La Audiencia de Valladolid ha condenado a un funcionario de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) a seis meses de prisión y una multa de 900 euros (a razón de 6 euros diarios durante cinco meses) por sendos delitos continuados de negociaciones prohibidas y de falsedad en documento oficial.

Una condena, ratificada por conformidad entre las partes -Fiscalía, acusación particular (CHD) y la defensa-, que supone el reconocimiento de los hechos por el encausado, que también recibirá una suspensión de empleo público durante un año, tras admitir que aprovechó sus contactos con propietarios de fincas y agricultores para tramitar expedientes, cobrar por alguno de ellos y falsificar documentos que atribuyó falsamente a dos ingenieros agrónomos.

La sentencia, remitida este viernes a los medios de comunicación, señala que los hechos se produjeron entre los años 2015 y 2020, cuando el condenado, entonces guardia fluvial en Zamora y sin antecedentes penales, gestionó varios expedientes en esa provincia sobre aprovechamientos de aguas subterráneas, legalización de captaciones de agua y alegaciones en expedientes sancionadores, entre otros asuntos, pese a quedar fuera de sus competencias.

También ha reconocido que elaboró documentos que atribuyó a dos ingenieros agrónomos en siete y doce ocasiones, respectivamente, que negaron haber intervenido en ellos, ni a título personal ni a través de sus despachos profesionales.

El tribunal vallisoletano sí ha valorado como circunstancias atenuantes la confesión de los hechos y dilaciones indebidas y ha señalado que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un plazo de diez días desde el 20 de abril, fecha en la que se firmó la sentencia.

La jueza titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona ha decretado la puesta en libertad del hombre encarcelado el pasado 14 de abril tras la muerte dos días antes de su expareja, que se precipitó cuando se descolgaba desde una ventana del domicilio del hombre, un tercer piso, en el barrio pamplonés de San Jorge. Está investigado por un delito de detención ilegal y otro de quebrantamiento de medida cautelar. 

Tras una comparecencia celebrada el jueves, en la que la Fiscalía solicitó la libertad provisional, la magistrada acordó dicha medida al considerar que el imputado “no puede alterar ya pruebas” y las penas por las que podría ser condenado “permiten acordar otras medidas menos gravosas” para asegurar su presencia a disposición de la justicia. Al respecto, la jueza ha impuesto al investigado la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado, así como el deber de comunicar los cambios de domicilio. 

La víctima y el encausado habían mantenido una relación sentimental, en el transcurso de la cual la mujer había interpuesto una denuncia contra él por un delito de malos tratos. En ese procedimiento, en septiembre de 2025 se decretó una orden de alejamiento. 

En la resolución judicial, que puede ser recurrida, la juez expone que en la causa constan los informes de la Policía Municipal, con las grabaciones del portal tras los hechos, así como las testificales realizadas, tanto de los convivientes en la vivienda como de la dueña del bar que les vio marchar el día de los hechos. 

Es cierto, añade la magistrada, que el imputado llevaba meses conviviendo y manteniendo contacto con la víctima a pesar de la orden de protección. Y “también es verdad que le cerró la puerta el día del fallecimiento, pero en la vivienda había más personas que tenían todas llave de la puerta, siendo decisión personal y fatídica desgraciadamente la que tomó personalmente la fallecida, la cual ya había tenido con el investigado ese tipo de discusiones, de romper y reconciliarse”, señala. 

Asimismo, la magistrada considera acreditado que, inmediatamente antes del fallecimiento, “no hubo más discusión que la de querer irse la perjudicada de la vivienda, que la misma estaba bajo los efectos del consumo de alcohol y sustancias, pero sin que conste otro tipo de discusión con el investigado, el cual tiene trabajo en entidad pública y domicilio en España, así como familia, aunque esté irregular, razones que llevan a determinar que la situación de prisión provisional no continúa siendo necesaria”, dado que no puede alterar ya pruebas, tiene trabajo en España y las penas que pudieran recaer permiten acordar otras medidas menos gravosas para asegurar su presencia en el procedimiento.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha condenado a un profesor de Secundaria de Irún a cuatro años y medio de prisión como autor de dos delitos de acercamiento sexual a menores de 16 años a través de internet (“child grooming”) y un delito de amenazas condicionales. Además, tribunal le ha impuesto una condena de 20 días de localización permanente por un delito leve de acoso sexual y cuatro años de libertad vigilada tras finalizar la pena de cárcel.

La Sección Primera de la Audiencia guipuzcoana ha considerado acreditado que el acusado contactó con tres alumnas del centro escolar en el que trabajaba en el curso escolar 2023-2024 a través de una cuenta que con una identidad ficticia abrió en una red social, manteniendo con ellas conversaciones con “manifestaciones trufadas de carácter sexual” y que en dos supuestos incluyeron “propuestas serias” de encuentros que finalmente no llegaron a consumarse, entre otras razones, porque el caso llegó a conocimiento de la dirección del centro.

Para ello, el tribunal valora las evidencias digitales que se han obtenido de los teléfonos móviles de las menores y el “relato sólido y persistente de estas”, además del testimonio de varios profesionales del centro escolar que también declararon durante el juicio que tuvo lugar el pasado marzo. El acusado mantuvo con las tres menores conversaciones en una red social “cuyo contenido, duración e intensidad es claramente impropio para lo que marca la relación profesor-alumna; de aparente ‘colegueo’, con el que buscaba ganarse su confianza, introduciendo siempre el acusado en el desarrollo de estas interacciones (…) manifestaciones trufadas de carácter sexual, que posteriormente acompañó, en alguno de los casos, de alguna propuesta de encuentro, con igual trasfondo, y actos materiales concretos, dirigidos a estrechar el acercamiento ya realizado a través de internet”, añade la Audiencia de Gipuzkoa.

Por su parte, la Audiencia guipuzcoana rechaza las alegaciones del acusado que se declaró la supuesta víctima de los hechos enjuiciados argumentado que era él el “objeto de deseo de estas menores”. Según argumentó el acusado, eran las alumnas quienes le “ofrecían noches locas a cambio de una chaqueta” y que una joven le ofreció “dejarse besar si le daba dinero, porque lo necesitaría o algo”. “Parezco una rock star nada más entrar al colegio, rodeado de un montón de jóvenes, con los que a veces se normaliza el trato de amistad, porque cuando la gente tiene problemas se dirige a mí. Me he podido equivocar y este no dudo que ha sido un caso”, reconoció en el uso de la última palabra, para añadir que su situación ha sido “complicada” y su “único apoyo han sido los alumnos”.

“La valoración individualizada pero también conjunta de los múltiples medios de prueba permite descartar la veracidad intrínseca de estas afirmaciones. No eran las menores sino él quien buscaba su proximidad física, en un acercamiento en modo alguno neutral o inocuo, sino con una clara finalidad de búsqueda, de preparación del terreno para ulteriores interacciones sexuales con las niñas”, afirma el tribunal sobre esta cuestión.

A pesar de ello, el acusado sí que reconoció haber abierto una cuenta con un pseudónimo en una red social, hecho que ha quedado probado por el tribunal que considera que el contacto a través de internet y la cuenta falsa que el acusado creó al efecto, “buscaba el acercamiento virtual” a las menores, “para estrechar sobre ellas el cerco de seducción, acompañando esta conducta de una búsqueda de cercanía física” para “mantener e intensificar esa relación creada en la red y propuestas concretas de encuentros para culminar el cerco de seducción creado, que en ningún caso llegaron a consumarse”. La resolución recuerda asimismo que fue el acusado el que facilitó a las menores su perfil falso, el que buscó a estas con un “claro instinto sexual” como se desprende de las conversaciones que mantuvo con ellas, en las que se incluían referencias a su aspecto físico, a quién podría ser su “sugar baby” y similares, y les ofrecía llevarlas a dar una vuelta en moto o en coche.

“El acusado andaba a la búsqueda de una menor que cayera seducida por sus encantos y preparaba el terreno para aquello que luego pudiera suceder, pero que no se materializó en este caso”, recoge la sentencia, en la que el tribunal también estima acreditado que el acusado incurrió en un delito leve de acoso en relación con una de las menores porque junto al contenido de las conversaciones mantenidas a través de internet, también le pidió que le informara del domicilio en el que vivía, provocando en ella “un claro sentimiento de desasosiego y temor”.

Además, la Audiencia de Gipuzkoa condena al profesor por un delito de amenazas condicionales ya que también ha quedado probado que este remitió un correo electrónico a varios alumnos del centro, con un aviso expreso a las menores concernidas, de que debían borrar todas las capturas de sus móviles, que no difundieran nada, dado que en caso de que él denunciara, la policía iba a rastrear los móviles que él les dijera. El acusado acompañó el mensaje con un archivo adjunto con las posibles infracciones civiles y penales en las que podrían incurrir las menores en caso de seguir compartiendo esas capturas en un intento, dice el tribunal, por “infundir más temor” en ellas si no cumplían con la “condición de destrucción de las evidencias que les indicaba”. “El propósito de su correo era claro: infundirles el suficiente temor para que borraran esas conversaciones, para que no las difundieran, siendo plenamente consciente del carácter absolutamente impropio cuando no delictivo de las mismas”, precisa la Audiencia.

No obstante, el tribunal absuelve al acusado de tres delitos de solicitud de favores sexuales bajo precio y uno de exhibición sexual ante menores de los que también estaba acusado debido a que no consta que el acusado solicitara a ninguna de las menores realizar actos concretos de contenido sexual a cambio de prestación económica alguna o promesa de algún tipo. Tampoco consta, según el tribunal, que enviara a ninguna de estas tres menores, ni a ninguna otra que haya sido identificada en el procedimiento, ningún tipo de vídeo de contenido sexual en el que exhibiera sus partes íntimas. Se trata de una sentencia que no es firme y contra la que cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

La apariencia de que se está administrando justicia es un elemento constitutivo del proceso a través del cual la justicia se administra. Si no parece que se está administrando justicia, es que se está haciendo otra cosa.

En España se está produciendo con cierta reiteración la ausencia de dicha apariencia. El abogado de Begoña Gómez se lo dijo directamente al juez instructor Juan Carlos Peinado en una comparecencia reciente y la Unión Progresista de Fiscales ha llevado a la ONU la “sucesión de irregularidades” en la causa contra el fiscal general. Por no hablar de la persecución política disfrazada de proceso judicial de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, procesados y condenados por el delito imposible de prevaricación administrativa por haber presidido el Consejo de Gobierno que aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Una vez declarada anticonstitucional dicha persecución por quien puede hacerlo -el Tribunal Constitucional-, la Audiencia Provincial de Sevilla ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no la va a admitir a trámite siquiera por no tener competencia para ello. O por no hablar de las decisiones de la Sala Segunda sobre la Ley de Amnistía…

Da la impresión de que los órganos judiciales de más alto nivel en nuestro país, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, han desarrollado una peculiar afición a esta tendencia de hacer justicia sin parecer que lo hacen. Lo estamos viendo en estos días con dos casos de relumbrón. El caso de las mascarillas en el Tribunal Supremo (TS) y el caso Kitchen en la Audiencia Nacional. 

Del primero, el lector de este diario ha tenido la oportunidad de leer dos artículos excelentes, uno de Carlos López Keller, 'Crónica de una condena anunciada', el 6 de abril, y otro de Ignacio Escolar, 'Ábalos y Fernández Díaz: busca las diferencias', el 11 de abril. 

Solamente tengo una cosa que añadir y es que, en mi opinión, hay motivos más que suficientes para interponer un recurso de amparo contra esa “condena anunciada” por parte del TS. Este tribunal no puede convertirse en un juez de primera y única instancia de la manera que a él le parezca oportuno. Se trata de una anomalía tan extraordinaria que el TS tendría que justificar su decisión de una manera objetiva y razonable, algo que brilla por su ausencia en la decisión que ha adoptado. 

Tal vez no haya un órgano constitucional que esté tan afectado, en términos generales“ por la ”interdicción de la arbitrariedad“ de los poderes públicos enunciada en el artículo 9 de la Constitución, como lo está el TS. Por su propia posición en el edificio del Estado constitucional. Y tal vez no haya un asunto en que dicha interdicción haya sido desconocida de manera tan reiterada como en el caso mascarillas. 

La razón de esta arbitrariedad reiterada en cada uno de los pasos por parte del TS no es otra que la de hacer coincidir en el tiempo el juicio del caso mascarillas con el del caso Kitchen en la Audiencia Nacional y dictar una sentencia condenatoria firme que suponga el ingreso en prisión de un exministro del Gobierno presidido por Pedro Sánchez y de un exsecretario de organización del PSOE con Pedro Sánchez como secretario general, antes de que exista una sentencia condenatoria firme contra un exministro del PP.

Lo más llamativo del caso mascarillas es que, a medida que ha avanzado el juicio, las mascarillas casi brillan por su ausencia. Lo que se anunciaba como un gigantesco caso de corrupción de libro, está resultando ser un examen de conductas repugnantes, pero que casi nada, por no decir nada, tienen que ver con la “madre de todas las corrupciones” que se nos había prometido. 

El caso mascarillas es el de menor entidad de todos los casos sobre mascarillas que ya se han resuelto y de los que quedan por resolver. El de Almería, por ejemplo. La apariencia de administración de justicia brilla por su ausencia. No es justicia, sino otra cosa, lo que está haciendo el TS.

El Tribunal Constitucional, muy a su pesar, tendrá que acabar poniendo orden, porque, de no hacerlo, lo tendrá que hacer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que nos avergonzará a todos.  

Lo mismo está ocurriendo en la Audiencia Nacional con el caso Kitchen. Que se sepa, Luis Bárcenas no ha sido tesorero del Ministerio del Interior. Fue tesorero del PP. Fue el tesorero que, por su condición de tal, disponía de la documentación acreditativa de la financiación presuntamente delictiva del PP. Para evitar que dicha documentación pudiera acabar en manos del juez que estaba investigando dicha financiación, el Ministerio de Interior del Gobierno presidido por Mariano Rajoy puso en marcha una operación, denominada posteriormente como Kitchen, con decenas de policías pagados con fondos reservados para apropiarse de la documentación en manos de Luis Bárcenas y su mujer, a fin de que no acabara en las manos del juez. 

La documentación en manos de Luis Bárcenas no era incriminatoria para el Ministerio de Interior. No incriminaba ni al ministro ni a ningún otro funcionario del Ministerio. Incriminaba presuntamente al presidente del PP, Mariano Rajoy, al vicepresidente, Javier Arenas, y a la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Y al propio PP. Pero a nadie más. 

Obviamente, únicamente las personas cuya presunción de inocencia podía ser destruida en sede judicial con las pruebas que contenía la documentación de Luis Bárcenas podían tener interés en que dicha documentación no acabara en manos del juez.

Fue la condición de presidente del Gobierno de Mariano Rajoy la que posibilitó que la operación Kitchen se activara. Ni Fernández Díaz ni ninguno de los demás miembros del Ministerio procesados tenían interés en hacerlo. Sin el impulso del presidente Mariano Rajoy, la operación Kitchen no habría existido.

Sin embargo, la instrucción se detuvo en el momento de investigar al partido, para circunscribirla al ámbito del Ministerio. En la documentación que se sustrajo a Luis Bárcenas no había ni una sola referencia al Ministerio ni al ministro. Sí la había respecto a M. Rajoy o respecto a Arenas y Cospedal.  

¿Puede alguien pensar que se está administrando justicia cuando los principales y únicos beneficiarios de la operación Kitchen no figuran entre los procesados? 

Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro han sido, presuntamente, los protagonistas de los dos asuntos de corrupción más importantes desde la entrada en vigor de la Constitución. No ha habido ningún otro en el que se haya “privatizado el Ministerio de Interior”, como ha ocurrido en la operación Kitchen. O en el que se haya “privatizado el ejercicio de la potestad legislativa” de las Cortes Generales mediante un despacho profesional, Equipo Económico, que cobraba a las empresas gasistas para conseguir la aprobación de legislación hecha a su medida y redactada por ellas mismas. 

No se me ocurre un caso de corrupción que pueda ir más allá de la corrupción del Ministerio de Interior o de la potestad legislativa de las Cortes Generales. Del primero ya estamos viendo como el PP intenta eximirse de responsabilidad. Veremos si lo acaba consiguiendo o no. Del segundo, todavía está por ver que acabe siendo sometido siquiera al juicio por parte del poder judicial.

En esas estamos.

El Ejército israelí tardó solo 48 horas en investigar y castigar a dos soldados que destruyeron una estatua de Jesucristo en una aldea del sur de Líbano y fotografiaron la hazaña. El incidente desencadenó condenas internacionales e indignación tras hacerse viral en redes sociales el pasado domingo.

La imagen de un soldado que golpea con un martillo la estatua de Jesús, tras descolgarla de su cruz, fue difundida además en medio del alto el fuego en Líbano, que Donald Trump declaró la semana pasada, aunque Israel no ha detenido todos sus ataques contra objetivos en territorio libanés y sus tropas no se han retirado de una amplia zona del sur del país árabe, donde tuvieron lugar los hechos.

En el marco de la ocupación de una franja de varios kilómetros de profundidad junto a su frontera con Líbano, los militares israelíes han estado destruyendo y arrasando viviendas e infraestructura civil, después de haber ordenado la evacuación forzosa de los cientos de miles de residentes de la zona al principio de su ofensiva, hace poco más de un mes y medio. A pesar de que los dirigentes políticos y militares israelíes afirman que están actuando contra el grupo chií Hizbulá, las aldeas habitadas por cristianos no se han salvado de los bombardeos, la invasión y la destrucción.

Castigo rápido y ejemplar

El martes, el Ejército de Israel (FDI) anunció que el soldado que destrozó la estatua y el que lo fotografió van a ser suspendidos y castigados con una pena de 30 días de detención militar; mientras que otras medidas disciplinarias podrían adoptarse contra los seis soldados que presenciaron los hechos y no actuaron para impedirlo ni informaron de ello.  

“La investigación determinó que la conducta de los soldados se desvió completamente de las órdenes y los valores de las Fuerzas de Defensa de Israel”, afirmaron en un comunicado. “Las FDI lamentan profundamente el incidente y recalcan que sus operaciones en Líbano están dirigidas exclusivamente contra la organización terrorista Hizbulá y otros grupos terroristas y no contra civiles libaneses”. Después de conocer los resultados de la investigación, “el Jefe del Estado Mayor condenó el incidente y declaró que constituye una conducta inaceptable y una falta moral, que excede con creces cualquier estándar aceptable y contradice los valores de las FDI y la conducta esperada de sus tropas”, agregó el comunicado.

Además, el mismo martes, las FDI difundieron una foto del nuevo crucifijo que han instalado en la localidad de Debel, “en plena coordinación con la comunidad local”. Y reiteraron que “lamentan profundamente el incidente y están trabajando para garantizar que no vuelva a ocurrir en el futuro”.

En los pasados dos años y medio, desde el comienzo del genocidio en Gaza, el Ejército no había reconstruido o reparado los destrozos causados por soldados que se excedieron en su comportamiento, ni en la Franja ni en Líbano o en Siria –territorios en los que han ocupado amplias áreas desde 2023–.

La rapidez y eficacia con las que han actuado las autoridades ante la destrucción de la estatua de Jesucristo contrasta con otros muchos casos de mala conducta y abusos por parte de los uniformados, que no son investigados ni castigados prácticamente nunca. También llaman la atención las declaraciones del Gobierno de Tel Aviv, que en esta ocasión no pudo defender al “ejército más moral del mundo”, como a menudo se califican a sí mismos, debido a las críticas y presiones internacionales.

“Me sentí consternado y entristecido al enterarme de que un soldado de las FDI dañó un icono religioso católico en el sur del Líbano. Condeno este acto en los términos más enérgicos”, dijo en X el primer ministro Benjamín Netanyahu. El mandatario aprovechó para remarcar que Israel es el país donde “la población cristiana prospera a diferencia de otros lugares de Oriente Medio” –una afirmación contraria a la realidad en Jerusalén, donde las autoridades israelíes suelen imponer restricciones a estos fieles que son, en su mayoría, palestinos–.

Esta reacción dice mucho no solo sobre Israel, sino también sobre las respuestas occidentales. Muchas de las personas que se indignaron ante la imagen de un soldado israelí destrozando una estatua, mostraron poca o ninguna indignación cuando Israel bombardeaba sitios e instituciones religiosas cristianas en Gaza

Sonia Boulos — Profesora de Derecho Internacional

Un caso que dice mucho de Israel y también de Occidente

La profesora de Derecho Internacional de la Universidad Nebrija, Sonia Boulos, destaca que Israel actuó muy rápidamente en esta ocasión, pero va más allá: “Esta reacción dice mucho no solo sobre Israel, sino también sobre las respuestas occidentales. Muchas de las personas que se indignaron ante la imagen de un soldado israelí destrozando una estatua, mostraron poca o ninguna indignación cuando Israel bombardeaba sitios e instituciones religiosas cristianas en Gaza; cuando se difundieron videos de graves actos de violencia sexual y tortura cometidos por soldados israelíes contra detenidos palestinos; o cuando se transmitieron en directo imágenes de niños y civiles muriendo de hambre”.

En una entrevista con elDiario.es, Boulos, que ha ejercido como abogada en la Asociación de Derechos Civiles en Israel, donde ha litigado durante seis años numerosos casos frente al Tribunal Superior de Justicia, considera que detrás de esa indignación hay “racismo”. “El cristianismo occidental se ha apropiado de Jesús, olvidando que Jesús mismo provenía del Suroeste de Asia y hablaba arameo. A través de esta apropiación, el incidente fue percibido como un ataque a su identidad o a uno de los suyos y no como una anécdota dentro de una trayectoria mucho más larga de violencia colonial que Israel ejerce contra palestinos, libaneses y otros pueblos vecinos”, explica la experta.

“Esta vez, Israel no pudo justificar el acto como ha justificado el bombardeo de instituciones cristianas calificándolo de daño colateral o de error, ni pudo alegar—como suele hacer en relación con el acoso diario a la comunidad cristiana en Jerusalén mediante violencia, escupitajos y vandalismo, incluido el de cementerios—que se trataba de actos de individuos extremistas”, agrega Boulos, destacando que al tratarse de un soldado israelí no podía justificarlo con “las maniobras retóricas” habituales.

La profesora señala que el derecho internacional humanitario proporciona protecciones amplias a los sitios y símbolos religiosos durante los conflictos armados y, por tanto, lo sucedido en Líbano es “grave”. Pero recuerda que “Israel ha sido acusado de violaciones de una gravedad extrema, que implican formas insidiosas de violencia, incluida la utilización sistemática de la tortura, la violencia sexualizada y el hambre contra la población palestina”; además de que relatores especiales de Naciones Unidas y la Comisión Internacional Independiente de Investigación han concluido que Israel ha cometido genocidio en Gaza. Por ello, Boulos cree que el foco de atención debería estar en “la estructura más amplia de la impunidad de Israel, habilitada por la complicidad occidental”. 

Esta vez, Israel no pudo justificar el acto como ha justificado el bombardeo de instituciones cristianas calificándolo de daño colateral o de error, ni pudo alegar que se trataba de actos de individuos extremistas

Sonia Boulos — Profesora de Derecho Internacional

Durante la brutal ofensiva israelí en Gaza –en la que el ejército ha matado a más de 72.000 palestinos desde octubre de 2023 hasta el momento–, se difundieron en redes sociales numerosas imágenes de soldados asaltando y saqueando propiedades de palestinos; maltratando y abusando de los detenidos, tanto en la Franja como en Cisjordania; insultando y mofándose de los presos o de otros. En muchas ocasiones, fueron los propios militares los que publicaban ese material incriminatorio y también alardeaban de que estaban causando una gran destrucción y que la población palestina no tendría ninguna casa a la que regresar.

Según el periódico Haaretz, solo uno de los múltiples casos de saqueo y destrucción de propiedades por parte de soldados israelíes durante las operaciones terrestres en Gaza y Líbano resultó en una acusación penal, que se resolvió el pasado mes de febrero mediante un acuerdo con la Fiscalía militar, que rebajó el delito de saqueo a robo. De acuerdo con los datos obtenidos por ese medio, en 2024 se abrieron al menos otras seis investigaciones penales por saqueo o destrucción de propiedades pero ninguna de ellas derivó en una acusación formal.

A pesar de que existen numerosas fotos y vídeos de soldados cometiendo diferentes tipos de delitos y en las que se pueden identificar a los uniformados, éstos no han sido perseguidos en Israel, aunque sí ha habido algún intento de hacerlo en el extranjero, impulsado por activistas palestinos o propalestinos.

Hay una falta de voluntad o incapacidad del sistema israelí para enjuiciar crímenes de derecho internacional, lo que pone de relieve la urgente necesidad de recurrir a la justicia internacional como la única vía que le resta a la población palestina

Erika Guevara Rosas — Directora de investigación de Amnistía Internacional

Impunidad para los “crímenes contra la población palestina”

El caso más mediático y polémico en Israel se remonta a 2024, cuando cinco soldados fueron acusados de abusar y agredir sexualmente a un detenido palestino en la prisión militar de Sde Teiman, conocida por las torturas y maltrato que reciben los reclusos.

Este mes de marzo, el fiscal general militar del Estado hebreo decidió retirar todos los cargos contra los acusados, que habían sido defendidos en todo momento por medios israelíes y por el Gobierno de Netanyahu. Tras el archivo del caso, el ministro de Defensa, Israel Katz, celebró la decisión del fiscal general del Ejército y arremetió contra su antecesora en el cargo al considerar que abrió el caso en febrero de 2025 para “difamar” a los militares. La fiscal Yifat Tomer-Yerushalmi dimitió posteriormente, admitiendo que había filtrado a los medios el vídeo en el que se puede ver a los soldados llevarse al preso a un rincón y someterlo a abuso, aunque trataron de evitar la grabación de los actos con sus escudos antidisturbios. 

“Esta decisión supone un nuevo capítulo inadmisible en la larga trayectoria del sistema judicial israelí de conceder impunidad a los responsables de crímenes graves contra la población palestina”, afirmó tras el archivo del caso Erika Guevara Rosas, directora de Investigación, Trabajo de Incidencia y Política de Amnistía Internacional. También denunció la “falta de voluntad o incapacidad del sistema israelí para enjuiciar crímenes de derecho internacional, lo que pone de relieve la urgente necesidad de recurrir a la justicia internacional como la única vía que le resta a la población palestina”.

Al menos 98 palestinos han perdido la vida bajo custodia israelí, sin que las autoridades hayan abierto ninguna investigación independiente, transparente e imparcial en ninguno de los casos

Amnistía Internacional

Según Amnistía Internacional, desde el inicio del genocidio en Gaza en octubre de 2023, solo un soldado israelí ha sido condenado por torturar a un detenido palestino, “pese a las abrumadoras pruebas de tortura y abusos generalizados —incluida la violencia sexual— contra personas palestinas en centros de detención israelíes”. La ONG destacó en un comunicado que, en los pasados dos años y medios, “al menos 98 palestinos han perdido la vida bajo custodia israelí, sin que las autoridades israelíes hayan abierto ninguna investigación independiente, transparente e imparcial en ninguno de los casos”.

Un artículo publicado en Haaretz, después del castigo a los dos soldados que han protagonizado el caso de Líbano, concluye que “una estatua de Jesús obtiene más empatía que los palestinos en Israel”. La autora señala que “los líderes israelíes examinaron con lupa la conducta de un soldado al que ellos mismos contribuyeron a moldear; una conducta que quedaría impune si se dirigiera contra los 'enemigos adecuados'. Esos 'enemigos' —personas de carne y hueso, víctimas de abusos— reciben menos empatía que un trozo de madera”.

La Abogacía del Estado ha rebajado de dos años y medio a seis meses de prisión su petición para la antigua directiva de Sniace por los vertidos de la empresa al río Saja-Besaya entre 2008 y 2010, como ya hizo la Fiscalía en la primera sesión del juicio.

El abogado del Estado lo ha avanzado al inicio de la última jornada del juicio contra el expresidente de Sniace Blas Mezquita, otros seis exconsejeros y el entonces director de Operaciones de la empresa, acusados todos ellos de un delito contra el medio ambiente.

El juicio por los vertidos de esta empresa, afincada en Torrelavega y que cerró en 2020, se ha tenido que repetir después de que la Audiencia de Cantabria anulara parcialmente la vista y la sentencia de 2021 en la que se les condenó.

La Fiscalía ha confirmado hoy, como ya avanzó al comienzo del juicio, que rebaja su petición de dieciséis a seis meses de prisión y que solicita una multa de 12.000 euros e inhabilitación para cualquier actividad relacionada con la emisión de vertidos en un año.

También reclama que los acusados indemnicen al Estado en la cantidad que se fije en sentencia o en ejecución de la misma por el perjuicio causado al medio natural y que abonen los cánones por vertidos no autorizados que no pagó por la empresa.

La Abogacía del Estado solicita, además de los seis meses de cárcel, 4.800 euros de multa, un año de inhabilitación y que abonen de forma conjunta 49,8 millones a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por los daños.

Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación particular, se suma a las peticiones de la Fiscalía, salvo en la indemnización, que solicita la misma que el representante del Estado.

Por su parte, las defensas han solicitado la libre absolución para los ocho procesados, que se admita la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas -la jueza ya avanzó que se apreciará- y la prescripción de los hechos.

Acusaciones

La Confederación Hidrográfica del Norte revocó en 2006 la autorización que tenía la empresa para hacer vertidos en el río por “su carácter abusivo”.

En 2008 Sniace obtuvo la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la Consejería de Medio Ambiente para verter las aguas de su proceso industrial a la ría de San Martín, a través de un colector, mientras que al Saja Besaya solo podía verter aguas de refrigeración o pluviales.

La fiscal mantiene que, a sabiendas de que no tenía autorización, Sniace siguió haciendo vertidos que alteraron la calidad de las aguas, sin respetar los parámetros de la AAI.

Las tres acusaciones han aludido en varias ocasiones a la sentencia de 2010 del Tribunal Supremo en la que condenó el ex secretario de la empresa Miguel Gómez de Liaño, por unos vertidos al Saja Besaya en 2006, cuando ya había sido revocado el permiso de la Confederación, aunque desde la defensa ven “sustanciales diferencias” con esta causa.

“No cambia nada excepto la fecha. Si para el Supremo no había duda, para nosotros tampoco”, ha dicho la fiscal, quien ha rechazado que la defensa intente presentar a Gómez de Liaño, que ha declarado como testigo en esta causa, como el único encargado de lo ocurrido.

Además, ha recalcado que “no hay ni una sola muestra en todo el procedimiento en la que no se superen los valores límites”, mientras que la defensa ha apuntado a “deficiencias” en la toma de esas muestras y a que “no consta la gravedad” del vertido a la que aluden las acusaciones.

La Fiscalía acusa al que fuera jefe de operaciones como autor material del delito y a los miembros del consejo de administración les considera autores, al entender que lo cometieron por omisión. “Pudieron haber parado los vertidos y no lo hicieron, todos conocían la actividad contaminante”, ha señalado.

Para el abogado del Estado, queda probado que el vertido fue “continuo, caudaloso, ilícito y contaminante”.

Y ha negado, como se ha planteado desde la defensa, que hubiera “pasividad” en la administración a la hora de advertir sobre estos hechos.

El representante de Ecologistas en Acción ha destacado el daño producido al entorno: “el vertido roba el oxígeno del agua y asfixia la vida fluvial de forma inmediata”.

La defensa

Desde la defensa han sostenido que los acusados “no tenían contacto alguno con la fábrica” ni conocimientos en materia medioambiental.

También han defendido que la empresa actuó amparada en la Autorización Ambiental Integrada, hasta construirse las infraestructuras para conducirlos a la ría, y han asegurado que el retraso en la consecución de esas instalaciones no es imputable a Sniace, sino a las administraciones.

El juicio, a cargo del Tribunal de Instancia de Santander, se ha celebrado durante cinco sesiones.

La vida de Gabriela está en suspenso desde el 18 de septiembre de 2025. Ese día admitió una condena por atentado a dos agentes de los Mossos d'Esquadra. Un delito que, pese a que figure en papel timbrado, esta vecina de Badalona (Barcelona) originaria de Argentina mantiene que no cometió. La consecuencia más relevante es que, hasta que no logre cancelar sus antecedentes penales dentro de dos años, Gabriela no podrá empezar su ansiado proceso de regularización en España. “El abogado de oficio que me atendió no me lo advirtió”, denuncia esta mujer. 

La situación de esta madre de cuatro hijas, quien se mudó a España junto a su familia por la “inseguridad” que vivía en su país de origen, ha cambiado por completo desde su encontronazo con los agentes de los Mossos d'Esquadra y su paso por el sistema judicial. A las dificultades para labrarse un futuro fuera de su casa, se le añade el shock por el episodio ocurrido y el vértigo de reclamar una revisión de la actuación de los uniformados y del abogado de oficio que la asistió. “Cada vez que salgo a la calle y veo a un agente, me pongo nerviosa”, cuenta la mujer.

Al no tener los papeles en regla, el trabajo informal era (y es) la única fuente de ingresos de Gabriela. Como todos los días, el 17 de septiembre del año pasado cuidaba en su casa del barrio de la Salut de Badalona al bebé de su cuñado. El hombre acudía a recoger a su hijo, pero las cosas no fueron como siempre. Tras llamar al interfono, Gabriela oyó que el hombre gritaba desde el vestíbulo: dos agentes de los Mossos d'Esquadra lo estaban inmovilizando.

Las razones por las que el hombre fue identificado figuran en el atestado del caso: los mossos consideraron que el cuñado de Gabriela “intentó no mantener contacto visual” con los agentes y “picó de forma insistente en el timbre” al ver el coche patrulla. Razón suficiente, a criterio policial, para bajar del coche y proceder a identificar al hombre, pese a que no estaba cometiendo delito alguno. Estaba llamando a un timbre.

La tesis de Gabriela y del centro Iridia, que representa ahora a la mujer, es que se trata de una actuación policial “racista” originada en una identificación por perfil étnico, una práctica que los distintos cuerpos policiales siguen realizando pese a las críticas de las entidades de derechos humanos. “La identificación por perfil racial es la mayor puerta de entrada al maltrato institucional”, advierte la directora de Iridia, Anaïs Franquesa. La entidad ha presentado su décimo informe sobre violencia institucional.

El cuñado de Gabriela, prosigue el atestado policial, “intentó cerrar la puerta” a los agentes, que lo inmovilizaron ya en el vestíbulo del edificio. El relato policial se mantiene en la sentencia del caso, donde se ha fijado que el hombre quiso “entrar apresuradamente en el edificio y mantener una actitud esquiva” hacia los agentes. “¿Cómo no iba a llamar al timbre, si iba a recoger a su hijo a mi casa?”, se pregunta Gabriela.

La mujer bajó de su piso, dejando al bebé en su sillita, alarmada por los gritos de su cuñado. “Lo tenían agarrado del cuello, era horrible”, rememora Gabriela. “Les pedí que por favor lo dejaran, pero me pusieron contra la pared. Yo solo repetía que había un bebé solo arriba”, agrega la mujer, que reconoce que la situación la desbordó. “Ellos dicen que les agredí, pero yo les grité y me defendí cuando me quisieron agarrar”, explica.

Gabriela y su cuñado terminaron detenidos. Ambos pasaron la noche en comisaría y pasaron a disposición judicial al día siguiente. “Ni siquiera pude hablar con mi marido y explicarle la situación”, denuncia la mujer. Los documentos del caso muestran que un mosso estuvo durante unas horas con el bebé en la casa hasta que llegó la cuñada de la mujer.

“Yo estaba con ropa liviana porque todavía hacía calor, y era la única mujer detenida. Mientras esperaba en el juzgado los otros detenidos hombres no fueron agradables, menos mal que estaba mi cuñado”, recuerda la mujer sobre las peores horas de su vida. “Estaba claramente en shock”, agrega.

Cuando su abogado de oficio la atendió, según relata la mujer, sus primeras palabras fueron: “La has liado”. Luego le indicó que había dos opciones: un acuerdo en un juicio rápido ese mismo día o un juicio más adelante, en el que se exponía a una multa más elevada, de hasta 6.000 euros. 

“Yo no sé ni lo que son unas diligencias urgentes, el letrado no me dijo que el acuerdo ya no se podía recurrir ni los efectos que tenía sobre mi residencia en España”, denuncia la mujer. Aceptar la condena implicaba que la mujer aceptaba la tesis policial del caso y no podía formalizar una denuncia por el trato policial recibido.

Este diario ha contactado con el abogado de oficio que atendió a Gabriela. El letrado niega presión alguna a la mujer para que aceptara el acuerdo, si bien admite que no abordó con Gabriela las consecuencias en su situación administrativa de una condena penal, ya que no es experto en extranjería. “Tampoco me lo preguntó”, agrega.

“Al saber que mi familia me estaba esperando fuera del juzgado me quedé todavía más descolocada, la presión emocional era tremenda y nadie me escuchó”, recuerda la mujer. “Puse la ficha y confié, porque además yo 6.000 euros ni los tengo ni los tendré, pero no me explicó la gravedad que iba a tener aceptar los cargos”, apostilla Gabriela.

En la sentencia de conformidad constan como hechos probados que la mujer “se abalanzó sobre el agente, le propinó diversos golpes y le escupió en la cara”. El atestado del caso recoge que los hechos quedaron grabados en una cámara corporal de uno de los uniformados, si bien a día de hoy la actual defensa de Gabriela no dispone de ese vídeo de nueve minutos pese a haberlo solicitado al juzgado.

Para Sònia Olivella, coordinadora de litigio estratégico de Iridia, el caso de Gabriela “es paradigmático de las consecuencias del racismo institucional que impacta en las vecinas más vulnerables”. “Ha habido una falta de escucha a Gabriela que conduce a una desconfianza en las instituciones y los cuerpos de seguridad porque confirma una vez más que la palabra de una víctima no vale lo mismo que la de los agentes”, reflexiona la psicóloga del centro, Paula Rossi.

La actual defensa de la mujer ha presentado un incidente extraordinario de nulidad contra la sentencia de conformidad, así como una queja a la comisión de deontología del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) por la actuación del letrado de oficio. La mujer es consciente de la dificultad de dar marcha atrás a la rueda de la Justicia cuando se ha activado. “Ya lo único que puedo hacer es alzar la voz por mis hijas”, concluye Gabriela.

El tribunal de instancia de Valladolid, sección Instrucción, plaza 6, ha procesado a un médico por delitos de agresión sexual y contra la intimidad cometidos contra ocho víctimas y ha mantenido al investigado en prisión provisional sin fianza, han informado a EFE fuentes del TSJCyL.

El juzgado, que ha dictado el auto de procesamiento por hechos que ocurrieron en el sanatorio privado Sagrado Corazón en siete casos y en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid en otro, mantiene además las medidas cautelares acordadas en marzo de 2025.

Esas medidas abarcan la prohibición de aproximación a las víctimas y de ejercer como médico o facultativo sanitario en centro público o privado, así como el ejercicio de su profesión en consulta privada.

El Juzgado establece que el acusado preste 32.000 euros de fianza para asegurar provisionalmente las cantidades que pudieran llegar a imponerse en concepto de responsabilidad civil. Mantiene la prisión provisional para el investigado ante el riesgo de fuga, teniendo en cuenta la elevada pena que puede corresponderle por los delitos de agresión sexual y por los delitos contra la intimidad.

La Policía Nacional arrestó al médico el 21 de marzo de 2025 en Burgos por un delito de agresión sexual, tras ser denunciado por una paciente a la que realizó tocamientos y grabaciones con su teléfono móvil en la consulta donde prestaba servicio en Valladolid, según explicaron fuentes policiales tras el arresto.

Posteriormente, siete víctimas más plantearon denuncias por hechos similares en Valladolid, mientras otras mujeres las presentaron en Burgos, donde se ocupará de su caso el juzgado que corresponda.

Tras su detención y con la autorización judicial correspondiente, fue practicado un registro de su domicilio en Burgos donde se intervinieron seis teléfonos móviles, dos discos duros, tres tablets, seis tarjetas de memoria, cinco ordenadores portátiles, dos cámaras de fotos, dos minicámaras y tres pendrives, precisaron fuentes policiales.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha desplegado este martes la alfombra roja institucional para las empresas que sacarán partido de la concesión demanial del antiguo Centro Acuático de Madrid, símbolo de los fracasos olímpicos de la capital. Una cesión a 75 años para que el Atlético de Madrid pueda construir allí y explotar un pabellón para macroconciertos y un centro universitario, entre otros equipamientos. Una recalificación que sigue avanzando, pese a la sentencia judical que la tumbó hace unos meses y tras la cual el principal cambio ha sido prescindir de la edificación de un hotel, presente en el diseño original.

Almeida, que ha agradecido “el liderazgo y la visión” de su “querido” consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, ha definido el proyecto como “el mejor complejo deportivo, cultural, universitario y de ocio de cualquier ciudad de Europa”. Sostiene que “estos 65.000 metros cuadrados, junto con la Ciudad del Deporte que está construyendo el Atlético [en dos parcelas adyacentes del barrio de San Blas], van a ser únicos integrando esas actividades en un ámbito concentrado”. El regidor ha hecho gala de su afición colchonera y hasta ha dicho que “la grandeza reside en cómo nos levantamos después de caer”, en referencia al tropiezo del Atlético en la final de Copa del Rey disputada el pasado sábado en Sevilla ante la Real Sociedad.

El primer edil describe el futuro recinto de conciertos dentro de los terrenos como “la mejor arena del mundo”, a través de constantes “residencias para artistas especialmente de la música latina”, un hito que atribuye en parte a la promotora Live Nation. Otros de sus elogios se han dirigido a la empresa GoFit (que gestionará algunas dotaciones deportivas) y a la universidad Alfonso X El Sabio (que tendrá un nuevo centro en una de las parcelas). En un discurso plagado de loas a la colaboración público-privada, ha recordada sobre esta institución de educación superior que fue “la primera exclusivamente privada y uno de esos lugares de Madrid donde el talento encuentra el lugar adecuado”.

La realidad tras el megaproyecto: tropiezo judicial en un plan municipal a medida del Atlético

Pese a las buenas palabras del regidor, la iniciativa se encuentra en un momento delicado. El pasado diciembre, el Tribunal Superior de Justicia regional (TSJM) anuló el plan especial sobre el fallido Centro Acuático de La Peineta, justo cuando el Gobierno de Almeida acababa de sacar a concurso la concesión. El fallo judicial cuestiona el interés general de la operación, debido a que el Ayuntamiento de Madrid no justificó el cambio de usos en la parcela, pensada inicialmente para proyectos deportivos ligados a las candidaturas olímpicas de la capital que acabaron fracasando. El equipo de Almeida intentó añadir usos educativos, de ocio, o culturales a la parcela a través de un procedimiento urbanístico aprobado en octubre de 2024.

Aun con la sentencia judicial, la concesión demanial sigue adelante, de momento. Según los detalles a los que ha tenido acceso este periódico, el Consistorio prevé entregar los 90.000 metros cuadrados de edificabilidad de la parcela ES-01 (la del Centro Acuático) a una empresa durante los próximos 75 años, hasta el 2100. Esta empresa es Barsento SL, una sociedad montada por el Atlético de Madrid, en la que se acompaña de dos gigantes del mundo del entretenimiento: la mencionada compañía Live Nation (promotora de conciertos y dueña de Ticketmaster implicada también en el “estadio” de Shakira en Villaverde) y Oak View Group (OVG).

Barsento ha reclamado este espacio para completar la Ciudad del Deporte del Atlético, que ya construye en otras tres parcelas municipales de 205.000 metros cuadrados que previamente le ha cedido el Ayuntamiento alrededor de su Estadio Metropolitano (con dotaciones tan controvertidas como una piscina de olas). La guinda de este pastel sobre suelo público es un recinto cubierto de conciertos para 20.000 espectadores, que el club rojiblanco presentó hace unos meses y que el Ayuntamiento acomodó a medida de sus peticiones en forma de concurso público. Queda fuera respecto al planeamiento original y después del mazazo judicial un hotel de 250 habitaciones

El estudio económico elaborado por el área de Obras y Equipamientos del Consistorio para este negocio arroja cifras muy altas, que explican el interés del Atlético de Madrid por este proyecto y el elevado precio de venta de la mayoría de acciones del club que acaba de tener lugar.

El plan económico plantea una puesta en marcha de las instalaciones en el año 2031, después de dos años del proceso de adjudicación y redacción de proyectos, a los que seguirán tres años de obras. La facturación del complejo en el año 2045 rozará los 145 millones de euros y para el final de la concesión, en el año 2100, alcanzará los 445 millones. Por entonces los beneficios anuales serán de unos 95 millones de euros, antes de impuestos.

El Ayuntamiento de Madrid recibirá un canon de explotación a cambio, que comenzará siendo de 300.000 euros anuales y hasta el año 2051 no subirá notablemente, hasta los 1,4 millones. Al final de la concesión, en el año 2100, será de 6,6 millones. El estudio publicado calcula que el plazo de recuperación de la inversión de Barsento, que deberá invertir 407 millones de euros, estará entre los 19 y los 21 años.

Más de la mitad de esta inversión (260 millones) estará dedicado al pabellón cubierto, “concebido expresamente para conciertos, eventos corporativos, galas y espectáculos de gran formato”, explica el concurso municipal. Se situará sobre el lugar donde iban a estar las piscinas de waterpolo en el Centro Acuático y contará con 37.500 metros cuadrados y un aforo en torno a 20.000 espectadores, con lo que se convertirá en el recinto para conciertos cubierto de mayor tamaño en España, en rivalidad con el Roig Arena de Valencia (misma capacidad) y el Movistar Arena de Madrid, que trabaja en una ampliación

La construcción aprovechará una parte importante de la obra civil y estructura ya levantada en el edificio y que según un estudio municipal se encuentra en buen estado general. El estudio económico calcula que el periodo de concesión arrancará con 88 eventos al año y se acabará con 132 (uno cada tres días, sin contar el mes de agosto). Las cifras de beneficios están elaboradas contando con una asistencia media del 56% del aforo máximo, con entradas a 65 euros.

La oposición muestra sus “dudas sobre la legalidad de la operación”

El proyecto no convence a la oposición ni desde su planteamiento ni desde el punto de vista jurídico, como demuestran las declaraciones que ha compartido este martes Antonio Giraldo, concejal portavoz de Urbanismo del Grupo Municipal Socialista: “El Ayuntamiento pretende sacar adelante un proyecto de 360 millones de euros sobre una parcela pública que debería haber sido siempre un equipamiento deportivo público, apostando una vez más por la privatización”.

“Tenemos serias dudas sobre la legalidad de la operación: el plan especial que permitía estos usos fue anulado por el TSJM en diciembre. Nadie ha aclarado si se ha recurrido al Supremo”, advierte. Así, el edil considera que “si está recurrido, es una temeridad seguir adelante sin garantías jurídicas”. Y si no lo está, “el plan está definitivamente anulado: el Gobierno de Almeida debe explicar cómo encaja este proyecto en la legalidad vigente”.

Para Mar Barberán, portavoz de Más Madrid en la Comisión de Urbanismo, el anuncio de este martes confirma que “el patrimonio público de todos los madrileños queda al servicio de intereses privados en una instalación abandonada donde el Ayuntamiento ya dilapidó millones de euros públicos [en concreto 99,6 millones durante la etapa de Alberto Tuiz-Gallardón]”. Afirma que “no es deporte público, es negocio privado”. Mantiene la concejala que “el interés general aquí es que se forren los de siempre, en este caso un fondo de inversión estadounidense, con el patrimonio de la ciudad como moneda de cambio”. Su conclusión es tajante: “Alemida se expone a indemnizaciones, retrasos y litigios si sigue con la adjudicación del Centro Acuático”.

La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a 15 años de prisión a un acusado de agredir sexualmente de manera continuada a su nieto de 4 años de edad. Los abusos se prolongaron hasta que el menor alcanzó la edad de 6 años.

La sentencia impone, además, 10 años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena, la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima durante 16 años, la inhabilitación para cualquier actividad que implique contacto con menores durante 20 años, así como el pago de una indemnización de 20.000 euros por daño moral.

Los hechos tuvieron lugar entre 2003 y 2005 en el domicilio familiar, donde el acusado aprovechó su relación de parentesco, convivencia y posición de superioridad para someter al menor a agresiones sexuales reiteradas, empleando la fuerza y actuando en situaciones de aislamiento y soledad en el domicilio que compartían, lo que generó en el menor una clara situación de indefensión.

En 2021 también presentó denuncia otra nieta del acusado que fue agredida sexualmente por su abuelo entre 1993 y 1996 en Colombia. La denuncia se archivó por estar los hechos prescritos. Durante el juicio prestaron declaración otros miembros de la familia, entre las que se encontraban dos hijas y una sobrina del acusado –una de ellas, madre del menor- que relataron al tribunal violaciones y agresiones sexuales sufridas cuando eran menores por parte del acusado.

El condenado, de origen colombiano, mantenía un clima de temor y silencio en su familia y había sido guerrillero y fabricante de armas. La conducta del condenado, según la sentencia, se caracteriza por un patrón prolongado de abuso sexual intrafamiliar. Destaca su uso de poder sobre los menores a los que sometía con fuerza sin que estos tuvieran opción de defenderse.  

El tribunal fundamenta la condena en la plena credibilidad del testimonio de la víctima, que considera coherente, persistente y verosímil, conforme a los criterios jurisprudenciales. Este testimonio se ve reforzado por corroboraciones periféricas, entre ellas las declaraciones de otros miembros del entorno familiar que describen un patrón similar de conducta, así como por un informe psicológico forense que acredita que la víctima sufre un trastorno de estrés postraumático compatible con los hechos.

La víctima declaró que no formuló denuncia hasta el año 2021 cuando, con ocasión de una terapia psicológica que estaba siguiendo por una depresión, surge la necesidad de afrontar un evento traumático que estaba condicionando su vida, del que siempre había tenido recuerdos. Por ello, decide hacer la revelación al núcleo familiar más cercano: su madre y el marido de su madre. Posteriormente, su madre trató el tema con sus hermanas y es entonces cuando surgen otros episodios que el acusado habría cometido con mujeres del entorno familiar.

La sentencia señala que se aprecia “en esta familia una suerte de pacto de silencio tácito que se mantuvo por el miedo que el acusado infundía a los miembros de la familia”. Incluso una de las mujeres que había sido víctima de agresiones manifestó durante el juicio que todos estos hechos “habían sido una verdad oculta en la familia por el miedo que tenían al acusado”.

La sentencia no es firme. Ha sido recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

Luis Bárcenas tiene ahora todo el pelo blanco, pero no ha perdido seguridad en sí mismo. Quizá no suene tan arrogante como en el pasado, pero habla de forma enérgica y sin generar dudas. Solo en un momento se deja llevar por un carácter que nunca debió de ser fácil y comenta que cierta pregunta o sugerencia de un abogado viene a ser una estupidez. Pide disculpas rápidamente al ver que la presidenta del tribunal se ha quedado un poco anonadada por el atrevimiento. Tiene muy claro que va a contar en un juicio lo que Mariano Rajoy le pidió que se guardara para sí.

El extesorero del Partido Popular fue la principal víctima de la Operación Kitchen, la red de espionaje policial fuera de cualquier control judicial que se montó en el Ministerio de Interior. El objetivo era impedir que las pruebas en poder de Bárcenas llegaran a manos de la justicia y de los medios de comunicación. Al poco de comenzar a declarar el lunes, estableció una distinción interesante. “Esta operación tiene un comienzo por los responsables del partido y después, si se prueba aquí, un traslado al Ministerio del Interior”. Él tenía que saberlo bien. Sus interlocutores desde el principio eran dirigentes del PP o abogados vinculados al partido. Uno de ellos era Rajoy (“Luis, sé fuerte”).

El juez García Castellón se ocupó de que no se llegara a ninguna parte por esa vía de investigación. Rajoy, Cospedal o Javier Arenas nunca tuvieron que sudar demasiado. La responsabilidad quedó circunscrita al Ministerio de Interior, lo que no es una minucia, estando en el banquillo un ministro y un secretario de Estado del Gobierno de Rajoy y varios miembros de la cúpula policial.

Bárcenas recordó la escena de la que ya habló en 2021 y que es uno de los momentos estelares de la historia del PP. El día de 2009 en que Rajoy se llevó un susto de muerte al ver un documento con las cifras de la caja B que conservaba el tesorero del partido. En su despacho, Bárcenas le presenta “la contabilidad extracontable” –una forma elegante de llamar al dinero negro– con un saldo. “Cómo es posible que tengáis esos papeles”, dice que comentó el expresidente.

“Le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo. Él se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, y lo introduce en el destructor de papeles. El papel, que era una fotocopia, queda destruido”, explicó Bárcenas en la sala. No se sabe si Rajoy pensaba que estaba eliminando un documento original, pero su reacción fue inmediata, según la declaración del extesorero. Ese papel no debía salir de su despacho.

Bárcenas asegura que grabó esa conversación, al igual que otra con Arenas. Forma parte del material que preocupaba al PP. Contrató a un preso que decía saber de informática para que borrara ese y otros documentos en una salida de la prisión. Finalmente, no pudo hacerlo, pero alguien se ocupó del borrado. Al salir de la cárcel, Bárcenas no los encontró. Se los habían robado, según su testimonio.

El jueves está previsto que Rajoy declare en el juicio como testigo. Seguro que lo niega todo. Siempre lo ha negado todo, hasta lo que era imposible de negar. “Es metafísicamente imposible que haya podido destruir los papeles de Bárcenas”, dijo cuando declaró como testigo en el juicio de la caja B del PP. Veremos hasta dónde llegan los conocimientos de metafísica en el tribunal.

Los políticos pueden llegar a tener graves problemas de percepción de la realidad. Lo de Rajoy supera la media. Un abogado de las acusaciones le preguntó en ese juicio quién tomó la decisión de reformar toda la sede del PP en la calle Génova, una obra que supuso las lógicas molestias a los ocupantes del edificio. “No lo sé. Lo que sí puedo decirles es que yo no he sido”, respondió. Resulta que alguien decidió rehabilitar la sede entera con un coste superior al millón de euros, pero el pobre Mariano no dio ninguna orden. A fin de cuentas, él sólo era el presidente del partido.

Inicialmente, los dirigentes del PP prometieron a Bárcenas que harían lo posible para protegerle de las investigaciones judiciales. Pidió una “interlocución” directa con el ministro de Interior y el de Justicia. “Me indica (Rajoy) que con Jorge (Fernández Díaz) no hay ningún problema. 'Es amigo mío y te atenderá'”, le dijo el líder. Con Ruiz Gallardón, titular de Justicia, no se comprometió a nada. Al final, habló con el ministro de Interior, pero este se escaqueó y le pusieron otro interlocutor.

En ese momento, la sintonía entre el extesorero y la dirección del partido era completa. Es lo que le llevó a pedir a un preso que borrara los audios y otras pruebas. Por eso, se enfureció cuando El Mundo sacó la noticia que decía que él “había grabado a todo el partido” y que incluso había acudido a 'la tienda del espía' para hacer acopio de material de espionaje. Era falso y eso le podía meter en problemas con dirigentes del PP con los que aún quería estar a buenas.

Tiempo después, descubrió que le habían engañado o que las promesas eran imposibles de cumplir. “No se cumplen las expectativas que yo estaba teniendo”, fue como lo describió Bárcenas. Vio que estaba solo cuando ni siquiera pudieron impedir que su mujer entrara en prisión.

Bárcenas confirmó la tesis de la Fiscalía al identificar varios documentos y datos personales suyos que se encontraron en casa del comisario Villarejo. Todos ellos presuntamente entregados por el chófer Sergio Ríos, ahora en el banquillo, y al que contrató el policía a cambio de dinero sacado de los fondos reservados, como sostiene la acusación. Ese era el objetivo de la trama. Evitar que Bárcenas pudiera hacer daño al PP haciendo público ese material.

Es la razón por la que hoy no podemos escuchar a Rajoy meter la copia del saldo de la caja B del partido en una máquina para destruir documentos. La justicia es igual para todos, excepto para los que pueden reclutar a comisarios para que les hagan de detectives privados y no precisamente de los que descubren al autor del crimen en el desenlace.

Manuel Reija, el lotero de A Coruña acusado de quedarse con una primitiva premiada con 4,7 millones de euros en 2012 -circunstancia que, según la Policía, ocultó a su legítimo dueño cuando este fue a comprobar varios boletos-, ha tildado de “mentira” que estuviese con el propietario de la misma cuando descubrió que estaba premiado y que le ocultase a este la citada información. Ha sido a preguntas de la Fiscalía en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña y en el que se sienta en el banquillo de los procesados también su hermano, al que se considera encubridor de los hechos en su condición de delegado de Loterías en la provincia coruñesa. De “mentira” ha calificado también Manuel Reija que acudiese a su hermano con la intención de cobrar el premio.

“En absoluto, no tengo a nadie delante”, ha respondido a la fiscal del caso ante las preguntas de esta sobre el momento previo y las comprobaciones que aparecen realizadas sobre distintos boletos en relación con la persona que la Policía consideró el legítimo dueño. “Yo estaba solo, no sé cuánto tiempo llevaban allí”, ha precisado sobre el momento en que encontró el grupo de boletos, de los que ha dicho que estaban como “recién sacados de la cartera”, para luego comprobar que uno de ellos estaba premiado.

Además, ha concretado que en sus más de 30 años de actividad le ocurrió haber encontrado otros pero que no siempre lo comprueba. En este caso, ha dicho que era porque estaban “dentro”, en su zona de trabajo, pero que si llegan a estar en la zona del exterior los hubiera tirado a la papelera. Luego, ha especificado, lo llevó a la delegación de Loterías, donde trabaja su familia, para consultar a su hermano, máximo responsable de la misma, para hacer lo qué hacía con el grupo de boletos y, en concreto, con el premiado.

Sin intención de cobrar

El boleto acabó, finalmente, en Madrid, en la sede de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, a donde lo llevó el delegado de Loterías -y también procesado- en un procedimiento en el que el lotero coruñés reclamó la cuantía, sin que se le llegase a abonar. Lo hizo, ha dicho, no con la intención inicial de cobrar el dinero, sino para que no caducase el citado proceso.

Al respecto, varios testigos han confirmado que, cuando no aparece una persona que reclame o de aparecer se compruebe que no sea el dueño, el lotero puede solicitar el pago de la cuantía. Al hilo de esto, el acusado ha admitido que, pese a abrirse un expediente de hallazgo, siguió reclamando el dinero pero, ha apuntado, para que le “aclarasen” la situación. En su declaración, y previamente a dejarse el boleto premiado en la sede de la SELAE en Madrid, lo tuvo en su administración, por consejo de su hermano, y a la espera, ha especificado, de que apareciera alguna persona a reclamarlo. “Sabía que era de primera categoría, pero no sabía el importe, yo seguí trabajando pero estaba sorprendido”, ha aseverado en otro momento de su intervención.

Mientras, ha admitido que cuando se inició el expediente de hallazgo para localizar al propietario no especificó que había un grupo de boletos, no solo el premiado, y ha asegurado que lo hizo para evitar reclamaciones maliciosas. “Yo podía haberlo cobrado”, ha aseverado en otro momento de su declaración y en una sesión en la que se ha pospuesto para este martes la declaración del otro acusado y con previsión de que se lean los informes por parte de las partes.

Dos familias reclaman

Junto a la posible responsabilidad penal de ambos acusados, en el juicio también se dirime quién es el legítimo propietario, con dos familias ejerciendo la acusación particular: la viuda y la hija del hombre al que la Policía considera, tras una investigación policial en 2018, el verdadero dueño y la de otra persona, también fallecida como el primero, que llegó en su momento a hacer una reclamación, pero descartándose que fuese el dueño. Ha sido en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña y en el que Fiscalía solicita para él seis años de cárcel por un delito de estafa o, alternativamente, por apropiación indebida. Para su hermano, delegado provincial de Loterías, pide la misma pena de prisión por blanqueo de capitales o por encubrimiento.

Los hechos

En relación a lo sucedido, en su escrito de calificación, Fiscalía relata que el hombre ya fallecido, al que se considera el propietario, acudió en julio de 2012 al establecimiento del lotero para comprobar si los boletos que tenían estaban premiados. Sin embargo, sostiene el Ministerio Público, el acusado “conocedor del alto importe del premio, se lo quedó para así, junto con los demás boletos, y no comunicó al apostante dicho extremo ni tampoco le devolvió el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal”.

“Con el boleto en su poder y completamente seguro del alto valor que tenía, ese mismo día acudió a la delegación provincial de Loterías y Apuestas del Estado de A Coruña”, en la que estaba al frente su hermano “con la finalidad de acelerar los trámites del cobro del resguardo, prescindiendo de cualquier procedimiento reglado y como si fuese legítimo poseedor”. “Siendo plenamente consciente de la ilegitimidad de la posesión de este título por parte de su hermano”, asegura que este “se dispuso a allanar el camino” con actos tendentes “a disfrazar el verdadero origen del boleto” a los efectos de que se pudiese “hacer efectivo el premio”. También señala que “omitió toda actuación, como delegado provincial, que pudiese servir para verificar el origen real” del mismo.

Todo empezó en octubre de 2023, cuando la Xunta decidió, de oficio, hacer una valoración de la situación de I.T.D.F., un menor de edad de Ourense que hasta ese momento tenía reconocido un grado III de dependencia, el máximo. Reevaluar a un dependiente es un procedimiento habitual para hacer seguimiento de su estado. Pero, en este caso, esa revisión dejó fuera uno de los diagnósticos que más afectan al día a día del menor y de quienes están con él: un trastorno del espectro autista severo no verbal. Los padres del niño, que tiene ahora 10 años, denuncian que esta omisión provocó que el grado de dependencia se rebajase al II. Ellos emprendieron una batalla por que la administración autonómica enmendase el error y una sentencia judicial les dio la razón, en noviembre de 2024, en su postura de que el nivel reconocido debe ser el III. Pero aseguran que los servicios de la Xunta la están aplicando “de forma defectuosa”. El enfrentamiento acaba de derivar en la retirada de las prestaciones económicas que estaba recibiendo la familia.

Joaquín Dosrey, el padre del menor, y Julieta Fernández, la madre, acusan a la administración autonómica gallega de estar actuando con mala fe. Defienden que, si acata que debe devolver el grado III de dependencia a su hijo -cosa que la Xunta, en efecto, ha hecho-, debe también incluir el diagnóstico de TEA y volver a darle la misma ayuda que tenía reconocida antes. Con aquella revisión de 2023, explican, se elaboró también un nuevo programa individual de atención (PIA) para el menor. El PIA es el documento que recoge las prestaciones públicas a las que tiene derecho un dependiente. Los padres indican que su hijo tenía concedida una libranza por cuidados en su entorno, es decir, una cantidad mensual para apoyar los cuidados que recibía por parte de su familia en su casa. Eran 500,94 euros. Cuando, en la nueva valoración, se consideró que su grado de dependencia era II, se hizo también un nuevo PIA, que establecía una libranza por cuidados en su entorno de 200 euros y otra pensada para pagar terapias de 150 euros. En total, 350 euros mensuales, 151 menos que en el plan anterior.

El padre del menor expone que lo que quieren es que se corrija la valoración que se hizo en 2023, que se tenga en cuenta que el niño tiene un trastorno del espectro autista severo que afecta a su desempeño cognitivo y que se recuperen las ayudas que tenía reconocidas antes de esa evaluación. Por eso, dice Dosrey, no han presentado, tras la sentencia judicial que les da la razón, facturas de las terapias a las que llevan al menor. Quieren evitar que se interprete como una aceptación tácita de una valoración y un PIA que son incorrectos. Y, sin esos recibos, la Xunta no abona los fondos. Esto es lo que ha llevado a que la administración gallega haya paralizado desde inicios de este año los ingresos. La Consellería de Política Social, consultada sobre el caso, asegura que ha seguido la normativa vigente y ha aplicado los baremos de valoración establecidos en la ley para determinar el grado de dependencia de I.T.D.F.

El departamento que dirige Fabiola García también sostiene que ha cumplido “estrictamente con lo dictaminado en la sentencia, la cual solamente se pronuncia sobre el grado de dependencia reconocido”. Los padres aseguran que lo que significa esto es que la Xunta ha cambiado el número en el grado de dependencia y nada más. Lo que dice exactamente esa sentencia es que la situación del niño es “la misma en la actualidad que en 2017, cuando le fue reconocida la dependencia en grado III” y concluye que ese es el nivel que debe aplicarse. “Se condena a la Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia a estar y pasar por esta declaración y a asumir, en sus respectivas responsabilidades, las consecuencias que de ello se deriven”, indica el fallo.

La sentencia recoge, dentro de los hechos probados, todos los diagnósticos del niño: parálisis cerebral infantil tipo diparesia espástica, displasia de caderas bilateral, trastorno del desarrollo del lenguaje y la comunicación, trastorno del espectro autista, una duplicación que afecta al gen CHRNA 7, trastorno del lenguaje, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno grave de conducta. La explicación continúa: “Tiene ausencia de lenguaje verbal, emplea un comunicador. Tiene alteraciones de los procesos cognitivos. Tiene alteradas las funciones ejecutivas, precisando planificación, organización y supervisión constante de un adulto. Tiene alteraciones del estado de ánimo (irritabilidad, euforia, rabietas). Tiene episodios de agresividad hacia él y hacia los demás”.

Hay más: tiene movilidad reducida y necesita unos dispositivos ortopédicos para poder hacer desplazamientos cortos, además de andador. Si la distancia es larga o está en exteriores, necesita silla de ruedas. En su colegio precisa “apoyo constante de un cuidador” para su higiene personal, para ponerse y quitarse prendas que llevan sujeciones o las ayudas ortopédicas y para tomar líquidos. En casa también requiere “supervisión constante de sus padres”. “No es independiente”, concluye la sentencia.

El diagnóstico de TEA

Los padres relatan cómo empezó el enfrentamiento con la Xunta: ellos alegaron contra la valoración de 2023 que consideraba que su hijo tenía un grado II de dependencia, pero Política Social no admitió sus argumentos. Aquello fue en 2024. En su respuesta, la administración autonómica se reafirmaba en que la valoración se había realizado correctamente y que se habían tenido en cuenta los diagnósticos que constaban en el expediente. Señalaba también que los informes médicos que se habían aportado por parte de Joaquín y Julieta reflejaban “nuevos diagnósticos”, en alusión al TEA. Sin embargo, varios documentos con fecha anterior a la valoración de 2023 recogen ese trastorno del espectro autista. Los firman diferentes profesionales del Servizo Galego de Saúde (Sergas) de las áreas de psiquiatría, psicología infantil y rehabilitación de Ourense.

Al ver rechazados sus argumentos, los padres del menor acudieron a la Justicia. La sentencia que les dio la razón es de noviembre de 2024. Fue prácticamente un año después cuando la administración hizo lo que ellos consideran “un intento de ejecutar la sentencia de forma defectuosa”. La acusación se refiere a que hubo un reconocimiento del grado III, pero se mantuvieron los recortes económicos y la “valoración errónea”. Cuentan también que un funcionario llamó al centro de terapia al que va su hijo para dar de alta servicios sin conocimiento de los padres, lo que ellos ven como un intento de que pareciese que había una “aceptación tácita” por su parte de esa ejecución de sentencia que critican.

También se quejan del trato recibido en el servicio de dependencia de la Xunta en Ourense. Aseguran que, en una conversación telefónica, un funcionario los amenazó con influir en los servicios sociales o “rebajar más recursos” si se hace una nueva valoración del menor. La Consellería de Política Social afirma que ha hecho las consultas pertinentes al respecto y defiende que esa comunicación tuvo “como único propósito informar sobre la situación administrativa de los expedientes en curso y la normativa en vigor”. El capítulo siguiente se registró en diciembre de 2025, con el aviso de la administración de que iba a parar cautelarmente los ingresos de las ayudas por no haberse remitido las facturas.

Un conflicto que sigue sin resolverse

Los padres del niño han vuelto a dar la batalla: el pasado mes de febrero registraron un escrito reclamando una revisión de oficio para corregir el error en la valoración de 2023 e incluir el TEA. Recalcan que el diagnóstico no es nuevo, sino que consta desde hace años en el Sergas, es decir, en los sistemas de la administración autonómica. Esa omisión, insisten, es la que está en el centro de todo el problema y no se van a rendir, a pesar de que ahora mismo no cuentan con ayudas públicas.

En respuesta a preguntas sobre cómo se realizan las valoraciones, la Consellería de Política Social indica que los equipos que se ocupan de las mismas están integrados por profesionales del área sanitaria y de la social, que analizan de forma “exhaustiva” toda la documentación, pero no aclara cómo es posible que un diagnóstico de TEA como el de este caso, que consta en el Sergas, no figure en esa evaluación. Añade que, cuando se hace una revisión del grado de dependencia, ese equipo técnico hace una propuesta basada en la “documentación actualizada” para determinar el nuevo grado y ajustar los servicios o prestaciones, “si la situación de la persona cambió”. Si hay errores, la administración tiene establecido un procedimiento para corregirlos “en cualquier momento”, pero solo si se trata de “fallos evidentes de escritura o de cálculo que no alteren el sentido jurídico del acto”.

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a 9 y 6 meses de prisión a dos policías forales que agredieron a un detenido en los calabozos de la comisaría de Tudela. El tribunal, que absuelve a un tercer agente acusado, considera probado que uno de los policías “zarandeó, golpeó y propinó puñetazos en la cara” al arrestado y sostiene que el otro policía es tan responsable como el anterior porque “pudo y debió impedir lo ocurrido”. 

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, los magistrados consideran al autor de la agresión responsable de “un delito menos grave contra la integridad moral del artículo 175 del Código Penal”, que castiga a la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, atente contra la integridad de una persona, así como de un delito leve de lesiones. Por el primer delito le imponen la citada pena de 9 meses de prisión y por el segundo una multa de 600 euros. La víctima acudió al día siguiente al servicio de Urgencias Hospitalarias, en donde le apreciaron tumefacción y hematoma en puente nasal, erosión superficial en región escapular derecha y hematomas en ambas rodillas. 

Al otro agente, condenado a 6 meses de prisión, los jueces le atribuyen “un delito menos grave contra la integridad moral del artículo 176 del Código Penal”, que castiga a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten actos atentatorios o vejatorios. A ambos encausados, además, la Audiencia les ha impuesto una inhabilitación para empleo o cargo público por 3 y 2 años, respectivamente. 

El agente que golpeó al detenido deberá indemnizarle con 350 euros por las lesiones y 3.500 por las secuelas. Y los dos policías tendrán que resarcir a la víctima conjunta y solidariamente con 4.000 € más por el daño moral causado. El Gobierno de Navarra ha sido declarado responsable civil subsidiario. Los hechos enjuiciados fueron grabados por las cámaras existentes en los calabozos de la comisaría de Tudela. 

Dominación arbitraria y abuso de poder 

La Audiencia de Navarra sostiene que el agente que agredió a la persona detenida accedió al calabozo en el que se encontraba para “zarandearle, agredirle con puñetazos y golpes reiterados, arrastrarle de las piernas para lanzarlo del banco al suelo y dejarlo engrilletado a la espalda y tirado en el suelo, haciendo caso omiso al rostro ensangrentado que presentaba, constituye un claro acto de dominación arbitraria y abuso de poder que atenta tanto contra la integridad física del detenido como contra su integridad moral”. 

Se trata, añade el tribunal, de un supuesto de maltrato al arrestado que incorpora un componente de vejación y humillación a la víctima “por la situación de indefensión en que este se encuentra, dentro de un calabozo, con la inherente imposibilidad de repeler la agresión o pedir el auxilio de terceros y por la impunidad, al menos inicial o aparente, que otorga al agresor su condición de agente de la autoridad, de modo que el así agredido queda reducido a la condición de mero receptor pasivo de los golpes, un simple objeto sometido a la voluntad del agresor, cosificación que de modo indudable atenta a su dignidad como persona sujeta de derechos inalienables”. 

“La Ley ha encomendado a los agentes de Policía Foral, al igual que ocurre con el resto de funcionarios policiales, la persecución de los delitos, pero desde el pleno respeto a los derechos fundamentales, de modo que el uso de la fuerza solo se halla contemplado y legitimado para situaciones excepcionales en las que la misma responde a un fin constitucionalmente legítimo”, subrayan los magistrados, que apostillan que no ha quedado acreditado que, antes de sufrir esta agresión, la víctima hubiera insultado o amenazado de algún modo al agente. “En todo caso resultaría estéril para justificar una reacción así”, añaden. 

Al contrario, la Audiencia destaca que, tras ser detenido, el denunciante sí presentó un comportamiento manifiestamente desafiante, provocativo e incluso grosero y obsceno, no solo con palabras, sino con gestos. “Pero todos los agentes que tuvieron que intervenir con él, y fueron muchos, lo hicieron con profesionalidad, logrando con la debida calma reconducir la situación. Este es el comportamiento exigible y esperable de un servidor público”, remarca. 

“No estaba de ninguna manera legitimado para agredir al [detenido], el cual se encontraba encerrado en el calabozo, por mucho que alegue que le había provocado o amenazado. Al contrario, tenía la obligación de calmarlo y de salvaguardar su integridad física por hallarse bajo su custodia, y de respetar su honor y dignidad, de que es merecedora toda persona, se halle o no privada de libertad. Y, si las amenazas y faltas de respeto hubieran sido consideradas graves, podía haber hecho valer las acciones correspondientes que el propio ordenamiento jurídico pone a su disposición, lo que no solo no hizo, sino que ni siquiera quedaron reflejadas en ningún informe o parte interno”, inciden los magistrados. 

Respecto a la participación del otro condenado, los jueces señalan que el mismo lleva 26 años en el cuerpo policial, por lo que puede afirmarse que se trata de un agente “bregado y experimentado”. 

La Audiencia no cree la versión exculpatoria dada por el procesado. Asegura que pudo ver y vio los puñetazos que, justo delante de él, el agente 979 propinó al arrestado. “No solo percibió los movimientos, como él describió, sino que fue testigo directo de la agresión”, puntualiza.

Según relata el tribunal, este segundo agente ni intervino, ni avisó a los otros compañeros para que acudieran al calabozo. “La Sala no alberga duda alguna de que pudo y debió impedir lo ocurrido. Pudo realizar un gesto, una indicación, una advertencia para que cesara en su actitud o para asegurarse de que no la mantenía, indicación que pudo haber sido eficaz entre compañeros no relacionados entre ellos jerárquicamente. Por ello, es [...] tan responsable como el agente de su actuación”, concluye. 

En cambio, los magistrados exculpan de responsabilidad al tercer acusado, que había ingresado en la Policía Foral el 30 de diciembre de 2024 y, hasta el momento de los hechos, había trabajado un total de 25 días. “No tomó la iniciativa ni realizó por sí mismo ninguna actuación respecto del [detenido]. Antes bien, se mostró dubitativo en cuanto a la actuación que debía llevar a cabo, y las imágenes permiten apreciar a una persona insegura que no tiene certeza de lo que debe hacer”, describe el tribunal. 

Por tanto, razona la Audiencia, a la hora de valorar la conducta que era exigible a este tercer agente, el ordenamiento jurídico suele atender a estándares de comportamiento exigibles a un ciudadano medio en una situación y con unas condiciones similares. Se trata, añade, de fijar un estándar de razonabilidad. “Pues bien, considera la Sala que, en atención a todas las circunstancias expuestas, el agente no fue capaz de enfrentarse u oponerse a su superior, no siéndole exigible otra actuación en términos jurídicos”, sostiene el tribunal, que apostilla que este inculpado “se encontró con una situación tal que no pudo impedir el atentado contra la integridad moral efectuado por un superior”.

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a un año y cuatro meses de cárcel a una mujer que amenazó y profirió insultos y expresiones racistas contra un menor de edad que se encontraba en un comedor escolar, al que había acudido para recoger a sus nietas. La sentencia prevé que la mujer pague dos multas que suman 2.070 euros, al considerarla autora de delitos contra los derechos fundamentales y libertades públicas en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos raciales con la agravante de abuso de superioridad, contra la integridad moral, con la agravante de discriminación, y leve de amenazas.

Los hechos se produjeron el 8 de enero de 2024 cuando fue a un colegio público de Aranda de Duero (Burgos) a recoger a sus nietas al comedor escolar. A pesar de que no tenía permiso, entró al comedor, donde había una quincena de estudiantes, todos ellos menores de 12 años. Allí se dirigió directamente a un niño de 10 años, cuyo progenitor es de origen dominicano, y afirmó: “Aquí hay putos monos que les gusta comer plátanos”.

La sentencia plantea que en esta situación aprovechó su “ventaja tanto física como psíquica” por razón de edad respecto al menor y mostró su “animadversión y desprecio a las personas de raza negra”, con insultos y amenazas en voz alta. Además, cogió unas tijeras y le dijo al menor que le iba a “cortar los huevos” y los iba a meter en una caja para enviárselos a su madre: “Me da igual que me metan en la cárcel; puto mono, puto negro”, dijo antes de marcharse del comedor y del centro educativo.

El niño se sintió humillado y despreciado, lo que menoscabó su dignidad y derivó en que su madre presentara una denuncia. Además de la pena de prisión y la multa, la resolución de la Audiencia inhabilita a esta mujer para trabajar en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre durante nueve años.

La condenada no entrará en prisión tras quedar en suspenso la pena porque no tiene antecedentes previos y no se han opuesto ni Fiscalía ni la acusación particular, pero no podrá acercarse al menor a una distancia inferior a cien metros durante seis meses ni comunicarse con él durante tres años.

Alfonso Villares, exconselleiro do Mar de la Xunta que dimitió tras ser imputado como presunto autor de una agresión sexual -denuncia que el juzgado archivó- ha convocado a los medios de comunicación a una comparecencia sin preguntas para anunciar que pide reincorporarse al PP y reclamar a los partidos de la oposición que se disculpen con él. No respondió a los intentos de la prensa de saber si tenía alguna oferta del presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, para volver a la Xunta, pero sí aprovechó para felicitar a su madre en su 93 cumpleaños y pedirle a su hijo que lo haga también.

El juzgado de Ferrol en el que recayó el caso tras perder Villares -con su renuncia a todos los cargos públicos en junio de 2025- la condición de aforado tardó apenas seis meses en manifestar que entendía que no debía procesarse al exconselleiro. La decisión la confirmó en abril de este año la Audiencia Provincial de A Coruña. Los argumentos dados fueron que la investigación realizada fue “amplia y minuciosa” y la jueza instructora no había apreciado “indicios bastantes” para seguir adelante con la causa, un criterio que apoyó el Ministerio Fiscal.

Tras conocerse estos pronunciamientos judiciales, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, había vuelto a abrir la puerta a recuperar a Villares para la política. La decisión, dijo el pasado lunes, dependía solo del exconselleiro. La reacción de Rueda tras conocer la denuncia -supo de ella en febrero, según contó él mismo- fue mantener a Villares en el cargo, a la espera de que se le comunicase si estaba siendo investigado por la Justicia. Fue entonces, cuando se confirmó su imputación, cuando dimitió, en junio de 2025. Su despedida, acusado de una agresión sexual, fue un aplauso de sus compañeros y un abrazo del propio Rueda.

Este jueves, en una sorprendente e infrecuente convocatoria, Villares habló ante la prensa en un hotel compostelano cercano a la sede del PP gallego. Avanzó solo un primer paso en lo que dijo que es su “vuelta a la normalidad” en su vida privada y profesional, que es esa solicitud de reingreso en el partido en el que había militado entre 1995 y 2025. Ante los medios se reivindicó recordando que dijo desde su dimisión que era inocente y que, ante la jueza, contestó a las preguntas de todas las partes. La Justicia, insistió, ya se ha pronunciado, en el sentido de que no debe ser procesado porque no se han encontrado “indicios bastantes” para ello.

Villares, que estos meses volvió a su puesto de veterinario en la Consellería de Medio Rural, también aprovechó para lamentar que su imagen pública fue “injustamente dañada” y exigir disculpas. “Hubo personas, señaladamente responsables políticos, que decidieron ignorar la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental. Que cargos públicos actúen con irresponsabilidad entraña un enorme peligro. Si un político se dedica a condenar sin juicio se quiebran las garantías de la sociedad y, ante esta falta de respeto a los principios democráticos más básicos, espero una reflexión y una disculpa”, dijo. No dedicó ningún comentario a la denunciante ni mencionó que la identidad de ella fue confirmada, el mismo día de su dimisión como conselleiro, por fuentes del Gobierno gallego.

El juez Juan Carlos Peinado ha cerrado esta semana la investigación del caso de corrupción contra Begoña Gómez tras dos años de una instrucción salpicada de decisiones polémicas, en ocasiones corregidas por instancias superiores. Peinado envía a juicio a la mujer del presidente del Gobierno acusándola de cuatro delitos muy graves de corrupción: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Después de esto, el juez Peinado se jubila.

Con Ignacio Escolar, director de elDiario.es, repasamos cómo se fundamentan las acusaciones contra Begoña Gómez recogidas en un sumario que llevó a Pedro Sánchez a anunciar cinco días de reflexión sobre su posible dimisión.  

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Aparecen de vez en cuando noticias acerca de los resultados de investigación de los primatólogos, sugiriendo prácticamente siempre concomitancias con el comportamiento humano. Existe, naturalmente, una fascinación por saber de dónde venimos que hubiera emocionado a Darwin y horrorizado a muchas de las jerarquías de su época por motivos religiosos. Pero superado ese momento de oscurantismo, el estudio del comportamiento de chimpancés y bonobos es interesante y pertinente, porque efectivamente da claves importantes sobre la conducta humana, sobre todo cuando el investigador tiene la prudencia de no lanzarse al vacío hablando de “guerras” entre chimpancés o de “justicia” o “equidad” en sus acciones.

La razón es que, por mucho que podamos elucubrar con la existencia, cada vez más probable, de un antepasado común entre sapiens y chimpancés más parecido a estos últimos que a nosotros, nuestros comportamientos son fruto de una privilegiada memoria a largo plazo que, pese a ser bastante más imperfecta de lo que creemos –y sobre todo de lo que se cree en los tribunales–, desde luego no está presente entre chimpancés y bonobos. Esa memoria nos ha permitido hacer cosas verdaderamente impresionantes, como asignar un valor semántico a los sonidos que somos capaces de emitir, lo que nos ha permitido crear nuestro lenguaje y así comunicarnos para compartir nuestros conocimientos y sentimientos. Ello nos ha hecho evolucionar, más allá de la genética, de manera espectacular en relación a la progresión de cualquier otra especie del planeta.

Una de las incógnitas que ayudan a despejar los siempre interesantes estudios de los primatólogos, combinados con la obra de antropólogos, psicólogos e historiadores, es la génesis de la noción de “justicia”, y no solamente del sistema judicial actual, sino de la misma idea que fundamenta nuestra idea de justicia: que gane los conflictos, no aquel que sea más fuerte o poderoso, sino aquel que tenga la verdad de su lado. Justamente por eso practicamos la prueba en los procesos, para descubrir la verdad, siendo justamente esa fase su razón fundamental de existencia.

Pero, ¿cómo empezó todo? Nuestra “justicia”, ¿posee una base biológica? Es fundamental observar que para seguirle la pista al concepto, hay que identificar situaciones en que dos seres no resuelven un conflicto entre ellos mismos, violenta o pacíficamente, sino que acuden a un tercero para que les ayude a resolverlo. En ese momento, la observación del comportamiento de los chimpancés vuelve a ser interesante. Son primates que viven en grupo, como nosotros. Y es justamente ese grupo el que es relevante, en muchas ocasiones, para la resolución de sus conflictos, especialmente cuando se ven atacados por un grupo vecino, pero no solamente entonces, sino también cuando un desencuentro entre dos chimpancés deriva en una pelea grupal en la que se toman bandos. 

También existen conductas que tratan de prevenir o disuadir conflictos, como la búsqueda de amistad practicando el aseo mutuo o compartiendo alimento, o buscando distancia, o realizando exhibiciones de poder a gritos intentando alejar a un grupo cercado. Esos comportamientos de apaciguamiento recuerdan poderosamente a la mediación que practicamos desde épocas muy ancestrales los seres humanos de cualquier cultura, pues también intentamos con la misma que los rivales, conviviendo, se respeten o se reconozcan, evitando así, o bien que entren en conflicto, o bien resolviendo una disputa ya existente.

Si a todo a ello le añadimos las cuatro razones principales por las que discuten los chimpancés –territorio, alimento, sexo y jerarquía–, que recuerdan poderosamente a los motivos de nuestros propios conflictos, se comprenderá que nuestra manera de celebrar mediaciones posee una continuidad biológica con los mecanismos de prevención y disuasión de los chimpancés, lo que permite aventurar un origen común muy remoto en alguna especie que ya no está entre nosotros.

Pues bien, los procesos judiciales no son más que el feliz heredero –muy probablemente egipcio– que surgió hace unos 5.000 años de esas antiguas mediaciones. Entre seres que podemos comunicarnos, las mediaciones son muy frecuentemente grupales. Se ha observado en culturas antiguas y actuales de todo el orbe este mecanismo de resolución de conflictos en el que los contendientes exponen su problemática –igual que se exponen las alegaciones en un proceso–, surgiendo en el grupo personas que tienen información de lo sucedido, que son los testigos que tan importantes han sido históricamente en los procesos, y que han perdido actualmente su antiguo valor por razones científicas muy sólidas, pese a que cueste mucho que esta evidencia se asuma en los tribunales por diferentes motivos, pero ese es otro tema. En todo caso, obsérvese que en esa mediación ya tenemos a un tercero catalizador del conflicto –el grupo– que, además, escucha a testigos. Para que se convierta en un proceso judicial, solo hace falta que el grupo decida a quién da la razón, bien en forma de jurado, como sucede todavía en EEUU entre otros lugares, bien a través de unos jueces, como determinaron los antiguos egipcios, inaugurando así la cultura del juez único que podemos identificar también en Mesopotamia y que más tarde se extendería a Grecia y Roma, y de ahí a todo el mundo. Existen altas posibilidades de que esa misma cultura se extendiera por las rutas comerciales hacia el este.

Pero falta un elemento fundamental. ¿Cuándo surge la idea de darle la razón en un conflicto, no al más fuerte, sino al que tenga la verdad de su lado? Es altamente probable que esa idea provenga también de la cultura egipcia. En algunas de sus fases más remotas se identifica una diosa, Maat, que luego fue copiada por los griegos, que la llamaron Themis, y más tarde por la cultura Romana, denominándola “Iustitia”. Como se habrá entendido, Maat era la diosa egipcia de la justicia, actuando aquellos antiguos jueces como sacerdotes del oráculo de la diosa. Lo que los egipcios entendían por “Maat” no cuesta mucho de entender si se analiza la etimología de la palabra, relacionada con los sustantivos “verdad” y “corrección”. Esa es nuestra justicia. Se comprenderá que el salto evolutivo es impresionante. Hasta entonces, como todavía ocurre en nuestras guerras y, por desgracia, demasiadas veces en la política internacional, los conflictos los ganaba el más fuerte, y no el que tenía la verdad de su lado.

Si algo nos enseña toda esta historia, este auténtico viaje alucinante, es que nuestra evolución solo es posible si persistimos en alejarnos de esos modelos de fuerza y poder. Es decir, si profundizamos en sistemas solidarios en los que los seres humanos procuran como prioridad la cooperación y la búsqueda de la felicidad ajena como mecanismo más perfecto de obtención de la propia felicidad. Esa lógica solidaria basada en una auténtica empatía egoísta puede que sea la principal enseñanza de este camino evolutivo que, a duras penas, pese a los contratiempos, vamos siguiendo de manera infatigable cada vez grupos más amplios de seres humanos.

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Para saber más: Nieva-Fenoll, Jordi, 'El origen de la justicia', Ed. Tirant lo Blanch 2023.

Un home ha acceptat aquest dimecres una condemna de dos anys i tres mesos de presó per intentar matar la seva parella a Palma, a qui va intentar tallar el coll amb un matxet. L'acusat tenia en vigor una ordre d'allunyament després d'haver-la agredit prèviament.

L'inculpat s'ha assegut aquest dimecres a la banqueta de l'Audiència Provincial de Balears, on ha reconegut els fets. El tribunal ha dictat sentència de conformitat després que les parts hagin tancat un acord que ha rebaixat la condemna inicial de sis anys de pressó que reclamava la Fiscalia.

El condemnat ha admès que el 20 d'octubre de 2024 va acudir al domicili de la víctima, conscient que incomplia l'ordre judicial que li prohibia apropar-se a ella. Un cop allà, va iniciar una acalorada discussió i va començar a propinar-li cops a les cames i al cap, per acte seguit agafar un matxet de grans dimensions i provocar-li un tall al coll en forma de 'y'.

La sentència el considera autor d'un delicte de temptativa d'homicidi i un altre de trencament de condemna. A més, s'ha aplicat l'atenuant de reparació del dany després que l'acusat lliurés 4.000 euros a la víctima com a indemnització.

Cuatro magistrados han presentado su candidatura para presidir la Audiencia Provincial de Cantabria, una plaza que ha quedado vacante desde que el pasado 3 de marzo su titular, José Arsuaga, pasó a ser el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). 

El pasado 10 de marzo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la convocatoria de la plaza aprobada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la que han concurrido cuatro magistrados: Amaya Merchán, Paz Aldecoa, Jaime Anta y Ernesto Sagüillo. 

En su solicitud, los aspirantes tienen que acreditar sus méritos, que serán ponderados por una Comisión de Calificación que les citará a una comparecencia, en la que los candidatos defenderán su currículo y presentarán su programa sobre la organización y el funcionamiento del órgano. 

Entre los méritos computan el tiempo de servicio activo en la carrera judicial, los destinos en jurisdicciones de los ámbitos civil y penal, el servicio en órganos judiciales colegiados y las resoluciones de relevancia jurídica y significativa, entre otros aspectos.

Una vez concluidas las comparecencias, la Comisión de Calificación formulará una propuesta con tres aspirantes que se elevará al Pleno del Consejo General del Poder Judicial, quien decide finalmente el nombramiento. El candidato o candidata designado sustituirá a José Arsuaga, que ha ejercido como presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria desde el año 2015. El mandato dura cinco años. 

Las audiencias provinciales son tribunales de justicia que abarcan una provincia y tienen su sede en la capital respectiva. Tienen competencia sobre procesos civiles y penales. En el orden penal, juzga los delitos que llevan aparejadas penas de mayor gravedad (para las que no son competentes las Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia o de otros Tribunales) y resuelve los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por las Secciones de Instrucción y de lo Penal, de Violencia sobre la Mujer y de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria de los Tribunales de Instancia de la provincia.