El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha ratificado la suspensión cautelar de la licencia de demolición de cinco edificaciones en el Paseo de la Barquera de la localidad de San Vicente de la Barquera, resolución del Ayuntamiento vinculada al estudio de detalle de los terrenos del antiguo Hotel Miramar.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha desestimado los recursos del Consistorio y de la mercantil promotora contra el auto dictado en noviembre de 2025 por el entonces Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander, que ya suspendió cautelarmente la ejecutividad de la resolución municipal de septiembre de ese año que concedía la licencia de obras de demolición, y que han sido ejecutadas antes de la ratificación judicial.

Los magistrados del alto tribunal cántabro avalan la decisión del juez y la ponderación realizada en primera instancia, y subrayan así que la demolición podía impedir el control posterior de legalidad al desaparecer el elemento físico sobre el que debía recaer el examen judicial.

“La demolición en sí misma, con independencia de sus consecuencias para personas concretas, impediría el control de la legalidad de la licencia, pues desaparecía el elemento físico y, con él, la posibilidad de verificar (con pruebas periciales, por ejemplo) algunos de los factores que pueden determinar -o no- la conformidad a Derecho de la licencia de demolición”, argumentan en la sentencia, consultada por Europa Press, en la que dan especial valor al perjuicio asociado a la pérdida de uso y a la eventual afectación de derechos de terceros, mientras consideran que el daño invocado por la promotora era reparable económicamente.

Además, la Sala no considera el interés público en la prontitud de la demolición que trae a colación la administración demandada e impone las costas a las partes apelantes. El fallo, dictado el pasado 26 de junio y difundido este viernes, no es firme, ya que contra el mismo cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La parte vecinal que ha promovido este pleito lamenta que la demolición ya se había ejecutado antes del pronunciamiento judicial definitivo, lo que a sus ojos constituye “un precedente preocupante” basado en la máxima de que “primero se derriba, después se litiga”.

En un comunicado, han lamentado la “secuencia” de hechos orientados a “consolidar una situación irreversible antes de que la justicia pudiera pronunciarse en firme”. Y han indicado que la actuación no se ha limitado al derribo de las edificaciones en cuestión, pues durante la ejecución de los trabajos “se habrían realizado obras de urbanización y dotación de servicios en parcelas para las que no existía cobertura en la licencia de demolición”.

Se trata de unos hechos “gravísimos” que, aseguran, han sido denunciados ante el Ayuntamiento, así como tala de árboles -acebos, avellanos, acacias, naranjos, arces y encinas- sin licencia, en una zona de especial protección ambiental dentro del Parque Natural de Oyambre y en un área de anidación y migración de aves junto a la ría de San Vicente. “El caso no solo afecta a una operación urbanística concreta, sino a la credibilidad de la tutela cautelar y al respeto a la legalidad en un entorno de alto valor paisajístico y ecológico”, concluyen.

Un total de ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial consideran “injustificado” y “nulo de pleno derecho” el traslado forzoso del magistrado Luís Villares decidido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al apartarlo de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administratrivo, encargada de decidir sobre proyectos eólicos, para pasarlo a la sección cuarta. Así figura en un voto particular discrepante que firman a raíz de que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya desestimado por solo un voto de diferencia los recursos de alzada del juez Luís Villares y Juezas y Jueces para la Democracia contra este traslado forzoso que afecta en total a cuatro magistrados que se intercambian entre las secciones tercera y cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

La nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, decidió en marzo, unos días después de su llegada a este cargo, el traslado forzoso de quien fue portavoz de En Marea y de otros jueces entre las secciones tercera y cuarta. Sobre esta cuestión, los ocho vocales advierten en su voto particular que se trata de una decisión nula por “haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.

De tal forma, cuestionan la propia forma en que se adoptó la decisión. Según exponen sus firmantes, el traslado fue ejecutado de manera inmediata y los órganos de gobierno llamados a intervenir tuvieron conocimiento de la medida cuando ya estaba plenamente en vigor, lo que supone “apartarse del procedimiento legalmente previsto”.

Justificación “insuficiente”

Asimismo, señalan que el recurso debió ser estimado porque la decisión se adoptó sin seguir adecuadamente el procedimiento, pero también porque la justificación ofrecida para acordar el traslado resulta insuficiente.

Indican que laa presidenta de la Sala vinculó la reorganización de las secciones a varias sentencias del Tribunal Supremo relativas a la participación previa de Villares en la actividad política y a posibles dudas sobre su imparcialidad en determinados procedimientos. Los firmantes del voto particular no cuestionan la relevancia de esas resoluciones ni la necesidad de preservar la imparcialidad judicial, pero consideran que no se explica de forma convincente “por qué dichas sentencias hacían necesaria una reorganización de las secciones de la Sala ni por qué la medida adoptada era la más adecuada para alcanzar ese objetivo”. A su parecer, el acuerdo realiza un juicio anticipado sobre eventuales problemas de imparcialidad que podrían producirse en el futuro, sin acreditar que esos riesgos justificaran una reorganización inmediata.

Además, advierten de que el cambio de sección no elimina necesariamente las situaciones que se invocan como fundamento de la medida. Y recuerdan que, en todo caso, el ordenamiento prevé mecanismos específicos para afrontar posibles conflictos de imparcialidad en asuntos concretos, como la abstención o la recusación, respecto de los que la presidenta “no explica por qué serían insuficientes”. El voto particular está firmado por: Bernardo Fernández Pérez, Ricardo Bodas Martín, Ángel Arozamena Laso, Luis Martín Contreras, Esther Erice Martínez, José María Fernández Seijo, Argelia Queralt Jiménez y Lucía Avilés Palacios

Los socialistas necesitaban desesperadamente que José Luis Rodríguez Zapatero respondiera en público a las graves acusaciones por las que se le investiga en la Audiencia Nacional. Su abogado prefería que se mantuviera callado y reservara sus explicaciones para el juez José Luis Calama. Los penalistas se ponen nerviosos si su cliente empieza a hacer declaraciones sobre asuntos de los que no ha aportado información concreta al juzgado. Son prioridades diferentes que no es fácil conciliar en el caso de los políticos. Porque siempre se espera que una entrevista provoque titulares que aporten novedades sobre un caso de estas características.

No fue eso lo que ocurrió en la entrevista que Zapatero concedió al programa 'Mañaneros 360' de TVE. El expresidente repitió durante 40 minutos todo lo que había dicho en su declaración ante el juez y en su comparecencia anterior en el Senado. Lo hizo con energía y a veces algo enfadado, pero no cerró ninguna de las puertas abiertas por la investigación, incluida la última declaración de su socio y amigo Julio Martínez, que no le dejó en muy buen lugar. Si su reputación ha quedado malparada incluso entre sus antiguos votantes, la situación continúa siendo exactamente igual. Seguro que su abogado pensará que se la podía haber ahorrado.

Eso fue aún más flagrante con el asunto de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho y valoradas en más de un millón de euros. Zapatero no concretó casi nada, porque dijo que prefería reservar esa información para entregársela al juez, que todavía la está esperando desde hace más de un mes. Las calificó de “regalo de cortesía, personal, de hace muchos años”. Ante la insistencia del presentador, Javier Ruiz, ni siquiera precisó de qué país procedía el regalo.

La explicación comenzó a desmoronarse cuando comentó que no tenían “uso ni destino”. Será que quería decir que esas joyas no se las puso nunca nadie. Tampoco tenían “afán patrimonial”, una expresión que carece de sentido en este contexto. Si eso es así, ¿por qué no las entregó a Patrimonio del Estado si las recibió cuando era presidente?

Ruiz le recordó el código ético aprobado por su Gobierno para los regalos institucionales. “Eso será interpretable como todo”, dijo en lo que no es la mejor respuesta de su carrera política. Luego pasó a dar una explicación confusa de la que hay que deducir que aceptaba que quizá no había cumplido ese código.

Sobre el rescate de Plus Ultra, volvió a negar haber intervenido en favor de su concesión o como intermediario entre la empresa y el Gobierno. “No es que no influyera, es que no hablé con nadie”. Ni con la SEPI ni con nadie del Gobierno. Eso es lo único que implica potencialmente al Gabinete de Pedro Sánchez. Afirmó que no tuvo información privilegiada de la concesión del crédito ni avisó a Martínez de la noticia.

Eso se contradice con el testimonio del socio, que comunicó al juez que fue Zapatero quien le dio la noticia varios días antes de que se hiciera pública. Todavía más con el del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, que dijo que el expresidente les reclamó una comisión de 530.000 euros por sus gestiones.

Debió de ser un shock para Zapatero saber que había aparecido un Aldama en su caso y que encima era su amigo, pero hizo todo lo posible para no darle importancia, lo que no quiere decir que resultara creíble. Posiblemente, su abogado le había aconsejado que no entrara en televisión en una guerra con su socio. No le convenía nada. “No entro en otras estrategias de defensa”, dijo. “No entra en mi código de conducta renegar de las amistades”. Sonó entrañable, pero la declaración de Martínez le coloca a los pies de los caballos judiciales.

Zapatero no tiene que demostrar que es inocente, aunque sí debería aportar documentación que respalde su versión de los hechos. Si recibió mucho dinero de los directivos de Plus Ultra, le interesa estar en condiciones de responder a cambio de qué. No se paga medio millón de euros a cambio de informes verbales “maquetados” por sus hijas.

Se indignó cuando le preguntaron si sus hijas hicieron el papel de “testaferros”: “Me parece una pregunta increíble”. A ellas también les corresponde explicar por qué recibieron centenares de miles de euros por un trabajo que no parece tener un valor tan extraordinario.

“Quien insinúa, tiene que probarlo”, dijo. Su problema es que no se enfrenta a insinuaciones, sino a acusaciones directas hechas por aquellos que le pagaban.

La Audiencia Nacional (AN) ha acordado enviar a juicio a dos directivos de la empresa armadora del pesquero gallego Villa de Pitanxo y al capitán de la embarcación por la muerte de 21 tripulantes durante el naufragio en febrero de 2022 en aguas de Terranova (Canadá).

En un auto de este jueves y recogido por Europa Press, el juez del caso, Ismael Moreno, abre juicio al administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores; al director de Flota, José Antonio Nores, y al capitán del barco, Juan Enrique Padín, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y de lesiones imprudentes en concurso ideal con otro contra los derechos de los trabajadores. Y señala como responsable civil subsidiario a la mercantil Pesquerías Nores Marín y a la entidad aseguradora British Marine Luxembourg como responsable civil directo.

El juez requiere a los tres acusados para que depositen 44 millones de euros como fianza para garantizar las responsabilidades pecuniarias que se les pudieran imponer, así como reclama a la responsable civil subsidiaria, Pesquerías Nores, que preste la misma cantidad de forma solidaria con los tres acusados, así como a la responsable civil, la seguradora British Marine Luxembourg SA.

Además, cita a los tres acusados y al representante legal de Marisquerías Nores el próximo 28 de julio para entregarles el auto de apertura de juicio oral.

La Fiscalía reclama nueve años de cárcel para los tres acusados por 21 presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y uno contra los derechos de los trabajadores, así como la inhabilitación por un periodo de 13 años para la profesión de patrón de barco para Padín y otros 13 años de inhabilitación para administrar o dirigir empresas dedicadas a la pesca para ambos directivos de la armadora.

Falta de medidas de precaución

El juez apuntó en otra resolución, recogida por Europa Press, que el barco se hundió, entre otras causas, por la sobrecarga no controlada, así como por la falta de medidas de precaución ante la posibilidad de realizar una virada en condiciones meteorológicas muy adversas o la decisión del capitán de continuar el giro con mal tiempo, en lugar de tomar otras posibles alternativas más seguras. De los 21 fallecidos, según recordó, 12 de ellos no han aparecido y el resto murieron por ahogamiento o hipotermia. Otros tres, entre ellos el capitán, fueron rescatados con vida en el interior de una de las balsas salvavidas.

El magistrado señaló que el barco no estaba autorizado para navegar en zonas de formación de hielo y que sus tripulantes no tenían formación sobre los riesgos de hipotermia y tampoco estaban familiarizados con los medios de salvamento, los procedimientos de abandono y los riesgos específicos de navegación en aguas frías. Asimismo, indicó que el capitán dio la orden de abandonar el buque demasiado tarde, cuando “las posibilidades de salvarse eran muy reducidas”, al no ser este consciente de la gravedad de la situación.

En un informe, la Fiscalía aseguró que los tres acusados tenían “facultades de decisión, ejecución y control” y permitieron que se desempeñase el trabajo “en condiciones inseguras, con inobservancia de medidas preventivas y con grosero desprecio para la vida y la integridad física de los tripulantes del buque”. Y resaltó que el buque estaba “sobrecargado con tanques de combustible instalados sin autorización legal”, lo que supuso un “incumplimiento” de los criterios de estabilidad reglamentarios.

Asimismo, el Ministerio Público acusó a los armadores por “incumplimiento” de sus obligaciones en materia de salud y seguridad de los trabajadores al no configurar adecuadamente las vías de evacuación del barco ni cumplir con la exigencia de existencia de una escalera de estribor tal y como estaba prevista en el plano de salvamento del buque.

Familiares: “Se cierra una etapa de mucha lucha”

Familiares de las 21 víctimas mortales del pesquero gallego Villa de Pitanxo han celebrado este jueves que la Audiencia Nacional haya acordado enviar a juicio a dos directivos de la armadora del barco y a su capitán, Juan Padín: “Se cierra una etapa de mucha lucha”. En un audio enviado a los medios de comunicación, la portavoz de las familias, María José de Pazo, ha confirmado la noticia, esperando que sea una “forma de avanzar” hacia “una futura sentencia justa”. Ha subrayado que continúan “confiando en la justicia” y desean que llegue la hora del juicio, tras una etapa de “mucha lucha” por parte de los familiares para conseguir “todas las reivindicaciones” que se propusieron.

El pleno del Conssejo General del Poder Judicial ha decidido, por 11 votos contra 10, avalar el traslado forzoso de magistradas y magistrados, entre ellos Luís Villares, en su día líder de En Marea -una alianza de formaciones políticas soberanistas y de izquierdas. Según la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, de la que Villares forma parte, la ajustada votación “evidencia las dudas sobre la legalidad del proceso”. También critica el corporativismo del órgano judicial al respaldar “la decisión arbitraria” de la presidenta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y rechazar dos recursos contrarios, presentados por la asociación y por Villares.

Juezas y Jueces para la Democracia asegura además que la mencionada presidenta, Azucena Recio González, “obvio el procedimiento debido” al apartar a los magistrados y magistradas -cuatro- sin ni siquiera darles audiencia. La asociación progresista, que alerta contra el dominio conservador mayoritario del CGPJ, entiende que en los hechos relativos a este traslado forzoso se dirime también “qué ámbito de poder es atribuido a quien detenta las presidencias de sala precisamente por decisión del propio Consejo General”. El rechazo a los recursos, añade, busca “evitar el control al poder interno que, en casos como este, se ejerció de forma despótica”.

Que la votación saliese adelante por un voto de diferencia indica “la solidez de los argumentos de los recursos” y muestra “la fractura del CGPJ”. “En un contexto como el actual, de creciente desconfianza en la Justicia, produce inquietud”, concluye Juezas y Jueces para la Democracia en un comunicado, “que el Consejo avale una decisión de dudosa legalidad que altera arbitrariamente la composición de un Tribunal (la Sección tercera de la Sala de lo C-A) cuyas resoluciones resultaban incómodas a determinados intereses económicos y políticos”.

La Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, antigua CRTVG y que agrupa a la TVG y a la Radio Galega, intentó imponer al cuadro de personal un “protocolo general que tiene como objeto la tramitación de las medidas de conciliación” sin abrir negociación con la representación sindical. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha tumbado la iniciativa, condenado a la empresa pública por vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical, anulado el documento y obligado a indemnizar a los sindicatos que habían presentado la demanda: CUT, UGT y Comisións Obreiras.

Según la sentencia, dictada por la Sala de lo Social, “cualquier documento de este tipo que afecte de forma colectiva a las condiciones de trabajo de la plantilla debe pasar obligatoriamente” por la mesa de negociación o el comité intercentros “en virtud del derecho a la negociación colectiva”. La cúpula de la compañía quiso evitar el trámite al enviar un texto a las centrales, “una propuesta de instrumento de ordenación de las solicitudes de conciliación de la vida personal, laboral y familiar”, y conceder 15 días para presentar alegaciones. Los sindicatos se negaron, amparándose en el Estatuto de los Trabajadores.

La empresa insistió en su táctica y el comité intercentros -del que forman parte CUT con cinco delegados, CIG con tres, UGT con 2, USO y Comisións uno cada uno- replicó con una propuesta de apertura de mesa de negociación. La empresa se negó y anunció que aplicaría unilateralmente el protocolo. Ahora el Tribunal Superior “considera que no es legalmente posible que la CSAG imponga unilateralmente un protocolo de conciliación sin abrir una negociación colectiva con el comité intercentros”. “Existe, por tanto, una vulneración del derecho a la negociación colectiva y del derecho a la libertad sindical”, concluye.

La sala deja sin efecto el mencionado documento y obliga a la CSAG a pagar 7.501 euros a cada uno de los tres sindicatos denunciantes en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Contra la resolución, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Este periódico ha solicitado una valoración de la sentencia a la compañía pública gallega, pero de momento no ha recibido respuesta.

Un amigo convertido en su delator. Zapatero ha comenzado a sufrir las consecuencias de que alguien cercano decida contar a un juez y una fiscal lo que sabe de él. De alguna manera, ya tiene a su propio Aldama. Es lo peor que le puede pasar en estos primeros momentos de la instrucción judicial contra él. No tiene que enfrentarse únicamente a las preguntas y movimientos del juez instructor. También a lo que ha empezado a revelar su amigo, Julio Martínez. ¿O habría que llamarle examigo?

El testimonio de Martínez, por escrito y después este martes en su declaración en la Audiencia Nacional, es muy dañino para sus intereses con independencia de hasta dónde llegue lo que aún no ha contado y de lo que se pueda probar con lo que dice. El juez Calama ya tiene algo a lo que agarrarse para cuestionar la versión que José Luis Rodríguez Zapatero dio ante él hace un mes. Antes, tenía que limitarse a las contradicciones entre ese testimonio y la información que ha recibido de los informes policiales. Ahora, ya tiene una confirmación obtenida de lo que ha afirmado el hombre que pagaba al expresidente.

“Yo no gestionaba Análisis Relevante. Yo trabajaba para Análisis Relevante”, dijo Zapatero ante Calama. Martínez ha declarado algo muy diferente: la empresa se creó para que Zapatero fuera su “principal consultor” y extendiera sus “relaciones internacionales”. “Era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes”. La única justificación de la existencia de la compañía eran Zapatero y los ingresos que pudiera generar en su beneficio. Mal asunto si en tu primera declaración judicial cuentas algo que te desmienten en cuestión de semanas.

En el plano político, se puede decir que Zapatero conserva el apoyo de Pedro Sánchez y del Gobierno. “Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del expresidente Zapatero”, dijo el martes la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Es una frase clara y nada ambigua. Lo malo es que Saiz no quiso extenderse mucho en sus respuestas a las preguntas que recibió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Fueron afirmaciones breves y rápidas sin entrar en muchos detalles. Cuando le interesa, por ejemplo para presentar un proyecto de ley, puede extenderse hasta el infinito. No era una buena idea hacerlo en este asunto.

No había razones para explayarse, porque el Gobierno se encuentra en una de las peores situaciones que se pueden dar en política. No tiene toda la información sobre lo que le preguntan. No sabe qué más datos o alegaciones pueden aparecer en las próximas semanas o meses. Ante la duda, mejor no meterse en asuntos que no pintan nada bien. “No voy a comentar ni a calificar ni a valorar las distintas declaraciones, las distintas estrategias de defensa”, dijo Saiz en dos ocasiones.

Lo que sí hizo la ministra fue defender la decisión del Gobierno de aprobar el crédito concedido a Plus Ultra. Tampoco de forma muy extensa. Dijo que el rescate fue “revisado” por un juzgado, “fiscalizado” por el Tribunal de Cuentas y “analizado” por la Comisión Europea.

En un plano más visceral, Rafael Escuredo representó a muchos de los votantes socialistas cuando mostró su desazón por todo lo que se ha sabido. “Me moriré sin entender que compañeros y amigos míos, como Rodríguez Zapatero, se vean involucrados en delitos por la pasta. ¿Eres consciente del daño que nos haces?”, escribió el expresidente de Andalucía. Seguro que también estaba pensando en las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho. Más de un mes después de prometer que lo explicaría todo, Zapatero sigue sin contar cómo llegaron a sus manos.

Zapatero era “quien marcaba los pasos a seguir” para la obtención del rescate de Plus Ultra, declaró Martínez. Fue él quien le comunicó que la ayuda había sido concedida. Por esas gestiones, la aerolínea se comprometió a pagar el 1% de la financiación obtenida con el crédito público a una sociedad relacionada con Zapatero. Ahí se acaba el rastro, porque Martínez no sabe si Zapatero hizo esas gestiones o con quién habló para hacer posible el rescate. Obviamente, lo que sí se conoce es que la empresa terminó recibiendo el crédito y que se trataba de una cuestión de vida o muerte para la compañía.

En un plano no menos nocivo para Zapatero, aunque aún sin consecuencias penales, Martínez declaró ante Calama que Zapatero le presentó a la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. A partir de ese momento, Rodríguez le dijo con qué personas o autoridades tenía que hablar para hacer negocios en Venezuela, una de las mejores cartas introductorias que podía imaginar. Solo Zapatero le podía haber facilitado un contacto de tan alto nivel en el Gobierno de Caracas. Rodríguez es hoy la presidenta del país después de que Nicolás Maduro fuera secuestrado por fuerzas militares norteamericanas en enero de este año.

Zapatero siempre ha defendido que su implicación en Venezuela era únicamente política, primero como mediador entre Gobierno y oposición y luego con el papel de intervenir para facilitar la liberación de presos políticos. El favor que le hizo a su amigo plantea la posibilidad de que como mínimo permitiera a Julio Martínez ganar dinero en ese país, lo que no es un detalle menor si el empresario también se ocupaba de pagarle a través de diferentes sociedades. Si Martínez obtenía negocios y beneficios gracias al expresidente, estaba en deuda con él.

La decisión de Martínez de empezar a hablar con el juez y la Fiscalía no le coloca aún en un punto muy alto de la escala de Aldama. Se podría decir que está en torno al 30% en esa medición. En su declaración del martes, no contó mucho más de lo que había explicado en un escrito de seis folios presentado antes al juzgado. Se presentó como un “intermediario” entre Zapatero y los clientes. “¿Un correveidile?”, preguntó el juez, no se sabe si con ánimo irónico. Martínez aceptó esa palabra tan informal que en realidad tiene que ver más con chismes que con negocios.

Llegará el momento en que Martínez deba aumentar la calidad de la información suministrada si quiere obtener beneficios similares a los de Aldama, aunque ya se sabe que eso es llegar muy alto. Será quizá cuando la investigación judicial esté mucho más avanzada y le requieran que entre al detalle en asuntos que ahora solo están perfilados. Cualquiera de las alternativas que se puedan dar son muy perjudiciales para Zapatero. El Gobierno ya debe de ser consciente de ello por mucho que no se vaya a salir de la presunción de inocencia, al menos mientras sea posible.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado el fallo del Juzgado de lo Social Número 2 de Ourense que determina que el Ayuntamiento de Ourense y el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), deberán pagar “de forma conjunta y solidaria” a una funcionaria 30.000 euros en concepto de “indemnización por daños morales” y otros 18.685 euros como indemnización por su incapacidad temporal. Así, la Sala avala que Jácome y Ayuntamiento infringieron la normativa en materia de prevención de riesgos laborales en relación con la exjefa de Negociado de Comercio, a la que deberán pagar una indemnización de 48.685 euros por daños morales e incapacidad temporal. De esta forma, desestima los recursos presentados por el Ayuntamiento y el regidor.

En la resolución, el TSXG rechaza “las profusas denuncias tendentes a la nulidad de actuaciones”, así como los motivos de modificación planteados por los recurrentes. Los codemandados alegaron, entre otros, vicios procesales, falta de competencia del orden social, falta de legitimación y carencia de prueba o nexo causal, así como errores en la valoración fáctica y jurídica. La Sala de lo Social subraya que “la responsabilidad del Ayuntamiento sí es objetiva o de resultado en lo que se refiere a la protección de riesgos de los trabajadores”, así como que “el nexo causal entre el trabajo y la falta de protección de un riesgo es evidente”. Además, en la resolución, desestima las impugnaciones procedimentales por falta de concreción y por improcedencia de trasladar a suplicación una revisión amplia de la valoración de la prueba.

En el fallo, el tribunal confirma la competencia del orden social para conocer de incumplimientos en materia de prevención que afecten a la salud del personal, rechaza las pretensiones de modificación de la mayor parte de los hechos probados, salvo una admisión parcial de una matización sobre la literalidad del informe pericial médico, y considera acreditado el nexo entre la falta de medidas preventivas y el daño sufrido por la demandante.

El TSXG entiende probado el incumplimiento de los codemandados de sus deberes de prevención de riesgos laborales. En consecuencia, desestima los dos recursos y confirma la sentencia de instancia, imponiéndoles, además, las costas. La sentencia no es firme, pues cabe interponer recurso de casación.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra dividido sobre si debe archivar o no las quejas presentadas contra el juez Juan Carlos Peinado por sus polémicas insinuaciones sobre la Policía cuando decidió retirarle el pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que investiga por presunto tráfico de influencias. La Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces se ha reunido este martes para estudiar la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria que pide archivar cinco diligencias informativas incoadas a raíz de quejas recibidas contra el titular de la plaza número 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid.

Además de la referida a la posible connivencia de los escoltas de la mujer de Sánchez en una hipotética huida de España, insinuada por Peinado en uno de sus autos, también están encima de la mesa del CGPJ otras quejas como la del ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, a quien Peinado quiso imputar en la causa, por el trato que le dio durante el interrogatorio que le realizó en el Palacio de la Moncloa.

Pero según han comunicado desde el CGPJ, las “deliberaciones continuarán en los próximos días” porque la reunión ha concluido “sin alcanzar ningún acuerdo”. Los vocales conservadores apoyan la tesis del promotor de archivar las quejas, mientras los progresistas abogan porque se continúe investigando para promulgar alguna sanción. Por tanto, la última palabra podría estar en la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló.

Cuando Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos, fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado. El magistrado puso por escrito en su auto que los agentes que se ocupan de las tareas de escolta de la pareja del presidente del Gobierno podrían “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” colaborar “en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga”. Lo hizo en medio de su argumentación para imponer la retirada del pasaporte a la esposa del presidente como una medida cautelar para evitar que intente eludir la actuación de la Justicia en el mismo auto en el que propone la apertura de juicio oral contra ella.

Las quejas de los policías

A raíz de este auto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó una queja ante la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” por parte del juez Peinado con estas palabras, algo que el titular de Interior considera “un hecho de máxima gravedad”. Para el Ministerio del Interior, las “sospechas injustificadas” de Peinado alcanzan no solo a los agentes concretos que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, “sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales”.

A esta queja de Interior se sumó otra del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Otros sindicatos policiales, como Jupol o la Confederación Española de Policía (CEP), también criticaron a través de redes sociales las afirmaciones de Peinado calificándolas de “auténtica barbaridad”, “especialmente preocupante” o “una ofensa intolerable, escandalosa y miserable”.

A raíz de estas quejas, Perelló decidió incoar expediente disciplinario al magistrado por una posible infracción tipificada en el artículo 418.5 de la LOPJ, es decir, por un “exceso o abuso de autoridad o falta grave de consideración” respecto de, entre otros, instituciones, el resto del personal al servicio de la Administración de Justicia o funcionarios de la Policía Judicial.

El Tribunal Supremo ha anulado la autorización administrativa del parque eólico Moeche, en la provincia de A Coruña, de 50,4 MW de potencia instalada, por carecer su estudio de impacto ambiental del análisis de los efectos acumulativos y sinérgicos que exige la ley, y en particular en relación con los parques e infraestructuras cercanas.

La sala de lo contencioso-administrativo del tribunal estima el recurso presentado por la Asociación Petón do Lobo contra la resolución de agosto de 2024 por la que se otorgaba a Enel Green Power España autorización administrativa previa de las modificaciones y autorización administrativa de construcción para el parque eólico Moeche, de 50,4 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, ubicados en los términos municipales de Moeche, San Sadurniño y As Somozas. Entre otros argumentos, la sala indica que de la lectura del estudio de impacto ambiental no se concluye ni se infiere el oportuno análisis de los efectos sinérgicos y acumulativos del proyecto en su relación y repercusión con los parques e infraestructuras cercanas.

Es decir, que no se realiza una identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación de los posibles efectos significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos del proyecto, tal y como exige la ley y, en particular, en relación y/o conjunción con los parques e infraestructuras cercanas.

Insiste al respecto en que “deben analizarse todos los aspectos y todos sus posibles efectos sinérgicos y acumulativos del proyecto en sí y su interacción, y una vez analizados descartar expresa y motivadamente los no suficientemente significativos y valorar, cuantificar y proponer cuantas medidas se estimen oportunas de aquellos que puedan revestir incidencia acumulativa y/o sinérgica en el proyecto en sí mismo y en relación con los parques e infraestructuras cercanas”.

Resalta la sentencia que la ley de evaluación ambiental es la que exige que en el procedimiento de evaluación ambiental se tenga en cuenta el efecto derivado de la proximidad de otras instalaciones e infraestructuras mediante la presentación de un estudio sobre los efectos sinérgicos o acumulativos con otras instalaciones. Esto es, cuando los proyectos son independientes entre sí, la normativa ambiental no exige, lógicamente, una única evaluación ambiental conjunta, pero sí que prevé que se deban tener en consideración los efectos sinérgicos y/o acumulativos con otras instalaciones en las correspondientes evaluaciones.

Julio es un mes en que la política funciona a medio gas a la espera de que cierre por completo la ventanilla en agosto. Donde sí están trabajando a conciencia es en la justicia y ya sabemos que ese es uno de los escenarios fundamentales de la política española. Es así porque hay procedimientos judiciales muy importantes que afectan a los políticos y porque las asociaciones judiciales y unos cuantos magistrados decidieron hace tiempo que tenían derecho a intervenir en política. Para ellos, la separación de poderes solo funciona en un sentido. Ellos sí creen tener derecho a implicarse en la confrontación política, como hicieron al manifestarse contra la ley de amnistía antes de que estuviera redactado el proyecto de ley.

Pocos de ellos son más conocidos que el juez Juan Carlos Peinado, que ha protagonizado una instrucción en el caso de Begoña Gómez que ha sido demencial y ha estado repleta de errores jurídicos, autos mal escritos y nada motivados y hasta un loco intento de implicar a un ministro (Bolaños) que el Tribunal Supremo cortó de raíz. La Audiencia de Madrid anuló muchos de sus autos en un porcentaje insólito y además sobre asuntos clave, pero al final esta semana ha aceptado su decisión de llevar a juicio a la esposa de Pedro Sánchez, aunque solo por dos delitos, tráfico de influencias y malversación.

Frente a los que piensan que las decisiones de los jueces en casos que implican al Gobierno son sagradas, el análisis de autos y sentencias es un derecho en una sociedad democrática, incluso una necesidad. Curiosamente, los mismos que dicen que el Gobierno o la izquierda ponen en peligro la independencia judicial con sus críticas son los que ahora rechazan el veredicto de la justicia europea, el TJUE, sobre la ley de amnistía. Los hay que, como plañideras interesadas, alegan que España está abandonada, que no tendrá ninguna ayuda exterior para salvarse y que nadie puede confiar en Europa. Han perdido tantas veces en las instancias judiciales europeas que no se dan cuenta de lo endebles que son sus argumentos. 

La Audiencia de Madrid ha completado el trabajo de Peinado y confirmado que el juicio de Gómez será con jurado. Según su relato, Begoña Gómez podría ser condenada por tráfico de influencias porque obligó a varias personas a colaborar para que prosperaran sus intereses económicos (y por malversación por el trabajo de su asesora personal en Moncloa). 

Los jueces hablan de su “privilegiada posición”. Aquí conviene reflexionar sobre ese concepto y su influencia en el caso. ¿Es un privilegio vivir en Moncloa? Desde luego, aunque no sea exactamente un palacio, sino una gran mansión. ¿Hay gente que puede estar interesada en conocerte porque eres la cónyuge del presidente? Eso es muy probable. ¿Tienes una vida muy diferente a la de un ciudadano normal? Claro. Vives en una residencia pagada con fondos públicos, cuentas con protección policial y asistes a muchos actos aburridos, pero también a otros excitantes. 

En el plano especulativo en el que se mueven últimamente muchas decisiones judiciales, incluso en sentencias, los cinco jueces de Madrid alegan que el parentesco con el presidente “puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. Pero una investigación de los indicios del caso debería haber encontrado ejemplos de esa presión irresistible que obligara a alguien a favorecer a Gómez en contra de sus primeras intenciones. No se ha hallado nada que pueda evocar una situación de ese tipo.

El auto plantea como precedente el caso Nóos y la condena a Iñaki Urdangarin y la consideración en esa sentencia de la influencia que tenía este por el hecho de estar casado con la hija del rey. Desde luego, cualquier parecido entre las cantidades que obtuvo Urdangarin y las conocidas en el caso de Begoña Gómez es inexistente.

Conceder a Gómez la dirección de una cátedra extraordinaria podría haber sido un buen ejemplo de esa recompensa, pero nadie ha probado que el rector de la Complutense fuera obligado a hacer algo que no quería. Un vicerrector comentó en su declaración que el proceso para la formación de esa cátedra fue más rápido de lo normal, pero también dijo que en ningún momento se violó la ley. 

En la Complutense de Madrid, hay registradas 44 cátedras extraordinarias hasta marzo de este año. Muchas de ellas están patrocinadas por empresas privadas que aportan dinero. La existencia de estas cátedras es una forma que tiene la universidad de financiarse. Como curiosidad, hay una en la Facultad de Farmacia (“cátedra extraordinaria de bebidas fermentadas”), apoyada económicamente por la Asociación de Cerveceros de España.

La dirección de la cátedra no le daba a Gómez la condición de catedrática, pero la Audiencia de Madrid afirma que sí le concedió “prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos”. Seguro que fue bueno para su ego, además de para seguir teniendo una actividad profesional –cierto que de no gran nivel– durante el tiempo en que su marido era el presidente. Para valorar ese prestigio, deberíamos meternos en un terreno bastante subjetivo. 

En el tema de los ingresos económicos recibidos, la Audiencia ofrece la mayor perla de su auto. Sostiene que Gómez “disparó sus ingresos de forma exponencial”, aunque de inmediato reconoce que con “cifras muy moderadas”. Vamos a ver, ¿es mucho dinero o poco? ¿Esos magistrados conocen el significado de la palabra 'exponencial'? Porque no lo parece.

Recapitulando, Gómez cobró cero euros por dirigir esa cátedra. Cobró cero euros por el software financiado por la aportación de empresas privadas para su uso gratuito por otras compañías. Cobró una cantidad pequeña de dinero por dirigir los másters integrados en esa cátedra. Sus ingresos más altos fueron en 2022 con 14.900 euros anuales. 14.000 euros fue la cifra del salario mínimo de ese año. 

¿Begoña Gómez utilizó su “privilegiada posición” y la “presión moral” sobre otros que le daba el hecho de ser la mujer de Sánchez para “disparar” sus ingresos hasta recibir la escuálida cantidad de 14.000 euros anuales en uno de esos años? 

Los jueces de Madrid dejan claro un criterio para el futuro. Ningún cónyuge de un presidente debería plantearse trabajar por su cuenta. Aunque no haga nada ilegal, su parentesco seguirá causando una “presión moral” sobre las personas con las que se relacione si están en algún organismo público, como una universidad. Y si no gana dinero (como por el uso del software para empresas) o gana muy poco dinero (por las cantidades percibidas por dirigir un máster), da completamente igual. Unos jueces dirán que el beneficio es inmaterial o que se puede medir en términos de prestigio social. Será mejor que tenga un hobby que llene su tiempo.

Da igual lo que digan los testigos

El tribunal que condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación dejó una frase muy reveladora sobre sus intenciones. Despreció no ya las declaraciones de los otros acusados, sino también de los testigos –directores de conservatorio– que declararon en el juicio que Sánchez estaba capacitado para el puesto y realizó las funciones por las que fue contratado. Se atuvo a lo manifestado en la vista por el teniente coronel de la UCO Antonio Balas. La Diputación de Badajoz es una institución jerárquica, como lo son todas y también las empresas privadas, por lo que no se puede creer a nadie que trabajara allí, fueran altos cargos o funcionarios.

“Como ya hemos apuntado, dichas personas forman parte de una estructura fuertemente jerarquizada, con tintes políticos, presidencialista, y dichas circunstancias conducen a que tengamos que poner en tela de juicio la credibilidad de los testimonios prestados por personas profesional y directamente relacionadas con los acusados cuando no dependientes de estos o militantes en el mismo partido”, dice la sentencia.

Para justificar que no se condene a los acusados por tráfico de influencias, el tribunal se ve obligado a reconocer que “no sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”. Ni en la instrucción ni en el juicio aparecieron pruebas de que alguien diera las órdenes en esa estructura tan jerarquizada para que se violara la ley.

Tanto tiempo escuchando que lo que cuenta de cara a la sentencia es lo que se diga y se pruebe en la vista y que la instrucción solo sirve para decidir si se debe celebrar un juicio y ahora llegamos a la conclusión de que las declaraciones de los testigos son irrelevantes si trabajan en una institución. Lo que importa es la opinión de los investigadores policiales y sus deducciones sobre el funcionamiento de una Diputación en este caso, a pesar de que no se puede decir que sean expertos en Derecho Administrativo. Bajo estas condiciones, es difícil desechar la idea de que los jueces tenían claro el veredicto antes de que empezara el juicio.

Llevo demasiado tiempo leyendo resoluciones de la derecha judicial aplicando estrictamente las garantías constitucionales cuando se trata de investigar o juzgar a personajes del PP y diluyéndolas y pisoteándolas cuando investigan o juzgan a políticos de la izquierda; o a las personas con las que tienen “la sola relación de parentesco”, como se ha atrevido a subrayar la Audiencia de Madrid que ha acabado respaldando la asquerosa “instrucción” del juez Peinado. Demasiado tiempo contemplando cómo manejan los tiempos procesales para acomodarlos al calendario de La Contra política y empresarial, luego mediática.

Demasiado tiempo contemplando cómo abusan del margen de apreciación de las declaraciones de testigos de cargo, si juzgan a la izquierda, y desprecian todas las declaraciones de quienes las contradicen. ¿Recuerdan los periodistas que declararon ante notario y en el juicio conocer el “secreto” del novio de Ayuso antes que el Fiscal General del Estado? Luego ya no era un secreto. ¿Les han pasado inadvertidos las declaraciones testificales desmontando las acusaciones contra David Sánchez? ¿Y cómo los jueces tomaron en cuenta exclusivamente las apreciaciones del teniente coronel Balas?

Tanto tiempo que ya casi no merece la pena detenerse en argumentos jurídicos frente a ese puñado de jueces, eso sí mágicamente ubicados en los tribunales, los procedimientos y los momentos precisos. Ni frente a los de la inmarchesible Sala II del Tribunal Supremo, que ha llegado a condenar por co… al Fiscal General del Estado. Y, para boicotear la aplicación de la Ley de Amnistía, a desdecirse obscenamente de su propia Sentencia sobre el Procés, a cuyos responsables condenó por sedición, que es un delito contra el orden público, y no por rebelión, que es un delito contra la Constitución. La propia Sala II que sentenció que no se les podía condenar por rebelión, porque tratar de culminar la intentona independentista era una “ensoñación”, les ha llamado después “golpistas” para aplicar una excepción a la aplicación de la amnistía. Pura obscenidad y sensación absoluta de impunidad.

Por el camino quedan demasiados atropellos jurídicos con la única finalidad de tumbarse al Gobierno legítimo de España.

Demasiados años tiene uno ya y demasiadas horas dedicadas -en cumplimiento de mis deberes ejerciendo funciones de oposición al “régimen” de ATI/Coalición Canaria- a estudiar casos, teoría y jurisprudencia sobre prevaricación, tráfico de influencias o malversación de dinero público para no quedarme espantado con la manipulación de estos conceptos por parte de los magistrados que han juzgado a David Sánchez; o expandiendo el concepto y el tipo delictivo de malversación para sentar a Begoña Gómez ante un Jurado; o ante el contorsionismo de Marchena (no se han enriquecido con los gastos del Procés pero han evitado tenerlos que pagar con su propio patrimonio, luego han malversado) para inaplicar la Amnistía.

Lo de la malversación de dinero público por la colaboración de la asistenta de Begoña es casi insuperable en cinismo y manipulación. Pero es esa acusación el “fundamento” de la entrada en escena del Jurado. Por eso la mantienen contra viento y marea. ¡Ah, malversación!

Quiero decirles que me he convertido en decidido partidario de que los casos de prevaricación judicial y otros delitos que puedan haber cometido miembros del poder judicial, “delitos en los que la acción típica carezca de excesiva complejidad o en los que los elementos normativos integrantes son especialmente aptos para su valoración por ciudadanos no profesionalizados en la función judicial”, como dice la Ley Orgánica del Jurado, sean juzgados por un Jurado. Al menos así, uno de los factores que les hacen sentirse impunes, el acendrado espíritu corporativo del estamento judicial, quedaría atenuado.¿Quién vería a Peinado ante el riesgo de acabar sentado ante un Jurado, o al Hurtado que instruyó salvajemente la causa contra el Fiscal General?

No me puedo resistir a comentar las afirmaciones de la Audiencia Provincial de Madrid por su flagrante inconstitucionalidad. Y tan campantes: “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del Gobierno de la Nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. O sea que la sola relación de parentesco… puede comportar presión moral eficiente y, por tanto, ¡es un indicio delictivo!. Sólo les faltaba decir si el parentesco corresponde a una mujer, que lo que debe hacer es quedarse con la pata quebrada y en casa. Mayor degradación de las garantías constitucionales y, permítanme, mayor machismo son inimaginables.

“La Contra”, también la judicial, está dispuesta a todo con tal de tumbar al Gobierno progresista, que con la Constitución en la mano es el Gobierno legítimo de España.

Y en un país con una historia tan turbulenta como la de España sólo hay dos opciones: o plantarles cara o echarse a temblar.

Por eso estoy convencido de que desde el lado de la defensa de la democracia, de la soberanía popular, de las libertades y garantías constitucionales “todo el que pueda hacer, que haga”. Pues hagamos.

El Partido Popular se tomó con mucha calma la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía. Una nota de prensa para salir del paso y ya está. Ninguna rueda de prensa convocada de urgencia para lanzar los misiles de costumbre contra el Gobierno. En las últimas semanas, habían hecho saber discretamente que el tema de la amnistía estaba casi amortizado y que no merecía la pena prestarle mucha más atención. Y eso que antes sostenían que esa ley casi había puesto fin a la democracia en España. Podían decir algo así porque el Tribunal Supremo se había ocupado del trabajo sucio. Su Sala de lo Penal fue el cooperador necesario para detonar la legislatura que había comenzado en 2023.

La ofensiva judicial contra la amnistía se inició incluso antes de que llegara al Congreso el proyecto de ley enviado por el Gobierno. Centenares de jueces se concentraron ante la puerta de sus juzgados para mostrar su rechazo al texto que aún no conocían. Fue una iniciativa de clara intencionalidad política. Algunos magistrados, sin ninguna intención de esconder sus propósitos, asistieron vestidos con sus togas y dieron así a la protesta una mayor carga simbólica.

El TJUE desactivó todos los argumentos de la derecha política y judicial utilizados contra la amnistía a los independentistas. Tanto sobre el sistema judicial como sobre la seguridad jurídica y el impacto en las finanzas europeas. La amnistía podía servir para facilitar “un escenario de reconciliación”, como sostenía el Gobierno, por lo que no era una simple concesión para ganarse el apoyo de Junts. No suponía un peligro existencial para “el buen funcionamiento del sistema judicial nacional”. No quebró la igualdad ni la seguridad jurídica. Los intereses financieros de la Unión Europea no se vieron afectados por el procés.

El veredicto no implica que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras vayan a recibir de inmediato los beneficios de la amnistía. Eso tendrá que esperar a la decisión que tome en un sentido u otro el Tribunal Constitucional. Quienes sí salen beneficiados ahora son 35 antiguos altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas y trece activistas de los CDR acusados de terrorismo.

El TJUE es claro sobre lo que deben hacer ahora los tribunales españoles: “La obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias es consustancial al principio mismo de la amnistía”.

Es legítimo dudar sobre este punto teniendo en cuenta decisiones anteriores del Tribunal Supremo. ¿Volverán a ser tan creativos como lo fueron hace dos años? Entonces, la Sala presidida por Manuel Marchena decidió que la ley de amnistía no cubría los delitos de malversación cometidos por Puigdemont y los miembros de su Gobierno. La ley se había escrito para que no afectara a los que se beneficiaron económicamente sabiendo que ese no era el caso de los condenados (o fugados).

El Supremo se inventó el argumento de que sí hubo ese beneficio, porque sin acceso a los fondos públicos esquilmados los autores del procés habrían tenido que recurrir a su patrimonio. Eso fingía ignorar que esos políticos habían recibido donaciones privadas de correligionarios con las que afrontar gastos como el de compra de urnas y papeletas para el referéndum.

Aún más estrambótico fue su argumento de que la independencia de Catalunya, que nunca estuvo cerca de producirse, habría perjudicado a los intereses económicos de la UE. Catalunya habría tenido que abandonar la UE y la aportación económica de España a los presupuestos comunitarios habría sido menor, dijeron. Dentro de los presupuestos de la UE, eso sería casi un error de redondeo. El TSJE resta valor a ese argumento.

Los magistrados colmaron los deseos del PP con su auto. La oposición pensó que el cabreo de Puigdemont y Junts haría que la legislatura terminara antes de que acabara 2024. Con el apoyo de los jueces, creían tenerlo al alcance de la mano.

El Tribunal Supremo culminó un giro de 180 grados perfectos al desmentir la sentencia original del procés que ese mismo tribunal había dictado en 2019. Lo que unos años antes había sido un delito de sedición y la definición del desafío como una “ensoñación” que no podía considerarse un delito de rebelión pasó a ser algo más siniestro. De repente, veían el golpe por todos los lados. En nueve ocasiones diferentes, mencionaban la palabra 'golpistas', como si quisieran certificar con retraso todos los análisis de la derecha política sobre el procés.

En el auto incluyeron valoraciones claramente políticas, como las críticas al Gobierno por pactar la amnistía a cambio del apoyo parlamentario de los siete diputados de Junts, calcando de esta manera el argumentario del PP.

En su decisión del jueves, los magistrados del TJUE no aceptan que la amnistía fuera un simple producto de una negociación con la que obtener la investidura de Pedro Sánchez. La conciben como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social mayor”. Es decir, una forma de hacer política para resolver un conflicto que desde luego es discutible o criticable, pero que no puede ser un delito. Es posible escuchar el rechinar de dientes de los jueces al leer esa frase.

El frenazo del Supremo a la amnistía fue el momento clave de la legislatura. La posible vuelta de Puigdemont a Catalunya quedó congelada en el tiempo y las relaciones del PSOE con Junts nunca se recuperaron. Y por eso no se han aprobado presupuestos en estos cerca de tres años. La derecha judicial sabía que tenía un papel que cumplir en esta confrontación política y eso fue lo que ocurrió.

Y lo que sigue ocurriendo. No importa cuántas derrotas judiciales sufran en Europa esos jueces (ahí quien ha encajado todas las goleadas ha sido Pablo Llarena). Siempre se puede afirmar que la guerra no ha terminado. La asociación conservadora Francisco de Vitoria –que es de derechas, pero no tan de derechas como la APM– difundió un comunicado para afirmar que “la sentencia no avala una aplicación automática ni incondicionada de la amnistía” (el TJUE dice lo contrario). “Los actos que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos siguen quedando excluidos de la amnistía”, dicen en coherencia con su filosofía de que el procés fue un golpe de Estado como nunca lo ha habido en España.

Además, la asociación recuerda al Tribunal Constitucional que “en ningún caso puede actuar como una instancia de casación del Tribunal Supremo”. En otras palabras, que ni se le ocurra dictaminar que Puigdemont y Junqueras pueden ser amnistiados. La palabra del Supremo no se discute. La derecha judicial sabe que convirtió esta legislatura en una vía muerta y de ningún modo va a aceptar que los jueces de Luxemburgo o los miembros del Constitucional le arrebaten la victoria en el último minuto.

Llamada de atención de la Comisión Europea a España por los casos de corrupción y la independencia del poder judicial. En el informe anual que elabora la institución europea sobre el Estado de Derecho, que va a ser presentado este viernes, se reprende al Gobierno de Pedro Sánchez por los limitados avances en la lucha contra la corrupción, según ha adelantado Politico.

Para Bruselas, el proyecto de Ley de Integridad Pública y el Plan Estatal contra la Corrupción no han tenido una aplicación eficaz y se le pide al Ejecutivo que haga un esfuerzo por la implementación de medidas para reducir los casos de corrupción. En este sentido se recuerda que es necesario la creación de un organismo supervisor independiente con competencias efectivas de investigación y sanción.

Hace un mes, El Tribunal Supremo condenó a 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el conocido como 'caso Mascarillas' de corrupción. El tribunal también impone 19 años y 8 meses de prisión a su antiguo asesor, Koldo García, y cuatro años y medio a Víctor de Aldama.

El informe sobre el Estado de Derecho hace una llamada especial para el endurecimiento de las normas sobre conflictos de intereses y de los requisitos de declaración de bienes de los altos cargos públicos.

El análisis de la Comisión Europea llega la misma semana en la que un tribunal ha condenado al hermano del presidente Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación al considerarlo autor de un delito de prevaricación por su contratación en la Diputación en 2017 como coordinador de los conservatorios pacenses o cuando la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado avalar la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que el caso abierto en 2024 contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, siga por el procedimiento de jurado popular para determinar si es culpable de tráfico de influencias y malversación.

Tanto el presidente del Gobierno como varios ministros han comentado que los procedimientos judiciales en torno a los familiares de Pedro Sánchez tienen más que ver con motivaciones políticas y actuaciones de lawfare (utilización de la justicia con fines políticos) por parte de los jueces.

Además, Bruselas respalda, como ha hecho la Comisión de Venecia (órgano consultivo independiente del Consejo de Europa), que la elección de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial sea por parte de los jueces, sin pasar por el Parlamento.

Respecto a la independencia judicial, el informe destaca como positivo el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorga al fiscal la instrucción de los delitos tal y como ocurre en la mayoría de países europeos, y la limitación de la acción popular, restringiendo los delitos que pueda ejercer esta acusación, aunque esta norma sigue en la Cámara Baja sin posibilidad de aprobarse.

En el informe también señala que el proyecto de ley destinado a aumentar la transparencia de las actividades de lobby sigue sin ser aprobado por el Congreso y que, consecuentemente, no hay avances en en la reforma de la regulación de los grupos de presión en España. La Comisión Europea ya había pedido a España que era urgente la creación de un registro público de carácter obligatorio para los lobistas.

La Plaza n.º1 del Tribunal de Instancia de Valverde, en El Hierro, ha acordado la apertura de juicio oral contra el empresario investigado desde el pasado mayo por la presunta revelación de los datos médicos de la consejera de Turismo del Cabildo de El Hierro, María del Mar Suárez Armas, después de que la Fiscalía presentara escrito de acusación por un delito de revelación de secretos.

En el auto, fechado el 3 de julio, el juez Antonio Mazuecos -actualmente en otro destino, pues cubría la plaza temporalmente- señala que el Ministerio Fiscal ha solicitado la apertura de juicio oral, acusando al investigado por un presunto delito de revelación de secretos, y considera que “las actuaciones ofrecen méritos suficientes para exigir responsabilidad a determinadas personas que se concretan en la acusación”, por lo que “procede acordar dicha apertura”.

La resolución, fechada a 3 de julio, mantiene la situación de libertad provisional del acusado y le requiere para que preste una fianza de 5.000 euros destinada a asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerle. Asimismo, determina que el órgano competente para el enjuiciamiento será la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife.

Se querelló contra la consejera

La causa tiene su origen en unos hechos ocurridos el pasado mes de mayo. Según la investigación judicial, el acusado, propietario de un conocido y emblemático hotel en la Isla, obtuvo un informe médico de la consejera que había sido incorporado por ella a un procedimiento judicial relacionado con una querella por injurias y calumnias y, posteriormente, lo presentó junto a una solicitud registrada en el Cabildo de El Hierro en la que pedía la dimisión de la responsable insular.

En el auto por el que el juez acordó transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado ya se recogía de forma indiciaria que el investigado, “lejos de hacer un uso responsable de la documentación que le fue entregada, destinándola a la defensa de sus pretensiones en aquel procedimiento”, la presentó en el registro general del Cabildo, “dejando así al descubierto todos los datos médicos de las patologías que padece la denunciante”.

La investigación también concluyó que la solicitud fue registrada utilizando el certificado digital del investigado y que las diligencias practicadas permitieron vincular la dirección IP empleada con una línea telefónica contratada a su nombre. Además, el órgano judicial apreció indicios de que la documentación médica pudo quedar al alcance de distintos empleados públicos del Cabildo, al incorporarse al expediente administrativo correspondiente.

Tras finalizar la instrucción, la autoridad judicial apreció indicios suficientes de un presunto delito de revelación de secretos y dio traslado de las actuaciones a la Fiscalía, que finalmente interesó la apertura de juicio oral, ahora acordada por el instructor.

La intervención en busca de víctimas del franquismo en la fosa común de Beira, en Carral (A Coruña), ha hallado un total de cuatro cuerpos. Esta actuación, impulsada por la Diputación de A Coruña en el marco de un convenio con el grupo Histagra de la Universidade de Santiago, ha presentado este miércoles los resultados de la primera cata arqueológica en la que se han localizado los primeros restos humanos en estas fosas de la violencia franquista.

La exhumación del primer individuo ya ha sido realizada y presenta signos de violencia, a la espera del análisis forense y genético que permitirá avanzar en la identificación de víctimas. Las investigaciones históricas indican que en el entorno de la iglesia de Beira fueron enterradas, como mínimo, 18 personas asesinadas.

Los hallazgos realizados son coherentes con la información recopilada en el estudio histórico previo, realizado por el historiador Xurxo Antelo, lo que refuerza la hipótesis sobre la localización de la fosa. En esta fase de la investigación se está contando con la colaboración de varios familiares de las víctimas, cuya participación será fundamental para hacer posible la identificación mediante la comparación de las muestras de ADN.

“Restituir la verdad y la dignidad”

La diputada de Dereitos Civís, Sol Agra; el alcalde de Carral, José Luís Fernández Mouriño; el arqueólogo forense Edgard Camarós (USC-Cispac); el historiador Xurxo Antelo (USC-Cispac); miembros de familias de las víctimas y la asociación Cultura Aberta de Carral han expuesto este miércoles los detalles de la campaña arqueológica. Los trabajos están coordinados por el grupo Histagra que dirigen Lourenzo Fernández Prieto y Antonio Míguez Macho. Así, Sol Agra subraya que “la localización de estos primeros cuerpos representa un paso muy importante en un proceso que busca restituir la verdad y la dignidad de las personas que fueron asesinadas por el golpe de Estado fascista de 1936 y la posterior represión franquista y de sus familias”.

“No es posible hacer justicia con las víctimas porque nunca se pudo juzgar a los asesinos, pero encontrar los restos de los asesinados y devolvérselos a sus familias para que puedan enterrarlos dignamente es un acto de reparación. Es una anomalía democrática que vivamos rodeados de fosas llenas de desaparecidos, que nunca se buscaron, cuando ya van allá más de 50 años de la muerte del dictador Franco”, advierte.

Resulta doloroso intentar leer la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz contra David Sánchez; no solo porque cuesta trabajo hilar el discurso de una resolución tan triste sino, sobre todo, porque al profundizar en su lectura comienzan a entreverse las tensiones de un argumentario forzado que difícilmente se sostiene.

Empezando por el final, el fallo estaba descontado de antemano. Después de toda la tormenta y el estropicio mediático, puesta la UCO en la picota, era absolutamente imposible que la Audiencia dejara a David Sánchez sin condena; sin embargo, la falta de pruebas y la deriva de un proceso claramente dirigido han obligado a los magistrados a un ejercicio de contorsionismo procesal que lastra la coherencia del relato.

Quedémonos con los hechos declarados probados: la sentencia se centra en tres decisiones a las que otorga autonomía jurídica como delitos independientes, aunque en realidad parecen relativamente vinculadas entre sí. Veámoslas brevemente. En primer lugar, tendríamos la contratación de David Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios de Badajoz; se saca la plaza, concurren diversas personas y termina adjudicada al acusado en mayo de 2017. Este es el hecho, puro y simple. Y aquí viene la primera sorpresa: la sentencia descarta que David Sánchez o alguien de su entorno influyera en esta decisión, dejando en el aire que su contratación fue un designio de favorecer a quien era el hermano de “una figura política señera y futuro secretario general del PSOE”. Señera, dicen; o sea, en aquel momento el hermano de nadie. La sentencia, de forma no necesariamente compatible con lo anterior, recordará que Miguel Ángel Gallardo había apoyado a Susana Díaz en el proceso de primarias del Partido Socialista, así que ya ven ustedes el designio. Imaginen lo que hubiera pasado de haber apoyado, por casualidad, a Pedro Sánchez.

En fin, se descarta el tráfico de influencias, y esto es fundamental. La ausencia de influencias ilícitas condiciona decisivamente el resto del texto condenatorio, del que destacan evidencias de descargo. Por ejemplo, la sentencia no hace ni la menor mención a la posibilidad de que alguna otra de las personas que se presentaron a la plaza tuvieran un currículum igual o superior al presentado por David Sánchez, que aceptó el puesto “una vez terminado un máster en Milán tras una estancia en San Petersburgo” para terminar en Badajoz. Bien pudo imaginar que ganaría el concurso. La unión de estos dos datos (no hubo influencias externas y no consta que otro se mereciera el puesto por encima del acusado) deja la acusación de prevaricación en el aire. ¿Por qué estuvo mal contratarlo? La sentencia se descuelga con argumentos de puro estropicio: chismes de gente y algún empleado que entendía que era preferible ampliar el horario de la biblioteca que contratar a un director que venía de Rusia. Sostiene la sentencia que la plaza era “innecesaria y vacía de contenido” porque esta labor de coordinación la realizaba, no se lo pierdan, “el propio profesorado de los conservatorios, en horas no lectivas sin cobrar emolumento alguno” (sic). Este es el nivel. La sentencia reconoce que años atrás había un funcionario que se ocupaba de estos menesteres pero era, dice, de “inferior categoría”. Por cierto, la sentencia, con lo larga que es, no nos aclara el salario de David Sánchez; muy probablemente no ganaba más que los magistrados que lo han condenado. Pero no nos confundamos: aunque alguien crea mejor contratar a un bibliotecario, la decisión de qué puestos públicos sacar es una opción de gestión política, donde la justicia penal no debería intervenir, cuando el candidato parece el mejor y nadie ha promovido con influencias ilícitas su contratación.

El segundo hecho recogido en la sentencia es muy curioso: según parece, David Sánchez no se quedó con los brazos cruzados cobrando su paguita por no hacer nada, sino que, fruto de sus “inquietudes” (término que se repite hasta cinco veces), se fue embarcando en un importante proyecto cultural de ópera en Badajoz, denominado “Ópera Joven”. De nuevo, la sentencia destaca por lo que no dice: no dice que este proyecto fuera un embuste ni un engaño, ni cuestiona su valor cultural. Por el contrario, se deduce que se trata de una iniciativa real que podría tener cierto interés, incluso para aquellos que sueñan con bibliotecarios. Ante esta circunstancia, y de manera que parece correcta, la Diputación decidió incorporar esta iniciativa, vinculada a la ópera, al puesto de trabajo de David Sánchez y a las competencias que desempeñaba. Visto desde fuera, y sin haber leído más que la sentencia, no parece haber nada malo en ello.

La sentencia insistirá, de nuevo, en que para esta modificación de competencias, con el cambio de nombre que llevó aparejado, no hay pruebas de que el acusado David Sánchez haya realizado ningún tipo de prevalimiento sobre terceros. Tampoco hay tráfico de influencias. De hecho, ni siquiera se dirá en ningún lado de la sentencia que la idea del cambio de nombre de la plaza, para incluir lo que David Sánchez ya estaba haciendo, fuera del propio acusado. El delito está, según la sentencia, en que David Sánchez, llevado por sus inquietudes, empezó a hacer cosas que no se correspondían con el puesto para el que le habían contratado. Hay cosas que en España te matan. La sentencia no aclara, por fortuna, lo que debería haber hecho la Diputación de Badajoz al advertir que un empleado suyo estaba gestionando llevar ópera a Badajoz. ¿Sería más propio despedirlo, tal vez decirle que no lo hiciera? ¿O no es más correcto, y en todo caso una opción de gestión pública, incorporar esa labor a su cometido profesional, sobre todo cuando, repito, no consta nadie mejor dotado para la labor y no consta prevalimiento de influencias?

Y el tercer hecho que la sentencia tiene por prevaricador es la contratación por la Diputación de un antiguo colaborador de David Sánchez en proyectos operísticos para que le ayudase en su labor. La sentencia reiterará, por tercera vez, que tampoco en relación con este puesto de trabajo se han acreditado presiones o influjos de nadie sobre los responsables de sacarlo a la luz. Y de nuevo, el contrato es real, con un cometido acreditado con documentación y comunicaciones, que nos hablan de coordinación de proyectos, planificación y confección de presentaciones; no consta que el colaborador se fuera a Badajoz a vivir de parranda. También se aclara, por si las dudas, que sacada la plaza a concurso no se presentó nadie más que este colaborador, a quien le adjudicaron el puesto y se puso a trabajar para la Diputación. Francamente, no se termina de ver la prevaricación por ningún lado: no consta que nadie le haya enchufado, no consta que se haya aprovechado de alguna suerte de ventaja indebida frente a ningún otro que se hubiera presentado.

Cuando la sentencia llega al fin, después de repetir menudencias y contradicciones durante trescientos cincuenta folios, con páginas y páginas de jurisprudencia al uso, se da cuenta de algo grotesco: se han olvidado de David Sánchez. Porque, claro, si no hay influencia, si no hay prevalimiento, si nadie ha hablado con el presidente de la Diputación para que saque el puesto al hermanísimo, ni para que amplíe sus competencias cambiándole el nombre al puesto, entonces ¿cómo condenar a David Sánchez? Y aquí viene el relámpago de la guinda, en apenas un folio: ha de ser condenado porque “se presentó a la convocatoria”. ¿Qué les parece? Es un delincuente porque se presentó al puesto y, cuando se lo dieron, orientó “sus inquietudes personales... a actividades operísticas” con el programa “Ópera Joven”, ¿quién le mandaría? Esta orientación motivó un cambio de nomenclatura en su puesto de trabajo; un cambio de nombre que el acusado no interesó, pero que “consintió” ilícitamente. Menudo atropello.

Aplíquense el argumento a ustedes mismos; una administración pública saca un puesto de trabajo, se presentan y se lo dan, sin que hayan hecho uso de enchufes, influencias o favores. Añadamos, por forzar el alegato, que ustedes ya imaginan que les van a dar la plaza porque no hay nadie con más currículum que el suyo. Luego resulta que el concurso es ilegal, o le faltaba un papel a la relación de puestos de trabajo y todo se anula. Vale, de acuerdo. ¿Pero condenarles a ustedes como delincuentes por haberse presentado? ¿Qué broma es esta?

En fin, la sentencia no da para mucho más. Por una parte, rezuma de su tenor un trasfondo oscuro de rencillas y puestos consolidados, de aroma antiguo, privilegios y rencores de negociado. Pero no solo eso: los magistrados son bien conscientes de lo que está cayendo en Madrid, así que dedicaron un capítulo, muy previsible, a glosar y gloriar lo “sumamente ilustrativa para este Tribunal (que) fue la declaración testifical-pericial del Teniente Coronel”. Es curioso, aunque ya lugar común, tener a los miembros de la UCO por peritos, cuando la sentencia no se detiene en valorar qué conocimientos especializados tendrían sus miembros. Y más curioso cuando, a la hora de ningunear la pericia de la defensa, la sentencia se permite decir que no puede convertirse a un perito “en una suerte de pseudoponente con capacidad decisoria para determinar de forma implacable el criterio judicial”. Pues eso es precisamente lo que han hecho: advirtiendo que la UCO necesitaba en este momento un respaldo explícito, se lo han dado condenando a un inocente.

Todos los sospechosos eran culpables. Todos tenían motivos para asesinar a Ratchett. Esa fue la conclusión a la que llegó Hércules Poirot en la novela Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie. No es probable que la sentencia contra David Sánchez alcance tal nivel de notoriedad. Lo que sí es cierto es que el tribunal de la Audiencia de Badajoz ha llegado a una conclusión no tan diferente. Todos los acusados son culpables del delito de prevaricación administrativa, con una pena de nueve años de inhabilitación, en el caso del puesto de Sánchez, aunque no del delito de tráfico de influencias. No hay pruebas de que nadie les presionara para tomar esas decisiones. Es algo que simplemente ocurrió.

En la novela, los responsables tenían un móvil que explicaba sus actos, la venganza contra Ratchett. La sentencia sostiene que el móvil consistía en favorecer al principal acusado. Los jueces llegan a esa conclusión citando a los agentes de la UCO que declararon en el juicio, encabezados por el teniente coronel Antonio Balas: “De todo lo anterior, deducen inequívocamente que la plaza fue creada para una persona determinada: Don David Sánchez Pérez-Castejón”. Otro juicio en que las deducciones del jefe de la unidad de delitos económicos de la UCO acaban incorporadas a la sentencia, como sucedió en el del fiscal general. El tribunal quiso remarcarlo escribiendo que la aportación de Balas fue “sumamente ilustrativa”.

Los jueces de Badajoz optaron por una decisión que quiere ser vista como salomónica. En su relato de los hechos que considera probados, prácticamente suscriben la versión de las acusaciones populares y la que ha mantenido el Partido Popular en los últimos dos años al utilizar la investigación en sus discursos en el Parlamento y en mítines. Incluso en detalles que son escasamente relevantes, pero que aparecieron en muchos titulares, como el hecho de que Sánchez tuviera su residencia en Portugal desde 2021, y que no son delito. Pero no se atreven a condenar al acusado por tráfico de influencias e imponerle una pena de prisión. Por el pequeño detalle de que no tienen pruebas para dictar ese castigo. Nunca las hubo ni en la instrucción ni en la vista.

“No ha quedado probado, por tanto, que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados primeramente filiados, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de un cargo o de cualquier otra situación derivada de una relación personal o jerárquica con aquellos”, dice la sentencia. A la vista de la sentencia, es un misterio por qué nueve de los acusados –dejando a un lado a Sánchez y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo– tomaron unas decisiones que ahora les han costado una pena de nueve años de inhabilitación. Si fracasan sus recursos, perderán sus empleos en la institución.

Para los jueces, no hay dudas de que todos los funcionarios son culpables. Son múltiples los indicios, afirma la sentencia, que muestran “con arreglo a las reglas de la lógica y de la razón, que ninguno de los acusados era ajeno al plan delictivo ideado por las más altas instancias de la Diputación de Badajoz y que actuaron de consuno, en connivencia, en ejecución de un plan preconcebido”. Su objetivo era crear “en expresión castiza, un traje a medida al beneficiario de la plaza”.

Si había un plan ideado desde arriba con el que se ordenó a tantos funcionarios que cumplieran órdenes, es difícil explicar por qué no se condena a Gallardo por tráfico de influencias. Parece que “la lógica y la razón” permiten trazar el retrato de un grupo dispuesto a delinquir, pero no condenar sin pruebas a su responsable. Una cosa es la literatura de una sentencia y otra, el Código Penal.

La sentencia dice que los condenados pusieron en marcha “una plaza de empleo público innecesaria y vacía de contenido”. Para justificar esta valoración, se basan por ejemplo en la opinión de un director de conservatorio que no creía necesario que se creara un puesto de coordinador que se ocupara de los dos conservatorios de Badajoz. Pocos funcionarios aceptan de buena gana que les pongan un jefe más por encima, al menos cuando reciben la primera comunicación. Sin embargo, y para afirmar que Sánchez no realizó las funciones por las que le pagaban, los magistrados no dan ningún valor a las declaraciones como testigos de los tres directores en la primera jornada de la vista en las que defendieron la capacidad y el trabajo del músico.

“La ayuda del coordinador vino muy bien”, dijo Yolanda Sánchez (sin parentesco con el hermano del presidente). “Estaba muy bien formado y capacitado para la plaza”, continuó. En su momento, parecía que ese primer día del juicio había sido muy malo para los intereses de las acusaciones. No es así si el tribunal decide ignorar esos testimonios, porque no sirven para condenar al acusado.

Los jueces admiten que hay un margen para la duda sobre si alguien presionó para que David Sánchez consiguiera ese puesto, si fue él mismo, alguien de su entorno “o si tal decisión se realizó 'motu proprio' con el designio de favorecer al Sr. Sánchez Pérez-Castejón por su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro Secretario General del PSOE, por reelección en el cargo, a la sazón D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón”.

Resulta gracioso, quizá hasta revelador, que los magistrados coloquen al presidente del Gobierno en este contexto. Las fechas no cuadran del todo. Cuando se creó la plaza, noviembre de 2016, Pedro Sánchez ya no era secretario general del PSOE por su dimisión el 1 de octubre anterior. No presentó su candidatura hasta el 28 de enero de 2017, cuando no era precisamente el favorito, tampoco para el PSOE extremeño que apoyaba a Susana Díaz. Las primarias no se celebraron hasta mayo de 2017. El tribunal viaja al pasado porque sabe quién ganó esas primarias, lo que es una información que no tenían en 2016 los responsables de convocar la plaza que finalmente cayó en manos del hermano del presidente.

Puestos a lanzar hipótesis o “contrahipótesis”, como dice el texto –una decisión insólita en una sentencia que debe mostrar hechos probados y asignar penas en función de ellos–, los jueces plantean que los acusados pudieron haber intentado “congraciarse” con Pedro Sánchez con el nombramiento de su hermano al haber apoyado antes a Susana Díaz en las primarias. Y con esa sugerencia dan argumentos a los que quieran utilizar la sentencia para atacar al Gobierno.

“No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”, dice la sentencia en el párrafo anterior a esa referencia a la contrahipótesis. No lo saben, por eso no condenan por tráfico de influencias, pero dan por hecho que esa presión existió. Algún catedrático de Derecho Penal podría animarse a explicar a este tribunal que todo lo que no son hechos en una sentencia, no pasan de ser simples especulaciones.

Todo esto no dejan de ser elementos secundarios en la mente de los jueces. No tienen problemas en señalar que existe “la convicción de este Tribunal de que la prevaricación cometida obedecía al designio de favorecer por razones espurias a don David y don Luis María”. Estaban seguros de que David Sánchez era culpable, quizá incluso desde antes de que comenzara el juicio, de que existía un “designio”, un plan, destinado a beneficiarle. Desgraciadamente para sus convicciones, no encontraron pruebas con las que condenarle por esa conspiración, es decir, por tráfico de influencias. No fue porque no lo intentaran.

El magistrado Iñaki Subijana ha tomado este martes posesión de su segundo mandato al frente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Y ha afirmado que el “mayor reto” para los siguientes cinco años es mejorar “de forma significativa” la accesibilidad del sistema de justicia, especialmente a las personas con diversidad funcional, la tercera edad y los niños y adolescentes.

El acto ha contado con la presencia del lehendakari, Imanol Pradales, de la vocal territorial del Consejo General del Poder Judicial, Esther Erice, de la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, de la fiscal superior, Carmen Adán, de la delegada del Gobierno de España, Marisol Garmendia, así como de los consejero de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y de Seguridad, Bingen Zupiria, del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, del titular del Ararteko, Mikel Mancisidor, y del recto de la EHU, Joxerramon Bengoetxea.

En su discurso tras prometer su cargo, Subijana ha recordado que la actuación de los jueces debe regirse “siempre” por la “independencia, imparcialidad, mesura y responsabilidad” para garantizar la “confianza” de las personas en la justicia. “La justicia no puede ser ajena a las personas. Debe construirse desde, con y para las personas”, ha descrito, informa Europa Press.

El presidente del TSJPV ha resumido las líneas maestras de su plan de actuación y ha indicado que su “mayor reto” en el nuevo mandato será mejorar la accesibilidad al sistema judicial, especialmente de las personas con diversidad funcional, la tercera edad y los niños/as y adolescentes. Subijana, que ha reiterado su apuesta por una justicia “cercana y eficiente al servicio de las personas”.

Asimismo, ha afirmado que es conveniente promover la elaboración y la difusión de una guía sobre los derechos lingüísticos de las personas en su relación con la Administración de Justicia “conforme a las previsiones contenidas en la legalidad vigente”. Ha considerado conveniente “facilitar el impulso de las actuaciones en euskera en las oficinas de justicia municipal en los términos previstos en la legislación vigente, con especial referencia a las localidades con mayor presencia del euskera atendiendo al mapa sociolingüístico existente”.

El titular de la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Pamplona ha decretado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de un hombre que fue detenido por la supuesta violación a una mujer en estado de semiinconsciencia la madrugada del pasado día 10 de julio, durante los Sanfermines, en un portal de la calle Estafeta de la capital navarra.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, el magistrado considera que existe riesgo de fuga por la pena contemplada en el Código Penal para este delito, entre 6 y 12 años de prisión.

La denunciante ha descrito cómo esa madrugada, junto con un primo suyo y otro varón que solo conocía de vista, estuvieron consumiendo alcohol, así como “una sustancia estupefaciente —tres rayas— que estos le ofrecieron”. Según ha relatado, además de “múltiples cervezas”, consumieron una botella de Licor 43 a lo largo de su desplazamiento por el Casco Viejo de Pamplona.

Una vez en las inmediaciones de un bar situado al final de la calle Estafeta, la mujer ha manifestado no recordar “absolutamente nada”. Fue encontrada en estado de semiinconsciencia sobre las 4:30 horas, postrada en las escaleras de acceso a la primera planta del portal nº 81 de esta calle.

Según el examen forense citado en el auto, la víctima arrojó a las 8:10 horas una tasa de alcoholemia de 2,21 g/l, “con evidencia asimismo de restos de cocaína en orina”. La facultativa interviniente, según indica la resolución judicial, apreció “malestar psicofísico en la víctima, esto es, una circunstancia de características reactivas y congruentes con la situación relatada”.

Por su parte, el investigado ha declarado que, una vez en el interior del portal, fue la mujer quien le propuso mantener las relaciones. “Le pregunté si íbamos a hacerlo allí, le dije que tenía novia, pero me dijo que lo hiciéramos allí”, ha manifestado ante el magistrado.

El imputado, según reza la resolución judicial, “ha mantenido en todo momento que las relaciones sexuales subsiguientes fueron completas y consentidas por ambos, así como que la [mujer] estuvo en todo momento consciente, conocedora y consentidora de las relaciones”.

Sin embargo, el juez sostiene que “estas manifestaciones del investigado, quien abandonó el lugar mientras se hallaba semidesnuda la víctima, no resultan consistentes con el acreditado estado que esta presentaba, habiendo manifestado la [denunciante] no recordar momento alguno de la secuencia de los hechos investigados, lo cual ciertamente aparece corroborado por el examen médico practicado a la víctima unas horas después”.

Tras la declaración del investigado, el magistrado ha emplazado a las partes a una comparecencia para la adopción de medidas cautelares. Así, la fiscalía y la acusación particular han solicitado el ingreso en prisión sin fianza, mientras que la defensa ha interesado la libertad provisional, con la adopción de medidas cautelares alternativas y menos gravosas.

Al respecto, el juez subraya que la gravedad de los hechos investigados, presuntamente constitutivos de una agresión sexual con penetración, castigada con arreglo a los artículos 178 y 179 del Código Penal con penas de 6 a 12 años de prisión, determinan “la pertinencia de la excepcional medida” solicitada por las acusaciones, “al objeto de conjurar el riesgo de fuga ante el horizonte penológico descrito, así como de reportar tranquilidad y seguridad a la víctima”.