Haciendo rutas por la sierra de Guadarrama, así ha estado ensayando su primer monólogo César Strawberry (Madrid, 1964). El artista salía a caminar y en voz alta repetía los principales ejes que forman Libertad de ofensión, monólogo que narra el “acoso de la nueva inquisición española” que, según el artista, ha sufrido durante los últimos cinco años.

Seis tuis satíricos le llevaron a ser juzgado por enaltecimiento del terrorismo. Cargos de los que quedó exonerado en febrero de 2020. Ahora Strawberry está terminando un libro y se sube a los escenarios nacionales –por primera vez sin una base de rap metal y sin ser acompañado por su banda Def Con Dos– para ejercer su derecho a la libertad de expresión. Sin tapujos, sin una persona experta en abogacía que le haya asesorado sobre la posible repercusión legal que pueda llegar a tener el texto. Así, sin autocensura, afirma, el escritor y músico madrileño visita la redacción de elDiario.es para adelantar parte del contenido de Libertad de ofensión, que comienza a rodar por diferentes escenarios a partir del estreno el 2 de octubre en la sala Potemkin de Salamanca.

Con Def Con Dos lleva desde 1989 “de lucha contra un mundo imbécil”, como ustedes mismos afirman. ¿Por qué ahora denuncia los hechos que ha vivido sobre las tablas de un teatro y no sobre una base instrumental?

Hace tiempo que venía dándole vueltas a explorar un formato en la onda monólogo en el que pudiera hablar de cosas que me inquietan, experiencias que he tenido, hay un abanico muy amplio. El formato canción me ha dado para mucho siempre, pero a raíz de una serie de ponencias que fui haciendo en estos años de persecución en distintas universidades, centros cívicos y asociaciones, vi que tenía un discurso que a la gente le gustaba. Las ponencias eran sobre la evolución de los derechos humanos en España. En concreto durante las dos legislaturas de Rajoy donde ha habido un recorte evidente.

Vi que podía contar una historia seria como es esta estrategia de recorte, en la que me he visto envuelto en primera persona, y contar también una experiencia humana y emocional que tampoco he contado mucho en general. Abrirme un poco al público más cercano que sigue a Def Con Dos de toda la vida. Contar una serie de anécdotas que pocos conocen sobre el origen de determinadas canciones que luego, de alguna manera, han sido premonitorias de lo que me ha pasado después, es decir, de todo esta persecución. En Def Con Dos hay un fenómeno que la gente dice que es“NostraDEFmus”.

En el tema de Def Con Dos, ‘Ciudadano terrorista’, publicado en 1994 en el disco Armas pal pueblo ustedes rimaron: “Ya tienes la negra, ya estás en la lista / No seas kamikaze, a ver qué es lo que haces”. ¿Está siendo César Strawberry un kamikaze subiéndose a las tablas para contar su historia?

Kamikaze para nada. Soy muy cauto. Siempre que hago algo trato de hacerlo con fundamento. Es decir, con un discurso, con una inquietud real, no por un antojo y en este caso no es nada kamikaze. Llevó preparándolo desde hace mucho. Es algo que también he podido testar en este tipo de ponencias que he hecho. Veo que tengo cierta capacidad para la comunicación en solitario que funciona. A lo mejor ahora es un desastre, pero hasta ahora me ha funcionado bastante bien. Creo que puedo ofrecer un espectáculo distinto, no es un monólogo de chistes al uso.

En 2016 aseguró en esta redacción que “se ha callado bastante”. Parece que ahora ha llegado el momento de que César Strawberry vuelva a ejercer su libertad de expresión sin límites. En el dossier de su nuevo show afirma que va a acercar al público su vivencia de “cinco largos años sometido a la implacable persecución de la nueva inquisición española”. ¿No le teme a la repercusión que pueda tener su texto?

Hay un fenómeno muy curioso que les ha funcionado muy bien a toda la estrategia de la derecha, que ha estado en el poder en las legislaturas de Mariano Rajoy, para restringir derechos y libertades. Uno de ellos ha sido, como han ejemplarizado conmigo y con muchos otros perseguidos, infundir miedo; infundir miedo a ejercer tus legítimos derechos. Eso nos conduce directamente a un fenómeno que es la autocensura. Hoy en día todos tenemos esa sensación de que hablar es peligroso, de que puede haber problemas por hablar, eso es algo nuevo, eso no existía antes. De eso también hablo en el monólogo.

¿Por qué no se ha apoyado en una persona experta en abogacía para realizar este proyecto?

Me he negado a pedir asesoría legal para el monólogo porque supondría autocensurarse. Esto es un espectáculo y la ley me respalda: la española y la europea. Otra cosa es que haya elementos absolutamente ideologizados en el sistema judicial que pretendan enturbiar la normal aplicación del Estado de derecho. Las libertades están, otra cosa es que una serie de jueces que están en las más altas instancias estén, como estamos viendo, en el bloqueo del poder judicial en estos días concretos, absolutamente mediatizados por una ideología. Eso es un problema que tenemos muy grave; ese es el problema, no las leyes.

“La autocensura es el principio del autoritarismo”, afirmó Gérard Briard, editor jefe de la revista satírica Charlie Hebdo. ¿Usted se ha pillado a sí mismo censurándose?

Pese a que yo haya sido absuelto y se me hayan restituido lo derechos vulnerados, el poso que queda, y no solo en mí, que he sufrido esta caza de brujas absolutamente ilegal, el que queda en la sociedad es el de mejor no complicarse. Porque la defensa legal es muy onerosa, cuesta mucha pasta. Tuve la suerte de hacer un crowdfunding con el respaldo masivo de todo mi público y mucha gente a la que incluso no le caía bien pero a la que le parecía que se habían vulnerado derechos fundamentales. No todo el mundo tiene esa proyección social que le permite hacer un crowdfunding y que te paguen la defensa legal. Meterte en estos pleitos le hunde la vida a mucha gente.

20 meses de prisión, 8 años de inhabilitación para cargo público y dos años de libertad vigilada, por seis tuits. Tras cinco años de ser acusado por enaltecimiento del terrorismo –tres años con un policía en la puerta de su estudio– ahora que ha sido exonerado, echando la vista atrás, ¿cómo ha afectado esto a su vida?

Ha sido una transformación ruda. He tenido que hacer frente a una situación muy dura. En eso soy muy radical: hay que adaptarse a esto y te adaptas. Eso me ha obligado a prescindir y a alejarme de muchas cosas. A nivel emocional, de mucha gente porque no la quería vincular a mi desgracia, digamos. He intentado salvar a gente de mi entorno para que no le salpicase, vamos a decir, mi propia mierda, todo lo que se estaba diciendo de mí.

¿Y cómo afectó a Def Con Dos?

Afectó en dos vertientes. Una de miedo y de tensión porque antes de un concierto la prensa local más facha empezaba a agitar la bandera de la horda a la quema de Def Con Dos. Se genera un debate al lugar al que vayas y entonces no paran de llamarte, tienes que hacer entrevistas, tienes que hacer frente. Más que ir de bolo vas como a dar discursos. Los días previos ya estás metido en una disciplina que requiere mucha concentración porque estando condenado tienes que, ahí sí, tener mucho cuidado con lo que dices.

Luego tiene otra vertiente que es la del efecto Streisand, la gente no es imbécil, la gente no se cree lo que dice la horda. Mayoritariamente vivimos en un país bastante tolerante, más tolerante de lo que quieren nuestros dirigentes. Lo que terminaba convirtiendo determinados conciertos en auténticas fiestas de la libertad de expresión. Venía mucha más gente de lo que estaba previsto e incluso generaba que salieran otros conciertos.

Afirmó que la Operación Araña fue “una maniobra política para difundir miedo a hablar” por lo que animaba a “hablar más alto que nunca”.

Lo que he hecho ha sido mantenerme firme en la defensa de mi derecho a la libertad de expresión y a la libertad creativa. Todo lo que ha ocurrido alrededor de mí, mientras yo defendía esto, ha sido la distorsión de un Estado de derecho. He estado defendiendo un Estado de derecho. El hecho de que mi caso haya llegado al Tribunal Constitucional y que haya sido absuelto por una mayoría de once magistrados contra uno, que siempre hay alguno que debe más favores que los demás, es una goleada absoluta. Es algo que no se produce ya tantas veces en el Constitucional. Lo que ha hecho eso es ensanchar el límite de la libertad de expresión en España que era lo que se venía cuestionando durante estos cinco años de persecución. He ganado yo y ha ganado toda la sociedad con mi lucha. No ha sido mi lucha, ha sido la lucha de muchísima gente. De toda la gente que me ha apoyado y la que no ha tenido la suerte de ser escuchada por nuestro alto tribunal. Como es el caso de Hasél, de Valtonyc o de Alfredo Remírez que son personas que han sido condenadas a cárcel y que cuando esos casos lleguen al Tribunal Europeo de Derechos Humanos los devolverán en forma de condena a España y les obligarán a absolverlos.

¿Qué puede decir a las personas que como usted lanzan mensajes críticos mediante sus letras?

Que tienen todo el derecho a hacerlo, que la propia Constitución nos respalda. Que el Convenio Europeo Derechos Humanos, al que España y la judicatura española deben obediencia, aunque se escaquean como pueden, avala el derecho a cantar lo que quieras, a decir lo que quieras, siempre dentro de lo que es el marco de la cultura.

Ha criticado las políticas del Partido Popular en cuanto a la libertad de expresión, ¿qué cree que tiene que hacer la izquierda?

Donde veo el mayor triunfo de esta estrategia, que creo que estaba perfectamente calculada entre 2011 y en 2018, cuando Rajoy tuvo que abandonar el poder, es esa ejemplificación de lo que puede pasar si hablas de más, que es una distorsión del Estado de derecho, clarísimamente. Va generando un resquemor en sectores de la izquierda, lógicamente, porque estas leyes se han utilizado como ariete para la persecución ideológica.

Entrevista completa a César Strawberry

Vídeo: Alejandro Navarro Bustamante y Nando Ochando

Se convertiría en un director de taquillazos, pero emergió de la cultura de los fanzines y de los tebeos underground: Álex de la Iglesia sacudió el panorama del cine fantástico nacional, inmerso en una cierta crisis por falta de inversión y de relevos generacionales a cineastas como Jorge Grau, Jose Ramón Larraz o Juan Piquer Simón, con sus primeros largometrajes. Y lo hizo en aquellos primeros años noventa en que el audiovisual masivo comenzaba a ser tomado por la cultura freak, cuando Batman, Darkman y demás héroes enmascarados comenzaban a marcar un camino posible para ese Hollywood que acabaría dominado por los superhéroes.

Coproducida nada menos que por Pedro Almodóvar, Acción mutante fue una de las primeras obras industrialmente ambiciosas que nacían de la cultura friqui estatal, una especie de superproducción para los estándares españoles. Ahora recuperada en soporte Blu-ray gracias a la editora Cameo, supuso una aportación local y con acento propio a las corrientes de esta tendencia que ha acabado deviniendo temporalmente hegemónica. De la Iglesia incluyó referencias evidentes a Star Wars o Alien, pero las marcó con un humor negrísimo castizo (¿berlanguiano?) en sintonía con las crueldades misántropas de los primeros largos de los hermanos Coen o Sam Raimi.

Ciberpunk español en un futuro pijo

Si el cine slasher nos hablaba de nerds que se vengaban de su exclusión social y sexual apuñalando a los deportistas y las animadoras de su instituto, Acción mutante significaba una elaboración en clave notoriamente festiva y sci-fi de los resentimientos del marginado. En un futuro distópico que aparece esbozado de manera esquemática, los pijos pasaban a dominar (más) el mundo. Y la resistencia tomaba la forma de un grupo terrorista de personas con cojeras y jorobas, incluso hermanos siameses.

Esta variopinta banda, interpretada por cómicos como Álex Angulo o Antonio Resines, irrumpía a tiros en una boda de lujo concebida por un diseñador loco en los estertores de la movida madrileña (con visita de Bibiana Fernández y Rossy de Palma incluida). La trama de la película era sencilla de resumir: los protagonistas secuestraban a la hija de un multimillonario (y aristocrático) empresario, pretenden recibir un rescate y organizan el intercambio en una lejana colonia minera ubicada en el planeta Asturias. Evidentemente, las cosas se complicaban, porque los personajes concebidos por De la Iglesia acostumbran a fracasar y sufrir.

El realizador bilbaíno y su coguionista Jorge Guerricaechevarría destilaron el resentimiento posible del friqui a través del alambique de un humor faltón, materializado en la canción correspondiente del grupo musical Def Con Dos (“mens sana in corpore tullido”, cantaban sus miembros). El resultado manaba en forma de un géiser escarlata de sangre falsa con aderezos gore. Su bullicioso espectáculo de rarezas podía incorporar rastros de la dolorosa realidad (algunas estampas del grupo recuerdan la iconografía de ETA), pero estaba más dominado por las referencias a ficciones (tema musical de Misión: imposible incluido).

El contenido guiñolesco, esperpéntico, no implicó ninguna dejadez estética. La fotografía de Carlos Gusí brilló, cuidadosamente iluminada, en los paisajes urbanos que se pueden contemplar al inicio del filme. Como la posterior El día de la bestia, Acción mutante nos mostraba unas calles oscuras, palpitantes de violencias policiales y paramilitares, que pueden tomarse como variantes caricaturescas del opresivo cine vasco que representaron Alas de mariposa o A ciegas, los primeros filmes de Juanma Bajo Ulloa y Daniel Calparsoro. Estos escenarios también conectaban, por supuesto, con las atmósferas depresivas de la iconografía del ciberpunk contemporáneo, de sus futuros de desigualdades sociales extremas y ruinas tecnológicas.

Una narración mutante

Lo que comienza como una película de atracos pasaba a ser rápidamente un thriller ubicado en los pasillos metálicos de una nave espacial de carga (con Alien en el recuerdo).

Posteriormente, la acción se transformaba en una aventura itinerante localizada en un árido planeta cualquiera que remite a Star Wars, pero que podría haber aparecido en algún episodio de la serie original Star Trek. Y ahí irrumpen lugareños agresivos, versión local de los rednecks monstruosos de La matanza de Texas o Las colinas tienen ojos. El resultado es casi un zapeo narrativo, una narración mutante que quizá pierde agilidad en un último tercio razonablemente agónico que refleja los padecimientos de los personajes.

A lo largo del recorrido, la abundancia de humor negro y cruel genera un visionado puntiagudo. El papel de la protagonista femenina puede leerse como una broma hiriente y misógina o como una sátira sobre la invisibilidad masculina. Incluso cuando la secuestrada dispone de información muy importante que transmitir, no puede hablar porque la ignoran... y porque sus labios están grapados.

La agresiva lascivia de los habitantes del hipermasculinizado planeta Asturias puede remitir tanto a los espacios del machismo tradicional como a las derivas babosas de los templos de la cultura freak de la época y, quizá, de la actualidad. Esta representación fantasiosa de androcentrismos extremos que normalizan la violación no tiene por qué leerse como una sátira protofeminista, sino que parece una emanación más de la ácida mirada de un autor gustoso de revolcarse en el fango tragicómico, de abundar en las conductas más miserables de sus guiñoles de aspecto (y, a veces, un cierto aliento) humano. Sea como sea, De la Iglesia rehuyó las imágenes sexploitation, los desnudos femeninos absurdos al estilo de la factoría Corman y otras escuelas del cine de serie B, y cualquier erotización del sufrimiento femenino.

El día de la bestia ofrecería un relato más homogéneo que Acción mutante. La elección fue premiada con unas cifras de recaudación muy superiores a las conseguidas con la obra anterior. Junto con el productor Andrés Vicente Gómez, su realizador intentaría después una especie de aventura americana mediante Perdita Durango, una road movie comercialmente fallida que le marcaría el camino a seguir. Con excepción de otra escapada angloparlante (Los crímenes de Oxford), su autor no volvería a alejarse de su ámbito cultural… hasta ahora, porque su nuevo filme Veneciafrenia será otra producción en lengua inglesa y orientada a competir en el mercado internacional.

El Tribunal Constitucional acaba de anular la condena a un año de prisión que el Supremo impuso a César Strawberry, líder del grupo musical Def con Dos. Aquella condena, por unos hechos tipificados como enaltecimiento del terrorismo o humillación de las víctimas, se debía a unos mensajes en Twitter, con expresiones como “cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco” o “a Ortega Lara habría que secuestrarle ahora”.

Cada cual puede juzgar, desde su libertad, si esos tuits son o no reprobables. A mí, personalmente, me parecen un exceso. Me ofenden. Pero no hablamos del gusto, de la moralidad o de la ética: hablamos de Justicia y de derechos fundamentales. En definitiva: yo no tengo un derecho a no ser ofendido que esté por encima de la libertad de otra persona de decir lo que le dé la gana. Si se generalizara ese derecho, nadie diría nada. Nos convertiríamos en una sociedad muerta, sin opinión, porque pondríamos por delante de los derechos de los demás nuestros propios sentimientos. Por eso la libertad de expresión es tan frágil. Iniciado el camino de la represión, se impone la autocensura.

Y eso viene a decir, precisamente, el Constitucional: que el Supremo no “ponderó lo suficiente” los derechos fundamentales en juego. Los jueces del Constitucional señalan que era necesaria una valoración previa acerca de si la conducta enjuiciada era una manifestación del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión. Afirman que deberían haberse valorado, “entre otros aspectos, la intención comunicativa del recurrente en relación con la autoría, contexto y circunstancias de los mensajes emitidos”. Strawberry siempre negó que su objetivo fuese humillar a una o varias víctimas concretas; pero su condena se debió a que el ponente de la sentencia, más allá de la propia intención del autor, consideró que a él sí le ofendía. El Tribunal Supremo puso así el sentimiento de ofensa (en su particular visión), por encima del derecho a expresarse de un cantante, persona pública en su libertad individual o artística.

Fuera de contexto, sin tener en cuenta la intención de una frase… ¿qué no puede ser reprobable? Cosas más graves aún nos toca leer en redes sociales.  O incluso escucharlas en sede parlamentaria que algunas personas se empeñan en asimilar y devaluar con la “cultura del zasca”, esa carrera loca por ver quién la suelta más gorda para llamar la atención. Pero así como tenemos la obligación cívica de combatir las ideas que nos parecen nocivas para el interés general, y por tanto proteger a las víctimas del terrorismo, tenemos el deber individual y colectivo de soportar aquellas  expresiones que no nos gustan ni en la forma ni en el fondo. 

En marzo de 2017, cuando quien escribe estas líneas era diputado en el Congreso, desde Podemos presentamos una proposición no de ley que instaba a suprimir en su redacción actual el delito de enaltecimiento del terrorismo. El motivo era que ese tipo delictivo, modificado hasta extremos incompatibles con la certeza legal en la reforma del Código Penal de 2015, estaba convirtiéndose en la excusa desde el que intentar coartar la libertad de expresión de personas y colectivos concretos en las redes sociales. El instrumento penal estaba empezando a ser usado por diferentes sectores al modo en que el Franquismo empleaba la ley de “vagos y maleantes” para llevar ante el Tribunal de Orden Público a gays, lesbianas, travestis, rojos de todo tipo, universitarios con barba y –finalmente y en su conjunto– a toda aquella persona que no fuera adicta a un pensamiento autodenominado correcto. 

Señalábamos entonces que el resultado de esa deriva era que, en aquel momento, la Audiencia Nacional estaba juzgando a más gente por enaltecimiento del terrorismo que cuando ETA actuaba y llevaba a cabo atentados terroristas. Y no hablamos de una falta: hablamos de un delito castigado con una pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses por un tribunal especializado. Parece demasiado para un tuit. O incluso un retuit. Y por tanto infringía el principio de intervención mínima del derecho penal para arreglar conflictos sociales.

El hecho de que una persona pueda proferir comentarios desagradables en la red no requiere una regulación distinta; lo que no es delito en la calle, no es delito en Twitter… que no deja de ser una gran plaza pública virtual, y nada más. Que un comentario en las redes sociales pueda ser de mal gusto y condenado socialmente, no justifica la utilización del derecho penal. Hay otras formas de defenderse ante injurias, calumnias, difamaciones o amenazas sin necesidad de introducir o utilizar indiscriminadamente ese tipo de “enaltecimiento del terrorismo”. 

Nuestro sistema, y las libertades fundamentales que protege, ha de ser el elemento que nos una. Emplear la Justicia para cercenar esas libertades fundamentales –en la opinión, en la creación artística o en cualquier otra forma de expresión– no es propio de una democracia madura, sino de sociedades acomplejadas o de regímenes que sobreviven gracias al miedo de la población a verter cualquier tipo de crítica. Así que, del mismo modo en que en mayo del 68 jugaron con aquella paradoja del “prohibido prohibir”, uno se ve tentado a concluir esta reflexión sobre exabruptos con algo así como “¡es la libertad, estúpido!”.

*Eduardo Santos Itoiz es consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra*Eduardo Santos Itoiz

César Strawberry es inocente. Tras un recorrido judicial de casi cinco años -incluida una vista oral ante magistrados de la Audiencia Nacional acostumbrados a enjuiciar los casos de grandes terroristas y criminales-, el Tribunal Constitucional falló este martes que el líder del grupo de rap-metal Def con Dos no enalteció el terrorismo cuando publicó seis tuits en los que ironizaba con la vuelta de los GRAPO y ETA y sobre la muerte Luis Carrero Blanco.

En una sentencia de la que ha sido ponente el progresista Juan Antonio Xiol, el tribunal de garantías considera que la condena a un año de cárcel y seis años y medio de inhabilitación absoluta que el Tribunal Supremo le impuso en enero de 2017 vulneró su derecho a la libertad de expresión. La mayoría de magistrados del Constitucional encuadra esos mensajes en la crítica “política y social” y reprocha al Supremo que obviara el “contexto” en el que fueron publicados.

Strawberry celebra la sentencia, aunque no olvida lo “intenso” y “aterrador” que ha sido todo este tiempo. Se reivindica como damnificado de un “montaje político-policial” consecuencia del manejo de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. Y hace una defensa cerrada de la libertad de expresión: “Todos tenemos derecho a ser hirientes, irreverentes y a ofender. En eso consiste precisamente la cultura pop y el punk. Convertir un juicio moral en un juicio penal es algo propio de dictaduras y teocracias”.

Han pasado casi cinco años desde su detención en la operación Araña. Después, el juicio, la absolución de la Audiencia Nacional, la posterior condena del Supremo y ahora la anulación de esa sentencia en el Constitucional. ¿Qué valoración hace de este tiempo?

Ha sido una de las experiencias más intensas, aterradoras y fascinantes de mi vida. Me he visto como protagonista de una distopía tan loca como las que acostumbraba a ver en películas que me fascinan como Brazil, de Terry Gilliam, o 1984. También ha sido una experiencia contradictoria porque ha sido muy duro hacerte a la idea de que te está pasando algo así. Pero he aprendido mucho, no hay nada en la vida como afrontar situaciones límite para crecer como persona.

En la sentencia, el Constitucional reprocha al Supremo que obviara el “contexto” y las “circunstancias” en las que fueron escritos esos mensajes. ¿Para entender el sentido de sus tuits había que tener en cuenta su personaje y su obra?

A mí se se me ha condenado y se me ha creado un perfil supuestamente delictivo en base a seis tuits elegidos entre 8.000. Eso define muy bien la intencionalidad de este caso. La Policía hizo una selección más que dudosa para tratar de crear algo que no se podía sostener, que es el perfil de una persona supuestamente enaltecedora del terrorismo. La libertad de expresión en España se rige por el artículo 20 de la Constitución, que dice de forma clara que cualquier expresión debe ser contextualizada para entrever su intencionalidad y ver en qué contexto se ha dicho. Que el error de no contextualizar lo cometiera el Tribunal Supremo es muy grave.

Además, en mi caso hacerlo era muy fácil porque cuando me detuvieron llevaba 25 años dedicado a la música, con un grupo que ha hecho canciones como Acción Mutante o El día de la bestia y muchas otras vinculadas a la cultura pop o a películas de éxito mundial que tienen una connotación cultural especial. De hecho, mi caso fue desestimado en un primer momento por el juez José de la Mata y también por la Audiencia Nacional.

Quien me persigue, primero en la Audiencia Nacional, es un fiscal, Carlos Bautista, que además tenía en ese momento un pasado muy reciente de tuitero irreverente. Y, después, en el Supremo, otro fiscal que llega a decir textualmente que soy un peligro para la vida y la seguridad de los ciudadanos. En último lugar es el juez Manuel Marchena [presidente de la Sala de lo Penal del Supremo] que se olvida de la Constitución y dice que hay que obviar el contexto, que lo importante es el significado de las palabras.

El Constitucional dice que sus tuits son “reprobables” por la referencia que incluyen al terrorismo como forma de acción política, pero que no son perseguibles penalmente. ¿Cuál es el límite de la crítica política o el humor negro? ¿Las víctimas tienen derecho a sentirse ofendidas?

No hay debate jurídico. Todos tenemos derecho a utilizar expresiones hirientes, irreverentes, a ofender... a ser majaderos, imbéciles o zafios. En eso consiste precisamente la cultura pop y el punk. Convertir un juicio moral en un juicio penal es algo propio de dictaduras y teocracias. Es, en definitiva, lo que hacía la Inquisición.

¿Cree que esta sentencia puede hacer virar la tendencia a castigar con dureza comentarios en redes sociales que policías, fiscales y tribunales especiales han venido considerando enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas?

Es que hay una directiva europea de marzo de 2017 que dice claramente que solo cuando haya una una incitación clara a la comisión de un atentado o cualquier agresión que ponga en riesgo la seguridad física de una persona podrá considerarse enaltecimiento terrorista. Ni a las canciones de Pablo Hásel ni a las de Valtonyc se puede aplicar esa consideración, así que todos somos inocentes.

Toda la persecución que han sufrido artistas, tuiteros, titiriteros, actores y gente del espectáculo en general a partir de la primera legislatura de Mariano Rajoy ha hecho mucho daño. Las Operaciones Araña [él fue detenido en una de ellas] son una ramificación más de una estructura mafiosa en la que se ha intentando desacreditar a políticos electos a través de informes falsos o se ha creado una brigada política.

No es casual que a mí se me detuviera un 19 de mayo de 2015, a cinco días de unas elecciones que se vaticinaban poco proclives para el partido que entonces estaba en el Gobierno. Entonces se intentó crear el fantasma del terrorismo. Todo este montaje político-policial es consecuencia del manejo de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior.

Tras la sentencia del Supremo varios ayuntamientos cancelaron conciertos del grupo. ¿Cómo les ha afectado? ¿Hay posibilidad de pedir algún tipo de resarcimiento?

Hemos sido objeto de una persecución absolutamente injustificada, brutal y decimonónica. Es ilegal y discriminatorio haber extendido mi pena a toda mi actividad laboral y a la de las once personas que componen mi grupo. Se ha vulnerado el derecho al trabajo de todos nosotros. Pero también otros ayuntamientos como los de Leganés, Lugo u Oviedo [con el anterior Gobierno] han desafiado las críticas de la ultraderecha, nos han contratado y han convertido cada concierto nuestro en una fiesta por la libertad de expresión. Estamos muy agradecidos por ello.

Hemos sabido que el Tribunal Constitucional ha amparado el derecho fundamental a la libertad de expresión de César Strawberry. Es una buena noticia y, a la espera de que la sentencia se comunique por vía oficial, me vienen a la memoria otras noticias que salpicaban la actualidad de tribunales sobre las diferentes 'Operaciones Araña' impulsadas por el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en 2014 y 2015.

César fue detenido en el marco de la Operación Araña III, el 19 de mayo de 2015. Recuerdo que entonces el Ministro anunció su pretensión de “limpiar las redes sociales de apología terrorista”. Esta intención de investigar prospectivamente en las redes sociales, a ver qué se le ocurría transmitir a la ciudadanía, dio la señal de partida a una intensa persecución contra tuiteros, titiriteros y raperos. 

Esta incesante y singular represión de la libertad de expresión tuvo muchos partícipes que coadyuvaron eficazmente para acallar, mediante la amenaza penal, la libertad de expresión de numerosas personas. De hecho, el anuncio del ministro de “limpiar las redes sociales” tuvo en seguida una contestación institucional que logró que muchas personas anónimas, cuyo único delito había sido expresarse en las redes sociales, desfilaran por la Audiencia Nacional, cual peligrosísimos delincuentes.

Así, el Ministerio de Interior no se adentraba en solitario en esa negra etapa de criminalización de derechos y libertades públicas, sino que vimos cómo la fiscalía de la Audiencia Nacional se sumaba con entusiasmo a esta disparatada aventura de represión, que no solo logró que encarcelaran a dos titiriteros por mostrar en una función un cartel que satíricamente decía “Gora Alka-ETA”. No, no solo eso, sino que, además, coincidiendo con una evidente merma de sus funciones en la persecución del terrorismo, tuvo su oportunidad de exhibir su implacable y feroz faceta pidiendo penas de prisión que forzaba a muchos a negociar una pena a la baja para evitar el riesgo de ingresar en prisión, ahorrándose así el juicio y sumando dudosos triunfos en su cuenta de rendimientos. Así, pudimos observar cómo en las memorias anuales de Fiscalía se integraban estos delitos, como trofeos, incluidos en el capítulo de delitos de terrorismo. Jugaban con el apellido “terrorista” que lleva el delito del artículo 578, para mostrar sus logros en la persecución de delitos de terrorismo, cuando no se desconocía, en absoluto, que estos son delitos de opinión, como reiteradamente ha establecido el propio Tribunal Supremo.

Cuando no conseguían estos acuerdos, en los que pactaban ciudadanos y ciudadanas que sin antecedentes penales se veían abocados a una dura estigmatización, no dudaban en mantener acusaciones que rayaban el esperpento, incluso, planteando que hacer chistes ya manidos sobre Carrero Blanco humillaba a las víctimas del terrorismo. Todo eso, pese a que las propias víctimas no se alinearan con esta posición del Ministerio Público. De ahí que, cuando los fiscales -en raras ocasiones- perdían, no se arredraban y recurrían ante el Tribunal Supremo absoluciones, como hicieran en el caso de César Strawberry.

Sin embargo, los fiscales de la Audiencia Nacional tampoco jugaban en solitario, se encontraron con jueces que también quisieron contribuir a establecer un clima de regresión de libertades públicas, promoviendo la cultura del desaliento y de la autocensura. Así, por ejemplo, vimos como la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional nos dio a todos una lección sobre el rap, con ocasión del dictado de la sentencia condenatoria contra La Insurgencia. Analizó lo que es el rap, a su entender el rap de La Insurgencia no era simplemente subversivo, era un estilo criminal, era el peor rap posible, el que te puede llevar a prisión, así que condenó a dos años y un día de prisión a los jóvenes acusados.

En el caso de César Straberry, la Sala que lo absolvió contó con un voto particular y con un fiscal que introdujo una peculiar tesis acusatoria, por innovadora: los tuits tenían “literosuficiencia”, es decir, era irrelevante analizar el contexto, el perfil del emisor y otras circunstancias concomitantes, en la línea de lo que hasta ese momento habían establecido tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional. Daba igual, por tanto, que César quisiera -en el estrecho margen de 140 caracteres- criticar a destacados políticos o ironizar o hacer chistes. Para el fiscal, lo importante eran el texto y su literalidad.

Esta tesis no era originaria de la fiscalía de la Audiencia Nacional, ya la defendía en algunos votos particulares un magistrado poco conocido, Manuel Marchena, años atrás. Sin embargo, la sorpresa vino cuando, al resolver el recurso de casación presentado por el fiscal, esta novedosa y esperpéntica doctrina del magistrado Marchena tuvo acogida en la mayoría de los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Una tesis que se cargaba de un plumazo todo lo establecido en torno al delito de opinión: la importancia de ponderar, previa a la aplicación del delito, todas las circunstancias que rodean a la emisión de la opinión, a fin de no vulnerar el derecho fundamental de la libertad de expresión. Es decir, en esta sentencia cuyo ponente fue el hoy flamante magistrado Manuel Marchena, no se admitían más interpretaciones que la literalidad, dejando de lado los tropos literarios, la ironía u otras formas y estilos de comunicar, que precisamente utilizan la literalidad para expresar cosas diferentes o incluso, para expresar lo contrario de lo que parecen decir las palabras empleadas.

Para ello, el ponente, apoyado por la mayoría de la Sala -no hubo unanimidad porque hubo voto particular- no dudó en emplear atajos: para conseguir imponer una extravagante doctrina acerca del delito de opinión hubo de condenar a quien previamente fue absuelto, modificando, de paso, el relato fáctico de la sentencia de la Audiencia Nacional y sin, al menos, oír al afectado. Sobre esto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido muy claro y contundente, pues ha condenado varias veces a España.

Puede que el Tribunal Constitucional no nos dé la razón en todo, pero siempre supimos que César ganaría, si no aquí, en Estrasburgo. Por el camino ha sufrido la estigmatización de la detención, de una investigación penal, de un juicio y de una condena, por ejercer legítimamente su libertad de expresión. La dignidad de su lucha nos ha servido para evidenciar las contradicciones de un sistema que no ha dudado en malgastar recursos públicos para amordazar a ciudadanos y ciudadanas inocentes. Esperamos que este caso ayude a quienes todavía hoy esperan, angustiados, no ingresar en prisión por sus opiniones o canciones, abriendo, así, un camino que nunca debió vallarse, como es el libre ejercicio de la libertad de expresión.

El Tribunal Constitucional considera que la condena a un año de cárcel y seis años y medio de inhabilitación absoluta que el Tribunal Supremo impuso al líder del grupo de rap-metal Def con Dos, César Strawberry, vulneró su derecho a la libertad de expresión. El Alto Tribunal le consideró en enero de 2017 culpable del delito de enaltecimiento del terrorismo por seis tuits en los que ironizaba con la vuelta de los GRAPO y ETA y sobre la muerte Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno en el franquismo. Tres años después, el tribunal de garantías ha anulado esa sentencia.

La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado progresista Juan Antonio Xiol, considera que el Supremo no valoró la “intención comunicativa” de esos tuits en relación a quién los escribió y en qué contexto y circunstancias. Y que, en consecuencia, el Alto Tribunal no valoró de forma correcta si esa conducta era “una manifestación del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión”, recoge el fallo que ha adelantado El Mundo.

De hecho, la sentencia subraya que los tuits, aunque puedan ser “reprobables” por la referencia que incluyen al terrorismo como forma de acción política, no son perseguibles penalmente. Es más, el Constitucional considera que esos comentarios son susceptibles de ser interpretados como producto de la “intencionalidad crítica” en el terreno político y social a personas que ostentaban la condición de personajes públicos cuando fueron publicados. Destaca, además, que en uno de los casos esa persona había tomado posición “en favor de un determinado partido político”. El magistrado conservador Alfredo Montoya ha formulado un voto particular.

Absolución en la Audiencia Nacional

El caso de Strawberry llegó al Supremo después de que fuese absuelto por la Audiencia Nacional en julio de 2016. Durante el juicio, el líder de Def con Dos encuadró esos comentarios en la crítica social y política y dijo haberlos lanzado con 'humoría' e ironía. En la sentencia en la que le absolvía, el tribunal entendía que el cantante usa tono provocador, irónico y sarcástico en las letras de sus canciones, “con un tono crítico con la realidad social y política, tratando que el público comprenda el sentido metafórico y ficticio que envuelven sus obras, respecto al concepto de fondo siempre de carácter pacífico y exclusivamente cultural”.

Pero la Fiscalía, que pedía una condena de 20 meses de cárcel, recurrió el archivo al considerar que se habían “trivializado” esos comentarios. Finalmente, fue condenado en el Supremo en enero de 2017. “La libertad de expresión no pueden ofrecer cobijo a la exteriorización de expresiones que encierran un injustificable desprecio hacia las víctimas del terrorismo, hasta conllevar su humillación”, dijo entonces la sentencia de la que fue ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena.

“Street Fighter, edición post ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina” es uno de los tuits por los que Strawberry fue condenado por el Supremo. Previamente, la Audiencia Nacional no había visto un acto humillante en ese y el resto mensajes. Durante la vista oral, el propio Madina dijo que no se había sentido ofendido. Estos son los seis tuits por los que el Supremo le condenó hace tres años.

Durante la semana pasada se generó un intenso debate en torno al tercer adelanto del nuevo disco de Def Con Dos Stop Puritanismo. Ante un tema de este estilo la polémica ha seguido su ya clásico ciclo de vida: primero “arden las redes”, después los medios lo anuncian con titulares clickbait, llega hasta forocoches y de ahí a Un tío blanco hetero y el mundillo youtuber de quienes viven del polemismo virtual contra “lo progre”. Ahora, con más calma, nos toca el turno a los artículos de opinión.

El historial del cantante del grupo César Strawberry a favor de la libertad de expresión es de sobra conocido. Los intensos debates sobre los límites del humor, la corrección política y la libertad de expresión contra lo políticamente correcto siguen ahí. Def Con Dos ha escrito decenas de canciones polémicas siempre desde el Punk y su naturaleza rompedora. Pero además del historial del grupo, es importante señalar que existe también un debate muy complejo dentro del feminismo sobre la cuestión del puritanismo.

Una controversia derivada del famoso manifiesto de las intelectuales francesas contra el #MeToo, pero que viene de más atrás y se cruza en algún punto con algunos otros debates claves. Con todo este contexto, fundamental para entender cómo y desde donde se sitúa la polémica, creo que en realidad lo más interesante de lo que estamos viendo es en realidad otra cosa: esta canción ha tocado otra vez una cierta fibra del problema de la masculinidad contemporánea y me gustaría enfocarlo por ahí. Un problema complejo, pero sin el cual es difícil imaginarse los cambios políticos de calado que está demandando el feminismo.

La canción de #StopPuritanismo se ha calificado en seguida como un himno Incel. Creo que esto se ha hecho con razón. Si nos atenemos al contenido de la letra y los motivos de este movimiento creo que claramente conectan con un mismo sentimiento más o menos difuso. Resumiéndolo mucho, el llamado movimiento Incel trata de un grupo de hombres cis y heterosexuales que se quejan de ser “involuntariamente célibes” por culpa de las mujeres en general y del feminismo en particular.

Aunque esto ha llevado a situaciones extremas como el asesinato múltiple de hace unos años en Canadá, hay algo difuso entre los hombres de esta incomodidad con el nuevo tipo de relaciones sexuales y afectivas que se están proponiendo desde el feminismo. Baste leerse los comentarios a la canción en YouTube o el entusiasmo en Forocoches con entradas del tipo “Def Con Dos hace un himno a Forocoches”. La pregunta que me surge viendo todo esto en realidad es: ¿qué está pasando en todo esto con la masculinidad?

Es evidente que el movimiento feminista, y los feminismos, están poniendo encima de la mesa la forma en la que nos comportamos los hombres. Hay un letrero con luces enorme que nos recuerda todos los días que la manera que tenemos de vivir nuestra masculinidad está sustentada sobre una serie de violencias que normalmente nos negamos a ver. Lo que expresan como polémica Def Con Dos con esta canción es algo que ha permeado realmente a una parte de los hombres. Estamos percibiendo que el feminismo nos está dejando sin salida a la hora de ligar y relacionarnos con las mujeres porque parece que solo podemos imaginárnoslo de la forma en la que lo hemos hecho hasta ahora. Parece que si no es de esa forma no somos capaces de vernos ligando en un bar o hablando de forma natural sobre sexo.

En mi opinión la posición de Def Con Dos es conservadora precisamente porque lo que está haciendo es cerrarse ante el cambio a favor del pasado estado de cosas. Y lo está haciendo de una forma muy específica que es volviendo a poner el deseo masculino en el centro. Qué pasa si yo ya no puedo ligar por las noches de la forma en la que lo hacía, si quiero hacer una orgía, si quiero emborracharme y estar despreocupado por follar como siempre lo he hecho. Qué pasa, al fin y al cabo, con mi libertad de hacer lo que yo quiera. ¿No me está reprimiendo el feminismo?

El problema es que llevamos años de movilizaciones históricas que nos dicen que sí pasa. Que esa libertad es en realidad un privilegio con respecto a las mujeres que viven demasiadas veces estos rituales de forma impositiva y que suele estar en la base de muchas violencias. Este desplazamiento que coloca en el centro el problema de los hombres, desoyendo y obviando esto, es, repito, conservador. Y la posición Incel en la que hay una exigencia del derecho a tener sexo sin tener que preocuparse de cómo, es una posición reaccionaria.

Esto, otra vez, no es (solo) un calificativo moral, más bien el problema donde nos encontramos para pensar la masculinidad y el cambio social. Es necesario que los tíos apostemos de una forma más consciente por una masculinidad que pueda soportar y asumir estos cambios sin sentirse permanentemente como víctima. Esta transición va a venir sí o sí y en realidad una buena parte ya está aquí. Es tarea nuestra trabajar por una masculinidad que pueda verse a sí misma como motor hacia unas relaciones de género y sexuales un poquito mejor y no como permanente dique de reacción triste y ensimismado frente a la realidad que viene.

Lo rupturista, lo crítico, lo Punk está en realidad en el otro lado. Hay una buena parte del feminismo que lleva décadas pensando cómo hacer un porno feminista, superar las restricciones más asfixiantes del amor romántico y en general cómo tener relaciones más satisfactorias para todos. Y eso lo están haciendo no solo para ellas sino para nosotros también. Aquí si hay un puritanismo, una posición moral rígida e inamovible, esa es la de Def Con Dos. Del otro lado tenemos una larga historia de lucha por la libertad sexual, simplemente no lo estamos queriendo ver porque seguimos mirándonos el ombligo.

No verlo y centrarte en que a ti te apetece tomarte una copa y hacer chistes con tus colegas no es ni rupturista, ni liberador ni mucho menos transgresor. Llevamos años preguntándonos qué podemos hacer los hombres para apoyar la lucha por la igualdad y contra la violencia. Repensar y sobre todo rehacer la masculinidad es un camino propio evidente. La pulsión conservadora que expresa #StopPuritanismo es uno de los puntos de disputa centrales en torno a la masculinidad. La frustración que podamos sentir muchos hombres ante la realidad, por muchas razones, también tiene una salida en el feminismo.

Una masculinidad más segura, más empática con el otro, que puede mirarse hacia adentro, encarar cambios y adaptarse a ellos, puede hacernos también un poco más felices. Abrir estos espacios, discutir con tus grupos de amigos para señalar salidas, manteniéndose alerta de que la preocupación por lo masculino sea siempre de ida y de vuelta con respecto al feminismo, es probablemente ya una tarea cotidiana para toda la vida.

El nuevo gobierno municipal de PP y Ciudadanos en Madrid ha cancelado el concierto que tenía previsto dar Def con Dos en las fiestas de Tetuán este viernes, contratado por el anterior ejecutivo, porque considera que “no es digno” de una institución “que representa a todos los madrileños” promover la actuación de un grupo “cuyo cantante ha sido condenado por el Supremo por enaltecimiento del terrorismo”.

El consistorio que encabeza Martínez-Almeida argumenta que no pueden avalar “actitudes que fomentan el odio y el ensañamiento con los que más han sufrido”: “El Ayuntamiento de Madrid estará siempre al lado de las víctimas y no consentirá que nadie pisotee sus derechos ni la memoria de sus familiares asesinados”, explican en un comunicado.

César Strawberry fue condenado en 2017 por seis tuits en los que ironizaba con la vuelta de los GRAPO y ETA y sobre la muerte de Luis Carrero Blanco. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le consideró culpable de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas y le impuso una pena de un año de cárcel y seis años y medio de inhabilitación absoluta. Su caso llegó al Supremo después de que fuese absuelto por la Audiencia Nacional.

Strawberry se ha enterado de la cancelación a través de la promotora del evento diez minutos antes de que se difundiese el comunicado. Le han transmitido que era por la “disconformidad” del Ayuntamiento y posteriormente ha podido leer la explicación del equipo municipal. “Es un comunicado que alude a algo ajeno a la actuación, que es haber sido encausado hace cuatro años. Fui absuelto dos veces y finalmente me condenan en un veredicto contradictorio. Está admitido a trámite un recurso de amparo ante el Constitucional”, lamenta Strawberry en declaraciones a eldiario.es.

El cantante, que califica de “injustificable” la decisión, afirma que “solo se puede entender en el marco de retroceso de derechos y libertades auspiciados por el PP y sus socios de la ultraderecha”. “Me parece escandalosa cualquier utilización de este proceso anómalo, propio más de Turquía o de la Hungría de Viktor Orbán que de una democracia al uso y moderna. Por otro lado, con esta decisión se atenta contra mi derecho al trabajo, y yo me pregunto: mi grupo no está encausado por nada, no tiene ningún proceso ni pasado ni pendiente. ¿Por qué no se deja actuar? Porque en el grupo toco yo con otras seis personas, ¿qué pasaría si yo fuera aparejador?”, reivindica.

Este mismo jueves Vox ha pedido que se cancele otro concierto de Def con Dos en Rincón de la Victoria. En el escrito, firmado por el edil de Vox en este municipio, José Antonio Rodríguez, se argumenta lo mismo: que Strawberry fue condenado por un delito de enaltecimiento del terrorismo y que el contrato se debe anular en aplicación de la ley de contratos.

El concejal de Vox en Rincón de la Victoria ha pedido al ayuntamiento que cancele el concierto que Def con Dos tiene previsto ofrecer el próximo viernes por la noche en la caseta municipal. En el escrito, firmado por el edil José Antonio Rodríguez, se argumenta que César Strawberry fue condenado en firme por el Tribunal Supremo por un delito de enaltecimiento del terrorismo, y que el contrato se debe anular en aplicación de la ley de contratos, que prohíbe a las administraciones públicas contratar con condenados por “delitos de terrorismo”, entre otros. El ayuntamiento aún no ha reaccionado a la petición de Vox.

José Antonio Rodríguez, el concejal de Vox que firma la petición, explica a eldiario.es/Andalucía que pide que se aplique el artículo 71 de la Ley de Contratos. “Nosotros consideramos que al reírse de las víctimas y justificar la violencia extrema se les puede aplicar ese extremo”. El artículo 71 prohíbe a las administraciones públicas contratar a los condenados en firme por “delitos de terrorismo”, entre una larga lista de delitos.

César Strawberry fue condenado por el Tribunal Supremo en enero de 2017 a un año de prisión por un delito de “enaltecimiento del terrorismo”, cometido por escribir seis tuits entre noviembre de 2013 y enero de 2014 que, para el Tribunal Supremo, “alimentan el discurso del odio”, “legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales” y “obligan a la víctima al recuerdo de la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro o el asesinato de un familiar cercano”.

La sentencia del Tribunal Supremo revocó otra de la Audiencia Nacional con un criterio radicalmente diferente, y que absolvió inicialmente a Strawberry porque apreció “provocación”, “sarcasmo” e “ironía” en sus comentarios. Strawberry anunció que recurriría al Tribunal Constitucional.

Precedente en Marbella

El año pasado, el ayuntamiento de Marbella (gobernado por el PP) rechazó contratar a Def con Dos, arguyendo un informe jurídico que lo desaconsejaba. La defensa de Strawberry mantuvo entonces que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que el delito de enaltecimiento debe ser considerado como un delito de opinión, aunque esté encuadrado en la sección de los delitos de terrorismo. “La consideración técnica de que el enaltecimiento no es terrorismo es unánime en la doctrina”, señalaron entonces los abogados del cantante a eldiario.es.

En Rincón de la Victoria gobierna el PP de Francisco Salado (también presidente de la Diputación Provincial), en coalición con Por mi Pueblo y Ciudadanos, cuya concejala Clara Perles es la responsable de Cultura. Vox obtuvo 1.145 votos, el 5,64%.

Rodríguez relata que se enteró de la contratación de Def con Dos en el curso de un almuerzo, y que se lo tomó a broma. “No pensaba que lo fueran a hacer. No pensaba que Ciudadanos, que hasta ahora estaba a favor de las víctimas del terrorismo, contrate a un señor que ha sido condenado por el Tribunal Supremo por humillar a las víctimas”, señala.

Según explica, el miércoles envió un mensaje de Whatsapp a Salado, que este leyó pero al que no contestó. Esta mañana decidió presentar el escrito, en el que se pide que “en el futuro se controlen este tipo de contrataciones” y se añaden consideraciones sobre el público potencial del concierto de la banda de rap-metal: “Desde Vox creemos firmemente que el público que atrae este grupo dista mucho del deseable en un municipio turístico de ámbito familiar y que, en ningún caso, traerá beneficio a la actividad económica ni la cultura (sic) del municipio”.

El equipo de gobierno aún no ha tomado una decisión, según explica una portavoz municipal.

“Llaman delito de odio a no amar su dictadura y encima luego condenan a quienes entregan su vida a la lucha” podría ser una de las letras por las que el Supremo condenó al rapero Valtònyc a tres años y medio de cárcel. “¿Democracia? Me hace gracia. No cedas, no caigas en su trampa” también encaja con lo que publicaría César Strawberry en alguno de sus tuits. Sin embargo, incluso si un juez considera que existe enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, la responsable de este contenido difícilmente puede acabar entre barrotes. De hecho, ni siquiera es de carne y hueso.

La autora es IRIS, una nueva artista creada a través de inteligencia artificial que pone voz a los versos que acabaron llevando a los tribunales a diferentes artistas. “Que tengan miedo, joder. Que tengan miedo” forma parte de un tema del cantante mallorquín imputado, pero también de la letra de The Voice Of Freedom, que se puede escuchar en plataformas como YouTube o Spotify.

Tras la iniciativa se encuentra No Somos Delito, un colectivo nacido para denunciar las que denominan como leyes mordaza. En plural, ya que el objetivo no es solo poner el foco en la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, sino en todas las que atentan contra la libertad de expresión.

“La iniciativa comenzó a raíz de todos estos casos de detenciones y juicios a cantantes por sus letras”, explica a eldiario.es Mónica Hidalgo, portavoz de No somos delito. Por ello, quisieron “evidenciar el ridículo que estaban haciendo con las leyes mordazas haciendo que las canciones de estos raperos fueran cantadas por una inteligencia artificial, ya que era la única forma de no ir a prisión”. La voz disidente, esta vez, ha sido codificada con códigos binarios.

Los artistas elegidos son cuatro: Valtònyc, Pablo Hasel, César Strawberry y Alex Elgio, aunque, como recalca Hidalgo, “somos conscientes de que hay muchísimos más”. Es imposible incluir a todos, sobre todo teniendo en cuenta la intención del proyecto: crear una pieza que pueda ser escuchada con naturalidad.

“Cogimos párrafos de las letras y los tuits de estos cantantes intentando que quedaran con ritmo”, detalla. Tras esto, solo quedaba encontrar una base adecuada, llevarlo a IRIS y pasarlo por un programa de edición para que todo encajara. ¿El resultado? Más que una canción, una reivindicación. “Cada vez que compartas la canción, estarás ayudando a que la libertad de expresión sea una realidad en España”, indican en la página del proyecto.

“Ya casi es el cumpleaños del rey, ¡qué emoción! Este es de los países con menos libertad de expresión”, se escucha en una parte de The Voice Of Freedom. La intención, como recalca Hidalgo, es “que no nos olvidemos de que hay un cantante prófugo en Bélgica mientras otros raperos esperan sus sentencias y siguen entrando a juicios”.

La crítica convertida en delito

“Queremos poner de manifiesto que hay personas que se enfrentan o se han enfrentado a penas de cárcel por criticar o denunciar los abusos de poder, o simplemente ejercer su derecho a la crítica y la parodia”, critica No Somos Delito con este movimiento. Hacen, acto seguido, un listado de reivindicaciones que han terminado pasando por el filtro de la ley: el cambio de la forma de jefatura de Estado, los apoyos a la autodeterminación de Catalunya o los privilegios de la Casa Real.

“Los delitos de odio, concebidos para proteger a sectores sociales que tradicionalmente han sido objeto de discriminación u hostilidad se han convertido en una forma de represión de las críticas a la actuación policial, ignorando reiteradamente que las instituciones y los funcionarios del Estado no pueden ser jurisprudencialmente considerados ‘sectores vulnerables’ ni ‘desprotegidos’”, apuntan en el manifiesto.

Pero no es la primera vez que No Somos Delito protestan contra las mordazas. En 2015, pusieron en marcha la primera manifestación de hologramas frente al Congreso de los Diputados. Durante una hora imágenes tridimensionales de miles de personas fueron proyectadas sobre el emblemático edificio con gritos de “pienso, luego soy delito” o “les da igual que vivas en la calle, pero no quieren que te expreses en la calle”.

La ley Mordaza fue aprobada por el PP en solitario en 2015 y, aunque quitarla fue una de las medidas estrellas del último programa electoral de los socialistas, esta finalmente solo ha podido ser modificada bajo la proposición de ley del PNV. ¿La razón? Que, al tener tan solo 84 diputados, el PSOE necesitaba el apoyo de grupos políticos tan dispares como los que apoyaron la moción de censura que les llevó al nuevo Gobierno. Conseguir el consenso es complicado, aunque se han dado algunos pasos. Una de las últimas reformas, aprobada el pasado mes de febrero, consistió en eliminar las sanciones por imágenes de policías siempre y cuando no supongan un riesgo real para la seguridad del agente.

Es un avance, pero desde No somos delito piden más. Solicitan que “las leyes amparen de forma efectiva la libertad de expresión” y la “absolución de las personas imputadas o condenadas en proceso de recurso”. “Las estrategias actuales de muchos encauzados es elevar el caso a nivel europeo, porque aquí los niveles judiciales no son tan independientes y la única manera de hacer un poco de ruido es provocando que Europa sea consciente de esta vulneración de los derechos fundamentales”, recrimina Hidalgo.

Es justo lo que va a ocurrir con Valtònyc, cuya demanda contra España, como anunciaron el pasado martes sus abogados, será revisada por Tribunal Europeo de Derechos. La resolución, no obstante, podría prologarse durante años. “Estos procesos al final se alargan muchísimo en el tiempo y al final nos alertamos cuando salta la noticia, pero luego nos acabamos olvidando del tema”, considera la portavoz de No Somos Delito, plataforma que se encargará de recordar por qué las letras no pueden quedar sin voz. Ni siquiera las cantadas por una inteligencia artificial.

Apple presentó Face ID hace un año y nadie, salvo las organizaciones por los derechos civiles y algún que otro periodista despistado, alertó sobre las implicaciones que tendría el sistema de reconocimiento facial a la hora de lidiar con la justicia. En todo el mundo. La tecnología es precisa, tanto, que si alguien coge el teléfono y te lo pone delante de la cara, este se desbloquea.

El FBI ha usado el Face ID para detener a un pedófilo de 28 años residente en Columbus (Ohio, EEUU), cuenta Forbes. Ha sido fácil: tan solo tuvieron que ir a su casa con una orden de búsqueda en la mano, encontrar su móvil y obligarle a poner su cara. Grant Michalki no se negó y, de hecho, dentro del terminal encontraron conversaciones en KiK (una app de mensajería instantánea) donde el pedófilo discutía abusos a menores con otros individuos. También encontraron varios mensajes con un agente del FBI encubierto que se hacía pasar por un padre que quería mantener relaciones sexuales con niños, entre otras cosas. Está todo explicado en el informe oficial.

In the land of free no estás obligado a revelar las claves de tus dispositivos si te lo pide la policía, pero en este caso, para el FBI fue más fácil usar los datos biométricos del detenido que conseguir su clave de desbloqueo. La Quinta Enmienda (que protege frente a la autoincriminación) puede ser retorcida por las autoridades a veces, pero en el caso de la cara, la huella o tu voz (pura biometría) es diferente. Son datos que te pertenecen y llevas siempre contigo: no son números que tengas en tu cabeza y puedas introducir o no, dependiendo de tu disposición a colaborar o del designio de un juez. Un policía podría pasarte el teléfono por la cara para desbloquearlo, registrar tu voz o usar tu huella (como ya han hecho con cadáveres) y tú no podrías hacer nada.

Una prueba se acepta en un juicio cuando los métodos para conseguirla se han ceñido a la ley. Si tú le diste la clave de tu iPhone al FBI, cooperaste. Pero si te pusieron el móvil delante de la cara y este se desbloqueó, a pesar de que tú te negaste, ¿quién puede demostrar lo contrario? Marta Peirano lo explicaba hace un año en eldiario.es. Hace algo más de dos años, un juez ya desestimó varias pruebas del FBI contra una web de pedófilos por haber hackeado a más de 1.000 usuarios. Todos recordamos el caso de Apple vs. el FBI a principios de 2016, cuando los federales instaron a la multinacional a poner a sus teléfonos una puerta de atrás para acceder a ellos en caso de necesitarlo.

Aunque te niegues, si el juez insiste...

“En España, un investigado no está obligado a declarar contra sí mismo”, explica a eldiario.es Silvia Barrera, jefa del grupo de forenses digitales de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional durante tres años, hoy en excedencia. “Esto incluye que no diga dónde está el cuerpo de una víctima o cual es su clave de acceso”, continúa. Para que las autoridades puedan presentar una prueba como válida ante un juez es necesario que la consigan de forma no coactiva, sin coacciones.

Un sospechoso puede negarse a entregar las claves de sus dispositivos. En ese caso, las autoridades pueden emplear métodos como el ataque por fuerza bruta, siempre y cuando un juez ordene acceder a la información de ese teléfono. Viene contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reformada hace poco para incluir las disposiciones relativas a las nuevas tecnologías y comunicaciones. Un ataque por fuerza bruta prueba todas las combinaciones numéricas posibles del PIN del teléfono (10.000) hasta que acierta. Para esto antes hay que desactivar el sistema de seguridad del teléfono que limita a cuatro los intentos para escribir correctamente el número PIN. Fue uno de los métodos que barajó el FBI para intentar entrar al iPhone de San Bernardino.

En 2016, la biometría aún no estaba implantada en la mayoría de teléfonos móviles del mercado. Si el atentado de San Bernardino se hubiera producido hoy, los federales habrían tenido más fácil entrar al iPhone del terrorista Sied Farook. “Ahora, a los detenidos les solicitan que se hagan una prueba de ADN. Con un bastoncillo te cogen una muestra de saliva y te pide autorización. Yo siempre digo que se nieguen: eso es inmiscuirse dentro de tu ámbito privado”, explica a eldiario.es el abogado Erlantz Ibarrondo. “Si lo remiten al juez y el juez da la autorización, la Policía puede obligarte a hacer la prueba de ADN. Con las claves del teléfono es igual”, continúa.

El curioso caso de Cesar Strawberry

En España es ilegal que la Policía te requise el móvil o te obligue a dar la contraseña de tu teléfono sin una orden judicial. Como explica Barrera, “todo lo que se consiga mediante coacciones o de forma ilegal invalida la prueba, y por la Teoría del árbol envenenado, todo lo que se obtenga detrás de eso se entiende que no es válido”. Sin embargo, esto en ocasiones no es así, como le ocurrió hace tres años a Cesar Strawberry, líder del grupo Def con Dos.

“Un día al ir hacia mi moto me aparecen seis policías y me rodean. En un momento dado eché mano del móvil y lo miré para ver la hora. Un policía me dijo: 'me lo tienes que dar', gritando. Y se lo dí. Después me dijo: 'me tienes que dar la clave'. Y yo le di la clave numérica, lo tecleó en mitad de la calle y lo desbloqueó en mi presencia”. Strawberry considera que aquello “fue ilegal porque necesitan una orden judicial”. También confiesa que, por aquel entonces, sabía poco acerca de privacidad y de leyes.

Después de llevarse al líder de Def con Dos detenido a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid), le encerraron en una celda y le dijeron “que tenía derecho a un abogado, que lo llamase”, dice. Les dio el nombre de uno “y lo buscaron en mi móvil”, continúa Strawberry. Como este no cogió el teléfono, le pidieron el número de otro, al que finalmente llamaron.

“Luego me he enterado de lo que hay que hacer. En primer lugar, ese móvil que te sustraen no te lo pueden quitar sin una orden judicial, y en este caso no la había”, dice Strawberry. “Tienen que guardarlo en una bolsa, esperar a que el juez lo autorice y después ya, manipularlo. Ellos ya lo habían manipulado”, continúa.

Un año después, cuando Strawberry pudo recuperar su móvil, se lo llevó a un amigo informático “y pudimos reconstruir qué le hicieron al teléfono. Habían pasado algunos programas iraníes e israelíes hasta 7 veces buscando fotos comprometedoras y se las habían bajado”, concluye el cantante.

Siete años después de aquella explosión de libertades que fue el 15M, de sus marchas multitudinarias, las acampadas y el despertar de una generación que amplificó el descontento social en lo peor de la crisis, lo que queda de aquel movimiento conmemora este martes el aniversario en un acto en Madrid que subirá al atril al rapero Valtonyc, condenado a tres años y seis meses de cárcel por injurias a la Corona en las letras de sus canciones.

Pocos podían imaginar que aquellas protestas frente al Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y la clase política en general que la juventud española internacionalizó desde las plazas a las portadas de la prensa extranjera hubiesen desembocado en un presidente del Gobierno del PP, que tras agravar los recortes diseñó una serie de cambios en el Código Penal para criminalizar las protestas.

Un lustro largo después, se han encarcelado titiriteros, se han multiplicado por cuatro las condenas por enaltecimiento del terrorismo en España justo cuando ETA ha dejado de matar, y se ha secuestrado por orden judicial un libro, Fariña, de Nacho Carretero, que narraba los manejos del narcotráfico y cómo los capos se han mezclado con la clase política en Galicia durante décadas, tras la reclamación de un alcalde condenado por blanquear dinero de los clanes colombianos.

En 2018 los derechos civiles han retrocedido en España con respecto a siete años antes. La conmemoración de la fecha coincide con el ultimátum que la Audiencia Nacional ha dado al rapero Valtonyc para que entre en prisión, este lunes le han confirmado que tiene un plazo de 10 días. Los colectivos sociales van a aprovechar este aniversario para convocar una nueva protesta en la Puerta del Sol con la que pretenden reivindicar el deterioro de la libertad de expresión en nuestro país.

Amnistía Internacional (AI) ya advirtió en su informe anual de los retrocesos que ha experimentado la libertad de expresión en España. La ONG alertó en su balance de 2017 que se “restringió desproporcionadamente” este derecho y el de reunión pacífica, tanto en el ámbito de las leyes como a través de algunas prácticas policiales.

Aprobación de la ley mordaza

Desde esta organización identifican dos puntos claves en los que esta libertad ha comenzado a estar “amenazada”: la modificación del Código Penal y la aprobación de la Ley Mordaza. “Esto produce autocensura. La gente tiene miedo a salir a la calle y protestar. Animamos a la sociedad a que se siga movilizando”, responde Beatriz Perales, responsable de Campañas e Investigación de AI, sobre las consecuencias que tiene la aplicación de esta normativa.

“Nos hemos encontrado ante un giro alarmante y muy rápido en la respuesta de los poderes públicos en relación con la represión penal y administrativa de actos de libertad de expresión en muy diversos campos”, incide Jacobo Dopico, catedrático acreditado de Derecho Penal, y alerta sobre los casos como la represión de algunas manifestaciones, los procesos penales contra quienes queman fotos del rey o las condenas a creadores.

Lo preocupante, dice, es que no son casos puntuales: “Se ha ido superando el plano de lo anecdótico, nos hemos encontrado con una auténtica tendencia en la respuesta policial, en los escritos de algunas fiscalías y en distintos órganos jurisdiccionales”. La tendencia “se ha ido encauzando con una serie de figuras que no estaban pensadas para esto, como los delitos de enaltecimiento del terrorismo, el delito de odio o el delito contra los sentimientos religiosos”.

Raperos y tuiteros condenados por enaltecimiento

Este profesor no quita responsabilidad al Gobierno. Recuerda que en 2012 el Ministerio del Interior ya respondió a algunas movilizaciones pidiendo un endurecimiento del Código Penal para castigar ciertas conductas que ya estaban castigadas por la ley. Ahí es cuando se avanzó que se iban a utilizar ciertos instrumentos legislativos propios de la represión del crimen organizado para reprimir conductas como la convocatoria por internet de manifestaciones que causasen desórdenes.

Para revertir plantea, en primer lugar, que “en el ámbito judicial se haga una interpretación de estas figuras que sea especialmente vigilante para proteger libertad de expresión”. Señala que cierta jurisprudencia ya está en ese camino. “En algunos ámbitos estamos asistiendo a cierta ‘recogida de cable’, como por ejemplo en las rectificaciones que el Tribunal Supremo ha realizado a la que podríamos llamar ‘la doctrina Strawberry’. Es fundamental seguir ahondando en esa línea”. En esta tarea está incidiendo, en su opinión, la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a la quema de banderas.

En los últimos años las sentencias por enaltecimiento del terrorismo se han multiplicado por cuatro desde que ETA dejó de matar. Desde el cese de la violencia, en 2011, hasta 2018 se produjeron 121 sentencias por apología de ETA, cuatro veces más que en los siete años anteriores.

AI denunció en su informe anual este aumento. En él recogían, entre otros, el caso de Cassandra Vera, tuitera condenada por la Audiencia Nacional a un año de prisión por sus chistes sobre Carrero Blanco y absuelta posteriormente por el Tribunal Supremo.

El experto internacional en materia de libertad de expresión y regulación de medios Joan Barata considera que el aumento de estas sentencias está relacionado con la “explosión del uso de redes sociales”. “Ha provocado que determinados mensajes que eran marginales sean más visibles y algunos han pensado que había que reaccionar a este cambio”, apunta.

Sin embargo, Barata considera que en casos como el de Valtonyc, la justicia ha conseguido lo contrario, ya que la condena de tres años y medio de cárcel le ha hecho “más popular” entre la sociedad. “Mucha gente no le conocía y tras la decisión de la Audiencia Nacional, sus letras han sido publicadas, republicadas y escuchadas”, incide.

En marzo la Audiencia Nacional condenó también a otro rapero, a Pablo Hasel, por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona por ensalzar a figuras de miembros de las bandas terroristas ETA y Grapo en su perfil de Twitter. A esta pena, que conlleva dos años y un día de cárcel y multa de 24.300 euros, se une una condena previa de dos años por otro delito de enaltecimiento del terrorismo en 2015. Actualmente, está a la espera de que el Supremo confirme el fallo más reciente para saber si tendrá que ir a la cárcel por la suma de esta nueva sentencia a la anterior.

Al líder de Def con Dos, César Strawberry, también le condenaron en 2017 por seis tuits en los que ironizaba con la vuelta de los GRAPO y ETA, y sobre la muerte de Luis Carrero Blanco. “El fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta a los GRAPO” o “cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco” son algunos de los mensajes por los que la Sala de lo Penal le consideró culpable de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.

Para el experto Barata estos casos demuestran cómo los jueces están realizando un “uso abusivo” del delito de apología del terrorismo. Este abogado considera que los magistrados españoles no interpretan estas penas en “coherencia con la jurisprudencia del tribunal de Derechos Humanos”.

Varapalo de Estrasburgo

Estrasburgo ya ha advertido al Estado español del recorte de libertades. Hace un par de meses ese tribunal dio un varapalo a la justicia española al determinar que quemar fotos de los reyes es libertad de expresión. La justicia europea admitió a trámite el recurso de dos jóvenes que fueron condenados en 2008 por la Audiencia Nacional a una pena de quince meses de prisión, sustituida por una multa de 2.700 euros, por quemar una foto de los reyes en en Girona en protesta por la visita a la ciudad de Juan Carlos I y Sofía.

Más allá de las redes sociales, la libertad de expresión también está siendo cuestionada. Una jueza de Collado Villalba (Madrid) acordó secuestrar el libro Fariña, obra en la que se profundiza en la historia del narcotráfico gallego. Tomó esta decisión a petición del exalcalde de O Grove (Pontevedra) que demandó al autor y a la editorial por supuesta vulneración de su derecho al honor. Así consiguió no solo el secuestro, también se prohibió la impresión y comercialización de nuevos ejemplares.

Esta decisión fue una de las escogidas por el periódico estadounidense The New Tork Times para reseñar que en España los riesgos para la libertad de expresión se han incrementado “discretamente” en los últimos años. En el repaso que hacían también incluyeron la retirada en ARCO de la obra de Santiago Sierra que retrataba a Junqueras y los Jordis como presos políticos y la condena al rapero Valtonyc por las letras de sus canciones.

Este medio internacional destacó que IFEMA no citó ninguna ley para pedir la retirada de la obra Presos políticos en la España contemporánea, desde este pabellón de congresos argumentaron que la “polémica” provocada en los medios de comunicación por la exhibición de las piezas “perjudicaba la visibilidad del conjunto de los contenidos de ARCO”.

En este contexto el 15M vuelve a la calle para celebrar su aniversario. En Madrid, los convocantes han organizado una concentración bajo el lema 'Confluyamos por los derechos y las libertades' en la Puerta del Sol, el kilómetro cero de la movilización que implicó a la ciudadanía en la actividad política. Esta fecha no solo se celebrará en la capital, en Valencia, Las Palmas, Barcelona y Almería también han organizado actividades.

Carlos Bautista, el fiscal de la Audiencia Nacional que acusó a César Strawberry de enaltecimiento del terrorismo por sus tuits, fue expedientado en 2014 por utilizar una cuenta anónima de Twitter para criticar a jueces y fiscales. La Fiscalía General del Estado consideró que había cometido una infracción grave y le impuso 400 euros de multa. Ahora, Bautista quiere que se borre de internet el rastro de esa sanción por sus desahogos en la red.

A través de un despacho de abogados, Bautista envió un escrito a eldiario.es, uno de los medios que publicó su sanción disciplinaria, en el que pide que se retire una información en la que aparece identificado con sus nombres y apellidos, además de con una fotografía. Se refiere, en concreto, a esta noticia de marzo de 2014, en la que este medio informaba de que Bautista había pedido perdón a sus compañeros por sus mofas.

El texto indica que el fiscal había pedido perdón a las personas sobre las que había tuiteado, como el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. En una nota, asumía haber cometido “un grave error de juicio” que le lleva a realizar un “ejercicio de responsabilidad” y a “aceptar la consecuencias que pudieran derivarse” de sus actos.

Bautista estuvo al menos tres semanas utilizando la cuenta @cespiralidoso para insultar y mofarse del fiscal general del Estado, la Guardia Civil o algunos de sus compañeros de la Audiencia Nacional. “El fiscal Horrach ha pedido un receso. Tiene q llamar a Zarzuela” o “Todavía hay jueces en Madrid...pero esta claro q Andreu no es uno de ellos” eran algunos de esos comentarios, según publicó ABC.

La Fiscalía concluyó que Bautista había cometido una infracción grave y le impuso una multa de 400 euros por su “falta de consideración”. El escrito de sus abogados asegura que ha cumplido íntegramente esa sanción, “habiendo sido incluso cancelada la anotación de la sanción en su expediente personal”. El Estatuto del Ministerio Fiscal recoge que transcurridos dos años de una infracción grave, la anotación en el expediente se borrará.

Ahora, el fiscal se apoya en ese artículo para reclamar que la noticia sea “eliminada y desindexada”, es decir, “que se adopten las medidas técnicas necesarias tendentes a evitar que los datos de nuestro cliente sean captados por los buscadores de internet”, dice el escrito. Los abogados de Bautista daban un plazo de 10 días para ello.

Su argumentos es que esa información era “obsoleta y excesiva”, porque Bautista está ya “libre de todo cargo”. No hay, aseguran, “interés preponderante del público en tener acceso a esta información”. eldiario.es se ha negado a esta petición porque considera que no puede compararse el tiempo de cancelación de una sanción disciplinaria con el tiempo para que una información se considere obsoleta.

Este medio ha contestado a los abogados de Bautista que tras la publicación de la mencionada noticia no está la intención de “menoscabar la reputación o imagen, ni causarle ningún tipo de perjuicio”. Se trata, únicamente, de ejercer “el derecho de la información en el desempeño de la labor periodística”.

La respuesta negativa va acompañada de un detallado informe que analiza la solicitud de los abogados de Bautista. En él se señala que la información sobre la sanción “cumple escrupulosamente” la normativa europea y española, puesto que no incluye ningún dato que no sea “estrictamente ajustado a la verdad”.

Se da la casualidad de que Bautista es el fiscal que acusó al cantante de Def con Dos, César Strawberry, de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la corona por sus tuits. En el recurso que interpuso tras el archivo de la causa por la Audiencia Nacional, llegó a acusar al juez José de la Mata de “cierto fraude procesal” por no apreciar delito en los comentarios del cantante.

Gracias a ese recurso, en el que también quiso incluir los retuits para justificar la condena a Strawberry, el Tribunal Supremo revocó la sentencia de la Audiencia Nacional y condenó a cantante a un año de prisión.

En un contexto marcado por las sucesivas fases de la Operación Araña, la condena a Cassandra Vera o César Strawberry por hacer chistes en Twitter con Carrero Blanco y el incremento de las sentencias por enaltecimiento del terrorismo, expertos en Derecho Penal se unirán el próximo 1 y 2 de junio en unas jornadas bajo el nombre 'La represión penal de la sátira política' para abrir un debate sobre la criminalización de la sátira y el humor negro en las redes sociales.

“Nos parece muy preocupante que nos estemos acostumbrando a que se abran procedimientos penales por sátiras irreverentes. Comienza a no ser noticia que haya dos cómicos [Dani Mateo y el Gran Wyoming] que son tratados como criminales, llamados como investigados por las autoridades, por hacer una broma con que si la Cruz del Valle de los Caídos es una mierda”, señala Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid y director del acto, en declaraciones a eldiario.es.

Las jornadas reunirán en la Universidad Carlos III a un grupo de juristas para “abrir un debate sobre cuáles son los límites que la Constitución impone a la criminalización de actos de expresión, sobre todo cuando son actos de expresión satírica o artística”, explica Doplico. También estarán presentes el cantante del grupo Def con Dos, César Strawberry (condenado a un año de cárcel y seis años y medio de inhabilitación), la tuitera Cassandra Vera (un año de cárcel y siete de inhabilitación), los componentes de Títeres desde abajo, Alfonso Lázaro y Rául García (en prisión preventiva durante cinco días por una obra) y Antonia Ávalos, de la Asociación Mujeres Supervivientes, una de las tres mujeres encausadas por participar en la procesión del 'Santísimo Coño Insumiso'.

La segunda de las jornadas incluirá la perspectiva de las asociaciones de jueces y fiscales y de plataformas de defensa de los derechos humanos, con la presencia de representantes de Amnistía Internacional, la Plataforma Derecho a la Libertad de Información o las intervenciones de Ignacio González Vega (Jueces para la Democracia) y Álvaro García Ortiz (Unión Progresista de Fiscales). Junto a ellos estará el vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional Tomás Vives Antón y los exletrados del Tribunal Constitucional Juan Antonio Lascuraín y Rafael Alcácer Guirao.

Entre los temas sobre los que reflexionarán los expertos se encuentra la disparidad de criterios entre los magistrados, que han marcado algunos de los últimos casos de aplicación del artículo 578 del Código Penal. Mientras Cassandra Vera ha sido condenada a un año de cárcel y siete de inhabilitación por sus tuits sobre Carrero Blanco, una sentencia de marzo absolvió al abogado Arkaitz Terrón por comentarios como “no entiendo por qué la placa de Carrero no se la ponen los productores de cava. El día que ETA lo hizo volar se descorcharon muchas botellas!”. La Fiscalía presentó la semana pasada un recurso para pedir que se revoque esta sentencia.

También César Strawberry, que estará presente en el primer día de los actos, fue absuelto inicialmente por la Audiencia Nacional. El Supremo revocó la absolución meses después, en enero de este año, y le condenó por los seis tuits en los que ironizaba con la vuelta de los GRAPO y ETA. Para Dopico, la diferencia de criterios revela que hay un intento de interpretación “orientada a la Constitución” y “a las limitaciones que han impuestos los Tribunales Constitucionales de nuestro entorno y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos” frente a “la acción punitiva del Estado”. 

En opinión del catedrático –que analizará los casos de Strawberry y Cassandra junto a sus protagonistas en la primera jornada– es “irrazonable” entender que los chistes sobre Carrero Blanco de ambos puedan incitar a la violencia al tratarse de conductas “de indudable sentido humorístico” por parte de personas “que no tienen conexión con una organización criminal”. “Son conductas ubicuas, repetidas miles de veces. La pregunta es: ¿por qué se selecciona a una persona concreta? Suscita dudas sobre la selección de las personas que son llevadas a los tribunales”, apunta.

“El problema que tenemos es que ya es normal que denuncias de estas características en vez de ser tratadas como extravagancias de grupúsculos minoritarios, sean admitidas a trámite y haya personas que son llamadas a declarar y, en casos extremos, son condenadas”, incide el experto.

El pasado mes de febrero, un grupo de más de 250 expertos en Derecho Penal firmaron el manifiesto 'Carrero Blanco como síntoma', impulsado por Dopico, para criticar “la criminalización” del humor negro en redes sociales. En el documento, los expertos recuerdan que son conductas socialmente aceptadas, que no constituyen un delito y “no pueden constituirlo bajo el régimen de derechos y libertades constitucional”.

El passat 22 de febrer l'Audiència Nacional condemnava a tres anys i mig de presó el raper Valtonyc per una cançó sobre el rei Joan Carles. Al jove mallorquí se li imputaven delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces. Dies abans, el Suprem condemnava a César Strawberry a un any de presó per una sèrie de tuits en els quals ironitzava amb la tornada dels GRAPO i d'ETA.

Els dos episodis han dolgut entre els defensors dels drets humans (“casos com el de Strawberry són una aberració jurídica”, apuntava l'advocada Laia Serra), però també entre els seus companys de gremi.

Com a mostra, un botó: una quarantena d'artistes del més divers pelatge han organitzat una marató musical sota el nom No Callarem, que s'anuncia a les xarxes amb l'etiqueta “Demà pots ser tu”. “Se'ns està coartant amb mètodes obvis i maldestres, i s'està promovent un costum de denúncies preocupant”, diu Adriano Galante, músic de Seward i organitzador de la cita.

La proposta va néixer després de veure com altres iniciatives, experiències recents com el macroconcert pels refugiats Casa Nostra Casa Vostra, conjuminaven a artistes i públic. “Sí ens solidaritzem amb els de fora, per què no amb un atac com aquest als nostres drets?”, explica Galante. El de No Callarem serà el primer gran concert contra les polítiques del PP des de que tingués lloc a Madrid el 2003 un de similar contra la guerra de l'Iraq (No en el nostre nom).

Segons apunta la plataforma, aquest no és un esdeveniment sectorial, ja que la persecució de la llibertat d'expressió llasta “periodistes silenciats, artistes censurades, músics prohibits, bandes vetades, ciutadanes jutjades, raperes perseguides, tuiters represos, humoristes amenaçats o activistes assetjades”. El col·lectiu vol donar suport amb aquesta marató musical altres retallades de la llibertat d'expressió com les que consideren han patit recentment els artistes del grup Titelles des de baix o la jove Cassandra Vera, condemnada a un any de presó.

El concert solidari d'aquest diumenge a Badalona, al Parc del Gran Sol de Llefià, té un doble objectiu: servirà per fer soroll sobre l'“amenaça constant que suposa l'actual interpretació de la llei contra la llibertat d'expressió” –explica Galante– i també per sufragar part dels costos que enfronta ara el músic Josep Valtonyc.

Volen ajudar-lo en la seva costosa defensa i, al seu torn –amb vocació que la base col·lectiva creixi– la plataforma No Callarem ha obert un procés de  micromecenatge per pagar el dispositiu que suposarà el més de mig dia de concerts ininterromputs d'aquest diumenge. De moment ja hi ha més de 170 cofinançadors de la cita.

Com recorda Adriano, també membre de l'Unió Estatal de Músics, Intèrprets i Compositores (una de les moltes plataformes que ajudat en l'organització de l'esdeveniment, a més de l'Ateneu de 9 Barris o la Coordinadora Obrera Sindical), els episodis de Strawberry i Valtonyc són només alguns dels diferents atacs a la llibertat d'expressió que s'estan produint en els últims temps.

Hi ha altres que esperen torn per passar per la justícia, el cas del duo Ayax y Prok o del col·lectiu La Insurrección. També un altre raper s'enfronta pena de presó: el MC lleidatà Pablo Hasél, amb set anys de presó. No són els únics casos de cohibició de la llibertat d'expressió: fa pràcticament dos anys, l'Ajuntament de Madrid prohibia un concert del grup basc Soziedad Alkoholika amb només una setmana d'advertència.

És per això que, més un esdeveniment aïllat de recollida de fons i recerca de conscienciació, No Callarem pretén esdevenir una plataforma estable, un col·lectiu que defensi els drets fonamentals dels artistes a l'hora de fer la seva feina –ficar el dit a la nafra– sense pressions. Amb aquest objectiu, ja hi ha diferents assemblees en altres ciutats de l'Estat que també impulsessin els seus propis concerts.

Per començar, aquest diumenge proposen un acte que involucrarà fins a 40 artistes: Txarango, Albert Pla, Mishima, Za!, KOP, Ovidi3 amb Fermin Muguruza o el mateix Valtonyc. “Hem hagut de deixar fora a gent per l'allau de peticions, això ja és un preciós monstre!”, reconeix Galante. De fet, n'hi ha que no podran pujar a l'escenari però també han volgut compartir la causa amb unes paraules de suport.

A Badalona s'espera la circulació de més de 2.000 persones. Hi haurà activitats paral·leles, i fins i tot paella popular. Però el més important, la música sonarà durant més de 12 hores (de 11h a 22h); tot amb la idea a la recambra que el crit per la llibertat d'expressió d'aquest diumenge perduri en el temps, més enllà dels acords.

El pasado 22 de febrero la Audiencia Nacional condenaba a tres años y medio de cárcel al rapero Valtonyc por una canción sobre el rey Juan Carlos. Al joven mallorquín se le imputaban delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y amenazas. Días antes, el Supremo condenaba a César Strawberry a un año en prisión por una serie tuits en los que ironizaba con la vuelta de los GRAPO y ETA.

Los dos episodios han escocido entre los defensores de los derechos humanos (“casos como el de Strawberry son una aberración jurídica”, apuntaba la abogada Laia Serra), pero también entre sus compañeros de gremio.

Para muestra, un botón: cuarenta de artistas del más diverso pelaje han organizado una maratón musical bajo el nombre No Callarem (no callaremos, en castellano), que se anuncia en las redes con una etiqueta que no deja lugar a dudas: “Mañana puedes ser tú”. “Se nos está coartando con métodos obvios y torpes, y se está promoviendo una costumbre de denuncias preocupante”, atiende Adriano Galante, músico de Seward y uno de los organizadores del evento.

La propuesta nació después de ver cómo otras iniciativas, experiencias recientes como el macroconcierto por los refugiados Casa Nostra Casa Vostra, aunaban a artistas y público. “Sí nos solidarizamos con los de fuera, ¿por qué no con un ataque como este a nuestros derechos?”, explica Galante. El de No Callarem será el primer gran concierto contra las políticas del PP desde el que tuviera lugar en Madrid en 2003 contra la guerra de Irak (No en nuestro nombre).

Según apunta la plataforma, este no es un evento sectorial, pues la persecución de la libertad de expresión lastra a “periodistas silenciados, artistas censuradas, músicos prohibidos, bandas vetadas, ciudadanas juzgadas, raperas perseguidas, tuiteros reprendidos, humoristas amenazados o activistas acosadas”. El colectivo quiere apoyar con esta maratón musical otros recortes de la libertad de expresión como los que consideran han sufrido recientemente los artistas del grupo Títeres desde Abajo o la joven Cassandra Vera, condenada a un año de cárcel.

El concierto solidario de este domingo en Badalona, en el Parque del Gran Sol de Llefià, tiene un doble objetivo: servirá para hacer ruido sobre la “amenaza constante que supone la actual interpretación de la ley a la libertad de expresión” –explica Galante–  y también para sufragar parte de los costes que enfrenta ahora el músico Josep Valtonyc.

Quieren echarle una mano en su costosa defensa y a su vez, con vocación que la base colectiva crezca, la plataforma No Callarem ha abierto un proceso de micromecenazgo para pagar el dispositivo que supondrá el más de medio día de bolos ininterrumpidos del próximo domingo. Por el momento ya hay más de 170 cofinanciadores de la cita.

Como recuerda Adriano, también miembro de la Unión Estatal de Músicos, Intérpretes y Compositoras (una de las muchas plataformas que ha ayudado en la organización del evento, además del Ateneu de 9 Barris o la Coordinadora Obrera Sindical), los episodios de Strawberry y Valtonyc son solo algunos de los diferentes ataques a la libertad de expresión que se están produciendo en los últimos tiempos.

Hay otros que esperan turno para pasar por la justicia, el caso del dúo Ayax y Prok o del colectivo La Insurgencia. También otro rapero enfrenta pena de prisión: el MC leridano Pablo Hasél, con siete años de cárcel. No son los únicos casos de coartación de la libertad de expresión: hace prácticamente dos años, el Ayuntamiento de Madrid prohibía un concierto del grupo vasco Soziedad Alkoholika con solo una semana de advertencia.

Es por ello que, más un evento aislado de recogida de fondos y búsqueda de concienciación, No Callarem pretende convertirse en una plataforma estable, un colectivo que defienda los derechos fundamentales de los artistas a la hora de hacer su trabajo –meter el dedo en la yaga– sin presiones. Con ese objetivo, ya hay diferentes asambleas en otras ciudades del Estado que también impulsaran sus propios conciertos.

Para empezar, el domingo proponen este acto que involucrará hasta 40 artistas: Txarango, Albert Pla, Mishima, Za!, KOP, Ovidi3 con Fermin Muguruza o el propio Valtonyc. “Hemos tenido que dejar fuera a gente por el aluvión de peticiones, ¡esto ya es un precioso monstruo!”, reconoce Galante. De hecho, los hay que no podrán subirse al escenario pero también han querido compartir la causa con unas palabras de apoyo.

Por Badalona se espera la circulación de más de 2.000 personas. Habrá actividades paralelas, e incluso paella popular. Pero lo más importante, la música sonará durante más de 12 horas (de 11h a 22h). Todo con la idea en la recámara de que el grito por la libertad de expresión de este domingo perdure en el tiempo, más allá de los acordes.

Lo nuevo de Def Con Dos llega en plena resaca de la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a César Strawberry, líder de la banda, a un año de prisión por enaltecimiento del terrorismo. Los seis tuits que el Supremo considera constitutivos de delito, contraviniendo así la opinión de la Audiencia Nacional que previamente había declarado inocente a Strawberry, son los siguientes: “El fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta los GRAPO”, “A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora”, “Street Fighter, edición post ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina”, “Franco, Serrano Suñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar... Si no les das lo que a Carrero Blanco, la longevidad se pone siempre de su lado”, “Cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco” y “Ya casi es el cumpleaños del Rey ¡Qué emoción! (le voy a regalar) un roscón-bomba”.

En estas circunstancias #trending_distopic (Def Con Dos / Rock Estatal, 2017) se convierte en un alegato que reivindica la libertad de expresión en un país que ha retrocedido peligrosamente en derechos y libertades desde la aprobación en 2015 de la Ley Mordaza. Un contexto que hace cada vez más difícil poder distinguir entre la faceta artística de Strawberry y su experiencia vital, tal y como se evidencia en la siguiente entrevista.

¿Cómo está afectando la sentencia del Supremo a la promoción del disco y al propio funcionamiento del grupo?

Ha tenido un efecto de consternación y de incredulidad kafkiana dentro del grupo. Son cosas que ves en las películas y lees en cómics y novelas, pero piensas que se quedan en el terreno de la ficción. Todo esto forma parte de una estrategia de amedrentamiento del mundo creativo que se viene desarrollando desde hace tiempo en varios frentes: hemos visto como Facu Díaz tuvo que ir a declarar, el caso Rita Maestre, el caso Guillermo Zapata, el caso Valtonyc (que es el más flagrante y escandaloso).

Estamos acostumbrados a que este tipo de cosas sucedan en Turquía, donde hay 1.800 demandas contra dibujantes y cierran un pilar de la libertad de expresión allí como era la revista Girgir, una suerte de Mongolia, Codorniz o El Jueves. Piensas que algo así puede ocurrir en Hungría, en Polonia... pero que pase aquí no te lo crees.

Creo que todo esto es un mal síntoma y demuestra lo poco importante que la democracia es para el capital, que es algo que ya estábamos viendo en regímenes como el de Putin en Rusia, el propio Erdogan o China. Lo que está ocurriendo encaja dentro de un movimiento global neoliberalista que no necesita de una democracia, lo que ya se ensayó en Chile durante la dictadura con la escuela de Chicago. Y que España se apunte a ese rol con tanto entusiasmo resulta preocupante.

A nivel personal lo que me está pasando lo relaciono con una enfermedad terminal. Es un shock parecido en el sentido de que tienes que aprender a convivir con eso, con la idea de que tu nueva condición es la de una persona que puede ir a la cárcel mañana. En mi entorno la gente tiende a quitarle importancia y desde el primer momento abogados, amigos o periodistas me decían que la demanda no iba a ningún lado. Pero yo siempre he sabido que en realidad era algo mucho más grave de lo que parecía.

Lo que a Def Con Dos nos ha sacado adelante es el apoyo de la gente, que ha sido inmediato. Una oleada de apoyos que ha ido desde Ayuntamientos, que nos han llamado para tocar como demostración de que creen en mi inocencia, hasta el apoyo en las redes sociales y la renovación de nuestro público. Y de hecho lo que hemos querido hacer con este disco es aprovechar la ola que ha querido arrollarnos y difamarnos, coger la tabla Def y ponernos a surfear en ella para evitar que el tsunami nos aplaste.

¿En qué momento Def Con Dos empieza a trabajar en #trending_distopic?#trending_distopic

En febrero de 2016, cuando se supo que esto iba a ser juzgado por el Supremo. Inicialmente, como sabes, se archivó por De La Mata, pero se recurrió con una petición de ampliación de la pena a 4 años de cárcel por injurias al rey, algo que finalmente se desestimó.

De hecho el single Que tú nos persigas... tiene más de un año. Lo que ocurre es que hemos ido cambiando la idea conforme se desarrolla toda esta historia: la evolución del tema judicial ha ido condicionando la canción. Cuando fui absuelto la canción tenía sonidos enlatados de telediarios dando la noticia de la absolución. Pero yo no las tenía todas conmigo de que la historia se fuera a quedar ahí. Básicamente por el perfil del fiscal Carlos Bautista.

¿A qué se refiere?

Todo está publicado en el Eldiario.es, ABC y El Mundo. Carlos Bautista tenía una cuenta anónima en Twitter a través de la cual criticaba a sus compañeros de la Audiencia Nacional. Iba de 'progre' y hacía comentarios del tipo de que la Guardia Civil se había portado como la Gestapo en el caso de los disparos con pelotas de goma a inmigrantes en Ceuta. Aprovechaba también para mofarse de algún compañero porque se había tomado un vinito, de otro porque todos los días llegaba tarde... En fin, ese tipo de cosas, chistecillos. Hasta que lo descubren y él consternado reconoce su culpa, es amonestado por la Audiencia Nacional y de alguna forma busca redimir esa culpa cambiando su punto de vista hasta convertirse en un Fiscal ultraconservador que es el azote de Twitter.

Cuando entiendes todo esto te das cuenta de que estás metido en un tinglado mucho más complejo. Así que cuando me decían que todo estaba superado yo ya imaginaba que tal vez no fuera así, porque además ya había antecedentes en el Supremo de un giro ultraconservador con respecto al criterio de la propia Audiencia Nacional. Cuando llegó la condena en enero el disco ya lo estábamos grabando y tuvimos que cambiar el final de la canción.

Ese latiguillo final en el que se dice “Pues esto ya no sé si mola”...

(Risas). Sí, exacto. Eso es una conclusión a posteriori, porque el disco llevaba grabado desde hacía mucho. En definitiva, que desde que empezamos a principios de 2015 yo lo he pasado muy mal, he estado anímicamente fatal, y enfrentarte a un disco era muy complicado. 

Creo que su abogado escuchó previamente el disco para asegurarse que no había nada punible en las canciones.

Sí, teníamos que asegurarnos, pero no hubo que cambiar nada.

Prácticamente se puede decir que #trending_distopic es un álbum conceptual sobre la libertad de expresión. ¿Llegó en ese proceso de maduración del disco a alguna conclusión a la que no hubiera llegado antes?#trending_distopic

No hemos querido hacer un disco monográfico, pero tampoco que pareciese que intentábamos esquivar u olvidar este tema, sentirnos ajenos a él. En ese punto, cuando no sabes si te van a meter en la cárcel o no, el disco ha seguido para adelante gracias a la incorporación de nuevos miembros, gente que antes que nada eran fans, gente que ha crecido con Def Con Dos, tienen menos de treinta años y saben muy bien ver el grupo como tú ya no puedes.

Ellos, sobre todo el nuevo cantante Samuel Barranco, han sido los que han propuesto y planteado qué dirección tomar. Por eso yo creo que #trending_distopic es un disco que reivindica lo que es Def Con Dos más allá de las manipulaciones que vienen de un lado o del otro. Porque vivimos en un país de trincheras.

¿Se refiere a que se le vincula a Podemos?

Bueno, yo no tengo ningún problema con Podemos. Ayer estuve en una mesa redonda con Rafa Mayoral y Guillermo Zapata sobre libertad de expresión. El hecho de que Eduardo Inda se refiera a mí como “el rapero podemita César Strawberry” me llena de orgullo y satisfacción. Como también me llena de orgullo y satisfacción que OK Diario, pese a que siempre me pongan verde, haya sacado un artículo en el que criticaba mi sentencia. ¿Por qué? Porque la sentencia ha causado tanta alarma que todo el mundo empieza a sentirse amenazado.

Lo curioso es todo lo que ha ocurrido ha venido a darle la razón a esa visión que Def Con Dos ha mantenido durante 25 años denunciando un sistema opresor y coercitivo...

Sí, porque nosotros somos un grupo de gente muy veterana, yo tengo 53 años, pero el mensaje de Def Con Dos no ha envejecido, todo lo contrario. Recuerdo que en los 90 la revista MondoSonoro nos tomaba a coña, decían que lanzábamos mensajes mesiánicos. Era el momento en que parecía que íbamos consiguiendo una serie de libertades que iban a más sin arreglar el trasfondo del Régimen. Era el momento del “España va bien”, del boom inmobiliario, todos ganábamos pasta y accedíamos a una vivienda de manera facilísima, y eso obnubiló a todo tipo de personas.

Nuestro mensaje aparecía canciones como Ultramemia -que parece un retrato de lo que está pasando hoy- Que no te cojan, Los días pasan mal o Mundo chungo, que en 2005 cuenta exactamente lo que me ha pasado a mí y tiene un videoclip en el que un tipo está en internet, llega la policía, le detiene... Y por eso un grupo como Def Con Dos, del que podías dudar que tuviéramos un trasfondo serio y parecía que mucha peña no nos pillaba, ahora se entiende mejor. 

Bueno, el grupo nunca ha escondido su punto humorístico y satírico.

Sí, porque esa siempre ha sido nuestra bandera, la irreverencia y la provocación. Las cosas más serias las han vaticinado siempre los grandes humoristas. Parece que para hablar de cosas serias hay que ponerse muy serio siempre, pero a mí eso me parece un error. Como grupo siempre hemos tensado la libertad de expresión precisamente para que no se contraiga, y dentro de ese contexto es donde se enmarcan los propios tuits. Esa es mi finalidad como provocador, porque palmo de terreno que cedes, palmo de terreno que no recuperas en derechos y libertades.

¿Qué ha cambiado en España para que algo de más o menos gusto pero que socialmente estaba totalmente asimilado como es el humor negro, se convierta en objetivo del poder político y judicial?

Después del crack del 2008, que responde perfectamente a la Doctrina del Shock que vaticinó Naomi Klein, han visto claro que tenían muy fácil aprovechar ese espasmo y ese miedo en el que ha caído la sociedad para dar un paso más en la instauración definitiva de las teorías económicas de Von Hayek que arrancaron con la alianza entre Thatcher y Reagan. Esto es, imponer las teorías de la Escuela de Chicago a todos los niveles a través de la política del miedo.

A lo largo de todo este proceso yo me he dado cuenta de que lo que buscan no es tanto meter a la gente en la cárcel, porque eso generaría demasiado estupor, como aplicar la teoría de las denuncias de castigo. Es lo que también hicieron en el caso de Rita, Zapata o Facu: someterte a la pena de banquillo y a una sobreexposición pública que no seas capaz de manejar y termine por hundirte. Porque a lo mejor a partir de estos casos empezamos a estar preparados para esto, pero hasta ahora no.

Lo comentaba en esa mesa redonda: la aparición de Rita Maestre ante el tribunal fue patética, apareció amedrentada y vestida de monja seglar explicando que había recibido ya la absolución del Arzobispo de Madrid... ¿Pero tú no eres una militante de izquierdas desde joven? No te avergüences de ello, porque estás ante una persecución, mantén tu inocencia y mantén tus principios. Que todos somos humanos y es comprensible a nivel emocional ese comportamiento, pero lo que buscan es eso, porque esa imagen ha hecho más daño a un determinado sector político que el hecho en sí de que hubiera una condena.

Con Guillermo Zapata y Facu Díaz, que además es íntimo amigo mío, ocurrió lo mismo, tuvieron que hacer actos de contrición pública preventiva cuando en realidad han terminado siendo absueltos. Luego, los inquisidores han terminado ganando, porque lo que buscaban era eso. Y se ha abierto la veda en el mundo de la cultura para que ocurra esto.

Antes ocurría en el contexto vasco, por ejemplo la persecución continuada que han sufrido Soziedad Alkohólica que alcanzó tintes mafiosos con presiones y amenazas a las salas en las que iban a tocar: “Te vamos a hacer una inspección y te vamos a hundir”, “te vamos a dejar cocaína en el baño”,… Y todo habiendo comparecido el grupo tres veces en la Audiencia Nacional y habiendo salido absuelto las tres. Ese precedente hay que saber que ha existido para entender esa búsqueda del miedo y la autocensura en nuestra sociedad

¿Cree que la sociedad española ya ha cambiado como consecuencia de ese miedo?

Sí. Yo soy una persona que conozco muy bien el miedo, porque mi trayectoria personal va muy vinculada desde pequeño a él por razones lamentables…

¿Puede explicar a qué se refiere?

Yo he sufrido abusos sexuales en mi infancia y eso te deja estrés post-traumático. El estrés post-traumático, que padecen aquellos que han sufrido algún tipo de violencia extrema, hace que permanentemente tengas unos miedos que, si no los tratas, constantemente encienden una mecha que acaba vinculándote a ese miedo del pasado y hace que termines confundiendo realidad con ficción y viviendo una constante pesadilla. En mayor o menor medida esto le pasa a todo el mundo, miedos e inseguridades adquiridos desde la infancia, aunque no sufras estrés post-traumático. Y cuando hay una amenaza y el Estado infunde miedo se produce un fenómeno parecido.

Ahora mismo yo conozco a mucha gente que ha sufrido estos ataques de pánico y se han lanzado a borrar todo su pasado digital. De hecho yo mismo he intentado ser prudente, porque cuando tienes un equipo de la Guardia Civil interceptando tus comunicaciones y con una copia de tu móvil en el CNI, no te queda otra que actuar así.

Dice en una de sus pocas entrevistas, pero siempre lúcidas, Rafael Sánchez Ferlosio que “la normalidad es el refugio ficticio de la mentalidad burguesa”, y es cierto. A menudo aspiramos simplemente a que nos dejen en paz. Pero esa paz ha dejado de existir. No te puedes refugiar en una normalidad que no existe. El frente de la libertad de expresión es sólo uno más en un contexto de recortes de derechos de todo tipo: educación, sanidad, condiciones laborales, etc. Y la consecuencia de ello es que o perdemos el miedo y aprendemos cómo combatirlo haciendo de ello una causa sin la que no podemos seguir viviendo o estamos perdidos. Cómo va a seguir avanzando una Sociedad cuando se quiere criminalizar hasta la ficción, que es lo que ocurrió en el caso de los titiriteros.

Equiparar palabras con hechos es algo aberrante que no tiene cabida en ningún marco democrático, tan solo en el paranoico de una dictadura. Y esto no lo digo yo, sino el juez Pedraz en uno de los cinco autos de archivo que hizo en el caso Zapata. La española es una sociedad tradicionalmente cercana al escarnio y al humor negro, desde los tiempos de Quevedo. ¿Y qué pasa con las chirigotas? ¿También las van a prohibir por ridiculizar a los políticos? Hay que plantar cara, defender nuestra inocencia y defender nuestros derechos elementales reconocidos en los acuerdos que España tiene firmados con la Unión Europea.

¿Qué movimientos están haciendo de punta de lanza en esa defensa? ¿O todo se reduce a acciones individuales?

Yo planteo dos líneas de acción. Por un lado la individual. Por otro la acción a través de partidos políticos. Podemos presentó en el Parlamento una proposición de derogación del delito de enaltecimiento. Es tan chapucera que creo que no va a ir a ningún lado, tendría que haberse presentado de otra manera para que prosperara. Pero aunque critique su estrategia es loable que un partido con 70 diputados lo plantee en el Parlamento. En cualquier caso hay muchos movimientos en diferentes ámbitos que reaccionan ante barbaridades como la condena de Valtonyc a tres años y medio.

¿Hay esperanza en las instituciones europeas?

Sí. De hecho mi causa continúa: ahora mismo mi caso está pendiente de un recurso de nulidad ante el propio Supremo. Si el recurso de nulidad no prospera acudiremos al Constitucional, donde ya hay jurisprudencia sobre este tipo de delitos de opinión en las que se establece claramente que hay que contextualizar las palabras por las que se enjuicia.

El propio magistrado Perfecto Andrés en su voto particular dice que los tuits no son “líterosuficientes” para considerarlos delitos. Veremos qué es más fuerte si la jurisprudencia o las influencias políticas. De ser así y no declararme inocente recurriremos al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Sin duda alguna será admitido a trámite y sin duda alguna me devolverán mi condición de absuelto para bochorno de España, que no para de acumular amonestaciones y cambios de criterio por sentencias que vienen de Estrasburgo.

Porque en realidad no es que la Justicia esté podrida ni funcione rematadamente mal en España; de hecho funciona bastante bien en líneas generales. Pero de cuando en cuando ocurren este tipo de cuestiones que destruyen el prestigio de la Justicia española en Europa.

¿Cuál es el problema? Que la Ley en España deja un amplio margen a la interpretación del juez y eso lleva a que el criterio judicial depende de quién te toque. Cuando sabes que estás perdido si a la hora de que te juzguen son Enrique López y Espejel, que son amigos de Cospedal, es que nuestro sistema tiene un problema muy serio.

En estos últimos años, cada vez resulta más difícil intentar explicar a los conciudadanos europeos lo que está pasando en España con el Derecho penal antiterrorista aplicado a determinados actos de comunicación. Procesos como los dirigidos contra César Strawberry o Valtónyc generan verdadero estupor al norte de los Pirineos cuando uno cuenta qué es lo que ha motivado el procesamiento o la condena (la reacción es siempre de incredulidad: “Ya, pero seguro que debió decir algo más, ¿no?”; “Pero ¿no estaba además incitando a hechos concretos?”).

Es cierto que la nueva regulación de los delitos de terrorismo de 2015 (cuando el entonces secretario general del PSOE estaba aún en el sí es sí, en la seriedad institucional y el “Pacto de Estado” con la organización que entonces y ahora controlaba el Gobierno del Estado) cambió por completo el sistema de definición –ampliándolo enormemente– de estas infracciones que ha estado en vigor más cuatro décadas, la regulación que ha acompañado todo el ciclo del terrorismo de ETA desde la transición hasta el cese de la violencia.

En efecto: las posibles repercusiones de la reforma de 2015, más allá de los primeros casos que estamos conociendo, son potencialmente gravísimas. Las novedades que introduce la reforma son de un alcance extraordinario, y pueden llegar incluso mucho más allá de lo que se ha visto hasta ahora: piense que se introduce hasta el delito de colaboración con el terrorismo por imprudencia; se ha llegado más lejos que en ningún otro ordenamiento occidental a la hora de incluir delitos extraordinariamente vagos y que pueden aprehender comportamientos de lo más variado.

Sin embargo, lo cierto es que aún no hay muchos procesos en los que se recurra a la nueva regulación, ya que la reforma entró en vigor en 2015, de manera que sólo puede aplicarse a hechos cometidos con posterioridad. La reforma no explica la deriva. En efecto: ya antes de esta última reforma podía advertirse que no sólo ha habido una escalada legislativa, que ahora culmina con la reforma de 2015, sino que también la jurisprudencia de los (algunos) tribunales españoles ha sufrido una evolución expansiva desde hace años atrás.

Parece claro que, por un lado, la evolución habida forma parte de la absolutización de la idea de prevención fáctica de atentados terroristas. Hay una especie de mantra colectivo consistente en asumir que ante la violencia desatada del terrorismo es decisivo el concurso del Derecho penal para evitarla. En función de este punto de partida, parece que debe adaptarse el ordenamiento penal específicamente, aunque sea transgrediendo ciertas reglas básicas que están en el corazón de nuestra identidad constitucional como “Estados de Derecho” y limitan el poder del Estado.

Como recientemente “argumentó” Donald Trump: la tortura es efectiva, ergo usémosla para “proteger vidas americanas”. En consecuencia, en materia de terrorismo se proponen abiertamente unas reglas jurídico-penales ajenas al sistema constitucional, un “Derecho penal” del enemigo separado del común, del “Derecho penal del ciudadano” (otra cosa es que estas normas “excepcionales” acaban normalizándose y contaminando otros sectores del ordenamiento).

Sin embargo, para comenzar –antes de ponerse a ponderar si merece la pena sacrificar tal o cual principio para optimizar la prevención– hay que señalar que las cosas no son tan sencillas, en absoluto. La prevención fáctica, la evitación de delitos terroristas es extremadamente difícil, y desde luego no se consigue sólo con el Código Penal, no se alcanza prohibiendo determinadas manifestaciones públicas. Si bien la cuestión excede del campo de competencia del jurista, sí parece claro que una “solución” a largo plazo de cualquier fenómeno terrorista pasa por la desecación ideológica del campo social que pretenden dominar los terroristas.

Es decir, que sólo desactivando la situación de conflicto que las organizaciones terroristas utilizan como palanca para construir su hegemonía se puede prevenir duraderamente que surjan nuevas oleadas de terrorismo: la mera represión no puede alcanzar este objetivo. En consecuencia, en relación con la actual oleada de terrorismo yihadista, es imprescindible avanzar en políticas públicas que, por un lado, bloqueen procesos de creación de guetos sociales en la población de referencia en los países de Occidente, y, por otro, redefinan el papel de las potencias occidentales en el sustento de regímenes autoritarios en el mundo árabe y musulmán, y, sobre todo, en el apoyo a la política de ocupación de facto de territorio palestino por parte del Estado de Israel.

Como parece claro, establecer estas políticas no es sencillo y no pueden tener efectos a corto plazo. Por otra parte, en el ámbito de la Unión Europea, contrasta el enorme despliegue de dispositivos jurídico-penales y policiales específicos y la inacción y falta de planificación completas en las políticas de prevención en esta línea.

Volviendo a las condenas penales por manifestaciones públicas, lo primero que hemos de recordar es que la Audiencia Nacional es un tribunal especial, una anomalía en la demarcación judicial, en la determinación del “juez natural”, que no existe en otros países de Occidente. De hecho, mientras que es normal que haya fiscalías especializadas, no lo es que existan tribunales con competencias especiales respecto de todo el territorio del Estado. Así las cosas, la Audiencia Nacional se convierte en un tribunal en el que se concentran, a mi juicio, demasiados procesos que generan un altísimo interés en los resortes del poder político-económico, no sólo en materia de terrorismo, sino también en Derecho penal económico. No encuentro ninguna razón organizativa sólida para esta concentración y tengo la impresión de que sería mucho mejor que no existiera tal y como está configurada hoy.

Procesos como los mencionados antes son la punta del iceberg de una aplicación muy irreflexiva de los delitos de terrorismo. La regulación del Derecho penal antiterrorista en España es una versión particularmente intensa de una verdadera banalización legal del terrorismo. Precisamente en estos casos es especialmente importante la interpretación que haga la jurisprudencia. Sin embargo, no podemos seguir confiando –como muchos hemos hecho– en que determinadas normas legales vagas o sobredimensionadas siempre vayan a ser corregidas por un poder judicial que tenga el sentido común del que el legislador muchas veces carece. Lo que entra en la Ley, tarde o temprano produce una actuación del sistema penal.

Ha habido y está habiendo en España procesos penales, y también condenas, que suponen una grave quiebra del ordenamiento jurídico y constitucional, puesto que se refieren a hechos que carecen de relevancia penal de modo evidente, y lo hacen en un contexto en el que estos procesos se integran en una determinada estrategia política implementada por la Fiscalía. En algunas ocasiones, en estos procesos los tribunales que han dictado sentencia –el caso probablemente más claro es la reciente sentencia del Tribunal Supremo en el caso de César Strawberry– han hecho una interpretación a mi juicio delirante del delito de enaltecimiento (art. 578 CP).

Se piense lo que se piense sobre esta infracción –que no existe en los países de nuestro entorno–, sólo tiene sentido en una situación de una organización terrorista en activo. El especial contexto de presión difusa y amenaza colectiva que supone una organización terrorista en activo, dispuesta a atentar, es lo que es la base de un delito como el de enaltecimiento/humillación. Que hoy se condene a alguien por hacer chistes –aunque sean de mal gusto, eso es irrelevante– mil veces oídos sobre la muerte del almirante Carrero Blanco, es decir, que el Tribunal Supremo de la España de 2017 condene a un ciudadano por denigrar, como víctima del terrorismo, al presidente del gobierno de una dictadura militar (torturadora y asesina, no se olvide), muerto en un atentado de una organización terrorista que ya no existe como tal, cometido hace más de cuarenta años, parece un mal sueño, una alucinación.

O el caso de los titiriteros, en el que un juez central de instrucción que no sabía nada de nada de la obrilla que se representaba, sí confiaba lo suficiente en un atestado policial como para mandar a prisión provisional sin fianza, bajo aplicación de la Ley antiterrorista, a los dos sujetos que manejaban las muñecas, cuando hubiera bastado leer el guion de la obrilla para inhibirse a favor de la crítica teatral… un vodevil, un esperpento.

En este sentido, no hay nueva redacción legal que “obligue” a los tribunales a hacer lecturas tan extremadas de las normas del Código Penal. No se trata sólo, entonces, de que esté en juego la libertad de expresión (en el sentido de que pudiera ser una conducta delictiva, pero permitida excepcionalmente por preservar la libertad de expresión) –que también–, es que ya antes de esa consideración, esta clase de condenas parten de una comprensión muy deficiente de la Ley tal y como está en vigor, o sea, que a mi juicio implican mala técnica jurídica.

¿Por qué pasa esto con tanta intensidad en España? Se trata de una cuestión difícil, que no tiene una explicación sencilla.

En las últimas décadas, en todos los ordenamientos penales occidentales cabe constatar una enorme expansión de las normas penales. Esta tendencia existe desde hace mucho tiempo, y deriva de la idea de que una “democracia militante” no puede permitir (e incluso debe castigar con penas criminales) determinados discursos públicos –como en Alemania es delictivo exhibir los símbolos nazis–, partiendo de la idea de que no se puede ser “tolerante con los intolerantes”. Como es obvio, el acceso masivo a la difusión potencialmente amplísima de toda clase de contenidos que suponen internet y las redes sociales ha echado mucha leña a este fuego.

En parte, se trata sencillamente de un proceso de adaptación del ordenamiento penal a los cambios en la estructura social, imprescindible en un sistema jurídico que debe servir a la sociedad en cada momento y adaptarse a su evolución. Sin embargo, en parte tenemos una verdadera “huida” irreflexiva al Derecho penal que, efectivamente, traspasa múltiples ámbitos antes sometidos a otros mecanismos de control social respecto de las conductas desviadas.

Por un lado, la explicación, tengo la impresión, está en un deterioro del debate político-criminal, en la utilización espuria de la legislación criminal por parte de determinados agentes políticos: aparece el llamado “Derecho penal simbólico”, una degeneración de la comunicación política que pretende resolver todo (y tranquilizar a la ciudadanía) con nuevas normas penales. ¿Que la violencia machista es intolerable? Subimos las penas o creamos nuevas infracciones. ¿Que hay actos de racismo y discriminación? Ampliamos los delitos de odio, subimos las penas… Se atribuyen efectos mágicos al Derecho penal, en vez de reconocer la complejidad de determinados conflictos sociales y que no existe una solución inmediata –y sobre todo, la legislación penal tiene coste cero–: se sigue sobrecargando de trabajo a un sistema judicial espectacularmente infradotado (¿casualidad?), sin necesidad de identificar partidas presupuestarias para hacer algo en la raíz de los problemas.

Por otro lado, cabe decir que parte de la explicación del recurso cada vez más frecuente e intenso al ordenamiento penal, más allá de los abusos de cierta política, está en una necesidad de fijar la identidad social que ya no es satisfecha por otros mecanismos informales de control social. Una sociedad valorativamente atomizada recurre con mayor frecuencia al Derecho. Dicho con un ejemplo: si ya no existe una moral social sexual colectiva mayoritaria, parece necesario que sea el Código Penal el que determine, por ejemplo, por debajo de qué edad mantener relaciones sexuales consentidas con un menor es delito.

Sin embargo, aunque puede hablarse de una tendencia europea común, el caso de España es único en Europa occidental: aquí se penaliza la mera manifestación de determinadas ideas, mientras que el denominador común en las regulaciones de los países vecinos (y de las normas de armonización de la Unión Europea en esta materia –diga lo que diga el legislador español, que sistemáticamente pone en la boca de Bruselas palabras que nunca pronunció–) es la idea de que el comportamiento sólo puede castigarse penalmente si implica graves consecuencias más allá de la mera comunicación, es decir, si lo dicho implica llamar a la violencia, fomentar expresamente la realización de delitos en el futuro. Para encontrar una regulación como la española, en Europa (geográficamente hablando) hay que mirar más al Este: Turquía, Bielorusia, o la Federación Rusa…

¿Por qué? Por un lado, llama la atención el hecho de que esta política represiva comienza en España a partir del año 2000, cuando se introduce el delito de enaltecimiento del terrorismo y ha ido incrementándose su aplicación de un modo notable últimamente. O sea, que se expande su aplicación en el momento en el que el terrorismo de ETA primero entra en declive operativo y se agudiza cuando ya no hay terrorismo originado en el separatismo vasco.

La existencia de un control penal intenso de las manifestaciones públicas siempre refleja la inseguridad de un colectivo social. Como es sabido, en los EEUU –un país con una identidad nacional fuerte– los tribunales interpretan que actos de rechazo a la nación, como quemar una bandera, deben estar cubiertos por la libertad de expresión. Aquí, en cambio, seguimos con el delito de ultrajes a España o el de injurias al Rey, ofreciendo un campo de juego divertido a quienes queman banderas o fotos del monarca… Por otra parte, seguro que cuarenta años sin libertad de expresión –una experiencia única en los países de nuestro entorno– algo tienen que ver: cuando uno ve los delitos de injurias al Rey (infracción que llevó a la condena de España en el caso Otegi por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), o el de “ultrajes” a España, a sus comunidades autónomas o sus símbolos, es imposible dejar de ver en ello un relicto autoritario.

“Casos como el de César Strawberry son una aberración jurídica”. Así ha cualificado la reciente condena al músico de Def con Dos la abogada penalista y defensora de los derechos humanos, Laia Serra, en las primeras jornadas Bcn vs. Odio, impulsadas por el Ayuntamiento de Barcelona y que han tenido lugar este jueves y viernes en la capital catalana.

Serra ha criticado la condena del cantante de forma contundente, y lo ha hecho rodeada por el mismo Strawberry, por el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, y por el subdirector de eldiario.es, Juan Luís Sánchez. Todos ellos han reflexionado sobre los riesgos de las vías represivas para la libertad de expresión, con especial atención al odio –y los procesos penales que comporta– en las redes sociales.

“La limitación de la libertad de expresión respecto al odio debe ser el último peldaño de la escalera, antes hay que aplicar medidas sociales o educar de forma crítica también para actuar en el ciberespacio”, ha destacado Serra, poco después del inicio de esta segunda jornada, y en referencia a la citada condena a Strawberry.

La abogada, en una sentencia que toda la mesa ha aplaudido, ha reivindicado “cuerpos administrativos intermedios” a la hora de atajar los delitos de odio. Según la trabajadora del Observatorio Contra la Homofobia (OCH), actualmente “las herramientas que tenemos son de brocha gorda, cuando este es un problema de bisturí”. En el mismo sentido, Serra, se ha referido a la importància de escuchar las recomendaciones internacionales sobre el tema, que advierten de la necesidad que haya “infracciones catalogadas como delito penal y otras administrativas”.

Por su lado, Strawberry, que hace unas horas tildaba de “tan ilegal que escandaliza” su propia condena (el Supremo anulaba la absolución dictada por la Audiencia Nacional y condenaba al cantante a un año y seis meses de prisión por la publicación de seis tuits), ha hecho hincapié sobre la clave de romper con el derecho penal aplicado a la libertad de expresión. “Se está imponiendo una corrección política que te invita a callar, así le hacemos el favor a la dictadura”.

Strawberry, que ahora está en manos del Tribunal Constitucional para resolver su causa (acudirá a Estrasburgo como última instancia), ha redundado en la autocensura que supone asumir el miedo a las condenas: “¿Hay que quemar los discos de los New York Dolls? ¿El dadaísmo es ahora ofensivo? Estamos asumiendo una corrección política que casa con la ley Mordaza”, ha destacado el músico de Def con Dos, que se ha mostrado especialmente preocupado por la jurisprudencia que sienta su caso y que permitirá –en el mejor de los casos hasta que resuelva el TC– juzgar con la misma contundencia hechos similares al suyo.

En este sentido, el subdirector de eldiario.es, Juan Luis Sánchez, ha recordado que actualmente se producen siete juicios esta la semana por enaltecimiento del terrorismo en redes sociales. De ahí “la necesidad de reflexionar sobre la discriminación por odio”, ha añadido Esteban Ibarra.

El director del Movimiento contra la Intolerancia ha ahondado en la idea del odio, una forma “brutal” de discriminación, recordando que, desde su fundación, la plataforma que representa ha registrado 92 asesinatos por odio y más de 4.000 denuncias. “La libertad de expresión sin límites no ampara la libertad de agresión”, ha zanjado.

Críticos con las decisiones entorno al bus tránsfobo

Ya en el final del debate, los ponentes se han referido también al autobús del grupo ultracatólico HazteOir, paralizado en Madrid esta semana por sus mensajes tránsfobos. El más crítico con las medidas adoptadas por las diferentes instituciones respecto al bus ha sido Esteban Ibarra, que ha especificado que él “no utilizaría la vía penal con el bus”. “No tiene recorrido, HazteOir está protegido”, ha añadido.

Más allá, el representante del Movimiento contra la Intolerancia, ha afeado que Madrid –también Barcelona anunció que seguiría esa misma estrategia– haya usado “el reglamento de la publicidad, y no la ley LGTBI, para paralizar el bus”.

Strawberry había expresado unas horas antes también su disconformidad con la decisión judicial: “No estoy de acuerdo con que la Policía inmovilice un autobús por un cartel”. El músico ha lamentado este viernes además el efecto Streisand (fenómeno de Internet en el que un intento de ocultamiento de información fracasa y acaba siendo ampliamente divulgada) alrededor de HazteOir.

La abogada Laia Serra ha dado un nuevo enfoque al debate, advirtiendo que “las instituciones deben estar al lado de los colectivos”, más allá de la vía judicial. “Tenemos fuerza para ridiculizar todo esto, porque sino haces una campaña de publicidad a la caverna”.

El músico Cesar Strawberry acaba de posicionarse en contra de la decisión de la Fiscalía de pedir la inmovilización del autobús tránsfobo con el que HazteOir pretende recorrer varias localidades españolas.  En declaraciones a eldiario.es, Strawberry asegura: “Todo lo que sea reprimir la libertad de expresión me parece un atentado contra los derechos fundamentales de las personas. Hay que aprender a leer y escuchar cosas con las que no estamos de acuerdo. No estoy de acuerdo con que la Policía inmovilice un autobús por un cartel”. 

El pasado mes de enero, el Tribunal Supremo condenó al cantante de Def Con Dos por seis tuits en los que ironizaba con la vuelta de ETA y el GRAPO. Pese a estar en las antípodas ideológicas de la organización ultracatólica HazteOir, Strawberry asegura: “Una sociedad plural necesita pluralidad de opiniones. En el caso del autobús, si quieres contrarrestar su opinión, lo mejor que puedes hacer es poner otro autobús”. 

En la misma línea se posiciona el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González: “Creo que no hay ninguna infracción penal. Igual que criticamos cuando un mensaje en Twitter es objeto de sanción penal, esto forma parte de la libertad de expresión y está en el territorio de las ideas”.

González asegura que rechaza los argumentos de HazteOir pero que defiende su derecho a difundir sus ideas. Para el portavoz de esta asociación progresista de jueces, “HazteOir ha conseguido su objetivo: tener toda la atención mediática que estaba buscando”.

La defensa más tibia para HazteOir llega desde la Asociación Profesional de la Magistratura. El portavoz de esta asociación conservadora, Celso Rodríguez, cree que “cada día la gente demanda mayor amplitud del derecho a la libertad de expresión”, pero aclara que “ningún caso es igual”.

Rodríguez no se moja: “No me atrevería a decir si el hecho de que este autobús se pasee por Madrid con ese mensaje tan escueto y claro es o no un delito. Tendría que pensarlo mucho”.    

Los juristas están instalados en la duda permanente sobre los nuevos delitos vinculados a la expresión de opiniones. Así quedó de manifiesto en el caso de Strawberry, que encontró una sentencia absolutoria en la Audiencia Nacional y una condena cuando su caso llegó al Supremo.

Con respecto al autobús de HazteOir, la Fiscalía argumenta que su presencia en las calles supone “la creación de un sentimiento de inseguridad y temor” entre los ciudadanos por razón de su identidad. En este caso hay, además, una novedad: la presencia de menores en la ecuación jurídica que habrán de despejar los tribunales. 

Valencia iba a ser la siguiente parada del vehículo, según los planes de la organización ultracatólica. La alcaldía de la ciudad ya ha advertido que no es bien recibido. La portavoz del PP, Isabel Bonix, afirma lo contrario: ha exigido “respeto” y libertad“.