Nueva causa archivada para el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. La Audiencia de Barcelona ha confirmado que no ve delito en que el edil revelara durante un pleno municipal datos médicos de un hombre sin hogar que murió en la localidad en 2024.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la sección 8ª de la Audiencia de Barcelona confirma el archivo del caso decretado por el instructor. Los jueces no contestan en la resolución a la petición del letrado Andreu Van den Eynde, que representa a la acusación de Guanyem Badalona, para que se pronunciaran sobre la “singular analogía” que el caso de Albiol presentaba con la condena contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados.

La sentencia del Supremo sobre el ex fiscal general, argumentaba Guanyem Badalona, “aborda un debate relevante sobre la imposibilidad de responder a una noticia con una revelación de secretos”. Van den Eynde agregó que el Supremo consideró punible este tipo de actuación “incluso con referencias específicas a supuestos de datos de salud”.

V., el vecino sin hogar de Badalona fallecido, acudió al Hospital Municipal de Badalona el 25 de mayo de 2024, donde fue atendido. Desde hacía varios días que los habitantes del barrio de Canyadó habían observado un deterioro de su salud. El hombre terminó falleciendo el pasado 9 de junio.

Un mes después, durante el pleno municipal Albiol respondió a las peticiones de explicaciones de las asociaciones de vecinas, que denunciaron que la muerte del hombre sin hogar, de origen lituano, se produjo tras el cierre del albergue municipal para personas sin techo. Este vínculo molestó a Albiol, que respondió a los vecinos con datos del paso del fallecido por el hospital.

“Como fue al Hospital de Badalona, tengo aquí, no el parte, porque eso es privado, pero sí el porqué murió esta persona, y se lo voy a leer textualmente. Me lo han enviado desde el Hospital, eh”, lanzó el político del PP al pleno tras la petición vecinal. A continuación, difundió parte de los síntomas, el diagnóstico, las pruebas y el tratamiento médico al que fue sometido el sintecho en el Hospital de Badalona.

En su auto, el tribunal aprecia una “ausencia de cualquier evidencia de haber incurrido en conductas infractoras en materia de protección de datos” por parte de García Albiol. El motivo, explica el tribunal, es que la Autoridad Catalana de Protección de Datos no constató “infracciones concretas en materia de protección de datos” en su investigación. Si el ente especializado no apreció infracciones, menos puede hacerlo el derecho penal, concluyen los jueces.

La Audiencia entiende que los familiares del finado podrían denunciar la vulneración de la intimidad personal del fallecido como un derecho propio, siempre que demostraran el grado de parentesco exigible y que señalen qué informaciones concretas reveladas les han podido ocasionar un perjuicio.

En este caso concreto, los jueces concluyen que no se ha aportado “ninguna evidencia” de los ámbitos de la esfera privada del hermano que han podido verse afectados por las declaraciones de Albiol, ni si tuvieron trascendencia, difusión o impacto en su país de origen.

El tribunal sostiene que no consta que el difunto tuviese familia, ni próxima ni lejana, en España, ni que la misma “hubiere mostrado interés personal en su estado de salud o en la evolución y el desenlace fatal de su enfermedad, tampoco en el tratamiento de sus restos mortales, que nadie reivindicó en su momento”.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado este martes que el Gobierno municipal rebajará la sanción prevista para las personas sin hogar que duerman en la calle, parques y jardines. La nueva Ordenanza Cívica contemplaba inicialmente multas de hasta 3.000 euros al considerar esta conducta como una infracción “muy grave”, pero finalmente pasará a tipificarse como “leve”, con sanciones de entre 50 y 750 euros. Lo ha dicho en una entrevista en la COPE Zaragoza, pero no ha incluido ninguna modificación a otras medidas que sancionan a las personas vulnerables de la ciudad, como pedir dinero en la calle o vender pañuelos en un paso de peatones.

La regidora ha justificado el cambio asegurando que el Ayuntamiento ha escuchado las críticas trasladadas por las entidades sociales durante el periodo de exposición pública de la norma. “Uno de los puntos que más sorpresa ha generado ha sido el hecho de que las personas sin hogar no puedan pernoctar en la calle, parques y jardines y que eso sea una sanción muy grave”, ha reconocido.

“Hemos estado en comunicación con la coordinadora de entidades sin hogar y les hemos escuchado. Es verdad que que sea muy grave es muy duro”, ha señalado Chueca, quien ha avanzado que el texto se modificará para que la conducta pase a ser considerada una infracción leve. “Va a seguir dando instrumentos jurídicos para que la Policía permita que no se formen asentamientos como los que tuvieron lugar en el parque Bruil”, ha añadido.

La alcaldesa ha defendido que “la calle no es para mantener campamentos ni asentamientos”, aunque ha admitido que la sanción inicial era “excesiva e inasumible”. “Hablamos de pasar de unos 3.000 euros, que era muy grave, a unos 50 euros —la normativa municipal establece que las sanciones leves pueden ir de los 50€ a los 750€—. Lo importante es tener el instrumento jurídico”, ha afirmado.

La modificación llega después de la polémica generada por una ordenanza que castigaba con hasta 3.000 euros dormir en la vía pública, una medida que distintas entidades sociales y partidos de la oposición calificaron de criminalización de la pobreza. El Ayuntamiento de Zaragoza, además, participó en la elaboración de la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinhogarismo en España 2023-2030, donde se recoge expresamente que las personas sin hogar no deben ser “criminalizadas”.

Pese a este cambio, el texto mantiene otras medidas criticadas por colectivos sociales. Entre ellas, la prohibición de la denominada “mendicidad coercitiva”, que incluye pedir dinero obstaculizando “de manera intencionada el tráfico libre de los ciudadanos por los espacios públicos”. También se sanciona la limpieza de parabrisas o la venta de pañuelos en semáforos “a cambio de una cantidad de dinero o donativo”, así como la venta ambulante irregular o ‘top manta’, castigada igualmente con multas de hasta 3.000 euros.

Chueca ha vinculado además el incremento de personas sin hogar con las políticas migratorias del Gobierno central. “El problema de las personas sin hogar está creciendo en toda España como consecuencia de un Gobierno nacional que tiene las competencias en inmigración y no está aplicando una política de integración”, ha asegurado. Según la alcaldesa, Zaragoza ha registrado “un incremento del 60%” de personas sin hogar en los últimos años, aunque ha defendido que la tasa continúa “muy por debajo de la media nacional”.

La alcaldesa también ha reivindicado las políticas municipales impulsadas durante su mandato. “He sido la alcaldesa que más ha hecho por las personas sin hogar”, ha afirmado, antes de destacar la reforma del albergue municipal con una inversión de seis millones de euros y el aumento de plazas disponibles. Según ha explicado, la ciudad ha pasado de contar con 349 plazas de atención a personas sin hogar a superar las 500 sumando recursos municipales y convenios con entidades sociales.

Aunque el estereotipo diga lo contrario, para verse en la calle no hace falta ser alcohólico, drogadicto o venir de una pobreza extrema. Basta con un golpe de mala suerte y unas circunstancias adversas para que, en un mercado inmobiliario cada vez más tenso, tener una casa o pagar el alquiler deje de estar al alcance de muchos. “Yo me vi en una situación complicada, solo y sin redes familiares a las que poder volver”, confiesa Carlos, que tiene 35 años y ha pasado el último mes en un centro temporal para personas sin hogar. Después de días complicados, ha encontrado trabajo como ayudante de pintor. “Cuando no tienes casa, tampoco hay donde ducharte o asearte antes de una entrevista, por ejemplo. Y entonces, todo empeora”, explica desde la habitación compartida donde ahora pasa las noches. Él logró una plaza en el CEDIA de Lucero, un centro de atención e información las 24 horas que pertenece a Cáritas y que, pocas semanas después de su marcha, recibirá una visita especial: la del papa León XIV.

El mismo día de su llegada, después de un primer recibimiento institucional en el Palacio Real, la segunda parada de León XIV será este espacio de acogida en la calle Cullera. Está en el distrito de Latina y no es un recurso público, aunque sí gratuito para los usuarios: forma parte de la red de Cáritas Diocesana, el brazo de la Iglesia católica para acciones sociales. Un día, una delegación del Vaticano acudió a ver las instalaciones y observar sus actividades, con talleres de inclusión para los usuarios o herramientas de atención psicológica. Tiempo después supieron que el Papa había escogido este centro de personas sin hogar para conocerlo personalmente en su primer viaje oficial a Madrid.

El espacio dispone actualmente de 92 plazas, con 47 de ellas dirigidas a hombres para pasar la noche, 20 para las mujeres y otras 25 que funcionan como centro de día. La mayoría de la gente permanece aproximadamente un mes, aunque el responsable del centro avisa de que cada caso es muy distinto: hay quienes llegan en situación de alta vulnerabilidad y necesitan más tiempo, e incluso un 20% de sus usuarios tienen un trabajo remunerado, pero necesitan ahorrar para pagar la fianza y el primer mes de un alquiler. “Hace años ayudábamos a algunos a pagar la entrada para un piso de alquiler. Ahora, cuando lo hacemos, es para acceder a una habitación que puede llegar a los 600 euros mensuales”, destaca Juan José Gómez, al frente del centro.

“Intentamos ayudarles a recuperar su dignidad, primero con recursos básicos como una cama, comida, ropa o ducha y, luego, orientándoles en la búsqueda de empleo o con apoyo psicológico”, añade en declaraciones a los medios ofrecidas esta mañana. Sobre qué empuja a estas personas a terminar en situación de calle hay múltiples respuestas. El propio coordinador del centro señala que cada vez acuden más jóvenes en situación precaria, e incluso dos de cada diez usuarios llegan con trabajo y cobrando un sueldo, pero no pueden permitirse un alquiler en un mercado “inaccesible”, en palabras de Gómez. En 2025 pasaron por allí 2.534 personas, pero solo dieron plaza a 880.

“Está claro que es un recurso limitado para la alta demanda que existe en Madrid, pero es la capacidad que tenemos”, reconoce Gómez, aludiendo a que el CEDIA debe ser un complemento de los espacios públicos disponibles. Uno de ellos, precisamente, es la campaña anual contra el frío, en la que el Ayuntamiento despliega un dispositivo especial junto al Samur Social para ofrecer alojamiento o comida caliente y evitar las noches al raso en invierno. Allí fue la primera vez que Carlos, actualmente en el CEDIA de Cáritas, accedió a un servicio destinado a personas sin hogar. Alguien que conoció en esos días le recomendó buscar plaza en este centro de la Iglesia, sin saber aún que acabaría entre los lugares que recibirán en junio a León XIV.

“Yo espero que la visita del Papa nos traiga visibilidad y cambie en algo las políticas públicas del Ayuntamiento. Porque quien diga que nos va bien en materia de servicios sociales, miente”, sentencia el joven, apuntando a centros “sin limpieza o higiene” que prefiere no mencionar. En total, la red municipal dispone de seis espacios de acogida (San Isidro, La Rosa, Juan Luis Vives, Puerta Abierta, Beatriz Galindo y Pedro Meca) repartidos en la capital. Todos ellos suman 1.210 plazas disponibles que, este año, pretenden ampliarse hasta las 1.400. Sin embargo, por sí sola no puede absorber toda la demanda de que existe: solo el año pasado, los equipos de calle del Ayuntamiento de Madrid atendieron a más de 13.000 personas sin hogar.

“Al Papa también le pediremos que se mejoren las políticas sociales destinadas al sinhogarismo”, añade uno de los trabajadores de Cáritas en la calle Cullera, en una jornada de puertas abiertas que ha tenido lugar este martes. A lo largo del año pasado, atendieron a más de 2.500 personas en situación de calle. Pero el proyecto empezó siendo algo mucho más pequeño: un recorrido en furgoneta con café caliente para los perfiles vulnerables. De eso hace ya medio siglo, y no fue hasta 2008 que aterrizaron en Lucero ya como centro integral de acogida. Actualmente, entre sus usuarios hay una mayoría de hombres (75%), y solo un 25% son mujeres. Acuden sobre todo españoles, latinoamericanos u otros migrantes de origen magrebí y subsahariano, según ha expuesto el responsable del centro.

Sin embargo, le preocupa que en los últimos años reciban cada vez a más jóvenes. “La edad media es de 37 años, pero la mayoría entra en una horquilla de entre 35 y 50 años”, ha añadido, incidiendo en que la realidad actual de Madrid son “unos sueldos muy precarios” y un difícil acceso a la vivienda. Esteban, trabajador del centro y migrante de 26 años, explica que en sus instalaciones hay distintos modelos de habitación (individuales, dobles o con cinco camas) ya que “el sueño es complicado” y cada persona tiene unas necesidades concretas. “Algunos roncan, otros tienen problemas para dormir y muchos chicos llegan de madrugada, agotados de trabajar”, subraya. Así que tratan de adaptarse a cada situación individual en un contexto donde cada vez más usuarios tienen empleo, pero no vivienda.

En su experiencia, el miedo más habitual entre quienes viven en la calle no es únicamente dormir al raso, sino perder las pocas pertenencias que conservan. Por eso, también incluyen servicios de consigna que el centro mantiene en la planta baja. Otras veces, resume el empleado, “lo único que tienen cabe al lado de la cama”. Las duchas, la ropa limpia o el acceso a una cena caliente forman parte de una rutina básica que, para muchos, resulta imprescindible antes de acudir a una entrevista de trabajo o intentar mantener un empleo precario.

Esteban insiste en que el recurso tiene limitaciones y que no puede dar respuesta a todos los perfiles. Antes de acceder, cada persona pasa una entrevista previa y existen criterios específicos de admisión, como la exclusión de mayores de 65 años o de personas con patologías graves que requieren otro tipo de atención especializada.

Han llegado a recibir solicitudes de familias enteras, parejas o personas con trayectorias muy distintas que, en otros recursos sociales, se encuentran “listas de espera de hasta un año” para poder entrar. Aunque el responsable del centro apuntala que muchos de sus usuarios han podido dejar la calle, los trabajadores reconocen que a veces “es difícil lograr una mejora si no hay cambios estructurales” en la atención al sinhogarismo. “Hace falta iniciativa propia, pero también recursos reales para que el trabajo pueda dar resultados”, concluye otro de los empleados del centro. Para la visita del Papa, tratarán de no enredarse en preparativos: quieren que se los conozca sin edulcorantes.

Més d'un centenar de persones que residien a l'antiga presó de Palma han abandonat ja el recinte abans que expiri el termini fixat per l'Ajuntament per executar el desallotjament, segons ha assenyalat aquest dilluns el batle de Palma, Jaime Martínez (PP), en una roda de premsa en la qual ha defensat l'operatiu de recuperació possessòria impulsat pel Consistori sobre el vell complex penitenciari. L'últim cens elaborat per la Policia Local comptabilitzava 208 persones que malvivien des de fa anys a l'antic penal entre residents sense recursos, treballadors precaritzats i migrants. 

Les entitats socials, tanmateix, rebutgen l'argument de la voluntarietat després que el Consistori atorgués cinc dies hàbils -fins al proper dimecres- per abandonar el recinte abans d'iniciar la via judicial. “Sense opcions, no hi ha voluntat possible. El que se'ls està oferint és que, voluntàriament, se'n vagin a viure al carrer”, recriminen.

Així mateix, els col·lectius socials acusen el Consistori de difondre informació falsa i alarmista sobre un suposat focus d'hantavirus a l'antiga presó per justificar la urgència de l'operatiu. En un recent informe, la corporació municipal sosté que les condicions d'insalubritat de l'antiga presó, juntament amb la “important presència de rates”, podrien afavorir la propagació de malalties infeccioses entre les persones que resideixen en el recinte i fins i tot estendre's fora d'ell. El document esmenta expressament patologies com l'hantavirus, el tifus o la pesta, i assevera que l'avançat estat de deteriorament de l'immoble podria afavorir el cicle de transmissió d'aquest tipus de patologies.

Les entitats, entre elles Metges del Món, han qüestionat durament aquestes afirmacions, amb les quals, al seu parer, que qualifiquen “d'alarmistes” i mancades de base científica suficient, i retreuen a l'Ajuntament estar tractant de generar por i estigmatitzar els residents per legitimar el desallotjament en lloc de reforçar els recursos d'acollida i garantir alternatives habitacionals dignes. L'organització recrimina la “greu falta de previsió i planificació” del Consistori davant el desallotjament i alerta que centenars de persones poden quedar abocades a una situació de major exclusió i vulnerabilitat.

Segons l'alcalde, actualment romanen a l'interior de l'antic penal 101 ocupants, per la qual cosa l'Ajuntament dóna per fet que 107 persones han abandonat voluntàriament el recinte des que va començar el procediment.

Martínez assegura que part dels qui han marxat s'han traslladat a la Península, altres han trobat feina o una sortida residencial i alguns han ingressat a presó. A més, 45 persones han estat derivades a l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS). L'alcalde ha insistit que l'Ajuntament no ha detectat que els qui han abandonat el recinte s'hagin assentat en altres enclavaments informals de Palma. “Si identifiquem moviments en els assentaments, s'actua. Però no s'ha identificat res extraordinari”, ha assenyalat.

Les entitats socials, tanmateix, l'argument de la voluntarietat després que l'Ajuntament donés cinc dies hàbils -fins al pròxim dimecres- per abandonar el recinte abans d'iniciar la via judicial. “Sense opcions, no hi ha voluntat possible. El que se'ls està oferint és que, voluntàriament, se'n vagin a viure al carrer”.

La setmana passada, la Junta de Govern de l'Ajuntament va reactivar el desallotjament després de desestimar les 45 al·legacions presentades pels residents del recinte, totes elles “de contingut idèntic”, segons el Consistori. L'equip de govern sosté que les persones afectades han tingut accés a recursos socials i alternatives habitacionals, i justifica la continuïtat de l'operatiu pel “greu deteriorament” de les instal·lacions, que, d'acord amb informes de la Policia Local, Bombers i l'àrea de Sanitat, presenten problemes d'insalubritat i risc d'incendi. A partir d'ara, l'Ajuntament iniciarà la fase definitiva de notificacions, concedint un termini de cinc dies hàbils per abandonar voluntàriament el recinte abans de sol·licitar autorització judicial per executar el desallotjament forçós.

Al llarg de les últimes setmanes, treballadors municipals i agents de la Policia Local van registrar noms i documents en formularis administratius que obrien la porta al desallotjament d'un dels majors assentaments de sensellarisme de la ciutat. Molts dels residents denuncien que no tenen on anar i que ni tan sols poden accedir a una habitació en una ciutat on el preu mitjà del lloguer s'ha disparat.

“Potser agafaré un carro i passejaré pel carrer”, lamentava al febrer Silvino, jubilat asturià i antic cuiner que va arribar a la vella presó després de perdre l'habitació on vivia quan el lloguer va pujar per sobre del que podia pagar amb la seva pensió. Altres residents asseguraven treballar en la construcció, l'hostaleria o feines precàries mentre sobrevivien al recinte sense aigua ni electricitat, entre parets deteriorades, runes i escombraries acumulades.

L'Ajuntament justifica l'actuació per motius de seguretat i salubritat després dels incendis registrats a l'interior de l'antiga presó durant les últimes setmanes. El primer tinent d'alcalde, Javier Bonet, va arribar a suggerir públicament que alguns focs podrien haver estat provocats pels propis ocupants, una hipòtesi plantejada sense proves concloents i que les entitats socials consideren estigmatitzant.

Intervenció urbanística a la zona

El govern municipal sosté, a més a més, que el desallotjament forma part d'una intervenció urbanística més ampla. Un cop buidat el recinte, el Consistori preveu tapiar i enderrocar l'edifici per construir una nova rotonda i un accés viari vinculat al projecte del Consell de Mallorca, a més d'impulsar futures promocions d'habitatge al solar.

La majoria de les persones que encara romanen a l'antiga presó es troben en situació administrativa irregular, cosa que dificulta el seu accés a recursos públics d'acollida. “Pot ser que hi hagi perfils que estiguin de manera irregular a la ciutat i que no puguin accedir a segons quin tipus d'ajudes socials”, ha reconegut Martínez, qui ha confiat que el futur procés estatal de regularització extraordinària “obrirà una finestra” per a aquestes persones.

Tot això ocorre en una de les ciutats amb el mercat immobiliari més tensionat d'Espanya. Al març, el preu de l'habitatge a Palma va assolir els 5.117 euros per metre quadrat -front als 2.709 euros de mitjana estatal-, consolidant-se així com un dels mercats més cars del país, “impulsat per l'alta demanda i la pressió internacional”, segons Idealista. La capital balear concentra a més bona part de l'habitatge en mans de grans tenidors: 8.652 immobles.

Más de un centenar de personas que residían en la antigua prisión de Palma han abandonado ya el recinto antes de que expire el plazo fijado por el Ayuntamiento para ejecutar el desalojo, según ha señalado este lunes el alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), en una rueda de prensa en la que ha defendido el operativo de recuperación posesoria impulsado por el Consistorio sobre el viejo complejo penitenciario. El último censo elaborado por la Policía Local contabilizaba 208 personas que malvivían desde hace años en el antiguo penal entre residentes sin recursos, trabajadores precarizados y migrantes. 

Las entidades sociales, sin embargo, rechazan el argumento de la voluntariedad después de que el Consistorio otorgase cinco días hábiles -hasta el próximo miércoles- para abandonar el recinto antes de iniciar la vía judicial. “Sin opciones, no hay voluntad posible. Lo que se les está ofreciendo es que, voluntariamente, se vayan a vivir a la calle”, recriminan.

Asimismo, los colectivos sociales acusan al Consistorio de difundir información falsa y alarmista sobre un supuesto foco de hantavirus en la antigua prisión para justificar la urgencia del operativo. En un reciente informe, la corporación municipal sostiene que las condiciones de insalubridad de la antigua prisión, junto con la “importante presencia de ratas”, podrían favorecer la propagación de enfermedades infecciosas entre las personas que residen en el recinto e incluso extenderse fuera de él. El documento menciona expresamente patologías como el hantavirus, el tifus murino o la peste, y asevera que el avanzado estado de deterioro del inmueble podría favorecer el ciclo de transmisión de este tipo de patologías.

Las entidades, entre ellas Médicos del Mundo, han cuestionado duramente estas afirmaciones, con las que, a su juicio, que califican de “alarmistas” y carentes de base científica suficiente, y reprochan al Ayuntamiento estar tratando de generar miedo y estigmatizar a los residentes para legitimar el desalojo en lugar de reforzar los recursos de acogida y garantizar alternativas habitacionales dignas. La organización recrimina la “grave falta de previsión y planificación” del Consistorio ante el desalojo y alerta de que cientos de personas pueden quedar abocadas a una situación de mayor exclusión y vulnerabilidad.

Según el alcalde, actualmente permanecen en el interior del antiguo penal 101 ocupantes, por lo que el Ayuntamiento da por hecho que 107 personas han abandonado voluntariamente el recinto desde que comenzó el procedimiento.

Martínez asegura que parte de quienes se han marchado se han trasladado a la Península, otros han encontrado trabajo o una salida residencial y algunos han ingresado en prisión. Además, 45 personas han sido derivadas al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). El alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento no ha detectado que quienes han abandonado el recinto se hayan asentado en otros enclaves informales de Palma. “Si identificamos movimientos en los asentamientos, se actúa. Pero no se ha identificado nada extraordinario”, ha señalado.

Las entidades sociales, sin embargo, el argumento de la voluntariedad después de que el Ayuntamiento diese cinco días hábiles -hasta el próximo miércoles- para abandonar el recinto antes de iniciar la vía judicial. “Sin opciones, no hay voluntad posible. Lo que se les está ofreciendo es que, voluntariamente, se vayan a vivir a la calle”.

La semana pasada, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento reactivó el desalojo tras desestimar las 45 alegaciones presentadas por los residentes del recinto, todas ellas “de contenido idéntico”, según el Consistorio. El equipo de gobierno sostiene que las personas afectadas han tenido acceso a recursos sociales y alternativas habitacionales, y justifica la continuidad del operativo por el “grave deterioro” de las instalaciones, que, de acuerdo con informes de la Policía Local, Bomberos y el área de Sanidad, presentan problemas de insalubridad y riesgo de incendio. A partir de ahora, el Ayuntamiento iniciará la fase definitiva de notificaciones, concediendo un plazo de cinco días hábiles para abandonar voluntariamente el recinto antes de solicitar autorización judicial para ejecutar el desalojo forzoso.

A lo largo de las últimas semanas, trabajadores municipales y agentes de la Policía Local registraron nombres y documentos en formularios administrativos que abrían la puerta al desalojo de uno de los mayores asentamientos de sinhogarismo de la ciudad. Muchos de los residentes denuncian que no tienen adónde ir y que ni siquiera pueden acceder a una habitación en una ciudad donde el precio medio del alquiler se ha disparado.

“Quizás coja un carro y pasee por la calle”, lamentaba en febrero Silvino, jubilado asturiano y antiguo cocinero que llegó a la vieja prisión tras perder la habitación donde vivía cuando el alquiler subió por encima de lo que podía pagar con su pensión. Otros residentes aseguraban trabajar en la construcción, la hostelería o empleos precarios mientras sobrevivían en el recinto sin agua ni electricidad, entre paredes deterioradas, escombros y basura acumulada.

El Ayuntamiento justifica la actuación por motivos de seguridad y salubridad tras los incendios registrados en el interior de la antigua cárcel durante las últimas semanas. El primer teniente de alcalde, Javier Bonet, llegó a sugerir públicamente que algunos fuegos podrían haber sido provocados por los propios ocupantes, una hipótesis planteada sin pruebas concluyentes y que las entidades sociales consideran estigmatizante.

Intervención urbanística en la zona

El gobierno municipal sostiene además que el desalojo forma parte de una intervención urbanística más amplia. Una vez vaciado el recinto, el Consistorio prevé tapiar y demoler el edificio para construir una nueva rotonda y un acceso viario vinculado al proyecto del Consell de Mallorca, además de impulsar futuras promociones de vivienda en el solar.

La mayoría de las personas que todavía permanecen en la antigua prisión se encuentran en situación administrativa irregular, lo que dificulta su acceso a recursos públicos de acogida. “Puede ser que haya perfiles que estén de manera irregular en la ciudad y que no puedan acceder a según qué tipo de ayudas sociales”, ha reconocido Martínez, quien ha confiado en que el futuro proceso estatal de regularización extraordinaria “abra una ventana” para estas personas.

Todo ello ocurre en una de las ciudades con el mercado inmobiliario más tensionado de España. En marzo, el precio de la vivienda en Palma alcanzó los 5.117 euros por metro cuadrado -frente a los 2.709 euros de media estatal-, consolidándose así como uno de los mercados más caros del país, “impulsado por la alta demanda y la presión internacional”, según Idealista. La capital balear concentra además buena parte de la vivienda en manos de grandes tenedores: 8.652 inmuebles.

Reconocidas por las Naciones Unidas, galardonadas con el Premio Agenda Barcelona 2030 y, a finales de 2024, con el premio del Observatorio Catalán de la Justicia en Violencia Machista, Metzineres es hoy uno de los proyectos de referencia en la atención a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad en Barcelona. Desde 2020, además, está considerado un Servicio de Intervención Especializada (SIE) por la Generalitat de Catalunya. Sin embargo, ninguno de estos reconocimientos las protege del riesgo que ahora afrontan: a partir del 30 de junio, Metzineres del Raval se quedará sin local para desarrollar su actividad porque la propiedad ha decidido no renovar el contrato de alquiler del espacio.

Ubicado en pleno corazón del Raval, Metzineres funciona como un espacio comunitario de refugio, atención y cuidados para “mujeres que son expulsadas del resto de redes de atención sociosanitaria por el hecho de usar drogas”, explica Aura Roig, antropóloga y directora de esta cooperativa fundada en 2017. “Son mujeres que vienen de situaciones traumáticas, de violencia, y que duermen en la calle”, añade.

Se trata de uno de los pocos servicios que existen en Barcelona dirigidos a mujeres que sobreviven en la calle y que, a diferencia de la mayoría, no centra su intervención en el problema que las ha llevado hasta allí, sino que las sitúa a ellas en el centro.

“Cuando vives en la calle y tienes que estar despierta, difícilmente lo haces sin consumir ningún tipo de sustancia”, explica Roig. “Empezar pidiendo la abstinencia o que se adapten a determinados modelos de atención es algo muy complejo. Al final, lo que vemos es que se utilizan las sustancias como una cortina de humo para no ir a las causas estructurales de su exclusión”.

Antes de fundar Metzineres, Roig estuvo al frente de la XADUD, una red de atención a mujeres que usan drogas creada en Barcelona en 2016. Se trataba de un espacio entre iguales para la recuperación de derechos, el soporte mutuo y el intercambio de conocimientos que, a día de hoy, sigue existiendo. Fue en esos encuentros semanales en el Ateneu del Raval donde empezaron a identificar las necesidades que compartían muchas de esas mujeres: las barreras del sistema cuando solicitaban acceso a los servicios de atención social.

“Nos reuníamos todas las semanas y creamos este espacio porque nos dimos cuenta de que no tenían un lugar donde poder juntarse sin ser juzgadas”, recuerda Roig. “Vimos lo terapéutico que resultó para ellas”. Cuando el proyecto de investigación finalizó, las mujeres continuaron reuniéndose. “Fue entonces cuando pensamos que sería importante crear un espacio donde se pudieran cubrir todas esas necesidades. Así nació Metzineres”, añade la directora del lugar.

Actualmente, Metzineres atiende a 647 mujeres. Cada día pasan por el espacio unas 60, y la cifra no deja de crecer. “Ofrecemos camas para que puedan descansar durante el día, duchas, talleres y un patio interior donde se puede hacer comunidad”, explica Roig. Pese al apoyo de la administración y del vecindario —y tal y como avanzó hace unas semanas El Periódico—, el futuro del proyecto es incierto. En junio finaliza la prórroga del contrato de alquiler y la propiedad ya ha comunicado que no habrá una nueva renovación. “Nos dijeron que no lo iban a vender, que se lo quedarían, pero ahora nos lo hemos encontrado en Idealista”, lamenta.

El local —que Metzineres tuvo que reformar y cuyo coste todavía está pagando— pertenece a Barcino Property, una sociedad dedicada a la inversión en inmuebles residenciales en localizaciones céntricas de Barcelona para su explotación en régimen de arrendamiento. El contrato finalizó en enero, pero la propiedad concedió una prórroga extraordinaria que termina el 30 de junio. Este medio ha cotactado con Barcino Property, que ha declinado hacer comentarios.

La salida del Raval de Metzineres no es una cuestión baladí. Según las usuarias y la directora del espacio, el hecho de estar en el centro de la ciudad es uno de los principales activos del equipamiento. “Es el barrio en el que trabajan y por el que se mueven. Sabemos que, si nos vamos de aquí, muchas no van a llegar”, apunta Roig.

Ser mujer y dormir en la calle

Sentada en el patio interior del local, alrededor de una mesa rectangular con seis sillas de plástico que desde 2017 ha sido testigo de tantas historias, Manu se emociona cada vez que recuerda su vida en la calle. “Se me revuelve el estómago solo de pensarlo”, explica. La voz se le quiebra cuando habla de la importancia de la apariencia. “La gente se cambia de acera, te tira el vaso de café o te mira mal solo porque no tienes buen aspecto”.

Tras sobrevivir en la calle durante cinco años, Manu hoy tiene un hogar. “Metzineres es bello, muy bello. Soy una romántica, pero estoy enamorada de Metzineres. Aquí somos chicas metzis”, dice entre carcajadas, mezclando el español con el italiano, su lengua materna.

Ser mujer y vivir en la calle, explica, es despertarse cada mañana a las siete. “Sé que eso es igual para mucha gente, pero en la calle hay veces que te despiertas porque la Guardia Urbana te está dando una patada”, abunda. “Tienes que pensar dónde lavarte la cara, cambiarte, porque llevas la misma ropa de ayer. Incluso te puedes despertar con las bragas bajadas y con la mochila a cuestas. Esa mochila que nunca desaparece”.

Para Manu, como para muchas de sus compañeras, Metzineres le devuelve la dignidad. “La destrucción y el maltrato son tantos… institucional, sanitario, político… A las personas sin hogar se las trata como una mierda”, apunta. Denuncia también la desconfianza sistemática que ha marcado su relación con las instituciones. “Como he sido yonqui, no me creen. Tengo que ir acompañada por una profesional para que me tengan en cuenta”, añade.

Aunque en Barcelona existen múltiples entidades de reducción de daños y de atención a personas sin hogar, muchas se centran en un único ámbito: consumo, trabajo sexual, violencia de género. “Puede ocurrir que una mujer sin hogar, embarazada y que consume drogas acuda a una entidad que atiende a mujeres embarazadas que duermen en la calle, pero le exijan dejar de consumir”, explica Andre Gaetano, referente de activismo y responsable de la imagen de Metzineres. “Como consume [drogas], no la aceptan y se queda en la calle. Ahí es donde entramos nosotras”.

En Metzineres no se pide cita previa ni datos personales. “Aquí todas son bienvenidas: mujeres trans, migrantes, mujeres con consumo acompañado, mujeres de género ampliado”, explica Gaetano. “El historial se construye cuando ellas quieren contarlo, de una forma más humana. Si han sufrido violencia, lo explican cuando se sienten seguras”.

A la izquierda de Gaetano, apoyado en la pared, un letrero de azulejos recuerda a las víctimas de la guerra contra las drogas. “Pero aquí apenas hay consumo”, señala Manu, hoy técnica comunitaria del proyecto. “Yo he consumido mucho, pero ahora que tengo un espacio, una casa, amigas, tengo mucha menos necesidad de consumir”, afirma.

Aunque el local cuenta con lo que llaman el “tocador de consumo”, una sala de consumo seguro y acompañado, lo que define a Metzineres es su comunidad. “Ninguna chica viene porque quiera consumir”, insiste Manu, frente a algunas críticas que recibe el proyecto. “Vienen porque es un espacio donde no hace falta pedir un abrazo para recibirlo. Aquí estás presente como persona”.

De constitución delgada, sonrisa amplia y un moño rojo que contrasta con el lateral rapado de su cabeza, Manu se ríe mientras describe la vida cotidiana en Metzineres. “Es como volver a tener seis años y estar con tus amigas”. En las literas, a veces duermen de dos en dos, abrazadas, para recuperarse de una mala noche o de la dureza de la calle. Las “tardes de tinta” son tardes de peluquería: “Nos teñimos el pelo, nos maquillamos, elegimos ropa del ropero… Lo más divertido es cuando vienen las vecinas y les hacemos el pelo”, dice entre risas. “La casa son las amigas”, resume Andre.

En Metzineres pasan muchas cosas. Además de reivindicar su ternura radical, organizan talleres, charlas y espacios de intercambio de saberes. Nada más entrar, una pared cubierta de mensajes ofrece consejos que se actualizan constantemente: qué hacer si ejerces el trabajo sexual, si duermes en la calle o si consumes metanfetamina.

Cada viernes celebran una paella comunitaria junto a otras entidades del barrio y, recientemente, han impulsado L’Arravalera, un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Barcelona. Se trata de un espacio para crear comunidad, ubicado en la misma calle, que reivindica la memoria y la contracultura del Raval, dando voz a las comunidades que habitan los márgenes. Un lugar de encuentro donde autores, artistas, académicas y vecinas comparten saberes para sobrevivir a ciudades cada vez más gentrificadas.

Los datos de la organización son claros: de las mujeres atendidas durante el último año, el 70% se encontraba directamente viviendo en la calle y un 19% tenía techo gracias a algún tipo de recurso asistencial. El ahogo económico ha obligado a la entidad a cerrar los festivos y fines de semana, “justamente los días en que no reciben atención de otras instituciones y que para nosotras eran fundamentales”, señala Roig.

El año pasado también se quedaron sin financiación para el proyecto Espai de Drets, un recurso clave de acompañamiento jurídico. Sin un domicilio fijo, muchas no pueden recibir notificaciones judiciales ni acceder a una defensa adecuada. El proyecto les ofrecía un lugar estable para recibir comunicaciones y apoyo legal, facilitando el acceso a una abogada de oficio o a la defensa directa del servicio.

Además, permitía acogerse a medidas alternativas a la prisión, algo que antes era imposible al no disponer de un lugar donde cumplirlas ni de horarios compatibles con los servicios. También se elaboraban informes de vulnerabilidad que podían reducir condenas. La mayoría de los delitos no eran graves y estaban vinculados a la supervivencia, como pequeños hurtos de comida o el impago de multas.

“Estamos en una situación de mucho estrés y muchas de ellas están muy angustiadas”, concluye Roig. “Hemos pasado de tener un espacio que se nos queda pequeño a no saber si dentro de dos meses tendremos siquiera un lugar”, concluye finalmente Andre.

A día de hoy, la continuidad del proyecto pende de un hilo pese a su búsqueda de soporte y recolecta de firmas para evitar la pérdida de su local. La entidad no dispone de los recursos económicos necesarios para trasladarse a otro centro dentro del Raval, un elemento clave para mantener su labor y el vínculo con la comunidad a la que atiende.

Mientras tanto, siguen a la espera de una respuesta por parte de la administración pública, imprescindible para garantizar su futuro como servicio de intervención especializada reconocido por la Generalitat.

Pese a los intentos de mediación y diálogo, la situación permanece estancada, lo que pone en riesgo un trabajo que durante años ha dado respuesta a necesidades sociales urgentes. Sin una solución inmediata, el cierre no sería solo el fin de un espacio, sino la pérdida de un recurso fundamental para el barrio.

“Os damos la bienvenida a nuestro parque, aunque nos lo quieran quitar”. Decenas de vecinos del entorno de Madalena-Tenerías han acudido este domingo al vermú reivindicativo convocado en la zona para denunciar la situación que se vive desde hace meses en el barrio, especialmente en el entorno del Parque Bruil y del albergue municipal, donde se concentra un número creciente de personas sin hogar.

La convocatoria, con un importante carácter festivo, retoma las quejas ya expresadas por el tejido vecinal, que advierte de que el cierre y las actuaciones puntuales en el parque no han resuelto el problema, sino que han provocado desplazamientos a otros puntos del entorno. En su posicionamiento, sostienen que “esconder un problema no es solucionarlo” y que la situación responde a una cuestión estructural vinculada al acceso a la vivienda. Entre los convocantes han estado las asociaciones de vecinos Parque Bruil San Agustín y Madalena Calle y Libertad, las AMPA del CEIP Tenerías, del IES Pedro de Luna o de la escuela infantil municipal Parque Bruil, el Espacio Colectivo Vía Láctea o la Asociación Socioeducativa Gusantina.

Esta reivindicación se da en la semana en la que el Gobierno del PP en Zaragoza ha decretado el cierre nocturno del parque. Esta limitación, que será “virtual” ya que en un principio no habrá cierre físico, sí permitirá llevar a cabo actividades como pasear al perro o transitar. La decisión ha provocado sin embargo indignación entre los colectivos vecinales, que han querido hacer patente su “malestar” con el Ayuntamiento por la falta de diálogo, por “criminalizar” a los inmigrantes y por vulnerar “los derechos de libre acceso”.

En este sentido, el colectivo insiste en que “el auténtico problema son las dificultades que un sector cada vez más amplio de la población tiene para acceder a una vivienda en condiciones dignas” y reclama medidas coordinadas de todas las administraciones. Entre ellas, citan la creación de un parque de vivienda pública, la rehabilitación de vivienda precaria o la limitación de precios del alquiler.

También plantean un paquete de soluciones sociales y de emergencia, como la implementación de modelos de atención tipo first housing, la ampliación de recursos para evitar que nadie tenga que dormir en la calle, la descentralización de los servicios del albergue y la puesta en marcha de un servicio de mediación para reducir conflictos vecinales.

“Nadie puede pensar que dormir en la calle resulte placentero”, subrayan, defendiendo que ni parques, ni portales ni estaciones deben funcionar como espacios de pernocta. Al mismo tiempo, remarcan que su reivindicación no es contra las personas sin hogar, sino a favor de una respuesta habitacional digna: “Pedimos que el Ayuntamiento haga su trabajo y promueva soluciones habitacionales para que todas las personas que ahora mismo pernoctan y viven en la calle tengan alguna opción de futuro”.

El manifiesto también incluye demandas urbanas para el entorno del barrio, con la petición de un “Parque Bruil vivo, abierto, verde y limpio”, la renovación de las zonas infantiles inclusivas y la reapertura del kiosco con precios asequibles. Además, reclaman la conservación del arbolado histórico y la ejecución de las obras de la escuela infantil La Piraña, para evitar desplazamientos a otros barrios y garantizar el servicio en la zona.

Los protocolos se han convertido en el día a día de la relación de la administración con la ciudadanía. Pero el Ayuntamiento de Badalona no dispone de ninguno para las personas más vulnerables: las que no tienen un hogar. Así lo ha admitido el consistorio que encabeza Xavier García Albiol a la magistrada que autorizó el desalojo de centenares de migrantes que malvivían en un instituto abandonado del municipio, en un informe al que ha tenido acceso elDiario.es.

La abierta negativa de Badalona a dar un techo a los migrantes provocó una crisis social sin precedentes, con decenas de personas durmiendo en la calle hasta que la Generalitat y entidades sociales lograron realojarlas. Muchos no tuvieron otra que acampar bajo de un puente de la C-31, al que acudieron otras personas sin hogar de Badalona o Barcelona hasta que, de nuevo, fueron desalojadas este miércoles.

La magistrada de lo contencioso-administrativo autorizó el desalojo solicitado por Albiol. No lo condicionó, tal y como había pedido la Fiscalía, a que el Ayuntamiento ofreciera un techo de emergencia a los migrantes, sino que se limitó a obligar al consistorio a prestar “atención social” a los desalojados, sin más concreciones.

Una vez ejecutado el desalojo, la Fiscalía y las abogadas de los migrantes, Marta Llonch y Mireia Salazar, consideraron que el Ayuntamiento había incumplido igualmente la orden judicial, ya que no había personal de servicios sociales para atender a los migrantes. Sin embargo, la magistrada rechazó la petición del Ministerio Público para “verificar” si Albiol había actuado conforme le obligaba el auto.

De todas las peticiones planteadas por la defensa de los migrantes y la Fiscalía tras el desalojo, la magistrada solo aceptó una: requerir al Ayuntamiento de Badalona para que aportara el protocolo de atención a personas sin hogar. La sorpresa ha llegado con la respuesta del consistorio.

El informe ocupa tres páginas. La primera transcribe literalmente un artículo de la ley de Servicios Sociales de Catalunya. A renglón seguido, el jefe de los servicios sociales de Badalona reconoce que el consistorio no dispone del protocolo requerido por la jueza, si bien le adjunta medio folio de una “metodología de intervención” para las personas sin hogar.

Según el responsable municipal, “dentro del marco legal”, en referencia a la normativa autonómica, “no existe una obligación específica que el Ayuntamiento de Badalona ni otra administración competente tengan que disponer de un protocolo de atención a personas sin hogar por parte de los servicios sociales”.

La interpretación de la ley que hace Badalona consiste en que sus obligaciones legales pasan por “disponer de un modelo de abordaje integral que proporcione una respuesta a las necesidades sociales de las personas sin hogar”.

Todo ello pese a que la norma citada por el Ayuntamiento como marco legal dispone que los ayuntamientos son los encargados de detectar las situaciones de vulnerabilidad, ofrecer asesoramiento e intervenir. Cabe recordar que el propio Albiol, el día del desalojo, aseguró que los servicios sociales habían dado “hospedaje temporal” a 16 migrantes.

De lo que sí dispone el Ayuntamiento es de una “metodología de intervención”, en palabras del jefe de servicios sociales a la jueza, para personas sin hogar, que consiste en cuatro puntos: detección de personas que duermen en la calle e información; valoración de los servicios sociales “con especial atención a los indicadores de vulnerabilidad”; apoyo y derivación a recursos municipales de emergencia [Badalona cerró su albergue para personas sin hogar en 2024]; y seguimiento posterior.

La respuesta a la jueza de los servicios sociales de Badalona termina con otra confesión: el responsable municipal admite que ha solicitado apoyo a la Diputación de Barcelona para desarrollar un plan local de abordaje del sinhogarismo.

La colaboración con la Diputación, agrega el jefe de servicios sociales, “promoverá el diseño y la elaboración de un plan y, si cabe, un protocolo de atención” a personas sin hogar. En cualquier caso, tarde para los desalojados del B-9, que se han repartido en otros asentamientos informales, habitaciones de familiares o amigos o albergues proporcionados por la Generalitat y entidades sociales, aunque dentro de pocos días finalizará la estancia de varios de ellos.

La Fiscalía, indignada

La respuesta de los servicios sociales de Badalona ha provocado una reacción dura de la Fiscalía. En un escrito remitido a la jueza tras consultar la respuesta de Badalona, el Ministerio Público constata que el día del desalojo del B9 el consistorio no aplicó ni un protocolo de atención a personas sin hogar (porque no tiene) ni la “metodología de intervención” remitida al juzgado.

“En especial”, incide la fiscal, los puntos de la “metodología” que contemplan el apoyo y derivación a recursos municipales de emergencia y seguimiento posterior de los migrantes. “La gran mayoría de las personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad social y emergencia habitacional se quedaron en la calle”, zanja el Ministerio Público.

Es más, la Fiscalía destaca las condiciones meteorológicas adversas (lluvia y frío) de diciembre del año pasado cuando se ejecutó el desalojo. Los migrantes, concluye la fiscal, tuvieron que acampar primero en la plaza de al lado del B9 y luego bajo el puente de la C-31 “sin ningún tipo de actuación de soporte o ayuda efectiva por parte del consistorio”.

“No puede entenderse cumplido el auto” que autorizó el desalojo pero obligaba a Albiol a proporcionar atención social a los migrantes, apostilla la fiscal.

“Las personas que están en situación de sinhogarismo están en esa circunstancia, por eso es algo que se puede cambiar. Si hablamos de 'personas sin hogar' es una etiqueta y no se puede cambiar”. Con esta explicación sencilla, Elena Sáenz de Urturi, fundadora de la Asociación El Llavero, define la filosofía de una entidad que nació en Logroño hace cinco años por un grupo de profesionales del ámbito social, que quieren visibilizar las realidades de las personas en situación de sinhogarismo.

“La situación de la vivienda es crítica”, subraya Elena Sáenz de Urturi. “Si personas que tienen un trabajillo, no pueden llegar a fin de mes y no pueden pagarse una habitación, si hablamos de personas sin recursos, que no tienen red de apoyo, no están dentro de la comunidad, es casi imposible, digo casi por tener un halo de esperanza, pero es muy muy complicado para estas personas”. Ante ello, El Llavero propone, a través de jornadas divulgativas y formativas, un cambio de modelo, “hacia recursos tanto que utilizan la vivienda como factor fundamental y como derecho para el proceso de la persona como albergues más centrados en la persona, no solo en dormir y comer, sino más enfocados en el proceso de acompañamiento de las personas”, describe Elena Sáenz de Urturi.

Con el convencimiento en la lucha de que “la vivienda no es un privilegio, sino un derecho”, como recuerda Sáenz de Urturi, la asociación se ha enfocado en “visibilizar cómo viven y cómo están estas personas y poner encima de la mesa otras formas de acompañar que ya están funcionando con éxito en España y que podrían darse de forma colaborativa con el resto de los recursos existentes”, explica. Además, El Llavero pone el foco en la situación de las mujeres, quizás menos visibles en la calle pero con una realidad todavía más cruda. Por su labor de visibilización y su exigencia de recursos que protejan a la mujer de las violencias estructurales, la asociación recibe este año el Premio KM0 Igualdad de Rioja2.

“La situación de las personas sin hogar ya es bastante dura, pero cuando además de estar en la calle, encima eres mujer, tienes que asumir otras violencias que van a tener”, advierte Rosa López, otra de las fundadoras de El Llavero. “Hemos hablado con muchas mujeres que están en situación de sinhogarismo y todas cuentan que han sufrido violencias tanto de género como por parte de las personas con las que se juntan para no terminar en la calle; muchas de ellas se van a dormir con cualquier persona, a cambio de favores sexuales, a cambio de favores económicos, a cambio de lo que sea, con tal de no dormir en la calle”, describe Rosa.

En este sentido, El Llavero reclama la necesidad de que Logroño cuente con un estudio sobre la situación de las mujeres en situación de sinhogarismo. Porque la invisibilización va mucho más allá de las mujeres que están en la calle: “Muchas trabajan como internas, trabajan cuidando personas que los fines de semana no tienen, alquilan habitaciones que luego no pueden mantener y acaban también en la calle o con infrahabitaciones en las que no pueden cocinar, en las que no pueden hacer nada”. Aunque las que están en la calle han aumentado del 20 al 47%, según los últimos datos del INE, las mujeres son menos visibles en la calle porque agotan antes todos los recursos: “Les da muchísimo miedo la calle por todo lo que les puede pasar porque ya les ha pasado o les ha pasado a sus compañeras; algunas se pueden quedar hasta las 4 de la madrugada sentadas en un banco esperando a que no haya nadie para poder dormir un poquito nada más”.

En El Llavero conocen bien las violencias a las que se enfrentan las mujeres en situación de sinhogarismo. Por ello, una de las reivindicaciones principales de la asociación es la puesta en marcha de recursos exclusivos para ellas, con más importancia todavía en pequeñas donde las mujeres corren el riesgo de coincidir con sus agresores en los mismos recursos. Una de las actividades principales de la asociación es conocer de primera mano este tipo de centros que están funcionando con éxito en otras ciudades como Madrid o Bilbao y hablar con las personas que trabajan y con las que viven allí. “Son albergues específicos para mujeres donde además de estar alojadas, sin riesgos y estar seguras, se trabaja también son todos los traumas que van sufriendo”, explica para resaltar igualmente la importancia de “capacitar a los profesionales en perspectiva de género, en trabajar los traumas y en hacer un acompañamiento”.

Romper la etiqueta para ver a la persona. Esa es la manera que esta asociación quiere abrir las puertas de un futuro más justo. Frente a la crueldad de la calle que castiga doblemente a las mujeres, El Llavero se erige como una herramienta de protección y cambio estructural. Su labor reivindica que la vivienda sea el cimiento de una vida segura y libre de violencias. Solo así se podrá cumplir el objetivo que guía cada uno de sus pasos y que Rosa López resume con esperanza: “Hay que darles voz y hay que darles luz”.

*Contenido patrocinado por el Gobierno de La Rioja

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desplegado un dispositivo policial, en colaboración con los Mossos d'Esquadra, para desalojar dos núcleos de asentamientos que se encontraban en el Pont del Treball Digne, en las obras del tren de la Sagrera. Los campamentos, en los que vivían unas 200 personas, están en unos terrenos que son propiedad de Adif.

Según el Ayuntamiento de Barcelona, el operativo se ha llevado a cabo a raíz de un informe de los Bomberos de la capital catalana, que han realizado un informe de la zona en el que se constata que “existe un riesgo grave e inminente” para las personas que vivían allí, lo que hacía necesaria una actuación “con carácter de urgencia”.

Hasta el pasado octubre, en esta zona había hasta cuatro asentamientos de chabolas, pero el incendio que hubo en uno de ellos provocó el primer desalojo. Así, todavía queda otra zona de chabolas, justo delante de la antigua estación de mercancías de la Sagrera, que estos días está siendo demolida. Los residentes de este cuarto asentamiento recibieron el lunes una notificación en la que se les ordenaba abandonar voluntariamente la zona en un plazo de 48 horas, que se acaba este mismo miércoles.

Ahora, a estos residentes que todavía quedan, les toca esperar la orden del juez, que es el que ordenará el desalojo. En el operativo de este lunes también han participado profesionales del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) y los servicios de limpieza municipales.

Miércoles de desalojos

El desalojo del asentamiento de chabolas del Pont del Treball Digne ha coincidido con otro desahucio, este en el bloque Sant Agustí del barrio de Gràcia. Allí estaba programada la primera expulsión de un bloque propiedad del fondo Amsterdam Developers, que compró la finca en 2023 para destinarla a 'colivings'.

La intención de la propiedad es trocear los pisos para arrendarlos por habitaciones, una modalidad más lucrativa que el alquiler tradicional y cada vez más habitual en Barcelona.

El desahucio, que finalmente ha sido suspendido gracias a la movilización vecinal, ha cosechado el rechazo tanto del president de la Generalitat, Salvador Illa, como del Ayuntamiento de Barcelona, que instó a la propiedad a parar los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda para los vecinos de la ciudad.

En la madrugada de este martes el termómetro ha bajado hasta los 6 grados en Logroño. Es la cifra que ha decidido que las personas sin hogar de la ciudad tengan que pasar la noche en la calle. Con solo un grado menos en la previsión de AEMET, los recursos municipales, en Centro Municipal de Acogida (CMA) y el Proyecto Alasca, hubieran acogido a estas personas. Hace tres años, el dispositivo de ola de frío de Logroño cambió de extenderse de diciembre a marzo a desestacionalizarse con los 5 grados de temperatura como umbral para decidir cada día si hay o no dispositivo. Actualmente, cuando se prevén más de 5 grados durante la noche, varias personas se quedan en la calle aunque haya plazas libres en los recursos habitacionales.

La asociación El Llavero, que trabaja con el objetivo de defender la vivienda como un derecho y no como privilegio, además de visibilizar metodologías de atención centrada en la persona y desinstitucionalización ha denunciado la situación con una alusión directa a la Estrategia Nacional 2023-2030 para la lucha contra el sinhogarismo, que hace hincapié en la necesidad de aplicar políticas de prevención y de atención temprana para evitar la situación de sinhogarismo, así como la importancia de una atención integral y personalizada para las personas que ya se encuentran en esta situación.

Así, han lamentado que el Ayuntamiento de Logroño diga que “en Logroño la gente no se queda en la calle” y que los que están, “están por voluntad propia”. “Eso no es verdad”, denuncian en El Llavero. El protocolo actual marca que el conserje que está por la tarde en el Centro Municipal de Acogida debe mirar en su móvil la previsión de AEMET desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana y, si hay 5 grados o menos, poner un cartel en la puerta que señala que hay plazas por ola de frío. Este lunes, sin embargo, como la previsión mínima era de 6 grados, no había cartel.

Cambios en el protocolo

Hace tres años, la Mesa de la Pobreza decidió este nuevo procedimiento con los 5 grados como umbral para determinar si hay o no plazas por ola de frío. Hasta entonces, el dispositivo se extendía de diciembre a marzo, con la disponibilidad del Centro Municipal de Acogida, el Proyecto Alasca y el dispositivo de La Estrella, en el caso de necesitar más plazas, con vales de Cocina Económica hasta para siete días. Ahora, cuando hay menos de 5 grados, se llena el Centro Municipal de Acogida, el Proyecto Alasca y, si se cubren esas plazas, se derivan al Servicio de Urgencias Sociales para aportarles una pensión, que necesitan unas 10-15 personas, según cálculos de El Llavero. Sin embargo, cuando hay más de 5 grados, estas personas se quedan en la calle aun quedando plazas sin ocupar en los recursos.

La actual Corporación Municipal ha defendido este nuevo procedimiento, puesto en marcha con su llegada al Ayuntamiento en 2023, al que, según resalta la concejala Patricia Sainz, avala “el aumento de personas atendidas y días de apertura” y defienden que el dispositivo también se pone en marcha “con circunstancias que puedan poner en riesgo la vida de las personas, como olas de calor o fenómenos adversos, como pueden ser fuertes lluvias o viento”. En cuanto al frío, sí señala que “está vinculado a los 5 grados de temperatura porque eso nos permite abrirlo más días al año”, aunque dice que es “un poco flexible”, si bien este mismo lunes con 6 grados de previsión mínima no abrió. “Los criterios se están aplicando y estamos dando la respuesta según ellos con ese mayor número de atenciones a personas en calle”, reitera.

Desde El Llavero visibilizan que “estas personas tienen que estar sobreviviendo, pensando en si van a dormir hoy o no van a dormir”, visibilizan desde El Llavero. Además, no es solo el alojamiento para dormir, que una noche no haya dispositivo de ola de frío significa que tampoco tienen vales para cenar y comer en la Cocina Económica, tal y como denuncian. Las personas en situación de sinhogarismo en Logroño han aumentado en los últimos cinco años, como refleja el informe FOESSA, por lo que, según ven en El Llavero, el protocolo actual no es suficiente.

Antes, podían ser suficientes las alrededor de 44 plazas de Centro Municipal de Acogida, pensadas para largas estancias derivadas de servicios sociales o para cortas de tres días. “Antes, a lo mejor en un mes o dos meses, esas personas ya habían salido a otro recurso habitacional, pero ahora con el problema de vivienda que tenemos, la larga estancia del albergue se alarga y quedan menos plazas libres”. Por su parte, el Ayuntamiento de Logroño no se plantea actualmente cambiar los protocolos: “Después de valorar dos campañas, por ahora entendemos que está cumpliendo perfectamente su función en cuanto a que ha aumentado su cobertura, que es lo importante”, señala la concejala de Servicios Sociales. “Los datos nos avalan seguir a día de hoy así”.

Hay un albergue infrautilizado mientras la gente tiene que dormir en la calle

Voluntaria de Cocina Económica

Una voluntaria de Cocina Económica no dio crédito cuando los usuarios le contaron una noche que no tenían plaza para dormir esa noche y ella misma fue a preguntar al CMA, donde le explicaron los criterios, que da igual la lluvia o la humedad, sino que lo que decide es la temperatura. “Hay un albergue infrautilizado que se hizo para eso mientras hay gente que duerme en la calle, aquella noche eran 17 que no sabían donde ir”, advierte.

¿Cómo afecta a la salud pasar la noche en la calle? La asociación El Llavero pidió un informe al Hospital San Pedro, que acredita que por debajo de los 10 grados “se podían registrar casos de hipotermia grave, teniendo en cuenta la humedad del ambiente, así como que había que tener en cuenta los problemas cardiovasculares y respiratorios que podían tener las personas”. Es decir, alertan, “es cuanto menos imprudente decir si una persona duerme o no con 5 grados. Con menos de 10 ya estás en peligro”.

Las personas que están en contacto con estas personas cada día dicen estar “enojadas y tristes” y aseguran que es “duro a nivel personal” ver esta realidad. “Los recortes siempre van para los de abajo”, lamenta la voluntaria de Cocina Económica, que también afea al Ayuntamiento decir que “hay personas que están en la calle porque quieren”. Ya está acabando el invierno, “aunque estas personas no desaparecen después”, puntualizan, y piden revertir este protocolo para el próximo año. Para que cada noche no haya personas esperando un cartel en la puerta y un grado de temperatura para saber si tienen un techo bajo el que dormir.

El pasado miércoles, murió un hombre en la plaza Elisa Reverter de Badalona. Tenía 52 años y vivía en la calle desde hacía tres. Se llamaba Jordi y es la decimotercera persona sin hogar que pierde la vida en Catalunya en lo que va de año. Al día siguiente de su deceso, se confirmó la muerte de otro hombre, también en Badalona.

Esta ciudad, en la que ya han fallecido cuatro personas sin hogar en lo que va de año, inició el recuento de este 2026. Fue el día de Reyes, al mediodía, cuando un hombre de 54 años fue hallado muerto por la ola de frío. Como Jordi, había nacido en Catalunya.

Además de nacionalidad, ambos compartían el hecho de haber sido personas integradas en la sociedad. Con un trabajo estable y una familia. Pero por giros del destino, acabaron perdiéndolo todo, lo que les llevó a vivir -y a morir- en la calle. En el caso del primer fallecido, el detonante fue un divorcio. Jordi, en cambio, era un carnicero a quien un cúmulo de “malas decisiones” le hizo perder el trabajo y la relación con la familia, según cuentan quienes le conocieron.

“La crisis de la vivienda está en un punto tan crítico que es muy fácil acabar en la calle. Y, una vez ahí, es muy difícil salir. No podemos dar la espalda a esta realidad, porque mañana nos podría pasar a cualquiera de nosotros”, apunta Jaume Ventura, portavoz de Badalona Acull, una entidad que trabaja con personas sin hogar.

Los datos apoyan la versión de Ventura. Al menos, los que hay disponibles. Es difícil hacer una radiografía completa del sinhogarismo puesto que depende de los Ayuntamientos realizar el censo y consistorios como el de Badalona aportan pocos datos. En cambio, el de Barcelona sí realiza un estudio elaborado cuyos resultados, según confirman entidades expertas, pueden ser extrapolables a los de otra gran ciudad como Badalona.

Según un informe del Servicio de Atención Social al Sinhogarismo en el Espacio Público, (SASSEP) cerca del 14% de las personas sin hogar en Barcelona tienen un empleo y el 40% recibe prestaciones o ayudas como la Renta Garantizada o el SMI. Es decir, que más de la mitad cuentan con ingresos estables. “La vivienda es tan cara que, a veces, un sueldo no es suficiente. Mucha gente sobrevive como puede y, a la que hay cualquier contratiempo, acaba en la calle”, añade Ventura.

Además, destaca que en el conjunto de Catalunya, el 27% de personas sin hogar son de nacionalidad española. Sumando a estas las que provienen de algún estado de la UE y las que ya han conseguido los papeles, el resultado es que sólo el 35% de quienes duermen en la calle están en situación administrativa irregular, según datos de la Sindicatura de Greuges (Defensor del Pueblo catalán).

“Por mucho que diga la derecha, es mentira que en la calle sólo estén delincuentes y migrantes. Hay personas de todo tipo, a quienes la vida no les ha ido bien. Por eso debemos plantar cara a los que instauran el discurso de odio”. Estas palabras de Jaume Ventura hacen referencia al alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, que en diversas ocasiones ha relacionado el sinhogarismo con la inseguridad. Una de las polémicas más recientes se remonta al desalojo del B9, tras el cual aseguró que no se iba a gastar “ni un euro en dar vivienda” a sus residentes, de los que dijo que la “inmensa mayoría eran delincuentes”.

Y algo parecido ha sucedido esta semana, durante la cual han muerto dos personas sin hogar en Badalona. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Albiol aseguró que uno de los fallecidos venía “de algún país del este” y que “tenía antecedentes penales”. Sobre el caso de Jordi, catalán que había regentado un negocio propio, aseguró que los motivos que le llevaron a acabar en la calle “no son sólo un tema económico, sino que también influyen mucho los aspectos psicológicos y problemas personales”.

Si bien es cierto que las personas sin hogar tienen una tasa muy alta de problemas de salud mental, esta es una situación que se deriva de su estancia en la calle. “Es consecuencia y no causa”, según resume Beatriz Fernández, presidenta de la Fundació Arrels. De hecho, los datos vuelven a desmentir a Albiol. Según la última encuesta de personas sin hogar del INE, en 2022, el 33% de personas que acaban en la calle en Catalunya lo hacen por cuestiones relacionadas con la vivienda.

En cambio, sólo el 2,7% duermen al raso tras haber estado en la cárcel; el 9% tras haber emigrado y el 6,9% por problemas de adicciones.

Estos datos, según Badalona Acull y Arrels, desmontan el discurso de la derecha, que relaciona el sinhogarismo a la delincuencia y a la migración. El perfil de personas que duermen al raso va “mucho más allá de esa simplificación”, apunta Fernández. Y lo ha hecho siempre. “El perfil no ha cambiado. Simplemente es que está aumentando mucho el número de personas en esta situación y, por tanto, la problemática se hace más visible”, añade.

Además, apunta a otro factor, que es la cronificación. La crisis de la vivienda y la precarización laboral hace que cada vez sea más difícil salir de la calle y eso provoca que las personas nacionales y con trabajo, ya sean estables o informales, tengan más peso en las estadísticas.

Por eso, desde las entidades apuntan a la importancia de que los consistorios, asistidos por la Generalitat y el Gobierno, aporten ayudas y alternativas habitacionales a quienes estén en riesgo de perder la calle. Algo que aseguran que no sucede.

El Ayuntamiento de Badalona ha insistido en que ofreció “en diversas ocasiones” ayuda a Jordi, así como a las otras tres personas sin hogar que murieron antes que él en la ciudad. Pero desde Badalona Acull recuerdan que en el municipio no hay ningún servicio de atención a esta problemática. El único albergue que había, Can Bofí Vell, con capacidad para 80 personas, cerró sus puertas en 2024 después de que el consistorio acumulara una deuda millonaria con la empresa que lo gestionaba.

Desde entonces, en Badalona no hay albergues ni pisos de alojamiento temporal para acoger a personas sin hogar. De hecho, según constató una investigación de elDiario.es, el gobierno de Albiol devuelve cada año la mitad de fondos que le otorga la Generalitat para hacer frente a esta lacra social. “No se gasta el dinero porque no existe el recurso concreto para el cual está destinado”, dijeron a preguntas de este medio.

La única política con la que cuenta Badalona para atender a personas en situación de calle son las operaciones Frío y Calor, que se activan durante las semanas con temperaturas excepcionalmente altas o bajas. Se trata de un recurso en el que se ofrece pasar una noche en un polideportivo o equipamiento municipal. El problema es que no permite la entrada de animales de compañía y, a menudo, tampoco de pertenencias como colchones o carritos. “Muchos no lo aceptan porque se les obliga a cumplir unas normas que, a veces, no quieren seguir”, reconoce el mismo alcalde Albiol.

“Ofrecer estas alternativas tan puntuales no ayuda en nada”, opina Ventura, de Badalona Acull. Una noche al raso puede suponer más problemas que soluciones ya que, a menudo, significa perder las pertenencias y un buen lugar de pernocta en el que están resguardados y seguros. “Necesitamos políticas que vayan a la base del problema y que, sobre todo, no den la espalda a esta situación que está tan cronificada que, cualquier día, podría afectarnos a cualquiera de nosotros”, insisten.

“Me decía que se iba a la oficina. Que no podía interrumpir más su labor y ya seguiríamos hablando en otro momento”. Rocío Toronjo recuerda con emoción y cariño el humor con el que su hermano se tomaba las cosas. Esa oficina era ni más ni menos que un paso de cebra. Pero no uno cualquiera: Alfonso Toronjo “Sito” (solo su madre le llamaba Alfonso) hizo del cruce entre el Paseo de la Esperanza y Santa María de la Cabeza que da con una gasolinera su lugar de trabajo, su fuente de dignidad y su propósito vital. En esos pocos metros se dedicaba a vender pañuelos a conductores cuando el semáforo se ponía en rojo. Y en ese trozo de asfalto, quizá sin pretenderlo, hizo barrio al convertirse en una figura muy identificable para los vecinos y comerciantes del entorno.

Por eso su ausencia deja un vacío en esta zona del distrito de Arganzuela. De los más de 20 años que dedicó a ese oficio sin contrato quedan dos recuerdos, colocados en la acera junto a la gasolinera: un ramo de flores y un mensaje impreso en un folio. Dice así: “Alfonso Toronjo, 1967-2025 [aunque realmente nació en 1969]. Si la calle es dura, yo lo soy más. Nunca le faltó una sonrisa, ni ánimo para seguir tirando. Descansa en paz. Tus amigos Ana, Carlos y Loco no te olvidan”.

Rocío recuerda que siempre le repetía esa frase sobre su dureza, su capacidad para resistir. Y que en los últimos tiempos cada vez parecía más difícil. Sito también se la decía con insistencia a Óscar, otro amigo en el barrio. El responsable de colocar ese ramo que da cuenta del dolor que produce su despedida. Se trata del vendedor de la gasolinera junto a ese semáforo al que este buscavidas se desplazaba cada día desde hace más de dos décadas. Por entonces Óscar ya trabajaba allí, en un negocio inaugurado por su propio padre en los años cincuenta. Cuando este se retiró, Sito lleva unos pocos meses ofreciendo pañuelos en el lugar.

Y lo seguía haciendo cuando Óscar se jubiló el 28 de abril, justo el día del gran apagón. En todo ese tiempo, hicieron migas a base de un trato “casi diario”. Así lo recuerda el exvendedor: “Venía aunque nevase, lloviese, hiciese sol o fuera Navidad. Yo le decía que su horario era de gerente y él se reía. Tenía muy buen humor, era muy buena gente. Tuvo mala suerte con sus amigotes y había cosas en las que no hacía caso, pero era una persona excelente de buen corazón”.

Relata Óscar que cuando Sito comenzó a acudir a su particular puesto de trabajo vivía en la calle Tomás Bretón, cerca de Delicias. El semáforo le pillaba relativamente cerca de casa y siempre ha tenido un gran tránsito, con mucha gente que atraviesa el paseo de la Esperanza para incorporarse a Santa María de la Cabeza, una vía que vertebra el distrito de Arganzuela. Desde ese primer día, todavía en el siglo pasado, nadie más se puso en ese semáforo. “Yo le chinchaba con que iban a venir a quitarle el sitio y se picaba, pero todo el mundo lo respetó siempre. También le enfadaba que le dijera Sito en vez de Alfonso. Decía que con su nombre completo solo le llamaba su madre”, narra su amigo.

Un hombre que no quiso ataduras laborales, pero que tejió lazos humanos

El lazo fue tal que Sito lloró cuando Óscar se jubiló el año pasado: “Decía que me iba a echar muchos de menos. Al final nosotros fuimos prácticamente compañeros de trabajo durante muchos años”. De hecho, estuvieron a punto de serlo literalmente: “Intentamos meterle a trabajar en la gasolinera, pero él se negaba a cortarse el pelo, que era una cosa que le exigían. Una vez conseguimos que lo hiciera para un empleo de jardinero que le conseguimos, pero duró muy poquito. Él no quería atarse, pero luego aquí echaba las horas toda la tarde. Es como si eso no le pesara”.

La anécdota da cuenta de que, aunque el paso de peatones era su centro de operaciones, pasaba muchos ratos dentro de la gasolinera conversando con Óscar o con otros clientes, la mayoría vecinos con los que entabló una relación de cordialidad (cuando no de cariño). Fernando, que vive en el Paseo de la Esperanza, es uno de ellos. Mientras desayuna en una cafetería separada de la gasolinera por el paso de cebra de Sito, le recuerda como un hombre “educado y tranquilo”, por mucho que fuese “siempre con su litrona”. “Ver gente sin hogar es algo que siempre me conmueve”, cuenta Fernando, que cuando dejó de encontrarle donde siempre “justo andaba pensando en entregarle unas botas que no uso”.

No es el único que se acordaba de Sito cuando le sobraban unas monedas en el bolsillo o unas prendas por casa: “En Navidad muchos le bajaban ropa, comida, dinero... Me pagaban sándwiches y cervezas para dárselos. Los gitanos del Rastro y los flamencos de la zona le trataban como un miembro más de su familia. Era muy querido por todo el mundo”, rememora Óscar.

Según su relato, otras personas no le trataron tan bien y “se aprovecharon de él”: “En el piso de Tomás Bretón metió a gente que no pagaba y acabaron echándoles. Él decía que dormía bien mientras pudiese meterle en un portal, pero al final son muchos años de fatiga, de frío y de calor”. No en vano, las últimas conversaciones entre ambos versaron sobre la compra de una tienda de campaña: “Me pidió que le llevara al Decathlon para comprar una, para poder refugiarse las noches que pasaba al raso. Justo se puso malo y ya nunca pudimos ir a por ella”. Finalmente, la calle acabó siendo más dura que Sito (aunque solo un poco) el 22 de diciembre de 2025. Sufrió un ictus, probablemente causado por una hipertensión que nunca se trató.

Un último acto de generosidad

Su hermana Rocío recuerda a Sito con profunda emoción. Siempre estuvo pendiente y apegada a él, pese a la distancia, ya que ella reside en València. Son los pequeños de cinco hermanos, con apenas 18 meses de diferencia entre ambos: “Hablábamos muy a menudo, yo me encargaba de facilitarle la línea y los teléfonos cuando los perdía. Obviamente nos preocupaba mucho su situación, pero sabíamos que era una muy buena persona y que nunca buscaba problemas, por mucho que nunca quisiera moverse de ahí o cambiar su vida. Simplemente tomó malas decisiones”. Aunque Rocío no estaba cada día junto a ese semáforo, es consciente de que “cuando faltó mucha gente le echó de menos”.

Personas que le mostraron la solidaridad que él se ganaba a base de sonrisas, amabilidad y respeto. La misma que Sito devolvió al mundo después de su muerte: “Estuvo en coma desde el 15 de septiembre, cuando sufrió el derrame, y finalmente falleció el 22. Se nos fue el día de la Lotería y gracias a él a varias personas le ha tocado el premio más importante. Antes de morir, los médicos nos dijeron que podíamos donar prácticamente todos sus órganos, salvo el hígado. Fue su último acto de generosidad”.

La Guàrdia Civil d'Inca investiga les circumstàncies de la mort d'un home de 69 anys el cos del qual va ser trobat aquest dimarts en una caseta d'una empresa del municipi de Selva (Mallorca), on havia treballat anteriorment.

Segons han informat fonts de la investigació a elDiario.es, l'home s'allotjava de forma habitual, en condicions precàries, en un contenidor habilitat a les instal·lacions de l'empresa. L'avís de la troballa del cadàver es va produir sobre les 12.30 hores, després que diversos empleats trobessin sense vida l'extreballador.

Els investigadors creuen que l'home podia portar diversos dies mort, encara que es troben a l'espera dels resultats de l'autòpsia, que permetran aclarir les causes de la mort i determinar amb més precisió quan es va produir.

La Guardia Civil de Inca investiga las circunstancias de la muerte de un hombre de 69 años cuyo cuerpo fue hallado este martes en una caseta de una empresa del municipio de Selva (Mallorca), donde había trabajado anteriormente.

Según han informado fuentes de la investigación a elDiario.es, el hombre se alojaba de forma habitual, en condiciones precarias, en un contenedor habilitado en las instalaciones de la empresa. El aviso del hallazgo del cadáver se produjo sobre las 12.30 horas, después de que varios empleados encontrasen sin vida al extrabajador.

Los investigadores creen que el hombre podía llevar varios días fallecido, aunque se encuentran a la espera de los resultados de la autopsia, que permitirán esclarecer las causas de la muerte y determinar con mayor precisión cuándo se produjo.

Más de dos años de presencia discreta en los ensayos. Primero como espectador habitual, después como observador dentro del grupo, y finalmente con la cámara en marcha. Así nació 'Caídos del Zielo', el nuevo documental de José Alberto Andrés Lacasta, que acaba de concluir su rodaje y se encuentra en plena posproducción con vistas a estrenarse durante la segunda mitad de 2026. La película acompaña al grupo de teatro social del mismo nombre, integrado por personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad, y se construye desde una premisa clara: mirar sin invadir.

Se conocieron de forma “muy natural” y esto garantizó un rodaje “desde la naturalidad”. Lacasta considera que este método permitió trasladar con fidelidad la experiencia del grupo: “Mi cámara es solo observadora, no es incisiva, no busca la testimonialidad ni el reportaje, miramos lo que pasa y narramos desde ese punto de vista”. Señala que, para poder desarrollar un proyecto audiovisual desde esa perspectiva es necesario “estar muy implicado”: “Nuestro punto era el de mirar lo que pasaba y esa es nuestra narratología, desde el hecho de mirar”. 

Durante una hora y media la acción va transcurriendo “sin testimonios, sin cabezas parlantes”: “Vamos comprendiendo qué pasa allí, quiénes son, qué es lo que le mueve, nos damos cuenta por lo que hacen y no por lo que dicen”. 

Esta mirada observacional se complementa con una imagen en blanco y negro. Esta elección, según explica el director, tiene que ver “con el significado audiovisual del blanco y negro, es metaficción en la que ellos son actores que se representan a si mismos”. Considera que la realidad y el teatro se mezclan “y nos mete en una atmósfera muy particular”: “El color habría sido más realista pero el punto teatral con el que hemos trabajado se reforzaba con el blanco y negro. Tiene un valor estético”. 

Durante casi dos años, el equipo convivió con los miembros del grupo, acompañando sus ensayos y dinámicas. “Hacíamos sesiones de rodaje, pero muchas cosas surgían sobre la marcha. Era un trabajo intenso de convivencia, necesario para comprender la vida de estas personas”, recuerda.

La mirada sobre la exclusión social 

Lacasta reivindica la importancia de la perspectiva desde la que se muestran situaciones de sinhogarismo y vulnerabilidad, realidades “tremendamente sensibles”. Subraya la necesidad de evitar el sensacionalismo: “Cuando estás rodando ves cosas que sabes que no puedes sacar. El límite está en el respeto y en la humanidad con la que tratas a las personas”.

Para él, la mirada del equipo siempre fue “desde la horizontalidad”: “No hay condescendencia, los tratamos de igual a igual. Frente a situaciones de precariedad extrema es fácil caer en la denuncia directa, pero llevábamos puesto ese freno de mano. Queríamos reforzar la dignidad de las personas porque ellos mismos nos lo muestran y nos lo demandan”.

El director apunta también que este tipo de situaciones son invisibles para buena parte de la sociedad. “Lo cómodo es ignorarlas. Pero cualquiera puede verse ahí. Es algo que ellos no paran de decir: te puede pasar a ti”. Considera que, ante situaciones marcadas por la precariedad y la exclusión, es “necesario tomar medidas que no pasan por la caridad altruista y puntual, para calmar la conciencia”. 

Lacasta explica que ha sido una experiencia “que te sacude, te revuelve, aunque estés concienciado y no sean situaciones que te resulten ajenas, acabas muy revuelto porque son vidas tremendamente duras”. Asegura que el objetivo de esta pieza documental es “trascender con el cine estas realidades, trasladarlas a otros espacios de debate. Ojala mucha gente quiera verla y reflexionar, lo cual es negar la realidad”. 

El documental acaba con una escena de Manuela Lawson, una de las integrantes del grupo de teatro que falleció días después de terminar el rodaje. La cinta está dedicada a ella y Lacasta recuerda el momento de grabación de esta escena que cierra la película: “Sale andando por un pasillo y anda derrotada hacia la pared. Era su natural, una cosa que me llama la atención es que suelen arrimarse a la pared, piensan que es su lugar natural, casi pidiendo disculpas por ocupar un espacio sobre el que tienen el mismo derecho”. Recuerda esa imagen final de Manuela, que tenía problemas de salud y así se lo trasladó: “Fue muy emocionante, la película se la dedicamos a ella”. 

‘Caídos del Zielo’ es un proyecto de Du Cardelin Studio y 601 Producciones, con apoyo del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y Aragón TV. La cinta será presentada en festivales antes de su estreno en cines en la segunda mitad de 2026. Se trata de un documental con vocación divulgativa y cultural, que busca generar debate y reflexión sobre el arte como herramienta de transformación social y sobre cómo la sociedad observa —o ignora— la vulnerabilidad de quienes la habitan.

El proyecto teatral que da origen al documental

'Caídos del Zielo' nació en Zaragoza en 2019 como un taller de teatro dirigido a personas en riesgo de exclusión social, con el objetivo de ofrecer un espacio donde desarrollar talento artístico, creatividad y sensibilidad. El proyecto entiende el arte como una herramienta de transformación y como un punto de encuentro capaz de tender puentes entre realidades distintas. El proyecto teatral y social fue creado por la dramaturga y actriz Paloma Pedrero en Madrid, llegando a recibir el Premio Talía a Mejor espectáculo de Teatro en 2008. Más tarde, fue acogido por el dramaturgo y actor Félix Martín en Zaragoza, consiguiendo el Premio Max de carácter social en 2022.

La iniciativa se articula a través de un método inclusivo en el que participan actores y actrices profesionales de forma voluntaria, junto a docentes del ámbito escénico. Los talleres buscan construir un entorno lúdico, artístico y social que favorezca la experimentación y la creación colectiva, de modo que tanto las personas en situación de vulnerabilidad como los profesionales implicados puedan trasladar ese aprendizaje a su entorno personal, cultural y laboral.

Desde su tercera edición, el proyecto cuenta además con la colaboración de la Escuela Superior de Diseño de Aragón (ESDA), cuyo alumnado se encarga de la escenografía, el diseño gráfico, el vestuario y el atrezzo de las producciones.

Silvino va néixer a Langreo, al cor miner d'Astúries. Tenia 15 anys quan ajudava el seu pare a arrossegar sacs de carbó i a repartir-los entre els veïns abans d'emigrar i començar una vida errant que, entre altres destinacions, el va portar a Finlàndia, a Canàries i, finalment, a Mallorca. Amb el fred del matí encara agafat a la roba, relata la seva història mentre, al seu voltant, tècnics municipals i un ampli dispositiu de la Policia Local identifiquen aquells que, com ell, malviuen des de fa anys a l'antiga presó de Palma: més de 200 persones entre residents sense recursos, treballadors precaritzats i migrants. L'Ajuntament ha reactivat el desnonament de tots ells, però Silvino, cuiner avui jubilat, ho té clar: “No penso quedar-me al carrer”.

Divendres que ve, una vegada completats els controls iniciats aquest dimecres, el Consistori preveu notificar-los l'ordre d'expulsió, presentada com una actuació necessària per raons de seguretat i salubritat. Al llarg del matí, els seus noms eren anotats en formularis i incorporats, un a un, dins un procediment administratiu tan meticulós com impersonal. Mentrestant, als afores de l'immoble, el primer tinent de batle de Palma, Javier Bonet (PP), assegurava que el que al govern municipal li preocupa és que “cap persona de les que viuen aquí dins pugui morir calcinada”, en al·lusió als quatre incendis registrats a les instal·lacions el passat cap de setmana i que, al seu parer, van ser “probablement provocats”.

En un comunicat remès als mitjans de comunicació, l'equip de govern apunta que “no és un fet aïllat”, sinó que “es ve repetint amb freqüència en els últims mesos”, la qual cosa, en paraules de Bonet, “fa pensar” que “puguin ser fins i tot provocats pels ocupants, derivats de disputes entre els grups que aquí resideixen”. Una afirmació que el Consistori formula en termes hipotètics en un intent d'associar als seus residents amb la conflictivitat i reforçant amb això l'argument municipal a favor del desallotjament.

Molts dels afectats no tenen alternativa habitacional ni ingressos suficients per pagar el lloguer d'una habitació -el preu de la qual en alguns casos arriba a superar els 1.000 euros- i resistiran, entre els enderrocs i els murs esquerdats del vell recinte carcerari fins que s'esgoti el termini legal. Després de la notificació del desnonament, els ocupants disposaran de cinc dies per presentar al·legacions. Després, es dictarà una ordre que els obligarà a abandonar el lloc en un màxim de quatre dies. De no fer-ho, l'Ajuntament sol·licitarà autorització judicial per executar el desnonament col·lectiu. Un cop desocupat l'espai, el Consistori preveu netejar-lo, tapiar-lo i, posteriorment, demolir-lo per urbanitzar el solar amb la construcció d'un accés a l'autovia de Palma i un projecte d'habitatges.

“Potser agafaré un carro i el passejaré pel carrer”

Silvino explica que va arribar a la vella presó després que la propietària de l'habitació on vivia li pugés el lloguer de 200 a 250 euros, una xifra impossible per a algú que aleshores cobrava poc més de 400. “Vaig agafar els trastos i me'n vaig anar”, recorda. Una dona el va veure al carrer i li va parlar d'aquest lloc. Sense aigua, sense electricitat i entre murs derruïts que amb prou feines protegeixen del fred exterior, l'home va trobar un 'refugi'. Recrimina que, amb una mitjana pensió que amb prou feines arriba per sobreviure, no sap on anirà: “Potser agafaré un carro i passejaré pel carrer”.

A pocs metres, un altre 'resident' de l'antiga presó, d'origen italo-tunisià, explica que fa tres anys que viu al recinte. “Aquí els polítics parlen molt, però no fan res. I la policia ve aquí a parlar, però no posa una solució”, lamenta, mentre insisteix que ningú li ha explicat amb claredat què passarà després. “Aquí no hi ha aigua ni llum. I em diuen que he d'anar-me'n. Què puc fer jo? No cometo delictes, sóc una persona treballadora, vaig a la feina i torno”, apunta, per la seva banda, Felipe, una altra de les persones que s'enfronten a la incertesa de la sortida forçosa amb el temor de perdre l'únic sostre del qual disposa.

En termes similars es pronuncia Antonio, mallorquí que fa sis mesos que viu a l'antiga presó i recrimina que el desnonament s'està duent a terme “amb nocturnitat i traïdoria”. “No ens donen cap solució. Molts som treballadors. Què aconseguiran amb això? Un cens. I si ens fan fora demà? On anem? Vosaltres sabeu el que costa lloguer un pis”, incideix, dirigint-se als periodistes que a primera hora s'han desplaçat fins al recinte. Una ullada al portal immobiliari Idealista permet comprovar com, en aquests moments, tan sols una desena de pisos s'anuncien a Palma per menys de 1.000 euros al mes. Només un d'ells supera els 50 metres quadrats: en fa 55.

Un altre dels afectats, el testimoni del qual ha recollit l'agència EFE, assegura ser “una persona treballadora amb un sou en B de 1.200 euros a la construcció” i que el seu cap li exigeix 3.000 euros per contractar-lo, una pràctica il·legal que il·lustra l'explotació i l'indefensió a les quals nombrosos treballadors es troben sotmesos, atrapats entre l'economia submergida i un mercat immobiliari que els tanca les portes. “Necessito un lloc on dormir”, sentencia.

Contactes amb el Bisbat i l'Exèrcit

L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que està intentant trobar una solució amb el Bisbat de Mallorca -que recentment ha recorregut als tribunals per a desallotjar una mare i els seus dos fills d'un dels seus locals apel·lant a la “perillositat” de l'immoble- i l'Exèrcit amb l'objectiu que ningú quedi a la intempèrie. “És un problema de ciutat i un problema de país”, ha asseverat Bonet en referència a l'actual crisi habitacional, agreujada en els últims anys per l'especulació immobiliària, la irrupció massiva de fons d'inversió internacionals i la turistització, factors que han empès centenars de persones a viure amuntegades a infrahabitatges, caravanes i a edificis abandonats com l'antiga presó de Palma.

Lucía Muñoz, portaveu d'Unides Podem a l'Ajuntament de Palma, qui es trobava present juntament amb altres integrants de la formació morada per intentar aclarir als afectats què passarà quan el procediment administratiu esgoti els seus terminis, s'ha mostrat severament crítica amb l'actuació municipal i amb la “política criminal” del batle, Jaime Martínez, que suposa “deixar al carrer persones que ja viuen en unes condicions que ningú desitjaria”. Així mateix, lamenta l'absència d'un acompanyament real per part dels tècnics municipals: “Hi ha una taula de serveis socials que està ajudant a desnonar 200 persones, més de la meitat d'ells sense papers, sense que se'ls estigui explicant el procés ni les alternatives disponibles”.

Muñoz ha proposat al Consistori reconvertir l'antiga presó en habitatges socials així com en una residència pública d'estudiants, i ha cridat l'alcalde a abandonar la idea de construir una rotonda.

Les entitats socials adverteixen, per la seva banda, de les conseqüències immediates del desnonament. Metges del Món calcula que unes 250 persones resideixen al recinte en situació d'extrema vulnerabilitat -moltes d'elles amb greus problemes de salut física i mental- i denuncia que no s'han habilitat recursos suficients per acollir-les. L'organització alerta que, si s'executa en les condicions actuals, totes elles “quedaran directament abocades, encara més, a una realitat marcada per la inseguretat, la ruptura dels seus processos terapèutics i socials, el deteriorament accelerat de la seva salut” així com a “una major exposició a situacions de violència, exclusió i estigmatització”.

Davant aquest escenari, Metges del Món ha instat l'Ajuntament a “assumir la seva responsabilitat institucional i a actuar amb caràcter urgent”, habilitant alternatives habitacionals dignes, suficients i adequades abans de procedir al desnonament o, en defecte, ajornant-lo “fins a garantir una solució definitiva que protegeixi els drets fonamentals de les persones afectades i eviti la generació d'una emergència social que, a dia d'avui, segueix sent prevenible mitjançant voluntat política i planificació responsable”.

Aquells que avui sobreviuen al vell penal -alguns des de fa uns mesos, altres des de fa anys- habiten les mateixes parets que durant dècades van tancar els presos comuns que van ocupar el complex des de la seva inauguració el 1968. Fins aleshores, la presó provincial es trobava al convent de ses Caputxines. La presó, la possessió de la qual l'Ajuntament vol recuperar, va romandre en funcionament fins al 1999, quan els interns van ser traslladats a l'actual centre penitenciari de Palma i els estrets passadissos, les cel·les i els patis van quedar sumits a l'abandonament, condemnats a un deteriorament lent que avui serveix de refugi precari per a aquells que no tenen un altre lloc on viure.

Les dificultats per accedir a un habitatge digne a Balears, els elevats preus del qual s'han convertit en un obstacle per a la població local enfront de l'elevada demanda de compra i lloguer per part d'estrangers amb major capacitat financera, han portat la població més vulnerable a buscar alternatives com aquesta per poder sobreviure. A Palma, una de les ciutats espanyoles amb el mercat immobiliari més tensionat, les dades il·lustren la magnitud de la crisi habitacional, l'increment del sensellarisme i les dificultats d'accés al mercat residencial: mentre els preus continuen disparant-se -al gener el metre quadrat va assolir els 5.131 euros enfront dels 2.650 euros de mitjana estatal, segons Idealista-, un total de 9.346 pisos romanen buits, d'acord a les dades del mateix portal immobiliari. Palma concentra, així mateix, la major part dels habitatges de Balears en mans de grans tenidors -aquells que posseeixen més de deu immobles-, amb 8.652 sota el seu control, dels quals 2.621 pertanyen a titulars amb carteres superiors a cent propietats, segons reflecteix la investigació duta a terme l'any passat per elDiario.es amb dades inèdites del Cadastre.

Silvino nació en Langreo, en el corazón minero de Asturias. Tenía 15 años cuando ayudaba a su padre a acarrear sacos de carbón y a repartirlos entre los vecinos antes de emigrar y dar inicio a una vida errante que, entre otros destinos, lo llevó a Finlandia, a Canarias y, finalmente, a Mallorca. Con el frío de la mañana todavía agarrado a la ropa, relata su historia mientras, a su alrededor, técnicos municipales y un amplio dispositivo de la Policía Local identifican los “perfiles” de quienes, como él, malviven desde hace años en la antigua prisión de Palma: más de 200 personas entre residentes sin recursos, trabajadores precarizados y migrantes. El Ayuntamiento ha reactivado el desalojo de todos ellos, pero Silvino, cocinero hoy jubilado, lo tiene claro: “No pienso quedarme en la calle”.

El próximo viernes, una vez completados los controles iniciados este miércoles, el Consistorio prevé notificarles la orden de expulsión, presentada como una actuación necesaria por razones de seguridad y salubridad. A lo largo de la mañana, sus nombres eran anotados en formularios e incorporados, uno a uno, en un procedimiento administrativo tan meticuloso como impersonal. Mientras tanto, a las afueras del inmueble, el primer teniente de alcalde de Palma, Javier Bonet (PP), aseguraba que lo que al gobierno municipal le preocupa es que “ninguna persona de las que viven aquí dentro puedan morir calcinadas”, en alusión a los cuatro incendios registrados en las instalaciones el pasado fin de semana y que, a su juicio, fueron “probablemente provocados”.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, el equipo de gobierno apunta que “no es un hecho aislado”, sino que “se viene repitiendo con frecuencia en los últimos meses”, lo que, en palabras de Bonet, “hace pensar” que “puedan ser incluso provocados por los ocupantes, derivados de disputas entre los grupos que ahí residen”. Una afirmación que el Consistorio formula en términos hipotéticos en un intento de asociar a sus residentes con la conflictividad y reforzando con ello el argumento municipal a favor del desalojo.

Muchos de los afectados no tienen alternativa habitacional ni ingresos suficientes para pagar el alquiler de una habitación -cuyo precio en algunos casos llega a superar los 1.000 euros- y resistirán, entre los escombros y los muros desconchados del viejo recinto carcelario hasta que se agote el plazo legal. Tras la notificación del desalojo, los ocupantes dispondrán de cinco días para presentar alegaciones. Después, se dictará una orden que les obligará a abandonar el lugar en un máximo de cuatro días. De no hacerlo, el Ayuntamiento solicitará autorización judicial para ejecutar el desahucio colectivo. Una vez desocupado el espacio, el Consistorio prevé limpiarlo, tapiarlo y, posteriormente, demolerlo para urbanizar el solar con la construcción de un acceso a la autovía de Palma y de un proyecto de viviendas.

“Quizás coja un carro y lo pasee por la calle”

Silvino cuenta que llegó a la vieja prisión después de que la propietaria de la habitación donde vivía le subiera el alquiler de 200 a 250 euros, una cifra imposible para alguien que entonces cobraba poco más de 400. “Cogí los trastos y me fui”, recuerda. Una mujer lo vio en la calle y le habló de este lugar. Sin agua, sin electricidad y entre muros derruidos que apenas protegen del frío del exterior, el hombre encontró un 'refugio'. Recrimina que, con una media pensión que apenas alcanza para sobrevivir, no sabe adónde irá: “Quizás coja un carro y pasee por la calle”.

A escasos metros, otro 'residente' de la antigua prisión, de origen italo-tunecino, explica que lleva tres años viviendo en el recinto. “Aquí los políticos hablan mucho, pero no hacen nada. Y la policía viene aquí a hablar, pero no pone una solución”, lamenta, mientras insiste en que nadie le ha explicado con claridad qué ocurrirá después. “Aquí no hay agua ni luz. Y me dicen que tengo que irme. ¿Qué puedo hacer yo? No cometo delitos, soy una persona trabajadora, voy al trabajo y vuelvo”, apunta, por su parte, Felipe, otra de las personas que se enfrentan a la incertidumbre de la salida forzosa con el temor de perder el único techo del que dispone.

En términos similares se pronuncia Antonio, mallorquín que lleva seis meses viviendo en la antigua cárcel y recrimina que el desalojo se está llevando a cabo “con nocturnidad y alevosía”. “No nos dan ninguna solución. Muchos somos trabajadores. ¿Qué van a conseguir con esto? Un censo. ¿Y si nos echan mañana? ¿Adónde nos vamos? Vosotros sabéis lo que cuesta alquilar un piso”, incide, dirigiéndose a los periodistas que a primera hora se han desplazado hasta el recinto. Un vistazo al portal inmobiliario Idealista permite comprobar cómo, en estos momentos, tan solo una decena de pisos se anuncian en Palma por menos de 1.000 euros al mes. Solo uno de ellos supera los 50 metros cuadrados: mide 55.

Otro de los afectados, cuyo testimonio ha recogido la agencia EFE, asegura ser “una persona trabajadora con un sueldo en B de 1.200 euros en la construcción” y que su jefe le exige 3.000 euros para contratarle, una práctica ilegal que ilustra la explotación y la indefensión a las que numerosos trabajadores se encuentran sometidos, atrapados entre la economía sumergida y un mercado inmobiliario que les cierra las puertas. “Necesito un lugar donde dormir”, sentencia.

Contactos con el Obispado y el Ejército

El Ayuntamiento, por su parte, asegura que está intentando encontrar una solución con el Obispado de Mallorca -que recientemente ha recurrido a los tribunales para desalojar a una madre y sus dos hijos de uno de sus locales apelando a la “peligrosidad” del inmueble- y el Ejército con el objetivo de que nadie quede a la intemperie. “Es un problema de ciudad y un problema de país”, ha aseverado Bonet en referencia a la actual crisis habitacional, agravada en los últimos años por la especulación inmobiliaria, la irrupción masiva de fondos de inversión internacionales y la turistización, factores que han empujado a cientos de personas a vivir hacinadas en infraviviendas, caravanas y edificios abandonados como la antigua prisión de Palma.

Lucía Muñoz, portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, quien se encontraba presente junto a otros integrantes de la formación morada para tratar de aclarar a los afectados qué ocurrirá cuando el procedimiento administrativo agote sus plazos, se ha mostrado severamente crítica con la actuación municipal y con la “política criminal” del alcalde, Jaime Martínez, que supone “dejar en la calle a personas que ya viven en unas condiciones que nadie desearía”. Asimismo, lamenta la ausencia de un acompañamiento real por parte de los técnicos municipales: “Hay una mesa de servicios sociales que está ayudando a desahuciar a 200 personas, más de la mitad de ellos sin papeles, sin que se les esté explicando el proceso ni las alternativas disponibles”.

Muñoz ha propuesto al Consistorio reconvertir la antigua prisión en viviendas sociales así como en una residencia pública de estudiantes, y ha llamado al alcalde a abandonar la idea de construir una rotonda.

Las entidades sociales advierten, por su parte, de las consecuencias inmediatas del desalojo. Médicos del Mundo calcula que unas 250 personas residen en el recinto en situación de extrema vulnerabilidad -muchas de ellas con graves problemas de salud física y mental- y denuncia que no se han habilitado recursos suficientes para acogerlas. La organización alerta de que, si se ejecuta en las condiciones actuales, todas ellas “quedarán directamente abocadas, todavía más, a una realidad marcada por la inseguridad, la ruptura de sus procesos terapéuticos y sociales, el deterioro acelerado de su salud” así como a “una mayor exposición a situaciones de violencia, exclusión y estigmatización”.

Ante este escenario, Médicos del Mundo ha instado al Ayuntamiento a “asumir su responsabilidad institucional y a actuar con carácter urgente”, habilitando alternativas habitacionales dignas, suficientes y adecuadas antes de proceder al desalojo o, en su defecto, aplazándolo “hasta garantizar una solución definitiva que proteja los derechos fundamentales de las personas afectadas y evite la generación de una emergencia social que, a día de hoy, sigue siendo prevenible mediante voluntad política y planificación responsable”.

Quienes hoy sobreviven en el viejo penal -algunos desde hace unos meses, otros desde hace años- habitan las mismas paredes que durante décadas encerraron a los presos comunes que ocuparon el complejo desde su inauguración en 1968. Hasta entonces, la prisión provincial se encontraba en el convento de ses Caputxines. La cárcel cuya posesión el Ayuntamiento quiere recuperar permaneció en funcionamiento hasta 1999, cuando los internos fueron trasladados al actual centro penitenciario de Palma y los estrechos pasillos, las celdas y los patios quedaron sumidos en el abandono, condenados a un deterioro lento que hoy sirve de refugio precario para quienes no tienen otro lugar donde vivir.

Las dificultades para acceder a una vivienda digna en Balears, cuyos elevados precios se han convertido en un obstáculo para la población local frente a la elevada demanda de compra y alquiler por parte de extranjeros con mayor capacidad financiera, han llevado a la población más vulnerable a buscar alternativas como esta para poder sobrevivir. En Palma, una de las ciudades españolas con el mercado inmobiliario más tensionado, los datos ilustran la magnitud de la crisis habitacional, el incremento del sinhogarismo y las dificultades de acceso al mercado residencial: mientras los precios continúan disparándose -en enero el metro cuadrado alcanzó los 5.131 euros frente a los 2.650 euros de media estatal, según Idealista-, un total de 9.346 pisos permanecen vacíos, de acuerdo a los datos del mismo portal inmobiliario. Palma concentra, asimismo, la mayor parte de las viviendas de Balears en manos de grandes tenedores -aquellos que poseen más de diez inmuebles-, con 8.652 bajo su control, de las cuales 2.621 pertenecen a titulares con carteras superiores a cien propiedades, según refleja la investigación llevada a cabo el año pasado por elDiario.es con datos inéditos del Catastro.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu, ha indicado que va a mantener una reunión con el alcalde de Cádiz, Bruno García, para abordar con él la situación del sinhogarismo en la capital gaditana, después de que se hayan producido en los últimos dos meses la muerte de cinco personas que vivían en la calle.

En declaraciones a los medios durante una visita al Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), Maetzu ha detallado que esta problemática ya ha la había comentado con el alcalde gaditano (PP) en su oficina de Sevilla, pero que ahora va a volver a la ciudad para tratar de nuevo el asunto.

Según sus datos, en Cádiz hay “110 personas” sin hogar, lo que en población como esta es, en su opinión, “dominable”, aunque la intención es tratar también cuántas de esas personas necesitan atención en otras materias como salud o cuántos “deberían no estar en la calle durmiendo” y si presentan alguna patología que requiera otro tipo de atención, así como la situación de los albergues.

“Solamente con llevarles calor y comida no suficiente”, ha aseverado el Defensor del Pueblo, quien ha reconocido que “muchas veces” estas personas “no quieren ir al albergue porque no quieren estar controlados”.

No obstante, ha reiterado en posibles patologías psicológicas “que deberían ser tratadas”, estar solos por haber sido “abandonados por sus familias” o haber acabado en situación de pobreza. Esto, ha reconocido Maetzu, ya lo trató con el alcalde de Cádiz cuando acudió a Sevilla, y la intención ahora es volver a hacer una “radiografía” de la ciudad y ver qué medidas se pueden aplicar para reducir esta cifra de personas que vivan en la calle.

En numerosas ocasiones el Ayuntamiento de Cádiz ha recordado que el centro de acogida municipal para personas que están sin hogar ofrece atención residencial de manera temporal y servicios dirigidos a normalizar la convivencia de este colectivo, procurando la necesaria intervención para su inserción social.

Recientemente, el alcalde aseguraba que el Ayuntamiento va a ampliar los recursos disponibles con más plazas, nuevas instalaciones y la incorporación de apoyo sanitario y de salud mental, resaltando que “no habrá límite de medios” para atender a este colectivo.

Además, anunciaba que votaría a favor de la comisión de investigación que Adelante Izquierda Gaditana va a proponer en el próximo pleno ordinario ante “las denuncias conocidas en las últimas semanas sobre la existencia de un protocolo dirigido a desalojar a personas sin hogar de distintos espacios públicos de la ciudad”, un protocolo que desde el Gobierno local quieren esclarecer su origen y aplicación.

Cinco personas sin hogar han muerto en Cádiz en lo que va de año. Manuel, Miguel, Juan Manuel y Jorge fallecieron a lo largo del mes de enero. Esta semana ha muerto Juan, de 68 años, mientras pernoctaba en la puerta de un garaje del casco antiguo. La sucesión de estas pérdidas en apenas dos meses, concentrados además en el periodo más frío del año, ha provocado una fuerte conmoción social y ha forzado al PP, que gobierna en la ciudad, a aceptar una comisión de investigación para aclarar qué está sucediendo y buscar soluciones urgentes.

La última muerte fue la de Juan. Según informó el Ayuntamiento, entre la 01.10 y la 01.45 horas agentes de la Policía Local que realizaban labores de vigilancia preventiva fueron requeridos por un ciudadano que alertó de que un hombre no respondía a estímulos en el interior de un garaje situado entre la Alameda y la calle Zorrilla. Se activó el Centro de Coordinación Operativa (Cecopal) y se desplazó una ambulancia con médico. Tras la valoración, la forense certificó el fallecimiento y el Cuerpo Nacional de Policía activó el protocolo de levantamiento del cadáver.

Juan, de origen sevillano, llevaba seis meses viviendo en la calle, según había contado él mismo. Era una de las 120 personas sin hogar que, según los recuentos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), sobreviven en la ciudad sin un techo seguro en el que guarecerse. Su muerte eleva a cinco las registradas desde el inicio del invierno, una cifra inusualmente alta para un municipio del tamaño de Cádiz (110.000 habitantes) y que ha disparado las preguntas sobre si los recursos disponibles son suficientes y si los protocolos de actuación se están aplicando de forma adecuada.

La APDHA ha calificado la situación de “emergencia humanitaria” y sostiene que no se trata de episodios aislados sino de un fallo estructural en la protección de las personas más vulnerables. La organización insiste en que la calle no es solo un espacio de exclusión social sino un entorno de riesgo permanente para la salud física y mental. El frío, la humedad, la falta de descanso adecuado y la dificultad para acceder a atención médica agravan patologías previas y generan nuevas complicaciones. En ese contexto, advierte, cada invierno multiplica la exposición al peligro.

Entre sus reivindicaciones figura la apertura inmediata de alojamientos de baja exigencia que garanticen un techo digno las 24 horas del día durante todo el año, sin condiciones que dejen fuera a parte de este colectivo. También reclama la creación de un equipo de calle específico de salud mental, capaz de intervenir directamente en los lugares donde pernoctan las personas sin hogar, y el refuerzo de los dispositivos para cubrir toda la ciudad, incluidas las zonas de extramuros. La entidad pide además un impulso decidido al modelo Housing First —que prioriza el acceso estable a la vivienda como punto de partida para la intervención social— y la garantía de comedores públicos abiertos sin interrupciones los 365 días del año.

Para la organización, el problema no es coyuntural ni exclusivamente meteorológico. Insiste en que la prevención es clave: intervenir con rapidez cuando una persona empieza a perder apoyos y recursos evita que la exclusión se cronifique y reduce el riesgo de desenlaces trágicos. En su diagnóstico, la falta de coordinación y de inversión sostenida termina trasladando a la vía pública situaciones que podrían haberse abordado antes.

Al alcalde de Cádiz, Bruno García, la continua muerte de personas sin hogar se le atraganta en cada comparecencia pública. “No es que cinco muertes sean demasiadas, una ya lo es”, le respondió a un periodista esta semana cuando se confirmó el quinto fallecimiento. A García le duele especialmente que PSOE y Adelante Izquierda Gaditana usen este asunto como arma política. Por eso sus mensajes se centran siempre en que el Ayuntamiento no ha aplicado ningún nuevo protocolo para atender a las personas sin hogar, y que fue su antecesor, José María González, el que promovió un documento para vigilar y desalojar parques y jardines. Se sirve de un informe que exhibe cada vez que puede, y que será su principal arma en la comisión de investigación que ha aceptado crear, convencido de que nadie podrá demostrar que su gobierno ha dejado sisn asistencia a estas personas.

García detalló que se están ampliando plazas y dispositivos y que continúan las obras para rehabilitar el futuro albergue de la calle Soledad, que permitirá incrementar el número de camas disponibles. También señaló que el nuevo pliego del servicio, previsto para noviembre, incorporará un refuerzo específico en el ámbito sanitario y de salud mental, con el objetivo de ofrecer una intervención más integral, especialmente en casos de patologías graves o trastornos mentales. El alcalde reconoce que “siguen siendo insuficientes ante la complejidad del fenómeno” y, por eso, ha dicho esta semana que ha dado orden “de no poner ningún límite económico” y ha defendido una estrategia “expansiva total” para ampliar cobertura social y equipos técnicos.

Al alcalde le desmienten los partidos de la oposición y también colectivos como los trabajadores de parques y jardines, que denuncian que desde el 10 de julio del año pasado, y no antes, se aplica un protocolo que hostiga a las personas sin hogar al forzarles a marcharse sin sus pertenencias. Un trabajador fue sancionado hace poco por la empresa, según el comité, por negarse a cumplir con esas medidas.

El actual Gobierno local mantiene que el documento en cuestión fue elaborado a petición del anterior alcalde, José María González, y que el procedimiento vigente es el mismo que ya existía, aunque con mecanismos de control añadidos. La comisión, según ha explicado el alcalde, servirá para esclarecer públicamente el origen, la elaboración y la aplicación práctica del protocolo, incluidas actuaciones como el desmantelamiento de acampadas en etapas anteriores.

Más allá de la controversia política, el foco vuelve a los fallecidos. Las entidades sociales subrayan que la cifra no puede analizarse solo como una estadística, sino como un indicador de que los dispositivos de prevención, detección temprana y atención continuada no están logrando evitar situaciones límite. Y, por tanto, hay riesgo de que la lista de nombres, la de Manuel, Miguel, Juan Manuel, Jorge y Juan, sume otro más en cualquier momento.