El Gobierno acuerda con la Generalitat retirar los recursos contra la mayoría de la legislación antidesahucios

Catalunya recuperará prácticamente toda la normativa de emergencia de vivienda

Segundo acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat catalana para recuperar legislación autonómica suspendida por el Tribunal Constitucional. Si el pasado septiembre fue la ley de sanidad universal, este miércoles ambas administraciones han anunciado un pacto para retirar parte de los recursos sobre las dos normas antidesahucios y contra la pobreza energética aprobadas en el Parlament entre 2015 y 2016.

El Gobierno anuncia la primera retirada de un recurso contra una ley catalana, la de sanidad universal

El Gobierno anuncia la primera retirada de un recurso contra una ley catalana, la de sanidad universal

El conseller de Territori, Damià Calvet, quien tiene ahora la competencia en vivienda, ha anunciado que finalmente el Govern ha alcanzado un “acuerdo interpretativo” con el Gobierno central para que retire el grueso de los recursos interpuestos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy contra dos leyes catalanas. La Generalitat ha aceptado la última oferta hecha desde el Ministerio de la Función Pública que dirige Meritxell Batet, que proponía un rescate casi completo de las normas, excluyendo algunos puntos, como la expropiación forzosa de vivienda en procesos de desahucio.

La pretensión de la Generalitat era una retirada total de los recursos, mientras que Batet proponía que el Govern devolviera al Parlament la ley para eliminar los puntos controvertidos. Finalmente se ha optado por limar las discrepancias competenciales en el desarrollo de las normas, mientras se retira el grueso del recurso.

La Generalitat se ha felicitado por la recuperación de la mayor parte de las medidas contempladas en las leyes 24/2015 y 4/2016 sobre emergencia habitacional, aunque ha lamentado que no es una “retirada total”.

En lo concreto, la Generalitat recuperará la capacidad para mediar en caso de desalojo o para expropiar temporalmente viviendas de grandes tenedores que lleven dos años vacías. Las normas además incluyen la obligación de los bancos de realojar a las personas desahuciadas con un alquiler social.

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