Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en 2023 su plan para promocionar 183.000 viviendas a precio asequible, una de las líneas maestras de esa estrategia era la concesión de financiación a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El Ejecutivo tenía la intención de impulsar por esa vía la construcción de 43.000 casas de nueva construcción o rehabilitadas. Tres años después, solo se ha cubierto el 8,7% de ese objetivo.

elDiario.es ha tenido acceso al desglose de empresas que han accedido a estos créditos, así como al número de viviendas financiadas y la fecha de ejecución de los proyectos y su ubicación. A febrero de 2026, habían sido una decena de compañías, que obtuvieron financiación europea a través del ICO para levantar un total de 3.720 casas, que deberán ponerse en el mercado a precio asequible, en 18 municipios de siete comunidades autónomas.

Estos datos han sido obtenidos a través de una solicitud de información amparada por la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que se la trasladó al propio ICO, el cual negó facilitar los datos alegando, entre otros, el deber de guardar reserva, recogido en la ley de 10/2014, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito. Tras una reclamación presentada por elDiario.es al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, esta unidad tumbó la negativa, indicando que la identidad los perceptores de los préstamos y a los datos referidos a los proyectos aprobados no entran en el estricto ámbito de la información bancaria reservada e instó a la entidad a aportar lo solicitado.

Como muestra el gráfico anterior, el grupo que ha recurrido a esta vía de financiación para levantar más viviendas a precio asequible ha sido Avintia, que aglutina casi el 40% del total, con 1445 pisos. El grupo es una de las referencias en España en construcción industrializada, un modelo por el que la administración ha apostado en los últimos tiempos, con medidas como la puesta en marcha de un Perte, dotado con 1.300 millones de euros en una década, o la incorporación de estos elementos para obtener hasta un 10% de puntos extra en las licitaciones de Casa 47.

Fuentes de la compañía señalan que, desde su división inmobiliaria, han impulsado una plataforma de gestión de proyectos BTR —construir para alquilar, por sus siglas en inglés— asequibles, Avesta. Un proyecto “seleccionado por el ICO como una de las iniciativas encargadas de canalizar fondos destinados al desarrollo de vivienda en alquiler asequible en España”, señalan.

Bajo este modelo de colaboración público-privada, Avesta gestionará una inversión de más de 500 millones de euros, de los que 92 corresponden a inversión pública aportada por el ICO. “Esta adjudicación se enmarca dentro del programa InvestEur, a través del cual el ICO ha creado un vehículo de inversión pionero con el objetivo de desarrollar más de 4.000 viviendas asequibles en régimen de Build to Rent”.

La siguiente tabla muestra el despliegue de las promociones de viviendas en alquiler asequible por municipio. A la cabeza está Móstoles, con más de 600 casas; seguido de Málaga, con 530; Las Rozas, con 491; y Alicante, con 319.

Fuentes del ICO trasladan que, para agosto de 2026, se llegará a los 750 millones de euros de financiación vía Plan de Recuperación. Es cuando termina el plazo para cumplir determinados requisitos de ejecución para poder acceder a esos recursos, un límite temporal que, en cuestiones como la promoción de vivienda, que requiere tiempos largos, puede suponer un handicap.

La siguiente tabla incluye, promoción a promoción, fecha de finalización o la duración de las obras. La información trasladada por el ICO hasta este momento no es homogénea, pero permite ver que los desarrollos más voluminosos en cuando a número de viviendas rondan los dos años de ejecución.

Para sortear el requisito del plazo impuesto por la Comisión Europea, el ICO también financia con otros recursos propios vivienda en alquiler asequible y el Gobierno anunció hace unas semanas el fondo España Crece, porque “la falta de financiación no puede ser otro de los cuellos de botella que sufre el sector”, afirmó Sánchez durante la presentación.

La adenda del plan de recuperación establece una inyección de capital al ICO de unos 10.500 millones de euros, que aumenta la capacidad de financiación del instituto, además de un impulso adicional de otros 2.800 millones. Este plus servirá, explican fuentes de la entidad, para financiar proyectos de alquiler asequible en los que sea necesario ajustar las rentabilidades, con una parte del préstamo no reembolsable si se cumplen determinados hitos. Unas palancas que, indican, servirán para dar continuidad y prioridad a la promoción de vivienda a precio asequible.

La construcción industrializada y la rehabilitación marcan la demanda de profesionales en el sector de la construcción en Extremadura, en el que la falta de mano de obra cualificada está obligando a adoptar nuevos modelos de trabajo.

Así lo ha trasladado el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción, Carlos Izquierdo Tapia, durante una visita este lunes del consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, al proyecto ‘Mantenimiento y Rehabilitación de Edificios’m incluido en el Programa Pasarela de esta entidad.

Izquierdo ha explicado que la rehabilitación depende de cada ciudad y de los planes de urbanismo locales, ya que en zonas sin limitaciones se construye más obra nueva, generando empleo tanto en rehabilitación como en construcción tradicional.

También ha resaltado que la formación práctica en entornos reales permite cubrir gran parte de la demanda de profesionales y ha destacado que la Fundación es una “fuente continua de mano de obra para Extremadura”.

En este sentido, Izquierdo ha recordado que el año pasado cerca de 6.000 alumnos pasaron por las instalaciones de la Fundación, recibiendo formación y orientación laboral adaptada a las necesidades del sector. El grado de inserción de los alumnos que completan los programas alcanza entre el 98% y 99%, y quienes no se incorporan “lo hacen por cambios de sector, no por falta de empleo”.

Izquierdo ha subrayado la importancia de la colaboración entre la Junta de Extremadura y la Fundación Laboral, que permite desarrollar programas de formación que se traducen en “empleo real y en respuesta directa a las necesidades de las empresas”, contribuyendo así a cubrir la escasez de profesionales en obra nueva y rehabilitación en toda la región.

Por su parte, el consejero ha reconocido la falta de mano de obra como “reto clave” en la construcción, un sector que “afronta dificultades para cubrir puestos pese a su creciente demanda y que requiere atraer nuevos perfiles y garantizar el relevo generacional”.

Santamaría ha señalado que la escasez de trabajadores afecta especialmente a ámbitos como la rehabilitación de edificios, la eficiencia energética y el mantenimiento, considerados estratégicos en el contexto actual.

El consejero ha advertido además de que el sector “no solo necesita cubrir vacantes inmediatas”, sino también asegurar su sostenibilidad a medio y largo plazo mediante la incorporación de nuevos trabajadores.

Santamaría ha vinculado este déficit de mano de obra con la falta de relevo generacional, “uno de los principales desafíos de la construcción, donde una parte importante de la plantilla se aproxima a la jubilación”.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Huelva ha acordado la suspensión cautelar provisionalísima de las obras del Proyecto de Urbanización del Sector SUS C-2, promovido en El Rompido, término municipal de Cartaya (Huelva), y vinculado al desarrollo de a macrourbanización de lujo Sagitta impulsado por la promotora Loiola. El megacomplejo prevé un mínimo de 800 viviendas, tres hoteles, un campo de golf, un centro comercial y más de 4.000 plazas de aparcamiento, en una zona que los denunciantes (Ecologistas en Acción) consideran turísticamente saturada y que alberga una importante riqueza botánica.

La resolución judicial, dictada el 17 de marzo de 2026 y a la que ha tenido acceso este periódico, estima la solicitud presentada por la federación en Huelva y ordena la paralización de cualquier actuación de “tala, desbroce, arranque de vegetación, movimiento de tierras o alteración del terreno” en el ámbito afectado por el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartaya de 8 de mayo de 2025, por el que se aprobó definitivamente el proyecto de urbanización.

La medida ha sido adoptada con carácter urgente y sin oír previamente a las partes demandadas, al apreciar el juzgado la concurrencia de circunstancias de “especial urgencia”. En particular, la jueza considera que la continuidad de los trabajos podría hacer perder la “finalidad legítima” del recurso contencioso-administrativo interpuesto, dado que los daños ambientales denunciados “podrían resultar irreversibles”.

Obras desde febrero

Según recoge el auto, de no suspenderse la ejecución del proyecto “el recurso perdería su finalidad” dado que, “una vez dictada la sentencia, aun resultando estimatoria, la zona habrá desaparecido y perdido su valor botánico y ecológico, siendo difícil revertir la situación a su estado anterior”.

Ecologistas en Acción señala que el informe pericial aportado al juzgado por el grupo conservacionista “acredita que desde el 24 de febrero se habrían ejecutado actuaciones sobre una superficie aproximada de 50.000 metros cuadrados, incluyendo la tala de más de un centenar de pinos adultos (Pinus pinea), la eliminación de matorral mediterráneo y la alteración física del suelo mediante maquinaria pesada”. La resolución judicial subraya que estos daños “no son fácilmente reversibles y que su continuación resultaría de muy difícil o imposible reparación”.

El juzgado destaca, además, la relevancia constitucional de la protección ambiental, recordando que el artículo 45 de la Constitución impone a los poderes públicos el “deber de velar” por la conservación del Medio Ambiente, y que en la ponderación de intereses realizada “el único riesgo de perjuicio irreparable apreciado es el relativo a los valores ambientales”.

Resolución judicial inminente

La resolución concede ahora un plazo de tres días al Ayuntamiento de Cartaya y a la Junta de Compensación del Sector para formular alegaciones, tras lo cual el juzgado decidirá si mantiene, modifica o levanta la suspensión acordada.

Ecologistas en Acción de Huelva ha valorado “positivamente” la decisión judicial, que considera “un paso importante en la defensa de los valores naturales del ámbito afectado”. La organización destaca que su actuación se ejerce “al amparo de la acción pública en materia ambiental” y “reafirma” su “compromiso” de “velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y ambiental en el desarrollo previsto para Nuevo Rompido Este”.

La medida cautelar adoptada no prejuzga el fondo del asunto, que deberá resolverse en sentencia, pero implica la paralización inmediata de las actuaciones materiales hasta nueva decisión judicial.

El PP ha mogut fitxa per apuntalar una de les normes més controvertides de la legislatura a les Balears: l'amnistia urbanística que permetrà legalitzar habitatges construïts de forma il·legal en sòl rústic en determinades condicions sota pretext, segons defensa el Govern de la popular Marga Prohens, de facilitar l'accés a l'habitatge. Vuit mesos després d'aprovar, amb el suport de Vox, la més coneguda com a llei de liberalització del sòl, els conservadors han presentat esmenes que, en la pràctica, no alteren el fons d'una norma que ja ha obert les portes a regularitzar centenars d'edificacions, incloses aquelles situades a les àrees de màxima protecció de la Serra de Tramuntana, el pulmó verd de Mallorca declarat el 2011 Patrimoni Mundial per la UNESCO.

El text va néixer amb el propòsit inicial de liberalitzar sòl i construir 20.000 habitatges a Palma, si bé els conservadors van acabar cedint davant l'extrema dreta en la seva pretensió d'estendre l'aplicació de la norma als 24 municipis de l'arxipèlag que compten amb més de 10.000 habitants. En altres 13, sempre que així ho decideixin els ajuntaments, es podrà requalificar sòl rústic per aixecar més edificacions. Per exigència dels de Santiago Abascal, la normativa permetrà, també amb l'última paraula dels consistoris, construir en sòl rústic sense necessitat d'haver esgotat l'urbanitzable.

Una trentena d'entitats així com 50 diputats d'esquerres van decidir impugnar el text davant el Constitucional en considerar que suposa “l'atac més greu” contra el sòl rústic de les illes i consolida un model que premia les construccions il·legals i incrementa la pressió urbanística sobre el territori. El recurs, que obre un escenari d'incertesa sobre els habitatges que ja es troben en procés de ser regularitzats, va ser admès a tràmit, però encara està pendent de resolució.

Mientras l'Alt Tribunal dirimeix sobre la constitucionalitat de la norma, el PP ha registrat ara diferents correccions amb què busquen esmenar alguns dels punts més vulnerables des del punt de vista jurídic. El principal rau en eliminar el silenci positiu, que permetia donar per aprovada la legalització si l'Administració no resolia en termini, i substituir-lo per un silenci negatiu.

Les esmenes, tanmateix, amplien l'ús de les declaracions responsables no només per iniciar activitats, sinó també per substituir documentació en nombrosos procediments administratius, evitant, com sostenen des del PP, que els ciutadans “hagin d'aportar repetidament documents que ja estan en el seu poder o la verificació dels quals es pot fer posteriorment”. En la pràctica, aquest sistema permetria impulsar activitats sense necessitat d'autorització prèvia, traslladant el control a un moment posterior però reforçant el règim sancionador en cas d'incompliment.

Com explica la formació en una nota de premsa, es tracta d'una mesura que permetrà que ciutadans i empreses puguin “exercir drets sense haver d'esperar autoritzacions administratives prèvies, substituint tràmits llargs per procediments més ràpids i eficaços”. Els populars assenyalen que aquest sistema “es basa en un principi de confiança amb responsabilitat, similar al funcionament de la declaració de la renda”. “El ciutadà declara que compleix els requisits, pot actuar de manera immediata, i l'Administració comprova posteriorment”. En cas de falsedat o incompliment, subratllen, s'estableixen “conseqüències clares”, amb un reforç i increment del règim sancionador i la possibilitat de suspendre l'activitat.

Un altre dels punts de la reforma passa per incorporar a les entitats col·laboradores de certificació -com els col·legis professionals o les cambres de comerç- perquè puguin validar la documentació i els requisits tècnics amb eficàcia administrativa. Es tracta d'un model que, tot i que amb la intenció de reduir temps de revisió, suposarà en la pràctica una externalització parcial de les funcions de control i una major agilització de llicències i tràmits en un context marcat per la creixent saturació turística i el debat sobre els límits del creixement a Balears.

Amb aquestes modificacions, el PP busca apuntalar la norma sense renunciar al seu contingut essencial. No en va, el nucli de la llei roman intacte: la norma possibilita legalitzar habitatges fora d'ordenació en sòl rústic i la infracció del qual hagi prescrit, incloses aquelles ubicades en zones de màxima protecció. La regularització arriba fins i tot a les edificacions construïdes sense llicència abans de 1991, any en què va ser aprovada la llei balear d'espais naturals, que va introduir majors restriccions en matèria mediambiental davant la urgent necessitat de preservar el patrimoni natural i paisatgístic de les illes.

L'Executiu de Prohens presenta aquesta regularització com una eina per tractar de donar solució a la greu situació que travessen les illes en matèria d'habitatge, i defensa taxant que la mesura no suposarà de cap manera l'execució de noves construccions. Les formacions d'esquerres i les entitats socials i ecologistes consideren, tanmateix, que la legalització d'aquests immobles no arribarà a abastar les famílies treballadores.

No en va, els col·lectius consideren aquesta iniciativa com “el major pelotazo urbanístic dels últims 50 anys” i una “bomba demogràfica” dins una illa saturada i amb recursos com l'aigua al límit. En aquesta línia, alerten del biaix ideològic de la norma en posar el focus, denuncien, en la liberalització del sòl i en la reducció de controls públics mentre deixa de banda la urgència de garantir l'accés a un habitatge digne per a la població resident.

En aquesta línia, critiquen que l'Executiu no plantegi mesures ambicioses per regular, entre d'altres, els preus del lloguer en un context en què gran part de la població balear destina més del 40% dels seus ingressos al pagament de l'habitatge i malgrat que més de 105.000 habitatges es troben buits a les illes. Una xifra que el 2021 suposava un 23,9% més dels que hi havia una dècada abans. Els col·lectius també denuncien que el text no contempli frenar la pressió de l'habitatge turístic ni posi coto a la compra de segones residències per part d'estrangers amb elevat poder adquisitiu, garantint per llei un parc d'habitatge per als residents donada l'escassetat de territori i frenant amb això l'increment desbocat dels preus.

Segons l'entitat l'entitat Mallorca per viure, no per especular, la llei de liberalització del sòl aprovada per PP i Vox obre les portes a la construcció de més de 37.400 pisos en sòl rústic a Mallorca i a un creixement demogràfic “sense precedents”. Després de diversos mesos d'investigacions, el col·lectiu va publicar un estudi que per primera vegada quantificava l'impacte territorial i demogràfic del text. Segons el seu diagnòstic, els set municipis afectats per la norma podrien sumar 252.810 noves places residencials, és a dir, un 37% més de població respecte al cens de 2024. Per assolir-ho, la llei permetria aixecar 37.432 nous habitatges en 1.246 hectàrees de sòl rústic fins ara protegit. La totalitat d'hectàrees que passaran a ser edificables serà de 1.246, en la seva majoria sòls agraris i forestals.

Un dels punts més controvertits de la normativa és la possibilitat que les anomenades Àrees de Transició (AT) -franges que, com recorda l'estudi, fins ara actuaven com a cinturó de contenció al voltant dels nuclis urbans- puguin requalificar-se com a sòl urbanitzable per permetre la construcció de nous habitatges. La funció de les AT era clara: frenar l'expansió urbanística i reservar espai per a infraestructures bàsiques. Però la llei les converteix en urbanitzables amb densitats pròpies de ciutat dormitori: fins a 225 habitants per hectàrea.

“La 'Llei d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl' és una bomba demogràfica gràfica dins una illa saturada i amb recursos com l'aigua al límit. El Govern l'ha aprovat amb l'excusa de fer més 'habitatge social', però la realitat és que es tracta d'un regal a les grans promotores urbanístiques sense cap previsió de les conseqüències ambientals, territorials i demogràfiques que comportarà la norma”, denuncien des de la plataforma ecologista.

El PP ha movido ficha para apuntalar una de las normas más controvertidas de la legislatura en Balears: la amnistía urbanística que permitirá legalizar viviendas construidas de forma ilegal en suelo rústico en determinadas condiciones so pretexto, según defiende el Govern de la popular Marga Prohens, de facilitar el acceso a la vivienda. Ocho meses después de aprobar, con el apoyo de Vox, la más conocida como ley de liberalización del suelo, los conservadores han presentado enmiendas que, en la práctica, no alteran el fondo de una norma que ya ha abierto las puertas a regularizar cientos de edificaciones, incluidas aquellas situadas en las áreas de máxima protección de la Serra de Tramuntana,  el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El texto nació con el propósito inicial de liberalizar suelo y construir 20.000 viviendas en Palma, si bien los conservadores acabaron cediendo ante la extrema derecha en su pretensión de extender la aplicación de la norma a los 24 municipios del archipiélago que cuentan con más de 10.000 habitantes. En otros 13, siempre que así lo decidan los ayuntamientos, se podrá recalificar suelo rústico para levantar más edificaciones. Por exigencia de los de Santiago Abascal, la normativa permitirá, también con la última palabra de los consistorios, construir en suelo rústico sin necesidad de haber agotado el urbanizable.

Una treintena de entidades así como 50 diputados de izquierdas decidieron impugnar el texto ante el Constitucional al considerar que supone “el ataque más grave” contra el suelo rústico de las islas y consolida un modelo que premia las construcciones ilegales e incrementa la presión urbanística sobre el territorio. El recurso, que abre un escenario de incertidumbre sobre las viviendas que ya se encuentran en proceso de ser regularizadas, fue admitido a trámite pero aún está pendiente de resolución.

Mientras el Alto Tribunal dirime sobre la constitucionalidad de la norma, el PP ha registrado ahora distintas correcciones con las que buscan enmendar algunos de los puntos más vulnerables desde el punto de vista jurídico. El principal radica en eliminar el silencio positivo, que permitía dar por aprobada la legalización si la Administración no resolvía en plazo, y sustituirlo por un silencio negativo.

Las enmiendas, sin embargo, amplían el uso de las declaraciones responsables no solo para iniciar actividades, sino también para sustituir documentación en numerosos procedimientos administrativos, evitando, como sostienen desde el PP, que los ciudadanos “tengan que aportar repetidamente documentos que ya están en su poder o la verificación de los cuales se puede hacer posteriormente”. En la práctica, este sistema permitiría impulsar actividades sin necesidad de autorización previa, trasladando el control a un momento posterior pero reforzando el régimen sancionador en caso de incumplimiento.

Como explica la formación en una nota de prensa, se trata de una medida que permitirá que ciudadanos y empresas puedan “ejercer derechos sin tener que esperar autorizaciones administrativas previas, sustituyendo trámites largos por procedimientos más rápidos y eficaces”. Los populares señalan en que este sistema “se basa en un principio de confianza con responsabilidad, similar al funcionamiento de la declaración de la renta”. “El ciudadano declara que cumple los requisitos, puede actuar de manera inmediata, y la Administración comprueba posteriormente”. En caso de falsedad o incumplimiento, subrayan, se establecen “consecuencias claras”, con un refuerzo e incremento del régimen sancionador y la posibilidad de suspender la actividad.

Otro de los puntos de la reforma pasa por incorporar a las entidades colaboradoras de certificación -como los colegios profesionales o las cámaras de comercio- para que puedan validar la documentación y los requisitos técnicos con eficacia administrativa. Se trata de un modelo que, aunque con la intención de reducir tiempos de revisión, supondrá en la práctica una externalización parcial de las funciones de control y una mayor agilización de licencias y trámites en un contexto marcado por la creciente saturación turística y el debate sobre los límites del crecimiento en Balears.

Con estas modificaciones, el PP busca apuntalar la norma sin renunciar a su contenido esencial. No en vano, el núcleo de la ley permanece intacto: la norma posibilita legalizar viviendas fuera de ordenación en suelo rústico y cuya infracción haya prescrito, incluidas aquellas ubicadas en zonas de máxima protección. La regularización alcanza incluso a las edificaciones construidas sin licencia antes de 1991, año en que fue aprobada la ley balear de espacios naturales, que introdujo mayores restricciones en materia medioambiental ante la urgente necesidad de preservar el patrimonio natural y paisajístico de las islas.

El Ejecutivo de Prohens presenta esta regularización como una herramienta para tratar de dar solución a la grave situación que atraviesan las islas en materia de vivienda, y defiende tajante que la medida no supondrá de ningún modo la ejecución de nuevas construcciones. Las formaciones de izquierdas y las entidades sociales y ecologistas consideran, sin embargo, que la legalización de estos inmuebles no llegará a alcanzar a las familias trabajadoras.

No en vano, los colectivos consideran esta iniciativa como “el mayor pelotazo urbanístico de los últimos 50 años” y una “bomba demográfica” dentro de una isla saturada y con recursos como el agua al límite. En esta línea, alertan del sesgo ideológico de la norma al poner el foco, denuncian, en la liberalización del suelo y en la reducción de controles públicos mientras deja de lado la urgencia de garantizar el acceso a una vivienda digna para la población residente.

En esta línea, critican que el Ejecutivo no plantee medidas ambiciosas para regular, entre otros, los precios del alquiler en un contexto en el que gran parte de la población balear destina más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda y a pesar de que más de 105.000 viviendas se encuentran vacías en las islas. Una cifra que en 2021 suponía un 23,9% más de las que había una década antes. Los colectivos también denuncian que el texto no contemple frenar la presión de la vivienda turística ni ponga coto a la compra de segundas residencias por parte de extranjeros con elevado poder adquisitivo, garantizando por ley un parque de vivienda para los residentes dada la escasez de territorio y frenando con ello el incremento desbocado de los precios.

Según la entidad la entidad Mallorca per viure, no per especular, la ley de liberalización del suelo aprobada por PP y Vox abre las puertas a la construcción de más de 37.400 pisos en suelo rústico en Mallorca y a un crecimiento demográfico “sin precedentes”. Tras varios meses de investigaciones, el colectivo publicó un estudio que por primera vez cuantificaba el impacto territorial y demográfico del texto: según su diagnóstico: los siete municipios afectados por la norma podrían sumar 252.810 nuevas plazas residenciales, es decir, un 37% más de población respecto al censo de 2024. Para alcanzarlo, la ley permitiría levantar 37.432 nuevas viviendas en 1.246 hectáreas de suelo rústico hasta ahora protegido. La totalidad de hectáreas que pasarán a ser edificables será de 1.246, en su mayoría suelos agrarios y forestales.

Uno de los puntos más controvertidos de la normativa es la posibilidad de que las llamadas Áreas de Transición (AT) -franjas que, como recuerda el estudio, hasta ahora actuaban como cinturón de contención alrededor de los núcleos urbanos- puedan recalificarse como suelo urbanizable para permitir la construcción de nuevas viviendas. La función de las AT era clara: frenar la expansión urbanística y reservar espacio para infraestructuras básicas. Pero la ley las convierte en urbanizables con densidades propias de ciudad dormitorio: hasta 225 habitantes por hectárea.

La 'Ley de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo' es una bomba demográfica gráfica dentro de una isla saturada y con recursos como el agua al límite. El Govern la ha aprobado con la excusa de hacer más 'vivienda social', pero la realidad es que se trata de un regalo a las grandes promotoras urbanísticas sin ninguna previsión de las consecuencias ambientales, territoriales y demográficas que comportará la norma“, denuncian desde la plataforma ecologista.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia investiga desde hace un año a cuatro empresarios cántabros de la construcción por un posible reparto de licitaciones de obra pública. El organismo sospecha que las empresas podrían haber presentado ofertas ficticias a concursos convocados por el Gobierno de Cantabria, ayuntamientos y entidades públicas de la comunidad autónoma. También a “clientes privados, en relación con servicios de obra civil, edificación y otros servicios de construcción”.

Según adelanta Onda Cero Cantabria, que ha tenido acceso al documento de la investigación, Competencia apunta a indicios que señalan a los empresarios Óscar San Emeterio (vicepresidente de COPSESA), Juan Carlos Echevarría (director general de Cuevas Gestión de Obras), Álvaro Quintanal y Javier Palomera (de Palomera Obras y Proyectos).

Unas horas antes de que se haya hecho pública esta información, Palomera había dimitido como presidente de la Asociación de Constructores de Cantabria alegando “motivos personales” debido a una “imposibilidad sobrevenida”, sin más explicaciones. El comunicado añade que el cese se produce para “preservar el buen funcionamiento de la Asociación, garantizando que la actividad ordinaria, la representación institucional y la continuidad de los proyectos en curso no se vean perjudicados por su imposibilidad sobrevenida de dedicar al cargo la atención y disponibilidad que exige”.

Competencia, que inició esta investigación en marzo de 2025, considera que “existen indicios racionales” de “acuerdos o prácticas concertadas, así como intercambios de información comercialmente sensible, para la manipulación y reparto de las licitaciones”.

En concreto, se investiga si los cuatro empresarios cántabros “diseñaron y ejecutaron posibles conductas anticompetitivas” en el ámbito de la obra civil. Según el acuerdo de la directora de Competencia al que ha tenido acceso Onda Cero, se podrían enfrentar a sanciones de hasta 60.000 euros.

Los antiguos edificios de la calle Cabestreros que el PSOE intentó defender en los tribunales a principios de año se salvan, de momento. La Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid está estudiando su valor patrimonial después de ordenar al Ayuntamiento que comunicara la detención de la obra a la empresa responsable, según información a la que ha tenido acceso este periódico.

El proyecto turístico sobre los números 1 y 3 de Cabestreros, una vía situada en el corazón de Lavapiés, salió a la luz pública a finales de año. Fue entonces cuando se supo que la empresa propietaria tenía intención de levantar allí un hostal con 260 habitaciones tipo cápsula. Para hacerlo, antes tenía planificado echar abajo los dos edificios antiguos, de los que no quedaría ningún resto.

Aunque los planes se conocieron en plenas navidades, numerosas asociaciones y particulares alertaron de la pérdida para el patrimonio de Madrid que podría suponer el derribo de las dos casas. Una de ellas era muy conocida en la zona por haber alojado en su día el Baobab, un popular restaurante senegalés. Su cierre coincidió con el inicio de los trámites para un proyecto urbanístico que fue aprobado primero en 2020 y luego en 2025, modificado, cumpliendo todos los trámites sin tener en cuenta el posible valor de los inmuebles, que no estaban catalogados.

Pero el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid escuchó la alarma patrimonial y solicitó de urgencia al área de Urbanismo que valorara su protección el 9 de enero, luego acudió a la Fiscalía a denunciar los hechos. Para entonces, la empresa encargada de la demolición ya se estaba preparando y los acontecimientos se precipitaron: el consistorio se dirigió a la Comunidad de Madrid después de recibir el escrito del PSOE y la Consejería de Cultura ordenó, unos días después, detener la obra. El Ayuntamiento se lo comunicó a la empresa. Pero algo falló.

La mañana del día 14 de enero los obreros empezaron a desmontar el tejado de Cabestreros 1, pese a que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, había reclamado la paralización el día anterior. Los vecinos alertaron de lo que estaba sucediendo desde casi el amanecer, mientras algunos veían una estrategia de los inversores para conseguir el derribo por otras vías: “Se han dado prisa para cargarse el tejado del edificio más antiguo. El siguiente paso, declaración del inmueble en ruinas y para adelante”, lamentaba un vecino entonces.

Finalmente, el Ayuntamiento notificó la suspensión in situ, ante la mirada del concejal Antonio Giraldo, quien se implicó personalmente en salvar el edificio, acudiendo varias veces al lugar y también a la Fiscalía. Hoy, en conversación con este periódico, recuerda cómo empezó todo: “Se pusieron en contacto conmigo arquitectos, expertos en patrimonio, la gente de MCyP... y empezamos a indagar, a buscar documentación, porque desde hace mucho pensábamos que el edificio tenía valores suficientes para no liquidarlo diciendo que no estaba en el catálogo”.

Giraldo cree que su existencia puede datar al menos desde 1656, porque aparece en el plano de Pedro de Teixeira, fechado ese año y que recoge minuciosamente numerosas construcciones del Madrid antiguo. Ahora la Comunidad de Madrid indicó —en el requerimiento para detener la obra— que los dos edificios podrían corresponderse con casas señoriales del Siglo XVII y que, en ese caso, serían consideradas Bien de Interés Patrimonial.

“Nos da tranquilidad que la Comunidad de Madrid vaya a encargar un estudio en profundidad, es la guardiana de estos bienes y hay buenos técnicos trabajando allí”, apunta el edil de la oposición. Sobre el resultado final de este proceso, advierte de las posibilidades: “A lo mejor no es una protección al máximo, pero tal vez puedan forzar la modificación del proyecto para mantener cierta parte del volumen del inmueble y hacer un recrecido... Tienen un abanico de posibilidades entre la demolición total y el mantenimiento íntegro, ya se verá”.

Apunta Giraldo que, no obstante, el Ayuntamiento “podría directamente incorporarlo en el catálogo, sin ningún problema, pero ha decidido pasarle la pelota a la Comunidad”. Y recuerda que “estos días estamos hablando de lo que pasó con las Cocheras de Cuatro Caminos, que se echaron abajo con una licencia concedida a toda prisa, sin sentencia firme del Tribunal Supremo, donde había mucha gente advirtiendo de sus valores patrimoniales, y se acabó demoliendo”.

El concejal del PSOE valora otras actuaciones que sí que ponen en valor el patrimonio industrial, como la construcción de unas viviendas en Carabanchel con la pervivencia de parte de la estructura de la fábrica que había allí antes, un proyecto que el propio Ayuntamiento presentó hace unos días. “Parece que el patrimonio solo interesa cuando es rentable económicamente”, se queja Giraldo. Y deja esta reflexión: “Al final la crítica aquí es que siempre tiene que estar la sociedad civil o los grupos políticos vigilando todo para que, en algún caso, los que gobiernan reaccionen y se den por aludidos. Demoler debería ser algo excepcional, como marca la ley”.

Han pasado dos semanas desde que Estados Unidos e Israel atacaron unilateralmente Irán. El conflicto, que ha ido escalando desde entonces, ha sumado más incertidumbre a un escenario geopolítico incierto, sobre todo desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Al margen de los cientos de muertos y heridos y de algunos de los efectos de esta guerra que han comenzado a notarse ya en el bolsillo de los ciudadanos, como el incremento del precio de los carburantes, la crisis apunta a ser un potencial factor que agrave, aún más, la crisis de vivienda.

Durante unas jornadas celebradas este lunes, desde la Confederación Nacional de la Construcción ya alertaba que “la previsible escalada del precio de algunas materias primas y materiales de construcción —como el petróleo, el gas, el acero, el aluminio, la madera o el asfalto— como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo, podría incrementar los costes de producción” y agravar “la incertidumbre del sector, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados y la dificultad para planificar y ejecutar proyectos con estabilidad de costes”.

Unos días más tarde, el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Cortázar, celebraba que la economía española “está muy bien y goza de mucha fortaleza”, pero advertía que “todo hace pensar” que la guerra en Irán “llevará a las hipotecas a niveles mayores”. Como vienen repitiendo todos los expertos, el impacto del conflicto en los mercados dependerá de lo que se alargue la crisis, pero el Euríbor ya sufrió el martes un “incremento histórico en la cotización diaria”, del 2,367 al 2,552, señalan desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que han estimado que la revisión de los casos a corto plazo de la cuota hipotecaria podría suponer un incremento anual de hasta 177 euros, en el peor de los casos.

El experto económico de Asufin, Antonio Gallardo, confía en que las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, previstas para noviembre, amortigüen el golpe. “El precio de la gasolina afecta enormemente a la popularidad, así que si se dispara habrá una distensión”, indica. Con todo, la previsión de un primer semestre estable e, incluso, una pequeña bajada del euríbor en la segunda mitad del año se aleja. “A final de año se moverá en torno al 2,5 o 2,75. No es una cosa exagerada, pero no creo que haya incentivos a la baja”, apunta.

Pese a estos posibles incrementos y el pellizco en las revisiones de cuotas en hipotecas variables o las nuevas que vayan a firmarse, desde Asufin no ven todavía “una señal de alarma excesiva” en cuanto a la concesión de crédito, pero apuesta por “mantenerse vigilantes y cautelosos”. En este sentido, el problema sigue siendo una “disfunción estructural interna”, aclaran, en la que el principal obstáculo al acceso está muy vinculado al poder adquisitivo y la capacidad de ahorro de los hogares, que deben aportar en torno al 30% del precio de la vivienda. “Y los precios son los que son”, señalan estas mismas fuentes. En 2025, se dispararon un 12,7%, el mayor incremento desde la anterior burbuja inmobiliaria.

El bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, ha puesto en alerta a los mercados. Esta semana, el barril de brent, de referencia en Europa, ha superado en varias ocasiones la barrera psicológica de los 100 dólares y ha llegado incluso a alcanzar los 120. “Para una economía importadora neta de energía, como la española, este tipo de shock tiene tres canales macroeconómicos principales, bastante bien documentados por el Banco de España, el Banco Central Europeo o la OCDE: un aumento de los costes de producción, presiones inflacionistas y deterioro de la renta real de los hogares”, explica el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Pinto.

“La escalada de algunas materias primas y materiales de construcción por la guerra puede incrementar los costes de producción para las empresas”, apuntan fuentes de la CNC, que añade que ese “encarecimiento agrava la incertidumbre que ya atraviesa el sector, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados y la dificultad para proyectar costes, que ya se han disparado más de un 45% desde 2021”.

Como muestra el gráfico anterior, el índice de costes del sector de la construcción, donde el coste energético supone en torno al 30% del total, se disparó entre 2021 y 2022, coincidiendo con un incremento del precio del petróleo. “Este episodio mostró hasta qué punto un shock energético puede trasladarse rápidamente a los costes del sector inmobiliario” y, “en un mercado como el español, donde la oferta de vivienda es relativamente rígida por factores regulatorios y urbanísticos, los aumentos de costes tienden a trasladarse a los precios de la vivienda nueva con bastante facilidad”, apunta Pinto. De hecho, a partir de 2022, el precio de la vivienda nueva ha registrado los mayores incrementos interanuales desde 2007.

En un análisis publicado la semana pasada, la consultora Oxford Economics, indicaba que las “presiones de costes derivadas del aumento de los precios energéticos se concentran en industrias intensivas en energía”, como las químicas o las relacionadas con los metales, sectores que producen insumos claves para la construcción.

“En el caso concreto de la vivienda, los datos muestran que el coste de construcción de la obra nueva sigue al alza y acumula una subida superior al 32% entre 2020 y 2025, hasta los 1.105 euros por metro cuadrado de media en vivienda plurifamiliar”, señalaban desde la CNC. Y las voces consultadas advierten no solo de un incremento en el precio para quien compre una casa, sino en un posible freno promotor, en un momento de baja producción, con un déficit de 700.000 viviendas, según los datos del Banco de España. “Los costes aumentan, pero los precios finales no se ajustan al mismo ritmo, los márgenes de promoción se reducen y algunos proyectos se posponen o directamente se cancelan”, indica Pinto, que advierte que “el shock energético puede actuar indirectamente, restringiendo aún más la oferta futura”.

Desde la patronal de la construcción han vuelto a insistir estos días en la necesidad de revisar la Ley de Contratos Públicos, para introducir un mecanismo que permita incorporar cláusulas de actualización de estos contratos, ante shocks energéticos, subidas de inflación o, incluso, salarios. Es una antigua demanda, en la que los empresarios no están solos porque cuenta con el apoyo de los sindicatos y, en el caso de repercutir los aumentos salariales, incluso del Ministerio de Trabajo, que choca con Hacienda, quien guarda la llave de la caja.

Al margen de la actualización de los contratos públicos, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, señaló el jueves que el Ejecutivo está analizando tanto el alza de los precios de los materiales como el Euríbor e insistió en la idea de que el Gobierno “trabaja en una respuesta a la crisis”, en términos generales. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya avanzó ese mismo día algunas de las claves del nuevo escudo económico, con ayudas al transporte, al campo y la logística, aunque descarta, por el momento, subvenciones directas al combustible, como ocurrió tras el estallido de la guerra en Ucrania.

El Gobierno también contempla rescatar algunas de las medidas del escudo social, que tumbaron PP, Vox y Junts, como la prohibición del corte de los suministros para los hogares vulnerables. Desde Sumar han insistido en la necesidad de recuperar también el blindaje ante desahucios de familias vulnerables, que también decayó en febrero y que, actualmente, tiene difícil su aprobación parlamentaria, y la prórroga automática de los contratos de alquiler firmados durante la pandemia, que finalizan este ejercicio. Unos 600.000, según sus cuentas. Fuentes ministeriales indican que aún no hay nada cerrado, pero el ministro Cuerpo evitó el jueves pronunciarse sobre medidas concretas contra los desahucios. El ala socialista del Ejecutivo se ha mostrado en el pasado en contra de esa prórroga automática de los contratos que reclama su socio.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha pedido este viernes que tanto la prohibición de desahucios a hogares vulnerables como la prórroga se incluyan en el nuevo decreto “para hacer frente a la inflación por la guerra en Irán”. “Sería incomprensible que medidas como limitar el precio de los alquileres o la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler, que sí se tomaron durante la guerra de Ucrania, no se activen de la misma manera en este conflicto”, indican en un comunicado. El ministro Cuerpo, por su parte, admitía el jueves estar haciendo un “análisis muy pormenorizado de las medidas” que se pusieron en marcha entonces, aunque señalaba que la situación es todavía “muy lejano” al de 2022. Por el momento, el IPC cerró en febrero en el 2,3%, pero el dato recoge el periodo previo a la guerra, que comenzó el día 28 de ese mes.

La Guardia Civil ha liberado a seis personas de origen asiático, que se encontraban en condiciones de explotación laboral en Calahorra (La Rioja). En el marco de la denominada operación Huotui, han sido detenidas cuatro personas a las que se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, blanqueo de capitales y delito fiscal. 

El estudio patrimonial de la organización reveló que, entre los años 2019 y 2025, las cuentas bancarias del principal responsable de la red registraron movimientos por más de 5,2 millones de euros, de los cuales, alrededor de 3,4 millones de euros carecen de trazabilidad conocida.

La operación comenzó tras una inspección de una nave en obras situada en el Polígono Industrial Azucarera de Calahorra (La Rioja), donde los agentes detectaron indicios de una posible red de explotación laboral. Varios trabajadores de nacionalidad china huyeron ante la presencia de los agentes, mientras que el encargado de la obra trataba de obstaculizar la labor policial aprovechando la barrera idiomática para eludir las preguntas de los investigadores.

La investigación permitió constatar que tres hombres y una mujer formaban parte de una estructura criminal encargada de la dirección y gestión económica del entramado que controlaba a los trabajadores explotados.

Obligados a trabajar en la construción entre 12 y 14 horas diarias

La organización captaba en China a ciudadanos en situación de vulnerabilidad y los trasladaba a España con visado de turista para emplearlos en el sector de la construcción con jornadas de entre 12 y 14 horas diarias, los siete días de la semana. Trabajaban sin ninguna medida de seguridad e incumpliendo las normas del sector de la construcción, poniendo en riesgo su salud y su integridad física. 

Al salario que recibían por su trabajo les descontaban cantidades en concepto de alojamiento y manutención. Dormían en colchones colocados sobre palés de madera, en condiciones higiénico-sanitarias deplorables, carentes de las mínimas condiciones de habitabilidad. Para mantener el control, la organización recurría de manera sistemática a la intimidación y la violencia.

Durante la explotación de la operación se intervinieron 11.000 euros en efectivo, diversa documentación de interés para la investigación y varios vehículos utilizados por la organización. Además, se han bloqueado once cuentas bancarias vinculadas a los investigados y a la suspensión temporal de la actividad empresarial utilizada como tapadera para el desarrollo de las actividades ilícitas.

De los trabajadores liberados, uno presentaba una lesión en un pie. Se les prestó asistencia y alimento.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Calahorra, con la colaboración de efectivos de la Guardia Civil de Arnedo, patrullas de Seguridad Ciudadana, el grupo cinológico con perros adiestrados en la detección de dinero y las USECIC de La Rioja y Navarra. Además, se ha contado con la asistencia a las víctimas participaron el Ayuntamiento de Logroño y diversas ONGs especializadas en atención y apoyo social.

Si viajas por Asturias y te fijas en algunas de sus casas más llamativas, es posible que te encuentres con fachadas de colores vivos, palmeras en el jardín, galerías acristaladas y una arquitectura que no termina de encajar con la tradición rural asturiana. No es casualidad. Son las llamadas casas indianas, viviendas levantadas por emigrantes que hicieron fortuna en América, que regresaron a su tierra con la idea de empezar una nueva vida y, ya puestos, mostrar lo bien que les había ido.

Durante décadas, miles de asturianos cruzaron el Atlántico buscando oportunidades en lugares como Cuba, México o Argentina. Algunos volvieron. Y cuando lo hicieron, dejaron una huella muy visible en pueblos y villas de toda la región. No solo a nivel particular, sino municipal también. 

Hoy, recorrer Asturias siguiendo el rastro de estas construcciones es también una forma distinta de entender su historia. De Somao a Colombres, pasando por otras pequeñas localidades del norte, las casas indianas dibujan una ruta llena de anécdotas, arquitectura singular y memoria emigrante. Un viaje corto en kilómetros, pero largo en historias.

Los indianos y el viaje que cambió Asturias

Entre mediados del siglo XIX y las primeras décadas del XX, miles de asturianos emigraron a América. La falta de oportunidades, la presión demográfica en el campo o simplemente el deseo de prosperar empujaron a muchos jóvenes a cruzar el Atlántico. Cuba, México, Argentina o Puerto Rico fueron algunos de los destinos más habituales.

No todos tuvieron éxito. Pero algunos sí lo lograron. Comerciantes, empresarios, propietarios de negocios o profesionales que, tras años (o décadas) de trabajo, decidieron regresar a su tierra natal.

Cuando volvían, lo hacían con dinero, con nuevas ideas y con una forma distinta de ver el mundo. Y eso se notó en la arquitectura. Las casas que construyeron en sus pueblos no se parecían precisamente a las viviendas tradicionales asturianas. Eran más grandes, más luminosas y, en muchos casos, estaban rodeadas de jardines donde no faltaban palmeras, magnolios o especies traídas de América.

Las fachadas solían ser coloridas, con torres, galerías acristaladas, balcones ornamentados y una clara vocación de destacar. No se trataba solo de construir una vivienda cómoda. También era una forma de mostrar el éxito alcanzado tras años de trabajo en el extranjero.

Pero la huella de los indianos no se quedó solo en sus casas. Muchos financiaron escuelas, hospitales, casinos, lavaderos públicos o infraestructuras para sus pueblos. Una forma de devolver a su lugar de origen parte de lo que habían conseguido lejos de casa.

Hoy, más de un siglo después, muchas de estas construcciones siguen en pie y forman parte de algunos de los paisajes más llamativos de Asturias.

Una ruta por las casas indianas de Asturias

Las casas indianas aparecen repartidas por buena parte del territorio asturiano, aunque hay zonas donde la concentración es especialmente alta. El oriente de la región, muy vinculado históricamente con la emigración a América, es uno de los mejores lugares para empezar a buscarlas.

En Llanes, por ejemplo, todavía se pueden ver varios ejemplos de este tipo de arquitectura en sus alrededores. Lo mismo ocurre en Ribadesella o en localidades cercanas como Villaviciosa, donde algunas villas destacan entre las construcciones tradicionales.

Una mención aparte merece Somao. Un pequeño pueblo del concejo de Pravia que está considerado uno de los conjuntos indianos mejor conservados de Asturias.

Situado en lo alto de una colina con vistas al valle del río Nalón, Somao llegó a tener una importante comunidad de emigrantes que hicieron fortuna en Cuba y otros países de América. A su regreso levantaron aquí llamativas casas en las que destacaban torres, galerías acristaladas, miradores, jardines y fachadas de colores suaves.

Entre los edificios más conocidos están El Marciel y la Casa de La Torre o Casa Amarilla. Muchas de estas viviendas siguen siendo privadas, pero el conjunto del pueblo permite hacerse una buena idea de cómo era ese mundo de ida y vuelta entre Asturias y América. Pero si hay un lugar donde esta historia se entiende especialmente bien, ese es Colombres.

Colombres, capital de la arquitectura indiana

En el extremo oriental de Asturias, muy cerca de la frontera con Cantabria, se encuentra Colombres. Esta pequeña localidad es considerada uno de los grandes referentes de la arquitectura indiana en España.

La razón es sencilla. Aquí se concentra un número muy elevado de casas construidas por emigrantes que regresaron de América con fortuna. Y muchas de ellas se conservan en muy buen estado.

Una de las más conocidas es la Quinta Guadalupe, un espectacular edificio rodeado de jardines que hoy alberga el Museo de la Emigración en Asturias. Un espacio que explica de forma clara y cercana cómo fue el fenómeno migratorio asturiano hacia América, qué llevó a tantas personas a marcharse y cómo influyó ese movimiento en la sociedad asturiana.

Pero la ruta por Colombres no termina ahí. Basta con pasear por sus calles para ir encontrando algunas de las villas indianas más llamativas del norte de España. El actual Ayuntamiento de Ribadedeva ocupa también un edificio de origen indiano. Muy cerca se encuentran construcciones como la Mansión del Abuelo, la Casa Roja o la Casa de Piedra, hoy Casa de Cultura, formando tres ejemplos muy diferentes entre sí pero igualmente representativos de esta arquitectura.

A ellas se suman otras villas destacadas como la Casona de Íñigo Noriega, La Solana, la Casa de los Leones o Las Palmeras. También aparecen edificios como Quinta Buenavista, las Casas Gemelas o la finca Las Raucas, cada una con su propia historia ligada a diferentes familias. Incluso hay pequeñas sorpresas como El Cantu, que hoy hace de albergue para jóvenes y escolares. 

Más allá de su arquitectura, Colombres mantiene muy viva esta herencia. Cada verano, en el mes de julio, la localidad celebra la Feria de Indianos, una fiesta que rinde homenaje a la cultura vinculada a la emigración hacia América.

Durante un fin de semana, el pueblo se transforma. Vecinos y visitantes se visten de época, aparecen mercados, música, gastronomía y todo tipo de actividades relacionadas con el mundo indiano. Es una forma festiva de recordar un fenómeno histórico que marcó profundamente a esta parte de Asturias. De hecho, no es casualidad que Colombres fuera reconocido como Pueblo Ejemplar de Asturias en 2015, un honor que también recibió Somao en 2020. Su arquitectura, su historia y la forma en que ha sabido conservar ese legado lo convierten en uno de los lugares más interesantes para entender el vínculo entre Asturias y (la no tan lejana) América.

Després del gran vidre per on la llum penetra a la façana de Can Soleil, Guy Laliberté contempla –a l'horitzó– es Vedrà i –molt més a prop de la seva vil·la eivissenca– les puntes de tretze columnes. Estan fetes de basalt, formen un cercle, imposen. La més alta queda just al centre. A la seva cúspide –a vint metres sobre el terra– hi van incrustar or de vint-i-tres quirats perquè els raigs del sol es reflectissin al capvespre del 21 de desembre: el solstici d'hivern a l'Hemisferi nord. De lluny, el conjunt recorda Stonehenge. Com si haguessin transportat un dels monuments més importants del Neolític des dels camps de Salisbury a la costa mediterrània. Un miratge real. 

Van triar dues paraules en anglès per batejar les columnes i dotar-les de transcendència: time and space, temps i espai. Aquests pilars són, en teoria, un rellotge solar. Estan separats per distàncies que es van agrandint –segueixen la Seqüència de Fibonacci, que es va fer popular en el seu moment per El còdi da Vinci, i semblen homenatjar aquelles moles que es van plantar al bell mig de la campinya anglesa fa mil·lennis en el punt exacte per marcar l'àlba i el crepuscle del dia més curt i del dia més llarg de l'any–. Però aquests monolits també són un exemple evident de com el caprici d'un plutòcrata s'imposa a les normes territorials d'Eivissa, una illa consagrada al turisme. Laliberté –el propietari d'aquesta vil·la, el mecenes que va finançar les columnes, el fundador del Cirque du Soleil: l'astre que el va convertir en un dels homes més rics del planeta– va triar l'emplaçament per la seva '‘magnètica energia’'. Un assumpte que ja el preocupava als vuitanta. Aleshores va voler associar el seu circ a un astre que simbolitza '‘la força de la joventut’'. 

Els seus plans urbanístics, tanmateix, els va dur a terme sense demanar llicència a cap Administració. Ningú podria haver signat un document que li ho permetés. Aquests pilars es troben en una propietat privada, però a menys de cent metres del litoral. És zona de servitud marina, '‘aquella franja de terrenys de propietat privada colindant amb el domini públic marítim-terrestre, que està subjecta a determinades limitacions que conté la Llei de Costes“', com es lés a la web del Ministeri de Transició Ecològica. Sobre el paper, les restriccions són potents. Per aconseguir una llicència –segons es lés a la web del Govern balear– es necessita una declaració responsable. Aquest document dà fe que els treballs es dedicaran a reparar, millorar, consolidar o modernitzar –sense augmentar volum o al·lura– una estructura –que no es tracti d'un habitatge– que ja existía abans de 1988, l'any en què va entrar en vigor la Llei de Costes. De la possibilitat de construir monolits, escultures o un altre tipus d'obres artístiques, ni una paraula.

Guy Laliberté és el propietari de la vil·la i el mecenes que va finançar les columnes. Va triar l'emplaçament per la seva 'magnètica energia', però sense complir amb l'ordenament urbanístic

La instal·lació dels pilars

A finals de gener de 2014, es van col·locar en aquesta parcel·la les columnes, dibuixant una circumferència de vint-i-quatre metres de diàmetre. Cala Llentia –acantilat, còdols, una cova de pescadors– deixava de ser una cala verge. L'excepció en un tram costaner molt cobe·jat per les seves vistes a Ponent. Al nord creix un complex hoteler i, al sud, un eixam de xalets, adossats i blocs d'apartaments a la desembocadura d'un torrent –Cala Tarida– que il·lustra molt bé l'urbanisme a la carta que ha rosegat la costa del sud d'Eivissa durant dècades.

Va ser un moviment del Govern balear el que va destapar l'assumpte. Fonts properes a l'operació asseguren a elDiario.es que l'administració va redactar una acta de denúncia mentre es duien a terme els treballs. El 23 de gener de 2014, el departament de Medi Ambient va visitar la zona després que una trucada telefònica alertà del que està passant. Allà hi havia camions –un d'ells, amb grua– i una colla d'operaris que estaven movent terres, podant vegetació, i fabricant formigó darrere uns pins: els monolits necessitaven una base de ciment per tenir-se dempeus. No hi havia, en canvi, cap autorització que mostrar per justificar la legalitat dels treballs que s'estaven realitzant sobre sól rústic protegit i en plena franja costanera.

Segons el Cadastre, la propietrària de la parcel·la on es van aixecar les columnes era una societat: Bertral Trade SL. Aquesta empresa té la seva seu a Eivissa. Encara que Guy Laliberté no hi hagi aparegut mai entre els seus representants, sí que ho feien el gener de 2014 –com a apoderats– Robert Blain i Marc André Dufort. Els dos encarregats de controlar les finances del Cirque du Soleil. Aquests homes eren, respectivament, el director financer i el tresorer d'una maquinaría que per aquell temps produía guanys superiors als 150 milions d'euros anuals.

En el moment de la publicació d'aquest reportatge, la Conselleria de Medi Ambient no ha confirmat si després d'aixecar aquella acta hi va haver sanció econòmica. L'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia tampoc no ha especificat què ha passat amb l'expedient que li va obrir en les mateixes dates a Laliberté.

Rèpliques per tot el món

Stonehenge rep anualment 1,4 milions de visitants, la població de Viena o Philadelphia, gairebé el quaranta per cent dels turistes que desembarquen a Eivissa cada any. Aquestes xifres fan pensar que en la imitació eivissenca del monument prehistòric –tot un símbol per als britànics, una joia en el catàleg del Patrimoni Mundial de la Unesco– es disparen menys selfies, es pugen menys stories. Però menys, en aquest cas, significa moltíssim: n'hi ha prou de fer un passeig per internet per comprovar que els monolits formen part de molts circuits turístics que recorren l'illa. Fins i tot al febrer –el mes més baix de la temporada baixa– algun despistat passeja entre ells, agarra una pedra, la llança al cel amb l'esperança que es posi sobre un dels capitells que van sortir de l'estudi d'Andrew Rogers, l'autor dels plànols que van servir per tallar –d'una sola peça– els monolits.

Els monolits formen part de molts circuits turístics que recorren l'illa

A la pàgina web d'aquest escultor australià, que frega els vuitanta anys, apareix un mapamundi amb una quinzena de punts. Són les localitzacions dels llocs en què ha desenvolupat el seu '‘art terrestre’', un projecte global al qual va anomenar Rythms of Life i al qual va sumar entusiasta Laliberté cedint un trosset de les seves possessions eivissenques. Time and Space té primeres germanes de diferent tamany als deserts d'Arava –Israel–, Atacama –Xile–, Rajasthan –Índia–, Namíbia o al costat del Joshua Tree, al Mojave –Estats Units–: Rogers sent predilecció per les zones àrides. Al bell mig del no-res, les seves creacions són més visibles: també ha treballat en erms glaçats islandesos o, directament, sobre el gel de l'Antàrtida. En alguns països –com la Xina o Turquia– va haver de demanar permís als autoritats per intervenir amb el seu art en la naturalesa.

¿e Per què no ho va fer a Eivissa? L' historial del seu mecenes ofereix algunes pistes. Al llarg dels últims vint-i-cinc anys, els fets més sonats de la trajectòria de Guy Laliberté es poden creuar amb altres episodis molt menys coneguts que va recollir la premsa eivissenca. A la primavera de 2001, aquest empresari que va passar d'artista de carrer –clown, acordionista, escopafocs– a propietari d'una companyia d'entreteniment reconeguda a nivell mundial –segons els seus biògrafs, gràcies al près-tam que li va concedir el Govern del Quebec perquè la seva petita companyia teatral produís un espectacle amb què commemorar el 450 aniversari de l'arribada dels colonitzadors francesos al Canadà–explicava a The New York Times la seva ambició de crear sis grans complexos –hotels, restaurants, teatres…– amb la marca de Cirque du Soleil. No gaire després, el 2005,els ecologistes del Grup d’Estudis de la Natura denunciaven '‘obres il·legals’ dins la parcel·la que Laliberté havia adquirit a Eivissa '‘per estar dins la franja protegida del litoral’.

El nen que volia ser Neil Armstrong

El 30 de setembre de 2009, Laliberté va entrar en milions de llars combinant el vestit de cosmonauta amb el nas vermell de pallasso. Desembolsar 35 milions de dòlars li va permetre convertir-se en el setè turistes que traspassava l'atmosfera de la Terra. Ho va fer a bord d'una Soyuz, el model de nau que Rússia va heretar de la Unió Soviètica. El llançament va ser al Kazakhstan. Dos dies va tardar a arribar a l'Estació Espacial Internacional, on va estar quatre, i dos més en regressar sa i estalvi a les estepes del centre d'Asia. '‘Vaig ser la persona número 510 que va viatjar a l'espai exterior. És un privilegi, encara que paguis, estar entre els 1.000 primers a fer alguna cosa d'aquesta envergadura al planeta, és una experiència física i mental. Era el que era i segueixo sent el que sóc“', diria el propi Laliberté una dècada després de complir '‘un somni d'infància’: '‘Tenia deu anys quan el primer home va trepitjar la Lluna. Estava en un campament d'estiu. Van instal·lar una tele en blanc i negre al bell mig del bosc. Vam passar la nit veient l'esdeveniment. Encara ho recordo”. El seu no es tractava, deia, d'un egotrip, sinó de '‘la necessitat’ de demanar '‘millores en la distribució de l'aigua al planeta’.

Dies després del seu retorn –a mitjans d'octubre de 2009– es va organitzar a Eivissa una conferència sobre el viatge espacial de Laliberté. Jacinto García Palacios –res més ni menys que el director de relacions institucionals de l'Agència Espacial Europea– va explicar amb detall aquella aventura. També es va projectar un documental que narrava l'entrenament al qual durant cinc mesos s'havia sotmès un empresari que ja passava dels cinquanta anys –tretze més que l'edat màxima a la qual recluta astronautes la NASA–, però comptava amb un patrimoni infinit als ulls de gairebé qualsevol: 1.200 milions de dòlars. Laliberté és –segons Forbes– un dels al voltant de tres milmilionaris que hi ha actualment al món: un percentatge insignificant de la població mundial –l'equivalent a un poble petit de l'interior eivissenc– controla entre el 3% i el 4% de la riquesa global.

Guy Laliberté és un dels al voltant de tres milmilionaris que hi ha actualment al món: un percentatge insignificant de la població mundial controla entre el 3 i el 4% de la riquesa global

Aquella conferència la va presentar Daniel Olivier Busturia Herbosch. El seu cognom és clau per entendre la relació i els contactes del magnat canadenc a Eivissa i Espanya. Aquest gestor immobiliari és fill de Daniel de Busturia: francoparlant en llicenciar-se en Filosofia i Ciències Polítiques a París, va ser diplomàtic de carrera que al final de la Transició va assessorar en política exterior al breu gabinet de José Calvo Sotelo i després es va passar a l'empresa privada. Busturia pare és membre dels consells d'administració d'empreses de sectors com les assegurances o la sanitat privada i un personatge en la vida social eivissenca. Presideix una plataforma veínal que protesta pels inconvenients de viure al costat de l'abocador de l'illa i cada Nadal surt a la premsa local per cuinar per al seu grup d'amics unes llenties amb perdiu a la Platja des Cavallet. El seu fill figura actualment com a persona de contacte en el portfolio que consulten els interessats en llogar Can Soleil. elDiario.es també va intentar contactar amb ell per telèfon, però no va obtenir resposta.

I continuava: '‘No necessitàvem tants hotels de cinc estrelles ja que la gent adinerada estava contenta llogant una caseta petita a la naturalesa. (...) La conservació del medi ambient és primordial. El primer és l'aigua. Amb el consum excessiu estem posant en perill l'ecosistema de l'illa. Els polítics estan prenent un rumb en els temes del medi ambient no gaire encertat, ja que no sempre prenen les millors decisions. Existeix una paradoxa en tot això.

130.000 euros la setmana: el negoci “espiritual” de Can Soleil

En paral·lel a les seves consternacions ambientals, Laliberté va seguir llogant el caramel que li va dissenyar Rolf Blakstad, un dels arquitectes més prestigiosos de l'illa. Can Soleil segueix les línies de l'estil tradicional eivissenc. En certa manera –tons blancs, bigues de fusta de savina, cantonades arrodonides–; perquè excedeix –per molt– la mida de les cases en què vivien les famílies pageses abans del boom turístic. Tres edificis, divuit suites, gimnàs, sala de cinema, extensos jardins plens d'escultures, tres piscines, hammam, cabina de DJ, tres bars, dues botigues marroquines que serveixen de chill-out, porxos, seguretat vint-i-quatre hores, moll propi en un petit port proper. El complex el completen dues portes enfrontades al bell mig del camp. Motifs àrabs decoren uns llindars de fusta que emmarquen el perfil d'es Vedrà, tot un reclam per promocionar Can Soleil. El logo de la finca és un dibuix semiabstracte, un sol vermell amagant-se a l'esquena de l'illot més conegut d'Eivissa. 

Can Soleil consta de tres edificis, divuit suites, gimnàs, sala de cinema, extensos jardins plens d'escultures, tres piscines, hammam, cabina de DJ, tres bars, dues botigues marroquines que serveixen de chill-out, porxos, seguretat vint-i-quatre hores i moll propi en un petit port proper

Aquests luxos es poden gaudir durant una setmana pagant 130.000 euros. No gaire més alta –145.000 euros– va ser la multa que li va imposar l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia a l'empresari quebequès per la celebració multitudinària que va albergar Can Soleil. Al bell mig de la pandèmia. Per segon estiu consecutiu, les discoteques eivissenques estaven tancades –com les fronteres– per no col·lapsar l' únic hospital de l'illa. Aquest va ser el forat que van trobar els gestors de moltes vil·les per maximitzar el seu negoci. Més que mai, els saraos il·legals van ser aleshores un problema per a les autoritats locals. D'ordre públic. I de salut. 

Can Soleil era, segons el seu propietari, '‘un lloc holístic on pots trobar de tot: art, festa, espiritualitat, fer un gran negoci, inspirar-te’. Però en aquesta paleta de colors, si alguna cosa destacava per sobre de la resta, era la gresca. La finca feia temps que acumulava denúnces pel soroll que causaven unes celebracions a les quals arribaven a acudir fins a vuit-centes persones. Es desconeix el nombre d'assistents que es van reunir el 16 de juliol de 2021 a la propietat de Laliberté, però aquella festa va ser diferent. La felicitat es va escampar per les xarxes socials. Els vídeos mostraven desenes de cossos, van gaudir i van ballar mentre copejava la quarta onada del covid. 

Algú va marcar l'‘112 a les cinc de la matinada. La trucada va mobilitzar la policia local. Encara que un microbús es dediques a portar i portar convidats durant tota la nit, quan van arribar les patrulles van veure que els voltants de Cala Llentia s'havien convertit en un macroparking. Agents de seguretat privada van negar el pas a la finca dels agents uniformats. Es van emparar en la inviolabilitat del domicili. Un encarregat de manteniment va recollir la denúncia.

Un procés judicial per resoldre

Ara les garites que flanquegen els dos accessos principals de Can Soleil estàn buides durant els tranquils matins de febrer. No hi ha vigilants a la vista, però les portes de la finca queden semiobertes. Dins treballen paletes. Han passat quatre anys i mig des d'aquella festa multitudinària i Guy Laliberté no ha hagut de complir sanció. Fonts municipals indiquen que '‘el tema es troba en un procés judicial que actualment està en tràmit'“. 

Encara que s'hagi deixat de veure punxant en alguna discoteca –ara és també DJ–, la petjada del fundador del Cirque du Soleil s'ha diluída a Eivissa. El 2021, va liquidar Heart, el restaurant –que es reconvertia en garito segons avançava la nit– ideat al costat dels germans Adrià sis anys abans. La idea de fusionar les arts escèniques amb les esferificacions dels xefs d'El Bulli va ser un experiment fallit. Ni aquesta aventura empresarial ni les fitxes de pòquer que es movien davant dels seus ulls a les taules de grans casinos semblaven omplir el buit d'havers'haver-se desprès de la criatura que el va fer ric i famós. Laliberté va engrandir –més encara– la seva fortuna venent-li la majoria de les accions a un conglomerat de fons d'inversió nord-americans i xinesos. La Caisse de dépôt et placement du Québec –una caixa pública de fons i pensions– es va sumar a una operació que va assolir els 1.500 milions d'euros i que va completar un procés que havia començat el 2008, quan els petrodòlars de Dubai van comprar el 20% de la companyia. 

Laliberté va sortir del Cirque du Soleil a l'abril de 2015. Cinc primaveres després i davant l'apagada global de la pandèmia, els nous gestors van acomiadar el noranta per cent dels 5.000 empleats de la major productora teatral que existeix al món. En una carta pública difosa al maig, Laliberté va amenaçar de recuperar el Cirque du Soleil. No ho va fer i, un mes després, va veure com l'empori es declarava en bancarrota. Tampoc no ha retirat les tretze columnes de basalt que va plantar fa dotze hiverns a la costa eivissenca. Han passat quatre alcaldes de dos partits diferents –PP, PSOE i, de nou, PP– per l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i el ciment hi és encara. Al monòlit central no queda rastre de les incrustacions d'or. 

Un extens pinar situat a la zona muntanyosa des Amunts, al nord d’Eivissa, amaga un habitatge de grans dimensions de color terracota i murs de pedra al tradicional estil eivissenc, com un oasi enmig de la natura pitiüsa. La mansió està envoltada, entre altres instal·lacions, d’una piscina amb una zona contigua de gairebé 200 metres quadrats per a llits balinesos, un amfiteatre excavat al terreny de 165 metres quadrats, una sauna de barril per a exteriors, diverses cases de convidats i una terrassa pavimentada de 429 metres. A les proximitats es troba Sant Vicent de sa Cala, un dels enclavaments més idíl·lics de l’illa. El Consell Insular, però, acaba de ratificar una sanció d’1,4 milions d’euros per a la propietària i promotora: la urbanització està construïda en una àrea natural protegida on la llei prohibeix de manera rotunda edificar.

L’expedient disciplinari es va obrir no només per l’execució d’obres en sòl rústic protegit a la zona boscosa de Sant Joan, pròxima al límit amb el terme municipal de Santa Eulària, sinó també perquè la parcel·la es troba situada dins d’una Àrea Natural d’Especial Interès (SRP-ANEI), una de les figures de major protecció territorial. Els informes tècnics del Consell conclouen que totes les actuacions realitzades des de 2013, a partir d’una construcció preexistent de dimensions molt menors, es van dur a terme sense llicència urbanística i resulten incompatibles amb la normativa vigent per a sòl rústic protegit. Les obres, valorades per la institució en 591.852 euros, es van executar a la parcel·la 273 del polígon 9, a la Venda de s’Àguila.

Els treballs executats sense autorització van transformar completament la finca original. A més d’ampliar l’habitatge principal, es van aixecar cinc edificacions destinades a ús residencial i diverses instal·lacions exteriors: a més de la piscina o la terrassa, la propietària va construir una pèrgola que envolta la casa original —construïda el 1913—, una instal·lació fotovoltaica de 92 metres quadrats i altres espais auxiliars com safareigs i quarts tècnics.

Els treballs executats sense autorització van transformar completament la finca original. Al costat de l’habitatge principal, la propietària va aixecar cinc edificacions destinades a ús residencial, una piscina, una terrassa, una pèrgola i una instal·lació fotovoltaica

La multa arriba després que el ple de la institució hagi inadmès el recurs d’alçada que la propietària de la mansió va interposar contra l’acord adoptat el juny de 2024 en el marc de l’expedient de disciplina urbanística obert per aquests fets. La resolució, feta pública pel Consell la setmana passada, esgota la via administrativa i confirma l’obligació de restaurar la legalitat vulnerada.

Sis mesos per demolir la construcció

La sanció imposada ascendeix a 1.479.630 euros, equivalent al 250 % del valor estimat del que s’ha executat —el màxim és del 300 %—, en tractar-se d’una infracció qualificada com a molt greu, tot i que s’ha iniciat de manera voluntària el procés per a la reparació voluntària del dany. A més del pagament de la multa, els propietaris hauran de procedir al restabliment de la realitat física alterada, la qual cosa implica la demolició de les construccions incloses a l’expedient i que hauran d’iniciar en un termini de sis mesos després de presentar el projecte de demoliment i executar en un màxim de tres anys. La institució explica a elDiario.es que les obres van ser detectades al febrer de 2023 en el marc de les tasques d’inspecció urbanística del Consell.

La sanció imposada ascendeix a 1.479.630 euros, equivalent al 250 % del valor estimat del que s’ha executat. Els propietaris hauran de procedir al restabliment de la realitat física alterada, la qual cosa implica l’enderroc de les construccions incloses a l’expedient

Aquell mateix estiu, la representació legal de la propietària va presentar un escrit davant l’administració supramunicipal en què manifestava la voluntat de restablir l’estat original de la vivenda abans que es resolgués el procediment sancionador per acollir-se a la reducció del 60 % de la multa prevista en la normativa. També sol·licitava més temps per executar les obres de demolició.

Mesos després, el 16 d’octubre de 2023, un altre lletrat es va personar a l’expedient en nom de la propietat i va comunicar que estava a l’espera d’obtenir la llicència municipal necessària per iniciar l’enderroc i, a principis de 2024, la propietat va informar que l’Ajuntament de Sant Joan havia concedit la llicència de demolició. Però, en una inspecció realitzada el 5 d’abril de 2024, els tècnics del Departament van comprovar que les obres continuaven en el mateix estat que en la visita anterior, realitzada el 6 de març de 2023.

Una construcció de 1913

A sobre de la parcel·la, segons les dades del Cadastre consultades per elDiario.es, existia prèviament una construcció que corresponia a una altra casa unifamiliar —l’original— molt més petita: de 106 metres quadrats. L’habitatge va ser projectat per l’arquitecte Francisco Cuevas Raposo i promogut per la mercantil Can Joan Marge S.A. a la finca de gairebé 76.000 metres quadrats de Sant Joan, segons la mateixa font cadastral. Les imatges disponibles són del 14 de març de 2013, tot i que al Cadastre consta que la construcció més primitiva es va alçar el 1913, juntament amb un pati residencial d’ús propi.

Quant al terreny, figura a efectes fiscals com a rústic d’ús principal agrícola, sense divisió en subparcel·les i amb presència predominant de pinar destinat a l’aprofitament forestal. Des del Consell reiteren que les ampliacions executades a partir de l’any 2013 respecte a la construcció original van ser les que van motivar l’obertura de l’expedient per obres sense llicència, en considerar-se incompatibles amb l’ordenació vigent en aquell moment.

La major protecció ambiental

La vivenda de Sant Vicent construïda sense llicència s’alça sobre un terreny inclòs en un ANEI, la figura de màxima protecció ambiental creada el 1991 per la Llei d’Espais Naturals i de Règim Urbanístic del Parlament balear amb l’objectiu de preservar els espais d’alt valor ecològic, paisatgístic o cultural davant la urbanització intensiva.

La vivenda de Sant Vicent construïda sense llicència s’alça sobre un terreny inclòs en un ANEI, la figura de màxima protecció ambiental creada el 1991 per la Llei d’Espais Naturals i de Règim Urbanístic del Parlament Balear, amb l’objectiu de preservar els espais d’alt valor ecològic, paisatgístic o cultural davant la urbanització intensiva

De fet, el sector pròxim a la Cala de Sant Vicent on s’ha erigit la construcció il·legal està protegit des del mateix any en què es va aprovar la llei, que posteriorment ha estat sotmesa a diverses modificacions. En concret, pel seu article 6, que estableix que a efectes d’aplicació de la norma constitueix el paratge natural d’es Amunts com a Àrea de Protecció Especial. Dins d’aquesta categoria es diferencien, posteriorment, Àrees Naturals d’Especial Interès —on s’inclou la capritxosa vivenda que obliga a enderrocar el Consell—, Àrees Rurals d’Interès Paisatgístic i Àrees d’Assentament en Paisatge d’Interès.

Les zones sota aquesta figura d’ANEI tenen restriccions molt estrictes: les noves edificacions estan prohibides, excepte en casos puntuals, i qualsevol activitat que alteri el seu estat natural requereix autorització expressa. La llei de 1991 es va reforçar, a més, amb la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears (LUIB) de 2017, que va eliminar la prescripció d’infraccions en sòl rústic protegit i va endurir les sancions contra les construccions il·legals, dificultant la regularització d’obres no autoritzades.

En aquest marc, les obres detectades a la Venda de s’Àguila han derivat en l’expedient de disciplina urbanística amb una multa de gairebé 1,5 milions d’euros i l’obligació de demolir les construccions. La legislació balear contempla que les infraccions molt greus, com construir en un ANEI sense llicència, poden ser sancionades amb imports proporcionals al valor de les obres, obligar a la restauració del terreny i, en cas de desobediència, imposar sancions coercitives mensuals fins a l’execució de la demolició. A més, la normativa preveu responsabilitat penal, amb penes de fins a quatre anys de presó, per als responsables de construir en sòl protegit sense permís.

Un extenso pinar ubicado en la zona montañosa de es Amunts, en el norte de Eivissa, esconde una vivienda terracota de grandes dimensiones y muros de piedra al tradicional estilo ibicenco, como un oasis en mitad de la naturaleza pitiusa. La mansión se rodea, entre otras instalaciones, de una piscina con zona contigua de casi 200 metros cuadrados para camas balinesas, un anfiteatro excavado en el terreno de 165 metros cuadrados, una sauna de barril para exteriores, varias casas de invitados y una terraza pavimentada de 429 metros. En las proximidades, Sant Vicent de sa Cala, uno de los enclaves más idílicos de la isla. El Consell Insular, sin embargo, acaba de ratificar una sanción de 1,4 millones de euros para la propietaria y promotora: la urbanización está construida en una área natural protegida donde la ley, con rotundidad, prohíbe edificar.

El expediente disciplinario se abrió no solo por la ejecución de obras en suelo rústico protegido en el área boscosa de Sant Joan, próxima al límite con el término municipal de Santa Eulària, sino porque la parcela se encuentra situada dentro de un Área Natural de Especial Interés (SRP-ANEI), una de las figuras de mayor protección territorial. Los informes técnicos del Consell concluyen que todas las actuaciones realizadas desde 2013, a partir de una construcción preexistente de dimensiones mucho menores, se llevaron a cabo sin licencia urbanística y resultan incompatibles con la normativa vigente para suelo rústico protegido. Las obras, valoradas por la institución en 591.852 euros, se ejecutaron en la parcela 273 del polígono 9, en la Venda de s'Àguila.

Los trabajos ejecutados sin autorización transformaron por completo la finca original. Además de ampliar la vivienda principal se levantaron cinco edificaciones destinadas a uso residencial y diversas instalaciones exteriores: además de la piscina o la terraza, la propietaria levantó una pérgola que rodea la casa original -construida en 1913-, una instalación fotovoltaica de 92 metros cuadrados y otros espacios auxiliares como lavaderos y cuartos técnicos.

Los trabajos ejecutados sin autorización transformaron por completo la finca original. Junto a la vivienda principal, la propietaria levantó cinco edificaciones destinadas a uso residencial, una piscina, una terraza, una pérgola y una instalación fotovoltaica

La multa llega después de que el pleno de la institución haya inadmitido el recurso de alzada que la dueña de la mansión interpuso contra el acuerdo adoptado en junio de 2024 en el marco del expediente de disciplina urbanística abierto por estos hechos. La resolución, hecha pública por el Consell la semana pasada, agota la vía administrativa y confirma la obligación de restaurar la legalidad vulnerada.

Seis meses para demoler la construcción

La sanción impuesta asciende a 1.479.630 euros, equivalente al 250% del valor estimado de lo ejecutado -el máximo es un 300%-, al tratarse de una infracción calificada como muy grave pero tras haberse iniciado voluntariamente el proceso para la reparación voluntaria del daño. Además del pago de la multa, los propietarios deberán proceder al restablecimiento de la realidad física alterada, lo que implica la demolición de las construcciones incluidas en el expediente y que deberán iniciar en un plazo de seis meses tras presentar el proyecto de derribo y ejecutar en un máximo de tres años. La institución explica a elDiario.es que las obras fueron detectadas en febrero de 2023 en el marco de las labores de inspección urbanística del Consell.

La sanción impuesta asciende a 1.479.630 euros, equivalente al 250% del valor estimado de lo ejecutado. Los propietarios deberán proceder al restablecimiento de la realidad física alterada, lo que implica la demolición de las construcciones incluidas en el expediente

Ese mismo verano, la representación legal de la propietaria presentó un escrito ante la administración supramunicipal en el que manifestaba la voluntad de restablecer el estado original de la vivienda antes de que se resolviera el procedimiento sancionador para acogerse a la reducción del 60% de la multa prevista en la normativa. También pedía más tiempo para ejecutar las obras de demolición.

Meses después, el 16 de octubre de 2023, otro letrado se personó en el expediente en nombre de la propiedad y comunicó que estaba a la espera de obtener la licencia municipal necesaria para iniciar el derribo y, a principios de 2024, la propiedad informó de que el Ayuntamiento de Sant Joan había concedido licencia de demolición. Pero en una inspección realizada el 5 de abril de 2024, los técnicos del Departamento comprobaron que las obras seguían en el mismo estado que en la visita anterior, realizada el 6 de marzo de 2023.

Una construcción de 1913

Sobre la parcela, según los datos del Catastro que ha consultado elDiario.es, existía previamente una construcción que correspondía a otra casa unifamiliar -la original- mucho más pequeña: de 106 metros cuadrados. La vivienda fue proyectada por el arquitecto Francisco Cuevas Raposo y promovida por la mercantil Can Joan Marge S.A en la finca de casi 76.000 metros cuadrados de Sant Joan, señala la misma fuente catastral. Las imágenes disponibles son del 14 de marzo de 2013, aunque en el Catastro consta que la construcción más primitiva se levantó en 1913, junto con un patio residencial de uso propio.

En cuanto al terreno, figura a efectos fiscales como rústico de uso principal agrario, sin división en subparcelas y con presencia predominante de pinar destinado al aprovechamiento forestal. Desde el Consell reiteran que las ampliaciones ejecutadas a partir del año 2013 respecto a la construcción original fueron las que motivaron la apertura del expediente por obras sin licencia al considerarse incompatibles con la ordenación vigente en ese momento.

La mayor protección ambiental

La vivienda de Sant Vicent construida sin licencia se alza sobre un terreno incluido en un ANEI, la figura de mayor protección ambiental creada en 1991 por la Ley de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico del Parlament balear con el objetivo de preservar los espacios de alto valor ecológico, paisajístico o cultural frente a la urbanización intensiva.

La vivienda de Sant Vicent construida sin licencia se alza sobre un terreno incluido en un ANEI, la figura de mayor protección ambiental creada en 1991 por la Ley de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico del Parlament balear con el objetivo de preservar los espacios de alto valor ecológico, paisajístico o cultural frente a la urbanización intensiva

De hecho, el sector próximo a la Cala de Sant Vicent donde se ha erigido la construcción ilegal está protegido desde el mismo año en que se aprobó la ley, que posteriormente se ha sometido a varias modificaciones. En concreto, por su artículo 6, que establece que a efectos de aplicación de la norma, constituye el paraje natural de es Amunts como Área de Especial Protección. Dentro de esta categoría se diferencian, luego, Áreas Naturales de Especial Interés -en la que se incluye la caprichosa vivienda que obliga a demoler el Consell-, Áreas Rurales de Interés Paisajístico y Áreas de Asentamiento en Paisaje de Interés.

Las zonas bajo esta figura de ANEI tienen restricciones muy estrictas: las nuevas edificaciones están prohibidas salvo excepciones puntuales y cualquier actividad que altere su estado natural requiere autorización expresa. La ley de 1991 se reforzó, además, con la Ley de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB) de 2017, que eliminó la prescripción de infracciones en suelo rústico protegido y endureció las sanciones contra construcciones ilegales, dificultando la regularización de obras no autorizadas.

En este marco, las obras detectadas en la Venda de s’Águila han derivado en el expediente de disciplina urbanística con multa de casi 1,5 millones de euros y la obligación de la demolición de las construcciones. La legislación balear contempla que las infracciones muy graves, como construir en ANEI sin licencia, pueden ser sancionadas con montos proporcionales al valor de las obras, obligar a la restauración del terreno y, en caso de desobediencia, imponer sanciones coercitivas mensuales hasta la ejecución de la demolición. Además, la normativa prevé responsabilidad penal, con penas de hasta cuatro años de prisión, para los responsables de edificar en suelo protegido sin permiso.

Natalia y Mateo, una pareja de Badalona, andaban buscando piso en 2023 cuando vieron en Idealista una promoción en Sant Fost de Campsentelles (Barcelona), que les encajó. Obra nueva, 129 m2, párking, jardín individual… Por 379.700 euros. El edificio estaba por levantar, pero firmaron un contrato de reserva para una de las viviendas por el que abonaron 6.000 euros. 

De aquello han pasado ya casi tres años, pero los pisos nunca se construyeron. No se llegó a solicitar la licencia de obras, según constata el Ayuntamiento. Pero nadie les ha devuelto ese dinero. 

La pareja firmó el contrato con un promotor y agente inmobiliario, José M., que acumula varias denuncias y reclamaciones por el mismo motivo: no devolver el dinero de las reservas en proyectos de viviendas no realizados, la mayoría de ellos en la comarca barcelonesa del Vallès Oriental. Hay ejemplos en los últimos años en Martorelles, Sant Fost de Campsentelles, Granollers, Montmeló o Cardedeu. 

Las quejas, denuncias y procesos judiciales que ha podido recabar elDiario.es afectan a José M. y también a las empresas en cuyo nombre ha actuado este agente del sector inmobiliario y promotor. Se trata de sociedades como New Bantry Habitat 2016 SL, Skyland Habitat SL o Sajoka Inversiones 22. 

Desde 2023 hasta la fecha, al menos una decena de personas les han denunciado por no reembolsar reservas de entre 5.000 y 6.000 euros de viviendas cuyas promociones no cumplían con los plazos pactados. Además, los Mossos d’Esquadra confirman que a raíz de cinco denuncias han instruido diligencias por estafa y han trasladado el caso al juzgado de Mollet del Vallès. 

En varias ocasiones, la promotora finalmente ha devuelto el dinero. Los afectados que han hablado con este diario aseguran que en algunos de sus casos, esto ha ocurrido después de insistentes reclamaciones y denuncias. Este febrero, por ejemplo, ha pagado a tres reservistas que se cuentan entre los que pusieron denuncia en los Mossos y con quienes se comprometió a hacer las devoluciones meses atrás.

José M. alega en conversación con elDiario.es que no se niega a devolver el dinero. Asegura estar en contacto “activamente” con los compradores y, como prueba de ello, acredita haber retornado reservas a otros particulares a lo largo de 2025. “Todas se devuelven”, afirma.

Al mismo tiempo, el empresario reconoce que hay otros de estos importes de entre 5.000 y 6.000 euros que no ha devuelto aún. Unos “siete u ocho”, afirma. Y lo achaca a haber tenido problemas debido a que algunos de sus proyectos inmobiliarios descarrilaron –según resume– por culpa de otros socios. “El 10 de marzo haré todas las devoluciones, voy a cumplir”, asegura.

Acusado de solo pagar tras las denuncias

El patrón que describen los distintos afectados –que piden usar nombres ficticios– es parecido. Marcos relata un caso igual al de Natalia y Mateo, aunque más reciente, con una promoción en Martorelles, en la calle Joan XXIII número 6. La vio anunciada en el portal Habitaclia y firmó la reserva de 6.000 euros con José M. en nombre de la empresa Sajoka Inversiones SL. Fue en octubre de 2024. 

“Me dijo que las obras empezarían a principios de 2025”, señala. “Al ver que no comenzaban entonces, le pregunté, y me fue diciendo luego que se iniciarían en marzo, Semana Santa, septiembre…”, relata. Pero los trabajos nunca arrancaron, hasta el punto de que hoy ese solar sigue siendo un descampado. 

De los contratos consultados por este diario, en algunos casos el comprador y la empresa –en cuyo nombre firma José M.– incluían calendarios de trámites urbanísticos y de obra que no se cumplieron. En el de Marcos, el acuerdo quedaba explícitamente vinculado a la obtención de las licencias necesarias para la construcción, en particular la municipal de obras. Si no, afirmaba el documento, el reservista podía desistir. 

Esa solicitud de licencia de obras se archivó “por falta de documentación”, según confirman fuentes del Ayuntamiento. Un año después de entregar los 6.000 euros, en octubre de 2025, Marcos consiguió firmar un nuevo acuerdo con José M. en el que este se comprometía a devolver la reserva. Pero transcurrieron cinco meses y, a pesar de recordárselo, no pagaba. Finalmente interpuso la denuncia a los Mossos a principios de febrero, y antes de acabar el mes había recibido la devolución. 

La misma promoción de Martorelles suma al menos otras dos quejas. Una derivó en un proceso judicial que acabó con condena a Sajoka Inversiones SL. Según ha podido constatar elDiario.es, en noviembre de 2025 un juzgado de primera instancia de Barcelona falló que la empresa, declarada en “rebeldía procesal”, debía abonar 6.000 euros a un demandante por una reserva que no había devuelto. Finalmente, el reembolso se hizo en febrero de 2026, más de un año después de que José M. se comprometiera a reintegrar ese dinero.

Los distintos afectados coinciden en que José M no suele darles negativas. En sus conversaciones por WhatsApp afirma a menudo que está dispuesto a pagar pronto, aunque con el tiempo los denunciantes entienden que lo que está haciendo con esos mensajes es “dar largas”. 

En su demanda en el juzgado de primera instancia de Barcelona contra Skyland Habitat, presentada en marzo de 2025, Natalia y Mateo relatan cómo este empresario se compromete “de manera engañosa” a devolver la cantidad entregada “con emojis burlescos y comentarios como 'está al caer!!!! confía!!'”. Los mensajes muestran cómo la pareja pide durante meses, cada vez con mayor inquietud y siempre sin éxito, que les retorne los 6.000 euros. 

La documentación aportada al juzgado incluye un escrito del Ayuntamiento de Sant Fost de Campsentelles donde el consistorio afirma que ni José M. ni la empresa pidieron licencia de obras. “Es decir, recibieron el dinero de los clientes y no iniciaron actuación alguna para la ejecución del proyecto”, alega la demanda. 

José M. se defiende asegurando que siempre ha estado dispuesto a pagar. En el caso de Sant Fost de Campsentelles, además de alegar que sí se solicitó la licencia de parcelación al consistorio, asegura haber reembolsado ya a todos los afectados salvo a Natalia y Mateo.

“Solo me queda devolver esa, porque me denunciaron en vez de venir a hablar conmigo”, señala el promotor. “Si lo hablas conmigo, lo resolvemos”, asegura, a lo que la pareja responde pasaron meses de reclamaciones antes de optar por acudir a los juzgados y a los Mossos. 

“La autopromoción es muy compleja. Cuando cogemos el dinero [de la reserva] para hacerla es porque ya hemos mostrado proyectos y presentado licencias. El dinero se usa para ejecutar el proyecto”, describe José M. En el caso de Sant Fost, argumenta, cuando ya habían realizado esos trabajos, la propiedad del solar decidió vendérselo a otro. “Nos jodieron. En dos ocasiones me han jodido vivo”, se lamenta, en referencia a una promoción anterior en Granollers. 

Los denunciantes han tenido que lidiar con distintas empresas, aunque José M. no suele figurar en ellas como administrador. Actualmente, se presenta como gerente de la franquicia en Sabadell de Century 21, la red de agencias inmobiliarias. Allí tiene sus oficinas y es donde algunos de los afectados acudieron para que que les mostrara los planos de las futuras promociones.

Sin embargo, José M. no figura como administrador en las empresas Sajoka Inversiones 22 y SkyLandHabitat, en cuyo nombre ha firmado varios de los contratos de reserva. En ellas aparece como administrador único Álex M. –en la última, lo fue hasta 2023–. Álex M., que es su hijo, también consta como administrador único de AMG SBD SL, bajo cuya marca, AMG Habitat, este sigue anunciando promociones y mostrando obras y pisos acabados en sus cuentas de redes sociales. Preguntado por este diario, este empresario ha declinado pronunciarse.

La primera denuncia y la devolución más abultada 

La denuncia más abultada a la que han tenido que hacer frente José M., su hijo y algunas de estas empresas se presentó en el juzgado de Mollet del Vallès en 2023 por los delitos de alzamiento de bienes y estafa. La querella, por la que tuvieron que declarar como investigados, iba dirigida también contra empresas como New BantryHabitat (de la que José M. fue administrador entre 2016 y 2019 y que se declaró insolvente en 2021), BMD Pasive y SkylandHabitat, así como otro directivo.

Fueron en total 10 personas las que denunciaron porque no se les habían devuelto reservas de entre 5.000 y 6.000 euros en promociones de Granollers, Cardedeu y Montmeló. A finales de 2024, más de un año después de la presentación de la querella, los abogados de ambas partes llegaron a un acuerdo para la devolución del dinero. Dos de los denunciantes no aceptaron el pacto porque no incluía las costas del proceso judicial.

David Aineto, el abogado de los querellantes hasta el momento del pacto, describe el que considera como modus operandi de José M. “Se dedica a hacer contratos pero cambiando de empresas, cada promoción con una distinta, y cuando hay sentencia ya se ha declarado insolvente. Juega con el sistema”, expresa.  

“Sabe que mucha gente no reclamará el dinero porque una demanda civil incluye costes de abogados, procuradores… La sensación es que en nuestro caso, al ser una docena de perjudicados, le vio las orejas al lobo y decidió pagar”, añade. A pesar de que los dos denunciantes que no aceptaron el pacto siguieron con el proceso judicial, poco después del acuerdo el juez archivó la querella.

José M. rechaza de nuevo estas acusaciones y asegura que el proceso judicial fue fruto de unas promociones que finalmente no se hicieron porque en última instancia un socio suyo se retiró. “Fue por culpa de tener un socio que se echó para atrás y dijo que no lo hacía y ya teníamos el trabajo hecho”, afirma. “Tienes una inmobiliaria que te la usan terceras personas para hacer preventas, y por exceso de confianza nos la colaron doblada”, se lamenta. 

Con el transcurso del tiempo, varios de los afectados, los de hace años y los recientes, lamentan que el daño causado va más allá del dinero. “Cada día es una pelea, a veces piensas que deberías dejarlo estar, pero otros ves que no, y esto acaba afectando a la relación de pareja”, sostiene Natalia. “Cuando hablas con él te acaba entrando ansiedad”, describe. 

Carla, otra de las que reclama el dinero por una promoción en Parets del Vallès –los plazos de su contrato han vencido este febrero–, concluye: “Solo hablar del tema es un malestar emocional. Con mi pareja nos casamos hace dos años y teníamos ese dinero del regalo de la boda, ¿saben cuánto le cuesta a una pareja joven ahorrarlos?”.

Hacia el final de la conversación, José M. atribuye también las no devoluciones y los retrasos a haber pasado un “año de mierda” con su empresa. “Intentas salvarlo como puedes, porque hemos montado una inmobiliaria y los arranques son una mierda. Pero sé que no es excusa”, zanja.

Tras el gran cristal por el que la luz penetra en la fachada de Can Soleil, Guy Laliberté contempla –en el horizonte– es Vedrà y –mucho más cerca de su villa ibicenca– las puntas de trece columnas. Están hechas de basalto, forman un círculo, imponen. La más alta queda justo en el centro. En su cúspide –a veinte metros sobre el suelo– incrustaron oro de veintitrés quilates para que los rayos del sol se reflejaran al atardecer del 21 de diciembre: el solsticio de invierno en el Hemisferio norte. De lejos, el conjunto recuerda a Stonehenge. Como si hubieran transportado uno de los monumentos más importantes del Neolítico desde los campos de Salisbury a la costa mediterránea. Un espejismo real. 

Eligieron dos palabras en inglés para bautizar a las columnas y dotarlas de trascendencia: time and space, tiempo y espacio. Estos pilares son, en teoría, un reloj solar. Están separados por distancias que se van agrandando –siguen la Secuencia de Fibonacci, que se hizo popular en su momento por El código da Vinci, y parecen homenajear a aquellas moles que se plantaron en mitad de la campiña inglesa hace milenios en el punto exacto para marcar el alba y el crepúsculo del día más corto y del día más largo del año–. Pero estos monolitos también son un ejemplo evidente de cómo el capricho de un plutócrata se impone a las normas territoriales de Eivissa, una isla consagrada al turismo. Laliberté –el dueño de esta villa, el mecenas que financió las columnas, el fundador del Cirque du Soleil: el astro que le convirtió en uno de los hombres más ricos del planeta– eligió el emplazamiento por su “magnética energía”. Un asunto que ya le preocupaba en los ochenta. Entonces quiso asociar su circo a un astro que simboliza “la fuerza de la juventud”. 

Sus planes urbanísticos, sin embargo, los llevó a cabo sin pedir licencia a ninguna Administración. Nadie podría haber firmado un documento que se lo permitiera. Estos pilares se encuentran en una propiedad privada, pero a menos de cien metros del litoral. Es zona de servidumbre marítima, “aquella franja de terrenos de propiedad privada colindante con el dominio público marítimo-terrestre, que está sujeta a determinadas limitaciones que contiene la Ley de Costas”, como se lee en la web del Ministerio de Transición Ecológica. Sobre el papel, las restricciones son potentes. Para conseguir una licencia –según se lee en la web del Govern balear– se necesita una declaración responsable. Ese documento da fe de que los trabajos se dedicarán a reparar, mejorar, consolidar o modernizar –sin aumentar volumen o altura– una estructura –que no se trate de una vivienda– que ya existiera antes de 1988, el año en que entró en vigor la Ley de Costas. De la posibilidad de construir monolitos, esculturas u otro tipo de obras artísticas, ni una palabra.

Guy Laliberté es el dueño de la villa y el mecenas que financió las columnas. Eligió el emplazamiento por su 'magnética energía', pero sin cumplir con el ordenamiento urbanístico

La instalación de los pilares

A finales de enero de 2014, se colocaron en esta parcela las columnas, dibujando una circunferencia de veinticuatro metros de diámetro. Cala Llentia –acantilado, guijarros, una cueva de pescadores– dejaba de ser una caleta virgen. La excepción en un tramo costero muy codiciado por sus vistas a Poniente. Al norte crece un complejo hotelero y, al sur, un enjambre de chalés, adosados y bloques de apartamentos en la desembocadura de un torrente –Cala Tarida– que ilustra muy bien el urbanismo a la carta que ha arañado la costa del sur de Eivissa durante décadas.

Fue un movimiento del Govern balear el que destapó el asunto. Fuentes cercanas a la operación aseguran a elDiario.es que la administración redactó una acta de denuncia mientras se llevaban a cabo los trabajos. El 23 de enero de 2014, el departamento de Medi Ambient visitó la zona después de que una llamada telefónica alertara de lo que estaba ocurriendo. Allí había camiones –uno de ellos, con grúa– y una cuadrilla de operarios que estaban moviendo tierras, podando vegetación, y fabricando hormigón detrás de unos pinos: los monolitos necesitaban una base de cemento para tenerse en pie. No había, en cambio, ninguna autorización que mostrar para justificar la legalidad de los trabajos que se estaban realizando sobre suelo rústico protegido y en plena franja costera.

Según el Catastro, la propietaria de la parcela donde se levantaron las columnas era una sociedad: Bertral Trade SL. Esta empresa tiene su sede en Eivissa. Aunque Guy Laliberté nunca ha aparecido entre sus representantes, sí lo hacían en enero de 2014 –como apoderados– Robert Blain y Marc André Dufort. Los dos encargados de controlar las finanzas del Cirque du Soleil. Estos hombres eran, respectivamente, el director financiero y el tesorero de una maquinaria que por aquel entonces producía ganancias superiores a los 150 millones de euros anuales.

En el momento de la publicación de este reportaje, la Conselleria de Medi Ambient no ha confirmado si después de levantar aquella acta hubo sanción económica. El Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia tampoco ha especificado qué ha ocurrido con el expediente que le abrió en las mismas fechas a Laliberté.

Réplicas por todo el mundo

Stonehenge recibe anualmente 1,4 millones de visitantes, la población de Viena o Philadelphia, casi el 40% de los turistas que desembarcan en Eivissa cada año. Esas cifras hacen pensar que en la imitación ibicenca del monumento prehistórico –todo un símbolo para los británicos, una joya en el catálogo del Patrimonio Mundial de la Unesco– se disparan menos selfies, se suben menos stories. Pero menos, en este caso, significa muchísimo: basta darse un paseo por internet para comprobar que los monolitos forman parte de muchos circuitos turísticos que recorren la isla. Incluso en febrero –el mes más bajo de la temporada baja– algún despistado pasea entre ellos, agarra una piedra, la lanza al cielo con la esperanza de que se pose sobre uno de los capiteles que salieron del estudio de Andrew Rogers, el autor de los planos que sirvieron para tallar –de una sola pieza– los monolitos.

Los monolitos forman parte de muchos circuitos turísticos que recorren la isla

En la página web de este escultor australiano, que roza los ochenta años, aparece un mapamundi con una quincena de puntos. Son las localizaciones de los lugares en los que ha desarrollado su “arte terrestre”, un proyecto global al que llamó Rythms of Life y al que sumó entusiasta Laliberté cediendo un pedacito de sus posesiones ibicencas. Time and Space tiene primas hermanas de diferente tamaño en los desiertos de Arava –Israel–, Atacama –Chile–, Rajastán –India–, Namibia o junto al Joshua Tree, en el Mojave –Estados Unidos–: Rogers siente querencia por las zonas áridas. En mitad de la nada, sus creaciones son más visibles: también ha trabajado en páramos helados islandeses o, directamente, sobre el hielo de la Antártida. En algunos países –como China o Turquía– tuvo que pedir permiso a las autoridades para intervenir con su arte en la naturaleza.

¿Por qué no lo hizo en Eivissa? El historial de su mecenas ofrece algunas pistas. A lo largo de los últimos veinticinco años, los hechos más sonados de la trayectoria de Guy Laliberté pueden cruzarse con otros episodios mucho menos conocidos que fue recogiendo la prensa ibicenca. En la primavera de 2001, este empresario que pasó de artista callejero –clown, acordeonista, escupefuego– a dueño de una compañía de entretenimiento reconocida a nivel mundial –según sus biógrafos, gracias al préstamo que le concedió el Gobierno de Quebec para que su pequeña compañía teatral produjera un espectáculo con el que conmemorar el 450 aniversario de la llegada de los colonizadores franceses al Canadá– explicaba en The New York Times su ambición de crear seis grandes complejos –hoteles, restaurantes, teatros…– con la marca de Cirque du Soleil. No mucho después, en 2005, los ecologistas del Grup d’Estudis de la Natura denunciaban “obras ilegales” dentro de la parcela que Laliberté había adquirido en Eivissa “por estar dentro de la franja protegida del litoral”.

El niño que quería ser Neil Armstrong

El 30 de septiembre de 2009, Laliberté entró en millones de hogares combinando el traje de cosmonauta con la nariz roja de payaso. Desembolsar 35 millones de dólares le permitió convertirse en el séptimo turista que traspasaba la atmósfera de la Tierra. Lo hizo a bordo de una Soyuz, el modelo de nave que Rusia heredó de la Unión Soviética. El lanzamiento fue en Kazajistán. Dos días tardó en llegar a la Estación Espacial Internacional, donde estuvo cuatro, y otros dos en regresar sano y salvo a las estepas del centro de Asia. “Fui la persona número 510 que viajó al espacio exterior. Es un privilegio, aunque pagues, estar entre los 1.000 primeros en hacer algo de esta envergadura en el planeta, es una experiencia física y mental. Era el que era y sigo siendo el que soy”, diría el propio Laliberté una década después de cumplir “un sueño de infancia”: “Tenía diez años cuando el primer hombre pisó la Luna. Estaba en un campamento de verano. Instalaron una tele en blanco y negro en mitad del bosque. Pasamos la noche viendo el evento. Todavía lo recuerdo”. Lo suyo no se trataba, decía, de un egotrip, sino de “la necesidad” de pedir “mejoras en la distribución del agua en el planeta”.

Días después de su regreso –a mediados de octubre de 2009– se organizó en Eivissa una conferencia sobre el viaje espacial de Laliberté. Jacinto García Palacios –nada menos que el director de relaciones institucionales de la Agencia Espacial Europea– explicó con detalle aquella aventura. También se proyectó un documental que narraba el entrenamiento al que durante cinco meses se había sometido un empresario que ya pasaba de los cincuenta años –trece más que la edad máxima a la que recluta astronautas la NASA–, pero contaba con un patrimonio infinito a ojos de casi cualquiera: 1.200 millones de dólares. Laliberté es –según Forbes– uno de los alrededor de tres milmillonarios que hay actualmente en el mundo: un porcentaje insignificante de la población mundial –el equivalente a un pueblo pequeño del interior ibicenco– controla entre el 3% y el 4% de la riqueza global.

Guy Laliberté es uno de los alrededor de tres milmillonarios que hay actualmente en el mundo: un porcentaje insignificante de la población mundial controla entre el 3 y el 4% de la riqueza global

130.000 euros la semana: el negocio “espiritual” de Can Soleil

En paralelo a sus consternaciones ambientales, Laliberté siguió alquilando el caramelo que le diseñó Rolf Blakstad, uno de los arquitectos más prestigiosos de la isla. Can Soleil sigue las líneas del estilo tradicional ibicenco. En cierta manera –tonos blancos, vigas de madera de sabina, esquinas redondeadas–; porque excede –por mucho– el tamaño de las casas en las que vivían las familias payesas antes del boom turístico. Tres edificios, dieciocho suites, gimnasio, sala de cine, extensos jardines llenos de esculturas, tres piscinas, hammam, cabina de DJ, tres bares, dos tiendas marroquíes que sirven de chill-out, porches, seguridad veinticuatro horas, muelle propio en un pequeño puerto cercano. El complejo lo completan dos puertas enfrentadas en mitad del campo. Motivos árabes decoran unos dinteles de madera que enmarcan el perfil de es Vedrà, todo un reclamo para promocionar Can Soleil. El logo de la finca es un dibujo semiabstracto, un sol rojo ocultándose a la espalda del islote más conocido de Eivissa. 

Can Soleil consta de tres edificios, dieciocho suites, gimnasio, sala de cine, extensos jardines llenos de esculturas, tres piscinas, hammam, cabina de DJ, tres bares, dos tiendas marroquíes que sirven de chill-out, porches, seguridad veinticuatro horas y muelle propio en un pequeño puerto cercano

Estos lujos pueden disfrutarse durante una semana pagando 130.000 euros. No mucho más alta –145.000 euros– fue la multa que le impuso el Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia al empresario quebequés por la celebración multitudinaria que albergó Can Soleil. En mitad de la pandemia. Por segundo verano consecutivo, las discotecas ibicencas estaban cerradas –como las fronteras– para no colapsar el único hospital de la isla. Ese fue el agujero que encontraron los gestores de muchas villas para maximizar su negocio. Más que nunca, los saraos ilegales fueron entonces un problema para las autoridades locales. De orden público. Y de salud. 

Can Soleil era, según su propietario, “un lugar holístico donde puedes encontrar de todo: arte, fiesta, espiritualidad, hacer un gran negocio, inspirarte”. Pero en esta paleta de colores, si algo destacaba por encima del resto, era la juerga. La finca llevaba tiempo acumulando denuncias por el ruido que causaban unas celebraciones a las que llegaban a acudir hasta ochocientas personas. Se desconoce el número de asistentes que se reunieron el 16 de julio de 2021 en la propiedad de Laliberté, pero aquella fiesta fue distinta. La felicidad se desparramó por las redes sociales. Los vídeos mostraban a decenas de cuerpos, gozaron y bailaron mientras golpeaba la cuarta ola del covid. 

Alguien marcó el 112 a las cinco de la madrugada. La llamada movilizó a la policía local. Aunque un microbús se dedicara a llevar y traer invitados durante toda la noche, cuando llegaron las patrullas vieron que los alrededores de Cala Llentia se habían convertido en un macroparking. Agentes de seguridad privada negaron el paso a la finca de los agentes uniformados. Se ampararon en la inviolabilidad del domicilio. Un encargado de mantenimiento recogió la denuncia.

Un proceso judicial por resolver

Ahora las garitas que flanquean los dos accesos principales de Can Soleil están vacías durante las tranquilas mañanas de febrero. No hay vigilantes a la vista, pero las puertas de la finca quedan semiabiertas. Dentro trabajan albañiles. Han pasado cuatro años y medio desde aquella farra multitudinaria y Guy Laliberté no ha tenido que cumplir sanción. Fuentes municipales indican que “el tema se encuentra en un proceso judicial que actualmente está en trámite”. 

Aunque se haya dejado de ver pinchando en alguna discoteca –ahora es también DJ–, la huella del fundador del Cirque du Soleil se ha diluido en Eivissa. En 2021, liquidó Heart, el restaurante –que se reconvertía en garito según avanzaba la noche– ideado junto a los hermanos Adrià seis años antes. La idea de fusionar las artes escénicas con las esferificaciones de los chefs de El Bulli fue un experimento fallido. Ni esa aventura empresarial ni las fichas de póquer que se movían ante sus ojos en las mesas de grandes casinos parecían llenar el vacío de haberse desprendido de la criatura que le hizo rico y famoso. Laliberté engrandeció –más aún– su fortuna vendiéndole la mayoría de las acciones a un conglomerado de fondos de inversión estadounidenses y chinos. La Caisse de dépôt et placement du Québec –una caja pública de fondos y pensiones– se sumó a una operación que alcanzó los 1.500 millones de euros y que completó un proceso que había comenzado en 2008, cuando los petrodólares dubaitíes compraron el 20% de la compañía. 

Laliberté salió del Cirque du Soleil en abril de 2015. Cinco primaveras después y ante el apagón global de la pandemia, los nuevos gestores despidieron al 90% de los 5.000 empleados de la mayor productora teatral que existe en el mundo. En una carta pública difundida en mayo, Laliberté amagó con recuperar el Cirque du Soleil. No lo hizo y, un mes después, vio cómo el emporio se declaraba en bancarrota. Tampoco ha retirado las trece columnas de basalto que plantó hace doce inviernos en la costa ibicenca. Han pasado cuatro alcaldes de dos partidos diferentes –PP, PSOE y, de nuevo, PP– por el Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia y el cemento ahí sigue. En el monolito central no queda rastro de las incrustaciones de oro. 

La Asociación de Empresarios de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR-CNC) ha defendido hoy su papel alrededor de las Viviendas de Protección Oficial de La Rioja de promoción privada en Logroño, después de las críticas generadas porque la selección de compradores no se ha hecho por parte del Ayuntamiento de Logroño ni con un sorteo público. El secretario de la organización, Juan Ramón Liébana, ha dicho comparecer para “desmontar la demagogia y la crispación política” en torno a este asunto.

Las promotoras han insistido que “están cumpliendo el pliego administrativo y la Ley de Vivienda a rajatabla”, como ya defendió el Ayuntamiento de Logroño. Además, han considerado que la fórmula implantada “es la única manera en que funciona”, aludiendo a la seguridad jurídica para las empresas. “Nos preocupa porque puede llevar a que no se haga una VPO más de promoción privada en La Rioja”, ha añadido recalcando que “las empresas constructoras y promotoras no hacen política, no hacen demagogia, hacen viviendas”.

Liébana ha iniciado las explicaciones señalando que las empresas “han emprendido la promoción de VPO cuando el módulo les permite cubrir costes, por una parte, y, en segunda lugar, cuando se han dado las condiciones de seguridad jurídica necesarias para hacerlo”. Ha explicado también que “las parcelas escritas al patrimonio municipal del suelo obligatoriamente se tienen que licitar con un objetivo único de construcción de VPO, licitaciones que habitualmente se hacen por el precio máximo de venta del suelo”. Algo que, en este caso, “se hizo con incremento de precios, las empresas pagaron de más entre el 18 y el 33%”.

También ha remarcado que la adjudicación se hizo a través de una licitación pública. “Se hizo un expediente administrativo, es decir, con un pliego administrativo que cuenta con absolutamente todas las garantías jurídicas públicas”. Pliegos que “se hicieron públicos en la Plataforma de Contratación del Estado en enero de 2025”, aludiendo, como ya hizo el Ayuntamiento de Logroño, en que “los partidos políticos de la oposición no han dicho nada, y eran públicos”.

Liémana ha señalado que la iniciativa privada “tiene que buscar la financiación necesaria para promover esa VPO, corriendo todos los riesgos”. Riesgos, ha resaltado, junto a los que, en el caso de la VPO, además, se introduce “determinada inseguridad jurídica superior al que ya existe para promoción inmobiliaria en general”.

La construcción de VPO, ha apuntado el secretario general de CPAR, “implica vender con precio tasado, por debajo del precio de mercado”, e incluso ha incidido en que “para cada VPO están pasando del orden de 10 ó 12 personas a ver la vivienda, y la mayoría las rechazan” por diferentes razones.

Ha defendido que los compradores han pasado “absolutamente todos los controles jurídicos públicos necesarios, no tienen por qué someterse a sorteos”. “A diferencia de la adjudicación directa, que se reserva a la promoción pública, el modelo, que es el que existe en toda España, es el de permitir la selección de los compradores de vivienda a los promotores”, contando “por supuesto, con control administrativo, antes y hasta control doble después” de la compra, “con lo cual, control hay”. En este sentido, ha respondido a preguntas de los periodistas que los criterios de selección los eligen las empresas y ha dicho no saber cuáles se han utilizado.

“Las empresas adjudican conforme a la legalidad, conforme a lo que dice el pliego de cláusulas administrativas, conforme a lo que dice la Ley de Vivienda de La Rioja y conforme a lo que dicen los decretos 28 y 33 de 2013 del Gobierno de La Rioja”, ha especficado.

Por eso, ha insistido también en considerar que “el problema de esta polémica es que genera falsas expectativas” y ha argumentado que “la situación ha cambiado”, ya que los nuevos planes de vivienda “no contemplan préstamos cualificados de VPO, sino que para la financiación de esas VPO hay que acudir al mercado libre”. Y ha subrayado que “las empresas no venden humo, las empresas trabajan sobre realidades, no sobre futuribles ni promesas”, en referencia a diferentes anuncios políticos de construcción de VPO.

En este sentido, se ha preguntado “¿Qué pasa cuando se sortea una vivienda y el agraciado no cumple los requisitos económicos para poder acceder a un préstamo hipotecario?”, señalando en respuesta que “se le está creando una falsa expectativa, porque no va a poder comprar la vivienda, porque, de nuevo, tiene que acudir al mercado ordinario de financiación y no hay préstamos cualificados de VPO”.

Además, ha aludido a casos en que en los últimos sorteos públicos de VPO que quedaron desiertas como las viviendas de Toyo Ito. “Cuando una promoción de VPO se queda desierta, si es de promoción privada, las pérdidas las soporta la empresa”, ha dicho defendiendo la necesidad de “buscar fórmulas que introduzcan seguridad jurídica que permitan desarrollar VPO en La Rioja”.

Finalmente, ha defendido la política de vivienda del Ayuntamiento del PP en Logroño. “Después de 15 años, se han hecho 104 VPO, es una buena política de vivienda”, para continuar insisitiendo en que “es un sistema razonable que cumple perfectamente y absolutamente la legalidad”. “Las empresas están cumpliendo el pliego de condiciones que marcó el Ayuntamiento; están cumpliendo la Ley de Vivienda en todos sus términos; y las empresas, por supuesto, están vendiendo a compradores que cumplen con los requisitos que marca la Ley de Vivienda. Pero los promotores tienen que tener la seguridad jurídica de que aquellos que firman un contrato de compra-venta de VPO pueden cumplir aquello que están firmando”, ha afirmado.

“Las empresas, entre hacer y no hacer, estamos por hacer entre hacer VPO, pero creemos que hacer demagogia con este tema resulta, primero engañoso para la ciudadanía porque le crean falsas expectativas y segundo, muy peligroso porque pone en riesgo la futura viabilidad de nuevas promociones privadas de VPO”, ha concluido Juan Ramón Liébana.

José Manuel López (Madrid, 1966) llega con una ristra de propuestas para resolver el problema de la vivienda. Todas pasan por una premisa clave: ser imaginativo, inventar nuevas ideas. “Pasar de pantalla”, resume. Su nuevo libro, 'Casas. Hacer política con (la, nuestra, tu) vivienda' (Editorial Akal), es una radiografía del mercado inmobiliario y del alquiler actual. También una guía que evita vender balas de plata, pero que apunta a una consecuencia irrefutable: una sociedad que se divide entre “una parte a la que le cayó una casa y tiene la vida hecha y el resto”.

López es ingeniero de formación, especializado en planificación y urbanismo, con una amplia experiencia como gestor tanto en las administraciones públicas como en el sector privado. También en el ámbito político. Fue candidato de Podemos en la Comunidad de Madrid en 2015; director del plan de innovación Justicia 2030 del Ministerio de Justicia en 2020; y actualmente es director del gabinete de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Propone sustituir el concepto ‘vivienda’ por el de ‘casa’.

Al escribir, me fijé en el término. Cuando invitas a alguien a cenar, lo invitas “a tu casa”, pero al preguntar a gente que tiene una vivienda que alquila, siempre me decían: “Yo vivo en una casa y alquilo una vivienda”. El concepto ‘casa’ nos permite pensar de otra manera, porque esa vivienda que se alquila es la casa de alguien. En torno a ese concepto, es mucho más fácil plantear cualquier tipo de política.

¿Se puede salir del relato de que la crisis de vivienda no tiene solución?

Sí, pero hay que cambiar de mirada. Cuando hablamos de vivienda encontramos dos salidas: construir mucho más o esa idea melancólica de ‘si fuéramos como Austria…’. No podemos construir mucho más y Austria ha tardado 100 años en lograr ese modelo. Tenemos que ver las casas como un ecosistema con cuatro elementos. Uno es el acceso, lo que está ahora encima de la mesa. Otro tiene que ver con el uso; con más de un millón de personas que no pueden bajar a la calle o que se han ido a una residencia porque no tienen ascensor. Está el impacto ambiental. Y un cuarto elemento, que tiene que ver con la economía. La construcción tenía un peso en la productividad, pero que ahora tiene más que ver con lo financiero, tanto para los fondos como para los hogares, que desde hace 60 años ahorran en ladrillo.

Hay otro elemento, la innovación. Estamos pensando en construir como siempre, pero la industrialización nos permite tener casas en cuatro meses. Si levantas la cabeza en ciudades como Madrid, Barcelona o València, verás que se están recreciendo los edificios. Si sales de la pantalla del acceso, aparecen otros elementos que pueden funcionar.

¿Eso debería ir acompañado de otras medidas? ¿Hasta dónde pueden crecer en alto las ciudades si no hay un aumento de los servicios públicos?

Hemos estado haciendo ciudades extensivas, que son las que no tienen transporte ni servicios públicos. Cuando montas un sistema de chalés adosados lejos del centro, las administraciones no tienen capacidad de generar servicios y el centro de salud llega 15 años después. Si lo haces sobre la ciudad consolidada, los servicios ya están ahí. En la Conferencia de Quito, en 2016, Naciones Unidas ya dijo que había que densificar en lugar de extender. Cualquier ciudad está llena de ‘agujeros’, de solares pendientes de algo, con los que puedes reconfigurar la ciudad. El recrecimiento te lo permite, siempre y cuando haya un control. Ahora lo hacen las élites, pero puedes sacar una ley que diga que todo lo nuevo es VPO permanente. Hay que volver a un sistema en el que la vivienda pase a ser redistribución y no un mercado libre, como lo es desde los años 80.

La sociedad se divide en dos, los ‘mochileros’ que han recibido ladrillo y los que no

¿Cómo ha influido el contexto social e ideológico en las políticas de vivienda de las últimas décadas?

El 80% de nuestras viviendas están construidas después del año 1960. Hay un primer ciclo, en el que Franco ve que se le está yendo la dictadura y reparte 8 millones de VPOs. No sé si mi padre tenía en la mano un lápiz o un cóctel molotov, pero cuando le dieron la casa, un quinto sin ascensor de 68 metros, lo soltó. Cuando en 2011 se cumplieron los 50 años de mi barrio, se hizo una reunión y ocho de cada diez vecinos, entre ellos mi padre, decían que conocían a alguien en el Ministerio de Vivienda. Les habían convencido de que era un favor personal. Ahí se consigue que empecemos a ahorrar en ladrillo y que la propiedad sea un valor para los españoles.

Luego llegó el segundo ciclo, con Felipe González, donde se pasa a las ayudas en el IRPF, que supusieron una transferencia de 160.000 millones. El gran problema entonces fue la descalificación. Mis padres estaban muy contentos, porque pasaron de vivir en una casa de 300.000 pesetas a una de tres millones. Fue la gran redistribución, pero el Estado estaba diciendo que, desde ese momento, cada familia se ocupa de su siguiente generación. A partir de ahí, la sociedad se divide en dos: los mochileros que han recibido ladrillo y los que no.

¿Qué tiene de generacional esta crisis?

Tiene una parte generacional, pero también territorial. Los precios de las VPO estaban tasados, daba igual si tenías casa en Palencia o en Madrid. Cuando levantas la protección, tu casa en Palencia vale una cosa y en Madrid, otra. Si te tocó en el centro tienes una herencia; si te tocó en un barrio, otra. Y tiene una parte de vulnerabilidad, que no afecta solo a los jóvenes, sino a quienes tienen menos renta o a ese 14% de la población que llegó después a nuestro país y no estaba el día que se repartieron las mochilas.

Como la cultura es el ladrillo, según caen las herencias del primer ciclo, mucha gente decide comprar una casa, para sus hijos o para alquilarla. Eso sube los precios, el que ahorra [para su primera vivienda] no llega y el que compra, como paga más, lo carga al alquiler, así que la división se hace todavía más grande. Hay que controlar este sistema para que eso no siga creciendo.

En el libro dice que las decisiones de cada uno van a influir en el resto, “alteran el ecosistema”. En un país donde alrededor del 90% del parque de alquiler está en manos de pequeños propietarios, ¿hasta qué punto afectan las decisiones personales en la crisis de la vivienda?

Tienes una crisis, no puedes ponerte en manos de decisiones personales. Las estadísticas dicen que el 75% de la población tiene vivienda en propiedad y un 18% vive de alquiler. De estos, el 15% está en el mercado y un 3% son rentas antiguas o gente que las alquila a un familiar o un conocido por debajo de mercado. ¿Y el otro 7%? El dato no es fácil de encontrar, pero es gente que ha comprado una casa y se la está dejando a sus hijos o a sus nietos. Es decir, cuatro de cada diez casas en alquiler están fuera del mercado. Es una masa social que no está especulando, que te apoyarían si tomas la decisión de regular. El conflicto no es entre casero e inquilino, sino de especuladores contra el resto.

Habla también de las viviendas vacías.

Tenemos casi cuatro millones de viviendas vacías y ese relato de que están donde la gente no quiere vivir no es cierto. En Madrid hay 97.000 y en Barcelona, 75,000, pero la gente no las saca [en alquiler] por miedo a impagos o porque es mucho lío. Prefieren no ganar dinero. Si la Administración es capaz de darles tranquilidad, por ejemplo, a través de una agencia pública que alquile viviendas privadas, mientras le pones un impuesto a la vivienda vacía, estás movilizando miles de casas.

¿Cómo se puede llegar a esas personas que necesitan rehabilitar sus edificios sin que eso suponga una transferencia de recursos públicos a manos privadas?

La vía más fácil para resolver el tema de la vivienda es la rehabilitación. Imagina un edificio sin ascensor en un barrio donde la población mayor no puede bajar a la calle y, además, tiene frío porque es ineficiente. Se puede sacar una normativa que permita recrecer el edificio con dos VPO, a condición de que las plusvalías se destinen a rehabilitar la finca. En una sola intervención estás generando un mercado nuevo de vivienda protegida, mientras resuelves los problemas de los vecinos. Y además pones condiciones: si tienes la vivienda vacía o la estás alquilando por encima del rango de precios que yo decida, no te puedo ayudar. Si para una rehabilitación de 40.000 euros yo te pongo 25.000, si no cumples estas condiciones y tienes que ponerlo todo de tu bolsillo, enseguida te salen las cuentas.

En el libro aborda la fiscalidad. ¿Qué le parece la propuesta del PSOE de modular la bonificación del IRPF de la que disfrutan los caseros si bajan los precios?

Es un error. La vivienda tiene que volver a ser un sistema de redistribución. Si transfieres impuestos al que ya tiene, estás haciendo un sistema de redistribución inverso, que amplía un poquito más la brecha entre los que pueden y los que no pueden. Además, no va a funcionar: a quien puede subir el precio todo lo que quiera, le da igual la bonificación, porque siempre podrá subirlo por encima. El marco político no tiene que ser inquilinos y caseros, sino especuladores contra el resto. Una amiga me decía que alquilaba su vivienda por un precio adecuado, 1.100 euros al mes. Al preguntarle cuánto cobraba antes, me respondía que 700. Entonces es una especuladora. Un ahorrador aspira a ganar un 5%, no un 30%. El ahorro es correcto, la especulación, no.

Este discurso de no enfrentar a inquilinos con caseros es también el del presidente Sánchez. ¿No aleja a una parte de los inquilinos, ahogados por el alquiler?

Aleja a una parte de los inquilinos y no interpela a una parte de los caseros, a ese 40% que han sacado sus casas del mercado y se las alquilan a sus entornos. El problema es quién quiere especular. Los fondos siempre quieren; los grandes tenedores siempre quieren; y los pequeños tenedores, ¿cómo les ayudamos a que estén en el lado correcto de la historia? No lo vamos a hacer apelando a su solidaridad, sino tomando una decisión política y empezando a sacar normas. Yo hago una propuesta: una ley de beneficios razonables, como la que dice cuánto ganan las eléctricas. Bastaría con meter al sector de la vivienda, para que todo el mundo estuviera tranquilo. ¿Este año se gana un 5%? Pues se gana un 5%, que no es lo mismo que que te suban el alquiler un 5%.

Las próximas elecciones van de resolver el problema de la vivienda

Hay mucho diagnóstico, pero ¿se está actuando sobre el problema?

No lo suficiente. Hay una especie de miedo a abordarlo y poca capacidad para salir de ese punto melancólico o de construir más. Hay más cosas que hacer, tenemos que pasar de pantalla. Nos hemos metido en la cabeza que la vivienda es escasa, que la única manera de solucionar el problema es por la vía ortodoxa, aunque tardemos años en hacerlo.

Últimamente se habla de recuperar la ilusión en la izquierda. En los últimos años los precios del alquiler se han disparado, miles de familias dedican buena parte de sus ingresos a pagar la renta y a los jóvenes les cuesta cada vez más emanciparse. Esto ha pasado en ocho años de Gobierno de coalición progresista. ¿Se podía haber hecho más?

La ilusión pasa por resolver este tema. Las próximas elecciones van de cosas, pero la central es resolver el problema de la vivienda. El 15M surge por la vivienda [tras el estallido de la burbuja inmobiliaria], pero la crisis en ese momento estaba centrada en la corrupción, era una crisis política, económica, de cierre del modelo. En 2015 empezamos a hablar de emergencia climática, inteligencia artificial, cuidados y feminismo. La vivienda sigue estando ahí, pero estábamos en otra. En política las decisiones no se toman de un día para otro, hay una presión social que te va llevando al borde del precipicio. Hace ocho años la sociedad no estaba con esto en la agenda e igual la prioridad no era la vivienda. Ahora mismo es la prioridad máxima y hay que resolverlo con valentía. Se está dividiendo a la sociedad en dos, la mitad de la población que está bastante contenta cuando llega a su casa y quien vive esto con ansiedad.

Un año después de que se derrumbara la torre de la iglesia de Viguera, el Gobierno de La Rioja ha informado de que financiará el 90 por ciento de las obras de reurbanizacón de la zona afectada. Unos trabajos que cuentan con un presupuesto de 300.000 euros con los que se construirá un muro de contención de unos 47 metros de longitud y de entre siete y nueve metros de altura.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha presentado el proyecto de reurbanización con el que se persigue dotar a la zona de condiciones de seguridad y estabilidad; eliminar los actuales problemas de accesos a los edificios de la zona; y reponer las anteriores instalaciones de servicios y accesos a la plataforma superior. 

El muro se construirá por tramos

El muro de contención tendrá una altura de entre 7 y 9 metros, y una longitud aproximada de 47 metros. Se construirá en hormigón armado, mediante un sistema de ejecución por tramos, diseñado para garantizar la máxima estabilidad del terreno y la seguridad de los operarios. El proceso incluye la cimentación con materiales de alta resistencia, impermeabilización avanzada y un sistema de drenaje integral para asegurar la durabilidad de la infraestructura.

Tras el relleno y compactado de las zonas de actuación, se habilitará una losa de hormigón superior y se instalará una barandilla de protección de 1,10 metros, cumpliendo con los estándares de seguridad urbana. Esta intervención permitirá estabilizar el talud y mejorar la seguridad vial y peatonal del entorno.

Una vez terminado el muro de contención, y con todo el relleno compactado, se procederá a picar los restos de solera de hormigón y de las instalaciones de saneamiento y agua potable de la zona, elementos que resultaron dañados por el derrumbe. Posteriormente, se instalarán las nuevas conducciones de saneamiento (35 metros lineales), de agua potable (40 metros) y de acequia de riego entubada, así como las correspondientes acometidas domiciliarias y pozos de registro.

Finalmente, se procederá a los trabajos de pavimentación en una superficie total de 340 metros cuadrados, con la extensión de una solera de hormigón de 20 centímetros de espesor armada con mallazo, conectado a la armadura de los muros de hormigón. La solera, cuyo acabado será fratasado, tendrá una pendiente media del 3 por ciento hacia el centro de la calle. La obra proyectada, además de consolidar el talud, permitirá ampliar la plataforma de la calle La Barga, de tal manera que se facilite el paso de vehículos y se mejore considerablemente las condiciones de seguridad de las viviendas de la zona.

Las labores previas incluirán la preparación de un acceso mediante escaleras desde la calle paralela a la iglesia, que presenta un talud con menos pendiente que el resto de viales. Asimismo, se preparará el terreno para la instalación de una grúa torre con un brazo de 40 metros de alcance, necesaria para llegar a todas las zonas de actuación. Además, se emplearán mini excavadoras para desarrollar los trabajos de excavación y movimiento de tierras.

Plan de Restauración Integral de la Iglesia

Esta actuación cofinanciada por Política Local se complementa con el apoyo que desde la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud se mantiene firme para el desarrollo del Plan de Restauración Integral de la Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, declarada BIC desde 1986, que lleva a cabo con la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño y el consistorio de Viguera. Una hoja de ruta que se desarrollará en cinco fases e incluirá la consolidación de muros y, mejora del sistema de drenaje, ejecución de un muro de contención, restauración de cubiertas y bienes muebles, estudios arqueológicos e históricos, y la construcción de una nueva torre.

La exposición del proyecto ha corrido a cargo del arquitecto redactor, Raúl de Miguel Najarro, y a ella también han asistido el director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, y el alcalde de Viguera, Álvaro Manzanos, que ha estado acompañado de miembros de la corporación local.

El consejero ha señalado que “se trata de un primer paso fundamental, de la mano del Ayuntamiento de la localidad, para llevar a cabo la reconstrucción de la zona. Es una obra de envergadura que va a asegurar toda la zona de la plataforma superior de la iglesia, pero sobre todo también las viviendas del entorno, garantizando los accesos a las mismas, ya que las personas han sido lo más importante desde el minuto uno”.

Las intervenciones más destacadas son la construcción de un muro de contención del talud de la calle La Barga, afectada por el derrumbe, y la reposición de los servicios y del pavimento de dicha calle. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de ejecución previsto de 313.488,76 euros, estará financiado al 90 por ciento por el Gobierno de La Rioja, mediante la firma de un convenio que suscribirán próximamente la Consejería y el Consistorio de la localidad.

A este respecto, Osés ha subrayado “el compromiso del Gobierno de La Rioja con Viguera, y sobre todo con los vecinos de la zona, en el sentido de darles la solución lo más rápido posible, y que este proyecto se pueda licitar lo antes posible”. Por su parte, el alcalde de Viguera ha agradecido “el apoyo del Gobierno de La Rioja, por un lado, para garantizar la seguridad y la integridad de los vecinos, y por otro, para recuperar el esplendor de nuestra Iglesia”.

El Ayuntamiento de Logroño ha insistido este lunes en “el cumplimiento de los mandatos legales” en la selección de adquirentes de viviendas de protección oficial y ha vuelto a argumentar la diferencia entre las promociones públicas y la colaboración privada de VPO en suelo municipal tras las críticas recibidas por la delegación a las constructoras de la selección de adquirentes para las viviendas de diez parcelas de la ciudad. La concejala portavoz, Celia Sanz, y la de Vivienda, Patricia Sainz han anunciado que comparecerán a iniciativa propia en el próximo pleno municipal para ofrecer explicaciones “con transparencia y rigor”.

Las concejalas han enfatizado que “hace más de 15 años que no se construían viviendas de Protección Oficial en Logroño” y ha defendido el Plan de Vivienda “pionero” que han puesto en marcha y que, según ha destacado, “cumple todos los requisitos legales y cumple con el aval de los técnicos municipales”.

Sobre la diferencia entre la promoción pública y privada, Sanz ha explicado que en el caso de la promoción pública sí hay una baremación y puede haber un sorteo mientras que en el caso de la promoción privada en suelo público, como es el caso de las 104 viviendas sobre las que se ha señalado su selección, “existe la garantía de que los adjudicatarios van a ser las personas que cumplen los requisitos por la ley, personas que tienen que estar inscritos en el IRVI”. También han aludido que en otras comunidades autónomas y ciudades se está desarrollando el mismo procedimiento.

Por eso, ha subrayado que “está garantizada la concurrencia pública y publicidad”. En este sentido, ha insistido en que la inscripción en el IRVI la concurrencia y el cumplimiento de estos requisitos “garantiza la concurrencia” y, ha añadido, que “la publicidad también está garantizada porque el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento ha publicitado de forma abierta y transparente la construcción y adjudicación de estas viviendas”. Para justificarlo, las concejalas han aludido también al aumento del registro del IRVI en un 60% desde la puesta en marcha del Plan de Vivienda. Así mismo, han asegurado que el registro “se está depurando” y por ejemplo se ha introducido el requisito de no tener ninguna vivienda en propiedad.

En cuanto a los cupos, ha explicado que se cumplen los que recogen las leyes de Accesibilidad Universal o de Violencia de Género. Cupos que , como ha detallado, que se establecen por porcentaje dentro del bloque de viviendas y que solo se reservan por cuando el resultado supera la unidad. Es decir, en el caso de pisos para personas de movilidad reducida con un cupo de reserva del 5% se dejan viviendas específica cuando el resultado del 5% del número de viviendas del bloque supera la unidad, como es el caso de la promoción de Portillejo.

Patricia Sainz, que ha señalado que el procedimiento se ha hecho con “la ilusión de solucionar un drama que existe con la escasez de vivienda, hay mucha angustia en la población porque faltan viviendas”. La responsable de Vivienda ha señalado a la oposición al recordar que el pliego de condiciones ahora criticado es público desde principios del año pasado y “nadie lo ha recurrido”.

Sobre la selección de adquirentes, que ha reiterado con más detalle Sainz, “el pliego recoge las vías de control para garantizar que las personas adjudicatarias de las viviendas cumplan todos los requisitos para ser adjudicatarios de VPO y se establecen dos fases de control”. En concreto, ha dicho, “los candidatos deben estar obligatoriamente inscritos en el IRVI y, por lo tanto, cumplir los requisitos que se establecen para acceder a viviendas de protección oficial (empadronamiento, no superar 6 veces el IPREM y no ser titular de otra vivienda). El segundo mecanismo de control previsto en el pliego es que los contratos de todos los adjudicatarios deber ser visados por la Comunidad Autónoma de La Rioja y el listado se remitirá al Ayuntamiento”, ha recordado Patricia Sainz. “El pliego es garantista y cumple todos los requisitos de legalidad”, ha insistido.

Preguntadas por cómo se ha desarrollado la selección, ha insistido en “que el cumplimiento de los requisitos está velado por la normativa de VPO”. Pero cuando las solicitudes superen las viviendas disponibles, Sainz ha señalado que han sido las constructoras las que han elegido el método de adjudicación siempre que se cumplan los requisitos del registro del IRVI “que acreditan que cualquier persona inscrita en el registro tiene derecho a una vivienda de VPO”, ha puntualizado. En este sentido, a la pregunta de los periodistas, la concejala ha respondido que según el pliego, entre los inscritos, la selección por parte de las constructoras “podría” haber sido a dedo, “pero no ha sido así”, ha señalado recordando que las constructoras han optado por orden de inscripción o un sorteo interno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrancó la semana con un anuncio. El fondo soberano España Crece movilizará 23.000 millones de euros para construir unas 15.000 viviendas en alquiler asequible al año. La medida se suma a otros compromisos que el Ejecutivo ha ido adquiriendo en los últimos años, el Perte de la industrialización, puesto en marcha hace casi un año, con el que se quiere impulsar la construcción de otras 15.000 casas modulares al año en la próxima década. O las 183.000 viviendas prometidas en el ciclo electoral de 2023. Anuncios que suman miles y miles de casas, mientras la vivienda continúa siendo una de las preocupaciones principales de la población.

Cuando Sánchez anunció, en abril de 2023, esas 183.000 viviendas, según los datos del departamento que entonces dirigía Raquel Sánchez, unas 66.000 ya estaban movilizadas. Desde entonces, se ha comenzado a activar 56.000 casas más. En total, aquel compromiso, pasado el ecuador de la legislatura, está encarrilado al 66%. Pero, la gran incógnita sigue sin despejarse. ¿En cuántas de esas viviendas viven familias?

El término que utilizan desde el Ejecutivo es “movilizar”, un verbo que en la práctica suma las viviendas sobre las que se empieza a trabajar en materia de rehabilitación, las que se comprometen sobre el papel, las que se empiezan a construir y las que se entregan. Y en este último punto es donde el Ministerio de Vivienda va a ciegas, porque en muchas ocasiones cofinancian la promoción o la construcción de viviendas con las comunidades autónomas o los ayuntamientos, que son quienes deben rendir cuentas.

“Las comunidades autónomas poseen de un amplio periodo para finalizar las obras y, posteriormente, justificar al Ministerio la ejecución de los fondos. Son ellas quienes poseen la información en tiempo real y que, motu proprio, no trasladan al Ministerio”. Indican fuentes de este departamento, afanado en “revertir esta situación con el próximo plan estatal de vivienda, que prevé un marco de cogobernanza, información y transparencia en tiempo real”. Estaba previsto que ese plan estuviese listo en diciembre de 2025, pero el Ejecutivo habría preferido alargar ese plazo en pro de la negociación con las comunidades.

Ese gran paquete de viviendas a precio asequible, comprometidas por el presidente Sánchez, se desglosaba en varios bloques. Algunos han funcionado bien en cuanto a movilización de inmuebles, mientras otros han pinchado. “Lo que se ha realizado desde que se creó el Ministerio de Vivienda es reajustar los programas iniciales con el objetivo de movilizar de la manera más rápida posible la oferta de vivienda asequible”, indican fuentes consultadas. Por ejemplo, el Gobierno pretendía activar unas 20.000 casas a través de los planes de recuperación, de las que 14.000 ya estaban en marcha. A día de hoy, ha conseguido activar otras 10.000, superando esa meta inicial.

Otra de las palancas a activar eran los planes estatales. El último correspondía a los años 2022-2025 y suponía la guía en materia de vivienda. En coordinación con ayuntamientos y comunidades, el Gobierno quería activar 14.266 viviendas, de las que 7.217 ya estaban firmadas y conveniadas en abril de 2023. Desde entonces, han movilizado otras 2.942, según datos de Vivienda, que señala que ese plan, dotado con 1.440 millones de euros —en el próximo espera multiplicar los fondos, hasta los 7.000 millones—, se diseñó “conociendo que el Plan de Recuperación destinaría la mayor parte de la inversión a obras de rehabilitación y construcción de vivienda asequible”. Por eso, aclaran, “la mayor parte de los fondos” se destinaron a ayudas y no a construcción.

Al margen de estos planes, están los acuerdos que el Estado central alcanza de manera bilateral con otras administraciones para “impulsar la oferta de vivienda asequible en aquellas zonas más tensionadas”. Se comprometieron 9.849 inmuebles, de los que casi 5.000 ya estaban movilizados. Hoy hay 1.393 más.

Una de las principales patas del plan de las 183.000 era la financiación de 43.000 viviendas de nueva construcción o rehabilitadas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). A la vista de los resultados, casi tres años después esta ha sido una de las brechas de aquella estrategia, con tan solo 3.396 viviendas movilizadas, menos de un 8% de lo previsto. “El Gobierno de España acaba de poner en marcha el fondo soberano España Crece para garantizar el incremento de la oferta de vivienda a precio asequible, mejorando esta línea de financiación que el ICO ya tiene en marcha”, indican fuentes ministeriales preguntadas por esta cuestión.

El objetivo es que esta nueva herramienta sirva para impulsar la construcción, a través de 23.000 millones de euros de financiación público-privada con condiciones ventajosas para los promotores de vivienda asequible, como quitas del 30% para este tipo de obras. “La falta de financiación no puede ser otro de los cuellos de botella que sufre el sector”, afirmó Sánchez durante la presentación.

Desde el sector estiman que “este fondo puede ser un paso positivo para aumentar la financiación”, pero recuerdan que “es necesario considerar que persisten desafíos estructurales que requieren atención para abordar de manera integral el problema de la vivienda”, como señala el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén. En ese sentido, enumera la liberalización del suelo, “que requiere de un proceso más rápido e intenso” y “la necesidad de modificar y simplificar la legislación vigente, de modo que los procedimientos sean más ágiles y seguros para las empresas”. “En este sentido, resulta fundamental y urgente desbloquear la ley del suelo”, señala, sobre una norma atascada por la debilidad parlamentaria del PSOE.

"No creemos que estemos ante un problema de falta de ladrillo, sino de control y acceso al parque de vivienda"

Pablo Pérez — Portavoz del Sindicato de Inquilinas

Frente al discurso que defiende la necesidad de construir —el Banco de España cifra el déficit en unas 700.000 casas—, otras voces abogan por lo urgente. “No creemos que estemos ante un problema de falta de ladrillo, sino de control y acceso al parque de vivienda”, indica el portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Pablo Pérez, que aboga por “invertir esos miles de millones en recuperar las viviendas que, a día de hoy, están en manos de fondos buitre, para ampliar el parque público real de forma permanente y garantizando alquileres asequibles”. “Llevamos años viendo cómo se anuncian miles de viviendas, mientras los precios siguen subiendo y la gente es expulsada de sus barrios. Si estas viviendas terminan en manos de grandes promotoras, fondos de inversión o estructuras público-privadas que garantizan rentabilidades privadas no estamos solucionando nada, sino alimentando el mismo modelo que ha generado la crisis actual”, considera.

En la misma línea, Pérez recuerda que hay “más de 600.000 hogares en todo el Estado que tienen contratos de alquiler que vencen en los próximos meses”. “Para estas personas, el anuncio de viviendas que estarán listas dentro de años no es una solución”, indica el portavoz del Sindicato. Para ellas, Sánchez propuso ampliar la bonificación fiscal para los caseros que no suban los precios y modularla a la baja, sin llegar a suprimirla, para quienes los bajen. Esta medida, que requiere de aprobación parlamentaria, ha sido duramente criticada por todos los grupos a la izquierda del PSOE, incluido Sumar, que defiende la prórroga extraordinaria de los contratos.

“Una política lenta”

“Parece que todo se arregla dando crédito para que se hagan 15.000 viviendas, pero vamos a tardar años en hacerlas”, señala otra voz experta en urbanismo. No en vano, el decalaje entre que se planifica una vivienda y se entregan las llaves puede ser de entre tres y siete años. La propia ministra del ramo admitía que la del fondo soberano es “una política lenta”. “No se puede engañar a la ciudadanía, pero vamos a llegar al objetivo de dotarnos de un parque estatal similar a la media europea, en torno al 9%”, señalaba Isabel Rodríguez en una entrevista en 20 Minutos, publicada este viernes.

En la cuenta de las 183.000 viviendas estaban también 11.000 del Fondo Social de entidades bancarias. Las previsiones en este caso se han mantenido estables, con unas 9.489 casas regularizadas.

Por último, el gran empujón a ese compromiso ha llegado de la mano de Casa 47, la empresa pública a través de la que el Ejecutivo ha vehiculado la absorción de unas 50.000 viviendas de la Sareb, además de la promoción y construcción de casas. En total, desde el Ministerio indican que se han movilizado 68.325 viviendas, cerca de 40.000 en los últimos tres años. Esto supera incluso la previsión inicial de 66.000.

Sin embargo, de nuevo, el hecho de que estén movilizadas no se traduce en que todas vayan a estar puestas a disposición de las familias próximamente. Vivienda incorpora en esa cuenta los alquileres sociales de Sareb, unos 10.000, que no son nuevos, sino que provienen de regularizaciones de personas vulnerables que ya vivían en esas casas. O las 10.700 de la Operación Campamento, en Madrid, donde ya han empezado las obras de demolición. O las 1.400 de terrenos de Defensa en Málaga, a la espera de que el Ayuntamiento apruebe el plan de urbanización. O las decenas de miles de viviendas de la Sareb, que necesitan algún tipo de rehabilitación o adaptación.

Por el momento, Casa 47, que ha recibido una partida de 100 millones de euros para la adquisición directa de inmuebles, tan solo ha sacado una 'convocatoria piloto' con 171 casas ubicadas en Vigo, Mieres y varios municipios de Valencia afectados por la dana. El plazo para presentar las solicitudes finalizó este viernes. La propia directora de la entidad reconocía hace unas semanas, en una entrevista en la Cadena Ser, que la nueva empresa estatal “no va solo de solucionar el problema de la vivienda hoy, sino tratar de evitarlo en el fututo”. De hecho, estimaba que se necesitarán “al menos, cinco años” para paliar el problema.

Al margen de las prometidas 182.000 viviendas, el presidente Sánchez ha ido trufando la legislatura de nuevos anuncios. El pasado mes de abril, el Gobierno comprometió 1.300 millones de euros en una década —de media, 130 millones al año— para impulsar un nuevo Perte de industrialización. Según los cálculos del Ejecutivo, este plan permitirá la construcción de una media de 15.000 viviendas al año en la próxima década y más de 20.000 anuales a partir de 2035. Serían, por tanto, 150.000 viviendas modulares hasta 2035, pero, en este caso, desde el Ministerio se han esforzado en explicar que se trata de un impulso al sector, no vinculado a casas concretas.