Los partidos de izquierda en la oposición han afeado a Gobierno de Juanma Moreno que haya suspendido las ayudas públicas que, desde 2023, adjudicaba a tres ONG andaluzas –Cruz Roja, la Fundación SAMU e Inserta– para gestionar pisos de acogida y planes de inserción sociolaboral para personas sin hogar, tal y como ha revelado este periódico.

“Dejar sin subvenciones a las ONG que atienden a personas sin hogar es solo el principio de las barbaridades del pacto con la extrema derecha”, ha afirmado la diputada de Por Andalucía Rosa Rodríguez. La parlamentaria ha tildado de “inhumano” el acuerdo entre PP y Vox por “atacar a las personas más vulnerables bajo la premisa de la prioridad nacional, mientras señala a quienes menos tienen en lugar de a los verdaderos responsables: los fondos buitre y los grandes especuladores”.

En la misma línea, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha calificado de “miserable” retirar las ayudas “a las personas más necesitadas”, en alusión a quienes “están en la calle tiradas porque no tienen vivienda”, mientras la Junta mantiene las ayudas de 2.000 euros mensuales para vivienda destinadas a sus altos cargos.“Es de vergüenza”, ha insistido García, que ha definido al Gobierno de PP y Vox como “el gobierno de las caras duras” y “de las paguitas para los altos cargos”.

Se trata de las primeras subvenciones destinadas a programas sociales para una población vulnerable que la Junta fulmina tras la firma del pacto de Gobierno PP-Vox, que contempla la “reducción, hasta su eliminación, de subvenciones o ayudas públicas que no contribuyan de forma directa y verificable a la mejora de la calidad de vida de los andaluces, con atención especial a las destinadas a cooperación internacional al desarrollo”.

El Gobierno de Moreno niega vinculación con el pacto

Desde las filas del PSOE, también relacionan la retirada de estas ayudas con el acuerdo PP-Vox, concluyendo que “la prioridad nacional de la ultraderecha ya manda en nuestra tierra”. En cambio, el Gobierno de Moreno ha desvinculado la decisión de no prorrogar estas ayudas a las ONG del pacto PP-Vox, firmado hace cuatro meses, y que recoge la polémica cláusula de la “prioridad nacional”.

El director general de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente, Antonio Ismael Huertas, ha explicado que los contratos para su desarrollo se firmaron en enero de 2023 y establecían una duración inicial de dos años, prorrogable por otros dos como máximo. En este sentido, ha señalado que la Junta de Andalucía agotará el periodo máximo de prórroga previsto en los contratos, de acuerdo con las condiciones establecidas en ellos.

La retirada de las ayudas afecta a programas en los que la población migrante representa una parte importante de las personas atendidas. Según los datos facilitados por las tres entidades, el 80% de las personas sin hogar usuarias de los pisos de acogida gestionados por Inserta eran inmigrantes. La proporción superaba el 60% en el caso de la Fundación SAMU y alcanzaba el 45% entre los usuarios de Cruz Roja.

“Y esto lo hacen los mismos que se llevan 2.000 euros al mes para casa gratis, fuera de salario y fuera de dieta”, ha denunciado el portavoz de Adelante Andalucía tras conocer la noticia. “Vox decía que quería acabar con las subvenciones y con las paguitas, pero lo que no nos contaron es que las querían para ellos”, ha reprochado para preguntarse a continuación “qué quieren” PP y Vox “que hagan” ahora las personas sin hogar. “¿Que se escondan, que se metan debajo de tierra, que desaparezcan?”, ha planteado.

Para terminar, García ha argumentado su rechazo alegando que estas entidades les proporcionan comida, agua, un lugar donde resguardarse del frío y alojamiento temporal, además de apoyo para intentar salir de su situación de exclusión.

El Gobierno de Juanma Moreno acaba de suspender las ayudas públicas que, desde 2023, adjudicaba a tres ONG de Andalucía –Cruz Roja, la Fundación SAMU e Inserta– para gestionar pisos de acogida y planes de inserción sociolaboral para personas sin hogar.

Son las primeras subvenciones destinadas a programas sociales para una población vulnerable que la Junta fulmina tras la firma del pacto de Gobierno PP-Vox, que contempla la “reducción, hasta su eliminación, de subvenciones o ayudas públicas que no contribuyan de forma directa y verificable a la mejora de la calidad de vida de los andaluces, con atención especial a las destinadas a cooperación internacional al desarrollo”.

En una reciente reunión, la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, que dirige Loles López, ha confirmado a estas tres ONG que “no prorrogará ni habrá una nueva licitación” del Programa de Inserción Laboral y Social de Personas Sin Hogar en Andalucía, que proporcionaba estancias temporales en pisos de acogida a 315 personas en las ocho provincias andaluzas: 132 plazas gestionadas por la Fundación SAMU, 90 por Cruz Roja y 93 por Inserta.

Se da la circunstacia de que el 80% de las personas sin hogar usuarias de los pisos de acogida que gestiona la ONG Inserta eran inmigrantes, más del 60% en el caso de la Fundación SAMU y el 45% entre los usuarios de Cruz Roja, según los datos proporcionados por las tres organizaciones.

El Gobierno de Moreno ha desvinculado la decisión de no prorrogar estas ayudas a las ONG del pacto PP-Vox, firmado hace cuatro meses, y que recoge la polémica cláusula de la “prioridad nacional”. El término impuesto por la formación ultra, y asumido desde el principio por el PP andaluz, implica que determinadas prestaciones y ayudas públicas de la Junta deben beneficiar antes a los ciudadanos españoles que a la población inmigrante.

Los dirigentes de Vox, de hecho, exigieron “revisar y eliminar” todo lo que consideran “gasto superfluo” de la administración, incluyendo subvenciones a sindicatos, ONG y ayudas a la cooperación. En el marco de la prioridad nacional, la formación de Santiago Abascal viene difundiendo desde hace años que “a los inmigrantes se les dan pisos gratis y trabajo, mientras los españoles no tienen”.

Desde la Consejería de Servicios Sociales niegan haber dado una “orden directa” de cancelar este programa para personas sin hogar y, “en ningún caso”, vinculan la decisión de suspender las ayudas con el pacto con sus socios de Gobierno. “El programa se extingue ahora, una vez se evalúen los resultados del mismo, ya se verá luego”, advierten.

El Programa de Atención a Personas sin Hogar tenía dos años de vigencia (2023-2024), con varias prórrogas aprobadas por parte de la consejería hasta finales de 2026 (la última, el pasado mes de julio, recién firmado el pacto PP-Vox), y expira el próximo 20 de diciembre, de modo que ese día todas esas personas “estaban obligadas a abandonar los pisos y quedarse en la calle en pleno invierno”, coinciden fuentes de las tres organizaciones consultadas por elDiario.es.

El propósito de este programa era dar alojamiento temporal a personas sin hogar mientras participaban en un itinerario sociolaboral tutelado, hasta que encontraban trabajo y, entonces, debían abandonar el piso de acogida. Cuando la Consejería de Servicios Sociales dio el preaviso a las ONG, informándoles de que el plan se extinguía en vísperas de la Navidad, había unas 200 personas acogidas en las viviendas y con prácticas de formación y trabajo.

La Fundación SAMU e Inserta son las que más personas atendían en ese momento. La primera ha adoptado ya una estrategia de “desescalada” para buscar una alternativa a sus usuarios y evitar que “vuelvan a la calle en pleno invierno, y echemos por tierra todo el trabajo conseguido con ellos”, explican desde la ONG.

La idea es que el 1 de diciembre los más de 100 usuarios que tienen acogidos sean “reubicados” y, para ello, se han articulado distintas soluciones: “algunos tienen un plan de ahorro con el dinero que consiguen en las prácticas de trabajo y podrán seguir en los pisos alquilando su plaza como inquilinos, porque su estancia ya no estará subvencionada por la Junta”. Otros, con problemas de drogadicción o salud mental, serán derivados a otros recursos y, en algunos casos, la ONG está en conversaciones con las empresas donde realizan prácticas para que les ofrezcan un contrato laboral.

El tiempo máximo de estancia en estos pisos de acogida, según el Pliego del Programa, es de 18 meses, aunque puede prorrogarse en casos “excepcionales”. Las organizaciones explican que ninguno se ha quedado menos de nueve meses y que el tiempo medio ronda el año completo. Desde la Fundación SAMU destacan la “estrecha colaboración” de los técnicos de la Consejería de Asustos Sociales con su personal para sacar adelante este programa.

El Programa de Atención a Personas sin Hogar contaba con un presupuesto de 6,4 millones de euros y estaba cofinanciado por fondos europeos (al 85%), estatales y de la Junta de Andalucía. “Las razones que nos han trasladado desde la Consejería de Asuntos Sociales es la falta de fondos presupuestarios y la prioridad de los mismos”, explican desde la Fundación SAMU, tras reunirse con miembros del departamento de Loles López.

En Andalucía hay más de 8.000 personas sin hogar, según el informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) correspondiente a 2025, que calcula un aumento del 57% en los últimos dos años. El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima una cifra inferior, en torno a las 5.539 personas que viven en la calle (datos de 2022), de los que más del 40% llevan más de tres años seguidos sin una vivienda estable en Andalucía.

En diciembre de 2023, coincidiendo con la llegada de los fondos europeos para combatir el sinhogarismo en España, el Gobierno de Moreno aprobó la I Estrategia de Atención a Personas sin Hogar en Andalucía. Los objetivos que se marcó la Junta con las medidas recogidas en aquel documento son los mismos que recoge el Programa que empezó a financiar entonces, con fondos de Bruselas, y que suspenderá a partir del próximo invierno: “mejorar el acceso de las personas sin hogar a unos ingresos que les permitan cubrir sus necesidades básicas; reducir las situaciones de desigualdad que viven las mujeres sin hogar; aumentar el número de plazas en vivienda con apoyos; mejorar la calidad de vida de este colectivo, haciendo hincapié en las personas con necesidades complejas (salud mental, adicciones, discapacidad, etc.)”.

De las tres ONG que ahora pierden esas subvenciones, la Fundación SAMU es la que más usuarios tiene en sus pisos de acogida de Sevilla (12 viviendas, con 36 plazas), Córdoba (12), Huelva (8) y Cádiz (12). El índice de ocupación rondaba el 90%. La Fundación presentó unos datos de cumplimiento de objetivos “exitosos” tras el primer año de ejecución, ayudando a personas sin hogar a adquirir habilidades básicas para acceder a formación y al mercado laboral, la búsqueda de empleo y el camino a la emancipación.

Cruz Roja, con 91 plazas y 11 ocupadas en la actualidad, también pierde estas ayudas, pero gestiona otros proyectos de atención a personas sin hogar, como las unidades de emergencia social que recorren las calles de diversas ciudades para entrega de ayuda urgente, acompañamiento, y orientación; además de centros de día en Almería, Málaga y Cádiz.

En cuanto a la ONG Inserta, gestionaban 93 plazas en pisos de acogida, y tenían una ocupación del 75%.

Se anunció en plena crisis de Barajas. Cuando el aeropuerto madrileño aún ocupaba titulares por los cientos de sintecho que se refugiaron allí, el Ayuntamiento de Madrid adjudicó la construcción de un albergue para personas sin hogar en El Cañaveral. En este joven barrio del Este de la capital la noticia no sentó bien: los vecinos salieron a la calle reclamando que se paralizara el nuevo centro, al menos, hasta que la administración resuelva otras cuentas pendientes en materia de transporte o infraestructuras.

Las obras arrancaron y se frenaron temporalmente, de golpe, pero no por las protestas vecinales: la empresa adjudicataria había incumplido el contrato y este se disolvió, así que aquel proyecto “de urgencia” tuvo que aplazarse y volver a ser licitado con más presupuesto, un segundo promotor y otro calendario. Hasta este otoño no llegará el nuevo plazo para su construcción.

La primera concesionaria fue FTC Obras y Energía, que ganó una adjudicación por valor estimado de casi ocho millones (7.956.347 euros) incluyendo IVA y con un plazo de seis meses para construir en número 21 de la calle Batalla de Salamina. Sin embargo, al concluir ese plazo el Ayuntamiento resolvió en una Junta de Gobierno de finales de febrero que era necesario disolver ese acuerdo debido a los retrasos acumulados. Unas semanas más tarde, el 6 de marzo, se anunció un nuevo contrato para culminar la obra. Esta vez cayó en manos de Vías y Construcciones SA, otra compañía integrada en el Grupo ACS de Florentino Pérez.

“Durante la primera ejecución de las obras se detectaron retrasos en la ejecución y se hicieron dos visitas, el 13 y el 26 de enero. Comprobamos que no existía actividad alguna y que la obra se encontraba en situación de abandono”, detalló a preguntas de los concejales la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Rodero, sobre las razones que llevaron a anular el antiguo contrato y delegar la continuidad del centro en otra empresa privada, sin apuntar el motivo de fondo que llevó a dejar la obra por parte de una compañía que mantiene numerosos contratos con administraciones públicas. La nueva empresa, Vías, se puso manos a la obra en el mes de marzo con siete meses de plazo.

En total, según confirman fuentes municipales, llegaron a ejecutarse 3,14 millones de euros por las obras efectuadas durante el primer contrato, lo que sumaría unos 12 millones aproximadamente en la cuenta total, sumando la cuantía adjudicada en el segundo. Además, a FTC Obras se le incautó la garantía obtenida. “La diferencia entre lo presupuestado al principio y el nuevo acuerdo viene dada, fundamentalmente, porque hubo que incorporar requerimientos específicos que hicieron las compañias de electricidad y agua”, sostienen desde el Área de Obras, a lo que explican que en prodecimientos de emergencia como este “no se exige la redacción ni la aprobación formal de un proyecto técnico antes de adjudicar y comenzar la obra, pues lo que se busca es una actuación inmediata. De momento, se mantienen las previsiones del otoño y aseguran que el centro estará listo ”antes de que acabe el año“.

Mientras que la ciudad se vaciaba por el verano y con los trabajos ya avanzados, García Rodero y su homólogo en Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, acudieron a visitar el futuro albergue. Ambos prometieron desde allí que el nuevo recurso proporcionará una “respuesta social ágil” a quienes lleven poco tiempo en situación de calle, tratando de prolongar la etapa lo menos posible. La idea es construir sobre 3.619 metros cuadrados de superficie en una parcela de casi 15.000 m², con capacidad para 176 personas en 12 módulos habitacionales, con cuatro cuartos cada uno y provistos de taquillas, repisas, enchufes, cerraduras electrónicas, aseos, duchas y una zona común.

Asimismo, el Ayuntamiento también ha detallado que dos de estos módulos se adaptarán para personas con movilidad reducida. En la resolución que consolida ese segundo contrato, la propia Vicealcaldía admitió que la ciudad sigue en “la misma situación de emergencia” que, en su día, llevó a licitar este centro en El Cañaveral: pese a la salida progresiva del colapso en Barajas, la necesidad aún “persiste” en el resto de la ciudad. A pesar de que el objetivo era continuar una obra ya empezada por el antiguo adjudicatario, este segundo intento se promocionó con más presupuesto y un plazo mayor.

Unos días después de que la Junta de Gobierno aprobara el nuevo contrato, tanto el PSOE como Vox en Vicálvaro –distrito de El Cañaveral– preguntaron por el proyecto al concejal-presidente de la zona, Ángel Ramos. Los primeros lo hicieron para cuestionar la paralización de un centro tramitado “de urgencia” y sugerir posibles irregularidades en el procedimiento; mientras que los segundos atacaron directamente su construcción y lo tildaron de “asentamiento”, preguntando si había medidas previstas para garantizar su compatibilidad con la “convivencia”.

“Responsabilidades políticas” o un problema de la empresa

El asunto sobrevoló instancias superiores una semana más tarde, cuando también los socialistas lo registraron en una comisión municipal de Obras y Equipamientos. La misma en la que Paloma García Rodero terminó explicando ante la oposición las razones que llevaron a paralizar el contrato. Aun con todo, el portavoz del PSOE Pedro Barrero sugirió un vínculo “privilegiado” entre el primer contratista y el Ayuntamiento, señalando otros proyectos municipales adjudicados a FTC Obras y que también había dejado colgados, como la promoción de casi 90 viviendas en Villaverde: “Cuando los problemas se repiten ya no es mala suerte, sino mala gestión o algo peor, favoritismo”.

Desde el salón de comisiones de la Casa de Cisneros, junto a la Plaza de la Villa, se habló de posibles “responsabilidades políticas” (más allá de las empresariales) en el tropiezo del albergue, que nació en respuesta a una situación de emergencia social. “La emergencia existió en el papel después de la llegada de 276 personas sin hogar, pero la gestión ha sido un fracaso”, determinó Barrero en su réplica a la responsable de Obras, recordando que el calendario inicial tenía previsto acabar los trabajos en marzo. Finalmente, el centro verá la luz unos siete meses más tarde.

Su inauguración, aunque tarde, vendrá también a culminar uno de los compromisos del área de Políticas Sociales, que aseguró para este 2026 una ampliación de la red hasta llegar a las 1.420 plazas para toda la ciudad. Actualmente son 1.250, sin contar las que aportará el futuro centro de El Cañaveral y de las que unas 370 son en viviendas públicas de la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo) o subcontratadas al mercado privado.

De conseguirlo, también zanjará un proyecto sacado adelante a trompicones que difícilmente aplacará todas las críticas que emanan desde colectivos sociales u ONG: más recursos, flexibilidad en los centros para brindar independencia a sus usuarios o una atención transversal pensada, sobre todo, para los nuevos perfiles que llegan a los albergues, ahora más jóvenes y a veces, con trabajo. Al fin y al cabo, el problema de la vivienda en la ciudad de la vivienda cara presiona para que muchos de los que nunca se vieron como vulnerables hoy no sepan donde vivir.

La solemnitat del cementeri de Sant Jordi (Eivissa) guarda, just abans que caigui la nit, una cosa de particular: en un dels nínxols buits hi ha diverses pertinences. No rams de flors, ni fotos, ni altres records per vetllar pel més enllà d’un ésser estimat. Sinó objectes d’higiene, d’abric i els quatre estris bàsics que qualsevol ésser humà necessita per sobreviure en el món terrenal. En un pla inferior, més avall, encara més, arran de terra, hi ha una persona dormint. Estirada sobre la superfície freda d’aquest cementeri eivissenc. No és l’única. La falta d’habitatge ha obligat alguns ciutadans, alguns d’ells treballadors, a cercar-se la vida per poder passar la nit tranquils, lluny de la persecució de l’administració.

Primer, el paisatge pitiús es va veure esquitxat de furgonetes i caravanes —a mesura que augmentaven els preus de l’habitatge, també ho feia el nombre de vehicles on vivien temporers i també funcionaris als voltants de la ciutat d’Eivissa i altres punts de la pitiusa—; després, es van anar creant assentaments on van proliferar els infrahabitatges. Tot això va donar pas —ja començada una imatge de barraquisme a l’illa del luxe— a la preocupació institucional i als desallotjaments, que des del 2024 han estat pràcticament incessants.

Ara, les persones sense llar s’han multiplicat al territori insular, fins i tot algunes d’elles ocupant un lloc de feina, fins a fregar les 200, segons dades de Càritas. El silenci sepulcral és perfecte per entrar en fase REM. Aquí, en aquest cementeri municipal, tot és estàtic. No hi ha més disturbis que el d’algun familiar o amic que s’acosta a netejar i vetllar per les restes dels que un dia van ser.

Són ells, així com els veïns, els que s’han inquietat davant la situació que ciutadans que no poden comptar amb un bé bàsic com el de l’habitatge carreguin els seus telèfons mòbils i decideixin ocupar per dormir un lloc de respecte als difunts com és el cementeri.

Mesures de tancament per “seguretat”

La realitat és que, de moment, ningú els ha ofert, a cap dels afectats a Eivissa (ni Balears) pel problema habitacional, una solució real. El mercat immobiliari balear continua a l’alça —amb un creixement sostingut des de l’any 2015, segons dades del portal immobiliari Idealista—, cada vegada més tensionat i obert a l’especulació. Sense cap tipus de limitació a la compra d’habitatge per part de persones no residents i amb un escàs parc d’habitatge públic.

L’Ajuntament de Sant Josep —municipi on es troba el cementeri on s’ha donat aquesta situació— ha assegurat després de ser consultat per elDiario.es que totes les persones que així ho han acceptat estan sent ateses pels Serveis Socials i que s’està actuant segons els procediments establerts, tot i que no han especificat quins.

Ho ha fet després d’implementar mesures de seguretat per controlar l’obertura i el tancament de diverses instal·lacions i garantir el que han considerat el seu “ús correcte”. Així succeeix cada dia des que l’equip de govern municipal va tenir coneixement de la situació: un vigilant s’acosta a l’accés a les nou de la nit i tanca amb clau per garantir el bon descans dels morts. Dotze hores més tard acudeix per fer just el contrari: obrir la porta a l’immòbil regne de l’infern i dels cels.

L'Ajuntament de Sant Josep ha pres mesures: un vigilant s'acosta a l'accés del cementiri a les nou de la nit i tira el forrellat per a garantir el bon descans dels morts. Assegura que les persones que abans dormien en el cementiri estan ateses per Serveis Socials

La mesura afecta els cementeris de Sant Jordi i de Sant Francesc, així com les pistes de Can Raspalls i el poliesportiu de Can Burgos, on també hi havia fins ara persones sense llar que hi passaven la nit. En el primer d’aquests espais públics dormia Manolo [nom fictici per a aquest reportatge], un ciutadà d’edat avançada que feia temps que estava “en situació de carrer”, han explicat des de Càritas Diocesana, que l’atenia des del seu servei d’acollida.

L’objectiu: “Cercar-se la vida”

Era un impasse mentre es determinava la sort de trobar un lloc en una residència, que finalment, gràcies al treball de l’organització sense ànim de lucre juntament amb els Serveis Socials municipals, ha pogut aconseguir. “Mentrestant, se cercava la vida com podia”, apunten des de Càritas. Aclareixen que la mesura no ha estat una resposta [institucional], sinó que ha coincidit en el temps. És difícil, d’altra banda, fer un seguiment de “totes les persones en aquesta situació”, afegeixen des de Creu Roja.

Altres de les persones sense llar no opten per recursos habitacionals semblants. Una resident de Sant Josep assegura a elDiario.es que pel carrer, al nucli poblacional, no han vist gent patir aquest desemparament: “Ara fa temps que vivim al camp, però cada matí baixam al poble i no hem percebut res fora del que és normal”.

A Sant Jordi, però, en caure la nit, es pot observar com algunes persones s’arraulen embolicades amb mantes i cobertes amb dessuadores —la imminent arribada de la tardor— en bancs i zones verdes properes al cementeri, l’Església i a un supermercat als afores de la localitat on, en un terreny adjacent, es va produir el 2024 el desallotjament d’un centenar de treballadors d’origen sahrauí.

A Sant Jordi, a boca de nit, es pot observar com algunes persones s'arrauleixen embolicades en mantes i cobertes amb dessuadores -la imminent arribada de la tardor- en bancs i zones verdes pròximes al cementiri, l'Església i a un supermercat

El passat agost, en sessió plenària, l’Ajuntament va avalar el desmantellament dels 150 infrahabitatges i va recordar que “no es toleraran assentaments il·legals” al municipi. Sant Josep és, juntament amb l’anell perifèric de la ciutat d’Eivissa, la zona on més assentaments s’han desmantellat els darrers anys. El desallotjament més recent es va produir a la estructura abandonada d’un complex hoteler a mig construir a Punta Xinxó, a la badia, on s’havien instal·lat un centenar de persones sense sostre.

Algunes d’elles es van traslladar després de l’actuació policial a un antic mercat hippy, també abandonat, molt a prop d’allà. A més, en un altre terreny a vint minuts a peu i proper a la costa que alberga hotels cada vegada més enfocats al turisme de luxe, existeix un altre assentament de barraques format per una desena de temporers provinents del Sàhara Occidental. Això indica el que tothom ja sap, que el problema habitacional no s’extingeix: només es mou.

De moment, Sant Josep és l’únic terme municipal que ha vist com persones sense llar utilitzaven els seus cementeris per passar-hi la nit. Cap dels quatre ajuntaments restants ha tingut constància, almenys fins ara, d’una situació similar, tal com han confirmat a elDiario.es.

No és, això sí, l’únic que persegueix els assentaments. Sense anar més lluny, aquest darrer mes la Policia de Sant Antoni ha desmantellat tres nuclis de barraques en àrees rústiques i naturals del territori de la seva competència i, en el que va d’any, els agents —que compten amb drons per vigilar zones de difícil accés— han interposat 41 sancions relacionades amb acampades, caravanes i autocaravanes utilitzades com a habitatge.

Un de cada cinc treballadors: en risc d'exclusió 

A Balears, un 34,2% de les persones sense llar es troben en aquesta tessitura per problemes relacionats amb l’habitatge, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). D’aquest percentatge total, un 20,1% es van trobar en aquest escenari crític després de ser desnonats, un 3,6% perquè se’ls va acabar el contracte de lloguer que tenien fins aleshores i el 10,5% restant perquè no van poder continuar pagant l’allotjament.

A Balears, un 34,2% de les persones sense llar es troben en aquesta tessitura per problemes relacionats amb l’habitatge, segons dades de l’INE. A més, un de cada cinc treballadors està en risc d’exclusió social

A l’arxipèlag, un de cada cinc treballadors està en risc d’exclusió social: 223.000 ciutadans residents, segons dades recents recollides a l’Informe FOESSA sobre Exclusió i Desenvolupament Social a les Illes Balears. Això significa que, tot i ocupar un lloc de feina actiu, no poden costejar-se el nivell de vida de les illes i estan atrapats, per contra, en processos de vulnerabilitat.

De fet, un estudi recent realitzat per dos economistes i presentat aquesta setmana a Eivissa mostra que el folgat creixement del Producte Interior Brut (PIB) de les Pitiüses no es tradueix en un major benestar ni renda per càpita per a la població. La conclusió es recull a l’informe Fènix —elaborat pel doctor en Economia de la Universitat de Barcelona (UB) Miquel Puig i el catedràtic en Economia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Guillem López—, que extrapola els resultats obtinguts d’analitzar la realitat turística a Catalunya a les illes, on s’agreugen.

Moltes persones viuen amb el just i gairebé tot està marcat pel tema de l’habitatge. Per desgràcia, a l’‘illa del luxe’, la bretxa entre els qui més i menys tenen cada dia és major: la classe mitjana cada vegada toca més dimensions de l’exclusió

Gustavo Gómez — Coordinador de Càritas a Eivissa

L’increment de la població a l’arxipèlag repercuteix en un col·lapse dels serveis públics –perquè hi ha una part d’aquesta que no contribueix als mateixos o hi contribueix molt poc– i en un encariment de l’habitatge que ho dificulta o pràcticament ho impossibilita, recull l’anàlisi.

A dia d’avui, Càritas Diocesana atén dues mil persones en els seus diferents programes. “Moltes d’elles viuen amb el just i gairebé tot està marcat pel tema de l’habitatge”, lamenta Gustavo Gómez, coordinador de l’organització a l’illa. “També hi ha qui cerca millorar la seva ocupabilitat i persones migrants que volen aprendre l’idioma per facilitar-ne la integració”, continua. “Però, per desgràcia, a l’‘illa del luxe’, la bretxa entre els qui més i menys tenen cada dia és major: la classe mitjana cada vegada toca més dimensions de l’exclusió”.

La solemnidad del cementerio de Sant Jordi (Eivissa) guarda, justo antes de que caiga la noche, algo de particular: en uno de los nichos vacíos hay varias pertenencias. No ramos de flores, ni fotos, ni otros recuerdos para velar por el más allá de un ser querido. Sino objetos de aseo, de abrigo y los cuatro enseres básicos que cualquier ser humano necesita para sobrevivir en el mundo terrenal. En un plano inferior, más abajo, incluso más, a ras de suelo, hay una persona durmiendo. Estirada sobre la superficie fría de este camposanto ibicenco. No es la única. La falta de vivienda ha obligado a algunos ciudadanos, algunos de ellos trabajadores, a buscarse la vida para poder pernoctar tranquilos, lejos de la persecución de la administración.

Primero, el paisaje pitiuso se vio salpicado de furgonetas y caravanas –a medida que aumentaban los precios de la vivienda, también lo hacía el número de vehículos donde vivían temporeros y también funcionarios en los alrededores de la ciudad de Eivissa y otros puntos de la pitiusa–; luego, se fueron creando asentamientos donde proliferaron las infraviviendas. Todo esto dejó paso –ya empezada una imagen de chabolismo en la isla del lujo– a la preocupación institucional y los desalojos, que desde 2024 han sido prácticamente incesantes.

Ahora, las personas sin hogar se han multiplicado en el territorio insular, incluso ocupando algunas de ellas un puesto de trabajo, hasta rozar las 200, según datos de Cáritas. El silencio sepulcral es perfecto para entrar en fase REM. Aquí, en este cementerio municipal, todo es estático. No hay más disturbios que el de algún que otro familiar o amigo que se acerca a limpiar y velar por los restos de los que un día fueron. 

Son ellos, así como los vecinos, los que se han inquietado ante la situación de que ciudadanos que no pueden contar con un bien básico como el de la vivienda carguen sus teléfonos móviles y decidan ocupar para dormir un lugar de respeto a los fallecidos como es el cementerio. 

Medidas de cierre por “seguridad”

La realidad es que, de momento, nadie les ha ofrecido, a ninguno de los afectados en Eivissa (ni Balears) por el problema habitacional, una solución real. El mercado inmobiliario balear continúa al alza –con un crecimiento sostenido desde el año 2015, según datos del portal inmobiliario Idealista–, cada vez más tensionado y abierto a la especulación. Sin ningún tipo de limitación a la compra de vivienda por parte de personas no residentes y escaso parque de vivienda pública.

El Ayuntamiento de Sant Josep –municipio que emplaza el camposanto donde se ha dado esta situación– ha asegurado tras ser consultado por elDiario.es que todas las personas que así lo han aceptado están siendo atendidas por los Servicios Sociales y que se está actuando según los procedimientos establecidos, aunque no han especificado cuáles. 

Lo ha hecho tras implementar medidas de seguridad para controlar la apertura y el cierre de varias instalaciones y garantizar lo que han considerado su “uso correcto”. Así sucede cada día desde que el equipo de gobierno municipal tuvo conocimiento de la situación, un vigilante se acerca al acceso a las nueve de la noche y echa el cerrojo para garantizar el buen descanso de los muertos. Doce horas más tarde acude a hacer justo lo contrario: abrir la puerta al inamovible reino del infierno y de los cielos.

El Ayuntamiento de Sant Josep ha tomado medidas: un vigilante se acerca al acceso del cementerio a las nueve de la noche y echa el cerrojo para garantizar el buen descanso de los muertos. Asegura que las personas que antes dormían en el camposanto están atendidas por Servicios Sociales

La medida afecta a los cementerios Sant Jordi y de Sant Francesc, así como a las pistas de Can Raspalls y el polideportivo de Can Burgos, donde también había hasta ahora personas sin hogar pernoctando. En el primero de estos espacios públicos dormía Manolo [nombre ficticio para este reportaje], un ciudadano de edad avanzada que llevaba tiempo “en situación de calle”, han explicado desde Cáritas Diocesana, que le atendía desde su servicio de acogida. 

El objetivo: “buscarse la vida”

Era un impasse mientras se determinaba la suerte de encontrar un lugar en una residencia, que finalmente, gracias al trabajo de la organización sin ánimo de lucro junto con los Servicios Sociales municipales, ha podido conseguir. “Mientras tanto, se buscaba la vida cómo podía”, apuntan desde Cáritas. Aclaran que la medida no ha sido una respuesta [institucional], sino que ha coincidido en el tiempo. Es difícil, por otra parte, llevar un seguimiento de “todas las personas en esta situación”, añaden desde Cruz Roja.

Otras de las personas sin hogar no optan por recursos habitacionales parecidos. Una residente de Sant Josep asegura a elDiario.es que por la calle, en el núcleo poblacional, no han visto a gente sufrir este desamparo: “Ahora hace tiempo que vivimos en el campo, pero cada mañana bajamos al pueblo y no hemos percibido nada fuera de lo normal”. 

En Sant Jordi, sin embargo, al caer la noche, se puede observar cómo algunas personas se acurrucan envueltas en mantas y cubiertas con sudaderas –la inminente llegada del otoño– en bancos y zonas verdes cercanas al cementerio, la Iglesia y a un supermercado a los exteriores de la localidad donde, en un terreno adjunto, se produjo en 2024 el desalojo de un centenar de trabajadores de origen saharaui. 

En Sant Jordi, al caer la noche, se puede observar cómo algunas personas se acurrucan envueltas en mantas y cubiertas con sudaderas -la inminente llegada del otoño- en bancos y zonas verdes cercanas al cementerio, la Iglesia y a un supermercado

El pasado agosto, en sesión plenaria, el Ayuntamiento avaló el desmantelamiento de las 150 infraviviendas y recordó que “no se tolerarán asentamientos ilegales” en el municipio. Sant Josep es, junto al anillo periférico de la ciudad de Eivissa, la zona donde más asentamientos se han desmantelado en los últimos años. El desalojo más reciente se produjo en la estructura abandonada de un complejo hotelero a medio construir en Punta Xinxó, en la bahía, donde se habían asentado un centenar de personas sin techo. 

Algunas de ellas se trasladaron tras la actuación policial a un antiguo mercantil hippy, también abandonado, muy cerca de allí. Además, en otro terreno a veinte minutos a pie y cercano a la costa que alberga hoteles cada vez más enfocados al turismo de lujo, existe otro asentamiento chabolista formado por una decena de temporeros provenientes del Sáhara Occiental. Lo que indica, lo que todo el mundo ya sabe, que el problema habitacional no se extingue: sólo se mueve.

De momento, Sant Josep es el único término municipal que ha visto cómo personas sin hogar utilizaban para pernoctar sus cementerios. Ninguno de los cuatro ayuntamientos restantes ha tenido constancia, por lo menos hasta ahora, en una situación similar, como han confirmado a elDiario.es.

No es, eso sí, el único que persigue los asentamientos. Sin ir más lejos, este último mes la Policía de Sant Antoni ha desmantelado tres núcleos chabolistas en áreas rústicas y naturales del territorio de su competencia y, en lo que va de año, los agentes –que cuentan con drones para vigilar zonas de difícil acceso– han interpuesto 41 sanciones relacionadas con acampadas, caravanas y autocaravanas utilizados como vivienda. 

Uno de cinco trabajadores: en riesgo de exclusión 

En Balears, un 34,2% de las personas sin hogar están en esta tesitura por problemas relacionados con la vivienda, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De este porcentaje total, un 20,1% se vieron en este crítico escenario tras ser desahuciados, un 3,6% porque se les terminó el contrato de alquiler que tenían hasta el momento y el 10,5% restante porque no pudieron seguir pagando el alojamiento.

En Balears, un 34,2% de las personas sin hogar están en esta tesitura por problemas relacionados con la vivienda, según datos del INE. Además, uno de cada cinco trabajadores está en riesgo de exclusión social

En el archipiélago, uno de cada cinco trabajadores está en riesgo de exclusión social: 223.000 ciudadanos residentes, según datos recientes recogidos en el Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en las Islas Baleares. Esto significa que, a pesar de ocupar un puesto de trabajo activo, no pueden costearse el nivel de vida de las islas y están atrapados, por contra, en procesos de vulnerabilidad. 

De hecho, un estudio reciente realizado por dos economistas y presentado esta semana en Eivissa arroja que el holgado crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de las Pitiusas no se traduce en mayor bienestar ni renta per cápita para la población. La conclusión se recoge en el informe Fénix –elaborado por el doctor en Economía de la Universitat de Barcelona (UB) Miquel Puig y el catedrático en Economía de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Guillem López–, que extrapola los resultados obtenidos de analizar la realidad turística en Catalunya a las islas, donde se agravan. 

Muchas personas viven con lo justo y casi todo marcado por el tema de vivienda. Por desgracia, en la ‘isla del lujo', la brecha entre los que más y menos tienen cada día es mayor: la clase media cada vez toca más dimensiones de la exclusión

Gustavo Gómez — Coordinador de Cáritas en Eivissa

El incremento de la población en el archipiélago repercute en un colapso de los servicios públicos –porque hay parte de la misma que no contribuye a los mismos o contribuye muy poco– y en un encarecimiento de la vivienda que lo dificulta o prácticamente lo imposibilita, recoge el análisis.

A día de hoy, Cáritas Diocesana atiende a dos mil personas en sus distintos programas. “Muchas de ellas viven con lo justo y casi todo marcado por el tema de vivienda”, lamenta Gustavo Gómez, coordinador de la organización en la isla. “También hay quienes buscan mejorar su empleabilidad y personas migrantes que quieren aprender el idioma para facilitar su integración”, sigue. “Pero, por desgracia, en la ‘isla del lujo', la brecha entre los que más y menos tienen cada día es mayor: la clase media cada vez toca más dimensiones de la exclusión”.

“Ir a pedirle algo de comer a esta gente es de ser sinvergüenzas”, cuenta Willyrex a cámara en un vídeo publicado el pasado domingo en YouTube. En la grabación, él mismo se disfraza de persona en situación de calle para solicitar dinero a varios hombres que duermen en bancos o en el suelo. Lo hace en Lavapiés, barrio que el vídeo califica de “uno de los más peligrosos de toda España” y “el peor de Madrid” por supuestos problemas de orden público o tráfico de drogas que la pieza audiovisual no muestra en ningún momento.

El polémico vídeo forma parte del canal de Zazza, un youtuber italiano con vestimenta de estilo policial y que propone a Willyrex varios retos sensacionalistas para sacarlo “de su zona de confort” en este lugar del centro de Madrid. El primero es el de disfrazarse de sintecho reclamando un euro a varias personas que duermen en la calle, argumentando que le han “echado de casa”. Personas a las que luego el propio Zazza entrega varios billetes mientras suena música emotiva de fondo. Uno de ellos critica lo que hacen: “Tienes una pinta de pijo... que me pidas a mí un euro”, recrimina a los youtubers. Willyrex se viste luego de periodista para quejarse de que los coches de Policía Municipal y Nacional pasan de largo sin contestar a sus preguntas. “Si quiere hablar con la Policía, tiene que hablar con nuestro gabinete de prensa”, le contesta el único agente al que recoge el vídeo.

Ni Zazza (3,4 millones de suscriptores en YouTube) ni Willyrex (18 millones) logran captar la comisión de ningún delito ante las cámaras. El segundo lo llega a admitir: “No hemos visto ninguna pelea ni nada así, pero eso no significa que no lo haya”, añade para mantener las sospechas, como también hace el creador de contenido italiano al captar a distancia a una persona dándole a otra lo que aparenta ser un papel de liar cigarrillos, pixelado en la imagen publicada. “Mira, mira, le ha pasado algo”, sale diciendo a cámara como si estuvieran traficando con droga, apoyando la tesis sobre la que se basa toda la grabación.

Las secuencias rodadas en Lavapiés están plagadas de escenas morbosas, ante personas con escasos recursos y sobre las que llegan a cuestionar su salud mental: “Huele mal”, suelta Willyrex sobre una de ellas. “Es un sintecho con problemas psicológicos”, advierte Zazza, antes de grabarle sin pudor. El periplo acaba con críticas por parte de grupos de personas que no quieren aparecer en el vídeo, lo que anima a los dos protagonistas a seguir la secuencia y a escenificar una especie de huida de las amenazas en lugares como el parque del Casino de la Reina o la plaza de Lavapiés. “Igual me he equivocado de contenido”, llega a admitir Zazza al ver que no consigue hablar con casi nadie. Todo ante la atenta mirada de su propio guardaespaldas, que le separa de los posibles entrevistados y al que se le observa en un brazo el tatuaje de una runa odal, símbolo nórdico utilizado habitualmente por colectivos fascistas.

“Da una visión sesgada y busca bronca”

Willyrex nació en Madrid, pero vive en Andorra, donde evitar tributar en su país de origen impuestos derivados de su actividad. El pasado mes de diciembre su abogado interpuso un recurso ante la Audiencia Nacional por una resolución que le exige pagar en España los gravámenes de los ejercicios 2016 y 2017. Sobre Lavapiés, dice al final del vídeo que “no volvería a ese barrio” por su inseguridad. Y eso ha acabado indignando a muchos habitantes de este lugar.

Este vídeo solo explota y estigmatiza la pobreza o la inmigración, pero ignora que la convivencia suele ser pacífica. En cambio, la precarización, la gentrificación del barrio, la falta de limpieza o la excesiva presencia policial siguen ahí

Vecina de Lavapiés

Sara, que ha vivido 20 años allí, no oculta su estupefacción al ver las imágenes, que han corrido como la pólvora entre el vecindario desde el domingo. “La actitud y objetivo no es la de conocer un barrio, sino dar una visión muy sesgada al tiempo que se busca bronca”, considera. Se muestra muy crítica con la premisa escogida y el “entretenimiento de muy dudoso gusto” que ha vuelto a poner en la diana a un barrio con estigma: “Lavapiés tienes sus sombras, sí, pero también muchas luces. Y así nunca van a conocerlo, solo a desprestigiarlo”.

“Yo vivo en Lavapiés desde hace cinco años y nunca me he sentido insegura”, asegura Marta, otra vecina que coincide con el diagnóstico de Sara: “Este vídeo solo explota y estigmatiza la pobreza o la inmigración, pero ignora que la convivencia suele ser pacífica. En cambio, la precarización, la gentrificación del barrio, la falta de limpieza o la excesiva presencia policial siguen ahí”, añade. No niega que haya problemas en sus calles, y aunque ha oído alguna vez rumores sobre “trapicheos” en la plaza de Lavapiés asegura que, hasta ahora, a ella nadie la ha molestado. “Al final parece que estos retos solo intentan sacar partido de la pobreza de la gente, y presentarla como si fuera un show”, concluye.

De entre los vecinos de esta zona del distrito Centro, algunos llevan tiempo organizados en una plataforma llamada Lavapiés al Límite, que integra a medio centenar de colectivos con un objetivo en común: acabar con el abandono institucional que sienten sobre el barrio. La agrupación ha preferido “no entrar a valorar ni dar protagonismo a quienes vienen aquí a fabricar vídeos desde el odio”, refiriéndose a los creadores de contenido que protagonizan esta polémica. 

Lavapiés al Límite recuerda los problemas del barrio que no suelen mencionarse en los canales de este tipo de youtubers: la ausencia de espacios verdes; zonas de juego o más recursos para la drogodependencia de la zona; o las redadas policiales y las agresiones racistas en el barrio

Además, han querido recordar en declaraciones a Somos Lavapiés que este enclave tiene otros problemas más urgentes, que no suelen mencionarse en los canales de este tipo de youtubers: la ausencia de espacios verdes; zonas de juego o más recursos para la drogodependencia de la zona; o las redadas policiales y las habituales agresiones racistas en el barrio, dirigidas también hacia sus vecinos. 

Lavapiés al Límite recuerda también que los colectivos que forman parte de la plataforma no solo trabajan desde la reivindicación: a lo largo del verano han desarrollado distintas actividades para dinamizar Lavapiés. “Si alguien quiere presentar Lavapiés como un lugar peligroso, allá ellos. Ojalá su relato sirva, al menos, para que especuladores, racistas y fascistas no encuentren aquí el barrio que están buscando”, reivindican fuentes de la plataforma.

De momento, el relato apocalíptico sobre el barrio no parece echar a los inversores inmobiliarios de Lavapiés. Son abundantes las noticias de bloques enteros de viviendas comprados por fondos, vaciados de sus vecinos para ser sustituidos por turistas o por inquilinos de rentas más altas. Una realidad en Tribulete 7 o Lavapiés 50 que no parece encajar con el relato del “peor barrio de Madrid” trazado por Willyrex o Zazza.

Entidades sociales, respaldadas por los partidos de izquierdas en la ciudad, se movilizan en apoyo de las personas que viven en el poblado chabolista de la Fórmula 1 de València. La plataforma en Solidaridad con los residentes en el antiguo circuito convocó una protesta-guardia ante un posible desalojo del casi millar de personas que habitan esta zona en condiciones de gran vulnerabilidad. Sobre estos terrenos se construirá el PAI del Grao, miles de viviendas a cargo de la firma Atitlan, y las plataformas sociales temen un gran desalojo que agrave la situación de estas personas, la mayoría de ellos migrantes.

La candidata de Compromís a la Alcaldía de València, Mónica Oltra, y el portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Borja Sanjuan, han participado junto a sus concejales en un acto “ante la amenaza de un desalojo” en este asentamiento. Desde hace días circula información sobre un hipotético desalojo para este jueves, un extremo que fuentes de la delegación del Gobierno y de la Policía Local de València han negado. Estas fuentes recuerdan que para que se produzca un desalojo debe llegar una orden judicial.

La portavoz de València és Refugi, Ana Isabel Martínez, entidad que se encarga de velar por estas personas sinhogar, ha explicado que se trata de una extensión de 24 hectáreas donde hay unas 400 chabolas y viven 800 personas, algunas de ellas que han sufrido desalojos, “muchas españolas” y familias con menores, así como personas que están trabajando y han tenido que decidir entre “pagar techo o comida”.

Oltra cuestiona el modelo de ciudad de la alcaldesa María José Catalá, que “solo atiende a la especulación y a los intereses de los más ricos, y que abandona a su suerte a su gente”. Un modelo de ciudad, ha criticado, “que no cuida a la gente”.

La dirigente de Compromís ha reclamado una solución habitacional para estas personas en condiciones dignas, y ha lamentado que hay personas que trabajan y tienen que volver al terminar a sus chabolas porque las políticas de alquiler y de vivienda están orientadas “a que algunos ganen mucho dinero”, pues en el PAI proyectado la vivienda más barata costará 320.000 euros, una cantidad que no puede asumir un trabajador que gana el salario mínimo. En este sentido, Oltra ha criticado que el PP y Vox no apliquen la ley de vivienda de 2023 y se promueva un PAI que “hará que las viviendas se las queden fondos de inversión extranjeros y personas ricas”.

Por su parte, el portavoz socialista ha exigido respeto a las garantías judiciales de cualquier persona que resida en la ciudad y ha dicho que el Ayuntamiento distingue entre “personas, y personas sin hogar”. Sobre el PAI, Sanjuan reclama que se retrase su ejecución hasta encontrar una salida digna. Catalá tiene que paralizar el PAI del Grao hasta garantizar una alternativa a quienes viven en el asentamiento, señala el PSPV.

Desde Podem, que también han participado en el acto, han presentado varias preguntas en el Congreso de los Diputados. El portavoz de Podem València, Adrián Navalón, denuncia “los graves incumplimientos de Derechos Humanos de los vecinos residentes en el Fórmula 1” y “la total privación del acceso a agua durante este verano por parte del Ayuntamiento de València de Catalá y de servicios fundamentales como la recogida de basuras”.

Catalá culpa a las políticas migratorias del Gobierno

La alcaldesa de València, María José Catalá, reprocha al Gobierno central sus políticas migratorias y lo vincula a la crisis de Ceuta. “En todas las grandes ciudades estamos pagando una política de descontrol y lo vamos a seguir pagando”. “La situación de Ceuta no es una situación aislada. Es una situación lamentable donde evidentemente se ha evidenciado que todo el aparato del Estado advirtió de lo que estaba por venir, que el presidente del gobierno no tomó acciones”, ha señalado en un comunicado.

En referencia al asentamiento, la alcaldesa ha afirmado que “lo tenemos absolutamente monitorizado por el Ayuntamiento”. “Los servicios sociales acuden dos veces a la semana. No ahora porque se ha puesto de moda, porque va la izquierda y hacen concentraciones en base a bulos y a desalojos ‘fake’. Llevamos ya muchos meses yendo dos veces a la semana y analizando quién está allí y por qué está allí”, ha dicho antes de confirmar que “no hay ni un solo menor”. “Porque cuando ha aparecido un menor, los servicios sociales del Ayuntamiento han procurado darle el recurso”, ha asegurado.

Catalá también ha confirmado que “hay una mayoría de saharauis y de argelinos marroquíes”. “Y los saharauis son, en este momento, apátridas por culpa de Pedro Sánchez. No se pueden regularizar y los tienen absolutamente abandonados. Hay claras dificultades para trabajar con ellos porque tienen una situación de indefensión jurídica evidente por culpa del Gobierno de España”, ha agregado.

Mohamed recibe diálisis tres veces por semana mientras espera la llamada que puede cambiarle la vida: un trasplante de riñón. Tiene una enfermedad rara que le provoca tumores en órganos vitales y ya ha perdido los dos riñones. Si siguiera viviendo en la calle, no tendría la oportunidad de acceder a ese tratamiento.

Llegó a España en patera hace años y durante mucho tiempo mantuvo una vida normalizada. Trabajaba, estaba empadronado y podía sostenerse económicamente. Todo cambió cuando enfermó. La imposibilidad de mantener ingresos estables terminó empujándolo a una situación de sinhogarismo.

Hoy espera ese trasplante desde una de las viviendas para la recuperación de la salud que HOGAR SÍ gestiona en Córdoba. Allí cuenta con una habitación, seguimiento sanitario y la estabilidad necesaria para continuar un proceso médico que fuera del recurso sería prácticamente inviable.

“Si Mohamed no estuviera en este programa, no podría ni siquiera optar a entrar en la lista de trasplante, porque las personas que están en situación de sinhogarismo directamente no acceden a ella”, resume Beatriz Arce, coordinadora del programa viviendas para la recuperación de la salud de HOGAR SÍ en Andalucía.

La historia de Mohamed no es una excepción para el equipo de salud de esta entidad social. La pregunta de la que parte este recurso es precisamente qué ocurre cuando una persona recibe el alta hospitalaria y no tiene un lugar donde recuperarse. “Cuando una persona susceptible de un trasplante, de quimioterapia o de un tratamiento prolongado sale del hospital sin vivienda, no se les ofrece ese tratamiento”, explica Arce.

La consecuencia, advierte, es que “hay personas que fallecen en situación de sinhogarismo por enfermedades totalmente prevenibles y tratables”. Por eso, programas como el de HOGAR SÍ intentan evitar que la falta de vivienda se convierta en una barrera sanitaria. “Eso es lo que falla en el sistema: la casa es necesaria para todo el mundo, pero no debería ser un condicionante para recibir o no un tratamiento”, sostiene la coordinadora.

Tras el alta, empieza la recuperación

Las viviendas para la recuperación empezaron a funcionar en 2018 con el objetivo de dar respuesta a una realidad que el equipo veía repetirse una y otra vez: personas sin hogar que salen del hospital sin un lugar donde continuar su tratamiento. “Hay personas que están ingresadas porque tienen una enfermedad y llega un momento en el que el médico da el alta no porque se hayan curado, sino porque ya no tienen criterio de ingreso hospitalario, pero ellas no tienen dónde seguir su proceso de convalecencia”, explica Arce.

Cuando no disponen de domicilio, muchas vuelven directamente a la calle. Y allí, sostiene la coordinadora, la enfermedad suele agravarse de nuevo: “Vuelven a enfermar y al final esto provoca una rueda de entrada y salida del sistema sanitario y de hiperfrecuentación de urgencias”. HOGAR SÍ ha medido el impacto que tiene un programa como este en el uso del sistema sanitario: según sus evaluaciones, la frecuencia de visitas a urgencias desciende de forma significativa cuando las personas acceden a una vivienda estable.

El programa en Córdoba ofrece 13 plazas. Atiende a personas sin hogar con enfermedades crónicas, personas convalecientes y también a quienes necesitan cuidados paliativos y acompañamiento al final de la vida. La estancia media ronda los nueve meses, aunque no existe un límite establecido: algunas personas permanecen solo unas semanas y otras necesitan mucho más tiempo para recuperarse.

Esa diversidad de casos hace que la demanda sea constante y muy superior a la capacidad disponible. En Andalucía mantienen una lista de espera “viva” de entre 40 y 50 personas en situación de especial vulnerabilidad. ¿Y qué ocurre cuando no hay plazas libres? “Mucha gente fallece mientras está en lista de espera”, responde Arce. En España solo existen otros dos recursos similares, en Murcia y en Madrid.

La vivienda como parte del tratamiento

La idea que atraviesa todo el programa es sencilla y, al mismo tiempo, incómoda para el sistema: hay tratamientos médicos que resultan prácticamente imposibles de seguir viviendo en la calle. Arce pone ejemplos concretos: personas en diálisis, pacientes oncológicos o candidatos a un trasplante, como Mohamed. “Tenemos pacientes oncológicos a los que se les dice: te pongo la quimio si tienes dónde recibirla, pero si te vas a ir a la calle no te la pongo”, reconoce.

La coordinadora sabe de la necesidad de los cuidados asociados a esos tratamientos, pero cuestiona que la ausencia de vivienda termine convirtiéndose en una barrera de acceso. “Hay que buscar una alternativa, no simplemente sacar a la persona del sistema”, reivindica. Y recuerda: “Cuando a una persona le ofrecen un trasplante, le están dando la posibilidad de tener una vida nueva, de recuperarse y de volver a trabajar y formar parte de la sociedad, pero si no tiene dónde vivir, esa oportunidad desaparece”.

El ejemplo de Mohamed, insiste, no es excepcional. La esperanza de vida de las personas en situación de sinhogarismo es alrededor de 30 años menor que la de quienes disponen de un domicilio. “Y estamos hablando de personas nacionales, migrantes, hombres, mujeres, jóvenes y mayores... personas que se quedan totalmente fuera del sistema porque no tienen esa vivienda donde recibir los tratamientos”, lamenta.

Para Arce, el error es interpretar el sinhogarismo como un fracaso individual. “Es un problema estructural: faltan recursos, faltan programas y faltan respuestas públicas”, sostiene. En España hay más de 37.000 personas en situación de calle, recuerda. Y muchas de ellas atraviesan enfermedades graves, procesos de salud mental o situaciones administrativas complejas.

Lo primero que mejora no es la enfermedad

En la vivienda de Córdoba las habitaciones son individuales o dobles y los residentes comparten los espacios comunes. El equipo incluye profesionales de enfermería, trabajo social y psicología. La recuperación, aseguran, no depende solo de la medicación: el primer cambio suele reflejarse en la salud emocional del paciente. “Casi el 60% de las personas que llegan presentan síntomas depresivos y, tras entrar en el programa, ese porcentaje baja muchísimo: mejoran anímica, física y emocionalmente”, asegura la coordinadora.

Arce resume el primer beneficio del programa en “sentirse acompañados”. La convivencia con otros residentes, explica, permite “restablecer vínculos, darse la oportunidad de iniciar una vida nueva y recuperar derechos que habían perdido”. Algunas personas vuelven a contactar con sus familiares, otras acceden por primera vez a prestaciones sociales que nunca habían tramitado y otras terminan reincorporándose al mercado laboral.

“Hemos tenido personas que han salido, han empezado a trabajar e incluso han montado un negocio y contratado a otras personas”, cuenta Arce. Para la coordinadora, cada uno de esos casos demuestran que “no hablamos de personas incapaces de rehacer su vida, sino de personas que han perdido mucho, pero que tienen mucho que aportar”, asevera, convencida de la capacidad del ser humano para seguir adelante.

Arce insiste en que mantener un tratamiento médico en situación de calle es mucho más difícil de lo que suele imaginarse. La falta de una rutina de sueño, la inseguridad constante y la imposibilidad de cubrir necesidades básicas hacen que muchas personas no puedan seguir correctamente la medicación ni acudir con regularidad a las revisiones. Además, muchos usuarios del programa llegan sin tarjeta sanitaria, sin médico de cabecera asignado y sin saber siquiera qué centro de salud les corresponde. El equipo regulariza esa situación en pocos días y facilita el acceso a especialistas y tratamientos.

A partir de ahí, “la medicación siempre acaba bajando; la persona aprende a conocer su enfermedad, a manejar su tratamiento y puede llevar una vida totalmente autónoma”, asegura la coordinadora del programa en Andalucía, aludiendo a personas que han sufrido brotes continuos de salud mental mientras vivían en la calle y que lograron estabilizarse una vez entraron en la vivienda.

Ese es precisamente el objetivo de HOGAR SÍ: facilitar una recuperación que permita a la persona continuar su vida fuera del sistema de atención al sinhogarismo. “No queremos que sean dependientes de estos recursos, sino darles las herramientas para rehacer sus vidas”, esgrime Arce. Los resultados apuntan hacia ese camino. Según los datos de su memoria de 2025, una parte importante de las personas que pasan por el programa abandona posteriormente el sistema de atención al sinhogarismo y continúa su vida de forma autónoma.

Casos de extrema vulnerabilidad

El programa también acompaña a personas en cuidados paliativos. Son, según Arce, algunos de los casos más duros: “Hay personas que se mueren en la calle o en una unidad hospitalaria sin ningún apoyo ni acompañamiento”.

En esas situaciones, el trabajo se centra en dignificar el final de la vida y cumplir las últimas voluntades: el deseo de contactar con familiares, ver el mar por última vez, pasear, disfrutar de una comida determinada o simplemente no morir solos. “Aquellos que pueden elegir dónde fallecer, casi siempre eligen hacerlo aquí, porque sienten que esta es su casa”, afirma la coordinadora del programa.

La convivencia prolongada genera vínculos muy intensos entre los residentes. “Aquí se crea un clima de familia”, cuenta Arce. Eso hace que cuando un compañero fallece, “el resto lo vive como la pérdida de un familiar”.

En el caso de las personas migrantes, las dificultades se multiplican: problemas para acceder a vivienda, empleo, prestaciones o determinados recursos sociales. La realidad es que “la enfermedad no conoce de situación administrativa”, como sostiene Arce, quien considera “una pena dejar a gente fuera del sistema porque no esté regularizada en nuestro país”.

Más que una cuestión de derechos

Mohamed es uno de esos ejemplos. “Cuando entré aquí cambiaron muchas cosas: tengo casa, tratamiento, medicamentos y, lo más importante, la opción del trasplante que estoy esperando para volver a mi vida de antes”, dice desde la vivienda para la recuperación de la salud en Córdoba.

Dentro del programa ha conseguido regularizar su situación y obtener permiso de residencia y trabajo. También tiene reconocida una discapacidad del 85% y una esperanza que hace unos meses parecía imposible: el esperado trasplante.

“La única barrera que tiene ahora mismo es que la enfermedad sea compatible con poderle trasplantar un riñón para que vuelva a tener una vida normalizada”, explica Arce. Mientras espera esa llamada, Mohamed sigue recibiendo tres veces por semana diálisis. Puede hacerlo porque ahora tiene una habitación, una cama, una llave y una dirección. Para el equipo que lo acompaña, la diferencia entre esa vivienda y la calle no es solo una cuestión de derechos. Es, en muchas ocasiones, una cuestión de vida o muerte.

El Ayuntamiento de Ciudad Real, a través de Servicios Sociales, y siguiendo el protocolo establecido en el Plan de Protección de Personas Sin Hogar por Fenómenos Meteorológicos Adversos, activará a partir de mañana 12 de agosto, las medidas previstas para hacer frente al episodio de altas temperaturas anunciado para los próximos días.

Como parte de este dispositivo especial, se abrirán las instalaciones del Centro Municipal de Atención a Personas Sintecho (CEMAPS), con el objetivo de ofrecer un espacio seguro y climatizado a las personas más vulnerables frente al calor extremo.

El centro permanecerá operativo en horario estival de 13:30 a 19:30 horas, estableciéndose el horario de acceso entre las 13:30 y las 16:30 horas.

Se mantendrá al menos hasta el jueves

La activación de este recurso se mantendrá, al menos, hasta el próximo jueves 13 de agosto, si bien su continuidad estará supeditada a la evolución de las condiciones meteorológicas y a las recomendaciones de los organismos competentes.

Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real se recuerda la importancia de extremar las precauciones durante los episodios de altas temperaturas, especialmente en el caso de las personas mayores, menores y colectivos en situación de vulnerabilidad, y se reafirma el compromiso municipal con la protección y atención de quienes más lo necesitan.

“Una tienda iglú se convierte en una chabola en dos semanas”. Así de contundente se muestra Ana, una voluntaria de la ONG València és Refugi, de las pocas entidades sociales que se acercan al circuito urbano de Fórmula 1 en València. La entidad lleva meses trabajando con las personas sin hogar que se han asentado sobre el trazado urbano, que no deja de crecer desde hace meses. Cada semana hay una nueva construcción precaria, señalan.

El Síndic de Greuges ha abierto una investigación al Ayuntamiento de València por este asentamiento. La institución quiere saber si el consistorio tiene algún plan para los cientos de personas que se han instalado en el trazado, donde se prevé la construcción de varios miles de viviendas en el llamado PAI del Grao. La figura equivalente al defensor del pueblo valenciano pregunta al consistorio si tiene un censo, y se interesa especialmente por las acciones acometidas en las últimas semanas, en las que se suceden episodios de calor extremo. En concreto, ha pedido un informe que detalle las actuaciones e intervenciones municipales desplegadas para paliar las incidencias de las altas temperaturas, las alternativas para “garantizar unos mínimos de subsistencia digna” y que informe “sobre la existencia o no de Plan de actuación o choque/emergencia frente a situaciones de adversidad climática”.

La presión de las altas temperaturas preocupa a las entidades sociales. La capital tiene unas condiciones de humedad que hacen que la sensación térmica sea mayor, y ha estado en aviso rojo esta semana por altas temperaturas. En este tipo de alerta no se recomienda ni la exposición solar ni las actividades al aire libre, recomendación inasumible para las personas sin hogar. Los meteorólogos apuntan que el cambio climático también ha reducido el efecto de las brisas marinas: es prácticamente imposible huir del calor. Y las chabolas, construidas con lonas, plástico, palés o metal sobre asfalto no se asemejan en nada a un refugio climático.

“La sensación es una política de desgaste para ver si así se van solos”, explican desde la ONG, donde inciden en la preocupación ante un previsible desalojo. Si ha de entrar maquinaria para edificar, tendrán que echar a las cientos de personas que lo ocupan. La asociación denuncia el abandono institucional y la escasa intervención sobre el terreno; apenas acuden ellos, Mensajeros dela Paz y Amigos de la Calle. La asociación Alanna, focalizada en la lucha contra la violencia de género, es quien se encarga de realizar el censo para el Ayuntamiento de València.

Quién vive en el circuito urbano

Un vistazo a los datos disponibles da cuenta de la brecha entre la información oficial y lo que relatan las asociaciones. Las personas que viven como pueden en el circuito urbano apuntan que son cerca de 1.300. La ONG València Es refugi está elaborando su propio censo, en el que ha documentado por el momento 165 personas. Su mapa cartográfico ha detectado 250 chabolas, así que la estimación asciende a unas 600 personas. En algunas construcciones viven hasta seis personas, señalan en conversación con elDiario.es, donde comentan que en verano es complicado elaborar el censo porque muchos se mueven hacia la playa. Ana destaca que han encontrado también a muchas personas españolas en caravanas por la zona.

Los datos del Ayuntamiento de València divergen de esta contabilidad. El censo de vivienda precaria de Alanna, que recoge los datos del año 2025, apunta que hay 82 personas en el barrio de Natzaret y 363 en El Cabanyal, de las que más de la mitad son de nacionalidad española. La entidad sigue la división territorial asignada a los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) y señala que en toda la ciudad existen 1342 personas viviendo en chabolas. El circuito pasó al ámbito de competencia del Cabanyal en 2023, según una respuesta municipal.

En 2024, según el informe de Alanna, en el censo había 26 chabolas y 85 personas. Conviven diversas nacionalidades, predominando las personas procedentes del Sáhara Occidental y Argelia. Entonces se reflejaba que eran unidades unipersonales formadas por hombres, aunque ya hay varias familias. Hay al menos diez personas que perciben la renta valenciana de inclusión, según un documento municipal al que ha tenido acceso elDiario.es, que recalca que algunas personas abandonan el asentamiento para trabajar unos meses y regresan al finalizar el contrato. En el año 2025 se detectó un grupo de personas que ocupan espacios en la periferia del asentamiento, viviendo en tiendas de campaña.

El asentamiento se incluyó en el censo de vivienda precaria en 2010, con apenas cinco personas. El incremento de población se dio a partir de 2021, según indica el informe del consistorio. Fue a partir de la crisis sanitaria del COVID-19 cuando aumentan las infraviviendas y “se evidenció la necesidad de una intervención comunitaria en el asentamiento”. Aunque el informe no hace alusión, es a partir de la crisis sanitaria cuando empiezan a dispararse los precios de la vivienda en València. Ya en 2021 era complicado encontrar un piso por menos de 700 euros en la capital.

El informe apunta que existe colaboración con los servicios sociales. “Actualmente las personas que residen en el asentamiento del circuito son conocedoras de los recursos existentes. No todas ellas tienen una intencionalidad de cambio ni de asentarse definitivamente”, señala el informe del consistorio del 2024, en el que se afirma que en el año 2021 “se tomó la decisión de dejar de realizar intervención comunitaria ya que desde el equipo de intervención se comprobó que el vínculo con los servicios sociales era estrecho y conocedores de los recursos”. A priori, según detalla este informe técnico, el personal de Servicios Sociales del Cabanyal va cada tres meses al asentamiento.

Compromís exige actualizar los datos

La concejala de Compromís Lucía Beamud acudió al asentamiento la pasada semana, acompañada por la asociación. “Allí hay personas que han llegado huyendo del acoso que sufrían en el Cauce del Turia, otros trabajan y tienen nómina, pero han acabado viviendo en un asentamiento porque no pueden asumir el incremento desorbitado del precio de la vivienda. Esto evidencia que estamos ante una emergencia social y residencial que el gobierno de María José Catalá está ignorando”, denuncia la edil.

Ante la diferencia de datos, Compromís solicitó los últimos informes de seguimiento del asentamiento, que datan de marzo de 2025. “Esto es enormemente preocupante porque confirma lo que las entidades vienen denunciando: hay un aumento constante de personas viviendo al asentamiento, no existe un seguimiento adecuado de los casos de salud y tampoco se están desplegando actuaciones suficientes para proteger la población ante las altas temperaturas.” Los datos del mismo Servicio de Atención a Urgencias Sociales (SAUS) consultados por la concejala de la oposición señalan que durante 2024 solo se realizaron cinco actuaciones ante las diecisiete alertas por calor extremo decretadas por AEMET. Y en 2025, hasta ahora, solo consta una actuación ante doce alertas. “Es evidente que la respuesta municipal es claramente insuficiente”, concluye.

El Síndic de Greuges, la institució que exerceix les funcions de defensor del poble valencià, obri una investigació sobre el poblat xabolista de l'antic circuit urbà de Fórmula 1 de València. La institució que encapçala Ángel Luna ha obert una queixa d'ofici a l'Ajuntament de València per l'abandonament de l'assentament de la façana marítima, que s'ha incrementat en els últims anys.

El Síndic recopila informació publicada pels mitjans de comunicació sobre les condicions de vida de centenars de persones que habiten l'antic circuit. A més, assenyala que ha rebut diverses queixes formals sobre el fet que aquestes persones “es troben en una situació d'especial vulnerabilitat i exclusió social, i es veuen exposades a condicions d'habitabilitat incompatibles amb unes condicions de vida dignes”, i emfatitza el risc que comporten episodis de calor extrema com els d'aquest estiu.

En aquest sentit, la institució obrI un expedient a l'Ajuntament de PP i Vox i pregunta si s'han adoptat mesures o hi ha algun pla per a aquestes persones sense llar. L'assentament de l'antic circuit urbà és dels més nombrosos a la ciutat, i ha anat creixent des dels últims desallotjaments a l'antic Llit del Túria. La població és variable i canvia per temporades, però les entitats socials ja parlen de més d'un miler de persones. Sobre aquests terrenys s'edificaran centenars de vivendes de luxe en l'anomenat PAI del Grau.

El Síndic pregunta a l'Ajuntament de María José Catalá si té un cens de les persones sense llar i, en concret, de les que viuen a l'assentament. Demana, a més, un informe que detalle les actuacions i intervencions municipals desplegades per a pal·liar els efectes de les altes temperatures, les alternatives per a “garantir uns mínims de subsistència digna” i que informe “sobre l'existència o no d'un pla d'actuació o de xoc/emergència davant situacions d'adversitat climàtica”.

El Síndic de Greuges, la figura que encarna al defensor del pueblo valenciano, abre una investigación sobre el poblado chabolista del circuito urbano de Fórmula 1 de València. La institución que encabeza Ángel Luna abre una queja de oficio al Ayuntamiento de València por el abandono del asentamiento en la fachada marítima, que se ha incrementado en los últimos años.

El Síndic recopila información publicada por los medios de comunicación sobre las condiciones de vida de cientos de personas que habitan el antiguo circuito. Además, señala, ha recibido varias quejas formales sobre que estas personas “se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y exclusión social, viéndose expuestas a condiciones de habitabilidad incompatibles con unas condiciones de vida dignas”, y enfatiza el riesgo en casos de episodios de calor extremos como los de este verano.

En este sentido, la institución abre un expediente al Ayuntamiento de PP y Vox y pregunta si se han adoptado medidas o hay algún plan para estas personas sin hogar. El asentamiento del antiguo circuito urbano es de los más numerosos en la ciudad, y ha ido creciendo desde los últimos desalojos en el antiguo Cauce del Túria. La población es variable y cambia por temporadas, pero las entidades sociales ya hablan de más de un millar de personas. Sobre estos terrenos se edificarán cientos de viviendas de lujo en el llamado PAI del Grao.

El Síndic pregunta al Ayuntamiento de María José Catalá si tiene un censo sobre las personas sinhogar, y en concreto sobre las que viven en el asentamiento. Pide además un informe que detalle las actuaciones e intervenciones municipales desplegadas para paliar las incidencias de las altas temperaturas, las alternativas para “garantizar unos mínimos de subsistencia digna” y que informe “sobre la existencia o no de Plan de actuación o choque/emergencia frente a situaciones de adversidad climática”.

Zakarías, Auxi, Bernardino, Carlos y Mariví se reúnen una vez por semana en Sevilla. Llevan bolsas con lo básico para que una persona pueda comer o asearse y olvide unos minutos que vive en la calle, en una Sevilla muy hostil con sus 40 grados en verano para la gente que no tiene un techo sobre sus cabezas.

Una ciudad en la que “los cartones duelen mucho”, como explica Fernando Sánchez, una de las personas a las que ayuda semanalmente este grupo de personas, agrupada bajo el nombre de 'La Calle'.

Inician su paseo en el barrio El Arenal y, desde ahí, recorren todos los puntos donde saben que hay alguien que les pueda necesitar, a pie de calle o en sus propias 'minichabolas' de cartón.

Así viven unas mil personas en distintas zonas de Sevilla, cuya situación se agrava en periodos de intenso frío o calor, gente que “se juega la vida” en una ciudad en la que el Ayuntamiento señala que se han habilitado en torno a 125 refugios climáticos en periodos de intenso calor, que se pueden ampliar a 145 si es necesario, pero que no es suficiente.

El problema de encontrar dónde dormir

Hasta hace dos años, algunas de estas personas, hombres en su mayoría, dormían en los soportales del mercado de abastos de la calle.

En 2022, el Ayuntamiento gobernado entonces por el PSOE inició el proceso para cerrarlos con rejas, aduciendo quejas vecinales, y el actual gobierno del PP lo culminó en 2025.

No obstante, “por inercia” muchos pasan buena parte del día apoyados en las rejas, buscando la poca sombra que les alivie del calor.

Mariví López recuerda con rabia cómo vio que le quitaban el sitio para dormir a mucha gente cuando, además, algunos cajeros se cierran de noche para no acoger a estos “inquilinos”.

Ella prefiere mirar hacia adelante y hablar del tío Paco, un hombre para el que es “su sobrina”, o de un joven marroquí, Ahmed, al que han ayudado a regularizar su situación en España, y ahora está ilusionado con trabajar en la fresa en Huelva.

Todo empezó años atrás, cuando se encontró por la calle a una persona que, más que alimentos, necesitaba cariño. “Le dije que si quería tomar un café, y nos pusimos a hablar”, ha explicado. A partir de ahí fue conociendo a más personas en la misma situación, hasta que decidió que, al menos una vez por semana, les ayudaría con lo básico.

Entre los voluntarios está Carlos Wehbi, un argentino que estuvo a punto de perderlo todo por adicción al alcohol, pero que, ya recuperado ha recuperado “la alegría de vivir, las ganas de todo”, y ahora está “en el otro lado”, porque ha pasado de vivir en la calle a ayudar a los sintecho.

Cada uno aporta lo que quiere

Todos ponen algo de su tiempo y ganas por los que menos tienen, como Bernardino, un médico jubilado al que llaman todos “el doctor”, y que les pasa consulta sin coste alguno si lo necesitan, para intentar que su salud no se deteriore más todavía por dormir al raso doce meses al año.

Auxi lleva bocadillos y Zakarías, un té marroquí. Un joven que les pide lo que le puedan dar, porque no había comido en todo el día. En ese momento, ese chico pasa a ser la prioridad de todos. Mariví le sigue con la mirada hasta que se asegura de que ha comido las pastas que le han dado.

“Pastas que no tienen manteca de cerdo, porque nos aseguramos de que todo lo que traemos lo pueda comer cualquier persona sin problemas de creencias”, ha explicado.

Los voluntarios se aseguran de que todos tienen al menos lo básico para no pasar hambre en unas horas, y se llevan a casa algunos encargos, como conseguir que Carlos encuentre trabajo como cuidador de personas mayores en casa u hospitales. Toda ayuda es poca y casi siempre es cuestión más de cariño que de alimentos.

El Ayuntamiento de Cáceres ha activado un protocolo especial para proteger a las personas sin hogar ante las altas temperaturas, un dispositivo de emergencia social que permanecerá operativo durante los meses de verano con el objetivo de reforzar la atención a las personas en situación de calle y minimizar los riesgos asociados a los episodios de calor extremo.

El protocolo está coordinado por el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) en colaboración con entidades sociales como DYA y Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres. La medida contempla actuaciones específicas dirigidas a garantizar la hidratación, el seguimiento y la asistencia de las personas más vulnerables cuando se activen las alertas por altas temperaturas. El dispositivo forma parte del Itinerario de Emergencia Social para Personas sin Hogar.

La concejala del IMAS, Jacobi Ceballos, ha señalado que la prioridad municipal es asegurar que “ninguna persona quede desprotegida durante las olas de calor”. En este sentido, ha destacado que el protocolo permite ofrecer una respuesta “rápida, humana y eficaz” en los momentos de mayor necesidad.

Durante el periodo estival será DYA la entidad encargada de intervenir de manera prioritaria una vez que el servicio de emergencias 112 active los avisos por altas temperaturas. Su labor se centrará en la atención directa a las personas sin hogar, especialmente en tareas de hidratación, seguimiento de su estado de salud y asistencia en la vía pública.

Entre las medidas previstas figura el refuerzo del reparto de agua y alimentos, así como la intensificación de los recorridos para localizar y atender a las personas que permanecen en la calle durante los días de mayor riesgo por calor.

Según ha explicado la concejala, los equipos de DYA ya se encuentran realizando un seguimiento preventivo sobre el terreno para comprobar la situación de estas personas. Aunque el protocolo oficial se activa con las alertas meteorológicas, la entidad mantiene un trabajo continuado de acompañamiento social durante todo el año que ahora se ve reforzado.

El dispositivo contempla además una coordinación permanente con Cáritas Diocesana para conocer la disponibilidad de plazas en el Centro Vida y en el Centro de Emergencia Social, facilitando el acceso a recursos de alojamiento cuando sea necesario. Asimismo, se prevé la colaboración con Policía Local y Policía Nacional en aquellos acompañamientos que requieran apoyo adicional.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha adoptado medidas preventivas para proteger a los trabajadores municipales que desarrollan su actividad al aire libre: adaptación de horarios para evitar las horas de máxima exposición solar y la utilización de dispositivos inteligentes que permiten monitorizar la temperatura corporal y ambiental para prevenir posibles golpes de calor. 

El Ayuntamiento de Madrid insiste en que se cuidan todas las garantías, pero las quejas han terminado llegado hasta el Defensor del Pueblo. El organismo público, que dirige Ángel Gabilondo, ha solicitado información a José Luis Martínez-Almeida sobre los protocolos municipales a la hora de atender a las personas que viven en la calle. En concreto, reclama un listado con las actuaciones del último medio año y, especialmente, aquellas que se siguieran antes de retirar enseres a las personas sin hogar, después de que El País publicara testimonios de trabajadores denunciando que estas pertenencias se tiraban sin el permiso de sus dueños.

Según indicaron, el Área municipal de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha dado una orden reciente a los Equipos de Calle (que trabajan diariamente con las personas sin hogar) para no avisar a los afectados si mandaban un operativo especial de limpieza al lugar donde pernoctan, y en el que normalmente guardan enseres como mantas, ropa o algunos muebles de segunda mano.

Aunque el departamento responsable mantuvo en su día que “no se tira nada sin avisar”, el Defensor del Pueblo ha exigido datos que avalen esta respuesta. Entre ellos, el número de actuaciones efectuadas en los últimos seis meses, la cifra de personas afectadas y las alternativas habitacionales que se les ofrecen para salir de esta situación de calle. En un comunicado, la institución nacional detalla que su petición viene después de conocer el caso en los medios y recibir dos quejas distintas: una de los trabajadores municipales y la otra, de una sección sindical con representación.

“Las personas que han interpuesto la queja manifiestan su preocupación por una posible vulneración de derechos fundamentales de personas en situación de sinhogarismo de la ciudad de Madrid al expulsar a estas personas de los espacios públicos en los que pernoctan, sin ofrecer alternativas y retirando sus pertenencias personales sin previo aviso, incluida la documentación y medicación”, sentencia en su nota el Defensor del Pueblo.

No obstante, Almeida ha respondido públicamente a la solicitud de Ángel Gabilondo. Reitera que “en esta ciudad no se tira ni una sola de las pertenencias personales de las personas sin hogar”, salvo los cartones. “Y, en mi opinión, los cartones no son pertenencias personales y en ellos puede haber un riesgo sanitario en esos cartones”, ha sentenciado esta misma semana.

Antes de recibir esta última solicitud, el alcalde de Madrid ya salió al paso de las críticas defendiendo que su equipo actúa “siempre conforme a criterios de salud pública y seguridad”, e insiste en los recursos municipales que ya existen para personas sin hogar. No obstante, un albergue o centro social no siempre es la opción más óptima a ojos de estas personas vulnerables, tal y como explicaron en este reportaje. Por su parte, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz vicealcaldesa aseguró que los protocolos se mantienen y continúa la comunicación con gente en situación de calle.

Más allá del trabajo de campo, existen seis centros de acogida en la red municipal: San Isidro, La Rosa, Juan Luis Vives, Puerta Abierta, Beatriz Galindo y Pedro Meca. En total son 1.210 plazas disponibles para una ciudad que atiende a miles de personas a lo largo del año, y la idea es abrir unas 200 plazas más a lo largo de este año, ya sea en viviendas de la EMVS o con contratos específicos con el mercado privado.

Hi ha una manera molt senzilla de fer desaparéixer un problema: deixar de mirar-lo. O millor encara, deixar de comptar-lo. És exactament això el que està fent el govern de María José Catalá amb les persones sense llar de la ciutat de València.

El recompte de persones sense llar no és una simple operació estadística. No és un tràmit burocràtic ni una activitat accessòria dels serveis socials. És una ferramenta imprescindible per a saber quantes persones viuen en situació de sensellarisme, quins són els seus perfils, quines necessitats tenen i com evoluciona un fenomen que representa una de les formes més extremes d’exclusió social. Sense dades no hi ha diagnòstic. Sense diagnòstic no hi ha planificació. I sense planificació només queda la improvisació o, pitjor encara, la indiferència.

València va començar a realitzar aquests recomptes l’any 2019 gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament, les entitats socials i la Universitat de València. Després van arribar les edicions de 2021 i 2023. S’havia consolidat una periodicitat biennal que permetia seguir l’evolució del fenomen i adaptar les polítiques públiques a la realitat.

Per això resulta tan greu la negativa de l’actual govern municipal a mantindre aquesta tasca. Quan des de Compromís vam proposar que l’Ajuntament assumira el recompte amb recursos propis davant els retards administratius del Ministeri, el PP i Vox van votar en contra. I ara, davant el nou recompte estatal previst per a octubre, directament es neguen a participar-hi.

L’excusa és tan feble que cau pel seu propi pes. Diuen que la càrrega de treball derivada del procés extraordinari de regularització ho impedeix. Però durant mesos el mateix govern municipal va repetir una vegada i una altra que aquest procediment no afectaria el funcionament ordinari dels serveis socials perquè existiria un equip específic destinat a gestionar-lo. En què quedem? O van faltar a la veritat aleshores o falten a la veritat ara.

La veritat és molt més senzilla: el PP no vol saber quantes persones sense llar hi ha a València. I encara menys que la ciutadania ho sàpia.

Des de 2023 hem assistit a una política sistemàtica de persecució de la pobresa. El projecte del llac al llit del Túria, les declaracions que vinculen exclusió i delinqüència, la prohibició de repartir aliments, les expulsions constants de persones que malvivien al riu o al Parc Central, les sancions i el desmantellament de recursos socials formen part d’una mateixa estratègia: apartar la pobresa dels llocs visibles.

Però la pobresa no desapareix perquè la desplaces.

Quan una persona és expulsada del llit del Túria no deixa de ser una persona sense llar. Quan es desallotja un assentament tampoc desapareix la vulnerabilitat. El que passa és que aquestes persones es veuen obligades a traslladar-se a altres espais, normalment més perifèrics, més invisibles i més precaris. Els assentaments continuen creixent. Les tendes de campanya continuen multiplicant-se. Les entitats socials continuen atenent més persones que mai. Només ha canviat una cosa: ara la pobresa està més lluny dels ulls de qui governa.

Això és el que realment tem el govern de Catalá. Que les dades demostren que, després de tres anys de propaganda, les seues polítiques no han resolt absolutament res. Que els problemes continuen ací. Que les persones expulsades del centre han reaparegut als marges. Que l’exclusió social augmenta mentre l’Ajuntament mira cap a un altre costat.

I tot això ocorre en una ciutat on cada vegada hi ha més persones treballadores que no poden accedir a un habitatge. Entitats com Càritas o Metges del Món alerten de l’aparició de nous perfils de pobresa vinculats directament a l’emergència residencial. Famílies amb ingressos, persones amb nòmina, gent que treballa i que, malgrat això, no pot pagar ni tan sols una habitació.

Davant aquesta realitat, Catalá continua negant-se a aplicar mesures per a frenar l’escalada dels lloguers. Té instruments per actuar, però prefereix no molestar els interessos especulatius. Perquè cada vegada que ha de triar entre defensar els interessos de la majoria social de València o seguir la línia marcada pel PP, tria el PP. Sempre.

La mateixa falta d’implicació s’ha vist en el procés de regularització. Les entitats socials van reclamar durant mesos una coordinació efectiva amb l’Ajuntament. La reunió va arribar quan només faltaven vint dies perquè acabara el termini. Una vegada més, tard i malament.

Però el més preocupant és el missatge de fons. Quan una administració renuncia a comptar les persones més vulnerables està prenent una decisió política. Diu que prefereix ignorar la realitat abans que afrontar-la. Està assumint que la seua prioritat no és solucionar els problemes sinó evitar que es vegen.

Per això el PP rebutja el recompte. No perquè siga impossible fer-lo. No perquè falten recursos. No perquè no siga útil. El rebutja perquè les dades tenen una virtut molt incòmoda: desmunten els relats.

I el relat del govern de Catalá s’ensorra quan la realitat entra en escena.

Les persones sense llar continuen existint. Els assentaments continuen creixent. Les entitats continuen alertant de l’agreujament de la situació. I mentre tot això passa, l’Ajuntament prefereix deixar de comptar.

Però una ciutat decent no abandona els seus ciutadans més vulnerables. I una democràcia madura no amaga la pobresa darrere d’un decorat. La combat amb dades, amb recursos, amb planificació i amb valentia política.

Tot el que no siga això és simple maquillatge urbà. I València mereix molt més que una alcaldessa obsessionada amb ocultar els problemes que és incapaç de resoldre.

Al menos siete personas han precisado asistencia sanitaria tras el fuego que se ha registrado la mañana de este sábado en el pabellón abandonado de EGA situado en el barrio vitoriano de Adurtza. Varias personas que estaban en el interior han sido evacuadas y al menos siete de ellas han tenido que recibir asistencia sanitaria e incluso se ha producido algún traslado a un centro hospitalario. Tras las primeras investigaciones sobre el origen del incendio realizadas en el lugar, se ha procedido a la detención de una mujer, de 44 años, como presunta autora del fuego. La persona arrestada ha sido trasladada a la Ertzain-etxea de Vitoria para realizar las diligencias correspondientes.

El Departamento de Seguridad a Europa Press ha informado de el aviso se ha producido a las 10.38 horas de este sábado, cuando se ha detectado un fuego en un pabellón situado en la calle Campo de los Palacios de la capital alavesa, que, según han confirmado los Bomberos, es perteneciente a EGA.

Los bomberos desplazados al lugar han evacuado a las personas que se encontraban en su interior y han sofocado las llamas, mientras que los servicios sanitarios han atendido en el lugar a los afectados. Los servicios de emergencias, así como policías, continuaban a la una y veinte de la tarde en el lugar aunque Seguridad ha confirmado que el fuego está ya extinto. En la zona del incendio se ha precintado el acceso al pabellón para las personas. La Policía Local y la Ertzaintza vigilarán el lugar para que se cumpla dicha medida preventiva.

Este pabellón, así como el de Urssa, fue objeto el pasado mes de mayo de un dispositivo policial preventivo para tratar de identificar a las personas que viven habitualmente en ese inmueble abandonado. En total el operativo de Ertzaintza, Policía Nacional y Policía local identificó a 119 personas, la mayoría migrantes de entre 17 y 57 años, 116 de origen magrebí, una de procedencia europea y dos de nacionalidad española.

El año arrancó con la promesa de deschabolizar Madrid, eliminando asentamientos improvisados en las laderas de la M-30 a su paso por Ventas. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, lo defendió aludiendo a “molestias” y “problemas de convivencia” con los vecinos, pero ahora vuelve al centro de la diana por un caso parecido: según El País, el Ayuntamiento ha dado la orden de no avisar a las personas sin hogar antes de retirar sus pertenencias del lugar en el que pernoctan, como se venía haciendo hasta ahora desde los equipos municipales de apoyo.

El consistorio niega que esto se haga sin al menos un aviso previo, aunque evita dar respuesta a la pregunta de si ha habido algún cambio en las directrices de su personal, tal y como sostiene El País. En sus informaciones, el periódico recoge que este cambio es efectivo desde marzo, cuando se obligó a los Equipos de Calle no notificar de los operativos de limpiezo que podían acabar tirando algunas pertenencias de personas sin hogar. Sin embargo, fuentes del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento consultadas por Somos Madrid insisten en que “no se tira nada sin notificarlo”.

“Siempre se ha avisado [a las personas sin hogar] y lo seguiremos haciendo”, afirman sobre los protocolos de limpieza, que pueden afectar a sus enseres. El departamento que dirige de José Fernández justifica estas actuaciones como una forma de evitar “problemas de salud pública”, como la acumulación de basura en la calle o la atracción de roedores. También invita a las personas en situación de calle a “tener recogidas sus pertenencias”, aunque no llega a detallar cómo hacerlo si no tienen casa donde guardarlas.

“Los equipos de calle trabajan con ellos cómo hacer uso del espacio público evitando la insalubridad”, se limitan a decir. Pese a las explicaciones municipales, las informaciones publicadas recogen testimonios anónimos de trabajadores sociales que aseguran haber recibido una directriz expresa y haber manifestado expresamente su desacuerdo con ellas. Una cuestión que el consistorio ha esquivado en distintas respuestas.

El propio Almeida también ha salido al paso de las críticas. Ante esta última controversia, el alcalde defiende que su equipo actúa “siempre conforme a criterios de salud pública y seguridad”, e insiste en los recursos municipales que ya existen para personas sin hogar. No obstante, un albergue o centro social no siempre es la opción más óptima a ojos de estas personas vulnerables, tal y como explicaron en este reportaje. Por su parte, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz vicealcaldesa ha asegurado que los protocolos se mantienen y continúa la comunicación con gente en situación de calle.

Sanz es también la responsable de Seguridad y Emergencias, departamento del que depende la Policía Municipal. Este cuerpo es el que se encarga, junto a Samur Social y Selur (el servicio municipal de limpieza), de llevar a cabo los operativos de higiene urbana. Ha pasado medio año desde que Almeida comenzó a desmontar chabolas por todo Madrid, y apenas una semana desde que la visita del Papa León XIV devolviera el protagonismo a las personas sin hogar. Sin embargo, las acusaciones cruzadas ya están de vuelta.

Carpetazo y archivo. La jueza que autorizó el mayor desalojo de la historia de España ha avalado que el Ayuntamiento de Badalona, que encabeza Xavier García Albiol (PP), dejara en la calle a decenas de migrantes, al valorar que el consistorio sí les prestó “la atención debida”.

Así lo afirma la magistrada Meritxell Quella en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que da por finalizado el procedimiento en el que autorizó la petición del consistorio badalonés para desalojar, antes de Navidades, a los centenares de migrantes que ocupaban y malvivían en el instituto municipal abandonado B-9.

La magistrada sigue la línea que ya había mostrado en anteriores resoluciones. La jueza ha respaldado la polémica actuación del consistorio pese a que el desalojo del B-9 provocó un problema social de gran magnitud. La Generalitat y las entidades sociales tuvieron que buscar alojamientos de emergencia para los migrantes ante la inacción del Ayuntamiento de Badalona, lo que no evitó que varias personas tuvieran que dormir durante días debajo de un puente en pleno temporal de viento y lluvias.

Cuando decidió avalar el desahucio, la jueza, en contra de lo reclamado por la Fiscalía y las abogadas de los migrantes, rechazó obligar al Ayuntamiento de Badalona a proporcionar un techo alternativo a los desalojados. La magistrada se limitó a indicar, sin más precisiones, que el consistorio debía prestar “atención social” a los casi 400 migrantes.

Pasados seis meses, la jueza respalda la actuación del Ayuntamiento de Badalona en el desalojo, al dar por buenos los informes municipales que sostienen que los servicios sociales “aplicaron una serie de intervenciones y medidas dirigidas a prestar asistencia a las personas que quedaron desprovistas de solución habitacional”.

La jueza ha hecho caso omiso a las peticiones del Ministerio Público y de las letradas Marta Llonch y Mireia Salazar para indagar en las vulneraciones de derechos fundamentales de los desalojados producidas por la, a su juicio, insuficiente atención municipal.

En marzo, tal y como adelantó este diario, la jueza ya salvó a Albiol de explicar por qué no abrió para los migrantes desalojados el albergue municipal para personas sin hogar clausurado en 2024.

Tras pedir al consistorio varios documentos y con los migrantes ya en la calle, el Ayuntamiento de Badalona admitió a la jueza que carece de protocolos para personas sin hogar. El consistorio alegó que la ley no le obliga, y agregó que sí disponía de una “metodología de intervención” para las personas sin hogar (que ocupaba medio folio).

Los informes municipales que relataban la actuación de servicios sociales durante el desalojo mostraba, a criterio de la Fiscalía, que el Ayuntamiento de Albiol incumplió sus obligaciones legales con los desalojados al no prestar “ningún tipo de actuación de soporte o ayuda efectiva”.

Por el contrario, en su resolución final sobre el caso, la jueza concluye que el consistorio “se atuvo al mandato literal” para desalojar el B-9, por lo que, concluye, Badalona “ha dado cumplimiento” a su mandato.

La magistrada sí considera “incontestable” que la asistencia a los migrantes por parte del Ayuntamiento de Badalona “pudo ser acometida de otra forma o con otras directrices”, pero lo ve irrelevante para su causa, que limita al desalojo del B-9.

“El juicio de oportunidad del dispositivo para atender una desocupación masiva debe permanecer fuera del procedimiento”, zanja la magistrada.

La falta de un protocolo de atención a personas sin hogar, insiste la jueza, “no supuso ningún obstáculo para ofrecer las medidas asistenciales necesarias a las personas que aceptaron los recursos”. Todas las actuaciones del consistorio hacia los migrantes se basaron “en la voluntariedad” de los desalojados, ahonda la magistrada.

Al margen del caso de lo contencioso-administrativo ahora cerrado, la Fiscalía abrió en diciembre una investigación tras una denuncia penal contra Albiol a cargo del eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens.

Nueva causa archivada para el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. La Audiencia de Barcelona ha confirmado que no ve delito en que el edil revelara durante un pleno municipal datos médicos de un hombre sin hogar que murió en la localidad en 2024.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la sección 8ª de la Audiencia de Barcelona confirma el archivo del caso decretado por el instructor. Los jueces no contestan en la resolución a la petición del letrado Andreu Van den Eynde, que representa a la acusación de Guanyem Badalona, para que se pronunciaran sobre la “singular analogía” que el caso de Albiol presentaba con la condena contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados.

La sentencia del Supremo sobre el ex fiscal general, argumentaba Guanyem Badalona, “aborda un debate relevante sobre la imposibilidad de responder a una noticia con una revelación de secretos”. Van den Eynde agregó que el Supremo consideró punible este tipo de actuación “incluso con referencias específicas a supuestos de datos de salud”.

V., el vecino sin hogar de Badalona fallecido, acudió al Hospital Municipal de Badalona el 25 de mayo de 2024, donde fue atendido. Desde hacía varios días que los habitantes del barrio de Canyadó habían observado un deterioro de su salud. El hombre terminó falleciendo el pasado 9 de junio.

Un mes después, durante el pleno municipal Albiol respondió a las peticiones de explicaciones de las asociaciones de vecinas, que denunciaron que la muerte del hombre sin hogar, de origen lituano, se produjo tras el cierre del albergue municipal para personas sin techo. Este vínculo molestó a Albiol, que respondió a los vecinos con datos del paso del fallecido por el hospital.

“Como fue al Hospital de Badalona, tengo aquí, no el parte, porque eso es privado, pero sí el porqué murió esta persona, y se lo voy a leer textualmente. Me lo han enviado desde el Hospital, eh”, lanzó el político del PP al pleno tras la petición vecinal. A continuación, difundió parte de los síntomas, el diagnóstico, las pruebas y el tratamiento médico al que fue sometido el sintecho en el Hospital de Badalona.

En su auto, el tribunal aprecia una “ausencia de cualquier evidencia de haber incurrido en conductas infractoras en materia de protección de datos” por parte de García Albiol. El motivo, explica el tribunal, es que la Autoridad Catalana de Protección de Datos no constató “infracciones concretas en materia de protección de datos” en su investigación. Si el ente especializado no apreció infracciones, menos puede hacerlo el derecho penal, concluyen los jueces.

La Audiencia entiende que los familiares del finado podrían denunciar la vulneración de la intimidad personal del fallecido como un derecho propio, siempre que demostraran el grado de parentesco exigible y que señalen qué informaciones concretas reveladas les han podido ocasionar un perjuicio.

En este caso concreto, los jueces concluyen que no se ha aportado “ninguna evidencia” de los ámbitos de la esfera privada del hermano que han podido verse afectados por las declaraciones de Albiol, ni si tuvieron trascendencia, difusión o impacto en su país de origen.

El tribunal sostiene que no consta que el difunto tuviese familia, ni próxima ni lejana, en España, ni que la misma “hubiere mostrado interés personal en su estado de salud o en la evolución y el desenlace fatal de su enfermedad, tampoco en el tratamiento de sus restos mortales, que nadie reivindicó en su momento”.