La economía española ha capeado el primer impacto de la guerra en Oriente Medio, a pesar de la subida de los precios de los combustibles, y el crecimiento, tras un muy buen final de 2025, apenas debería notar el efecto del conflicto en Irán durante el primer trimestre del año. Entre octubre y diciembre el producto interior bruto (PIB) se aceleró hasta el 0,8%, pero los modelos a tiempo real apuntan a un incremento de en torno al 0,6%, lejos de una debacle económica, sustentado por la firmeza del mercado laboral y el respiro de las renovables sobre el coste de la electricidad.

Los termómetros de distintas organizaciones, desde ‘think-tanks’ a instituciones oficiales como la AIReF, apuntan a que la economía mostrará un tono robusto, a pesar de la guerra, aunque los efectos podrían manifestarse más claramente conforme avance el año. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el primer dato de avance a finales de este mes, pero cifras relevantes como la afiliación a la Seguridad Social en marzo ya avanzan con solidez a pesar del conflicto.

“Nuestro modelo arroja un crecimiento del 0,6%, de momento, a caballo entre el 0,6 y el 0,7% de crecimiento intertrimestral, por lo que sería un ligero recorte en comparación con el cuarto trimestre de 2025”, explica al teléfono el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de EsadeEcPol, Manuel Hidalgo, que apunta que solo el dato de afiliación de marzo (en el que el empleo rozó los 22 millones) anticiparía esta cifra. Similar a lo que creció la economía entre enero y marzo de 2025 (0,5%).

Hidalgo es uno de los autores del modelo de “nowcasting” (previsión a tiempo real) del centro de estudios de la escuela de negocios y detalla que, aunque puede variar en función de la aportación del sector exterior al crecimiento, “no suele haber mucha diferencia” con la cifra final que publica Estadística.

De la desaceleración por las lluvias, a la guerra

Desde la consultora británica Oxford Economics, su economista jefe para Europa, Ángel Talavera, coincide con Hidalgo en la cifra de crecimiento (0,6%), pero asegura que aún carece de datos que muestren el impacto de la guerra, más allá de la cifra concreta de la inflación. “Solo hay dos o tres indicadores de sentimiento, encuestas que en marzo han empezado a caer. Los datos aún están rezagados”, señala.

Talavera apunta a dos periodos diferenciados dentro del primer trimestre. Una primera desaceleración a principios de año, que podrían estar vinculadas al frío y a las lluvias que caracterizaron el arranque de 2026, y otro diferenciado a partir de marzo, cuando arrancó el conflicto. “Casi todos los datos en nuestro modelo muestran esos problemas de debilidad a principios de año. Los efectos de la guerra los veremos más en el segundo trimestre: el dato de empleo de marzo fue bueno, pero la inflación quizá afecte a las ventas por menor, a la producción industrial…”, detalla.

BBVA Research es más optimista y estiman que el crecimiento trimestral podría situarse en el 0,7%, apenas una décima inferior al ritmo registrado a finales de 2025, fundamentalmente gracias al vigor de los datos de la afiliación, como apuntó su responsable de Análisis Económico, Rafael Doménech, en una publicación de X. Desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el MIPred –que suele ser algo pesimista– arroja un crecimiento del 0,3%, con el 66,7% de los datos del periodo. Por su parte, la herramienta de Analistas Financieros Internacionales (AFI) limita el avance al 0,1%.

“No creemos que vaya a ser tan negativo”, matiza al teléfono Marina García, analista de la firma. “Según nuestras previsiones oficiales, estaríamos en torno a un 0,2%-0,3% de crecimiento en el primer trimestre”, abunda, una proyección arrastrada por la bajada en las previsiones más contenidas de crecimiento del consumo y de la inversión. En el conjunto de 2026 anticipan un crecimiento del PIB del 2,1%.

Un crecimiento sólido pese a la guerra

Los datos del primer trimestre son fundamentales para el avance del ejercicio completo. “Suelo explicar que, aunque resulte curioso, gran parte del crecimiento de 2026 ya ha pasado”, apunta Hidalgo. Esto es así porque el “efecto arrastre” de finales del año pasado, cuando la economía aceleró, y el crecimiento sostenido en el primer trimestre ya te marcan el punto de partida para el año completo. “Un PIB del 0,6% o 0,7% nos llevaría a un crecimiento en el entorno del 2% en el año, salvo que la segunda mitad del año sea catastrófica”, dice el profesor de la UPO.

De momento la primera oleada de previsiones económicas ha rebajado el crecimiento para este año, pero aún seguirá siendo sólido, en comparación con nuestros pares. El FMI y la OCDE anticipan un avance del 2,1% para el ejercicio completo, mientras que el Banco de España calcula un 2,3%. La inflación se situará en el entorno del 3%, muy por encima del escenario previo al estallido bélico.

Lejos de lo que ha hecho el Gobierno alemán, por ejemplo, que ha recortado a la mitad (0,5%) su cálculo del PIB para 2026, en el Ministerio de Economía todavía tratan de “aterrizar” –como señaló el vicepresidente Carlos Cuerpo– cuál será el efecto para diseñar los números en los que se basará su presupuesto. “Estamos analizando cómo aterriza la incertidumbre. Es muy importante ir viendo cómo va evolucionando la situación porque la gran incógnita es la duración del conflicto”, aseguran fuentes del Ministerio de Economía.

En el Ejecutivo subrayan que el plan de 5.000 millones aprobado el mes pasado está permitiendo “amortiguar” el efecto de las primeras semanas del conflicto, pero aunque la guerra terminase esta misma semana se tardaría meses en recuperar la normalidad. De acuerdo con los cálculos del Banco de España, de las cuatro décimas de crecimiento económico que ha restado el conflicto, este pack de ayudas compensa tres. De los 0,8 puntos que sumará a la inflación, el Plan del Gobierno permite rebajar 0,5.

El día a día del bolsillo va a poner a prueba la resistencia del entorno macroeconómico. El precio del barril de petróleo brent volvió a situarse este jueves por encima de los 103 dólares, lo que anticipa una subida del precio del combustible en las gasolineras. Un mes después de la rebaja de impuestos, el litro de diésel ha caído 20 céntimos y 30 céntimos el de la gasolina. Gracias, en parte, al abaratamiento del crudo en las últimas semanas, pese a las idas y venidas sobre las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

Y la factura de la luz también será clave. De momento, el gran peso de las renovables en la generación eléctrica –el gas, más caro, solo ha marcado el precio del 16% de las horas en lo que llevamos de año– está librando el grueso de los efectos sobre el bolsillo. Pero la llegada del calor, que dispara el consumo energético, podría trastocarlo todo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha concederá ayudas por valor de hasta 300.000 euros para el aprovechamiento de las energías renovables en la región en comunidades energéticas y comunidades de propietarios.

Una orden de la Consejería de Desarrollo Sostenible publicada este miércoles en el Diario Oficial de la región ha dado a conocer las bases que regularán las ayudas, aunque todavía no hay una convocatoria vigente.

Así, se establece que serán subvencionables las inversiones para instalar equipos o tecnologías de energía solar fotovoltaica. Entre las actuaciones que podrán ser objeto de la ayuda se encuentran la adquisición de equipos y materiales, el montaje de las instalaciones y los costes de la redacción de los proyectos o memorias técnicas, entre otros. También se consideran subvencionables las ampliaciones de las instalaciones ya existentes por mayor generación. Las instalaciones de generación de energía eléctrica podrán estar conectadas a la red o estar aisladas de la misma, o ser para autoconsumo.

Topes de 80.000 euros por actuación y 300.000 por comunidad

La subvención máxima concedida no superará los 80.000 euros por actuación, con un tope de 300.000 euros para todas las actuaciones que realice una misma comunidad beneficiaria durante cualquier periodo de tres años. El coste de las intervenciones sí podrá ser mayor que dichos importes, pero el excedente no sería subvencionable.

De estas ayudas podrán beneficiarse las comunidades energéticas y las comunidades de propietarios, tanto si realizan una actividad económica por la que ofrezcan bienes o servicios en el mercado como si no la realizan.

La orden indica que, para ser beneficiaria, la comunidad deberá estar formada por un mínimo de cinco personas socias o miembros, y que las instalaciones resultantes de la actuación que fundamenta su concesión deberán ser explotadas y utilizadas por la comunidad energética.

También establece un plazo de ejecución máximo de 15 meses, que podrá ser ampliado en un máximo de 6 meses, si bien la orden remite a lo que se marque en cada convocatoria.

44 comunidades energéticas activas en la región

Las comunidades energéticas están formadas por socios o miembros que se unen para aprovechar de manera conjunta los recursos renovables o realizar actividades relacionadas con el sector energético, de manera que los beneficios que se generan, medioambientales y socioeconómicos, se reinvierten en la propia comunidad o el área local donde se ubica.

Actualmente, el portal web Comunidades Energéticas de Castilla-La Mancha indica que en la región hay 44 comunidades activas. Forman parte de ellas 932 socios, tienen instalados 8.825 kW y producen 14,17 GWh/año, ahorrando 2.848,77 toneladas de CO₂ al año. Además, hay otras 55 comunidades en proceso de constitución.

La guerra iniciada en Oriente Medio, tras los ataques de EEUU e Israel y la respuesta de Irán, ha disparado los precios del gas y del petróleo en los mercados internacionales y estas alzas ya se están repercutiendo en el litro de gasolina que compran los ciudadanos en España. Los datos muestran las cifras un mes después de la rebaja del IVA y del impuesto de hidrocarburos aprobada por el Gobierno.

Los precios del gasóleo en las estaciones de servicio ya superan niveles que no se veían desde finales de 2022 aunque la rebaja de impuestos del Gobierno ha reducido 20 céntimos el precio del diésel y 30 céntimos el de la gasolina 95.

Las cifras del mapa anterior provienen de los datos remitidos por más de 12.000 estaciones de servicio españolas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se actualizan cada media hora y que muestran cómo está reaccionando los precios a la escalada bélica.

La paralización del Estrecho de Ormuz, la ruta marítima por la que pasa una cuarta parte del tráfico mundial de materias primas, es clave. En el siguiente gráfico puedes ver cómo evoluciona el promedio del precio del diésel y la gasolina 95 en todas las gasolineras de España.

En el mapa puedes ver los datos en tiempo real con las últimas cifras remitidas por cada estación. El siguiente gráfico te muestra además la brecha de precio medio del diésel en cada provincia, según los últimos datos disponibles:

¿Sabes cuánto cuesta la gasolina en las estaciones de servicio de tu municipio? Busca tu localidad o provincia y descubre cuáles son los establecimientos que venden el combustible más caro y más barato en tu zona.

La evolución de los precios energéticos y su traslación al resto de los costes, con un nuevo empuje al alza de inflación, son algunas de las principales preocupaciones económicas como consecuencia de esta nueva guerra en Oriente Medio.

Como ya ocurrió con el corte del gas ruso hace cuatro años, el encarecimiento de la energía puede traducirse después en un incremento de los precios de la cesta de la compra que descuadre las cuentas de los hogares justo cuando estaban empezando a recuperar poder adquisitivo.

Un Consejo Global para una Economía del Bien Común, liderado por la economista Mariana Mazzucato y con España como primer anfitrión e impulsor, guiará a las fuerzas progresistas a compensar y redistribuir las grandes riquezas acumuladas por las empresas como contrapeso al auge de la ultraderecha neoliberal. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, lo ha anunciado este sábado durante su intervención en la Movilización Progresista Global, encuentro impulsado por el PSOE y el socialismo europeo que se celebra este fin de semana en Barcelona.

El Consejo surge como “espacio de reflexión y propuesta que aspira a transformar los cimientos del pensamiento económico dominante y ofrecer una alternativa rigurosa y progresista de políticas orientadas a un crecimiento compatible con la reducción de la desigualdad, la aceleración de la transición ecológica y el refuerzo de la democracia”, según han informado fuentes del Ministerio de Economía, que liderará este Consejo junto a Mazzucato.

Justicia, igualdad, sostenibilidad y solidaridad global serán los valores centrales que guiarán este Consejo, en el que participarán ministros de finanzas, representantes de la sociedad civil y economistas con trayectoria internacional reconocida. “El objetivo principal es pensar en cómo crecer económicamente con un propósito”, ha defendido Cuerpo, mientras que Mazzucato ha expresado que se trata de que “el Estado no solo se dedique a corregir a los mercados, sino que les dé forma” para que se reduzca la desigualdad entre las rentas del capital y las del trabajo, cada vez más amplias.

La primera reunión se celebrará en verano de 2026 y se convocará “en los márgenes” de eventos como las reuniones anuales del Banco Mundial y FMI o la COP. El segundo encuentro tendrá lugar en Madrid en la primavera de 2027 con el objetivo de marcar unos principios económicos claros y una agenda reformista de cara al otoño.

Teniendo en cuenta los asuntos abordados durante la cumbre del progresismo impulsada por el PSOE y con la participación de líderes de la izquierda europea y mundial, así como de activistas y académicos, el impuesto a los megarricos, la regulación de la IA y el control al gran poder de las tecnológicas, la agenda verde para reducir la huella de carbono y los precios energéticos y la crisis de la vivienda serán los temas principales a abordar.

Los debates se han celebrado casi sin discrepancias y los ponentes se han mostrado en general de acuerdo en crear mecanismos para redistribuir la riqueza de manera progresiva, para controlar y compensar el poder de las tecnológicas en Europa y para intervenir el mercado de la vivienda a la par que se fomenta la inversión en vivienda pública.

Pensar en una vida normal fuera de la Tierra obliga a resolver algo básico que no admite atajos. Mantener actividad diaria en la Luna implica disponer de energía estable, continua y suficiente para iluminación, sistemas de soporte y cualquier infraestructura, y ahí surge la necesidad de proyectos capaces de generar electricidad sin depender de ciclos terrestres.

La aspiración de vivir en la Luna y mantener un ritmo habitual ha empujado propuestas que buscan producir energía allí mismo, incluso con planteamientos que a primera vista parecen extremos. Entre esas iniciativas aparecen proyectos diseñados para captar luz solar sin interrupciones y enviar esa energía hacia otros puntos, lo que abre la puerta a una red energética que no se detiene cuando llega la noche.

Una empresa japonesa propone rodear el satélite con módulos fotovoltaicos

Japón plantea convertir la superficie lunar en una fuente continua de electricidad mediante el proyecto Luna Ring, presentado en el Twelfth SPS Symposium y vinculado a Shimizu Corporation. La propuesta describe un cinturón de paneles solares alrededor del ecuador de la Luna que permitiría generar energía sin interrupciones.

Según el planteamiento recogido en ese foro técnico, la producción no se detendría porque siempre habría una zona iluminada, y esa electricidad se enviaría hacia la Tierra para su uso. Tetsuji Yoshida, presidente del grupo de consultoría espacial de Shimizu, CSP Japan, explicó que “si toda la energía de este cinturón se enviase a la Tierra, desaparecería la necesidad de quemar combustibles fósiles”.

El envío de esa energía no se basa en cables que crucen el espacio, sino en sistemas que convierten la electricidad en radiación capaz de viajar grandes distancias. El proyecto contempla dos vías. Una utiliza microondas que llegan a la Tierra y se transforman en electricidad mediante antenas rectificadoras, conocidas como rectennas. La otra emplea láser, que permite concentrar más energía en un punto, aunque exige una precisión extrema para no perder el haz durante el recorrido. Ambas opciones requieren sistemas de control muy avanzados, ya que cualquier desviación o interferencia afecta al resultado final.

Las cifras ayudan a entender la escala del planteamiento. Para entregar unos 8,8 teravatios en la Tierra, los cálculos indican que haría falta generar cerca de 220 teravatios en la superficie lunar. Algunos escenarios elevan el potencial hasta los 13.000 teravatios, aunque no existe un plan financiero cerrado que respalde esa proyección. Esa diferencia entre lo que se produce y lo que llega refleja la complejidad del sistema y obliga a dimensionar la infraestructura a niveles que no tienen equivalente en proyectos energéticos actuales.

La estructura propuesta no es un conjunto aislado de paneles. El diseño incluye una franja de unos 400 kilómetros de ancho que rodearía por completo la Luna. La energía captada se trasladaría mediante cables hasta estaciones situadas en la cara visible, desde donde se realizaría la transmisión hacia la Tierra. Ese recorrido interno resulta necesario para concentrar la energía antes de enviarla, y convierte el conjunto en una red que conecta generación, transporte y emisión en un mismo sistema.

Resulta muy complicado llevarlo a la realidad

El entorno lunar introduce problemas que no aparecen en instalaciones terrestres. El polvo de la superficie, formado por partículas abrasivas, ya causó daños en equipos durante las misiones Apolo, y podría deteriorar paneles y mecanismos con el paso del tiempo.

Para evitar la exposición humana a la radiación, el proyecto plantea el uso intensivo de robots en la construcción y mantenimiento. Esa dependencia de sistemas automatizados añade otra capa de dificultad, ya que obliga a desarrollar máquinas capaces de operar durante largos periodos en condiciones extremas.

Las pérdidas energéticas representan otro límite importante. El rendimiento estimado del sistema basado en microondas se sitúa en torno al 5,82%, mientras que el uso de láser reduce esa cifra hasta aproximadamente el 2,20%. Esto implica que una parte muy grande de la energía generada se pierde durante la conversión y el envío. Esa relación entre producción y resultado final condiciona todo el diseño, porque obliga a producir mucho más de lo que se pretende aprovechar.

El coste económico aparece como el obstáculo que mantiene el proyecto en fase teórica. Estudios de la NASA indican que la transmisión de energía desde el espacio ha resultado inviable por el gasto asociado a desarrollo, lanzamiento, montaje y operación. La propuesta de Shimizu no cuenta con financiación ni calendario definido, y tampoco dispone del respaldo de agencias como la NASA o la JAXA.

Aun así, el interés internacional por este tipo de soluciones ha crecido, y ese movimiento mantiene abierta la posibilidad de que sistemas similares evolucionen con el tiempo. Aunque no será a corto plazo.

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado, a través del Consejo Insular de la Energía, nuevas convocatorias de ayudas destinadas al autoconsumo energético en viviendas y empresas, así como a la movilidad sostenible para 2026, que cuenta con un presupuesto total de 700.000 euros. Con esta medida, el Gobierno insular refuerza su estrategia de transición energética.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, destacó que “estas ayudas permiten dar un salto cualitativo en el autoconsumo doméstico, facilitando que cada vez más hogares puedan producir su propia energía y reducir su dependencia del exterior”.

Además, subrayó que “la transición energética no se hace solo con grandes infraestructuras, sino desde cada vivienda. Cuando una familia instala placas solares, está contribuyendo directamente a un modelo energético más justo, más eficiente y más resiliente”.

La principal línea de subvenciones se dirige al ámbito residencial, con ayudas que permitirán a las familias instalar sistemas de energía solar y reducir su factura eléctrica.

En concreto, las ayudas para viviendas alcanzan los 500 euros por kilovatio instalado, con un máximo de 3.000 euros, a lo que se suma una ayuda adicional para sistemas de almacenamiento de 300 euros por kilovatio hora, con un máximo de 1.000 euros. De este modo, cada vivienda podrá recibir hasta 4.000 euros por instalación.

La convocatoria contempla también la participación de comunidades de propietarios, siempre que las instalaciones estén destinadas al suministro de las zonas comunes del edificio, lo que abre la puerta a extender el autoconsumo en entornos urbanos.

Empresas: reducción de costes y mejora de la competitividad

Junto a la línea de viviendas, el Cabildo ha habilitado una convocatoria específica para empresas y entidades sin ánimo de lucro, dotada con 125.000 euros.

Estas ayudas permitirán financiar instalaciones de autoconsumo fotovoltaico vinculadas a la actividad económica, así como sistemas de almacenamiento energético.

En este sentido, Raúl García Brink señaló que “el autoconsumo es hoy una herramienta estratégica para nuestras empresas, porque les permite reducir costes estructurales y ganar competitividad en un contexto energético complejo”.

Ayudas para vehículos eléctricos ligeros

Las convocatorias incluyen también una línea de ayudas a la movilidad sostenible, orientada a fomentar el uso de vehículos eléctricos ligeros.

Las subvenciones cubrirán hasta el 50% del coste de adquisición, con hasta 1.000 euros para ciclomotores eléctricos, 600 euros para bicicletas eléctricas, 150 euros para patinetes y 1.500 euros para vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.

Las ayudas podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta el agotamiento del crédito disponible, mediante procedimiento telemático.

El consejero concluyó que “Gran Canaria está demostrando que la transición energética se construye desde lo local, con políticas útiles y cercanas a la ciudadanía, que tienen un impacto real en la vida diaria de las personas”.

La Unión Europea acelera para rebajar la factura eléctrica con fórmulas que afecten le menos posible a las cuentas públicas de los países miembros. Aunque va con retraso, la Comisión Europea está preparando un documento con medidas para paliar el impacto del conflicto en Oriente Medio en los bolsillos de ciudadanos y empresas que se presentará el próximo 22 de abril a los países miembros, con el objetivo de que sea discutido y aprobado en la cumbre informal de líderes de los 27 que se celebrará los dos días siguientes en Chipre. Entre las medidas que se han conocido este miércoles están la imposición de un día de teletrabajo obligatorio semanal a las empresas, cerrar los edificios públicos cuando sea posible y fomentar el uso de los transportes públicos mediante la reducción de precio o su subvención total para algunos colectivos de ciudadanos, como ha adelantado El País y ha confirmado elDiario.es.

Estas medidas responden al grupo de propuestas diseñado para reducir la demanda energética y conseguir el ahorro de energía. Fuentes de la Comisión señalan que este plan de ahorro puede ser puesto en marcha de manera inmediata por los países, sin provocar un fuerte impacto en el déficit ni provocar distorsiones en el mercado.

Respecto a las medidas de ahorro, la vicepresidenta y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, ha comentado este miércoles, en un encuentro organizado por el Real Instituto Elcano, que “los datos que ofrece la Agencia Internacional de Energía son muy reveladores. Se ha destruido una capacidad muy importante de producción de gas, petróleo, de combustible de aviación y de algunos productos químicos importantes para muchos procesos industriales. La recomendación general es de contención, ahorro y eficiencia. En la anterior crisis las medidas más sencillas y más fáciles que se aplicaron supusieron un ahorro en el consumo de combustibles fósiles”.

Este compendio de propuestas de ahorro estarían dentro del plan denominado “AccelerateEU”, que tiene como objetivo afrontar el impacto en los precios de la energía, dar pasos concretos para electrificar la economía europea, con el abandono del petróleo y el gas, y eliminar nuevas convulsiones económicas que provocan las oscilaciones de precios de los combustibles fósiles. Von der Leyen presentará “AccelerateEU” el miércoles de la semana siguiente a los países de la UE.

Ribera ha añadido que “es un paquete bastante equilibrado entre fortalecer medidas estructurales, que sabíamos que teníamos que activarlas y van a ir a su ritmo, y las medidas extraordinarias en supuestos de emergencia para los sectores particularmente afectados”.

Las nuevas medidas vendrían a acompañar a otras con más peso como cubrir parte del aumento de precios del combustible o de los fertilizantes, conceder una cantidad limitada de ayuda por empresa, un aumento del porcentaje máximo de ayuda para los costes de electricidad de las industrias con alto consumo y la subvención del coste del combustible utilizado para la generación de electricidad a partir de gas, que el Ejecutivo comunitario dio a conocer el pasado lunes.

“Los peligros de la volatilidad geopolítica combinados con la dependencia europea de las importaciones de combustibles fósiles se han demostrado ahora por segunda vez en menos de cinco años. Este momento es también un fuerte recordatorio de que las decisiones que tomemos hoy determinarán si afrontamos la próxima crisis con fragilidad o con fortaleza”, señala el borrador del documento según publica Bloomberg.

Ribera ha recordado que “hay otro debate de fondo planteado por algunos Estados miembros con respecto a la posibilidad de recuperar un impuesto a los beneficios extraordinarios”, aunque también ha admitido que “afortunadamente no estamos en los umbrales de precios y del incremento potencial de los beneficios extraordinarios, con los que nos movíamos en 2022”, además de remarcar que “por ahora no parece que cuente con la cobertura de los de los gobiernos” de los Estados miembros.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recortado las previsiones de crecimiento de la economía mundial al 3,1% en 2026, dos décimas menos que en su estimación de enero, debido a los efectos de la guerra en Oriente Medio desatada por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. Y advierte que, en el peor de los escenarios de proyección, podría producirse una “recesión global” por primera vez desde la pandemia.

El organismo con sede en Washington ha publicado este martes su informe de Previsiones Económicas Mundiales, un documento que por primera vez incorpora los efectos económicos de la guerra. Los técnicos de la institución han decidido diseñar un “escenario de referencia” en lugar de uno “base”, como se hace habitualmente, dada la imprevisibilidad del conflicto, que definen como “la última culminación de una serie de eventos que han rediseñado” las relaciones mundiales. El documento incorpora dos ejercicios de previsión adicionales, uno con el caso de una evolución “adversa” de la economía y otro con una evolución “severa”.

El escenario de referencia –que prevé un conflicto de corta duración– fija un crecimiento del 3,1% del producto interior bruto (PIB) global en 2026, que habría sido del 3,4% de no haber estallado la guerra, y del 3,2% en 2027.

Sin embargo, en el caso de que la guerra dure más de lo estimado y los precios de la energía provoquen una espiral inflacionista, los daños podrían ser mucho mayores. El escenario adverso (con unos precios medios del petróleo de 100 dólares el barril en 2026 y 75 dólares en 2027 y subidas del gas del 160% en Europa y Asia) prevé una ralentización del crecimiento global hasta el 2,5%. Y en el severo (precios medios del crudo de 110 dólares en 2026 y 125 dólares en 2027, con el gas triplicando su coste y los alimentos disparándose un 5% y un 10% en cada año) la economía se situaría “al borde de una recesión global”, con un modesto avance del 2%, algo que solo ha sucedido en cuatro ocasiones desde 1980. La última, con el choque del COVID-19.

España crecerá un 2,1% y un 1,8% en 2026 y 2027

El FMI apunta que las economías avanzadas crecerán solo un 1,8% en 2026, con Estados Unidos (2,3%, una décima menos de los cálculos de enero) y España (2,1%, dos décimas menos) al frente. Para la zona euro prevén una ralentización hasta el 1,1% (dos décimas menos), con una proyección de crecimiento del 0,8% para Alemania, del 0,9% para Francia y del 0,5% para Italia.

“La guerra en Oriente Medio agravará los efectos persistentes del aumento de precios de la energía desde la invasión rusa de Ucrania, lo que arrastra al sector manufacturero, con la presión adicional de la apreciación del euro con respecto a los países que exportan productos similares”, dice el informe.

De cara a 2027, el organismo prevé una desaceleración en el crecimiento de España, hasta el 1,8%, que mejorará ligeramente en el caso de Alemania (1,2%) y se mantiene estable tanto para Francia (0,9%) como para Italia (0,5%). 

En todos estos escenarios predominan los riesgos a la baja en el escenario, particularmente si la guerra se enquista o si las tensiones geopolíticas desatan conflictos políticos internos. A la inversa, las inversiones en tecnología vinculadas a la inteligencia artificial, la firma de acuerdos comerciales para cerrar el conflicto arancelario desatado por la Casa Blanca, o la eventual adopción de reformas estructurales que favorezcan la productividad podrían ayudar a capear esos vientos de cola.

Mensaje a los bancos centrales: no se apresuren

El FMI advierte del coste para las cuentas públicas del conflicto, bien por la vía directa de las ayudas desplegadas para paliar los efectos económicos, bien por la ralentización económica o la subida de los costes de la deuda. “Las respuestas al conflicto en Oriente Medio deberían tener en cuenta las lecciones aprendidas del episodio [de la invasión rusa de Ucrania] e, idealmente, adherirse a los principios de limitar la distorsión de las señales de precios y mantener una combinación de política fiscal y monetaria consistente con la estabilidad de precios”, insisten los técnicos.

En este sentido, y sobre el papel de los bancos centrales, el FMI apunta que deben estar “preparados para actuar” para poner freno a la inflación, pero con cuidado de no sobreactuar antes de tiempo. 

Por su parte, a los países recomienda “reconstruir los espacios fiscales”, algo que es “crucial” por los “altos niveles de deuda pública, el espacio fiscal erosionado tras la secuencia de shocks globales y la incertidumbre alrededor del resultado del último conflicto”, junto con las presiones de gasto adicionales, como en Defensa o por el envejecimiento de la población.

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), se desplomó un 2,3% en el segundo trimestre del año, su mayor retroceso desde el cuarto trimestre de 2022, afectada por el conflicto en Oriente Próximo.

Con el descenso de la confianza empresarial para el periodo abril-junio, que se debe a una peor valoración del trimestre ya finalizado (enero-marzo), este indicador vuelve a terreno negativo tras la subida del 0,1% del primer trimestre de año. En concreto, el balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) ha empeorado más de 9 puntos respecto al trimestre anterior, pasando de 10,9 puntos en el primer cuarto de 2026 a 1,3 puntos en el segundo trimestre.

Este retroceso del indicador de situación actual es resultado del descenso de establecimientos empresariales que piensan que su negocio evolucionó de manera favorable en los tres últimos meses y del repunte de los que opinan que se comportó de manera negativa.

Así, en cuanto al último trimestre ya finalizado (primer trimestre de 2026), el ICEA muestra que el 18,8% de los establecimientos empresariales tienen una opinión favorable sobre cómo funcionó su negocio en esos tres meses, frente al 17,5% de establecimientos que han apreciado una evolución desfavorable en este periodo y al 63,7% que hablan de normalidad. Estos porcentajes fueron del 24,7%, del 13,8% y del 61,5%, respectivamente, en el trimestre anterior.

Por su parte, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se situó en el segundo trimestre de este año en 4,8 puntos, frente a los 4,5 puntos del trimestre anterior. Esto se debe a que el porcentaje de establecimientos empresariales que piensan que la marcha de su negocio será favorable entre abril y junio de este año se ha situado en el 21%, lo que supone 1,3 puntos más que el comunicado en el trimestre anterior.

Por contra, los que piensan que su negocio evolucionará en el segundo trimestre de manera normal han retrocedido desde el 65,1% del trimestre anterior al 62,8%, al tiempo que ha aumentado la proporción de empresarios que esperan una evolución desfavorable de su negocio, desde el 15,2% al 16,2%.

Los cinco sectores analizados por Estadística recortaron la confianza respecto al trimestre anterior. Transporte y hostelería presentó el mayor descenso (-3,7%), mientras que el comercio registró la menor bajada (-1,6%).

El primer golpe de la guerra en Oriente Medio en nuestros bolsillos fue superior a lo que se había previsto inicialmente. El Índice de Precios al Consumo (IPC) escaló en marzo hasta el 3,4%, una décima más de lo avanzado a finales de marzo y 1,1 puntos por encima del dato de febrero, debido al encarecimiento de los carburantes y a pesar de las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno para aliviar los efectos económicos de la subida del petróleo.

El INE ha publicado este martes el dato definitivo de la inflación de marzo, que revisa ligeramente al alza el índice general adelantado y también la tasa subyacente, que se calcula excluyendo los precios más volátiles de la energía y de los alimentos frescos. Este último indicador, que los economistas consideran 'núcleo' del sistema productivo, se situó en marzo en el 2,9%, dos décimas por encima de lo calculado inicialmente. Ambos datos se sitúan ahora en máximos desde junio de 2024, cuando la economía aún trataba de despegarse la crisis inflacionaria desatada por la invasión rusa de Ucrania.

Según detalla Estadística, la subida en la categoría de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, frente a la bajada experimentada en marzo del año pasado, así como la menor bajada en el coste de la electricidad que al principio de la primavera pasada, explicaron el grueso del avance de la inflación. A ello contribuyó que el arranque de la nueva temporada primavera-verano en el sector textil también presionó los precios más que en 2025.

Yendo al detalle, el gasóleo fue un 17,9% más caro en marzo de este año que en el mismo mes del año pasado, mientras que la gasolina lo fue un 4,8%. Solo en marzo, comparados sus precios con los de febrero de 2026, repuntaron un 20,1% y un 8,1%, respectivamente. Los combustibles líquidos para el hogar -es decir, el gasoil de calefacción- también repuntaron un 22,9% en comparación con marzo de 2025. Todas estas subidas son un efecto directo atribuible al conflicto en Irán, que disparó los precios del petróleo a escala internacional y no tardó en trasladarse a las gasolineras.

Como nota positiva, la inflación interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas se moderó en cinco décimas hasta el 2,7%, un mínimo desde hace un semestre.

El Gobierno aprobó el pasado 20 de marzo un paquete de medidas valorado en 5.500 millones de euros para amortiguar los primeros efectos económicos del conflicto en Oriente Medio, desatado por los ataques unilaterales de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero. El grueso se canalizó a través de rebajas fiscales, singularmente en el IVA de los carburantes y de la electricidad, que no entraron en vigor hasta el día 22. La primera estimación del INE se publicó el día 27 de marzo, a falta de cuatro días para terminar el mes y con el efecto distorsionador añadido de la Semana Santa, que siempre supone un encarecimiento adicional.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía señala que el plan de respuesta del Gobierno “está diseñado para que el shock externo de la guerra no se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo” y que sus efectos ya se notan en los surtidores, aunque matizados por la subida de los precios del petróleo en los mercados internacionales, que presionan al alza el coste directo en las gasolineras.

“Las medidas puestas en marcha desde el 20 de marzo para amortiguar el impacto de la guerra en el coste de la energía tendrán un efecto de moderación en la inflación durante los proximos meses”, defienden desde el departamento que lidera el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo.

Por comunidades, los precios se dispararon en Madrid hasta el 4,1% (2,9% en febrero), siendo la única región en superar la barrera del 4%. Otros ocho territorios se situaron por encima de la media nacional: Galicia (3,8%), Castilla-La Mancha (3,7%), Islas Baleares y Cantabria (3,6%, ambas), Aragón, Castilla y León, Extremadura y Navarra (3,5%, todas ellas).

Al otro lado, siete comunidades se situaron por debajo de la media nacional: Andalucía (3,3%), Cataluña (3,1%), Asturias, Canarias y La Rioja (las tres con el 3%); Ceuta (2,7%) y Melilla (2,6%). Comunitat Valenciana, País Vasco y Murcia marcaron la misma tasa que a escala nacional.

En cuanto al dato armonizado, que utiliza una cesta de la compra común para su comparación con el resto de Europa, este se situó en el 3,4%.

Las décadas de 1920 y 1930 enfrentaron al químico alemán Hermann Staudinger con casi todo el mundo, tanto en su disciplina como en la arena política. Pacifista durante la Primera Guerra Mundial, hijo de un militante socialdemócrata y casado con una comunista, Staudinger acabaría siendo denunciado por el filósofo Martin Heidegger con la llegada del nazismo. Al tiempo de la denuncia, Staudinger era consejero de la IG Farben, el gigante industrial conformado en 1925 mediante la fusión de las grandes empresas químicas alemanas —entre ellas, BASF y Bayer— y que sería una herramienta fundamental del poder nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Este poder derivaba en gran parte de los descubrimientos científicos de Staudinger, quien en 1953 recibiría el premio Nobel de Química por sus trabajos sobre las macromoléculas.

Ya desde 1920, Staudinger había defendido que las moléculas podían estar unidas a través de una larga cadena. Se tardó más de una década en que la comunidad científica aceptara esa idea, pero hoy a esas macromoléculas las llamamos polímeros (por ejemplo, el ADN, el ARN, el almidón y las proteínas lo son). Como si fuera un tren, cada polímero está formado por una serie de subunidades —los vagones— llamados monómeros; y el tipo de combinación de los monómeros proporciona las características químicas del polímero en cuestión. Podemos entenderlo como si se tratara de bloques de construcción que pueden ordenarse de diferentes formas, dando lugar a distintas sustancias que están presentes de forma natural a nuestro alrededor. Y que también pueden crearse artificialmente.

Pongamos el caso del caucho vulcanizado, un producto semisintético creado a partir del caucho natural y que en la década de 1930 se obtenía en un 90% de Sri Lanka, India y Malasia; una concentración peligrosa desde el punto de vista geopolítico. El caucho era indispensable a nivel militar, pues se usaba para los neumáticos y para el sellado y aislamiento de las piezas de los vehículos, de modo que aprender a crear caucho completamente sintético se convirtió en un objetivo central de las industrias químicas —siempre apoyadas, cuando no directamente dirigidas, por los Estados—. En aquellos tiempos convulsos los países buscaban garantizarse la autosuficiencia, para lo que necesitaban tanto el control activo de los recursos naturales —lo que empujaba al expansionismo territorial y al imperialismo— como reducir las dependencias comerciales respecto a otros países.

Desde finales de los años veinte y, sobre todo, en la década de los treinta, los descubrimientos de cómo construir polímeros sintéticos a gran escala se produjeron en cascada. El PVC, el caucho sintético, el polietileno —el polímero más simple de todos—, el nailon… fueron apareciendo en escena. Como en otras ocasiones, la industria militar se convirtió en el catalizador de las innovaciones y descubrimientos. De hecho, el investigador Adam Hanieh considera que la Segunda Guerra Mundial puede etiquetarse sin exageración como ‘Guerra de los Polímeros’. En todo caso, estos productos transformaron el mundo: hicieron los productos más baratos y reproducibles a gran escala, algo ideal para la guerra, pero también facilitaron la democratización posterior del consumo de bienes y la multiplicación de estos. Se trata del despliegue de la industria petroquímica, y nuestro mundo actual no puede comprenderse sin tales acontecimientos —a pesar de que apenas forman parte del debate contemporáneo—.

Para comprender por qué la actual guerra en Irán no es sólo una cuestión de barriles de crudo, sino un golpe al corazón de la producción material contemporánea, es necesario abrir la caja negra de la industria petroquímica y entender de qué está hecha.

Son productos fósiles

Con la producción de polímeros sintéticos los países lograron escapar de las dependencias de ciertos recursos naturales, viéndose así libres de servidumbres geográficas. En realidad, el cambio fue de una dependencia por otra. El problema es que entonces, exactamente como ocurre ahora, se minusvaloraba la importancia de la energía fósil: ya fuera en carbón o petróleo, era tan abundante que no se consideró como una limitación seria para la producción de polímeros y bienes de consumo. Pero lo cierto es que toda la industria petroquímica es dependiente de estas fuentes de energía, y según la Agencia Internacional de la Energía (AIE) supone actualmente el 14% de la demanda global de petróleo y el 8% de la de gas natural. Lo relevante es que esta demanda no es sólo para usarse como energía, sino que también es para usarse como insumo del proceso productivo.

Debe tenerse presente que cuando se extrae petróleo crudo de los pozos, lo que se obtiene no se parece mucho a la gasolina con la que alimentamos cotidianamente nuestros vehículos. Es una mezcla de compuestos hidrocarbonados que deben transformarse o ‘refinarse’. Esta fase de refino es la que sigue a la de extracción, y consiste en separar químicamente los diferentes componentes del crudo utilizando procesos que involucran muy altas temperaturas. En la misma planta de refino también se suelen tratar y mejorar las calidades de los productos resultantes, algunos de los cuales son la gasolina —que supone en torno al 45% del barril de crudo—, el gasóleo y diésel, combustibles para reactores, y otras sustancias que se usan como insumos de la industria petroquímica —como la nafta—.

Será la industria química, en una tercera fase, la que recoja los insumos pertinentes del proceso de refinado y los transforme en los productos petroquímicos básicos. Así, en esta fase entran la nafta, el etano, el propano y el metano —todos procedentes del refinado de petróleo y gas natural—, y salen productos tales como las olefinas ligeras (etileno y propileno) y los aromáticos (bencenos, toluenos y xilenos). Todos estos nombres resultan totalmente ajenos a nuestro día a día, pero son la base del 95% de todos los bienes manufacturados: pocos bienes actuales no son producidos de una u otra forma por la industria petroquímica. Por ejemplo, el empaquetado de productos representa el 36% de la demanda global de plástico, pero le sigue la industria textil sintética, la industria de la construcción y los productos de consumo tales como juguetes y utensilios pero también medicinas, paneles solares, gafas, bicicletas y hasta chalecos antibalas.

El punto central de este análisis es comprender que todos esos productos manufacturados dependen de la extracción y procesamiento de la energía fósil. Como ya he mencionado, los combustibles fósiles —actualmente sobre todo petróleo y gas natural— son usados como combustible y como materia prima. Eso es lo que explica que sea tan habitual lo que se conoce como integración vertical, es decir, la propiedad por parte de una misma empresa tanto de las fases de extracción como refino y petroquímica. Asimismo, esta situación explica la ventaja que encuentra Oriente Medio en el desarrollo de la industria petroquímica: sus costes energéticos son mucho más bajos.

El giro de Oriente Medio hacia China

Como expliqué en un análisis anterior, la creciente importancia del petróleo a principios del siglo XX convirtió a Oriente Medio en el objeto central de la rivalidad imperial europea —con Gran Bretaña controlando directa o indirectamente desde Egipto hasta Irán, donde adquirió el control de la Anglo-Persian Oil Company (APOC), actual BP—. Tras la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía pasó a las compañías estadounidenses, pero también emergieron movimientos nacionalistas que culminaron en episodios como la nacionalización iraní de la APOC —en ese momento llamada Anglo-Iranian— por parte de Mossadegh en 1951 y el consiguiente golpe de Estado anglo-estadounidense. Como ha mostrado Adam Hanieh en Crude Capitalism, ese espíritu nacionalista cristalizó en la creación de la OPEP en 1960 y, al calor de la guerra del Yom Kippur, en la oleada de nacionalizaciones petroleras de los años setenta. De manera significativa, aquellos movimientos de socialización de empresas no se revirtieron en las décadas posteriores cuando el neoliberalismo se convirtió en la ideología oficial de Occidente.

En efecto, durante los años ochenta y noventa los países occidentales abrazaron la ideología neoliberal que promovía el triunfo del mercado sobre el Estado, lo que llevó a una oleada de privatizaciones que alcanzó también a España con la venta de más de cien empresas públicas. La ironía es que en ese mismo momento China desplegaba una estrategia de desarrollo basada en la industrialización dirigida por el Estado, con un enorme peso de las empresas públicas y semipúblicas. Por su parte, los países del Golfo Pérsico no sólo retuvieron el control público de las empresas, sino que también iniciaron un proceso de diversificación de su economía para no depender tanto de la extracción de petróleo.

Los países del Golfo se convencieron de que debían industrializarse con nuevas manufacturas, y también en refino y petroquímica, pero no confiaron en el libre mercado para ello. Por el contrario, en 1968 Bahrein lanzó un primer plan quinquenal destinado a crear una industria de aluminio y astilleros; algo que Dubai y Omán harían también unos años más tarde. En 1976, Arabia Saudí daría el salto con la creación de Saudi Arabia Basic Industries Corporation (SABIC), hoy convertida en una de las principales compañías petroquímicas del mundo y propiedad principalmente de Aramco, la empresa pública de petróleo y gas de Arabia Saudí. Otros países, como Emiratos, también llevan décadas utilizando sus empresas públicas petroleras para controlar las fases de refino y petroquímica y, de ese modo, tener un mayor control sobre la cadena fósil al tiempo que diversifican parcialmente su economía. Las empresas estatales del Golfo no son enteramente públicas, sino que están participadas también por capitales privados tanto nacionales como internacionales —lo que ha dado lugar a la multiplicación de una élite multimillonaria vinculada a sus gobiernos—.

Esa estrategia energética no se ha limitado a la región. El proceso de industrialización china, y su incorporación a la economía mundial a partir de 2001, requirió grandes cantidades de petróleo que los países del Golfo estuvieron dispuestos a abastecer. Desde ese momento, las relaciones entre el Golfo y China se han estrechado tanto que el año 2024 fue el primero en el que el comercio Golfo-China superó al comercio Golfo-Occidente. En el caso de las exportaciones de bienes petroquímicos, la orientación hacia Asia es clara, pues China recibe el 28% e India el 23%.

En el año 2024, las dos regiones mundiales que más crecieron en producción de bienes petroquímicos fueron China (6,8%) y los países del Golfo (5,7%). Sin embargo, la interrelación no fue solo comercial sino también de inversión, con capital asiático invirtiendo en el Golfo y con capital del Golfo invirtiendo en Asia. Según ha señalado Adam Hanieh, entre 2017 y 2021 más del 30% de la inversión petrolera de China se dirigió hacia la región de Oriente Medio —cinco veces más que en el período anterior—. A la inversa también ocurre, con empresas como Aramco tomando posiciones en industrias de refino y petroquímica asiáticas.

El problema de la guerra

Con el cierre del Estrecho de Ormuz no se ha interrumpido sólo el paso al petróleo sino a todo el comercio que lo atravesaba. Y eso implica también a los fertilizantes y a los productos petroquímicos. Toda la estrategia de industrialización de los principales países del Golfo —Iraq, Irán, Kuwait, Emiratos, Bahrein y Qatar— se ha quedado paralizada, por no hablar de los costes generados a las infraestructuras atacadas. En el caso de Arabia Saudí, el impacto es menor porque aún tiene salida por el Mar Rojo —al menos mientras la situación en Yemen lo siga permitiendo—.

Ahora bien, las consecuencias se ramifican mucho más allá de la región. La interrupción del suministro de productos de refino afecta directamente a las plantas petroquímicas de Asia oriental que dependen de esos insumos, lo que a su vez encarece la producción de plásticos, textiles sintéticos y fertilizantes nitrogenados, entre otros. Para Europa, que ya había reducido su dependencia del gas ruso tras la guerra de Ucrania, aunque aumentando la dependencia del gas natural licuado procedente de Estados Unidos, el cierre de Ormuz supone otro shock en la cadena de aprovisionamiento energético e industrial. Y cuanto más dure, más altas serán las olas inflacionarias.

A escala global, el conflicto acelera una tendencia que ya estaba en marcha: la bifurcación de las cadenas de suministro petroquímico entre un bloque euroatlántico que intenta retener su poder y un eje Golfo-Asia que profundiza su integración. Pero esa bifurcación no resuelve el problema de fondo, ya que ambos bloques siguen dependiendo de la misma base material fósil, sólo que ahora fragmentada en circuitos más tensos y vulnerables a la siguiente disrupción geopolítica.

En ese contexto de reconfiguración, el analista qatarí Khalid Al-Jaber, vinculado al gobierno de Doha, ha apuntado recientemente que la guerra en Irán ha demostrado a los países del Golfo la necesidad de “reformular” la alianza con Estados Unidos. La lectura es clara: Washington ha sido incapaz de garantizar la seguridad de sus aliados en el Golfo cuando ese objetivo entra en colisión con su compromiso con Israel. Pero reformular no significa necesariamente romper. Lo que se dibuja es más bien un escenario de cobertura múltiple en el que los países del Golfo mantienen la alianza militar con Estados Unidos mientras profundizan la integración económica con China —que ya es su principal socio comercial— y exploran vínculos con otros actores como India y Turquía. El nuevo escenario global no les permite elegir un bando, sino que les obliga a moverse en un precario equilibrio altamente inestable, agravado por la frustración de haber visto cómo la guerra estallaba sin que sus intereses fueran considerados por Washington.

Como he defendido en otras ocasiones, estamos ante la reordenación de la división internacional del trabajo en un contexto de guerra por la hegemonía. Pero ello mismo también revela la fragilidad estructural de un sistema económico construido sobre una base material extremadamente concentrada y finita. Al fin y al cabo, vivimos en un mundo de polímeros sintéticos y fertilizantes cuya existencia depende de flujos continuos de petróleo y gas que atraviesan unos pocos cuellos de botella geográficos. Cuando esos flujos se interrumpen, como ocurre ahora en Ormuz, se tambalea el suministro energético y se resquebraja el metabolismo social que sostiene la vida cotidiana en las economías industriales. La verdadera cuestión, por tanto, va más allá de quién controla el Golfo Pérsico o el estrecho de Ormuz, y apunta hasta qué punto es viable sostener indefinidamente una civilización basada en la expansión de una infraestructura petroquímica global que, tarde o temprano, se enfrenta a sus propios límites materiales. Vivimos en una anomalía histórica facilitada por los combustibles fósiles, y la necesaria adaptación implica mucho más que una simple transición energética: exige repensar la base material sobre la que se organiza la economía global.

El anuncio de Donald Trump de que pretende el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, el paso fundamental para el 20% del petróleo y el gas que se consumen en el mundo, ha devuelto a los mercados a la incertidumbre tras el tímido oasis de la semana pasada. El movimiento busca eliminar la principal baza iraní del conflicto, la de cerrar esta vía clave para la energía mundial. Pero el coste se traducirá en todavía más inflación y menor crecimiento, alargando un conflicto que se acerca a los dos meses de duración.

Tras el anuncio de Trump, el precio del petróleo Brent se disparaba este lunes cerca de un 7% y el barril volvía a superar los 100 dólares por primera vez desde la tregua entre Estados Unidos e Irán anunciada la semana pasada. Una incierta tregua que “no sabemos si está rota o no”, resume al teléfono el jefe de Análisis Geopolítico de la consultora Rystad Energy, Jorge León. Con las debidas cautelas ante la enorme incertidumbre, León pronostica que el precio del crudo se mantendrá en el entorno de los 110 dólares “en las próximas semanas”, aunque hay “mucha volatilidad”.

Con el bloqueo del paso de Ormuz, calificado de “piratería” por el régimen de los ayatolás, Trump intenta aumentar la presión sobre Irán (y, por extensión, también sobre China, principal consumidor del crudo persa) tras el fracaso de las negociaciones en Pakistán entre Washington y Teherán el pasado fin de semana.

“Lo que se llama escalar para desescalar”, resume León, que recuerda que hasta ahora Irán todavía estaba exportando algo de crudo, “muy poco”, matiza, a través del estrecho de Ormuz, el enclave por el que antes de la guerra transitaba en torno al 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consumen en el mundo, además del 15% del amoníaco y el 21% de la urea, clave para la fabricación de fertilizantes, fundamentales para la industria alimentaria.

El órdago de Trump “tensa la cuerda” del conflicto

Los efectos económicos del bloqueo iraní han contado con ciertas “válvulas de escape”, como las define la socia directora de Análisis Económico y de Mercados de AFI, María Romero, como los pasos alternativos al estrecho de Ormuz o la liberación de reservas estratégicas de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Estas han permitido atenuar el shock de oferta para la economía mundial, desde una reducción de 20 millones de barriles diarios a unos 6 o 7 millones. Pero el nuevo pulso de Trump “tensa mucho más la cuerda” y acerca la situación al peor de los escenarios anticipados al inicio del conflicto.

El desencadenante de esta nueva amenaza de la Casa Blanca ha sido el “peaje” anunciado por Irán. “A Trump no le gusta que haya países que estén pasando por el Estrecho porque pagan los dos millones que les pide la Guardia Revolucionaria. Trump pretende estrangular ese canal de financiación bélico y ese órdago que lanza Irán al resto del mundo para negociar desde una posición más competitiva”, explica Romero.

Según los datos de la plataforma de monitorización marítima MarineTraffic, el fin de semana, antes de la amenaza de Trump, cruzaron el estrecho de Ormuz 14 buques por día, un tráfico “muy por debajo de la media previa al conflicto”, que se situaba en torno a 100 naves al día.

El analista de Rystad Energy cree que Trump “no va a cerrar Ormuz de manera permanente”, ante el efecto que esto tendría en los precios de los combustibles, también en Estados Unidos, con las elecciones de medio mandato del próximo noviembre en el horizonte. León aleja la posibilidad de un racionamiento de combustible en la UE, medida que han aplicado en las últimas semanas algunos países asiáticos. Tampoco en el caso del queroseno, aunque voces autorizadas no descartan ya problemas de suministro en Europa.

Este lunes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, alertaba de que la prolongación del conflicto en Irán podría generar nuevas preocupaciones en torno a la disponibilidad de combustible para la aviación, aunque España tenga menor dependencia. El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, advertía de que Europa puede enfrentarse no solo a precios más altos de la energía, sino también a problemas de disponibilidad física de combustibles si no se pone fin a este conflicto.

El precio amenaza a Europa, no el suministro

Jorge León insta a “diferenciar” la situación de las economías europeas y las asiáticas. “En Asia son economías emergentes y el coste de los combustibles en una familia promedio es muy significativo”: a un hogar con una renta de 10.000 euros al año una subida del 40% del coste del combustible le “afecta muchísimo”, mientras que en Europa “no te mata”. En el Viejo Continente, explica, el impacto “es mucho más importante sobre la potencial inflación que pueda haber en las próximas semanas. Europa depende mucho de importar energía y eso puede hacer que ese aumento lleve a más inflación y el BCE tenga la necesidad de subir tipos. El riesgo es macroeconómico”.

Una posibilidad, la de una subida de tipos, a la que apuntaba este lunes el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, al asegurar que cualquier posible respuesta de la política monetaria, particularmente el encarecimiento del precio del dinero, ante la situación desencadenada por la guerra de Irán “dependerá de los efectos de segunda ronda”.

En España, los riesgos para la economía no proceden tanto por una eventual crisis de suministro como por la subida de los precios de la energía. “Podemos ver un repunte de los precios que puede llevar la inflación a cotas elevadas, cuando pensábamos que ya había pasado lo peor”, explica el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de EsadeEcPol, Manuel Hidalgo. “Cuanto mayor dure esta situación, mayor traslado tendrá hacia los precios y más estructural será. Creo que estamos en una situación bastante menos grave que la que vivimos en 2022. Pero llueve sobre mojado y no sabemos cómo van a evolucionar las economías a un segundo shock inflacionario, aunque sea más moderado”, detalla.

La experta de AFI coincide en que la situación no es la misma que hace cuatro años, aunque “si se enquista podría repetirse ese fantasma del pasado”. La verdadera clave está en los efectos del conflicto sobre las infraestructuras energéticas: “Aunque el tránsito se restablezca, la producción ha sido dañada y tardará tres o cuatro meses en madurar. Y luego entre tres o cinco años en invertir y restablecer toda la infraestructura”, augura Romero.

Bruselas por fin empieza a dar pasos concretos sobre medidas para paliar el fuerte incremento de los precios de los combustibles por el conflicto en Oriente Medio. La Comisión Europea ha anunciado este lunes que “está recabando la opinión de los Estados miembros sobre un proyecto de propuesta de un Marco Temporal de Ayudas de Estado para la crisis” que permite a los países cubrir parte del aumento de precios del combustible o de los fertilizantes, conceder una cantidad limitada de ayuda por empresa, un aumento del porcentaje máximo de ayuda para los costes de electricidad de las industrias con alto consumo y la subvención del coste del combustible utilizado para la generación de electricidad a partir de gas. La Comisión tiene como objetivo adoptar estas medidas antes de finales de abril.

La falta de concreción de la finalización del conflicto en Oriente Medio iniciado por Estados Unidos e Israel con sus bombardeos sobre Irán ha hecho que Bruselas mueva ficha para paliar el impacto de los precios de los combustibles en los bolsillos de los ciudadanos y las empresas europeas. Como en otras ocasiones, la Comisión se basa en el articulado de sus propios tratados que permite conceder ayudas para desarrollar determinados sectores económicos ante riesgos económicos específicos e inesperados.

El fracaso de las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos y la confirmación por parte del presidente de EEUU, Donald Trump, del bloqueo de los barcos que pasan por el estrecho de Ormuz, donde en periodos de normalidad circula el 20% del petróleo que se consume en el mundo, han disparado otra vez los precios de los combustibles.

Muchos países europeos, como es el caso de España, ya han aprobado su paquete de medidas mientras que Bruselas va más lenta. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, mandó una carta el pasado 16 de marzo a los líderes de los 27 países de la UE marcando las líneas por las que iban a discurrir las posibles medidas. Von der Leyen apuntaba que se “debía aprender de las lecciones del pasado”: “Una lección clave de la crisis de 2022-2023 fue que muchas de estas medidas eran amplias y poco selectivas, lo que provocó ineficiencias y costes fiscales muy elevados”.

En teoría, las medidas se iban a presentar en la cumbre europea que reunió a los mandatarios de los Estados miembros el pasado 19 de marzo en Bruselas. Pero, pese a que había muchas expectativas sobre el Consejo Europeo, tras 12 horas de reunión, solo se consiguió hacer otro bonito comunicado sin decir nada porque no había medidas que anunciar. 

La Comisión pasa ahora a consultar a los Estados miembros para “conocer su posición sobre un marco específico y temporal que aborde los efectos de la crisis en algunos de los sectores más expuestos de la economía, como la agricultura, la pesca, el transporte por carretera y el transporte marítimo de corta distancia dentro de la UE”. Según Bruselas, el proyecto de propuesta también incluye un ajuste temporal del Marco de Ayudas de Estado del Pacto Industrial Limpio , “que permitiría mayores intensidades de ayuda para hacer frente a los picos en los precios de la electricidad”.

Medidas temporales

Las medidas que se están dirimiendo entre la Comisión y los países miembros son “apoyo temporal para los sectores más expuestos que cubra parte del aumento de precios del combustible o de los fertilizantes, en comparación con la situación anterior al 28 de febrero de 2026” y “conceder una cantidad limitada de ayuda por empresa (excepto para el transporte marítimo de corta distancia dentro de la UE).

Otra ayuda se daría mediante el “incremento del porcentaje máximo de ayuda para los costes de electricidad de las industrias con alto consumo energético, que sería por encima del máximo actual del 50%.

Además, la Comisión se muestra dispuesta a evaluar otras medidas temporales como “la subvención del coste del combustible utilizado para la generación de electricidad a partir de gas, con el fin de reducir los costes globales de la electricidad” y deja sobre la mesa la posibilidad de añadir “medidas adicionales para abordar los efectos de la crisis”.

En este sentido, durante la crisis del Covid se suspendió el procedimiento de déficit excesivo lo que permitió a los países de la UE romper en corsé de deuda que impone la UE para facilitar la salida de la crisis que provocó la pandemia. De todas maneras, Von der Leyen ha asegurado este lunes que en la situación actual no es necesaria una medida de este calado.

No hay ninguna mención a la propuesta de las cinco de las principales economías de la Unión Europea para impulsar un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas en plena escalada de precios del petróleo provocada por el conflicto con Irán.

Ahora, los Estados miembros tienen la posibilidad de “formular observaciones sobre el proyecto de propuesta de la Comisión y responder a estas preguntas. La Comisión evaluará rápidamente las respuestas con el objetivo de adoptar el Marco Temporal antes de finales de abril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que iniciará un bloqueo del estrecho de Ormuz, después de que las negociaciones de alto el fuego con Irán concluyeran sin acuerdo el fin de semana.

El estrecho se ha convertido en el arma más eficaz de Irán en su guerra asimétrica con Estados Unidos. Desde el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel han bombardeado Irán, atacando miles de objetivos y matando a decenas de los líderes más importantes del país. Irán ha respondido cerrando de facto el estrecho —una vía marítima vital por la que, en circunstancias normales, transita alrededor del 20% del petróleo mundial—, lo que ha disparado los precios del petróleo y avivado los temores de un aumento de la inflación.

La amenaza del presidente ha sumido ahora a los mercados mundiales en otro periodo de incertidumbre, después de que la semana pasada terminaran con optimismo ante la posibilidad de que las negociaciones entre Washington y Teherán pudieran poner fin al caos que ha afectado a la economía mundial durante más de seis semanas.

¿Qué ha anunciado Trump sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz?

El domingo, el presidente publicó en las redes sociales: “La Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de BLOQUEAR a todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”.

Después de acusar a Irán de “EXTORSIÓN MUNDIAL”, Trump amenazó con que cualquier persona que atacara a los buques estadounidenses sería “¡VOLADA AL INFIERNO!”.

La amenaza generalizada de Trump de bloquear “todos y cada uno” de los buques se relajó horas después de su anuncio, cuando el Mando Central de EE. UU. (Centcom) señaló que la medida se limitaría a los buques que transitaran por puertos iraníes, y que permitiría el paso de aquellos con destino a puertos aliados de EEUU en el Golfo.

Trump declaró a Fox News que los aliados, a muchos de los cuales ha criticado por no respaldar la guerra, querían ayudar con la operación en el estrecho. Según ha podido saber The Guardian, el Reino Unido no participará en ningún bloqueo del estrecho y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que no se había pedido a su país que participara.

¿Por qué amenazaría Trump con bloquear el estrecho de Ormuz si su objetivo es reabrirlo?

La reapertura del estrecho fue uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones del fin de semana entre EEUU e Irán. Teherán ha indicado que le gustaría mantener el control de la vía marítima una vez finalizada la guerra, y ha planteado un plan para cobrar una tasa de hasta dos millones de dólares por cada barco que atraviese la zona. Trump y otros líderes mundiales han rechazado dicho plan por considerarlo un ataque a la “libertad de navegación”.

A pesar de las afirmaciones de Trump de que la reapertura de la vía navegable no es su responsabilidad, el presidente se ha visto presionado para resolver la cuestión antes de que el cierre continuado del estrecho desencadene una crisis aún mayor para la economía mundial.

Si la estrategia de Trump tiene éxito, eliminará la mayor baza de Irán en las negociaciones y volverá a despejar el estrecho para el comercio mundial, lo que podría hacer bajar los precios del petróleo.

¿Cómo funcionaría el bloqueo?

El ejército estadounidense aún no ha dado muchos detalles, como cuántos buques de guerra lo harán cumplir, si se utilizarán aviones de combate o si algún aliado del Golfo colaborará en la operación.

Los expertos afirman que es poco probable que el ejército estadounidense dispare misiles u otras armas contra los petroleros, dado el riesgo de un desastre medioambiental. La opción más probable es que la Armada de EEUU intente obligar a los buques a cambiar de rumbo mediante amenazas y, si eso no funciona, envíe equipos de abordaje armados para tomar el control físico de los barcos, según los expertos.

“Trump quiere una solución rápida. La realidad es que esta misión es difícil de ejecutar en solitario y probablemente insostenible a medio y largo plazo”, detalla Dana Stroul, antigua alta funcionaria del Pentágono durante la administración Biden y actualmente en el Washington Institute for Near East Policy.

¿Cómo afectará el bloqueo al precio del petróleo?

Los expertos afirman que el bloqueo podría provocar un aumento de los precios del petróleo, pero que mucho depende de su “alcance y aplicación”.

Kevin Book, director general de investigación de la consultora ClearView Energy Partners, señala que unos volúmenes más reducidos suelen traducirse en mercados más ajustados y precios más altos. “La respuesta de Teherán también es importante. Las represalias iraníes o hutíes contra las rutas alternativas de los productores del Golfo podrían hacer que los precios subieran aún más”, afirma Book.

Al cerrar el estrecho a los buques que transportan petróleo iraní, Trump podría cortar una de las principales fuentes de financiación del régimen, pero también podría tener un efecto negativo a corto plazo sobre los precios mundiales.

Unos 100 petroleros han atravesado el estrecho desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán, la mayoría de ellos con productos petrolíferos iraníes con destino a China y la India. Estados Unidos ha permitido a Irán continuar con estas exportaciones —e incluso ha levantado las sanciones sobre el petróleo iraní en el mar— en un intento por aliviar las presiones sobre el suministro. La esperanza era que el suministro continuado de petróleo iraní ayudara a mantener los precios bajo control, a pesar de que esos beneficios fueran directamente al régimen iraní. Reducir ese suministro podría hacer que los precios subieran aún más.

Tras el anuncio de Trump, el precio del crudo estadounidense subió un 8%, hasta los 104,24 dólares por barril, y el del Brent, un 7%, hasta los 102,29 dólares. El Brent, el referente internacional, ha pasado de rondar los 70 dólares por barril antes de la guerra, a finales de febrero, a alcanzar los 119 dólares en el transcurso del conflicto.

¿Qué pasa ahora con el alto el fuego entre EEUU e Irán?

La Guardia Revolucionaria de Irán ha declarado que cualquier buque de guerra que se acerque al estrecho para imponer un bloqueo se considerará una violación del actual alto el fuego y será tratado con dureza. Insistieron en que el estrecho sigue bajo control iraní.

Trump planteó el domingo la posibilidad de reanudar los ataques estadounidenses en Irán, citando las fábricas de misiles como uno de los posibles objetivos. El Wall Street Journal informó de que la Casa Blanca estaba barajando la posibilidad de reanudar los ataques como forma de salir del punto muerto en las negociaciones de paz.

La Bolsa española ha cerrado el viernes con unas ganancias semanales del 3,7% y el barril de petróleo Brent, de refencia en Europa, sigue por tercer día consecutivo por debajo de los 100 dólares,a pesar de las dudas internacionales por la frágil tregua en Oriente Medio.

El IBEX 35 ha subido un 0,55% este viernes, 99,4 puntos, y ha cerrado por encima de los 18.200 enteros, un nivel que no se veía desde el pasado 27 de febrero, el día anterior a los ataques unilaterales de Israel y Estados Unidos contra Irán. En la semana, el selectivo español ha acumulado ganancias del 3,7% y en lo que va de año se revaloriza el 5,2%.

El IBEX arrancaba la jornada con tendencia plana, pero se decantaba pronto por el tono positivo, que ha mantenido hasta el cierre, en sintonía con el resto de la mayoría de las principales plazas europeas, animado por la tendencia plana en el precio del petróleo y pese al repunte de la inflación estadounidense.

Repsol ha perdido un 5,76 % como el valor más castigado del selectivo, después de conocerse que ha reducido el 1,8 % su margen de refino en el primer trimestre y tras el recorte en la estimación del beneficio por acción de Citi; por detrás, Solaria ha bajado un 3,71 %; e Indra, un 3,41 %. BBVA ha liderado los avances (2,58 %), seguido de ArcelorMittal (2,56 %) y Unicaja (1,85 %).

El resto de los principales mercados europeos ha cerrado la sesión con signo mixto. Si bien el Mib italiano y el Cac francés han subido un 0,59%, y un 0,17%, respectivamente, el Dax alemán (-0,01%) y el FTSE británico (-0,03%) se han mantenido prácticamente planos.

El petróleo sigue por debajo de 100 dólares

Por su parte, el precio del petróleo se situaba en el entorno de los 97 dólares al cierre de los mercados europeos, en una jornada de cautela ante el inicio este fin de semana de las negociaciones de paz en Islamabad entre Irán y EE.UU., mientras se mantienen las restricciones en el estrecho de Ormuz.

El West Texas Intermediate (WTI), crudo de referencia de EE.UU., registra un avance del 0,71 %; y el barril cotiza a 98,56 dólares.

En el último año, el brent registra una subida de más del 57%, mientras que el Texas de más del 71,5%.

De su lado, el contrato TTF de gas natural, negociado en los Países Bajos y de referencia en Europa, bajaba este viernes a la clausura de la renta variable del Viejo Continente en más de un 6% respecto al jueves, hasta los 43 euros por megavatio hora, dejando atrás los 60 euros que llegó a tocar en semanas previas.

Está previsto que Irán y Estados Unidos comiencen las negociaciones de paz este sábado en la capital de Pakistán, país mediador en el conflicto, pero el Gobierno iraní ha asegurado que el buen desarrollo de las conversaciones depende de que el alto el fuego se extienda a Líbano, que ha sufrido duros ataques israelíes en los últimos días.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha denunciado en redes sociales que Irán está “haciendo un trabajo muy deficiente” a la hora de dejar pasar buques petroleros por el estrecho de Ormuz y que eso no es lo que Washington y Teherán acordaron el pasado martes a la hora de declarar un alto el fuego momentáneo.

La petrolera francesa TotalEnergies ha anunciado este viernes el cierre temporal de la refinería de Arabia Saudí SATORP, que controla junto a la empresa estatal Aramco, tras daños que ha sufrido la instalación en los ataques iraníes de esta semana.

Europa se mantiene bajo la amenaza de una dura crisis económica. Así se ha expresado el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, en el Parlamento Europeo, donde ha señalado este jueves que “la economía europea sigue expuesta al riesgo de un choque estanflacionario, una situación donde un crecimiento más lento coincide con una inflación más alta”, pese al “frágil” alto el fuego de dos semanas que están negociando Estados Unidos e Irán.

“La guerra en Oriente Medio ha provocado una de las mayores interrupciones en la cadena de suministro en la historia del mercado energético global. Los ataques al estrecho de Ormuz y la focalización de infraestructuras energéticas han provocado un fuerte aumento de los precios de la energía, y las repercusiones de estas perturbaciones se sienten en toda la economía mundial”, ha subrayado el comisario.

Aunque el comisario admite que “la recientemente anunciada tregua de dos semanas aporta una desescalada muy necesaria que se refleja en los mercados energéticos, con el crudo Brent cotizando ahora por debajo de los 100 dólares por barril”, también avisa de que “la perspectiva a largo plazo sigue estando marcada por una profunda incertidumbre”, de manera que mantiene que “el crecimiento podría ser hasta 0,4-0,6 puntos porcentuales más bajo y la inflación hasta 1,1-1,5 puntos porcentuales más alta, tanto en 2026 como en 2027”.

Pese a los riesgos económicos para Europa, Dombrovskis ha rechazado una posible suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ante la posibilidad del incremento del déficit de los países miembros por las medidas de apoyo a la población y las empresas por el incremento de los precios de la energía que ha provocado la guerra de Irán. “La condición para activar la cláusula de escape general es una recesión económica severa en la zona euro o en la Unión Europea en su conjunto. Actualmente, no estamos en ese escenario”, ha remarcado el comisario.

“Margen de maniobra más limitado”

Sin embargo, Dombrovskis sí que ha insistido en que “es crucial tener en cuenta que el margen de maniobra es ahora más limitado que en choques anteriores, debido a mayores niveles de déficit y deuda, en un entorno de tipos de interés más altos y la urgente necesidad de un gasto adicional en defensa”.

“Cabe destacar que los recientes desarrollos en los precios de la energía y en Oriente Medio generan presión adicional sobre las finanzas públicas, no solo por el deterioro de las perspectivas económicas, sino también por los costos asociados a las respuestas políticas de los Estados miembros”, ha remarcado el comisario.

España ha sido avisada por la Comisión Europea por rebajar el IVA de los combustibles del 21% al tipo reducido del 10 %. Esta es una de las medidas dentro del paquete que aprobó el Ejecutivo de Pedro Sánchez para aliviar a los ciudadanos el encarecimiento de los carburantes por la guerra en Oriente Medio. Según Bruselas, este cambio al tipo reducido se desvía de la normativa europea sobre este impuesto. La Comisión mandó una carta al Gobierno español, y al de Polonia por aprobar una medida similar, en la que recuerdan “a las autoridades nacionales que la directiva del IVA no contempla la posibilidad de aplicar un tipo reducido al suministro de combustible”. Fuentes del Ministerio de Hacienda defendieron que la rebaja del IVA sobre los carburantes es una medida temporal y no estructural y destacaron que el Ejecutivo mantiene un diálogo constructivo y fluido con la Comisión Europea.

Dombrovskis ha subrayado que cualquier medida que aprueben los países miembros “debe ser temporal y específica, con un plazo claro de finalización, y no debe aumentar la demanda agregada de petróleo y gas en un momento en el que se necesitan ahorros. Los Estados miembros deben seguir estos principios y mantener el crecimiento neto del gasto dentro de los límites recomendados por el Consejo”.

En cuanto a la propuesta de las cinco de las principales economías de la Unión Europea, entre las que se encuentra España, que pidieron un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, el comisario ha respondido que “ya hubo un impuesto a las ganancias inesperadas durante la anterior crisis energética”, en referencia a la subida de la inflación con la invasión de Ucrania por Rusia en 2022. Aunque la Comisión Europea aún no ha puesto encima de la mesa las medidas que supuestamente iba a lanzar por la crisis de precios energéticos, Dombrovskis ha comentado que “no hay nada que impida a los Estados miembros aplicar este impuesto, ya que la tributación directa está, en gran medida, dentro de sus competencias. Estamos evaluando la posibilidad de una estrategia más coordinada a nivel europeo. Actualmente se está analizando, pero sigue siendo una opción, como lo fue durante la crisis anterior”.

La OCDE recomienda a España reforzar las inversiones en materia energética, sobre todo aquellas relativas a las redes eléctricas y el refuerzo de la infraestructura, y mejorar las políticas de formación para jóvenes y adultos de cara a aumentar una productividad económica que, reconoce, ha avanzado en los últimos años.

Así lo recoge un informe publicado este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que incluye propuestas de reformas a los países para aumentar la productividad y el crecimiento.

El trabajo señala que España ha mostrado una evolución positiva en los últimos años, con una reducción de la brecha de su producto interior bruto (PIB) per cápita respecto a la media. Esa brecha se agrandó con la pandemia, cuando la economía española sufrió particularmente, y se situó en torno al 35 % en 2020, pero desde entonces se ha reducido hasta quedar en el 30 % en 2024, un porcentaje, sin embargo, aún “significativo”.

Para reducirlo aún más, acelerar la productividad y afrontar el envejecimiento de la población, las recetas de los autores del estudio son, entre otras, un mercado laboral más flexible, un sector empresarial más dinámico y más inversión en investigación y desarrollo (I+D).

El organismo, con sede en París, reconoce que la política española de adaptación al cambio climático está en línea con las mejores prácticas, pero señala que su aplicación es desigual a nivel autonómico y local y falta inversión en medidas preventivas, sobre todo teniendo en cuenta que España se enfrenta a costes cada vez mayores por catástrofes vinculadas con ese fenómeno.

Un punto positivo que señala es que España ha aumentado significativamente la generación de electricidad renovable, que ya es más de la mitad, aunque cree que hay que “seguir agilizando” la concesión de permisos y la inversión en infraestructuras de red, incluidas las interconexiones, para “hacer frente a la congestión y a las restricciones de suministro”.

En educación, la OCDE recuerda que el fracaso escolar y el abandono temprano de la formación, aunque ha habido mejoras recientemente, sigue siendo mayor en España que la media de la organización. Además, el porcentaje de estudiantes de Formación Profesional y el de quienes llegan al nivel superior de secundaria está por debajo.

Por eso, apuesta por una identificación temprana de los estudiantes de riesgo, planes flexibles para Formación Profesional, segundas oportunidades para los que han abandonado sus estudios y formación para los adultos que necesitan actualizar capacidades.

Sobre este último aspecto, propone procedimientos que validen las competencias adquiridas en el puesto de trabajo para los adultos y la creación de trayectorias de formación individuales.

Los autores del informe identifican fallos como la falta de correspondencia entre capacitaciones y necesidades del mercado laboral o carencias de los servicios autonómicos de empleo, que deberían reforzarse con la digitalización, más personal y una cooperación reforzada con el sector privado.

Más IVA y menos impuestos al trabajo

En materia fiscal, la OCDE recupera viejas recomendaciones para reducir la imposición sobre el trabajo, que, dicen, desincentiva en algunos casos la búsqueda y la creación de empleo, y que, en su lugar, incremente el IVA mediante la supresión de exenciones y las tasas medioambientales.

Del sistema tributario, los autores critican que la fiscalidad sobre el trabajo es alta, en particular por la interacción de las “elevadas” cotizaciones, y la rápida retirada de prestaciones sociales para los trabajadores con bajos ingresos que tienen hijos a su cargo o a los que sustentan la familia, y que pierden así un aliciente para mantenerse en actividad.

También cargan contra las exenciones del IVA y los tipos reducidos que se aplican a este impuesto sobre el consumo, y que reducen la base imponible. Su receta es “impuestos menos distorsionadores” como el IVA y los medioambientales, y eliminar gradualmente las prestaciones para reforzar los incentivos al trabajo.

La OCDE aconseja simplificar los procedimientos de solicitud y cobro de ayudas con una plataforma digital de ventanilla única, impulsar sistemas de financiación que permitan conectar a las pymes con los mercados de capitales y ampliar el asesoramiento digital para que esas pymes integren la inteligencia artificial, servicios en la nube y el análisis de datos.

Cuando ya se ha superado más de un mes desde que comenzaron los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y su respuesta expandiendo el conflicto sobre Oriente Medio, la Comisión Europea todavía no ha presentado las supuestas medidas energéticas que se estaban diseñando para rebajar el impacto de los precios sobre los ciudadanos y las empresas europeas.

De momento, no hay nada. Un portavoz de la Comisión Europea solo fue capaz de dar una respuesta críptica a las preguntas de los periodistas sobre las medias para solventar esta crisis de precios. “Es muy importante recordar cuál es la competencia de la Comisión Europea, así como en qué punto nos encontramos actualmente. Lo más importante en este momento es tener una visión completa de la situación de los Estados miembros. Antes de tomar cualquier medida lo más importante para la Comisión es que todas estas acciones se realicen de manera coordinada. Los primeros pasos son dialogar y escuchar a los Estados miembros sobre su situación”, han explicado desde la institución monetaria.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, mandó una carta el pasado 16 de marzo a los líderes de los 27 países de la UE marcando las líneas por las que iban a discurrir las posibles medidas. Von der Leyen apuntaba que se “debía aprender de las lecciones del pasado”: “Una lección clave de la crisis de 2022-2023 fue que muchas de estas medidas eran amplias y poco selectivas, lo que provocó ineficiencias y costes fiscales muy elevados”.

En teoría, las medidas se iban a presentar en la cumbre europea que reunió a los mandatarios de los Estados miembros el pasado 19 de marzo en Bruselas. Pero, pese a que había muchas expectativas sobre el Consejo Europeo, tras 12 horas de reunión, solo se consiguió hacer otro bonito comunicado sin decir nada porque no había medidas que anunciar. Eso sí, los 27 instaban a la Comisión Europea “a presentar sin demora un conjunto de medidas temporales específicas para hacer frente a los recientes aumentos de los precios de los combustibles fósiles importados derivados de la crisis en Oriente Medio”.

Dos semanas después la Comisión sigue analizando la situación, pese a que hay voces entre sus miembros que ya han dado la alarma. El comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, advirtió de una posible “interrupción prolongada” del suministro energético derivada de la guerra de Irán por lo que pidió a los países miembros de la UE que estudien medidas voluntarias para reducir el consumo de petróleo y gas, especialmente en el sector del transporte. La propuesta giraría en torno a solicitar a los ciudadanos que conduzcan o vuelen menos para ahorrar combustible destinado a usos esenciales.

A la vez, los países europeos empezaron a aprobar medidas propias ante la inactividad y parálisis de la Comisión Europea, incluidas las subvenciones a los combustibles fósiles. Pese a ello, Jørgensen solicitó a los países miembros que sean cuidadosos con las ayudas públicas para afrontar los altos precios de los combustibles y la energía ante la posibilidad de que se inicie una crisis fiscal. “Lo que ocurre en un sector de la economía puede extenderse al resto de la sociedad. Estamos dando asesoramiento técnico y ayuda a los países para diseñar estas herramientas e instrumentos de política que quieren utilizar dentro del margen fiscal del que disponen”, explicó el comisario europeo de Energía en una entrevista con Financial Times.

Aunque la Comisión no ha tenido tiempo para presentar sus medidas, sí que ha encontrado un hueco para llamar la atención a España por la rebaja el IVA de los combustibles del 21% al tipo reducido del 10 %. Esta es una de las medidas dentro del paquete que aprobó el Ejecutivo de Pedro Sánchez para aliviar a los ciudadanos el encarecimiento de los carburantes por la guerra en Oriente Medio. Según Bruselas, este cambio al tipo reducido se desvía de la normativa europea sobre este impuesto, según adelantó El País.

Bruselas ha mandado una carta al Gobierno español, y al de Polonia por aprobar una medida similar, en la que recuerdan “a las autoridades nacionales que la directiva del IVA no contempla la posibilidad de aplicar un tipo reducido al suministro de combustible”. Fuentes del Ministerio de Hacienda han defendido que la rebaja del IVA sobre los carburantes es una medida temporal y no estructural y han destacado que el Ejecutivo mantiene un diálogo constructivo y fluido con la Comisión Europea, según informa EFE.

Mientras, el precio del petróleo se eleva a 110 euros el barril brent, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del inicio de la guerra de Irán. Los analistas advierten de que lo que parecía un fantasma empieza a revelarse como una posibilidad cada vez más cercana y este conflicto puede arrastrar a Europa a la estanflación, una pesadilla económica caracterizada por bajo crecimiento con un fuerte incremento de la inflación.

“Esta crisis energética es peor que las de 1973, 1979 y 2022”

Este martes, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, se ha mostrado “muy pesimista” respecto a la crisis energética actual. Birol ha avisado de que “esta crisis energética es peor que las de 1973, 1979 y 2022 juntas”: “Nos enfrentamos a un gran choque energético que combina choque petrolero, choque gasístico y choque alimentario”. El directivo de la AIE teme un abril “negro” si no reabre durante este mes el estrecho de Ormuz.

La incertidumbre que provoca las continuas amenazas de Trump y sus constantes cambios de fechas de duración de la guerra hacen que la situación económica se tense aún más. “El ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán preocupa a los mercados, ya que una escalada causaría aún más daños a la infraestructura regional. Si Estados Unidos o Irán atacaran plantas de desalinización, se pondría en cuestión la capacidad de la población para permanecer en la región. La destrucción de infraestructuras energéticas retrasaría la normalización del mercado petrolero incluso después de que Irán decida reabrir el estrecho de Ormuz”, explica Paul Donovan, economista jefe de UBS.

Y para Europa, por su necesidad de combustibles fósiles, la amenaza es mayor. “La dependencia energética de Europa se ha convertido en una de las vulnerabilidades críticas de nuestra economía. Los recientes choques en los precios de la energía han transferido enormes recursos fuera de Europa, han obligado a intervenciones de emergencia y han tensionado las finanzas públicas. Estos costes son reales, recurrentes y en gran medida desperdiciados”, ha explicado este martes Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) y vicepresidente del Consejo de Supervisión del BCE en el blog de la entidad monetaria.

El vicepresidente del BCE ha recordado que “actualmente, Europa gasta cerca de 400.000 millones de euros al año en importaciones de combustibles fósiles. En cambio, el coste marginal de producir energía renovable propia es estructuralmente más bajo. Una vez que la infraestructura está en marcha, la energía en sí es prácticamente gratuita”.

Por este motivo, tampoco se entiende la falta de respuesta de la Comisión Europea a la propuesta de las cinco de las principales economías de la Unión Europea, que pidieron un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas en plena escalada de precios del petróleo. Los ministros de Economía de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal solicitaron formalmente, mediante una carta fechada el 3 de abril, a la Comisión Europea que diseñe un marco legal que permita aplicar este gravamen de forma coordinada en todo el bloque para “distribuir de manera justa la carga” económica que recae en los bolsillos de los europeos.

La respuesta este martes de la Comisión Europea a través de uno de sus portavoces ha sido “solo” pueden confirmar la recepción de la carta y que “actualmente se está evaluando y se responderá a su debido tiempo. No estamos en la misma situación. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo ocurrido en 2022 y aprender de las lecciones. Esto incluye la contribución temporal de solidaridad de la UE. Lamentablemente, no hay más comentarios que añadir”.

La crisis de precios que provocó la invasión de Ucrania por Rusia es el espejo donde se mira constantemente Europa para responder a esta nueva crisis inflacionaria provocada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán y su posterior respuesta a todo el Golfo Pérsico. Aunque la situación energética es mejor que entonces, la economía europea sigue renqueante. En 2022, aunque fue siete meses después del inicio de la invasión, en septiembre, Bruselas aprobó una serie de medidas que iban desde limitar el beneficio de las compañías energéticas a acotar el precio del gas, reducir el consumo de luz y ayudar a hogares y empresas. Fue necesario echar mano del artículo 122 de los tratados de la Unión, que permite aprobar medidas por mayoría cualificada, en lugar de unanimidad, ante la necesidad de acelerar para sacar adelante las medidas.

España, como ejemplo para el BCE

Desde la Comisión Europea se insiste en que la mejor forma de luchar contra la dependencia europea de los combustibles fósiles es invirtiendo en energías renovables. En este sentido, el vicepresidente del Consejo de Supervisión del BCE ha insistido en que “Europa no puede eliminar el riesgo geopolítico, pero puede reducir significativamente su exposición. La forma más eficaz de lograrlo es disminuir la dependencia de los combustibles fósiles importados y acelerar una transición ordenada hacia energías limpias producidas localmente. Si Europa alcanzara sus objetivos de energía sostenible, el vínculo entre los precios energéticos internos y los volátiles mercados energéticos globales se debilitaría de forma sustancial”.

El directivo del Banco Central Europeo ha puesto a España como de país que ha seguido una política en los últimos años centrada en las renovables que le ha permitido reducir la tarifa energética: “La transición de España hacia las energías renovables demuestra los beneficios de invertir en energía limpia: estimaciones del Banco de España indican que los precios mayoristas de la electricidad a comienzos de 2024 fueron aproximadamente un 40% más bajos de lo que habrían sido si la generación eólica y solar se hubiera mantenido en los niveles de 2019”.

Frank Elderson explica que “la certidumbre en las políticas, combinada con los incentivos adecuados, es esencial para garantizar que las perspectivas a largo plazo prevalezcan sobre las ganancias a corto plazo y que los objetivos públicos y privados se refuercen, en lugar de socavarse mutuamente. Esto comienza por cumplir los objetivos de descarbonización ya existentes y preservar el Sistema de Comercio de Emisiones como un instrumento creíble y basado en el mercado para la fijación del precio del carbono. Nada de esto es sencillo. Pero la verdadera cuestión ya no es si Europa puede permitirse llevar a cabo la transición energética, sino si puede permitirse no hacerlo. Desde la perspectiva de un banco central, la respuesta es clara”.

Con los precios del petróleo disparados, todos los ojos están puestos en las gasolineras. Refinos clave como el litro de diésel, en el caso de España, están 30 céntimos más caros que antes de que Israel y Estados Unidos atacaran Irán, desatando una nueva guerra en el Golfo Pérsico. Y en Estados Unidos, el galón de gasolina (unos 3,8 litros) ha superado los cuatro dólares por primera vez desde 2022, una barrera psicológica en un país que pasa la vida al volante.

Y, sin embargo, con la mirada centrada en las estaciones de servicio, pasa desapercibido el devenir de un refino del crudo que es clave para el comercio internacional y para muchas economías emergentes. Se trata del fueloil, un ‘residuo’, prácticamente el poso del barril del petróleo, que queda una vez se han extraído la gasolina, el diésel y los otros productos de mayor valor. Su uso está casi en extinción por ser muy contaminante, pero es el combustible clave de los grandes mercantes que transportan contenedores por todo el mundo y también de los países más pobres sin margen para invertir en renovables.

Ahora bien, el concepto de este producto en sí es “muy vago”, como detalla el presidente de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, Jaime Segarra. “El crudo se somete a una destilación fraccionada en las refinerías para separar los elementos según su densidad. El fueloil es toda una gama de productos y, en concreto, el búnker es el que se utiliza para los buques mercantes, que es más denso que el que utilizan los camiones”, apunta en conversación con este periódico.

El crudo procedente del Golfo Pérsico es fundamental para la producción del combustible pesado, como apuntaron los analistas de la firma XTB hace unas semanas. El Arab Light de Arabia Saudí genera aproximadamente un 50% de residuos aptos para ese búnker, frente al 33% del petróleo de Texas. “Eso significa que incluso si el mercado logra sustituir barriles perdidos del Golfo por crudo de otras regiones, la oferta de fueloil puede seguir cayendo. En otras palabras, puede haber petróleo suficiente y, al mismo tiempo, escasez del combustible que necesitan los barcos. Esa es una de las razones por las que el shock actual podría extenderse más allá del mercado petrolero tradicional”, advertían en un análisis titulado “la verdadera bomba económica”.

Un combustible barato y muy contaminante

El investigador principal y director del Programa Energía y Clima del Real Instituto Elcano, Gonzalo Escribano, detalla que estas mayores tensiones en los mercados se producen en un momento en el que ya estaba sometido a gran estrés, ya que buena parte de los refinados en cuestión los importábamos de Rusia antes de la guerra. “Hay algunos productos que se han visto afectados desproporcionadamente, como el fueloil. Eso está repercutiendo en un aumento del coste de los fletes del comercio marítimo y todo eso sumará a la inflación”, explica en conversación con este periódico.

A ello se suma el hecho de que los buques, dadas las tensiones en el Mar Rojo —los hutíes de Yemen acaban de entrar en la guerra con ataques a Israel—, ya llevan tiempo derivando sus rutas más allá del cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica), lo que “ha aumentado la demanda de fueloil y de los cargamentos”, apunta Escribano.

La principal —y casi única— ventaja de este combustible es su precio. “Aunque con el tiempo hemos llegado a despreciar el fueloil porque es más sucio que otras opciones, es barato y puede permanecer almacenado durante mucho tiempo”, asevera Albert Banal, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y especialista en mercados energéticos.

El riesgo de suministro pilla al transporte marítimo con los deberes sin hacer en materia de descarbonización. Según datos de ISGlobal, los buques mercantes mueven anualmente 10.000 millones de toneladas y, a cambio, emiten cerca del 3% de los gases de efecto invernadero del mundo, el 13% de las emisiones de óxido de nitrógeno y el 12% de las de óxido de azufre.

“Es muy difícil de pensar en un barco completamente electrificado. No puedes cubrirlo de paneles solares y hacer el salto a algo totalmente limpio. Al menos no de manera inmediata”, reconoce el profesor. “Lo que acaba pasando es que se acaban utilizando cosas que son menos caras y más contaminantes, como el fueloil”, incide.

Las soluciones verdes, aún muy lejos

La guerra en Oriente Medio, y la subida de los precios energéticos, llega apenas cuatro años después de la crisis del gas originada por la invasión rusa de Ucrania. Mirar en el espejo de lo que sucedió entonces es inevitable. Y también en 2022 se habló de un transporte marítimo más verde. De hecho, La Moncloa anunció en noviembre de ese año un acuerdo con Maersk, la mayor naviera del mundo, por la que la empresa invertiría 10.000 millones de euros para fabricar en nuestro país los combustibles verdes con los que alimentar su flota. El objetivo: producir millones de toneladas de e-metanol para descarbonizar completamente su flota antes de 2040, comenzando con una veintena de buques hacia 2024.

Pero la realidad ha resultado en un retraso notable, como reconocen desde el Ejecutivo y también desde Maersk, a través de C2X, su filial para combustibles verdes. “En relación con la planta de metanol prevista en Huelva, el proyecto avanza, aunque a un ritmo más lento del inicialmente previsto, esta situación se está dando tanto en los desarrollos en España como en los que tenemos en otros países. Responde principalmente a la evolución de la demanda global de combustibles renovables y al aumento de la oferta, especialmente desde Asia, que está afectando al equilibrio de mercado estimado cuando se anunció el proyecto”, apuntan desde la compañía en un correo electrónico, tras una consulta de elDiario.es.

“Cuando se anunció el proyecto en España se manejaban previsiones de crecimiento de la demanda derivadas de la regulación europea e internacional. La regulación europea se ha mantenido, pero no así la global: se esperaba la aprobación de nuevas normativas por parte de la OMI y, por el momento, no se han materializado, lo que ha influido en el desarrollo de esta industria”, señala un portavoz de la compañía, que subraya que la decisión de haber “desacelerado los desarrollos” no tiene que ver con una falta de apoyo institucional.

El desarrollo de hidrógeno verde sigue en pie, pero los expertos reconocen que se puso el listón demasiado alto. “Quizá generó expectativas excesivas, pero sigue siendo una tecnología muy prometedora y que tiene muchas ventajas para España y para el conjunto de la Unión Europea”, apunta Escribano, del Real Instituto Elcano.

Un aspecto en el que coincide el profesor Banal: “El hidrógeno verde es la solución, pero todavía es muy incipiente. El problema es que aún no sabemos hasta qué punto será rentable y necesitamos que baje su coste de producción para que sea más competitivo que estas opciones que ensucian más”.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado declarar Proyecto de Singular Interés la planta de acero verde que Hydnum Steel proyecta en Puertollano, en la provincia de Ciudad Real, tal y como anunciase en septiembre de 2025.

Se trata de una decisión que, según la portavoz del Gobierno autonómico, Esther Padilla, permitirá que la comunidad autónoma entre “en la primera línea de la nueva industria europea”.

Se trata, añadía, de “un proyecto industrial estratégico para la región” que contará con una inversión de más de 1.521 millones de euros, “y con la previsión de generar más de 5.200 empleos”.

El impacto económico que se espera llegará a los 11.000 millones de euros, ha destacado la portavoz, quien ha justificado que declarar este proyecto de Singular Interés permite al Ejecutivo “actuar con agilidad y avanzar por la vía rápida de la inversión estratégica”, para que pueda instalarse cuanto antes.

“Lo hacemos, además, en un territorio que también se ha consolidado como un nodo importante industrial, como es Puertollano, en un ecosistema en el que ya cuenta con 50 empresas vinculadas al hidrógeno”, ha resaltado.

La decisión se toma después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico adjudicase hace unos días 500 megavatios (MW) de capacidad de acceso a la red eléctrica en el nudo de Brazatortas (Ciudad Real) al proyecto industrial de Hydnum Steel.

La planta de Hydnum Steel está diseñada para convertirse en un “referente” de la descarbonización industrial en el sur de Europa, según apuntaba entonces el subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real, David Broceño. Se alimentará de un combinado de energías renovables entre las que se incluye el hidrógeno verde.

Hace ahora justo un año, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, anunciaba que la futura acería verde recibiría una ayuda de 60 millones de euros procedentes del PERTE de descarbonización industrial. La planta de nueva generación nacerá ya descarbonizada y se lleva, según los datos de hace un año, dos tercios del presupuesto global de 90 millones de euros que se repartirán un total de cinco proyectos en toda España, con cargo a la línea cuatro de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE).

En Puertollano se encuentra el Centro Nacional de Hidrógeno, y se abre así la posibilidad de establecer alianzas con este polo de investigación.