Luis Acayro Sánchez, el juez que instruyó 20 casos de corrupción urbanística en Cantabria antes de ser inhabilitado por el Tribunal Supremo, protagoniza el programa Salvados que se emitirá este domingo 25 de octubre a las 21.30 horas en La Sexta.

Bajo el epígrafe 'Acayro, el juez juzgado', el programa que presenta el periodista Fernando González, conocido como Gonzo, indaga en las circunstancias que rodean la inhabilitación del magistrado tras una carrera profesional en los juzgados de Cantabria.

Acayro concede la primera entrevista desde que fue apartado de la carrera judicial y lo hace en un programa de televisión nacional de máxima audiencia. “Creo que me condenaron de una manera muy difícil de justificar en derecho”, dice en las imágenes de promoción.

“Luchó contra la corrupción urbanística y logró decenas de imputaciones. Pero también se ganó enemigos”, promociona el programa. “¿Confías en la justicia?”, le pregunta Gonzo. “Creo que sería muy injusto decir que no se puede confiar en la justicia, pero tampoco sería justo decir que se puede confiar al cien por cien en la justicia porque en ocasiones la justicia da confianza y en ocasiones da miedo”, declara Acayro en un avance de la entrevista difundido en redes sociales.

Luis Acayro Sánchez Lázaro (La Laguna, 1976) llegó a Cantabria con 30 años y cinco de experiencia como juez. Tramitó 24.000 asuntos en cuatro años. “En el 99,9 por ciento no tuve ningún problema, pero las 20 causas de corrupción me supusieron que perdí la cuenta cuando llegaron a 30 expedientes disciplinarios y diligencias informativas, y cinco querellas”, explicó en una ocasión.

19 años después perdió su condición de magistrado después de una sentencia del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal dobló la pena de cinco años que le impuso en primera instancia el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) al considerar que solicitó información en perjuicio de un abogado sobre los contratos menores que mantenía con el Ayuntamiento de Castañeda, unos hechos que se produjeron en 2018.

El letrado se quejó al Colegio de Abogados de Cantabria, que inicialmente no atendió el caso. Pero tres años después cambiaron de opinión: la institución colegial recuperó esa denuncia y Colegio y letrado presentaron conjuntamente una querella contra Acayro Sánchez por prevaricación que ha provocado el fin de su carrera judicial.

No obstante, el veredicto del Supremo generó polémica en los estamentos judiciales. La decisión se tomó por tres votos contra dos. Los tres magistrados favorables a la condena fueron el magistrado y exsenador del Partido Popular Vicente Magro, Ana María Ferrer y Andrés Martínez Arrieta. Otros dos, Antonio del Moral y Leopoldo Puente, emitieron votos particulares que defendían su absolución.

Pero en sus argumentos fueron más allá: consideraron que no se pueden manipular o retorcer los hechos probados. Menos aún –según precisaron– en perjuicio del acusado, sin presenciar la prueba ni haber visto la grabación del juicio, lo que supone un cierto tirón de orejas a la opinión de sus compañeros de toga: “La mayoría introduce en su razonamiento algún salto acrobático alterando la apreciación probatoria”, escriben textualmente en las motivaciones de su voto contrario a la sentencia contra Acayro que desarrollan a lo largo de 15 folios.

El Fiscal solicita tres años de cárcel para una persona acusada de un delito de estafa cualificada al cobrar la señal del alquiler de un chalet vacacional en Cádiz sin ser el propietario. Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 30 de junio de 2022 cuando la víctima inició los trámites para formalizar un alquiler vacacional para una vivienda situada en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Para ello mantuvo diversas conversaciones con una persona, pensando que era la arrendadora, y efectuó un pago (a modo de señal) de 480 euros en concepto de reserva mediante Bizum. Posteriormente, la víctima se percató de que el arrendamiento era ficticio ya que la línea telefónica receptora y la cuenta bancaria vinculada estaban a nombre del acusado.

Por su parte, la supuesta arrendadora, en atestado de 22 de julio de 2022, ya había denunciado una estafa similar relativa al alquiler de su chalet por parte del acusado.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de estafa cualificada por lo que procede imponer al acusado la pena de tres años de prisión y por responsabilidad civil deberá indemnizar a la víctima en 480 euros. Por su parte, y en concepto de multa pide para el procesado 2.700 euros.

Casi 40 años después de su primera edición, el V Congreso de Gentes del Derecho ha reunido a decenas de juristas progresistas en Barcelona para debatir y proponer la ampliación de los derechos de la ciudadanía y poner fin a la “escandalosa dilación de la Justicia”, en palabras de la magistrada jubilada y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

El debate que ha abierto el congreso lo han protagonizado dos de los protagonistas de su primera edición en Madrid en 1987, Carmena y el exfiscal superior de Catalunya, José María Mena, junto a la catedrática de Derecho del Trabajo de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Consuelo Chacartegui.

Mena ha pedido a todos los asistentes “no mirarse el ombligo”, en referencia a las discrepancias entre progresistas, y remar en la misma dirección para “volver a pensar que el derecho es un instrumento para el progreso social y el bien de la sociedad”. “Tenemos que hacerlo por obligación ética, convicción histórica y optimismo táctico”, ha apostillado.

El exfiscal superior catalán ha recordado que, frente a los juristas progresistas que abogan por el progreso social, hay otro sector de la profesión que está a favor “de un derecho de contención y conservación de derechos y privilegios”.

En la misma línea, Carmena ha destacado que la derecha “está en contra de la igualdad, entre otras cosas porque piensa que la desigualdad es buena porque crea estímulos”. “Pero nosotros sabemos que eso va en contra de los derechos humanos”, ha señalado.

“Muchos de los problemas que la sociedad está constatando con la Justicia vienen porque está escondida”, ha sostenido Carmena, que ha lamentado que las instituciones “no hicieran caso” de reivindicaciones del primer Congreso de Gentes del Derecho que hubieran contribuido a desatascar los juzgados, como facilitar que los antiguos secretarios judiciales pudieran pasar a resolver casos.

“Tenemos que volver a plantearnos en serio que la administración de justicia esté bien organizada”, ha insistido Carmena, que ha abogado por “una forma de actuar y una dinámica distinta”. “No puede haber justicia con esta dilación”, ha agregado.

En uno de los debates que han seguido a la apertura del Congreso se ha analizado la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para el exvocal Álvaro Cuesta “no ha habido un pensamiento estratégico” en todos los años de la democracia sobre la organización y gobierno de la justicia en comparación con otros organismos del Estado.

A juicio del abogado de José Mariano Benítez de Lugo, la situación del Consejo “es insostenible” y habría que buscar una fórmula “para impedir el mercadeo de candidatos” a los altos puestos judiciales.

Para la actual vocal del CGPJ, Argelia Queralt, los nuevos vocales han devuelto “la normalidad formal” al Consejo. “Hemos avanzado, pero seguimos sin consolidar un proyecto común de gobierno del Poder Judicial”, ha añadido, al tiempo que ha admitido cierta falta de unidad entre los vocales progresitas: “Los conservdores son una banda militar, nosotros una banda de jazz con tendencia a los solos y a la improvisación”.

El magistrado jubilado y exdirector de la Escuela Judicial, Pascual Ortuño, ha destacado la “entente” de los primers CGPJ, pero ha lamentado el “ariete” contra los progresistas que empezó en la etapa del Consejo en los Gobiernos de José Luís Rodríduez Zapatero de la mano del vocal Enrique López, posteriormente consejero de la Comunidad de Madrid. “Hay que cambiar el modelo”, ha concluido.

El resto de debates del Congreso abordarán la situación actual de la abogacía, la mutualidad y la jubilación, las novedades legislativas en relación con la pasarela al RETA, el turno de oficio, la asistencia jurídica gratuita y la retribución del turno; el derecho a la información veraz y las fake news; el derecho internacional y la forma en que deben respetarse las decisiones del Tribunal Penal Internacional.

La Audiencia Provincial de Zamora ha confirmado íntegramente la pena impuesta por el Juzgado de lo Penal zamorano al ganadero propietario de unos perros de custodia de un rebaño que hace tres años atacaron hasta causar la muerte a una vecina de Roales del Pan (Zamora) que paseaba por un camino junto al cercado en el se encontraban las ovejas.

El tribunal provincial ha rechazado tanto el recurso de apelación presentado por la defensa del ganadero a la sentencia de primera instancia para que se le rebajara la pena de prisión; como el de la acusación particular, que pretendía que se elevara al no tener en cuenta una de las atenuantes, según la sentencia dada a conocer por las partes personadas en la causa judicial.

De esta forma, la Audiencia Provincial de Zamora mantiene tanto la pena de prisión como la indemnización de 250.000 euros a los padres de la víctima, una joven de 27 años de Roales del Pan que fue atacada por perros mastines y de carea leonés en octubre de 2023, cuando paseaba por un camino rural del municipio vecino de La Hiniesta.

El tribunal provincial ha considerado que la sentencia inicial del Juzgado de lo Penal de Zamora ha valorado correctamente las pruebas aportadas en el juicio y que el ganadero no había adoptado medidas de vigilancia de los perros, como vallar el cercado o tenerlos atados, pese a que anteriormente ya se había producido al menos otro ataque a un ciclista y se conocía el carácter agresivo de los canes con otras personas que no fueran su dueño.

La agresividad y el carácter territorial de los perros se puso de relieve en el juicio y la falta de adopción de medidas también, por lo que la Audiencia Provincial de Zamora ha mantenido la pena de prisión y no ha accedido a que, como pedía la defensa, el ganadero fuese absuelte o, subsidariamente, se redujese la pena a un año de cárcel.

El tribunal tampoco ha accedido a las pretensiones de la acusación particular de elevar la pena de prisión al no tener en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas, ya que la Audiencia Provincial de Zamora ha admitido el retraso de más de un año debido al atasco de asuntos en el Juzgado de lo Penal de Zamora. 

Canarias registró al cierre del segundo trimestre del año la mayor tasa de litigiosidad del país, con 51,49 casos por cada mil habitantes, muy superior a la media nacional, que fue del 39,35 por mil.

Los órganos judiciales españoles registraron en el segundo trimestre de este año 1.933.412 nuevos asuntos, lo que supone un 0,6% menos que en el mismo periodo del año pasado, según el balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esta reducción obedece al descenso en el orden civil, en el que la entrada de asuntos cayó un 3,7% , ya que entre los pasados 1 de abril y 30 de junio las demás órdenes jurisdiccionales recibieron un mayor número de asuntos que en el mismo periodo del año anterior.

El informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales muestran también un descenso interanual del 9,9% del número de asuntos resueltos, que sumaron en el segundo trimestre un total de 1.846.627, lo que supone una media de 430,15 por órgano judicial y un incremento del 3,4% de la pendencia, siendo 4.856.010 los que quedaron pendientes al final del periodo.

En el orden civil ingresaron 815.301 nuevos asuntos, un 3,7% menos que un año antes, y los resueltos sumaron 774.636, un 19,3% menos, descendiendo la pendencia al quedar en trámite 2.772.757, un 2,9% menos que al final del segundo trimestre de 2025.

En el penal los asuntos registrados ascendieron a 923.465, cifra muy similar a la registrada en 2025, con un alza del 1,1%, y se resolvieron 889.945, un 1,6% menos, quedando en trámite 1.316.124 asuntos, un 15,9% más.

En el contencioso-administrativo se registraron 53.217 nuevos asuntos, un 2,7% más, y se resolvieron 54.619, un 6,8% menos, quedando pendiente 222.359, un 2,7% más.

En el social ingresaron 141.392, un 7,1% más, y se resolvieron 127.400, un 1,7% más, quedando pendientes 544.710, un 12% más.

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España ha sido muy similar a la de hace un año, con 39,35 asuntos por cada mil habitantes frente a los 39,83 del segundo trimestre de 2025.

Las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (51,49), Asturias (43,32), Madrid (43,05), Cataluña (42,44) y Murcia (40,97).

Los territorios que registraron una tasa inferior a la nacional fueron Andalucía (39,03), Baleares (38,03), Cantabria (37,32), Comunidad Valenciana (36,33), Galicia (35,66), Castilla y León (35,33), Aragón (34,03), Navarra (33,52), Castilla-La Mancha (32,34), Extremadura (31,93), País Vasco (29,35) y La Rioja (28,81).

La sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por la Asociación Los Árboles Hablan para pedir el cese urgente de la tala de árboles en el barrio de la Salud de la capital tinerfeña.

El tribunal ha estimado la medida solicitada por la asociación medioambiental en una notificación a la que ha tenido acceso EFE, contra la que no cabe recurso.

La petición estaba fundamentada en un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del pasado mes de abril por la que se aprobó el proyecto modificado para la demolición de la iglesia de San Gerardo y la rehabilitación de la zona.

El martes se presentó el escrito para pedir la suspensión cautelar urgente de la tala de árboles desarrollada en ejecución de dicha resolución con el argumento de que la no paralización causaría graves perjuicios medioambientales a las especies amenazadas, pues aún quedan por talar 14 árboles de los 20 emplazados en la zona.

Igualmente se puso de manifiesto en la petición que la aprobación de esta actuación se ha llevado a cabo al margen de cualquier tipo de informe fitosanitario y de valoración de emplazamientos alternativos, constando una mera memoria ambiental en la que además de reconocer el soslayamiento de tales informes se incurre en contradicciones e incoherencias en relación a las especies arbóreas afectadas por la rehabilitación de la zona.

En todo caso, añade, la asociación señala que el consistorio ha adoptado una medida “totalmente desproporcionada” al proceder a la tala de árboles para la habilitación de un aparcamiento de vehículos que la propia Administración cataloga como provisional.

El tribunal ha estimado el recurso al ver “prosperabilidad evidente” al no constar la expedición de informe fitosanitario alguno ni de valoración de emplazamientos alternativos, como exige la Ley sobre protección de arbolado urbano y de arbolado de especial protección de Canarias.

Además, la carencia de informe fitosanitario de cada especie provoca que no se acredite la imposibilidad de su trasplante y por lo tanto, prosigue el tribuna, existen visos de anulabilidad.

Por ello, y sin prejuzgar el resultado del pleito “dado lo embrionario del estado” en que se encuentra por la escasa documentación remitida y no haberse recabado todavía el expediente administrativo que resultará decisivo para alcanzar una convicción definitiva sobre “los hechos controvertidos”, sí estima el tribunal el carácter urgente de la medida.

Al respecto, argumenta que la tala de árboles se desarrolla sin solución de continuidad, una vez iniciada la ejecución de las obras por la empresa contratista, lo que conlleva a la apreciación de urgencia ante la “irreversabilidad” de la acción. 

En la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Álava, este martes, había un elefante. Sí, junto con los dos acusados, sus abogados defensores y procuradores, la fiscal, los letrados de las acusaciones, la terna de magistrados, la funcionaria de apoyo, los familiares y los periodistas, había un elefante en la habitación.

Ha arrancado ocho años y cinco meses después el juicio por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza de la primavera de 2018. Sin embargo, solamente se revisa ya lo sucedido en la especialidad de Cirugía Plástica, en el que se busca determinar si la opositora Thais Salas recibió ayuda de su suegro y autor de la mitad de las preguntas de la parte teórica Alfredo Martínez Flórez, lo que le catapultó a tener la mejor nota.

La presidenta de la sala, Beatriz Eva Román Gobernado, se ha esforzado en que nadie cruzara la línea de preguntar por algo que no fuera eso, de modo que se ha hurtado a los presentes la constatación de que, al mismo tiempo que sucedió lo que sucedió en ese examen, hubo denuncias en Cardiología, en Anestesia, en Microbiología, en Angiología, en Traumatología y otras muchas categorías de aquella OPE, como publicó en su momento este periódico. Y todas, sin excepción, tenían el mismo patrón: las mejores notas eran las de personas próximas a los autores de las preguntas.

Así, ha sido imposible que compareza en el juicio, siquiera como testigo, quien fuera directora general de Osakidetza en aquel momento, María Jesús Múgica. Y eso que incluso mientras se celebraba el examen bajo sospecha, el de Cirugía Plástica, se mostró “alterada”, según se ha contado en la vista, porque vio que la opositora Salas tenía una nota descollante. Por eso, ordenó a sus colaboradores que se reunieran con ella, entre la prueba teórica y práctica, para sugerirle que lo mejor era que se retirara.

El juicio ha empezado con unos pocos minutos de retraso respecto de la hora convenida, las 10.00 horas. Al frente del tribunal, la magistrada Román Gobernado, cabeza de una terna suplente porque la anterior se abstuvo. Acusan la Fiscalía, representada por Cristina Vicente Briansó, que venía con una batería de preguntas muy estudiadas y documentos que ha querido mostrar a los comparecientes, y los sindicatos LAB y ESK. Eso sí, ha tenido que disculparse en un par de ocasiones por confundir a la acusada con la periodista “Thais Villas”.

El abogado de LAB, Iñigo Santxo, ha sido el que más ha puesto a prueba la paciencia de la juez al intentar mencionar el elefante. “¡Impertinente!”, le ha llegado a espetar su señoría, refiriéndose a una pregunta, no a la persona. Ironías de la tecnología, quien ha querido denunciar el enchufismo en Osakidetza sin nada de éxito ha terminado por implorar un enchufe porque su ordenador se quedaba sin batería y le quedaban aún decenas de preguntas para los testigos. Por el contrario, Julio Sánchez, el letrado de ESK, ha optado por hacer muy pocas preguntas o directamente ninguna en la mayoría de interrogatorios. Entre los que no ha considerado relevantes para intervenir estaba el del exdirector de Recursos Humanos de Osakidetza, Juan Carlos Soto.

Los acusados, Salas y Martínez Flórez, se han sentado juntos en un banquillo que ahora ya son sillas más cómodas. Ella bebía agua de un pequeño botellín de plástico y jugaba con un bolígrafo; él ha permanecido casi en la misma postura durante las prácticamente cinco horas que ha durado la sesión matinal de la primera de las vistas de un juicio que, en pura teoría, quedará ya visto para sentencia este miércoles. A veces, comentaban alguna cosa entre ellos. Un allegado, justo detrás, entre el público, tomaba notas a mano en un cuaderno.

Ellos comparecerán los últimos. Primero han depuesto una docena de testigos. Una de ellas lo ha hecho “desde el extranjero” por videoconferencia muy de andar por casa, con un móvil en posición vertical y claros problemas para entender cuando uno de los dos defensores de los procesados, el conocido penalista donostiarra Rubén Múgica, le preguntaba por las notas de un examen del MIR de Salas.

La sesión ha arrancado con la exdirectora del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Maite Iruretagoyena, otro organismo público no vinculado con Osakidetza pero que tuvo un papel muy relevante en las oposiciones. La propia aludida lo ha explicado. Múgica, la directora general de Jon Darpón en aquel momento, la llamó “nerviosa” porque, en una reunión con sindicatos, le pidieron garantías de una convocatoria limpia —lo de la sospecha de filtraciones viene de largo, según recalcan voces internas de la Sanidad vasca— y ella planteó externalizar lo que su pudiera al IVAP, que se encarga de organizar procesos y tiene una imprenta con seguridad “24 horas” y hasta un “búnker” para custodiar cuestionarios.

Según Iruretagoyena, consultó con su jefe, el entonces consejero Josu Erkoreka, y decidieron meterse de lleno en ello. La cuestión es que el IVAP no tenía especialistas para hacer preguntas de exámenes médicos muy técnicos que evalúan no a estudiantes sin a facultativos especialistas en ejercicio. De modo que la pelota volvió a Osakidetza, que le dio al IVAP un listado de nombres para que hicieran los cuestionarios. Una de las testigos, la de la videollamada, ha admitido que cuando se planteó la solución del IVAP todos pensaban que era para contratar expertos “del resto de España, de Madrid o Barcelona”. Pero no.

Y ahí, en esos nombres que sugirió Osakidetza, apareció Martínez Flórez para hacer las de Cirugía Plástica. El doctor se abstuvo de participar en el tribunal evaluador por el “parentesco” que le unía con la examinanda Salas, la pareja de su hijo, pero no de hacer las preguntas. Él hizo la mitad de la prueba teórica, y un “doctor Beltrán”, aunque no el famoso médico de la televisión, la otra parte. Salas sacó 48 de 50 en las de su suegro y 24 de 50 en el resto.

Esto se conoció muy rápido. Un sistema de “lectura óptica” al poco de terminado el examen teórico —que se celebró en el aulario de Las Nieves de Vitoria en mayo de 2018— ya mostró que una opositora destacaba por encima del resto, la misma por la que un vocal del tribunal había renunciado. Sin que haya quedado claro cómo, la mismísima directora general Osakidetza se volvió a sentir “bastante alterada” al conocer la nota y el “revuelo” que ya se había montado entre el resto de aspirantes. Y llamó al 'número dos' del IVAP, Fulgencio Aledo, para cerciorarse de quién era el autor de las preguntas.

Iruretagoyena y Aledo, bajo promesa o juramento de contar la verdad, han relatado que mandaron identificar en la sala de examen a Salas y llevarla a una estancia separada del aulario. Se encargó de ello la letrada que hacía las veces de secretaria del tribunal, que ha confirmado los hechos. Allí, Salas se reunió con Aledo y con Soto, el jefe de Recursos Humanos. Y comentaron su nota. Al parecer, hubo un intento de que no hiciera ya la prueba práctica, pero no lo lograron.

La secretaria ha dicho que la escena pudo ser “violenta” para la joven, con dos altos cargos de un Gobierno comentando su proceder. En ningún momento se recogió en acta lo sucedido, aunque la testigo del encuentro ha señalado que, en 34 años de carrera en Osakidetza, no ha visto nada semejante.

Como no se podía hablar de ello, Soto y Aledo no han explicado que también estaban haciendo movimientos ante sospechas en otras especialidades en esas mismas fechas. Desde abril de ese año, por ejemplo, el vocal del tribunal de Cardiología, Ángel Loma-Osorio, había avisado de lo siguiente: “Lamento decir que tengo razones fundadas para creer que parte del tribunal de la OPE del que formamos parte tiene intención de compartir el material generado para la segunda prueba con vistas a una filtración selectiva”. Aquí se ofertaban 22 plazas y hubo 22 exámenes perfectos, de 100 puntos. Finalmente, todo estalló en junio y, de hecho, Soto fue uno de los dimitidos por esta crisis, como Múgica y como el propio consejero Darpón.

En el primer día laborable después del examen, que fue en fin de semana, Aledo pidió al jefe de Informática del IVAP una comprobación sobre Sala. Quiso saber el desglose de la nota en función del autor de las preguntas. Y ahí se vio la gran diferencia: 96% en las primeras 50. Y se organizó una nueva reunión. Esta vez fue citado por Soto y Aledo el doctor Martínez Flórez. Los excargos han asumido que era una “irregularidad” el asunto de la relación familiar y le señalaron que si la opositora desistía y renunciaba a seguir en la oposición todo quedaría arreglado. Le dieron al facultativo el correo electrónico no de Osakidetza sino del IVAP para que resolviera el asunto y evitara un expediente.

Así, a través de una cuenta de Hotmail y no de un mensaje corporativo, la opositora explicitó su renuncia. Aledo la reenvió a Osakidetza y Salas fue borrada de los listados. Después, cuando se encargó un análisis externo de las notas a la Universidad de Oviedo, no se contó la mejor y los parámetros dieron dentro de la normalidad. La “irregularidad” en Cirugía Plástica no formó parte de la información que entregó Osakidetza a la Fiscalía cuando se inició la investigación y solamente se incorporó al sumario por la denuncia de otra opositora, Penélope Calzacorta, que ha comparecido también como testigo en la vista.

A las acusaciones —al menos a la Fiscalía y a LAB— les ha llamado la atención la forma de resolver el problema arbitrada por el IVAP y Osakidetza. “Estamos a tiempo de solucionarlo. Si abandona el proceso selectivo, aquí se acaba todo”, ha admitido Aledo que le dijo a Martínez Flórez. No ha negado el ex 'número dos' del IVAP que tenían muchos problemas encima y que les convenía dejar resuelta una carpeta. Como era entrar a hablar del elefante, nada más se ha comentado a este respecto.

Soto, de su lado, ha contado que le preguntaron a Martínez Flórez directamente si había filtrado las preguntas y ha destacado cómo el doctor “empeñó su palabra de honor” a que no lo había hecho. Todo lo más, admitió que había expuesto a su nuera qué bibliografía iba a usar para hacer las preguntas y que era importante repasarla “incluso los pies de página”. En suma, han negado cualquier indicio de filtración, pero sí han admitido sin pretenderlo que el autor desveló su identidad al menos para sugerir los libros en los que poner más interés a la hora del estudio El IVAP, que pagó 1.250 euros por el examen al ahora acusado, les obliga a firmar varias cláusulas, incluida la confidencialidad.

La defensa de los acusados, en todo caso, ha querido presentar a Salas como una estudiante excelente, con las mejores notas del MIR en Euskadi y también con experiencia en el hospital Miguel Servet de Zaragoza antes de trabajar en el Donostia, donde su suegro era el jefe del servicio y otra familiar compañera. Cuando en esta investigación se analizaban otros exámenes, eso era lo que siempre se remarcaba, que se trataba de opositores brillantes.

Múgica, la jefa de Soto, no participará en el juicio. Sí estuvo citada como testigo en la fase de instrucción y dejó uno de los momentos más curiosos de este procedimiento, lleno de avatares. Contó con el apoyo de agentes de la Ertzaintza para poder huir de la prensa y no ser fotografiada en los juzgados. Aquí se puede leer lo que sucedió en aquellos días de 2019.

A falta de posibles modificaciones de última hora a la luz de lo acontecido en el juicio, la Fiscalía solicita dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor Martínez Flórez y un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación para Salas. LAB demanda tres años de prisión para cada uno de los dos imputados y ESK dos para cada uno. Las defensas, que hasta ahora han renunciado a acuerdos para modular la pena a cambio de una admisión de los hechos, siempre han defendido que no hay base alguna para una condena. Este miércoles, segunda y última vista.

La mujer acusada de fingir que padecía varios tipos de cáncer y pedir hasta 94.300 euros a familias y amigos, ha rechazado este martes llegar a un acuerdo y ha negado su culpabilidad en la segunda ocasión en la que se fija la fecha para celebrar la vista.

La primera fue el 21 de septiembre pasado y en esa ocasión no compareció, según su abogada por causas justificadas, y ahora también se ha pospuesto la vista para el próximo 9 de febrero de 2027, dado que el Tribunal preveía que iba a aceptar un acuerdo para cumplir la pena.

La procesada se negó a hacer ningún tipo de declaración cuando terminó la sesión que apenas duró unos minutos y en la que se fijó una nueva fecha.

Por ahora la Fiscalía mantiene su petición de penas de un año y diez meses de cárcel por un delito continuado de falsedad documental y otros cinco por el de estafa agravada y la devolución de la mencionada cantidad a diez familiares y amigos a los que habría engañado.

El Ministerio Público también pide que haga frente a multas que suman 7.200 euros y las cantidades que se fijen en ejecución de sentencia en caso de ser condenada y que se corresponden a préstamos solicitados utilizando nombres y datos de terceros, una vez se calculen los intereses generados.

La Fiscalía atribuye a la encausada haber vivido en varios domicilios de España y con la presunta intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito decía que tenía diagnosticados distintos tipos de cáncer y que sólo podían ser tratados en una clínica privada, no en la sanidad pública.

Según el relato fiscal, de esta manera al parecer se apropió de 2.000 euros enviados por medio de una transferencia por una amiga a la que dijo que tenía un tumor en la garganta y esófago.

La mujer luego se enteró por medio de un conocido de la infancia que le había entregado 25.000 euros y comprobó después que todo era supuestamente falso, lo que la acusada negó cuando le preguntó, pese a lo cual presentó una denuncia.

A este último le comunicó que padecía cinco cánceres, se había recuperado de cuatro pero el último no podía ser tratado en el Servicio Canario de Salud (SCS), lo que podía implicar su muerte, por lo que le entregó la mencionada cantidad ofreciéndole ella como aval un seguro de vida.

Algunos de estos fondos los recibía en mano por lo que no hay recibos.

La suegra de la encausada denunció que le había dicho que padecía cáncer de matriz, ovarios, esófago, intestino, hígado y sangre por lo que comenzó a pedirle dinero de manera que le transfirió 6.500, 7.000 y 4.010 euros a la cuenta que tenía con su pareja, hijo de la supuesta estafada.

Este último siempre creyó la palabra de su compañera cuando le decía que padecía estas enfermedades en vista del estado de malestar que presentaba continuamente.

También habría utilizado los datos personales de su suegra para obtener tres créditos de 9.600, dos de 5.000, dos de 1.000 y 4.140, 2.257, 3.500 y 3.081 y ante los impagos la entidad bancaria se los comenzó a reclamar a la titular de las cuentas.

Otro tanto ocurrió con el primo de la encausada de quien obtuvo 17.000 euros, el tío de su esposo entregó 17.400 euros más, otro familiar 5.000 y la esposa de este último, 1.000, siempre bajo el argumento de que padecía una grave enfermedad.

Al Ministerio Fiscal le consta que la encausada ha recibido distintos tratamientos en la mencionada clínica privada pero ninguno por enfermedad grave y en algún caso incluso por operaciones de estética.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la sentencia que obligaba a Puertos Canarios a completar el expediente de concesión solicitado por Cementos Especiales de las Islas, S.A. (CEISA) sobre el puerto de Santa Águeda, en Arguineguín, y a resolverlo en un plazo de seis meses. El tribunal considera que esa orden carecía de sentido, porque cuando el juzgado dictó su fallo la Administración ya había respondido a la empresa: le había denegado la concesión.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Suay Rincón, estima el recurso de apelación de Puertos Canarios, órgano dependiente de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno regional. Devuelve las actuaciones al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas, que deberá dictar una nueva sentencia y decidir sobre el fondo, es decir, si CEISA tiene o no razón. El TSJC no se pronuncia si hay que otorgar a la empresa la concesión que reclama ni se pronuncia sobre si tiene derecho a ella.

El litigio se remonta a marzo de 2021, cuando CEISA pidió a Puertos Canarios una nueva concesión sobre el puerto de Santa Águeda hasta el 22 de julio de 2046, prorrogable otros 30 años. La cementera argumentaba que su cantera de puzolana (material básico para la fabricación de cemento), su fábrica de cemento y el puerto forman “un todo funcional indivisible”. Por eso reclamaba que la concesión portuaria, que vencía en enero de 2023, durara lo mismo que la concesión minera, prorrogada en 2016 hasta 2046.

Puertos Canarios no contestó y CEISA acudió a los tribunales en enero de 2022 contra esa desestimación por silencio administrativo. Durante el proceso, la empresa llegó a pedir que se le reconociera un derecho “reglado” a obtener la concesión.

Con el pleito ya avanzado, el 4 de diciembre de 2024, el Consejo de Administración de Puertos Canarios dictó una resolución por la que se denegaba la concesión. Las dos partes la aportaron al juzgado a principios de 2025. CEISA, sin embargo, decidió no ampliar su recurso para impugnarla.

En julio de 2025, el juzgado estimó parcialmente la demanda de la empresa. Anuló la desestimación por silencio y ordenó a Puertos Canarios completar el expediente y resolver en seis meses. Entendía que el juez no podía otorgar por sí mismo la concesión, porque faltaban trámites como la fijación del canon. Las dos partes recurrieron esa sentencia.

El TSJC da ahora la razón a Puertos Canarios en un punto concreto: el juzgado de instancia partió de que el expediente seguía abierto cuando ya estaba cerrado, y además lo sabía, porque ambas partes se lo habían comunicado. “El pronunciamiento judicial ordena una actuación cuya finalidad inmediata ya se había cumplido”, señala la Sala en su sentencia.

El tribunal advierte además del “irresoluble e indeseable escenario” que habría creado ejecutar aquel fallo porque la Administración tendría que dictar una nueva resolución para sustituir a la de diciembre de 2024. Según la Sala, esa resolución “de forma deliberada no se ha cuestionado en la litis”, goza de la presunción de legalidad propia de los actos administrativos y es “plenamente válida y eficaz”. Los magistrados añaden que no cabe reprochar a la Administración que resolviera tarde, porque la ley la obliga a dictar resolución expresa aunque haya vencido el plazo.

La Sala no entra en el resto de cuestiones planteadas. No resuelve si CEISA estaba obligada a ampliar su recurso a la resolución denegatoria, una controversia que, según dice expresamente, “no es el debate aquí”. Tampoco se pronuncia sobre los argumentos de fondo de Puertos Canarios, que niega que exista una unidad funcional entre cantera, fábrica y puerto y que la concesión sea un derecho reglado de la empresa. Al quedar anulada la sentencia, el tribunal tampoco examina el recurso de CEISA, que pedía que se condenara a la Administración a tramitar la concesión en sentido favorable.

La valoración de Puertos Canarios

En un comunicado hecho público avanzada la noche de este lunes, Puertos Canarios ha valorado “favorablemente” la sentencia. Sostiene que el tribunal “acoge el argumento defendido” por el ente público: “No procedía ordenar” que completara un expediente y resolviera una solicitud sobre la que su Consejo de Administración “ya había adoptado una decisión expresa”.

Para este órgano público, el fallo “pone en valor el trabajo de sus servicios jurídicos y la importancia de defender las decisiones administrativas con argumentos documentados y por los cauces legalmente previstos”. También reconoce, según sus argumentos, “la corrección de su planteamiento sobre una cuestión esencial: el juzgado debía tener en cuenta que el expediente ya estaba resuelto”.

Puertos Canarios admite que el TSJC “no concede a CEISA la nueva concesión ni resuelve definitivamente sobre la procedencia de su otorgamiento”. Puertos Canarios afirma que “mantiene su respeto al derecho de defensa de la empresa y a los pronunciamientos judiciales que correspondan”.

Durante el proceso, el juzgado rechazó por extemporáneo un informe del director gerente de Puertos Canarios, de agosto de 2024 y desfavorable a la concesión, porque se aportó cuando ya estaba cerrada la fase de prueba.

La sentencia no es firme, puede ser recurrida en un plazo de 30 días hábiles. El tribunal no impone las costas a ninguna de las partes por la complejidad del asunto.

Valoración de Ceisa

Cementos Especiales de las Islas (CEISA) ha comunicado haber recibido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero ha señalado que esta no se pronuncia sobre el fondo del asunto y devuelve el procedimiento judicial al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria, donde se inició. Por lo tanto, “el procedimiento judicial sigue abierto y CEISA seguirá defendiendo sus intereses por los cauces legales”. En la actualidad, CEISA cuenta con las medidas cautelares que amparan su actividad en la fábrica de cemento, concluye la compañía.

La Justicia de Ceuta ya investiga, a través de distintas vías, casos de palizas de militares a migrantes. Diferentes juzgados ceutíes “están investigando” por separado varias denuncias de migrantes que aseguran haber sido víctimas de estas agresiones, según confirma el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por otro lado, la Fiscalía indica que se han incoado las primeras diligencias por parte del juzgado encargado de la investigación abierta tras la remisión del informe de Amnistía Internacional sobre posibles torturas a personas marroquíes por parte de soldados españoles, a lo que ahora se añadirán los audios publicados por elDiario.es.

Los hechos denunciados se remontan a los últimos dos meses y medio, desde la entrada de decenas de miles de personas migrantes a la localidad procedentes de Marruecos. elDiario.es a través de varias informaciones y diversas ONG, incluyendo a Amnistía Internacional a través de un amplio informe, habían alertado de agresiones a las personas que sobreviven en las calles de la localidad desde finales de julio.

Ahora el TSJA confirma a este medio que “existen varias denuncias en varios juzgados” de la localidad y que los hechos “se están investigando” por separado en cada uno de los casos. Esto implica que los procesos se encuentran abiertos, habiendo otorgado la autoridad judicial credibilidad a las reivindicaciones de las personas migrantes. Las fuentes del Tribunal ven complicado precisar por el momento el número de querellas, en una respuesta que desliza que no se trata de pocos casos.

Por su parte, la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación ante la denuncia presentada por Amnistía Internacional a raíz de un informe en el que desvela numerosos casos de presuntas torturas a personas que llegaron a la localidad hace dos meses y medio. “La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación a raíz de esa denuncia. No me consta que se hayan remitido vídeos ni otros informes relacionados con estos hechos. Todo ello, sin perjuicio de que algún juzgado haya podido incoar diligencias o actuaciones” por otro lado, revela el Ministerio Fiscal.

Dos vías y más denuncias pendientes de admisión

Se trata de dos frentes separados en el esclarecimiento de los hechos. Por uno, la acción individual de los titulares de cada uno de los juzgados en los que hay denuncias relacionadas con situaciones de esta índole, que, a no ser que finalmente unifiquen la investigación como una causa conjunta, resolverán individualmente cada uno de los sucesos. Por otro lado, quedan las pesquisas de la Fiscalía, a las que deberá aportar información el Ministerio de Defensa y en la que también se incluirán los audios revelados por elDiario.es en los que varios militares aparecen jactándose de agresiones a personas migrantes.

Más allá de las denuncias que ya investigan los juzgados, aún está pendiente la decisión sobre la admisión a trámite de varias denuncias a las que ha tenido acceso elDiario.es, por lo que la cifra de causas abiertas puede aumentar en las próximas semanas.

Una de ellas es la de Mohamed, publicada por elDiario.es el pasado 1 de octubre. Aunque aún no ha sido admitida a trámite, la Policía Nacional sí ha dado traslado del caso al juzgado, según confirma su abogada a elDiario.es.  El pasado 12 de septiembre, de madrugada, el hombre marroquí relata que estaba dormido en una de las chabolas de un asentamiento en la zona de las naves del Tarajal cuando fue despertado por “cinco militares” que, después de registrarle, lo trasladaron a una zona montañosa de la ciudad. Allí asegura haber sido maniatado, amordazado y haber sufrido una paliza por parte de un grupo de soldados españoles, todo según su denuncia, presentada el pasado 26 de septiembre en la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, a la que ha accedido elDiario.es.

Según la denuncia, el hombre marroquí dormía en una chabola de la zona de las naves del Tarajal junto a otro chico marroquí cuando le despertaron varios soldados. Cuando se asomó desde su habitáculo encontró a “unos cinco militares” que “le registraron y le pidieron que lo acompañaran”. Según cuenta tanto en la denuncia como en conversación con elDiario.es, los soldados les pidieron que fuesen con ellos. “Mi superior solo os va a registrar y no os va a pasar nada”, recuerda que le dijeron. 

En un principio siguió las indicaciones de los uniformados, hasta que “desconfió e intentó huir” del lugar donde lo tenían retenido, después de semanas en las que había escuchado a otros compañeros hablar de supuestas agresiones sufridas por parte de soldados españoles en plena madrugada. En ese momento, “los militares se abalanzaron sobre él, reteniéndole, al igual que a la persona que lo acompañaba” que, según su relato, era menor de edad.

Agarrados por los militares, empezaron a caminar por la carretera próxima a una de las entradas de las naves y, “a los pocos metros”, aparecieron otros soldados con otra persona migrante. Junto a ellos, los dirigieron hasta el lugar donde se encontraban “otros militares junto a dos vehículos”. El denunciante ha reconocido en fotografías estos coches como “todoterrenos pickup de la marca Iturri Landtrek” de color oscuro, lo que coincide con los vehículos tácticos utilizados por el Ministerio de Defensa. 

Allí, “los militares le tapan la boca y las manos tanto a él como a su acompañante con cinta aislante gruesa de color gris y les indican que suban en la parte posterior que se encuentra cubierta por completo de uno de los vehículos”, detalla el testimonio recogido por la Policía Nacional. El vehículo arrancó y tras unos 15 minutos de camino “sin ver nada del exterior”, los militares le bajaron y “le taparon los ojos con la misma cinta aislante” mientras “le propinaban sendos golpes por todo el cuerpo”. 

A los pocos metros, continúa su relato, “sintió que su cabeza se apoyaba sobre una superficie dura y rugosa donde fue atado a ella”. Mohamed piensa que era un árbol, pero seguía sin poder ver nada. Mientras estaba atado fue “golpeado durante unos cinco minutos” hasta que los militares le retiraron la cinta de los ojos y les ordenaron a gritos que “saliesen corriendo”. Mohamed cuenta que obedeció hasta que, mareado, con varias heridas en su cabeza y sin apenas fuerzas, se tumbó en otra zona del bosque hasta quedarse dormido.

Al amanecer empezó a caminar en busca de ayuda. Fue entonces cuando llamó a su hermano desesperado, cuenta, y envió los audios y fotografías que lo pusieron alerta. Desde Sevilla, donde Ossama vive desde hace tiempo, envió los mensajes a un amigo que también había llegado a la ciudad autónoma en la entrada masiva de finales de julio, como lo hizo su hermano. “La gran sorpresa fue cuando mi amigo fue a verlo y me contó cómo estaba. Me enseñó fotos de las heridas que tenía en la cara. Me quedé en shock y no sabía ni por dónde empezar. No pude seguir viendo las fotos”, recuerda.

Mientras su hermano respondía, Mohamed se encontró en una media glorieta de la zona de Benzú a otros militares, que “lo auxiliaron” y llamaron a una ambulancia, según el atestado policial. El parte médico del Hospital Universitario de Ceuta, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge que el paciente acudió a Urgencias tras sufrir “varias heridas” en el cuero cabelludo “tras agresión”. “También refería dolor en ambos brazos con predominio en el codo”, señala el parte.

El Tribunal Superior Electoral de Brasil ha dado este lunes un plazo de 24 horas al gigante tecnológico estadounidense Meta para que demuestre que garantiza un tratamiento igualitario a las campañas de los dos candidatos presidenciales, el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en prisión tras su condena por un intento de golpe de Estado.

El magistrado Marco Aurélio Bellizze advierte en el fallo que si la empresa, propietaria de Facebook, Instagram o WhatsApp, no demuestra que ha cumplido íntegramente las medidas de equidad ya ordenadas por la corte doblará la multa diaria prevista hasta un millón de reales (unos 185.000 dólares) hasta el final de la campaña electoral de la segunda vuelta, prevista para el próximo domingo 25 de octubre.

La decisión se produce después de que ambas campañas acudieran a la Justicia electoral para denunciar que sus contenidos políticos están siendo perjudicados por las plataformas de Meta y acusar a la compañía de favorecer a su rival.

La campaña de Lula sostiene que la empresa ha restringido selectivamente la difusión de publicaciones vinculadas al presidente y a sectores políticos afines, además de imponer limitaciones al impulso publicitario de sus anuncios.

La candidatura de Flávio Bolsonaro, aspirante del Partido Liberal (PL), también denunció que es perjudicada por la plataforma y pidió al tribunal defender la igualdad de condiciones entre ambos candidatos.

El senador ultraderechista fue el más votado en la primera vuelta, con un 47% de los sufragios frente al 45% del mandatario progresista, y los sondeos indican que lidera la intención de voto para la segunda vuelta con un estrecho margen, 51% contra 49%, por lo que ambos estarían técnicamente empatados.

La semana pasada el juez Bellizze determinó que Meta ofrezca tratamiento igualitario a ambos candidatos en una decisión que el viernes fue refrendada por todo el tribunal.

En su nueva decisión, el magistrado afirma que todavía no existen elementos suficientes para concluir que la empresa manipuló deliberadamente la distribución de contenidos, pero considera que la multinacional no ha demostrado satisfactoriamente el cumplimiento de todas las órdenes anteriores.

Igualmente, cuestiona que la empresa se haya atribuido la facultad de modificar los plazos fijados por el tribunal, ya que ha solicitado más tiempo para cumplirla.

Entre las exigencias figuran explicaciones sobre los sistemas de recomendación, la revisión de anuncios de ambas candidaturas, la identificación de los responsables de la publicidad política y las medidas adoptadas frente a posibles redes de perfiles no auténticos.

La nueva decisión se produce después de que Meta negara la semana pasada cualquier interferencia en las elecciones brasileñas y rechazara las acusaciones de favorecer a un candidato.

La compañía atribuyó a incidentes técnicos los problemas denunciados por la campaña de Lula y aseguró que sus sistemas no clasifican ni distribuyen contenidos en función de su ideología política.

Canarias ha vuelto a ser la comunidad con mayor tasa de rupturas matrimoniales de todo el Estado durante el segundo trimestre de 2026, con 57,9 demandas por cada 100.000 habitantes, por delante de Cantabria y la Comunidad Valenciana.

Según los datos que ha facilitado este lunes el Consejo General del Poder Judicial, los órganos judiciales del archipiélago registraron entre marzo y junio de este año un total de 1.307 demandas de separación, divorcio o nulidad matrimonial, lo que supone un incremento del 13,7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior (1.150).

Así, entre abril y junio se presentaron 825 demandas de divorcio consensuado, un 15,5 por ciento más que en el segundo trimestre de 2025, cuando se registraron 714, según se desprende de un comunicado remitido por la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Por su parte, los divorcios no consensuados sumaron 445 demandas, frente a las 397 del mismo periodo del año anterior, lo que representa un aumento del 12,1 por ciento.

Las demandas de separación de mutuo acuerdo se mantuvieron en 28, la misma cifra que un año antes, al tiempo que las separaciones no consensuadas descendieron un 20 por ciento, al pasar de diez a ocho.

Asimismo, se presentó una demanda de nulidad matrimonial, al igual que en el segundo trimestre de 2025.

En cuanto a los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio, se registraron 272 demandas consensuadas, un 25,9 por ciento más que las 216 presentadas entre abril y junio de 2025.

En cambio, las demandas no consensuadas sumaron 457, frente a las 456 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento de apenas el 0,2 por ciento.

Los procedimientos consensuados sobre guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales menores o con discapacidad con medidas de apoyo de progenitores alcanzaron las 523 demandas, un 23,9 por ciento más que en el segundo trimestre de 2025, cuando se contabilizaron 422, mientras que los no consensuados aumentaron un 19,6 por ciento, al pasar de 362 a 433. 

En el año 2007, Ignacio González usó una empresa pública que él mismo presidía para denunciar en los tribunales a un grupo de vecinos que le resultaba molesto porque interfería en sus planes para construir un campo de golf en pleno centro de Madrid, sobre las instalaciones del Canal de Isabel II en Chamberí. Los llevó a la Justicia porque, en una de sus protestas, plantaron un árbol en las instalaciones de esta empresa pública, junto a las obras para levantar el recinto deportivo.

Este grupo de vecinos se había levantado en armas un año antes al descubrir que el proyecto de parque que Alberto Ruiz-Gallardón había ideado para el Tercer Depósito del Canal en Chamberí —una zona verde de 24.000 m² cerrada al público— había cambiado con la llegada a la Comunidad de Esperanza Aguirre y de su mano derecha, González. El presidente del Canal quería abrir allí un campo de prácticas de tiro de golf que ocuparía casi todo el terreno disponible, dejando a los vecinos sin el parque prometido.

Además de manifestaciones, recogidas de firmas y otras protestas clásicas, un grupo de residentes de la zona decidió plantar una morera en el parque Santander para reivindicar la necesidad de áreas verdes, en el espacio situado junto al campo de golf en construcción. Fueron parados por la seguridad privada del Canal, denunciados ante la Policía y llevados a los tribunales en un juicio de faltas surrealista por plantar un árbol, del que fueron absueltos. El proceso tuvo el efecto contrario al que hubiera deseado Ignacio González. Los vecinos utilizaron el episodio judicial para interpretar una pantomima en una de las fiestas con las que sufragaban sus acciones en los tribunales, que a la larga acabaron tumbando el proyecto. El salto a los medios del clan de la morera —como se autodenominaron— también sirvió para que otros chamberileros se unieran a la causa contra el campo de golf.

“Todo olía mucho a chamusquina” recuerda casi dos décadas después la portavoz de la asociación vecinal Parque Sí, que lideró la lucha para recuperar el parque y desmantelar el campo de golf. Mercedes Arce apunta a que los vecinos fueron los primeros que vieron movimientos extraños en el tejemaneje de empresas que se encargaron del proyecto, a partir de que Gallardón denegara la licencia urbanística para las obras: “Siempre sospechamos que algo raro había, pero no teníamos ninguna prueba”. Hasta que una noticia en Público hizo saltar las alarmas a principios de 2009. “La primera denuncia la pusimos a raíz del artículo de Manuel Rico sobre TCT. La firmamos 400 personas”, añade en conversación con este periódico.

Según el auto de apertura de juicio oral, que ha comenzado esta semana, Ignacio González adjudicó de forma encubierta una parte del proyecto a TCT (Tecnoconcret), empresa participada por su hermano y su cuñado. TCT obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello. Así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf—, a las que impuso una mordida del 8%, según el auto. Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano de González, su cuñado y su socio José Antonio Clemente. Recibieron ese dinero en sobres de efectivo a través de 49 entregas. Además, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto en otra licitación que el juez también consideró “innecesaria e irregular”. Ambos contratos supusieron para TCT un beneficio total de 504.780 euros, según recoge la resolución judicial.

La asociación Parque Sí en Chamberí pone el foco en los efectos perjudiciales para el vecindario que tuvieron estas supuestas corruptelas. “Nos ha privado de un parque 16 años”, lamenta Mercedes Arce aludiendo al tiempo que pasó entre que el campo de golf fue construido y desmantelado, antes de que el parque actual fuera inaugurado. Cientos de vecinos dedicaron muchas horas de su tiempo a las protestas y a las acciones judiciales que acabaron tumbando el campo de golf por irregularidades urbanísticas, en un proceso judicial distinto del que ahora tiene lugar. “Solo para el informe técnico que se presentó al juez tuvimos que dedicar un año y medio de reuniones, todos los domingos”, recuerdan.

Indignados con la petición de penas de la Fiscalía

Por eso ahora este grupo vecinal se ha indignado al conocer que la Fiscalía pedirá solo seis años de cárcel por dos delitos de cohecho, atenuados por la dilación en el juicio. “La demora judicial no puede hacer olvidar el enorme perjuicio social causado a los vecinos, que tuvieron que esperar años para recuperar un espacio público que les correspondía”, explican en una carta que quieren hacer llegar a la entidad. “Es una persona que ha hecho mucho daño a los vecinos de Chamberí”, recalca Arce al recordar que su asociación interpuso hasta tres denuncias en la Fiscalía contra Ignacio González en los años 2007, 2009 y 2010, esta última querella por la vía penal. Las tres fueron archivadas por el entonces fiscal de Madrid, Manuel Moix, sin hacer ninguna indagación ni estudiar las pruebas presentadas. El mismo al que González, según conversaciones intervenidas por la Audiencia Nacional, quería ver convertido en Fiscal Anticorrupción.

La petición de penas de la Fiscalía será previsiblemente la más baja del proceso, ya que la Comunidad de Madrid, personada como acusación particular, eleva esa petición a 16 años de prisión, y suma además delitos de malversación de caudales públicos y fraude a las Administraciones Públicas. También reclama una multa de 1,5 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid se suma a la petición de la Fiscalía, mientras que la acusación popular de PSOE y Adade reclama para él diez años de cárcel y Comisiones Obreras, ocho años. 

Los vecinos recuerdan ahora que Ignacio González se negó a recibirles cuando le escribieron intentando que rectificara su decisión: “Le escribimos muchísimas veces para que reconsiderara la construcción del campo de golf”, rememoran. La única relación con el expresidente del Canal, que luego llegó a presidente de la Comunidad de Madrid, fue la judicial a través de diversos procesos con los que acabaron demostrando la ilegalidad de las instalaciones. El primer presidente del Canal que les atendió fue Ángel Garrido, ya con la sentencia firme en la mano. “Él sí que fue cercano a los vecinos y dialogante, pero antes no nos recibió nadie”, recuerdan. Los 16 años de lucha vecinal hasta conseguir el actual parque de 55.000 metros cuadrados están narrados en el documental De interés general, estrenado en cines y que actualmente está disponible en Filmin.

El final del negocio del campo de golf llegó oficialmente con la sentencia ratificada en el año 2016, pero según los vecinos el cierre de las instalaciones llegó antes con la quiebra de TCT, que se encargaba de la gestión de las instalaciones y cuyo final de la actividad fue certificada por el administrador concursal. El coste para los ciudadanos fue elevado, ya que a las mordidas que se juzgan ahora Parque Sí añade otras partidas: 16 millones de euros de sobrecostes en el campo de golf y 300.000 euros para demolerlo después de la sentencia. Además de 20.000 euros que pagó la Comunidad de Madrid al despacho Cuatrecasas para que Ignacio González litigara contra los vecinos.

Aunque lo más importante para la asociación es el daño que sufrieron los miles de habitantes del entorno. A día de hoy siguen recibiendo testimonios de chamberileros que recuerdan cómo los niños de los colegios de la zona se hacinaban en un pequeño parque infantil mientras al lado diez personas jugaban al golf en la mayor parte del parque. “No basta con juzgar las posibles responsabilidades penales: también debe reconocerse el daño causado al interés general”, sentencian.

Canarias registró 3.181 demandas por despido entre abril y junio de 2026, un 21,6% más que en el segundo trimestre de 2025, cuando se presentaron 2.616. El incremento superó al nacional, que fue del 11,2%.

Las Islas tuvieron la mayor tasa de demandas por despido del país, con 140,8 por cada 100.000 habitantes, seguidas por Madrid (113) y Cataluña (111,7). La media nacional se situó en 92,1.

Las reclamaciones de cantidad registradas en la jurisdicción social también aumentaron: pasaron de 2.380 a 2.865, un 20,4% más. Con 126,8 procedimientos por cada 100.000 habitantes, Canarias presentó la segunda tasa más alta, tras Asturias (131,2), frente a una media nacional de 71,3.

Los concursos de particulares descienden un 19,3%

Los concursos de personas naturales no empresarias —particulares sin actividad empresarial— disminuyeron en Canarias un 19,3%, de 1.104 en el segundo trimestre de 2025 a 891 en el mismo periodo de 2026, según los datos del Consejo. La evolución contrastó con la del conjunto del Estado, donde aumentaron un 5,9%.

Pese al descenso, la tasa canaria, de 39,4 concursos por cada 100.000 habitantes, permaneció por encima de la media nacional, de 34,5. Canarias ocupó el quinto lugar, tras Murcia, Cataluña, Baleares y Madrid.

El total de concursos presentados en el Archipiélago fue de 918, un 18,9% menos que un año antes (1.132). Los de personas jurídicas descendieron un 31,8%, de 22 a 15, mientras que los de personas naturales empresarias se duplicaron, de seis a doce.

Bajan los monitorios

Los procedimientos monitorios, utilizados para reclamar deudas dinerarias, disminuyeron en Canarias un 37,4%: de 18.214 en el segundo trimestre de 2025 a 11.409 en el mismo periodo de 2026. No obstante, las Islas mantuvieron la tasa más alta del país, con 505,1 procedimientos por cada 100.000 habitantes, frente a los 366,1 de media nacional.

Los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas se mantuvieron en 28, la misma cifra que un año antes. Esta estadística se refiere a una vía procesal específica para recuperar la posesión y no constituye un recuento de todas las ocupaciones de viviendas.

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a un total de 4 años y 3 meses de prisión a un hombre que grabó sin consentimiento y exhibió a una tercera persona una relación sexual mantenida con su pareja en una localidad de la comarca de Pamplona.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, también considera probado que el encausado, de 43 años, propinó un puñetazo en la cara, que le originó la rotura de un diente, y una bofetada en la mejilla a la mujer.

Así, el tribunal le ha impuesto 3 años, 6 meses y un día de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos y 9 meses más por un delito de maltrato ocasional. 

El inculpado no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante un total de 8 años. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a su ex con 1.900 euros.

La denunciante, nacida en 2003, se trasladó en 2017 a residir junto con su hermana y la pareja de esta, el procesado. La hermana se marchó en octubre de 2022 y la víctima se quedó residiendo en la vivienda junto con acusado, con quien mantenía una relación afectiva.

El 24 de mayo de 2023, según recoge la sentencia, el encausado y su pareja mantuvieron una relación sexual consentida, que fue grabada por él sin conocimiento ni autorización de ella. El 1 de junio, el hombre le enseñó el vídeo y unas fotografías a otra mujer. Ese mismo día, tras una discusión entre ambos, el procesado le propinó el puñetazo y la bofetada.

La Sección Segunda de la Audiencia, que ha absuelto al inculpado de los delitos de agresión sexual que le imputaba la acusación particular, sostiene que la declaración de la víctima reflejó síntomas de miedo, amenazas e intimidación por parte del condenado. La mujer, según corroboraron los magistrados, vivía insegura y bajo control constante del hombre.

Según considera el tribunal, la hermana de la víctima y la madre confirmaron cambios en la conducta de ella y sospechas sobre la relación afectiva. Por otra parte, añade, la declaración de un policía foral y otros testigos ratificaron incidentes de violencia y bloqueo a consecuencia del control del encausado.

Asimismo, la perjudicada constató que las fotografías y videos fueron obtenidos y grabados sin su consentimiento durante relaciones consentidas, con dispositivos ocultos y con intención de vulnerar su privacidad.

Plantillas deficitarias y discriminación retributiva de trabajadores y trabajadoras. Es la realidad que caracteriza a las nuevas Oficinas de Justicia que han sustituido a los Juzgados de Paz en los municipios de Castilla-La Mancha, según denuncia Comisiones Obreras (CCOO).

El sindicato también alerta de que el 96,5% de estas Oficinas en la región carece de personal del Cuerpo de Tramitación Procesal, pese a que tienen que asumir nuevas competencias judiciales.

Las Oficinas de Justicia en los Municipios (OJM) comenzaron a hacerse realidad en 2022, cuando la localidad albaceteña de Tarazona de la Mancha fue elegida como localidad para desarrollar lo que entonces era un proyecto piloto del Ministerio de Justicia que aprovecharía la infraestructuras de los Juzgados de Paz para sustituirlos.

El proyecto forma parte del nuevo modelo organizativo del Servicio Público de Justicia que el Ministerio implementó con el fin de alcanzar una estructura que resulte más “cercana, sencilla, ágil y eficiente para la ciudadanía”, según detallaba hace cuatro años la Diputación de Albacete.

La realidad, según señala CCOO en Castilla-La Mancha, es una “crítica” situación estructural, funcional y retributiva con la que operan las nuevas Oficinas de Justicia en los Municipios (OJMs) y sus agrupaciones en las cinco provincias de la región.

Discriminación salarial y sustituciones forzosas gratuitas

El sindicato señala que, en Castilla-La Mancha, el servicio público de estas oficinas recae sobre una plantilla de “apenas 235 efectivos”, distribuidos en 86 Oficinas de Justicia en el Municipio y agrupaciones atendidas por personal funcionario de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia.

“En la inmensa mayoría de las OJMs castellanomanchegas la plantilla se reduce a un único puesto de Gestión/Secretaría y un único puesto de Auxilio Judicial (dos efectivos en total). Especialmente sangrante son los casos en la provincia de Toledo de Yuncos, que con 42.170 habitantes cuenta únicamente con dos funcionarios, o Seseña, que con 45.339 habitantes cuenta con tres. En la provincia de Guadalajara también hay casos significativos en las agrupaciones de El Casar Alovera, Chiloeches y Marchamalo; y de igual manera en la provincia de Ciudad Real, la situación es crítica en las agrupaciones de Miguelturra y La Solana”.

Para adecuar las plantillas a la población real, CCOO reclama al Ministerio de Justicia la creación “urgente” de 33 nuevas plazas en Castilla-La Mancha (16 de Gestión Procesal y 17 de Tramitación Procesal): 21 en Toledo, 8 en Guadalajara y 4 en Ciudad Real.

Asimismo, CCOO denuncia que el Ministerio ha asignado en las Relaciones de Puestos de Trabajo de estas oficinas actividades compatibles con los Tribunales de Instancia, sin haber realizado el estudio previo de cargas de trabajo ni la negociación sindical acordada con CCOO.

Además, “solo” 3 de las 86 OJMs de Castilla-La Mancha (Tarazona de la Mancha, Azuqueca de Henares y Seseña) cuentan con puestos de Tramitación Procesal, existiendo cero plazas de este cuerpo en todas las OJMs de Ciudad Real y Cuenca. En Albacete, 14 de las 15 Oficinas carecen de Cuerpo de Tramitación Procesal y “sufren discriminación salarial y sustituciones forzosas gratuitas”.

Si se mantiene dicha asignación, CCOO exige dotar de puestos de Tramitación Procesal a todas las OJMs, lo que supone 67 plazas adicionales en las sedes de menos de 15.000 habitantes (100 nuevas plazas en total en Castilla-La Mancha).

Finalmente, CCOO exige el fin de la discriminación retributiva, señalando que los puestos de Gestión-Secretaría cobran exactamente el mismo complemento específico que un puesto de Gestión sin jefatura; realizan sustituciones forzosas en municipios cercanos sin percibir retribución alguna y a ningún cuerpo se le retribuye ni la atención al público ni la penosidad por salidas a notificaciones, embargos, desahucios o diligencias en Centros Penitenciarios.

El PSOE de Camargo ha presentado en la Fiscalía de Cantabria una denuncia contra el alcalde, Diego Movellán (PP), por un presunto delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio supuestamente cometidos en la obra ejecutada en la calle Rufino Ruiz Ceballos de Muriedas donde según los denunciantes se ha sustituido una zona verde de dominio público por un asfaltado y un aparcamiento y se han eliminado 1.347 metros cuadrados de esa área, el 56% del total, todo ello “sin ningún informe técnico que avalase dicha intervención”.

Así lo ha asegurado la portavoz de los socialistas del municipio y exalcaldesa, Esther Bolado, en declaraciones a los medios este miércoles a las puertas del Palacio de Justicia de Santander, después de denunciar en el ministerio público estos hechos, que consideran “muy graves”.

Tal y como ha argumentado, la zona en cuestión fue diseñada para “apartar” el tráfico de las viviendas existentes en el barrio del Carmen, y ha lamentado al respecto que “se ha convertido en asfalto”, fruto de una actuación que se remonta al año 2023, esto es, al inicio de la legislatura. “Lo que ha hecho es meterles otra vez los coches debajo de las casas, quitando también árboles de un gran porte”, ha criticado Bolado.

Además, se ha quejado de que desde el Grupo Socialista llevan más de dos años pidiendo los informes técnicos y de urbanismo que avalen esta actuación, sin que -como ha lamentado- hayan obtenido “ninguna respuesta”, salvo un “papel firmado por el alcalde” según el cual -y tal y como ella ha dicho- al ser “una obra municipal no requiere de ningún informe”.

“Esto es como si pagásemos facturas sin tenerlas”, ha comparado Bolado, que ha indicado que ante la “gravedad” de los hechos en el PSOE han decidido ponerlos en conocimiento de la Fiscalía para que investigue la posible comisión de un delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio en torno a esta obra, que los socialistas también han llevado al Consejo de Transparencia.

“Creemos que nadie tiene que estar por encima de la ley y, por supuesto, el alcalde mucho menos”, ha considerado la antecesora en el cargo de Movellán, y para quien este tiene que ser “ejemplar”. Al hilo de esto, se ha quejado de que el 'popular' ha “acusado siempre” a los socialistas de ser “muy pesados” en los plenos reclamando información, en este caso concreto desde el año 2024 y pese a lo cual el alcalde “nunca” ha contestado a sus requerimientos.

“Le agobiamos”, ha expresado Bolado, para comentar que ya no le van a “agobiar más”, al dejar de pedir esa documentación -informe del jefe de urbanismo que avale la obra e informe técnico que acredite que es compatible con el Plan General de Ordenación Urbana- y acudir “donde teníamos que ir”, es decir, a la Fiscalía. “No puede hacer uno lo que le dé la gana y donde le dé la gana”, ha sentenciado para terminar.

La Audiencia Nacional (AN) ha condenado al presidente de una asociación de apicultores de Canarias a medio año de cárcel por fraude en la obtención de subvenciones europeas.

Así lo ha comunicado este miércoles a través de una nota la Fiscalía Europea (EPPO) en España, que ejerció la acusación en el caso, en el que el acusado reconoció los hechos y restituyó la totalidad de los fondos percibidos indebidamente.

El Juzgado Central de lo Penal de la AN suspendió la ejecución de la pena de prisión, pero le prohibió recibir subvenciones durante nueve meses, según ha explicado.

La Fiscalía Europea ha señalado que la asociación recibió fondos en convocatorias de 2021 y 2022 destinadas a fomentar la producción y comercialización de productos apícolas en Canarias, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Gobierno de Canarias.

Sin embargo, la investigación descubrió solicitudes de pago por 34.441 euros correspondientes a la compra de productos veterinarios que se justificaron con facturas falsas y facturas emitidas por empresas que no estaban autorizadas para suministrar medicamentos veterinarios, ha añadido.

Y ha indicado que “las facturas falsas se presentaron ante el organismo pagador de los fondos agrícolas del Gobierno de Canarias, que procedió al abono de las cantidades correspondientes”.

La EPPO es un órgano independiente de la Unión Europea responsable de investigar, ejercer la acción penal y llevar a juicio los delitos que atenten contra los intereses financieros comunitarios.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la tramitación urgente de dos reales decretos para la creación en 2027 de 700 plazas judiciales, de ellas 33 para Canarias, y 200 de fiscales, de las que 13 corresponderán a las islas.

En un comunicado, el Ministerio de Justicia ha detallado que las 33 nuevas plazas de jueces suponen un aumento de un 10% respecto a la plantilla actual de las islas y las 13 de fiscales, un incremento de un 5,3%.

De las 33 nuevas plazas judiciales para Canarias, cinco son para las Audiencias Provinciales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. 27 son para Tribunales de Instancia de localidades como Arrecife, Las Palmas, La Orotava o Arona.

Por último, una plaza será de adscripción territorial (puede ser asignada por el Tribunal Superior de Justicia correspondiente para cubrir distintas necesidades de la Administración de Justicia).

La creación de 13 nuevas plazas de fiscales para Canarias supondrá un crecimiento de la plantilla del Ministerio Fiscal en esta comunidad del 8,9%, pasando de 146 a 159 miembros. 

Según el ministerio, la distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población).

Además, la nota señala que el ministerio lo trasladará al Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, comunidades autónomas con la competencia transferida y tribunales superiores de Justicia para escuchar sus propuestas y aportaciones.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la tramitación urgente de dos reales decretos que darán luz verde a la creación de 700 plazas judiciales y fiscales en todo el país de cara al año 2027. En el ámbito territorial de La Rioja, esta medida se traducirá en la incorporación de dos nuevas plazas de jueces y una de fiscal, dentro de un paquete estatal destinado a aliviar las cargas de trabajo de la Administración de Justicia y mejorar la eficiencia en la atención a la ciudadanía.

Las dos nuevas plazas de la judicatura asignadas a la comunidad riojana irán destinadas al Tribunal de Instancia de Logroño. Con esta ampliación, la planta judicial riojana experimentará un incremento del 4,7 % respecto a su plantilla actual. El refuerzo se suma al proceso de expansión registrado entre los años 2025 y 2026, periodo en el que la región ya sumó cuatro plazas judiciales, lo que supuso un crecimiento acumulado del 9,8 %.

En el ámbito del Ministerio Fiscal, la creación de un nuevo puesto en La Rioja elevará la plantilla autonómica de 15 a 16 miembros, lo que representa un aumento del 6,6 %. A escala nacional, los decretos suponen un impulso significativo al sistema público de Justicia, con la creación de 500 plazas de jueces (+7,8 %) y 200 de fiscales (+6,6 %), cuya distribución se realiza sobre la base de criterios objetivos de litigiosidad, volumen de población y carga funcional de los distintos órganos.

Dentro de la reestructuración estatal impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la jurisdicción civil concentrará la mayor parte de los nuevos juzgados (172 plazas), seguida de la social (109) y la penal (69). Asimismo, 87 plazas se destinarán a reforzar órganos mixtos en provincias y localidades de menor tamaño, mientras que 42 puestos corresponderán a plazas de adscripción territorial, diseñadas con flexibilidad para desplazarse según evolucionen las necesidades del servicio.

En el plano social y de protección de los derechos de los colectivos más vulnerables, la convocatoria estatal reserva 11 plazas para Secciones de Violencia sobre la Mujer —jurisdicción que acumula un crecimiento del 55,4 % en la presente legislatura— y otras seis plazas para reforzar la protección especializada en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. El despliegue de las medidas forma parte del plan de transformación del servicio público judicial, que combina reformas organizativas, digitales y procesales.

Tras la aprobación en el Consejo de Ministros, la propuesta de distribución de plazas será trasladada al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado, a los Tribunales Superiores de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia para recabar sus aportaciones antes de la implantación definitiva del nuevo mapa de recursos.