Para el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, RTVE es “Tele Pedro”. El ente público que desde hace meses registra las mejores audiencias de los últimos lustros es, a juicio de los populares, “propaganda 'sanchista' pagada por todos los españoles”, hasta el punto de que el partido ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para crear una comisión de investigación en el Senado sobre RTVE, la séptima comisión de este tipo creada en lo que va de legislatura en la Cámara Alta. Pero mientras el equipo de Feijóo pone el grito en el cielo por los programas y contenidos de la televisión estatal, el PP controla con mano de hierro las televisiones autonómicas de las comunidades en las que gobierna, donde acumula quejas y denuncias, no solo por el trato a sus respectivos trabajadores, sino también por la politización y la manipulación de sus contenidos, siempre para favorecer los intereses de la derecha.

Uno de los ejemplos más paradigmáticos es el de Telemadrid, la televisión pública madrileña que ha llegado a difundir noticias falsas de pseudomedios contra el Gobierno y minimiza los escándalos de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. A todo ello se suman las recientes purgas de periodistas que se resisten a repetir las consignas de la Puerta del Sol, mientras Telemadrid se encuentra hundida en audiencias, especialmente desde que la controla el Ejecutivo autonómico.

El asalto de Ayuso a Telemadrid culminó hace unos años, en 2022, cuando el PP impulsó una segunda reforma de la ley de Radio Televisión Pública solo nueve meses después de la anterior gracias al apoyo de Vox. De esta forma, sorteaba el último escollo que le quedaba para nombrar a un director general definitivo en Telemadrid sin la necesidad de consensuarlo con el resto de partidos, como ocurría hasta entonces.

El elegido fue José Antonio Sánchez, un reconocido militante del PP —así lo admitió en el Congreso cuando con el Gobierno de Rajoy presidió RTVE— que en su mandato acumula varios titulares. Entre sus hazañas están el corte de la programación para retransmitir en directo la boda del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, el envío de un reportero para hacer preguntas a Ayuso en el desfile del pasado 12 de octubre orientadas a atacar a Pedro Sánchez o la cobertura mediática de los viajes de la presidenta a ciudades como Nueva York.

El Tribunal Constitucional estimó hace un mes el recurso de amparo que presentó el PSOE contra la reforma de 2022 que permitió al PP controlar Telemadrid sin el resto de las fuerzas políticas de la comunidad. La sentencia anuló los acuerdos de la Mesa y el Pleno de la Asamblea de Madrid y reconoció que se vulneró el derecho fundamental de los diputados recurrentes, aunque no entró a valorar el contenido de la reforma, solo su procedimiento. Pero este no es el único toque de atención de los tribunales al control de Ayuso de la televisión pública. En 2023, el Supremo declaró ilegal la purga de la presidenta autonómica y obligó a indemnizar al exdirector de informativos, Jon Ariztimuño, por un despido que la Justicia ahora considera improcedente.

Otras salidas forzosas de distintos cargos también fueron ejecutadas de forma regular. José Antonio Sánchez fue el responsable de un ERE por el que despidió al 74% de la plantilla, 860 trabajadores, todo ello con el fin de sacar de los despachos a la dirección y cargos intermedios que habían llegado en 2015 tras el acuerdo del PP de Cristina Cifuentes con Ciudadanos.

Audiencias hundidas en la TVG

Como con Telemadrid, en el caso de la Televisión de Galicia (TVG) la audiencia se ha convertido en la peor pesadilla de sus responsables y del gobierno de la Xunta de Alfonso Rueda. 2024 (8,6% de share) y 2025 (8,4%) fueron los dos años con menos espectadores en sus cuatro décadas de vida, pero la caída no se frena: en marzo se quedó en el 7,5% —segundo mes más bajo de toda su historia— y en abril aún más bajo, el 7,4%. Acostumbrada a ser segunda en la FORTA (la organización que agrupa a todas las televisiones autonómicas), solo por detrás de la todopoderosa TV3 de Catalunya, es a día de hoy sexta entre las autonómicas y la cuarta opción para los espectadores gallegos.

La dirección de la CSAG —antigua CRTVG— ha declarado una guerra abierta a los audímetros. En un comportamiento inédito en las televisiones, ha decidido abrazarse a un EGM que sí la coloca de primera mientras rechaza las mediciones de Fifty5Blue, a quien acusan de “desviaciones” que han sancionado. Los cambios constantes en la programación —el último previsto, la sustitución del vespertino Quen anda aí? por una versión galaica de La tarde de Juan Y Medio en Canal Sur—, de momento, no han conseguido invertir una tendencia que provocó incluso un toque de atención público del presidente de la Xunta. La única excepción a esa tendencia parece ser el paso del late night Land Rober a un formato diario, de lunes a jueves, en competencia con La Revuelta y El Hormiguero.

Mientras, la línea informativa marcada por las acusaciones de manipulación —los venres negros de Defende a Galega superan ya los 400— arrastra en esa caída a los telexornais. La última polémica ha sido el tratamiento de la moción de censura de Lugo. Presentadores y periodistas tiran una y otra vez de eufemismos para evitar llamar tránsfuga a la exconcejala socialista que entregará la alcaldía al PP, evitan ofrecer cualquier contexto de las circunstancias del Ayuntamiento —donde han muerto tres concejales socialistas, incluida la alcaldesa, en poco más de un año— y dan voz a plataformas vecinales próximas a los populares creadas de forma exprés para respaldar una iniciativa que ha provocado un enorme rechazo ciudadano.

La consagración de este modelo —con el nombramiento como directora xeral de la que ha sido responsable de las noticias durante los últimos ocho años, Concepción Pombo— viene acompañada de reveses judiciales, como la condena en el TSXG a la corporación por represaliar con un traslado forzoso a una periodista crítica. Una situación que vivieron varias compañeras, por lo que el fallo podría no ser el último.

Todo esto sucede cuando la ley que impulsó el PP para efectuar en solitario el relevo en la dirección xeral —sin necesitar una mayoría cualificada en el Parlamento— aún no ha cumplido su primer año de vida. El texto borraba de un plumazo órganos de control previstos en la anterior norma —como el consejo de informativos o el comité de redacción— y que nunca habían llegado a funcionar. El Consello de Administración, por su parte, que debe renovarse en julio, lleva siete meses “bloqueando” la cobertura de la vacante en representación del PSdeG.

“Dictado de noticias” en À Punt

En la Comunitat Valenciana, el 25 de abril de 2018, apenas cuatro años y medio después de que la señal de Canal 9 se fuera a negro por orden del Gobierno del popular Alberto Fabra, el Consell del Botànic (formado por PSPV y Compromís, con el apoyo parlamentario de Podemos) echaba a andar de nuevo la nueva radiotelevisión valenciana: À Punt. Pero con la llegada de nuevo a la Generalitat del PP, con Vox como compañero de viaje, la derecha y la extrema derecha maniobraron para hacerse con el control del ente público autonómico.

Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno del PP y Vox fue la aprobación de la nueva ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, lo que fue criticado tanto por la oposición como por la Unió de Periodistes, que lo considera “una vuelta al modelo de televisión partidista, sin control independiente de su contenido”.

Además, los periodistas de la cadena han denunciado reiteradamente la manipulación, las presiones y el “dictado de noticias” por parte de la dirección de informativos, cuya gestión han llegado a reprobar. La toma de decisiones controvertidas, como entregar un programa en horario de máxima audiencia al actor y expolítico Toni Cantó —espacio que fue cancelado por sus audiencias irrelevantes— o programar una corrida de toros histórica coincidiendo con la masiva manifestación que pedía la dimisión del expresident Carlos Mazón con motivo del primer aniversario de la dana del 29 de octubre de 2024, han provocado una pérdida del prestigio y las audiencias de À Punt (a excepción de momentos puntuales, como las Fallas), cuyos informativos han perdido el pulso frente a la programación territorial de RTVE.

Protestas y dimisiones en Canal Sur

La contratación de cinco redactores para Canal Sur al margen de las bolsas de trabajo o de otros mecanismos reglados de selección fue en febrero el penúltimo polvorín en la Radio Televisión Andaluza. El Comité Intercentros (órgano sindical que representa colectivamente a toda la plantilla) denunció la contratación “a dedo” y acusó a la dirección de atentar contra las expectativas de estabilidad de los trabajadores de Canal Sur. Pero la denuncia de los sindicatos fue más allá del ámbito laboral, ya que vienen acusando a la dirección de crear una “redacción paralela para imponer su sesgo informativo”.

Los sindicatos amagaron con una huelga en Canal Sur hace poco más de un año para reivindicar mejores condiciones laborales de los cámaras y que se cubran las bajas de personal, pero la desconvocaron a pocas horas del 28 de febrero, cuando estaba prevista.

El Consejo Profesional de Canal Sur ha denunciado en los últimos años la línea informativa adoptada por la dirección del ente público, a la que ha acusado de relegar temas relevantes para Andalucía pero espinosos para el Gobierno de Juan Manuel Moreno, como la gestión de los incendios, las listas de espera sanitaria o los errores en la aplicación del programa de cribado de cáncer de mama, dando prioridad a asuntos de menor relevancia u otros de alcance nacional que encajan mejor en los intereses del PP. El Consejo Profesional dimitió en bloque el pasado octubre denunciando una “estrategia” para devaluar sus funciones.

De cara a la cobertura de las elecciones, RTVA ha propuesto celebrar un debate 'a cinco' con los candidatos de los cinco partidos que cuentan actualmente con representación parlamentaria el lunes 11 de mayo, y ocho debates de ámbito provincial cuatro días antes, el jueves 7. El pasado miércoles ha trascendido que se han convocado paros parciales los días 11, 12 y 14 de mayo, posponiendo el inicio de nuevas protestas para favorecer la negociación previa. Han sido más de dos meses de protestas diarias, cuyo mayor exponente han sido las concentraciones de los #MartesNegros.

Un exdiputado del PP como presentador en Aragón

En Aragón, las denuncias por la politización en la cadena autonómica han sido numerosas desde la llegada del PP al poder en 2023. Bajo el mando de los populares, la nueva dirección eligió para conducir uno de los programas de mayor contenido político, el Buenos Días Aragón, a un exdiputado valenciano del PP durante tras legislaturas, Manuel Gómez. Además, en septiembre de 2024 fue elegida como directora de informativos la periodista Elena García, de sesgo conservador y sin vínculos previos con la comunidad autónoma. García dimitió el pasado mes de diciembre por desavenencias con su equipo. Ha sido sustituida por el periodista aragonés Javier de Sola.

Tampoco el diseño de contenidos se ha librado de controversias. Hace tres meses, por ejemplo, se supo que Aragón TV premiaba con un programa a un veterano humorista habitual presentador de actos del PP y que en uno de ellos desveló una anécdota personal que vivió con Pilar Alegría, que le confundió con el futbolista Nayim. Además, la cadena se gastó más de 200.000 euros en retransmitir los toros de la Feria de San Isidro de Madrid del año pasado, algo criticado por IU al ser “ajeno a la cultura y territorio aragonés”. La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) volvió recientemente a adjudicar al grupo Henneo —el grupo empresarial que aúna al Heraldo de Aragón y otros medios como 20 minutos— la gran mayoría de los contenidos de la cadena.

Un exmilitante 'popular' dirige la televisión balear

También en Illes Balears, la radiotelevisión pública, IB3, atraviesa una etapa marcada por acusaciones de control político: el nombramiento de Josep Codony (exmilitante del PP) como director general del ente en 2025 vino acompañado de críticas de la oposición por falta de consenso. En los últimos meses, la oposición ha denunciado un deterioro del clima laboral y el bloqueo del proceso de integración del personal de informativos, acusando al Govern de Marga Prohens —que cuenta con el apoyo externo de Vox— de querer convertir la televisión en un medio alineado con su agenda política.

Una de las últimas polémicas tuvo lugar el 23 de abril, cuando Codony fue cuestionado en el Parlament balear por el uso del término “ilegales” en los informativos de IB3 al hablar de materia migratoria. Frente a ello, el director general defendió el “criterio profesional” de la cadena. La tensión fue tal que la comisión tuvo que interrumpirse momentáneamente por las quejas de los diputados, que acusaron a IB3 de no mantener una perspectiva neutral y de amplificar el relato del Govern en materia migratoria. Codony insistió en negar un uso del lenguaje con intenciones ideológicas.

En el ámbito laboral, IB3 ha abierto un nuevo frente con la constitución en abril de 2026 de la mesa negociadora de su convenio colectivo, un proceso que afecta a más de 400 trabajadores. Los empleados, por su parte, continúan exigiendo unas mejoras que se reclaman desde hace más de veinte años, cuando IB3 comenzó sus emisiones. El pasado mes de septiembre, el PSOE de las islas denunció presuntas “amenazas y coacciones” de Codony a los trabajadores que se concentraron durante un acto para reclamar su integración. El director general negó que se dirigiera con tal actitud hacia ellos.

En términos de audiencia, IB3 mantiene una posición modesta pero estable en 2026, con cuotas mensuales en torno al 5%–5,3%, sin que ello haya supuesto cambios estructurales en su peso dentro del sistema audiovisual. Su relevancia como medio de proximidad contrasta con un creciente debate sobre su independencia editorial, en un escenario donde la estabilidad de audiencia convive con una elevada conflictividad política y laboral en el seno del ente.

Una 'tele Mañueco' sin audiencias

El de Castilla y León es un caso peculiar. La comunidad cuenta con una televisión autonómica privada, pero financiada con dinero público. Radio Televisión Castilla y León es una corporación formada por dos grupos mediáticos, Promecal, del empresario burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo, y Edigrup, del leonés José Luis Ulibarri. La Junta de Castilla y León otorga cada año una subvención directa que oscila entre los 20 y los 25 millones de euros, no hay una cantidad fija. De esta manera, sin saber qué presupuesto tienen cada año o incluso si se va a tener, la televisión pende siempre de un hilo.

En cuanto a su manejo político, la televisión es conocida por la salida del director de informativos en 2021 por orden del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, o la ocultación de las condenas y juicios que arrastra uno de sus propietarios, José Luis Ulibarri, por el caso Gürtel. En los últimos años, un buen número de periodistas ha dejado la televisión al tiempo que los sindicatos denunciaban injerencias políticas en los informativos de la cadena.

La conocida como 'tele Mañueco' tiene una baja audiencia en una comunidad con 2,4 millones de habitantes. Con dos canales distintos, uno local (para cada una de las nueve provincias) y otro autonómico, la discreta audiencia podría dividirse si finalmente se adjudica una nueva licencia para otra televisión privada tras el concurso que convocó la Junta y que aún no se ha resuelto a pesar de que hay un solo licitador. El gobierno autonómico ha asegurado que subvencionaría a la nueva tele con la misma partida que a la actual si las condiciones son las mismas.

Control ininterrumpido del PP en Murcia

También en Murcia la gestión de La 7 está externalizada desde 2015, cuando el Gobierno regional del PP adjudicó el contrato al Grupo Secuoya en una licitación que desde el primer momento generó polémica: la empresa ganadora presentó la segunda oferta más cara y varias competidoras recurrieron el proceso judicialmente alegando “evidentes arbitrariedades e irregularidades” en la adjudicación, recursos que fueron desestimados por los tribunales. Desde entonces, el canal ha permanecido en manos de Secuoya: al vencer el primer contrato en 2020, la pandemia y los recursos judiciales de empresas competidoras obligaron a firmar acuerdos de emergencia antes de adjudicarle un segundo contrato en 2022. Ya está en tramitación un nuevo contrato para el periodo 2027-2032 que rondará los 100 millones de euros de dinero público.

En términos de audiencia, la cadena ha pasado de un 4,4% de cuota en 2022 a un 3,1% en 2024, situándose en la parte baja del ranking de televisiones autonómicas españolas. Las denuncias de injerencia política van más allá de la influencia informal sobre los contenidos. El director general de La 7, Antonio Peñarrubia, está casado con Mar Moreno, secretaria general de la Presidencia del Gobierno regional de Fernando López Miras con rango de consejera. A ello se añade que en marzo de 2024 fue elegido director del ente público Radiotelevisión de la Región de Murcia Juan Antonio de Heras, exconsejero del PP en Murcia.

El Partido Popular lleva en el poder en Murcia desde 1995, lo que convierte este caso en uno de los ejemplos más longevos de control político ininterrumpido sobre una televisión pública autonómica. La externalización del servicio, lejos de blindar a la redacción de presiones, las facilita: al no ser empleados públicos con estatuto propio, los periodistas de La 7 carecen del marco de protección que tienen sus homólogos en cadenas autonómicas con plantilla directa. La ley reguladora de los medios públicos en Murcia es, además, una de las que menos exige en términos de mayorías cualificadas para elegir a los responsables del ente, lo que permite al partido gobernante colocar a sus afines sin necesidad de consenso con la oposición.

Los problemas de externalización en la Televisión Canaria

Desde sus inicios, la Televisión Canaria —incluida en el ente público Radio Televisión Canaria y creada en 1998— ha estado rodeada de polémica por diferentes motivos y de distinta intensidad. La acusación más generalizada es que es utilizada por el Gobierno de turno para la propaganda política y el tapado de sus vergüenzas, y como ha sido Coalición Canaria la que ha ocupado el poder durante más tiempo (más de 30 años), es el partido que más ha cargado con esa crítica, aunque ahora el Ejecutivo autonómico lo comparte también con el PP.

La polémica actual está centrada en dos frentes. El primero, la campaña del comité intercentros de Televisión Canaria contra lo que llama externalización de los programas informativos a manos de productoras ajenas a la casa, generalmente grandes medios de comunicación locales. Se refieren a Editorial Prensa Ibérica (La Provincia y El Día), a través de su productora Videre, y de Inforcasa (Canarias7), a través de Videoreport Canarias. Ambas se llevan la mayor parte del presupuesto de producciones externas por las tiras diarias de magazines que hacen por la mañana y por la tarde. La plantilla sostiene que la actual ley audiovisual que se tramita en el Parlamento canario incide en esa tendencia a la externalización.

El otro frente que tiene abierto el Gobierno canario con la tele pública está en su dirección. Ya no existe la figura del director o directora general, que se sustituyó en el anterior mandato por la de administrador único y ahora ha pasado a administrador general con la llegada de César Toledo, que se presenta como periodista especializado en comunicación no verbal. Inicialmente el Gobierno de Clavijo se lo impuso a la anterior administradora única con la excusa de que necesitaba un director de Medios y Contenidos, lo que en realidad escondía a un comisario político que hizo que María Méndez, la administradora única, se marchara de inmediato. Ahora Toledo es el administrador general y está procediendo a una auténtica escabechina sobre cualquiera que él no considere que está a la altura de la nueva dirección.

Sin tertulias durante la negociación PP-Vox en Extremadura

El control de la televisión pública también ha formado parte de las negociaciones de gobierno en Extremadura entre PP y Vox. La extrema derecha exigía garantías para pilotar el canal regional y el PSOE ya advirtió del riesgo de que la televisión fuera “moneda de cambio” en las conversaciones de las derechas que fructificaron en la investidura de María Guardiola. Finalmente el canal público no formó parte del acuerdo así que está por ver cómo lo gestiona el equipo de Guardiola en esta nueva legislatura.

Recientemente, PSOE y Unidas por Extremadura denunciaron que Canal Extremadura eliminara las tertulias políticas en las que participan portavoces de todos los grupos parlamentarios durante los cuatro meses de negociación del PP y Vox. Además, la portavoz de Unidas, Irene de Miguel, ha criticado “la parrilla más rancia que se recuerda” en la región.

*Con información de África Gelardo, Luís Pardo, Miguel Giménez, Javier Ramajo, Luis Faci, Esther Ballesteros, Antonio Vega, Erena Calvo, Carlos Sosa y Santiago Manchado.

Radio Televisión Española (RTVE) celebra este lunes 4 de mayo el primer debate electoral televisado de cara a los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo. Un debate en el que van a participar los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de los partidos con representación en el Parlamento de Andalucía.

Por parte del PP-A estará el candidato a la reelección al frente de la Junta, Juanma Moreno; por el PSOE-A, su secretaria general, María Jesús Montero; por Vox, su portavoz parlamentario, Manuel Gavira; por la coalición Por Andalucía, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo; y por Adelante Andalucía, su portavoz, José Ignacio García.

El debate 'a cinco' en RTVE va a estar presentado por Xabier Fortes y Laura Clavero y se va a celebrar en la sede del centro territorial de RTVE en Sevilla. Se va a emitir en directo en La 1 tras finalizar el Telediario 2, a las 21.45 horas aproximadamente, en desconexión para Andalucía, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play.

Una pregunta inicial y tres bloques temáticos

Según detalla la cadena pública en un comunicado, el debate tendrá una duración de 90 minutos. Al inicio, cada candidato dispondrá de 30 segundos para responder a la pregunta '¿Por qué quiere ser presidente de Andalucía?'.

A continuación el debate incluirá tres bloques temáticos, cada uno con una duración de 25 minutos: 'Economía: empleo, vivienda e infraestructuras'; 'Políticas sociales: sanidad, educación e inmigración'; y 'Financiación autonómica, pactos y regeneración'. En el turno final, el considerado 'minuto de oro', cada candidato dispondrá de un minuto para pedir el voto.

La propuesta inicial de RTVE incluía precisamente el lunes 4 de mayo un 'cara a cara' entre Moreno y Montero como candidatos de las dos principales fuerzas políticas que concurren a las elecciones del próximo 17 de mayo y celebrar el debate 'a cinco' tres días después, el jueves 7 de mayo.

Según han trasladado a Europa Press fuentes del PP andaluz, Moreno estaba dispuesto a aceptar celebrar un debate 'cara a cara' con Montero en RTVE si no existía rechazo del resto de partidos con representación parlamentaria, pero tanto Vox como Por Andalucía y Adelante Andalucía manifestaron públicamente su oposición tras conocerse la propuesta de RTVE y llegaron a anunciar que plantearían recurso ante la Junta Electoral.

Este no es el único debate 'a cinco' previsto durante la campaña electoral. La Radio Televisión de Andalucía (RTVA) va a celebrar uno el próximo 11 de mayo con una duración aproximada de unos 110 minutos como máximo.

“Eso sí que es una caverna. Una caverna sanchista”. Así definió la diputada del PP Carmen Pomar a RTVE durante una comisión de control parlamentario a la CSAG –la antigua CRTVG– que, de nuevo, tuvo como protagonista la crisis de audiencias del canal autonómico. La corporación de medios públicos sigue culpando de ese desplome a mínimos históricos a las “desviaciones” de los audímetros, hasta el punto de que su directora xeral, Concepción Pombo, aseguró que “no pueden ser una herramienta principal de gestión”. “Nuestra guía no es Kantar”, insistió frente a un BNG que culpaba de la fuga de espectadores al “sectarismo” y la “falta de pluralidad” de los informativos, combinado con un entretenimiento que ha convertido el prime time en un “repositorio de chatarra televisiva de lo que fue Tele5 en su momento”.

Este jueves, PP y BNG coincidieron en preguntar por las audiencias, aunque desde puntos de vista opuestos. Los populares querían escuchar, una vez más, cómo la CSAG sancionó a Kantar Media –ahora Fifty5Blue– durante 20 de los 24 meses de los años 2024 y 2025, los de menor número de espectadores en las cuatro décadas de vida del canal. Como contraposición, esgrimían los datos de la primera oleada del EGM, que investía a TVG como el canal más visto en la comunidad, con un 20,1% de cuota de pantalla de lunes a viernes, a más de ocho puntos de Antena 3 y TVE, algo que en su opinión “constata el declarado liderazgo social” de la televisión gallega.

Pomar –exconselleira de Educación, decapitada tras la gestión de la COVID– siguió a continuación el manual de su jefe de filas, Alfonso Rueda, cuando se le pregunta por alguna de sus áreas de gestión y desvió el tiro para atacar al Gobierno central. Si, para Rueda, el enemigo es Pedro Sánchez, el rival de la diputada es el presidente de RTVE, José Pablo López, “portavoz del sanchismo”. Con un argumento que no es nuevo, la parlamentaria consideró “sospechoso” que López “arremeta” contra quienes piden explicaciones sobre el sistema de audímetros menos de un lustro después de que la propia corporación estudiase “un nuevo modelo” ya que el actual “estaba perfilado de forma que favorecía a las privadas”.

La popular acusó a la oposición de orquestar “campañas contra los medios públicos gallegos basadas en bulos e infundios” para acusar de falta de neutralidad a su cúpula mientras apoyan el nombramiento de López, responsable de las opiniones que han convertido a RTVE en una “caverna sanchista”. Lo acusó de provocar “el enfrentamiento más grave de la historia” de la corporación tras las denuncias del Consejo de Informativos referidas a la “malas praxis” y los “sesgos ideolóxicos” de determinados programas y de responder a esas críticas con un “ataque furibundo” contra los profesionales. “Eso sí son represalias, eso sí son coacciones, eso sí que es persecución”, afirmó tras recordar que los trabajadores votaron “masivamente” contra esos espacios y decidieron inicar acciones de protesta.

Habrá que ver si, con el tiempo, esas protestas llegan a los 415 venres negros que la plantilla de la CSAG cumplirá este 1 de mayo movilizándose contra la manipulación informativa y a los que Pomar no hizo ninguna mención. También obvió el hecho de que en la TVG no existe la posibilidad de que un consejo de informativos critique una decisión de la dirección general: en la ley aprobada en solitario por el PP el pasado año se aseguraron de eliminar la existencia de un órgano cuya creación habían paralizado antes durante más de una década.

“Acusan de manipulación a la CSAG cuando no hay ningún pronunciamiento de la justicia ni de la Valedora do Pobo que condenase a la corporación por esa supuesta censura” mientras “callan” con sentencias como la que condenó a Mañaneros 360 a corregir un rótulo referido a Isabel Díaz Ayuso por “tendencioso y no ajustado a la verdad”; algo que, según Pomar, “va a traer cola”.

“¿Quién va a ver esto?”

“Condena tiene la CRTVG, en firme, por mentir burdamente sobre el BNG y no le escuché la mínima reflexión al PP sobre esas difamaciones”, arrancó su turno la nacionalista Olalla Rodil. La diputada del Bloque pudo ir más allá y recordar sentencias como la que condenó a la corporación por represaliar a una periodista crítica y que la CSAG ha recurrido en el Tribunal Supremo.

“TVG tiene cada día menos audiencia. Es una realidad y usted es quien mejor lo sabe”, interpeló Rodil a Pombo antes de recordar que, en lo que va de año, sólo en dos días se superó el 10% de share. Tras cerrar marzo con un 7,5% de cuota de pantalla –segundo peor dato de su historia–, a falta sólo del dato del día 30, abril podría quedar todavía ligeramente por debajo. La directora xeral, por cierto, no mencionó ninguna desviación ni sanción a Fifty5Blue en este 2026.

La parlamentaria del BNG rechazó el argumento del EGM utilizando como “fuente” a la propia Xunta ya que, cuando licita contratos marco para campañas televisivas, se basa exclusivamente en los datos de los audímetros. “Seguir intentando tapar el sol con el dedo no nos va a sacar de esta situación”, insistió tras criticar que la CSAG se compare permanentemente con los canales de RTVE que –tanto en la tele como en la radio– sólo ofrecen desconexiones territoriales. En cuanto a la Radio Galega, medio para el que EGM sí es referencia, obtuvo sus peores resultados desde 2008, con menos de 100.000 oyentes, practicamente la cuarta parte de la emisora líder, la Cadena SER. Sin embargo, la corporación lo vende como un logro: “la primera emisora pública en número de oyentes”. “Felicidades, primera de dos, no hay ni para hacer un podium”, ironizaba minutos antes otro diputado nacionalista, Iago Suárez.

“Usted lleva un año en el cargo y tiene el mérito de acumular los peores datos tras 40 años y ocho direcciones generales”, señaló Rodil a Pombo, algo que “no pasa porque sí”. Los nacionalistas consideran que los espectadores “apagan la TVG” por dos grandes motivos. El primero, el “sectarismo” y la “falta de pluralidad” tanto en los informativos donde “cada día se entrevista a un conselleiro” como en los espacios de opinión. “Ni queriendo encuentras en la calle a cuatro personas que se den la razón en todo”, ironizó sobre las tertulias del matinal radiofónico Galicia por Diante. Asuntos como la moción de censura en Lugo, que centra desde hace semanas la actualidad gallega, pasa desapercibida en la parrilla y pese a una concentración de repulsa que reunió a miles de personas, la única voz de los vecinos que se escuchó fue la de una entidad recién creada y próxima al PP.

A esto, Rodil suma la transformación de un entretenimiento que fue “referencia” cuando era liderado por series propias de ficción –Mareas Vivas, Padre Casares...– en refugio de “chatarra televisiva de lo que fue Tele5 en su buen momento”, y que es la baza de TVG para luchar por un prime time con una “competencia voraz”. Rodil enumeró algunos de los invitados del formato A miña gran cidade. Corazón galego: “Bertín Osborne por O Salnés, Esperanza Aguirre con programa doble, Carmen Lomana buscando un collar de lujo, Al Bano –el de Romina– bebiendo vino, María José Campanario –¿quién se acuerda de ella?– buscándole una vaca a Jesulín y el Cordobés negociando la compra de un tractor... ¿Quién va a ver esto?”, se preguntaba antes de enumerar datos que tocaron techo con el 6,8% de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, una emisión acompañada “de todo el bombo” y el contrato de vallas publicitarias. “¿Cuánto le cuesta a los gallegos esto? ¿Cuánto pagamos por traer a esta gente?”, cuestiones que adelantó que presentarán por escrito y a la que todavía sumó otra: “¿Qué más le falta, un reality de curas?”. La pregunta no era inocente. Según ha sabido elDiario.es, ese es uno de los proyectos en los que trabaja el canal autonómico para tratar de remontar la audiencia.

“Divergencias significativas”

En su respuesta –leída, “para no equivocarse improvisando”, como había explicado anteriormente a una diputada socialista–, la directora xeral no dio respuesta a ninguna de esas cuestiones y volvió a poner el foco en las “divergencias significativas”, los resultados “extrañamente distintos” que ofrecen los audímetros y las encuestas, algo que, en su opinión, “requiere una explicación técnica”. Pombo admitió verse condicionada por unos datos que no le ofrecen “certezas”, algo que, dice, les hace ser “extremadamente prudentes en las decisiones de programación”, aunque los cambios en la parrilla no cesan.

“Hoy en día, los datos de Kantar Media no pueden ser una herramienta principal de gestión. Si nuestra guía fuese Kantar, estaríamos tomando decisiones que irían en contra de los intereses del sector audiovisual gallego” al obligarles a “penalizar contenidos estratégicos, cultura e identidad”. Los audímetros no se “entusiasman” con las series de referencia, el cine gallego “multipremiado” o los “derbis deportivos entre ciudades”. Tampoco le gustó la definición de “repositorio de chatarra” tras el premio Circom a Land Rober, “el mejor programa de prime time hecho en Europa”, aunque técnicamente su horario (21:40-22:40 h) se ajuste más a un access previo al horario de máxima audiencia.

Por todo ello, no puede ser “la hoja de ruta de la corporación” lo que definió como una “herramienta más” que “reconoce sus propias limitaciones”. Así lo hizo en 2023, “antes de cambiar de propiedad”, un portavoz de Kantar que “presentó la necesidad de evolucionar a modelos híbridos para mejorar la cobertura y la granularidad del sistema”. Tecnicismos que TVG tendrá que volver a enarbolar cuando se confirmen los malos datos de abril.

Las Nuevas Generaciones del PP madrileño han atacado a RTVE este jueves en su cuenta de X a raíz de la medida anunciada por el nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar, para suspender temporalmente la emisión de informativos en los medios de comunicación públicos hasta que dejen de ser “propaganda” de Viktor Orbán.

La cantera joven de Isabel Díaz Ayuso ha augurado el mismo futuro para la radiotelevisión pública española: “RTVE... calienta que sales”, han escrito en una publicación en respuesta a la noticia sobre Hungría.

En el post, la cuenta adjunta imágenes de Silvia Intxaurrondo, presentadora de 'La Hora de la 1', y Javier Ruiz de 'Mañaneros 360', señalándoles y calificándoles de “propagandistas oficiales del régimen”. “Le (sic) quedan dos días”, añaden.

El periodista Diego Carcedo, ha muerto este domingo en Madrid a los 86 años, según ha informado Radio Nacional. Nacido en Gijón en 1940, a lo largo de su trayectoria ocupó cargos destacados como la dirección de los Servicios Informativos de TVE, la dirección gerente de Relaciones Internacionales de RTVE y la dirección de RNE.

Su incorporación a TVE en 1974 marcó el inicio de una larga etapa en la radiotelevisión pública, donde desempeñó labores como redactor y enviado especial, especialmente en el programa 'Los reporteros'. Gracias a este espacio recorrió más de un centenar de países y cubrió algunos de los episodios clave del siglo pasado, entre ellos los últimos días de la guerra de Vietnam con la evacuación de Saigón en 1975, diversas guerras en Oriente Próximo, la Revolución de los Claveles en Portugal, el golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende o terremotos en Managua, Perú, Sicilia e Irán.

Inició su carrera en el diario ovetense 'La Nueva España' entre 1965 y 1968, tras formarse como diplomado en Periodismo en la antigua Escuela Oficial de Madrid y licenciarse en Historia. Posteriormente trabajó como redactor y corresponsal en la agencia Pyresa y en el diario Arriba, etapa en la que ya comenzó a cubrir grandes acontecimientos internacionales como la llamada “guerra del fútbol” entre Honduras y El Salvador en 1969 o el terremoto de Áncash (Perú) en 1970.

A lo largo de su vida, recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Cirilo Rodríguez (1985), la Antena de Oro extraordinaria (1992) y el Premio APEI de la Asociación Profesional de Informadores de Radio y Televisión (1996). También fue autor de diversos libros, como 'Fusiles y claveles' (1999) o 'Entre bestias y héroes' (2011), galardonado con el Premio Espasa de Ensayo.

La capilla ardiente se instalará en el Tanatorio de Majadahonda (Madrid) y permanecerá abierta entre las 12:00 y las 20:00 horas. Con su fallecimiento, desaparece una de las voces más experimentadas del periodismo español, testigo directo de algunos de los acontecimientos más relevantes de las últimas décadas.

Los Reyes han despedido al experiodista, al que han destacado como la “voz del periodismo internacional” y un “testigo de la historia”. En un mensaje en 'X', han destacado la “mirada” de Carcedo, la cual “ayudó a entender la realidad incluso en los escenarios más complejos”.

“En cada historia contada con rigor, valentía y compromiso con la verdad, perdurará su huella”, han expresado, trasladando su más sentido pésame a sus familiares y allegados.

RTVE ha propuesto la celebración de un cara a cara entre el presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, y la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, el lunes 4 de mayo con motivo de las elecciones autonómicas del 17 de mayo. La cadena pública propone también el día 7 de mayo para celebrar un debate entre los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía cuyas formaciones tienen representación parlamentaria.

El debate a cinco propuesto sería entre Moreno, Montero; el candidato de Vox, Manuel Gavira; el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, y el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García. Según se recoge en una nota de RTVE, se proponen estos debates en el marco de la “apuesta por una información independiente y plural y dada la relevancia” de las elecciones andaluzas.

Según RTVE, el debate del jueves 7 de mayo se emitiría en directo y en horario de máxima audiencia en La 1 en desconexión para Andalucía, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play. La corporación ofrecerá de manera gratuita la señal a todos los medios e instituciones que lo soliciten.

En la carta de invitación remitida este lunes, el director de Informativos de TVE, Jon Ariztimuño, solicita la colaboración de los partidos concurrentes, “en el marco de la amplia oferta informativa que RTVE pretende promover”.

Asimismo, expresa el compromiso a que el tratamiento informativo del próximo proceso electoral constituya “una referencia desde el punto de vista del pluralismo, la neutralidad y el más absoluto respeto a los intereses de la ciudadanía”.

RTVE ha recordado que ha celebrado debates electorales en todos los recientes comicios autonómicos con “excelentes resultados” de audiencia. El 5 de marzo, La 1 y el Canal 24 horas fueron la opción elegida por la audiencia castellanoleonesa para seguir el debate entre los tres candidatos a la presidencia autonómica, con un 10,9%. En Aragón, el debate a ocho celebrado el 29 de enero lideró en la región con un 18,1% de cuota en La 1 y Canal 24 horas.

RTVE también fue la opción líder en Aragón para ver el 26 de enero el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría, con un 14,1% de cuota en La 1 y Canal 24 horas. En Extremadura, el debate electoral a ocho celebrado el 18 de diciembre logró en la región un 17,7% de cuota en La 1 y Canal 24 horas.

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, no participará en el cara a cara electoral propuesto por RTVE entre él y el candidato del PSOE, Carlos Martínez, que sí lo había aceptado durante la campaña de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

Fuentes del RTVE han informado este jueves que Fernández Mañueco ha declinado la oferta de debate bilateral, pero sí participará “en los dos debates que establece la ley” y que se ajustará a las condiciones fijadas por la Comisión de Debates constituida conforme a la normativa vigente en Castilla y León.

La corporación pública había planteado el formato de cara a cara como “un ejercicio directo de debate” entre las dos fuerzas políticas con mayor representación en las Cortes, sumándolo al debate a tres con PP, PSOE y Vox que se emitirá el 5 de marzo.

Las fuentes han indicado que desde el equipo de campaña de Fernández Mañueco se ha trasladado a RTVE que su posición responde al cumplimiento del marco legal previsto para el proceso electoral, sin contemplar, por tanto, la celebración de un debate adicional en formato cara a cara fuera de los supuestos regulados.

La Ley Electoral de Castilla y León obliga a que los candidatos a la Presidencia de la Junta de las formaciones políticas con grupo parlamentario propio en las Cortes autonómicas celebren, al menos, dos debates públicos durante la campaña electoral. Regula por tanto, precisan desde RTVE, la obligatoriedad de realizar al menos dos debates con los grupos, pero no obliga a celebrar únicamente dos.

En un comunicado, los socialistas han señalado que la negativa de Fernández Mañueco en el cara a cara planteado por RTVE con su candidato “no tiene justificación democrática”. Para Ferraz, las “excusas” del popular “son solo eso: excusas” y cuando se trata de “confrontar ideas y dar explicaciones a la ciudadanía, el PP opta por el plasma” porque “va en su ADN”.

Mañueco se suma así a “la larga lista de dirigentes del PP que rehúyen el debate”, como —agrega el PSOE— el “todavía líder nacional” del PP, Alberto Núñez Feijóo, el expresidente Mariano Rajoy o la presidenta extremeña en funciones María Guardiola, “que también evitaron dar la cara cuando tocaba”.

Una delegación de RTVE y representantes del PP, PSOE y Vox en las Cortes de Castilla y León han cerrado este lunes los bloques e intervenciones del primer debate de las elecciones autonómicas del 15 de marzo, que será el jueves 5 de marzo, y además la cadena ha ofrecido un cara a cara a los candidatos popular y socialista.

El debate entre Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martínez (PSOE) y Carlos Pollán (Vox) tendrá lugar el jueves 5 de marzo y se emitirá en directo en prime time, moderado por el periodista Xabier Fortes.

El debate tendrá una duración de 82 minutos y comenzará con el llamado “minuto de plata”, en el que el candidato se presenta a la ciudadanía. El orden de esa primera intervención, por sorteo, será: Vox, PSOE y PP.

El debate tendrá cuatro bloques de 18 minutos cada uno, seis minutos por cada participante. Los bloques serán cuatro: sobre medio ambiente, medio rural y despoblación; servicios públicos, infraestructuras y vivienda; economía y financiación autonómica; pactos y regeneración democrática.

Según el sorteo, el PP abrirá el primero y el segundo, que cerrará Vox; el PSOE abrirá el tercero, que cerrará Vox; y Vox abrirá el cuarto bloque, que cerrará el PP. En el turno final o “minuto de oro”, los candidatos dispondrán de 60 segundos para pedir el voto a la ciudadanía.

El reportaje de investigación 'Puerto Hurraco 202', que emite este martes La 2 de TVE, ahonda en este trágico suceso, ocurrido en agosto de 1990 y en el que fueron asesinadas nueve personas, tras acceder y analizar el sumario judicial, secreto hasta ahora.

El espacio de documentales y reportajes ‘DocumentaRTVE’ estrena esta investigación -también en RTVE Play- con una mirada actual y un enfoque contemporáneo, que cuestiona a los medios de comunicación de entonces y la mirada de la sociedad sobre las enfermedades mentales y la mujer, han informado fuentes de RTVE a través de un comunicado de prensa.

Los documentos consultados en exclusiva por TVE arrojan luz sobre las motivaciones del tiroteo, pues mucho se ha especulado sobre la razón por la que los hermanos Izquierdo cogieron sus escopetas de caza y dispararon contra “todo aquel que se cruzaron” en las calles de esta localidad pacense el 26 de agosto de 1990.

Por primera vez en televisión, afirman las mismas fuentes, se muestran documentos que son clave para entender qué paso, como las declaraciones íntegras de los hermanos Izquierdo nada más ser detenidos, lo narrado por los testigos y los informes psiquiátricos de la familia.

‘Puerto Hurraco 202’ cuenta además con el testimonio del forense encargado de firmar esos informes psiquiátricos y las autopsias, Guillermo Fernández Vara. El expresidente de Extremadura concedió a ‘DocumentaRTVE’ su última entrevista antes de fallecer el pasado mes de octubre.

El título, ‘Puerto Hurraco 202’, hace referencia al número de cartuchos que los responsables planearon emplear con la intención de acabar con todo el pueblo de Puerto Hurraco. El guion es de Macarena León y la realización de Carolina González para ‘DocumentaRTVE’.

El documental utiliza Inteligencia Artificial para reconstruir las secuencias de los crímenes y rescata materiales de archivo que estaban sin digitalizar y no se emitían desde los años 90, como el juicio completo a los hermanos Izquierdo.

El valencià torna a ser la llengua de Ràdio Nacional d’Espanya (RNE) a la Comunitat Valenciana tres dècades després. I ho fa gràcies al fet que la ràdio pública haja tornat a posar en antena l’històric programa De dalt a baix, que es va estrenar fa més de mig segle i que va deixar d’emetre’s el 1993. Des de llavors, fa quasi 32 anys, no hi havia un espai en valencià en la programació territorial d’RNE: “Ha costat molt”, reconeixen des de la direcció territorial, que treballava en aquesta possibilitat des del 2020, però el projecte es va haver de retardar a causa de la pandèmia del coronavirus.

El programa, que presentarà la periodista de Catarroja Yolanda Martínez cada diumenge de 13.45 a 14.00 en l’emissió territorial d’RNE i Ràdio 5 a la Comunitat Valenciana, és un dels més “mítics” de l’antena de l’emissora pública, ja que va ser el primer espai en valencià en la ràdio espanyola.

De dalt a baix recorrerà el territori valencià per a descobrir pobles, les seues singularitats, expressions populars i diferents maneres de parlar, “destacant la riquesa lingüística i cultural de les nostres comarques”, expliquen des de l’ens públic. El programa vol ser, a més, un altaveu de la cultura en valencià i un espai per a músics, editorials, museus i totes les iniciatives “que mantenen viva la creació cultural pròpia”.

En aquesta nova etapa, el programa comptarà amb la col·laboració habitual de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per mitjà d’Imma Cerdà, que aportarà claus i reflexions “per a enriquir el bon ús del llenguatge”. També comptarà amb la participació del musicòleg Josep Vicent Frechina, que “ajudarà a descobrir el panorama musical valencià, dels nostres avantpassats a l’actualitat”.

Aquest espai va suposar, en els anys huitanta, “un punt d’inflexió” en la normalització del valencià en els mitjans de comunicació públics, “apostant per una llengua viva, diversa i arrelada en el territori”. En aquest retorn a l’antena, el programa “manté intacte aquell esperit, i ho fa amb un record especial a la figura de Toni Mestre, referent indiscutible del periodisme i la cultura valenciana”. De dalt a baix es va estrenar el 1974 de la mà d’Eduardo Sancho i pel seu micròfon també van passar referents com Amadeu Fabregat.

En paraules del director territorial d’RTVE en la Comunitat Valenciana, Mauro Belenguer, amb aquesta estrena, la radiotelevisió pública espanyola “reafirma el seu compromís amb la divulgació cultural i la identitat valenciana per a oferir així un servei públic de proximitat”. Actualment, la graella d’RNE té aquest espai en valencià, i també ha començat a fer-se l’informatiu local a Castelló en llengua pròpia. Encara que, com reconeix Nacho Marimón, cap d’Informatius d’RNE a la Comunitat Valenciana, l’objectiu que es marquen és augmentar el temps d’emissió en valencià a mitjà i llarg termini: “Aquestes coses costen en una ràdio tan gran, però són bones per a vertebrar el territori”.

El valenciano vuelve a ser la lengua de Radio Nacional de España (RNE) en la Comunitat Valenciana tres décadas después. Y lo hace gracias a que la radio pública haya vuelto a poner en antena el histórico programa 'De dalt a baix', que se estrenó hace más de medio siglo y que dejó de emitirse en 1993. Desde entonces, hace casi 32 años, no había un espacio en valenciano en la programación territorial de RNE: “Ha costado mucho”, reconocen desde la dirección territorial, que llevaba trabajando en esta posibilidad desde 2020, pero el proyecto se tuvo que retrasar a causa de la pandemia del coronavirus.

El programa, que presentará la periodista de Catarroja Yolanda Martínez cada domingo de 13.45 a 14 horas en la emisión territorial de RNE y Radio 5 en la Comunitat Valenciana, es uno de los más “míticos” de la antena de la emisora pública, ya que fue el primer espacio en valenciano en la radio española.

'De dalt a baix' recorrerá el territorio valenciano para descubrir pueblos, sus singularidades, expresiones populares y diferentes formas de hablar, “destacando la riqueza lingüística y cultural de nuestras comarcas”, cuentan desde el ente público. El programa quiere ser, además, un altavoz de la cultura en valenciano y un espacio para músicos, editoriales, museos y todas aquellas iniciativas “que mantienen viva la creación cultural propia”.

En esta nueva etapa, el programa contará con la colaboración habitual de la Acadèmia Valenciana de la Llengua por medio de Imma Cerdà, que aportará claves y reflexiones “para enriquecer el buen uso del lenguaje”. También contará con la participación del musicólogo Josep Vicent Frechina, que “ayudará a descubrir el panorama musical valenciano, de nuestros antepasados a la actualidad”.

Este espacio supuso, en los años ochenta, “un punto de inflexión” en la normalización del valenciano en los medios de comunicación públicos, “apostando por una lengua viva, diversa y arraigada en el territorio”. En este regreso a la antena, el programa “mantiene intacto aquel espíritu, y lo hace con un recuerdo especial a la figura de Toni Mestre, referente indiscutible del periodismo y la cultura valenciana”. 'De dalt a baix' se estrenó en 1974 de la mano de Eduardo Sancho y por su micrófono también pasaron referentes como Amadeu Fabregat.

En palabras del director territorial de RTVE en la Comunitat Valenciana, Mauro Belenguer, con este estreno, la radiotelevisión pública española “reafirma su compromiso con la divulgación cultural y la identidad valenciana para ofrecer así un servicio público de proximidad”. Actualmente, la parrilla de RNE cuenta con este espacio en valenciano, y también ha comenzado a realizarse el informativo local en Castellón en lengua propia. Aunque, como reconoce Nacho Marimón, jefe de informativos de RNE en la Comunitat Valenciana, el objetivo que se marcan es aumentar el tiempo de emisión en valenciano a medio y largo plazo: “Estas cosas cuestan en una radio tan grande, pero son buenas para vertebrar el territorio”.

Como se esperaba, el PP gallego convirtió la última comisión de control del año a la CSAG –la corporación de medios públicos de Galicia, la antigua CRTVG– en una sesión de ataque al Gobierno central, a RTVE y su máximo responsable, José Pablo López, como “brazo mediático del sanchismo”. La exconselleira Carmen Pomar dibujó un canal estatal “convertido en un NODO monográfico al servicio del Aló presidente” mientras se esforzaba en vender a TVG –donde los trabajadores cumplen hoy su venres negro número 396– como ejemplo de “periodismo y libertad de información”. Todo a cuenta de una audiencia en descenso, algo de lo que los populares culpan a los audímetros, mientras el BNG está convencido de que los espectadores huyen ante la “obscena” manipulación de las noticias, que ejemplificaron con varios casos concretos a los que la directora xeral de la CSAG, Concepción Pombo, evitó contestar y se limitó a leer la respuesta que traía preparada.

La pregunta del PP se interesaba por las “medidas adoptadas por la CSAG para garantizar la fiabilidad y transparencia de la información de audiencia que recibe” y en su argumentación, como adelantó elDiario.es, citaba los argumentos –sin base– de la campaña iniciada por la derecha política y mediática desde que TVE comenzó a crecer en espectadores el pasado octubre: que el sistema de medición de la empresa Kantar Media “en los últimos meses, parece favorecer á Televisión Española”.

Un ataque que provocó entonces la indignación de José Pablo López, que se preguntaba en un post en la red X: “¿De quién es la culpa de que Televisión de Galicia caiga de audiencia y cierre su peor año histórico? Por supuesto de TVE y del 'sanchismo' que ahora controlan los audímetros”. “Jamás, en 20 años de profesión, había visto semejante campaña de descrédito contra el trabajo que hacemos en la televisión pública y de presión sobre Kantar Media”, añadía tras citar los datos de audiencia de Galicia en noviembre, donde La 1 alcanzó un 11,4% de share mientras TVG se quedaba en el 8%.

Sin embargo, en su intervención en la comisión, Pomar evitó esa referencia explícita y trató de hacer ver que el “furibundo” ataque con el que López –defendiendo a su “amado líder”– pretendía “censurar a los diputados gallegos” estaba provocado por su petición de “claridad y transparencia” a Kantar Media y no por su arremetida contra RTVE. Una “transparencia más importante que nunca”, según la diputada, ante el “esperpéntico espectáculo de deterioro de las instituciones colonizadas por amigos” de Sánchez entre los que citó al CIS –“un chiste, un meme”–, el fiscal general, la presidenta del Congreso y la terna Koldo, Ábalos, Cerdán.

Para la que fue breve conselleira de Educación de Feijóo, a esa “colonización” no se escapa RTVE, que cada día dedica “16 horas al servicio del sanchismo” en una parrilla convertida en un “NODO monográfico al servicio del Aló Presidente”, que “censura medios, impide preguntas y veta a los periodistas que considera incómodos”. En este último caso, es posible que Pomar se estuviese refiriendo a Vito Quiles, definido en un Telexornal de TVG como un “activista crítico contra la izquierda”.

#propaganda #partidopopular

El dechado de bondades que es TVG para los populares se quebró en añicos en el turno del BNG. La diputada Olalla Rodil –que preguntaba por la “hoja de ruta” de la CSAG para los próximos años– señaló como culpable de la fuga de espectadores a la “degradación” de una cadena convertida en “terminal de propaganda” del PP. “Cada vez más gente está viendo que no refleja la realidad, por eso la están apagando y cambiando de canal”.

Rodil puso sobre la mesa varios casos concretos de esa deriva “obscena”. El primero, el borrado de las redes y de la web de informativos de TVG, G24, de la noticia en la que se informaba de que el BNG “lograba desbloquear la tramitación de la ley para la transferencia de la AP-9 a Galicia”. La razón, “que no se ajustaba al argumentario”. Después, contrapuso el intenso seguimiento de todos los casos de corrupción que “asfixian” al PSOE y al gobierno en Madrid con que no se dedicase ni una sola información a los 30.000 euros fundidos en chupitos, cervezas y copas por el exalcalde popular de Noia, una noticia que desveló elDiario.es.

La parlamentaria denunció el mismo contraste entre la amplia información sobre las denuncias de acoso contra el socialista José Tomé –hasta el punto de interrumpir la programación para emitir en directo la rueda de prensa en la que anunciaba su dimisión como presidente de la Deputación de Lugo– con el tratamiento de la causa contra el exconselleiro Alfonso Villares, que dejó el cargo tras ser imputado formalmente por agresión sexual.

La comparecencia de Villares no se emitió en directo, la información se limitó al Telexornal de esa noche, que al día siguiente abría ya con la toma de posesión de su sustituta. “No sé, Rick...” ironizaba Rodil que todavía fue más cáustica al denunciar las noticias que empezaban como una información de servicio público para acabar convertidas “en un anuncio del PP”. “Saben que cambió la Ley de Publicidad para que las influencers tengan que poner #publi cuando es contenido patrocinado; yo quiero que al PP se le aplique en la TVG: #partidopopular #propaganda por un respeto a la verdad”. “¿Tienen algún límite o van a seguir arrastrándola por el suelo?”, finalizó apremiada por el presidente de la comisión.

Las “desviaciones” de Kantar Media

Pombo, que poco antes había respondido contrariada a la socialista Carmen Dacosta, quien la acusaba de traer su réplica preparada con independencia de lo que le dijesen en la comisión, tampoco contestó a ninguna de las situaciones que le planteó la nacionalista. Se limitó a contestar “en concreto, a la que está en la orden del día”, y así desglosó sus planes de futuro para la CSAG.

Previamente sí había contado a Pomar cuáles eran las “anomalías, desviaciones o penalizaciones” detectadas en los dos últimos años en las mediciones de Kantar Media. Según la directora xeral, en 2024, el año de peor audiencia histórica de TVG –en el que registró una caída del 11% al 8,6% de share– CRTVG impuso penalizaciones a Kantar por sus “incumplimientos” en once de los doce meses del año. La peor situación se vivió en marzo, con “desviaciones” en 30 de sus 31 días y una caída de audiencia de 1,5 puntos en ese período.

En este 2025 a punto de finalizar –y en el que, pese al repunte registrado en diciembre, la audiencia anual se moverá en registros muy similares a 2024–, las penalizaciones afectaron a sólo dos meses: enero y octubre, cuando se registró la “mayor oscilación”, con anomalías el 25% de los días del mes y una caída del 9% al 7,7% de share. Fue tras ese dato que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dio un toque de atención a la cúpula que se estrenó en verano. “Es la televisión de todos los gallegos y es bueno que tenga buenos datos de audiencia”.

En su pregunta, Pomar cumplía otra tradición: esgrimir los datos del Estudio General de Medios (EGM), tradicionalmente muy favorables a TVG y que en esta última oleada la volvieron a situar como la autonómica más vista del Estado y líder en la comunidad, con un 19,6% de cuota de pantalla de lunes a viernes, cinco puntos por encima de La 1 y con franjas del 27,8% en la sobremesa o el 15,1% en el prime time. Lo que obvió en su intervención fue que, incluso estas cifras prácticamente hegemónicas, recogen una sensible caída en la audiencia de la TVG, de casi diez puntos, con respecto a la anterior oleada, la de julio, cuando aglutinaba el 27,1% de los espectadores, su máximo histórico. Aún así, para la diputada, estas cifras hacían todavía más necesaria su pregunta sobre los audímetros.

“No me quedó claro si Kantar Media es sanchista también cuando dice que el Galicia Noticias lidera su franja horaria”, observó con retranca Rodil antes de recordar que la empresa “lleva 30 años siendo el medidor de audiencias oficial y el único válido, por ejemplo, para la Xunta de Galicia, cuando hace sus licitaciones de contratos marco e inserciones publicitarias”. Por eso la postura de los populares le transmitía toda una “disonancia cognitiva”.

La cadena pública RTVE celebrará por primera vez un debate electoral en Extremadura, el próximo 18 de diciembre, con la participación de los candidatos del PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, y abre la puerta a María Guardiola (PP), pues su partido solicitó la presencia de otro representante, propuesta que fue rechazada por el resto de formaciones.

El debate se emitirá en directo, a partir de las 21,45 horas aproximadamente, en La 1 en desconexión para Extremadura, en el Canal 24 horas, TVE Internacional, Radio 5, RTVE Play y RTVE.es, y estará presentado por Xabier Fortes desde el centro territorial de RTVE en Mérida, han informado fuentes del ente público a través de un comunicado.

El debate, enmarcado en las elecciones extremeñas del 21 de diciembre, contará con la participación de los candidatos a la presidencia de la Junta de Extremadura de PSOE, Miguel Ángel Gallardo; de Vox, Oscar Fernández Calle, y de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.

En una reunión celebrada en la sede de RTVE en Mérida con los cuatro partidos con representación en la Asamblea de Extremadura, el PP solicitó enviar al debate un representante del partido que no fuera la candidata a la Presidencia, María Guardiola.

El resto de partidos (PSOE, Vox y Unidas por Extremadura) se opuso a debatir con una persona diferente a la candidata y acordaron celebrar el debate a tres, según el citado comunicado de RTVE. A pesar de ello, “el debate sigue abierto a la presencia de Guardiola y se adaptaría en el caso de que el PP finalmente acepte incorporar a su cabeza de lista”, añade.

El debate, que durará 75 minutos, tendrá tres bloques (economía, políticas sociales y pactos) a partir de las principales preocupaciones de los extremeños. La señal será ofrecida de manera gratuita a todos los medios e instituciones que lo soliciten, informa RTVE

“¿De quién es la culpa de que Televisión de Galicia caiga de audiencia y cierre su peor año histórico? Por supuesto de TVE y del ”sanchismo“ que ahora controlan los audímetros”. El presidente de RTVE, José Pablo López, ha respondido con ironía a las acusaciones del PP gallego sobre el sistema de medición de audiencias de Kantar Media que “en los últimos meses, parece favorecer a Televisión Española”, según han planteado en una pregunta parlamentaria que ha avanzado elDiario.es.

En un post en la red social X –en el que enlaza la información de este medio–, López aporta los datos de audiencia en Galicia del mes de noviembre, donde La 1 alcanzó un 11,4% de share mientras TVG se quedaba en el 8%. Esa cifra mejoró ligeramente el 7,7% de octubre que encendió todas las alarmas e incluso provocó que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, diese un toque de atención al canal autonómico: “Es la televisión de todos los gallegos y es bueno que tenga buenos datos de audiencia”.

Esa audiencia, en los once primeros meses del año, marca una media del 8,3% y todo indica que acabará este 2025, en el que el canal autonómico conmemora su 40 aniversario, con su peor registro histórico, por debajo incluso del 8,6% de 2024.

En la comisión de control del Parlamento gallego, la directora xeral de la CSAG –la antigua CRTVG– culpó de esas cifras a los “desajustes” en las mediciones de Kantar Media, “detectados en un 25% de los días del mes”. Concepción Pombo, colocada este verano al frente de la corporación de medios públicos, fue durante los últimos ocho años la responsable de unos informativos perseguidos por las acusaciones de manipulación y propaganda.

Ahora, el mismo grupo popular que la votó en solitario para el cargo, ha presentado una pregunta urgente para Pombo –con la intención de introducirla en la última comisión del año, antes de que se conozcan los datos definitivos de audiencia– en la que se interesa por la “fiabilidad, representatividad y transparencia” de un sistema de medición que “en los últimos meses, parece favorecer a la Televisión Española” y que, según añaden, ha recibido “numerosas” críticas por parte de la prensa y los operadores de servicio público audiovisual.

“Jamás, en 20 años de profesión, había visto semejante campaña de descrédito contra el trabajo que hacemos en la televisión pública y de presión sobre KantarMedia”, respondía en su post el presidente de RTVE. Desde octubre, cuando La 1 empezó a despegar en audiencias, periodistas conservadores aprovecharon las tertulias de las cadenas privadas para afirmar, sin datos que lo respalden, que la empresa estaba beneficiando al canal público. Los responsables de Kantar Media aseguraron a VerTele que el sistema de medición no había variado. “Ya sólo falta que alguien culpe a los espectadores por no elegir bien lo que ven en la tele”, concluyó López en X.

El Partido Popular en el Parlamento de Galicia ha presentado “de urgencia” una pregunta para Concepción Pombo, la directora xeral de la CSAG –la antigua CRTVG– sobre “la fiabilidad y la transparencia” del sistema de medición de audiencias que “en los últimos meses parece favorecer a la Televisión Española”. Los populares recogen así las acusaciones vertidas por Pombo en anteriores comparecencias sobre los “desajustes” del medidor, Kantar Media. Si se cumplen los plazos previstos, la respuesta debería llegar en la comisión del próximo día 19, a menos de dos semanas de que el canal autonómico cierre el año de su 40 aniversario con el peor porcentaje de espectadores de toda su historia. El PP le ofrece así a su cuestionada televisión la posibilidad de ponerse una venda antes de la herida.

La TVG finalizó 2024 con el share más bajo de su historia, un 8,6%, una cifra que este ejercicio ya sólo podría igualar si rebasase en diciembre un 11% que se va muy lejos de su actual alcance. En los once primeros meses del año, la media apenas superó el 8,3%. Aunque no fue el porcentaje más bajo, el 7,7% de octubre encendió todas las alarmas: la oposición elevó la voz, Pombo habló de “desajustes” en la medición, y hasta el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mandó un recado a la dirección que había entrado durante el verano: “Es la televisión de todos los gallegos y es bueno que tenga buenos datos de audiencia”.

Pese a multiplicar sus esfuerzos en noviembre, con cambios en la parrilla –desde el prime time hasta los rostros de los informativos– y una saturación de contenidos sexualizados y machistas en redes, los “extraordinarios datos” de internet, tal y como los definió en la Cámara la directora xeral, dejaron un escaso resultado en la audiencia convencional: un ascenso de sólo tres décimas, hasta el 8% de share.

El texto de la pregunta del PP recuerda ahora que la directora xeral ya expresó en la Comisión de Control que la corporación de medios públicos está muy atenta “a las auditorías que se le hacen al medidor y a las penalizaciones que se le fueron aplicando a Kantar Media por sus desviaciones en las mediciones de audiencia de la TVG en los dos últimos años”. En octubre, cuando TVG protagonizó el mayor descenso de la FORTA, Pombo aseguró que esos desajustes existieron “en el 25% de los días del mes”.

Los diputados populares retroceden aún más, hasta el primer semestre de 2024, “en el que TVG registró una anómala caída de audiencias, según Kantar Media, mientras en el mismo período mantenía un sobrado liderazgo según el Estudio General de Medios”, un muestreo que no se realiza con audímetros sino con encuestas telefónicas.

Señalan que el anterior director xeral, Alfonso Sánchez Izquierdo, había anunciado que “por primera vez en la historia”, Kantar Media “había tenido que aceptar una penalización de TVG por desviaciones en la medición de audiencias”. Esta explicación llegó tiempo después. En aquel momento, cuando elDiario.es preguntó por unos datos inéditos, la respuesta de la corporación se limitó a esgrimir los resultados del EGM junto a los de la plataforma agalega.gal.

La iniciativa parlamentaria destaca el “hermetismo” alrededor de Kantar antes de asegurar que su “fiabilidad, representatividad y transparencia” está cuestionada, con “numerosas” críticas por parte de la prensa y los operadores de servicio público audiovisual. El motivo, ese sistema de medición de audiencias que “en los últimos meses, parece favorecer a la Televisión Española”.

Tras esta exposición, el PP pregunta a la CSAG si puede “explicar con detalle los datos que Kantar Media le viene asignando a la TVG en los dos últimos años”, especificando, “si existen”, los períodos en los que “se registraron anomalías, desviaciones o penalizaciones aplicadas al medidor”. También quiere saber cuáles son las medidas adoptadas por la Corporación para “garantizar la fiabilidad y transparencia de la información de audiencia que recibe”.

El bulo del control de los audímetros

En el mismo mes de octubre en el que se desplomaba el número de espectadores de TVG, el despegue en las audiencias de TVE comenzó a generar ruido. Tertulianos conservadores alimentaban sin datos la teoría de que las mediciones se manipulaban desde Moncloa. “Es usted el que está controlando la parrilla de TVE, cuando no las audiencias, básicamente para propagar bulos”, llegó a decir en el programa de Ana Rosa la periodista Ketty Garat dirigiéndose a Pedro Sánchez. A través de las redes sociales, el presidente de RTVE, José Pablo López, respondía: “Llevo veinte años trabajando en el sector audiovisual y jamás había visto este nivel de presión pública sobre Kantar Media, la multinacional que mide la audiencia en España. Me preocupa que se esté naturalizando esta actuación y las consecuencias que pueda tener”.

Dos semanas antes de aquella polémica, VerTele preguntó a Kantar Media si había introducido alguna modificación en sus métodos de medición. La respuesta fue negativa. Ese sistema para contabilizar las audiencias sigue siendo el mismo, un modelo nacido de un acuerdo entre las propias cadenas, que son quienes pueden pedir investigaciones si se registran cambios drásticos en los resultados. Justo lo que la TVG asegura haber hecho.

La jutgessa encarregada de la demanda de Presidència de la Generalitat contra Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) ha acordat paralitzar el procés fins que acabe la instrucció de la magistrada de Catarroja encarregada de la causa de la dana. La titular del Jutjat de Primera Instància número 6 de València, segons una interlocutòria del 13 de novembre passat a què ha tingut accés elDiario.es, explica que “en aquest procés els fets objecte de la causa criminal coincideixen amb els que fonamenten la pretensió de la part demandada”, per la qual cosa el procediment depén de la decisió de l’òrgan penal, fet que influeix “decisivament en la resolució de l’assumpte civil, per la qual cosa s’escau decretar la suspensió del procés civil fins a la resolució de la causa criminal”.

El director general de Comunicació, Francisco González, va remetre un burofax a RTVE en què sol·licitava la rectificació d’una informació de la cadena pública del 26 de febrer passat, segons la qual el president Carlos Mazón estava el dia de la dana en el Centre de Coordinació d’Emergències de l’Eliana abans de l’enviament de l’Es-Alert, cosa “rotundament falsa”, segons González.

La Generalitat va fer públic un informe, signat pel responsable de les càmeres de videovigilància del Centre d’Emergències de l’Eliana, que ressenyava l’entrada de Mazón al recinte a les 20.28. El president, no obstant això, va mantindre durant mesos que la seua arribada al Centre d’Emergències va ser “passades les set”.

Accions “directament contra la font”

L’alt càrrec de Mazón advertia que, en cas que RTVE no atenguera el requeriment, es reservava acudir als tribunals. L’escrit també amenaçava amb “accions que puguen exercitar-se directament contra la font que haja originat la falsedat”. A més, Francisco González assegurava que “els valencians mereixen una televisió pública que informe amb rigor i veracitat”.

L’Advocacia de l’Estat, en representació d’RTVE, va demanar la suspensió del procediment civil i va assenyalar en un escrit del 30 de setembre passat que estava acreditat que en les diligències prèvies que instrueix la jutgessa de Catarroja “està coneixent-se del fet relatiu a l’hora d’arribada” del president Carlos Mazón a la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) del 29 d’octubre de 2024, dia de la catastròfica dana que va deixar 229 morts.

Així doncs, el 13 de novembre passat, el lletrat de l’Administració de Justícia del Jutjat de Primera Instància número 6 de València, a més d’informar de la suspensió del procés civil, va demanar a Instrucció 3 de Catarroja que comunicara “en el seu moment” la “terminació o la paralització de la causa criminal” que manté com a imputats a l’exconsellera Salomé Pradas i l’ex-secretari autonòmic d’Emergències, Emilio Argüeso.

La jueza encargada de la demanda de Presidencia de la Generalitat contra Radio Televisión Española (RTVE) ha acordado paralizar el proceso hasta que finalice la instrucción de la magistrada de Catarroja encargada de la causa de la dana. La titular del Juzgado de Primera Instancia número 6 de València, según un auto del pasado 13 de noviembre al que ha tenido acceso elDiario.es, explica que “en el presente proceso los hechos objeto de la causa criminal coinciden con los que fundamentan la pretensión de la parte demandada”, por lo que el procedimiento depende de la decisión del órgano penal, lo cual influye “decisivamente en la resolución del asunto civil, por lo que procede decretar la suspensión del proceso civil hasta la resolución de la causa criminal”.

El director general de Comunicación, Francisco González, remitió un burofax a RTVE solicitando la rectificación de una información de la cadena pública del pasado 26 de febrero, según la cual el president Carlos Mazón estaba el día de la dana en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana antes del envío del Es-Alert, algo “rotundamente falso”, según González.

La Generalitat hizo público un informe, firmado por el responsable de las cámaras de videovigilancia del Centro de Emergencias de l'Eliana, que reseñaba la entrada de Mazón al recinto a las 20.28. El president, sin embargo, mantuvo durante meses que su llegada al Centro de Emergencias fue “pasadas las siete”.

Acciones “directamente contra la fuente”

El alto cargo de Mazón advertía de que, en caso de que RTVE no atendiera el requerimiento, se reservaba acudir a los tribunales. El escrito también amenazaba con “acciones que puedan ejercitarse directamente contra la fuente que haya originado la falsedad”. Además, Francisco González aseguraba que “los valencianos merecen una televisión pública que informe con rigor y veracidad”.

La Abogacía del estado, en representación de RTVE, pidió la suspensión del procedimiento civil y señaló en un escrito del pasado 30 de septiembre que estaba acreditado que en las diligencias previas que instruye la jueza de Catarroja “se está conociendo del hecho relativo a la hora de llegada” del president Carlos Mazón a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, día de la catastrófica dana que dejó 229 fallecidos.

Así, el pasado 13 de noviembre, el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de València, además de informar de la suspensión del proceso civil, pidió a Instrucción 3 de Catarroja que comunicara “en su momento” la “terminación o paralización de la causa criminal” que mantiene como imputados a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

El presidente del Gobierno en Radio 3. Vestido con una camiseta negra, una cazadora negra, en un tono distendido y cercano, justo en el momento en el que en el Tribunal Supremo decían “visto para sentencia” en el juicio al fiscal general del Estado… Pedro Sánchez se fue a Radio 3, la emisora musical de Radio Nacional de España. ¿A qué? A hablar de lo que todo el mundo habla: de Rosalía. Pero en ese gesto, se esconden muchas más cosas.

Muchas personas han comparado esta visita a la radio pública con la que Sánchez hizo al podcast ‘La pija y la quinqui’. Eso fue en 2023, en la campaña electoral del 23J. ¿Significa eso que Pedro Sánchez va a convocar elecciones anticipadas? Lo abordamos con los periodistas de elDiario.es José Enrique Monrosi e Irene Castro y con el consultor político y director de Cámara Cívica, Manu Rodríguez.

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En el Reino Unido, la crisis en la BBC por las dimisiones de sus líderes y el debate sobre sesgos, imparcialidad y la campaña de algunas voces extremas contra la radiotelevisión pública están estos días en la Cámara de los Comunes, en la revista cómica Private Eye y en los tabloides en el supermercado. Se han pronunciado el primer ministro, la líder de la oposición, los defensores, los críticos, los periodistas, los ciudadanos de a pie. El futuro es incierto, pero importa. El líder de los liberaldemócratas hablaba este miércoles en el Parlamento orgulloso de “nuestra BBC” contra los ataques y posible querella de Donald Trump. 

Justo esta semana también, los periodistas de informativos de Radio Nacional han publicado una carta de protesta por “el desprecio” a su plantilla en medio de fichajes externos con falta de experiencia en la radio, marcados por “discursos sesgados incompatibles con una radio pública”, los fallos y el recorte de recursos para los equipos profesionales de la casa. “La radio se está desguazando por momentos y sin sentido”, dice la carta de trabajadores que, además, están siendo “regañados” por ir vestidos de negro los viernes como símbolo de protesta. 

El panorama que describen de mezcla de opinión e información, contratación de recursos externos para hacer programas y decisiones sin explicación que vienen “desde arriba” coincide con el patrón que también hemos visto de manera acelerada en la televisión pública en el último par de años. Una televisión pública dominada por las tertulias, los presentadores de tono partidista que cada vez se parecen más a la peor versión de las televisiones privadas y las productoras externas mientras arrincona a los profesionales de la casa dedicados a la información.

Pero, ¿dónde está la indignación? ¿Dónde está el debate? ¿Por qué ni políticos ni ciudadanos piden cuentas de lo que está pasando con algo tan importante como la radiotelevisión pública?

Hay un mundo de diferencias con el modelo de la BBC, cuyo estatuto garantiza la autonomía del Gobierno de turno y obliga a reglas públicas y claras de imparcialidad y estándares profesionales aunque el sistema no siempre funcione. Una de las diferencias con España es la relevancia cultivada durante décadas que todavía tiene la radiotelevisión pública en la vida común y lo que le importa a los ciudadanos, aunque sea para criticarla.

La mayoría de los ciudadanos confían en las noticias que ven, oyen y leen en la BBC -de hecho, más que en ningún otro medio en el Reino Unido y también en Estados Unidos- y ha conseguido que la confianza llegue de personas de toda inclinación ideológica, algo cada vez más difícil en estos tiempos fragmentados y partidistas. Otra de las medidas que más llama la atención es el alcance de la BBC en todas sus versiones. La BBC llega al 61% de la audiencia entre la radio y la televisión convencionales y las múltiples plataformas; en el caso de RTVE, es solo el 30%, el dato más bajo entre los 15 medios públicos analizados en Europa por el Instituto Reuters para el estudio del periodismo de la Universidad de Oxford.

Cualquier gobierno que de verdad esté preocupado por la polarización de la sociedad, la difusión de bulos, la calidad de la información y la fragilidad de la democracia debería ayudar a fortalecer la radio y la televisión públicas y a mantenerlas lo más lejos posible del poder político. 

En España, por desgracia, estamos viendo cada vez más justo lo contrario tanto por parte del Gobierno nacional como de los gobiernos autonómicos. La manipulación de unos sirve para justificar las interferencias de otros en una espiral peligrosa. El beneficio a corto plazo que tal vez saquen los partidos políticos en el poder costará caro a todos. Pero el cuidado de la cosa pública común no depende solo de los políticos. Faltan más ciudadanos a los que les importe, más ciudadanos que hablen de “nuestra” RTVE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este jueves por sorpresa el programa Generación Ya de Radio 3 (RTVE), donde ha desvelado algunos de sus gustos musicales. Preguntado expresamente por los artistas que ha escuchado a lo largo del último, el jefe del Ejecutivo ha mencionado al grupo de pop con tintes de synth Destroyer, además de la artista independiente estadounidense Sharon Van Etten. También ha reconocido haber escuchado “entero” Lux, el nuevo disco de Rosalía.

Durante algo menos de media hora, Sánchez ha asegurado que sus primeros contactos con Radio 3, la radio de actualidad musical por excelencia de RTVE, fueron con los programas Siglo XXI, 180 grados o Nanana. “Uno de los que me tiene maravillado es El Laberinto”, ha dicho, en alusión a ese espacio radiofónico dedicado especialmente a la música electrónica. “Soy muy ecléctico. Escucho muchos de vuestros programas y me ayudáis a sobrellevar el día a día”, ha reconocido. 

Sánchez ha hablado de una “explosión de talento” musical en España y ha mencionado a Rosalía, pero también “a grupos que están saliendo ahora”. El presidente ha tildado Lux, el nuevo disco de la catalana, como una “maravilla”. Y si bien ha reconocido que “ahora en los discos no se escuchan todas las canciones” sí lo hecho en el caso de Rosalía. “En este me lo he escuchado del tirón”, ha confesado. “Ahora soy más de escuchar canciones sueltas, pero había leído que este disco había que escucaharlo del tirón y me han gustado todas las canciones”, ha añadido. También ha anunciado que “este sábado” tiene previsto “recomendar en Tik Tok una de las canciones” de Rosalía. 

“Yo bebo mucho de Radio 3. Me nutro mucho de vuestras propuestas musicales, de las propuestas que hacéis”, ha añadido, antes de reconocer que “cuando estaba en la oposición” escuchaba estos programas “cuando salía a correr” y luego “los fines de semana”, así como “algún viernes”. Sánchez ha recoonocido que para él es “un reto” no escuchar programas informativos por ser “una persona que por la responsabilidad que tiene trabaja con información”. “Prefiero desconectar escuchando música y abstrayéndome de estos debates, desde el punto de vista espiritual”, ha afirmado. Tras su aparición en la emisora, Sánchez ha agradecido al equipo de Radio 3 su “acogida” y ha presumido de camiseta con una fotografía a través de su red social X.

“Mezcláis programas de estudio, nos acercáis a festivales, podemos escuchar otro tipo de música en otro tipo de contextos”, ha celebrado, en alusión a la radio pública. Además de mencionar a Calavento como uno de los grupos que ahora escucha, Sánchez rememora como “uno de los conciertos míticos” de su vida el que pudo ver en el ya desaparecido estadio Vicente Calderón de la banda estadounidense Guns N' Roses. “Yo creo que perdí tres kilos”, ha ironizado. Finalmente, el jefe del Ejecutivo ha dado las “gracias” a Radio 3. “Dais espacio a una música diversa. Es un regalo”.