La Vicepresidencia de Pablo Iglesias recaba un informe jurídico que avala la publicación del historial de 'Billy el Niño'

La publicación de la hoja de servicios del policía franquista Antonio González Pacheco, 'Billy el Niño', que recibió varias condecoraciones y premios económicos pese a su historial de torturas durante la dictadura y en los primeros años de la democracia, ha introducido las primeras diferencias de criterio en el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez.

Pese a que en un primer momento el PSOE y Unidas Podemos sumaron los votos el pasado martes en la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados para evitar que el currículum de Billy el Niño se hiciese público basándose en un informe de los letrados de la Cámara que desaconsejaba su difusión, el grupo confederal se retractó horas después y atribuyó su posición a un “error”, tras recibir duras críticas en las redes sociales y por parte de alguna corriente interna como Izquierda Anticapitalista. El propio Iglesias salió entonces a pedir perdón públicamente y subrayó que no hay excusas para “fallar a las víctimas del torturador”.

Unidas Podemos dio marcha atrás y se ha comprometido a votar a favor la próxima vez que la iniciativa llegue a la Cámara. Esta vez había sido Bildu quien presentó la iniciativa a través de su diputado Jon Iñarritu, que tras conocer el sentido de su voto, se mostró muy crítico con los dirigentes de Unidas Podemos.

Al mismo tiempo que el grupo confederal formulaba esa rectificación, desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno, que dirige Iglesias, se encargó un estudio a un grupo de juristas sobre la legalidad de publicitar el expediente de Billy el Niño. Ese dictamen, en el que participó entre otros juristas el primer secretario del Congreso y diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional y miembro de la Mesa del Congreso, concluye, según las fuentes consultadas, que no hay ninguna norma que impida la publicación del currículum del policía franquista.

El informe defiende la prevalencia del derecho a la información siempre que sirva al interés público frente al derecho a la intimidad en los mismo términos que ha estipulado el Tribunal Constitucional y alega que en este caso no puede argumentarse que la petición afecte a datos especialmente protegidos del afectado.

Los juristas consultados por la Vicepresidencia de Derechos Sociales argumentan que la información solicitada por EH Bildu tiene un “interés público relevante porque está vinculada al derecho a la memoria, al derecho a la reparación de las víctimas del franquismo y al derecho a conocer el historial de funcionarios que participaron en los aparatos coactivos del Estado durante un régimen dictatorial y a que se puedan esclarecer posibles delitos de torturas y de lesa humanidad”.

A diferencia de lo que arguyeron los servicios jurídicos del Congreso, el dictamen encargado por el departamento de Pablo Iglesias sostiene que la petición de EH Bildu “no se refiere, en principio, a lo que la Ley de Transparencia (artículo 15) considera datos especialmente protegidos cuyo acceso solo será posible mediante consentimiento del afectado (los relativos a su ideología, afiliación sindical, religión o creencias, salud, vida sexual, origen racial, datos genéticos o los relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conlleven la amonestación pública del infractor)”.

El texto que redacta ese grupo de juristas encabezado por el diputado Pisarello cita las 39 denuncias presentadas contra Billy el Niño y otros agentes en distintos juzgados del país y recuerda que eldiario.es ya adelantó en exclusiva el contenido de la hoja de servicios de González Pacheco y que en ella figuran cobros en metálico “por la represión y tortura de movimientos antifranquistas”.

Por todas estas razones, concluye el dictamen remitido a la Vicepresidencia de Derechos Sociales, “deben facilitarse al diputado Jon Iñarritu todos los datos de la hoja de servicio del agente Antonio Pacheco que tengan un interés público para el esclarecimiento de la memoria histórica y la represión durante el franquismo de derechos y libertades básicas”.

El informe sí defiende en uno de sus últimos puntos “preservar, como sugieren los letrados del Congreso, aquellos datos especialmente protegidos en la Ley de Transparencia que en su artículo 15 se muestra contraria a la publicación de datos relacionados con las convicciones personales o íntimas del afectado, ya tengan que ver con su ideología o militancia en partidos, sindicatos o religiones, así como su vida sexual o aspectos relacionados con la salud e infracciones penales y administración que no conlleven sanciones públicas.

La decisión de Iglesias de pedir desde la Vicepresidencia del Gobierno un informe que contradice el dictamen de los servicios jurídicos del Congreso –y la posición que ha venido manteniendo el PSOE respecto a la difusión de la hoja de servicios de Billy el Niño– evidencia una discrepancia de criterios en la coalición, la primera que se hace pública desde que ambas formaciones firmaron el pacto de Gobierno a mediados de noviembre. También en el Congreso de los Diputados, el PSOE y Unidas Podemos parecen dispuestos desde el pasado martes a seguir caminos distintos la próxima vez que se vote sobre la publicación del currículum del policía franquista.