la paz, exigió que Rusia retire sus fuerzas militares y enfatizó la necesidad de garantizar la rendición de cuentas por los delitos cometidos en el territorio de Ucrania. Exhorta a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales a que “redoblen su apoyo a los esfuerzos diplomáticos encaminados a lograr una paz general, justa y duradera en Ucrania”.

El texto salió adelante con 141 votos a favor contra siete en contra (Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Malí, Nicaragua, Rusia y Siria), con 32 abstenciones, entre ellas las de China e India.

Ambos bandos han manifestado su voluntad de seguir luchando. Vladímir Putin afirmó la semana pasada en un discurso televisado que es “imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla”. “Resistimos. No fuimos derrotados. Y haremos todo lo posible para obtener la victoria este año”, dijo Volodímir Zelenski en el aniversario de la invasión. La OTAN acaba de autorizar el envío de más armamento de apoyo y la UE planifica comprar conjuntamente material bélico para cederlo a Ucrania, en los mismos días en que el primer mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, visitó Kiev por primera vez en la guerra y aseguró, en la vecina Polonia, que Ucrania “nunca será una victoria para Rusia”.

El número de víctimas de trata identificadas en el mundo ha bajado por primera vez en 20 años. El dato, aportado el Informe mundial sobre trata de personas del año 2022, podría ser alentador pero las organizaciones advierten de que, en realidad, la caída tiene más que ver con el descenso de la detección del delito tras la pandemia que con un retroceso real. El estudio, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, en sus cifras en inglés), también llama la atención sobre el volumen de menores tratados, que duplica el número de adultos explotados a nivel global.

La clave para entender la realidad de la foto global del análisis de la ONU es la detección: que se hayan identificado menos víctimas (un 11%) y se haya procesado a menos delincuentes (27% menos de condenas) no significa que el delito se haya reducido. El documento se ha elaborado con información de más de 450.000 víctimas, 300.000 presuntos delincuentes detectados en todo el mundo, y tras analizar 800 casos judiciales de 141 países. Entre ellos, España.

Para Rocío Mora, directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, APRAMP, las causas son anteriores a los efectos de la pandemia de la COVID-19. “No es que no estemos haciendo el esfuerzo de detectar, es que mafias y proxenetas se están reinventando. Es la prostitución 2.0.”, explica. “A muchas mujeres les han obligado a grabarse. Ahora es todo mucho más invisible”, aclara.

Las diferencias por regiones son sensibles. Las cifras de detección se desplomaron en países de rentas medias o bajas, especialmente en Asia Oriental y Pacífico (un 59%), seguidos del norte de África y Medio Oriente, (40%), un 36% en Centroamérica, un 32% en América del Sur y un 12% en el África Subsahariana. Sin embargo, en Europa y Norteamérica las cifras se elevaron con respecto a 2019. Este dato del informe coincide con la experiencia del Proyecto Esperanza Adoratrices, que actúa en la Comunidad de Madrid. Marta Gonzalez Manchón, su coordinadora, recuerda cómo “al ser calificados como servicios esenciales durante la cuarentena y las medidas posteriores, nosotras seguimos desarrollando nuestra actividad”. En 2020, por ejemplo, el año de más restricciones, detectaron 143 casos de trata solo en la región madrileña, más que el año anterior,  y su trabajo ha seguido evolucionando: en 2022 fueron 170 personas las que identificaron tras contactar con 369 posibles casos.

Aumento de víctimas menores en Europa

El informe de la UNODC, de acuerdo a las organizaciones consultadas, ilustra los cambios de la trata. Para la coordinadora del Proyecto Esperanza, “refleja su diversidad y la constante evolución del delito: no solo es trata internacional, se da también dentro de las propias fronteras, y no solo se vehicula a través del crimen organizado”.  Se destaca asimismo cómo en los últimos cinco años se han incrementado las formas de explotación más allá de la trata con fines sexuales, algo que sobre el terreno se comprueba cada día. “Nosotras llevamos años interviniendo con mujeres explotadas laboralmente”, apunta Rocío Mora desde APRAMP. “En zonas como los invernaderos en Almería, pero también en el servicio doméstico, hemos encontrado en los últimos años mucha explotación”, detalla.

El número de menores duplica al de adultos. No es una tendencia única de países en desarrollo: un 40% de las víctimas en Europa son niñas y niños, seis puntos más que hace dos años. Desde APRAMP reconocen esta realidad, especialmente en lo relativo a género, a niñas. “Nos hemos encontrado a menores compradas y vendidas para matrimonios forzados. Nos preocupa muchísimo que, en cualquier intervención a mujeres bajo explotación sexual, nos digan que comenzaron siendo menores de edad”, admite.

Falta de protección

No siempre la detección o identificación implica que la persona pase a ser protegida. Según el informe de Naciones Unidas, cuatro de cada diez personas bajo trata no fueron identificadas por las autoridades, sino que fueron ellas mismas las que se autorrescataron. “Esto no significa que una víctima denuncie, sino que ha escapado del tratante, que abandona su situación por su propios medios”, dice González Manchón. “Hay mucho desconocimiento de sus derechos y desconfianza hacia las autoridades”, asegura. 

No siempre las víctimas se autoidentifican como tal. “En el ámbito laboral, por ejemplo, se normaliza tal número de vulneración de derechos, que se dan casos de trabajos forzados y servidumbre sin que las mujeres tomen conciencia de su situación”, relata. Desde la entidad madrileña ven cómo la sociedad está más sensibilizada con los casos tipo de “mujer joven, extranjera y bajo explotación sexual” que con otros tipos de trata, como es el caso de los trabajos domésticos o los cuidados. Y de nuevo, falla la información. González Manchón cuenta que “no saben que en España, por ejemplo, tienen derecho a permiso de residencia y trabajo como víctimas de trata, les falta asistencia legal y no los piden”.

El delito de trata de personas persigue todas las formas de explotación a personas, desde la sexual y la laboral al tráfico de órganos, mendidicad o matrimonios forzados. “Hay que ir más allá de las inspecciones físicas”, reivindica Mora desde APRAMP, “la detección no solo se va a hacer a través de operaciones. La policía está ya teniendo su propia unidad de nuevas tecnologías, son ellos los que tienen que dar las pautas”, opina. 

España reduce la mirada a la trata sexual

El Balance estadístico de trata y explotación de seres humanos en España 2017-2021, publicado en agosto del pasado año por el Ministerio del Interior, habla de inspecciones administrativas, detenciones y víctimas detectadas, no diferenciando si las intervenciones han sido todas físicas o incluye la persecución del delito online. En cualquier caso, muestra cómo la actuación institucional en nuestro país no ha recuperado los niveles previos a la pandemia. En 2021 se habían reducido las inspecciones sobre trata con fines sexuales un 28%, identificando a 8.405 personas en situación de riesgo, un 44% menos que en 2019. Sobre trata de explotación laboral, sin embargo, los datos de trabajadores inspeccionados sí habían superado la cifra pre-pandemia, aumentando en un 15%, y hubo ocho detenciones por intento de matrimonios forzados. 

Actualmente, en el Gobierno está trabajando un borrador de Anteproyecto de Ley contra la Trata que no se sabe si dará tiempo a ser una realidad en esta legislatura que acaba a finales de año. “Si no llega, esperamos que sirva para avanzar”, reflexiona la representante de APRAMP, una de las entidades que ha realizado aportaciones al texto en las pasadas semanas. 

El informe no ha querido dejar de lado el contexto geopolítico y de emergencia climática actual, y señala como riesgo altos los conflictos y zonas en crisis: la mayoría de las víctimas de África y Oriente Medio son nacionales de países en guerra, y se señala el peligro de que ocurra lo mismo con la situación en Ucrania, referenciando que en 2016 se cuadruplicaron las víctimas ucranianas de trata detectadas tras la invasión de Crimea por Rusia dos años antes. Al mismo nivel de riesgo se señala el cambio climático como elevadores de vulnerabilidad y aumentando el peligro de la trata, recordando que en 2021, hubo 23.7 millones de personas desplazadas o emigradas por desastres naturales y pobreza provocados por las condiciones meteorológicas.

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb, conocida como el banco malo, mantiene en propiedad 45.618 viviendas en España que no ha vendido, junto a 21.693 obras en construcción en curso y 30.320 parcelas urbanizables, según datos de la propia sociedad a finales de abril.

Por comunidades autónomas, la región en la que la Sareb tiene más viviendas sin habitar es Catalunya, con 12.731 pisos, seguida de Comunitat Valenciana, con 8.532; Andalucía, con 4.124; y Murcia, con 3.434 unidades. En la parte baja están Navarra, con 49, y Euskadi, con 89 viviendas sin habitar.

Este patrimonio inmobiliario proviene de las entidades financieras que recibieron ayudas en 2012 y que soltaron así estos activos calificados como tóxicos para aligerar sus cuentas, junto con miles de millones de euros de deudas en préstamos, ambos paquetes como parte del rescate con cargo a gasto público tras la crisis hipotecaria de 2008. Tanto la creación del banco malo como su gestión han sido duramente criticadas en esta década de existencia. Principalmente por la acumulación de pérdidas año tras año.

El último balance, correspondiente a 2021, certifica como tales 1.626 millones de euros, un 51,5% más que en 2020. A pesar de lo elevado de la cifra, según sus cuentas, han desinvertido un 38% de activos, que es el término con el que se refiere el mundo financiero a las operaciones de ventas. En teoría, la sociedad sigue cumpliendo los objetivos de acuerdo a lo estipulado. Hasta ahora.

En enero de este año hubo un amago que parecía que cambiarían las cosas. Cuando el Gobierno anunció que se haría con más del 50% del accionariado de la Sareb por imposición de la UE, que obligó a España a asumir su deuda como pública, aprovechó para ampliar su objeto social, añadiendo negro sobre blanco la sostenibilidad y utilidad social en el mismo Real Decreto que posibilitó la operación. La sociedad “elaborará estrategias de cesión de inmuebles a entidades públicas o entidades no lucrativas, en las que ponderará la utilidad social de estos inmuebles dentro del objetivo de maximización del valor”, se puede leer en el texto.

Consultado el Ministerio de Asuntos Económicos sobre el aterrizaje de este replanteamiento, fuentes del mismo responden que “se incluye el impacto social como un elemento adicional en la gestión, compatible con su fin de venta de los inmuebles. Se reforzará la acción social, que por otra parte Sareb ya viene realizando en los últimos tiempos”.

Para los expertos consultados, es un lavado de cara o social washing. “Se podría intentar estirar la letra de esta nueva formulación para forzar políticamente”, explica Javier Rubio, abogado laboralista y experto en vulneración del derecho a la vivienda, desde el Centro de Asesoría y Estudios Sociales CAES, “pero jurídicamente no hay un porcentaje, no hay números, no hay indicadores a los que poder acogerse y que obliguen a ceder tanto patrimonio a vivienda social y, además, no queda establecido que vivienda social signifique esto o aquello, con límites de precios de alquileres, por ejemplo”.

Alejandro Inurrieta, doctor en Económicas y expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler, valora el añadido en el mismo sentido: “Lo único que cambia tiene más que ver con la responsabilidad social corporativa que con la operativa, que sigue siendo igual. La Sareb tiene un objetivo que es liquidar el patrimonio que tienen. Por necesidades del guion y la propia coyuntura cede algunas de sus viviendas, pero siempre bajo un contrato de alquiler como nos harían a cualquiera”.

Meses después no hay viviendas cedidas

Atendiendo al Real Decreto, una parte o todo el patrimonio inmobiliario de la sociedad podría pasar a incrementar el parque de vivienda pública de comunidades autónomas y otras instituciones con competencias en esta materia, sin embargo la nueva reglamentación tiene que ver más con la voluntad política que con la obligatoriedad legislativa. 

La propia entidad, fuera de la responsabilidad de narración política del equipo de gobierno, se limita a valorar técnicamente la situación, e interpreta que su cambio de objeto social no es tal, sino que  “se introduce el principio de sostenibilidad para que se puedan impulsar soluciones de vivienda social siguiendo los mejores estándares técnicos en la materia”, explican. Pone en valor, asimismo, que desde su creación en 2012 se han firmado convenios de cesión temporal de vivienda con más de medio centenar de comunidades autónomas y ayuntamientos, por un total de 3.200 viviendas para todo el Estado, de las 15.000 que han puesto a disposición de las administraciones públicas. Desde su creación, han vendido 118.500 inmuebles.

Desde otro sillón del Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana incluye una cita a la Sareb en su Plan  Estatal de Vivienda y Suelo 2022-2025, aprobado a principios de este año, insertando un programa de puesta a disposición, por un mínimo de cinco años, de viviendas de la sociedad y de entidades públicas para su alquiler como vivienda asequible o social. Esta opción está vigente, es decir, disponible, desde el 19 de enero, cuando el plan entró en vigor. Las beneficiarias pueden ser comunidades autónomas, entidades locales y otras entidades públicas o sin ánimo de lucro dedicadas al fomento de la vivienda asequible. 

El equipo de Raquel Sánchez, ministra del ramo, confirma a elDiario.es que más de tres meses después ninguna entidad, ayuntamiento o región ha aplicado esta medida, aunque, explican, “actualmente está en tramitación con las comunidades autónomas la suscripción de los distintos convenios de colaboración”. 

Mientras, el precio medio de los alquileres ha seguido subiendo. En Barcelona alcanzaba en abril los 1.285 euros de media; en Madrid, 1.362; 1.003 en Valencia; 1.319 euros en Illes Balears; 776 en Santa Cruz de Tenerife; parecido a los 723 en Zaragoza o los 713 euros en Melilla, por dar algunos ejemplos, según el portal Fotocasa, con una media interanual de ascenso en lo que va de año del 2,3% en marzo, de acuerdo al portal de la competencia, Idealista.

De las últimas cifras oficiales hechas públicas en el Observatorio de Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 2020, se sabe que la cifra de viviendas sociales en comparación con el total de hogares en España es de 2,5 viviendas por cada cien, igualándose con Bulgaria y por debajo de países como Hungría, Polonia, Eslovaquia o Eslovenia. Irlanda cuenta con tres veces más (9%), mientras que la vecina Francia maneja la cifra de 17 viviendas públicas por cada cien hogares, al igual que Reino Unido, por ejemplo. Frente a los países centroeuropeos y bálticos, el dato español se vuelve ya prácticamente inexistente: 19% en Noruega, un 21% en Dinamarca, 24% en Austria o 30 viviendas sociales por cada cien hogares en los Países Bajos.

Si se coteja el parque público de las comunidades autónomas con las listas de solicitudes de vivienda protegida en cada región, y a su vez ambas se enfrentan a la bolsa sin vender de la Sareb, hay resultados muy sorprendentes: en la Comunitat Valenciana, la segunda con más inmuebles residenciales de la entidad, con sus 8.532 pisos aún en posesión de la entidad daría para cubrir no solo el total de las solicitudes, sino para duplicarlas: la lista de de espera es de 4.382, tal y como ha confirmado recientemente el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, que lleva tiempo reclamando gestionar las viviendas de la Sareb, incorporándolas al parque público de la comunidad.

Illueca anunció una gira para convencer a otras regiones en este sentido, a fin de que reclamen al Gobierno un cambio de gestión. En su caso, se aumentaría un 61% el patrimonio regional de hacerse efectiva su demanda. Catalunya se ha unido a la petición, enviando su consellera de Drets Socials, Violant Cervera, una carta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana solicitando en el mismo sentido el cambio de titularidad y gestión basándose en el cambio de accionariado vía FROB. De ser así, el porcentaje de aumento del parque público regional llegaría hasta el 81%.

Galicia también pidió un “cambio de criterio” al Gobierno sobre la gestión de las 1.834 viviendas de la sociedad en la región, que ampliaría un 20% la bolsa de oferta pública y reduciría un 12% la lista de espera que publican en su portal. No hay más ejecutivos autonómicos que hayan trasladado esta petición al ejecutivo central, a pesar de que, por ejemplo, en Murcia los activos inmuebles incrementarían un 136% el parque de vivienda pública, se cuadruplicarían en Cantabria o cubrirían la totalidad de la demanda de alquiler social de emergencia de Aragón y más de la mitad en La Rioja, de acuerdo a la información aportada por sus departamentos de comunicación. A pesar de estos datos, los gobiernos regionales no están prestando demasiado interés al traspaso de la bolsa de vivienda en manos de la Sareb para apaciguar la carestía de oferta  pública.

Paralelamente, estos días se ha vuelto a ampliar el plazo de registro de enmiendas al borrador de Ley de Vivienda que se está tramitando desde febrero de 2021 en el Congreso de los Diputados, y que se ha estancado en las sucesivas prórrogas,  cincuenta y dos hasta ahora. Al cierre de este texto, y tras ser consultados los grupos parlamentarios, de acuerdo a sus respuestas únicamente Unidas Podemos, Compromís y Coalición Canaria habían registrado propuestas para que se incluya en el texto final que los inmuebles de la Sareb pasen, en tanto que son deuda del Estado, a ser patrimonio público de las instituciones con competencias en vivienda, las comunidades autónomas.

El rechazo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al anteproyecto de Ley Orgánica de Vivienda -los vocales van a elaborar un nuevo dictamen- ha removido las aguas de su tramitación. Esta Ley, que forma parte del acuerdo de coalición de Gobierno, lleva ya acumulados varios retrasos y enganchones entre los socios en el Ejecutivo (PSOE y Unidas Podemos) por lo lejos que ha de llegar la protección del derecho a una vivienda digna. Estos días se han unido para insistir en la necesidad de que el texto llegue al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación.

Sin embargo, hay otras críticas al anteproyecto que no están siendo tenidas en cuenta. España forma parte desde 1977 del grupo de los 144 países que han ratificado el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el PIDESC, tratado que forma parte de la Carta de las Naciones Unidas, Aquí llegan las turbulencias: el Comité DESC, el equipo de dieciocho expertos independientes que vigilan el cumplimento del mismo, ha manifestado al Ejecutivo la desprotección de la ciudadanía en lo relativo al derecho a la vivienda hasta en seis ocasiones, todas ellas referidas a casos en la Comunidad de Madrid, desde 2015. Tres de ellas en 2021, en plena redacción del anteproyecto de Ley de Vivienda. 

Como dato añadido, España es el único país firmante del Tratado que ha recibido dictámenes contrarios por su actuación en esta materia. En el último dictamen, emitido en noviembre del pasado año 2021, el Comité acoge con agrado la iniciativa para la adopción de una Ley sobre vivienda del Gobierno español, que “podrá contribuir”, según se lee en el texto, al seguimiento de varias recomendaciones para frenar los desalojos que afecten a personas sin recursos, y a garantizar “el derecho a la vivienda adecuada de personas con bajos ingresos”. En sentido negativo, se recrimina que en España no haya avanzado en relación con la denegación de vivienda social a las personas que ocupan sin título legal. Los expertos consideran que se han tomado algunas acciones iniciales, pero que “aún se necesitan otras acciones e informaciones en relación con las medidas adoptadas” para valorar levantar sus consideraciones negativas. Se ha dado noventa días al Estado español para solventar estas dudas, plazo que se cumplirá a finales de este mes de enero.

Para Marta Mendiola, de Amnistía Internacional, el anteproyecto de Ley de Vivienda “no estipula de qué forma el Estado va a implementar los dictámenes”. Considera que es necesario que se mejoren cuestiones tales como la protección jurídica del propio derecho a la vivienda, la protección de las personas que enfrentan desalojos, las obligaciones de las administraciones (progresividad en las actuaciones y evaluación), la mejora de las medidas de asequibilidad de la vivienda, de las orientadas a incrementar el parque de vivienda social y también una atención mayor a las mujeres y a las personas con discapacidad. “Hay cuestiones en que el anteproyecto respeta el PIDESC y en otras que debe ser mejorado” explica. Tampoco se incluye, de acuerdo a esta entidad, la exigencia de garantía de vivienda alternativa para casos de personas con riesgo de sinhogarismo.

“Parque de viviendas de titularidad pública permanente”

“La clave está en que se recupere el parque público de vivienda social de alquiler”, explica Sonia Olea, desde Cáritas España al hablar de la nueva Ley. Además, precisa que es necesario “que pueda disponerse en caso de desalojo forzoso. Que ese parque permanezca con su titularidad pública de forma permanente”. Parece que el Gobierno sí está dando pasos en este sentido: el Real Decreto Ley de esta misma semana, por el que el Gobierno se asegura la posesión de más del 50% del accionariado de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, la SAREB, puede interpretarse como un giro en este sentido, ya que en el texto se habilita al banco malo para ceder viviendas a entidades públicas o entidades no lucrativas, “incorporando así la utilidad social dentro del objetivo de optimización de valor”, según se puede leer en el BOE.

Hasta ahora, los pronunciamientos del Comité DESC han servido a Ben Djazia, Viviana López, Rosario Gómez-Limón, Fátima El Ayoubi, Mohamed El Azouan, El Ayoubi, Hakima El Goumari, Ahmed Tidli e I.D.G, a conseguir que en los últimos siete años se reconozca que sus derechos a la protección de la familia y los menores han sido dañados y que tienen derecho a un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de sus condiciones de existencia. Estos dictámenes responden a los artículos 10 y 11 del PIDESC, que recogen la falta de acceso efectivo a los tribunales frente a desahucios hipotecarios y desalojos sin alternativa habitacional de familias con menores, incluso con grados altos de discapacidad o mujeres víctimas de violencias machistas.

Los pronunciamientos de este organismo de la ONU incluyen recomendaciones individuales sobre la casuística de cada demandante y también generales, referidas a medidas estructurales que son reclamadas al país correspondiente como obligaciones a cumplir. De forma reiterada y a lo largo de los años, las seis comunicaciones negativas enviadas a España se refieren a incumplimientos que deberían solucionarse en el redactado de la Ley. Javier Rubio, abogado en el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), las interpreta como otra ocasión perdida: “De momento en el texto actual del anteproyecto no se cumplen las resoluciones del Comité DESC y se pierde una oportunidad para dar pasos hacia ello”. Si nada cambiase durante el proceso de negociación parlamentaria, con las posibles enmiendas que se incorporen, asegura que “seguirán cayendo decisiones contra España por vulneración del derecho a la vivienda”.

Tanto Amnistía Internacional como el CAES o Cáritas España son parte del Grupo Monitoreo de la Sociedad Civil para el cumplimiento de los dictámenes del Comité DESC en materia de vivienda, conocido como el Grupo Monitoreo DESC, que forma parte a su vez de una red internacional conformada por más de 240 entidades. En España en la actualidad son doce: a estas tres se unen la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, Arquitectura Sin Fronteras (ASF), Observatori DESC, la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas sin Hogar, (FEANTSA), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y Provivienda.

“En nuestro país ha habido una crisis habitacional muy fuerte, con más de un millón de desahucios de primera vivienda a lo largo de una década”, explica Javier Rubio. Eso ha provocado, en su criterio, “una reacción fuerte con la presencia de un movimiento social con cientos de asambleas que cuentan con un equipo legal de alto nivel”.

Visión diferente de la Abogacía del Estado 

El Grupo Monitoreo y la Abogacía del Estado llevan tiempo enfrentados sobre el carácter vinculante o no de las decisiones del Comité. Mendiola cita el artículo 96.1 de la Constitución Española en que se dice que “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno”. La Abogacía del Estado mantiene una postura muy distinta. Emitió una circular en 2020 donde considera que los Comités internacionales no son órganos judiciales y, por tanto, su función es sólo interpretativa. ElDiario.es ha intentado recabar la valoración de la Abogacía del Estado a través del Ministerio de Justicia en varias ocasiones, sin obtener respuesta.

De acuerdo a esta lectura, a los dictámenes y resoluciones de los ocho tratados internacionales sobre Derechos Humanos que han sido firmados por España se les aplicaría este mismo criterio. Así las cosas, sería igual para todo informe emitido por el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, contra la Tortura, contra las Desaparición Forzada o de los Derechos del Niño, entre otros. El propio Comité DESC ha querido dejar patente  en su último informe de seguimiento a España de noviembre su “preocupación por el contenido de la circular 1/2020 de la Abogacía del Estado que afirma que las solicitudes de medidas provisionales del Comité (...) no son vinculantes”. El organismo de la ONU utiliza un tono grave al recordar que “todo Estado parte que no adopte tales medidas provisionales incumple la obligación de respetar de buena fe el procedimiento de las comunicaciones individuales, (...) y priva al Comité de su capacidad de proporcionar un remedio efectivo a las personas que alegan ser víctimas de una violación del Pacto”. 

Para el Grupo al completo, como explican en un documento que analiza el posicionamiento de la Abogacía del Estado, “los tratados de derechos humanos reconocen derechos de las personas y obligaciones para los Estados –que han de ser supervisadas- con validez en el orden internacional y nacional”; lo que interpretan que estaría ratificado en el artículo 10.2 de la Constitución.

Sonia Olea aporta luz desde Cáritas a este respecto al explicar que de hecho, el Estado español “se ha comprometido a modificar la circular de la Abogacía del Estado en la Estrategia de Desarrollo Sostenible, para su adecuación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y también la modificación de la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales para que se contemplen garantías para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de los tratados internacionales del sistema de Naciones Unidas suscritos por España. 

Todas las entidades representadas en el Grupo de Monitoreo están trabajando actualmente y de forma conjunta un documento de propuestas para que se puedan incluir los dictámenes, para ellos completamente vinculantes, del Comité DESC de la ONU en la Ley de Vivienda, durante el proceso de negociación parlamentaria que se inicie en el momento en que el anteproyecto entre en el Parlamento, con o sin dictamen favorable del CGPJ.

El Congreso de los Diputados vivirá este martes una nueva paradoja con el debate y votación de una proposición de ley sobre el derecho a vivienda, elaborada por la sociedad civil española, cuando el Gobierno de coalición está en proceso de aprobar la primera normativa estatal en este ramo. Han sido nueve partidos los que lo han hecho posible, los habituales apoyos del actual Ejecutivo: ERC, EH-Bildu, JuntsxCat, Más País, CUP, Compromís, Nueva Canarias, BNG, y el mismo partido que forma parte del Gobierno, Unidas Podemos, y que dio el visto bueno a la Ley de la Vivienda ya en tramitación y que ahora se pone en duda.

Estas formaciones registraron en septiembre el texto de la iniciativa por una Ley que garantice el derecho a una vivienda elaborado por Plataforma de Afectados por las Hipotecas, la PAH, el Movimiento Nadie Sin Hogar y Sindicatos de Inquilinas principalmente, junto a los sindicatos de trabajadores mayoritarios, y que cuenta ya con más de 120 adhesiones de entidades sociales.

El pasado jueves, un movimiento rápido de muñeca de EH Bildu y la CUP, cuando decidieron usar su cupo de comparecencias en pleno, ha provocado la toma en consideración esta propuesta en sede plenaria. La iniciativa pone en una situación complicada a los dos miembros del Gobierno de coalición. Al PSOE, ya que se tendrá que posicionar en contra y votar junto al Partido Popular y Vox, y a Unidos Podemos, ante la contradicción de apoyar una ley como partido del Gobierno y, a la vez, respaldar otra normativa alternativa.

Señal del desasosiego en el Consejo de Ministros es el empeño en las últimas 48 horas de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, con las competencias de vivienda en su cartera, en confirmar que el texto oficial será entregado al Parlamento, con toda seguridad, antes de que acabe el año. Este ministerio, a preguntas de elDiario.es, declina valorar la iniciativa que se debatirá este martes y confirma estar “trabajando en la aprobación definitiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda, que será la norma que oriente la política de vivienda del Gobierno”.

Tampoco la parte ejecutiva de Unidas Podemos está tranquila. La ministra de Derechos  Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, insistió el pasado fin de semana por su parte en que el anteproyecto oficial será mejorado en su tramitación en la fase de enmiendas, intentando así rebajar el potencial efecto de las reivindicaciones del movimiento de vivienda en sede parlamentaria. Una fuente oficial de este ministerio confirma a elDiario.es que el grupo parlamentario morado “propondrá en el Congreso rebajar de 18 a 3 los meses el ”vacatio legis“ de la regulación de precios que incluye la nueva Ley de Vivienda”. Esto es, el tiempo de entrada en vigor desde la aprobación de la Ley. Según, una fuente de Unidas Podemos, este partido está elaborando ya una serie de enmiendas para tratar de mejorar los contenidos del texto en el período de tramitación.

Sin embargo, o al mismo tiempo, es este mismo partido uno de los nueve que apoyarían previsiblemente en la sesión de hoy el paso a trámite del texto del tejido social, contradicción parlamentaria que demuestra las chispas que se ocultan tras las carteras ministeriales. Fuentes de Unidas Podemos indican que la propuesta de los colectivos “tiene ideas buenas para mejorar la del Gobierno. Lo importante de la Ley de Vivienda es que se logre una mayoría parlamentaria, por lo que la negociación es fundamental para sacar adelante una ley de vital importancia como es esta”, explican.

Esta Ley es, hoy por hoy, la principal zona de fricción en el Gobierno de coalición. Cuando se entregó el anteproyecto al Consejo de Ministros a finales de octubre, ya se vieron los distintos posicionamientos de las dos almas de la coalición: el PSOE lo apostaba casi todo a los incentivos fiscales a pequeños propietarios para que bajen los precios del alquiler, y al aumento de parque público de vivienda a medio y largo plazo, mientras que Unidas Podemos decidió tirar de épica para vender precipitadamente la victoria de que el derecho a una vivienda digna podría tener su desarrollo legislativo.

La aritmética parlamentaria exige que el grupo parlamentario del PSOE vote a favor de la propuesta ciudadana para permitir que ese texto entre en la rueda de tramitaciones legislativas, tenga su debate plenario, sea enmendado y votado finalmente. No sería esta la primera vez que hay dos textos legislativos debatiéndose en el parlamento español sobre un mismo tema, ha ocurrido recientemente con la modificación de la llamada ley Mordaza. 

Críticas de las entidades del derecho a la vivienda

Este anteproyecto gubernamental ha sido ampliamente criticado por las entidades de defensa del derecho la vivienda y creadoras del texto alternativo, por su poca concreción en temas como la regulación de alquileres, que deja en manos de las comunidades autónomas y de su color político, la declaración de zona tensionada que permita el control de precios. Para Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinas, “esto anticipa una buena colección de conflictos entre ayuntamientos y comunidades, pero tampoco hay que preocuparse mucho, porque creemos que el verdadero truco llega en el Artículo 18_4, que viene a decir, siempre según nuestra interpretación y a falta de que sus redactores demuestren oficialmente otra distinta, que el hecho de que una región reconozca la declaración de una zona tensionada no significa que esta esté obligada a aplicar la regulación de precios contenida en la ley estatal, sino que tendrá libertad para aplicar las medidas que estime necesarias”.

Otras divergencias de calado son la definición de gran tenedor, que las entidades proponen reducir a más de cinco; la insuficiente protección ante los desahucios en situación de vulnerabilidad o el retraso en la puesta en marcha del índice de referencia de precios de alquileres hasta 18 meses después de la aprobación de la Ley, necesario para aplicar la potencial regulación de alquileres. Ahora, y tras la información proporcionada a este diario por el ministerio de Derechos Sociales, de ser admitida la futura enmienda morada al texto del Gobierno en su fase de tramitación, se reduciría a tres meses, eso sí, si las comunidades autónomas admiten la declaración de zona tensionada, condición que no variaría.

“De entre las ausencias más incomprensibles en el texto del Gobierno, está la de que de una Ley de esta magnitud no cuente con un capítulo que explique los recursos que han de destinarse a la inspección efectiva del cumplimiento de los preceptos de la propia Ley”, explica Fernando Bardera.

Tampoco se contempla la modificación en la Ley de Arrendamientos Urbanos en relación a la duración inicial y las prórrogas obligatorias de los contratos de alquiler. “Es otra necesidad ninguneada en este anteproyecto. En la Ley que nosotras hemos presentado proponemos un cambio en este sentido, que permita diseñar planes de vida a largo plazo. Creemos que las prórrogas obligatorias deberían pasar de los actuales 5 y 7 años, a 7 y 12, pero además creemos imprescindible proteger casuísticas de especial vulnerabilidad, como mayores de 65 años, población con incapacidad laboral permanente, discapacidad superior al 33% o con alguna lesión permanente, víctimas de violencia de género, o personas que llevan más de 20 años residiendo en esa vivienda”, continúa. 

Los socios del Gobierno esperan que el PSOE apoye su tramitación

Para Pilar Vallugera, diputada de Esquerra Republicana de Catalunya, ERC, el redactado que se presenta hoy “no es una alternativa al anteproyecto de ley del Gobierno, sino que es una proposición original a iniciativa de las entidades que luchan por el derecho a la vivienda, trabajada conjuntamente con partidos como Esquerra Republicana”.

Vallugera considera que esta tiene un marcado carácter “social y garantista que colisiona frontalmente con quien ve la vivienda única o principalmente como un bien de mercado”, y apunta que, de acuerdo a su criterio, no se justifica que los socialistas no vayan a apoyar su tramitación parlamentaria. De hacerlo, “supondría la constatación de que el Partido Socialista se encuentra doblegado a los intereses financieros”, concluye.

Joan Baldoví, desde Compromís, otro de los partidos que apoyan el pase a tramitación de la propuesta de la sociedad civil, recuerda que “según datos del CGPJ, en el tercer trimestre de 2021 se han ejecutado en el Estado 8.202 desahucios. Confío en que el Partido Socialista sea capaz de estar a la altura del compromiso que adquirió con la ciudadanía y con el resto de partidos del bloque de la investidura y, entre otras cosas, apruebe las medidas que se proponen en el debate de hoy”, explica en relación a la votación.

El Ingreso Mínimo Vital, la renta estatal diseñada por el gobierno actual de coalición PSOE-UP, se presentó en febrero de 2020 dos veces, previo al estallido del coronavirus. La autoría fue reclamada por dos miembros del ejecutivo en sus primeras comparecencias tras tomar posesión: el entonces vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y José Luis Escrivá, recién nombrado ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y que ya desde su anterior puesto en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) había sugerido crear una modalidad de prestación similar. Ambos hablaron de una renta mínima de carácter estatal que conviviría con las autonómicas y que triplicaría el alcance de estas.

El 29 de mayo de 2020 se anunció, al alimón y en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, como un gran hito de legislatura la herramienta que llegaría a 850.000 hogares, lo que suponía  2,3 millones de personas. Un año y medio y una pandemia después, el pasado 1 de octubre, en nota de prensa y sin comparecencia, el equipo de Escrivá reconocía que el IMV había llegado a 800.000 personas, que no hogares, lo que reducía en un 60% el número de familias beneficiarias con respecto a lo anunciado, y aún más, un 65% a las personas, comparándolas a las previsiones calculadas. En espera de los resultados de los incipientes itinerarios de inclusión, presentados esta misma semana, y que se espera que sirvan como “palancas” para que las personas beneficiarias salgan de su situación vulnerable, los resultados quedan muy lejos de lo previsto.

Analizando los propios datos ministeriales con la tasa de riesgo de pobreza, la cifra media de cobertura del IMV se reduce a un 10% para el territorio nacional, con datos dramáticos en zonas como Catalunya, donde sólo cinco de cada cien personas vulnerables son receptoras de esta ayuda, seguidos de Canarias, Castilla La Mancha, Illes Balears y Galicia, con seis, Extremadura con siete y Murcia, Comunitat Valenciana, Madrid y Cantabria, donde son ocho de cada cien las personas en situación de pobreza protegidas. La CCAA que sale más favorecida en esta mirada sería Navarra, con un 22% de cobertura sobre el total de población vulnerable.

Una fuente oficial del ministerio valora estas cifras como un reto: “Hemos detectado la existencia de un grupo importante de personas en situación de vulnerabilidad que no ha solicitado el IMV. Se emprenderá una búsqueda activa de las mismas y, por esta vía, se podrían incorporar entre otras 20.000 y  40.000 nuevas prestaciones”, calculan.

La Plataforma RMI Tu Derecho ha valorado esta misma semana de forma positiva que las solicitudes pendientes de tramitación se hayan reducido en el último medio año en más del 70%, pasando de 350.000 a 97.500, en un dossier en el que analizan las deficiencias estructurales que identifican y monitorizan en la implementación de esta ayuda, un año y cuatro meses después de su lanzamiento.

Y es que aún se están quedando fuera miles de personas. Una pista la dan las 890.000 solicitudes denegadas de los 1,45 millones recibidas, según la información del ministerio de mediados de septiembre. 

Denegación por estar empadronada en un hogar del que fue desahuciada

Una es Lorena, junto a su marido y sus cuatro hijos de entre dos y nueve años. Actualmente viven en Zaragoza en casa de su madre. Hasta hace poco habitaban en Quinto de Ebro, a 45 km, de donde fueron desahuciados este verano. Les han denegado el IMV hasta dos veces por estar empadronados en aquella dirección con sus suegros y de la que han sido expulsados por sentencia judicial. Además, no conviven desde 2017 con ellos, y así lo han documentado en sucesivos recursos. Es lo que se lee en las cartas de denegación cómo “formar parte de otra unidad de convivencia”.

Han cambiado a los niños del colegio, “pero no el padrón, me da miedo que si me pongo con mi madre, nos lo denieguen por tercera vez”, explica. Y eso le lleva a no poder solicitar ayuda en los servicios sociales de la capital aragonesa. Sobreviven con 675 euros al mes para los seis miembros, procedentes de las ayudas para parados de larga duración y prestaciones por hijo a cargo, que le retiraron también al iniciar el proceso de solicitud. De acuerdo a la tabla del IMV, deberían estar ingresando al mes 1.034 euros. Llevan desde julio de 2020 esperándolo.

Desde la European Anti-Poverty Network, la EAPN, autora del índice AROPE que acaba de ser publicado, aseguran que “el IMV es el mayor avance social desde la Ley de Dependencia, pero no está llegando a todas las personas que lo necesitan”. Los requisitos a cumplir (que lo alejan de la idea de renta básica incondicional), y la excesiva burocracia, acrecentada por el torpe flujo de información entre instituciones como la Agencia Tributaria y la propia Seguridad Social, el cruce con la gestión de las rentas autonómicas y la presión sobre los servicios sociales locales, junto con el colapso administrativo generado por la pandemia, ayudan a explicar en parte los bajos índices de éxito.

Para entidades y asociaciones que trabajan con personas en exclusión, sin embargo, hay errores de base. “Las personas con necesidades de entre 18 y 22 años quedan fuera a menos que estén emancipados y con familia propia”, explican desde la red europea como uno de los ejemplos de inoperancia. Y, sin embargo, aún cumpliendo esos requisitos, en la localidad de Vilardevós, en Ourense, Tamara Balboa, coordinadora de la entidad CDR Portas Obertas y trabajadora social, se dio de bruces con respuestas contradictorias desde el teléfono de atención para solicitantes al intentar ayudar a una chica de 22 años sin recursos que acababa de ser madre. “Ella y su bebé sí constituían una unidad familiar, por lo que podía solicitar el IMV. Me contestaron con informaciones totalmente contrapuestas: una vez me dijeron que al no haber cumplido 23 no podía, y en otra que sí”, recuerda. Después vino el problema del tiempo, no llevaba un año siendo una unidad de convivencia familiar, ya que el bebé tenía pocos meses, y eso la dejaba fuera.

La actividad de la asociación se centra en el desarrollo rural de la zona y la complicación más presente, de acuerdo a su experiencia intentando ayudar a las familias, es la brecha digital. “Es una prestación pensada para que las personas posibles candidatas a percibirla la soliciten por sí mismas y en el medio rural los recursos son menores, también la alfabetización digital”, explica. Tampoco el acceso a internet es igual al de las zonas más pobladas. “Hay pueblos que se han pasado meses sin cobertura móvil decente. Menos mal que aquí estamos nosotras para echarles una mano”, denuncia.  En otras localidades, según cuenta, las familias solicitantes han terminado pagando gestorías o abogados para tener ayuda en la solicitud. Familias con graves carencias económicas. “Es algo aberrante”, sentencia. 

La trampa de computar los ingresos de hace años para delimitar rentas

Según el ministerio, la causa mayor de que más de seis solicitudes de cada diez sean denegadas es la superación de los niveles de renta. El problema, señalado por numerosas entidades, es que para delimitarlos se utilizan las declaraciones de la renta de los potenciales beneficiarios en los ejercicios fiscales anteriores, lo que da lugar a que aquellas personas que hubieran estado trabajando en 2019 y en 2020 sufrieran reducción de ingresos por causas sobrevenidas, relacionadas o no con la pandemia, quedaran fuera. Lo mismo es aplicable con las anualidades de 2020 y 2021. Desde hace unos meses, en el registro de solicitud se puede señalar la opción de que se tengan en cuenta los ingresos del año en curso. 

Esto es lo que hizo Sandra Arauz, coordinadora de Servicios Sociales de la Zona Baja del Ebro con Tino Ramos, de cincuenta años, que había estado trabajando tres meses colocando placas solares en 2020 y por esos ingresos le denegaron una primera vez el IMV, a pesar de haber pedido en marzo de 2021, al hacer la solicitud, que se tuviera en cuenta que desde el año anterior no ingresaba nada. El ministerio responde con asepsia a casos como este. “Las personas que no estén conformes con las resoluciones tendrán la opción de presentar un recurso”, explican.

“Gracias a que tengo buenos vecinos tengo un plato de comida. Algo así no me había pasado en mi vida”, cuenta Toni al teléfono. Actualmente acumula impagos de recibos de luz, dos meses de alquiler y está en tratamiento psicológico. “No tengo ganas de vivir, me siento completamente desamparado”. Una vez al mes habla en lo que llama “en asamblea” con su equipo de trabajadoras sociales. Arauz apunta que “Toni lleva casi 11 meses sin ningún tipo de ingresos y sobrevive gracias a la solidaridad de los vecinos y al apoyo que se le presta desde los servicios sociales comarcales”. De primera mano ve cómo la demora en las resoluciones del IMV “fomenta la dependencia de las personas hacia los servicios sociales en lugar de estar trabajando por su  normalización, independencia y autonomía”. Llevan desde finales de agosto esperando la respuesta a una reclamación para que revisen su solicitud y tengan en cuenta los meses que lleva sin ingresos. 

Inmersos ya en el cuarto trimestre, aún no se han actualizado las rentas del 2021, pero sí se están haciendo revisiones de las concedidas en 2020 desde la Seguridad Social, lo que da lugar a situaciones complejas. Rosa Sánchez, del Centro de Derechos Sociales de Zaragoza, explica cómo han estado acompañando en el tortuoso camino burocrático a una familia a la que se le retiró sin previo aviso la ayuda tras no haber comunicado un cambio en su situación familiar como penalización. Dicho cambio fue la muerte dramática un mes antes de su hijo de 15 años por ahogamiento. 

A Alberto, vecino de 62 años de Madrid, el cómputo de las rentas a sumar, unido en su caso a que se haya contabilizado el año 2019, ha hecho que de los 470 euros que le corresponderían como unidad familiar unipersonal solo esté percibiendo 116. En el 2019 fue beneficiario de RAI, la Renta Activa de Inserción del Estado, y de prestaciones de desempleo. Ambas ayudas le han computado como rentas, por lo que se le descuentan mes a mes de lo que recibe. En palabras de Roberto Borda, de la Asociación Apoyo, que ha explicado el caso en Twitter, “está devolviendo en 2021 al Estado las prestaciones recibidas en  2019, en una política de recaudación a los más pobres”. Desde el equipo de Escrivá y sobre este caso concreto, a preguntas de eldiario.es se responde que “si existen rentas preexistentes se cubre la diferencia hasta garantizar el nivel asignado”. Alberto ha pagado, pues, el pato de la mala definición del cómputo de rentas, ya que el desempleo previsiblemente dejará de sumar para futuras prestaciones, si se consigue meter en la ley esta mejora.

Intentos de mejora que chocan con instituciones

En febrero de este año, el Gobierno modificó el decreto por el que se regula el IMV ampliando algunas opciones de unidades de convivencia, para facilitar el acceso a personas con complicaciones para justificar residencias. También quedó rubricada la necesidad de que los municipios comuniquen a la Seguridad Social los cambios en el padrón en un plazo de treinta días para que no se produzcan fallos en el cruce de datos que lleve a denegaciones erróneas, una de las causas de denegación y recurso más repetidas.

En cualquier caso, el certificado que se exige para acreditar situaciones especiales de residencia es otro problema. Se ha delegado el mismo en los servicios locales municipales. “Se han tardado meses en tener los modelos y las instrucciones” explica Hontanares Arranz, de ATD Cuarto Mundo y RMI Tu Derecho. “Genera en las instituciones locales inseguridad jurídica. Además tiene que ir firmado por el secretario de los ayuntamientos”. Varias trabajadoras públicas consultadas explican que esta indicación desde el ministerio de Escrivá ha generado rechazo, en algunos casos incluso la negativa del funcionario responsable, que no quiere firmar modelos que no ha diseñado. Arranz explica que “aunque legalmente está contemplado, se retrasa y hay casos en que no se está haciendo”. En la práctica, “se dan casos de familias que acceden a su expediente, y ven que no está resuelto, y en realidad lo que está pasando es que el secretario del ayuntamiento aún no ha firmado el certificado”, concreta la trabajadora social desde el Bajo Ebro.

El pasado lunes hubo una nueva comparecencia conjunta. De nuevo, José Luis Escrivá, acompañado en esta ocasión de la actual ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, adelantaron algunas mejoras que previsiblemente se implementarán cuando el actual decreto ley se convierta en ley: que no sea una excepción que se utilicen los ingresos del año en curso y que no se computan como rentas el desempleo o pensiones por dependencia. También se reducirá el plazo de antigüedad de la unidad de convivencia a los seis meses y se complementará con una ayuda extra por menor a cargo de entre 50 y 100 euros mensuales, entre otras modificaciones. Y más allá del redactado de la ley, se está trabajando en el diseño de itinerarios de inclusión dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Hoy por hoy, todo sigue igual. Aún falta tiempo, el texto que incorpora las mejoras aún no ha sido debatido en pleno ni enmendado y está a medio camino para llegar a convertirse en ley. Durante todo este tiempo, nadie de Unidas Podemos ha hecho declaraciones públicas alabando la gestión de la ayuda. Incluso provocó un encontronazo público entre Iglesias y Escrivá en febrero pasado. Desde las filas moradas llegaron a decir que “no podemos permitirnos como gobierno progresista que (el IMV) funcione mal y que no llegue a todas las familias a las que tiene que llegar”. Su grupo parlamentario presentó, finalmente, doce enmiendas al texto original, que esperan su tiempo de presentación en pleno parlamentario. 

Lorena en el momento de la entrevista para este diario había leído la noticia. “Yo no quiero que mejoren nada, si yo con que le den a mi familia lo que nos corresponde y que llevo esperando desde hace más de un año, me conformo”.

Las posiciones sobre las medidas a adoptar para paliar la falta de acceso a la vivienda de alquiler y las causas de este problema suelen tener dos diagnósticos muy distintos. Por un lado, están quienes exigen que rija el mercado y la regla de la oferta y la demanda. Por otro, el movimiento de defensa de acceso a vivienda, que recuerda el derecho constitucional a una vivienda digna. En medio, el Gobierno, que de momento no se pronuncia, mientras su Ley de Vivienda no ha llegado aún ni a borrador. Se trata de uno de los compromisos más importantes del acuerdo de coalición y uno de los asuntos que prometen estar muy presentes este otoño.

elDiario.es ha querido analizar el contexto de acceso al alquiler en cada provincia española en los últimos cinco años de forma combinada, con variables que afectan en mayor o menor medida, como desempleo y salario medio, datos de inversión pública de vivienda, o presencia de pisos o viviendas turísticas y grandes tenedores inmobiliarios. También se ha decidido incluir tres fuentes de precios que en poco o nada coinciden.

Los datos están recopilados en un visor que permite consultar para cada provincia todas las variables de forma conjunta, además de poder ordenarse en sentido vertical en función de cada una de ellas (pulsa aquí para verlo a pantalla completa).

Lo primero que sorprende es la gran diferencia entre las mediciones de los dos portales inmobiliarios que más alquileres gestionan: Idealista y Fotocasa. Si para el primero son Lleida, Ávila, Pontevedra, Cáceres y La Rioja las provincias donde más se ha encarecido el precio desde 2017, para la segunda son Huelva, València, Araba, Pontevedra y Almería. Solo coinciden en una, y con porcentajes dispares. 

Ninguna de las dos provincias que concentran las zonas tradicionalmente más citadas como especialmente tensionadas está entre las diez primeras. Para Idealista, Madrid es antepenúltima, con un descenso del precio del 4,9% desde 2017. Para Fotocasa, la situación es sensiblemente distinta, y el metro cuadrado no ha descendido, sino que en el último lustro ha subido un 21%.

En Barcelona, donde desde el año pasado se aplica la ley autonómica de contención de precios del alquiler, Fotocasa estima que el precio ha subido un 6,8%, pero Idealista calcula que ha bajado un 12%. Desde este último portal indican que no valoran a la competencia, aunque sí apuntan que su muestra es la mayor del mercado ya que superan el millón de anuncios ofertados. Fotocasa no ha respondido a los requerimientos de información de este medio.

Las provincias de Madrid y Barcelona sí aparecen en los primeros diez puestos del ranking del Instituto Nacional de Estadística con más subida de precio: un 6% en Madrid y un 4,5% en Barcelona. Ambas están por detrás de Girona, València o Málaga. La principal diferencia entre las metodologías de los portales inmobiliarios y el INE es que aquellos miden la oferta (el precio al que los propietarios proponen alquilar sus viviendas al subir un anuncio) y el organismo público pregunta a los hogares cuánto pagan al mes por su vivienda, lo que les acerca más a la realidad.

Otra diferencia es el músculo del INE y el cuidado de su muestra, 5.500 hogares distribuidos de forma equitativa entre municipios de distintos tamaños. Idealista y Fotocasa dependen de la cantidad de propietarios que decidan usar sus portales para ofertar sus pisos, y suelen estar más representadas las localidades grandes.

Javier Rubio, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales y experto en derecho a la vivienda, pide más información pública sobre precios de alquileres, y que esta sea más accesible. Cree perverso que lo primero que la ciudadanía vea en internet sea el ranking de los dos portales: “Los ofertantes, que es con lo que los dos elaboran sus informes, se apuntan sin estudiar el mercado, sin hacer medias”. La tendencia así es poner la propiedad al precio más alto posible, en comparación con otros anuncios similares.

En Vitoria-Gasteiz, relatan desde su Sindicato de Inquilinas, a menudo se da el caso de pequeños propietarios que alquilan sus viviendas “a precios disparados” a familias que no pueden encontrar alternativas mejores, “especialmente en el centro”, cuando están “en pésimas condiciones”: sin ventilación, sin ascensores, sin calefacción, con deficiencias estructurales...

Llegar a las tablas estadísticas del INE no es fácil y los datos que el Ministerio de Transportes publica en su índice de precios de referencia son de 2018. “En los portales se tiene el precio de hoy; ¿qué vas a mirar a la hora de decidir qué precio poner a tu piso?”, concluye Rubio.

Desempleo y subidas

Si se enfocan las cifras de desempleo en combinación con el resto de variables, también han sufrido subidas de precios importantes las diez provincias en las que más ha crecido el paro: las dos canarias junto con Alicante, Almería, Huelva, València, Baleares, La Rioja y Jaén, además de Madrid, que figura en quinta posición. En estas provincias “el precio del alquiler se desacopla del nivel de empleo, ya da igual si aumenta el paro”, indica Rubio. Puede tener que ver más con la presencia de inversores o el alquiler turístico. “Desde luego, en estas zonas el aumento del precio de las rentas no significa que haya subido el bienestar de la población”, reflexiona.

La variable de apartamentos turísticos refleja la evolución de los inmuebles dedicados de forma habitual al alquiler vacacional. El INE también recoge de forma separada las viviendas de uso turístico, las llamadas VUT, que incluyen la oferta de plataformas como Airbnb o Home Away: pisos particulares que no se dedican de continuo a esta actividad. En este caso, solo se recopilan desde verano de 2020, por lo que no se ha podido estudiar su evolución. Sumando las dos con datos de 2020, actualmente el porcentaje sobre los hogares totales (entre un 6% y un 8% del total) es mayor en Las Palmas de Gran Canaria, Girona, Santa Cruz de Tenerife, Baleares y Málaga.

Destaca Las Palmas, con 35.600 pisos que se ofertan para uso turístico, más de un 8% del total de hogares de la provincia. “La vivienda turística tiene una gran repercusión en cuanto al encarecimiento de la vivienda en alquiler aquí”, remarca Isabel Saavedra, del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. “Hablamos del mercado privado, pero si esto se combina con la vivienda social, es la tormenta perfecta”. “La demanda de vivienda pública es de más de 17.000 solicitantes según el propio Gobierno de Canarias”, añade.

Resulta difícil analizar la inversión pública en vivienda en estas provincias comparada con las cifras de desempleo actuales. Las últimas mediciones de los presupuestos públicos son previas a la pandemia, de 2019, y sería poco riguroso enfrentarlas al paro de 2021. Sí se puede mirar en relación a los salarios medios, de los que también se limita la información disponible a 2019. En ambos casos, se ha decidido, para poder tener un quinquenio de observación, utilizar la franja de 2015 a 2019.

Sin tener en cuenta Euskadi y Navarra, de los que no hay datos en la Agencia Tributaria, las provincias en las que menos ha subido el salario medio en este período son Melilla, Ceuta, La Rioja, Cantabria y Burgos, seguidas de Guadalajara, Palencia, Madrid de nuevo, Asturias y Segovia.

Tras enfrentar en el visor este parámetro con la inversión pública en vivienda de los municipios, y de los que recoge el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, serían provincias de medio y pequeño tamaño las que más sufren: Asturias, por ejemplo, invirtió en 2015 en vivienda desde sus municipios 6,6 millones de euros en las localidades de Avilés, Langreo, Mieres, Siero, Castrillón y Gijón, pero en 2019 la cifra se había reducido a 1,5 millones. En Segovia se aminoró la inversión de 332.000 euros a poco más de 141.000; en La Rioja se pasó de 3 millones a 1,8 millones sumando los presupuestos de Calahorra y Logroño, y en Ceuta se invirtieron 1,5 millones menos en vivienda en 2019 con respecto a 2015.

Inversión en vivienda, eso sí, no significa construcción de inmuebles. A Saavedra, en Gran Canaria, le sorprenden los datos de la provincia de Las Palmas, con un crecimiento del 241%, de 6,6 millones en 2015 a los 22,7 de 2019 en los presupuestos municipales de Agüimes, Arrecife, Arucas, Ingenio, Mogán, Pájara, San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana y Las Palmas. “Es un hecho notorio que hace más de diez años que en Canarias no se crea vivienda pública, por lo que desconocemos en qué se ha invertido, tratándose quizás de obras de rehabilitación o reposición”.

La Dirección General del Catastro publica información sobre la titularidad de los inmuebles, distinguiendo el volumen de los tenedores, aunque no se especifica si se destinan a venta o a alquiler o si se trata de viviendas, garajes, trasteros o un almacén, con lo que complica medir el peso sobre el parque general de vivienda.

Sin embargo, según Fernando Bardera, del Sindicato de Madrid, este dato sirve para entender que la concentración de vivienda “tiene importancia a la hora de saber quién pone los precios de alquiler en el mercado, o incluso si las viviendas no se ofertan, y en base a qué criterios, especulativos en muchos casos”. En esta región, hay 2.612 grandes tenedores más que hace cinco años. Es la comunidad donde más han crecido en número.

Además, cada gran tenedor puede tener once inmuebles u once mil. La cifra concreta resulta imposible de saber, gracias en parte al secretismo de inmobiliarias, fondos de inversión e incluso empresas públicas de vivienda. En Albacete hay 2.038 propietarios que en 2021 tienen más de diez inmuebles urbanos cada uno; en Cádiz, 4.709; en Baleares, 9.272; en Barcelona, 25.640 y en Madrid, 26.573. Pero se desconoce el reparto y su impacto sobre los precios.

La realidad es que en la información del Catastro incluye “los inmuebles con sus características físicas, económicas y jurídicas” explican por escrito, “pero desconocemos si los mismos están siendo utilizados por sus propietarios o están arrendados”. Además la protección de datos manda, y no ofrecen ninguna información sobre titularidad. 

Daniel Granda, del sindicato de Ibiza, considera que no se pueden explicar los precios y el acceso al alquiler solo con estos datos. “Quizás deberíamos fijarnos también en los números de la inversión privada, facilidades a la hora de construir, público objetivo de la compra o sus precios”. En la isla, los precios están, dice, adulterados por la estacionalidad y la alta cantidad de alquileres de temporada en fraude de ley: “Se hacen a un precio bajo en invierno que luego sube en verano, de forma que aparece reflejado el menor precio en la base de datos de los portales”.

De acuerdo al Catastro, las provincias en las que en los últimos cinco años ha crecido más la presencia de grandes propietarios de inmuebles, sin contar Navarra y Euskadi (sin datos en Hacienda), son Ourense (de 4.800 grandes propietarios en 2017 a 6.474 en 2021), y Lugo, también en Galicia, con casi 750 entidades o personas más con respecto a hace cinco años que poseen una cifra superior a diez inmuebles. Le siguen Zamora, Burgos, Soria, Cuenca, León, Extremadura al completo y Zaragoza. En el otro extremo están Melilla, Ceuta, La Rioja, Castellón y Toledo. 

En la provincia de Barcelona hay un 7,2% más que en 2017 y 428 más que el año pasado, habiendo crecido también en pandemia e incluso bajo la medida de control de alquileres. En la región de Madrid, sin embargo, hay 684 menos, lo cual podría significar una reducción del interés inmobiliario, o un crecimiento mayor de la concentración en las macroempresas del sector.

La comparativa de datos disponibles sirve para ver algunas tendencias y correlaciones, pero no son la panacea ni muestran la foto finish perfecta. Para Ricardo Arnedo y Nacho Serrano, del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, sería importante estudiar los requisitos de acceso a las viviendas. “En los últimos años hemos podido observar como cada vez se generalizan más las exigencias y condiciones como un determinado nivel de ingresos, aportar contratos de trabajo y nóminas, duración de contrato de trabajo, avales, etc”.

En suma, el acceso al alquiler viene muy determinado por estos requisitos que, de momento, el Gobierno no se ha interesado en observar o medir, y por tanto están fuera de cualquier regulación. Para el mercado y hoy por hoy, el cielo aquí es el límite.

Muy poco se sabe del mercado inmobiliario relativo al alquiler en España, de quiénes son los principales operadores o dicho de otra manera, los mayores caseros del país. La cifra que se maneja desde el Gobierno sobre la titularidad de los pisos alquilados, y que buena parte del lobby inmobiliario ha hecho suya, es que en el 85% de los arrendamientos el propietario es una persona física o pequeño propietario. 

Así está escrito, por ejemplo, en el preámbulo del decreto antidesahucios promulgado en la pandemia. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana explica mediante un portavoz que la cifra es una “aproximación a partir de fuentes indirectas”, como las encuestas del CIS, la información sobre hogares en alquiler del INE, datos tributarios de declarantes de IRPF y de concentración de la propiedad de las bases de datos catastrales, entre otros.

Desde el banco de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas contestan a elDiario.es que en los últimos diez años solo ha habido un barómetro específico sobre vivienda, en 2018. La única pregunta sobre la propiedad de los pisos alquilados es la respuesta que dieron 496 personas encuestadas que vivían en abril de hace tres años de alquiler, de las que ocho de cada diez afirmaron tener contratos firmados con particulares. 

En el Instituto Nacional de Estadística, la segunda fuente citada por el Ministerio, se cuantifican los hogares que viven en alquiler, pero, tras preguntarles al respecto, el equipo confirma que “el INE no recoge ninguna información sobre quién es el propietario de los pisos arrendados”.

La concentración de la propiedad, que se cita como tercera base de datos para la elaboración de ese porcentaje de pequeños propietarios, y que estaría disponible en el Catastro, no es real según su Dirección General. Su información incluye “los inmuebles con sus características físicas, económicas y jurídicas” explican por escrito, “pero desconocemos si los mismos están siendo utilizados por sus propietarios o están arrendados”. Además la protección de datos manda, y no ofrecen ninguna información sobre titularidad. 

La búsqueda del origen de la cifra en la respuesta del Gobierno parece ser un laberinto con callejones sin salida o puertas falsas. Hasta llegar a la Agencia Tributaria, que sí publica información cuantitativa sobre las partidas de las declaraciones del IRPF, incluyendo el número de deducciones para arrendadores que alquilen sus pisos para vivienda en permanencia (no para otros usos o pisos turísticos). Estos son los únicos datos censales, públicos y disponibles, desagregados por comunidades autónomas, que ayudan a conocer la situación en las distintas regiones, donde la implantación de los pequeños y grandes propietarios es desigual, y con un reparto que sería sensiblemente distinto a ese 85/15%.

Cruzando los números de hogares en régimen de alquiler reflejados en el INE con el número de deducciones de arrendamiento en las declaraciones del IRPF presentadas de 2019, las últimas disponibles, se puede ver que las comunidades con más caseros grandes tenedores serían Murcia y Canarias, donde seis de cada diez arrendadores serían inmobiliarias, entidades financieras o fondos de inversión, seguidas de Andalucía, donde lo serían la mitad, y casi alcanzando ese cinco de cada diez estarían Baleares (4,8), Catalunya (4,6) y València (4,4). En Madrid, el porcentaje bajaría hasta el 2,5 de cada diez, uno de los más bajos, por detrás de Galicia (3), La Rioja (2,7)  y Extremadura (3,8) o Castilla La Mancha (3,6). Estas cifras, según el Sindicato de Inquilinos de Madrid, evidencian el hecho de que con estos porcentajes se podría arrastrar un mercado. “Con un 15%, el dato oficial, no puedes influir en un mercado arrendaticio, pero con un 40%, con cuatro de cada diez alquileres en manos de grandes tenedores, por ejemplo, sí”, explica Fernando Bardera, portavoz de la entidad.

En ausencia de información institucional, estos cálculos son una aproximación, eso sí, basada en datos públicos. Puede haber un determinado número de contribuyentes que, siendo arrendadores, no hayan querido aplicársela en su declaración anual de la Renta. Tampoco es posible conseguir una cifra media para todo el país, ya que los datos tributarios de Euskadi, Navarra, Ceuta y Melilla no están disponibles.

Estos cálculos sí servirían para entender que existen datos públicos suficientes para abordar la recopilación y publicación de la estructura de la propiedad de alquiler en España, añadiendo a los datos tributarios utilizados aquí los de la Dirección General del Catastro, que no son públicos para la ciudadanía pero el Gobierno sí puede usarlos para extraer información, al igual que los del Registro de la Propiedad. Desde el Ministerio de Hacienda explican que, de hecho, esa información es la usada en el índice de precios de alquiler que se creó en 2020 para “garantizar la transparencia del mercado”, según la web oficial. “Se podrían generar informes censales con datos reales y no con una sola pregunta de una encuesta de 2018”, asegura Andrea Jarabo desde la Asociación Provivienda. Desde la entidad acusan al Gobierno de falta de actualización de datos: el Censo de Población y Vivienda se elabora cada diez años. “El último es de 2011 y, a día de hoy y en espera del nuevo, sigue modulando gran parte de las políticas públicas, con datos de la situación de vivienda de hace nada menos que una década”, concluye. 

Invertir en pisos de alquiler, más rentable que el IBEX

El sector privado tampoco es muy partidario de ofrecer información  sobre su bolsa de viviendas de alquiler. Consultadas más de 15 socimi, entre ellas Cevasa, Lazora, En Casa Cibeles, Fidere, Testa, Anticipa o Albirana (varias participadas por Blackstone), así como la SAREB y la Caixa, pocas contestan con cifras concretas. La Sociedad Gestora de Archivos, entidad semipública, asegura disponer de 6.455 inmuebles para arrendar. La entidad catalana declara tener 19.500, siendo tres de cada cuatro de alquiler social según sus declaraciones. La cifra no incluye los inmuebles que han recibido tras la fusión con Bankia, ya que “aún no se han unificado los datos”. Por su parte, Testa y Anticipa, ambas participadas por Blackstone, afirman que gestionan 18.000 y 9.000 viviendas en alquiler respectivamente.

Al secretismo del sector se le añade una situación perversa e incalculable: la de los pisos de inmobiliarias que no constan como parque de alquiler sino en venta, pero que están habitadas por familias con contrato en vigor, y que podrían sufrir presiones para abandonarlos. Son las llamadas “condiciones especiales” de comercialización en las que se indica que el inmueble se transmite arrendado a terceros. Este es, por ejemplo, el caso de un piso en el mismo edificio de la calle Maquinilla en  Vallecas  en Madrid, del que fueron desalojados Cruz y sus cuatro nietos, el pasado miércoles 21 de julio.  El vendedor, en estos casos, deja claro que no responde ni de la solvencia de las personas que los habitan ni de las condiciones del contrato de arrendamiento que heredará el inversor.

De lo poco que se sabe del mercado del alquiler es que es muy rentable. Según el portal pisos.com, la rentabilidad del alquiler en España está en un 6,26% en el  segundo trimestre del año, duplicando por ejemplo la del IBEX y multiplicando por 13 la de los bonos del Estado a 10 años. Las ciudades donde más interesa comprar o construir para alquilar, animando el desarrollo del build to rent, según este estudio, son Murcia, Zaragoza, Las Palmas y Badajoz, todas por encima de la media. Son localidades con altos índices de riesgo de pobreza: 29,7%,18,5%, 36,3% y 38.7% en 2020, respectivamente. 

En las últimas semanas y en el marco de  la negociación de la propuesta de borrador sobre Ley de Vivienda que se está debatiendo entre los socios de la coalición de Gobierno, PSOE y UP, ha entrado en la ecuación el recurso que el Ejecutivo ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional contra la Ley catalana reguladora de precios del alquiler, que está en vigor en la comunidad autónoma desde noviembre del año pasado. El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, afirmó en sede parlamentaria el pasado 9 de junio: “Si una ley autonómica vulnera el marco competencial, yo tengo políticamente, moralmente y legalmente la obligación de presentar ese recurso”. El histórico demuestra que pocas veces le ha salido bien la jugada al gobierno central.

La decisión de Moncloa de llevar a las regiones ante los tribunales en materia de vivienda no ha sido un camino victorioso, más bien al contrario: las competencias de vivienda asumidas bajo los estatutos de autonomía han sido ratificadas en cada situación, como también la función social de la propiedad privada de inmuebles toda vez que ha sido impugnada. Incluso la expropiación de uso de viviendas vacías ante necesidades en zonas tensionadas se ha considerado conforme a derecho. Otra cosa es quién deba regularla, punto en el que mayoritariamente se ha dictaminado que debe ser el Estado. Tampoco ha permitido el Alto Tribunal que las Comunidades Autónomas (CCAA) pudiesen actuar por encima de medidas que el Gobierno central iba lanzando para paliar la crisis hipotecaria intentando frenar los desahucios hipotecarios. No así de alquiler, de ahí el decreto antidesahucios específico promulgado en pandemia, de deficientes resultados.

Esta última denuncia es la número catorce de una lista que arrancó en 2013 en el primer mandato del Partido Popular, encabezado por Mariano Rajoy, y que ha llevado frente a las y los magistrados del Constitucional leyes o decretos de Andalucía, Navarra, Canarias, València, Euskadi, Murcia, Extremadura, Aragón y, hasta en cuatro ocasiones, de Catalunya. Regiones que, de acuerdo a las atribuciones que les da la Constitución Española, han legislado en vivienda. Son estas las comunidades que, tras el estallido de la burbuja  hipotecaria, se aventuraron a dar prioridad a la función social de la propiedad de vivienda, plantear la expropiación forzosa a entidades bancarias y grandes tenedores, y a actuar ante los pisos vacíos.  

Por su parte Galicia, Cantabria, Castilla León y Castilla-La Mancha también han lanzado sus respectivas leyes de vivienda autonómicas aunque, al no tocar ninguno de los tres temas, no han pisado el parqué del Tribunal Constitucional. El Principado de Asturias y la Comunidad de Madrid son las únicas dos regiones que no cuentan con legislación en el sector.

Ausencia de una Ley estatal

Es en la Carta Magna donde empiezan y acaban las disputas: en el texto de 1978 y las zonas grises en las que las competencias de legislación de vivienda pueden caer del lado del Estado o de las CCAA, y en la convivencia entre el derecho a la propiedad, la definición de su función social, y el de acceso a una vivienda digna. Hay otras cuestiones ya de menor calado que asimismo han generado conflictos, como son la capacidad recaudatoria de las comunidades, la posibilidad de introducir cuestiones procesales, o los sistemas de mediación entre acreedores y deudores.

El Tribunal ha querido hacer referencia explícita a la complejidad que supone que no exista un texto estatal en la materia hasta en tres ocasiones: en la STC 16/2018, en relación con diversos preceptos de la Ley Foral 24/2013 de Navarra, se especifica que “se hace sumamente difícil atribuir a la legislación autonómica una invasión competencial, ya que el artículo 149.1.1 CE (el que delimita la exclusividad del Estado en distintas materias), más que delimitar un ámbito material excluyente de toda intervención de las Comunidades Autónomas, lo que contiene es una habilitación para que el Estado condicione –es decir, legisle– el ejercicio de esas competencias autonómicas” . En la STC 32/2018 de la Ley andaluza, sobre la función social de la propiedad de la vivienda, se expresa la dificultad de definirla en comparación con la función social de la propiedad agraria, de la que sí existe ley estatal. Y por último, cuando se sentencia sobre la denuncia del ejecutivo central contra la Ley murciana, en la STC 102/2018 se incide, en este caso a favor del Gobierno estatal, “el hecho de que dicha competencia sea calificada como exclusiva por el Estatuto de Autonomía, unido a la inexistencia de una competencia específica en materia de vivienda a favor del Estado, no significa que aquélla sea absoluta y que éste no se encuentre facultado para desarrollar actuaciones en dicha materia”. 

Derecho a propiedad privada y a una vivienda digna

El derecho de acceso a una vivienda digna del artículo 47 y el de propiedad, reconocido en su artículo 33, se entrecruzan en el texto constitucional. En el redactado de las leyes autonómicas de Andalucía, Canarias, València y Extremadura, se incluye que “forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional, así como mantener, conservar y rehabilitar”. Así quedaba definida la doble dimensión del derecho de propiedad: una individual y otra social. 

Esta cita fue llevada al Constitucional tantas veces como fue incluida. La argumentación de la Abogacía del Estado en su contra se articuló alrededor de la dimensión individual, asegurando que se alteraba el contenido esencial del derecho de propiedad, y de la social, en relación a las medidas tomadas por el Gobierno para intervenir el mercado hipotecario y capear la crisis. Las impugnaciones pretendían demostrar que el deber de los propietarios de viviendas de destinarlas efectivamente a su habitación limitaba la libertad del propietario, perjudicaba el sistema financiero en el caso de grandes tenedores, y menoscababa la solvencia de las entidades de crédito y los resultados del proceso de desinversión confiado a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Obligando a la Sociedad a dar uso a las viviendas se complicaba la estrategia de recuperación económica que justificó su creación: vender los activos tóxicos y recuperar ese dinero para las arcas del estado.

El Tribunal Constitucional dictaminó en las cuatro sentencias que las autonomías estaban legitimadas para delimitar la función social de la propiedad de vivienda, y actuar en consecuencia. Especialmente, afea al ejecutivo central en la STC 32/2018 sobre la Ley del Parlamento de Andalucía 4/2013, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, que incluya en sus alegaciones una mera misiva de un representante de la Comisión Europea a España expresando unas preocupaciones basadas en información cuyo contenido se desconocía, y que posiblemente era inexacta, y un informe sin firma de la Sareb, cuyos datos no se cotejaron.

Cánones e impuesto a las viviendas vacías

Esta definición de función social de la propiedad de vivienda ha permitido a las CCAA acometer actuaciones derivadas, como pueden ser las sanciones o cánones por tener viviendas desocupadas, medidas que, según las sentencias, tampoco reducirían el valor de los activos inmobiliarios de las entidades de crédito de un modo significativo.

Así ya está actuando, por ejemplo y mediante decreto, el parlamento vasco, con canon a inmuebles vacíos, o Catalunya con un impuesto que afecta a las personas jurídicas propietarias de viviendas vacías sin causa justificada durante más de dos años, regulado por ley autonómica que, a su vez,  fue impugnada ante el Constitucional por el Gobierno de España en 2016 y desestimada en su totalidad en 2019, reconociendo la sentencia “la potestad tributaria reconocida a las Comunidades Autónomas”. La Comunitat Valenciana, mediante la Ley 3/2020, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021, ha creado un impuesto de similares características.

De expropiación forzosa a cesión obligatoria

Si hay un tema en el que las Autonomías se han dado de bruces con la literalidad de la Constitución es en las expropiaciones a entidades financieras. Andalucía, Navarra, Canarias, València, Euskadi, Extremadura y Catalunya han intentado regular la expropiación a bancos en casos de emergencia social acreditada, pero no ha sido posible aún cuando se establecían las correspondientes indemnizaciones, y siendo la actuación temporal. 

El Tribunal sí consideró aquí que la intención de las regiones era incompatible con las medidas adoptadas por el Estado de acuerdo a su competencia en exclusiva de la planificación general de la actividad económica, regulada en el artículo 149 de la Constitución. De acuerdo a esta norma, se legisló desde Moncloa la suspensión de lanzamientos hipotecarios (Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social). A este respecto, el Constitucional consideró que las autonomías pretendían realizar una regulación que se proyectaba sobre este ámbito material ya reglado por el Estado, y lo declaró inconstitucional. Sin embargo, se rechazó en dos ocasiones la denuncia del ejecutivo central sobre la medida de suspensión de desahucios hipotecarios en Catalunya y Aragón, sin percibir superposiciones a las medidas estatales.

Además, hay un añadido: en la Constitución se reserva la legislación sobre expropiación forzosa al Estado. No se dictamina en cuanto a la acción en sí, que es factible y ajustada a derecho, sino en lo relativo al actor, que en este caso debe ser el Gobierno central.

Así quedó establecido para estas siete regiones. Sin embargo, en Aragón, para su redacción de ley autonómica de vivienda en 2015, el departamento jurídico decidió abrir el diccionario de sinónimos y sustituir el concepto blindado en el texto de la Carta magna por el de cesión de viviendas de grandes tenedores, siempre que fueran desocupadas y para arrendamiento, y funcionó.

A finales de 2018, ya con el PSOE en el poder, el Estado retiró este punto de los recursos heredados del Partido Popular contra sendas leyes, la aragonesa y la catalana de medidas urgentes para hacer frente a la pobreza, que estaban recurridas entre otros asuntos, en el de la cesión. Unos meses antes, en mayo, y de forma casi paralela a la llegada a Moncloa de Sánchez, el gobierno balear había promulgado su Ley de Vivienda que incluía este nuevo concepto en los mismos términos. Esta norma, que no fue llevada ante el Tribunal Constitucional, ha sido puesta en práctica recientemente, en marzo de este 2021, cuando el Govern ha expropiado 56 viviendas de grandes tenedores para alquiler social.

La regulación del precio del alquiler parecía buena idea en 2018

El Estado también retiró a finales de 2018 parte de su recurso contra la Ley catalana 4/2016 de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial. En ella se citaba por primera vez la posibilidad de regular el precio de los alquileres. El ejecutivo popular registró un recurso de inconstitucionalidad en septiembre de 2017 en relación a este punto, entre otros. Un año después, con el PSOE gobernando en minoría, el Estado retiró la denuncia sobre el control de precios, así como de la obligatoriedad de ofrecer un alquiler social a familias vulnerables bajo riesgo de desahucio, tras acordarlo en la Comisión Bilateral de Cooperación Generalitat-Estado, presidida por la entonces ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet desde Moncloa, y  los consellers Ernest Maragall, Pere Aragonés (hoy president) y Elsa Artadi desde la comunidad catalana.

Quedó exonerado el texto final en que se acordaba que la Generalitat debería “aprobar los criterios de acuerdo con los que deben regularse los arrendamientos urbanos en Cataluña y, en el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor, elaborar un proyecto de ley”. Dicho y hecho: durante la pandemia y para hacer frente a la emergencia habitacional, la Generalitat redactó en colaboración con las plataformas de vivienda la llamada Ley 11/2020 reguladora de los precios del alquiler, que fue aprobada en septiembre de 2020. Dos informes no vinculantes, uno del Consejo de Estado y otro del Consell de Garanties Estatutàries a petición del Partido Popular y Ciudadanos, son la base para que el Gobierno actual, coalición de PSOE y Unidas Podemos, haya registrado su primera y única denuncia ante el Tribunal Constitucional en materia de vivienda, tras decidir en Consejo de Ministros del pasado martes 15 de junio denunciar la ley reguladora catalana.

Las estadísticas (entre el primer trimestre de 2020 y el de 2021el precio medio del alquiler ha caído un 3,2%, en toda la región y en Barcelona hasta un 7,7%) presionan a favor de la regulación, así como el acuerdo de coalición firmado en diciembre de 2019 y  que hizo posible la XIV Legislatura, en el que quedó escrito negro sobre blanco el compromiso de intervención. Pedro Sánchez, en el discurso de investidura: “Vamos a frenar las subidas abusivas de los alquileres poniendo techo en zonas de mercado tensionado, y vamos a reforzar el marco competencial de las entidades locales para que puedan actuar en este ámbito”.

Un pacto similar al del gobierno sueco, que ha caído hace unos días precisamente por saltarse la línea roja marcada sobre el control de  precios de los alquileres, y promulgar una ley que permitiría consensuar el precio de las rentas directamente entre arrendador e inquilino, por encima de lo acordado con los partidos de izquierda y ecologistas. 

Por el momento, lo último que ha trascendido de las negociaciones en el seno del ejecutivo  es que Unidas Podemos ve “insuficiente” la propuesta inicial del PSOE de congelar precios del alquiler, que no acepta que puedan subir hasta un 10% como se filtró hace unos días,  y exige medidas para bajarlos.

El Gobierno no ha conseguido paralizar los lanzamientos arrendaticios a familias vulnerables. De acuerdo a los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de 2021 las actuaciones judiciales para expulsar a inquilinos han aumentado en 29 de 50 provincias, ya que de Ceuta y Melilla no hay datos disponibles. 7.862 lanzamientos, un 14% más que el año anterior. En algunos casos como en Almería, con un aumento del 89% con respecto al mismo período de 2020, Ávila (150%), Cuenca (450%), Granada (80%) o Guadalajara, con un 82% de desahucios más, la subida alcanza la estratosfera. El Gobierno ha insistido durante estos meses en que, con el decreto extraordinario con medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad en vivienda, los desahucios estaban parados. 

En zonas donde la economía ha sufrido el fuerte impacto de la dependencia de la hostelería y el turismo, con miles de personas que han pasado a estar desempleadas o afectadas por ERTE, la subida es igualmente alta: los lanzamientos en Castellón han aumentado un 46%, en Las Palmas un 26%, en Tenerife han subido hasta un 42%, en Baleares hasta el 35%, Murcia, un 25% o Granada casi los dobla, con un 80% de actuaciones judiciales más que en 2020.

En octubre pasado, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, responsable de la redacción del la medida, mantenía que no se producían desahucios “en teoría” gracias a esta reglamentación, y confesó su sorpresa ante la evidencia de la realidad de una ejecución a una familia madrileña, de la que fue conocedor durante una rueda de prensa, a preguntas de los medios. 

Quienes lo saben bien son las plataformas y sindicatos de vivienda, que durante meses han estado avisando de que las cifras no se reducían y de que bancos, fondos de inversión, inmobiliarias, grandes tenedores e incluso empresas públicas de vivienda continuaban denunciando a familias vulnerables e intentando expulsarles de su casa, obviando el redactado del texto del decreto o colándose por sus fisuras. El comienzo de año está siendo especialmente intenso. En Baleares, de acuerdo a la plataforma Stop Desahucios, han podido paralizar 22 lanzamientos en el plazo de quince días, de los 374 casos oficiales ejecutados desde el 1 de enero y hasta finales de marzo. 

José Cardona, desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, valora los datos: “Son realmente alarmantes. Se confirma lo que decíamos hace un año: el escudo social aprobado por el gobierno de PSOE y Unidad Podemos es insuficiente”. En la mañana de ayer lunes, este sindicato denunció el intento de desalojo de Caixabank, Coral Homes y Building Center en una urbanización en el municipio de Galdas. Setenta familias que fueron supuestamente engañadas por un promotor que en enero les pidió una fianza y tras cobrarla, se esfumó. “Estamos hablando de 70 casos, es una macroestafa inmobiliaria”, afirma Cardona. “Es una crisis humanitaria que se agravará en septiembre, cuando acabe el espectro de actuación del real decreto”, concluye.

En diciembre, el Gobierno modificó el texto inicial de marzo para que se contemplara la vulnerabilidad económica previa al estallido del coronavirus y poder así acogerse al mismo, y evitar el desahucio si la pobreza había entrado en la vivienda antes de marzo de 2020. Tampoco sirvió: desde el 1 de enero y hasta el 7 de junio, estas entidades vecinales que asesoran y acompañan en procesos de lanzamiento han actuado en decenas de ellos. 

El prototipo de los desahuciados es de claro perfil femenino, de familia monomarental y migrante. Durante el Estado de Alarma ha dado tiempo a que a algunas familias se les haya intentado expulsar de su vivienda dos o tres veces, según las plataformas en defensa de la vivienda. 

En algunos casos hay negativas a renovar alquileres, en las que la propiedad ha decidido denunciar y tratar de desahuciar: por ejemplo, Quim, Laura y su hijo en la calle Rabassa, de Barcelona. Según esta familia, Caixabank no quiere renovarles el alquiler. O Dolores, que lleva 42 años pagando religiosamente la cuota en su vivienda de Carabanchel, en Madrid, pero asegura que la propiedad particular no le contesta al teléfono para continuar con el contrato de arrendamiento. 

Mientras, en el municipio de Alajeró, en La Gomera, varias familias con cinco menores que llevan décadas en cuatro casas terreras de alquiler han recibido la notificación de la propiedad, un empresario privado, para que las abandonen porque quiere usarlas para alquiler vacacional.  Y en la calle Egia número 22 de Donostia, es la Sociedad de Gestión Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, la SAREB, y Haya Reale Estate, la gestora encargada de los alquileres, el Sindicato de Inquilinas de San Sebastián explica que doce vecinos de cinco viviendas eran amenazados con la salida de las viviendas a medida que terminasen los contratos actuales, entre ellas una mujer sola de 87 años. El Sindicato de Inquilinas y la asamblea vecinal constituida en su defensa consiguió que el ayuntamiento mediase para encontrar una solución.

Otros ejemplos que recogen asociaciones de inquilinos son el de Juan en Arganda del Rey, viudo y jubilado de 64 años con problemas médicos, que vive con su hijo de 46 años y sus nietos de 5, 9, 17 y 19 años en un piso de alquiler de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad De Madrid, entidad pública que ha interpuesto una demanda de desahucio contra él. Lleva viviendo en ella 33 años. La adjudicataria del piso público era su mujer. Falleció en 2016 y él no subrogó el contrato.  En Barcelona, en el distrito de Horta-Guinardó, Radouane y Houda y sus tres hijos llevan 7 años viviendo en el piso propiedad de Isern, una empresa de asesoría que compró todo el edificio, y que ahora los quiere echar. Los dos trabajan, Radouane haciendo tareas de mantenimiento en edificios y Houda cuidando de personas mayores. No se pueden permitir las subidas que la propiedad les ha ido imponiendo a lo largo de las diferentes prórrogas. Han estado pagando veintidós meses el alquiler sin contrato y negociando la renovación, con la ayuda de las plataformas. 

Cada una de estas familias ha recibido, al menos, una carta con una notificación de desahucio, durante la actual pandemia, que no les ha evitado el miedo, la angustia y la incertidumbre que provoca el proceso de quedarse sin casa.

Una yincana de obstáculos para las familias vulnerables

El Real Decreto-ley 37/2020 de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad, es un amparo judicial que los afectados deben solicitar mediante recursos, no una medida de oficio que paralice las expulsiones hasta el nueve de agosto, fecha de su última ampliación. Los procesos de denuncia y las citas con las comisiones judiciales en domicilios no han parado con la pandemia. Los dueños de los inmuebles no han dejado de denunciar. Desde abril de 2020 y hasta el 31 de marzo de este año, han sido enviadas 22.111 notificaciones desde los juzgados de primera instancia en las que se avisaba a particulares de la fecha del próximo desahucio.

Junto a la paralización de los desahucios por impago de alquiler para familias vulnerables, el Gobierno dictaminó también pocas semanas tras la declaración del estado de alarma, como parte del llamado “escudo social”, la garantía de suministros básicos: agua, luz, gas. Este amparo se articuló de una forma mucho más sencilla: el consumidor puede emplear cualquier medio documental, por ejemplo un recibo que acredite el domicilio, para poder acogerse. Sin embargo, la protección de las familias vulnerables en materia de vivienda obliga a recorrer una yincana de obstáculos en los juzgados.

El equipo de Ábalos defiende el procedimiento. “El juez debe determinar si se acreditan los criterios de vulnerabilidad en base a la documentación aportada y el informe de los servicios sociales”, asegura a través de una fuente oficial. “Deben garantizarse la seguridad jurídica y la salvaguarda de todos los derechos afectados” , rubrican. Sobre por qué no se estipuló un sistema similar al de la garantía de suministros desde el gobierno, aseguran que “son procesos diferentes” en el contexto de vivienda, que precisan de la judicatura. 

Para poder acogerse al decreto, en cada paso las familias deben asumir la terminología judicial y apelar o rogar el amparo de las instituciones. “La indefensión de las familias es total”, señala María, de la Obra Social de Tetuán, en Madrid.  “Hay abogados de oficio que no saben que existe un decreto extraordinario en pandemia, se lo tenemos que decir nosotros”. Ana, desde la Asamblea Stop Desahucios de Latina, puntualiza que “hay veces que hay que decirles a los abogados: oye, que aquí cabe un recurso por cláusulas abusivas, presenta uno, aunque sea el 704” . Este artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil consigue, si es aceptado, retrasar el lanzamiento un mes más, lo que les da a las familias un respiro para poder seguir buscando una alternativa habitacional. Un movimiento de liturgia jurídica  in extremis, que queda lejos de ser una solución.

Sentencias dispares con casos similares

La disparidad de criterios sobre la vulnerabilidad en las sentencias judiciales ante situaciones similares sorprende. Según el juzgado donde toque, el decreto tiene más o menos efecto. Así, un juzgado de Madrid consideró que Elisabeth Muñoz, con dos hijos menores de edad y un Ingreso Mínimo Vital (IMV) de 500 euros, más una pensión de 150 euros del padre de los niños, no era suficientemente vulnerable. El 12 de mayo tuvo que dejar, junto a los dos menores, el piso público propiedad del Ayuntamiento de Madrid, en el barrio de Lavapiés que ocupaba desde 2013. Ocho días después, Gloria Callejón, sus cuatro hijos y su nieta fueron desahuciados de la vivienda de Málaga que ella y su familia llevaban habitando más de tres años, a pesar de cumplir con todos los requisitos que establece el decreto: no tener alternativa habitacional, que el dueño del inmueble sea un gran tenedor, en este caso, el Banco Santander, y no disponer de ingresos suficientes para acceder al mercado del alquiler.

Ruth y José tuvieron más suerte. A principios de febrero un juez decidió aplicar el decreto y paralizar la expulsión. Tras perder el piso en propiedad en Zaragoza por impago de hipoteca en 2018, la familia consiguió el compromiso de Ibercaja de acceder a un alquiler social, que nunca llegó. En plena pandemia, la entidad inició proceso de desahucio y puso en venta el piso. En este caso, el decreto ha servido para conseguir un aplazamiento, ordenado por el juez.

Otro caso en el que los tribunales dictaminaron la paralización del lanzamiento es el de Pilar, del barrio madrileño de Hortaleza. Joven de 26 años, con dos hijos de ocho y seis años, el mayor con discapacidad, y a punto de dar a luz de nuevo. Vive desde hace 2013, sin contrato, en una de las viviendas en remodelación de la UVA de Hortaleza, propiedad de AVS, de la Comunidad de Madrid. Ha sentido en primera persona la estigmatización de quien no paga alquiler. Según relata, inspectores de la empresa regional le llegaron a decir que tendría que haber ocupado un piso nuevo, que entonces habrían regularizado su situación, pero como el edificio se iba a derruir, seguirán con el desahucio. “Yo les pregunté que qué tipo de persona creían que soy, que yo no iba por ahí entrando a patadas en pisos”. Su marido cobra alrededor de 900 euros al mes, en una empresa de limpieza de San Sebastián de los Reyes. “Hemos mirado fuera de la ciudad, en los pueblos cercanos de su empleo, y lo que nos piden es inasumible”. Tres meses de adelanto, más mes de fianza, más honorarios de agencia. Sumas de dinero que no son imaginables en su familia. 

Finalmente, el juzgado sí dictaminó vulnerabilidad económica, y que la AVS debería ofrecerle alternativa habitacional en tres meses. La Comunidad se dirigió a los servicios sociales municipales de Hortaleza, que alegaron no tener competencias en vivienda más allá de albergues de emergencia. Las autoridades institucionales con competencias en vivienda son las Comunidades Autónomas. “Y tal cual, desde la AVS rellenaron un informe y presentaron ese recurso al juzgado, que les ha dicho que eso no es lo que dictaminó, y que les da tres meses  para ofrecernos una vivienda digna o archiva el caso”, relata.

Desde la Consejería de la Vivienda de la Comunidad, refieren que “es nuestra obligación recuperar esas viviendas ilegalmente ocupadas para poder ser entregadas a familias vulnerables que las esperan”. La región ha denunciado a doce familias en los  últimos meses, según lo documentado por las plataformas. La misma Comunidad que está aún hoy litigando para no tener que readquirir  las 2.935 viviendas públicas que vendió en 2013 a un fondo de inversión, operación que ha sido declarada ilegal.  En 2019, la Comunidad disponía de un parque de 20.693 viviendas, todas ellas en régimen de alquiler, una por cada 322 habitantes, que serían 282 de recomprar tal y como dice la sentencia del Tribunal Supremo los pisos vendidos a Goldman Sachs y ubicados en once municipios.

En Telde, municipio de Gran Canaria, el 12 de marzo el decreto antidesahucios y un informe de servicios sociales evitó que una madre soltera con dos hijos tuviera que abandonar el piso del Instituto Canario de la vivienda en el que entró en 2018, tras la muerte de la inquilina que pagaba la renta. La jueza del caso paralizó el proceso a finales de abril, a la espera de que llegue el informe de los servicios sociales que acredite su vulnerabilidad. También en Barcelona, un juzgado paralizó la semana pasada, día 4 de junio, el lanzamiento de una familia con menores en la calle Sequía de la capital catalana, propiedad de la empresa pública de vivienda de la Generalitat de Catalunya. 

La Comunidad de Aragón es una de las tres autonomías, junto con Galicia y Euskadi, en que se ha reducido el número de lanzamientos este trimestre. “Nosotros podemos considerar que el juzgado ha hecho su parte”, explicar Ricardo Arnedo desde el Sindicato de Inquilinos de Zaragoza, tras comentar que la mayoría de sus casos sí han encontrado la cobertura del decreto en las sentencias.

Aunque mantiene una queja: “El decreto iba más allá. En el texto se obliga a las administraciones a aportar las medidas necesarias que condujeran a asegurar una vivienda digna a las familias a las que se les reconoce vulnerabilidad económica. Han tenido todos estos meses en que en ningún caso se está haciendo este trabajo”. 

Arnedo apunta que no es aceptable la excusa de que no hay viviendas públicas en el gobierno de Aragón, “porque el decreto no dice que tengan que ser parque público, sino que se usen recursos de la manera más adecuada para asegurarles el acceso a una vivienda digna”. En este caso, Aragón tiene 762 viviendas públicas regionales, una por cada 1.713 habitantes, de acuerdo al Observatorio de vivienda y suelo 2020, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En el redactado del decreto se insta a las CCAA a desarrollar las ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.

La media de la Unión Europea es de 4 viviendas sociales por cada 100 habitantes, según el mismo Observatorio, mientras que España es de una vivienda por cada 100 habitantes, en el puesto 17 de la lista. El ranking lo encabezan Países Bajos, con más de 12 viviendas sociales por cada 100 habitantes, seguido de Austria, con un 10% de vivienda social, Dinamarca (9,5%), Suecia (8%) y Francia, que se queda por debajo 7,5%.

La región madrileña es la única comunidad autónoma que no ha activado durante 2020 ayudas directas para trabajadores afectados por ERTE o que no las ha planificado para 2021, cuando en febrero se contabilizaron 118.746 empleados de la región bajo los efectos de estos expedientes de regulación. En el resto de España se han habilitado o anunciado complementos económicos para alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), adelanto de subvenciones de alquiler, priorización y planes específicos en formación e incluso avales bancarios ante momentos de impago o retrasos en el cobro del subsidio estatal.

Mientras hace unos días el decreto de convocatoria de elecciones madrileñas encendía la alarma sobre la posibilidad de que no se pudieran gestionar o incluso recepcionar las ayudas del Estado para autónomos, pymes y empresas que acaban de ser aprobadas, debido la parálisis en la que ha entrado ya la maquinaria gubernamental hasta los comicios del 4 de mayo, otro tipo de ayuda que no depende de plazos burocráticos sino de voluntad política pasaba desapercibida: todas las comunidades y ciudades autónomas de España han activado desde el comienzo de la pandemia, o aprobado para este año 2021, ayudas directas y específicas para trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) a excepción de Madrid, la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso y hasta el pasado 10 de marzo, Ignacio Aguado, cuando fue cesado de sus funciones como vicepresidente.

Los empleados bajo ERTE representan a un amplio colectivo que no computa como desempleados, pero que tampoco recibe sus percepciones de manera íntegra, lo que añadido al problema de bloqueos o retrasos en los cobros, se traduce en ingresos mermados sustancialmente que, como llevan ya meses avisando las entidades del tercer sector, ongs y redes vecinales, ya rozan la exclusión social.

Desde la Consejería de Empleo madrileña, explican por qué se ha decidido no activar ayudas para este tipo de trabajadores y apuntan que las actuaciones de regiones como Galicia, Castilla y León, Murcia o Ceuta, todas ellas también con presidencia popular, podrían recibir un toque de atención: “Los complementos a prestaciones como políticas pasivas corresponden al Gobierno de España. Las comunidades solo coordinan políticas activas (incentivos a la contratación, que sí se han lanzado, por valor de 19,4 millones de euros) aunque alguna región como Galicia lo intente. El Estado les puede recriminar”, afirman desde el gobierno de la Puerta del Sol.

Esa argumentación choca con el texto del Real Decreto ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, mediante el que se autorizó en marzo del pasado año a las regiones a “ampliar partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, ya sean estas de urgencia o de inserción” y también a adoptar “otras medidas que las comunidades autónomas, en colaboración con los servicios sociales de las entidades locales, consideren imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis”.

Y no se trata solo de Galicia. Son todas las demás regiones, también Ceuta y Melilla. Cada administración a excepción de la madrileña ha articulado en los últimos meses ayudas ya concedidas o aprobadas para este año, la mayoría son directas, también en forma de avales bancarios ante los retrasos en el cobro de la prestación, ayudas para el pago de alquiler o hipotecas, subvenciones para la mejora de sus contratos o incluso prioridad en la asignación de formación o cursos específicos que mejoren las capacidades de empleabilidad de las personas afectadas.

Los gobiernos del PP eligen el pago único

Varias regiones gobernadas por el Partido Popular no han hecho la misma lectura competencial que Madrid y atendiendo al decreto ley estatal, han activado ayudas directas. Galicia, por ejemplo, con un ejecutivo con mayoría absoluta del Partido Popular, activó entre julio y octubre una ayuda de entre 12 y 15 euros por jornada completa efectiva de suspensión o reducción de contratos para personas afectadas por un expediente de regulación, compatibles además con las prestaciones por desempleo, incluso posibles complementos que las empresas acordaran conceder. Traducido al ingreso mensual en las familias: entre 150 y 300 euros en función del horario de la jornada laboral. Para ello se utilizaron seis millones de euros de las arcas regionales, junto con anticipos a 3.400 trabajadores que estaban aún pendientes de que el Estado les ingresara la prestación.

En general, el mecanismo de ayudas directas articulado para trabajadores afectados por ERTE ha consistido en aportar con presupuestos autonómicos la cantidad necesaria para alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional vigente (SMI) de 950 euros, una vez revisada la cantidades a percibir por el ERTE, que no deja de ser otra prestación contributiva por desempleo pero que puede no llegar a alcanzar esta cifra, en función de las cotizaciones de cada persona empleada. En el caso de las regiones populares se ha elegido abonar en un solo pago y con carácter retroactivo.

Así lo decidió el gobierno murciano, gestionado por populares y Ciudadanos en coalición hasta el terremoto político de hace dos semanas, que activó un pago único en diciembre de entre 300 y 600 euros para cada trabajador afectado, tras una convocatoria resuelta en tres meses, una suerte de récord burocrático en pandemia. La cantidad total presupuestaria asignada a esta ayuda alcanzó los 2,5 millones de euros y llegó a más de 4.500 personas. 

Más del doble fueron las personas asistidas en Castilla y León: 11.997 trabajadores y trabajadoras también recibieron, con el mismo sistema que en Murcia, un pago único medio de 500 euros por beneficiario que hubiera estado bajo ERTE entre marzo y junio. El ejecutivo en coalición también de populares y Ciudadanos destinó a esta ayuda casi seis millones de euros, que prevé ampliar con otros cinco en las próximas semanas mediante una nueva remesa de ayudas similares que ya han sido aprobadas y están dentro del Plan de Choque de la región. Esta nueva subvención se destinará a las personas bajo ERTE de empresas que no superen los 250 trabajadores, cuya base de cotización no supere los 1.600 euros mensuales y que hayan estado en situación de ERTE al menos 45 días dentro del nuevo período subvencionable. Todas ellas, condiciones muy similares al resto de autonomías que han activado este tipo de subsidio extra.

Ceuta, ciudad autónoma gobernada asimismo por el Partido Popular, aprobó y gestionó una ayuda para vecinos que estuvieran afectados por un expediente de regulación entre el 14 de marzo y el 30 de noviembre del pasado año. Se ha podido solicitar con carácter retroactivo hasta mediados del mes de febrero y la cantidad diaria subvencionable es de seis euros, exceptuando los 30 primeros días de ERTE que quedan fuera de cobertura. 

El recorrido por las regiones conservadoras termina en Andalucía, donde una fuente oficial del Gobierno desde su sede en el Palacio de San Telmo confirma que el nuevo paquete de ayudas que se aprobará en dos semanas incorporará ayudas específicas para empleados bajo ERTE. “Actualmente está perfilándose con los agentes económicos y sociales, y las detallaremos y anunciaremos próximamente”, confirman.

De esta manera, la comunidad se incorpora al resto de autonomías conservadoras, a excepción de Madrid, que de forma específica asignan presupuesto regional a ayudar a esta tipología de trabajadores que, desde que se activó el mecanismo de los ERTE. 

Actuaciones en las CCAA progresistas y nacionalistas

Hasta diez resoluciones (la última conocida en enero) ha lanzado la Consejería de Empleo y Políticas Sociales del gobierno de Cantabria para conceder un suplemento de 200 euros a trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo. La región gobernada por socialistas y el Partido Regionalista Cántabro lanzó una primera convocatoria en los primeros meses de la pandemia que ha ido ampliando al ver que la cantidad asignada era insuficiente.

La Navarra presidida por la socialista María Chivite ofreció una cobertura de los meses de verano para trabajadoras y trabajadores bajo ERTE. El plazo para solicitar esta ayuda finalizó el 20 de noviembre y el tope de renta individual quedó establecido en 20.000 euros, o 40.000 si la persona afectada formaba parte de una unidad familiar. Un poco más al oeste, el gobierno de La Rioja, cogestionado por socialistas y Unidas Podemos (UP), acaba de ampliar a principios de marzo, ante “la persistencia de los efectos negativos sobre las empresas y el empleo de la situación de emergencia sanitaria causada por el COVID-19”, en voz de su Consejería de empleo, el decreto de sus ayudas específicas, extendiendo la cantidad de 100 euros a 150 mensuales y la partida presupuestaria hasta los 1,5 millones de euros. Esa misma cantidad es la que explica la Junta de Extremadura que se asigna en una partida presupuestaria específica que otorga una media de 176 euros por persona bajo un ERTE que cumpla los requisitos al mes y que ya va por la decimotercera remesa o ampliación desde septiembre pasado. 

En la Comunitat Valenciana se ha dado un paso más y encabeza el presupuesto derivado a estas ayudas: hasta 47 millones de euros ha aportado el gobierno de socialistas, Compromís y Unides Podem en dos tandas para complementar el subsidio de empleados en ERTE. La primera, en 2020, con una dotación de 30 millones y la más reciente, para los meses de enero y febrero de este 2021, asignando otros 17 millones de euros. Se ha usado una fórmula no vista en ninguna otra región: no hace falta tramitarla, ya que el gobierno autonómico la otorga de oficio. Las cifras oficiales aseguran alcanzar con esta ayuda a 48.000 personas. 

Aún no concedidas, pero sí en fase avanzada de su tramitación, que en lenguaje administrativo significa “próximamente”, se encuentran 3,5 millones de euros del presupuesto de Castilla La Mancha que serán empleados, en palabras de la consejería de Economía, Empresas y Empleo manchega remitidas a este diario, “en ayudas directas para las personas trabajadoras que, tras verse afectadas por un ERTE, no recuperen su puesto de trabajo”. 

Hace tan solo unos días el pasado 11 de marzo, se anunció en Melilla, gobernada por Ciudadanos en coalición con socialistas y el partido regionalista Coalición por Melilla, la creación del “Cheque Covid-19”, con una partida presupuestaria de tres millones de euros que compensará las pérdidas económicas de los trabajadores bajo ERTE. 

En Catalunya, acaba de terminar el plazo para solicitar un pago único de 600 euros para quien llevase tres meses en ERTE a fecha de diciembre de 2020, a razón de 200 por mes. Los cálculos autonómicos alcanzaban los 175.000 personas ayudadas en su formulación inicial, que tras el recálculo al cierre de convocatoria han quedado en 134.000 con un presupuesto que supera los 93 millones de euros. El miércoles pasado, el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia Chakir el Homrani informó de la ampliación de tramos y ayudas hasta los 900 euros para quien haya estado en ERTE entre ocho y diez meses. También se han habilitado otros 25 millones para formación y reciclaje profesional de personas en expedientes de regulación de empleo.

Euskadi, por su parte, ha realizado dos convocatorias de ayudas económicas directas de complemento de los ingresos por ERTE, de acuerdo a dos plazos e cobertura: de julio a septiembre, con un gasto ya evaluado de dos millones de euros invertidos en 6.000 prestaciones, y una segunda para lo vascos afectados por esta situación entre los meses de octubre y enero, siempre que cobren menos de 20.000 euros al año. Para esta prórroga se han reservado otros doce millones de euros consensuados con la Mesa de Diálogo Social vasca.

Cursos de formación, ayudas para vivienda o avales bancarios

Las regiones con ayudas más modestas, pero, aún así, específicas para trabajadores en ERTE son Asturias, que ha ofrecido avales en seis entidades bancarias de hasta 1.000 euros para personas que por retrasos en el cobro de las prestaciones han tenido dificultades para hacer frente a los gastos cotidianos; subsidios para mejorar las condiciones de contratación de los trabajadores en expediente de regulación; en las islas Canarias se ofrecen abonos anticipados de las ayudas al alquiler, mientras que en el caso de Aragón e Illes Balears, que para ello ha reservado tres millones de euros, se han priorizado planes de formación, reorientación, recualificación y empleabilidad con recursos específicos para las personas en esta situación laboral.

Mientras tanto, en Madrid, en el último informe de coyuntura económica mensual que publica la región correspondiente a enero, se reconoce el continuo incremento de trabajadoras y trabajadores afectados por ERTE. Ante esta situación, la Comunidad ha decidido derivar sus impulsos económicos de forma indirecta a planes de mantenimiento del empleo y fomento de la contratación en empresas, aunque sin especificar bonificaciones para incorporar o mejorar las condiciones de estos trabajadores. Madrid, por tanto, es la única región española que deja en manos privadas la decisión de mejorar la situación de las personas afectadas por los expedientes de regulación temporal empleo.

En el exterior  del pabellón municipal de Torres de Segre (Lleida), los 42 grados de los últimos días de agosto no perdonan. En el interior, gracias a los cuatro aires acondicionados instalados de emergencia en julio, se soportan mejor. Es aquí donde guardan cuarentena los temporeros asintomáticos positivos en COVID–19 que no tienen lugar donde pasar el confinamiento obligatorio.

Omar y Suleimán, que no trabaja en el campo sino en la construcción, llegaron hace unos días. Hay complicidad entre los dos y se escuchan risas cada poco en el polideportivo donde son atendidos por voluntarios de la organización Open Arms, a través de un convenio de colaboración con la Generalitat de Catalunya. 

—Cuando llegué a Barcelona en febrero de 1981 fue todo rarísimo. Yo vine cuando Felipe González aún no era tu presidente: era Adolfo Suárez.

No es lo que se espera escuchar al comenzar una entrevista con un migrante de Gambia en la Lleida profunda, durante la temporada de recogida de la fruta de hueso, el melocotón y la nectarina. No será esta la última historia sorprendente de Suleimán.

–Claro que tuve miedo– relata al contar que aterrizó en la ciudad condal en los últimos días de febrero de 1981 procedente de París con un visado nigeriano en la mano, en una ciudad llena de militares los días posteriores al intento de golpe de Estado del general Tejero. “Fue un momento raro, rarísimo, y claro que tenía miedo”, continúa. Al ir a trabajar, todo estaba lleno de policías en Premiá de Mar, la localidad donde se instaló en las afueras, en el campo. “Algunos compañeros africanos tuvieron mala suerte –recuerda– fueron capturados y devueltos (deportados). Aún no han podido volver”.

Este hombre que ha cumplido los 58 años de acuerdo a su DNI ya español, pasó su primer invierno en Catalunya muerto de frío. Según la Agencia Española de Meteorología (AEMET) la media de febrero de aquel año fue de 8,5 ºC en comparación con los habituales 29 ºC de la capital de su país, Banjul. Un shock en toda regla para el joven de 19 años que era entonces.

A su lado, Omar, con uno menos, recién alcanzada la mayoría de edad, rememora también el frío de diciembre de 2009, cuando llegó junto a su hermano pequeño a Banyoles, en la provincia de Girona. La comunidad gambiana, según el Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat), era ya de 555 habitantes, un 28% de la diáspora africana de la localidad, y un 3% de la población total, con lo que su llegada no fue demasiado comentada. 

“En enero entramos en la clase donde había cinco niños más que eran negros”, recuerda. En realidad dice “morenos” y Suleymán se golpea la cabeza con la mano. “Me revienta la cabeza escuchar esta palabra”. Risas. 

Para junio, Omar ya hablaría catalán y castellano suficientes como para mantener una conversación. Hoy se expresa mejor, de hecho, en catalán que en castellano.

Suleimán, quien resultó ser el origen de un brote, fue el primero en llegar al pabellón. Tras él, se contagiaron los cinco habitantes de su piso de alquiler, entre los que estaba Omar, que llegó un par de días después al pabellón, dejando a los otros tres compañeros en un hotel para sintomáticos gestionado por Cruz Roja. En realidad no se llaman ni Suleimán ni Omar, han elegido cada uno su alias para proteger sus identidades.

Su piso, estos días vacío hasta que pasen todos los días de confinamiento, está en Maials, el pueblo leridano que por su ubicación funciona como epicentro para los temporeros, desde donde se van moviendo en busca de trabajo en los campos de recogida.

 Además de compartir vivienda este verano por motivos laborales, tienen ADN común, y es que son familia por partida doble: Suleimán es tío abuelo de Omar por parte de madre, y primo de su abuela paterna. Todo queda en casa; en este caso, en el pabellón, donde discuten en su idioma natal, el fula, cada cinco minutos como cualquier otra familia más con un adolescente aburrido sin mucho que hacer.

Ninguno de los dos se queja por estar aquí: “Yo estaba construyendo una terraza y me llamó el alcalde directamente (de Maials, David Masot, de JxC) para avisarme de que tenía que venir aquí”, cuenta Suleimán. “Yo lo entiendo, es lo que toca”. 

La Generalitat parece haber aprendido la lección, y han puesto remedio para que no se repitan las imágenes lamentables de hace unas semanas, cuando muchos de los 25.000 de migrantes  que habían acudido a trabajar en la recogida de la fruta, como cada año, dormían en la calle, también como cada año, con el agravante en este verano de que en medio de una pandemia  y rebrotes en la zona nadie les asegurase espacios o condiciones adecuadas.

Suleimán estar tranquilo, controlando un leve dolor de cabeza y uno fuerte de espalda, que liga al cansancio y al trabajo más que a otra cosa. Su única inquietud es el cobro de estos días, una preocupación que  se repite en cada una de las conversaciones con los temporeros confinados. No saben lo que es una baja laboral y no se fían de cobrar durante las semanas que no están en el tajo. 

Suleimán tiene conversaciones  por Whatsapp con el patrón donde, aunque no queda claro cómo,  se confirma que se le abonarán estos días: “Me asegura que me los pagará, que no me preocupe. Nos conocemos hace años”.

En este verano de 2020 el ministerio de Trabajo y Economía social ha intensificado las inspecciones laborales no solo sobre empleo irregular, sino muy especialmente debido a la particularidad de esta campaña de recogida de fruta, en lo relativo a seguridad y salud, protección frente a la COVID–19, y a las condiciones laborales de las personas trabajadoras. 

Cuando Suleimán decidió lanzarse a la aventura de llegar a Europa, nadie  había escuchado la palabra patera, y la migración africana era mayoritariamente interna, principalmente desplazamientos masivos causados por la guerra civil de Angola que había comenzado en 1975 y el Apartheid de Namibia y Sudáfrica, el movimiento de segregación racial en vigor en ambos países hasta 1992 y que vivía su momento álgido por aquel entonces. Entre 1970 y 1980, el número de  personas refugiadas creció de 750.000 a 5 millones de personas, sobre todo en los dos últimos años, de acuerdo a las estadísticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR.

Gambia se adentraba en la década de los ochenta a otro ritmo y sin altercados. En 1970 se había proclamado república presidencial tras conseguir la independencia en 1965. La migración nacional apuntaba unos cientos de kilómetros hacia el norte, a Mauritania, y estaba motivada por razones laborales: los hombres se empleaban como pescadores, la profesión más tradicional gambiana (el país se delineó a lo largo del río que le da nombre), y quienes tenían estudios conseguían trabajo como profesores. Las mujeres, por el contrario y con un índice de alfabetización ínfimo, en restaurantes. Años más tarde llegaría su primer golpe de estado en 1994, y una república islámica que radicalizó leyes, especialmente contra homosexuales y la libertad de prensa. 

Pero para eso faltaba mucho en 1981. Suleimán se vino para vivir mejor que sus padres.

–¿Te vendrías ahora, te arriesgarías a venir en patera?

–De ninguna manera. Si fuera por mí, cerraría todas las fronteras con África y que no venga nadie más. 

La respuesta sorprende, incluso puede parecer insolidaria en alguien que ha prosperado, que ha conseguido la nacionalidad española  para él y para sus cinco hijas e hijos de tres mujeres, una de ellas española, Maite. 

Omar asiente, a su lado. Él llegó por arraigo, al estar su padre trabajando en España. “Cuando mis amigos me hablan de menores extranjeros no acompañados, o noticias de niños que han muerto intentando llegar a Europa, me siento mal, no saben lo que hay aquí de verdad”

Ambos se ven privilegiados. Para Omar, que ha cumplido 18 años en febrero y ha estudiado la ESO en Banyoles, es su primer verano como adulto y trabajador, y ha venido a Lleida a sacarse un dinero en la recogida de fruta. Fácil, con permiso de trabajo, con papeles. Tras un parón por la cuarentena del coronavirus, volverá a su empleo veraniego el miércoles 25 de agosto, pero para ser despedido al día siguiente. “Me han dicho que no hay más faena”, reconoce. La tipología de su contrato, de temporada, permite un fin abierto y no requiere de preaviso. Tampoco está convencido de si cobrará sueldo por sus días de baja, aunque tiene en sus manos la baja y el alta de CatSalut, pero nadie le ha confirmado nada. Así es el día a día de los temporeros extranjeros, tengan papeles o no.

Aún así, se saben con suerte si se comparan con los casi 2.000 migrantes compatriotas que están censados como llegados en 2019 a España de forma controlada (la cifra de personas llegadas de forma irregular no es fácil de contabilizar). Por esto mismo creen que no serán escuchados, ya que les ven como ricos en el pueblo de su familia, Sare-Alpha, una población de 7.000 habitantes en el extremo oriental del país.  En este emplazamiento, hace justo un año y tras una visita del presidente de la república Adama Barrow, se les prometió la instalación eléctrica comunitaria, y seis meses después sus vecinas y vecinos protestaban en una página de Facebook acusando al gobierno de mentir y abandonar a la población. 

Así es la realidad de su país, que en 2018 destinó más del 40% de sus ingresos a pagar la deuda nacional,  y a la que Suleimán intenta vencer y convencer hablando por móvil a sus vecinos intentando que no crean a los contrabandistas o smugglers que se acercan a la mezquita y  prometen a los cabeza de familia que “en un mes tu hijo puede estar en Europa” a cambio de los ahorros de toda una vida. No lo consigue, y se frustra. Aunque haya seis jóvenes del pueblo que hayan ido desapareciendo con los años y de los que nadie haya vuelto a saber tras emprender el camino hacia  España, Italia o Alemania, con los que él llama “mangantes”.

–Si decimos que no vengan nos dicen que somos unos burros, que no tenemos ni idea de lo que pasa en Gambia, que quieren lo mismo que nosotros – explica Omar, que no ha vuelto a su país natal desde que llegó, con nueve años.

 –Yo hablo con amigos que viven en la calle de al lado en mi pueblo a menudo –añade Suleymán– Tengo una casa que he podido construir que es mejor que la que pueden soñar. ¿Cómo decirles que no vengan? No van a parar. –Con 58 años tiene una vida mucho mejor que la que cualquiera de sus paisanos pueda soñar, aunque no sepa leer bien y aún hoy se deslome construyendo muros y haciendo obras por toda Catalunya. Los primeros días de cuarentena se los pasó durmiendo, de puro cansancio y aquejado de fuerte dolor lumbar.

Las carcajadas vuelven a resonar en el pabellón cuando el mayor gana por tercera vez al discípulo al dominó, juego con el que pasan las horas y en el que ambos se han convertido en expertos, uno más que otro, al parecer.

Este hombre curtido y que sabe más por lo que calla que por lo que cuenta,  acusa a Europa, de permitir el tráfico ilegal y la corrupción en África. –Nunca culparé a los africanos. Bueno, a los políticos sí, claro–  Y se refiere a continuación al reciente golpe de estado en Mali y las protestas de mayo y junio contra las evidencias de corrupción del ya ex–presidente Boubacar Keïta y su familia, y el auge del yihadismo.

Niega haber sufrido racismo en los 39 años que lleva en España, pero cruza una mirada de advertencia con su sobrino–nieto cuando dice que no querría para él la vida que ha tenido su tío. Fin de la cita. Dice que quiere aprender un oficio. Se ha escapado del Bachillerato, de momento. Aún no ha terminado la ESO pero quiere volver.

Omar es un chico de su edad, un joven de 18 años que está comenzando a vivir. Una de sus canciones favoritas es I don´t care, el dueto de Ed Sheeran y Justin Bieber de 2019 que condensa el sentimiento de cualquier persona de su edad, gambiana no, migrante o no, en la letra:

Don't think I fit in at this party

Everyone's got so much to say, yeah

I always feel like I'm nobody, mm

Who wants to fit in anyway?

Suleymán prefiere cantantes gambianos o senegaleses, como Jaliba Kuyateh, el rey del kora, una institución en Gambia, o incluso, La Macarena de Los del Río. También y para sorpresa general, cita la película Es peligroso casarse a los 60, título de 1980 que le acompañó en sus primeros años en España, protagonizada por Paco Martínez Soria y con una pareja interracial en el argumento que le recuerda a las veces que en el supermercado de Premiá de Mar le miraban como a un ser de otro planeta. Una especie de Adivina quién viene esta noche dirigida por Mariano Ozorres cañí que le hace mucha gracia. 

La conversación se  cierra con un consejo de  Suleymán al joven Omar: “Estudia. Lo que pasamos nosotros lo que llegamos no quiero que lo pase nadie: ni tú, ni mis hijas o hijos. El estudio es todo –en estas palabras se entienden los silencios del resto de la entrevista– , así que espabila”, remata. 

Salvado por la campana. Suena la llamada del rezo en el móvil del joven. Son las 17:49 y ya toca el cuarto del día, el Asser. Justo después, voluntarias y voluntarios de Open Arms les tomarán la temperatura y entregarán la merienda. Más tarde volverán a la mesa sobre dos caballetes donde se celebra la Copa del Rey de dominó en Torres de Segre, como le gusta contar a Suleimán, que por supuesto ganará él. No podrá venir a entregar la copa el monarca emérito por haber salido del país, bromea el gambiano, demostrando que es capaz de comentar las vergüenzas patrias como un tertuliano español cualquiera en un tarde calurosa de agosto.

Por fin, ha llegado el día.

Pasó la verbena de Sant Joan, hemos quemado los miedos.

Hoy se presenta Guanyem... Barcelona, de momento.

De un tiempo a esta parte miro la actualidad como una anécdota de la H/historia. No sé si debería escribir mayúscula o minúscula aquí porque, para que la h muda e insignificante se convierta en H imponente, ha de marcar la diferencia.

Guanyem es el enésimo intento de la izquierda por arremolinarse y crear turbulencias. De ahí su logo, bastante bien diseñado, tan circular como se lleva ahora en esto de las candidaturas políticas de abajo a arriba, tan incompleto como la Gestalt nos enseña (la mente nos hace cerrar la circunferencia con nuestros deseos). Un remolino que puede llevarnos a Oz y cambiar nuestro mundo para siempre, o no pasar de tormenta de verano y dejar dos o tres escaños a los sumo en el Ayuntamiento el año que viene... para llenarlos de camisetas reivindicativas y hashtags milimetrados.

Y qué desperdicio sería eso, espero que estéis de acuerdo.

Una buena imagen no sirve de mucho, ya lo hemos aprendido. Estamos hartos de verlo. Y sí, tenemos a Ada. Lo mejor de Ada es lo que no es Ada, lo que no vemos de Ada: el resto de personas (mu-chí-si-mas) que están empujando con ella para que de una vez, de una puta vez, esto tenga sentido.

Guanyar, ganar, significa sumar. Y sumar significa ceder.

Repito: sumar, ceder. No decir que vamos a sumar y ceder para quedarnos esperando a que el otro venga a rendir pleitesía. Porque si hay una ciudad donde he aprendido que las luchas vienen de lejos es Barcelona. Algunos me dicen que desde 1714, otros que desde el XIX de Onofre Bouvila y su anarquismo a la sombra de la Exposición Universal, los de más allá me recuerdan a Companys y Macià en abril del 31 hablando de cordialitat para integrar Catalunya a la Federació de Repúbliques Ibériques.

Todos se hacían servir de zonas comunes. Porque si hay un lugar donde me habéis enseñado que mejor que crear algo nuevo es coger lo bueno de cada uno y reconocernos, es Barcelona. Hasta en mi barrio, Poblenou, donde ya no sé si al tipo con el que estoy hablando en la rambla le conozco del AMPA del colegio, de mi cooperativa de consumo, del Flor de Maig o es un drac bajo el que me escondí del fuego en el último correfoc. Y me preocupa bastante poco saberlo.

Para que Guanyem sea mayúscula ha de desfacer entuertos y remendar heridas. Y ha de hacerlo no para ganar, más bien para no faltar al respeto a los barceloneses, que son de genética poliédricos e hiperactivistas, y que lo llevan sin mayor problema esperando que lo que se les ofrezca vaya por ese camino. No se puede crear algo que no sea el espejo claro y honesto de los ciudadanos a los que queremos representar. Quiero decir: si vamos en serio en esto de hacer las cosas de forma distinta.

Basta entonces, basta ya de suspicacias. Basta de declamar deseos de unidad en dos segundos para el tercero sacar el pero que argumente en contra. Basta de miedos en siglas -varias- que no terminan de entender procesos porque no son los suyos (y es que queremos otros). Basta de reproches de posiciones inmovilistas -varias, y 2- que se empeñan en preferir ser oposición que alternativa, y que son más vieja política que a los que llaman vieja política. Basta de soberbias -ay, y 3- del que llega ahora con un manual de instrucciones impertinente e impreciso aunque recién lacado y virgen, pretendiendo abordar las instituciones políticas que dicen querer tumbar y ofendiéndose ante las lógicas preguntas de cómo serán las relaciones: ¿en qué quedamos, pues, es que hemos venido a hacer un club de macramé? Basta de decir en privado y callar en twitter. Basta de hablar en twitter y callar en privado, si lo mismo me da.

¿Os resulto poco concreta? Vamos allá, que a los monstruos para derrotarles hay que mirarles a los ojos: Bolonia y la actuación de los mossos, Aturem el Parlament y otros conatos de violencia que siguen sin poderse controlar. Las difusas complacencias ideológicas con una Euskadi que queremos dejar atrás, el dudoso bien que hicieron los escraches a políticos del PP...

¿Así mejor?

Basta. Que no hay tiempo para rendiciones de Breda ni recapitulaciones que apestan a antiguo. Tampoco paciencia. Que a los ciudadanos de Barcelona, y a los que vengan después, nos resbala el párrafo anterior. ¿Que no lo veis? Es el momento de elegir objetivos concretos, ponerles nombre y metodología, y que las personas que estén dispuestas a pelearlas lo hagan, vengan de donde vengan y cada uno reivindicando de dónde aprendió la habilidad y los conocimientos, faltaría más. Renuncias, ninguna. Ambiciones, todas. Es lo que nos están pidiendo, solo hay que poner la oreja. Yo estoy viendo a algunos poner la oreja, y mucho más, en el asador.

Y huele rico.

Vaya, que me he liado mucho para deciros que si no lanzamos anteayer los miedos a la hoguera, los tiremos por el inodoro ya mismo. Menos glamuroso si no os digo que no, pero igual de efectivo, que es lo urgente ahora. No me vengáis con lindezas preciosistas.

Si no lo hacemos, todo lo que escribamos, hagamos y digamos esta vez será inútil, irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes que se empeñan en no sumar, están condenadas a cien años de soledad (y de oposición) y no, tampoco tendrán una segunda oportunidad sobre esta tierra, una ciudad de tantos prodigios.

El pasado sábado y en el prime time de nuestra tele escuché a Alfonso Rojo: “Yo la única violencia que defiendo es la que pueda ejercer un Estado”. Se expresaba de esta forma contra la nueva normativa con la que los vigilantes de seguridad podrán detener a ciudadanos. Nadie dijo nada. Ni el conductor del espacio ni el resto de tertulianos.

Demasiados gritos, creo que ni le escucharon.

Aguantad el exabrupto: Rojo ha cubierto Irak y Afganistán, estuvo en la caída del muro de Berlín y hasta contó la revolución sandinista en los 80 desde Nicaragua, poca broma, para Diario 16. A lo que voy: no es un mamporrero de la derecha, no es tan sencillo. Es periodista, columnista y tertuliano.

Yo también soy periodista. Y columnista y tertuliana ocasional, hasta hoy.

Esto no es una despedida, pero sí un hasta luego. No me voy a alargar ni me vestiré de virgen vestal para loar las virtudes del periodismo equidistante. Nada más lejos de mi intención: este oficio no tiene nada que ver con la neutralidad, si hablamos de política. Sí con la honradez y la objetividad a la hora de conseguir datos. Y un tremendo respeto hacia vosotros.

Se puede practicar desde la opinión porque también es periodismo. De hecho, yo lo he intentado siempre: ni una columna salía firmada por mí que no tuviera links que invitaran a profundizar más. O de un dato que no se conocía o que se ocultaba he armado un texto completo, incluso ficcionado, que buscara provocar vuestro interés, abrir vuestro apetito de saber qué, quién, cómo, cuándo y por qué pasa lo que pasa.

He hablado con parlamentarios difuntos en el Congreso, se me ha aparecido Felipe en mi cuarto para decirme que en realidad es republicano (ay, el humor en política, qué infravalorado está), he contado alguna intimidad mía para explicar, por ejemplo, cómo mi hija aprendía a decir recortes y retallades, en catalán, que es lo más nos importa. He rabiado como mujer ante Gallardón y como ciudadana ante Wert, Báñez, Teófila, en fin. Tantos. No incluyo los links porque sería el colmo del autobombo del columnista. Si os apetece, los buscáis.

Y, sin embargo, estoy haciendo lo contrario de lo que hace ya unos años me comprometí a hacer. Aquí viene el drama: hablando yo, no os estoy dejando hablar a vosotros. Cada vez que compartís o comentáis un artículo mío con un “yo no lo habría dicho mejor” o similar, sufro. Porque nadie podrá decir mejor que vosotros lo que vosotros queréis decir. Porque, de alguna manera creo, estoy evitando que vosotros os pronunciéis, y que actuéis.

Pero es que yo no soy experta en nada, y os voy a contar un secreto: ningún periodista lo es. Como mucho, tenemos ciertas habilidades para encontrar primero, y conectar este con aquel dato después, recordar y rescatar del disco duro aquello que se dijo y que está relacionado, y tirar de agenda para llamar a quién nos puede ayudar a explicarlo. Esto es lo que yo pongo en valor. Brillamos cuando hacemos información, pero nos diluimos entre politólogos, expertos en marketing político e incluso militantes de partidos cuando hacemos opinión.

Cada vez es más difícil distinguirnos los unos de los otros. Pero se puede, y el truco para nosotros es cumplir dos condiciones: decir que lo estamos haciendo (opinar, no informar) y tener otro ámbito de trabajo donde hagamos información. Yo cumplo la primera, pero no es suficiente, y hasta que no pueda marcar el stick en la segunda, me bajo aquí.

Hay otros que tampoco la cumplen y siguen. Cada día, redundándose en textos previsibles al doscientos por cien que no aportan nada más que crispación. A uno y al otro lado del espectro editorial. “Es lo que más se lee”, me confirmó un editor hace poco. “Y es lo más barato de conseguir”, me dijo otro. Bien, la decisión es de cada cual. La mía, está en este texto de hoy.

No voy a hablar de los que no cumplen la primera condición, que también hay muchos, y os confieso que me da pánico que me confundáis con uno de ellos. Vamos, que me quita el sueño, y no estoy de coña.

Permitidme, además, que hable un poco de lo que yo pretendo aportar: no quiero convenceros de que Soria ha mentido y varias veces con la reforma energética: quiero dar información para que lo deduzcáis vosotros y, además, quiero trabajar para que podáis preguntarle a él directamente y que se vea en la responsabilidad de contestar y justificaros un aumento del coste de la tarifa de la luz un 80% en diez años, y quizá enseñaros cómo revoluciones ciudadanas que han conseguido tumbar a gobiernos, arrancaron con protestas por la subida de tarifas o privatizaciones, como es el caso de Brasil o Bolivia. No voy a reclamarle a Gallardón nuestro derecho a un aborto legal, libre y gratuito en un siglo XXI de igualdad de sexos y económica en teoría, sin que mujeres y hombres podáis defender vuestra posición, sea la que sea, por descontado, con tanta contundencia como yo misma. Hoy mismo que llega la ley al Consejo de Ministros abriría el debate, si pudiese. Ni pontificaré más sobre las medidas retrógradas de Wert sin construir un diálogo donde profesores, estudiantes y alumnos deis mil y un argumentos mejores que yo, siendo vosotros los verdaderos expertos. No quiero destripar la ponzoña de UGT para hacerle el juego al neoliberalismo antisindical si no produzco un espacio para analizar el futuro de la organización ciudadana laboral, pero también social.

Y nada de eso lo haré desde una columna de opinión. De hecho, ya tengo el embrión y lo testé hace un tiempo, aquí lo tenéis por si os pica la curiosidad. Si en realidad, siempre ha sido vuestro.

Desde aquí doy las gracias a El País, El Periódico de Catalunya y a estos locos de eldiario.es por cederme un espacio y compartir tinta. En los enlaces tenéis todo lo que he escrito para ellos. Ellos y varios más saben que, disfrutándolo como lo disfruto, no es ésta la mejor parte de mí que pueden incorporar a su proyecto. Conocen las otras, que son las que voy a pelear. Cuando eso llegue –segunda condición, remember– no os libraréis ni de mí ni de mis opiniones de política, que llegarán para acompañaros en vuestras decisiones (y azuzaros un poquito, no digo que no), pero nunca para sustituirlas o paralizarlas, que es una sospecha que tengo: el RT como neutralizador de la acción ciudadana, la que de verdad cambia las cosas, y no nuestro ego de periodistas.

Yo que vengo de la tele y creo tanto en el audiovisual para hacer la democracia más fuerte, o para hacerla real dados los últimos empellones, os dejo de la forma más coherente: Feliz Navidad (quina mandra) y... HASTA MÁS VER. Uy, esto ha quedado como borde, y no es la idea. Repito: NOS VEMOS.

Los desalojados de la nave de Poblenou de Barcelona el pasado julio todavía no han recibido ninguna solución, a pesar de las promesas. Los días antes de que fuesen expulsados las más de 300 personas de origen subsahariano que ocupaban el recinto, se les ofreció la tutela del Ayuntamiento hasta su inserción laboral. Pero no llega. Estos días se cumplen tres meses de la presentación de las primeras solicitudes de regularización. El subdelegado del Gobierno en Catalunya Emilio Ablanedo, da una primicia: “Tres han sido resueltos de forma favorable estos días, y otros dos parece que serán positivos también”. Son muchos más. “Se han remitido 52 a la Secretaría General de Migración e Inmigración de Madrid”. Sobre estos, no tiene información de fechas de entrada, o decisión al respecto.

Aún el cómputo no llega hasta los llamados “300 de Poblenou”: un grupo amplio de mujeres y hombres, prácticamente todos subsaharianos que desde hacía dos años ocupaban una de las naves del barrio. Se dedicaban a la recogida de chatarra, actividad no reglada pero defendida por los vecinos que les dan apoyo. “Limpian nuestros contenedores y escombreras, su labor es positiva”. Es una situación alegal, y otro de los puntos en la lista de reivindicaciones para normalizar su situación.

A finales de julio de este año se produjo el desalojo a instancias de un juez de Barcelona que ordenó la actuación inmediata de los mossos y a favor de los dueños del edificio. No son otros que la familia Iglesias Baciana que, paradójicamente tiene una fundación que se dedica a ayudar económicamente a “mujeres menores de 30 años y evitar la marginación social”. Nunca quisieron reunirse con los habitantes (hombres y mujeres) de la nave ni con los organismos ciudadanos que les defienden. Tampoco ha sido el único desalojo de edificios este año en Barcelona, gestionado por el alcalde, Xavier Trias de CiU, que anunciaba programas de ayuda y alojamiento vía twitter mientras se vaciaba la antigua nave.

La situación legal de este grupo de inmigrantes es insólita y va más allá de los procesos habituales. Salieron del edificio con el compromiso del Ayuntamiento de quedar tutelados por el Consistorio hasta su inserción laboral. “Esto implica, necesariamente la obtención de papeles, ya que no se puede tener empleo sin permiso de trabajo”.

Enrique Mosquera, de Papeles Para Todos lo tiene claro. “Para nosotros, esto significa la regularización”. El comisionado de Inmigración del consistorio Miquel Esteve, no está en absoluto de acuerdo con esta interpretación. “A lo que el alcalde Trías se comprometió fue a dar alojamiento y manutención a los habitantes de la nave, a incorporar a procesos de reinserción laboral y a presionar a la Delegación del Gobierno español para que regularizase este problema”. Y carga contra algunos de los representantes del colectivo de inmigrantes: “No sé si por buena fe o no pero algunos han sobreestimado su poder de movilización y pensaron que lograrían un proceso de regularización general que en ningún caso prometimos, y es que no tenemos competencias”.

El alto cargo del Ayuntamiento asegura que han cubierto de sobra sus funciones asistenciales, ya que ahora en diciembre y cinco meses después, siguen haciéndose cargo de unos 140 inmigrantes (les pagan pensión o albergue) sin fecha de finalización, y la solución, repite, no está en sus manos. Anteriormente a este plan específico, se les echaba a la calle al tercer o cuarto día. “Hasta que el Gobierno español no reinterprete la Ley de Extranjería, no podemos sacar conejos de la chistera”.

No parece que esto vaya a producirse pronto, como mínimo de forma favorable a este colectivo, al leer la letra pequeña de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que, según se conoció este miércoles, cambiará y endurecerá la legislación actual, incorporando como delitos su participación en escraches, “ofensas a España”, hacer botellón u obstaculizar la actuación policial. Todos ellos penados con la no obtención de permisos de trabajo o residencia, o si son calificados como graves, la expulsión inmediata del país sin que haya ningún tipo de principio de proporcionalidad, existente hasta ahora.

Por su parte, Emilio Ablanedo que representa al gobierno de España se cubre con la legislación vigente: “No podemos hacer nada que se salga de la norma, y es más, la Comisión Europea ha dejado claro que no se pueden hacer regularizaciones masivas. Cada caso será tratado de forma individual”.

A Raquel estos datos le quedan muy lejos. Es originaria de Camerún y una de las pocas mujeres de las que estaban en la nave que quiere hablar con periodistas. No acepta ser fotografiada ni filmada. Recuerda el día 24 de julio: “Enrique nos dijo que el Ayuntamiento nos aseguraba casa, papeles y trabajo, por eso salimos de la nave sin ofrecer resistencia”. Tiene 41 años y dejó cuatro hijos hace tres: el mayor de veinte, la menor de nueve. Se le pregunta si en el tiempo que lleva en España ha podido trabajar legalmente: “Nunca, ni un solo día”.

“Las conversaciones no quedaron por escrito”, apunta Enrique. Interpretaciones aparte, el hecho es que mucho no se ha avanzado. Sin embargo, no es tan exacto que no haya documento que acredite lo hablado: el día 10 de julio en TV3 era el mismo comisionado Miquel Esteve quien se refería al proceso en estos mismos términos. Una vez más, existe la hemeroteca de los medios.

“Es la primera vez que una Administración municipal fomenta un plan integral específico”, aseguraba en la entrevista, días previos al desalojo y en plena negociación con los representantes de los inmigrantes. A la solicitud de concreción por la conductora del espacio, Esteve llega a afirmar que “hay un catálogo muy amplio de ofertas laborales con empresas...”, llegando a citar a La Caixa. En este debate televisado Manel Andreu, portavoz vecinal de la red solidaria con los desalojados, recriminó al representante oficial que “no se hubiera explicado a los beneficiarios este plan”. El comisionado termina la entrevista sentenciando: “El alcalde Xavier Trias quiere liderar esta demanda de regularización al Gobierno central”.

Al teléfono y tras varios meses, el comisionado dice no haber entrado en ninguna contradicción: “Nos referíamos a los que tuvieran los papeles regularizados o estuvieran en situación de obtenerlos”. Sin embargo, en el contexto de la nave de la calle Puigcerdà no parece difícil imaginar que la proporción de ciudadanos con permiso de trabajo no fuera muy alta. “Había de todo”, concluye.

Eran una, dos y tres administraciones

La madeja se enreda en este punto. Y es que como en todos los casos de tramitación de papeles para inmigrantes, hay tres administraciones involucradas en ella: El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y en última instancia, la Dirección General de Inmigración dependiente del Gobierno Central de España. Pero fue la primera la que, según los colectivos implicados, adquirió los compromisos para todo el proceso, aunque desde el Ayuntamiento lo niegan. Los inmigrantes y sus representantes se han reunido varias veces con todos ellos, siempre por separado.

Se abrió la posibilidad de un trato especial que consistía básicamente en la tramitación por circunstancias excepcionales de los papeles. Esto significa que no se solicitara por la vía ordinaria que exige permiso de trabajo. Resumiendo: estando en la lista de la nave desalojada, los únicos papeles a presentar serían el pasaporte, empadronamiento y certificado de penales -documento emitido en el país de origen que acredita al titular libre de delitos-. Se intentaría tramitar esta alternativa contemplada en la actual Ley de Extranjería pero que únicamente puede autorizar el Gobierno central, es decir, el español y que excluye la necesidad del arraigo. Al teléfono, el Subdelegado ni afirma ni desmiente la posibilidad: “la concesión de papeles por la disposición adicional primera de la ley relativa a ”colaboración con autoridades y administraciones“ está en manos de la Secretaría General en Madrid, no podemos hacer más”.

“A mí no se me puede reclamar nada que vaya más allá de la atención asistencial y humanitaria, y esto lo estamos haciendo” - insiste Miquel Esteve. “Tienen que saber que no es cosa del ayuntamiento. Y vienen cíclicamente ante nuestro edificio oficial a protestar, y no solo de Barcelona. Llegan de toda Catalunya. Reclama que, en todo caso, en las reuniones esté presente la Federación de Municipios. ”Desde Barcelona no podemos asumir los papeles porque no es nuestra competencia, ni la asistencia de los que vengan de otros lugares, tienen que saberlo o que se les explique: ¿pero qué se han creído? Esto no es un gulag“

La asociación vecinal y colectivos (Papeles Para Todos y otros) asumieron la responsabilidad de acreditar ante la subdelegación del gobierno quién era habitante de la nave y quién se acercaba por el efecto llamada a intentar entrar en esta vía abierta que aceleraba el proceso. Y así lo hicieron. Miquel Esteve no quiere saber nada de esta lista: “me parece muy peligroso que un colectivo recoja un listado de personas vulnerables que reconozcan su irregularidad. Nosotros desde el ayuntamiento nunca la pedimos”. “Se están produciendo efectos de llamada con una supuesta carta blanca. Hace dos semanas, en la sede de Papeles Para Todos acudieron casi mil quinientas personas pidiendo papeles”.

El desencuentro está servido. Enrique Mosquera habla en nombre de la organización: “nosotros no hicimos convocatoria, y en el acta de los mossos así queda constancia: fue una concentración no autorizada, y no convocada”.

Nos explica la situación actual con las tres administraciones, según él, “se pasan la pelota unos a otros”:

Sin embargo, también están tramitando solicitudes con arraigos concedidos. “Si es que cada caso es un mundo, para muchos no es la primera vez que tramitamos sus papeles, algunos tienen una documentación y otros, otra”. Y por descontado, tampoco deniegan la ayuda a esa segunda lista de indocumentados que no eran habitantes de la nave de Puigcerdà pero, que solicitan información y asistencia en la tramitación, aunque en listas separadas. Emilio Ablanedo lo confirma: “de los cincuenta y dos expedientes que hemos tramitado, siete no estaban en la nave de Poblenou”. Los vecinos están desbordados.

Enrique, Montse, Carlota, Norma, Andrés, Manel, son algunos de los vecinos, pero también asistentes sociales, abogados y ciudadanos en general que dan asistencia continuada a los sin papeles de Poblenou y abren una oficina improvisada todos los martes y jueves en el Flor de Maig, el ateneo popular ocupado en el barrio. Preguntamos cuántas horas dedica él a la semana a esta labor, que es cien por cien voluntaria. “Pues fácilmente, unas setenta”. ¿Y en la familia, qué te dicen? “¿Ves aquella otra mujer recogiendo papeles? Pues es mi señora. Así que no hay problema”. Todo queda en casa.

Entra en la sala otra vecina conocida del barrio, Carlota: “Enrique, te traigo al que se va a casar”. “Pues déjame que le de el pésame”. Risas entre inmigrantes y activistas. Wanta, de Gambia, sabe que siempre les gasta bromas. “Es más que un padre para nosotros”:

Poblenou, esa aldea al noreste de la Galia

Montserrat Milà, o Montse como la llaman todos, nos explica el valor de esta red solidaria y el trabajo de todas las organizaciones que en ella participan. Incluso una de ellas nacida en el barrio, Apropem-nos, forma parte de un plan de desarrollo comunitario financiado por la Generalitat y el Departamento de Inmigración del Ayuntamiento. En la práctica esto significa que hay tres profesionales trabajando, uno a jornada completa y los otros dos media. Sin embargo, denuncia Montse, muchas veces, la administración del distrito “nos va a la contra, a pesar del trabajo que hacemos:”.

Es decir: el trabajo de asistencia social es bienvenido, pero las instituciones ya tienen más reparo en acompañar y apoyar los procesos de denuncia de desigualdades, ya en el terreno del discurso político. Los vecinos no renuncian en ningún caso y llevan a cabo las dos de forma simultánea.

La actitud de este barrio y sus habitantes tiene raíces profundas en la historia de sus calles. Profundas y antiguas -Poblenou fue la zona industrial por excelencia de Barcelona a principios de siglo, germen del movimiento obrero y sindicalista- y reciente: por la cantidad de naves y antiguas fábricas abandonadas, inmigrantes sin papeles han ido concentrándose en sus edificios vacíos durante años tejiendo una estrecha relación con los vecinos. Montse y el resto de la asociación vecinal llevan ayudando a este colectivo desde 2001, cuando se produjo el encierro de la iglesia del Pi, que toda la ciudad recuerda:

El certificado de penales que se autodestruye en seis meses

En la situación de los desalojados de Poblenou hay tensiones (entre ellos y la administración, y entre los colectivos mismos: algunos de ellos se han separado de la Asamblea por desavenencias en liderazgos y representación, todo un clásico) pero, si hay algo en lo que hay absoluto consenso, es en calificar el protocolo para obtener el certificado de penales como surrealista. Cada país tiene sus tiempos, sus costes y sus requisitos, y la obligatoriedad de aportarlo cada vez que se solicitan los papeles roza el absurdo. Enrique nos da las claves:

Lo de los penales daría para un chiste si no fuera porque muchos de los inmigrantes no tienen dinero ni para pagarse la mitad que deben aportar ellos. “Por ejemplo”, apunta Carlota señalándo a una mujer que deambula por la sala sin un objetivo fijo. “Lo que le pasa es que ni ella ni su familia tienen dinero para el papeleo, y nosotros no podemos darle más”. Vicente, nigeriano de 32 años se enfada: “yo llevo desde 2006 en España. Y cada año: ¡cada año!, he pagado el certificado de penales a mi país. Nigeria es de los países más complicados: ”tiene que venir un policía y tomarme las huellas y te vuelvo a decir: ¡cada vez!. Yo pago, y nunca ha servido para nada“. Preguntamos si lleva la cuenta de lo que le ha costado llegar a España. ”No me acuerdo, es imposible: primero llegas a Marruecos y pagas, luego saltas la valla y pagas, y luego aquí... no sé, he gastado mucho dinero en este tiempo“. Era uno de los habitantes de la nave de Puigcerdà, aunque llevaba poco en el barrio de Poblenou. ”Nunca antes me habían ayudado los vecinos, en ningún otro sitio. Tengo la esperanza de que, esta vez sí, conseguiré los papeles“.

Caso aparte es el de unas quince personas de la nave que llegaron a España antes de ser adultos, o de ser considerados adultos por las autoridades a través de pruebas óseas. Durante un tiempo fueron tutelados por el Estado y teóricamente, esto les aseguraba el permiso sin solicitar los penales, ya que era imposible que hubieran delinquido en sus países de origen, siendo menores de edad. Pero al ser registrados ya en la nave como adultos, se les pide también este paso cuando no tienen documentación en su país, tipo dni -salieron siendo niños- ni, en muchos casos, familia que se lo tramite.

Muchas son aún las dudas al respecto de cómo acabará este proceso con los inmigrantes de la nave, y no menos son los retos de vecinos y colectivos para asistirles. Por ello han pedido una reunión con las tres administraciones, aún sin fecha. Mientras tanto, han convocado un encuentro para este viernes y este sábado bajo el título “Contra l'Apartheid Jurídic i Social” con talleres específicos sobre regularización, vivienda, empleo, salud, derechos sociales y libertades de los ciudadanos inmigrantes. Desde el principio, los colectivos han exigido que estas personas sean tratadas como ciudadanos sujetos a derecho y que no sean excluidos de los fundamentales para una vida digna. Esto es, como suelen cerrar sus manifiestos: techo, trabajo, papeles y dignidad.

La conversación telefónica con el Comisionado del Ayuntamiento de Barcelona Miquel Esteve termina refiriéndose a este evento: ¿Van ustedes a ir, ya que están pidiendo que las personas vulnerables (en ningún momento ha utilizado la palabra inmigrante) estén bien informadas? “No, no iremos”, responde rápido. “La idea de hecho fue mía, pero lo han organizado de forma independiente. Y veo ausencias en esas jornadas”. Extraño, siendo un encuentro abierto a toda la sociedad, en la que se ha invitado a más de cien colectivos (asociaciones, sindicatos, partidos y otras formaciones) y a cualquier ciudadano a participar en los talleres y la elaboración de la resolución final.

Por su parte, el Subdelegado del Gobierno Emilio Ablanedo dice no estar al tanto de las jornadas. “Llevo todo el día corriendo de un lado para otro”. De hecho, en el momento de la conversación telefónica, el presidente de la Generalitat Artur Mas está haciendo pública la redacción de la pregunta y la fecha concreta para solicitar el referéndum sobre la soberanía de Catalunya. Efectivamente, no parece un día fácil para él. “En cualquier caso, subdelegado, la convocatoria es de hace unos días, ¿nadie le ha informado”. “Pues no, desgraciadamente tengo que decirle que no sé nada al respecto”.

Que ningún miembro de las tres administraciones involucradas en este proceso acudan a estas jornadas, como si nunca hubiese ocurrido nada, o como si ningún representante hubiese hecho promesas a este grupo de personas sin papeles que desalojaron sin violencia, pero con palabras bonitas, parece confirmar una estrategia política. O dicho de otra manera: se pretende hacerles una vez más y definitivamente, invisibles.

La cuenta corriente de ayuda, prácticamente el 100% destinada a financiar la tramitación del certificado de penales y su traducción, es: Catalunya Caixa 2013 1538 17 0200363520 a nombre de Carlota Falguera y Montse Milà.

Nos hemos puesto en contacto para recabar sus opiniones y valoraciones con Xavier Bosch, Director General de Inmigración de la Generalitat de Catalunya como segunda administración involucrada. Ha declinado hablar por motivos de agenda.

Feliz Día de la Constitución, y chimpún. Que está moribunda, sí, pero aún nos rige. Yo os vengo a hablar del artículo 47, con vuestro permiso:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho [...].

Donde dice digna y adecuada, yo interpreto un techo con agua, gas y luz. Como el que tienes tú y el que tengo yo. Y entre esas tres, me quedo con la última. Porque merece la pena hablarlo: estamos ante la siguiente gran crisis, la energética, y el Gobierno acaba de legislar contra el viento.

Sé que resulta farragoso, pero dejadme intentarlo porque se está jugando con su complejidad para que no miremos: ¿qué diantres es el déficit tarifario? Para empezar, os contaré que es un concepto que se inventó Rodrigo Rato cuando tenía cartera de vicepresidente. La definición es sencilla: la diferencia entre lo que cuesta generar electricidad y lo que pagamos los españolitos en la factura. Además está cuantificado: 26.000 millones de euros acumulados.

Antes de seguir, unas preguntas: ¿cómo se ha calculado esta cifra?, ¿quién la ha proporcionado?, ¿basándose en qué informes? No hay respuesta. La cantidad ha sido calculada por las empresas eléctricas y, por increíble que parezca, “ha sido asumida por el Gobierno”. Tal cual.

Es decir, de nuevo tenemos deuda generada en un sector privado que, por arte de birlibirloque, pasa a ser pública. Espera, quizá no tan pública. En julio, el ministro Soria promulgó la siguiente fórmula como solución para reducir en 4.500 millones durante 2013 esta cantidad: 2.700 los pondrían las compañías productoras y 1.800 los ciudadanos; 900, como consumidores (la tarifa subió con este argumento el 1 de agosto más de un 3%); y los otros 900 millones, como contribuyentes con impuestos indirectos.

Volvimos al cole, llegó otoño con sus hojas... y en octubre la luz subió de nuevo, por cuarta vez este año. Pero hay más: con el último anuncio de Soria de hace unos días, que se está especializando en el 'donde dije digo, digo Diego', la cosa empeora. Es curioso: de las 450 enmiendas que se han presentado a esta ley de reforma eléctrica, no se aceptó ninguna. Y, sin embargo, sí entró por la puerta de atrás en el último momento una del propio PP por la que, para no perjudicar el “déficit público”, el Estado dejaba de hacerse cargo del compromiso del ministro...

El del párrafo anterior, sí, el del verano, con el que nos subió la factura. Una gran trampa vestida de rapapolvo de Montoro a Soria: la reforma eléctrica prevé subidas automáticas de la luz para cubrir el déficit energético. Ergo, el 100% de ese importe (una vez más, no demostrado) repercutirá previsiblemente en nuestra factura a partir del 1 de enero de 2014. O sea, que sí, deuda pública, porque la pagaremos nosotros. Del déficit de cada cual, el de casa, no con el que va De Guindos a pedir el aprobado a Bruselas.

Llevamos un incremento del 67% en los costes de la luz en los últimos siete años, más o menos desde que empezó esto que cada vez tiene menos de crisis y más de estafa. Es importante tener presente que este dinero saldrá de nuestro bolsillo con destino a unas empresas (Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa) que en 2013 duplicarán en beneficios a sus homólogas europeas y que en 2012 aparecían en el ranking de las diez eléctricas europeas con más ganancias. Y que tienen entre sus máximos accionistas a bancos patrios (esos otros sufridores), Gobiernos extranjeros y fondos de inversión de “alto nivel”.

A mí ya no me quedan más millones de euros para estos señores que lo están pasando tan mal. Y si esta mayoría parlamentaria que hemos votado –no lo olvidemos ni un segundo– nos obliga a pagarlos y no podemos hacer nada (salvo inundar el Tribunal Constitucional a recursos y enmendarnos a la de la teta fuera y la balanza, que va a días), como mínimo me gustaría auditar esos 26.000 millones, y los que se le añaden cuando ven que van cortos.

Porque en esos “costes de producción” se incluyen instalaciones más que amortizadas: las nucleares que envejecen con todas sus grietas legales y físicas, que no conseguimos cerrar porque... Pues eso, aquí tenéis la razón. Y se sabe: están cobrando al Estado el precio más alto cuando sus equipos generan energía a bajo coste.

Es lo que se llama el pool energético: una media sin concretar su origen y que permite el engaño. Añadido a esto, con parte de estos pagos estamos financiando la construcción de centrales de gas o ciclo combinado que en diez años ya representan un cuarto del suministro energético. ¿Y por qué? ¿Es esta la alternativa, basada una vez más en un producto fósil y caduco como es el petróleo, en uno de los países con más acceso a una fuente gratuita e inagotable como es el sol? ¿Os he contado que el Estado de Qatar es accionista de Iberdrola? Los del Barça, sí. ¿Cuánto costará producir el kilovatio hora en estas centrales y a cuánto nos lo cobran? Una vez más, la regulación española no exige que nos lo cuenten. Me refiero a estas empresas, porque las productoras de renovables son auditadas y publicadas cada mes por la Comisión Nacional de Energía.

Auditadas y castigadas: se han quedado sin primas en la reciente ley. Y lo que es más, el autoconsumo será penado en el llamado “peaje al sol”: que si te pones una placa solar para ahorrar en casa o autogestionar la energía que consumes de una forma más sostenible –hey, que nuestra democracia permite aún hacer esto–, tienes que pagar para “contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de los consumidores”. ¿Sistema? ¿Qué sistema? ¿Si me compro una yogurtera, tendré que pagar a Danone? ¿Si me hago un vestido rechulo puntada a puntada, a Zara? Are you fucking kidding me... again? No estamos escuchando al propio planeta que, habiéndonos aguantado los despropósitos unos cuantos miles de años, intenta ayudarnos y nos da serios avisos. Nosotros, de momento, ni puto caso.

En fin, tener energía eléctrica costará lo que ellos nos digan y nos la cobrarán cuanto les dé la gana. Si no es por consumo, será vía déficit tarifario. Y, sin embargo, tienen el cuajo de reclamar una “buena reforma energética que rectifique los errores del pasado, que hacen que más del 50% de la factura eléctrica se destine hoy a conceptos tales como tasas, primas, subvenciones, medidas de política social o tecnológica que nada tienen que ver con lo que es generarla o suministrarla”. Son palabras de Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, hace unos días.

Medidas de política social. Habéis leído bien. ¿Para qué en el suministro de un bien básico como es la energía eléctrica? ¿Cómo hemos llegado al punto de dejar que el presidente de una gran compañía dicte a un Gobierno lo que ha de legislar, incluso en público? Fijaos que ya estoy acabando y no había nombrado hasta ahora las puertas giratorias de exministros a esas empresas. Pero es inevitable; de otro modo, incomprensible.

Mucho estamos hablando estos días de la pobreza energética: el no acceso a los suministros básicos por no poder pagarlos. En el Congreso, Izquierda Plural presentó una enmienda a la ley para solucionarlo (básicamente, que las empresas no pudieran cortar esos suministros sin informes sociales), una de las que el PP no aceptó. En Catalunya sí se ha aprobado una resolución al respecto, también promovida por la izquierda parlamentaria ICV-EUiA. Pero una resolución no asegura su cumplimiento, como podemos saber con otro asunto: las becas comedor.

A mí me saca de quicio adjetivar la pobreza: energética, alimentaria o cualquier otra que inventemos. De toda la vida, cuando te quedas sin pasta, en casa te calientas y bañas con cazos de agua caliente y, si puede ser, de uso compartido con tu familia; te pones el jersey de tu hermano mayor y doble de calcetines, comes arroz con huevo de lunes a viernes y tienes orden taxativa de no tener hambre ni apetencias en los bares.

¿Nos basta la palabra pobreza, sin añadidos, para esto? La solución no ha de pasar por que un Gobierno dictamine de forma magnánima partidas presupuestarias que pongan parches. Que no se me entienda mal: ahora mismo es lo que hay que hacer porque la cobardía de nuestros Parlamentos no deja más opción. Pero no nos creamos los ciudadanos la teoría astrológica de la calamidad. Hay una culpable: la desigualdad, creada por el hombre. Y la democracia y la política nacieron hace miles de años justamente para eliminarla, pero parece que no hay forma.

Una ya piensa entre delirios e indignación que, con esto de que vamos con la moviola hacia atrás, no pararán hasta meternos en las cavernas, donde no recuerdo yo que hubiera enchufes, radiadores o bombillas. A ver si va a ser eso.