Trabajo investiga 1.600 posibles irregularidades laborales y sanitarias en explotaciones agrarias, uno de los focos de rebrotes de COVID-19

La inspección de Trabajo y Seguridad Social ha iniciado investigaciones sobre más de 1.600 casos de posibles irregularidades en explotaciones agrarias desde el pasado mes de mayo, explican fuentes del Ministerio a elDiario.es. Se trata de la campaña lanzada este año para detectar casos de explotación laboral e incluso trata de seres humanos que desató las iras del sector agrario por considerarse señalado y estigmatizado. Diferentes organizaciones pidieron la dimisión de la ministra Yolanda Díaz y el presidente del mayor sindicato agrario navarro amenazó con “no ser pacíficos”.

Los focos de rebrotes de COVID-19 entre trabajadores del sector hortofrutícola en situación vulnerable son los más frecuentes en el ámbito laboral, según los registros del Ministerio de Sanidad. A 6 de agosto, se habían contabilizado 30 brotes que implicaban más de 500 casos. Las condiciones de vida y transporte de estos trabajadores son las principales causas que favorecen los contagios del nuevo coronavirus.

Los inspectores habían recibido órdenes de trabajar para “la posible detección de supuestos que van más allá de las infracciones administrativas y constituyen ilícitos penales, en especial casos de explotación laboral y de trata de seres humanos para la imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre”. Este párrafo, que levantó ampollas, en realidad no es especifico de esta campaña y consta en los documentos desde hace tres años, aunque su publicación en los medios se haya producido en este ejercicio, afirma el Ministerio.

Pero sí admiten que la campaña agraria que se está ejecutando en 2020 tiene varios aspectos que la diferencian de otras anteriores en el sector. El año empezó con un informe del relator de la ONU Philip Alston en el que comparaba la forma de vida de los inmigrantes temporeros en el campo de Huelva con las de los campamentos de refugiados. Trabajo reaccionó proponiendo cambios normativos para que la Inspección pudiese personarse e intervenir en estas situaciones de pobreza y exclusión y comprobar las condiciones de infraviviendas vinculadas al puesto de trabajo denunciadas por Alston.

Un mes después comenzó la epidemia de coronavirus, que ha golpeado al colectivo de recolectores precisamente por las condiciones de salubridad a las que en ocasiones se ven abocados. Los brotes entre los jornaleros, sobre todo aquellos en situación de vulnerabilidad, siguen siendo los más numerosos, tras los provocados por reuniones sociales. En este contexto se ha intensificado el número de actuaciones y se ha diseñado una campaña integral que si bien tiene como punto de partida la lucha contra las situaciones de trabajo irregular en el campo, también abarca el control del resto de condiciones de trabajo (laborales, de discriminación, seguridad y salud laboral y protección frente al contagio de la COVID–19).

La actividad en el sector agrícola se ha mantenido como esencial durante toda la vigencia del estado de alarma provocado por el virus, pero se ha dado una limitación de movilidad de trabajadores que ha favorecido las dificultades en la contratación. Los propios agricultores alertaban de una gran falta de mano de obra, lo que según los sindicatos ha tenido un efecto llamada para miles de migrantes sin papeles que han acudido a las zonas de recogida. Esta situación podía propiciar la existencia de intermediarios dedicados al tráfico de trabajadores en condiciones de explotación, incluso con la posible existencia de tramas organizadas.

A estas alturas, a juicio del Ministerio, el tiempo ha demostrado que la campaña de inspección era especialmente necesaria este año para perseguir y tratar de evitar casos como la muerte del jornalero nicaragüense Eleazar Blandón, que fue abandonado con un golpe de calor a las puertas de un centro de salud en Murcia tras trabajar en doble jornada de mañana y tarde recogiendo fruta a más de 44º sin ningún tipo de protección. Blandón carecía de permiso de trabajo y prestaba servicios en una explotación agraria a través de una empresa de servicios, suministradora habitual de mano de obra para la empresa titular de la citada explotación.

La mayoría de las actuaciones sigue en curso, un 25% son en Murcia

La mayoría de las 1.600 actuaciones abiertas siguen en curso debido a la complejidad de las mismas (empleo irregular, seguridad y salud, protección frente a la COVID-19, condiciones laborales de las personas trabajadoras…), por lo que no hay datos definitivos sobre sanciones e infracciones. De los expedientes ya finalizados, la mayoría se trata de economía irregular (efectuándose altas de oficio a la seguridad social), así como en seguridad y salud donde se han producido numerosas advertencias del cumplimiento de las medidas sanitarias de protección frente a la COVID–19. Por ejemplo, en la provincia de Badajoz se detectó una plantación de cultivo de cereales y leguminosas con 17 trabajadores sin dar de alta; en Alicante, una actuación con prestación de servicios de cinco personas sin permiso para trabajar; en Córdoba, en una empresa dedicada a actividades de apoyo a la agricultura la Inspección encontró 13 faltas de alta (uno de ellos perceptor de prestación por desempleo) y dos hombres sin permiso de trabajo; en la provincia de Ciudad Real, en una explotación de cultivo de cereales y leguminosas, se detectaron 10 faltas de alta, uno de ellos perceptor de prestación por desempleo.

En Murcia, además de la actuación derivada de la investigación del accidente mortal por estrés térmico de Blandón, destaca la actuación en una empresa dedicada al cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos en la que se identificó a 23 personas trabajadoras sin dar de alta en la Seguridad Social, uno de ellos perceptor de prestación por desempleo, más una trabajadora extranjera en situación irregular. En esta comunidad autónoma se han abierto casi 400 actuaciones, un 25% del total.

Además, hasta la fecha ha habido varios expedientes que se han saldado con comunicaciones a la Fiscalía, mientras que se han revisado los contratos de trabajo de 1.940 trabajadores, transformando en indefinidos los contratos temporales de 578 hombres y 177 mujeres. En las campañas, que se planifican con carácter provincial con la coordinación de las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno, participa, además de personal inspector, personal de las Fuerzas de Seguridad (generalmente de la Guardia Civil), que actúan de manera conjunta.