La mitad de personas en situación de pobreza extrema en Catalunya no cumplen los requisitos para recibir prestaciones

Una de cada cuatro personas en Catalunya se encuentran en situación de pobreza extrema. Es decir, que sobreviven con menos de 770 euros mensuales. A pesar de las dificultades que conlleva percibir tan poco dinero, la mitad de este grupo de población no cumple los requisitos para ninguna ayuda pública.

Así lo refleja un informe de la Taula del Tercer Sector, que apunta a que el sistema de prestaciones está diseñado de tal manera que deja a mucha gente fuera y que, además, no ayuda a salir de la pobreza a un elevado porcentaje de las que sí las perciben. “Los requisitos actuales no contemplan un gran abanico de situaciones de vulnerabilidad”, tal como se apunta en la investigación.

Según las entidades, los principales problemas que se encuentran quienes no cumplen los requisitos se están en la dificultad de empadronarse. Más de 40 municipios en Catalunya ponen trabas para registrar a personas sinhogar, a aquellas que viven en infraviviendas, sin contrato de alquiler o en situación administrativa irregular, a pesar de que hay una ley orgánica que obliga a hacerlo.

Otro de los problemas es acreditar el tiempo mínimo de residencia en un territorio -una problemática muy ligada a la del padrón-, las dificultades para disponer de una cuenta bancaria o para acreditar la composición del hogar. “Puede ser muy difícil de demostrar ciertas cuestiones cuando no se tiene una vivienda estable o si se viven cambios importantes”, ahonda la Taula del Tercer Sector.

En esta línea, el estudio llega a afirmar que hay un enorme porcentaje de personas que, a pesar de cumplir los requisitos para recibir estas ayudas, tienen problemas para acreditarlos. En el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), esto afecta al 64% de los solicitantes; en la Renta Garantizada de Ciudadanía, al 30% y en el del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), al 78%, según datos de 2025.

A todo ello, se suma también el problema del “exceso de la burocracia”. Las entidades afean a la administración que haya diseñado un sistema con “procedimientos difíciles de entender” y plazos apretados. “La complejidad administrativa, la reiteración de la documentación y las comprobaciones, pueden convertir el proceso en un obstáculo en sí mismo”, apuntan.

Cobrar la prestación sin salir de la pobreza

A las dificultades para conseguir cobrar una ayuda pública, la Taula del Tercer sector añade otro problema: percibirla no significa, necesariamente, salir de la situación de vulnerabilidad. El estudio expone que el 66% de los hogares con hijos siguen en situación de pobreza severa a pesar de cobrar la RGC.

Esta realidad se debe a la falta de actualización del Indicador de la Renta de Suficiencia, un umbral que dicta los ingresos máximos para percibir las ayudas y en función del cual se calcula el importe de las prestaciones. Este indicador se creó en 2006 y ya entonces se situaba ligeramente por encima de la renta que marca la pobreza severa. Esta cifra se fue actualizando periódicamente hasta 2010; en ese momento, quedó congelada hasta 2022.

Este desfase provocó que el Indicador quedara estanco, mientras que el umbral de pobreza severa aumentara, de la mano de la renta mediana. Es decir; con el paso de los años, los hogares han incrementado ligeramente sus ingresos, aunque no lo suficiente para hacer frente a un crecimiento desbocado del coste de vida. Y, mientras, el indicador que separa quien tiene derecho a una ayuda y quien no, se ha quedado inalterado.

La primera actualización no llegó hasta 2024, pero esta sólo corrige “parcialmente” la situación. Ahora, se sitúa en los 778,49€ al mes, ocho euros más que el umbral de la pobreza extrema.

Con todo, las entidades alertan del “error” que supone determinar quién recibe ayudas públicas en función de los ingresos porque la vulnerabilidad, aseguran, está determinada por una “acumulación de ejes de desigualdad”. Destacan las dificultades para acceder a una vivienda, la falta de estabilidad, los problemas de salud mental, adicciones, la falta de redes de apoyo o la precariedad laboral.

Precisamente, los problemas derivados del mercado laboral también son uno de los puntos ciegos del sistema de prestaciones. Atendiendo a los datos, sólo el 13% de los hogares que recibieron la RGC entre 2021 y 2023 registraron alguna alta laboral. Esto se explica porque esta ayuda es incompatible con trabajar, incluso si se trata de un contrato parcial o temporal.

Además, al acabarse el trabajo, volver a recuperar la ayuda puede tardar meses. “Ese desfase puede suponer deudas y problemas graves. Aceptar trabajos puede llegar a ser una decisión económicamente arriesgada”, apunta el estudio.

Por todo ello, las entidades del Tercer Sector piden una “revisión urgente” del sistema de prestaciones que pase por pasar a una “cultura de la confianza” para con el usuario y compatibilizar diversas prestaciones entre ellas, así como con algunas rentas del trabajo. Y, de paso, insisten también en obligar a los ayuntamientos a empadronar y a atender a todos sus ciudadanos, así como a establecer mejores condiciones para los trabajadores sociales para garantizar una mejor atención.