Galletas de pistacho, chocolate Dubai, helados con este fruto seco, cafés que añaden sirope de ese sabor, bizcochos o cruasanes rellenos de crema verde. En los últimos meses, se han multiplicado los productos que contienen, en mayor o menor medida, ese fruto con cáscara que vive un momento dulce en cuanto a su producción en España, porque muchos agricultores lo han visto como una alternativa con más rentabilidad a futuro que cultivos más tradicionales, como la vid o el olivo, aunque no es oro todo lo que reluce. Un cultivo que, además, está en pleno foco del conflicto bélico en Oriente Medio porque Estados Unidos es el primer productor de pistacho del mundo, por delante de Irán.

Una de las claves de este 'boom' del pistacho es el denominado 'chocolate Dubai', que nació después de la pandemia, ligado en su origen a una pastelería de Emiratos Árabes, que fue ganando popularidad al calor de las redes sociales. La receta: una tableta de chocolate con leche relleno de una gruesa capa de crema pistacho que también puede llevar otro tipo de ingredientes, como el tahini. 

En España, el despegue del pistacho ha sido progresivo a lo largo de los últimos años y está concentrado, sobre todo, en Castilla-La Mancha, donde las condiciones son especialmente buenas.

En el siguiente gráfico se ve la evolución de la producción de pistacho en España.

De hecho, hay agricultores que han decidido sustituir otro tipo de cultivos en favor de este fruto seco, que ha demostrado ser resistente al cambio climático y a condiciones hídricas severas. “Mi explotación era de viñedo y cereal, pero este último, con los rendimientos que tiene, no es rentable, por la sequía y las temperaturas”, explica Alejandro García-Gasco, agricultor y miembro de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), quien decidió apostar por este fruto seco.

Recalca que no es oro todo lo que reluce y que con el pistacho hay que tener bastante paciencia. “Se necesita una alta inversión y tienes que esperar siete años para empezar a producir. Lo tienes que mimar, guiar, llevar de la mano. Es como un niño pequeño”, argumenta. “Y, una vez recogido, el peso se queda en la mitad. No es tan real la idea de que es el 'oro verde”, asevera García-Gasco. “Yo no conozco a ningún agricultor que se haya hecho rico con él. Tienes que aguantar siete años sin producir nada”.

En el siguiente gráfico se ve cómo Castilla-La Mancha concentra el 65% de la producción de pistacho en España.

También en Castilla y León se han dado pasos similares. “Planté el pistacho en 2011, para buscar alternativas a los cereales”, indica Aurelio González, productor y también miembro de UPA. En su caso, empezó con tres hectáreas de regadío. De nuevo, recalca que al pistacho hay que cuidarlo. “Conozco gente que vino de la ciudad y puso pistachos porque pensaba que era plantarlos y volver a los siete años y esto no va así. Conlleva trabajo, poda, cuidar los árboles, abonar, regar”, enumera. También explica que la recolección, la limpieza y el secado se tienen que hacer rápido, en un solo día, para que el fruto no se estropee. 

En este gráfico se ve cómo Castilla-La Mancha ha ido ganando terreno con el pistacho en los últimos años.

No apto para todos los suelos

El pistacho tiene futuro en parte de España porque está demostrando ser resistente en condiciones hídricas adversas, aunque no en todas partes. “Yo estoy en una zona donde mi abuelo ya sabía que hiela poco, porque había viñas, pero donde hiela no se puede poner, tampoco admite zonas de arcilla que se encharquen, necesita un terreno que filtre bien”, apunta Aurelio González.

“Aquí se adapta bien”, afirma García-Gasco, en referencia a Castilla-La Mancha. “Creo que es uno de los cultivos que mejor se adapta al clima que tenemos, pero se necesita profesionalización”, añade. “Ahora estamos defendiendo la Indicación Geográfica Protegida”, que tiene que conceder la Unión Europea. “Hay dos en Italia y, si lo logramos, sería la tercera en Europa. Estamos demostrando que tenemos una trayectoria con el pistacho y que tiene características distintas”. 

“En la última década, sobre todo en los últimos seis años, ha habido una expansión fuerte de hectáreas y productores, porque se comporta bien y porque es rentable”, explica Mario González, productor de pistacho y director técnico de Pistacho Pro, una plataforma de difusión de información sobre este fruto seco. Crece la apuesta por este fruto seco mientras los productores señalan que lo cultivado en España se vende fuera, donde se paga mejor, mientras aquí se importa de otros mercados, sobre todo, apuntan, de Estados Unidos. Y puede que llegue el punto de saturación si la producción crece demasiado rápido. 

“En el pistacho no hay 'marca España', cada uno está haciendo la guerra por su cuenta y hay mucho desconocimiento. Eso puede derivar en que haya una criba, porque se trata de una industria compleja, que tiene costes muy altos”, añade Mario González. “También puede haber un cuello de botella cuando entren en marcha todas las producciones” teniendo en cuenta, como se ha mencionado, que en la recogida “hay 24 horas críticas para la limpieza y el secado. No hay demasiada unión en el sector, sobra capacidad de procesado, cuando entren en producción, no sé si va a dar tiempo a trabajar todo”.

En el siguiente gráfico se ve la evolución de las hectáreas de pistacho en España, con una ligera caída en los últimos años, a la espera de ver ese previsible aumento en los próximos ejercicios, según los datos que publica el Ministerio de Agricultura.

Una de los grupos que ha apostado por el pistacho es Dcoop, la mayor cooperativa de aceite de oliva. En su caso, en el último año, produjo 600 toneladas de pistacho, en un año que fue positivo tras un 2024 que califica como “pésimo” porque el clima y las condiciones de cultivo no fueron las adecuadas. Esas 600 toneladas aún están lejos de las 32.000 que alcanza con la almendra. 

Una producción centrada en Estados Unidos e Irán

La producción de pistacho también está en el foco geopolítico. El primer país productor es Estados Unidos –sobre todo, el Estado de California– por delante de Irán. Y las exportaciones de este último país se han frenado en seco por la situación bélica y el cierre del estrecho de Ormuz. 

“Con la situación mundial hay una ventana de oportunidad a medio plazo”, asegura Mario González. “El cierre de Ormuz está haciendo que la oferta de pistacho iraní esté casi anulada. No sabemos qué va a pasar”, añade. “En EEUU, la principal zona de producción, San Joaquín, en California, va a haber una restricción hídrica, se van a abandonar cultivos y se va a reducir la producción. Tenemos una oportunidad”, recalca. Sin embargo, ese cierre de Ormuz, de momento, no se ha trasladado a una subida de precios.

“Con la guerra en Irán no sabemos qué va a pasar”, indica el productor Aurelio González. “El año pasado”, con el 'boom' del pistacho y el chocolate Dubai, “hasta se pagaba bien por el pistacho cerrado, para helados o para repostería. Ha servido para darle salida”, concluye.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán sigue provocando consecuencias a nivel mundial. Además de perturbar el panorama geopolítico y de generar tensiones diplomáticas que reconfiguran un nuevo mapa mundial, la escalada bélica que está provocando bombardeos en refinerías de Oriente Medio o el cierre del estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% del petróleo mundial y el 25% del gas natural licuado (GNL), también se está empezando a notar en sectores como el primario. Algo que, en el caso de Andalucía, está ahogando a agricultores y ganaderos por el incremento de costes asociado y porque el tren de borrascas de enero y febrero ya había dañado severamente su producción.

El hecho de que una guerra impacte de lleno en la economía de terceros países no es nuevo. Es una tónica habitual en un mundo tan globalizado como el nuestro y el último ejemplo al respecto se produjo durante los primeros días de la guerra de Ucrania. En 2022, por las mismas fechas que ahora, el petróleo y el gas mundial incrementaron mucho su precio, generando una subida en cascada del coste de producción de gran parte de las materias primas. Ahora, la guerra en Irán ha elevado el precio del barril de crudo entorno a los 100 dólares y el gas ha hecho lo propio encareciéndose más de un 50%. Algo que se traslada directamente al coste que han de afrontar agricultores y ganaderos para seguir con sus explotaciones, pero que no tiene por qué reflejarse en la cesta de la compra por cómo está configurada la cadena alimentaria, puesto que los precios los suele establecer la distribución y no la producción.

Sebastián González es uno de los agricultores andaluces que está haciendo números para sobrevivir a otro revés económico, apenas unas semanas después del tren de borrascas que han dañado severamente los campos de Andalucía. Explica que en su zona, Lebrija (Sevilla), muchos agricultores han perdido prácticamente toda la cosecha de invierno. “En mi zona hay agricultores que han tenido daños del 90% o del 100% en cultivos hortícolas como coliflor, brócoli o espinaca”, señala.

Este agricultor de regadío, que también es el secretario provincial de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Sevilla, asegura que cuando el sector apenas comenzaba a preparar la campaña de primavera se ha encontrado con un nuevo golpe: la escalada del precio de la energía y de los bienes agrícolas. “Hace tres semanas el gasóleo agrícola estaba a 0,88 euros y el sábado ya estaba a 1,25”, explica. A eso se suma el encarecimiento de los fertilizantes, que según cuenta ya han subido entre un 30% y un 40% y podrían seguir aumentando a lo largo de la campaña. “Los fertilizantes ya han subido entre un 30% y un 40%, y durante la campaña prácticamente se van a duplicar”, sostiene.

El agricultor denuncia además que parte de estas subidas responden más a movimientos especulativos que a un aumento real de los costes. “Hay cierta especulación, porque el gasóleo y el abono que se está vendiendo ahora ya estaban en el mercado desde hace semanas”, afirma. En su caso, explica, se trata de explotaciones que manejan cifras muy elevadas de gasto y que ahora ven cómo se disparan sus cuentas. “Estamos hablando de explotaciones que gastaban en torno a 800-1.000 euros de gasoil y fertilizante por hectárea y ahora se están acercando a los 2.000 euros de gasto”.

Una situación que llega en un momento especialmente delicado para el campo andaluz, que aún arrastra las pérdidas provocadas por el tren de borrascas de comienzos de año. “Los agricultores nos estamos jugando mucho sin tener la certeza de que la producción vaya a llegar a buen puerto”, resume González, que además advierte de que parte del encarecimiento acabará trasladándose al consumidor. “Sin duda va a haber una subida coherente con lo que nos cuesta producir y transportar, pero también intuyo que habrá subidas especulativas”, añade.

El impacto también alcanza al olivar

La situación tampoco es mejor en el olivar jiennense, el mayor productor mundial de aceite de oliva. Francisco Elvira, agricultor de Jaén, explica que el encarecimiento de la energía ya está teniendo efectos directos en los costes de producción. “Tenemos una subida en torno a 20 céntimos en el combustible y unos 200 euros por tonelada en el nitrógeno que utilizamos para abonar el campo”, explica.

En el caso de los fertilizantes, el problema está directamente relacionado con el gas natural, del que se obtiene el nitrógeno que utilizan los agricultores. “El nitrógeno que utilizamos para abonar se saca del gas, así que cuando sube la energía suben también nuestros costes”, señala. Pero en el caso del olivar la crisis llega además en mitad de una campaña complicada. Las lluvias han impedido terminar la recolección con normalidad y han dejado parte de la producción en el campo. “Nos pilló la lluvia con un tercio de la cosecha sin recoger y de ese tercio la mitad se ha quedado tirada en el campo”, explica.

La combinación de pérdidas y aumento de costes está poniendo contra las cuerdas a muchas explotaciones. “Es como una empresa que pierde el 15% de sus ingresos y al mismo tiempo ve subir sus costes otro 15%”, resume Elvira. El agricultor también advierte de que el mercado del aceite de oliva es especialmente sensible a cualquier movimiento geopolítico. “Somos un sector muy psicológico y cualquier noticia internacional afecta al precio del aceite en origen”, afirma. De hecho, asegura que en estos momentos los precios que reciben los productores están incluso a la baja. “La tendencia ahora mismo en el aceite en origen es a la baja”, sostiene.

A su juicio, una de las razones por las que los agricultores no pueden trasladar fácilmente el incremento de costes es el funcionamiento de la cadena alimentaria. “Los precios al final se siguen conformando desde el supermercado hacia el productor”, critica. Aunque existe la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar la venta a pérdidas, Elvira considera que su aplicación es insuficiente. “Es una ley bien intencionada, pero no se ha dotado de presupuesto para que realmente se cumpla”, sostiene.

El encarecimiento de los piensos

La situación tampoco es muy distinta en la ganadería. Clara Torreblanca, ganadera de caprino de leche y productora de huevos camperos en Granada, explica que el aumento del precio de la energía afecta directamente al funcionamiento diario de las explotaciones. “Siempre tenemos un generador de apoyo porque si falla la luz necesitamos mantener el frío para conservar la leche”, explica. Pero más allá del combustible, la mayor preocupación está en la posible subida de los alimentos que se utilizan para el ganado. “En ganadería la materia prima que más utilizamos son los piensos y los forrajes, y ahí es donde tenemos el mayor miedo”, señala.

Torreblanca también advierte de que algunas subidas se están produciendo de forma demasiado rápida como para responder únicamente a la evolución del mercado. “La subida del gasóleo o de los fertilizantes se ha producido en horas, cuando todavía no hay una falta real de materias primas”, afirma, denunciando que existe “una especulación pura y dura” en algunos mercados. Además, alerta de que el aumento del precio de la energía también puede encarecer otros elementos de la cadena alimentaria, como los envases. “El cartón se va a encarecer muchísimo”, explica, algo que terminará repercutiendo en el precio final de productos como los huevos o los lácteos.

A su juicio, esta situación vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad del sistema alimentario europeo ante conflictos internacionales. “En cuanto estalla una guerra en un país del que dependemos para materias primas, el campo europeo empieza a sufrir”, sostiene. Por ello, defiende reforzar la soberanía alimentaria. “No podemos dejar la alimentación en manos de terceros países”, concluye.

El peso económico del campo andaluz

El impacto potencial de estas crisis no es menor en una comunidad como Andalucía, donde el sector agrario tiene un peso clave en la economía. Según datos de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, los productos del olivar alcanzaron en 2024 un valor de 5.401 millones de euros, lo que supone el 31,6% del valor de la producción agraria andaluza.

En términos macroeconómicos, la propia administración autonómica estima que el olivar aporta en torno al 2% del PIB andaluz. Además, su impacto en el empleo rural es muy significativo: una campaña media puede generar unos 18 millones de jornales en la aceituna para aceite y otros 4,25 millones en la aceituna de mesa. La Junta también recuerda la importancia de las exportaciones agroalimentarias andaluzas, especialmente hacia Estados Unidos. En 2025, Andalucía exportó productos agroalimentarios a ese país por valor de 1.165,8 millones de euros, de los cuales 813,6 millones correspondieron a productos relacionados con el olivar.

Desde el Gobierno central, el Ministerio de Agricultura asegura que está siguiendo la situación de cerca: “Desde el Gobierno seguimos muy de cerca la evolución de los precios del petróleo, del gas y de los fertilizantes, porque tienen un impacto directo en los costes de producción agraria y pesquera”. El Ejecutivo afirma que permanece atento a la evolución del conflicto y a sus efectos sobre el sector. “Estamos vigilantes y preparados para afrontar condiciones imprevisibles”, añaden. Entretanto, agricultores y ganaderos siguen pendientes de cómo evolucionará un conflicto que, a miles de kilómetros de distancia, ya empieza a sentirse en los campos andaluces.

Las intensas lluvias que han caído en Andalucía desde principios de año, fruto de siete borrascas de gran impacto, han provocado no solo desalojos, desplazados y daños en las infraestructuras viales, en casas o en paseos marítimos, sino que se han cebado especialmente con el sector primario. Agricultores y ganaderos se esfuerzan en achicar aguas y limpiar sus zonas de trabajo para poder cuantificar qué se ha perdido y cuánto tardarán en volver a la normalidad. Pero el análisis preliminar no es nada halagüeño y desde el campo asumen que las pérdidas son “incalculables”, tal y como vienen también denunciando en estos días organizaciones agrarias como UPA, Cooperativas Agroalimentarias, COAG y Asaja.

El propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, admite que aún no se pueden dar cifras concretas de los daños porque están siendo todavía evaluados. Este mismo viernes, tras reunirse con las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, ha confirmado que el Gobierno está abierto a abordar la flexibilización de la PAC, “repasar” los módulos del IRPF de 2026 y el número de peonadas y “trabajar” para que estén garantizados los contingentes de trabajadores de terceros países que son “necesarios” para las tareas del campo. Asimismo, asegura que habrá ayudas directas y créditos y avales.

Provincias como Cádiz y Málaga se han visto especialmente dañadas por este tren de borrascas y quienes tienen sus explotaciones agrícolas y ganaderas en ambos puntos son quienes más problemas están acarreando. Pero la intensidad de las lluvias, que apenas han dado tregua, también ha tenido su efecto en el resto de Andalucía, ya que, según datos del Ministerio de Agricultura, solo en el sector agrícola se han visto dañadas más de 14.000 hectáreas de la comunidad autónoma, más de la mitad de las 22.000 que han sufrido el efecto de las borrascas en toda España. Una realidad que hace que el sector primario pida ayuda a las administraciones, pero también levante la voz recordando que hay políticas de prevención que no se han llevado a cabo.

Porque lo que en estas semanas han perdido tardarán tiempo en recuperarlo y la nueva realidad a la que parece enfrentarse España ante el cambio climático implica que el futuro tiene que pasar por debates en los que el campo tiene mucho que decir desde hace años. Ese es el caso precisamente de los agricultores del Bajo Guadalete, en la provincia de Cádiz, uno de los puntos más castigados por las precipitaciones y también uno en los que los problemas históricos se acumulan. Así lo explica José Miguel Hernández, que a sus 41 años representa un perfil poco común del sector primario: el de un empresario joven que como tal exige también la modernización del campo.

Lloviendo sobre mojado

Hernández es propietario, junto con su hermano, de una gran extensión agrícola en esta zona de la provincia de Cádiz. Por eso mismo, sabe que, sin poder haber comprobado al detalle qué daños ha sufrido su explotación, las pérdidas serán “incalculables”. Las parcelas siguen anegadas y los caminos rurales destrozados, lo que impide incluso que los peritos puedan acceder a todas las fincas. En su caso, que planta sobre todo cultivos hortícolas, asume que si deja de llover no podrá empezar a plantar de nuevo hasta finales de mayo, lo que hace que pierda por completo la campaña agrícola de verano, salvo que pueda arrendar un campo que no esté dañado mientras se recupera el suyo. Solo en pérdida de cultivos, calcula unos 220.000 euros.

Pero su análisis va más allá del temporal. Sostiene que el campo lleva años advirtiendo de la necesidad de invertir en infraestructuras hidráulicas, limpieza de cauces, mantenimiento de canales y mejora de drenajes. “Esto no es solo la lluvia, es que no se ha invertido lo suficiente en prevención”, defiende. A su juicio, las precipitaciones han evidenciado carencias estructurales que arrastran desde hace décadas y que ahora multiplican los daños. En todo el Bajo Guadalete, explica, hay alrededor de 400 kilómetros de tuberías obsoletas de fibrocemento, mientras se invierte en “cosas que no hacen falta, pero que vienen bien para el turismo”. En cuanto al sistema que hay en su explotación, las pérdidas de las canalizaciones rondarán los 40.000 euros.

En una zona históricamente sensible a las crecidas, los agricultores reclaman planes integrales que contemplen tanto la gestión del agua en épocas de sequía como la evacuación en momentos de lluvias extremas. “No se puede hablar solo de ayudas después del desastre. Hay que hablar de inversión antes de que ocurra”, insiste Hernández, que reivindica un modelo de campo más tecnificado y preparado para escenarios climáticos cada vez más imprevisibles.

Si en la campiña gaditana el agua ha ahogado cultivos, en el interior de Jaén ha provocado un golpe todavía más doloroso: la muerte de cientos de animales en plena paridera, el periodo de tiempo en el que las madres crían. Antonio Punzano, ganadero trashumante de ovino con más de tres décadas de experiencia, reconoce que nunca había vivido algo igual. “Estamos rondando el 60% de los corderos perdidos”, lamenta.

Los números no dan

No se trata solo de que haya llovido mucho, sino de que no ha parado. “Siempre han estado mojados, siempre”. La humedad constante ha debilitado a las crías recién nacidas, que si no maman en las primeras horas mueren, y ha favorecido infecciones entre las que han logrado sobrevivir. “De tantas bajas como este año, nunca jamás lo había visto”, asegura. Lo habitual, explica, es que en explotaciones como la suya se puedan perder entre 30-40 crías en épocas de lluvias de entre 300 y 400 corderos, pero ahora la cifra se ha multiplicado por seis. “Las ayudas deben llegar, pero de forma justa y que no perjudiquen a los que sí estamos afectados porque no es lo mismo los que somos trashumantes que quienes tienen a sus rebaños en ganaderías cercadas y techadas”.

De este modo, las pérdidas económicas, solo en su explotación, oscilan entre los 15.000 y los 20.000 euros. Pero el daño es también estructural: muchas de las crías fallecidas eran futuras madres, lo que compromete la reposición del rebaño y retrasa la producción durante meses. “Al menos, los pantanos van a estar llenos para los próximos años”, se consuela. No obstante, como el resto del sector, cree que hacen falta inversiones. Al ser ganadero trashumante y no tener un lugar físico en el que recoger a los corderos, considera que han de construirse zonas específicas para situaciones en las que se produzca un clima tan adverso, que parece que será la tendencia por el cambio climático.

Situación complicada e incierta

En la provincia de Málaga, la situación tampoco es sencilla. En Antequera, Carmen Roldán, ganadera de ovejas al frente de una explotación familiar, describe un escenario límite que combina el impacto de las lluvias con problemas previos como la lengua azul. “Nunca habíamos vivido una situación tan complicada y tan incierta como la actual”, afirma. Entre el aumento de costes –piensos, gasóleo, electricidad...– y las pérdidas derivadas de la enfermedad, habla de “varios miles de euros” y de una rentabilidad cada vez más estrecha. “Trabajamos más que nunca para ganar menos que nunca”. A ello se suma, denuncia, una burocracia creciente y ayudas que no llegan. “Las ayudas que no llegan a tiempo no solucionan nada”.

Desde la Junta de Andalucía, la Consejería de Agricultura asegura que está evaluando la situación dentro de sus competencias y trasladando los datos a Presidencia y Hacienda para realizar el cómputo total de daños y articular las ayudas. Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha solicitado también a la Comisión Europea la activación de la Reserva de Crisis Agrícola para apoyar a las zonas afectadas y ha avanzado cifras provisionales que sitúan en torno a 14.000 las hectáreas dañadas en Andalucía.

Mientras las administraciones evalúan y preparan planes de respuesta, el campo insiste en que la solución no puede limitarse a compensaciones puntuales. La prevención, la inversión en infraestructuras y la adaptación al nuevo escenario climático son, para agricultores y ganaderos, cuestiones pendientes que esta cadena de borrascas ha dejado al descubierto. Porque más allá de las cifras, lo que se ha puesto en evidencia es la fragilidad de un sector que sostiene buena parte de la economía rural andaluza. Y si no se refuerzan los cimientos, advierten, el próximo temporal volverá a encontrar al campo igual de expuesto.

Los agricultores y ganaderos de La Rioja, 1.600 según los convocantes, se han manifestado este martes en Logroño para protestar contra la firma del acuerdo comercial con Mercosur, las directrices de la nueva Política Agraria Común (PAC), ademas de la creciente pérdida de rentabilidad del sector agrario. La movilización, que ha transcurrido entre la Delegación del Gobierno y el Parlamento de La Rioja, han reclamado la importancia del sector: “Sin rentabilidad no hay continuidad, sin continuidad no hay campo y sim campo desaparece una parte esencial del equilibrio territorial, social y ambiental de nuestros pueblos”.

Durante la jornada, convocada por las organizaciones profesionales agrarias, los manifestantes han reclamado el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria para asegurar que los precios de venta cubran los costes de producción. Asimismo, han expresado su rechazo al aumento de burocracia y la competencia de productos importados de terceros países que no cumplen las mismas normativas que los europeos, exigiendo medidas que garanticen la viabilidad económica del campo riojano ante el actual escenario de crisis de rentabilidad.

La manifestación del campo andaluz se cancela ante las adversidades meteorológicas provocadas por el paso del temporal en la provincia de Sevilla. La tractorada que estaba prevista para mañana jueves 29, en protesta por los acuerdos comerciales de Mercosur y las modificaciones de la Política Agraria Común (PAC), ha sido suspendida por la secretaría de FEICASE y aplazada hasta nueva fecha.

La cita pretendía reunir a miles de agricultores y ganaderos andaluces, con sus respectivos tractores, desde distintos puntos de Andalucía. Las entidades convocantes eran ASAJA- Sevilla, COAG Sevilla, UPA Sevilla y Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, desde donde se había escogido esta fecha en consonancia con las protestas que se realizarán en más de una treintena de provincias. La idea original era partir desde Isla Mayor, Alcalá del Río, Carmona y Los Palacios y Villafranca hasta confluir en la capital hispalense, culminando la marcha en plaza de España, ante la Subdelegación del Gobierno.

No es la primera vez ni la última que los integrantes del sector salen a la calle para poner sobre la mesa del debate los principales perjuicios contra los que se enfrentan: la escasez de trabajadores, el aumento de los costes de producción y la falta de inversión en competitividad. Frente a Mercosur, Rafael Sánchez de Puerta, presidente del Sector Aceite de Oliva nacional en Cooperativas Agro-alimentarias, manifestaba que los aranceles hacia Sudamérica tardarían una media de 15 años en ser eliminados cuando desde los países latinoamericanos están prácticamente resueltos, a falta de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicte su veredicto.

“Protección”

En un día marcado por las alertas meteorológicas, Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, había asegurado tras el Consejo de Gobierno que eran “comprensibles” las protestas de las organizaciones agrarias. Por ello, ha determinado que la Junta de Andalucía se alinea con el descontento del sector y está “radicalmente en contra” del acuerdo, en todo caso, ha matizado que, si bien no están en contra del mercado, “las reglas del juego deben ser las mismas para todos los competidores”.

“La Junta está del lado del campo”, ha subrayado Fernández-Pacheco, que ha asegurado una “defensa férrea” del sector primaria así como la reclamación a la UE de seis medidas para aplicar con “garantías” el acuerdo de Mercosur. Entre ellas, ha pedido claúsulas de salvaguarda “efectivas”, con mecanismos de aplicación “automáticos”. Igualmente, unas condiciones de competencia “justas” e “intensificar los controles” para ofrecer “más transparencia”.

Nuevas competencias

El Parlamento Europeo acordó, por una diferencia de apenas diez votos, denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas de su compatibilidad con el Derecho comunitario, lo que en la práctica suspenderá el proceso de ratificación del pacto, pero no necesariamente de su aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea.

La propuesta de pedir un dictamen jurídico al Alto Tribunal europeo promovida por la izquierda europea salió adelante con 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, mientras que decayó una segunda iniciativa similar, esta vez avalada por la ultraderecha de Patriotas por Europa, que fue rechazada por 225 votos a favor, 402 en contra y trece abstenciones.

Por parte de las organizaciones, han apuntado en un comunicado que los sectores que podrían parecer “beneficiados”, como el aceite de oliva o el vino, “no obtendrán ventajas reales a corto plazo debido a los largos periodos transitorios antes de la plena liberalización”. A su juicio, los avances con las cláusulas de salvaguardia son “totalmente insuficientes”. Son un anexo al acuerdo que desde Mercosur ya han confirmado que no van a cumplir y resultan imposibles de controlar en una UE sin un control de fronteras común y sin controles en origen.

También, han encontrado que la propuesta del nuevo Marco financiero Plurianual (MFP) apunta a un recorte presupuestario y a la desaparición de la arquitectura de la PAC, lo que “debilitará aún más al sector agrario europeo, y en consecuencia a la propia UE”, han sostenido en un comunicado. “El incremento de los costes de producción, especialmente en fertilizantes y energía, es otro de los factores que empujan al sector a movilizarse. A ello se suma una burocracia creciente que, lejos de simplificar, complica el trabajo diario de agricultores y ganaderos y resta competitividad al sector”, han reseñado.

Resto de provincias

En Almería, Asaja y COAG, secundadas por el apoyo de Cooperativas Agro-alimentarias y Coexphal, han citado a los manifestantes a las 11.30 horas frente a la puerta de Subdelegación de Gobierno. Asimismo, las provincias de Cádiz y Córdoba también han convocado a los que deseen adherirse a estas protestas a las 11.00 horas frente a sus respectivas Subdelegaciones del Gobierno.

En cambio, en Huelva también han citado a los afectados a puertas de la Subdelegación del Gobierno onubense, aunque se ha fijado a las 10.00 horas. En Jaén se producirá la concentración más tardía entre las provincias andaluzas, a las 12.00 horas, con una lectura de un manifiesto frente a la Subdelegación del Gobierno. No obstante, han fijado tres puntos de encuentro previos a las 10.00 horas en el campo de fútbol, en la fábrica de cerveza y en el aparcamiento del tranvía, para que los manifestantes se sumen posteriormente al unísono a la mencionada lectura del texto.

Por su parte, en Granada se ha anunciado una 'gran tractorada' a las 10.00 horas en el Polígono El Florido, con un trayecto que proseguirá en la Avenida de la Constitución y finalizará sobre las 13.30 horas en Neptuno, tras pasar por la Avenida Andalucía, Gran Vía y Reyes Católicos. La hora final de recogida se ha fijado a las 14.00 horas.

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha asegurado este miércoles que la granja de codornices de Juneda (Lleida) denunciada por las condiciones de falta de higiene y presunto abandono animal pasó las inspecciones que debía. “En todos los casos se ha constatado el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente”, señalan en un comunicado los responsables de la Generalitat. 

La entidad animalista ARDE denunció recientemente ante la Fiscalía la explotación leridana, después de grabar imágenes en su interior –a las que tuvo acceso en primicia este diario– en las que se observan aves que conviven con excrementos y cadáveres en descomposición. Además, aportaban un informe veterinario que advertía de graves deficiencias y de que lo que se veía en las grabaciones era incompatible con las garantías de bienestar animal.

ARDE lamentó en este sentido que la explotación, que pertenece al grupo Urgasa, cuente con el certificado Welfair de bienestar animal. Fuentes del organismo que otorga este sello informaron a elDiario.es de que han iniciado una investigación a las instalaciones señaladas. 

Por parte de la Generalitat, defienden que la granja superó las inspecciones, aunque no detallan cuáles ni cuándo. “En caso de detectarse cualquier incumplimiento en materia de bienestar animal, la Administración actúa de forma inmediata mediante los mecanismos sancionadores correspondientes”, añaden, aunque se entiende que no se plantean hacerlo en el caso denunciado en Juneda. 

La macrogranja leridana de Urgasa dispone de un complejo ganadero con cinco naves destinadas a la cría de codornices, una nave a la cría de perdices, otra a la incubadora de huevos de codorniz y finalmente un matadero avícola. Tras la publicación de las imágenes y de la denuncia, también la empresa se defendió alegando que las imágenes estaban editadas y que las afirmaciones no eran ciertas.

Con todo, lo que se aprecia en las grabaciones son cadáveres en estado avanzado de descomposición en contacto con las aves vivas, suciedad y heces acumuladas, codornices con el cuello mordido e incluso algunas de ellas dentro de la cinta que recoge los excrementos. Todo ello, según una veterinaria colegiada, incumpliría distintas normas de higiene y bienestar animal.

“El campo no puede más, el campo dice basta”, son las palabras que más se repitieron en las pancartas que esta mañana cruzaron Oviedo en un grito desesperado por salvar al campo asturiano ante la amenaza de las consecuencias que puede traer consigo el acuerdo entre Mercosur y la UE.

El centro de Oviedo se convirtió este viernes en escenario de una masiva protesta agrícola y ganadera. Decenas de tractores, alrededor de 200 según los organizadores, bloquearon las calles de la ciudad en rechazo al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) que podría condenar al fin de la producción de cientos de agricultores y ganaderos asturianos.

El sector primario no está de acuerdo con que se permita aumentar el intercambio de productos agrícolas e industriales entre ambas regiones porque los países sudamericanos cuentan con costes de producción más bajos y normativas menos estrictas en materia ambiental y laboral, lo que genera lo que consideran una competencia desleal para el sector primario europeo.

Momentos de tensión

La marcha, convocada por las organizaciones agrarias URA, USAGA, COAG y ASAJA, comenzó al mediodía en La Pixarra, en las afueras de Oviedo, y avanzó hacia la Plaza de América, donde se unieron cientos de personas a pie. La columna finalizó frente a la Delegación del Gobierno en la Plaza de España, donde se celebró una concentración. Hubo momentos de tensión, fruto de la desesperación con la que el campo asturiano se enfrente a las consecuencias de este acuerdo.

Los agricultores y ganaderos asturianos aseguran que el tratado enfrentará a los productores locales con países donde los costes de producción son más bajos y la normativa medioambiental y laboral, menos estricta. Difícil competir con precios tan bajos, pero además los productores locales explican indignados que van a entrar productos en los lineales que no cumplen con los exigencia sanitarias europeas.

Esta tractorada, que ha colapsado el centro de Oviedo y que ha contado con el apoyo de cientos de personas que desde la calle o desde su casas animaron a los manifestantes, se suma a otras protestas convocadas hoy en distintas ciudades españolas, como Mérida y Burgos, en rechazo al acuerdo tras más de veinticinco años de negociaciones.

La Unión Europea dio el pasado viernes luz verde al tratado, que será rubricado en Paraguay en medio de las protestas del sector agrícola europeo. En Asturias, donde la agricultura y la ganadería juegan un papel fundamental en la economía local, los representantes del sector advierten de que la entrada en vigor del acuerdo afectará y mucho a pequeños productores de leche, carne y productos autóctonos. “Ojala sirva para algo”, fue la frase más escuchada en Oviedo en boca de los cientos de manifestantes, que claman contra este acuerdo que temen que les llevará a la ruina.

Las organizaciones agrarias APAG Extremadura Asaja, UPA-UCE, La Unión y Asaja Cáceres, convocantes de las protestas del campo extremeño contra el acuerdo con Mercosur, la reforma de la PAC y el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, han calificado de “exitosa” la primera jornada reivindicativa, con unos 2.500 tractores participantes.

Las marchas lentas de los tractores por las carreteras se han desarrollando sin incidencias destacadas en el tráfico, salvo retenciones puntuales en la N-430, a la altura del Valdivia, en la N-432, cerca de Azuaga, y la entrada a Navalmoral de la Mata (Cáceres).

En total ha habido tres tractoradas en la provincia de Badajoz y dos en la de Cáceres, en puntos como Valdivia, Plasencia, Navalmoral de la Mata y la zona de Tierra de Barros para exigir “que se escuchen los problemas del campo y se tomen decisiones acertadas”, según las organizaciones convocantes que hablan de “participación masiva”.

Las movilizaciones responden al “profundo malestar” existente ante el recorte del 23% del presupuesto planteado en la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC), han expuesto en un comunicado conjunto.

Además, los acuerdos comerciales con terceros países como Mercosur, Camboya o Birmania, “que no exigen las mismas condiciones productivas, sanitarias y medioambientales que se imponen al campo europeo”, es otro de los motivos de la protesta.

A ello se suman reivindicaciones como la puesta en marcha de una medida de apoyo específica para los ganaderos de ovino por las graves pérdidas sufridas en 2025 a causa de la lengua azul, un etiquetado claro que garantice el origen de la miel y un incremento del presupuesto destinado a las ayudas acopladas para sectores estratégicos como el arroz y el olivar tradicional.

Se trata de la primera de los dos jornadas de protesta convocadas en Extremadura (la siguiente será el viernes 23).

Asimismo, La Unión ha anunciado una gran movilización en Madrid el próximo 11 de febrero, “si los responsables políticos no adoptan medidas reales y urgentes”, ha recalcado la organización.icipios y carreteras menores.

Las organizaciones agrarias URA, USAGA, COAG y ASAJA han convocado para el próximo viernes una manifestación con tractores en Oviedo en protesta por el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur, que consideran pone en riesgo la viabilidad del sector primario, incapaz de competir en igualdad de condiciones.

La manifestación partirá a las 11:00 horas desde La Pixarra, al oeste de la ciudad de Oviedo, con una columna de tractores y maquinaria agrícola, a la que se sumarán personas a píe en la Plaza de América para confluir frente a la Delegación de Gobierno, han informado portavoces de las organizaciones.

Denuncian competencia desleal

Además, pedirán una reunión con la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, para pedirle que traslade el malestar del sector al Ejecutivo central por un acuerdo que, entienden, “constituye competencia desleal”, al tener los países de Mercosur -Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- costes de producción más bajos y normativas menos rigurosas que Europa.

El acuerdo UE-Mercosur “puede ser la destrucción del sector cárnico asturiano y afectará también a otros productos como las fabas y la miel y se ha hecho para beneficiar a la industria automotriz con la venta de coches importados” en esos países sudamericanos, ha afirmado el secretario general de COAG, David Pérez, en una rueda de prensa.

“No se aplican los controles”

El presidente de ASAJA, Ramón Artime, ha destacado que los agricultores y ganaderos comunitarios “van a tener que competir con países donde no se aplican los controles de calidad, las limitaciones en el uso de fitosanitarios ni la normativa de bienestar animal” que rige en Europa.

“Va a ser muy difícil competir mientras no se nos permita producir con las mismas condiciones que en esos países”, ha destacado Artime.

El coordinador de URA, Borja Fernández, ha valorado la calidad de las razas de ganado autóctonas de Asturias, y ha calificado de “basura” la carne que se produce principalmente en Argentina y Brasil.

El coordinador de USAGA Asturias, José Álvarez, ha anunciado que esta organización también participará en la tractorada convocada para el 11 de febrero por asociaciones agrarias nacionales en Madrid.

El eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, ha denunciado la decisión de los gobiernos europeos de aplicar provisionalmente el acuerdo con Mercosur sin pasar por el filtro del Parlamento Europeo. Esta maniobra, aprobada por mayoría cualificada en el Consejo, es vista por la formación valencianista como un “grave precedente democrático” que tiene un objetivo claro: acelerar un pacto cuyas consecuencias recaerán directamente sobre los agricultores, ganaderos y empresas de nuestro territorio.

Para Marzà, el acuerdo no es solo una cuestión de geopolítica internacional, sino una amenaza real para la supervivencia de sectores estratégicos valencianos. El texto actual obliga a las producciones agroalimentarias locales a competir en desigualdad de condiciones con productos sudamericanos. Mientras los productores valencianos están sujetos a estrictas normativas de la UE, las importaciones de Mercosur entrarán con estándares ambientales, sanitarios y laborales muy inferiores. Esta brecha no solo fomenta una competencia desleal, sino que pone en riesgo la viabilidad del campo valenciano, que ya atraviesa una situación de vulnerabilidad extrema.

El impacto no se limita a la agricultura; la industria valenciana también se verá agraviada. Compromís advierte que el acuerdo consolida un modelo extractivista y contaminante que choca con los valores de sostenibilidad que Europa dice defender. Según Marzà, es “inaceptable” que el futuro de la industria y el campo valencianos se utilice como moneda de cambio en un sistema de comercio que tilda de “socialmente injusto” y perjudicial para el clima.

Críticas a la desprotección institucional

Desde el grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, se ha intentado hasta el último momento reforzar las cláusulas de salvaguardia para blindar a los productores europeos —y específicamente a los valencianos— ante posibles oleadas de importaciones masivas o crisis de mercado. No obstante, Marzà lamenta que la mayoría de estas propuestas han sido rechazadas, resultando en un sistema de protección “débil e insuficiente”. En este sentido, el eurodiputado señala directamente la responsabilidad del PP y el PSOE en la promoción de este marco normativo que, a su juicio, deja desamparado al territorio valenciano frente a las grandes corporaciones transnacionales.

Ante la ratificación de la firma por parte del Consejo, la estrategia de Compromís se traslada ahora al ámbito judicial. El grupo ya trabaja para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declare ilegal el acuerdo, al considerar que se ha esquivado deliberadamente el control democrático parlamentario para imponer un tratado que “sacrifica el futuro de nuestra tierra”. La formación insiste en que cualquier avance en las relaciones con América Latina debe ser coherente con los derechos laborales y la protección del medio ambiente, sin convertir a los sectores productivos valencianos en el eslabón más débil de la cadena europea.

Una sesentena de tractores que llevan toda la jornada del jueves protestando contra el acuerdo de la UE con Mercosur ha decidido llevar a cabo una “acción más contundente” y han cortado la carretera C-16 con intención de pasar allí la noche. “Ya que los políticos locales no nos hacen caso, a ver si haciendo más fuerza llegamos donde hay que llegar”, ha apuntado Jaume Prats, miembro de Revolta Pagesa.

Los concentrados son los agricultores procedentes de las comarcas de la Catalunya Central y que, después de las marchas y acciones conjuntas, se han quedado concentrados en la confluencia entre el Eje del Llobregat (C-16) y el del Lluçanès (C-62). A pesar de que han asegurado que su intención inicial no era cortar carreteras, hacia las 17 horas han levantado la concentración y han dirigido los vehículos hacia la C-16 para cerrarla.

Allí han hecho hogeras con paja para pasar las horas de más frío porque, aseguran, tienen pasado pernoctar en la carretera. Y, a partir del viernes, decidirán en asamblea los pasos a seguir. “Veremos si la gente tiene ganas o no de luchar para reivindicar sus derechos”, ha añadido Prats.

Lo mismo han hecho medio centenar de tractores que han cortado la A-2 a la altura de Fondarella. Los concentrados han decidido que pasarán la noche, al menos, de este jueves. El viernes a primera hora han convocado una asamblea para decidir si se quedan o se dirigen a Tarragona.

El corte ha provocado congestiones en la N-II desde Mollerussa hasta Bell-lloc, el tramo por el que los Mossos están desviando los vehículos de la autovía.

También se han sumado a los cortes de carreteras los agricultores del Pallars (Lleida), que han cortado la N-260 en Sort y la N-230 en Les Bordes. Por su parte, la C-38 en su paso por el coll d'Ares sigue cortada desde la mañana.

Estos corte de carretera se enmarca en una jornada de protesta contra el acuerdo Mercosur y los recortes que denuncia en la Política Agraria Común (PAC) que ha registrado cortes de carreteras desde primera hora de la mañana. Los primeros han sido los agricultores de Girona, que han imposibilitado la circulación por la AP-7 desde la madrugada y que todavía siguen apostados.

Otros sesenta vehículos también mantienen cortado el acceso al puerto de Tarragona por la A-27. El portavoz del Gremi de la Pagesia en Girona, Jordi Ginabreda, explica que el corte será indefinido hasta que frene el acuerdo con el Mercosur. En este sentido, Ginabreda ha señalado que el acuerdo es malo para el sector, pero también para la ciudadanía, ya que “juega con la seguridad alimentaria”.

“Hay que tener en cuenta que aquí llegarán alimentos del Mercosur hechos con productos que aquí son ilegales. Qué gobiernos tenemos que utilizan la alimentación y el sector primario como moneda de cambio”, ha lamentado Ginabreda.

El portavoz ha destacado además que están en contacto con otros agricultores de toda Europa porque “es una protesta contra la política agraria europea”. “Sabemos que hay compañeros en Le Boulou, otros que van a bloquear París y Alemania e Italia también salen hoy”, ha desvelado.

Los Mossos han desplegado una fuerte presencia policial justo en el tramo donde confluyen la AP-7 y la N-II y que se ha convertido en uno de los lugares habituales de protesta de los payeses. Sin embargo, no se ha registrado ningún incidente con la policía.

Para acceder a la autopista, los agricultores han abierto un paso junto a un campo, por el que han entrado con los tractores. Para cortar las vías también han colocado neumáticos en la carretera. Sin embargo, antes de las nueve de la mañana, han decidido levantar el bloqueo para vehículos, pero mantendrán la restricción de paso a camiones.

Una decisión que se ha tomado en una asamblea realizada por la sesentena de personas concentradas en la AP-7. Dos agricultores han sido los responsables de retirar la pila de neumáticos que bloqueaba el paso por la N-II, que ya vuelve a estar operativa. Desde el Gremi de la Pagesia señalan que con la reapertura quieren hacer patente su voluntad de no afectar a los vecinos y la ciudadanía.

En un comunicado, el sector señala que el acuerdo con Mercosur permite “la entrada masiva de productos agrícolas y ganaderos producidos con elementos y normas que están prohibidos aquí”, como algunos tipos de pesticidas peligrosos. Además, también señalan que están los costes laborales, la deforestación masiva y que existe una falta evidente de controles. Todo ello, añaden, supone una “competencia desleal” hacia ellos.

Con éste y otros acuerdos comerciales internacionales, dice el sector que pierde soberanía y seguridad alimentaria y que se pone en riesgo la salud de la población, porque los alimentos importados no garantizan la misma seguridad alimentaria ni reciben los mismos controles que aquí se exigen.

También reclaman una PAC “fuerte” y unos controles sanitarios “realistas y adaptados al territorio”, en paralelo a una gestión “eficiente” de la fauna salvaje y cinegética. A todo ello, los agricultores añaden entre sus denuncias los recortes que aseguran que prevé la PAC y la imposición de protocolos de sanidad animal que consideran “absurdos e ineficaces, diseñados desde lejanos despachos y completamente desconectados de la realidad del campo”.

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria inicia este lunes, 5 de enero, una nueva campaña de saneamiento ganadero que se extenderá a la totalidad de la cabaña de Asturias. El programa, dotado con 6,6 millones de euros, tiene como objetivo prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas, preservar la salud pública y mantener el estatus sanitario que permite al sector ganadero asturiano operar en los mercados nacionales e internacionales sin restricciones adicionales.

La campaña incluye la ejecución y el seguimiento de los programas de prevención, lucha, erradicación y control de enfermedades animales, así como la limpieza y desinfección de las explotaciones que realizan vacíos sanitarios. A estas actuaciones se suman las labores de apoyo a los servicios veterinarios oficiales y un sistema específico de vigilancia y control de la tuberculosis en fauna silvestre, que contempla la toma de muestras en animales de caza, la captura de tejones y distintos análisis ambientales.

Salud y seguridad agroalimentaria

Entre las medidas previstas figura también la identificación electrónica equina, que, al igual que en los dos últimos años, tendrá carácter gratuito para los ganaderos.

El saneamiento ganadero constituye una herramienta clave para garantizar la salud y la seguridad agroalimentaria, reducir las pérdidas económicas en las explotaciones y mejorar la productividad del sector. Asturias aplica estos controles de forma continuada desde los años cuarenta del siglo pasado, lo que ha permitido al Principado ser declarado oficialmente libre de enfermedades como la leucosis bovina enzoótica, la brucelosis bovina, ovina y caprina, y la perineumonía contagiosa bovina. Desde 2021, la comunidad también está reconocida como zona libre de tuberculosis bovina, un estatus que facilita el movimiento de animales y la apertura de nuevas salidas comerciales.

Control de turberculosis en todas las explotaciones

Para mantener esta calificación sanitaria, la campaña de este año, de carácter obligatorio y gratuito, contempla pruebas diagnósticas adaptadas a cada tipo de explotación. En el caso del ganado bovino, se realizarán controles de tuberculosis en el cien por cien de las explotaciones, mientras que las pruebas de brucelosis, leucosis enzoótica y perineumonía se limitarán a un porcentaje de ellas. En ovino y caprino se llevarán a cabo controles de brucelosis y de tuberculosis en las explotaciones caprinas que convivan con bovinos o que soliciten disponer de calificación sanitaria.

En el sector porcino se mantendrán los programas de vigilancia serológica de la peste porcina clásica y africana, así como los planes de control y erradicación de la enfermedad de Aujeszky. Este año, la Consejería reforzará especialmente el seguimiento de la peste porcina tras confirmarse la presencia de la enfermedad en España, con pruebas que se extenderán también a poblaciones de jabalí.

Seis zonas

La campaña divide el territorio asturiano en seis zonas. Las primeras rutas de control comienzan hoy en Peñamellera Alta, Piloña, Proaza, Tineo y Villayón, así como en el ganado trashumante. El calendario establecido exige una coordinación constante entre el personal veterinario, los ganaderos y la Administración, y se ajusta a la normativa estatal y europea en materia de sanidad animal.

Este año continuará, además, el plan integral de actuación contra la tuberculosis bovina iniciado en 2025 en Tineo, que cuenta con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, así como el que se desarrolla en el concejo de Parres.

Tras la realización de las pruebas, las explotaciones reciben una calificación sanitaria que determina tanto el estado de salud del ganado como las posibilidades de movimiento de los animales y el acceso a los mercados, en un contexto marcado por unas exigencias sanitarias cada vez mayores.

El Principado de Asturias ha decidido ampliar hasta el 31 de diciembre las restricciones en el mercado de ganado de Siero para minimizar el riesgo de propagación de enfermedades entre el ganado bovino. La medida busca proteger al sector ganadero sin paralizar por completo la actividad económica.

A pesar de la extensión del cierre parcial, se permitirá seguir vendiendo vacas, toros y bueyes de más de un año que lleven en la región desde al menos el 22 de octubre, fecha en la que comenzaron a aplicarse las medidas extraordinarias. Además, el mercado seguirá funcionando como punto de carga para terneros menores de un año.

Medidas desde otras comunidades

Los transportes procedentes de otras comunidades deberán acceder vacíos, limpios, desinfectados y desinsectados, y se mantiene la obligación de presentar autorización previa para descargar animales que atraviesen zonas de riesgo. En estos casos, será necesario notificar el traslado con 30 días de antelación y obtener la validación de los servicios veterinarios oficiales, que supervisarán la carga en La Pola Siero.

Por otro lado, sigue prohibida la celebración de ferias y mercados bovinos hasta final de año, aunque sí se autorizan los eventos con ganado caprino, ovino y caballar.

La Consejería de Medio Rural recuerda la importancia de cumplir estrictamente las recomendaciones sanitarias: limpiar y desinfectar animales y vehículos de transporte, realizar inspecciones clínicas y comunicar cualquier sospecha de enfermedad de manera inmediata. La detección temprana es clave para contener posibles brotes y proteger tanto a los animales como a la economía local del sector ganadero asturiano.

La Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria ha iniciado el proceso de pago de las ayudas correspondientes a la convocatoria de 2024, que se abonarán la próxima semana y repartirán un total de 3.959.567 euros entre un total de 43 empresas del sector agroalimentario.

A este inicio de los pagos de la convocatoria de 2023 se suman los ya realizados correspondientes a la de 2021 -ejecutados este año-, que ascendieron a 674.264 euros y beneficiaron a ocho empresas agroalimentarias. Por lo tanto, la Consejería de Desarrollo Rural ha destinado en 2025 un total de 4.633.831 euros de fondos autonómicos a 51 industrias.

Así lo ha anunciado este viernes el Gobierno de Cantabria, como parte de las primeras ayudas destinadas a proyectos de inversión en transformación y comercialización de productos agrícolas dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, con una dotación global de 16,4 millones de euros.

El crédito inicial de 14,4 millones de euros -publicado en el Boletín Oficial de Cantabria del 9 de abril de 2024- fue ampliado en marzo de 2025 en 2 millones adicionales ante la alta demanda del sector.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con “el fortalecimiento del sector agroalimentario, clave para el desarrollo rural y la generación de empleo”.

Estas subvenciones apoyan inversiones estratégicas para la modernización, competitividad y sostenibilidad de la industria alimentaria cántabra que implican un paso “muy importante en el impulso a la modernización y competitividad del sector agroalimentario de Cantabria”.

Además, se incrementan los porcentajes de ayudas para las empresas agroalimentarias, tanto para las pequeñas y medianas empresas, que pasarán de percibir un 30 a un 35%, como para las grandes empresas, que pasarán de un 18 a un 25%.

Las organizaciones agrarias de Cantabria han pedido a todos los grupos parlamentarios --PP, PRC, PSOE y Vox-- que “se pongan de acuerdo” para aprobar el presupuesto autonómico para 2026 para dar así “estabilidad” al sector primario e implementar las nuevas ayudas consensuadas, como el Plan de Recría o el fomento de la producción de carne de vacuno.

Así lo ha detallado en declaraciones a los medios de comunicación el secretario general de UGAM-COAG, Luis Pérez Portilla, después de que un grupo de representantes de las organizaciones haya mantenido este martes encuentros con todos los partidos políticos con representación en la Cámara regional.

Según ha explicado, en las reuniones con los diferentes grupos se ha hablado de “las necesidades” del sector y de que haya una estabilidad presupuestaria para “el buen funcionamiento del día a día” del mismo, “tan importante y estratégico para la región”, con las partidas que ya existen y las nuevas recogidas en el proyecto de presupuestos que fue rechazado por los grupos de la oposición --PRC, PSOE y Vox-- en el Pleno de la semana pasada.

“Siempre nos andamos quejando de la excesiva burocracia o la lentitud en determinados trámites, y que no haya presupuesto creemos que no nos beneficia en nada, que nos ralentiza”, ha explicado Pérez Portilla.

Por ello, las organizaciones agrarias han solicitado a los grupos parlamentarios que “se pongan de acuerdo” y se implemente el presupuesto para el sector primario, ya que, “no queremos que se vayan alargando las cosas” y que el próximo año los ganaderos no sepan con qué ayudas cuentan o qué tramitación necesitan realizar.

Al respecto, ha señalado que, aunque con la prórroga de los presupuestos las ayudas actuales estarían garantizadas, existe el “miedo” a que las nuevas desarrolladas junto con el sector no se lleguen a implementar, como el Plan de Recría (9 millones de euros en tres anualidades), el fomento de la producción de carne de vacuno (500.000 euros), el Programa de Genómica (200.000 euros), el aumento de las tablas de indemnización del lobo o las destinadas a sufragar gastos derivados de las enfermedades emergentes (100.000 euros).

“Hay una serie de cosas que están pendientes de que se aprueben o no los presupuestos”, ha resumido el secretario general de UGAM-COAG, quien ha trasladado que los partidos les han afirmado que las ayudas se podrían materializar con propuestas parlamentarias. Sin embargo, las organizaciones agrarias han opinado que este trámite es “mucho más farragoso y aumenta la inestabilidad dentro del sector”, han concluido.

Las organizaciones que se han reunido con los grupos parlamentarios son GAM-COAG, ASAJA, UPA y AIGAS, junto con la Federación de Razas Cárnicas de Cantabria, AFCA y las cooperativas Ruiseñada-Comillas y Valles Unidos del Asón.

Apoyo del PP

En un comunicado posterior, el PP ha mostrado su “firme apoyo” al sector ganadero y su “compromiso” con el sector primario. En el encuentro que han mantenido con los representantes agrarios han estado el portavoz parlamentario, Juan José Alonso; la portavoz en Ganadería, Belén Ceballos, y el diputado, Alfonso Gutiérrez.

Alonso ha afirmado que el Gobierno 'popular' “va a seguir defendido” los intereses de este sector “estratégico” para Cantabria “pese al bloqueo de la oposición a los presupuestos regionales de 2026”. Y “como prueba de ello”, ha afirmado que el Plan de Recría se pondrá en marcha en 2026 “sí o sí”.

Además, Alonso ha incidido en que el respaldo del Ejecutivo ya quedó reflejado en el proyecto de presupuestos, “unas cuentas que se negociaron con el sector primario, que recogían sus reivindicaciones y a las que el sector manifestó su apoyo”, ha dicho.

Al respecto, ha criticado que el “bloqueo de los presupuestos” por parte de PRC, PSOE y Vox, “supone un hachazo para este sector de 30 millones de euros”. “Nos encontramos con una oposición que dijo no a unas cuentas por puro tacticismo electoral, urgencias electorales e intereses partidistas”, ha sostenido.

Asimismo, el portavoz 'popular' ha lamentado que con ello, “se hayan llevado por delante los intereses de un sector clave para la economía de Cantabria que genera miles de puestos de trabajo y es clave para el desarrollo del medio rural”.

Por último, ha dicho a la oposición que “de nada sirve lanzar ahora un brindis al sol: el sector primario lo que necesita es que haya presupuesto, porque es bueno para ellos”, y ha insistido en que el PP “está y siempre ha estado” a su lado, como muestra la salida lobo del LESPRE y que Cantabria es la primera comunidad que está haciendo extracciones“, ha concluido.

La peste porcina africana ha regresado a España después de tres décadas libre de contagios. Este virus, que provocó el sacrificio de millones de cerdos en el país hasta que fue erradicada en 1995, fue detectado en dos jabalíes silvestres fallecidos los días 26 y 27 de noviembre en Cerdanyola del Vallès, en Barcelona.

La confirmación de los casos ha obligado por protocolo a bloquear preventivamente numerosas exportaciones de carne de cerdo a países de fuera de la Unión Europea, salvo exepciones con acuerdos bilaterales como China o Estados Unidos. Un revés para un sector ganadero, el porcino español, que es una potencia mundial en exportaciones.

A raíz de estos dos casos en jabalíes silvestres, el departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat ha activado el plan de contingencia para contener la enfermedad, que no se transmite a los humanos ni por contagio ni por consumo de productos derivados del cerdo. El virus sí provoca fiebre elevada, anorexia y hemorragias en los animales, con una mortalidad que puede alcanzar el 100% de los afectados.

Entre otras medidas, la Generalitat ha trazado un radio de 20 kilómetros, que incluye el confinamiento de 39 granjas, para extremar precauciones, evitar desplazamientos de animales y desinfectar. 

Los jabalíes infectados, según detalla la Generalitat, se hallaron en una zona cercana al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en Cerdanyola del Vallès. El laboratorio del CReSa confirmó los positivos, y se enviaron las muestras al Laboratorio Nacional de Referencia de Algete, que lo corroboró. Técnicos de Agricultura y Agentes Rurales mantienen ahora la búsqueda de otros animales muertos en la zona.

La intención de las autoridades es confinar los jabalíes del área boscosa donde se encontraron, con vallas y cierre de pasos para animales, para evitar que salten hacia otros lugares, como podría ser la montaña de Collserola, cerca de Barcelona, con una densidad muy superior de estos animales.

El investigador del Instituto de Investigación y Tecnologia Agroalimentarias (IRTA) especializado en peste porcina africana, Francesc Accensi, ha indicado que el consumo de carne de cerdo es “absolutamente seguro” y que no hay nada que temer. La enfermedad, por ahora, carece de vacuna, pero si se actúa “rápido y con celeridad”, como ha asegurado que se está haciendo, “se puede contener”.

Bloqueo parcial de exportaciones

Con todo, entre los temores del sector está no solo que se infecten sus animales, sino la prohibición de exportar productos derivados del cerdo fuera de la Unión Europea. Sobre esta limitación, España cuenta con acuerdos bilaterales con países que sí permiten la comercialización a pesar de la enfermedad, como es el caso de grandes compradores como China, Estados Unidos o Reino Unido. Por contra, entre los principales que han bloqueado las compras son Japón o México.

El director General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro, ha añadido además que no todos los productos del cerdo quedan inhabilitados preventivamente para la exportación, sino que afecta a unos 121 tipos de certificados de los 400 existentes. “No es una situación tan catastrófica”, ha declarado.

“No todos los países piden lo mismo ni todos los productos son iguales”, ha añadido sobre las condiciones con cada uno de los 112 países a los que se exporta. Lo que sí ha asegurado es que iniciarán negociaciones para poder ir desbloqueando la situación.

Justamente el pasado 12 de noviembre España y China firmaron un protocolo de regionalización de peste porciona africana, que contempla mantener las exportaciones en caso de detectar la enfermedad y solo prohibirla desde la zona afectada. La restricción, en este caso, afecta a la provincia donde se da el contagio, es decir, la de Barcelona. Esto supone de entrada un golpe a la industria porcina de las comarcas centrales de Catalunya, que entre Osona, Bages y Berguedà suma más de 1.000 granjas.

Lo que sí ha querido dejar claro Muro es que las medidas van para largo. “El escenario que contemplo en países complicados, como Japón o México, es de varios meses”, ha reconocido.

España es a día de hoy una potencia mundial en producción de carne de cerdo. La venta de carne de cerdo al país asiático alcanzó en 2024 las 540.000 toneladas por valor de 1.100 millones de euros. Según datos del ministerio de Agricultura, es la cuarta mayor exportadora después de Estados Unidos, China y Alemania. Su producción supone el 19% del total de la Unión Europea, y de puertas adentro la actividad porcina es el 40% de la ganadera.

Aunque no en España, la peste porcina africana ya estaba presente en Europa desde su entrada procedente de Rusia hacia países bálticos y Polonia. “En la actualidad afecta a las poblaciones de jabalíes silvestres y, en algunos casos, a explotaciones de cerdos domésticos en un total de 13 países”, señalan desde Agricultura. Estos son Italia, Alemania, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Grecia, Rumanía, Bulgaria y Croacia). Desde que la enfermedad entró en la UE, añaden desde el ministerio, Bélgica, Suecia y la República Checa consiguieron erradicarla tras aplicar medidas de control. 

Lluís De la Càmara, ganadero de la localidad de Agullana, tiene marcado el día 7 de noviembre en el calendario. Su modesta explotación de 35 vacas se encuentra dentro de la zona de restricción por contagios de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), la enfermedad vírica que ha obligado a sacrificar más de 2.000 reses en la provincia de Girona. Los animales de Lluís están vacunados desde el pasado viernes, explica, pero hasta dentro de dos semanas no se da la inmunidad por desarrollada. Si alguno enferma antes, y si no se actualizan los protocolos, deberá matarlos a todos.

En apenas quince días desde que se confirmó el primer contagio de Dermatosis Nodular en España, este virus ha golpeado ya en al menos 17 granjas de la zona de Girona. Esto ha llevado a la Generalitat no solo a sacrificar sin excepción a los animales de todas esas explotaciones, sino a trazar dos perímetros de 50 kilómetros a su alrededor (uno con el epicentro en la comarca del Alt Empordà y el otro en Cassà de la Selva) para acotar la lucha contra el virus. 

Dentro de esas zonas, que engloban a 153.000 vacas y terneros, el movimiento de estos animales está prohibido –salvo excepciones como ir al matadero–, la leche sale de las granjas en cisternas precintadas y los responsables de las granjas extreman medidas de seguridad y desinsectación para evitar que les alcance el virus. “Estamos preocupados, tenemos miedo, nerviosismo… No sabemos a qué atenernos”, resume De la Càmara. A sus 41 años, si le obligan a sacrificar sus 35 vacas de carne puede que lo deje. “El daño patrimonial sería demasiado bestia”. 

Aunque los contagios están solo en Girona, el temor a la Dermatosis Nodular es ya patente entre los ganaderos de toda España. Se han suspendido ferias de ganado en Cantabria, y en comunidades autónomas como Galicia y Asturias crecen las exigencias para adoptar medidas preventivas. Su mirada está puesta no solo en Catalunya, sino también en Italia y sobre todo en Francia, donde comenzaron los primeros brotes en junio de 2025 y los casos se cuentan ya por decenas. De hecho, la principal hipótesis es que el virus habría entrado por la frontera francesa con Girona. 

Con presencia desde hace años en el sur de África, la Dermatosis Nodular Contagiosa es una enfermedad que solo afecta a bóvidos. Ni a humanos ni a otros animales. Su mortalidad es baja, de entre el 5% y el 10%, pero sus síntomas, como la fiebre, la secreción ocular o el descenso de producción de leche, hacen que las pérdidas económicas sean importantes. 

“La transmisión directa entre animales puede ser lenta, pero los insectos que pican y captan el virus son los que facilitan el contagio”, afirma Enric Vidal, experto en sanidad animal del Instituto de Investigación en Tecnología y Agroalimentaria (IRTA-CReSA) y miembro del Comité Científico en DNC creado en Catalunya para asesorar a la Generalitat. Combatir los mosquitos, las moscas, las garrapatas y los tábanos es uno de los dolores de cabeza de la mayoría de ganaderos de Girona. 

Vidal detalla que la actuación contra la DNC está condicionada por la normativa europea, con sus protocolos adaptados en España, y que obliga a erradicar la enfermedad una vez se detecta un caso. Esto hace que la primera reacción sea lo que llaman el temido “vaciado sanitario”, que significa matar todas las reses de la granja donde hay un contagio. “Es una medida que vale mucho dinero, porque hay que indemnizar al afectado, y que moralmente es muy dura para el ganadero, porque es su forma de vida, y hay que explicarlo bien”, señala Vidal.

Al ser una enfermedad nueva, no está cubierta por los seguros, lamentan desde el sindicato Unió de Pagesos. Para compensar las pérdidas, la Generalitat ha reservado ya 4 millones en ayudas a afectados. 

En paralelo a detección y actuación en los brotes, lo que establecen los protocolos es la creación de un doble perímetro en torno al foco (de 20 y 50 kilómetros, respectivamente) con distintas medidas restrictivas, aunque sin prohibición de comercializar la leche y la carne. En esa área empieza entonces a vacunar a todos los animales, con prioridad de vacas de leche y carne por encima de los terneros. 

Quejas antes de la vacunación 

El operativo de lucha contra la DNC ha sido duramente criticado por los ganaderos de la zona, que acusan a la Generalitat de pasividad y falta de prevención ante un virus que ya se encontraba en el país vecino desde hacía meses. “El sistema ha fallado de arriba abajo, les avisábamos desde junio que el virus estaba en Francia y que había que tomar medidas, pero no nos decían nada”, les reprochaba este martes Marc Xifra, ganadero de Riudellots (Girona) y responsable del sector de Vacuno de Leche del sindicato agrario Unió de Pagesos. 

La normativa europea no contempla de entrada que se puedan adquirir y administrar vacunas de forma preventiva si no hay brotes. Y los expertos del comité científico consultado lo desaconsejan. “Cuando estaba en Francia, se encontraba a unos 500-600 km de la frontera; no es razonable preparar de manera tan preventiva un programa de vacunación para una enfermedad que no está en tu territorio”, señala Mariano Domingo, catedrático de sanidad animal de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

Unió de Pagesos argumenta con todo que la normativa prevé la vacunación preventiva en casos justificados y con autorización de la UE. Y critican que la Administración catalana no se lo planteara. 

Las voces de los pequeños ganaderos son en general críticas. Imma Puigcorbé, propietaria de 30 vacas de carne en la comarca de la Garrotxa (y dentro del perímetro de restricción), coincide en que avisaban desde junio a las autoridades. “Advertimos que si se importaban animales desde Francia había que analizarlos, desinsectar, supervisar en la frontera, pero no se ha hecho nada”, lamenta. 

Además de ganadera por cuenta propia, Puigcorbé es veterinaria, y si normalmente dedica un 50% de su jornada a cada profesión, estos días está entregada a la segunda. Concretamente, a poner vacunas. Forma parte de los 60 equipos de veterinarios dedicados a esta tarea, fines de semana incluidos, a medida que llegan los viales. En un día, puede vacunar 1.000 animales. “Este martes tenía unos controles con ecografías, pero como nos han dicho que han llegado vacunas, me he puesto a vacunar”, dice. 

Avanzar rápido en la inmunización es fundamental para evitar los sacrificios. La normativa establece que una vez se alcanza el 75% de animales vacunados y el 90% de las granjas de un perímetro, se puede plantear dejar de sacrificar a toda una cabaña para hacerlo solo con los animales infectados. Para ello, hay que pedir autorización al ministerio. Según la Generalitat, este martes a las 13:00 horas el porcentaje de reses vacunadas en el perímetro del Alt Empordà era el 70% (del de Cassà no lo han dicho). 

A diferencia de algunos ganaderos, Ricard Godia, presidente de la patronal de vacuno de carne ASOPROVAC, no juzga negativamente la respuesta de la administración. “Todo se puede mejorar, se podía tener previsión de tener vacunas al alcance, pero llegado el momento la reacción ha sido de bastante rapidez”, señala Godia. 

El capítulo que se abre ahora es el de decidir si ampliar las vacunaciones más allá del radio que rodea el Alt Empordà y el brote de Cassà de la Selva. Unió de Pagesos piden una vacunación preventiva en toda Catalunya. Puigcorbé, por su parte, defiende que cuando menos debería ampliarse a 100 kilómetros, visto que el virus ya se ha expandido por la provincia y que ese es el radio que utilizan en Francia. Desde el Departamento de Agricultura, por su parte, confirman que ya han pedido al ministerio que les permita llevar a cabo vacunaciones preventivas en Catalunya más allá de las zonas de restricción.

Si deberían llevarse más allá de Catalunya, Godia por ejemplo pide no precipitarse y evitar el “pánico”. “Si escala mucho, quizás es positivo hacer un parón de una semana o dos [de comercialización de animales], pero si lo haces antes debes tener en cuenta que estás matando al sector por adelantado”, arguye.

Adiós a años de trabajo

“Un vaciado sanitario es devastador”, resume Xifra. Aunque las granjas afectadas no se han dado a conocer por cuestiones de protección de datos, muchos están en contacto entre ellos y entienden lo que puede suponer quedarse sin cabaña de la noche a la mañana. Al margen de los terneros para engordar, las vacas de leche y de carne son animales cuya producción óptima tarda años en alcanzarse.

“En muchos casos quienes llevan las explotaciones son ganaderos de 55 o 60 años, y son gente que no seguirá si deben sacrificar el ganado”, advierte. Comprar vacas de leche es complicado, aduce Xifra –“en Europa no quedan, y no se pueden traer así como así”, afirma–, y se tardan siete u ocho años en conseguir una producción rentable. Además, añade que la genética de estos animales se consigue con unos 15 años.

El acuerdo formalizado entre la Unión Europea y Estados Unidos para fijar un arancel general máximo del 15% se presenta desde Bruselas como un triunfo de la estabilidad y la previsibilidad. Ursula von der Leyen y Maroš Šefčovič lo han descrito como un paso estratégico para evitar una guerra comercial, pero, en realidad, lo que consagra es un pacto profundamente desequilibrado: un respiro limitado y ficticio para la automoción, a costa de abrir de par en par las puertas a la competencia agrícola norteamericana.

El beneficio para la industria automovilística es, además de exiguo, condicional. La rebaja de aranceles del 27,5% al 15% para los coches europeos solo se aplicará si la UE elimina sus gravámenes a una larga lista de productos agrícolas y pesqueros estadounidenses: carne de cerdo y bisonte, lácteos, frutas, verduras, semillas o aceite de soja. En otras palabras, los fabricantes de coches apenas aseguran un alivio parcial, mientras los agricultores europeos quedan expuestos a perder mercado en su propia casa, con la entrada masiva de porcino, frutas, hortalizas, semillas y otros productos agroalimentarios estadounidenses que podrán entrar a precios muy competitivos y a arancel cero. Productos que, además de ser más baratos, se producirán bajo exigencias regulatorias mucho más laxas que las impuestas a nuestros agricultores y ganaderos en la Unión Europea, generando una competencia desleal que amenaza con arrasar sectores enteros de nuestra producción.

La letra pequeña del acuerdo confirma lo que muchos economistas venían advirtiendo: se cambia un alivio dudoso en un sector industrial concentrado por un golpe directo a millones de pequeños y medianos productores. Las organizaciones vitivinícolas, como la Conferencia Española de Consejos Reguladores, lamentan una negociación “débil” que deja al vino y a las bebidas espirituosas bajo un arancel del 15%, dificultando aún más su presencia en el mercado estadounidense, donde ya habían perdido un 20% de valor en el primer semestre.

La Comisión Europea nos vende la teoría del “mal menor”: aceptar un arancel plano del 15% para evitar la escalada de una guerra comercial. Pero ese relato oculta lo esencial: Bruselas concede mucho más de lo que recibe. Se felicita de blindar un techo para farmacéuticos y semiconductores, sectores en los que Trump había amenazado con disparar los gravámenes, mientras sacrifica sin rubor al campo europeo, que no solo pierde cuota exportadora en Estados Unidos, sino que deberá competir en el mercado interno contra productos norteamericanos subsidiados y producidos bajo estándares ambientales y sociales mucho más bajos.

Lo más grave es lo que no se cuenta: el acuerdo abre la puerta a revisar o relajar normas europeas bajo el argumento de no imponer “restricciones indebidas” al comercio transatlántico. Eso afecta de lleno a las llamadas barreras no arancelarias, precisamente donde la UE defendía su autonomía regulatoria. ¿Dónde quedan ahora las “cláusulas espejo” que el PPE enarbolaba durante la campaña? Hoy se diluyen bajo la coartada de dar cobertura a unos intereses opacos, mientras se erosiona la capacidad europea de defender sus propios estándares y su soberanía económica.

El balance es demoledor. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha capitulado en un acuerdo que presenta como estratégico, pero que es, en realidad, una renuncia a defender los intereses económicos de Europa. Y Šefčovič, en segundo plano, ha legitimado esta cesión disfrazándola de “victoria técnica”. La consecuencia es clara: Europa abandona a sus agricultores, debilita su industria alimentaria y compromete su soberanía regulatoria. La Comisión se arropa en la retórica de la estabilidad, pero lo que ha firmado es un pacto de subordinación. Y ese precio lo pagarán los agricultores, los consumidores y, en definitiva, la credibilidad de la propia Unión Europea.

Y sobre todo esto, ¿sigue Vox aplaudiendo las medidas de Trump que tanto dañan a nuestros sectores productivos? ¿Qué tiene que decir el Partido Popular al respecto? ¿Callarán (y tragarán) también con esto, al igual que están haciendo con los recortes del presupuesto europeo?

El Gobierno regional, a través de la Dirección General de Asuntos Europeos y la Oficina de Proyectos Europeos (OPE), ha mantenido un encuentro institucional con Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha con el objetivo de “fortalecer” la colaboración en el acceso a financiación europea y “avanzar en un modelo de desarrollo rural más innovador, inclusivo y sostenible”.

Durante la reunión, celebrada en la sede de la organización en Alcázar de San Juan, la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, ha puesto a disposición del sector agroalimentario regional las herramientas y recursos del Gobierno autonómico para facilitar su participación en programas europeos de gestión directa.

Rodrigo ha destacado, durante el encuentro en el que ha participado el director de Cooperativas Agroalimentarias, Juan Miguel del Real, que “uno de nuestros principales objetivos es identificar las prioridades del cooperativismo agroalimentario para canalizar oportunidades de financiación que les permitan crecer y responder a los retos del medio rural”.

Apoyo a iniciativas de relevo generacional y formación especializada

En este sentido, ha subrayado el interés del Gobierno de Castilla-La Mancha en apoyar iniciativas centradas en el relevo generacional, con especial atención a la formación de jóvenes y el fomento del liderazgo de la mujer en el entorno rural.

Durante el encuentro se abordaron también los desafíos y oportunidades para el impulso de formación especializada para mandos intermedios, la mejora de la gestión interna de las cooperativas y la identificación de buenas prácticas desarrolladas en otras regiones rurales europeas que puedan servir de referencia.

La Oficina de Proyectos Europeos de Castilla-La Mancha, trasladó información sobre líneas de financiación europeas como ERASMUS+, Europa Creativa o CERV, con potencial para generar valor añadido al sector cooperativo de la región. Ambas partes acordaron establecer un canal de comunicación y coordinación permanente para identificar convocatorias de interés, diseñar propuestas de calidad y acompañar a las cooperativas en el proceso de acceso a fondos europeos.

Esta reunión se enmarca en la estrategia del Ejecutivo autonómico de reforzar el posicionamiento del tejido económico regional en Europa, promoviendo la innovación, la igualdad y la sostenibilidad como ejes de futuro.

El cambio del modelo productivo de la cabaña ganadera experimenta a pasos agigantados un declive paulatino hacia la desaparición de la explotación pequeña y mediana en beneficio de las grandes explotaciones. Si en 2001 había en Cantabria 3.800 ganaderos de vacuno de leche, actualmente hay 770, es decir, 3.000 menos, un 79,91%, tendencia que no ha dejado de acentuarse en los últimos años: desde 2019 el sector ha perdido un 30% de los productores que quedaban.

Sin embargo, el número de cabezas de vacuno de leche, también a la baja, mantiene cierta estabilidad, incluso con pequeños repuntes. La conclusión es clara si se confronta la reducción del número de explotaciones frente al mantenimiento del número de cabezas, lo que equivale a un modelo de menos explotaciones pero con más reses por unidad.

Mientras el número de ganaderos no ha parado de descender, en 2021 y 2022, la cabaña lechera aumentó en 15.000 cabezas. Luego volvió a descender, manteniéndose en cifras de seis años antes, según datos del Gobierno de Cantabria remitidos al Parlamento autonómico y consultados por elDiario.es.

En valores absolutos, la caída en el número de ganaderos ha sido continua, año tras año: desde los 1.117 que había censados en enero de 2019 hasta los 770 contabilizados en marzo de este año. Por contra, el número de cabezas se mantiene relativamente estable: de las 49.486 que había censadas en 2019 a las 48.186 de finales de 2024, con el repunte intermedio de los años 2021 y 2022 antes citado. Al cierre de 2024, había contabilizados en Cantabria 248.006 ejemplares de ganado bovino, en todos sus tipos.

Lejos parecen los tiempos en que “la venta de una vaca en Cantabria permitía comprar un SEAT 600 y por cuatro vacas, hasta un piso”, como recuerda un ganadero ya retirado. Torrelavega era la gran comarca de cabecera cuyo ferial atraía cientos de cabezas todas las semanas y el movimiento de compraventa justificaba que se la conociera como “la ciudad del dólar”. Ahora el ferial está sobredimensionado, con actividad, pero lejos de los tiempos en que las instalaciones se saturaban.

Lo que ocurre se enmarca dentro de un modelo productivo que lleva años estudiado y cuya previsión se está cumpliendo. Elena García Suárez, en su tesis doctoral titulada 'El sector bovino en Cantabria: dinámica, caracterización y análisis de su sostenibilidad', concluía ya en 2021: “Durante las últimas décadas, el sector del bovino en España está experimentando un intenso proceso de ajuste y transformación caracterizado por un fuerte descenso en el número de ganaderías, aumento de la dimensión y concentración productiva, al tiempo que se produce una reorientación de la leche hacia la carne”.

“El resultado configura, de forma creciente, una estructura bipolar, con muchas explotaciones de pequeño tamaño que van reduciéndose y pocas de grandes dimensiones en aumento”, añadía esta investigadora. Las conclusiones del estudio fueron expuestas al sector en 2021 en el marco de la actividad del Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA), dependiente de la Consejería de Ganadería del Gobierno de Cantabria.

Vacuno de carne

Al contrario de lo que ocurre con el ganado de leche, el vacuno de carne ya aglutina a más productores: 5.561 había censados en 2023 por el Ministerio de Ganadería, una tendencia que ya venía registrándose desde 1982, en el que ya se constataba un descenso generalizado de explotaciones y en especial de las orientadas a la producción de leche. Por contra, la vaca de carne ya empezaba a despuntar.

“Todo parece indicar que el proceso de ajuste seguirá produciéndose en Cantabria en los próximos años, desapareciendo las explotaciones de pequeño estrato productivo por su inviabilidad económica y demográfica y aumentando aquellas de mayor dimensión productiva, tanto en número como en tamaño productivo”, se afirmaba en el trabajo de Elena García Suárez.

Lo que lleva años en crisis en la comunidad autónoma es la tradicional estructura productiva mediatizada por la antaño masiva presencia de la pequeña y mediana ganadería, así como por la relevancia de la actividad de pastoreo vinculada a manejos extensivos. La escasa viabilidad económica y demográfica de la pequeña explotación es lo que ve cuestionado su futuro.