Hay muchas cosas que Fernando Clavijo le debe a Manuel Marchena, el poderoso presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Las más conocidas son, sin duda, los correspondientes archivos de los casos Grúas y Reparos, las causas penales por las que el presidente de Canarias se hizo senador por la Comunidad Autónoma entre 2019 y 2023, convirtiendo en digno de estudio su caso por el récord que supone que a un solo aforado le archiven dos asuntos en una sola legislatura y de un modo tan chiripitifláutico.

Pero hay un tercer tributo que Clavijo debería estarle rindiendo a Marchena: la implacable condena y posterior persecución que el magistrado hizo del que fuera diputado de Podemos Alberto Rodríguez, al que no solo la Sala Segunda condenó con el único testimonio en contra de un policía, sino sobre el que el poderoso magistrado proyectó a continuación un seguimiento de ejecución de sentencia que también merece ser repasado en las facultades de Derecho. 

Efectivamente, que Alberto Rodríguez perdiera su condición de diputado de la manera que lo hizo, en una sucesión de atolondradas decisiones de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, del PSOE, que se rindió a las exigencias de Manuel Marchena frente al criterio de los servicios jurídicos de la Cámara, convirtió al político canario en una víctima evidente del sistema. Lo que reforzó posteriormente el Tribunal Constitucional al anular la condena por su desproporción.

Y de aquellos polvos, estos lodos.

Porque, de inmediato, Alberto Rodríguez renegó de un montón de gente, de amistades, de complicidades y de algunas convicciones para echarse al monte de la intransigencia frente a los que consideró que le habían abandonado ante aquella tesitura. Lo malo es que en esa transición revisionista que hizo, se llevó por delante a mucha gente que lo apoyó hasta que no pudo soportar su narcisismo.

Y cuando parecía que se transformaría en un antisistema, cabreado con los partidos políticos y con todos los poderes constitucionales del Estado, su transición fue hacia la búsqueda urgente del poder, con algunos de los mismos métodos que tanto repudió. Se trata de hacer política utilitarista: si no puedes cargarte al sistema, aprovéchalo.

De repente, aquel Alberto Rodríguez que en 2015 ejemplificó en la familia de Ana Oramas la perversión de los poderes burgueses que representa Coalición Canaria, cuando contó en un mitin cómo a su abuela le tiraban al suelo el dinero que se había ganado ejerciendo como costurera, se ha convertido en un instrumento muy efectivo para combatir a los adversarios de Fernando Clavijo (y de Ana Oramas). Y defender, por lo tanto, a los poderes burgueses y corruptos contra los que se desgañitó cuando sus rastas se convirtieron en el símbolo institucional de la contestación del 15-M.

Ya restablecido de aquella crisis que le provocó dejar el escaño en el Congreso de los Diputados y la secretaría de Organización de Podemos, Rodríguez montó Drago Canarias, un proyecto que se define como soberanista de izquierdas, con un ideario muy amplio que va desde una mayor protección del territorio a lo que él ha llamado recientemente la prioridad nacional canaria, una reinterpretación con adaptaciones muy poco afortunadas de la prioridad nacional de Vox (que poco a poco va adaptando y asumiendo el PP) según la cual aquí ya no cabe más gente y hay que limitar a tres meses la estancia de todas aquellas personas que entren con visado de turista o permiso temporal. Rodríguez se hizo un lío enorme explicándolo, lo que provocó el regocijo y hasta el jolgorio en la prensa ultra del país, que casi empieza a considerarlo uno de los suyos.

Antes lo había hecho Clavijo. Desde que sacó dos concejales en La Laguna en 2023, Alberto Rodríguez y su gente se han convertido en un fetiche para Coalición Canaria. Les gustó cómo trató de poner firmes al alcalde de la ciudad, el socialista Luis Yeray Gutiérrez, cuando durante la negociación para un pacto progresista para la ciudad le largó a la cara una frase que pasará a la posteridad: “Tú déjame a mí la alcaldía y tú encárgate de llevar el ayuntamiento”. Con dos concejales de 27.

Rodríguez se negó a firmar un pacto con el PSOE (10 concejales) y Unidas se Puede (2), lo que provocó que Luis Yeray Gutiérrez acabara pactando con Coalición Canaria (siempre el mal menor), lo que a continuación trasladó la polémica al grupo mixto, donde debían entenderse Alberto Rodríguez con el líder local de Unidas se puede, Rubens Ascanio, y el portavoz de Vox, Manuel Rodríguez. El acuerdo que firmaron por exigencia de Drago Canarias otorgó la portavocía del grupo a Vox para que Drago pudiera asumir la liberación de su concejala, Carmen Peña, mientras que Unidas se puede, con más votos y los mismos concejales que los otros dos integrantes del grupo mixto, se quedara con la liberación de uno de sus ediles al 75%. 

Rodríguez renunció a cualquier cosa que favoreciera al PSOE y también a la versión local de su antiguo partido, pero se quedó con una concejala liberada. Y el poder, para Coalición Canaria.

Con la ayuda de la cadena Ser y Televisión Canaria

Aquel no fue sin embargo el primer servicio a Coalición Canaria. Durante la campaña para las elecciones autonómicas de 2023, Alberto Rodríguez fue utilizado como ariete contra el PSOE en todos los espacios de debate electoral que se lo permitían y donde CC lo lograba colocar. Los más llamativos fueron los organizados por la cadena Ser en Canarias. La emisora más seguida en la comunidad autónoma y que, en consecuencia, históricamente recibe más fondos del Gobierno canario, no disimulaba su deseo de que Fernando Clavijo regresara al poder. Y eso que el pacto de las flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera) había mantenido una alta colaboración publicitaria.

La Ser metió con calzador en los debates que organizó a Alberto Rodríguez a pesar de que su partido, que se acababa de crear, no tenía representación parlamentaria, y sigue sin tenerla. Las protestas de los responsables de campaña no sirvieron de nada. Allí estuvo la bestia parda ejerciendo de mirlo blanco de Coalición Canaria, atacando tanto al PSOE como a Nueva Canarias y a Podemos, para conseguir debilitar las alianzas progresistas y fortalecer consecuentemente a los de Clavijo.

Alberto Rodríguez se presentó acto seguido a las elecciones generales de julio de aquel 2023 bajo la coalición que lideró Sumar, pero a pesar de sus más de 52.000 votos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, no logró obtener escaño. Pero, eso sí, de aquel acuerdo con el partido de Yolanda Díaz, Drago Canarias sacó su correspondiente tajada económica: desde entonces y hasta la fecha, el salario de su jefe de prensa lo paga Sumar, lo que obliga al comunicador a tener que acudir de vez en cuando a Madrid a algún curso que justifique qué grupo parlamentario es el que le paga.

Un amplio cuestionario enviado el viernes a primera hora a ese departamento de Prensa de Drago Canarias no ha sido contestado a la hora de publicar este boletín. En él se le preguntaba por esta colaboración y por la que Alberto Rodríguez mantiene con los medios de comunicación públicos de Canarias, particularmente la Televisión Canaria. No podemos saber si cobra y cuánto cobra.

De las seis emisiones que hasta ahora ha tenido el programa de Televisión Canaria La Retranca, que pretende convertirse en el programa de referencia de debate político de la cadena, Alberto Rodríguez ha aparecido como tertuliano en cuatro. Nada cabría objetar a que una persona de izquierdas pueda sentarse a debatir con contendientes como Melisa Rodríguez, exdiputada nacional de Ciudadanos, ya retirada al menos formalmente de la política. Salvo por el hecho de que la presencia del líder de Drago es pregonada por los gestores de la cadena como la voz de la izquierda en ese plató.

De manera que la voz de la izquierda en ese programa que quiere ser referente la encarna un cargo público que, en cada ocasión que se presenta, denosta al PSOE, partido que jamás tiene quien le defienda porque el resto de tertulianos es, en su mayoría, de la plantilla de tertulianos de la cadena Ser en Canarias (Francisco Pomares, Jorge Bethencourt, Juan García Luján…). Y eso que en estas seis primeras entregas se ha abordado la crisis de credibilidad y de corrupción del partido en el gobierno seis veces, seis.

La confluencia a la que se negó Román Rodríguez

Gracias a Alberto Rodríguez, Fernando Clavijo y los suyos tienen cubierto, especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el flanco izquierdista de la operación supervivencia que tienen diseñada. Se trataba inicialmente de dinamitar cualquier posibilidad de que una eventual coalición por la izquierda pudiera llegar a sumar lo suficiente como para que Ángel Víctor Torres, o quien coloque el PSOE en la candidatura autonómica en 2027, pueda contar con los apoyos para reeditar un pacto de las flores.

Pero ahora se ha ampliado la encomienda: se trata de conseguir la confluencia del nacionalismo tantas veces reclamada a Román Rodríguez y tantas veces denegada por el fundador de Nueva Canarias. Porque es en la provincia de Las Palmas, particularmente en la isla de Gran Canaria, donde más debilidades presenta Coalición Canaria. 

De ahí el caballo de Troya introducido en Nueva Canarias por los alcaldes de Gáldar, Teodoro Sosa, y de Agüimes, Óscar Hernández, líderes de Municipalistas Primero Canarias.

Cuando empiezan a sonar ya los tambores de víspera electoral, se desatan las colocaciones y las recolocaciones, Alberto Rodríguez ya se ha acercado a Agüimes, no a potenciar su opción soberanista de izquierdas, sino a proponer a la gente de Primero Canarias “un nuevo proyecto político soberanista y de carácter progresista”. De prosperar la idea, Coalición Canaria no solo se aseguraría una fuerza alternativa a Nueva Canarias que le restara lo suficiente como para no poder contribuir a un nuevo pacto de las flores, sino que reventaría el ya avanzado proyecto de una candidatura unida de la izquierda en Canarias para el Parlamento nacional y el canario. Drago Canarias es, por el momento, la única fuerza de esa órbita que ha dicho que no.

En la operación está Fernando Clavijo y su grupo de pensadores agrupados en su entorno en presidencia del Gobierno. Ninguno de ellos se acuesta sin consultar con su biblia de Perfiles, el instituto que les tiene al corriente de las vicisitudes demoscópicas de la región. Encuestas que comentó el presidente con Alberto Rodríguez en una reunión secreta que ambos mantuvieron recientemente y que ambos se han negado a confirmar o a desmentir a este periódico. 

Nos quedaremos con las ganas de saber qué opinaría la abuela de Alberto Rodríguez viéndolo ahora conchabado con los que le tiraban el dinero al suelo después de hacerle sus apaños en la ropa.

El presidente de Drago Canarias, Alberto Rodríguez, ha opinado que el nuevo soberanismo canario que defiende su partido responde, entre otras cuestiones, al “colapso material del modelo capitalista de Canarias”, que está afectando “a las cosas de comer”. Según su explicación, “generaciones enteras de Canarias están sufriendo empobrecimiento, desigualdad, marginación y dificultades para encontrar un trabajo o una vivienda digna”, por lo que la ciudadanía “está pidiendo alternativas políticas ante un modelo económico extractivista que favorece a una minoría, deteriora el territorio, produce hiperpoblación y genera una total dependencia del exterior”. “Los canarios y las canarias están diciendo que Canarias tiene un límite y Drago quiere dar respuesta a esta idea articulando un nuevo proyecto soberanista y progresista para las islas”, expuso. 

Para hacerlo, según él, Canarias debe contar con “una opción política que proteja el territorio, defienda los servicios públicos y promueva un cambio en el modelo productivo para conseguir que la riqueza del archipiélago alcance al conjunto de la población”. Rodríguez hizo estas declaraciones en una charla ofrecida en Agüimes, en la sede de Roque Aguayro, formación integrada en Municipalistas Primero Canarias, partido nacido tras la escisión de varios alcaldes hasta entonces miembros de Nueva Canarias, pero que ahora, encabezados por Teodoro Sosa, han iniciado un proceso de acercamiento a Coalición Canaria.

El exdiputado en el Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife se mostró partidario de una “nueva democracia de kilómetro cero”, que “devuelva la soberanía política a la ciudadanía” y que priorice la defensa de Canarias “desde posiciones progresistas y no excluyentes”. “Defendemos una soberanía canaria que no tenga límites, que llegue hasta donde la ciudadanía democráticamente quiera”, afirmó. 

Rodríguez explicó los motivos que justifican el supuesto crecimiento de proyectos políticos como el de Drago Canarias, que, según él, “desde el profundo respeto al trabajo histórico de otras opciones políticas nacionalistas intenta adaptarse a los tiempos y las generaciones actuales”. Entre ellos citó su convencimiento, tras una década de militancia en proyectos de izquierda estatal como Podemos, de que “Canarias no es tratada por el Estado con el mismo respeto que otros territorios”, lo que “lleva a la necesidad de articular una fuerza progresista de lealtad u obediencia canaria”.

Otro factor desencadenante del proyecto de Drago es la percepción de que “no hay renovación, autocrítica ni verdadera participación en los partidos políticos tradicionales, ni tampoco oportunidades para que los jóvenes canarios con talento, preparación y capacidad puedan aportar en política”.

En su opinión, la percepción política generalizada entre los jóvenes es de “estancamiento”, lo que genera “expectativas frustradas”. Frente a ello, se ha producido la aparición de “una nueva cultura generacional centrada en Canarias, sin complejos y sin pedir permisos”, una nueva ola de canariedad en la música, en la literatura, en las artes escénicas o en la creación plástica “que no se veía desde los años 70”. Este movimiento cultural es “confederal”, porque reclama “aceptar la diversidad de la Canarias actual y respetar la voz propia de todas las realidades que hoy conviven en el archipiélago, erradicando fenómenos como el insularismo o el centralismo de las islas capitalinas que han lastrado históricamente la unidad de Canarias”. 

Entretenida, profunda, espectacular. Bajo la superficie –y nunca mejor dicho ya que es una película sobre buzos industriales–, Los Tigres es, posiblemente, una de las mejores películas de Alberto Rodríguez en una filmografía de absoluta excelencia que siempre juega a dos niveles: la peripecia, que diría su guionista Rafael Cobos, y la profundidad social, histórica y cultural.

A pesar de todo esto, la repercusión de Los Tigres en esta 40ª edición de los Premios Goya ha sido relativamente limitada: es una de las películas más nominadas, con 7 opciones (empatada nada menos que con Sorda, la revelación novel del año, y El cautivo, la visión de Alejandro Amenábar sobre Miguel Cervantes), pero lejos de las 13 nominaciones de Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa) y las 16–17 nominaciones de su propia filmografía, como Grupo 7, La Isla Mínima o Modelo 77.

Como decíamos, sobre la superficie marina, Los Tigres es un desasosegante thriller de dos hermanos buzos (Antonio de la Torre y Bárbara Lennie) condenados a entenderse, con una espectacularidad subacuática que no habíamos visto hasta la fecha en el cine español. Lo que no se ve a simple vista es que se trata de una obra más feminista de lo que pueda parecer en una lectura superficial, que no ha llegado como se merece a las personas que conforman (y votan) la Academia de Cine. Cosas de los premios, con sus variables emocionales, políticas y, en fin, al margen de lo puramente artístico.

Aunque la representación andaluza se ha visto muy mermada en esta edición (en los últimos Goya ha sido habitual que una cuarta o quinta parte de las nominaciones fueran andaluzas), sí hay representantes de excelencia en las nominaciones de este año.

Una de ellas es, sin duda, la gran Celia Rico, quien, a base de talento, profesionalidad y una sublime sensibilidad, ha logrado hacer su tercera película, La buena letra. Y lo ha hecho con excelencia. La sutileza y la sensibilidad de Rico Clavellina ya asomaron en su ópera prima, Viaje al cuarto de una madre, pero en esta tercera obra se reafirma su indudable pulso narrativo. El reto en este tercer asalto era adaptar la novela homónima y salir airosa. Así ha sido. Su nominación a Mejor Guion Adaptado es más que merecida, pero se nos antoja, de nuevo, algo escasa. La buena letra de Celia merecía más.

Lo que no se nos antoja escaso es el éxito de Tardes de soledad, una de las mejores obras del cineasta catalán Albert Serra, un monumental documental sobre la tauromaquia que ha tenido detrás, y como fórmula de su éxito, al productor sevillano Luis Ferrón. Al enorme logro de que el templo del cine de autor francés, Cahiers du Cinema, la haya elegido la mejor película del año, se suman dos nominaciones en los Goya: Mejor Documental y, algo inédito en 40 años para un documental: Mejor Dirección. Todo un acto de justicia ante una obra mística, poética y ejemplar.

Los Tortuga, producción andaluza dirigida por Belén Funes (catalana de orígenes jienense) se lleva dos merecidas nominaciones para sus actrices, Antonia Zegers y la debutante Elvira Lara. Su ritmo contenido, conducido por sus excelentes intérpretes, obtiene esa merecida recompensa.

La animación andaluza, fruto de una intensa colaboración con otras regiones y naciones, avanza hacia un terreno especialmente interesante gracias a la industrial Norbert, la sencilla Bella y, sobre todo, a obras tan llamativas y vanguardistas como el cortometraje Gilbert, primera producción de animación de Agencia Freak.

También siempre a la vanguardia la compositora Paloma Peñarrubio, que vuelve a lograr una nominación en la categoría de Mejor Canción Original con la obra de carácter LGTBIQ+ ¡Caigan las rosas blancas!. Es bonito ver que la transgresión también tiene su lugar en los lugares más tradicionales.

Un fructífero caladero habitual de nominaciones (y premios) en los Goya es el de la intepretación, donde el gran Manolo Solo –ganador del Goya por Tarde para la ira– está nominado con la exitosa Una quinta portuguesa y el joven Hugo Welzel, al que ya pudimos ver en la serie de Rafa Cobos El hijo zurdo, y que se estrena en la gran pantalla con Enemigos y obtiene una nominación a Mejor Actor Revelación.

Entre las ausencias más sonadas, por citar algunas, tres grandes cineastas como Rafael Cobos (Golpes), Fernando Franco (Subsuelo) y Santi Amodeo (El cielo de los animales), que han firmado este año tres obras maestras, así como dos de los mejores documentales españoles del año como Ellas en la ciudad (Reyes Gallegos) o Un hombre libre (Laura Hojman).

Alberto Rodríguez es uno de los cineastas que más y mejor ha mirado a las cloacas de España. Lo hizo en La isla mínima, donde un crimen en las marismas del Guadalquivir servía como metáfora de una Transición que consistió en mirar hacia adelante sin cuestionar nada. También lo hizo en El hombre de las mil caras, retrato del ex espía Paesa que avanzaba en el tiempo hasta el gobierno del PSOE para mostrar lo que ocurría entre bambalinas mientras todo parecía avanzar.

Estaba claro que, si alguien se atrevía a adaptar un libro tan inadaptable como Anatomía de un instante, la reconstrucción de Javier Cercas del golpe de Estado de Tejero el 23 de febrero de 1981, debía ser él. De la mano de su inseparable Rafael Cobos en el guion, y ayudados de Fran Araújo, han convertido aquel poliédrico libro en una miniserie de cuatro episodios que ya se puede ver en Movistar Plus+.

Una serie imprescindible donde miran a ese momento en el que nuestra historia pudo cambiar, y especialmente a aquellos personajes que se resistieron sin tirarse al suelo mientras Tejero disparaba en el Congreso. Un ejercicio de puesta en escena que el propio Alberto Rodríguez analiza en una nueva entrega de 'Anatomía de una escena'.

Los tres traidores

Alberto Rodríguez ha elegido para empezar las tres escenas que abren los tres primeros episodios de Anatomía de un instante. Cree que ahí se refleja muy bien varias de las intenciones de la serie, y también introduce a “los tres traidores”. Las personas que no se tiraron al suelo, y que para los miembros de sus partidos y sus instituciones habían traicionado todos sus principios. Ellos son Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Manuel Gutiérrez Mellado.

La idea era que la serie tomara el punto de vista de cada uno de ellos, y a la vez que se convirtieran en puntos de vista “inusitados e inéditos” sobre el golpe. Por eso Rodríguez cree que “no solo introducen los capítulos, sino que ponen el golpe en primera persona”. Para él, las imágenes originales son insuperables. Considera, de alguna forma, aquel suceso, como el asesinato de Kennedy para los españoles, y sabía que recrear ese momento era clave.

Para ello, ensayaron en una nave “unas 100 o 150 veces” para llegar al momento clave, los tres días que les permitieron rodar en el Congreso de los Diputados. Tres jornadas donde se usaron tres unidades a la vez, donde se decoró todo para que pareciera del 81, y donde solo había una norma: si había un pleno de emergencia, había que desmantelar todo en solo tres horas.

Un encuentro entre cigarrillos

El segundo momento elegido por el director pertenece al segundo episodio, y es el encuentro entre Adolfo Suárez y Santiago Carrillo en la clandestinidad. De esta escena destaca el uso de la voz en off, clave en toda la serie, pero fundamental en momentos como este, donde la voz de Raúl Arévalo aporta un punto de “ironía” que Rodríguez usa para “desmontar momentos históricos que son como piedras de molino”.

Es uno de sus momentos favoritos de toda la serie. Un momento que ocupaba en torno a las siete páginas de guion y que le planteó el dilema de cómo rodarlo para que no se hiciera monótono. Al final, la decisión que tenía más sentido era que los actores estuvieran sentados, porque “el capítulo gira en torno a la palabra y cómo la política se hace con la palabra”. Una conversación donde compartir un cigarrillo se convierte en algo crucial y donde se puede observar el increíble casting que han conformado Eva Leira y Yolanda Serrano. Algunas opciones Rodríguez las tenía claras, pero la de Álvaro Morte no. Ahora, no puede pensar en otro Adolfo Suárez.

Auge y caída de Suárez

Cada episodio tiene el punto de vista de uno de esos traidores. El tercero es el que hace referencia a Manuel Gutiérrez Mellado, al que interpreta Manolo Solo, amigo de Alberto Rodríguez desde jóvenes. Sin embargo, hay un momento en este episodio, que dirige Paco Baños, en el que de una forma “brillantísima” cuenta en un instante el momento de más esplendor de Adolfo Suárez y su caída a los infiernos.

Con un baile rodado en plano secuencia y la voz en off se explica todo lo que había logrado. De repente una bomba. Un estallido que da paso a un montaje muy picado de numerosos atentados terroristas. Los que ocurrieron en aquellos años y que convirtieron a Gutiérrez Mellado en el militar más odiado. Una escena que planteó a su creador un dilema moral, usar o no material de archivo para estas escenas, algo que descartó porque le parecía “ilícito e incoherente”.

Un juicio de pantomima

Mientras que del golpe de Estado hay un documento televisado que sirve de referencia. Del juicio del golpe no hay ni una imagen. No se permitieron fotos. Para recrearlo, el equipo de Anatomía de un instante recurrió a las crónicas periodísticas, donde se podían leer las “barbaridades” que se oyen en este episodio.

Un juicio que muchos consideraron “una pantomima” y cuyas sentencias tuvieron que ser modificadas por el Tribunal Supremo por ser “ínfimas”. Es el centro de este episodio, que también cuenta con una cena que parece sacada de El Padrino donde los militares se juntan ante una mesa y acaban gritando: 'España'. “Una palabra que se ha tergiversado y que cuesta trabajo decirla porque te significas depende de donde la digas”, como recuerda Alberto Rodríguez.

Con esta escena también aprovecha para resumir la intención de su serie, que cree que habla sobre “lo frágil que son nuestras libertades”, y para ello lo hace usando un estilo diferente para cada episodio: “El primero es más pop; el segundo una película de espías sobre la palabra; el tercero sobre la violencia y lo serio que era este juego; y el cuarto un episodio seco con una puesta en escena mínima”.

El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha enviado una reclamación al Congreso de los Diputados en la que solicita una indemnización de 134.000 euros por la retirada de su escaño la legislatura pasada, según un escrito que ha adelantado El País y al que ha tenido acceso este diario. La Mesa de la Cámara Baja ha trasladado la petición al Consejo de Ministros al entender que es el órgano competente para decidir sobre este asunto.

El ahora dirigente de Drago Canarias ha formalizado esta reclamación un año después de que el Tribunal Constitucional le diera la razón y anulara la retirada de su escaño tras ser condenado por patear a un policía en 2014. La mayoría progresista del pleno amparó el año pasado por segunda vez en pocos días al exdiputado por Santa Cruz de Tenerife tras una primera sentencia que entendía que su condena del Tribunal Supremo había sido desproporcionada al haber mantenido los efectos de un castigo de 45 días de cárcel que, finalmente, fue sustituida por una multa.

El Supremo condenó en 2021 a Rodríguez a 45 días de cárcel por pegar una patada a un policía nacional en una manifestación en La Laguna en 2014. Su condena de cárcel fue sustituida por una multa, tal y como sucede por ley con todos los castigos inferiores a tres meses, pero además del dinero se mantuvo la inhabilitación para sufragio pasivo: la que impide presentarse a unas elecciones mientras dure la condena. En aquel momento, el Alto Tribunal y la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, intercambiaron una serie de cartas y consultas para definir el alcance de la sentencia. Batet decidió retirarle el escaño.

Rodríguez se basa en la sentencia del Tribunal Constitucional para esta reclamación de “responsabilidad patrimonial” contra lo que entiende como un “acto parlamentario no normativo”.

La Mesa deriva la cuestión al Consejo de Ministros tras “apreciar la concurrencia de una causa de inadmisión a trámite por falta de competencia de la Mesa del Congreso de los Diputados”, dice el órgano de gobierno de la Cámara Baja, que recuerda en sus conclusiones sobre la reclamación que según la doctrina del Tribunal Supremo es el Gobierno quien tiene que pronunciarse sobre un asunto como este.

El secretario de Estado de Rajoy, Francisco Martínez, diseñó con un comisario corrupto, Villarejo, un trabajo “clandestino”, sin orden judicial ni ningún tipo de denuncia o procedimiento legal, para investigar al suegro de Pedro Sánchez. Para llevarle la información a Mariano Rajoy y matar políticamente a Pedro Sánchez. Pero todo esto no empieza ni acaba con Pedro Sánchez. 

Hacemos un repaso a los múltiples casos de lawfare contra políticos de izquierdas en nuestro país y fuera de él, en una estrategia clara de la derecha política, mediática y judicial.

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Alberto Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife, 1981) perdió su escaño en el Congreso de los Diputados el 22 de octubre de 2021. Dejó el acta que había conseguido gracias al voto de 64.613 vecinos de Canarias, se fue de su partido, fundó otro nuevo y para cuando volvió a presentarse a unas elecciones, las urnas no le devolvieron a la cámara baja. Más de dos años después de dejar el Parlamento, el Tribunal Constitucional ha certificado que su condena por patear a un policía fue desproporcionada y que eso generó un efecto dominó que también anula la retirada de su escaño. Un escaño que, a pesar de las dos sentencias favorables conocidas estos días, no le será devuelto.

Su condena llegó con polémica y se despide con polémica. Llegó con polémica porque la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no fue capaz de sancionarle de forma unánime. Dos de los siete jueces entendieron que el testimonio del policía agredido no era lo bastante potente como para condenar al diputado. Y se desplegó con polémica porque la entrada en prisión nunca estuvo encima de la mesa pero las consecuencias, la inhabilitación y la retirada del escaño, tampoco eran cristalinas.

La sentencia del Supremo no especificaba si Alberto Rodríguez estaba obligado a dejar el Congreso. Imponía 45 días de cárcel que se sustituían por una multa y mantenía, a pesar del reemplazo de la pena de prisión por la económica, los mismos días de inhabilitación para ejercer el derecho al sufragio pasivo. Es decir, para presentarse a unas elecciones, no para seguir ostentando el cargo que obtuvo en ellas antes de su condena.

Los votos particulares en una sentencia del Supremo no son algo inédito, aunque no sea lo mayoritario ni tampoco lo habitual. Lo que sí es exclusivo de este procedimiento judicial es el cruce de cartas y comunicaciones entre la Sala de lo Penal y la presidencia del Congreso de los Diputados para decidir si Alberto Rodríguez tenía que abandonar el Congreso. Meritxell Batet, con un primer informe de los letrados que avalaba la permanencia del entonces diputado de Unidas Podemos, preguntó directamente a Manuel Marchena.

La pérdida de un escaño parlamentario por la ejecución de una condena penal, pasando por el filtro de la Junta Electoral, se recurre por la vía contencioso-administrativa, como hizo sin éxito hace unos meses Laura Borràs. Son casos en los que hay debate pero no muchas dudas entre los jueces: se aplica la conocida como “inelegibilidad sobrevenida” y se aparta al condenado de su puesto porque sus antecedentes penales le impiden seguir sentado en el Congreso o el Parlament.

En este caso el debate se planteó en formato epistolar entre Meritxell Batet y Manuel Marchena. La Sala Segunda del Supremo contestó a las preguntas de la cámara baja que su función no era asesorar al Parlamento, sin aclarar abiertamente si Alberto Rodríguez debía quedarse sin escaño. Mientras tanto, voces de ese mismo Supremo expresaban a distintos medios de comunicación su malestar porque Batet no le había arrebatado el acta de inmediato. Sobre el papel no había nada que aclarar pero el mensaje llegaba igual de claro a través de las portadas: la actuación de la presidenta del Congreso era “muy grave”.

Las sentencias del Constitucional que amparan a Rodríguez, que han estado muy lejos de la unanimidad, no cuestionan la decisión del Supremo de condenarle. La mayoría progresista del tribunal de garantías ha sido muy clara al explicar que la declaración del policía pateado y su parte médico fueron suficientes para multarle. También rechaza las alegaciones del político sobre cómo el policía en cuestión ya le tenía echado el ojo de otras concentraciones y cómo su condena vulneraba su derecho de manifestación.

Lo inconstitucional de su condena, dice el tribunal, es que el Supremo optara por una condena inferior a tres meses de cárcel –que por ley se tiene que sustituir por una multa– pero que, después de reemplazarla por 540 euros, mantuviera los 45 días de inhabilitación para ejercer el derecho de sufragio pasivo. Eso fue un “desproporcionado sacrificio” de sus derechos políticos.

Del Congreso a quedarse sin escaño

La condena de Alberto Rodríguez, señala la última parada de los tribunales españoles, fue parcialmente injusta porque fue desproporcionada. Pero la decisión del Constitucional llega dos años y cinco meses después de la retirada del escaño y eso lleva a lo que algunos expertos en derecho denominan “justicia melancólica”. Porque le han dado la razón en dos sentencias distintas pero no hay mecanismo legales capaces de devolverle un escaño que le fue arrebatado, ahora de forma injusta, a mitad de legislatura.

La “justicia melancólica” está a la orden del día, sobre todo en el Tribunal Constitucional, que ha pisado el acelerador de la resolución de recursos en el último año pero que tradicionalmente sentencia casos cuando ya no hay nada que sentenciar. Migrantes que ven cómo sus reclamaciones contra una orden de expulsión son contestadas cuando ya no están localizables, casos que afectan a menores de edad que quedan solucionados cuando ya son mayores de edad o, en este caso, resoluciones judiciales que llegan cuando la condena de cárcel o inhabilitación ya se ha cumplido.

La Justicia tiene mecanismos para resarcir algunas de estas situaciones. Si alguien ha sido encarcelado por una condena o imputación que luego es anulada, por ejemplo, tiene derecho a una indemnización, ante la imposibilidad material de devolver el tiempo pasado injustamente entre rejas. En el caso de Alberto Rodríguez está por ver si decide solicitar una indemnización por los dos años sin escaño –y por tanto, sin sueldo– merced de una condena desproporcionada. Pero su escaño por Unidas Podemos no va a volver.

El nuevo “malestar” del Supremo

La parte injusta de su condena por pegar una patada a un policía en 2014, durante una manifestación en La Laguna a favor de la educación pública, no solo tuvo consecuencias inmediatas sobre la vida política de Rodríguez, técnico superior en química ambiental. Se tradujo en una tormenta política en el Congreso de los Diputados y en el seno del Gobierno de coalición: Podemos llegó a anunciar, aunque no a interponer, una denuncia por prevaricación contra Meritxell Batet.

A nivel interno, Rodríguez consideró que ni el ala socialista del Gobierno ni sus propios compañeros de grupo parlamentario habían estado de su lado. El que fue 'número tres' de Podemos como secretario de Organización volvió a Canarias e impulsó su propio proyecto político, bautizado como 'Drago', símbolo de la vegetación de las islas. Se presentó a las últimas elecciones generales en las listas de Sumar y se quedó a pocos votos de recuperar el escaño que perdió.

El presente político de Alberto Rodríguez no se parece en nada a su pasado, pero hay elementos actuales que se miran en el espejo de 2021. El malestar del Tribunal Supremo con el Tribunal Constitucional no queda por escrito en ningún auto o entrevista pero no es difícil de detectar. “Malestar” es la sensación que se traslada de manera educada desde un alto tribunal a otro a través de los medios de comunicación. Por las dos sentencias que dan la razón a Alberto Rodríguez y por la que anula la decisión del Supremo de repetir el juicio del caso Bateragune contra Arnaldo Otegi.

El Tribunal Constitucional ha decidido dar la razón a Alberto Rodríguez y anular la retirada de su escaño en el Congreso después de ser condenado por patear a un policía en 2014. La mayoría progresista del pleno ha sacado adelante una sentencia que ampara por segunda vez en pocos días al exdiputados de Unidas Podemos por Santa Cruz de Tenerife: la semana pasada otra sentencia entendió que su condena del Tribunal Supremo había sido desproporcionada al haber mantenido los efectos de un castigo de de 45 días de cárcel que, finalmente, fue sustituida por una multa.

La Sala de lo Penal del Supremo condenó en 2021 a Alberto Rodríguez a 45 días de cárcel por pegar una patada a un policía nacional en una manifestación en La Laguna en 2014. Su condena de cárcel fue sustituida por una multa, tal y como sucede por ley con todos los castigos inferiores a tres meses, pero además del dinero se mantuvo la inhabilitación para sufragio pasivo: la que impide presentarse a unas elecciones mientras dure la condena.

Las semanas posteriores a la sentencia se tradujeron en un cruce de cartas y consultas entre la presidencia del Congreso y el Tribunal Supremo hasta que Meritxell Batet, entonces al frente de la cámara baja, optó por retirarle el escaño que había conseguido en las elecciones de noviembre de 2019 al encabezar la lista de Unidas Podemos por Santa Cruz de Tenerife. Esa es la decisión que acaba de anular el Tribunal Constitucional.

Segundo correctivo al Supremo

La decisión que ha anulado la retirada del escaño de Rodríguez llega después de que el mismo Tribunal Constitucional, y gracias de nuevo a los siete votos favorables de su mayoría progresista, le diera la razón en su recurso contra su condena. El tribunal de garantías entendió que el Supremo le había condenado con pruebas suficientes, pero que se había excedido al mantener su condena de inhabilitación incluso después de sustituir los 45 días de cárcel, por obligación legal, por una multa.

Esa sentencia entendió que el Supremo tendría que haber impuesto directamente la sanción económica y no imponer la cárcel y dejar intacta la condena de inhabilitación aparejada. Fue un “desproporcionado sacrificio” de sus derechos políticos en cuanto al sufragio pasivo y la capacidad de presentarse a unas elecciones, dijo el Constitucional en una sentencia que acusaba al Supremo de ejercer un “patente derroche inútil de coacción”.

La devolución del escaño a Alberto Rodríguez no es una posibilidad a pesar de la nulidad de parte de su condena y de la propia retirada de su puesto en el Congreso. Está por ver si el exdiputado de Unidas Podemos, ahora al frente del proyecto político canario Drago, solicita algún tipo de compensación económica por el sueldo que dejó de cobrar como diputado durante la media legislatura en la que no tuvo acta parlamentaria.

La sentencia del Tribunal Constitucional que da la razón a Alberto Rodríguez carga contra la decisión del Tribunal Supremo de mantener vivas las consecuencias de su condena de 45 días de cárcel aunque fuera sustituida por una multa. Esa decisión fue desproporcionada, dice el tribunal de garantías. Fue un “desproporcionado sacrificio” del derecho de representación política del entonces diputado de Unidas Podemos, produciendo además “un patente derroche inútil de coacción”.

El Tribunal Supremo impuso 45 días de prisión a Alberto Rodríguez tras declarar probado que pateó a un policía nacional en la rodilla durante los disturbios posteriores a una manifestación por la educación pública en La Laguna en 2014. Al ser una condena inferior a tres meses, fue sustituida por una multa aunque la inhabilitación para sufragio pasivo, asociada a la pena de cárcel, se mantuvo. Esta condena derivó, finalmente, en la retirada del escaño por parte del Congreso de los Diputados.

La sentencia del Constitucional, que salió adelante con los votos del sector progresista del pleno, rechaza varios argumentos del hoy líder del proyecto político Drago. Por ejemplo, que algunas expresiones usadas por los jueces en su caso denoten una animadversión hacia él, que fuera condenado sin pruebas suficientes o que la sentencia vulnere su derecho de reunión, al haber ocurrido todo durante una manifestación.

El pleno, sin embargo, entiende que esa decisión final de sustituir la cárcel por una multa pero manteniendo vivos sus efectos fue una “interpretación imprevisible” por parte del Supremo, lo que vulneró la legalidad penal del proceso. Las leyes, reconocen en el Constitucional, “no son inequívocas”, existiendo una “ambigüedad interpretativa” que el Supremo resolvió del lado más perjudicial para Rodríguez.

Las leyes, recuerda el Constitucional, no recoge condenas inferiores a tres meses de prisión, y esa interpretación del Código Penal que permitió mantener “la pena privativa de libetad y las consecuencias accesorias”, dice en referencia a la inhabilitación para presentarse a unas elecciones, “resulta una interpretación imprevisible”.

Esa decisión del Supremo, añade, fue algo “ajeno al principio constitucional de proporcionalidad” ya que implicaba “un desproporcionado sacrificio en el derecho fundamental del afectado de representación política, que produce un patente derroche inútil de coacción”. 

La sentencia especifica en varios de sus puntos que esta resolución se refiere a la condena pero no a sus consecuencias: la retirada del escaño. Otro recurso pendiente de sentencia estudiará si la decisión del Congreso de los Diputados de apartarle de la cámara baja también vulneró sus derechos fundamentales.

Esta es la historia de cómo, en el país de la financiación irregular, las comisiones y las mafias policiales, una patada y la palabra de un policía, es suficiente para acabar con un diputado de izquierdas. Y de cómo esta peripecia se convierte en munición entre tus propios compañeros de partido.  

Hoy hablamos con los periodistas de elDiario.es Alberto Pozas y Alberto Ortiz sobre los detalles más polémicos de aquella sentencia que expulsó al diputado de Podemos de la vida política en 2019, de qué quiere decir ahora el fallo del Tribunal Constitucional que ha corregido aquella sentencia y, por último, de las repercusiones políticas de este caso que resume una época.

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Las condenas por agredir a un agente de la autoridad no son algo extraño en España. Solo en 2022 las estadísticas oficiales recogen casi 7.600 personas condenadas por ese delito y más de 9.500 escritos de calificación de la Fiscalía. El caso de Alberto Rodríguez, exdiputado de Podemos por Santa Cruz de Tenerife, acaba de ser sentenciado por el Tribunal Constitucional: la mayoría progresista no cuestiona que hubiera pruebas suficientes para culparle de pegar una patada a un antidisturbios hace una década, pero sí anula otra parte importante de la resolución: la que, a la hora de cuantificar su condena, derivó en su inhabilitación como diputado y en una de las mayores crisis del Congreso de la última legislatura.

Alberto Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife, 1981) ya estaba familiarizado con los pasillos largos y los techos altos del Supremo cuando fue a declarar por este caso. Su primera visita fue en 2017, medio año después de conseguir un escaño en el Congreso con Podemos. Un juzgado de Canarias había decidido enviar una causa por un supuesto altercado con la Policía Nacional en las Navidades de 2006 en una zona de ocio de La Laguna.

Esa causa se archivó, entre otras cosas, porque habían pasado exactamente diez años desde la apertura de diligencias hasta que el caso había llegado al Supremo. Pero dos años después, en los últimos días de 2019, volvió a recibir la llamada del tribunal: otro juzgado había remitido otra causa distinta. En este caso por un altercado con la Policía Nacional en 2014, es decir, cinco años después de la apertura de diligencias.

Este segundo caso, a pesar de los retrasos clamorosos en su tramitación, no había prescrito y llegó a juicio. La Fiscalía, que había llegado a pedir un año de cárcel para él, le acusaba de patear a un antidisturbios en una manifestación de enero de 2014 en La Laguna. Una concentración contra la LOMCE aprovechando la presencia del ministro del ramo, José Ignacio Wert, que terminó en enfrentamientos.

Su condena, según explicó el propio Supremo en su sentencia, se basó en el testimonio del policía pateado y en sus partes de lesiones, elaborados a partir de sus afirmaciones, según reconocieron las peritos. El agente afirmó haber visto y reconocido a Rodríguez, activista en esos momentos, de otras manifestaciones donde no había sido violento. Sobre la marcha adelgazó una acusación que, en un primer momento, dio por buena la Fiscalía al reconocer que solo le atribuía la patada en la rodilla y no también en la mano: “Esa no la recuerdo bien, debió ser de otra cosa”, explicó.

Su superior, responsable del operativo, reconoció que no le había visto. Los vídeos confirmaron que, efectivamente, Rodríguez había estado allí –algo que nunca negó– pero no reflejaban si había agredido a alguien. La combinación del testimonio del Policía, que según el Supremo “no expresó duda alguna”, el hecho de que acudiera a recibir asistencia médica, la “persistencia” en su declaración y su “temprana identificación policial” fueron suficientes para dictar una sentencia condenatoria contra el entonces diputado.

Esa credibilidad que los jueces dieron al policía ya fue polémica en el propio Supremo. Dos de los siete integrantes de la Sala de lo Penal dictaron un voto particular en el que criticaban que sus compañeros hubieran optado por la condena: “Es posible que sucediera. Pero existen también otras múltiples posibilidades, por ejemplo, que el agente pudiera haberse equivocado en la identificación”.

Crisis política en el Congreso

El Tribunal Supremo le impuso la condena mínima posible para un delito de atentado. Después de criticar que un caso tan sencillo hubiera estado tantos años estancado en los tribunales, optó por un mes y medio de cárcel. Con el Código Penal en la mano, los jueces fueron obligados a sustituirlo por una multa de 540 euros pero manteniendo el anexo que, tradicionalmente, pasa desapercibido en las condenas penales: mes y medio de inhabilitación especial “para el derecho de sufragio pasivo”.

La posibilidad de que Rodríguez entrara en la cárcel nunca estuvo encima de la mesa. Pagó la multa y la indemnización. Pero el fallo de su sentencia abrió una segunda puerta: tener que dejar el escaño en el Congreso. Era septiembre de 2021, su condena de cárcel e inhabilitación era de 45 días y la legislatura tenía todavía casi dos años por delante. Pero si perdía el acta de diputado no la podía recuperar. El castigo real y efectivo, por tanto, era mucho mayor que el que contemplaba la sentencia.

Empezó entonces un poco habitual cruce de comunicaciones entre el Congreso y el Supremo para determinar las consecuencias de la sentencia: si Alberto Rodríguez podía o no seguir siendo diputado. Meritxell Batet, entonces presidenta de la cámara baja, llegó a preguntar directamente a la Sala de Manuel Marchena si debía o no retirarle el acta. El Supremo contestó que no tenía por qué aclarar nada al Congreso, consideró “razonable” que hubiera perdido el escaño y comprobó que todo se había ejecutado correctamente.

Una ejecución que, mientras tanto, había desatado una tormenta política en el Congreso. Meritxell Batet optó por quitarle el acta después de consultar con los letrados de la Cámara Baja.

Podemos, que formaba parte del Gobierno de coalición, llegó a anunciar una denuncia por prevaricación contra Batet. Alberto Rodríguez, que había sido secretario de organización del partido, abandonó la formación y se enfrascó en un nuevo proyecto, el 'proyecto Drago', que finalmente le llevó a presentarse sin éxito a las últimas elecciones generales con Sumar.

Un caso judicial aparentemente sencillo y una sentencia dictada con polémica en el propio Supremo no solo dejaron sin escaño a Rodríguez para lo que quedaba de legislatura, sino que desataron una tormenta política dentro de Podemos y entre los socios del Gobierno de coalición mientras la derecha y la extrema derecha de PP y Vox se lanzaban a capitalizar el caso, ya fuera para cargar contra Podemos o contra la propia Batet. Diez años después, el Tribunal Constitucional ha sentenciado que nunca debió ser condenado a prisión y, por tanto, inhabilitado.

La condena de cárcel, anulada

El Tribunal Constitucional ha sacado adelante este martes una sentencia gracias a los siete integrantes de su sector progresista. No cuestionan, como sí hicieron dos jueces del Tribunal Supremo, que la declaración del Policía fuera suficiente para condenarle. Tampoco entienden, como alegaba Rodríguez, que su condena vulnerase su derecho de reunión por reprimir una manifestación a favor de la educación pública.

Lo que anula el Constitucional es la decisión final del Supremo. La que llevó a los magistrados a optar por sustituir su condena de cárcel por una multa pero permitir que esos 45 días de cárcel siguieran desplegando sus efectos, que terminaron en la retirada del escaño, a pesar de ser inferior a los tres meses.

Que el Supremo concluyera la condena de cárcel, una vez sustituida por una multa, siguiera teniendo efecto, “no se desenvuelve dentro de las bases valorativas constitucionales referidas a la exigencia de proporcionalidad en la intervención penal”. Una forma de decir, con lenguaje jurídico, que el castigo y las consecuencias fueron desproporcionados. Cuatro de los once magistrados han apostado por mantener intacta su condena.

Las consecuencias de este fallo del Constitucional, que todavía no se conoce con todo su detalle, no están claras. No existe un mecanismo para que Alberto Rodríguez recupere su escaño y, en un comunicado, el Constitucional ha dejado claro que ni ordena repetir la sentencia o el juicio, y que no se pronuncia de ninguna manera sobre la pérdida de su acta de diputado. Si podrá ser indemnizado por el sueldo que dejó de cobrar durante un año y medio fuera del Congreso, tampoco está claro.

El borrador de la ponencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso del exdirigente canario de Unidas Podemos Alberto Rodríguez propone eliminar la pena accesoria de inhabilitación, lo que supondría anular la pérdida del escaño que tenía como diputado por Santa Cruz de Tenerife, que después le retiró la expresidenta del Congreso Meritxell Batet.

El Supremo condenó a Rodríguez a un mes y quince días de prisión, que sustituyó por una multa de 540 euros y una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena de 45 días por dar una patada a un policía nacional durante una protesta en 2014 en La Laguna (Tenerife).

Tras esta condena, la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le comunicó a Rodríguez la pérdida de su condición de diputado, tal como dijo que le requirió el Supremo.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que este borrador será examinado por el pleno de la próxima semana, que ya había discutido previamente esta cuestión hace meses cuando la magistrada ponente María Luisa Segoviano pidió estimar el recurso atendiendo a la vulneración del principio de proporcionalidad.

Aunque la mayoría de los magistrados se mostraron favorables a concederle el amparo, la divergencia estaba en el razonamiento, unos abogaban por declarar la desproporción de la pena y otros, la mayoría, por el principio de legalidad, por lo que Segoviano rehízo la ponencia con esta segunda argumentación.

Las fuentes explican que la nueva ponencia declara vulnerado el principio de legalidad, al entender que la sanción de multa (como sustitutiva de la pena de prisión), no puede llevar anudada la accesoria de inhabilitación, lo que supondría anular la retirada del escaño.

En concreto, declara la nulidad de la sentencia del Supremo en el exclusivo extremo relativo a que en el fallo de la sentencia se hace referencia a que se impone al Rodríguez “la pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena”; debiendo mantenerse únicamente la mención a que la pena impuesta es “la pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros”.

El TC tiene pendiente un segundo recurso de amparo del exdirigente de Podemos frente al acuerdo de Batet, que comunicó la retirada de su escaño tras ser condenado por el Tribunal Supremo. Al contrario que con el recurso contra su condena, la Fiscalía aquí sí ha informado a favor de que el TC le conceda el amparo.

Ni el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, ni la expresidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, pudieron imaginar nunca que la sentencia del primero contra Alberto Rodríguez (Unidas Podemos) y su aplicación expeditiva por parte de la segunda iban a provocar en Canarias un cataclismo en la izquierda, la pérdida del Gobierno regional para el PSOE a manos de Coalición Canaria y el regreso de este partido a una de sus plazas más codiciadas, la ciudad de La Laguna.

Alberto Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife, 1981) se muestra aparentemente seguro de lo que hace. Tras romper con Podemos, el partido del que fue secretario de Organización y diputado nacional, montó su propio espacio, Drago Verdes Canarias, con el que concurrió, primero en solitario, a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023, y luego, integrado en Sumar, a las generales del 23 de julio del mismo año. Su irrupción en la tradicionalmente fraccionada izquierda canaria a la izquierda del PSOE sirvió para que esta desapareciera del Parlamento regional y, en combinación con otros factores, contribuyera a que el pacto progresista que había descabalgado a Coalición Canaria del poder por primera vez en casi tres décadas volviera a la bancada de la oposición. 

En la ciudad de La Laguna las negociaciones para un acuerdo por la izquierda también fracasaron por una alambicada sucesión de excusas y de acusaciones que se lanzaron entre sí el PSOE, Drago y Unidas Se Puede, la marca con la que Podemos concurrió a esa plaza junto a Sí Se Puede e Izquierda Unida. El resultado final ha sido que, después de cuatro años de gobierno progresista, Coalición Canaria ha vuelto a ocuparlo de la mano del PSOE, que fue incapaz de alcanzar un acuerdo con las dos formaciones de izquierda, cada una con dos concejales, justo los cuatro que faltaron a los socialistas para los catorce necesarios para la mayoría absoluta.

Tanto Unidas Se Puede como Drago culpan al PSOE, y este a la cerrazón de ambos espacios a su izquierda, especialmente al de Alberto Rodríguez. Es falso, como se ha dicho en muchos foros, que éste exigiera la alcaldía al alcalde Luis Yeray Gutiérrez, pero sí es verdad que quería para él la primera tenencia de alcaldía y varias áreas de importancia, como Urbanismo y Vivienda, además de detalles tan elocuentes como la prioridad para elegir los despachos a ocupar en las oficinas municipales.

Pese a tener unos 800 votos menos que Unidas Se Puede, el liderazgo de las negociaciones lo llevó Alberto Rodríguez, que pedía siempre un plus frente a su ex compañero en Sí Se Puede Rubens Ascanio: además de la primera tenencia de alcaldía y las concejalías de mayor peso, la liberación total de sus concejales, lo que el partido ha negado a este periódico.

Pero en realidad fue la desconfianza entre todas las partes negociadoras la que impidió el acuerdo y, a la postre, facilitó el regreso de Coalición Canaria al gobierno de la ciudad donde radica su comité local más numeroso y de mayor peso, del que son integrantes, entre otras personalidades, Ana Oramas, actual vicepresidenta del Parlamento canario, y el presidente de la región, Fernando Clavijo, secretario general del partido y exalcalde lagunero.

En el PSOE acusan abiertamente a Alberto Rodríguez de “chulería y prepotencia porque decía que tenía unas encuestas que le iban muy bien”, cuentan personas que participaron o conocieron de primera mano las conversaciones. Dicen que su afán era hacerse “con todo el espacio de la izquierda revolucionaria y joven” para “arrodillar a los de Unidas Podemos”, a los que acusa de echarle tras haber sido su secretario de Organización y uno de los diputados nacionales de referencia.

Su ánimo de venganza, dicen estos negociadores, le llevó a proponerle a Rubens Ascanio en abril, un mes antes de las elecciones locales y autonómicas, que abandonara Unidas Se Puede para ir de número dos en la candidatura de Drago. Entonces él estaba seguro de que sus pasos políticos se encaminarían de nuevo a Madrid de la mano del proyecto Sumar de Yolanda Díaz, que lo había investido como su marca en Canarias. Rubens Ascanio niega que eso haya sido así: “A Drago le ofrecimos hacer una candidatura conjunta en La Laguna, pero no aceptaron”.

Tan seguro estaba que a los negociadores socialistas Rodríguez les dijo que no pensaba quedarse en La Laguna, que su sitio estaría en el Gobierno de España o en un lugar destacado del poder legislativo. “O entro en el Gobierno o tendrás un punto rojo en la frente desde la escalera del Congreso”, asegura un negociador socialista que dijo al alcalde Luis Yeray Rodríguez. Drago niega tajantemente que esa frase haya sido pronunciada por su líder.

Pero lo cierto es que, pasados los primeros meses de idilio entre Sumar y Drago, los puentes parecen haberse quebrado. En la formación que lidera Yolanda Díaz nadie (o casi nadie) se atreve a dar la cara por Alberto Rodríguez, y este ya anunció en las últimas semanas de 2023 que la formación había acordado en una asamblea política “explorar nuevas vías de acuerdo político con formaciones que estén en condiciones de garantizar la defensa de los intereses canarios, así como el cumplimiento de los acuerdos programáticos y su espíritu alcanzados durante los acuerdos electorales”, lo que confirmaba su distanciamiento de Sumar. Todos los ojos se clavaron de inmediato en Nueva Canarias, embarcada desde hace muchos meses en su reinvención hacia el canarismo, uno de los valores que más resalta el líder de Drago de su propio proyecto. Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, ha negado a este periódico que haya existido algún contacto formal con Drago para cualquier cosa que pueda parecerse a una integración o a una alianza, aunque confiesa que ha habido “recaditos”. 

Nueva Canarias explora en estos momentos ir con Sumar, por la vía de alguna de sus confluencias, a las elecciones europeas de junio.

Una presunta moción de censura

Las tensiones entre todos los negociadores de La Laguna alcanzaron tal grado de desconfianza que a los oídos del PSOE llegó incluso una amenaza de moción de censura promovida por Unidos Se Puede (que lo niega) que habría de contar con el concurso de Coalición Canaria, con la excusa de la imposibilidad de aprobar los presupuestos para 2024. 

Fue ese run-run lo que condujo al alcalde a intentar articular una mayoría del PSOE con Unidas Se Puede con el apoyo externo del Partido Popular, una fórmula que aceptó el presidente regional de los populares, Manuel Domínguez, y que la dirección federal socialista conoció y bendijo porque ya para entonces tenía garantizado el voto favorable de CC a la investidura de Pedro Sánchez.

Pero era una idea que jamás aceptaría la confluencia de izquierdas encabezada por Rubens Ascanio cuyo principal escollo era paradójicamente una llamada “cláusula de rescisión” que pesaba sobre él dentro de su coalición: si en 24 meses no lograba articular una mayoría de gobierno progresista debía ceder el paso a la siguiente persona en la lista. Pero gobernar con el apoyo del PP era un sapo de difícil digestión.

A esas alturas ya nadie contaba con Drago para cualquier operación.

Alberto Rodríguez y Rubens Ascanio culpan exclusivamente al PSOE de lo ocurrido en La Laguna. Desde Drago responden a las preguntas de este periódico asegurando que las izquierdas no llegaron a un acuerdo por “la falta de voluntad política del PSOE, que preferenció (sic) las buenas relaciones con Coalición Canaria en favor de un posible voto a la investidura del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Castejón, como así finalmente sucedió; y así fue expuesto por el propio secretario de Organización del PSOE lagunero en RTVC. A todo ello se sumó el factor nada desdeñable de que Coalición Canaria gobierna en el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, y al temor reverencial de que desde esas posiciones no se facilitara un buen gobierno en San Cristóbal de La Laguna”.

Rubens Ascanio, de Unidas Se Puede, también cree que el acuerdo entre el PSOE y CC “estaba hecho desde junio” y en la explicación de sus motivos desciende más a lo concreto: “la gestión del personal del Hospital Universitario de Canarias (HUC)”, que con este acuerdo “se mantendrá en la órbita del Partido Socialista”. Se trata, ni más ni menos, que de una parcela que el presidente del PSOE en La Laguna, el tan poderoso como discreto Pedro Ramos, se reserva tradicionalmente para sí y que siempre ha servido como oficina de colocación para militantes y simpatizantes.

Sin llegar a admitir del todo que el acuerdo con Coalición Canaria estuviera vinculado al voto favorable de Cristina Valido a la investidura de Pedro Sánchez, en el PSOE de La Laguna sí reconocen que la predisposición del partido de Fernando Clavijo y de Ana Oramas ha sido total desde el día siguiente de las elecciones generales del 23 de julio, lo que se convirtió casi en ofrecimiento al más alto nivel, el que en las negociaciones representó el ministro plenipotenciario Félix Bolaños. Su cuenta de WhatsApp lo puede acreditar.

Coalición Canaria empezó pidiendo ocho áreas, una para cada uno de los concejales y concejalas que obtuvo el 28-M, para al final conformarse con cuatro.

Además, Clavijo eliminó por elevación al número uno de la candidatura, Jonathan Domínguez, nombrándolo viceconsejero de Comunicación del Gobierno canario, una plaza que no lograba ocupar con nadie que aceptara las condiciones y el entorno del puesto y que el elegido aceptó pese a su escasa experiencia en la materia. Antes, eso sí, tuvo el gesto de disculparse ante el que fue su bestia parda, el alcalde lagunero Luis Yeray Gutiérrez, contra el que lideró una dura campaña de insidias basadas en obras ilegales y corruptelas nunca probadas que fueron convenientemente aireadas por los medios de comunicación afines al clavijismo, con los que ahora repartirá los generosos fondos de publicidad institucional del Gobierno de Canarias.

Javier Barbero Montes, con “Siembra”; Marina Arenas, con “Uranites”, y Paco Ortiz, con “Historias a mano”, son los autores y obras que se han alzado con el primer, segundo y tercer premio, respectivamente, del 'VII Certamen de Cortos de la Provincia de Sevilla', que convoca la Diputación de la provincia a través de Prodetur. El objetivo de este certamen es fomentar y visibilizar el talento audiovisual, al tiempo que se difunde el territorio como destino turístico y espacio de rodaje. El trabajo galardonado con el primer premio ha recibido 1.500 euros, mientras que el segundo y el tercero están dotados con 1.200 euros y 800 euros, respectivamente.

Desde el pasado año, el certamen cuenta con el ‘Premio Especial a la Proyección de la Provincia de Sevilla’, dotado con un bono de distribución del cortometraje en 50 festivales nacionales y 10 internacionales por la distribuidora Jóvenes Realizadores (valorado en 500 euros). Este galardón ha recaído en ‘Camino Roya. Un mapa de ida y vuelta’, de Rocío Rodríguez, que también se lleva la novedad de este año, el ‘Premio Especial del Público’, después de la proyección de los cortos finalistas en los cines Avenida de la capital.

Las producciones premiadas 

A la hora de entregar los premios, el jurado ha tenido en cuenta, sobre ‘Siembra’ “su solvente interpretación actoral y su calidad técnica y profesional en todas sus áreas, desde el guion hasta la realización, que hacen de este corto una obra ‘redonda’, por los valores que destaca, en un escenario tan reconocible como la Vega del Guadalquivir y en una actividad, la agroalimentaria, en la que somos potencia internacional”.

De ‘Uranites’, destaca “su originalidad y frescura, poniendo bajo el prisma de la ciencia ficción escenas cotidianas de nuestros pueblos, por realzar el valor de Sevilla como tierra de acogida, por su forma diferente de contar las cosas, con una mirada propia y mucha personalidad”, y subraya en torno a ‘Historias a mano’ que pone el foco y la mirada en rincones cotidianos de la provincia, “actualizando el formato y el lenguaje a los nuevos tiempos y soportes audiovisuales”.

Por su parte, 'Camino Roya. Un mapa de Ida y Vuelta’, Premio Especial del Público, se lleva el Premio Especial a la Proyección de la Provincia de Sevilla “por su cuidado tratamiento técnico, con especial mención al sonido directo y la fotografía, por su puesta en valor de la actividad económica que genera la ganadería en el ámbito rural, y por subrayar valores como la igualdad y la diversidad”.

Gala de entrega

El acto de entrega de estos premios tuvo lugar en el transcurso de una gala en el Cartuja Center Cite de Sevilla, conducida por el periodista y autor Julio Muñoz 'Rancio' y la actriz Cristina Almazán, con la música de las versiones imposibles de 'Calambres' y, como no podía ser de otra manera, con mucho contenido audiovisual.

Estuvo presente el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández de los Ríos, que estuvo acompañado por el presidente de Andalucía y Spain Film Commission, Carlos Rosado, y varios miembros del jurado.

Durante su intervención, Fernández ha recordado que el objetivo de este certamen es mostrar la riqueza de la provincia de Sevilla a través de la creatividad de las producciones cinematográficas, y ha destacado “que nuestra provincia, de la que ya sabíamos que es todo un tesoro en toda su extensión”, es además un “reclamo” para el trabajo del cine en todas sus vertientes.

Javier Fernández ha animado a todos los participantes en el certamen desde sus primeras fases, no solo a los finalistas o ganadores, a seguir adelante con su gran pasión, porque “el talento y el trabajo siempre se abren paso”.

El presidente de la Diputación ha destacado también la importancia de la provincia de Sevilla en el contexto de Andalucía como lugar de cine, recordando que la comunidad acogió durante el año 2022 un total de 1.406 rodajes, que dejaron casi 142 millones de euros.

Se ha felicitado, además, de cómo este certamen de cortos contribuye a dar a conocer la capacidad de realizadores, personal técnico, guionistas, productores, directores y actores de todo el ámbito nacional que tienen a Sevilla como un lugar referente para trabajar.

Alberto Rodríguez, Premio ‘Sevilla de Cine’

El Certamen de Cortos de la Provincia de Sevilla ha concedido, además, la Mención Especial ‘Sevilla de Cine’ en su primera edición a la trayectoria al director sevillano Alberto Rodríguez, una de las figuras más importantes de la cinematografía española actual.

Así, la Diputación reconoce la especial contribución a la promoción de la provincia de Sevilla del realizador sevillano a través de su extensa filmografía, desarrollada íntegramente desde el sur y acompañado por buena parte del equipo técnico y artístico con el que coincidió en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla y con el que empezó a hacer cortos hace ya más de dos décadas.

Para el presidente de la institución provincial, el trabajo de Rodríguez supone el gran ejemplo “de cómo nuestra provincia y sus escenarios naturales se pueden convertir en un reclamo internacional para rodar cine y para atraer visitas”, en referencia, entre otras, a la Ruta de La Isla Mínima, itinerario turístico creado por Prodetur en colaboración con Andalucía Film Commission, que recorre los escenarios naturales de la película ganadora de 10 premios Goya y rodada en las marismas del Guadalquivir y los pueblos sevillanos ribereños.

“Gracias, Alberto, por esta contribución impagable a la proyección de la imagen de la provincia de Sevilla, como marca turística, empresarial, y sobre todo, de talento”.

El jurado

El concurso ha contado con un jurado profesional integrado por: Carlos Rosado, presidente de la Spain Film Commission, en calidad de presidente del jurado; Teresa Segura, productora y miembro de la Junta Directiva de ANCINE; Lourdes Palacios, presidenta de Asecan (Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía) y vicepresidenta de la Academia de Cine de Andalucía; Alejandro Ávila, director de FilmAnd.es; Irene Hens, productora y miembro de la Junta Directiva de la Academia de Cine de Andalucía; Mercedes Hoyos, actriz y directora de Doblaje. Miembro de la Junta Directiva de la Academia de Cine de Andalucía; Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de Prodetur; y Amador Sánchez, gerente de la sociedad provincial, en calidad de secretario.

El certamen de cortos de la provincia de Sevilla, organizado por la Diputación de Sevilla a través de Prodetur, que este año celebra su séptima edición, ha concedido la mención especial 'Sevilla de Cine' a la trayectoria al director sevillano Alberto Rodríguez, “una de las grandes figuras de la cinematografía española actual”.

La Diputación quiere reconocer la “especial contribución” a la promoción de la provincia que ha tenido el realizador sevillano “a través de su extensa filmografía”, detalla el organismo en una nota de prensa.

Alberto Rodríguez se ha convertido en los últimos años en uno de los directores de cine “más aclamados” del país, con títulos que han tenido a Sevilla como escenario y que han proyectado la imagen de la provincia en todo el mundo. Es el caso de 'El traje', '7 vírgenes', 'After', 'Grupo 7', 'La isla mínima' o la “superproducción televisiva” 'La Peste'.

Con esta mención especial 'Sevilla de Cine', el citado certamen reconoce la trayectoria de Alberto Rodríguez en la dirección cinematográfica, desarrollada íntegramente desde el sur y acompañado por buena parte del equipo técnico y artístico con el que coincidió en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla y con el que empezó a hacer cortos hace ya más de dos décadas.

En su haber cuenta con títulos como 'El Factor Pilgrín' (2000), realizada junto al también sevillano Santi Amodeo, con muy escasos recursos económicos y que recibió una mención especial del jurado de Nuevos Realizadores del Festival de Cine de San Sebastián de ese año; 'El traje' (2002), su primer título en solitario, que supuso además su debut en Festival de Berlín, y '7 Vírgenes' (2005), que sumó seis nominaciones a los premios Goya.

Una apuesta “desde el sur”

Asimismo, figura en la filmografía del realizador sevillano 'After' (2009), que obtuvo otras tres nominaciones a los premios Goya; 'Grupo 7' (2012), una de las mejores producciones españolas de ese año con 16 nominaciones y dos premios Goya; 'La isla mínima' (2014), con la que arrasó en los premios de la Academia de esa edición, en la que obtuvo 10 de los 17 premios Goya a los que aspiraba como nominado; 'El hombre de las mil caras' (2016), que cosechó dos nuevos premios Goya del total de once a los que estuvo nominada; o su última producción, 'Modelo 77' (2022), que también le valió otras siete nominaciones a los premios de la Academia de Cine.

El certamen ha valorado especialmente la “apuesta decidida” de Alberto Rodríguez por desarrollar su carrera desde el sur, “demostrando que desde Sevilla pueden contarse historias universales, que interesen en todo el mundo y que hayan logrado aunar el respeto de la crítica especializada y el del gran público”.

El premio le será entregado en la ceremonia de gala del certamen de cortos de la provincia de Sevilla, que tendrá lugar el día 12 de diciembre en el Cartuja Center CITE. Se trata de una iniciativa de la Diputación, a través de Turismo de la Provincia-Prodetur, con la que se pretende que el cine “sirva de escaparate internacional del territorio como destino turístico, además de promover la creatividad y el talento de los profesionales del sector audiovisual”.

“Siempre me quedé con la duda de saber qué pensaría Francisco Paesa de la película. Había algo sumamente literario en lo que todo el mundo cuenta que fue su vida”. El director Alberto Rodríguez fue el responsable de llevarla a la gran pantalla en El hombre de las mil caras en 2016. Y el actor Eduard Fernández, el elegido para encarnar a uno de los personajes más insólitos de la historia reciente de España, con cuyo final tampoco ha dejado indiferente: falleció el pasado mes de mayo con 87 años a las afueras de París, sin que nadie se enterara. Hasta esta semana.

“Cuando hicimos la película no se sabía muy bien si estaba vivo o muerto”, reconoce a este periódico el cineasta sevillano, que gracias al largometraje ganó junto a su compañero Rafael Cobos el Premio Goya a Mejor guion adaptado. La primera vez que les hablaron del proyecto, que recibieron por encargo, fue entre 2010 y 2011. “En ese momento había un magnate ruso que le andaba buscando por algún asunto turbio”, comparte. En efecto, Alexander Lebedev, dueño de entre otros negocios The Independent, terminó pasando veinte años persiguiéndole por una operación en Bahréin en la que desaparecieron veinte millones de dólares suyos y solo aparecieron diez.

Años más tarde, en 2014, Cobos acudió a Ginebra a presentar el largometraje que ambos habían escrito previamente, La isla mínima. Título que cosechó hasta diez cabezones en 2015. “Alguien de la ONU le contó allí casi en secreto que Paesa había muerto. Era mentira, claro. Pero en su momento parecía verdad”, comenta. Tampoco era la primera vez que se le daba por fallecido. De la inaugural sí que se había enterado todo el mundo, cuando en el verano de 1998 el periódico El País publicó una esquela comunicando su supuesta muerte en Tailandia.

Nunca llegaron a hablar con él. Ni una vez estrenada la película recibieron noticia alguna sobre su opinión al respecto. Pero sí se hizo notar. “Estando de camino al Festival de San Sebastián, el mismo día en el que se iba a presentar El hombre de las mil caras, Paesa reapareció como portada de Vanity Fair. Se había enterado de que la película se estrenaba y resucitó por segunda vez. Fue bastante sorprendente. Teníamos la creencia, que no certeza porque con este hombre certeza nunca, de que había muerto por lo que nos había dicho el representante de la ONU. Fue una aparición casi fantasmagórica. Más novelesco no podía ser”, afirma.

Esta vez fue un amigo periodista quien le envió el artículo de elDiario.es que reveló este lunes la muerte del banquero. “Pensé que esta vez sí que era verdad en parte por quien me lo mandó y porque era de hace un tiempo. Tenía 87 años... Que ya es una edad avanzada”, señala.

Del mito a la libertad para ficcionar

La película estuvo basada en el libro Paesa, el espía de las mil caras, escrito por Manuel Cerdán. En su adaptación decidieron limitar la cinta a la historia de la huida de Luis Roldán para retratar al personaje del banquero. Un episodio que ocurrió en los años noventa, en los que colaboró en la fuga del que fuera el director de la Guardia Civil, acusado de corrupción. El político había reunido un botín de más de diez millones de euros, cobrando comisiones ilegales de las reformas de las casa-cuartel de la Guardia Civil de todo el país y saqueando los fondos reservados del Estado. Paesa le ocultó y le ayudó a esconder el dinero.

Lo que más llamó la atención a Rodríguez de la biografía de Paesa es “el recorrido de alguien que trabaja, si no en los servicios secretos, para los servicios secretos de un país que atraviesa diferentes regímenes y él sigue ahí independientemente de quién gobierne”. “Se había mantenido al margen de quien mandara, ya fuera democracia o una dictadura”, comparte.

Pese a que no contactaron con él ni con nadie de su círculo más cercano, Rodríguez cuenta que el contacto más cercano al que accedieron fue “una jueza que tuvo relación directa con él y lo recordaba de manera clara y evidente”. También un piloto que “había trabajado con él mucho tiempo”. “Fue muy interesante la recreación de su figura casi como él quería, como si fuera una especie de mito”, apunta. Lo que descubrieron sobre su manera de proceder le llevó a pensar que “algún día” recibirían su llamada. “Tenía un sentido del humor y una apreciación muy peculiar de los hechos y la forma de constatarlos”, explica sobre por qué nunca descartó que acabara apareciendo en el momento menos pensado.

Más allá de aquella conversación que jamás se produjo, el cineasta valora que esa forma de ser tuvo consecuencias positivas para el desarrollo del largometraje: “Hubo un momento en el que nos hizo casi sentirnos autorizados a la hora de escribir y empezar a inventar. Porque francamente, era imposible recomponer la verdad. Como no se podía completar este puzle, tenías que empezar a ficcionar. Esa fue la manera de acabar la película. Y creo que él habría autorizado algo así porque buena parte de los hechos que hay en su biografía son pura ficción”.

Siempre me quedé con la duda de saber qué pensaría Francisco Paesa de la película

Alberto Rodríguez — Director y guionista

Eduard Fernández, la mímesis perfecta

Fernández, a quien Rodríguez reivindica como “un profesional increíble y maravilloso, y uno de los mejores actores del país”, encarnó a Paesa en el filme. “Intentamos aprender y recoger todo lo que encontrábamos sobre él aunque no diéramos con el referente directo. Entre otras cosas, creo que una de las cuestiones por las que sobrevivía dentro del mundo en el que se movía es porque era prácticamente invisible”, relata sobre cómo armaron al Paesa de su película y las directrices que dieron al actor para interpretarle.

“Fue bastante sencillo conectar con él, darle todos estos textos y que fuera capaz de elaborar este personaje tan interesante”, constata. Su trabajo fue reconocido en el Festival de San Sebastián, donde se alzó con la Concha de Plata a Mejor actor. En su discurso de agradecimiento, Fernández se dirigió directamente a su alter ego.

“Me acuerdo en este momento de ese ser curioso, el controvertido Francisco Paesa, igual me está viendo usted. Don Paco, aquí estamos, me lo han dado a mí, que hago de usted. Me he inventado quién es usted. Por esta película que hemos hecho sobre un libro en el que hay verdades y mentiras, con un guion también con verdades y mentiras. En esta película de mentirosos contando tantas mentiras, a lo mejor hemos hecho cine y hemos contado una gran verdad. El hombre de las mil caras, Paesa, esa película”, pronunció. El papel le valió igualmente por la nominación al Goya, que recayó en Roberto Álamo por Que Dios nos perdone (Rodrigo Sorogoyen).

Referencia directa sí estuvo cerca de tener Carlos Santos, que se metió en la piel del exdirector de la Guardia Civil, fallecido el año pasado. Fernando Sánchez Dragó había escrito La canción de Roldán y fue a través de él como se puso en contacto con el equipo de la cinta. Su propuesta llegó tarde. “Teníamos ya todo localizado y el rodaje iba a empezar. Ya no tenía sentido hablar con él”, argumenta. Nunca más volvió a intentarlo, ni siquiera una vez estrenada El hombre de las mil caras en cines.

El candidato de Sumar al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, no ha logrado recuperar su escaño. El también líder de Proyecto Drago y actual concejal en el Ayuntamiento de La Laguna ha obtenido casi 52.451 (10,87%), 11.712 menos que en las pasadas generales, cuando se presentó por Unidas Podemos.

El partido de Yolanda Díaz ha logrado solo una representante en Canarias, la de la provincia de Las Palmas, Noemí Santana (53.116 votos, un 10,25%). La vicepresidenta había cerrado su etapa de escucha en Las Palmas de Gran Canaria, en un acto en el que participaron miembros de las diferentes corrientes de la izquierda en las Islas. Durante la campaña, se trasladó a Santa Cruz de Tenerife a respaldar a Rodríguez.

Rodríguez ha librado desde hace más de un año una batalla para recuperar su acta de diputado, que se le retiró tras una condena por golpear a un policía en 2014. El exdiputado siempre ha sostenido que la condena no llevaba implícita la privación de su escaño y se encuentra aún a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional.

El candidato de Sumar consideraba que se había despojado de voz a los 64.163 canarios y canarias que votaron a Unidas Podemos en 2019. Su antigua formación nunca le sustituyó en el Congreso y su ausencia implicó que peligrara, por ejemplo, medidas como la reforma laboral, que finalmente salió adelante por la equivocación de un diputado del PP, Alberto Casero.

En declaraciones a los medios recogidas por Efe, Rodríguez ha indicado que “esta vez no pudo ser”, pero que la “lucha sigue” y hay que pensar en las próximas elecciones. “Allí donde haya un conflicto social o sindical” y donde “haya pueblo canario que quiera conquistar derechos” ha asegurado que estará aportando su “granito de arena”.

La división de Rodríguez y Santana en las autonómicas

Tras dejar Podemos, el partido del que fue secretario de Organización, se involucró de nuevo en los movimientos sociales de Canarias y en octubre del pasado año presentaba Proyecto Drago, la herramienta política “de obediencia canaria” con la que conformó una confluencia con algunas fuerzas progresistas en las Islas y se presentó a las elecciones autonómicas y locales. Drago Verdes Canarias escenificó así una de las dos ramificaciones de la izquierda en Canarias, frente a la confluencia liderada por su ahora compañera de partido, Noemí Santana, que concurrió como cabeza de lista de Unidas sí Podemos.

Finalmente, ni Drago Verdes Canarias ni Unidas sí Podemos consiguieron representación en el Parlamento regional. En toda Canarias, la coalición de Podemos logró diez concejales (una de ella decisiva en una de las capitales, Las Palmas de Gran Canaria) y la de Rodríguez, dos concejales también decisivos en La Laguna.

La fractura entre Drago Verdes Canarias y Unidas Sí Podemos perjudicó a ambas confluencias tras sumar más de 60.000 votos entre las dos. Vox sumó prácticamente el mismo número de papeletas, pero logra cuatro escaños.

La división también perjudicó a la izquierda en muchos de los cabildos donde era decisiva y también en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. En muchas de esas instituciones, la izquierda canaria contaba con representación.

Este domingo, la diputada electa por Las Palmas ha señalado que “queda mucho futuro por delante a la izquierda en Canarias. Hoy se ha demostrado”.

Un escaño que pretendía ocupar solo 585 días

Durante la campaña electoral, Rodríguez anunció que si conseguía ser reelegido diputado permanecería en su escaño 585 días (el total de días de los que fue despojado en la pasada legislatura) y en su lugar seguiría la número dos de Sumar por Santa Cruz de Tenerife, Carmen Pestano. 

“En caso de que la sociedad canaria lo decida, estaré en el Congreso de los Diputados exactamente 585 días, el tiempo que debía estar por voluntad popular y que los poderes fácticos a 2.000 kilómetros de aquí lo impidieron”, anunció en una rueda de prensa.

Hay avances pero ningún acuerdo cerrado entre los grandes partidos que pretenden integrarse en Sumar. Las negociaciones para la articulación de la futura coalición de la izquierda progresan a diferentes velocidades en la víspera del día que todas esas fuerzas se habían marcado para sellar un acuerdo. El equipo de Yolanda Díaz ha logrado un primer acuerdo con el Proyecto Drago de Alberto Rodríguez, pero las acusaciones cruzadas entre Podemos por un lado y Más Madrid, Compromís y los comuns por el otro han enrarecido el clima de las negociaciones cuando se acerca la recta final. 

Sumar ha cerrado el día con dos noticias positivas en un día que había comenzado con turbulencias. La plataforma con la que la vicepresidenta segunda pretende aglutinar a todo el espacio a la izquierda del PSOE anunció que el portavoz de la campaña para las generales será el eurodiputado de los comuns Ernest Urtasun. Además, a última hora de este martes logró un acuerdo con el proyecto del ex ‘número tres’ de Podemos, el primero de los quince que pretende alcanzar con las diferentes fuerzas de la izquierda. 

El comunicado con el que han anunciado la decisión no ofrece demasiados detalles. Se presentarán por las dos circunscripciones canarias (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife) y se respetará la “obediencia canaria” en la toma de decisiones. “El acuerdo se ha llevado a cabo con plazos y contenidos, y creemos firmemente que coloca a Canarias en un marco de respeto mutuo con otros territorios y fuerzas transformadoras del conjunto del Estado”, explican. Según añaden, ya ha sido refrendado por su asamblea confederal. 

La noticia despeja solo algunas dudas, porque desde el partido no quieren avanzar si, por ejemplo, Alberto Rodríguez encabezará alguna de las dos listas, si Drago copará todos los puestos de salida o si habrá, por ejemplo, presencia de Podemos o Izquierda Unida en esas candidaturas. Hace cuatro años, Rodríguez se presentó como cabeza de lista de Unidas Podemos en Santa Cruz de Tenerife. El espacio confederal consiguió ese escaño y otro por Las Palmas. Tampoco hay más información sobre el reparto de recursos o la marca que llevará la coalición en esas circunscripciones. Lo que sí revela es que la forma en que se concrete el acuerdo global seguramente vaya precedida de pactos sellados de forma individual. Una suma de bilateralidades que compondrán la foto final de la coalición. 

Más allá de este primer acuerdo, el equipo negociador de Sumar tiene todavía los grandes asuntos mollares de la coalición por resolver. Sobre todo, cómo encajar en las mismas listas las ambiciones de Podemos con las de Compromís en la Comunidad Valenciana, Más Madrid en Madrid y los comuns en Catalunya. Pero también resolver qué presencia debe tener Izquierda Unida en el conjunto del país. O la Chunta Aragonesista, Batzarre o Iniciativa del Pueblo Andaluz en sus respectivos territorios. Tampoco el papel que tendrán los ecologistas Verdes Equo o Alianza Verde.

En el ensamblaje de todas estas partes hay una dificultad añadida: el partido de Díaz, Movimiento Sumar, registrado como herramienta instrumental para “facilitar la unidad”, aspira a incluir en las listas una cuota de independientes. Pero no solo. También entran en este cupo personas vinculadas a la política o que incluso tienen ahora un escaño por Unidas Podemos pero se han ido separando de las tesis del partido y ya no concurrirán como parte de sus listas. De las conversaciones no ha trascendido cuántas personas quiere incorporar la vicepresidenta para que la acompañen, pero esa variable añade aún más complejidad a la configuración de las candidaturas.

En las próximas horas podrían firmarse más pactos como el alcanzado este martes con Drago antes de la firma de ese acuerdo global. A última hora del martes, la líder de Más Madrid, Mónica García, afirmó en la SER que se muestra optimista sobre las negociaciones. “Habrá acuerdo 100%, porque detrás hay mucho más y nos estamos jugando mucho”, dijo.

Y eso a pesar de que, mientras la maratón de reuniones sigue, en las últimas horas el clima de tensión que permanecía de alguna manera latente durante la semana pasada comenzó a aflorar entre la noche del lunes y la mañana del martes. El detonante fueron unas declaraciones de Pablo Iglesias en Hora 25 en las que acusaba a Más Madrid y a Compromís, pero también a los comuns, de estar planteando vetos a Podemos en las listas de esos territorios, que son por otro lado los que más escaños reparten para el Congreso y en circunscripciones en las que Unidas Podemos ha tenido tradicionalmente mejores resultados. 

Las declaraciones de Iglesias en los micrófonos de la SER causaron estupor en los comuns, que se han entendido y han sido aliadas desde 2018 y que siempre han mantenido la fórmula de la coalición con Podemos en las elecciones generales.

Después de comprobar que Iglesias no se había confundido y seguía sosteniendo que los comuns le vetaban, en las filas del partido de Ada Colau la sorpresa se tornó en enfado. Fue en ese momento cuando sacaron a la luz la supuesta amenaza que Podemos habría hecho la semana anterior, cuando habría anunciado que mantenía conversaciones en paralelo con ERC. Algo que los de Oriol Junqueras corrieron a desmentir categóricamente.

La batalla entre dos formaciones que han mantenido más de cinco años de buena convivencia no es por muchos escaños, ni siquiera por un puñado importante. En el año 2019 Podemos consiguió en las listas de En Comú Podem dos puestos en números de salida (es decir, con opciones a entrar en el Congreso): el tres de Barcelona y el uno de Tarragona. Finalmente la candidatura obtuvo siete escaños, los esperados, y dos, los ya citados, fueron para Podemos.

Sin embargo, en las actuales negociaciones esa interpretación no se comparte. Para empezar, porque Podemos alega que el número uno por Barcelona, ocupado por Jaume Asens, era un puesto compartido entre los comuns y Podemos, dada la doble militancia del candidato. Tampoco está claro que en esta ocasión la candidatura tenga garantías de entrar por Tarragona, por lo que para mantener los dos puestos de salida debería reservarse al menos esos mismos dos entre los primeros cinco por Barcelona.

En Sumar se desvinculan de la decisión de los comuns de difundir esa información. “Es cosa suya”, sostenían este martes después de que comenzaran a circular los titulares en la prensa. La discreción sobre las conversaciones era una petición expresa que Yolanda Díaz trasladó a todas las partes al comienzo de las negociaciones y la sensación general es que este tipo de mensajes, los de Iglesias pero también la reacción de los catalanes, no ayudan al proyecto de unidad que se pretende concretar. La vicepresidenta segunda enfatizó el lunes en un foro organizado por elDiario.es que Sumar no es “solo un acuerdo entre partidos” sino un “proyecto de país”, un mensaje que este martes la plataforma ha replicado en sus redes sociales. 

Las palabras de Iglesias en la SER venían precedidas de numerosas especulaciones sobre la posibilidad de que algunos partidos en Sumar quisiesen imponer vetos a Podemos en general pero a figuras en particular como la ministra de Igualdad, Irene Montero, algo que fuentes de diferentes partidos rechazaban que estuviese sucediendo al menos hasta ese momento, puesto que las negociaciones del fin de semana no habían llegado ni siquiera al punto de las listas. 

Este martes, después de que tanto Compromís, en boca de su portavoz Joan Baldoví, o los comuns y Más Madrid rechazaran haber impuesto vetos a Podemos, el ‘número dos’ de la lista de Rita Maestre al Ayuntamiento de Madrid, Félix López Rey, escribió un tuit en el que pedía a Irene Montero y a Ione Belarra que diesen un paso al costado. “Imponer a Irene Montero y Ione Belarra, las ministras peor valoradas del Gobierno, es un error de Pablo Iglesias que pone en peligro la construcción de una alternativa de progreso. Es tiempo de generosidad y altura de miras. Garzón marcó el camino. ¡Piensen en la gente!”, dijo en un mensaje que desde Más Madrid se apresuraron en destacar que era personal y no representaba a la organización. 

La líder de Más Madrid también afirmó públicamente este martes en Hora 25 que esas palabras pertenecen única y exclusivamente a la opinión del histórico dirigente social activista, hoy concejal en el Ayuntamiento. “No comparto las palabras de Félix Lopez Rey, no calculó el foro, no es una opinión de Más Madrid. Los detalles por responsabilidad están siendo discretos porque tenemos un compromiso firme”, dijo García. La portavoz de ese partido en la Asamblea de Madrid sí quiso negar las palabras de Iglesias en los mismos micrófonos: “El señor Iglesias mintió claramente, Más Madrid no ha vetado a ningún partido, no sé cuál es la intención más allá de hacer daño al acuerdo”.

“Nosotros no hemos vetado a nadie, no hemos hablado de nombres, no hemos hablado de otros partidos. Nos hemos sentado para decir hacia dónde queremos ir”, añadió preguntada concretamente por ese supuesto veto a Montero.

Quedan tres días efectivos para que cierre el plazo en el que los partidos deben registrar las coaliciones para las generales del 23 de julio, aunque las fuerzas que pretenden integrarse en Sumar se habían puesto de acuerdo en fijar el miércoles como fecha límite para llegar a un pacto que contentase a todo el mundo, aunque esa fecha podría irse postergando. Los partidos quieren evitar una situación como la de las últimas autonómicas andaluzas y, al mismo tiempo, dar margen a cada una de las formaciones a que pueda convocar una consulta a sus bases para refrendar el acuerdo de coalición. Para eso quedan 24 horas y el ruido ha comenzado a subir de volumen. 

Sumar ha alcanzado ya su primer acuerdo para la coalición que pretender articular de cara a las generales. Lo ha hecho con Proyecto Drago, el partido que fundó el ex 'número tres' de Podemos tras abandonar el partido hace dos años, para centrar su actividad política en las islas Canarias. Según ha anunciado la propia formación a través de una nota de prensa, el acuerdo se ha alcanzado esta misma tarde.

“Es momento de mirar al futuro, tener la voluntad de sumar, de integrar. Salimos a ganar, el 23J podemos tener una política institucional que se parezca más a nuestra gente”, escribe el partido en un comunicado en el que indican que el acuerdo ya ha sido refrendado por su asamblea confederal. El pacto comprende las dos circunscripciones de Canarias, aunque el partido no aporta los detalles de momento sobre si será Rodríguez quien encabece las listas de Sumar en alguna de esas dos candidaturas.

“El acuerdo se ha llevado a cabo desde la mejor de las voluntades y manteniendo la discreción sobre las negociaciones en curso; el acuerdo respeta la obediencia canaria en la toma de decisiones; el acuerdo se ha llevado a cabo con plazos y contenidos, y creemos firmemente que coloca a Canarias en un marco de respeto mutuo con otros territorios y fuerzas transformadoras del conjunto del Estado; el acuerdo ha sido refrendado por la asamblea confederal de Drago Canarias de forma mayoritaria”, apuntan.

Más allá de estos detalles, el partido no aclara de momento el contenido del acuerdo, sobre todo si Alberto Rodríguez u otros miembros de Drago liderarán las listas bien en Tenerife bien en Las Palmas o cómo queda el reparto de recursos de la futura coalición. La incógnita principal es saber si Sumar plantea que en Canarias haya presencia de otras formaciones como Podemos o Izquierda Unida para los puestos de salida o las posiciones más bajas. En 2019, Unidas Podemos obtuvo un escaño por cada una de esas candidaturas y cuatro años atrás llegaron a tener dos por Las Palmas.

Alberto Rodríguez creó este partido después de enfrentarse con Podemos y abandonar esa fuerza. El conflicto surgió a raíz de la polémica decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de retirarle el escaño en interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo declarase probado que pateó a un policía nacional en una manifestación en La Laguna en 2014. La condena de 45 días de cárcel fue sustituida por una multa además de la indemnización y después de varios días el Congreso optó por retirarle el acta.

El exdiputado, que llegó a ser secretario de Organización de Podemos, rompió con el partido entre otras cosas por no sentirse respaldado tras la decisión de Batet, que ha supuesto que el grupo parlamentario haya estado desde entonces con una banca menos. Rodríguez se reincorporó a la fábrica petrolera de Tenerife donde trabajaba antes de entrar en la política y desde esa posición comenzó la andadura de su nuevo proyecto político, que prácticamente desde el principio ha tenido como aliada a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Para las últimas elecciones, se incorporó al Acuerdo del Turia, una alianza de partidos entre los que se encontraban Compromís o Más País, que ahora también buscan su integración en Sumar. En Canarias, concretamente para el 28M se presentó en coalición con Verdes Equo y Los Verdes Canarias, con la marca Drago Verdes Canarias. La candidatura no logró votos suficientes para obtener representación en el parlamento de las Islas, pero Rodríguez consiguió ser concejal por La Laguna, donde también se presentaba y donde, junto a la otra banca que obtuvo el proyecto, podría ser determinante para que el PSOE logre la alcaldía.

Fabricar traidores es un tópico cultural e histórico en la izquierda del mismo modo que admirar a los políticos que tras estar en las instituciones vuelven al tajo sin agarrarse a los cargos y sueldos públicos. Ambos, el vicio y la virtud, se dan en la figura de Alberto Rodríguez, obrero industrial que volvió a su trabajo tras dejar el Congreso y ahora es señalado como traidor por querer hacer política al margen de su antigua formación. Hay precedentes.

El complot del Lux en 1947 fue un proceso de depuración interna del PCE contra los miembros acusados de ser “titistas” y de no seguir la doctrina estalinista del partido, pero que fue promovido en realidad para perseguir las críticas dentro del PCE al dúo dirigente de Dolores Ibárruri y Francisco Antón por considerar que permanecer en la URSS, como hacía la dirección, imposibilitaba la lucha revolucionaria. El proceso acabó con la depuración de miembros ilustres del PCE, como José Antonio Uribes o Segis Álvarez. Pero expulsar a José Antonio Uribes no era fácil, porque tenía un prestigio importante en la organización. Un maestro de Cuenca, de tradición familiar krausista, que había pertenecido al Comité de Milicias en la Guerra Civil. Primero había que desacreditarlo. Dolores Ibárruri argumentó para expulsarle que temía de él su “independencia de criterio”. Toda una declaración de intenciones para dejar en patente evidencia que en la organicidad de algunos partidos prima la adhesión inquebrantable a las directrices ordenadas desde la cúpula antes que la libre adscripción por valores e ideas. Vicente Uribe, el burócrata encargado para la depuración, dejó algunas frases en el proceso que son de aplicación contemporánea, por ejemplo, la que se refiere a la doctrina del partido como secta: “El partido les ha elevado de gentes inconscientes a ser algo decente en la vida, porque fuera del comunismo no hay nada decente en la vida” y la construcción de la figura del traidor sobre todo aquel que no siguiera el mandato dado.

El castigo para los expulsados del partido fue enviarlos a trabajar a la Fábrica Stalin, después llamada Lijachov, en Moscú. Es una triste paradoja que los burócratas que mitificaban el proletariado consideraran un castigo mandar a alguien a trabajar a la fábrica, convertir a los intelectuales en currantes. Para Alberto Rodríguez no fue un castigo, sino la lógica consecuencia de seguir sus valores. Un comportamiento que tendría que haberlo convertido en referente de la izquierda podemita, su integridad absoluta, no ha servido para pasar el filtro de la mácula cuando se ha puesto su nombre en el óstraco. Alberto Rodríguez es ahora obrero industrial en la refinería de CEPSA en Tenerife. Dejó las intervenciones en la tribuna del Congreso para, como operador de planta química, encargarse de distribuir el combustible a través de tuberías y bombas de gran caudal entre barcos y tanques de almacenamiento en turnos de 12 horas, rotativos entre mañana y noche en los que no existen festivos cuando hay tarea. Un trabajo peligroso al tratar con productos inflamables. No es extraño que una fuga de vapores o una explosión acaben con la vida de algún trabajador. La única fábrica en la que trabajarán algunos en su vida, tras dejar la política como un trampantojo, es la de la construcción de enemigos.

Esta semana hemos visto cómo Alberto Rodríguez, exdiputado de Podemos en el Congreso, fue señalado por la turbamulta como traidor por asistir con su nuevo partido a un acto junto a Íñigo Errejón y Joan Baldoví que incluía a Mustafa Aberchán, condenado por el Tribunal Supremo por un delito electoral relacionado con el voto por correo. Utilizar a Aberchán para atacar a Alberto Rodríguez solo fue una excusa. La decisión de señalar a Alberto Rodríguez como traidor estaba tomada desde hace tiempo. Coalición por Melilla formaba parte del “Acuerdo del Turia” desde que Alberto Rodríguez y su plataforma Drago decidieron entrar en ese proyecto el pasado mes de enero. En aquel momento no se utilizó la carta Aberchán porque ese no era el problema, sino unirse a Más País y formar parte de la alianza que quiere impulsar Sumar. Pero no se puede señalar a una persona como Alberto Rodríguez solo por eso, era necesario una espoleta para iniciar la cacería y proceder. Un simple mensaje acusando de connivente con la corrupción serviría para el cometido. Otro más añadido a la lista de depuración interna. A la de falsos izquierdistas. A la de impuros de sangre. Un nuevo nombre que linchar en el pogromo digital cuando aparece la directriz desde la cúpula exógena.

Alberto Rodríguez dejó Madrid después de que el Tribunal Supremo le robara el escaño por participar en una protesta y con la simple declaración de un policía que dejó muestra en el juicio que, si no mentía, se acordaba mal de los hechos. Hizo lo que en la izquierda siempre hemos aplaudido, volver al tajo tras dejar la política, como hicieron Gerardo Iglesias volviendo a la mina o Julio Anguita como profesor, al igual que Teresa Rodríguez. Quizás el único representante de la clase trabajadora de mono azul que había en las filas de Podemos en el Congreso se volvió a la fábrica con un poco de pesar por el abandono pero sin levantar la voz. Alberto Rodríguez trasladó a la dirección de Podemos Canarias, meses antes de que Marchena le quitara el escaño, que consideraba el proyecto de Podemos caduco y que no representaba la plurinacionalidad ni la diversidad de voces con las que nació. Eso supuso su caída en desgracia y la aceptación por la vía de los hechos consumados del destierro. Podemos aceptó con una huelga de brazos caídos la expulsión del diputado y, a pesar del ruido, no peleó legalmente su expulsión como cargo público. En Podemos le ofrecieron un contrato importante en el partido para mantenerle atado a la formación, pero él decidió que lo honesto era volver al lugar del que proviene, a trabajar en su fábrica. Cansado del madrileñocentrismo de la política en general y del que era su partido en particular decidió continuar con un partido que hiciera política desde las Islas Canarias. El alma pequeñoburguesa de la cúpula de Podemos no valoró el gesto y olvidó la integridad de Alberto Rodríguez rápido. Ahora, por decidir hacer política de manera legítima al margen de Podemos confluyendo con Más País, Compromís y otras formaciones, ha sido señalado como otro traidor. Otro más.

¿Qué ha hecho Alberto Rodríguez para convertirse en traidor? Nada, nada aparte de ser señalado por un tuit que inició el ataque. Nada aparte de creer que Podemos ya no representaba el proyecto en el que creía y hacer política con la clase en el centro y poniendo su tierra en el foco. El ejercicio libre de hacer política de izquierdas en una formación distinta a Podemos, sin haber levantado la voz contra sus excompañeros, ya es considerado un delito de lesa traición. ¿Habrá alguien en Podemos que se plantee qué están haciendo para descapitalizarse de una manera tan sangrante en solo ocho años? Alberto Rodríguez es una de las víctimas visibles de la persecución judicial y mediática a la que en Podemos acuden de manera recurrente para explicar el germen de todos sus problemas, pero eso no le ha exonerado de ser considerado también un traidor. No hay espacio posible para el matiz o la divergencia ni para caminar en paralelo o de forma horizontal en busca de lo mejor para la mayoría social. Todo aquel que no se somete a las reglas verticales del partido familia es insultado y despreciado, sobre todo cuando pone en cuestión comportamientos de los líderes siendo ejemplo de coherencia con sus propios actos. Como decía Gerardo Iglesias tras volver a la mina: “Mi actitud es, pero sólo indirectamente, una réplica a tránsfugas, pesebristas y políticos que se aferran a sus cargos a cualquier precio”. Es difícil competir en integridad con un tipo como Alberto Rodríguez, por eso es necesario lanzar a las hordas para que no quede nadie que haga sombra. El partido religión que repudiaba Manuel Vázquez Montalbán solo sirve para garantizar el privilegio de una élite. Una izquierda en la que no cabe Alberto Rodríguez es una izquierda en lo que no cabe nadie.