Unidas Podemos presiona a Escrivá para ampliar el ingreso mínimo vital con una batería de enmiendas en el Congreso

Los roces en el seno del Gobierno sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) persisten. Las diferencias entre el equipo del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, y la Vicepresidencia de Derechos Sociales que encabeza Pablo Iglesias han sido continuas desde el diseño de la nueva renta mínima estatal contra la pobreza, que aprobó el Ejecutivo de coalición a final de mayo, y todavía se mantienen. La última prueba es la presentación unilateral de Unidas Podemos de una batería de 12 enmiendas a la tramitación parlamentaria de la ley que regula la prestación, “ante la ausencia de respuesta a sus propuestas de mejora del IMV en el seno del Gobierno durante más de 8 meses”, denuncia la formación. En cambio, en PSOE e Inclusión sostienen que la negociación sobre las enmiendas en el seno del Ejecutivo continúa abierta.

Unidas Podemos anunció al final de la tarde del lunes que presentaría este martes doce enmiendas “que pretenden mejorar y solventar las deficiencias del Ingreso Mínimo Vital”. Un proyecto de ley “de enorme importancia” destinada a las personas más vulnerables, destaca el grupo parlamentario en un comunicado, “que no podemos permitirnos como gobierno progresista que funcione mal y que no llegue a todas las familias a las que tiene que llegar”.

El IMV ha llegado a unos 160.000 hogares, según los últimos datos de diciembre, muy lejos de la meta del Gobierno: alcanzar los 850.000 a finales de 2020. El ministro responsable de la ayuda, José Luis Escrivá, reconoció que había que modificar el diseño de la prestación para llegar al objetivo marcado. El grueso de estos cambios se concentrará en la tramitación como proyecto de ley de la norma en el Congreso de los Diputados, pero además el Ejecutivo ha aprobado ya algunas modificaciones en varios reales decretos ley. El último, en el Consejo de Ministros de hace dos semanas.

Desde la formación que lidera el vicepresidente Pablo Iglesias consideran que los cambios deben tramitarse ya, lo antes posible, y han dado finalmente el paso de registrar por su cuenta las enmiendas al texto legislativo. Lo hacen sin pactarlas con PSOE, pese a que el Ministerio de Inclusión y la Vicepresidencia de Derechos Sociales han estado negociando para intentar presentar las enmiendas de manera conjunta. “El grupo confederal, ante la ausencia de respuesta a sus propuestas de mejora del IMV en el seno del Gobierno durante más de 8 meses, registrará varias enmiendas”, justifica el comunicado de Unidas Podemos.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha criticado esta mañana “los intentos de algunos de apropiarse” del IMV, que se lee como una referencia al paso que ha dado Unidas Podemos.

Unidas Podemos da por terminada la negociación

La formación 'morada' considera que la negociación de las enmiendas en el seno del Gobierno ya ha concluido, sin que se vean satisfechas varias de sus demandas centrales, por lo que presentan sus iniciativas por separado. Entre ellas, destacan incluir de manera definitiva entre los potenciales beneficiarios a las personas “que entran en una situación de vulnerabilidad durante el propio ejercicio”, así como que no computen como ingresos de los hogares las ayudas por situación de dependencia“ y que se reconozca ”el IMV de forma excepcional a toda persona que tenga reconocida una renta mínima de inserción o ayuda social autonómica a 31 de diciembre de 2020“.

Fuentes de Podemos recuerdan que la formación está presentando propuestas al equipo de Escrivá “desde julio” y ven que “aunque ha habido algunos avances, hay cuestiones muy importantes que siguen sin resolverse”. Un “ejemplo muy claro”, apuntan en el partido, pasa por que se tenga en cuenta de manera estable la renta del año en curso para solicitar el ingreso mínimo vital, una medida que ya han pactado las dos formaciones “en octubre”.

Sin embargo, en el PSOE y el Ministerio de Inclusión insisten en que continúan abiertas las conversaciones para presentar los cambios en la regulación, también con Unidas Podemos, por lo que aseguran que les ha “sorprendido” la decisión del grupo confederal.

“Nos sorprendía un poco el anuncio de Unidas Podemos porque se estaba trabajando en esas enmiendas en el seno del Gobierno”, ha sostenido este martes la portavoz de los socialistas en el Congreso, Adriana Lastra. “En muchas de esas enmiendas hay acuerdo, pero en todo caso no se ha acabado el plazo de presentación de enmiendas”, ha afirmado la diputada del PSOE, que ha destacado que los grupos suelen registrar las enmiendas“el último día” y que “el plazo no tiene fecha todavía para cerrarse”.

“Nos sorprendió, pero lo importante es que el IMV está en pie, seguir perfeccionando una herramienta que acabe con la desigualdad en este país. Estamos en la gestión, en que la política es para transformar la vida de la gente y no estamos en el relato”, ha añadido Lastra.

En el Ministerio de Inclusión también consideran abierta la negociación. “Dado que el plazo sigue abierto, estamos hablando con todos los grupos”, explican fuentes del Ministerio que dirige Escrivá.

Fuentes de Unidas Podemos defienden el paso unilateral del grupo también por la necesidad de acelerar el trámite parlamentario. Es decir, de no ampliar mucho más el periodo para presentar enmiendas y pasar ya al debate y la tramitación de la ley que regula el IMV. “El tiempo sigue pasando y la gente no puede esperar más”, insisten en Podemos.

Las enmiendas

Unidas Podemos explica en su comunicado brevemente las 12 enmiendas presentadas. Además de las ya introducidas, se recogen “reducir el requisito de unidad de convivencia independiente a dos años para las personas de menos de 30 años”, añadir a la cuantía del IMV “un suplemento” que tenga en cuenta la situación de las personas con discapacidad, así como “adaptar la terminología al marco jurídico de los derechos de las personas con discapacidad”.

También, “para evitar la exclusión de colectivos vulnerables que puedan estar en situación irregular”, Unidas Podemos propone que se elimine “la obligación de acreditar una residencia legal, continuada e ininterrumpida de al menos un año en España para aquellas personas solicitantes de protección internacional, españoles emigrados retornados, personas menores que viven en hogares en situación irregular”, además de las víctimas de trata o víctimas de violencia de género ya exceptuadas.

El grupo confederal reclama varios cambios en relación a personas jóvenes y niños, como asegurar “el acceso al IMV de las personas que han estado bajo la tutela del sistema público de protección de menores y deben abandonarlo por cumplir la mayoría de edad quedando desamparados”. También, “para evitar la exclusión de personas menores reagrupadas, no se exigirá que la unidad de convivencia lleve constituida un año en los casos de reagrupación familiar de hijas e hijos” y “se corrige la escala de incrementos para el cálculo de la prestación para que no suponga un agravio comparativo de las familias monoparentales con cuatro o más menores a cargo”, detalla el comunicado.