Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio alertan de que el futuro Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) del Gobierno de Cantabria pretende sacar del listado de paisajes protegidos al Embalse de Alsa y el Monte Canales para facilitar con ello que la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo pueda continuar adelante. “Pretenden entregar al expolio los territorios de Campoo-Los Valles, Iguña y Soba”, denuncian en un comunicado.

En su opinión, el Gobierno de Cantabria está haciendo “un abuso de poder” para intentar facilitar la tramitación de proyectos como el de Aguayo II o los polígonos eólicos. “Tras las evaluaciones y la toma de decisiones hablan de criterios técnicos, pero es evidente que lo que hay son criterios políticos discriminatorios y al servicio de grandes empresas y entidades financieras”, explican.

Los colectivos censuran también la privatización del agua que implicará el proyecto de Aguayo II “en este caso en favor de la multinacional Repsol”. Eso supondrá que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico permita a la empresa captar agua del río Torina, “priorizando los intereses de Repsol en vez del abastecimiento de agua a varios municipios que hacen uso de estas aguas, entre ellos el de Torrelavega”. Además, recordaron que tanto la masa del embalse de Alsa como el río Torina están identificadas como Zona Protegida de Abastecimiento por el Plan Hidrológico vigente.

En este contexto, denuncian la falta de información geológico-geotécnica de la actuación del proyecto de ampliación de la central y del impacto que puede tener esta obra, no sólo en su construcción “sino cuando esté a pleno rendimiento”.

Al igual que sucede con los proyectos de polígonos eólicos planteados, o incluso en construcción como es el caso del polígono eólico El Escudo, consideran que en esta y otras zonas de Cantabria se están tratando de imponer proyectos “innecesarios, insostenibles y que dependen de combustibles fósiles”.

Además, “expolian los territorios, generan ecocidios e implican una estafa económica en forma de subvenciones derrochadas con dinero público” para el beneficio de grandes empresas y entidades financieras como Repsol, Iberdrola, el Banco Santander o BlackRock, “con la complicidad de las administraciones públicas implicadas, a nivel nacional, regional y municipal”.

Ruta por los paisajes amenazados

Un recorrido de unos seis kilómetros a través de los bosques que rodean el río Torina, que nace en el Pico Jano y desemboca en el río Besaya, ha tratado de mostrar el impacto ambiental de los macroproyectos energéticos como la proyectada ampliación de la Central Hidroeléctrica de Aguayo. La 'ruta interpretada' 'fue convocada por miembros de los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio que, durante las aproximadamente cuatro horas de recorrido, con diversas paradas interpretativas, fueron participando con los asistentes de la “belleza paisajística y el incalculable valor ecológico” de la zona, observando y aprendiendo sobre los distintos ecosistemas que fueron transitando. Primero a la ribera del río Torina, junto a abundantes fresnos, alisos, y algún olmo de montaña, y posteriormente, a medida que iban ganando altura, disfrutando de bosques mixtos con hayas, robles, acebos, tejos o abedules.

Según los organizadores de la marcha, todos estos paisajes requieren preservar el entorno. En su opinión, la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo “implicaría poner en riesgo estos bosques y su enorme valor ecológico” por la realización de la obra y el acceso de maquinaria que implicará abrir nuevas pistas de acceso en bosques muy cercanos a los entornos a proteger. “Esto es otra parte muy importante del enorme destrozo ambiental y paisajístico que implican megaproyectos como el de Aguayo II o los polígonos eólicos que están proyectados en esta zona y en distintos territorios de Cantabria”, subrayan.

La implantación de soluciones sostenibles en el mundo rural no tiene por qué pasar por la competencia entre la agricultura y las energías renovables. Al contrario, ambos mundos pueden aliarse y retroalimentarse. Así lo han demostrado un grupo de alumnos de 4º de ESO del Colegio San Agustín de Calahorra en su proyecto ‘Ebro verde agrofotovoltaico’. Este proyecto integral de economía circular ha sido reconocido como el Proyecto Más Innovador en el Certamen Tecnológico Efigy de la Fundación Naturgy, una convocatoria de ámbito nacional dotada con 2.000 euros a la que se había presentado más de un centenar de trabajos y cuenta en el jurado con científicos del CSIC y del Ministerio de Transición Ecológica.

La profesora Ángeles Ríos Gómez destaca el enorme valor pedagógico que arrastra este certamen, que pone al alumnado en un escenario real. Tras ser seleccionado su proyecto, redactado como un paper científico, los alumnos de Calahorra fueron seleccionados entre los doce finalistas y lo presentaron en tres minutos ante el jurado sobre el escenario del Museo de las Ciencias y las Artes. Allí, también fue reconocido con una Mención de Honor otro proyecto del centro, también semifinalista. Se trata de ‘Palas Verdes’, un proyecto defendido por alumnos de 3º de ESO y tutorizado por la propia Ángeles junto al profesor Eduardo Cáseda. Esta segunda idea consistió en la reutilización de materiales procedentes de las palas viejas de los aerogeneradores combinados con restos de cartón industrial y deshechos de la poda vitivinícola para crear resinas destinadas a la fabricación de nuevas palas eólicas.

Energía limpia a partir del residuo de la uva

La idea de ‘Ebro verde agrofotovoltaico’ surgió rápido en un aula donde muchos de los alumnos tienen familiares que se dedican a la uva, trabajan en bodegas o como agricultores y, por tanto, conocen de primera mano los riesgos del cambio climático en el campo, con muchas sequías, calor y riesgo de incendio. “Nos planteamos cómo podríamos transformar un viñedo del Valle del Ebro en una infraestructura que puede producir energía, alimentos y sostenibilidad al mismo tiempo”, explica María Marín Gonzalo, una de las alumnas participantes. De hecho, fue su propio tío quien aportó los primeros residuos vegetales para dar inicio a las pruebas en el centro, mientras que otros compañeros con bodegas familiares facilitaron datos reales de producción para poder realizar las posteriores extrapolaciones a escala industrial.

Para lograr su objetivo, el equipo inició un exhaustivo trabajo de campo recogiendo residuos en una parcela de viña para su posterior análisis químico en el laboratorio del centro. Así, los alumnos consiguieron exprimir tres vías distintas de aprovechamiento a partir de los restos de la uva y de la poda. En primer lugar, mediante un proceso de pirólisis —una combustión a alta temperatura en ausencia de oxígeno—, los estudiantes lograron convertir los restos de la poda en “carbono puro” o biochar. Este compuesto, al ser devuelto a la tierra, enriquece el suelo ante posibles lluvias torrenciales, al mismo tiempo que la retirada de residuos vegetales del suelo reduce el riesgo de incendios forestales.

Al mismo tiempo, el proyecto abordó los desechos de la propia bodega fijándose en los orujos sobrantes de la primera fermentación. Utilizando levaduras, los alumnos reactivaron una nueva fermentación para obtener bioetanol de segunda generación, un combustible limpio que recibe este apellido precisamente porque procede de un residuo que habitualmente se desecha. El círculo científico se cerró con el aprovechamiento de los hollejos, las pieles de la uva, que maceraron mediante ensayos científicos en el aula para extraer las antocianinas, que son los pigmentos naturales que otorgan el color característico al fruto. Con ellos, los jóvenes elaboraron celdas fotovoltaicas especiales que absorben una longitud de onda diferente a las tradicionales de silicio, planteando estas celdas no como un sustituto de las actuales, sino como un complemento.

Nunca nos hubiésemos imaginado que de la uva podríamos sacar energía

“Todos los residuos de un viñedo y de una bodega lo convertimos en algo útil, tanto para la obtención de energía como para la propia resiliencia del medio, porque evitamos incendios, inundaciones, acumulación de residuos, es una idea muy compacta”, resume la tutora del proyecto Ángeles Ríos, con evidente orgullo por su alumnado. También María está satisfecha de la experiencia que han desarrollado, que ha transformado por completo su perspectiva de la ciencia: “Hemos visto que la ciencia no es sólo lo que aprendemos en clase o lo que nos tenemos que aprender de memoria para un examen, sino que podemos ponerlo a prueba en un laboratorio, investigar todos juntos y ver que también podemos dar soluciones para un futuro mejor desde un laboratorio del cole”.

“Nunca nos hubiésemos imaginado que de la uva podríamos sacar energía”, confiesa esta alumna. De hecho, su tío, después de ayudarles al inicio del proyecto, ya utiliza los residuos, los tritura y los utiliza para mejorar. “Lo siguiente es ver si se atreve a hacer biochar, puede que lo haga”, comentan alumna y profesora, que proponen a las bodegas unirse para procesar sus residuos de forma conjunta para mejorar la rentabilidad y poder producir energía siguiendo esta idea nacida en un laboratorio escolar de Calahorra.

El despliegue del autoconsumo fotovoltaico no termina de remontar tras el boom de instalaciones de 2022; los últimos datos de Red Eléctrica de España (REE) no invitan al optimismo y el sector está en alerta tras amenazar el gurú económico del PP, Alberto Nadal, con recuperar su impuesto al sol.

La amenaza la planteó hace unos días el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP en una charla sobre su “visión alternativa” de la energía en la Universidad Rey Juan Carlos en Móstoles (Madrid).

“¿Qué es el impuesto al sol?”, se preguntó Nadal cuando le plantearon si pensaba recuperarlo. “Exactamente lo que acabo de describir: era que la instalación fotovoltaica de autoconsumo pagara también los costes de red”. “Lo que habría que hacer es reajustar el peaje”: “Reconstruir el peaje entero para que sea el consumo de red lo que determine el pago de los costes de red, y no el consumo de energía”, para que “los que fuerzan sobreinversión en la red porque tienen fluctuaciones de demanda paguen la diferencia”.

Su tesis es que “la mayor parte” de los peajes, “el 90%” de estos costes regulados del recibo que sufragan las redes (transporte y distribución) y fija la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se pagan “en función de la energía consumida”, lo que “beneficia” a las segundas residencias, muy especialmente a las que tienen autoconsumo, en lo que calificó de “subvención”.

Según expuso, para ser rentable al autoconsumo se le tiene que “subvencionar” con la “variabilidad del peaje” porque los costes fijos del sistema los paga “fundamentalmente el consumo” y “el señor que pone unas placas paga menos por la red de lo que le corresponde, porque retira energía del sistema”. El que no autoconsume “le está regalando el coste de la red”. “Esa es la subvención”.

“Lo único que deberíamos cambiar es el peaje. Porque lo que no puede seguir ocurriendo es que el peaje se fije en función del consumo de energía y no en función del consumo de red”. Eso sí, “el que ha recibido las subvenciones se queda con sus subvenciones”.

Según Nadal, los bloques de apartamentos “no pueden hacer autoconsumo” en sus azoteas y solo pueden hacerlo “viviendas unifamiliares en las zonas ricas de las ciudades”, “drenando subvenciones” en “la política más regresiva que se ha inventado”.

El responsable de Economía del PP dijo en varias ocasiones no tener nada contra el autoconsumo, que “ni muchísimo menos” es “el problema más grave” de la política energética española. “Lo que me parece mal es subvencionarlo a costa del que no tiene capacidad de poner autoconsumo”. Con el sistema actual, aseguró, “el consumidor que entra a un Ikea lleno de placas fotovoltaicas y que no puede autoconsumir le está pagando al Ikea su electricidad. Siento ser tan burro”.

Hizo una analogía con el coste del Metro, que aseguró en “la mayoría de los países del mundo” es más caro “en la punta” de demanda.

Sí reconoció que esta solución energética reduce la necesidad de invertir en unas redes que, aseguró, no requieren “una inversión fuerte”; pero deslizó que “genera problemas de control” y “se ha vendido como la democratización, como el abaratamiento”, pero “no es más barato, de hecho es más caro”, porque es “evidente” que “llenar” los tejados de paneles solares “es mucho más caro” que poner una planta fotovoltaica de 400 MW en el campo, “en un sitio planito y de manera industrial”.

Mientras, PP y Vox acaban de pactar en Castilla y León poner coto a las grandes fotovoltaicas y eólicas, como ya acordaron en Extremadura y Aragón. Y prometen “fomentar el autoconsumo industrial delimitando una banda alrededor de los polígonos industriales en la que se autoricen instalaciones destinadas mayoritariamente al autoconsumo industrial”, dice el documento que acaban de firmar el partido de Nadal y la ultraderecha.

Alarma en el sector 

La propuesta del gurú económico de Alberto Núñez Feijóo ha propiciado el rechazo de expertos como el economista Manuel Hidalgo, que en un artículo en Cinco Días recuerda que el autoconsumo “no es un capricho de unos pocos privilegiados, ya que hunde los precios mayoristas y despliega un paraguas protector sobre toda la población”.

Hidalgo subraya que España ya soporta el término fijo de potencia más alto de la UE, “herencia de las subidas de 2012 a 2015”, y “quien autoconsume no esquiva ese coste, porque la potencia se paga por estar conectado, se consuma o no de la red”. E imponer “cargos disuasorios para proteger el modelo de negocio de las viejas redes sería un error de diagnóstico monumental, que condenaría a la sociedad a un futuro eléctrico más caro y desigual”.

Repescado hace menos de un año por Feijóo, Nadal fue secretario de Estado de Energía con José Manuel Soria como ministro de Industria, de diciembre de 2012 a noviembre de 2016, y responsable del impuesto al sol y el recorte retroactivo a las renovables que llevó a una catarata de condenas contra España que aún colea.

El impuesto al sol, cuya génesis se atribuyó en el sector a Iberdrola, lo defendió en 2015 la FAES de José María Aznar (entonces asesor de Endesa) en un estudio coescrito por un directivo de la eléctrica vasca, que en 2017 admitió que esta solución energética era un riesgo para su negocio. El denominado “cargo por autoconsumo” frenó durante años su despegue y provocó la mofa de la revista Forbes sobre cómo España iba a poner un “impuesto al sol”, con un conato de revuelta incluso en comunidades gobernadas por el PP.

Ahora el sector ve con preocupación la amenaza del gurú económico del PP, mientras admite cierto parón en la instalación de nueva potencia de autoconsumo. No obstante, el sector pone en cuestión los datos que publica desde diciembre REE, que apuntan a una fuerte caída en los últimos meses. 

A finales de 2025, el operador del sistema empezó a publicar información sobre la potencia instalada de autoconsumo, tras años en los que la única fuente de estos datos eran las estimaciones de las patronales del sector. Según sus datos provisionales, de diciembre a junio se habrían conectado menos de 500 megavatios (MW). Supondrían menos de 1.000 MW en un año, un mínimo desde 2020, cuando no se llegó a 600, y ahondaría las caídas de los últimos ejercicios.

En los dos últimos años se han instalado unos 1,1 gigavatios (GW) anuales, tras el fin de las ayudas del Plan de Recuperación y de las deducciones en el IRPF, y ya son tres ejercicios seguidos de retrocesos en el ritmo de instalación tras el histórico 2022. Ese año, los disparatados precios de la luz que provocó la invasión de Ucrania propiciaron que se instalaran 2,5 GW, según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

Los datos de REE se basan en la información disponible en el Sistema de Medidas Eléctricas (SIMEL) remitidos por las distribuidoras y en estimaciones del operador del sistema con “la mejor información disponible en cada momento”. Como advierte el Ministerio para la Transición Ecológica, estos datos pueden tener “un decalaje importante” aunque el mercado haya aflojado en los últimos meses.

“Vemos una tendencia bastante plana”, de “caída en el sector residencial pero incremento en el industrial”, indica Héctor de Lama, director técnico de UNEF, que apunta los problemas para conectar a la red nueva demanda como asidero del sector.

Javier Lázaro, director Técnico y de Regulación de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), invita a leer con cautela los datos de REE, dado que tiene “muchas dificultades para tener toda la información fidedigna”, sobre todo de las instalaciones sin excedentes, que no vierten energía a la red.

El responsable de APPA admite que el arranque de 2026 ha sido el peor en años: “Lo que nos comentan las empresas del sector es que es verdad que ha sido un primer trimestre muy malo”, en el que “ha sido imposible trabajar por todas las lluvias y borrascas”. “Puede que el ritmo de las propias instalaciones sea inferior al de otros años, pero no hemos notado un feedback de que haya descendido muchísimo”, dice Lázaro.

REE, que actualiza diariamente sus datos, recoge que a junio habría instalados 9.194 MW de autoconsumo. UNEF estimaba en enero 9,3 GW al cierre de 2025. Y APPA estima que el año pasado se cerró con casi 9,6 GW, tras instalarse 368 MW en el segmento residencial y 846 MW del ámbito comercial e industrial, según sus datos.

Lo normal es que el Real Decreto-Ley 7/2026 (el de la guerra en Irán) impulse el autoconsumo, tras ampliarse hasta 5 kilómetros el radio para compartirlo en plantas de suelo (y no solo en cubiertas). Además, Transición Ecológica tramita desde hace meses un Real Decreto para impulsar el autoconsumo colectivo. No obstante, la CNMC ha expresado dudas sobre la propuesta ante “los riesgos asociados a potenciales desequilibrios de tensión en las redes”, un aviso a navegantes tras el apagón del 28 de abril de 2025, los problemas de observabilidad de estas plantas para REE y la desconexión de muchas instalaciones en ese histórico colapso energético.

Con todo, la situación actual del autoconsumo es radicalmente distinta al erial que vivió con Mariano Rajoy. El departamento de Sara Aagesen calcula que más de 600.000 hogares y empresas han apostado por él tras “un crecimiento exponencial del 1.600% desde 2018”. Recuerda que su hoja de ruta (de 2021) contemplaba un escenario base de 9 GW ya superado y de 14 GW en un escenario de alta penetración. Esta solución energética ya cubre el 4% del consumo eléctrico en España.

La última revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), de 2023, contemplaba 19 GW para 2030. Un PNIEC que el último ministro de Energía de Rajoy, Álvaro Nadal, fue incapaz de aprobar pese a exigirlo la Comisión Europea. Su hermano gemelo (partidario de mantener las nucleares al menos 20 años) lo tacha de “literatura de ficción”.

La Unión Europea importa cada año una superficie de cultivo equivalente al tamaño de España. Se trata de hectáreas invisibles incorporadas en la soja, el cacao, el café o el aceite de girasol que consumimos. Son las “hectáreas fantasma” de las que hablaba Georg Borgström hace más de medio siglo, quien se refería así a la superficie de terreno situada en el extranjero que un país necesita para cubrir un consumo que su propio territorio no podría sostener.

Décadas más tarde, en el año 2000, el historiador Kenneth Pomeranz retomó esa noción en su influyente The Great Divergence para responder a la vieja pregunta de por qué ciertas regiones de Europa se industrializaron antes que otras regiones igualmente avanzadas, como la del delta chino del Yangtsé. Su respuesta combinaba el carbón, que permitió a Inglaterra dejar de depender de la madera justo cuando la crisis por la deforestación era ya muy aguda, y las redes coloniales, esas “hectáreas fantasma” que liberaron a la economía europea de las restricciones que imponía la tierra.

Y es que la tierra es un bien finito que no admite usos simultáneos: una misma hectárea no puede ser a la vez bosque para madera, cereal para las personas, forraje para el ganado y fibra para la ropa. Hay que elegir. Y como Europa no tenía suelo suficiente para todo, las colonias del Nuevo Mundo se lo proporcionaron. En aquel tiempo de despliegue del capitalismo industrial, esta asimetría internacional entre el centro europeo y la periferia mundial se sostenía sobre mecanismos extra-económicos tales como la violencia que ejercían los imperios sobre sus colonias. En la actualidad, sin embargo, las formas han cambiado pero el fenómeno de fondo sigue teniendo vigencia en tanto los países más ricos se benefician de una división internacional del trabajo que permite sostener el consumo en los países ricos sobre la base de la explotación de la fuerza de trabajo y los recursos naturales en los países pobres. Un ejemplo paradigmático es el modelo agroalimentario en la Unión Europea.

Según la FAO, en términos monetarios Europa es una región exportadora neta de alimentos agrarios y ganaderos. Eso quiere decir que exportamos más euros en comida de los que importamos, lo que invita a concluir que “nos sobran alimentos” —algo muy distinto de lo que ocurre en Asia, con un déficit neto de 300.000 millones de dólares—. Pero esa contabilidad en euros oculta más de lo que muestra. En cuanto cambiamos el dinero por una métrica física —las hectáreas de tierra que hay detrás de cada producto— la imagen se modifica radicalmente.

En las últimas décadas, la noción de “hectáreas fantasma” ha estimulado el desarrollo de metodologías para poner cifras físicas a los flujos comerciales: se trata de calcular cuánta tierra —medida en hectáreas— hace falta para producir cada bien que cruza una frontera. Es lo que se conoce como tierra incorporada (o “encarnada”) en los productos, es decir, la huella de suelo que viaja, invisible, dentro de cada saco de soja o cada grano de café. Una de estas metodologías es la de la Comisión Europea y Eurostat, en la que se basan los gráficos de este análisis. Por ejemplo, en el año 2024 la Unión Europea importó 55 millones de hectáreas en productos de cultivo, lo que es una superficie ligeramente superior al tamaño de España (de unos 50 millones de hectáreas). Los europeos también importamos 35 millones de hectáreas en tierras de bosque y algo más de 3 millones de hectáreas en tierras de pasto.

Si observamos la procedencia de esas hectáreas de tierra (insisto: encarnadas en productos), los principales países proveedores son Brasil, Ucrania, Estados Unidos y Argentina. Como se ve en el siguiente gráfico, de Brasil importamos 15 millones de hectáreas de tierra, mientras que de Ucrania más de 10 millones. Como podría esperarse, se trata de países grandes y, en general, con sobrerrepresentación de los llamados 'países en desarrollo' o del Sur Global (sobre todo en tierras de cultivo).

Pero ¿qué es lo que realmente estamos importando? Como se puede ver en el siguiente gráfico, el principal producto con diferencia es el pienso de soja, seguido de cacao en grano, aceite de girasol, semilla de colza y café. El papel clave lo juega el pienso de soja, sobre todo procedente de Brasil y Argentina, que es importado para la alimentación animal en Europa y cuya producción está íntimamente ligada a los procesos de deforestación del Amazonas. Eso ya nos muestra señales de la insostenibilidad ecológica del modelo agroalimentario europeo y de su relación con la economía-mundo.

Pero esto funciona en los dos sentidos: igual que importamos tierra encarnada en la soja o el café, la exportamos encarnada en lo que vendemos fuera. La cuenta final —importaciones menos exportaciones—, que vemos en el siguiente gráfico, deja a Europa como importadora neta de tierra de cultivo y exportadora neta de bosque y pasto. Aquí está la clave del espejismo contable, ya que Europa importa tierra barata —una hectárea de soja para pienso vale poco— y exporta producto más caro, como los lácteos, el vino y la carne. Por eso las cuentas en euros arrojan superávit mientras las cuentas en hectáreas arrojan déficit.

Estos datos describen un modelo agroalimentario europeo —un agregado, con diferencias entre países— muy dependiente de la importación de tierra de cultivo, encabezada por la soja y otros cultivos destinados a pienso animal. En este sentido, la economía europea consume hectáreas de tierras en el extranjero para producir alimentos para el ganado en explotaciones intensivas. Esos datos son coherentes con el sistema de las famosas macrogranjas, sobre todo las de cerdos y pollos, porque en esas grandes fábricas los animales apenas pueden moverse y se requiere la importación del alimento. Esos alimentos son los que consumimos nacionalmente, muchas veces en forma de carne barata (las reexportaciones de animales a terceros países ya están descontadas en los datos).

Por otro lado, los países europeos exportan productos animales procedentes de ganadería extensiva, es decir, que se alimentan de los pastos de sus entornos (ovejas, vacas, cabras…) y que consumen tierra en Europa. De esa manera, al mismo tiempo que Europa importa tierras de cultivo también exporta tierra de pastos —y otro tanto con la madera, de la que vende fuera más de la que compra—.

En definitiva, cuando un europeo consume carne de cerdo, bebe café o compra chocolate, no solo consume un producto. También consume una porción invisible de tierra situada a miles de kilómetros de distancia. Las estadísticas monetarias registran el precio de esa transacción, pero no registran la geografía material que sostiene nuestro modo de vida. Estas metodologías biofísicas tienen sus limitaciones, pero no hay duda de que las métricas monetarias esconden relaciones físicas que revelan asimetrías profundas. Es lo que la economía ecológica —de Joan Martínez-Alier a Alf Hornborg— ha llamado intercambio ecológico desigual: un comercio que, bajo la apariencia de un intercambio entre iguales, transfiere de forma sistemática tierra, energía y materiales desde los países pobres hacia los ricos. Una jerarquía de la economía-mundo que es, a la vez, ecológica y socialmente insostenible.

Varias asociaciones ecologistas y ciudadanas han expresado este lunes su alarma y rechazo ante la instalación de una central eléctrica flotante que operaría con combustibles fósiles en el Puerto de La Luz, junto al barrio de La Isleta, una decisión que han calificado de “hipoteca ambiental y sanitaria”.

En un comunicado, Foro Por La Isleta, Guanarteme Se Mueve, Federación Ben Magec, Canarias Tiene Un Límite, Greenpeace y Salto a la Transición Ecológica, han denunciado que sólo disponen de la información publicada en medios y que, en base a ella, consideran que es “inadmisible” usar “el miedo al apagón para arrancar a la población una aceptación resignada de este buque, escudándose en un supuesto carácter temporal de emergencia”.

A su juicio, “nada garantiza que esa temporalidad no se prolongue de forma indefinida, como ya ha ocurrido con instalaciones similares en otros países”.

Las asociaciones han denunciado que el buque previsto opera con combustibles fósiles, por lo que se aleja “frontalmente” de los objetivos climáticos suscritos por Canarias, España y la Unión Europea, siendo las emisiones esperables “muy superiores a las que generarían las alternativas renovables, ya maduras y desplegables en el archipiélago”.

También han recordado el proyecto de la planta de gas natural de la empresa Totisa al criticar la ubicación, “a escasos metros de un barrio de más de 20.000 habitantes, con centro de salud, residencia de mayores, instituto, colegios y guarderías”.

Los denunciantes han indicado que “los vientos alisios dominantes del nordeste dirigirán la pluma contaminante directamente hacia tierra” al recordar que la Organización Mundial de la Salud vincula estos contaminantes con enfermedades cardiovasculares, asma, EPOC, cáncer de pulmón y mortalidad prematura.

Las asociaciones han pedido a la Administración que haga públicas las necesidades reales de generación eléctrica de Gran Canaria y por qué este buque sería la “única opción viable”, el estudio comparativo de alternativas técnicas, de impacto ambiental completo y un estudio específico de impacto sobre la salud pública, con población de referencia y centros sensibles identificados.

También han pedido la justificación económica del coste para las arcas públicas y para la factura eléctrica del consumidor canario, la duración del contrato y su fecha de caducidad vinculante, el tipo y origen del combustible, sus especificaciones, las condiciones de suministro y los planes de contingencia ante vertidos, y las condiciones contractuales completas, incluidas las penalizaciones por incumplimiento y por prolongación más allá del plazo declarado.

“La Isleta ya dijo no a la planta de Totisa. Volverá a decirlo”, han manifestado al indicar que “la salud de un barrio no puede ser la moneda de cambio de la mala planificación energética”. 

El tablero geopolítico mundial vive en continua tensión. Guerras que no terminan, conflictos que se solapan y efectos que se extienden mucho más allá de las fronteras donde estallan.

Lo primero y más importante, por supuesto, son siempre las vidas humanas. Millones de personas sufren las consecuencias directas de guerras que nunca eligen. Guerras que no sólo se cobran víctimas en los territorios en conflicto. También tienen impactos profundos en la economía global y, en consecuencia, en la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo.

Lo estamos viendo de nuevo estos días. El encarecimiento del petróleo y de la energía vuelve a trasladarse a los hogares, a las empresas y al conjunto de la economía. Cada escalada bélica se traduce en más incertidumbre, volatilidad de precios y una sensación creciente de vulnerabilidad. Es lo que ha provocado la guerra de Donald Trump y Benjamín Netanyahu. 

Y lo más importante, cada crisis internacional vuelve a poner de manifiesto una realidad: eue Europa sigue siendo altamente dependiente de mercados energéticos externos. Nuestra autonomía estratégica es limitada. Dependemos de decisiones y acontecimientos que se producen a miles de kilómetros, pero que condicionan directamente nuestro bienestar y nuestra competitividad. Nuestra capacidad de desarrollo.

Y ante esta situación, urge actuar. Así lo ha vuelto a hacer el Gobierno de España. Con un paquete de medidas para amortiguar el impacto inmediato de la guerra sobre la ciudadanía, que incluyen la rebaja del IVA de los carburantes, la electricidad y el gas. Ayudas que protegen a los consumidores más vulnerables, garantizando el acceso a suministros básicos en un contexto de fuerte presión sobre los precios.

Medidas necesarias y oportunas. Pero la experiencia acumulada en los últimos años nos demuestra que las respuestas coyunturales, siendo imprescindibles, no son suficientes. Cada crisis internacional vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de abordar cambios estructurales en nuestro modelo energético.

Porque la transición energética no es solo una cuestión ambiental. Es también una cuestión económica, social, y estratégica. Avanzar hacia un sistema más autónomo, resiliente y justo es una necesidad inaplazable.

En Gipuzkoa lo entendimos hace tiempo. En un territorio con escasez de materias primas y una dependencia energética cercana al 90%, apostar por un cambio de modelo energético no es una opción, es una obligación.

Así lo entendimos y así lo hicimos. Ese cambio se está materializando en una nueva cultura que sitúa a las personas en el centro del sistema energético. Un modelo de autoconsumo compartido basado en la producción y gestión compartida de energía renovable que se articula a través de comunidades energéticas locales.

Lo que, en 2020, en plena pandemia, no era más que una idea innovadora, hoy es una política pública consolidada, que se traduce en 67 comunidades energéticas activas en el territorio, 6 de ellas de carácter industrial. Entre todas generan más de 13,4 millones de Kwh al año, y gracias a este modelo, más de 10.000 familias y decenas de pequeñas y medianas empresas guipuzcoanas están viendo reducida su factura eléctrica en un 30%.

No se trata sólo de producir energía limpia. Se trata de democratizar el acceso a la energía, de reducir vulnerabilidades y de construir una economía más resistente frente a los vaivenes del contexto internacional. 

Actualmente, siete de cada diez municipios guipuzcoanos cuentan con al menos una comunidad energética. Nuestro objetivo es alcanzar la totalidad del territorio en 2027. Para lograrlo, el departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa financia hasta el 75% de la creación y puesta en marcha de estos proyectos, apoyo que llega al 100% en los municipios más pequeños. 

Ya hemos destinado más de 6 millones de euros a desplegar esta red y hemos puesto en marcha la Oficina de Transformación Energética de Gipuzkoa. Una herramienta pública y gratuita que acompaña a ciudadanía, empresas y ayuntamientos durante todo el proceso, ofreciendo asesoramiento técnico, jurídico y financiero.

El cambio de modelo está en marcha en Gipuzkoa. Un cambio de cultura energética que no tiene vuelta atrás. En un contexto internacional marcado por la incertidumbre, apostar por la autonomía energética local es apostar por la estabilidad económica y la justicia social. 

Necesitamos sistemas más próximos, más participativos y sostenibles, y el ejemplo son las comunidades energéticas.

Porque como decía al principio, la transición energética no es sólo una respuesta al cambio climático. Es también una estrategia para construir territorios más resilientes y menos dependientes de crisis que no controlamos. Y en ese camino, Gipuzkoa no espera. Actúa.

El pleno de la Diputación de Cáceres ha aprobado la creación de la Red Provincial de Comunidades Energéticas de Cáceres, una red que reunirá a las más de 40 comunidades energéticas que se han constituido, y las que se vayan constituyendo, con el acompañamiento de la Oficina de Transformación Comunitaria de la Diputación de Cáceres. “Se trata de crear un espacio de cooperación, coordinación, participación, formación e intercambio de experiencias entre estas entidades”, ha explicado la portavoz del Equipo de Gobierno, Esther Gutiérrez

Hay que recordar que fue en 2024 cuando la institución provincial puso en marcha la Oficina de Transformación Comunitaria, y comenzaron a arrancar las comunidades energéticas, unas entidades formadas por vecinos y vecinas de un municipio, empresas, ayuntamientos… para generar, gestionar y consumir su propia energía renovable, lo que permite abaratar los costes y contribuir a la sostenibilidad.

En este sentido, la Red Provincia de Comunidades Energéticas se enmarca en la Agenda Provincial impulsada desde la diputación como instrumento de planificación para promover un modelo de desarrollo territorial sostenible, equilibrado, participativo y adaptado a los retos climáticos, energéticos, demográficos y sociales.

Precisamente, el pleno también ha dado luz verde a la adhesión de la Diputación de Cáceres a la Comunidad Energética Local Salto del Calderón de Piornal, teniendo en cuenta que la diputación es titular de la Hospedería “la Serrana”, ubicada en esta localidad, que es donde radica la comunidad energética. Con esta adhesión se participa en una entidad orientada a la obtención de beneficios medioambientales, sociales y económicos, por el ahorro que supone. Además, se impulsa la transición energética, se fomenta el autconsumo renovable y se promocionan modelos energéticos sostenibles y participativos.

Mejora de la infraestructura eléctrica en 26 municipios

Otro punto importante en el orden del día ha sido el crédito extraordinario, por valor de 1,3 millones de euros, para la mejora de la infraestructura eléctrica de 26 municipios. Concretamente, son 26 entidades locales que estaban incluidas en la lista de reserva de la convocatoria del Plan MIE, un programa de subvenciones dirigido a los municipios de la provincia para modernizar y adaptar sus redes de alumbrado exterior y sistemas eléctricos a la normativa vigente. El objetivo último de la diputación con este plan es el ahorro y la eficiencia energética, ya que permite a los ayuntamientos sustituir luminarias por tecnología LED y optimizar el consumo, entre otras cuestiones.

A este respecto, el vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Fernando García Nicolás, ha anunciado que ya se estudia la movilización de más fondos de cara a llegar a todos los municipios que aún puedan quedar pendientes.

Por otro lado, se ha llevado a pleno la convocatoria de subvenciones dirigidas a mancomunidades y entidades locales de la provincia para realizar análisis de vulnerabilidad en materia de ciberseguridad, con un importe total de 44.528 euros. Con esto, ha apuntado el diputado de Informática e Innovación, Tomás Sánchez Campo, la diputación “continúa trabajando para proteger y garantizar la integridad de los datos de los municipios y prevenir ataques cibernéticos, accesos no autorizados o robos de información sensible”.

Con esta convocatoria, ha incidido el presidente de la diputación, “cerramos el círculo, llegando a todos los municipios, pero, además, a las mancomunidades y a la entidades locales menores, de manera que podamos estar tranquilos en un ámbito como el cibernético y de las nuevas tecnologías”.

En cuanto a obras o distintas intervenciones en entidades locales, se han aprobado diferentes puntos por valor de 860.000 euros, entre los que se incluye, por ejemplo, la mejora y acondicionamiento del acceso al polígono industrial “Las Habazas”, en Malpartida de Plasencia, por 350.000 euros; obras en pavimentos y en redes de saneamiento y abastecimiento, así como la renovación del parque infantil de Villanueva de la Vera, por 321.866 euros; pavimentación en Escurial, por 53.000 euros; o la concesión de 135.000 euros a distintos ayuntamientos para diversas obras -cementerio de Aldeanueva del Cano, alumbrado público de Bohonal de Ibor, instalaciones deportivas de Cachorrilla, caminos vecinales de Gargüera, parque municipal de El Torno, Pavimento y redes de Talaveruela de la Vera o adquisición de vehículos de uso municipal por parte de Aldeanueva del Camino y de Navas del Madroño-.

En relación a asociaciones sin ánimo de lucro y entidades locales, han salido adelante un total de 311.057 euros, que irán destinados, por ejemplo, a la Sociedad Española de Virología, para la organización del Congreso Nacional de Virología; a la Asociación de Amigos del Museo Vostell, para el II Encuentro de Escultura, Naturaleza y Tacto; a la Asociación Extremeña de Fundaciones, para la organización de un encuentro hispanoluso de fundaciones; a la Federación Extremeña de Deportes para personas con discapacidad intelectual, y la organización del Campeonato de España; para el Club de Piragüismo Río Jerte y la actividad “Aprendiendo Piragüismo” y al Club de Vela Barlovento y la actividad “Aprendiendo Vela”; para la Asociación Red de Cooperación de las aldeas y conjuntos de La Raya cacereña, o para la Asociación Lideresas Valle del Alagón, entre otras.

Continuidad de Almaraz

En otro orden de cosas, se ha llevado a cabo la aprobación de dos créditos extraordinarios por valor total de 190.104 euros, para destinar a dos proyectos europeos en los que participa la Diputación de Cáceres, como son el denominado “Comunidad de recursos y oportunidades para sistemas rurales transfronterizos innovadores”, que es una iniciativa, cofinanciada con fondos FEDER, de cooperación para revitalizar las zonas rurales fronterizas, especialmente Centro-Extremadura-Alentejo, fomentando el empleo de calidad, la retención de talento joven y la financiación de población; y un segundo proyecto denominado “Ecosistemas innovadores de economía social agroalimentaria”, también cofinanciado con fondos FEDER, para, en este caso, impulsar el relevo generacional, el empleo juvenil y la modernización del sector agroalimentario.

Finalmente, el pleno ha acordado trasladar al Gobierno de España, “la petición unánime de esta corporación de que, una vez recibido el informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear, el Gobierno de España se pronuncie, sin dilación, a favor de la continuidad de la central, y no solo por la cantidad de energía que vierte a la red nacional, sino porque es un elemento de creación de empleo y de fijación de población al territorio”, ha concluido el presidente de la diputación.

El mercado del petróleo vuelve a instalarse en una arriesgada montaña rusa de emociones. Hace tres meses que está sometido a estos movimientos oscilatorios. Justo desde el inicio de la guerra en Irán. Hasta entonces, vivía una inusitada calma, dominada por un exceso de producción y una tendencia a cotizar en niveles próximos a los 60 dólares, calificados de moderados. Sin embargo, el conflicto armado en Oriente Próximo ha llevado al oro negro a soportar escenas de volatilidad máxima y a las autoridades económicas, monetarias y a los inversores de todo el mundo a tener que atravesar por una pesadilla tan recurrente como persistente.

Cada relato de Donald Trump, cada ataque selectivo en el Pérsico y cada amenaza de nuevos y más herméticos cercos del Estrecho de Ormuz desencadenan escaladas violentas del barril. Por contra, las narrativas sobre distensión diplomática, emitidas sin orden ni concierto desde la Casa Blanca en su desesperado intento de recabar algún guiño de Teherán para anunciar una tregua sostenible, empujan su valor por debajo de los triples dígitos de manera fulgurante. El último intento, un supuesto acuerdo para prorrogar otros 60 días la tregua, fue cortado de raíz por Irán: el memorándum existe, pero no está finalizado.

El negocio energético se mantiene, pues, sin rumbo y oscilante. Los altos el fuego fallidos como los tres emitidos por la Administración Trump esta semana sin ordenar siquiera interrumpir sus incursiones aéreas sobre Irán elevaron los barriles de Brent, de referencia en Europa, y WTI, en EEUU, por encima de los 100 dólares. Por el otro, mensajes como el de Teherán, con respaldo de China, que llevaba aparejado el reconocimiento de que la normalización de Ormuz requeriría un largo mes. Desenredar el nudo gordiano de este enclave neurálgico para el flujo del crudo y del gas pérsicos no será fácil, alertaba Teherán. Por unas horas, estos relatos desinflaron la cotización del oro negro hasta los 80 dólares.

Detrás de este combate dialéctico por controlar el relato de la guerra aparecen los halcones de ambos bandos, que desean romper cualquier cauce de paz.

Del lado americano, el “acuerdo inminente” que sugirió Trump con el argumento de facilitar a Irán su salida de la asfixia financiera por un bloqueo naval que ha paralizado también sus ventas de crudo, dio paso a un intento del ala republicana y los lobbies armamentísticos de intensificar, como Israel en Líbano y Gaza, la maquinaria bélica. En Irán, la facción ultraortodoxa Paydari ha criticado sin paliativos al presidente del Parlamento, Mohamed Bagher Ghalibaf, uno de sus mayores rivales internos, por sus supuestas concesiones hacia el programa nuclear, sobre el que ha impuesto sus líneas rojas. Acusan a Ghalibaf de ir “mucho más allá” en el diálogo con EEUU que el mandato que le ha otorgado el líder supremo, Mojtaba Jamenei. Entretanto, Washington ponía precio de recompensa a quienes aportaran datos que ayudara a descabezar la cúpula de la Guardia Revolucionaria iraní.

Una analista americana con pasado como alta funcionaria, Mona Yacoubian, lo expresa de forma elocuente. A su juicio, estas maniobras obedecen al incremento de la presión social por alcanzar un pacto que reduzca la inflación e impulse el consumo, pero “choca” con la obsesión de Trump de “lograrlo sin que parezca que Irán sale victorioso”. Y eso —dice esta investigadora del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS, según sus siglas en inglés)— “va a ser extraordinariamente difícil”.

Esta encrucijada explica las oscilaciones del barril, que se han interpretado como un vestigio de que los países productores están dispuestos a invadir otra vez el mercado de crudo y quitarse el opresor corsé de la OPEP+ cuando se libere Ormuz. El cártel por antonomasia está cada vez más debilitado por la irrupción de más petro-estados —en especial, desde latitudes latinoamericanas— y la salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU).  

Inflación, tipos altos y deuda cara

Los mercados han lanzado una verdad incómoda. La prolongación del conflicto, que ha devuelto el barril a los 90 dólares, no solo exporta inflación, vía energía, fertilizantes y alimentos, sino que ha distorsionado el mercado de bonos, donde se empieza a cuestionar la sostenibilidad fiscal de EEUU. Pese a la sorprendente capacidad de resiliencia de su consumo y su capacidad de empleo, los rendimientos de la deuda a 30 años del Tesoro suben con virulencia, señal de que la confianza a largo plazo en la primera economía internacional pierde fuelle porque el inversor empieza a descontar una coyuntura más inflacionaria, endeudada y estructuralmente más cara. Con tipos al alza que encarecen las obligaciones de pagos de la versión Trump 2.0.

Para Mohamed El-Erian, presidente del Queens’ College de Cambridge y ex CEO de Pimco, este estado de tensión permanente en Oriente Medio demanda una prima de paciencia geopolítica y garantías fiables de que no se va a disparar más el coste de vida. Son, a su juicio, dos factores que el líder republicano no puede prometer. Ni siguiera parando la guerra. Aunque lo intentará debido a las exigencias del Grand Old Party (GOP) por atender con ciertas opciones las elecciones de medio mandato de noviembre.

El gran reto para Trump —aduce El-Eiran, director en el pasado del FMI— es eludir una “segunda ola inflacionaria” provocada por una energía que eleva de forma persistente sus costes y que engordará los tres déficits —fiscal, comercial y corriente— de EEUU.

El petróleo tiene la llave, pero no abre todas las puertas. La intensificación de los ataques contra Irán catapulta el riesgo geopolítico justo cuando las reservas de gasolina americanas descienden con fuerza. Daniel Hynes, del banco australiano ANZ advierte que el mercado detecta un déficit de oferta de crudo este verano que traería más inflación y volatilidad y atraparía a los bancos centrales en su jeroglífico energético.

Es por ello por lo que las autoridades monetarias del G-7 observan este panorama con inquietud. Aún no saben si sus estrategias de wait and see inclinarán sus balanzas hacia un mantenimiento de tipos, a bajarlos para espolear sus economías o elevarlos para frenar sus IPC en sus citas de junio. Con todos sus índices por encima del 2% que marcan sus estatutos como tope para frenar los costes de sus cestas de la compra.

La pausa de las autoridades monetarias ha seguido parámetros de prudencia. A la espera de si la tregua en Ormuz y el mes de normalización que admite Teherán logran calmar las vibraciones en los precios del crudo y se cumple la teoría favorita —y excesivamente optimista— del mercado de un ajuste ordenado de la oferta y la demanda bajo un horizonte de alto el fuego acordado. Aunque la unanimidad brilla por su ausencia en esta predicción. Esencialmente, porque la mano invisible que se supone que rige en el orden capitalista-liberal ha dejado de ser el único as en la manga. Los vaivenes geopolíticos reclaman diagnósticos certeros sobre riesgo militar y cálculos diplomáticos para tomar decisiones bursátiles. Y eso, de momento, parece una entelequia.  

Presión sobre los bancos centrales

Al fin y al cabo, el tránsito marítimo por Ormuz nunca se ha detenido completamente, con Irán concediendo permisos soterrados a petroleros y metaneros y EEUU ejerciendo un cerco naval unilateral, por un lado. Y, por otro, con el régimen de los ayatolás ante la necesidad de continuar suministrando a sus clientes su oro negro, la práctica totalidad de Asia con la urgencia de adquirir crudo del Golfo y EEUU tratando de frenar una inflación que destroza la apuesta del dirigente MAGA de precipitar bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal. En un momento en el que asume las riendas de la institución Kevin Warsh, designado a dedo por el propio Trump con la misión de abaratar el dinero a la menor oportunidad.

Incluso con una inflación persistente y ascendente como la actual. El IPC americano se situó en el 3,8% en abril, a solo a 2 décimas de la cota que el mercado establece para que se desencadene una especie de tormenta casi perfecta de precios desbocados, dinero propenso a encarecerse y bonos con rendimiento descontrolado o superiores al 5%. Con costes de vida sin control. El shock energético ya golpea directamente a los salarios reales en las economías de rentas altas.

Así en EEUU evolucionan 2 décimas por debajo del punto de inflación considerado crítico por los mercados y ya deteriora el poder adquisitivo de sus hogares. Para Diane Swonk, economista jefe de KPMG en Nueva York, dice que “la guerra está alterando las cadenas de suministro y seguirá empujando los precios del crudo al alza incluso si Ormuz reabre sus rutas”. Igual que en Reino Unido, donde James Smith, del think tank Resolution Foundation, resalta que afronta el cuarto episodio de caída de nóminas desde 2008 con debilidad de empleo. O en la eurozona, a la que Claus Vistesen, de Pantheon Macroeconomics augura una subida salarial cercana a cero en 2026 y “profundamente negativa” en Francia, con la economía alemana resistiendo por el alivio fiscal a combustibles y la española amortiguando el golpe con ayudas públicas y protección salarial.

El temor político en el G-7 es que el encarecimiento energético frene el consumo, el empleo y el dinamismo de sus PIB y que sus bancos centrales ataquen la inflación en vez de estimular sus patrones productivos y mercados laborales. La premier japonesa, Sanae Takaichi, se ha sumado a las críticas trumpistas por el alza de tipos del BoJ. Mientras en Europa, el repunte de los gastos militares y la fragilidad fiscal han elevado el peligro de colisión entre gobiernos y el BCE. Luis de Guindos, lanzó un cóctel molotov cargado de realpolitik al dejar su cargo como vicepresidente: la combinación de conflicto armado, inflación energética y tumbos arancelarios impulsados por Trump incrementa la amenaza de crisis financiera global, que “será de más envergadura cuanto más se prorrogue la guerra”.

En línea con los negros augurios del mercado. JP Morgan enfatiza que el shock actual carece de precedentes comparables en la historia moderna del crudo y Goldman Sachs alerta de que las reservas globales de petróleo y derivados retroceden al ritmo récord de 8,7 millones de barriles diarios con el suministro severamente restringido.

La Comisión Europea ha anunciado este viernes la aprobación de una ayuda de estado de 9.000 millones de euros para que España ponga en marcha el sistema antiapagones que el Ministerio para la Transición Ecológica planteó a principios de 2025 y “garantizar que exista capacidad suficiente para producir, almacenar o consumir electricidad de manera flexible y que la producción de electricidad satisfaga la demanda prevista”. La propuesta permitirá que el Gobierno conceda subvenciones millonarias a las compañías energéticas para garantizar el suministro eléctrico en momentos de desajuste entre oferta y demanda y a la gran industria para que reduzca su consumo energético en momentos de pico de demanda.

Meses antes del histórico apagón generalizado que dejó a la Península Ibérica sin energía el pasado 28 de abril de 2025, Transición Ecológica diseñó la puesta en marcha de un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español para asegurar el suministro eléctrico por unas centrales que puedan inyectar energía cuando quieran, recurrir a electricidad almacenada o reducir el consumo de la gran industria, todo ello bajo pago. Meses después del apagón, que según todos los informes estuvo relacionado con problemas en el control de tensión, Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico español, también pidió a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) cambios “urgentes” en cuatro procedimientos de operación del sistema eléctrico tras detectar “variaciones bruscas de tensión” y “ante el riesgo para la seguridad del suministro”. 

El mecanismo de capacidad que ha aprobado Bruselas estará abierto a proyectos que “abarcan la generación de electricidad, la respuesta de la demanda (partes que reducen su consumo en respuesta a la reducción del suministro) y el almacenamiento (sujeto a criterios de admisibilidad medioambiental)”. El presupuesto de la medida, calculado a partir de las estimaciones de la Comisi´no Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se estima en unos 900 millones de euros al año, lo que supone un total aproximado de 9.000 millones de euros durante el período de diez años, en función de los resultados de cada subasta de capacidad.

En este nuevo mercado participarán la generación, el almacenamiento y la demanda –consumidores y agregadores–, que percibirán una retribución por aportar firmeza al sistema eléctrico, bien por estar disponibles para inyectar electricidad o bien por reducir el consumo. Su coste recaerá financiará principalmente en la comercialización de electricidad, con mayor peso en las horas de mayor estrés del sistema eléctrico, con el consiguiente traspaso a la factura final.

La Comisión ha evaluado la medida española con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE y ha constatado que “es necesaria y adecuada para alcanzar el objetivo perseguido, en consonancia con el Reglamento de la UE sobre la electricidad”.

Además se trata de una medida “proporcionada, ya que su cuantía corresponde a las necesidades de financiación reales” y “se concederá a proyectos seleccionados mediante un procedimiento de licitación transparente y no discriminatorio, con salvaguardias para garantizar una competencia efectiva”.

“Los beneficiarios competirán en función del importe de la ayuda solicitada por MW de capacidad disponible durante una situación de escasez. Como consecuencia de ello, la medida tendrá efectos limitados en la competencia y el comercio entre los Estados miembros. La medida se ajusta a la mayoría de las mejores prácticas en materia de mecanismos de capacidad establecidas en el Marco de ayudas estatales del Pacto por una Industria Limpia”, concluye la institución europea.

En el informe final de ENTSO-E, los expertos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, sobre el apagón que sufrió España y Portugal el 28 de abril de 2025 reveló que fue provocado por “un aumento rápido y descontrolado de la tensión del sistema y la consecuente pérdida del control de tensión” y concluye que el apagón fue el resultado de múltiples factores interactuantes y una reacción en cadena. El colapso del sistema fue un fallo sistémico impulsado por una combinación de problemas técnicos, operativos y regulatorios, aunque se confirmó que las compañías eléctricas fallaron en el control de la tensión y en la capacidad de respuesta.

Tras el visto bueno de Bruselas, Transición Ecológica ha agradecido a la Comisión Europea “el intenso trabajo realizado para comprobar que la propuesta de Mercado de Capacidad para el sistema eléctrico es acorde con la normativa europea en materia de ayudas de Estado y del mercado interior de la electricidad”.

El departamento de Sara Aagesen subraya que “con el nuevo mercado se conseguirán dos objetivos: asegurar la cobertura de la demanda y ofrecer señales de inversión para que el almacenamiento y la gestión de la demanda se incorporen definitivamente al sistema y se avance ordenadamente hacia una economía neutra en emisiones de carbono”. El ministerio ha avanzado en la tramitación de la propuesta normativa en paralelo a las conversaciones con la Comisión Europea y espera aprobarla durante las próximas semanas.

La patronal eléctrica aelēc ha valorado “muy positivamente” la aprobación del mecanismo por parte de la Comisión Europea, y confía en que se puedan lanzar “cuanto antes las subastas” de capacidad, “tanto a largo plazo” como las de corto. Este visto bueno “supone un paso decisivo para garantizar la seguridad de suministro eléctrico y avanzar en la descarbonización del sistema energético”. “Ahora es prioritario avanzar con la máxima agilidad en la aprobación y desarrollo normativo del mecanismo en España”.

Según la asociación a la que pertenecen Iberdrola y Endesa, “el mecanismo de capacidad constituye una herramienta imprescindible para garantizar que el sistema eléctrico disponga de los recursos firmes, flexibles y gestionables necesarios para acompañar el despliegue masivo de energías renovables y asegurar el suministro en todo momento”.

Y es “especialmente positivo que España cuente ya con luz verde europea para implantar un esquema de pagos por capacidad alineado con el marco comunitario y con los objetivos de transición energética”. “Ahora es prioritario avanzar con la máxima agilidad en la aprobación y desarrollo normativo del mecanismo en España, de forma que pueda entrar en funcionamiento cuanto antes y aportar señales de inversión claras y estables que aseguren el suministro”.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) cierra mayo en el 3,2%, misma cifra que la registrada en abril y dos décimas por debajo del pico de marzo, justo cuando estalló el conflicto en Oriente Medio, a pesar de la incertidumbre por los precios globales de la energía. El dato se conoce cuando apenas quedan unos días para que expire parte de las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno, mientras el Ejecutivo se replantea qué alivios mantener más allá del 30 de junio.

Los datos de la inflación publicados este viernes confirman una cierta estabilización del efecto de la guerra en la economía española que, a diferencia de lo sucedido con la invasión rusa de Ucrania, no se ha trasladado a los precios de la electricidad. Es por esto que a partir del próximo lunes 1 de junio expiran las rebajas del Impuesto Especial sobre la Electricidad y del IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña. El alivio sobre el IVA del carburante, así como el resto de medidas fiscales, seguirán en vigor hasta el 30 de junio.

Sin embargo, el IPC subyacente -que excluye de su cálculo los precios más volátiles de la energía y los alimentos frescos, por lo que los economistas lo consideran la inflación núcleo del sistema productivo- sí repuntó una décima, hasta el 2,9%. Esto implica que ya se estaría recogiendo parte del incremento del precio de los carburantes de manera estructural en el resto de bienes de servicios.

Los alimentos se mantienen estables

De acuerdo con el INE, en la estabilidad del índice general han influido varios factores. Al alza, las categorías de transporte y actividades recreativas, en tanto que sus precios descendieron este mayo menos que el mismo mes del año pasado.

Y a la baja, la caída de los precios del vestido y el calzado, mientras que los alimentos y las bebidas no alcohólicas se han mantenido estables frente a las subidas de precio registradas el año pasado.

Los precios mensuales -es decir, los de mayo sobre los de abril- avanzaron solo una décima. El indicador del IPC armonizado, que es el que utiliza una cesta común de productos y que se emplea para las comparaciones con el resto de países europeos, registró un alza del 3,6%, una décima más que en abril.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía ha subrayado que esta estabilidad en el indicador “confirma que el plan de respuesta del Gobierno está cumpliendo su objetivo principal: amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares”.

La cartera que lidera el vicepresidente Carlos Cuerpo, que esta semana mantuvo una reunión con patronales y sindicatos para valorar el efecto de las medidas desplegadas hasta ahora, asegura que “seguirá monitorizando la evolución de los precios de la mano de los agentes sociales y los sectores más afectados”.

Los calores veraniegos llegan cada vez con más fuerza. Las noches peninsulares superan con frecuencia los 20 °C y los días rebasan los 30 °C, con algunas comunidades rozando incluso los 40 °C. Como todos los años, refrescar hogares y espacios cerrados se convierte en una prioridad para sobrellevar las altas temperaturas. En este contexto, los ventiladores y los aparatos de aire acondicionado vuelven a ser herramientas fundamentales.

Pero, tras largos meses en desuso, es normal que el paso del tiempo se note en estos sistemas de climatización. Estos dispositivos requieren un mantenimiento mínimo y regular para funcionar de manera eficiente a lo largo de su vida útil. Dejar de lado estos cuidados puede reducir progresivamente su rendimiento y aumentar el consumo de energía. Pero, ¿cómo cuidarlos y qué pasos hay que seguir para mantenerlos a punto de cara al verano?

Cómo poner a punto el ventilador en cinco pasos

El primer aparato que conviene revisar es el ventilador, ese viejo aliado —a veces algo ruidoso— que vuelve cada año cuando aprieta el calor y se busca algo de circulación de aire en las habitaciones.

Cómo poner a punto el aire acondicionado en cinco pasos

Pero el mejor aliado para mitigar el calor es, sin duda, un buen sistema de aire acondicionado. La sensación de entrar en un lugar bien refrigerado después de sufrir el calor intenso de la calle es difícil de igualar. Y, por las noches, tras un largo día de bochorno, descansar en una habitación fresca puede marcar la diferencia.

Dedicar unos minutos a revisar ventiladores y aparatos de aire acondicionado antes de la llegada del verano puede ayudar a mejorar su rendimiento, reducir el consumo eléctrico y evitar averías en los meses de más uso. Un mantenimiento básico y periódico no solo alarga la vida útil de estos dispositivos, sino que también permite afrontar las altas temperaturas con mayor comodidad y seguridad dentro de casa.

La Fundación Moeve y el Cabildo de Tenerife, a través del Programa Tenerife Isla Solidaria, celebraron este miércoles el acto de cierre de la última edición de la campaña Pobreza Energética CERO, una iniciativa impulsada por ambas entidades y desarrollada por Asmaer y Provivienda, para mejorar la eficiencia energética y las condiciones de habitabilidad de familias en situación de vulnerabilidad social en la Isla. 

El acto, celebrado en el Centro Insular de Entidades de Voluntariado, sirvió para presentar los principales resultados de la campaña, reconocer el trabajo desarrollado por las entidades del tercer sector participantes y realizar una entrega simbólica de electrodomésticos eficientes vinculados a las actuaciones realizadas durante el proyecto. 

La iniciativa se ha desarrollado a través de un modelo de intervención en dos fases que ha permitido trabajar junto a 13 entidades sociales y llegar a 97 familias de distintos municipios de Tenerife mediante acciones de sensibilización, formación y acompañamiento energético personalizado. La campaña ha reforzado la capacidad de las entidades para detectar situaciones de vulnerabilidad energética y acercar herramientas y medidas de ahorro a familias con dificultades socioeconómicas, mediante asesoramiento, visitas domiciliarias y actuaciones de mejora adaptadas a cada hogar. 

La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, puso en valor durante el acto “el papel fundamental del tercer sector para llegar a muchas familias y detectar situaciones de vulnerabilidad energética desde la cercanía y el acompañamiento cotidiano”, destacando además que la campaña “ha permitido generar una red de colaboración que refuerza la capacidad de respuesta y coordinación entre entidades, administraciones y recursos sociales de la isla”. 

Belén Machado, responsable de Fundación Moeve en Canarias, destacó que “la transición energética solo tiene sentido si va acompañada de justicia social y de una mejora real en la calidad de vida de las personas, además de la medioambiental”. En este sentido, valoró especialmente la importancia del trabajo conjunto entre las administraciones públicas, las entidades sociales y las empresas, subrayando que “cuando todos los actores trabajan de forma coordinada es posible impulsar iniciativas que generan un impacto positivo y llegan de manera directa a las familias que más lo necesitan”. Asimismo señaló que “esta campaña ha permitido, además, aflorar y mejorar la situación, frecuentemente invisibilizada, de muchos hogares tinerfeños vulnerables”.

Formación y acompañamiento para reducir la vulnerabilidad energética

La campaña permitió desarrollar 39 sesiones informativas sobre ahorro y eficiencia energética dirigidas a 97 familias de distintos municipios de Tenerife, gracias al trabajo conjunto entre el Cabildo, Tenerife Isla Solidaria, Fundación Moeve, Provivienda, Asmaer y 13 entidades sociales de la Isla, que abarcan las asociaciones El Carmen se Mueve, Factoría Social, Signo de Vida Tenerife, Acción Social La Roca, ONG Canarias, Instituto Intercultural Canario (INCAN), Vida Con Salud, Cáritas Diocesana de Tenerife, ONG Sonrisas Canarias, Camaleón África, Raíces Compartidas, +Familia y la Fundación Canaria José Luis Montesinos.

Además, se llevó a cabo acompañamiento energético personalizado en 23 hogares de 11 municipios, con visitas domiciliarias, revisión de contratos eléctricos, análisis de hábitos de consumo y actuaciones orientadas a mejorar la eficiencia y habitabilidad de las viviendas.

Entre las medidas desarrolladas destacan la entrega de 23 kits de eficiencia energética, el asesoramiento para el acceso al Bono Social Eléctrico y el suministro de 30 electrodomésticos eficientes para hogares con necesidades prioritarias. Asimismo, la campaña permitió formar a 16 profesionales y personas voluntarias como “agentes energéticos”, reforzando la capacidad de las entidades sociales para detectar y acompañar situaciones de vulnerabilidad energética desde una atención más cercana y continuada.

Continuidad de la campaña

De cara a los próximos meses, las entidades impulsoras de la campaña han avanzado su voluntad de dar continuidad a esta línea de trabajo mediante nuevas acciones centradas en la sostenibilidad y la eficiencia energética en el ámbito comunitario. La propuesta plantea seguir reforzando el acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad, ampliar las actuaciones de mejora en los hogares y continuar formando a profesionales y personas voluntarias para consolidar una red de apoyo cercana y especializada en materia de pobreza energética.

Repsol pondrá en marcha en Puertollano (Ciudad Real) la que será su segunda planta de combustibles 100% renovables en la península ibérica. Este complejo industrial tiene una capacidad para producir 200.000 toneladas al año, que se suman a las 250.000 toneladas anuales de combustibles renovables de la planta de Cartagena.

Con esta nueva unidad, la compañía “avanza en la transformación de sus centros industriales, orientados a una producción basada en la economía circular, capaces de generar productos esenciales para la sociedad con menor huella de carbono”, señalan desde Repsol.

Para desarrollar este proyecto en Puertollano, Repsol ha invertido 130 millones de euros transformando una unidad de refinería que procesaba materia prima de origen fósil en una instalación capaz de utilizar aceite de cocina usado y otros residuos de la industria agroalimentaria.

Las 200.000 toneladas anuales de combustibles de origen orgánico fabricados en esta planta —en este caso, diésel renovable— “pueden utilizarse de forma inmediata en coches, camiones y barcos, aprovechando las infraestructuras de repostaje existentes. Su uso evitará la emisión de 700.000 toneladas de CO2 al año, considerando todo el ciclo de vida del producto, en comparación con los combustibles convencionales a los que sustituyen”, explican.

El director del Complejo Industrial de Repsol en Puertollano, Antonio Lorenzo, ha señalado: “El inicio de la producción de esta planta supone un paso más en la apuesta de Repsol por los combustibles líquidos de origen renovable, así como en la transformación de nuestro complejo, con el objetivo de consolidarse como un centro industrial de referencia en economía circular y en combustibles renovables”.

Este proyecto “es uno de los más ambiciosos desarrollados en los últimos años en el centro industrial de Puertollano y evidencia la apuesta de Repsol por la industria, la generación de empleo de calidad y soluciones que contribuyan a reforzar la independencia energética de España”, ha subrayado Antonio Lorenzo.

Apuesta por la industria

La inversión ha tenido un “importante impacto directo” en el tejido industrial y el empleo local: durante la fase de construcción y puesta en marcha se han movilizado más de 650.000 horas de trabajo, con la participación de unas 80 empresas auxiliares, la mayoría de la comarca, y una presencia media diaria de más de 110 personas, con picos de más de 250 trabajadores.

La integración de la nueva unidad en el esquema productivo del complejo ha sido “uno de los principales logros del proyecto”. Para ello, se han instalado grandes equipos de proceso como reactores diseñados específicamente para este tipo de producción, y se han adaptado servicios auxiliares e infraestructuras logísticas ya existentes.

Además, la nueva unidad utilizará hidrógeno renovable para reducir aún más la huella de CO2 del diésel generado, “hasta en un 98% respecto del combustible de origen mineral”. El hidrógeno renovable se producirá en el complejo industrial sustituyendo el gas natural ‒del que se obtiene el hidrógeno convencional‒ por un gas de origen biológico producido a partir de residuos. Para conseguir esta integración, Repsol ha invertido 16 millones de euros adicionales.

Combustibles renovables, una apuesta estratégica de Repsol

Los combustibles renovables son uno de los pilares de la estrategia multienergética de Repsol para descarbonizar la movilidad. Pueden utilizarse directamente en los motores actuales, sin necesidad de realizar modificaciones en los vehículos ni en las infraestructuras de distribución y repostaje.

Repsol ya comercializa su Diésel Nexa origen 100% renovable en más de 1.600 estaciones de servicio de España y Portugal, y continúa ampliando esta red para facilitar el acceso a soluciones de movilidad con menor huella de carbono.

Además, la compañía produce en el Complejo Industrial de Puertollano biojet o combustible sostenible de aviación (SAF) a partir de residuos orgánicos, que se distribuye a las principales aerolíneas y contribuye a la descarbonización de un sector clave como el transporte aéreo.

Proyectos únicos en España

En los últimos cinco años Repsol ha invertido en Puertollano cerca de 800 millones de euros en proyectos de transformación y de futuro, “que van a permitir incrementar la competitividad y la apertura de nuevos mercados del complejo industrial”, exponen.

Entre los proyectos desplegados en este centro, destaca la instalación de una planta única en la península ibérica para fabricar polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE, por sus siglas en inglés), un denominado “superpolímero” por sus propiedades de alta resistencia, comparables a las del acero y que se utiliza para la fabricación de prótesis médicas o textiles para defensa. Se espera que esta nueva planta entre en operación en las próximas semanas.

A estos proyectos se suman otros desarrollos industriales que ya están permitiendo fabricar productos de alto valor añadido y reforzar la competitividad del centro, como la gama de materiales plásticos reciclados Reciclex o la producción de poliol reciclado a partir de espumas de colchón, una instalación equipada con tecnología única en España.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este martes que “está investigando posibles prácticas anticompetitivas en los mercados energéticos en España”. Estas prácticas “consistirían en la aplicación de precios excesivos y en la negativa de acceso a infraestructuras energéticas”. El organismo no detalla qué actividad está investigando.

En un comunicado, la CNMC explica que la semana pasada, entre los días 18 y 21 de mayo, “realizó una inspección en la sede de una empresa del sector energético en el marco de una información reservada abierta tras la investigación preliminar iniciada de oficio por la Dirección de Competencia”.

“En caso de confirmarse la existencia de prácticas anticompetitivas en estos mercados, constituirían una infracción del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.

Las inspecciones “son un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de la entidad”.

“Si como resultado de la inspección se encontrasen indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia y por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se procederá a la incoación formal de un expediente sancionador”.

La CNMC recuerda que las prácticas de abuso de posición de dominio constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.

Podemos Cantabria ha elaborado un plan energético integral para transformar el modelo energético de la comunidad autónoma mediante las energías renovables, la gestión pública y la participación ciudadana.

Según las estimaciones recogidas en el documento, las medidas permitirían reducir entre 10.000 y 15.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año y generar un importante volumen de empleo local ligado a la instalación, mantenimiento y monitorización de infraestructuras energéticas.

La iniciativa nace con el objetivo de convertir a Cantabria en una región “energéticamente autosuficiente, sostenible y resiliente” frente a las crisis energéticas y climáticas, impulsando al mismo tiempo la creación de empleo verde y la reducción de la factura energética de familias, autónomos y pequeñas empresas.

“Cantabria no puede seguir dependiendo de un modelo energético basado en combustibles fósiles y redes saturadas. Es el momento de apostar por una energía pública, renovable y cercana a la ciudadanía”, ha sostenido la formación en nota de prensa.

El documento plantea un diagnóstico de la situación actual, marcada “por una dependencia energética exterior y por las limitaciones de la red eléctrica en determinados puntos del territorio”. Frente a ello, Podemos propone un modelo descentralizado basado en la generación local y el autoconsumo.

Entre las principales medidas del plan, destacan la instalación de paneles solares en colegios, centros de salud y edificios públicos; la creación de comunidades energéticas locales gestionadas junto a los ayuntamientos; y la rehabilitación de microcentrales hidráulicas en azudes existentes para evitar nuevos impactos ambientales.

También apuesta por ayudas públicas de hasta el 80% para instalaciones fotovoltaicas, sistemas de aerotermia y rehabilitación energética de viviendas; l impulso de la agrovoltaica y la electrificación del sector primario; y la descarbonización progresiva de los sistemas de calefacción y del transporte.

El plan contempla beneficiar potencialmente a “decenas de miles” de hogares y negocios en Cantabria, además de impulsar proyectos estratégicos en el ámbito rural y educativo.

Empresa pública energética

Podemos Cantabria también defiende la creación de una empresa pública energética que permita gestionar infraestructuras estratégicas y reinvertir los beneficios en nuevas instalaciones y comunidades energéticas.

La propuesta prevé distintas fases de implantación durante los próximos tres años, comenzando por proyectos piloto en colegios y pequeñas instalaciones hidráulicas, y financiación de fondos europeos y pública sostenible, así como programas de transición ecológica.

Con este plan, Podemos Cantabria busca abrir un debate público sobre el modelo energético de la comunidad y “situar la sostenibilidad, la justicia social y la soberanía energética en el centro de la agenda política regional”.

El Gobierno vasco espera tener antes de que finalice el mes de junio las conclusiones de un estudio para determinar si es rentable o no abordar la construcción de un hidroducto que conecte la red de hidrógeno prevista en Euskadi con Francia a través del gaseoducto de Irún. El Ejecutivo ha encargado a través del Ente Vasco de la Energía (EVE) el estudio a las consultoras Team y Tecnalia, que analizarán si se dan las condiciones técnicas para la construcción del hidroducto analizando el potencial mercado transpirenaico de hidrógeno.

“Una vez se determinen las fechas concretas de desarrollo de la conexión de hidrógeno se abordará la capilarización de la red troncal para dar servicio a aquellos usuarios y consumidores que tengan interés”, señala el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, en una respuesta remitida al Parlamento Vasco.

El estudio pretende analizar si existen argumentos técnicos y económicos sólidos que justifiquen impulsar una conexión transpirenaica de hidrógeno a través de Irún. El hidrógeno verde es una apuesta clara de la estrategia energética del Gobierno vasco, pero de momento es una fuente de energía incipiente y totalmente en fase de desarrollo. Por eso, con este estudio se pretende caracterizar el potencial de producción y consumo de hidrógeno en ambos lados de la frontera, y así evaluar el interés real y la viabilidad de dicha infraestructura. Es decir, se identificará a los actores clave del sector industrial y energético ubicados en la zona de interés y se mostrará la potencial demanda y oferta de hidrógeno, así como se aportará información relevante para la toma de decisiones en cuanto a las conexiones transpirenaicas de hidrógeno con foco en la conexión por Irún.

El Gobierno vasco ha trasladado al Parlamento Vasco que espera tener las conclusiones del estudio ante de que acabe el primer semestre del año en respuesta a una pregunta parlamentaria de PP. Esta infraestructura se enmarca en el proyecto liderado por Enagás que contempla una inversión de 400 millones de euros en suelo vasco y la construcción de 163 kilómetros de tubería. La parlamentaria Muriel Larrea considera que, aunque “la dimensión internacional y la capacidad de exportación son fundamentales para el posicionamiento de Euskadi como hub energético, es imperativo garantizar que esta infraestructura no sea solo una vía de tránsito, sino un motor de competitividad para el tejido industrial local, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las zonas rurales por las que transcurre el trazado”.

Por eso, cuestiona al consejero Jáuregi sobre los “mecanismos de apoyo o cláusulas de fomento se están negociando con Enagás para asegurar que la inversión de 400 millones de euros en Euskadi priorice la contratación de ingenierías, constructoras y proveedores de servicios radicados en el territorio vasco”. También pregunta por las gestiones en Europa para que se considere una conexión prioritaria y se adelanten los plazos, ya que no está previsto esta conexión antes la década de 2040, o las medidas a tomar para que la obra y toda la apuesta por el hidrógeno genere empleo en Euskadi.

Jauregi no da muchos detalles en su respuesta más allá de señalar que se mantienen “conversaciones recurrentemente con los promotores de las diferentes Infraestructuras energéticas donde, entre otras cuestiones, el gobierno refuerza el posicionamiento de la industria vasca en el desarrollo de las mismas” y que el Ejecutivo defiende el valor e interés estratégico de la conexión de la interconexión de hidrógeno por Irún en todos aquellos foros en los que participa en Euskadi, a nivel de Estado y también internacional“. Señala como ejemplo en este sentido, el proyecto europeo Phyrene de colaboración transfronteriza en materia de hidrógeno, en el que participan, entre otras, las regiones francesas de Nouvelle-Aquitaine y Occitanie.

En lo que se refiere al empleo relacionado con el hidrógeno, indica que se están lanzando “diferentes iniciativas de formación y capacitación que se irán reforzando con la penetración del hidrógeno en diferentes ámbitos de actividad. En este sentido, el hidrógeno se ha integrado en la formación reglada de FP mediante nuevas asignaturas y materiales didácticos. Y también se debe remarcar la colaboración entre la viceconsejería de Formación Profesional y el Corredor Vasco del Hidrógeno, asociación público-privada donde participan más de 70 instituciones, empresas y centros tecnológicos de Euskadi”.

La red troncal de distribución de hidrógeno verde, que se presentó el pasado mes de noviembre movilizará en Euskadi entre 350 millones y 400 millones de inversión en su primera fase, y afectará a 50 municipios vascos, uno de cada cinco. En total, serán 163 kilómetros repartidos en dos tramos conectados con el resto del eje de la cornisa cantábrica: el Reocín-Arrigoriaga, con alrededor de 38 km en territorio vasco; y el Arrigoriaga-Haro, con aproximadamente 125 km, que convertirá a Euskadi en un centro neurálgico del mercado del hidrógeno, con un potencial nodo de agregación en la proximidad de Bilbao y Vitoria, donde se agrupan futuros proyectos de producción y consumo, relacionados con el ámbito industrial. En esta primera fase está previsto que arranquen las obras en 2028 y que esté ultimada en 2030, para arrancar después las redes de hidroductos que conectarán con el valle de Ayala y sus industrias, y la conexión de Bergara-Irún y después con Francia, sobre la que se está haciendo ahora este estudio de mercado. En principio, el 80% de la red de hidroaductos en Euskadi discurrirá por el subsuelo de forma paralela a la de los conductos del gas, de Enagás, lo que minimiza el impacto ambiental.

El presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde, ha alertado de que el proyecto Altamira, para habilitar el centro de datos más grande del norte de España, ubicado entre Piélagos y Villaescusa, “está en juego”, así como también la inversión privada de 3.600 millones de euros que conlleva, las más elevada en la historia de la región, por la “falta de energía” necesaria para su ejecución, ha cuestionado.

En la asamblea anual de la confederación de los empresarios cántabros, Conde ha advertido de que se trata de “un riesgo que no podemos permitirnos, y menos por decisiones políticas”, ha avisado Conde durante su intervención, en la que se han abordado diferentes retos, entre ellos la energía y la competitividad industrial, pero también la simplicación administrativa, el absentismo laboral o la fiscalidad.

En el ámbito de la energía y la competitividad industrial, analizado tanto en clave regional como nacional, el jefe de la patronal se ha referido especialmente al proyecto Altamira, que estima la generación de más de 1.500 empleos indirectos en la fase de construcción y de 1.450 en la etapa operativa, según las previsiones empresariales.

Teniendo en cuenta el impacto económico y sobre el empleo, CEOE Cantabria se ha erigido también como “portavoz” de la demanda energética, ya realizada por el Gobierno regional, y urge así al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Democrático (MITECO) la inclusión “prioritaria” de la comunidad autónoma en la ampliación de la red de transporte energético en el horizonte 2030.

“No se trata solo de alimentar este proyecto tecnológico, es toda una apuesta por la cohesión territorial, la soberanía digital de España y un desarrollo sostenible alineado con el futuro”, ha defendido Conde.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pedido a España que mantenga la senda de saneamiento de las cuentas públicas y ha señalado que el Gobierno debería empezar por retirar las medidas de apoyo aprobadas por la guerra en Irán, debido a su elevado coste fiscal, y que solo en el caso de que se materialice el peor de los escenarios bélicos las mantenga. Eso sí, focalizadas en los colectivos más vulnerables y sin que distorsionen los precios energéticos.

La institución con sede en Washington ha publicado este viernes las principales conclusiones de su evaluación sobre la economía española, para la que prevén un “sólido crecimiento” este año “a pesar del impacto adverso de la guerra en Oriente Medio”. Las previsiones publicadas este viernes mantienen la actualización que hizo el FMI en marzo, proyectando un avance del producto interior bruto (PIB) del 2,1% este año y del 1,8% en 2027.

Los economistas de la institución reconocen que el crecimiento económico español ha sobrepasado el de la zona euro y que su crecimiento a corto plazo será “resiliente”, aunque se moderará por el envejecimiento de la población. La inmigración y la fortaleza del mercado laboral han sido claves para este crecimiento, ambas cuestiones se mantendrán en los próximos años aunque irán moderándose, consideran.

El FMI destaca el impacto positivo que ha tenido el despliegue de las renovables a la hora de frenar los efectos de la subida de los precios energéticos, la inflación, que ya estaba siendo demasiado “pegajosa” antes del conflicto“, se disparará hasta el 3% hacia finales de año y no se moderará hasta el entorno del 2,2% hasta el que viene.

Predominan los riesgos a la baja en las previsiones, fundamentalmente arrastrados por la guerra en Irán y la duración del conflicto, por lo que insisten en “la importancia de recuperar el espacio fiscal y de impulsar reformas estructurales que aseguren un crecimiento sostenible”.

En este sentido, el primer paso es la reducción progresiva de las ayudas energéticas aprobadas recientemente -es decir, las rebajas al IVA de los carburantes, fundamentalmente, ya que las de la luz y el gas finalizarán el 31 de mayo- y solo deben mantenerse en el peor de los escenarios posibles, en cuyo caso deberían ser “focalizadas y que no distorsionen las señales de los precios de la energía”.

Reclama una acción decidida en el mercado de la vivienda

El FMI enfatiza en la reconstrucción de ese colchón fiscal por las presiones de gasto que supondrá el envejecimiento de la población. De hecho, recomiendan abordar una reforma del sistema de pensiones como una manera de controlar las cuentas públicas. También recuperan algunas de sus recetas habituales, como la armonización de los tipos del IVA -es decir, la eliminación de los tipos superreducido y reducido- al tiempo que se protege a los hogares más vulnerables.

Dada la importancia de la “credibilidad y la disciplina fiscal”, el Consejo de Directores del organismo reclaman una “estrategia fiscal a medio plazo completamente desarrollada, reforzar el rol del consejo fiscal independiente [la AIReF] y alinear las reglas fiscales subnacionales con el marco fiscal europeo”.

El FMI llama la atención también sobre la situación del mercado de la vivienda y los problemas de acceso, para lo que exigen una “acción más decisiva para impulsar la oferta de casas”, incluyendo desarrollos urbanos más rápidos, la reducción de la incertidumbre legal y una aceleración de los procedimientos legales de la construcción. En cuanto a la vertiente financiera del sector, para evitar los riesgos sistémicos recomiendan introducir medidas focalizadas en los solicitantes de hipotecas “al menos como una guía supervisora” ya en el próximo año.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía que lidera el vicepresidente Carlos Cuerpo subraya que las previsiones del FMI y las publicadas ayer por la Comisión Europea “coinciden en que España afronta el shock por la guerra en Oriente Medio desde una posición de fortaleza”, con tasas de paro proyectadas por debajo del 10% y el “escudo renovable” permitiendo. precios industriales de la energía más bajos que en otras grandes economías de la zona del euro.

Un alto cargo del Parlamento iraní anunció este sábado que el país ha diseñado un nuevo mecanismo para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, basado en una ruta específica para buques comerciales y países que cooperen con Teherán, así como en el cobro de peajes.

“Irán, en el marco de su soberanía nacional y de la garantía de la seguridad del comercio internacional, ha preparado un mecanismo profesional para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz a lo largo de una ruta designada”, afirmó en X el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi.

El diputado explicó que, en este proceso, solo se beneficiarán de este mecanismo los buques comerciales y las partes que cooperen con Irán y que “se cobrarán las tarifas necesarias por los servicios especializados prestados en el marco de este mecanismo”.

Azizi sostuvo que el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo y del gas natural licuado comercializados en el mundo, “permanecerá cerrado a los operadores del llamado Proyecto Libertad”, lanzado por Estados Unidos el 4 de mayo para escoltar a los buques varados a través del estrecho debido al bloqueo iraní impuesto desde los primeros días de la guerra.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, suspendió la operación al día siguiente para dar margen a las negociaciones de paz con Teherán, estancadas por el momento, después de que Washington tachara de “basura” la última propuesta iraní.

La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní aprobó ya a finales de marzo un proyecto de ley que establece el pago de peajes en el estrecho de Ormuz, el cual aún debe ser debatido y sometido a votación en la cámara.

A pesar de que la ley todavía no ha sido aprobada por el pleno del Legislativo, el Banco Central del país anunció a finales de abril que ya estaba recibiendo pagos de buques por transitar por Ormuz.

Estados Unidos, por su parte, mantiene un cerco naval sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril en respuesta al bloqueo de Teherán en Ormuz.

Recuerdo cuando mi novio me llevó al cine a ver el estreno de Mad Max. Doy detalles para localizar la información de forma temporal, es decir, en el siglo pasado y el milenio pasado. Nunca habría imaginado que íbamos a vislumbrar un panorama tan similar y próximo, sin petróleo y sin gas, y con un helicóptero a pedales, jugándonos la vida por una lata de gasolina. De momento, ya hay varias medidas legislativas y algún aviso a navegantes –no solo a los del Estrecho de Ormuz– que nos hacen pensar en volver a encender la chimenea de leña. Si nos dejan, porque los controles de emisión son muy estrictos en la Unión Europea.

Pero como vamos de cara al verano, no es esa nuestra máxima preocupación, pese a que el Gobierno ya ha anunciado que en junio subirá el IVA al 21% en nuestro recibo de luz y gas. Lo que debe preocuparnos más si cabe es que nos van a cambiar las reglas del juego en mitad de la partida. Y esta vez bajo la batuta de la Unión Europea. La Comisión lleva avisando al Gobierno de Pedro Sánchez para que termine con el mercado regulado eléctrico, que reduce la factura de la luz entre un 40% y un 60%.

Mi suegra está asustada desde que lo leyó en su boletín de noticias online. Se cambió hace poco y pasó de pagar 200 euros en el mercado libre a pagar 60 euros al mes con los precios de la tarifa regulada por el Gobierno. De seguir esta recomendación, la situación se podría revertir para millones de hogares españoles, en concreto, un 29% de los consumidores. Bruselas quiere que este precio regulado por el Estado sea solo residual, como un bono social eléctrico, y solo para personas en situación de vulnerabilidad.

La Comisión Europa está forzando a España, con la excusa de la guerra y la escasez energética, a que los consumidores pasemos obligatoriamente al mercado libre para que las compañías puedan fijar los precios de un bien esencial, como es el de la luz, sin la intervención del Estado. Porque se autorregula mejor y no distorsiona el mercado de la competencia –eterno debate entre los economistas–, ha dicho. Y “para evitar apagones”, ha amenazado.

España se resiste y la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ya ha demostrado su rebeldía confirmando explícitamente ante la Unión Europea que “el mercado regulado no desaparece y que no hay ninguna previsión de eliminar la tarifa regulada (PVPC)”. De hecho, el BOE publicó en febrero un nuevo Reglamento de Suministro en el que sigue manteniéndose esta tarifa, aunque con incrementos. La Comisión insiste y le ha exigido formalmente a España que presente una hoja de ruta detallada, antes de que finalice este año, para eliminar progresivamente el precio regulado. El Gobierno ya maneja plazos. Entre 2027 y 2028, habrá una retirada gradual de la tarifa regulada estándar para consumidores domésticos con potencias contratadas superiores a los 5 KW, obligándoles a migrar al mercado libre.

España no es la única que sufre esta presión, ya que tampoco es la única con mercado eléctrico regulado. Francia ha conseguido una condicionalidad excepcional, con la excusa de que es prácticamente un monopolio al basarse principalmente en la energía nuclear. Portugal, Italia, Polonia y Rumania también han recibido la carta por la que la Comisión demanda que la luz se regule en el mercado libre.

Lo explica en el reciente documento AccelerateEU para la resiliencia energética del Continente. Dice que se reducirá el coste energético para el ciudadano a través de la libre competencia. Ello va acompañado de una aceleración en la transición energética a las renovables, que también pasa por eliminar el gas natural de los hogares dentro de diez años. El lema es “Más energía limpia de cosecha propia”. En nuestro caso, el sol.

Claro que habrá que tener en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas Europeo, cuando advierte de que Europa no tiene suficientes materias primas ni capacidad de procesamiento para la fabricación masiva de placas solares. De hecho, en este momento sufrimos un riesgo crítico de suministro, dependiendo principalmente de China para más del 80% de sus elementos fundamentales.

Este plan, por necesidad existencial, va de la mano de otros. El más importante es la hoja de ruta RePowerEU, que desde 2022 se propone desconectarnos totalmente del gas ruso, o al menos de su compra directa a Rusia, ya que seguimos comprándoselo a otros países más o menos amigos. Más caro. También va acompañado de otras recomendaciones recientes, como el uso del transporte público, la promoción de los viajes de larga distancia en tren y la vuelta al teletrabajo, al menos dos días a la semana.

Estas prisas vienen a cuento del bloqueo del estrecho de Ormuz, la renuncia de la UE a comprar gas ruso y el control energético mundial que pretende el presidente estadounidense Donald Trump. “En vista de las realidades geopolíticas del conflicto en Oriente Medio”, se justifica el documento. Ya lo dijo nuestra presidenta, Ursula von der Leyen: “La energía más barata es la que no utilizamos”. ¿Pero quiénes? Nosotros, los Gamma.