“Una tienda iglú se convierte en una chabola en dos semanas”. Así de contundente se muestra Ana, una voluntaria de la ONG València és Refugi, de las pocas entidades sociales que se acercan al circuito urbano de Fórmula 1 en València. La entidad lleva meses trabajando con las personas sin hogar que se han asentado sobre el trazado urbano, que no deja de crecer desde hace meses. Cada semana hay una nueva construcción precaria, señalan.

El Síndic de Greuges ha abierto una investigación al Ayuntamiento de València por este asentamiento. La institución quiere saber si el consistorio tiene algún plan para los cientos de personas que se han instalado en el trazado, donde se prevé la construcción de varios miles de viviendas en el llamado PAI del Grao. La figura equivalente al defensor del pueblo valenciano pregunta al consistorio si tiene un censo, y se interesa especialmente por las acciones acometidas en las últimas semanas, en las que se suceden episodios de calor extremo. En concreto, ha pedido un informe que detalle las actuaciones e intervenciones municipales desplegadas para paliar las incidencias de las altas temperaturas, las alternativas para “garantizar unos mínimos de subsistencia digna” y que informe “sobre la existencia o no de Plan de actuación o choque/emergencia frente a situaciones de adversidad climática”.

La presión de las altas temperaturas preocupa a las entidades sociales. La capital tiene unas condiciones de humedad que hacen que la sensación térmica sea mayor, y ha estado en aviso rojo esta semana por altas temperaturas. En este tipo de alerta no se recomienda ni la exposición solar ni las actividades al aire libre, recomendación inasumible para las personas sin hogar. Los meteorólogos apuntan que el cambio climático también ha reducido el efecto de las brisas marinas: es prácticamente imposible huir del calor. Y las chabolas, construidas con lonas, plástico, palés o metal sobre asfalto no se asemejan en nada a un refugio climático.

“La sensación es una política de desgaste para ver si así se van solos”, explican desde la ONG, donde inciden en la preocupación ante un previsible desalojo. Si ha de entrar maquinaria para edificar, tendrán que echar a las cientos de personas que lo ocupan. La asociación denuncia el abandono institucional y la escasa intervención sobre el terreno; apenas acuden ellos, Mensajeros dela Paz y Amigos de la Calle. La asociación Alanna, focalizada en la lucha contra la violencia de género, es quien se encarga de realizar el censo para el Ayuntamiento de València.

Quién vive en el circuito urbano

Un vistazo a los datos disponibles da cuenta de la brecha entre la información oficial y lo que relatan las asociaciones. Las personas que viven como pueden en el circuito urbano apuntan que son cerca de 1.300. La ONG València Es refugi está elaborando su propio censo, en el que ha documentado por el momento 165 personas. Su mapa cartográfico ha detectado 250 chabolas, así que la estimación asciende a unas 600 personas. En algunas construcciones viven hasta seis personas, señalan en conversación con elDiario.es, donde comentan que en verano es complicado elaborar el censo porque muchos se mueven hacia la playa. Ana destaca que han encontrado también a muchas personas españolas en caravanas por la zona.

Los datos del Ayuntamiento de València divergen de esta contabilidad. El censo de vivienda precaria de Alanna, que recoge los datos del año 2025, apunta que hay 82 personas en el barrio de Natzaret y 363 en El Cabanyal, de las que más de la mitad son de nacionalidad española. La entidad sigue la división territorial asignada a los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) y señala que en toda la ciudad existen 1342 personas viviendo en chabolas. El circuito pasó al ámbito de competencia del Cabanyal en 2023, según una respuesta municipal.

En 2024, según el informe de Alanna, en el censo había 26 chabolas y 85 personas. Conviven diversas nacionalidades, predominando las personas procedentes del Sáhara Occidental y Argelia. Entonces se reflejaba que eran unidades unipersonales formadas por hombres, aunque ya hay varias familias. Hay al menos diez personas que perciben la renta valenciana de inclusión, según un documento municipal al que ha tenido acceso elDiario.es, que recalca que algunas personas abandonan el asentamiento para trabajar unos meses y regresan al finalizar el contrato. En el año 2025 se detectó un grupo de personas que ocupan espacios en la periferia del asentamiento, viviendo en tiendas de campaña.

El asentamiento se incluyó en el censo de vivienda precaria en 2010, con apenas cinco personas. El incremento de población se dio a partir de 2021, según indica el informe del consistorio. Fue a partir de la crisis sanitaria del COVID-19 cuando aumentan las infraviviendas y “se evidenció la necesidad de una intervención comunitaria en el asentamiento”. Aunque el informe no hace alusión, es a partir de la crisis sanitaria cuando empiezan a dispararse los precios de la vivienda en València. Ya en 2021 era complicado encontrar un piso por menos de 700 euros en la capital.

El informe apunta que existe colaboración con los servicios sociales. “Actualmente las personas que residen en el asentamiento del circuito son conocedoras de los recursos existentes. No todas ellas tienen una intencionalidad de cambio ni de asentarse definitivamente”, señala el informe del consistorio del 2024, en el que se afirma que en el año 2021 “se tomó la decisión de dejar de realizar intervención comunitaria ya que desde el equipo de intervención se comprobó que el vínculo con los servicios sociales era estrecho y conocedores de los recursos”. A priori, según detalla este informe técnico, el personal de Servicios Sociales del Cabanyal va cada tres meses al asentamiento.

Compromís exige actualizar los datos

La concejala de Compromís Lucía Beamud acudió al asentamiento la pasada semana, acompañada por la asociación. “Allí hay personas que han llegado huyendo del acoso que sufrían en el Cauce del Turia, otros trabajan y tienen nómina, pero han acabado viviendo en un asentamiento porque no pueden asumir el incremento desorbitado del precio de la vivienda. Esto evidencia que estamos ante una emergencia social y residencial que el gobierno de María José Catalá está ignorando”, denuncia la edil.

Ante la diferencia de datos, Compromís solicitó los últimos informes de seguimiento del asentamiento, que datan de marzo de 2025. “Esto es enormemente preocupante porque confirma lo que las entidades vienen denunciando: hay un aumento constante de personas viviendo al asentamiento, no existe un seguimiento adecuado de los casos de salud y tampoco se están desplegando actuaciones suficientes para proteger la población ante las altas temperaturas.” Los datos del mismo Servicio de Atención a Urgencias Sociales (SAUS) consultados por la concejala de la oposición señalan que durante 2024 solo se realizaron cinco actuaciones ante las diecisiete alertas por calor extremo decretadas por AEMET. Y en 2025, hasta ahora, solo consta una actuación ante doce alertas. “Es evidente que la respuesta municipal es claramente insuficiente”, concluye.

El Síndic de Greuges, la institució que exerceix les funcions de defensor del poble valencià, obri una investigació sobre el poblat xabolista de l'antic circuit urbà de Fórmula 1 de València. La institució que encapçala Ángel Luna ha obert una queixa d'ofici a l'Ajuntament de València per l'abandonament de l'assentament de la façana marítima, que s'ha incrementat en els últims anys.

El Síndic recopila informació publicada pels mitjans de comunicació sobre les condicions de vida de centenars de persones que habiten l'antic circuit. A més, assenyala que ha rebut diverses queixes formals sobre el fet que aquestes persones “es troben en una situació d'especial vulnerabilitat i exclusió social, i es veuen exposades a condicions d'habitabilitat incompatibles amb unes condicions de vida dignes”, i emfatitza el risc que comporten episodis de calor extrema com els d'aquest estiu.

En aquest sentit, la institució obrI un expedient a l'Ajuntament de PP i Vox i pregunta si s'han adoptat mesures o hi ha algun pla per a aquestes persones sense llar. L'assentament de l'antic circuit urbà és dels més nombrosos a la ciutat, i ha anat creixent des dels últims desallotjaments a l'antic Llit del Túria. La població és variable i canvia per temporades, però les entitats socials ja parlen de més d'un miler de persones. Sobre aquests terrenys s'edificaran centenars de vivendes de luxe en l'anomenat PAI del Grau.

El Síndic pregunta a l'Ajuntament de María José Catalá si té un cens de les persones sense llar i, en concret, de les que viuen a l'assentament. Demana, a més, un informe que detalle les actuacions i intervencions municipals desplegades per a pal·liar els efectes de les altes temperatures, les alternatives per a “garantir uns mínims de subsistència digna” i que informe “sobre l'existència o no d'un pla d'actuació o de xoc/emergència davant situacions d'adversitat climàtica”.

El Síndic de Greuges, la figura que encarna al defensor del pueblo valenciano, abre una investigación sobre el poblado chabolista del circuito urbano de Fórmula 1 de València. La institución que encabeza Ángel Luna abre una queja de oficio al Ayuntamiento de València por el abandono del asentamiento en la fachada marítima, que se ha incrementado en los últimos años.

El Síndic recopila información publicada por los medios de comunicación sobre las condiciones de vida de cientos de personas que habitan el antiguo circuito. Además, señala, ha recibido varias quejas formales sobre que estas personas “se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y exclusión social, viéndose expuestas a condiciones de habitabilidad incompatibles con unas condiciones de vida dignas”, y enfatiza el riesgo en casos de episodios de calor extremos como los de este verano.

En este sentido, la institución abre un expediente al Ayuntamiento de PP y Vox y pregunta si se han adoptado medidas o hay algún plan para estas personas sin hogar. El asentamiento del antiguo circuito urbano es de los más numerosos en la ciudad, y ha ido creciendo desde los últimos desalojos en el antiguo Cauce del Túria. La población es variable y cambia por temporadas, pero las entidades sociales ya hablan de más de un millar de personas. Sobre estos terrenos se edificarán cientos de viviendas de lujo en el llamado PAI del Grao.

El Síndic pregunta al Ayuntamiento de María José Catalá si tiene un censo sobre las personas sinhogar, y en concreto sobre las que viven en el asentamiento. Pide además un informe que detalle las actuaciones e intervenciones municipales desplegadas para paliar las incidencias de las altas temperaturas, las alternativas para “garantizar unos mínimos de subsistencia digna” y que informe “sobre la existencia o no de Plan de actuación o choque/emergencia frente a situaciones de adversidad climática”.

Zakarías, Auxi, Bernardino, Carlos y Mariví se reúnen una vez por semana en Sevilla. Llevan bolsas con lo básico para que una persona pueda comer o asearse y olvide unos minutos que vive en la calle, en una Sevilla muy hostil con sus 40 grados en verano para la gente que no tiene un techo sobre sus cabezas.

Una ciudad en la que “los cartones duelen mucho”, como explica Fernando Sánchez, una de las personas a las que ayuda semanalmente este grupo de personas, agrupada bajo el nombre de 'La Calle'.

Inician su paseo en el barrio El Arenal y, desde ahí, recorren todos los puntos donde saben que hay alguien que les pueda necesitar, a pie de calle o en sus propias 'minichabolas' de cartón.

Así viven unas mil personas en distintas zonas de Sevilla, cuya situación se agrava en periodos de intenso frío o calor, gente que “se juega la vida” en una ciudad en la que el Ayuntamiento señala que se han habilitado en torno a 125 refugios climáticos en periodos de intenso calor, que se pueden ampliar a 145 si es necesario, pero que no es suficiente.

El problema de encontrar dónde dormir

Hasta hace dos años, algunas de estas personas, hombres en su mayoría, dormían en los soportales del mercado de abastos de la calle.

En 2022, el Ayuntamiento gobernado entonces por el PSOE inició el proceso para cerrarlos con rejas, aduciendo quejas vecinales, y el actual gobierno del PP lo culminó en 2025.

No obstante, “por inercia” muchos pasan buena parte del día apoyados en las rejas, buscando la poca sombra que les alivie del calor.

Mariví López recuerda con rabia cómo vio que le quitaban el sitio para dormir a mucha gente cuando, además, algunos cajeros se cierran de noche para no acoger a estos “inquilinos”.

Ella prefiere mirar hacia adelante y hablar del tío Paco, un hombre para el que es “su sobrina”, o de un joven marroquí, Ahmed, al que han ayudado a regularizar su situación en España, y ahora está ilusionado con trabajar en la fresa en Huelva.

Todo empezó años atrás, cuando se encontró por la calle a una persona que, más que alimentos, necesitaba cariño. “Le dije que si quería tomar un café, y nos pusimos a hablar”, ha explicado. A partir de ahí fue conociendo a más personas en la misma situación, hasta que decidió que, al menos una vez por semana, les ayudaría con lo básico.

Entre los voluntarios está Carlos Wehbi, un argentino que estuvo a punto de perderlo todo por adicción al alcohol, pero que, ya recuperado ha recuperado “la alegría de vivir, las ganas de todo”, y ahora está “en el otro lado”, porque ha pasado de vivir en la calle a ayudar a los sintecho.

Cada uno aporta lo que quiere

Todos ponen algo de su tiempo y ganas por los que menos tienen, como Bernardino, un médico jubilado al que llaman todos “el doctor”, y que les pasa consulta sin coste alguno si lo necesitan, para intentar que su salud no se deteriore más todavía por dormir al raso doce meses al año.

Auxi lleva bocadillos y Zakarías, un té marroquí. Un joven que les pide lo que le puedan dar, porque no había comido en todo el día. En ese momento, ese chico pasa a ser la prioridad de todos. Mariví le sigue con la mirada hasta que se asegura de que ha comido las pastas que le han dado.

“Pastas que no tienen manteca de cerdo, porque nos aseguramos de que todo lo que traemos lo pueda comer cualquier persona sin problemas de creencias”, ha explicado.

Los voluntarios se aseguran de que todos tienen al menos lo básico para no pasar hambre en unas horas, y se llevan a casa algunos encargos, como conseguir que Carlos encuentre trabajo como cuidador de personas mayores en casa u hospitales. Toda ayuda es poca y casi siempre es cuestión más de cariño que de alimentos.

El Ayuntamiento de Cáceres ha activado un protocolo especial para proteger a las personas sin hogar ante las altas temperaturas, un dispositivo de emergencia social que permanecerá operativo durante los meses de verano con el objetivo de reforzar la atención a las personas en situación de calle y minimizar los riesgos asociados a los episodios de calor extremo.

El protocolo está coordinado por el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) en colaboración con entidades sociales como DYA y Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres. La medida contempla actuaciones específicas dirigidas a garantizar la hidratación, el seguimiento y la asistencia de las personas más vulnerables cuando se activen las alertas por altas temperaturas. El dispositivo forma parte del Itinerario de Emergencia Social para Personas sin Hogar.

La concejala del IMAS, Jacobi Ceballos, ha señalado que la prioridad municipal es asegurar que “ninguna persona quede desprotegida durante las olas de calor”. En este sentido, ha destacado que el protocolo permite ofrecer una respuesta “rápida, humana y eficaz” en los momentos de mayor necesidad.

Durante el periodo estival será DYA la entidad encargada de intervenir de manera prioritaria una vez que el servicio de emergencias 112 active los avisos por altas temperaturas. Su labor se centrará en la atención directa a las personas sin hogar, especialmente en tareas de hidratación, seguimiento de su estado de salud y asistencia en la vía pública.

Entre las medidas previstas figura el refuerzo del reparto de agua y alimentos, así como la intensificación de los recorridos para localizar y atender a las personas que permanecen en la calle durante los días de mayor riesgo por calor.

Según ha explicado la concejala, los equipos de DYA ya se encuentran realizando un seguimiento preventivo sobre el terreno para comprobar la situación de estas personas. Aunque el protocolo oficial se activa con las alertas meteorológicas, la entidad mantiene un trabajo continuado de acompañamiento social durante todo el año que ahora se ve reforzado.

El dispositivo contempla además una coordinación permanente con Cáritas Diocesana para conocer la disponibilidad de plazas en el Centro Vida y en el Centro de Emergencia Social, facilitando el acceso a recursos de alojamiento cuando sea necesario. Asimismo, se prevé la colaboración con Policía Local y Policía Nacional en aquellos acompañamientos que requieran apoyo adicional.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha adoptado medidas preventivas para proteger a los trabajadores municipales que desarrollan su actividad al aire libre: adaptación de horarios para evitar las horas de máxima exposición solar y la utilización de dispositivos inteligentes que permiten monitorizar la temperatura corporal y ambiental para prevenir posibles golpes de calor. 

El Ayuntamiento de Madrid insiste en que se cuidan todas las garantías, pero las quejas han terminado llegado hasta el Defensor del Pueblo. El organismo público, que dirige Ángel Gabilondo, ha solicitado información a José Luis Martínez-Almeida sobre los protocolos municipales a la hora de atender a las personas que viven en la calle. En concreto, reclama un listado con las actuaciones del último medio año y, especialmente, aquellas que se siguieran antes de retirar enseres a las personas sin hogar, después de que El País publicara testimonios de trabajadores denunciando que estas pertenencias se tiraban sin el permiso de sus dueños.

Según indicaron, el Área municipal de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha dado una orden reciente a los Equipos de Calle (que trabajan diariamente con las personas sin hogar) para no avisar a los afectados si mandaban un operativo especial de limpieza al lugar donde pernoctan, y en el que normalmente guardan enseres como mantas, ropa o algunos muebles de segunda mano.

Aunque el departamento responsable mantuvo en su día que “no se tira nada sin avisar”, el Defensor del Pueblo ha exigido datos que avalen esta respuesta. Entre ellos, el número de actuaciones efectuadas en los últimos seis meses, la cifra de personas afectadas y las alternativas habitacionales que se les ofrecen para salir de esta situación de calle. En un comunicado, la institución nacional detalla que su petición viene después de conocer el caso en los medios y recibir dos quejas distintas: una de los trabajadores municipales y la otra, de una sección sindical con representación.

“Las personas que han interpuesto la queja manifiestan su preocupación por una posible vulneración de derechos fundamentales de personas en situación de sinhogarismo de la ciudad de Madrid al expulsar a estas personas de los espacios públicos en los que pernoctan, sin ofrecer alternativas y retirando sus pertenencias personales sin previo aviso, incluida la documentación y medicación”, sentencia en su nota el Defensor del Pueblo.

No obstante, Almeida ha respondido públicamente a la solicitud de Ángel Gabilondo. Reitera que “en esta ciudad no se tira ni una sola de las pertenencias personales de las personas sin hogar”, salvo los cartones. “Y, en mi opinión, los cartones no son pertenencias personales y en ellos puede haber un riesgo sanitario en esos cartones”, ha sentenciado esta misma semana.

Antes de recibir esta última solicitud, el alcalde de Madrid ya salió al paso de las críticas defendiendo que su equipo actúa “siempre conforme a criterios de salud pública y seguridad”, e insiste en los recursos municipales que ya existen para personas sin hogar. No obstante, un albergue o centro social no siempre es la opción más óptima a ojos de estas personas vulnerables, tal y como explicaron en este reportaje. Por su parte, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz vicealcaldesa aseguró que los protocolos se mantienen y continúa la comunicación con gente en situación de calle.

Más allá del trabajo de campo, existen seis centros de acogida en la red municipal: San Isidro, La Rosa, Juan Luis Vives, Puerta Abierta, Beatriz Galindo y Pedro Meca. En total son 1.210 plazas disponibles para una ciudad que atiende a miles de personas a lo largo del año, y la idea es abrir unas 200 plazas más a lo largo de este año, ya sea en viviendas de la EMVS o con contratos específicos con el mercado privado.

Hi ha una manera molt senzilla de fer desaparéixer un problema: deixar de mirar-lo. O millor encara, deixar de comptar-lo. És exactament això el que està fent el govern de María José Catalá amb les persones sense llar de la ciutat de València.

El recompte de persones sense llar no és una simple operació estadística. No és un tràmit burocràtic ni una activitat accessòria dels serveis socials. És una ferramenta imprescindible per a saber quantes persones viuen en situació de sensellarisme, quins són els seus perfils, quines necessitats tenen i com evoluciona un fenomen que representa una de les formes més extremes d’exclusió social. Sense dades no hi ha diagnòstic. Sense diagnòstic no hi ha planificació. I sense planificació només queda la improvisació o, pitjor encara, la indiferència.

València va començar a realitzar aquests recomptes l’any 2019 gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament, les entitats socials i la Universitat de València. Després van arribar les edicions de 2021 i 2023. S’havia consolidat una periodicitat biennal que permetia seguir l’evolució del fenomen i adaptar les polítiques públiques a la realitat.

Per això resulta tan greu la negativa de l’actual govern municipal a mantindre aquesta tasca. Quan des de Compromís vam proposar que l’Ajuntament assumira el recompte amb recursos propis davant els retards administratius del Ministeri, el PP i Vox van votar en contra. I ara, davant el nou recompte estatal previst per a octubre, directament es neguen a participar-hi.

L’excusa és tan feble que cau pel seu propi pes. Diuen que la càrrega de treball derivada del procés extraordinari de regularització ho impedeix. Però durant mesos el mateix govern municipal va repetir una vegada i una altra que aquest procediment no afectaria el funcionament ordinari dels serveis socials perquè existiria un equip específic destinat a gestionar-lo. En què quedem? O van faltar a la veritat aleshores o falten a la veritat ara.

La veritat és molt més senzilla: el PP no vol saber quantes persones sense llar hi ha a València. I encara menys que la ciutadania ho sàpia.

Des de 2023 hem assistit a una política sistemàtica de persecució de la pobresa. El projecte del llac al llit del Túria, les declaracions que vinculen exclusió i delinqüència, la prohibició de repartir aliments, les expulsions constants de persones que malvivien al riu o al Parc Central, les sancions i el desmantellament de recursos socials formen part d’una mateixa estratègia: apartar la pobresa dels llocs visibles.

Però la pobresa no desapareix perquè la desplaces.

Quan una persona és expulsada del llit del Túria no deixa de ser una persona sense llar. Quan es desallotja un assentament tampoc desapareix la vulnerabilitat. El que passa és que aquestes persones es veuen obligades a traslladar-se a altres espais, normalment més perifèrics, més invisibles i més precaris. Els assentaments continuen creixent. Les tendes de campanya continuen multiplicant-se. Les entitats socials continuen atenent més persones que mai. Només ha canviat una cosa: ara la pobresa està més lluny dels ulls de qui governa.

Això és el que realment tem el govern de Catalá. Que les dades demostren que, després de tres anys de propaganda, les seues polítiques no han resolt absolutament res. Que els problemes continuen ací. Que les persones expulsades del centre han reaparegut als marges. Que l’exclusió social augmenta mentre l’Ajuntament mira cap a un altre costat.

I tot això ocorre en una ciutat on cada vegada hi ha més persones treballadores que no poden accedir a un habitatge. Entitats com Càritas o Metges del Món alerten de l’aparició de nous perfils de pobresa vinculats directament a l’emergència residencial. Famílies amb ingressos, persones amb nòmina, gent que treballa i que, malgrat això, no pot pagar ni tan sols una habitació.

Davant aquesta realitat, Catalá continua negant-se a aplicar mesures per a frenar l’escalada dels lloguers. Té instruments per actuar, però prefereix no molestar els interessos especulatius. Perquè cada vegada que ha de triar entre defensar els interessos de la majoria social de València o seguir la línia marcada pel PP, tria el PP. Sempre.

La mateixa falta d’implicació s’ha vist en el procés de regularització. Les entitats socials van reclamar durant mesos una coordinació efectiva amb l’Ajuntament. La reunió va arribar quan només faltaven vint dies perquè acabara el termini. Una vegada més, tard i malament.

Però el més preocupant és el missatge de fons. Quan una administració renuncia a comptar les persones més vulnerables està prenent una decisió política. Diu que prefereix ignorar la realitat abans que afrontar-la. Està assumint que la seua prioritat no és solucionar els problemes sinó evitar que es vegen.

Per això el PP rebutja el recompte. No perquè siga impossible fer-lo. No perquè falten recursos. No perquè no siga útil. El rebutja perquè les dades tenen una virtut molt incòmoda: desmunten els relats.

I el relat del govern de Catalá s’ensorra quan la realitat entra en escena.

Les persones sense llar continuen existint. Els assentaments continuen creixent. Les entitats continuen alertant de l’agreujament de la situació. I mentre tot això passa, l’Ajuntament prefereix deixar de comptar.

Però una ciutat decent no abandona els seus ciutadans més vulnerables. I una democràcia madura no amaga la pobresa darrere d’un decorat. La combat amb dades, amb recursos, amb planificació i amb valentia política.

Tot el que no siga això és simple maquillatge urbà. I València mereix molt més que una alcaldessa obsessionada amb ocultar els problemes que és incapaç de resoldre.

Al menos siete personas han precisado asistencia sanitaria tras el fuego que se ha registrado la mañana de este sábado en el pabellón abandonado de EGA situado en el barrio vitoriano de Adurtza. Varias personas que estaban en el interior han sido evacuadas y al menos siete de ellas han tenido que recibir asistencia sanitaria e incluso se ha producido algún traslado a un centro hospitalario. Tras las primeras investigaciones sobre el origen del incendio realizadas en el lugar, se ha procedido a la detención de una mujer, de 44 años, como presunta autora del fuego. La persona arrestada ha sido trasladada a la Ertzain-etxea de Vitoria para realizar las diligencias correspondientes.

El Departamento de Seguridad a Europa Press ha informado de el aviso se ha producido a las 10.38 horas de este sábado, cuando se ha detectado un fuego en un pabellón situado en la calle Campo de los Palacios de la capital alavesa, que, según han confirmado los Bomberos, es perteneciente a EGA.

Los bomberos desplazados al lugar han evacuado a las personas que se encontraban en su interior y han sofocado las llamas, mientras que los servicios sanitarios han atendido en el lugar a los afectados. Los servicios de emergencias, así como policías, continuaban a la una y veinte de la tarde en el lugar aunque Seguridad ha confirmado que el fuego está ya extinto. En la zona del incendio se ha precintado el acceso al pabellón para las personas. La Policía Local y la Ertzaintza vigilarán el lugar para que se cumpla dicha medida preventiva.

Este pabellón, así como el de Urssa, fue objeto el pasado mes de mayo de un dispositivo policial preventivo para tratar de identificar a las personas que viven habitualmente en ese inmueble abandonado. En total el operativo de Ertzaintza, Policía Nacional y Policía local identificó a 119 personas, la mayoría migrantes de entre 17 y 57 años, 116 de origen magrebí, una de procedencia europea y dos de nacionalidad española.

El año arrancó con la promesa de deschabolizar Madrid, eliminando asentamientos improvisados en las laderas de la M-30 a su paso por Ventas. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, lo defendió aludiendo a “molestias” y “problemas de convivencia” con los vecinos, pero ahora vuelve al centro de la diana por un caso parecido: según El País, el Ayuntamiento ha dado la orden de no avisar a las personas sin hogar antes de retirar sus pertenencias del lugar en el que pernoctan, como se venía haciendo hasta ahora desde los equipos municipales de apoyo.

El consistorio niega que esto se haga sin al menos un aviso previo, aunque evita dar respuesta a la pregunta de si ha habido algún cambio en las directrices de su personal, tal y como sostiene El País. En sus informaciones, el periódico recoge que este cambio es efectivo desde marzo, cuando se obligó a los Equipos de Calle no notificar de los operativos de limpiezo que podían acabar tirando algunas pertenencias de personas sin hogar. Sin embargo, fuentes del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento consultadas por Somos Madrid insisten en que “no se tira nada sin notificarlo”.

“Siempre se ha avisado [a las personas sin hogar] y lo seguiremos haciendo”, afirman sobre los protocolos de limpieza, que pueden afectar a sus enseres. El departamento que dirige de José Fernández justifica estas actuaciones como una forma de evitar “problemas de salud pública”, como la acumulación de basura en la calle o la atracción de roedores. También invita a las personas en situación de calle a “tener recogidas sus pertenencias”, aunque no llega a detallar cómo hacerlo si no tienen casa donde guardarlas.

“Los equipos de calle trabajan con ellos cómo hacer uso del espacio público evitando la insalubridad”, se limitan a decir. Pese a las explicaciones municipales, las informaciones publicadas recogen testimonios anónimos de trabajadores sociales que aseguran haber recibido una directriz expresa y haber manifestado expresamente su desacuerdo con ellas. Una cuestión que el consistorio ha esquivado en distintas respuestas.

El propio Almeida también ha salido al paso de las críticas. Ante esta última controversia, el alcalde defiende que su equipo actúa “siempre conforme a criterios de salud pública y seguridad”, e insiste en los recursos municipales que ya existen para personas sin hogar. No obstante, un albergue o centro social no siempre es la opción más óptima a ojos de estas personas vulnerables, tal y como explicaron en este reportaje. Por su parte, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz vicealcaldesa ha asegurado que los protocolos se mantienen y continúa la comunicación con gente en situación de calle.

Sanz es también la responsable de Seguridad y Emergencias, departamento del que depende la Policía Municipal. Este cuerpo es el que se encarga, junto a Samur Social y Selur (el servicio municipal de limpieza), de llevar a cabo los operativos de higiene urbana. Ha pasado medio año desde que Almeida comenzó a desmontar chabolas por todo Madrid, y apenas una semana desde que la visita del Papa León XIV devolviera el protagonismo a las personas sin hogar. Sin embargo, las acusaciones cruzadas ya están de vuelta.

Carpetazo y archivo. La jueza que autorizó el mayor desalojo de la historia de España ha avalado que el Ayuntamiento de Badalona, que encabeza Xavier García Albiol (PP), dejara en la calle a decenas de migrantes, al valorar que el consistorio sí les prestó “la atención debida”.

Así lo afirma la magistrada Meritxell Quella en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que da por finalizado el procedimiento en el que autorizó la petición del consistorio badalonés para desalojar, antes de Navidades, a los centenares de migrantes que ocupaban y malvivían en el instituto municipal abandonado B-9.

La magistrada sigue la línea que ya había mostrado en anteriores resoluciones. La jueza ha respaldado la polémica actuación del consistorio pese a que el desalojo del B-9 provocó un problema social de gran magnitud. La Generalitat y las entidades sociales tuvieron que buscar alojamientos de emergencia para los migrantes ante la inacción del Ayuntamiento de Badalona, lo que no evitó que varias personas tuvieran que dormir durante días debajo de un puente en pleno temporal de viento y lluvias.

Cuando decidió avalar el desahucio, la jueza, en contra de lo reclamado por la Fiscalía y las abogadas de los migrantes, rechazó obligar al Ayuntamiento de Badalona a proporcionar un techo alternativo a los desalojados. La magistrada se limitó a indicar, sin más precisiones, que el consistorio debía prestar “atención social” a los casi 400 migrantes.

Pasados seis meses, la jueza respalda la actuación del Ayuntamiento de Badalona en el desalojo, al dar por buenos los informes municipales que sostienen que los servicios sociales “aplicaron una serie de intervenciones y medidas dirigidas a prestar asistencia a las personas que quedaron desprovistas de solución habitacional”.

La jueza ha hecho caso omiso a las peticiones del Ministerio Público y de las letradas Marta Llonch y Mireia Salazar para indagar en las vulneraciones de derechos fundamentales de los desalojados producidas por la, a su juicio, insuficiente atención municipal.

En marzo, tal y como adelantó este diario, la jueza ya salvó a Albiol de explicar por qué no abrió para los migrantes desalojados el albergue municipal para personas sin hogar clausurado en 2024.

Tras pedir al consistorio varios documentos y con los migrantes ya en la calle, el Ayuntamiento de Badalona admitió a la jueza que carece de protocolos para personas sin hogar. El consistorio alegó que la ley no le obliga, y agregó que sí disponía de una “metodología de intervención” para las personas sin hogar (que ocupaba medio folio).

Los informes municipales que relataban la actuación de servicios sociales durante el desalojo mostraba, a criterio de la Fiscalía, que el Ayuntamiento de Albiol incumplió sus obligaciones legales con los desalojados al no prestar “ningún tipo de actuación de soporte o ayuda efectiva”.

Por el contrario, en su resolución final sobre el caso, la jueza concluye que el consistorio “se atuvo al mandato literal” para desalojar el B-9, por lo que, concluye, Badalona “ha dado cumplimiento” a su mandato.

La magistrada sí considera “incontestable” que la asistencia a los migrantes por parte del Ayuntamiento de Badalona “pudo ser acometida de otra forma o con otras directrices”, pero lo ve irrelevante para su causa, que limita al desalojo del B-9.

“El juicio de oportunidad del dispositivo para atender una desocupación masiva debe permanecer fuera del procedimiento”, zanja la magistrada.

La falta de un protocolo de atención a personas sin hogar, insiste la jueza, “no supuso ningún obstáculo para ofrecer las medidas asistenciales necesarias a las personas que aceptaron los recursos”. Todas las actuaciones del consistorio hacia los migrantes se basaron “en la voluntariedad” de los desalojados, ahonda la magistrada.

Al margen del caso de lo contencioso-administrativo ahora cerrado, la Fiscalía abrió en diciembre una investigación tras una denuncia penal contra Albiol a cargo del eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens.

Nueva causa archivada para el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. La Audiencia de Barcelona ha confirmado que no ve delito en que el edil revelara durante un pleno municipal datos médicos de un hombre sin hogar que murió en la localidad en 2024.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la sección 8ª de la Audiencia de Barcelona confirma el archivo del caso decretado por el instructor. Los jueces no contestan en la resolución a la petición del letrado Andreu Van den Eynde, que representa a la acusación de Guanyem Badalona, para que se pronunciaran sobre la “singular analogía” que el caso de Albiol presentaba con la condena contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados.

La sentencia del Supremo sobre el ex fiscal general, argumentaba Guanyem Badalona, “aborda un debate relevante sobre la imposibilidad de responder a una noticia con una revelación de secretos”. Van den Eynde agregó que el Supremo consideró punible este tipo de actuación “incluso con referencias específicas a supuestos de datos de salud”.

V., el vecino sin hogar de Badalona fallecido, acudió al Hospital Municipal de Badalona el 25 de mayo de 2024, donde fue atendido. Desde hacía varios días que los habitantes del barrio de Canyadó habían observado un deterioro de su salud. El hombre terminó falleciendo el pasado 9 de junio.

Un mes después, durante el pleno municipal Albiol respondió a las peticiones de explicaciones de las asociaciones de vecinas, que denunciaron que la muerte del hombre sin hogar, de origen lituano, se produjo tras el cierre del albergue municipal para personas sin techo. Este vínculo molestó a Albiol, que respondió a los vecinos con datos del paso del fallecido por el hospital.

“Como fue al Hospital de Badalona, tengo aquí, no el parte, porque eso es privado, pero sí el porqué murió esta persona, y se lo voy a leer textualmente. Me lo han enviado desde el Hospital, eh”, lanzó el político del PP al pleno tras la petición vecinal. A continuación, difundió parte de los síntomas, el diagnóstico, las pruebas y el tratamiento médico al que fue sometido el sintecho en el Hospital de Badalona.

En su auto, el tribunal aprecia una “ausencia de cualquier evidencia de haber incurrido en conductas infractoras en materia de protección de datos” por parte de García Albiol. El motivo, explica el tribunal, es que la Autoridad Catalana de Protección de Datos no constató “infracciones concretas en materia de protección de datos” en su investigación. Si el ente especializado no apreció infracciones, menos puede hacerlo el derecho penal, concluyen los jueces.

La Audiencia entiende que los familiares del finado podrían denunciar la vulneración de la intimidad personal del fallecido como un derecho propio, siempre que demostraran el grado de parentesco exigible y que señalen qué informaciones concretas reveladas les han podido ocasionar un perjuicio.

En este caso concreto, los jueces concluyen que no se ha aportado “ninguna evidencia” de los ámbitos de la esfera privada del hermano que han podido verse afectados por las declaraciones de Albiol, ni si tuvieron trascendencia, difusión o impacto en su país de origen.

El tribunal sostiene que no consta que el difunto tuviese familia, ni próxima ni lejana, en España, ni que la misma “hubiere mostrado interés personal en su estado de salud o en la evolución y el desenlace fatal de su enfermedad, tampoco en el tratamiento de sus restos mortales, que nadie reivindicó en su momento”.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado este martes que el Gobierno municipal rebajará la sanción prevista para las personas sin hogar que duerman en la calle, parques y jardines. La nueva Ordenanza Cívica contemplaba inicialmente multas de hasta 3.000 euros al considerar esta conducta como una infracción “muy grave”, pero finalmente pasará a tipificarse como “leve”, con sanciones de entre 50 y 750 euros. Lo ha dicho en una entrevista en la COPE Zaragoza, pero no ha incluido ninguna modificación a otras medidas que sancionan a las personas vulnerables de la ciudad, como pedir dinero en la calle o vender pañuelos en un paso de peatones.

La regidora ha justificado el cambio asegurando que el Ayuntamiento ha escuchado las críticas trasladadas por las entidades sociales durante el periodo de exposición pública de la norma. “Uno de los puntos que más sorpresa ha generado ha sido el hecho de que las personas sin hogar no puedan pernoctar en la calle, parques y jardines y que eso sea una sanción muy grave”, ha reconocido.

“Hemos estado en comunicación con la coordinadora de entidades sin hogar y les hemos escuchado. Es verdad que que sea muy grave es muy duro”, ha señalado Chueca, quien ha avanzado que el texto se modificará para que la conducta pase a ser considerada una infracción leve. “Va a seguir dando instrumentos jurídicos para que la Policía permita que no se formen asentamientos como los que tuvieron lugar en el parque Bruil”, ha añadido.

La alcaldesa ha defendido que “la calle no es para mantener campamentos ni asentamientos”, aunque ha admitido que la sanción inicial era “excesiva e inasumible”. “Hablamos de pasar de unos 3.000 euros, que era muy grave, a unos 50 euros —la normativa municipal establece que las sanciones leves pueden ir de los 50€ a los 750€—. Lo importante es tener el instrumento jurídico”, ha afirmado.

La modificación llega después de la polémica generada por una ordenanza que castigaba con hasta 3.000 euros dormir en la vía pública, una medida que distintas entidades sociales y partidos de la oposición calificaron de criminalización de la pobreza. El Ayuntamiento de Zaragoza, además, participó en la elaboración de la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinhogarismo en España 2023-2030, donde se recoge expresamente que las personas sin hogar no deben ser “criminalizadas”.

Pese a este cambio, el texto mantiene otras medidas criticadas por colectivos sociales. Entre ellas, la prohibición de la denominada “mendicidad coercitiva”, que incluye pedir dinero obstaculizando “de manera intencionada el tráfico libre de los ciudadanos por los espacios públicos”. También se sanciona la limpieza de parabrisas o la venta de pañuelos en semáforos “a cambio de una cantidad de dinero o donativo”, así como la venta ambulante irregular o ‘top manta’, castigada igualmente con multas de hasta 3.000 euros.

Chueca ha vinculado además el incremento de personas sin hogar con las políticas migratorias del Gobierno central. “El problema de las personas sin hogar está creciendo en toda España como consecuencia de un Gobierno nacional que tiene las competencias en inmigración y no está aplicando una política de integración”, ha asegurado. Según la alcaldesa, Zaragoza ha registrado “un incremento del 60%” de personas sin hogar en los últimos años, aunque ha defendido que la tasa continúa “muy por debajo de la media nacional”.

La alcaldesa también ha reivindicado las políticas municipales impulsadas durante su mandato. “He sido la alcaldesa que más ha hecho por las personas sin hogar”, ha afirmado, antes de destacar la reforma del albergue municipal con una inversión de seis millones de euros y el aumento de plazas disponibles. Según ha explicado, la ciudad ha pasado de contar con 349 plazas de atención a personas sin hogar a superar las 500 sumando recursos municipales y convenios con entidades sociales.

Aunque el estereotipo diga lo contrario, para verse en la calle no hace falta ser alcohólico, drogadicto o venir de una pobreza extrema. Basta con un golpe de mala suerte y unas circunstancias adversas para que, en un mercado inmobiliario cada vez más tenso, tener una casa o pagar el alquiler deje de estar al alcance de muchos. “Yo me vi en una situación complicada, solo y sin redes familiares a las que poder volver”, confiesa Carlos, que tiene 35 años y ha pasado el último mes en un centro temporal para personas sin hogar. Después de días complicados, ha encontrado trabajo como ayudante de pintor. “Cuando no tienes casa, tampoco hay donde ducharte o asearte antes de una entrevista, por ejemplo. Y entonces, todo empeora”, explica desde la habitación compartida donde ahora pasa las noches. Él logró una plaza en el CEDIA de Lucero, un centro de atención e información las 24 horas que pertenece a Cáritas y que, pocas semanas después de su marcha, recibirá una visita especial: la del papa León XIV.

El mismo día de su llegada, después de un primer recibimiento institucional en el Palacio Real, la segunda parada de León XIV será este espacio de acogida en la calle Cullera. Está en el distrito de Latina y no es un recurso público, aunque sí gratuito para los usuarios: forma parte de la red de Cáritas Diocesana, el brazo de la Iglesia católica para acciones sociales. Un día, una delegación del Vaticano acudió a ver las instalaciones y observar sus actividades, con talleres de inclusión para los usuarios o herramientas de atención psicológica. Tiempo después supieron que el Papa había escogido este centro de personas sin hogar para conocerlo personalmente en su primer viaje oficial a Madrid.

El espacio dispone actualmente de 92 plazas, con 47 de ellas dirigidas a hombres para pasar la noche, 20 para las mujeres y otras 25 que funcionan como centro de día. La mayoría de la gente permanece aproximadamente un mes, aunque el responsable del centro avisa de que cada caso es muy distinto: hay quienes llegan en situación de alta vulnerabilidad y necesitan más tiempo, e incluso un 20% de sus usuarios tienen un trabajo remunerado, pero necesitan ahorrar para pagar la fianza y el primer mes de un alquiler. “Hace años ayudábamos a algunos a pagar la entrada para un piso de alquiler. Ahora, cuando lo hacemos, es para acceder a una habitación que puede llegar a los 600 euros mensuales”, destaca Juan José Gómez, al frente del centro.

“Intentamos ayudarles a recuperar su dignidad, primero con recursos básicos como una cama, comida, ropa o ducha y, luego, orientándoles en la búsqueda de empleo o con apoyo psicológico”, añade en declaraciones a los medios ofrecidas esta mañana. Sobre qué empuja a estas personas a terminar en situación de calle hay múltiples respuestas. El propio coordinador del centro señala que cada vez acuden más jóvenes en situación precaria, e incluso dos de cada diez usuarios llegan con trabajo y cobrando un sueldo, pero no pueden permitirse un alquiler en un mercado “inaccesible”, en palabras de Gómez. En 2025 pasaron por allí 2.534 personas, pero solo dieron plaza a 880.

“Está claro que es un recurso limitado para la alta demanda que existe en Madrid, pero es la capacidad que tenemos”, reconoce Gómez, aludiendo a que el CEDIA debe ser un complemento de los espacios públicos disponibles. Uno de ellos, precisamente, es la campaña anual contra el frío, en la que el Ayuntamiento despliega un dispositivo especial junto al Samur Social para ofrecer alojamiento o comida caliente y evitar las noches al raso en invierno. Allí fue la primera vez que Carlos, actualmente en el CEDIA de Cáritas, accedió a un servicio destinado a personas sin hogar. Alguien que conoció en esos días le recomendó buscar plaza en este centro de la Iglesia, sin saber aún que acabaría entre los lugares que recibirán en junio a León XIV.

“Yo espero que la visita del Papa nos traiga visibilidad y cambie en algo las políticas públicas del Ayuntamiento. Porque quien diga que nos va bien en materia de servicios sociales, miente”, sentencia el joven, apuntando a centros “sin limpieza o higiene” que prefiere no mencionar. En total, la red municipal dispone de seis espacios de acogida (San Isidro, La Rosa, Juan Luis Vives, Puerta Abierta, Beatriz Galindo y Pedro Meca) repartidos en la capital. Todos ellos suman 1.210 plazas disponibles que, este año, pretenden ampliarse hasta las 1.400. Sin embargo, por sí sola no puede absorber toda la demanda de que existe: solo el año pasado, los equipos de calle del Ayuntamiento de Madrid atendieron a más de 13.000 personas sin hogar.

“Al Papa también le pediremos que se mejoren las políticas sociales destinadas al sinhogarismo”, añade uno de los trabajadores de Cáritas en la calle Cullera, en una jornada de puertas abiertas que ha tenido lugar este martes. A lo largo del año pasado, atendieron a más de 2.500 personas en situación de calle. Pero el proyecto empezó siendo algo mucho más pequeño: un recorrido en furgoneta con café caliente para los perfiles vulnerables. De eso hace ya medio siglo, y no fue hasta 2008 que aterrizaron en Lucero ya como centro integral de acogida. Actualmente, entre sus usuarios hay una mayoría de hombres (75%), y solo un 25% son mujeres. Acuden sobre todo españoles, latinoamericanos u otros migrantes de origen magrebí y subsahariano, según ha expuesto el responsable del centro.

Sin embargo, le preocupa que en los últimos años reciban cada vez a más jóvenes. “La edad media es de 37 años, pero la mayoría entra en una horquilla de entre 35 y 50 años”, ha añadido, incidiendo en que la realidad actual de Madrid son “unos sueldos muy precarios” y un difícil acceso a la vivienda. Esteban, trabajador del centro y migrante de 26 años, explica que en sus instalaciones hay distintos modelos de habitación (individuales, dobles o con cinco camas) ya que “el sueño es complicado” y cada persona tiene unas necesidades concretas. “Algunos roncan, otros tienen problemas para dormir y muchos chicos llegan de madrugada, agotados de trabajar”, subraya. Así que tratan de adaptarse a cada situación individual en un contexto donde cada vez más usuarios tienen empleo, pero no vivienda.

En su experiencia, el miedo más habitual entre quienes viven en la calle no es únicamente dormir al raso, sino perder las pocas pertenencias que conservan. Por eso, también incluyen servicios de consigna que el centro mantiene en la planta baja. Otras veces, resume el empleado, “lo único que tienen cabe al lado de la cama”. Las duchas, la ropa limpia o el acceso a una cena caliente forman parte de una rutina básica que, para muchos, resulta imprescindible antes de acudir a una entrevista de trabajo o intentar mantener un empleo precario.

Esteban insiste en que el recurso tiene limitaciones y que no puede dar respuesta a todos los perfiles. Antes de acceder, cada persona pasa una entrevista previa y existen criterios específicos de admisión, como la exclusión de mayores de 65 años o de personas con patologías graves que requieren otro tipo de atención especializada.

Han llegado a recibir solicitudes de familias enteras, parejas o personas con trayectorias muy distintas que, en otros recursos sociales, se encuentran “listas de espera de hasta un año” para poder entrar. Aunque el responsable del centro apuntala que muchos de sus usuarios han podido dejar la calle, los trabajadores reconocen que a veces “es difícil lograr una mejora si no hay cambios estructurales” en la atención al sinhogarismo. “Hace falta iniciativa propia, pero también recursos reales para que el trabajo pueda dar resultados”, concluye otro de los empleados del centro. Para la visita del Papa, tratarán de no enredarse en preparativos: quieren que se los conozca sin edulcorantes.

Més d'un centenar de persones que residien a l'antiga presó de Palma han abandonat ja el recinte abans que expiri el termini fixat per l'Ajuntament per executar el desallotjament, segons ha assenyalat aquest dilluns el batle de Palma, Jaime Martínez (PP), en una roda de premsa en la qual ha defensat l'operatiu de recuperació possessòria impulsat pel Consistori sobre el vell complex penitenciari. L'últim cens elaborat per la Policia Local comptabilitzava 208 persones que malvivien des de fa anys a l'antic penal entre residents sense recursos, treballadors precaritzats i migrants. 

Les entitats socials, tanmateix, rebutgen l'argument de la voluntarietat després que el Consistori atorgués cinc dies hàbils -fins al proper dimecres- per abandonar el recinte abans d'iniciar la via judicial. “Sense opcions, no hi ha voluntat possible. El que se'ls està oferint és que, voluntàriament, se'n vagin a viure al carrer”, recriminen.

Així mateix, els col·lectius socials acusen el Consistori de difondre informació falsa i alarmista sobre un suposat focus d'hantavirus a l'antiga presó per justificar la urgència de l'operatiu. En un recent informe, la corporació municipal sosté que les condicions d'insalubritat de l'antiga presó, juntament amb la “important presència de rates”, podrien afavorir la propagació de malalties infeccioses entre les persones que resideixen en el recinte i fins i tot estendre's fora d'ell. El document esmenta expressament patologies com l'hantavirus, el tifus o la pesta, i assevera que l'avançat estat de deteriorament de l'immoble podria afavorir el cicle de transmissió d'aquest tipus de patologies.

Les entitats, entre elles Metges del Món, han qüestionat durament aquestes afirmacions, amb les quals, al seu parer, que qualifiquen “d'alarmistes” i mancades de base científica suficient, i retreuen a l'Ajuntament estar tractant de generar por i estigmatitzar els residents per legitimar el desallotjament en lloc de reforçar els recursos d'acollida i garantir alternatives habitacionals dignes. L'organització recrimina la “greu falta de previsió i planificació” del Consistori davant el desallotjament i alerta que centenars de persones poden quedar abocades a una situació de major exclusió i vulnerabilitat.

Segons l'alcalde, actualment romanen a l'interior de l'antic penal 101 ocupants, per la qual cosa l'Ajuntament dóna per fet que 107 persones han abandonat voluntàriament el recinte des que va començar el procediment.

Martínez assegura que part dels qui han marxat s'han traslladat a la Península, altres han trobat feina o una sortida residencial i alguns han ingressat a presó. A més, 45 persones han estat derivades a l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS). L'alcalde ha insistit que l'Ajuntament no ha detectat que els qui han abandonat el recinte s'hagin assentat en altres enclavaments informals de Palma. “Si identifiquem moviments en els assentaments, s'actua. Però no s'ha identificat res extraordinari”, ha assenyalat.

Les entitats socials, tanmateix, l'argument de la voluntarietat després que l'Ajuntament donés cinc dies hàbils -fins al pròxim dimecres- per abandonar el recinte abans d'iniciar la via judicial. “Sense opcions, no hi ha voluntat possible. El que se'ls està oferint és que, voluntàriament, se'n vagin a viure al carrer”.

La setmana passada, la Junta de Govern de l'Ajuntament va reactivar el desallotjament després de desestimar les 45 al·legacions presentades pels residents del recinte, totes elles “de contingut idèntic”, segons el Consistori. L'equip de govern sosté que les persones afectades han tingut accés a recursos socials i alternatives habitacionals, i justifica la continuïtat de l'operatiu pel “greu deteriorament” de les instal·lacions, que, d'acord amb informes de la Policia Local, Bombers i l'àrea de Sanitat, presenten problemes d'insalubritat i risc d'incendi. A partir d'ara, l'Ajuntament iniciarà la fase definitiva de notificacions, concedint un termini de cinc dies hàbils per abandonar voluntàriament el recinte abans de sol·licitar autorització judicial per executar el desallotjament forçós.

Al llarg de les últimes setmanes, treballadors municipals i agents de la Policia Local van registrar noms i documents en formularis administratius que obrien la porta al desallotjament d'un dels majors assentaments de sensellarisme de la ciutat. Molts dels residents denuncien que no tenen on anar i que ni tan sols poden accedir a una habitació en una ciutat on el preu mitjà del lloguer s'ha disparat.

“Potser agafaré un carro i passejaré pel carrer”, lamentava al febrer Silvino, jubilat asturià i antic cuiner que va arribar a la vella presó després de perdre l'habitació on vivia quan el lloguer va pujar per sobre del que podia pagar amb la seva pensió. Altres residents asseguraven treballar en la construcció, l'hostaleria o feines precàries mentre sobrevivien al recinte sense aigua ni electricitat, entre parets deteriorades, runes i escombraries acumulades.

L'Ajuntament justifica l'actuació per motius de seguretat i salubritat després dels incendis registrats a l'interior de l'antiga presó durant les últimes setmanes. El primer tinent d'alcalde, Javier Bonet, va arribar a suggerir públicament que alguns focs podrien haver estat provocats pels propis ocupants, una hipòtesi plantejada sense proves concloents i que les entitats socials consideren estigmatitzant.

Intervenció urbanística a la zona

El govern municipal sosté, a més a més, que el desallotjament forma part d'una intervenció urbanística més ampla. Un cop buidat el recinte, el Consistori preveu tapiar i enderrocar l'edifici per construir una nova rotonda i un accés viari vinculat al projecte del Consell de Mallorca, a més d'impulsar futures promocions d'habitatge al solar.

La majoria de les persones que encara romanen a l'antiga presó es troben en situació administrativa irregular, cosa que dificulta el seu accés a recursos públics d'acollida. “Pot ser que hi hagi perfils que estiguin de manera irregular a la ciutat i que no puguin accedir a segons quin tipus d'ajudes socials”, ha reconegut Martínez, qui ha confiat que el futur procés estatal de regularització extraordinària “obrirà una finestra” per a aquestes persones.

Tot això ocorre en una de les ciutats amb el mercat immobiliari més tensionat d'Espanya. Al març, el preu de l'habitatge a Palma va assolir els 5.117 euros per metre quadrat -front als 2.709 euros de mitjana estatal-, consolidant-se així com un dels mercats més cars del país, “impulsat per l'alta demanda i la pressió internacional”, segons Idealista. La capital balear concentra a més bona part de l'habitatge en mans de grans tenidors: 8.652 immobles.

Más de un centenar de personas que residían en la antigua prisión de Palma han abandonado ya el recinto antes de que expire el plazo fijado por el Ayuntamiento para ejecutar el desalojo, según ha señalado este lunes el alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), en una rueda de prensa en la que ha defendido el operativo de recuperación posesoria impulsado por el Consistorio sobre el viejo complejo penitenciario. El último censo elaborado por la Policía Local contabilizaba 208 personas que malvivían desde hace años en el antiguo penal entre residentes sin recursos, trabajadores precarizados y migrantes. 

Las entidades sociales, sin embargo, rechazan el argumento de la voluntariedad después de que el Consistorio otorgase cinco días hábiles -hasta el próximo miércoles- para abandonar el recinto antes de iniciar la vía judicial. “Sin opciones, no hay voluntad posible. Lo que se les está ofreciendo es que, voluntariamente, se vayan a vivir a la calle”, recriminan.

Asimismo, los colectivos sociales acusan al Consistorio de difundir información falsa y alarmista sobre un supuesto foco de hantavirus en la antigua prisión para justificar la urgencia del operativo. En un reciente informe, la corporación municipal sostiene que las condiciones de insalubridad de la antigua prisión, junto con la “importante presencia de ratas”, podrían favorecer la propagación de enfermedades infecciosas entre las personas que residen en el recinto e incluso extenderse fuera de él. El documento menciona expresamente patologías como el hantavirus, el tifus murino o la peste, y asevera que el avanzado estado de deterioro del inmueble podría favorecer el ciclo de transmisión de este tipo de patologías.

Las entidades, entre ellas Médicos del Mundo, han cuestionado duramente estas afirmaciones, con las que, a su juicio, que califican de “alarmistas” y carentes de base científica suficiente, y reprochan al Ayuntamiento estar tratando de generar miedo y estigmatizar a los residentes para legitimar el desalojo en lugar de reforzar los recursos de acogida y garantizar alternativas habitacionales dignas. La organización recrimina la “grave falta de previsión y planificación” del Consistorio ante el desalojo y alerta de que cientos de personas pueden quedar abocadas a una situación de mayor exclusión y vulnerabilidad.

Según el alcalde, actualmente permanecen en el interior del antiguo penal 101 ocupantes, por lo que el Ayuntamiento da por hecho que 107 personas han abandonado voluntariamente el recinto desde que comenzó el procedimiento.

Martínez asegura que parte de quienes se han marchado se han trasladado a la Península, otros han encontrado trabajo o una salida residencial y algunos han ingresado en prisión. Además, 45 personas han sido derivadas al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). El alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento no ha detectado que quienes han abandonado el recinto se hayan asentado en otros enclaves informales de Palma. “Si identificamos movimientos en los asentamientos, se actúa. Pero no se ha identificado nada extraordinario”, ha señalado.

Las entidades sociales, sin embargo, el argumento de la voluntariedad después de que el Ayuntamiento diese cinco días hábiles -hasta el próximo miércoles- para abandonar el recinto antes de iniciar la vía judicial. “Sin opciones, no hay voluntad posible. Lo que se les está ofreciendo es que, voluntariamente, se vayan a vivir a la calle”.

La semana pasada, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento reactivó el desalojo tras desestimar las 45 alegaciones presentadas por los residentes del recinto, todas ellas “de contenido idéntico”, según el Consistorio. El equipo de gobierno sostiene que las personas afectadas han tenido acceso a recursos sociales y alternativas habitacionales, y justifica la continuidad del operativo por el “grave deterioro” de las instalaciones, que, de acuerdo con informes de la Policía Local, Bomberos y el área de Sanidad, presentan problemas de insalubridad y riesgo de incendio. A partir de ahora, el Ayuntamiento iniciará la fase definitiva de notificaciones, concediendo un plazo de cinco días hábiles para abandonar voluntariamente el recinto antes de solicitar autorización judicial para ejecutar el desalojo forzoso.

A lo largo de las últimas semanas, trabajadores municipales y agentes de la Policía Local registraron nombres y documentos en formularios administrativos que abrían la puerta al desalojo de uno de los mayores asentamientos de sinhogarismo de la ciudad. Muchos de los residentes denuncian que no tienen adónde ir y que ni siquiera pueden acceder a una habitación en una ciudad donde el precio medio del alquiler se ha disparado.

“Quizás coja un carro y pasee por la calle”, lamentaba en febrero Silvino, jubilado asturiano y antiguo cocinero que llegó a la vieja prisión tras perder la habitación donde vivía cuando el alquiler subió por encima de lo que podía pagar con su pensión. Otros residentes aseguraban trabajar en la construcción, la hostelería o empleos precarios mientras sobrevivían en el recinto sin agua ni electricidad, entre paredes deterioradas, escombros y basura acumulada.

El Ayuntamiento justifica la actuación por motivos de seguridad y salubridad tras los incendios registrados en el interior de la antigua cárcel durante las últimas semanas. El primer teniente de alcalde, Javier Bonet, llegó a sugerir públicamente que algunos fuegos podrían haber sido provocados por los propios ocupantes, una hipótesis planteada sin pruebas concluyentes y que las entidades sociales consideran estigmatizante.

Intervención urbanística en la zona

El gobierno municipal sostiene además que el desalojo forma parte de una intervención urbanística más amplia. Una vez vaciado el recinto, el Consistorio prevé tapiar y demoler el edificio para construir una nueva rotonda y un acceso viario vinculado al proyecto del Consell de Mallorca, además de impulsar futuras promociones de vivienda en el solar.

La mayoría de las personas que todavía permanecen en la antigua prisión se encuentran en situación administrativa irregular, lo que dificulta su acceso a recursos públicos de acogida. “Puede ser que haya perfiles que estén de manera irregular en la ciudad y que no puedan acceder a según qué tipo de ayudas sociales”, ha reconocido Martínez, quien ha confiado en que el futuro proceso estatal de regularización extraordinaria “abra una ventana” para estas personas.

Todo ello ocurre en una de las ciudades con el mercado inmobiliario más tensionado de España. En marzo, el precio de la vivienda en Palma alcanzó los 5.117 euros por metro cuadrado -frente a los 2.709 euros de media estatal-, consolidándose así como uno de los mercados más caros del país, “impulsado por la alta demanda y la presión internacional”, según Idealista. La capital balear concentra además buena parte de la vivienda en manos de grandes tenedores: 8.652 inmuebles.

Reconocidas por las Naciones Unidas, galardonadas con el Premio Agenda Barcelona 2030 y, a finales de 2024, con el premio del Observatorio Catalán de la Justicia en Violencia Machista, Metzineres es hoy uno de los proyectos de referencia en la atención a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad en Barcelona. Desde 2020, además, está considerado un Servicio de Intervención Especializada (SIE) por la Generalitat de Catalunya. Sin embargo, ninguno de estos reconocimientos las protege del riesgo que ahora afrontan: a partir del 30 de junio, Metzineres del Raval se quedará sin local para desarrollar su actividad porque la propiedad ha decidido no renovar el contrato de alquiler del espacio.

Ubicado en pleno corazón del Raval, Metzineres funciona como un espacio comunitario de refugio, atención y cuidados para “mujeres que son expulsadas del resto de redes de atención sociosanitaria por el hecho de usar drogas”, explica Aura Roig, antropóloga y directora de esta cooperativa fundada en 2017. “Son mujeres que vienen de situaciones traumáticas, de violencia, y que duermen en la calle”, añade.

Se trata de uno de los pocos servicios que existen en Barcelona dirigidos a mujeres que sobreviven en la calle y que, a diferencia de la mayoría, no centra su intervención en el problema que las ha llevado hasta allí, sino que las sitúa a ellas en el centro.

“Cuando vives en la calle y tienes que estar despierta, difícilmente lo haces sin consumir ningún tipo de sustancia”, explica Roig. “Empezar pidiendo la abstinencia o que se adapten a determinados modelos de atención es algo muy complejo. Al final, lo que vemos es que se utilizan las sustancias como una cortina de humo para no ir a las causas estructurales de su exclusión”.

Antes de fundar Metzineres, Roig estuvo al frente de la XADUD, una red de atención a mujeres que usan drogas creada en Barcelona en 2016. Se trataba de un espacio entre iguales para la recuperación de derechos, el soporte mutuo y el intercambio de conocimientos que, a día de hoy, sigue existiendo. Fue en esos encuentros semanales en el Ateneu del Raval donde empezaron a identificar las necesidades que compartían muchas de esas mujeres: las barreras del sistema cuando solicitaban acceso a los servicios de atención social.

“Nos reuníamos todas las semanas y creamos este espacio porque nos dimos cuenta de que no tenían un lugar donde poder juntarse sin ser juzgadas”, recuerda Roig. “Vimos lo terapéutico que resultó para ellas”. Cuando el proyecto de investigación finalizó, las mujeres continuaron reuniéndose. “Fue entonces cuando pensamos que sería importante crear un espacio donde se pudieran cubrir todas esas necesidades. Así nació Metzineres”, añade la directora del lugar.

Actualmente, Metzineres atiende a 647 mujeres. Cada día pasan por el espacio unas 60, y la cifra no deja de crecer. “Ofrecemos camas para que puedan descansar durante el día, duchas, talleres y un patio interior donde se puede hacer comunidad”, explica Roig. Pese al apoyo de la administración y del vecindario —y tal y como avanzó hace unas semanas El Periódico—, el futuro del proyecto es incierto. En junio finaliza la prórroga del contrato de alquiler y la propiedad ya ha comunicado que no habrá una nueva renovación. “Nos dijeron que no lo iban a vender, que se lo quedarían, pero ahora nos lo hemos encontrado en Idealista”, lamenta.

El local —que Metzineres tuvo que reformar y cuyo coste todavía está pagando— pertenece a Barcino Property, una sociedad dedicada a la inversión en inmuebles residenciales en localizaciones céntricas de Barcelona para su explotación en régimen de arrendamiento. El contrato finalizó en enero, pero la propiedad concedió una prórroga extraordinaria que termina el 30 de junio. Este medio ha cotactado con Barcino Property, que ha declinado hacer comentarios.

La salida del Raval de Metzineres no es una cuestión baladí. Según las usuarias y la directora del espacio, el hecho de estar en el centro de la ciudad es uno de los principales activos del equipamiento. “Es el barrio en el que trabajan y por el que se mueven. Sabemos que, si nos vamos de aquí, muchas no van a llegar”, apunta Roig.

Ser mujer y dormir en la calle

Sentada en el patio interior del local, alrededor de una mesa rectangular con seis sillas de plástico que desde 2017 ha sido testigo de tantas historias, Manu se emociona cada vez que recuerda su vida en la calle. “Se me revuelve el estómago solo de pensarlo”, explica. La voz se le quiebra cuando habla de la importancia de la apariencia. “La gente se cambia de acera, te tira el vaso de café o te mira mal solo porque no tienes buen aspecto”.

Tras sobrevivir en la calle durante cinco años, Manu hoy tiene un hogar. “Metzineres es bello, muy bello. Soy una romántica, pero estoy enamorada de Metzineres. Aquí somos chicas metzis”, dice entre carcajadas, mezclando el español con el italiano, su lengua materna.

Ser mujer y vivir en la calle, explica, es despertarse cada mañana a las siete. “Sé que eso es igual para mucha gente, pero en la calle hay veces que te despiertas porque la Guardia Urbana te está dando una patada”, abunda. “Tienes que pensar dónde lavarte la cara, cambiarte, porque llevas la misma ropa de ayer. Incluso te puedes despertar con las bragas bajadas y con la mochila a cuestas. Esa mochila que nunca desaparece”.

Para Manu, como para muchas de sus compañeras, Metzineres le devuelve la dignidad. “La destrucción y el maltrato son tantos… institucional, sanitario, político… A las personas sin hogar se las trata como una mierda”, apunta. Denuncia también la desconfianza sistemática que ha marcado su relación con las instituciones. “Como he sido yonqui, no me creen. Tengo que ir acompañada por una profesional para que me tengan en cuenta”, añade.

Aunque en Barcelona existen múltiples entidades de reducción de daños y de atención a personas sin hogar, muchas se centran en un único ámbito: consumo, trabajo sexual, violencia de género. “Puede ocurrir que una mujer sin hogar, embarazada y que consume drogas acuda a una entidad que atiende a mujeres embarazadas que duermen en la calle, pero le exijan dejar de consumir”, explica Andre Gaetano, referente de activismo y responsable de la imagen de Metzineres. “Como consume [drogas], no la aceptan y se queda en la calle. Ahí es donde entramos nosotras”.

En Metzineres no se pide cita previa ni datos personales. “Aquí todas son bienvenidas: mujeres trans, migrantes, mujeres con consumo acompañado, mujeres de género ampliado”, explica Gaetano. “El historial se construye cuando ellas quieren contarlo, de una forma más humana. Si han sufrido violencia, lo explican cuando se sienten seguras”.

A la izquierda de Gaetano, apoyado en la pared, un letrero de azulejos recuerda a las víctimas de la guerra contra las drogas. “Pero aquí apenas hay consumo”, señala Manu, hoy técnica comunitaria del proyecto. “Yo he consumido mucho, pero ahora que tengo un espacio, una casa, amigas, tengo mucha menos necesidad de consumir”, afirma.

Aunque el local cuenta con lo que llaman el “tocador de consumo”, una sala de consumo seguro y acompañado, lo que define a Metzineres es su comunidad. “Ninguna chica viene porque quiera consumir”, insiste Manu, frente a algunas críticas que recibe el proyecto. “Vienen porque es un espacio donde no hace falta pedir un abrazo para recibirlo. Aquí estás presente como persona”.

De constitución delgada, sonrisa amplia y un moño rojo que contrasta con el lateral rapado de su cabeza, Manu se ríe mientras describe la vida cotidiana en Metzineres. “Es como volver a tener seis años y estar con tus amigas”. En las literas, a veces duermen de dos en dos, abrazadas, para recuperarse de una mala noche o de la dureza de la calle. Las “tardes de tinta” son tardes de peluquería: “Nos teñimos el pelo, nos maquillamos, elegimos ropa del ropero… Lo más divertido es cuando vienen las vecinas y les hacemos el pelo”, dice entre risas. “La casa son las amigas”, resume Andre.

En Metzineres pasan muchas cosas. Además de reivindicar su ternura radical, organizan talleres, charlas y espacios de intercambio de saberes. Nada más entrar, una pared cubierta de mensajes ofrece consejos que se actualizan constantemente: qué hacer si ejerces el trabajo sexual, si duermes en la calle o si consumes metanfetamina.

Cada viernes celebran una paella comunitaria junto a otras entidades del barrio y, recientemente, han impulsado L’Arravalera, un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Barcelona. Se trata de un espacio para crear comunidad, ubicado en la misma calle, que reivindica la memoria y la contracultura del Raval, dando voz a las comunidades que habitan los márgenes. Un lugar de encuentro donde autores, artistas, académicas y vecinas comparten saberes para sobrevivir a ciudades cada vez más gentrificadas.

Los datos de la organización son claros: de las mujeres atendidas durante el último año, el 70% se encontraba directamente viviendo en la calle y un 19% tenía techo gracias a algún tipo de recurso asistencial. El ahogo económico ha obligado a la entidad a cerrar los festivos y fines de semana, “justamente los días en que no reciben atención de otras instituciones y que para nosotras eran fundamentales”, señala Roig.

El año pasado también se quedaron sin financiación para el proyecto Espai de Drets, un recurso clave de acompañamiento jurídico. Sin un domicilio fijo, muchas no pueden recibir notificaciones judiciales ni acceder a una defensa adecuada. El proyecto les ofrecía un lugar estable para recibir comunicaciones y apoyo legal, facilitando el acceso a una abogada de oficio o a la defensa directa del servicio.

Además, permitía acogerse a medidas alternativas a la prisión, algo que antes era imposible al no disponer de un lugar donde cumplirlas ni de horarios compatibles con los servicios. También se elaboraban informes de vulnerabilidad que podían reducir condenas. La mayoría de los delitos no eran graves y estaban vinculados a la supervivencia, como pequeños hurtos de comida o el impago de multas.

“Estamos en una situación de mucho estrés y muchas de ellas están muy angustiadas”, concluye Roig. “Hemos pasado de tener un espacio que se nos queda pequeño a no saber si dentro de dos meses tendremos siquiera un lugar”, concluye finalmente Andre.

A día de hoy, la continuidad del proyecto pende de un hilo pese a su búsqueda de soporte y recolecta de firmas para evitar la pérdida de su local. La entidad no dispone de los recursos económicos necesarios para trasladarse a otro centro dentro del Raval, un elemento clave para mantener su labor y el vínculo con la comunidad a la que atiende.

Mientras tanto, siguen a la espera de una respuesta por parte de la administración pública, imprescindible para garantizar su futuro como servicio de intervención especializada reconocido por la Generalitat.

Pese a los intentos de mediación y diálogo, la situación permanece estancada, lo que pone en riesgo un trabajo que durante años ha dado respuesta a necesidades sociales urgentes. Sin una solución inmediata, el cierre no sería solo el fin de un espacio, sino la pérdida de un recurso fundamental para el barrio.

“Os damos la bienvenida a nuestro parque, aunque nos lo quieran quitar”. Decenas de vecinos del entorno de Madalena-Tenerías han acudido este domingo al vermú reivindicativo convocado en la zona para denunciar la situación que se vive desde hace meses en el barrio, especialmente en el entorno del Parque Bruil y del albergue municipal, donde se concentra un número creciente de personas sin hogar.

La convocatoria, con un importante carácter festivo, retoma las quejas ya expresadas por el tejido vecinal, que advierte de que el cierre y las actuaciones puntuales en el parque no han resuelto el problema, sino que han provocado desplazamientos a otros puntos del entorno. En su posicionamiento, sostienen que “esconder un problema no es solucionarlo” y que la situación responde a una cuestión estructural vinculada al acceso a la vivienda. Entre los convocantes han estado las asociaciones de vecinos Parque Bruil San Agustín y Madalena Calle y Libertad, las AMPA del CEIP Tenerías, del IES Pedro de Luna o de la escuela infantil municipal Parque Bruil, el Espacio Colectivo Vía Láctea o la Asociación Socioeducativa Gusantina.

Esta reivindicación se da en la semana en la que el Gobierno del PP en Zaragoza ha decretado el cierre nocturno del parque. Esta limitación, que será “virtual” ya que en un principio no habrá cierre físico, sí permitirá llevar a cabo actividades como pasear al perro o transitar. La decisión ha provocado sin embargo indignación entre los colectivos vecinales, que han querido hacer patente su “malestar” con el Ayuntamiento por la falta de diálogo, por “criminalizar” a los inmigrantes y por vulnerar “los derechos de libre acceso”.

En este sentido, el colectivo insiste en que “el auténtico problema son las dificultades que un sector cada vez más amplio de la población tiene para acceder a una vivienda en condiciones dignas” y reclama medidas coordinadas de todas las administraciones. Entre ellas, citan la creación de un parque de vivienda pública, la rehabilitación de vivienda precaria o la limitación de precios del alquiler.

También plantean un paquete de soluciones sociales y de emergencia, como la implementación de modelos de atención tipo first housing, la ampliación de recursos para evitar que nadie tenga que dormir en la calle, la descentralización de los servicios del albergue y la puesta en marcha de un servicio de mediación para reducir conflictos vecinales.

“Nadie puede pensar que dormir en la calle resulte placentero”, subrayan, defendiendo que ni parques, ni portales ni estaciones deben funcionar como espacios de pernocta. Al mismo tiempo, remarcan que su reivindicación no es contra las personas sin hogar, sino a favor de una respuesta habitacional digna: “Pedimos que el Ayuntamiento haga su trabajo y promueva soluciones habitacionales para que todas las personas que ahora mismo pernoctan y viven en la calle tengan alguna opción de futuro”.

El manifiesto también incluye demandas urbanas para el entorno del barrio, con la petición de un “Parque Bruil vivo, abierto, verde y limpio”, la renovación de las zonas infantiles inclusivas y la reapertura del kiosco con precios asequibles. Además, reclaman la conservación del arbolado histórico y la ejecución de las obras de la escuela infantil La Piraña, para evitar desplazamientos a otros barrios y garantizar el servicio en la zona.

Los protocolos se han convertido en el día a día de la relación de la administración con la ciudadanía. Pero el Ayuntamiento de Badalona no dispone de ninguno para las personas más vulnerables: las que no tienen un hogar. Así lo ha admitido el consistorio que encabeza Xavier García Albiol a la magistrada que autorizó el desalojo de centenares de migrantes que malvivían en un instituto abandonado del municipio, en un informe al que ha tenido acceso elDiario.es.

La abierta negativa de Badalona a dar un techo a los migrantes provocó una crisis social sin precedentes, con decenas de personas durmiendo en la calle hasta que la Generalitat y entidades sociales lograron realojarlas. Muchos no tuvieron otra que acampar bajo de un puente de la C-31, al que acudieron otras personas sin hogar de Badalona o Barcelona hasta que, de nuevo, fueron desalojadas este miércoles.

La magistrada de lo contencioso-administrativo autorizó el desalojo solicitado por Albiol. No lo condicionó, tal y como había pedido la Fiscalía, a que el Ayuntamiento ofreciera un techo de emergencia a los migrantes, sino que se limitó a obligar al consistorio a prestar “atención social” a los desalojados, sin más concreciones.

Una vez ejecutado el desalojo, la Fiscalía y las abogadas de los migrantes, Marta Llonch y Mireia Salazar, consideraron que el Ayuntamiento había incumplido igualmente la orden judicial, ya que no había personal de servicios sociales para atender a los migrantes. Sin embargo, la magistrada rechazó la petición del Ministerio Público para “verificar” si Albiol había actuado conforme le obligaba el auto.

De todas las peticiones planteadas por la defensa de los migrantes y la Fiscalía tras el desalojo, la magistrada solo aceptó una: requerir al Ayuntamiento de Badalona para que aportara el protocolo de atención a personas sin hogar. La sorpresa ha llegado con la respuesta del consistorio.

El informe ocupa tres páginas. La primera transcribe literalmente un artículo de la ley de Servicios Sociales de Catalunya. A renglón seguido, el jefe de los servicios sociales de Badalona reconoce que el consistorio no dispone del protocolo requerido por la jueza, si bien le adjunta medio folio de una “metodología de intervención” para las personas sin hogar.

Según el responsable municipal, “dentro del marco legal”, en referencia a la normativa autonómica, “no existe una obligación específica que el Ayuntamiento de Badalona ni otra administración competente tengan que disponer de un protocolo de atención a personas sin hogar por parte de los servicios sociales”.

La interpretación de la ley que hace Badalona consiste en que sus obligaciones legales pasan por “disponer de un modelo de abordaje integral que proporcione una respuesta a las necesidades sociales de las personas sin hogar”.

Todo ello pese a que la norma citada por el Ayuntamiento como marco legal dispone que los ayuntamientos son los encargados de detectar las situaciones de vulnerabilidad, ofrecer asesoramiento e intervenir. Cabe recordar que el propio Albiol, el día del desalojo, aseguró que los servicios sociales habían dado “hospedaje temporal” a 16 migrantes.

De lo que sí dispone el Ayuntamiento es de una “metodología de intervención”, en palabras del jefe de servicios sociales a la jueza, para personas sin hogar, que consiste en cuatro puntos: detección de personas que duermen en la calle e información; valoración de los servicios sociales “con especial atención a los indicadores de vulnerabilidad”; apoyo y derivación a recursos municipales de emergencia [Badalona cerró su albergue para personas sin hogar en 2024]; y seguimiento posterior.

La respuesta a la jueza de los servicios sociales de Badalona termina con otra confesión: el responsable municipal admite que ha solicitado apoyo a la Diputación de Barcelona para desarrollar un plan local de abordaje del sinhogarismo.

La colaboración con la Diputación, agrega el jefe de servicios sociales, “promoverá el diseño y la elaboración de un plan y, si cabe, un protocolo de atención” a personas sin hogar. En cualquier caso, tarde para los desalojados del B-9, que se han repartido en otros asentamientos informales, habitaciones de familiares o amigos o albergues proporcionados por la Generalitat y entidades sociales, aunque dentro de pocos días finalizará la estancia de varios de ellos.

La Fiscalía, indignada

La respuesta de los servicios sociales de Badalona ha provocado una reacción dura de la Fiscalía. En un escrito remitido a la jueza tras consultar la respuesta de Badalona, el Ministerio Público constata que el día del desalojo del B9 el consistorio no aplicó ni un protocolo de atención a personas sin hogar (porque no tiene) ni la “metodología de intervención” remitida al juzgado.

“En especial”, incide la fiscal, los puntos de la “metodología” que contemplan el apoyo y derivación a recursos municipales de emergencia y seguimiento posterior de los migrantes. “La gran mayoría de las personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad social y emergencia habitacional se quedaron en la calle”, zanja el Ministerio Público.

Es más, la Fiscalía destaca las condiciones meteorológicas adversas (lluvia y frío) de diciembre del año pasado cuando se ejecutó el desalojo. Los migrantes, concluye la fiscal, tuvieron que acampar primero en la plaza de al lado del B9 y luego bajo el puente de la C-31 “sin ningún tipo de actuación de soporte o ayuda efectiva por parte del consistorio”.

“No puede entenderse cumplido el auto” que autorizó el desalojo pero obligaba a Albiol a proporcionar atención social a los migrantes, apostilla la fiscal.

“Las personas que están en situación de sinhogarismo están en esa circunstancia, por eso es algo que se puede cambiar. Si hablamos de 'personas sin hogar' es una etiqueta y no se puede cambiar”. Con esta explicación sencilla, Elena Sáenz de Urturi, fundadora de la Asociación El Llavero, define la filosofía de una entidad que nació en Logroño hace cinco años por un grupo de profesionales del ámbito social, que quieren visibilizar las realidades de las personas en situación de sinhogarismo.

“La situación de la vivienda es crítica”, subraya Elena Sáenz de Urturi. “Si personas que tienen un trabajillo, no pueden llegar a fin de mes y no pueden pagarse una habitación, si hablamos de personas sin recursos, que no tienen red de apoyo, no están dentro de la comunidad, es casi imposible, digo casi por tener un halo de esperanza, pero es muy muy complicado para estas personas”. Ante ello, El Llavero propone, a través de jornadas divulgativas y formativas, un cambio de modelo, “hacia recursos tanto que utilizan la vivienda como factor fundamental y como derecho para el proceso de la persona como albergues más centrados en la persona, no solo en dormir y comer, sino más enfocados en el proceso de acompañamiento de las personas”, describe Elena Sáenz de Urturi.

Con el convencimiento en la lucha de que “la vivienda no es un privilegio, sino un derecho”, como recuerda Sáenz de Urturi, la asociación se ha enfocado en “visibilizar cómo viven y cómo están estas personas y poner encima de la mesa otras formas de acompañar que ya están funcionando con éxito en España y que podrían darse de forma colaborativa con el resto de los recursos existentes”, explica. Además, El Llavero pone el foco en la situación de las mujeres, quizás menos visibles en la calle pero con una realidad todavía más cruda. Por su labor de visibilización y su exigencia de recursos que protejan a la mujer de las violencias estructurales, la asociación recibe este año el Premio KM0 Igualdad de Rioja2.

“La situación de las personas sin hogar ya es bastante dura, pero cuando además de estar en la calle, encima eres mujer, tienes que asumir otras violencias que van a tener”, advierte Rosa López, otra de las fundadoras de El Llavero. “Hemos hablado con muchas mujeres que están en situación de sinhogarismo y todas cuentan que han sufrido violencias tanto de género como por parte de las personas con las que se juntan para no terminar en la calle; muchas de ellas se van a dormir con cualquier persona, a cambio de favores sexuales, a cambio de favores económicos, a cambio de lo que sea, con tal de no dormir en la calle”, describe Rosa.

En este sentido, El Llavero reclama la necesidad de que Logroño cuente con un estudio sobre la situación de las mujeres en situación de sinhogarismo. Porque la invisibilización va mucho más allá de las mujeres que están en la calle: “Muchas trabajan como internas, trabajan cuidando personas que los fines de semana no tienen, alquilan habitaciones que luego no pueden mantener y acaban también en la calle o con infrahabitaciones en las que no pueden cocinar, en las que no pueden hacer nada”. Aunque las que están en la calle han aumentado del 20 al 47%, según los últimos datos del INE, las mujeres son menos visibles en la calle porque agotan antes todos los recursos: “Les da muchísimo miedo la calle por todo lo que les puede pasar porque ya les ha pasado o les ha pasado a sus compañeras; algunas se pueden quedar hasta las 4 de la madrugada sentadas en un banco esperando a que no haya nadie para poder dormir un poquito nada más”.

En El Llavero conocen bien las violencias a las que se enfrentan las mujeres en situación de sinhogarismo. Por ello, una de las reivindicaciones principales de la asociación es la puesta en marcha de recursos exclusivos para ellas, con más importancia todavía en pequeñas donde las mujeres corren el riesgo de coincidir con sus agresores en los mismos recursos. Una de las actividades principales de la asociación es conocer de primera mano este tipo de centros que están funcionando con éxito en otras ciudades como Madrid o Bilbao y hablar con las personas que trabajan y con las que viven allí. “Son albergues específicos para mujeres donde además de estar alojadas, sin riesgos y estar seguras, se trabaja también son todos los traumas que van sufriendo”, explica para resaltar igualmente la importancia de “capacitar a los profesionales en perspectiva de género, en trabajar los traumas y en hacer un acompañamiento”.

Romper la etiqueta para ver a la persona. Esa es la manera que esta asociación quiere abrir las puertas de un futuro más justo. Frente a la crueldad de la calle que castiga doblemente a las mujeres, El Llavero se erige como una herramienta de protección y cambio estructural. Su labor reivindica que la vivienda sea el cimiento de una vida segura y libre de violencias. Solo así se podrá cumplir el objetivo que guía cada uno de sus pasos y que Rosa López resume con esperanza: “Hay que darles voz y hay que darles luz”.

*Contenido patrocinado por el Gobierno de La Rioja

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desplegado un dispositivo policial, en colaboración con los Mossos d'Esquadra, para desalojar dos núcleos de asentamientos que se encontraban en el Pont del Treball Digne, en las obras del tren de la Sagrera. Los campamentos, en los que vivían unas 200 personas, están en unos terrenos que son propiedad de Adif.

Según el Ayuntamiento de Barcelona, el operativo se ha llevado a cabo a raíz de un informe de los Bomberos de la capital catalana, que han realizado un informe de la zona en el que se constata que “existe un riesgo grave e inminente” para las personas que vivían allí, lo que hacía necesaria una actuación “con carácter de urgencia”.

Hasta el pasado octubre, en esta zona había hasta cuatro asentamientos de chabolas, pero el incendio que hubo en uno de ellos provocó el primer desalojo. Así, todavía queda otra zona de chabolas, justo delante de la antigua estación de mercancías de la Sagrera, que estos días está siendo demolida. Los residentes de este cuarto asentamiento recibieron el lunes una notificación en la que se les ordenaba abandonar voluntariamente la zona en un plazo de 48 horas, que se acaba este mismo miércoles.

Ahora, a estos residentes que todavía quedan, les toca esperar la orden del juez, que es el que ordenará el desalojo. En el operativo de este lunes también han participado profesionales del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) y los servicios de limpieza municipales.

Miércoles de desalojos

El desalojo del asentamiento de chabolas del Pont del Treball Digne ha coincidido con otro desahucio, este en el bloque Sant Agustí del barrio de Gràcia. Allí estaba programada la primera expulsión de un bloque propiedad del fondo Amsterdam Developers, que compró la finca en 2023 para destinarla a 'colivings'.

La intención de la propiedad es trocear los pisos para arrendarlos por habitaciones, una modalidad más lucrativa que el alquiler tradicional y cada vez más habitual en Barcelona.

El desahucio, que finalmente ha sido suspendido gracias a la movilización vecinal, ha cosechado el rechazo tanto del president de la Generalitat, Salvador Illa, como del Ayuntamiento de Barcelona, que instó a la propiedad a parar los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda para los vecinos de la ciudad.