El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado a la Audiencia de Málaga que dicte una nueva sentencia en el caso en el que fue absuelto el exedil de Benalmádena Francisco Salido por unas ayudas concedidas en 2011 a una asociación local para un comedor. Así, se estima parcialmente los recursos, pero solo cuanto al delito de infidelidad en la custodia de documento.

Un jurado popular consideró no culpable al entonces edil de Bienestar Social de los delitos de infidelidad en la custodia de documento y de malversación de caudales públicos en relación con el convenio suscrito por el Ayuntamiento con una asociación local para destinar ayudas a actuaciones de carácter social, como un comedor, y los documentos relacionados con estas subvenciones.

La magistrada-presidenta de dicho tribunal dictó una sentencia en la que absolvía al acusado de los dos delitos; pero ahora el TSJA ha estimado parcialmente los recursos de las acusaciones y anula dicha resolución, instando a que se dicte otra por la misma magistrada “y, con libertad de criterio, en relación al delito de infidelidad en la custodia de documentos, se motive y argumente la comisión o no del mismo por el concejal”.

“No era por ello responsable”

Así, se insta a que se llegue “a una conclusión condenatoria o absolutoria por dicho delito” en la nueva sentencia, “tomando en consideración lo que el jurado ha declarado probado desde un punto de vista no técnico ni jurídico, complementándolo, analizándolo y desgranado en derecho sus consecuencias”; pero “manteniendo su contenido respecto del delito de malversación de caudales públicos que se confirma íntegramente”, por lo que se mantiene la absolución.

En cuanto al delito de infidelidad de documentos, según la sentencia dictada en su momento, este acusado, “si bien era el concejal del Ayuntamiento de Benalmádena encargado del Área de Bienestar Social, no era por ello responsable de la custodia de los expediente y la documentación relativa a los procedimientos seguidos en dicha área”.

Se consideró probado que una vez iniciado expediente para comprobar el correcto cumplimiento del convenio, Salido junto con dos de los acusados “retiraron de las dependencias de la Unidad de Bienestar Social copia de las facturas entregadas como anexo” en la memoria justificativa de la subvención 2011 a 2012 y toda la documentación de otras ayudas.

En este sentido, el Tribunal de Málaga se mostró de acuerdo con que se retiró la documentación “sin firmar ningún documento justificando”, pero añadía que cuando Intervención solicitó dicha información los acusados “entregaron la que tenían hasta ese momento”, apuntando que “los gastos están justificados”.

“No se analiza por qué y en qué condición extrajo documentación”

Ahora, el TSJA señala que “si bien el concejal podría no ser el custodio directo de la documentación, no puede excluirse sin más que era el responsable político y de gestión que incluiría al menos cierta responsabilidad en el deber de custodia”, y en tal sentido “no se analiza en la sentencia el alcance jurídico de por qué y en qué condición extrajo la documentación pese, al parecer, la oposición del jefe de servicio”.

“Es incontrovertido que en su condición de concejal se llevó la documentación y no se motiva suficientemente en la sentencia su responsabilidad jurídica sobre la custodia de los documentos y consecuencias normativas de ello sobre el hecho enjuiciado, ni con qué finalidad se llevó la documentación; cualquier otra persona no hubiera podido hacerlo en las circunstancias en que se verificó”, dice el alto Tribunal andaluz.

Por eso añade que “la ausencia de motivación al respecto en la sentencia de la magistrada, que se limita a reproducir la conclusión del jurado en este aspecto, conculca derechos fundamentales en relación al derecho a la tutela judicial efectiva que exige una respuesta fáctica y jurídica, razonada y razonable, a todos los aspectos que son sometidos a debate en el juicio oral”.

Esto lleva a declarar la nulidad parcial de la sentencia dictada, como así se solicita subsidiariamente por el ministerio fiscal, “para que por la magistrada-presidenta, respetándose su decisión y argumentación respecto del delito de malversación de caudales públicos que confirmamos y que deberá permanecer invariable, dicte otra” en relación al de infidelidad en la custodia de documentos y “se motive y argumente la comisión o no del mismo” por el exedil.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se pone de perfil en los asuntos que en los últimos meses han cuestionado la buena marcha de los medios públicos gallegos. La última vez que dio un toque de atención a la CSAG, antes CRTVG, fue en noviembre de 2025, como reacción a los malos datos de audiencia. Este lunes ha rechazado pedir explicaciones por la relación entre la TVG y la productora de Roberto Vilar, su estrella televisiva. La empresa ha sido condenada por despido improcedente e impagos a un guionista del programa Land Rober. Rueda le ha quitado importancia: “Seguro que no será el único caso”.

El jefe del Gobierno gallego evitó este lunes dar su opinión sobre el asunto y se remitió a que no conoce los pormenores, a que la cuestión ya ha sido vista por una jueza y a que no hay una relación contractual directa con los medios públicos.

La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condena a Destino Bergen, que es la productora de Vilar, a pagar una cantidad superior a 40.000 euros a un guionista de Land Rober-Tunai Show por haberlo despedido de forma improcedente en 2024 y por pagarle menos de lo que fija el convenio estatal del sector audiovisual. La empresa trató de justificar en el proceso judicial que las cantidades asignadas de las arcas públicas para hacer el programa se adjudicaron a CTV, que es otra productora, y que esta subcontrataba después los servicios. La intención era hacer pasar el espacio por uno de tramo medio, dado que el sueldo de los escritores varía según el tramo.

El sindicato de guionistas ALMA ha criticado que esta situación se dé precisamente en los medios públicos, que consideran que deben ser “el ámbito en el que de manera más clara y más pulcra se cumpla con la ley, y el convenio colectivo es parte de la ley”. Rueda no ha hecho comentarios sobre este punto.

“Preocupantes declaraciones”

El sindicato de guionistas ALMA reaccionó a las afirmaciones de Rueda, que calificó de “preocupantes”, recordando que el convenio laboral tiene fuerza de ley y es de obligado cumplimiento. Y le ha pedido al presidente gallego que, si como ha dicho, está seguro de que no es el único caso, tome las medidas de su competencia que eviten estos incumplimientos.

Además, insisten en que las televisiones públicas deben garantizar “con el máximo celo que se respeten los derechos de las personas que trabajan para ellas y bajo su responsabilidad”.

La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 25 años y medio de prisión a Nelson David Moreño Bolaños por delitos de asesinato, robo y estafa como autor de la muerte por estrangulamiento por el método del 'mataleón' de un hombre en Bilbao el 17 de octubre de 202. Es algo que ya declaró probado un tribunal del jurado de la Audiencia de Bizkaia y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y es solamente una de las muchas causas que tiene abiertas la misma persona.

El alto tribunal desestima íntegramente el recurso de casación del acusado contra la sentencia de segunda instancia, la del Tribunal Superior de Justicia. Así, Moreno Bolaños es condenado como responsable de un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito, en concurso medial con un delito de robo con violencia en casa habitada y de un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia.

La Audiencia Provincial de Bizkaia condenó en junio de 2025 a Nelson David Moreno Bolañps, acusado de la muerte de un hombre con el que se citó a través de una aplicación en Bilbao en 2021, a 23 años de cárcel por un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito y a 2 años y 6 meses de cárcel por un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia, debido a que ya ha sido previamente condenado a 10 años de cárcel por intento de homicidio de un hombre que logró escapar con el mismo modus operandi. En concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar con un total de 156.740 euros a los hermanos y herederos de la víctima.

Según los hechos probados, el ya condenado, sobre las 16:00 horas del día 17 de octubre de 2021, acudió al domicilio de la víctima situado en Bilbao, lugar donde, actuando con ánimo de acabar con su vida, o, en todo caso, asumiendo plenamente el riesgo y la consecuencia de muerte de aquel, procedió a estrangularle mediante una técnica letal de estrangulación antebraquial de presa carotídea conocida como ‘mataleón’ que hizo que este falleciera. El relato de la sentencia confirmada añade que “el acusado, siendo plenamente consciente de ello y queriéndolo, actuó de forma sorpresiva e inesperada prevaliéndose de la situación de confianza en la que se encontraba (la víctima) por la expectativa de mantenimiento de relaciones sexuales generada previamente por el acusado, lo que le situó en un estado de plena indefensión y, asimismo, empleó la técnica de estrangulación indicada determinando la pérdida de conocimiento de la víctima en un breve lapso de tiempo y su fallecimiento sin que pudiera oponer resistencia alguna y en un estado, igualmente, de plena indefensión”.

Asimismo, mató a la víctima con la finalidad de obtener acceso a sus datos y a su cuenta bancaria y llevar a cabo operaciones patrimoniales ilícitas a su favor, así como hacerse con sus bienes patrimoniales, dinero y tarjetas bancarias para la utilización posterior de estas en su beneficio, como así hizo a continuación, y también con la finalidad de dificultar el conocimiento de su participación en las operaciones patrimoniales ilícitas que llevó a cabo a continuación, extrayendo fondos de su cuenta bancaria y utilizando la tarjeta bancaria con la que realizó diversas extracciones y compras en comercios.

Según destaca la sentencia, dos pruebas periciales fueron fundamentales para declararle culpable: la primera, que el teléfono móvil prueba que el acusado estuvo en la vivienda y la segunda, la identificación de su voz cuando llamó a la entidad bancaria para hacerse con la clave de acceso a la banca digital del fallecido. Cuestiones que en todo momento fueron negadas por el ahora condenado.

Esa fue Moreno Bolaños se sentó en el banquillo acusado de un asesinato, pero no la última, puesto que existen otras investigaciones que le relacionan con la muerte de otros cinco hombres. Este mayo se ha enfrentado a otro juicio acusado de la muerte de un hombre de 73 años en Bilbao en octubre de 2021. Tras el juicio, del que aún no se conoce la sentencia, la Fiscalía pidió 16 años por homicidio y estafa continuada, mientras que la acusación particular elevó a definitiva su petición de 30 años por asesinato y robo con violencia con agravante de reincidencia. El jurado lo ha declarado culpable de asesinato por unanimidad.

Nelson David Moreno Bolaños, más allá de por este delito, está siendo investigado por la muerte de un total de siete personas y el intento de homicidio de otras dos. Por el momento se han resuelto los procesos judiciales de uno de los intentos de homicidio y de uno de los asesinatos. Los procedimientos restantes se llevarán a cabo en distintos juzgados y se encuentran en distintas fases. Está previsto que el entre el 21 y el 28 de septiembre se celebre un juicio por la muerte de un varón en la madrugada del 27 al 28 de julio de 2021 en Bilbao por el que el Ministerio Fiscal le acusa de delitos de homicidio, estafa continuada y hurto y otro juicio del 19 al 27 de octubre por la muerte de otro varón el 2 de septiembre de 2021 también en Bilbao, por el que, del mismo modo el Ministerio Fiscal le acusa de delitos de homicidio, estafa continuada y hurto.

Las claves del caso

El mayo de 2022 salió a la luz el caso de un hombre que en 2021 presuntamente había intentado asesinar a varias personas con las que contactaba a través de una aplicación de citas. Las pocas informaciones que habían sido confirmadas en aquel momento apuntaban que se investigaba un único caso de presunto homicidio consumado con demostración de prueba toxicológica y positivo en GHB. Además de este, se investigaban otros dos casos de presunto homicidio en grado de tentativa, es decir, frustrados, y se había abierto una línea de investigación en tres fallecimientos más que, en ese momento estaban certificados como muerte natural.

Tras semanas de investigaciones, en las que se contó con el trabajo de otros cuerpos policiales tanto de España como de otros países, principalmente de América Latina, y en las que el que por aquel entonces era vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka y el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, realizaron varias comparecencias tratando de aclarar lo ocurrido, el sospechoso, al ver que su imagen estaba siendo distribuida por las redes sociales, se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la Ertzaintza en Irún. Días después el juez titular del el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguia, decretó prisión provisional. Desde entonces se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Basauri y acumula penas de 37 años de cárcel.

Todo ocurrió muy rápido. La gente parecía sorprendida. Pero, en realidad, casi nadie hizo nada para evitar que los Hijos de Torquemada llegaran al poder. Es más, las derechas sistémicas les sirvieron de trampolín, como en el siglo XX. Y las izquierdas les facilitaron la victoria atomizándose en torno a innumerables tribus y liderazgos, como siempre.

Los ministros fueron sustituidos por 'comandantes', aunque casi ninguno de ellos, todos hombres, había hecho el servicio militar. Nunca habían ocultado sus propósitos. En cuanto llegaron al poder, cancelaron representaciones, censuraron publicaciones, aherrojaron los medios, prohibieron partidos y sindicatos, suspendieron el derecho de huelga y deportaron del país a millones de inmigrantes. Esto último provocó el colapso del mercado laboral y generó una crisis económica sin precedentes.

La patronal, que había saludado el cambio de régimen con indisimulada satisfacción, expresó su malestar. Fue entonces cuando el nuevo gobierno, muy amante, por otro lado, de referencias nostálgicas, procedió a resucitar el Patronato para la Redención de Penas. Miles y miles de hombres y mujeres encarcelados por sus ideas fueron obligados a trabajar como esclavos para intentar reflotar la productividad en los sectores más afectados por la Gran Expulsión. Además, participaron en la construcción de monumentos megalómanos como la Cruz de Santiago gigante levantada sobre la mole rocosa de las Peñas de San Pedro, en Albacete, destinada a convertirse en mausoleo del Jefe Supremo (también conocido como el Reconquistador por haber evitado el reemplazo de la religión cristiana por la musulmana). Allí murieron muchas personas como consecuencia del agotamiento, las palizas o la falta de atención médica. Sus cuerpos, como los del resto de víctimas de la violencia política, permanecen en cunetas y fosas comunes.

Para solventar el problema demográfico, las nuevas autoridades recurrieron al clásico robo de bebés de mujeres de izquierdas internadas en establecimientos penitenciarios. Fueron decenas de miles. Así, además, se contribuía a la extirpación del célebre 'gen rojo', que supuestamente provocaba delirios de justicia y libertad. Pero no fue suficiente para compensar el efecto de las deportaciones masivas, de modo que se optó por restablecer el Patronato de Protección a la Mujer, en cuyo seno legiones de muchachas jóvenes fueron reprogramadas para convertirse en madres fecundas al servicio del estado.

Aunque las comunidades autónomas habían sido suprimidas, la vocación vagamente folklórica y regionalista imperante alentó a las delegaciones territoriales a crear su propia nomenclatura. Así, en nuestra región, esas pobres chicas, que se distinguían de las demás por llevar en la cabeza el típico pañuelo aldeano y una toquilla o pelerina sobre los hombros, eran conocidas como 'las chachas'. Los hombres armados que las vigilaban eran 'los gañanes' y siempre se presentaban en público ataviados con la tradicional boina.

El orden público siempre fue una de las grandes preocupaciones de los Hijos de Torquemada, que no se limitaron a recuperar la Dirección General de Seguridad y el Tribunal de Orden Público, sino que repristinaron (uno de sus verbos preferidos) la institución que mejor representaba su espíritu fundacional: el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición.

El aumento exponencial de la represión, sin embargo, no disuadió a los sectores más comprometidos de la sociedad. Las chachas manchegas empezaron a forjar lazos de solidaridad en el interior de los correccionales. Durante sus salidas controladas, lograron comunicarse con líderes feministas que, pasado un tiempo, habían logrado recomponer sus organizaciones en la clandestinidad.

El caso más notable quizá sea el de Ágora, en Albacete. A ellas se unieron veteranos luchadores antifranquistas, jóvenes indignados con la deriva del régimen o arrepentidos por haberlo apoyado en algún momento, cristianos heterodoxos, sindicalistas, activistas sociales, miembros del colectivo LGTBIQ+, personas defensoras de los derechos humanos, demócratas en general, brigadistas extranjeros de toda clase, condición y sexo… Cualquier espacio servía como lugar de reunión. Cualquier momento era bueno para conspirar contra la nueva dictadura.

Y así nació la Resistencia.

(*) El Colectivo Puente Madera está formado por Esteban Ortiz, Vanessa Pérez, Elías Rovira y Javier Sánchez.

El Festival de les Arts superó el pasado viernes “en exceso” los decibelios que marca la normativa municipal del ruido en los tres escenarios, según esgrime la resolución del Ayuntamiento de València que propició la suspensión del evento, a la que ha tenido acceso este diario.

El consistorio recuerda a la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) que “se ha de dar estricto cumplimiento” a la sentencia firme de un juzgado de lo Contencioso de València que protege a los vecinos de la zona de la contaminación acústica que han sufrido durante años a consecuencia de la inacción de la Policía Local. Sin embargo, en la última edición del festival, agentes de la Policía Local acreditaron que los promotores del evento habían incumplido los niveles de decibelios “previstos” y pactados previamente.

La organización del festival, ante las numerosas quejas del público, subió el volumen a medida que crecían los gritos de los espectadores en protesta por el bajo sonido en los distintos escenarios, tal como informó este diario. Artistas como Leire Martínez o Álvaro Benito, cantante de Pignoise, se disculparon ante sus fans por el escaso sonido de sus actuaciones en directo.

En el escenario 1 se registraron niveles puntuales superiores a los 96 decibelios, en el segundo escenario superiores a los 91 decibelios y, en el tercero, superiores a los 88 decibelios. El festival, por tanto, superó de largo la limitación pactada entre la empresa promotora (House of Music Festivals SL) y CACSA de un máximo de 85 decibelios en horario diurno y de 80 decibelios en horario nocturno.

Los informes de la Policía Local y del Servicio de Inspección Municipal concluyen que “no se han respetado la limitación de los equipos limitadores-registradores previstos en la documentación acústica” presentada ante el Ayuntamiento de València, gobernado por la popular María José Catalá.

La resolución municipal acredita que en la primera jornada del festival se registraron “niveles de emisión e inmisión de ruido en vivienda muy superiores a los incluidos en estudio acústico y certificación acústica” aportados por el promotor y por CACSA. Se rebasó en seis decibelios los límites sonoros establecidos en la normativa aplicable y en la documentación acústica aportada por el promotor.

El documento, firmado por el jefe de servicio del área municipal de Licencias y Actividades, acuerda remitir la resolución al titular de la Plaza número 8 de la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de València, que dictó la sentencia sobre la contaminación acústica.

Los promotores siguen apostando por el “emplazamiento habitual”

Los promotores del evento han emitido un comunicado, tras la cancelación, que arremete contra el consistorio, del que dice que declinó reunirse con ellos durante la fase de preparación del festival. “Ante esta situación nos vimos obligados a seguir trabajando hasta el final para hacer viable la celebración de Festival de les Arts en su emplazamiento habitual”, agrega el comunicado, que también desliza que la demanda que propició la sentencia fue impulsada por “unos pocos vecinos” de un edificio en concreto (del que detallan la dirección exacta).

La polémica cancelación del festival, sin embargo, no ha hecho desistir a los promotores: “Seguimos creyendo que la Ciutat de les Arts i les Ciències es un lugar extraordinario para acoger proyectos culturales que proyectan nuestra ciudad al mundo”, señala el comunicado, que apuesta por el diálogo con vecinos e instituciones.

Por su parte, dos entidades de la industria musical vinculadas a los promotores del festival (Promfest y MusicaProCV) lamentaron en un comunicado la cancelación de “uno de los acontecimientos culturales más relevantes del calendario valenciano”.

Ambas entidades piden una “planificación a largo plazo que identifique espacios adecuados para la celebración de eventos musicales, que aporte seguridad jurídica a los organizadores y que permita anticipar y resolver conflictos antes de que se conviertan en crisis que dañen la imagen de la ciudad”. 

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpieron en la mañana del pasado 27 de mayo en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. Durante 12 horas, los investigadores se incautaron de un enorme volumen de documentación. Hubo registros en otros domicilios y empresas. El análisis de esa información arrojará más luz sobre la magnitud de un caso que ha vuelto a tambalear los cimientos del partido. Por el momento, en los miles de folios que componen el sumario se agolpan los indicios de que el PSOE financió parte de una trama conspiranoica que trabajó para frenar investigaciones judiciales y que buscó extender su influencia a la Guardia Civil, cuyos mandos están detrás de algunas de las causas que atañen al entorno del partido y del Gobierno. 

El avance de esas investigaciones constata que la trama fracasó en su intento de torpedear los casos más comprometidos para los dirigentes socialistas. El exministro José Luis Ábalos, el ex fiscal general del Estado y el hermano del presidente del Gobierno ya han pasado por el banquillo y todo apunta a que su mujer lo hará próximamente. Pero los mensajes y audios intervenidos por orden de la Audiencia Nacional sí revelan los intentos de la trama presuntamente dirigida por el ex ‘número tres’ del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez por desacreditar o inquietar el trabajo de jueces, fiscales o policías. 

Así lo evidencia la intensa agenda de reuniones que esta última mantuvo con personajes muy variopintos a partir de abril de 2024, cuando Santos Cerdán le encargó desplegar una estrategia que tenía un plan dual. Por un lado, neutralizar las citadas causas judiciales. Y, por otro, destapar a la “policía patriótica” en la época del PP para mostrar cómo sus oscuras maniobras tuvieron a Pedro Sánchez como blanco y reforzar así su posición política. “Yo os digo cuál ha sido mi prioridad en todo esto: el presidente, porque sin eso no hay nada más”, escribió Leire Díez en un mensaje incautado por la UCO. 

Uno de los ejes de esa estrategia era, por tanto, desestabilizar cualquier procedimiento judicial o policial que pudiera afectar a los intereses del Gobierno y del PSOE. Especialmente, al entorno familiar del presidente. De hecho, el germen de estas actuaciones es una reunión que el entonces secretario de Organización del partido convocó en la sede de Ferraz el 26 de abril de 2024, dos días después de que Pedro Sánchez cancelara su agenda para decidir si continuaba en el cargo ante “la campaña de acoso” contra su esposa, que acababa de ser imputada por el juez Juan Carlos Peinado. 

Con ese objetivo, la trama se acercó a guardias civiles o empresarios imputados en diversas causas, como los hidrocarburos. Les ofrecían supuestos acuerdos favorables de la Fiscalía, destinos privilegiados o “protección” en sus procedimientos a cambio de información comprometedora sobre los responsables de sus investigaciones, que eran los mismos que lideraban las que afectaban al entorno del Gobierno: el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. También intentaron encontrar trapos sucios de los instructores de las causas contra la mujer y el hermano del presidente, Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma. 

Asimismo, buscaron fallos en las instrucciones policiales que les permitieran crear un efecto dominó y anular las causas vinculadas al Gobierno, así como alimentar las dudas sobre el conjunto de las investigaciones ante la opinión pública. La trama no dudó en utilizar el soborno en ocasiones como medio para lograr sus fines, según la UCO. La realidad constata, sin embargo, que esa estrategia fue un absoluto fracaso. Todas las causas que la trama quiso desbaratar siguen en marcha. Algunas, como la del hermano de Sánchez, se están juzgando esta misma semana. Y las pocas que terminaron en archivo o absolución llegaron a ese desenlace por razones ajenas a la exmilitante, que actuó de la mano de aliados de dudosa reputación y arropada por mandos socialistas del más alto nivel.

Antes del encargo de Santos Cerdán en abril de 2024 —y de que el PSOE empezara a financiar sus actividades—, Leire Díez se había movilizado para torpedear causas que afectaban, principalmente, al socialismo andaluz, como los ERE, Isofotón o Aznalcóllar. La UCO sitúa el inicio de estos movimientos en 2020, meses después de que el expresidente de la SEPI Vicente Fernández fuera imputado en el último de esos casos y tuviera que dejar su cargo (fue absuelto años después). Leire Díez y Vicente Fernández tenían una “relación personal” desde 2019 tras haber coincidido en el holding público, donde la exmilitante era responsable de comunicación de ENUSA, la empresa pública del sector nuclear.

En paralelo, la UCO apunta a que ambos habrían puesto en marcha a partir de 2021 junto a Santos Cerdán y un empresario amigo de este —Antxon Alonso— una operativa para “orientar” expedientes de ayudas y rescates públicos dependientes de la SEPI. Para ello, se valían supuestamente de la capacidad de influencia que aún conservaba Vicente Fernández en el conglomerado público. A cambio, presuntamente, cobraban mordidas. Esta es la línea de investigación sobre la SEPI que investiga de forma simultánea la Audiencia Nacional. Santos Cerdán emitió este viernes un comunicado en el que negó su implicación en estos casos y acusó a la UCO de “destrozar personas”. 

Información sobre la brigada política

De vuelta a las maniobras de la trama conspiranoica, el otro eje de trabajo para defender al Gobierno tras la encomienda de Santos Cerdán fue conseguir material sonoro y documental que evidenciara cómo Pedro Sánchez había sido víctima de la policía política que actuó amparada por el Ministerio del Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy, así como trapos sucios de sus rivales políticos. “Tenemos audios e información sobre las cloacas contra Pedro Sánchez. De Manos Limpias. El PP. Y la comisaría general de información”, le escribió la periodista Patricia López —ahora fallecida— a Leire Díez el mismo día que Sánchez amenazó con dimitir. 

Buscando pruebas de esas maniobras, Leire Díez se reunió con algunos de los protagonistas de ese grupo parapolicial que operó en la época del PP. El sumario acredita que se vio en dos ocasiones en julio de 2024 con el secretario de Estado de Seguridad de esa época, Francisco Martínez, quien se sienta ahora en el banquillo acusado por esas maniobras que forman el caso Kitchen. La exmilitante se presentó como una emisaria que “ha puesto el PSOE” y le ofreció un pacto con la Fiscalía para “sacarle” de esa investigación. A cambio, le pidió que colaborara aportando información para “limpiar” las instituciones y desentrañar operaciones policiales del pasado. 

Martínez le dijo en la segunda de esas reuniones que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había investigado en 2015 a Pedro Sánchez y había hecho informes sobre las saunas que regentaba su suegro, según un audio que consta en el sumario. El traslado de esa información no mejoró su situación procesal. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel por malversación de fondos públicos y varios delitos de revelación de secretos, entre otros, en el ‘caso Kitchen’ por el que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional. 

Leire Díez también se alió con el comisario José Villarejo, al que ofreció un supuesto trato de favor en sus causas judiciales a cambio de que él aportara grabaciones, notas e informes que todavía no habían salido a la luz y que supuestamente implicaban a toda la cúpula del Gobierno de Rajoy e incluso al juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena en la citada brigada política. El supuesto acuerdo incluía un pacto con la Fiscalía que evitara la eventual entrada en prisión de Villarejo y que parte de su patrimonio fuera salvaguardado. 

Al final, esa alianza salió mal y acabó con el comisario echando en cara a la exmilitante su falta de resultados: “Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos”. El sumario revela que el fiscal del caso rechazó cualquier acercamiento y apunta a la existencia de una reunión entre el abogado del comisario y el entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz, que el letrado negó en su declaración ante la UCO. Villarejo acumula varias condenas y tiene abiertos todavía varios procedimientos en la Audiencia Nacional. 

En esa cruzada, Leire Díez contó también con la colaboración de Javier Pérez Dolset, un empresario encausado en la causa Zed por un fraude de más de 30 millones de euros que defiende que es una víctima más de la brigada política del PP, al nivel de los líderes independentistas o Podemos. Dolset ha recabado en los últimos nueve años abundante información sobre las prácticas mafiosas de la policía política que funcionó en España durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy. 

De hecho, la investigación ha revelado que antes del encargo de Santos Cerdán, Leire Díez y Pérez Dolset llevaban tiempo intentando establecer contacto con el PSOE. Sin éxito. “Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo ocurre cuando lo de Begoña alguien nos escribe”, recoge una anotación de la propia Leire Díez que fue incautada por la Guardia Civil cuando fue detenida en diciembre. 

Fue a partir de ese momento cuando el PSOE, bajo las órdenes de quien fuera su ‘número tres’, empezó a dar un soporte financiero y logístico a la trama. Leire Díez cobró —a través de empresas interpuestas— algo más de 43.000 euros en medio año. Además, el partido sufragó viajes suyos y de Pérez Dolset y alojó al menos 22 reuniones de la trama. Estos hechos son los que utiliza la UCO para señalar al PSOE como financiador. Pero también abren el interrogante sobre el alcance del conocimiento de estas maniobras en la cúpula del partido.

El sumario recoge algunos mensajes en los que la exmilitante hace referencias al “one” [uno, en inglés]. La UCO infiere que con ese apelativo “solo” pueden estar refiriéndose a Pedro Sánchez, si bien en la investigación judicial no constan por el momento indicios de que estas operaciones irregulares se hicieran por orden o con el conocimiento del secretario general del PSOE.

“Nunca he conocido ni se me ha informado de las andanzas de la señora Leire Díez. Ni lo avalé ni tuve información. Nunca lo hubiera tolerado”, dijo este viernes Pedro Sánchez desde Bruselas. En la última Ejecutiva del partido, el pasado lunes, el presidente pidió a sus dirigentes que salgan a defender contra viento y marea la acción del Gobierno y a difundir el mensaje de que una confluencia de intereses judiciales, políticos y mediáticos intenta tumbarlo con malas artes.

El verano pasado publiqué un artículo similar (El País, 26/26/2025).Tomo de nuevo la pluma para, sin asomo de espíritu acrítico, defender los principios que encarna el PSOE. Entonces nos encontramos con hechos graves protagonizados primero por Ábalos y después por Cerdán (ambos expulsados del partido). Hoy, otros asuntos, de distinto nivel, afectan a mi partido.

Conviene recordar que quienes delinquen (presuntamente) son personas y que las organizaciones sólo pueden ser declaradas penalmente responsables si sus dirigentes cometen delitos en su nombre y en su beneficio, directo o indirecto (del partido), lo que, hasta ahora, en modo alguno ha ocurrido.

En todos estos casos, lo que se juzga son conductas individuales, no el conjunto de ideas, creencias y valores fundamentales que estructuran la forma en que una persona o un grupo interpretan el mundo. Es decir, la ideología, que es como la ciencia política denomina a los valores descritos. Y la socialdemocracia, que encarna el PSOE, visto el estado del mundo, es más necesaria que nunca.

Por importantes y llamativos (mediáticamente) que resulten algunos casos, si la responsabilidad es individual, sobre el individuo debe recaer, sean situaciones que tienen más de cómicas y chapuceras (caso Leire, que parece, según el auto del juez, una prolongación del caso Cerdán dirigida a protegerse a sí mismo), o de distinto nivel, como el que afecta al presidente Zapatero (que tiene derecho a su defensa y los tribunales la obligación, en su caso, de mostrar de forma fehaciente su culpabilidad, lo que, visto el sumario, no creo que ocurra).

Sólo, pues, en el caso de que la organización hubiera obtenido un beneficio directo o indirecto, podría exigirse responsabilidad al PSOE. En todo caso, deben sus dirigentes colaborar estrechamente con la justicia e investigar a fondo las acusaciones para demostrar que jamás han sido cómplices de esas conductas presuntamente delictivas. En ello, como en tantas otras cosas, nos diferenciamos de las prácticas que utiliza la derecha española.

Se habla a menudo de lawfare, contracción de law ('ley') y warfare ('guerra') y que se traduce habitualmente como la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente. En este sentido, no creo que los tribunales españoles hayan caído en esa práctica, a pesar de instrucciones muy defectuosas, casualidades contrarias a la razón o condenas, algunas del máximo órgano jurisdiccional, muy discutibles. Y ello porque la Justicia es un conjunto, con mecanismos para depurar los excesos, arbitrariedades e injusticias.

De otra parte, conviene recordar que  el diccionario de lengua inglesa de Oxford define el lawfare como “acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo”. En este sentido, es evidente que ello ocurre en España. Desde hace ocho años, las fuerzas conservadoras (PP y Vox) han negado la legitimidad del actual Gobierno y han procurado, con artes dudosamente democráticas, incluyendo denuncias falsas ante los tribunales, derribarlo.

Hay demasiado en juego como para mirar hacia otro lado y adoptar una actitud pasiva. Y a quien afecta es al conjunto de la sociedad española. Las ideologías iluminan nuestra comprensión del mundo y la nuestra resulta esencial para la misma. Escribió Borges en un famoso poema: “No nos une el amor, sino el espanto”. A millones de españoles nos une el amor a unos principios que, de forma muy resumida, serían estos: queremos la paz, no la guerra; defendemos la radical igualdad de mujeres y hombres; luchamos por una mejor distribución de la riqueza a favor de la inmensa mayoría; queremos cuidar nuestro planeta para que no se extinga, ante las alarmantes muestras que ofrece el cambio climático. En todos estos campos, la gestión del Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha arrojado resultados muy positivos, a pesar de los problemas que aún enfrentamos. Y no habría sido así con un Gobierno PP-Vox, como se encargan de recordarnos todos los días.

Si tuviera que elegir una sola imagen en la defensa de la gestión del presidente del Gobierno, que mereciera, por sí misma, el ejercicio del poder durante estos ocho años, sería esta: las portadas de los diarios nos han mostrado a todos los efectos trágicos de la guerra, injusta e ilegal, en Palestina: varias personas, presumiblemente sus padres o familiares, sostenían en sus brazos pequeños sudarios blancos de niños inocentes asesinados. Más de 50.000, según Naciones Unidas, han muerto así. Confieso, como Neruda, que he llorado, contemplando esa tragedia. Soy padre, soy abuelo, y cualquiera de nuestros niños podría haber sufrido esa suerte. No ha sido así, pues no nacieron en el lugar equivocado, como los niños de Gaza. En la terrible oscuridad del dolor, sólo queda un consuelo: la voz, primero única, luego con otros acompañamientos, clara, valiente, de Pedro Sánchez en defensa de los principios universales, los derechos y dignidad del ser humano. Sólo por ello merece mi reconocimiento permanente.

También nos une el espanto, que diría Borges. El espanto ante lo que puede venir de la mano de la derecha española, la que gobernó (PP) y ha abandonado sus principios relativamente moderados y reformistas, para abrazar los radicales de Vox y pretende, de nuevo, gobernar con ellos. La de quienes apoyaron descaradamente la guerra ilegal de Trump y Netanyahu o adoptaron posiciones tibias cuando vieron el rechazo de la inmensa mayoría de los españoles a la misma. La de quienes se oponen a los derechos de la mujer o al freno al destructor cambio climático. En fin, la de quienes imponen eso que llaman la prioridad nacional, lo que nos llevaría a ser expulsados de la Unión Europea, pues deberían decirnos si restringir derechos fundamentales como el acceso a los servicios esenciales, Sanidad o Educación, o a ayudas vitales para el desarrollo de la personalidad, de carácter social o acceso a la vivienda, se negarán a ciudadanos europeos que residen en España, pues la prioridad sólo afectará a ciudadanos españoles.

Quienes así se comportan, no pueden gobernar España. Recuerdo los versos melancólicos del soneto de Quevedo: “Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados”. Los muros de mi patria son la Constitución y la democracia, sometidos hoy a la continua tensión de quienes no aceptaron el resultado de las urnas, y se comportan en el Parlamento, ágora sagrada de la palabra, como artilleros que, primero disparan y después preguntan. Debemos impedir que esos muros se desmoronen y lo haremos con determinación. No piensen que bajaremos los brazos, sino todo lo contrario, en defensa de las creencias que profesamos.

Y, si en relación a las responsabilidades de mi partido yerro, seré el primero en exigirlas con voz clara y contundente.

En los dos años desde que se presentó la primera querella contra él, David Sánchez ha sido presentado por varios medios de comunicación como el típico enchufado sin oficio ni beneficio que consiguió un puesto en una diputación gracias a que era el hermano del presidente del Gobierno. Solo había aparecido antes una vez en la prensa en un artículo que destacaba de forma irónica que era el hermano listo de la familia gracias a sus estudios de música en Rusia. En el Conservatorio Estatal de San Petersburgo obtuvo una matrícula de honor en Composición Musical y Dirección Operística y años después fue director artístico del Teatro Mikhailovsky de esa misma ciudad.

Lo que aparecía sobre él no tenía que ver con óperas y partituras. Se dijo que contaba con un patrimonio millonario –un millón de euros en acciones que luego resultaron ser 90.000–, que le habían regalado el puesto en Badajoz sin tener los conocimientos necesarios y hasta que vivía en Portugal, como si esto último fuera delito. Todo esto no tenía que ver con el procedimiento judicial, pero ayudaba a ponerle la etiqueta de culpable. La querella la puso Manos Limpias, una más de las muchas que presentan de forma mecánica en los tribunales. Con el Tribunal Supremo, encadenan derrota tras derrota, pero en los juzgados siempre puede sonar la flauta.

David Sánchez declaró el jueves en el juicio en el que las acusaciones populares –el PP, Vox y varias organizaciones ultraderechistas– pedían tres años de prisión para él. Eso era al principio del juicio, porque de repente el jueves decidieron doblar la petición de pena hasta los seis años sin que hayan aparecido elementos nuevos en el transcurso de la vista sobre los posibles delitos cometidos. Es una forma de decir al tribunal que una absolución no sería tolerable.

El acusado solo respondió a las preguntas de su abogado. No muchas. Se vio claramente que el acusado no estaba preparado para la situación. Sea o no apropiado para su estrategia de defensa, dio muestras de estar perplejo por pasar por este trago. Su abogado podía haberle preguntado por sus antecedentes profesionales con el fin de confirmar que estaba preparado para el puesto, pero por alguna razón prefirió no hacerlo.

Sánchez no estuvo nada acertado en la fase de instrucción cuando dio explicaciones no muy claras sobre el espacio físico en que trabajaba. Su puesto pasó a llamarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas, con el mismo sueldo, pero nunca fue un departamento propio con funcionarios y unas oficinas específicas para esa función. En el juicio, explicó que le dieron inicialmente un despacho y que luego tuvo que cambiarse. “A partir de entonces, compartí otros espacios comunes con otros trabajadores”. En la última etapa, se le entregó uno nuevo “también compartido”. A preguntas de su abogado, dijo que “no era una oficina, sino una categoría administrativa”.

Ese trasiego de espacios de trabajo desmiente la idea de que Sánchez impuso su influencia por ser quien era a la hora de realizar sus funciones. “No tengo capacidad de influir en nada”, dijo. No era un cargo político ni un funcionario, pero sí un cargo de confianza. El entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, contó después el motivo. “Si luego se cesa al titular, se puede amortizar el puesto”, dijo, y no es necesario nombrar a un sustituto. “Eso es lo que quería oír”, respondió su abogado. Seguro que le había dicho antes a su cliente qué le iba a preguntar, pero no había quedado muy satisfecho con la primera respuesta.

No era una oposición a la que se presentan muchos candidatos que tienen que pasar por varias pruebas. Una persona que se sintió injustamente postergada en la selección había declarado antes como testigo. En las declaraciones del jueves, uno de los acusados, el exdirector de Cultura de la Diputación, dijo que ella solo había presentado un proyecto de “una hoja y media”.

Las declaraciones como testigos de las tres personas que han dirigido los dos conservatorios de Badajoz desde entonces habían desmentido muchas de las presunciones hechas durante dos años sobre el trabajo de Sánchez y por las acusaciones en la vista. Confirmaron que el director de la oficina había realizado las funciones asignadas a su puesto con normalidad. Yolanda Sánchez dijo que su ayuda había sido valiosa y que tenía “un buen currículum y estaba muy bien formado y capacitado para la plaza”.

Nunca pensaron que la adjudicación estuviera amañada. Otro director que le había llamado “hermanísimo” en un email redujo el uso de la palabra a una anécdota por ser un comentario que circulaba en pasillos. Después de varias preguntas sobre esa palabra, el presidente del tribunal las zanjó diciendo que a la sala no le interesaban “ni los rumores ni las elucubraciones ni los corrillos”.

Una declaración muy diferente fue la del teniente coronel Antonio Balas, director de la Unidad de Delitos Económicos de la UCO. Al igual que en el juicio del fiscal general, el jefe de la UCO explicó tanto los hechos de la investigación como sus deducciones. Una vez más, se atuvo al principio de que quien manda en una institución impone sus deseos sobre todos los niveles. Dio por hecho que las necesidades de personal están condicionadas por intereses políticos. Por ello, declaró que la decisión de crear el puesto “partió de un nivel superior con capacidad política”, refiriéndose a Gallardo como presidente de la Diputación. Las defensas argumentaron que no había presentado ninguna prueba sobre esa afirmación.

En la fecha en que se decidió crear esa plaza en octubre de 2016, Pedro Sánchez ya no era secretario general del PSOE. Gallardo, como declaró en el juicio, apoyó en las primarias posteriores a su rival, Susana Díaz, atendiendo al criterio del líder del partido en Extremadura, Guillermo Fernández Vara. En opinión de Balas, la elección de David Sánchez para el puesto ya estaba “predeterminada” en ese momento. El proceso de selección de la plaza no se puso en marcha hasta mayo de 2017, un mes antes de las primarias.

En el juicio, un abogado preguntó a Balas por la responsabilidad de los demás acusados. Sorprendentemente, no tenía nada concreto que decir sobre ellos. “No sé quiénes son los otros acusados. Evidentemente, para darle una apariencia de legalidad a todo el proceso, si esto es así, pues se necesitan diferentes intervinientes”. Solo estaba interesado en Sánchez y Gallardo.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rebajado la pena a cuatro años de cárcel -era de seis años y cinco meses- a la extesorera de Autopistas del Atlántico (Audasa) y de Autoestradas de Galicia, en donde ejerció entre octubre de 2008 y enero de 2019, por apropiarse de 1,2 millones de euros.

En un fallo dado a conocer por el Supremo este jueves, la Sala estima parcialmente el recurso interpuesto por la condenada y excluye la continuidad en el delito de estafa, apreciada por la Audiencia Provincial de A Coruña y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). De tal forma, la condena a cuatro años se impone por un delito continuado de falsedad de documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa.

La Sala mantiene el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida, por lo que la condenada tendrá que abonar una indemnización de 1.103.600 euros a Audasa y de 125.155 euros a Autoestradas de Galicia. De esa cantidad responderá solidariamente con la condenada, y hasta el límite de 614.377 euros (50% de lo defraudado), su marido, quien fue también enjuiciado y al que se consideró “partícipe a título lucrativo”.

La sentencia explica que en los hechos probados se describe cómo la acusada se aprovechó de las tareas que se le habían confiado, de gestión contable y tesorería, y entre los años 2011 y 2018 transfirió -sin correspondencia con ningún pago o gasto real de las empresas- desde distintas cuentas bancarias de Audasa a la suya en Ibercaja, abierta el 23 de junio de 2011, un total de 1.237.686,31 euros, de los que se apropió.

Señala la Sala que del relato fáctico se desprende que “la acusada aprovechó la posición confiada a la misma de gestión contable y tesorería, lo que implica ese plus añadido de culpabilidad que exige la agravación, a sumar a la ilicitud propia del tipo base, una mayor gravedad con acento en la violación del crédito y la gran confianza en las propias cualidades profesionales de la misma”.

El tribunal considera que se trata de “conductas falsarias que recaen sobre documentos mercantiles, órdenes de transferencia ficticias con aspecto idéntico a las que Audasa y Autoestradas remitían a los bancos, aunque modificando la cuenta de destino por la numeración de la que tenía en Ibercaja, en definitiva, transferencias bancarias ordenadas por la acusada en nombre de las empresas perjudicadas que remitía a las entidades financieras en formato PDF desde el correo electrónico de Audasa, generando por ello un grado elevado de confianza, que sin duda afectaban al valor de la seguridad, en su dimensión colectiva, del tráfico jurídico-mercantil, figurando como beneficiarios aseguradores como AXA, Allianz, Zurich, Mapfre o proveedores habituales de las empresas perjudicadas. Todo ello, unido a la alteración del parte de los bancos y las conciliaciones, reintegros y pagarés de cara a cuadrar la contabilidad a finales de cada año”.

Por otra parte, la Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el marido de la extesorera que cuestionaba la cuantía establecida para él, en concepto de responsabilidad civil, como “partícipe a título lucrativo”.

El tribunal responde que en este caso “se razona cumplidamente la existencia de lucro, por quien siendo el esposo y conviviendo con la acusada, claramente se benefició de las ilícitas ganancias obtenidas por aquella como consecuencia del delito cometido, y al margen de su personal enriquecimiento también lo hizo de aquello que era común y de lo que disfrutó, puesto que la cuenta a donde fue a parar todo el dinero estaba a su nombre y al de su esposa, los cuales tenían régimen ganancial de bienes, por lo que las cantidades calculadas por el tribunal son correctas”.

Alfonso Villares, el exconselleiro do Mar que tuvo que dimitir al ser imputado en una investigación judicial por una presunta agresión sexual, acaba de estrenarse como delegado territorial de la Xunta en Lugo, el cargo con el que el Gobierno de Alfonso Rueda lo ha rehabilitado para la política después del archivo, aunque provisional, de su caso. Y en sus primeros pasos en este nuevo puesto público ha incluido una visita a la unidad móvil del centro de información a la mujer, que se encontraba este jueves en Xermade.

Villares publicó en sus redes sociales una imagen del acto y un resumen de su actividad, que consistió en visitar uno de los cuatro vehículos que funcionan como centros de información a la mujer itinerantes en Galicia y decir sobre ellos que “aportan información y atención especializada a la ciudadanía”.

El ahora delegado territorial en Lugo dimitió hace justo un año, tras una denuncia por agresión sexual. Lo hizo en el momento en el que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le comunicó formalmente su condición de investigado, pero la denuncia era de principios de año. Rueda conocía la situación -relató que el propio Villares le contó que había acudido a declarar ante la policía- desde febrero y le indicó que esperase a que hubiese novedades para decidir si debía o no abandonar su cargo como conselleiro. El presidente de la Xunta manifestó en varias ocasiones que le gustaría recuperar a Villares para la política y finalmente lo hizo el pasado lunes, cuando anunció que sería el nuevo representante de su Gobierno en la provincia de Lugo.

En abril la causa contra Villares quedó archivada provisionalmente porque los jueces consideraron que no se habían encontrado “indicios bastantes para procesar” al investigado. Pocos días después, el propio exconselleiro dio una rueda de prensa -en la que no contestó a ninguna pregunta, como en su anuncio de dimisión- en la que anunciaba que volvía a darse de alta como militante del PP y dejaba la puerta abierta a un regreso a la política.

Fiscalía pide hasta nueve años de cárcel para cada uno de los tres acusados por el naufragio del pesquero gallego Villa de Pitanxo, que se hundió en febrero de 2022 en aguas de Terranova, en Canadá, llevándose consigo la vida de 21 de los 24 tripulantes a bordo. En su escrito, que ha sido notificado este miércoles, el Ministerio público acusa al patrón del buque, Juan Padín, así como a los dos máximos responsables de la armadora del barco Grupo Nores Marín: José Antonio Nores Rodríguez y José Antonio Nores Ortega, padre e hijo.

Para cada uno de ellos pide hasta nueve años de prisión como supuestos autores de 21 delitos de homicidio imprudente en concurso con un delito de lesiones por imprudencia. Este último por el marinero sobreviviente Samuel Kwesi. Además, también les imputa un delito contra los derechos de los trabajadores. Según fuentes consultadas por Europa Press, Fiscalía también pide para Padín inhabilitación por un periodo de 13 años para la profesión de patrón de barco. Además, solicita la misma cantidad de años de inhabilitación para los responsables de la armadora para administrar o dirigir empresas dedicadas a la pesquería.

Lo que sucedió

Todo ello después de que hayan pasado ya más de cuatro años de la tragedia, que acabó con la vida de 21 marineros. Solo tres de las personas que viajaban en el 'Villa de Pitanxo' lograron sobrevivir, siendo uno de ellos Juan Padín, ahora imputado en la causa. También su sobrino Eduardo Rial consiguió salir con vida del naufragio, además de Samuel Kwesi. Precisamente por la declaración de este último comenzó la investigación judicial del siniestro.

Padín y Rial contaron que el motor del Pitanxo paró de forma repentina, quedando el barco a la deriva en medio de una fuerte tormenta, por lo que el mar acabó engulléndolo y con poco margen para que los 24 tripulantes pudiesen hacer algo para salvar sus vidas. Sin embargo, Kwesi aseguró que el 'Villa de Pitanxo' había embarrado (enganchado las redes al fondo del mar), por lo que el capitán trató de hacer varias maniobras para solucionar este problema. Así, el barco comenzaría a escorarse al no ser capaz de soltarse, entrando agua hasta que el motor se paró, sin escuchar a los marineros que pedían que soltase las redes.

Estas contradicciones hicieron que comenzase la investigación judicial, llevando al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno a ver indicios de 21 delitos de homicidio por imprudencia, imputando a Padín y a los responsables de la armadora por los mismos. Ahora, Fiscalía pide hasta nueve años para cada uno de ellos.

En diciembre de 2022 nos dirigimos por primera vez al presidente del Gobierno para pedirle que Felipe VI, durante su discurso de Navidad, anunciara su renuncia al privilegio que le permite incumplir responsabilidades tanto civiles como penales, pues no está obligado a rendir cuentas ante la Justicia.

El motivo que nos convocó fue la declaración de Carmen Calvo en El País del 9 de mayo de ese mismo año, gracias a la cual supimos que el Gobierno se había planteado reformar el citado privilegio, pero que se descartó “tras discutirlo con el PP y la Casa Real”. De las palabras de la hoy presidenta del Consejo de Estado, que nadie ha desmentido, se deducía que la respuesta de la “Casa Real” había sido contraria a la reforma.

La consecuencia principal de tal negativa resulta evidente: Felipe VI sigue disfrutando del mismo derecho a actuar al margen de la ley que disfrutó Juan Carlos I durante su reinado, un privilegio con el que, como juristas, no podemos estar de acuerdo y que solo se puede entender como un producto del legado franquista.

Por nuestra parte, al no recibir respuesta a nuestro primer escrito, volvimos a dirigirnos al presidente del Gobierno en 2023, 2024 y 2025 insistiendo en la misma petición tocante a la renuncia y agregando la conveniencia de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) incluya en el ámbito de sus encuestas una pregunta relativa al mantenimiento o supresión del privilegio real. Diversos medios se hicieron eco de nuestras sucesivas peticiones.

Por fin, el pasado 20 de mayo recibimos la primera respuesta a nuestros escritos desde la presidencia del Gobierno. En esta nos propone que nos dirijamos directamente a la Casa Real y al CIS.

Antes de tomar una decisión queremos conocer la opinión de la sociedad sobre la reforma constitucional que venimos reclamando desde 2022, por lo que le pedimos nos ayude respondiendo a una pregunta disponible al final de este artículo.

Le agradeceremos su participación. Por nuestra parte, daremos cuenta de la evolución y resultados de esta iniciativa.

Listado de firmantes: Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes, María Durán y Juan Luis Corbacho.

*Es posible que tengas problemas para responder la encuesta desde la aplicación para el teléfono de elDiario.es. Puedes votar sin problemas desde el ordenador.

¿Debe aprobarse la reforma necesaria para que el jefe del Estado tenga que responder ante la Justicia en caso de infracciones legales producidas al margen del papel político institucional que desempeña?

El PSOE ya debería tenerlo claro. Por mucho que corra, Santos Cerdán siempre le terminará pillando. Por precisar, todo lo que Cerdán hizo cuando era secretario de Organización del partido, lo que le convertía en la práctica en el hombre que daba las órdenes que había que cumplir. Eso era así porque Pedro Sánchez le había elegido para el cargo en sustitución de José Luis Ábalos. Le entregó las llaves del partido y el acceso a sus cuentas corrientes, le dio una palmada en la espalda y le dijo: tú te ocupas de todo. Dicho esto, se subió al coche y se volvió a Moncloa.

Viene esto a cuento de los titulares que aparecieron el miércoles por la publicación del contenido del sumario de la Audiencia Nacional sobre las maniobras realizadas para atacar la credibilidad de las investigaciones policiales y judiciales que perjudicaban al Gobierno. Al final, no importa tanto que el sujeto de esas frases sea 'Santos Cerdán' o 'el PSOE'. Era lo mismo. No había más PSOE que lo que Cerdán decidiera o las medidas que pusiera en marcha. Todo lo demás estaba en el Gobierno ocupándose de las cosas a las que se dedican un presidente y sus ministros. La alta política, como les gusta decir. En la baja política, Cerdán tenía las manos libres para establecer sus prioridades.

Cuando te metes en una operación para desacreditar a policías, jueces o fiscales, no puedes ir por ahí diciendo que no conoces a nadie de arriba o que eres una mindundi. Todo lo contrario. Haces promesas para obtener información y las respaldas con el argumento de que podrás cumplirlas. Dinero, ascensos o lo que sea. Si no lo haces, nadie te va a contar nada, porque tus interlocutores se preguntarán qué van a sacar a cambio en beneficio propio. En esos momentos, Leire Díez se presentaba como la señora Lobo del PSOE. Ella estaba ahí para arreglarlo todo. Como en 'Pulp Fiction', aparecería de improviso y sería la salvadora del partido.

A los socialistas les gusta decir que son un partido de 140 años de historia. Ahora tendrán que asumir que esa trayectoria se resumió en un momento dado en Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías y el empresario Javier Pérez Dolset. No es precisamente la alineación que eliges para disputar un Mundial o para que te resuelva un problema de reputación. Lo más probable es que te envíe a lo más profundo de una fosa submarina.

La respuesta socialista fue marcar distancias con los implicados. “La documentación conocida hoy es una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del PSOE en vano y en falso, muy a pesar del PSOE”, dijo su secretaria de Organización, Rebeca Torró. El problema es que las órdenes en ese grupo de “farsantes” las daba Cerdán, según el sumario, y ya sabemos quién puso al navarro al frente de Ferraz.

Quien también deberá dar explicaciones es la directora general de la Guardia Civil. La UCO ha desvelado tres encuentros de Mercedes González con Leire Díez, presumiblemente para que investigaran las filtraciones de las investigaciones a los medios. Sí se abrieron “informaciones reservadas” en el Cuerpo, pero se cerraron después sin que hubiera ningún expediente disciplinario. Leire Díez presumía de tener amistad “con la DG de la GC”.

El informe de la UCO que aparece en el sumario indica que la operación dirigida por Leire Díez y financiada por Cerdán tenía como objetivo proteger los intereses del Gobierno y “desestabilizar” causas judiciales que “directa o indirectamente presentaban afectación a miembros del PSOE o el Gobierno”. Cerdán se ocupaba de poner el dinero que permitiera “dar cobertura logística a las acciones de este grupo”. “Habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido”, dice el informe. Se hicieron pagos a Díez a través de una empresa de Gaspar Zarrías, exvicepresidente del Gobierno andaluz, al que la Guardia Civil encontró 19.850 euros en su casa en un registro.

No hay pruebas o indicios en el sumario que acusen directamente a Pedro Sánchez a partir de lo que él dijo o hizo. Tratándose de un informe de la UCO, no faltan las deducciones, un terreno en que se puede hacer volar la imaginación. Relatan una conversación entre Díez e Ismael Oliver, que fue el primer abogado de Koldo García, con esta frase del segundo: “Y dile al presidente y a tu jefe que espabilen de una pura vez (sic) o les van a joder la vida”. El jefe sería Cerdán y el presidente ya sabemos quién es. Acto seguido, los agentes proceden a especular con lo que eso podría significar, basándose también en otras frases de Díez: “En este caso y en palabras de Leire, lo que se evidenciaría del contenido de los mensajes anteriores es el conocimiento por parte del presidente del Gobierno de la actividad que venía desarrollando la propia Leire”.

Evidentemente, el juez de instrucción no está obligado a asumir como propios estos comentarios. Una vez que aparecen en un informe policial, su utilidad cobra una vertiente nada menor, porque pueden aparecer en los medios de comunicación. De ahí, el titular de ABC: “La UCO sostiene que Pedro Sánchez conocía el trabajo de las cloacas del PSOE”. Con eso es suficiente para que el Partido Popular dé por hecho que Sánchez dirigía una “organización criminal” y que tendrá que declarar como testigo en la Audiencia Nacional o algo peor.

Para comprobar hasta qué punto podían llegar Díez y sus cómplices, en el informe aparece una reunión de ella con el abogado del comisario José Manuel Villarejo al que también hicieron una oferta. Villarejo, el rey de todas las conspiraciones con sus correspondientes grabaciones. A cambio de la información que creían que podía aportar, le ofrecieron conseguir que la investigación del caso Tándem contra él se quedara en “una multa y pena de cárcel pequeña” gracias a un supuesto contacto con la Fiscalía. Lo importante era hacer promesas que resultaran irresistibles. El abogado, que seguro que conocía bien a su cliente y los procedimientos judiciales que había contra él, rechazó la oferta. Todo le parecía “poco creíble y muy fantasioso”.

Lo que no es una fantasía es que esos contactos se produjeron. Por mucho que nadie ha conseguido probar que tuvieran éxito –de hecho, todas las investigaciones judiciales que perjudican al PSOE han seguido su curso–, han quedado reflejados en informes policiales y autos judiciales a partir de comunicaciones interceptadas. Ser un inepto al intentar obstruir la acción de la justicia no es un atenuante. A los socialistas no les será suficiente con afirmar que todo quedará en Santos Cerdán. La respuesta obvia a ese argumento vendrá en forma de pregunta: ¿quién puso a Cerdán en un puesto que le dio tanto poder?

El PSOE ha respondido este miércoles a las nuevas revelaciones sobe el caso Leire Díez afirmando que ya actuó en su momento ante los comportamientos descritos en el sumario de la investigación judicial. En la misma línea, la Secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha asegurado en un mensaje en redes sociales que la documentación que se ha conocido es “una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del PSOE en vano y en falso”.

Así, el partido ha descrito el caso como una “suma de comportamientos individuales intolerables” de unas personas que han “pretendido legitimarse utilizando el nombre del Partido Socialista en beneficio propio”.

El PSOE ha recalcado que actuó “hace tiempo” contra “varias de las personas mencionadas” en las diligencias del caso y que, por tanto, “el PSOE actúa. Siempre lo ha hecho”. Por ello, han subrayado que no se debe tener “ninguna duda de la honorabilidad y transparencia”, del partido y “de los valores que representan las siglas”. “Esa credibilidad es la que pretenden menoscabar esta trama”, han criticado los socialistas.

En cuanto a los tres contratos del PSOE con Leire Díez, el PSOE ha vuelto a insistir, como ya lo hicieron antes otras figuras del partido, que son “formalmente legales”. “Nuestros canales internos siguen analizando la documentación que les da soporte y, si en algún momento, detectamos un responsable identificable o un perjuicio para el partido, tomaremos las decisiones judiciales pertinentes”, han asegurado desde la formación.

Por último, los socialistas han reiterado que seguirá colaborando con la justicia “como viene haciendo hasta que se esclarezcan todos los detalles” y que “quien utilice el nombre del PSOE en vano, en falso, en beneficio propio o para defender oscuros intereses”, tendrá enfrente al partido.

Miembros de Global Sumud Flotilla han interpuesto este martes una querella criminal en el Tribunal de Instancia de Bilbao por “brutalidad policial” contra la Ertzaintza y contra el consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, del PNV, tras las cargas que tuvieron lugar el pasado 23 de mayo, a la llegada de los activistas al aeropuerto de Loiu. “Hemos interpuesto una querella criminal en representación de Global Sumud Flotilla como acusación popular por los hechos ocurridos en el aeropuerto de Loiu cuando llegaron los voluntarios de la Flotilla. Euskal Herria entera y parte del mundo vieron las imágenes. La Ertzaintza utilizó una vez más una brutalidad policial totalmente innecesaria y desproporcionada. Violentamente tiraron al suelo a los miembros de la Flotilla y cuando estaban en el suelo siguieron golpeándoles con sus bastones policiales. Estas personas acababan de sobrevivir días de secuestro de gran violencia a manos de las fuerzas de ocupación israelíes y cuando llegaron a Loiu fueron golpeadas por la Ertzaintza de forma brutal”, ha denunciado la abogada de los activistas Haizea Ziluaga, tras presentar la querella.

Junto a ella han acudido al juzgado una docena de personas que han mostrado banderas de Palestina y fotografías de las heridas provocadas por la Ertzaintza durante las cargas tras las cuales detuvo a cuatro personas acusadas de desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad. Según informó en aquel momento el Departamento vasco de Seguridad, tras lo sucedido, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza inició una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajustó a las instrucciones en vigor.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, pidió perdón en inglés por las cargas en una comparecencia en el Parlamento Vasco, pero después en castellano y euskera aclaró que la presencia policial en la terminal estaba justificada y que todo arrancó con una “agresión” a un agente de la autoridad y hasta recalcó que entre los activistas había dos exmiembros de ETA, uno condenado a seis años de prisión y la otra a doce. Preguntado el pasado viernes por el tema en la sesión de control al Gobierno, no volvió a realizar ninguna referencia directa al operativo e insistió en que hay un problema en la sociedad vasca porque se está perdiendo el principio de “autoridad” y aseguró que, “mientras tenga la confianza del lehendakari”, Imanol Pradales, seguirá trabajando para garantizar el “orden”.

“A nosotras nos corresponde denunciar lo sucedido y, como acusación popular, pedir responsabilidades. Las declaraciones del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que asumió en primera persona lo sucedido, son inaceptables. Niega lo evidente”, ha criticado la abogada en referencia a sus afirmaciones de que la carga de la Ertzaintza fue “provocada” por una “agresión previa” a un agente.

Según ha destacado, la denuncia va dirigida contra los agentes de la Ertzaintza que actuaron en Loiu, contra los que dirigieron esa “operación policial brutal” y contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, por “detención ilegal, lesiones y delito de odio”, entre otros. “Nos hemos visto obligadas en más de una ocasión a tener que venir al juzgado a defender la solidaridad con el pueblo de Palestina. Denunciar el genocidio que está cometiendo el Estado sionista de Israel es un derecho civil y político y nosotras seguiremos ejecutando este derecho porque es nuestra obligación”, ha concluido la abogada.

Los vecinos de Barajas u Hortaleza y los ecologistas ya no son los únicos opositores al aterrizaje de la Fórmula 1 en Ifema. Este, además, es mucho más poderoso. Dromo, la empresa que inició el diseño del circuito ahora bautizado Madring, ha solicitado una investigación en Colonia (Alemania) sobre el uso de su labor por parte de la compañía Tilke, que le remplazó en pleno desarrollo del trazado.

Las acciones legales llegan después de que la Justicia madrileña negara a Dromo medidas cautelares por violación de derechos de autor, según adelanta El País, que habla también de una petición de indemnización millonaria. Un inesperado giro en una historia que empezó con un gran hermanamiento. No en vano el fundador y CEO de Dromo, Jarno Zaffelli, acudió e intervino en el gran acto de presentación del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid celebrado en enero de 2024.

A poco más de tres meses de una cita automovilística que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre, Ifema se muestra “tranquila” en declaraciones recogidas por El País. El consorcio público-privado (con un 62% de su financiación proveniente del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid) afirma que resolvió el contrato con Dromo en aplicación de la ley de contratación pública.

“Dromo no está pidiendo un privilegio, está pidiendo que se respete un contrato. Ifema recibió nuestro diseño, nuestros planos, nuestros modelos y nuestra metodología bajo condiciones muy precisas. Si ahora esos materiales se usan para construir, modificar, promocionar o explotar comercialmente el Gran Premio de Madrid sin respetar esas condiciones, el problema no es deportivo: es jurídico”. expone Zaffelli en declaraciones al periódico de Prisa.

“La reclamación económica completa está en preparación. Nuestra estimación es que solo la terminación contractual genera importes superiores a seis millones de euros. Si además se explotan la imagen del circuito, el layout, los mapas, los contenidos audiovisuales o cualquier otro activo derivado de nuestro diseño, esos usos deberán ser cuantificados separadamente. No buscamos bloquear Madrid; buscamos que quien utilice el trabajo de Dromo lo haga con título válido y pagando lo que corresponda”, añade.

Intervenciones periciales y reproches cruzados de Ifema

Avanza incluso El País que un perito mandatado por un juzgado alemán certificó que en los archivos de la empresa alemana había materiales de la italiana, almacenados, total o parcialmente, y en parte procesados. Como consecuencia, se han adoptado medidas cautelares de manera parcial contra la empresa alemana, según la representación legal de Dromo, consistentes en que no pueda reproducir ciertos materiales documentales en Alemania. Para Zaffelli, eso es un indicio de que Ifema y Tilke ya trabajaban juntos desde meses antes de que se oficializara la ruptura con Dromo.

Un portavoz de Ifema atribuye a Dromo “incumplimientos graves, perfectamente documentados en el expediente de contratación y notificados a Dromo”. “Frente a esta resolución del contrato, Dromo no ha ejercido impugnación alguna. Respecto a otras pretensiones de Dromo, sus reclamaciones contra Ifema han sido en dos ocasiones rechazadas por el órgano judicial. A día de hoy Ifema no ha sido notificada de ninguna demanda presentada en el ámbito judicial. Ifema está tranquila y segura en relación a su posición jurídica con éste y todos los contratistas de la institución”, zanja esta fuente. Apostilla igualmente que las reclamaciones de Dromo a terceros como Tilke “no deben ser objeto de nuestra opinión”.

El conflicto llega en los últimos meses de construcción del circuito. De hecho los trabajos principales concluyeron el pasado 31 de mayo, al menos según prometió el presidente de Ifema, José Vicente de los Mozos. El directivo habla también de un “sold out técnico” en la venta de entradas, al tiempo que en declaraciones a los medios el pasado abril admitió por primera vez que las obras habían causado “molestias” en el recinto ferial en un año en el que la facturación de la entidad disminuyó sensiblemente.

La Fiscalía Superior de Galicia ha abierto diligencias de investigación preprocesual tras recibir varias denuncias sobre los cambios sobre qué sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se ocupa de los litigios que tienen que ver con parques eólicos. El Ministerio Público indica que es necesario indagar sobre los hechos por si se cometió un delito de prevaricación judicial. Está pendiente de determinar, sin embargo, qué órgano es el competente para ello, dado que los denunciados son aforados.

Hay varias denuncias presentadas contra la decisión de la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Azucena Recio -elegida para el cargo el pasado mes de marzo-, de modificar las normas de reparto de forma que las cuestiones relativas a la eólica dejarían de corresponderle a la sección tercera y pasarían a la segunda.

La plataforma Eólica Así Non, que presentó denuncia contra esta decisión de cambiar el reparto, considera que estas alteraciones son arbitrarias y las relaciona con una voluntad de “satisfacer el interés expresado por la Xunta de Galicia y empresas del sector eólico”. Recuerda que las modificaciones se hicieron en paralelo al traslado de dos magistrados de la sección tercera, Luís Villares y María Dolores López, a la cuarta.

Los cambios y los traslados forzosos de los jueces se produjeron tras meses de críticas de la Xunta a las decisiones de la sección tercera, que paralizó decenas de parques eólicos por posibles daños ambientales. Los traslados fueron criticados por la asociación Xuíces e Xuízas para a Democracia (XXpD), a la que pertenece Villares, quien fue candidato de En Marea a la Xunta. XXpD manifestó que la medida es “inusual” y señaló que el mensaje que se manda es que las “desmedidas” presiones políticas y empresariales han conseguido cambiar a los miembros de la sección y que el poder judicial se “dobla” a los intereses de las partes. Tanto la asociación como el propio Luís Villares recurrieron la decisión y pidieron paralizarla, pero el Consejo General del Poder Judicial rechazó frenar el cambio, a la espera de que llegue la resolución sobre estos dos recursos de alzada.

Salvador Illa se ha convertido en uno de los pocos puntales territoriales que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez, una soledad que no le impide al president catalán mostrar su apoyo con contundencia. Si la semana pasada Illa ya sugirió que las causas judiciales que se abrían contra el PSOE tenían sospechosas “casualidades”, este lunes lo ha repetido durante su discurso de apertura de la Reunión del Cercle d'Economía, ante lo más granado del empresariado catalán, cuando ha señalado “coincidencias” entre la agenda judicial y la de la derechas.

“Queremos romper el círculo vicioso del populismo”, ha asegurado en relación a la economía española que, según ha considerado, es un ejemplo para Europa. “Quizá sea el éxito de los gobiernos de Catalunya y España lo que explica tantas coincidencias en algunas agendas. Déjenme decirlo claro: nada ni nadie nos desviara de nuestro propósito”, ha asegurado Illa.

El jefe del Govern ha defendido además una Catalunya absolutamente comprometida con el proyecto Europeo, también en lo que respecta a retos como la autonomía estratégica o la transición energética. “El federalismo europeo es la mejor manera de gobernarnos y es lo contrario al retorno a las grandes potencias y el imperialismo. Los grandes retos sociales de vivienda o climáticos requieren un salto de escala”, ha defendido.

Ante una audiencia tan influyente como la que congrega el Cercle, Illa ha propuesto “una alianza duradera entre el Govern y los sectores económicos”, a la que incluso ha puesto nombre: el consenso Catalunya, a la imagen del Consenso de Londres. Este pacto estaría basado en tres objetivos: el primero crear valor y creer en el modelo público-privado, el segundo una política industrial activa y, el último, una productividad destinada al bienestar.

En terreno económico, Illa se ha presentado ante los empresarios con un nuevo plan bajo el brazo para finalizar algunas infraestructuras clave mediante un modelo público-privado. Esta colaboración permitirá “acelerar las inversiones que necesitamos en obras estratégicas”.

Para ello, la Generalitat sacará un concurso por valor de 1.800 millones de euros, que permitirá que de la mano del sector privado algunos proyectos se acaben en seis años. Entre las obras contempladas están las estaciones del tramo central de la L9 del Metro (500 millones de euros), el despliegue de los llamados ejes viarios 2+1 a lo largo de 366 km de la red de carreteras (720 M€) o el desdoblamiento parcial del tramo Berga-Bagà (470 M€), según indican fuentes del Govern.

Illa ha anunciado además que ya piensa en un segundo paquete, también destinado a un contrato que será asumido por el sector público, por valor de 1.500 millones más y donde se contendrán planes como el desdoblamiento de la C-55, la segunda fase del tranvía entre Tarragona y Reus o la terminal ferroviaria de Lleida–Quatre Pilans.