El pasado septiembre Julio Pacheco se convirtió en la primera víctima de torturas policiales del franquismo en declarar en un juzgado y contar lo que sufrió a manos de varios agentes en los calabozos de la Dirección General de Seguridad, en Madrid. Con la causa judicial en un momento delicado por la posible prescripción de los hechos, la declaración de este militante comunista constituye el único testimonio judicial de un opositor a la dictadura como víctima y no como acusado. “Los policías te tiraban para un lado, te pegaban, te daban golpes... tú eras como una peonza y ellos hacían contigo como si fueras un juguete”, relató Pacheco, según su declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es. Él pudo identificar a dos policías que estuvieron presentes en su detención e interrogatorios: José Manuel Villarejo, entonces conocido como 'el alemán', y el ya fallecido Antonio González Pacheco, apodado 'Billy el Niño'.

Julio Pacheco explicó en el juzgado que fue detenido por tres policías en la noche del 24 de agosto de 1975. “Llamaron a la puerta de casa, abrí y me encontré una pistola en la cara. Me esposaron rápidamente y me bajaron a un coche que estaba esperando en la puerta”, empezó relatando. Los agentes iban de paisano, pero no tuvieron que identificarse: “No hizo falta, con la pistola en la cara no hizo falta”. Desde su casa en el barrio de Lavapiés de Madrid fue llevado a la Puerta del Sol donde se encontraba la Dirección General de Seguridad, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Allí se encontró con una de las caras más reconocibles de las torturas policiales del franquismo: “Me subieron a los despachos de arriba y ahí me recibió González Pacheco, 'Billy el Niño'”.  

En esos años Julio Pacheco estudiaba segundo de Biológicas en el colegio universitario de San Blas, adscrito a la Complutense, y militaba en la oposición a la dictadura: tanto en la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE) como en el Partido Comunista marxista-leninista. Esa noche descubrió que estaba acusado de participar en la muerte de Antonio Pose, teniente de la Guardia Civil asesinado por el FRAP apenas unos días antes. Fue 'Billy el Niño' el que le informó de lo que, supuestamente, sabían de él: “Me dijo que sabían cuál era mi nombre de guerra, qué cargo tenía en la organización y me pasaron a interrogatorios”.

Nadie dejó constancia de esos interrogatorios y su declaración en el juzgado del pasado mes de septiembre fue la primera referencia oficial a las torturas que denuncia. Los primeros golpes y amenazas, contó, llegaron en el coche de camino al kilómetro cero de Madrid. Después empezaron siete días de pesadilla. “Durante los tres primeros días los interrogatorios fueron mucho más crueles, más fuertes”.

Atado a un radiador en una habitación sin luz natural, los agentes le sometieron durante días a golpes en la planta de los pies. “Es muy doloroso, cuantos más golpes te dan, más sientes ese dolor, estuve mucho tiempo sin poder plantar los pies”, relató a la jueza. Y después llegaban las “ruedas”: agresiones en grupo de policías dentro de una habitación pequeña. “Te tiraban para un lado, para otro, te pegaban, te deban golpes... tú eras como una peonza y ellos hacían contigo como si fueras un juguete”.

El objetivo, relató en el juzgado durante más de 45 minutos, era que confesara su participación en el asesinato del teniente Pose, o que señalara a quien lo hubiera hecho. “El empeño era que yo me autoinculpara”, explicó. En los interrogatorios intervenía otro policía que no le pegaba, solo le instaba a confesar: “Habla ya, confiesa, que te van a dejar tranquilo”.

La tortura física se sumaba a la psicológica. “Me repetían continuamente que podían hacer lo que quisieran conmigo porque no estaba fichado en ningún sitio, estaba como secuestrado”. Después de tres días de golpes fue ya llevado a calabozos y fichado formalmente, bajando la intensidad de las agresiones.

Rosa María García también compareció como testigo ante la misma jueza porque ella también fue detenida y torturada en esa misma operación de la policía franquista. “En una de las sesiones me enseñaron a Rosi, mi compañera, y la estaban torturando, golpes en la planta de los pies. Me dejaron verla para forzar un poco la confesión”, relató él. Pacheco nunca habló y unos días después, tras comparecer ante la Justicia militar, fue llevado a la cárcel de Carabanchel, de donde salió cuatro meses después.

“Me reafirmé en no chillar. No quejarme”

“Te van intimidando, te van haciendo sentirte más indefenso, más vulnerable. Cuando me enseñaron a Rosi, cuando la estaban golpeando, me sirvió para reafirmarme más en que no iba a hablar. Y me reafirmé en una cosa muy tonta: no chillar. No quejarme. No dar la satisfacción a esa gentuza de oírme quejarme”, relató Julio Pacheco, que llegó a pedir permiso a la jueza para llamar “gentuza” a los policías que le habían torturado durante días.

La causa que dirige el juzgado 50 de la Plaza de Castilla de Madrid es la única en España que, a día de hoy, investiga por lo penal supuestas torturas y crímenes de la dictadura franquista. Unas diligencias que se encuentran en un momento delicado: la instructora decidirá en las próximas semanas si archiva o no el caso por la posible prescripción de los hechos. Una de las razones, junto con la amnistía de 1977, que se ha llevado por delante decenas de causas similares sobre los crímenes de la dictadura de Francisco Franco.

El otro juzgado que investiga los crímenes de la dictadura está a miles de kilómetros de donde ocurrieron los hechos. En su despacho de Buenos Aires, la magistrada María Servini ha escuchado en las últimas semanas el testimonio de víctimas de la dictadura en una causa en la que llegó a estar procesado el exministro Rodolfo Martín Villa, cuya imputación ahora los afectados buscan reactivar.

En Madrid, la jueza instructora Ana María Iguacel le hizo una última pregunta para que dijera lo que quisiera decir. El antiguo militante comunista no dudó: “Quiero que comprendan la situación de indefensión que tienes en esos momentos. En sentirte que no eres una persona, que eres un juguete para ellos, que eres un juguete en sus manos, que lo único que te mantiene fuerte es la dignidad de no denunciar a tus compañeros”.

Villarejo 'el alemán' y 'Billy el Niño'

En su comparecencia, Julio Pacheco relató sus encuentros con dos personajes de la Policía española que en esos momentos se desempeñaban en la Puerta del Sol: José Manuel Villarejo y 'Billy el Niño'. Sobre el primero, hoy jubilado acusado en multitud de causas de espionaje, Pacheco no dudó en identificarle como uno de de sus torturadores, algo que el policía siempre ha negado. En aquel entonces era conocido entre los militantes como 'el alemán'.

Pacheco aseguró que se acordó de que era él cuando el comisario empezó a salir en televisión tras el estallido de diversas investigaciones judiciales. “Sabíamos que este era uno de los torturadores. Le llamábamos entre nosotros 'el alemán' porque tenía aspecto de alemán, así cara cuadrada, muy rojo él, ese está identificado plenamente”.

El denunciante aprovechó para comentar a la jueza la dificultad que entraña, varias décadas después, poder identificar a los policías que participaron en las torturas. “Podemos poner caras, pero acompañar caras y nombres no podemos, no somos capaces a no ser que sea una rueda de reconocimiento. O fotos de aquella época”, lamentó.  

También habló de sus encuentros con Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', policía ya fallecido acusado de torturas por multitud de militantes antifranquistas que llegó a ser reclamado sin éxito por la Justicia argentina. Él no le torturó, pero sí le recibió en los despachos de la Dirección General de Seguridad y, una noche, le sacó del calabozo para llevarle a un despacho.

“Me llevó al cuarto de banderas, donde metían todo lo que requisaban en los registros. Me metió allí, me dio unas judías infames que no me pude comer y me estuvo contando sus hazañas. Yo creo que estaba un poco bebido, no me torturó”, relató Julio Pacheco ante la jueza. Su causa judicial, la única de estas características abierta en España, espera ahora una decisión de la magistrada sobre si los hechos han prescrito.

El Ministerio del Interior ha ordenado revisar y retirar las condecoraciones policiales recibidas en el pasado por agentes que hubieran formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista, como el que fuera miembro de la Brigada Político Social de la Policía franquista Antonio González Pacheco, Billy el Niño, fallecido en 2020.

Según informa el Ministerio del Interior, la decisión del ministro Fernando Grande-Marlaska es consecuencia de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre, que contempla la anulación de recompensas policiales cuando esté acreditada que su beneficiario, antes o después de la concesión, ha incurrido en actos incompatibles con las órdenes al mérito de Policía Nacional o Guardia Civil.

Fuentes policiales han precisado a EFE que al menos hay siete expedientes identificados, cuatro relativos a guardias civiles y tres policías nacionales. Entre los afectados por la orden de Interior figura el que fuera inspector de la Brigada Político Social franquista Juan Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, que contaba con cinco condecoraciones y que murió por coronavirus en mayo de 2020 sin que se le hubieran retirado las medallas ni el 50 % adicional de pensión que le proporcionaban.

La primera medalla de distintivo rojo la recibió del Gobierno de Franco en 1972. Estaba pensionada con un aumento del 10% en el sueldo. El siguiente premio es la Medalla de Plata al Mérito Policial concedida por el ministro Rodolfo Martín Villa en 1977, aumentaba su pensión en un 15%.

En 1980 obtuvo otra más, de las mismas características. Y en 1982 recibió la Medalla de Oro, que suponía un plus del 20% en su atribución. González Pacheco reclamó por vía judicial los beneficios económicos asociados a esta condecoración porque no los cobraba. La justicia reconoció este derecho en 2010. Por último, el policía franquista fue condecorado en 1977 con la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco. Esta última medalla militar no fue conocida públicamente hasta noviembre de 2019.

Comisión para estudiar la aplicación de la Ley de Memoria

Además de la revisión de las condecoraciones policiales, Grande-Marlaska ha dispuesto la creación de una Comisión de Estudio y Análisis sobre la aplicación y los efectos de la promulgación de la Ley de Memoria Democrática en todos los ámbitos competenciales del Ministerio del Interior.

Entre otros aspectos, esta comisión preparará una reforma de la Ley Orgánica de Asociaciones, para incluir como causa de disolución o de revocación de su declaración de utilidad pública la realización pública de apología del franquismo con menosprecio y humillación de la dignidad de sus víctimas o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas.

La comisión también revisará el proceso de retirada y eliminación de símbolos y elementos contrarios la memoria democrática que aparezcan ubicados o colocados en edificios ocupados por centros y unidades dependientes de este ministerio.

Asimismo, establecerá las condiciones que permitan garantizar y facilitar el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos, así como a la consulta de documentos sobre el golpe de Estado, la guerra y la dictadura franquista que pudieran estar bajo custodia o conservación del Ministerio del Interior.

El madrileño Teatro del Barrio ha estrenado su producción propia Homenaje a Billy el Niño. Teatro político que pone de nuevo en la palestra la Transición política española de la dictadura franquista a la democracia. Entre el público del estreno, también se encontraban presentes Luis Suárez-Carreño —primera víctima de la dictadura que presentó en 2017 una querella individual en España contra tres miembros de la Brigada Político Social, entre ellos Billy el Niño— y la mujer del fallecido Chato Galante, la referente del movimiento feminista Justa Montero. Tanto Galante como Suárez-Carreño fueron torturados por Antonio González Pacheco, conocido por su apodo Billy el Niño. No es habitual ver en un escenario una obra de teatro documental sobre la represión en el tardofranquismo y los primeros años de democracia, que además cuenta con los testimonios de las propias víctimas.

Se apagan las luces, comienza la función y se proyecta un texto: “Este es el relato de un homenaje. Un relato significativo de convivencia democrática. Un relato de condecoraciones y reconocimiento a una vida dedicada por y para el orden. Mi orden. Nuestro orden. 1977”. Desde el comienzo, queda claro el posicionamiento ideológico de esta obra escrita por Ruth Sánchez y Jessica Belda. Ironía que es rabia mascada y voluntad de denuncia y reparación. En frente, Billy el Niño, policía y torturador desde la Brigada Político-Social en los últimos años del franquismo y también torturador ya como inspector del nuevo y, ya en democracia, Cuerpo Superior de la Policía en la oscura Brigada Central de Información. Una carrera policial que acabó con medallas y una buena pensión.

Billy el Niño falleció en el año 2020 con todos los reconocimientos impolutos. De ese homenaje del Estado español a este torturador va la obra. De ese homenaje y de una sociedad que, al mismo tiempo que se ilusionaba con nuevas libertades, que ansiaba poder cambiar las cosas a mejor, decidió no ver, no escuchar y dejar que las cloacas del Estado “enderezaran” las cosas.

“Me están rompiendo las vértebras”

“Primer piso de la Dirección General de Seguridad. Conesa mira, Billy el Niño me interroga, un policía al que no logro identificar escribe a máquina. Mis datos. Me preguntan por mi vinculación con Eva Forest. Me grita. Intento contestar (…) Siento su aliento en mi cara. Puedo olerlo. Me agarran por los brazos. Me están sacudiendo. Golpes, primero en la espalda. El dolor es terrible. Me están rompiendo las vértebras. Me cuelgan. Ahora en el abdomen, estómago e hígado. ‘Ahora ya no parirás más. Puta. Bruja’”. Estas palabras, que ahora se oyen en escena no son otras que parte del testimonio de la abogada Lidia Falcón en la causa de la jueza argentina María Servini contra los crímenes del franquismo, causa que le llevó a pedir la extradición de Billy el Niño en 2013, y que el Estado Español negó. Los delitos habían prescrito. España se rige por la Ley de Amnistía de 1977 y no se aceptó la figura de crímenes de lesa humanidad que Servini reclamaba.

El proceso abierto por Servini y los testimonios que éste contiene son la base documental de la obra. Así, a lo largo de ella iremos escuchando las palabras pronunciadas por Chato Galante, Felisa Echegoyen o Willie Meyer. Así, conoceremos las técnicas de tortura, la humillación, la bañera, las guías telefónicas, el ensañamiento en genitales y las plantas del pie, las quemaduras de los cigarros, la pistola que apunta y dispara sin bala pero acierta en el cerebro… Lamentablemente no escuchamos el de Enrique Ruano, estudiante de 22 años que no sobrevivió para contarlo y lo tiraron por una ventana para maquillar su asesinato. Todas esas detenciones y torturas tienen lugar en la Dirección General de Seguridad, ese edificio de la Puerta del Sol —hoy flamante sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid— que a muchos todavía aterroriza cuando miran sus bajos, esos tragaluces enrejados donde Billy el Niño y la policía torturaron a tantos. La obra aprovecha esa figura, presente todavía hoy en el imaginario madrileño, y la convierte en símbolo a través de un efecto lumínico: en el suelo podemos ver la sombra de los barrotes de los tragaluces. El edificio se convierte en protagonista central de la obra y llega, incluso, a generar un personaje inesperado, un radiador de un pasillo testigo de los ires y venires de los presos entre los calabozos y las salas de interrogatorio. El radiador nos cuenta como él no puede ser, como los españoles, un mero espectador que no sabe bien lo que ocurre.

Ironía cimentada en la rabia

La obra tiene muchos aciertos tanto desde la dirección, a cargo de Eva Redondo, como desde la dramaturgia y la actuación. En escena, tres actores en gracia: Jesús Barranco, Jessica Belda (también autora) y Antonio Gómez, capaces de pasar del duro testimonio de la víctima a la farsa, la parodia o el puro cabaret. Y es que el montaje decide plasmar este oscuro cuarto de nuestra historia con una ironía cimentada en rabia que la directora sabe ir intercalando con dinamismo, humor y al mismo tiempo crudeza. Hace más de una década, en 2009, la compañía Animalario dirigida por Andrés Lima revolucionó la escena patria con Urtain, un montaje sobre el boxeador español; con influencias del biopic argentino, supo unir la biografía y la revisión de la historia reciente de España en un teatro que unía documento, situaciones ficcionadas y parodia cabaretera. De algún modo, Homenaje a Billy el Niño sigue esa estela y se convierte en el hijo militante y putativo de aquella obra.

Otra de las características de la pieza es que nunca se representa la violencia de las torturas. “Poner imágenes a esos testimonios me parecía no ser respetuoso. No puedes representar tanto sufrimiento. Era prioritario que no hubiera ninguna representación de esas torturas y que la palabra en primera persona se impusiera en escena. Y me he permitido ahondar en la ironía que ya contenía el texto, potenciarla en escena, para así hacer teatral esa parte más documental. Buscando también que el espectador tuviera la posibilidad de distanciarse emocionalmente, al más puro estilo brechtiano”, explica la directora Eva Redondo a elDiario.es.

Si bien todos estos distanciamientos de los que habla Redondo no funcionan siempre, la obra tiene algunos maravillosos. Sirva de ejemplo cómo Jessica Belda explica en un número cupletero y castizo la relación entre los distintos grupos fascistas europeos y la connivencia de estos con la policía española. Así, Belda se convierte en Marietta, arma corta de la policía española, viajera y eficaz. Entre gracieta chulapa y levantamiento de pierna, se va desglosando la presencia en nuestro país de la llamada Operación Gladio, orquestada por Estados Unidos y la OTAN ante el miedo de que Europa Occidental fuera invadida por los países del Pacto de Varsovia. Una historia poco conocida y que incide sobre una de las tragedias de la España democrática, la matanza de los abogados de Atocha, sobre la que también sobrevuela la sombra de Billy el Niño y sus relaciones con el neofascismo italiano. Billy el Niño tendría que declarar en el juicio de la matanza de Atocha en 1979 sobre esto mismo.

Destacan así mismo el actor Jesús Barranco, inmejorable Rodolfo Martín Villa, y Antonio Gómez que perfila el personaje de Billy el Niño. Gómez, con ese punto macarra que le es propio, tiene la suficiente dosis de canallismo para sobrellevar el papel e ir acogiéndolo en el cuerpo con chulería deshumanizada. Quizá se resuma esta redonda actuación en su movimiento de mandíbula, leve, casi imperceptible pero bien cocainómano; y en el último texto que cierra la obra, texto de una poética oscura, hiriente, violenta y sexual que deja al respetable sentado, con la rectitud rígida provocada por el asco.

El teatro no es un ministerio

La carga ideológica de la obra, su posición frontal contra aquellos acontecimientos y su visión más que ácida sobre la Transición (la fotografía que se hace de Martín Villa es de lo más corrosiva) hacen dudar si no faltan voces o perspectivas en la obra. Una de sus autoras, Ruth Sánchez, lo tiene claro. “Parece que hay una especie de consenso que cuando una obra trata un hecho o momento político se le puede reclamar al autor que tiene que ofrecer los diferentes puntos de vista en juego, como si el teatro fuera un ministerio. Por supuesto que damos solo una visión y la visión que estamos dando es la de cómo ocurrieron unas torturas que están reflejadas en una querella judicial que ni tan siquiera pudo abrirse en este país y tuvo que abrirse en Argentina. Ya hemos tenido mucho sábado santo y legalización del PCE, ¿no? Esto va de las oscuras cloacas, de las hostias que recibió la militancia de izquierdas”, argumenta.

“Tampoco es complaciente con la izquierda”, complementa Eva Redondo. “La izquierda promovió el silencio y eso es un hecho de gran violencia. A mí, hay caras que aparecen en apoyo de Martín Villa que me duelen mucho. Me duele especialmente la cara de Zapatero o de Cándido Méndez”, explica Redondo refiriéndose a una escena de la obra donde se exponen las caras de Felipe González, Nicolás Redondo, Jose María Aznar, Mariano Rajoy y los citados Zapatero y Méndez, firmas de la carta de apoyo a Martín Villa ante la petición de extradición por parte de la jueza argentina.

La obra termina sin actores en proscenio recibiendo el aplauso. En vez de esto, se instalan las caras de las víctimas de esa represión. “Era importante poner rostro a las personas que lucharon por nuestros derechos y libertades. Queríamos revertir el homenaje. Personalmente, me han dado mucha fuerza en el proceso. Me he sentido muy pequeña cuando veía que aun habiendo sido torturados una vez salían de la cárcel volvían a militar. Me parecía necesario ponerles cara”, concluye la directora.

El posicionamiento de la obra es claro. La directora espera que el posicionamiento político no le cierre puertas para realizar una gira por el circuito de salas: “Ayer justo se cerraron dos bolos. Ojalá que no solo pueda girar por ciertos ayuntamientos, la obra habla de los cimientos de nuestra democracia y creo que puede ser un ejercicio democrático y de desarrollo de pensamiento crítico fuerte, necesario también en un público más joven”.

Los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos han registrado este lunes una proposición no de ley en el Congreso en la que instan al Gobierno, del que ambos partidos forman parte, a retirar a título póstumo las medallas honoríficas al expolicía torturador Antonio González Pacheco, Billy el Niño, fallecido recientemente por la COVID-19, así como a los “funcionarios o autoridades franquistas que hubiesen observado conductas incompatibles con los valores democráticos y los principios de protección de los Derechos Humanos”.

El texto de la PNL, que se puede consultar al final de esta información, recuerda que ya han transcurrido 40 años desde el final de la dictadura, pero que “España aún tiene una deuda pendiente con las víctimas que sufrieron la represión por parte de funcionarios y agentes de policía de Estado”.

Retirarles las condecoraciones, que a veces llevan aparejados beneficios económicos que el Estado ha estado pagando durante todo el periodo democrático, “es un paso más hacia la consecución de la verdad, la justicia, la reparación y las garantía de no repetición”, sostiene el documento.

La PNL sostiene que “el caso de Billy el Niño es probablemente el más representativo de muchos otros relativos a policías de la Brigada Político Social, aparato de persecución de la disidencia política al régimen franquista, acusados de torturas físicas y psicolígicas, que después de la muerte del dictador continuaron trabajando como funcionarios y disfrutando de sus pensiones, en muchas ocasiones aumentadas por las medallas y condecoraciones”.

“El fin de la dictadura no supuso la depuración total de la policía franquista”, reconoce el texto, que pide “revocar de forma efectiva las condecoraciones y recompensas concedidas por el Estado español” a estos torturadores que quedaron impunes. Y añade expresamente que “podrá llevarse a cabo a título póstumo cuando la persona condecorada ya hubiera fallecido y determinará en todo caso la pérdida de todos los derechos anejos a la recompensa, incluso los económicos”.

La vicepresidenta primera y responsable de Memoria Democrática del Gobiero, Carmen Calvo, ya dijo la semana pasada que la intención del Ejecutivo era continuar con la reforma legal que se había puesto en marcha para hacerlo. “Haremos ahora una rectificación para poderlas retirar post mortem”, aseguró.

La retirada de las medallas al policía torturador ha sido una de las reivindicaciones de Podemos y de IU. Pero su presencia en el Gobierno no ha permitido acelerar la tramitación de la medida. El vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, pidió perdón por ello cuando se conoció la muerte de Billy el Niño.

El comisario Enrique García Castaño ha advertido al juez del caso Villarejo de que en los correos electrónicos de otro policía investigado, Constancio Riaño, encontrará las pruebas de que facilitó datos de carácter “sensible” a Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y que pudieron ser explotados después en su negocio de seguridad privada. 

Esta tesis está incluida en un escrito de la defensa de García Castaño tras su procesamiento en la primera pieza del caso Villarejo. En el mismo, el abogado del policía acusa al juez Manuel García-Castellón de dar por concluida la investigación pese a no haber resuelto la petición de diligencias “esenciales” y de copiar y pegar párrafos textuales del escrito de la Fiscalía Anticorrupción. “Con este auto, lo que se observa es que el juez no existe en términos procesales”, afirma el letrado.

La estrategia de defensa del comisario investigado se centra en atribuir a uno de sus subordinados en el momento de los hechos, el inspector jefe Riaño, la relación directa con colaboradores de Villarejo y el suministro de datos obtenidos en la sede de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) que dirigía García Castaño. Las pruebas de esa relación con Billy el Niño, fallecido el pasado día 7 por la COVID-19, estarían en los correos de la dirección corporativa de Riaño que muestran la citada relación y que el juez García-Castellón no ha aceptado incorporar a la causa.

En esos correos electrónicos también habría pruebas de la relación de Riaño con Billy el Niño, un hecho que el propio inspector jefe, también jubilado, reconoció en sede judicial. Constancio Riaño admitió que había faciliado datos de titulares de teléfonos y matrículas a su “amigo” González Pacheco y añadió que lo hizo para que pudiera defenderse de las supuestas amenazas que recibía el expolicía acusado de graves torturas.

En la época en la que Riaño mandaba la Sección de Relaciones Institucionales de la UCAO, encargada de obtener datos de la Administración pública y de organismos privados como bancos o compañías telefónicas, el expolicía Billy el Niño tenía una empresa de seguridad, Servicio de Prevención de Atracos y Secuestros (SPAS), con la que facturó 700.000 euros durante los años de su “amigo” Riaño en la UCAO, según reveló eldiario.es. Los datos de acceso reservado son utilizados en el mundo de la seguridad privada para elaborar dosieres de terceros y cobrar por ellos a sus clientes, como hacía presuntamente el comisario Villarejo. El comisario García Castaño está acusado de haber facilitado ese tipo de datos a Villarejo a cambio de “prebendas”.

La defensa de García Castaño quiere incorporar a la causa los mensajes entrantes y salientes de la dirección corporativa de Riaño entre 2013 y 2016. Pero añade que, una vez incorporados, y en el caso de que “se detectase la comisión de delitos de revelación de secretos”, se acuerde su remisión a los juzgados de Plaza de Castilla para que se investigue “la facilitación de datos sensibles al señor González Pacheco” por parte de Riaño.

El abogado Aitor Martínez, en representación de García Castaño, habla de un “inexplicable silencio” hasta ahora del juez García-Castellón respecto a esta solicitud. La falta de respuesta a la petición de ésta y otras diligencias “absolutamente esenciales” lleva al letrado a concluir que la aseveración del juez de que la instrucción ha concluido es “falsa”. La defensa pide también los supuestos faxes que envió García Castaño a Villarejo porque una de las pruebas aportadas es un documento en el que se dice que la información reservada que habría facilitado se trasladó por ese medio.

“Decisiones urgentes” en plena pandemia

La defensa de García Castaño se queja igualmente de que el juez se haya apresurado a cerrar la investigación a los dos días de recibir el escrito de la Fiscalía Anticorrupción y en plena pandemia. “No existe ninguna circunstancia que legitime la adopción de estas decisiones urgentes en medio de un estado de alarma en el que todos los operadores jurídicos están en sus domicilios confinados, la actividad judicial paralizada, y en definitiva, inmersos en un contexto que exigiría actuar con mayor prudencia”, recoge el escrito.

El abogado recuerda que su defendido “está colaborando” con la justicia desde el inicio del proceso. Con independencia de su presunta colaboración en ésta y otras piezas en la que está investigado, García Castaño ha ofrecido detalles al juez del espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con fondos reservados y del conocimiento que de éste tenía el número dos de Interior entonces, Francisco Martínez, que ya tiene la condición de investigado.

La defensa de García Castaño es especialmente dura cuando achaca al juez que siga el criterio de la Fiscalía hasta el punto de copiar el último escrito de ésta en la pieza Iron, sobre el espionaje de Villarejo por encargo de un bufete de abogados en su contencioso con otro despacho. “Hay hasta ocho párrafos absolutamente idénticos en el auto, de tal modo que el razonamiento jurídico segundo consistente en el relato fáctico de los hechos investigados es absolutamente igual en el escrito del Ministerio Fiscal, incluso con los mismos signos de puntuación y los mismos párrafos”, escribe el abogado. “Se da una imagen de que instructor y Ministerio Fiscal son la misma cosa. Frente a un auto de estas características, toda posibilidad de proceso justo es inexistente”, añade.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha confirmado que la intención del Gobierno de retirar las condecoraciones policiales a Billy El Niño sigue adelante a pesar de su muerte. En una comparecencia en el Senado para informar de las líneas generales de la actuación en su departamento, que incluye las políticas de Memoria Democrática, Calvo ha asegurado que la modificación legislativa planteada por los socialistas para retirar las medallas pensionadas servirá en el caso del policía Antonio García Pacheco “post mortem”.

Calvo ha reconocido que la pandemia de la COVID-19 ha supuesto un “parón” en los planes legislativos del Gobierno de coalición, pero ha asegurado que seguirán adelante cuando la situación lo permita. Una de las prioridades que fijaron los socialistas en el Congreso fue la modificación de la ley de memoria histórica para retirar las condecoraciones a policías acusados de torturas, entre otros asuntos como la salida del Valle de los Caídos de los monjes benedictinos.

El texto del PSOE para reformar la ley de memoria histórica, y que el partido de Pedro Sánchez pretendía que se debatiera a principios de marzo, señala: “Podrán revocarse cuando quede acreditado que el beneficiario, antes de la concesión, había realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con el ingreso en dichas órdenes”. Según ha confirmado Calvo, la modificación legislativa afectará “most mortem” a Billy El Niño, que falleció aquejado de coronavirus el pasado 7 de mayo. “Haremos ahora una rectificación para poderlas retirar post mortem”, ha afirmado en respuesta a los senadores de Geroa Bai, Koldo Martínez, y del PNV, Jokin Bildarratz, que se han interesado por ese asunto.

Billy El Niño falleció con al menos cinco medallas pensionadas que el Gobierno no pudo retirarle, pese a su compromiso, al haber sido concedidas de acuerdo a una Ley Orgánica de 1964 y las dificultades legales de actuar de forma retroactiva. Por eso es necesaria una modificación legislativa. El expolicía, símbolo de la represión franquista, también falleció sin ser juzgado dada la prescripción de las palizas y vejaciones de las que fue acusado.

La muerte “en la cama” de Juan Antonio González Pacheco, de significativo alias “Billy el Niño”, obliga a reflexionar sobre un buen número de cuestiones, por lo que, desde luego, dado el perfil del fallecido según numerosos tremendos testimonios, la tortura es una de ellas.

Es “sabido”, o creído de muy buenas fuentes, al menos, que el susodicho torturó cruelmente a muchas personas y que lo hizo, en su mayor parte en la Dictadura franquista y los primeros años posteriores a la misma. Pero ello en modo alguno significa que la tortura sea un asunto del pasado. Es más, al menos hasta demasiado recientemente, ha estado presente y ha sido un método de “investigación” de delitos, normalmente relacionados con el terrorismo, aunque no solo.

La Constitución Española, recreando la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el homónimo Convenio Europeo, proclama que nadie puede ser sometido “a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. Y, al mismo tiempo, consagra la justicia y la igualdad, entre otros, como valores superiores del ordenamiento jurídico, así como el sometimiento de “los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

Conocemos sobradamente, y estos días hemos tenido ocasión de recordarlo una vez más, que el Reino de España ha sido condenado en varias – demasiadas – ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no haber investigado denuncias de torturas y/ tratos inhumanos o degradantes y, en alguna ocasión también, por la directa comisión de tales hechos, en relación con sucesos acontecidos ya bien entrada la actual etapa política y bajo gobiernos de todo signo – bueno, de los dos signos que ha habido -. Se trata del reflejo de una situación real que pone plenamente de manifiesto la extrema gravedad de estos delitos.

Es sabido asimismo que estos delitos son de especialmente difícil persecución por la dificultad de prueba de los mismos, pues quienes están llamados a su investigación son los mismos que los habrían cometido. Pero a ello contribuye, sobre todo, el hecho de que, ante la sospecha de la comisión de torturas o tratos de similar naturaleza – sospecha inicial que, desde luego, se desplegaría por las denuncias correspondientes - el Estado, lejos de actuar con todos los mecanismos a su alcance, que no son pocos, decide blindarse y considerar que tales denuncias constituirían un ataque directo a su esencia misma. Y brindar una imagen formalmente respetuosa con los derechos fundamentales de todas las personas, si bien, en realidad, estaría obviando una actuación legalmente tasada bien distinta de la que generalmente se ha adoptado, lo que el TEDH ha apreciado en las ocasiones antedichas.

Esta actuación del Estado genera una situación en la que las garantías judiciales se reducen significativamente, ampliándose el espacio que queda al margen del control judicial, incluso – y esto es gran parte del desastre - por la propia inacción de la justicia, lo que normalmente ha ocurrido con la “siempre” inadmisible justificación de la lucha contra el terrorismo. De ahí la casi imposibilidad práctica de investigar estos delitos.

Cierto es también que una parte de la ciudadanía – no sé cuánta – no ve con malos ojos este tipo de delitos, o vuelve la mirada hacia otro lado, teniendo en cuenta que se cometen sobre personas que supuestamente irían a cometer o habrían cometido delitos tremendamente crueles. Y ello, con la eterna tramposa pregunta-duda acerca de la “legitimidad” de la tortura en relación con la evitación de gravísimos delitos – véase, al respecto, la obra de teatro “José K. torturado”, del gran periodista y pensador Javier Ortiz.

Y aquí estriba la complejidad de la cuestión. En efecto, sostener, como debe hacerse, sin paliativos, la obligación de los poderes públicos de dar un trato igual y de defender y proteger los derechos fundamentales de todas las personas, parece – y así se tacha normalmente – una ingenuidad, o sea, lo que ahora se dice “buenismo”. Pues bien, al margen de que, en general, prefiero el “buenismo” al “malismo”, lo cierto es que estoy convencida de que no es posible defender la legalidad constitucional bloqueando las denuncias de torturas ni consagrando la discriminación entre las víctimas de distintos delitos ni tratando de impedir o renunciando – excluyendo - de facto a la investigación judicial de las gravísimas actuaciones policiales denunciadas.

Y aquí están implicados todos los poderes del Estado o, al menos, el Ejecutivo y el Judicial. Porque, de hecho, uno de los derechos constitucionales es el del ejercicio de la “acción penal” - dentro del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva -, consistente en poner en conocimiento de un órgano jurisdiccional la comisión de un delito. Lo que, en reiteradas ocasiones se ha hecho en relación con el tema que nos ocupa, sin que la respuesta judicial – incluyendo aquí al Ministerio Fiscal, desde luego, - haya sido mínimamente aceptable, pues tal respuesta ha sido la inacción absoluta – TEDH dixit . A este respecto, muchos órganos judiciales – y sus titulares, desde luego – tienen mucho que reflexionar y explicar – incluido, entre ellos, el actual ministro del Interior, Grande-Marlaska -.

Y aquí estriba la extraordinaria gravedad de estos delitos: en su “comisión” por “todas” las instituciones del Estado implicadas: las unas torturan o maltratan; las otras lo ocultan e impiden su investigación e, incluso, como más de una vez ha ocurrido, denuncian por calumnias a quienes han denunciado tales delitos.

Como conclusión, por hoy, solo una: el Estado de Derecho solo puede defenderse en su integridad, en los términos dichos; otro tipo de actuaciones, como las que comento, son la causa fundamental de su deslegitimación – de todos sus poderes e instituciones - a los ojos preocupados de muchas personas. Y esto, además de ser terrible, es comprensible – que es lo peor -.

La primera imagen reciente que vimos de Antonio González Pacheco, el torturador de la policía franquista conocido popularmente como Billy el Niño, estaba corriendo una maratón o varias; se le vio con el dorsal 9141, con el 1150; vital, manteniéndose en excelente forma física. Había vivido durante décadas fuera de los focos, de la atención pública; por eso es tan peligrosa la memoria histórica, porque guarda hechos, señala, es significante y significado.

González Pacheco había disfrutado de unas excelentes décadas en democracia, viviendo de la seguridad privada, con una holgada situación económica, manteniendo una cordial y estrecha relación con oficiales de la Policía Nacional, que le invitaban a las fiestas del cuerpo y para la que en muchos casos ha sido un policía ejemplar. Y siempre relacionado con grandes empresas que hundían sus raíces en los años de la dictadura, esa máquina de corrupción política y económica que nunca ha detenido su cadena de producción.

Ese hombre sano y practicando ejercicio, que había descarnado a militantes que se oponían a la dictadura, a estudiantes que descubrían la política, a homosexuales que eran para el franquismo peligrosos sociales, era un paradigma de la democracia española, de la transición ejemplar, de la buena vida que han tenido las élites franquistas y sus camadas negras tras la muerte del dictador, que lo dejó todo atado y bien atado.

González Pacheco sirvió en sus últimos años de vida para poner rostro a una realidad de la que formaban parte miles de españoles, ya fueran torturadores como él, empresarios que redactaban grandes contratos que luego se firmaban, previa comisión, bajo la lucecita de El Pardo; catedráticos que denunciaban a estudiantes y profesores; chivatos de todas las especies, incluidos sacerdotes; estómagos agradecidos, gente que miraba para otro lado, y toda una maquinaria social dedicada y destinada a mantener el control y garantizar ese enorme negocio político y económico que fue para unos pocos la dictadura.

Nada de eso desapareció el 20 de noviembre de 1975, ni se evaporó, ni emigró, ni se arrepintió. Simplemente cambió su estrategia. Rodolfo Martín Villa, el hombre que condecoró a Billy el Niño el 13 de junio de 1977, dos días antes de las primeras elecciones generales tras la muerte del dictador, orquestó en esos años la destrucción de millones de expedientes, pruebas y contratos fraudulentos, currículums de empresarios y de trepas del Movimiento, para dejar documentada una versión de la dictadura amable, una “verdad más cómoda” de una realidad que luego venderían con la narrativa ejemplar de la Transición como una realidad predemocrática.

La bonanza en democracia de José Antonio González Pacheco ha sido la de muchos otros. Un amplio grupo social que se resistió a los avances hacia la democracia hasta que pudo comprobar que disfrutaba de impunidad y tranquilidad con los primeros gobiernos socialistas, y decidió camuflarse colectivamente en la derecha española, esa que nunca ha condenado la dictadura por coherencia con su pasado, y que se ha quitado el traje de camuflaje en los últimos años cuando ha sentido la excitación del proceso catalán y la llamada a la cruzada cuando la izquierda ha decidido profanar los lugares santos y mover las reliquias del franquismo.

Pero mientras Billy el Niño se entrenaba para sus maratones, se tomaba el aperitivo de los viernes con algunos gerifaltes de la policía y atendía sus negocios, los hombres y las mujeres que lucharon contra el franquismo, los antifascistas que fueron los primeros europeos en enfrentarse al fascismo, morían en silencio, ignorados por el Estado, sin más medalla que el reconocimiento de sus compañeros de militancia e incluso abandonados por las fuerzas políticas a las que habían pertenecido, que con la Ley de Amnistía de 1977, aprobada con los votos del PSOE y del PCE, garantizaron muchos años de tranquilidad para los violadores de derechos humanos del franquismo y todos sus beneficiarios.

En el año 2004, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica coorganizaba en Rivas Vaciamadrid un homenaje a las republicanas y republicanos que lucharon contra el fascismo. El cuartel general en el que se preparaba el acto estaba en la sede de la Fundación Contamíname. Una noche, dos días antes la celebración en la que fueron reunidas 741 personas octogenarias de todo el Estado, una mujer llamó para decir que podía llevar a su padre al homenaje pero como trabajaba en un turno de noche no podría recogerlo. Entonces alguien de la organización llamó al padre; era un hombre de Zaragoza, militante comunista, que había estado 12 años en las cárceles del franquismo. Tras contar una parte de su historia preguntó si tenía que adelantar el pago de la habitación de hotel en la que iba a dormir. Y cuando su interlocutor le dijo que el Ayuntamiento invitaba a los homenajeados, el hombre se echó a llorar. Nadie en este país le había gritado 'gracias', nadie había escrito con cursiva y mayúsculas su nombre en un Boletín Oficial del Estado, nadie le llevó a un instituto a contar su historia para educar y reforzar los valores democráticos de quienes hoy hacemos uso de las libertades, nadie le condecoró públicamente, le compensó económicamente, como sí ha hecho la democracia durante más de 40 años con el torturador.

La foto del maratón de José Antonio González Pacheco era un espejo enmarcado por las medallas que recibió por sus servicios especiales y que han incrementado, con el dinero de un Estado democrático, su sueldo y su pensión durante cuatro décadas. Detrás de él han sido miles, miles de dorsales de franquistas que han corrido plácidamente en 40 años de democracia, han llegado a la meta y se han subido al pódium de la impunidad.

Billy el Niño ha muerto como todos ellos sin ser juzgado, sin ser condenado, sin sentir como amenaza para su estatus de torturador la labor de la justicia en un país democrático. Ha sido él y miles más. Han conservado los bienes que robaron a punta de pistola, los puestos de funcionarios repartidos caciquilmente, las grandes empresas edificadas sobre la corrupción del franquismo, la ignorancia sobre las violaciones de derechos humanos de la dictadura fomentada en las escuelas, la falta de periodismo de investigación que haya desentrañado sus redes de influencia y corrupción política y el miedo en muchas de las víctimas. Él sufrió en los últimos años la aparición pública de su cara y su presencia en algunos medios. Pero en el gigantesco cementerio de la impunidad española será uno entre miles. Decía un hispanista inglés que el gran mal de nuestra sociedad era “no saber no perdonar”. Y en esas estamos.

La muerte por coronavirus del expolicía acusado de torturas Billy el Niño evidencia un síntoma que aqueja a la democracia española: la impunidad del franquismo. Así lo piensa el abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA), Jacinto Lara. España “ha protegido, premiado, condecorado y amparado a este criminal”, dice en esta entrevista con eldiario.es el también expresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España sobre Antonio González Pacheco, uno de los símbolos de la represión de la dictadura de Francisco Franco que ha fallecido con sus medallas y sin ser juzgado.

Billy el Niño ha muerto sin rendir cuentas ante un tribunal.

Lamentablemente. Y eso genera impotencia, frustración y sobre todo un desamparo brutal a todas las personas que sufrieron graves violaciones de los derechos humanos y que padecieron sus crímenes. Pero esto trasciende a cuestiones estrictamente personales porque fallece bajo la protección y amparo de un Estado democrático y, desde este punto de vista, esto es insostenible y execrable.

¿Es una muestra de que la impunidad del franquismo reina en España?

Sí, lo pone una vez más de manifiesto. El Estado en su conjunto ha protegido, premiado, condecorado y amparado a este señor, a este criminal. Con lo cual el Estado español se convierte en cómplice de sus crímenes y de los de otros criminales franquistas. Y eso como consecuencia de una política de impunidad mantenida durante más de 40 años.

Esta situación contrasta con el rechazo social que provocan en gran parte de la sociedad estos criminales y sus crímenes. Pero desde la clase política ha habido una intención de garantizar esta impunidad que ha sido posible desde una coordinación perfecta entre los tres poderes del estado.

¿Y por qué España no ha juzgado su supuesta participación en un crimen sistemático de torturas a presos políticos?

Las claves de la impunidad se desarrollaron como sistema fundamental durante la denominada Transición política. Nuestro país olvidó totalmente a todas aquellas personas que han sufrido graves violaciones de los derechos humanos durante la dictadura franquista. Y este sistema ha sido debidamente desarrollado durante 40 años de democracia. Prueba de ello es que no ha habido en ningún momento una verdadera voluntad política de cambiar esta situación. Esto genera desmemoria y desprotección a todas víctimas.

Ha sido presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. ¿Este grado de impunidad que señala es una anomalía en Europa?

En el contexto europeo, por supuesto, somos la excepción. Todos los sistemas dictatoriales que se implantaron en Europa durante los años 30 y 40 fundamentalmente, y sus responsables, fueron juzgados. Con dificultades, pero fueron juzgados y esos aparatos represivos fueron depurados. Aquí, en España, nada. Ni de forma siquiera similar.

En el ámbito internacional, en los estados que han ejercido represión contra su propia población, la impunidad sí ha sido más una norma habitual. Pero sí está Argentina, que ha desarrollado la protección a todas las personas que sufrieron violaciones de los derechos humanos. El caso argentino es un referente. Además porque tuvieron ese viaje de ida y vuelta que ofrece la jurisdicción universal con causas impulsadas desde Madrid y que favorecieron ese cambio en la mentalidad de la sociedad argentina.

¿Qué le falta a España para vivir ese cambio?

Básicamente lo que falta es voluntad política. Existe un movimiento ciudadano muy potente a nivel del Estado y muchas instituciones implicadas. También fortaleza jurídica, nos asiste la razón desde el derecho internacional y los derechos humanos. 

¿Cómo soporta una sociedad democrática este olvido impuesto?

Puede haber una parte de la sociedad que esté de acuerdo o no le incomoden estas políticas de olvido y desmemoria que se han desarrollado en democracia. Pero socialmente sí hay una mayor concienciación en este ámbito que se ha ido desarrollando estos últimos años. Las políticas públicas en materia de Memoria Democrática están ahora mismo en la agenda de la práctica totalidad de los grupos políticos, sin contar a la derecha.

La Memoria está en la agenda como elemento principal y esto no sucedía hace unos años. Esto es por este movimiento muy fuerte que reclama la implantación de unas políticas públicas que atiendan los principios básicos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Participa como abogado en un proceso de querellas de algunas de las víctimas de Billy el Niño. ¿En qué situación se encuentran esas causas?

Desde la CeAQUA hemos venido impulsando desde junio de 2017 la presentación de diferentes querellas en las que se denunciaban delitos por torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad. Contra Antonio González Pacheco se han presentado 18 querellas en las que aparecen también otros policías.

Se trata de que él no participaba solo en las torturas. También estaban otros policías de la BPS, algunos identificados y otros no. La justicia debería investigar e identificar a los implicados. Pero todas las querellas presentadas están archivadas, inadmitidas a trámite. Hay presentados recursos de apelación ante la Audiencia Provincial y posteriormente demandas de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC). La mayoría están pendientes de resolver, aunque en algunos casos el TC ya ha las ha inadmitido a trámite y se ha presentado reclamación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

¿Cuál es el sentimiento entre las víctimas, en los colectivos de Derechos Humanos? ¿Qué le llega el día que muere Billy el Niño?

Lo que he percibido en las diferentes conversaciones es rabia, impotencia, frustración y muchísima indignación. No podemos perder la perspectiva de que Antonio González Pacheco ha fallecido bajo el manto protector de un estado democrático y esto es difícilmente digerible. Y esto afecta a todo el mundo que ha estado detrás, el equipo de las querellas, las víctimas… a partir de ahí, esta rabia, impotencia y frustración se transformarán en fuerza y nueva energía para seguir haciendo acciones que nos lleven a romper la impunidad del franquismo y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva a todas las personas que sufrieron esas tropelías.

Y al hablar de sus víctimas, en estos momentos aparece la memoria de Chato Galante, que falleció hace muy poco. Vivía cerca de Billy el Niño, que fue su torturador. Y han muerto de la misma enfermedad y con escasos días de diferencia. ¿Qué piensa hoy al acordarse de Chato?

Chato seguirá enfadado. E indignado con la situación. Chato… el aporte de Chato Galante a todo el trabajo desarrollado en el ámbito de la CeAQUA, de La Comuna… es ingente. Un trabajo mantenido y sostenido durante años y que tenía por objeto básicamente revertir esa situación de impunidad y exigir que se respetara ese derecho a la justicia de las personas que sufrieron violaciones de los derechos humanos. Chato siempre será un referente para todas y todos nosotros. Han muerto con la misma enfermedad pero la diferencia entre ellos es abismal. Desde cualquier perspectiva. Chato Galante buscaba justicia social, y como consecuencia de ese objetivo sufrió torturas por parte de personas que estaban integradas en un sanguinario aparato represivo. La distancia entre ellos es la que hay entre una persona está buscando el bien para el conjunto de la sociedad en base a una serie de ideas y otra que se está dedicando a delinquir de la peor manera posible para, haciendo daño a otras personas, favorecer a una dictadura e impedir el desarrollo de unos derechos fundamentales que ahora nos benefician a todos.

Un sector de la Policía recibió este jueves la noticia de la muerte de Billy el Niño ignorando las denuncias de tortura de sus víctimas y lamentando la pérdida de su antiguo compañero. Durante la mañana comenzó a circular entre comisarios jubilados un mensaje para informar del fallecimiento de Antonio González Pacheco en el que se ensalza la labor del antiguo miembro de la Brigada Político-Social y se afirma que el actual vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, estará “muy contento”. Este homenaje se suma a las muestras de simpatía y admiración de otros comisarios en activo que se han revelado en los últimos años.

“Mal día para nosotros los policías, me informan que ha fallecido Antonio González Pacheco, este país le debe la democracia. Sin sus servicios contra el FRAP, GRAPO (sobre todo su liberación de Oriol Villaescusa) y ETA, no hubiéramos podido asentar la democracia”, arranca el mensaje, escrito por un mando en situación de jubilación y que ha sido reenviado por otros comisarios que ya no están en activo aunque se retiraron hace pocos años.

La alusión a “Oriol Villaescusa” se refiere a la liberación del presidente del Consejo de Estado Antonio María Oriol y del teniente general Emilio Villaescusa, secuestrados por los GRAPO. Aquella actuación motivó la segunda condecoración que recibió González Pacheco el 13 de junio de 1977. 'Billy el Niño' fue condecorado con la Medalla de Plata, la más alta distinción en vida y que conlleva un 15% de asignación mensual. En el expediente, que reveló eldiario.es, se dice que Pacheco llevó a cabo una “brillante misión” en la que se detuvo también a los secuestradores.

González Pacheco, que fue denunciado en 36 ocasiones por torturas, ha muerto percibiendo pagas extraordinarias cada mes por esta y otras cuatro medallas “al mérito policial”. El actual Gobierno intentó retirárselas, pero su concesión, de acuerdo a la Ley Orgánica de 1964 que regula los reconocimientos policiales, lo hizo imposible. Ahora se intenta introducir una modificación en la Ley de Memoria Histórica para que los policías cuya conducta haya sido contraria a sus funciones constitucionales pierdan las condecoraciones.

En el mensaje que ha circulado por los móviles de los mandos jubilados, también se dice: “Pablo Iglesias estará hoy muy contento, pues con el fallecimiento de él (González Pacheco), se acaba el testimonio de los asesinatos del FRAP bajo la dirección de su padre”.

La vinculación que hizo Hermann Terstch entre un asesinato del FRAP y el padre de Iglesias motivó una condena de la Audiencia Provincial de Zamora, que obligó a pagar 15.000 euros de multa al eurodiputado de Vox. Terstch publicó el siguiente tuit: “Del nombre de este policía tampoco se acuerda nadie. José Antonio Fernández Gutierrez [sic] asesinado por el FRAP, grupo terrorista comunista, el 1 de mayo de 1973. Entre los miembros detenidos después estuvo el padre de Pablo Iglesias. Como llegó la amnistía nunca fue acusado nadie”.

En relación con esto, Francisco Javier Iglesias declaró en su momento a eldiario.es: “Me detuvieron el 26 de abril de 1973 (...) y me procesaron junto con otros tres que también fueron detenidos, y el 28 de abril estaba en Carabanchel. Fue por repartir propaganda ilegal para el 1 de Mayo, y estuve en la cárcel hasta junio. Éramos unos críos, teníamos 19 años, y entonces o pagabas 100.000 pesetas o te tirabas un mes de cárcel”.

Pablo Iglesias ha reaccionado este jueves a la noticia de la muerte de Billy el Niño, adelantada por eldiario.es, con un tuit en el que calificaba de “vergüenza para la democracia” y para el Gobierno que “el torturador” haya muerto sin haber sido juzgado, “con sus medallas y privilegios intactos”. Iglesias pedía “perdón” a las víctimas de 'Billy el Niño'.

Entre las escasas muestras públicas de apoyo a la trayectoria de Billy el Niño ha estado la del periodista Alfonso Ussía, que en su cuenta de Twitter ha escrito: “Cumplió en momentos difíciles con su deber. Los otros no eran hermanos de la caridad”.

Apoyos de comisarios en activo

La empatía y admiración hacia 'Billy el Niño' en el seno de la Policía, y no solo por mandos jubilados, ha quedado de manifiesto a lo largo de los últimos años. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, intentó cesar al comisario del distrito de Ciudad Lineal, José Manuel Mariscal de Gante, por haber invitado a González Pacheco a la copa ofrecida con motivo del Día de la Policía en sus dependencias en octubre de 2018. Mariscal de Gante sigue en su puesto porque es de libre designación, si bien Interior podría haber cambiado de comisaría al mando y no lo hizo.

La Unidad de Régimen Disciplinario abrió una información reservada que meses después archivó asegurando que no había indicios para abrirle un expediente, según informó eldiario.es. La apertura de un expediente supone una investigación interna que puede concluir en propuesta de sanción o, por el contrario, de archivo.

Hace apenas un año, La Sexta grabó a Billy el Niño accediendo al edificio de la Dirección General de la Policía, que también alberga la comisaría del distrito de Chamberí, y al presunto torturador charlando amigablemente con varias personas que entran en las dependencias policiales.

Uno de los imputados en el caso Villarejo, el inspector jefe Constancio Riaño, reconoció en la Audiencia Nacional haber suministrado datos de los titulares de matrículas y de teléfonos a su “amigo” González Pacheco porque este se sentía “amenazado”. Riaño, que pasó sus últimos años en activo en la estructura antiterrorista de la Policía, no mencionó que Billy el Niño estaba al frente de una empresa de seguridad con la que facturó 700.000 euros durante los años en los que Riaño ocupó el cargo que le permitía facilitarle esos datos, habitualmente utilizados para realizar dosieres para clientes.

Pero quizá la imagen más gráfica de esa admiración interna se produjo cuando fue citado a finales de 2013 a declarar en la Audiencia Nacional por un requerimiento de la jueza argentina María de Servini. González Pacheco salió del tribunal acompañado por un veterano compañero destinado en la Comisaría General del Poder Judicial, que le abrió la puerta del coche que le esperaba en la puerta, delante de todas las cámaras, y le dio una palmada como despedida. Ese coche era un vehículo camuflado de la Policía en el que el presunto torturador pudo escapar de las cámaras y las víctimas que se manifestaban en la puerta de la Audiencia Nacional.

Pablo Iglesias: “Hay todavía suciedad que limpiar”

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, mostró el jueves su pesar porque el torturador haya muerto con sus honores intactos. En una entrevista este viernes en La Cafetera de Radiocable, el líder de Unidas Podemos ha reconocido que está “muy jodido”. “Llevamos tiempo persiguiendo algo de justicia, que le quitaran las medallas y se hiciera un poco de justicia”, ha asegurado.

Iglesias ha apelado a que “todos los jóvenes en España sepan quién era este tipo”. Y ha continuado: “Porque era un funcionario, la expresión de la voluntad política del Estado. El Estado español actuaba a través de Billy el Niño. Y la democracia española tiene que reconocer la vergüenza de haber protegido durante más 40 años a este miserable, que era la manera de proteger el crimen de Estado, la tortura. Vomo vicepresidente, tengo que avergonzarme y pedir perdón”.

El líder de Unidas Podemos ha mostrado su rechazo a los mensajes de los excomisarios que desvela eldiario.es, a los que ha calificado como “desvergüenza”. “La democracia no será completa hasta que limpiemos de inmundicia de las instituciones del Estado. Por eso se ataca tanto a Unidas Podemos. Los que nos conocen sabe que nuestro trabajo va a seguir siendo un trabajo de limpieza Hay todavía suciedad que limpiar”, ha concluido.

El periodista Alfonso Ussía ha relativizado el papel que cumplió Juan Antonio González Pacheco, conocido como 'Billy el Niño', durante la dictadura franquista. “Cumplió en momentos difíciles con su deber. Los otros no eran hermanos de la caridad”, ha respondido el excolumnista de 'La Razón' a la publicación de la noticia por parte del director de OkDiario, Eduardo Inda.

Ussía ha hecho varios comentarios de este estilo en las redes sociales, en los que ha valorado el papel del policía franquista, acusado de graves torturas, tras conocerse la noticia de su fallecimiento con coronavirus este jueves.

El escritor se ha dedicado a responder, de forma indirecta, a las reacciones de políticos como a Iñigo Errejón. “Ha muerto el torturador González Pacheco, Billy el Niño”, ha escrito el líder de Más País en Twitter. A ello, el periodista ha defendido: “Ha muerto un policía que cumplió con su deber”.

También ha optado por responder al tuit de Irene Montero, quien pedía “perdón” a las víctimas de las torturas de 'Billy el Niño' por no llegar “a tiempo”. Montero se refería así a que el expolicía franquista murió sin que se le retiraran las cinco medallas que le permitían un aumento de la pensión del 50%.

“Pruebe usted que torturó”, le ha retado Ussía, para luego añadir un segundo comentario en el que insulta a la ministra de Igualdad. “Torturadora y torturada, usted. Por usted misma”, ha zanjado el columnista.

En su época como policía del franquismo, 'Billy el Niño' actuaba con extrema violencia, según los testimonios de sus víctimas. Durante las sesiones de tortura, imitaba movimientos de las artes marciales y pronunciaba los nombres de las técnicas que utilizaba para presumir de su conocimiento sobre la materia.

Entre otros crímenes, en 1969 fue relacionado con el asesinato del estudiante y militante de Frente de Liberación Popular, Enrique Ruano, que cayó desde un séptimo piso.

Tras los comentarios de Ussía, varias personalidades de distintos ámbitos han recriminado la justificación de los crímenes franquistas.

“¿Sabes quién soy? 'Billy el Niño”. El inspector Antonio González Pacheco disfrutaba con su trabajo, según las víctimas: detener y torturar. El policía franquista tenía el mando en los calabozos de la Puerta del Sol de Madrid, y no dudaba en aplicar variadas técnicas de castigo durante sus interrogatorios. Quería atemorizar a sus detenidos. Ser el referente de la represión del franquismo. Todo ese terror queda reflejado en nueve querellas de víctimas de sus torturas. Algunas ya han sido archivadas porque los delitos han prescrito.

Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', nació el 10 de octubre de 1946 en Aldea del Cano (Cáceres). Le gustaba su apodo. Ha sido la cara más visible de la Brigada Político Social (BPS) y el aparato represor de los últimos años de la dictadura de Francisco Franco.

Este jueves se ha conocido su fallecimiento a causa del coronavirus y dolencias de riñón, en una clínica madrileña. 'Billy el Niño' ha muerto sin ser juzgado y manteniendo las medallas que recibió por su carrera durante el franquismo, plagada de torturas.

Durante su vida tuvo un objetivo: vestir sobre su figura una leyenda negra, de tipo duro, sin escrúpulos. Buscó estar en boca de los miembros de las organizaciones antifranquistas, que le conocieran y supieran de qué es capaz. Que le tuvieran miedo. Por eso acercaba el rostro a los reos y decía: “¿Sabes quién soy? Billy el Niño”.

El policía construyó para sí, durante su carrera, el perfil de un agente duro e imprevisible que convertía los calabozos de la Dirección General de Seguridad (DGS) en una trampa infernal para los activistas contra la dictadura. Por sus “méritos” acumulados en años de servicio recibió varias medallas pensionadas que siguieron en su poder hasta el día de su muerte.

Perfil de un torturador

Antonio González Pacheco vivía en Madrid, en el mismo barrio que algunas de sus víctimas. Obsesionado con su seguridad, calculaba con extremo cuidado cada salida a la calle. Un taxi en la puerta, miradas tras las cortinas desde las ventanas de un primer piso. Y una fugaz carrera desde el portal a la puerta abierta del vehículo.

Aficionado al atletismo, Billy el Niño llegó a correr maratones como los de Madrid o Nueva York. En una de estas competiciones fue identificado y la fotografía del torturador franquista con gorra, ropa deportiva, gesto sufrido y un dorsal con el número 4191 dieron la vuelta al país.

Como policía franquista llegó a ser número dos de la BPS bajo el mando del comisario Roberto Conesa (implicado en la represión tras la guerra civil y encargado de la lucha antiterrorista contra ETA y los GRAPO). Acumuló fama con rapidez por las palizas con las que sometía a los arrestados.

Desde 1977 fue inspector del Cuerpo Superior de Policía. Quedó integrado en la Brigada Central de Información, la policía secreta que sustituyó a la Brigada Político Social. En el 81 acusó un traslado a la Comisaría General de Policía Judicial y abandonó el servicio un año después para pasar a trabajar como jefe de seguridad en empresas privadas.

Dinero por detenciones y torturas

González Pacheco fue relacionado con el asesinato de Enrique Ruano, estudiante de Derecho y militante del Frente de Liberación Popular. Ruano murió bajo custodia de la policía secreta franquista. El 20 de enero de 1969 cayó desde un séptimo piso. La dictadura vendió el suceso como un suicidio, en una estrategia de la que participa el ministro Manuel Fraga. El movimiento antifranquista lo considera un crimen político y se incendia la indignación en las universidades españolas.

Incluso un juez condenó a Billy el Niño en 1974 por “malos tratos” al periodista Paco Lobatón. La pena fue de un día sin empleo y sueldo.

Billy el Niño llegaba a cobrar premios especiales en metálico por sus actuaciones. Como la “desarticulación de aparato de propaganda FRAP”, 20.000 pesetas en el 75. Y “detención de militante del Partido Comunista”, 6.000 pesetas en el 76.

Y medallas pensionadas

Billy el Niño obtuvo cinco medallas que aumentaron su pensión un 50%. El policía franquista acusado de torturas acumulaba condecoraciones en la dictadura y también en democracia, según desvelaba el informe solicitado sobre el caso por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La primera medalla de distintivo rojo la recibió del Gobierno de Franco en 1972. Estaba pensionada con un aumento del 10% en el sueldo. El siguiente premio es la Medalla de Plata al Mérito Policial concedida por el ministro Rodolfo Martín Villa en 1977, aumentaba su pensión en un 15%.

En 1980 obtuvo otra más, de las mismas características. Y en 1982 recibió la Medalla de Oro, que suponía un plus del 20% en su atribución. González Pacheco reclamó por vía judicial los beneficios económicos asociados a esta condecoración porque no los cobraba. La justicia reconoció este derecho en 2010. Por último, el policía franquista fue condecorado en 1977 con la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco. Esta última medalla militar no fue conocida públicamente hasta noviembre de 2019.

El Gobierno de España encargó este informe a través de Interior para estudiar la retirada de estas condecoraciones pensionadas. Es la “intención” del Ejecutivo de Pedro Sánchez finiquitar estos premios y privilegios. Grande-Marlaska, entiende que este tipo de condecoraciones son una manifestación de una conducta ejemplar y excepcional hacia la sociedad que, “a día de hoy”, cree que “no existe” en el caso de Billy el Niño.

En febrero de 2020, el Congreso dio el visto bueno a la petición del diputado EH Bildu Jon Iñárritu para desclasificar las medallas, condecoraciones y premios concedidos a Antonio González Pacheco. La desclasificación implicaba la publicación de la hoja de servicios de 'Billy el Niño', a la que había accedido eldiario.es en diciembre de 2018. Un expediente que había sido secreto hasta entonces y que revelaba que el Estado gratificaba con reconocimientos públicos y premios en metálico la detención y represión de estudiantes y comunistas.

El documento constaba de tres folios en los que se recogían las actuaciones de este agente franquista entre 1969 y 1977. En el documento figuraban 18 felicitaciones públicas por represión comunista y estudiantil, así como “premios” en metálico por la represión de los movimientos antifranquista.

Las torturas

El policía franquista estaba acusado de torturas continuadas en los calabozos de la Dirección General de Seguridad en Madrid. Actuaba con extrema violencia, según sus víctimas. Empleó técnicas de castigo como colgar al detenido en una barra para provocar una posición de extrema vulnerabilidad y ensayaba movimientos copiados de las artes marciales.

Una de las torturas era el 'pasillo': el detenido pasaba entre dos filas de agentes policiales que golpeaban con porras, vergajos, puños americanos, patadas y puñetazos. O el 'repasito': propinar fuertes golpes, sin dejar marcas en el cuerpo, con guías telefónicas y porras de goma, una táctica empleada entre interrogatorios.

La 'bañera' consistía en la introducción de la cabeza en aguas “extremadamente sucias y nauseabundas” hasta el práctico ahogamiento del detenido. Cuando la víctima llega a perder el conocimiento siente la sensación de que va a morir.

Billy el Niño bautizó como el 'saco de golpes' a los puñetazos y patadas repetidas en el cuerpo de sus víctimas que descargaba con movimientos y gritos copiados del kárate. Le “encantaba” propinar estas palizas pronunciando los nombres de las técnicas empleadas para mostrar su pericia en la materia, según el relato de las víctimas, algunos de los cuales han quedado recogidos en querellas.

En ellas se habla también de la técnica de colgamiento de una barra: esposado por la muñeca delante de los tobillos, el detenido quedaba suspendido por la articulación de las rodillas. La postura dejaba expuestos los glúteos, genitales y plantas de los pies para ser golpeados. Era una de las prácticas más usadas por los agentes de la BPS por la extrema posición de vulnerabilidad y la nula posibilidad de defensa. Además del intensísimo dolor, esta tortura provocaba abundantes hemorragias y presencia de sangre y coágulos en la orina durante meses.

La violencia psicológica y la humillación al detenido eran una constante. Con amenazas, coacciones indicando posibles daños a familiares y compañeros, o despojando de la ropa para mantener desnuda a la víctima. Y el aislamiento, los incesantes interrogatorios y el debilitamiento, negando agua o comida durante días.

Vinculado a Villarejo durante la democracia

Ya en los años de democracia, 'Billy el Niño' estuvo vinculado al caso Villarejo. Tal como informó Pedro Águeda, la empresa de seguridad de González Pachezo facturó cerca de 700.000 euros entre 2010 y 2016, durante periodo en el que el inspector jefe Constancio Riaño estuvo destinado en la Comisaría General de Información. Riaño esta imputado en el caso Villarejo, acusado de entregar información confidencial a Villarejo, con la que el comisario confeccionaba dosieres que luego vendía.

Servicio de Prevención de Atentados y Secuestros (SPAS S.L), la empresa de González Pacheco, funcionaba como una consultora de seguridad, y estuvo en funcionamiento durante dos décadas. Su fin de actividad coincide, precisamente, con el año en que Riaño se jubiló.

González Pacheco también se benefició de su 'amistad' con Riaño al obtener información privilegiada de este. El propio Riaño declaró ante el juez el septiembre pasado que había entregado datos de matrículas y teléfonos a su “amigo” Billy el Niño. Su justificación: que el policía franquista se sentía “amenazado”, que no podía recurrir a a la Policía por el “desprestigio” al que le habían condenado los medios de comunicación y que la información entregada no era exactamente confidencial.

“No es un día nada feliz”, es la primera frase que apunta Luis Suárez-Carreño al coger el teléfono y ser preguntado por la muerte del policía franquista Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño'. Suárez Carreño presentó la primera querella por torturas contra este agente Dirección General de Seguridad. “Su sadismo y su crueldad eran vocacionales”, relató en una entrevista con eldiario.es, rememorando las actuaciones sufridas durante su detención entre 1970 y 1973.

“A pesar de que hay gente que me ha planteado en una primera reacción que su muerte es una noticia positiva, creo que es muy malo para las víctimas y muy malo para la sociedad española”, añade. Su demanda no ha prosperado en ningún tribunal español y actualmente está a la espera de presentarla ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

“Se ha muerto y nos quedamos sin haber obtenido justicia. Los distintos gobiernos que hemos tenido no han facilitado las cosas para que pudiéramos sentar en el banquillo a este torturador”, replica Felisa Echegoyen, que también denunció el 'trato especial' del expolicía franquista. “Mi querella ya estaba en el comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ahora no sé qué va a pasar”, añade.

Las torturas denunciadas por Echegoyen se remontan a su detención en 1974, cuando militaba en la Liga Comunista Revolucionaria (LCR). Según relató a esta redacción, durante tres días estuvo detenida en la Dirección General de Seguridad (DGS) “sometida a palizas y golpes” hasta que le “dio un ataque” y fue atendida por un médico. “Ahí dejaron de torturarme físicamente, pero no psicológicamente, eso siempre”, afirmó.

Echegoyen lamenta que González Pacheco no haya dado explicaciones sobre sus actuaciones durante el franquismo ante un tribunal. “En este país parece ser que lo que prima es la impunidad. Se está premiando a los que hicieron barbaridades. Los gobiernos son colaboradores de ello”, apunta.

Una sensación compartida por Suárez Carreño, que recuerda que el agente de la Dirección General de Seguridad ha muerto con las distinciones que recibió por su expediente policial. “Es un criminal al que se le ha permitido vivir en libertad, con medallas, con condecoraciones, dobles o triples pensiones del Estado. Se ha estado paseando con total impunidad por este este país, al menos durante los últimos 10 años, en lo que hemos dado testimonios sobrados de sus crímenes”, apunta.

“Su impunidad, la de todo el aparato represor de la dictadura, sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la democracia. No podremos reconocernos como hombres y mujeres libres hasta que el Estado resuelva definitivamente la verdad, la justicia y reparación para todas las víctimas del franquismo”, ha apuntado Willy Meyer, otro de los denunciantes de malos tratos por parte de expolicía, en un artículo de opinión publicado tras la muerte de 'Billy el Niño'.

El exagente franquista ha fallecido con las distinciones acarreadas por la obtención de cuatro medallas policiales, que han llegado a aumentar un 50% su pensión. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió a retirarle estas condecoraciones, pero las dificultades de actuar retroactivamente ante la normativa que lo regula se lo impidió.

eldiario.es accedió en exclusiva a la hoja de servicios del agente más temido del franquismo. Un expediente que había sido secreto hasta entonces y que revela que el Estado gratificaba con reconocimientos públicos y premios en metálico la detención y represión de estudiantes y comunistas.

“No le deseo la muerte a nadie, porque la muerte es una tragedia, pero sí que deseo que los criminales sean juzgados. Si no son juzgados es una lacra para la sociedad. Si vivo en una sociedad que no aplica la justicia, me considero estafado e incómodo”, sentencia Suárez Carreño.

Rosa García Alcón fue detenida en 1975 por la Brigada Político Social, mientras estudiaba Medicina. “Billy el Niño me pegaba como un loco, me gritaba 'puta, guarra', yo era una niña de 18 años”, recordó en una entrevista. Esta actuación marcó su futuro porque tuvo que comenzar a vivir en la clandestinidad. “Me cambió la vida. Desde la detención ya no podía estar en casa de mis padres porque estaba expuesta a que la Policía viniera a buscarme cada vez que quisiera”, explicó.

Para esta mujer la muerte de González Pacheco no supone un punto y final en su búsqueda de reparación. “Él no era el único torturador, ni el único responsable de estas atrocidades, por encima de él estaban sus jefes, entre ellos [Rodolfo] Martín Villa. Seguiremos intentando conseguir ese derecho que reconoce la justicia internacional y que aquí se nos niega”, apunta.

El expolicía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, ha fallecido a primera hora de esta mañana en una clínica madrileña aquejado de la Covid-19, han avanzado a eldiario.es fuentes policiales.

González Pacheco, acusado de graves torturas, se encontraba ingresado en la clínica San Francisco de Asís desde hace varios días. La muerte se ha producido alrededor de las siete de la mañana. El expolicía padecía dolencias en el riñón.

Símbolo de la represión franquista contra la oposición democrática, la prescripción de los delitos evitó que González Pacheco fuera juzgado pese a los testimonios contrastados de sus palizas y vejaciones cuando estuvo destinado en la Brigada Político Social. Aun así sus víctimas no habían perdido todavía la esperanza de sentarlo en el banquillo.

Para que al menos declarara en la Audiencia Nacional, las víctimas del policía tuvieron que recurrir a la justicia argentina. Una jueza de Buenos Aires, María Servini, dictó una orden internacional de busca y captura por delitos de lesa humanidad, que no prescriben. En España ni siquiera fue detenido pese a la nota de Interpol. Fue llamado a declarar y la Audiencia Nacional declaró prescrita la causa desde hacía más de treinta años.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal concluyó que no se trata de un delito de lesa humanidad “por más que los hechos descritos constituyan delitos de tortura a detenidos por un grupo determinado, aislado y concreto de funcionarios policial, al no constar que las mismas fueran parte de un ataque sistemático y organizado a un grupo de población”. Los denunciantes vinculaban las torturas sufridas como parte de la maquinaria represora puesta en marcha desde el 17 de julio de 1936, momento en el que un grupo de militares se sublevó a la República, el régimen legalmente establecido.

El actual Gobierno se comprometió a retirarle las medallas con las que había sido condecorado durante su carrera, algunas de ellas pensionadas, pero tampoco eso se llevó a cabo al haber sido concedidas de acuerdo a una Ley Orgánica de 1964 y las dificultades legales de actuar de forma retroactiva.

En los últimos tiempos fue vinculado al caso Villarejo. Uno de los imputados confesó en sede judicial que proporcionaba datos a su “amigo” González Pacheco a los que accedía en su condición de funcionario en activo porque éste se sentía amenazado. 'Billy el Niño' tenía en aquellos años una empresa de seguridad mientras el policía imputado, Constancio Riaño, estaba destinado en la Comisaría General de Información y llegó a facturar 700.000 euros con la sociedad en ese mismo periodo.

Los letrados del Congreso han dado el visto bueno a la última petición del diputado EH Bildu Jon Iñárritu para desclasificar las medallas, condecoraciones y premios concedidos al torturador franquista Antonio González Pacheco, 'Billy el Niño', como había adelantado la Cadena SER y han confirmado fuentes parlamentarias a eldiario.es. El representante de la coalición vasca ha requerido el informe publicado por eldiario.es el 18 de diciembre de 2018, sobre el “expediente de actividad del torturador franquista, Antonio González Pachecho, Billy el Niño”.

eldiario.es accedió en exclusiva a la hoja de servicios del agente más temido del franquismo. Un expediente que había sido secreto hasta entonces y que revela que el Estado gratificaba con reconocimientos públicos y premios en metálico la detención y represión de estudiantes y comunistas.

El documento publicado por esta redacción, y citado en la consulta al Congreso por Iñárritu, consta de tres folios en los que se recogen las actuaciones de este agente franquista entre 1969 y 1977. En el documento figuran 18 felicitaciones públicas por represión comunista y estudiantil, así como “premios” en metálico por la represión de los movimientos antifranquista.

Entre las distinciones publicadas, la Dirección General de Seguridad le concedió remuneración extra por sus servicios, esas cantidades van desde 2.000 pesetas de los años 70 por la “detención de 25 miembros de la Comisión Coordinadora Estudiantil cuando celebraba una reunión ilegal y otros servicios importantes”, a 20.000 pesetas por “desarticular el aparato de propaganda del FRAP”, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota.

Iñárritu ha tenido que reformular su pregunta para que sea aceptada, en la petición inicial solicitó la publicación de “la hoja de servicios con todos los destinos, medallas, ascensos, sanciones, condecoraciones y datos de interés”. Una semana después, se ha limitado a requerir el “expediente de actividad”.

Según fuentes parlamentarias, el PSOE y los letrados han dado el visto bueno a la nueva petición de información de Bildu, apoyada por Unidas Podemos. La Vicepresidencia de Derechos Sociales, liderada por Pablo Iglesias, llegó a solicitar un informe jurídico para analizar esta cuestión, después de que su partido se pronunciase en contra el pasado martes “por un vergonzoso error”, afirmaron los dirigentes de Unidas Podemos en ese momento.

El informe, adelantado por eldiario.es, encargado por Iglesias ha concluido que en la petición de Iñárritu no puede argumentarse que la petición afecte a datos especialmente protegidos del afectado. Este dictamen defendía la prevalencia del derecho a la información siempre que sirva al interés público frente al derecho a la intimidad, en los mismos términos que ha estipulado el Tribunal Constitucional.

Aún así, este informe sí que defendía en uno de sus últimos puntos “preservar, como sugieren los letrados del Congreso, aquellos datos especialmente protegidos en la Ley de Transparencia que en su artículo 15 se muestra contraria a la publicación de datos relacionados con las convicciones personales o íntimas del afectado”.

Cuatro medallas

Fuentes parlamentarias han explicado a eldiario.es, que la Mesa del Congreso ha dado luz verde a publicar información “referida exclusivamente a medallas”. En relación con estos documentos, esta redacción también ha publicado los expedientes oficiales que justifican que el policía franquista acusado de torturas recibiera cuatro medallas policiales, que le aumentan un 50% su pensión.

La primera medalla se le entregó en 1972, junto a decenas de policías y guardias civiles, “con motivo de la conmemoración del 18 de julio”. La segunda, por un secuestro de los Grapo Bajo en 1977. Esta distinción fue concedida por la liberación del presidente del Consejo de Estado Antonio María de Oriol y del teniente general Emilio Villaescusa.

Las siguientes dos condecoraciones ya se dispensaron en democracia. En 1980, por un “perfecto y admirable trabajo de vigilancia policial”, que realizó junto a otros tres agentes, el expediente destaca que “tuvieron la capacidad y serenidad suficiente para esperar el momento adecuado de intentar la detención sin riesgo para los transeúntes de”... La continuación del texto fue tapada con rotulador negro por la Dirección General de la Policía.

Finalmente, el policía franquista obtuvo su cuarta medalla por sentencia en 2012, después de pleitear para que el Gobierno de Zapatero le concediese esta distinción por pertenecer a la Brigada Central de Información. En 1982 este colectivo había sido distinguido con una medalla de plata al mérito policial, solicitó la condecoración y tras el rechazo del Ejecutivo socialista, consiguió que le diesen la razón en una sentencia de 2012. El ministro Ignacio Cosidó firmó el 11 de enero de 2012 la disposición para ejecutar la sentencia que permitió a Antonio González Pacheco disfrutar de su cuarta medalla policial pensionada.

Las medallas, condecoraciones y premios concedidos al torturador franquista Antonio González Pacheco, 'Billy el Niño', podrán conocerse, después de que la Mesa del Congreso haya aprobado este martes su desclasificación, como había adelantado la Cadena SER y confirmado fuentes parlamentarias a eldiario.es.

Estas fuentes explican que los letrados del Congreso habían dado su visto bueno a la última petición del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que decía así:

eldiario.es accedió en exclusiva, en diciembre de 2018, a la hoja de servicios del agente más temido del franquismo. Un expediente que había sido secreto hasta entonces y que revela que el Estado gratificaba con reconocimientos públicos y premios en metálico la detención y represión de estudiantes y comunistas.

Según fuentes parlamentarias, el PSOE y los letrados han dado el visto bueno a la nueva petición de información de Bildu, apoyada por Unidas Podemos.

Mientras, la anterior petición, referida concretamente a la publicación de “la hoja de servicios con todos los destinos, medallas, ascensos, sanciones, condecoraciones y datos de interés”, había sido rechazada.

Unidas Podemos ha defendido este martes que “debería haberse admitido a trámite, y que los datos de relevancia pública, no los personales, deben proporcionarse siempre”. El martes anterior votó en contra de su publicación “por un vergonzoso error”, afirmaron los dirigentes de Unidas Podemos.

A partir de aquí, explican las fuentes parlamentarias, la mayoría de la Cámara parece estar de acuerdo en revocar las medallas.

Este lunes eldiario.es publicaba un informe recabado por la vicepresidencia de Pablo Iglesias, en el que han participado varios juristas, entre ellos el diputado de En Comú Podem Gerardo Pisarello, que avalaba la publicación del historial completo del torturador –primera petición de Bildu, rechazada por la Mesa–.

El informe defendía la prevalencia del derecho a la información siempre que sirva al interés público frente al derecho a la intimidad en los mismos términos que ha estipulado el Tribunal Constitucional y alega que en este caso no puede argumentarse que la petición afecte a datos especialmente protegidos del afectado.

Los juristas consultados por la Vicepresidencia de Derechos Sociales argumentan que la información solicitada por EH Bildu tiene un “interés público relevante porque está vinculada al derecho a la memoria, al derecho a la reparación de las víctimas del franquismo y al derecho a conocer el historial de funcionarios que participaron en los aparatos coactivos del Estado durante un régimen dictatorial y a que se puedan esclarecer posibles delitos de torturas y de lesa humanidad”.

Bildu preguntará este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “qué previsiones tiene el Gobierno para retirar las condecoraciones a los agentes policiales implicados en conculcaciones de derechos humanos, como las del torturador franquista Billy el Niño”.

En España nos podrían dar el Oscar por los parásitos del franquismo que pululan por las cloacas, los salones y los despachos. La estatuilla al Mejor Torturador sería para Billy El Niño, que tiene dividido al Gobierno. Podemos quiere solucionar esta semana el bochorno de la anterior en la que votó con el PSOE y la derecha en contra de hacer público el expediente del verdugo franquista. Se lió tan parda que tuvieron que rectificar y decir que había sido un error vergonzoso. No fue error sino cesión, pero al menos esta vez, pudo más la presión social que la coalición gubernamental.

Para enmendarlo, Iglesias ha solicitado un informe jurídico que avala la publicación del expediente, por otra parte expuesto a la luz por eldiario.es, que deja al descubierto que siguieron premiándole por perseguir comunistas después de muerto Franco. El torturador tiene cuatro condecoraciones, concedidas entre 1972 y 1982, por las que su pensión ha aumentado un 50%. Los socialistas aún no se las han retirado como prometieron. Ocultar su actividad como funcionario público no protege su intimidad sino la complicidad de la Transición con la impunidad de la dictadura.

El Régimen aún parasita nuestra democracia en todas las instancias, por eso es imposible juzgarle por sus crímenes 80 años después. A cambio, el PSOE ha anunciado que incluirá la apología de la dictadura en el Código Penal. Es un trampantojo. Una forma de condenar a la dictadura sin condenar a los franquistas. Resulta paradójico que sea delito la exaltación del franquismo pero no el propio franquismo. Persigues a los exaltados para no perseguir a los criminales. Como la Ley de Memoria Histórica, se intenta contentar a las víctimas y a la izquierda mientras los verdugos quedan impunes.

Por más que me moleste que se elogie a un golpista genocida como Franco, no soy de prohibir la libertad de expresión ni siquiera de quienes quieren acabar con ella. Mientras todo lo que hagan sea hablar, no me parecen más peligrosos para la democracia que mucho de lo que se ve cada día en las pantallas. Lo que sí creo que hay que proteger es a las víctimas del franquismo frente a quienes insulten gravemente su memoria o traten de humillarlas. Más que la defensa de Franco, penaría el ataque a sus víctimas (a veces, puede ser lo mismo, lo sé).

Pero eso no nos previene del fascismo porque me temo que el Código Penal no enseña Historia. En Italia y Alemania tienen delitos similares contra fascistas y nazis y eso que no les ha impedido expresarse, resurgir, incluso llegar al Parlamento. Como hemos visto con tuiteros y titiriteros, las penas por exaltación valen más para restringir libertades que para restringir el fascismo. Por querer fortalecer la democracia se puede debilitar uno de sus pilares. Ojo ahí.

Si lo que se quiere es hacer Justicia con el franquismo y sus víctimas, hay que juzgar a los criminales que siguen vivos, enseñar cuáles fueron sus crímenes, quitarles los honores y acabar con las subvenciones a sus asociaciones. Ese es el ingente trabajo que hay que hacer y no se ha hecho. Educación y reparación. Acaben con la Ley de Amnistía, enseñen los crímenes de la dictadura en las escuelas, empiecen a despulgar. Entonces el franquismo dejará de ser el parásito que mata a esta democracia por dentro.

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Unidas Podemos y el PSOE están trabajando para que pueda conocerse la hoja de servicios de Billy el Niño. Este lunes eldiario.es publicaba un informe recabado por la vicepresidencia de Pablo Iglesias, en el que han participado varios juristas, entre ellos el diputado de En Comú Podem Gerardo Pisarello, que avala la publicación del historial del torturador.

Hace una semana, en la junta de portavoces, PSOE y UP votaron junto a PP, Vox y Ciudadanos en contra de publicar el historial de Antonio González Pacheco en virtud de los informes jurídicos de la Cámara Baja. Iglesias calificó de “error vergonzoso” aquella decisión, que cometió su grupo al “pensar que el informe de los letrados tenía razón”.

Así, ahora, con el nuevo informe, el vicepresidente ha asegurado que tanto Adriana Lastra como Pablo Echenique están trabajando en este asunto. “Espero que el resultado de ese trabajo sea positivo”, ha planteado sobre el estudio encargado en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Iglesias ha insistido en que no se “estén vulnerando” los derechos del policía franquista “porque se conozca su actividad como funcionario público” y se publique su hoja de servicios.

Anticapitalistas planea la marcha

El vicepresidente y secretario general de Podemos ha respondido sobre la distancia con Anticapitalistas, que se está planteando no acudir a Vistalegre III, lo cual abre la puerta a la hipótesis de su abandono de la organización, que se debatirá a finales de marzo. “Creo que cuando no se puede seguir juntos, lo mejor es hacer las cosas bien y quizá en el futuro nos podamos encontrar”, ha afirmado Iglesias, quien la pasada semana se reunió con dos de los dirigentes de la familia anticapitalista, Miguel Urbán y Manolo Garí.

¿Se están planteando dejar Podemos? “Se lo están planteando y eso no habla mal de ellos”, ha respondido Iglesias por las discrepancias en torno al Gobierno de coalición, que Anticapitalistas siempre ha rechazado: “Si es incompatible, es lo más lógico y lo vamos a respetar, sabiendo que sin espacios orgánicos a veces es más fácil la colaboración.La gente está muy cansada de ver a compañeros dándose duro en los medios. Y si hay que separarse, hay que hacerlo sin dolor”.

Además de la discrepancia del Gobierno de coalición, subyace la del proyecto andaluz: “Teresa [Rodríguez, líder de Podemos en Andalucía] quiere un partido andalucista, y Podemos es de ámbito estatal que va a seguir en todos los territorios”.

En la mesa catalana

Iglesias, por otro lado, ha confirmado que estará presente en la mesa de negociación de Catalunya. Según ha confirmado en La Sexta, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, le ha pedido que esté. Iglesias no ha aportado los nombres de las personas del Gobierno que le acompañarán. “No me corresponde a mí anunciar los nombres”, ha asegurado.

En relación a los asuntos que se va a debatir en ese espacio de diálogo, ha reseñado que cree que “que no debe haber ningún tema excluido”. “A partir de ahí, los acuerdos a los que podamos llegar es fundamental que no lo condicionemos desde los programas de televisión”, ha apuntado.

La publicación de la hoja de servicios del policía franquista Antonio González Pacheco, 'Billy el Niño', que recibió varias condecoraciones y premios económicos pese a su historial de torturas durante la dictadura y en los primeros años de la democracia, ha introducido las primeras diferencias de criterio en el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez.

Pese a que en un primer momento el PSOE y Unidas Podemos sumaron los votos el pasado martes en la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados para evitar que el currículum de Billy el Niño se hiciese público basándose en un informe de los letrados de la Cámara que desaconsejaba su difusión, el grupo confederal se retractó horas después y atribuyó su posición a un “error”, tras recibir duras críticas en las redes sociales y por parte de alguna corriente interna como Izquierda Anticapitalista. El propio Iglesias salió entonces a pedir perdón públicamente y subrayó que no hay excusas para “fallar a las víctimas del torturador”.

Unidas Podemos dio marcha atrás y se ha comprometido a votar a favor la próxima vez que la iniciativa llegue a la Cámara. Esta vez había sido Bildu quien presentó la iniciativa a través de su diputado Jon Iñarritu, que tras conocer el sentido de su voto, se mostró muy crítico con los dirigentes de Unidas Podemos.

Al mismo tiempo que el grupo confederal formulaba esa rectificación, desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno, que dirige Iglesias, se encargó un estudio a un grupo de juristas sobre la legalidad de publicitar el expediente de Billy el Niño. Ese dictamen, en el que participó entre otros juristas el primer secretario del Congreso y diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional y miembro de la Mesa del Congreso, concluye, según las fuentes consultadas, que no hay ninguna norma que impida la publicación del currículum del policía franquista.

El informe defiende la prevalencia del derecho a la información siempre que sirva al interés público frente al derecho a la intimidad en los mismo términos que ha estipulado el Tribunal Constitucional y alega que en este caso no puede argumentarse que la petición afecte a datos especialmente protegidos del afectado.

Los juristas consultados por la Vicepresidencia de Derechos Sociales argumentan que la información solicitada por EH Bildu tiene un “interés público relevante porque está vinculada al derecho a la memoria, al derecho a la reparación de las víctimas del franquismo y al derecho a conocer el historial de funcionarios que participaron en los aparatos coactivos del Estado durante un régimen dictatorial y a que se puedan esclarecer posibles delitos de torturas y de lesa humanidad”.

A diferencia de lo que arguyeron los servicios jurídicos del Congreso, el dictamen encargado por el departamento de Pablo Iglesias sostiene que la petición de EH Bildu “no se refiere, en principio, a lo que la Ley de Transparencia (artículo 15) considera datos especialmente protegidos cuyo acceso solo será posible mediante consentimiento del afectado (los relativos a su ideología, afiliación sindical, religión o creencias, salud, vida sexual, origen racial, datos genéticos o los relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conlleven la amonestación pública del infractor)”.

El texto que redacta ese grupo de juristas encabezado por el diputado Pisarello cita las 39 denuncias presentadas contra Billy el Niño y otros agentes en distintos juzgados del país y recuerda que eldiario.es ya adelantó en exclusiva el contenido de la hoja de servicios de González Pacheco y que en ella figuran cobros en metálico “por la represión y tortura de movimientos antifranquistas”.

Por todas estas razones, concluye el dictamen remitido a la Vicepresidencia de Derechos Sociales, “deben facilitarse al diputado Jon Iñarritu todos los datos de la hoja de servicio del agente Antonio Pacheco que tengan un interés público para el esclarecimiento de la memoria histórica y la represión durante el franquismo de derechos y libertades básicas”.

El informe sí defiende en uno de sus últimos puntos “preservar, como sugieren los letrados del Congreso, aquellos datos especialmente protegidos en la Ley de Transparencia que en su artículo 15 se muestra contraria a la publicación de datos relacionados con las convicciones personales o íntimas del afectado, ya tengan que ver con su ideología o militancia en partidos, sindicatos o religiones, así como su vida sexual o aspectos relacionados con la salud e infracciones penales y administración que no conlleven sanciones públicas.

La decisión de Iglesias de pedir desde la Vicepresidencia del Gobierno un informe que contradice el dictamen de los servicios jurídicos del Congreso –y la posición que ha venido manteniendo el PSOE respecto a la difusión de la hoja de servicios de Billy el Niño– evidencia una discrepancia de criterios en la coalición, la primera que se hace pública desde que ambas formaciones firmaron el pacto de Gobierno a mediados de noviembre. También en el Congreso de los Diputados, el PSOE y Unidas Podemos parecen dispuestos desde el pasado martes a seguir caminos distintos la próxima vez que se vote sobre la publicación del currículum del policía franquista.