El impuesto temporal sobre las compañías energéticas que la Unión Europea adoptó durante la crisis energética de 2022, y que en España estuvo en vigor hasta 2024, es acorde con la legislación comunitaria, según las conclusiones presentadas este jueves por el abogado general de Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE) Athanasios Rantos.

Aunque no se trata de una opinión vinculante de cara a la futura sentencia, sus dictámenes suelen coincidir con el fallo final. El abogado general respalda así dicho gravamen, que estuvo vigente sólo dos ejercicios (2022 y 2023) a escala europea frente a las dudas planteadas por los Tribunales Constitucionales de Italia y Bélgica, y por el Tribunal Superior de Irlanda, informa EFE.

Estas conclusiones llegan en un momento marcado por el incremento de los precios energéticos, especialmente del petróleo y el diésel, en el que países como España y Alemania han reclamado impulsar un impuesto similar sobre los beneficios extraordinarios de las petroleras, algo a lo que se niega la Comisión Europea.

La “contribución solidaria temporal” de 2022 gravaba a empresas de los sectores del petróleo, el gas natural, el carbón y la refinería, siempre que sus beneficios extraordinarios superasen en un 20% la media de los beneficios imponibles en los cuatro ejercicios anteriores.

Avala el instrumento por ser “urgente, temporal y proporcionado”

En primer lugar, el letrado avala la base legal del impuesto, un instrumento para situaciones de emergencia que permitió que fuera aprobado por mayoría cualificada y no por unanimidad, como se exige normalmente a todas las medidas fiscales que adopta la UE.

En concreto, considera que el gravamen era efectivamente una medida “urgente, temporal y proporcionada” que perseguía “mitigar los efectos de la crisis energética para las empresas y los consumidores, mediante un esfuerzo coordinado de los Estados miembros, de acuerdo con el principio de solidaridad”.

Este carácter “excepcional y temporal” excluye que el impuesto “pueda calificarse de medida retroactiva o contraria a los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima”, según el abogado general, quien añade que tampoco “pone en tela de juicio el derecho de propiedad ni la libertad de emprendimiento”.

Por otro lado, señala que la medida no impedía a los países ampliar el gravamen a entidades que habían obtenido beneficios energéticos excepcionales debido a las particularidades de su mercado de la energía, siempre que “la carga global y los objetivos de las medidas nacionales sigan siendo equivalentes a los de la normativa europea”.

En este sentido, añade que el hecho de que algunas de estas entidades estuvieran también sujetas a un mecanismo que limita los ingresos no constituía “un obstáculo para la aplicación de la contribución solidaria temporal”.

Por último, descarta la existencia de una “diferencia de trato selectiva” porque la aplicación del impuesto estaba limitada a determinados operadores en función de “criterios objetivos” y estaba dirigida a las empresas “más importantes en términos de cuota de mercado”.

Las alegaciones presentadas por Extremadura a la Planificación Eléctrica con Horizonte 2030 han logrado la inclusión de varias inversiones energéticas fundamentales para el desarrollo industrial y urbano de la región. Entre las infraestructuras aprobadas destacan una nueva subestación en Expacio Navalmoral diseñada para suministrar energía a la fábrica de baterías de litio y a otros proyectos adyacentes, y otra instalación en Trujillo para atender el crecimiento industrial comarcal previsto para la próxima década, además de una solución eléctrica para desbloquear la construcción de nuevas viviendas en Badajoz.

Así se ha ratificado este lunes tras la reunión mantenida entre la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, y el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, en la que se han analizado las modificaciones incorporadas a la propuesta inicial del Gobierno central.

En el paquete de medidas aprobado se han sumado también nuevas posiciones en la subestación de Don Álvaro, que beneficiará de forma directa a la fábrica de cátodos proyectada en Mérida, y en la de Cañaveral, así como la repotenciación de diversos tendidos para elevar la capacidad de la red. Estas actuaciones amplían las concesiones obtenidas tras el encuentro de septiembre de 2025, entre las que figuraba la nueva subestación de Los Santos de Maimona y el incremento de potencia en otros puntos de la comunidad.

En el ámbito residencial, la planificación atenderá la demanda urbanística de la capital pacense tras aceptarse la alegación de la Junta de Extremadura. Esto permitirá realizar las inversiones necesarias para construir nuevas viviendas y dotarlas de suministro mediante una posición adicional de apoyo y distribución en la subestación de Río Caya.

A pesar de estos avances, la consejera Mercedes Morán ha trasladado una “sensación agridulce” tras la reunión. Aunque ha valorado positivamente que se haya atendido un número importante de peticiones, ha advertido de que la planificación actual no asigna la potencia suficiente para posibilitar el despliegue de varios proyectos de centros de datos en la región.

Morán ha afirmado que responder a estas demandas es de “justicia” con el territorio, subrayando que “no tiene sentido ser un territorio gran productor de energía y no tener la potencia suficiente para sus proyectos”. Ante esta situación, ha instado al Ministerio a replantear la capacidad asignada y ha asegurado que el Ejecutivo regional seguirá reivindicando la potencia necesaria para los centros de datos.

Enagás obtuvo un beneficio neto de 204,1 millones de euros hasta septiembre, un 22,3% menos que en el mismo periodo de 2025, cuando registró ingresos extraordinarios por diversas operaciones, aunque en línea con los objetivos establecidos para 2026 por el operador del sistema gasista y dueño de la red de gasoductos y la mayoría de regasificadoras.

Los resultados en los nueve primeros meses del año “están totalmente en línea para cumplir el objetivo anual”, señala el grupo, aunque es inferior a los 262,8 millones del mismo periodo de 2025, que incluyó las plusvalías de las ventas de Soto la Marina y de Sercomgas y la plusvalía contable neta de Gasoducto Sur Peruano (GSP). Hasta septiembre el beneficio recurrente después de impuestos fue de 195,8 millones.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) en los nueve primeros meses de 2026 se situó en los 491,5 millones, un 2,9% inferior a los 505,9 millones registrados en el mismo periodo de 2025, debido, principalmente, al marco regulatorio 2021-2026 sobre los ingresos regulados de la compañía, que supuso un impacto de 45,1 millones, parcialmente compensado por la aportación al Ebitda de los nuevos negocios, como la entrada en operación del buque Alisios (+5,4 millones) y el efecto de la consolidación de la compañía de fibra óptica Axent (+5,9 millones).

Por su parte, las sociedades participadas aportaron 145,8 millones de euros al Ebitda, lo que representa un incremento de 28,1 millones respecto al mismo periodo de 2025, impulsado principalmente por la ampliación de capacidad de TAP y la adquisición del 31,5% de la francesa Teréga, completada el pasado mes de julio.

De esta manera, Enagás enfila su objetivo anual de un beneficio neto recurrente de 235 millones al final del ejercicio y un Ebitda de 620 millones (que no incluía la contribución de rotación de activos), teniendo en cuenta la calendarización de gastos esperada y el hecho de que los ingresos regulados por 'copex' se reconocen mayoritariamente en el último trimestre del ejercicio.

Los fondos procedentes de operaciones (FFO) a 30 de septiembre de 2026 del operador de la red gasista española se situaron en 439 millones, incluyendo 127,1 millones de dividendos de filiales.

Mientras, la deuda neta a cierre de los nueve primeros meses ascendía a 2.979 millones, incluyendo la financiación de la inversión en Teréga. El coste financiero de la deuda bruta mejoró del 2,2%, a 30 de septiembre de 2025, al 2,1% a 30 de septiembre de 2026.

San Mateo de Gállego, cerca de Zaragoza, puede ser destino de hasta dos centros de datos. Al campus que Amazon Web Services tramita en los terrenos de la frustrada urbanización de Martinsa-Fadesa, se une el que promueve Copiapo Renovables, que ya analiza el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Prevé alcanzar 570 megavatios en diez años, pero por ahora solo tiene asegurados 90, y ni sumando las peticiones pendientes ante Red Eléctrica llegaría a esa cifra. Tampoco concreta cuánta agua consumirá: el documento de inicio sometido a consultas previas plantea una captación en el río Gállego, pero solo cuantifica la demanda de la primera fase y deja la tecnología de refrigeración en manos de “los futuros clientes”.

El proyecto no es nuevo. Es el campus de centro de datos que Vantage Data Centers y un socio local, Desarrollos Ecoindustriales La Cartuja, planeaban en Villanueva de Gállego, junto a la Universidad San Jorge. El Gobierno de Aragón lo declaró de interés autonómico en septiembre de 2025 y lo presentó como una inversión de 3.200 millones de euros. En julio, los promotores renunciaron a aquellos suelos y empezaron a buscar un nuevo emplazamiento.

Desarrollos Ecoindustriales La Cartuja nació de la alianza de los grupos Atalaya, Posidonia y Aptimus. El Registro Mercantil sitúa a Atalaya Generación Eólica y Posidonia Inversiones en su consejo de administración, junto a los empresarios Pedro Machín y Emilio Garcés. El documento de San Mateo presenta a Copiapo como fruto de la alianza de Atalaya y Posidonia.

La energía también coincide. Villanueva iba a arrancar con 90 MW de la red de Endesa y dependía de otros 300 MW en las subestaciones de alta tensión de Villanueva y Peñaflor. San Mateo parte exactamente de los mismos 90 MW y las mismas peticiones a Red Eléctrica.

Siete edificios hasta 2035

El plan ocupa 122,1 hectáreas al sur del polígono industrial Río Gállego, junto a la carretera que une San Mateo con Zaragoza, a 1,7 kilómetros del casco urbano. Prevé siete edificios de una planta en cuatro fases. La primera, con un edificio de 90 MW, se completaría en 2029; la segunda llevaría el campus a 240 MW, la tercera a 420 y la cuarta a 570 ya en el año 2035. Según el documento, el campus está diseñado para “centros de datos de hiperescala y de IA de alta densidad”.

Lo único asegurado son dos permisos de acceso a la red de distribución de Endesa: 80 MW en la subestación de Peñaflor, en Villamayor de Gállego –que caduca si en 2029 no se ha formalizado el acceso a la red–, y 10 MW en la de Villanueva de Gállego. Mientras, las dos peticiones de 150 MW a Red Eléctrica dependen de que el Ministerio para la Transición Ecológica convoque los concursos de capacidad en los nudos saturados del entorno de Zaragoza. Amazon Web Services, Microsoft o Azora, entre otros promotores, compiten por esa misma capacidad.

Aunque Red Eléctrica atendiera todo lo pedido, el campus sumaría 390 MW, con lo que faltarían 180 para el objetivo, y el documento no dice de dónde saldrían. Solo apunta que, “en función de la disponibilidad de capacidad derivada de la planificación de la red de transporte”, se “podrán solicitar nuevos permisos”. El calendario de las tres últimas fases se apoya así en una potencia que hoy no figura en ninguna tramitación. El propio promotor admite que ese calendario “dependerá de numerosos factores, entre ellos de la futura asignación de potencia y de la demanda de los clientes finales”.

Cada edificio contará además con generadores de emergencia para soportar toda su carga crítica, con entre 60 y 95 MW de generación de reserva por edificio. Por ese volumen de combustión, el documento reconoce que el campus necesitará Autorización Ambiental Integrada y una evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Agua: una cifra para la primera fase

El agua de refrigeración se tomará del río Gállego. Se almacenará en una balsa de 2,3 hectáreas en San Mateo y se bombeará hasta el campus por una conducción de unos 900 metros. El documento solo da un consumo: 225 metros cúbicos diarios para los 90 MW de la primera fase, con una ratio de 2,5 metros cúbicos por megavatio y día. No ofrece ninguna cifra para el campus completo ni concreta el volumen anual que se pretende derivar del río.

Con la misma ratio, los 570 MW consumirían unos 1.425 metros cúbicos diarios, cerca de 520.000 al año, según un cálculo de este medio que no figura en el expediente. Es el equivalente al consumo doméstico de unas 11.400 personas, más del triple de la población actual de San Mateo de Gállego.

La cifra final dependerá de una decisión que el promotor aún no ha tomado. Según el documento, la disipación de calor “podrá realizarse mediante tecnologías de refrigeración seca, híbrida o evaporativa, en función de los requisitos operativos de los futuros clientes”, y el consumo “podría ser considerablemente menor” si se opta por la refrigeración seca.

“Area crítica de cernícalo primilla”

De las 122,1 hectáreas, 34,4 son del Ayuntamiento de San Mateo y 84,3 pertenecen a Nivalia Hispania, una sociedad administrada por la gestora zaragozana LMT Asset Management, según el Registro Mercantil. Las líneas eléctricas soterradas hasta Peñaflor y Villanueva, de 11,5 y 13,3 kilómetros, y los trazados de fibra óptica atraviesan también los términos de Villanueva, Zaragoza, Zuera y Villamayor de Gállego. Una de las zanjas cruza la Zona de Especial Conservación del Bajo Gállego, y el documento reconoce que el recinto queda “íntegramente dentro de un área crítica de cernícalo primilla”.

El análisis de alternativas compara el emplazamiento elegido con dos parcelas en Zuera. No menciona el de Villanueva, donde el proyecto llegó a someter su evaluación ambiental a información pública.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado en la red social de su propiedad Truth Social que, con efecto inmediato, entrará en vigor un “alto el fuego energético” en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Según Trump tanto las autoridades rusas como las ucranianas habrían aceptado el cese de ataques contra infraestructuras energéticas de su enemigo y les ha pedido que “no lo rompan”. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha declarado sentirse “sorprendido” por el anuncio del presidente de Estados Unidos.

La Casa Blanca tampoco ha detallado si Trump ha hablado por teléfono con sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, antes de realizar el anuncio, que llega un día después de que el presidente estadounidense cargara contra Zelenski por autorizar los ataques ucranianos de las últimas semanas sobre refinerías rusas y asegurase que “ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente”.

El presidente ucraniano, Zelenski, ha publicado en sus redes sociales que acaba de mantener conversaciones con el primer ministro canadiense, Mark Carney, el presidente de Finlandia, Alex Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en las que han tratado “el alto el fuego energético” anunciado por Trump.

“Ucrania apoya el alto el fuego y es importante que Rusia lo apoye también. Estamos esperando detalles de la parte americana”, ha detallado Zelenski, quien ha agregado que, por su parte, “Ucrania siempre apoya completamente los pasos hacia la desescalada, la protección de vidas y las decisiones necesarias para acabar con la guerra y garantizar una paz duradera”.

Precisamente este domingo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, había abierto la posibilidad de un cese de sus ataques contra infraestructura energética y especialmente petrolífera en Rusia si el país vecino aceptase una tregua de 60 días.

“Es posible detener los ataques contra la infraestructura energética hoy mismo pero Putin no quiere hacerlo. Ucrania estará dispuesta a dejar de atacar las refinerías de petróleo rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética. Cualquier medida de desescalada debe ser recíproca y estar respaldada por garantías reales”, dijo Zelenski en sus redes sociales.

Zelenski insistió en esta idea en una entrevista este domingo con la cadena de televisión estadounidense ABC: “Se lo dije al presidente Trump, a su equipo y a su gente varias veces: queremos la paz, estamos listos para un alto el fuego, estamos listos para comenzar con cualquier tipo de medidas de desescalada”, afirmó en el programa 'This Week'. “Y si los rusos quieren que no ataquemos su diésel, sus refinerías, etc., le pedimos al presidente Trump que les dé la señal de que no ataquen la infraestructura energética de Ucrania”.

Añadió que Ucrania está incluso dispuesta a organizar elecciones si Rusia respeta este hipotético alto el fuego de dos meses: “No nos ataquen. No maten a nuestros hijos. Dejaremos de atacar su diésel. Y creo que es un trato justo”.

A última hora del viernes, el presidente de Estados Unidos anunciaba un acuerdo con Rusia para la exportación de diésel de este país hacia el gigante norteamericano, desbloqueando las sanciones al petróleo ruso vigentes desde el inicio de la guerra de Ucrania. “Rusia entregará, en un breve plazo de tiempo, 3.000.000 de toneladas de gasóleo”, llegó a asegurar Donald Trump.

El anuncio, que no sentó nada bien en Ucrania, provocó una dura reacción del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien calificó de “injusto” e “impropio de un aliado” el acuerdo entre Trump y Putin.

“En el mismo momento en que nuestro equipo hablaba con el equipo estadounidense en Florida, en ese momento el presidente de EEUU tiene una conversación con el líder del Kremlin, con el líder de esta guerra, con el líder de esta agresión, y llega al acuerdo correspondiente por el que le da la posibilidad a Rusia de exportar diésel”, ha declarado Zelenski.

El presidente ucraniano señaló asimismo que el dinero que ingrese Putin por la venta del diésel exportado a EEUU irá a financiar la guerra en Ucrania.

El anuncio de Trump se produce después de que el 18 de septiembre firmara una ronda de sanciones contra Rusia con vistas a asfixiar la economía energética del país, que alimenta la guerra en Ucrania. A última hora de este sábado 10 de octubre, las autoridades rusas anunciaban el levantamiento parcial de la prohibición vigente de exportación de diésel tras este acuerdo anunciado por Donald Trump.

El Ejecutivo ruso indicó que la medida entra en vigor este sábado y “permitirá en la etapa actual dirigir al mercado mundial 500.000 toneladas de combustible diésel”. Y añadió que las compañías petroleras deben comenzar a contratar los suministros de diésel con los clientes extranjeros en coordinación con el Gobierno ruso.

Por su parte, el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, indicó que esta decisión no afectará los intereses de los consumidores rusos. “En Rusia el diésel se produce a partir de crudo ruso en refinerías nacionales. Los volúmenes de producción nos permiten abastecer plenamente tanto el mercado interno como los volúmenes especificados para el suministro global”, sostuvo.

Hasta este sábado se mantenía vigente la prohibición de exportar gasóleo: para los productores se preveía como límite el 31 de octubre próximo, y para los no productores, hasta el 31 de enero de 2027. Sin embargo, se mantiene una prohibición total de exportar gasolina hasta el 31 de enero de 2027.

Los bombarderos de Kiev contra instalaciones energéticas han contribuido a una mayor escalada de los precios del diésel a nivel mundial, ya de por sí afectados por la guerra de Irán, debido al peso que Rusia tiene en las exportaciones globales de este combustible.

El encarecimiento de los hidrocarburos es uno de los temas que más preocupan actualmente en la Casa Blanca ante la impopularidad de Trump y el Partido Republicano a menos de un mes de que se celebren unas elecciones legislativas en las que la formación conservadora se arriesga a perder su exigua mayoría en el Congreso y el Senado estadounidenses.

Además, desde primera hora de este domingo, Ucrania y Rusia han continuado las hostilidades, en esta ocasión con ataques sobre infraestructura relacionada con servicios informáticos y centros de datos. Mientras el Ejército ucraniano lanzaba un ataque contra el gigante informático ruso Yandex, los rusos respondían con un ataque contra centros de datos de la región de Odesa, así como contra buques ucranianos estacionados en el Mar Negro.

La localidad de Anciles, en el Pirineo aragonés tiene unos 175 vecinos empadronados y vive de lo que da el valle: casas de piedra, senderismo y un paisaje que atrae visitantes casi todo el año. En agosto del año pasado supo que una promotora quería instalar, a pocas decenas de metros de sus casas, una planta con 104 contenedores de baterías de litio. Los vecinos colgaron pancartas, recogieron firmas y llenaron concentraciones de más de 200 personas, una cifra enorme para un pueblo de ese tamaño. Algo más de un año después, el proyecto está enterrado.

Y no es el único. Esta semana ha caído otro. El Ministerio ha archivado Solanetas, en Castejón de Sos, una planta de 80 megavatios cuya línea de evacuación afectaba también a Sesué y Villanova. La promotora, Grown Aspirations, desistió el 26 de mayo. Alegó que el proyecto era incompatible con el uso del suelo previsto, después de que el Ayuntamiento lo informara en contra.

El alcalde, José Manuel Abad –fallecido por sorpresa este martes–, lo celebraba con orgullo de pueblo pequeño: “Hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano”. Ni él mismo sabía, en el momento de hacer las declaraciones, si pesó más el informe municipal o el desinterés de las empresas. Lo que sí tenía claro es que los ayuntamientos pequeños pueden ganar batallas a los grandes consorcios que hay detrás de las sociedades promotoras.

Perdiguero, de 100 megavatios, era la planta más avanzada de las proyectadas en el valle de Benasque. La promovía Matrix Renewables, compañía respaldada por el fondo estadounidense TPG, dentro de un plan de 135 millones de euros para la comarca. Incluía dos instalaciones gemelas: Perdiguero, entre Benasque y Sahún, y Visenta, en Sesué.

El Ministerio para la Transición Ecológica la frenó con una declaración de impacto ambiental desfavorable, fechada el 11 de mayo y publicada en el BOE a finales de ese mes. El documento recoge buena parte de lo que repetían los vecinos. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) advertía de que el ruido podía afectar a viviendas situadas a 20 metros de la planta y a unos 90 del núcleo de Anciles. La resolución concluye que el proyecto es “incompatible con la adecuada conservación de los valores naturales, paisajísticos y territoriales” del valle del Ésera.

El Pirineo no parece el sitio más obvio para una planta industrial de baterías, y menos un valle cuya economía descansa en el turismo. La explicación es menos romántica que el paisaje: el valle de Benasque cuenta con dos subestaciones eléctricas y una producción hidroeléctrica notable, sobre todo en las centrales de Eriste y Sesué. Para quien busca dónde conectar una batería a la red, eso vale más que cualquier postal.

Es la misma lógica que llevó a otra promotora a Samitier, en el Sobrarbe, donde la central hidráulica y la subestación de Mediano hacen de imán. Lo llamativo del caso benasqués es la amplitud del rechazo. El alcalde de Benasque, Manuel Mora, del PP, sostiene que el ruido, el impacto visual y el riesgo de incendios “son inevitables” aunque la compañía proponga medidas de mitigación.

Afirma también que el Ayuntamiento escuchó a la empresa, como a todo el mundo, pero no colaboró con ella. Recuerda además que aún faltaban los permisos del Inaga y la licencia municipal. El alcalde de Sahún, José Luis Rufat, es más gráfico: habla de “una catástrofe contra nuestro paisaje y nuestro modo de vida”.

Los ayuntamientos del valle firmaron un manifiesto conjunto que calificaba el proyecto de “incompatible con la protección ambiental, cultural y social de la zona”. Ese es el camino que han tomado otros municipios. Castejón y varios pueblos del valle han decretado moratorias y tramitan cambios en su planeamiento para cerrar el paso a estas instalaciones. Su gran temor es que el Estado les pase por encima con la declaración de interés general de los proyectos energéticos, que permitiría saltarse la normativa municipal.

40 kilómetros al este, en La Fueva, el guion se repite con otros protagonistas. Allí se organizaron las plataformas Stop Baterías Samitier y La Fueva No Se Vende contra un proyecto de la filial Haro Solar 3, de la israelí Enlight Renewable Energy.

Su portavoz, Tim Feather, ya advertía de que el proyecto tenía “fines puramente especulativos”. Recordaba también los incendios de instalaciones similares en otros países y la dificultad de apagarlos. El manifiesto de la plataforma añade otros miedos: ruido y luz constantes y la pérdida de valor de casas y negocios de turismo rural, en un pueblo con un castillo catalogado como bien de patrimonio.

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, que presentó alegaciones, afirmó que el 90% de los vecinos de Samitier rechazaba el proyecto. A ese argumento se sumaba el del paisaje: la planta se proyectaba dentro del Geoparque de la Unesco Sobrarbe-Pirineos y en territorio de quebrantahuesos, buitres y alimoches.

Este verano, el Inaga emitió una declaración de impacto ambiental desfavorable. Concluye que la planta podría generar, con gran probabilidad, “impactos significativos” sobre el medio físico, biótico y paisajístico, sobre las masas forestales y sobre la población. Organizaciones como Amigas de la Tierra, que habían sumado a la protesta el rechazo a los vínculos de Enlight con el Estado de Israel, lo celebraron como un triunfo de la movilización.

Para sus promotores, el almacenamiento es una pieza clave para integrar más renovables en la red y dar estabilidad a un sistema que, desde el apagón del 28 de abril de 2025, mira con otros ojos todo lo que pueda amortiguar un fallo. Defienden que sus proyectos cumplen la ley y piden ser escuchadas por las administraciones locales. Los críticos, de hecho, evitan oponerse a las renovables en general. Lo que piden es planificación: que alguien decida con criterio dónde tiene sentido una planta de este tipo y dónde no. En Benasque, Castejón y La Fueva, por ahora, el castillo de naipes sigue cayendo. Nadie en el valle cree que sea el último intento.

Una sociedad neerlandesa ha pedido al Gobierno de Aragón, a través de su filial Carbon Storage Caspe, el permiso de investigación 'Caspe Mayals' para comprobar si el subsuelo de 17.876,6545 hectáreas de Caspe, Fabara, Maella y Nonaspe, en la provincia de Zaragoza puede servir como almacén geológico de dióxido de carbono (CO₂). Según denuncia el PSOE caspolino, nadie se ha dirigido formalmente a los ayuntamientos de la zona para explicarles qué se pretende hacer. La solicitud, publicada el 1 de octubre, abre un plazo de dos meses para presentar ofertas en competencia o formular oposición.

La resolución, firmada por la directora general de Energía y Minas, María Yolanda Vallés Cases, detalla que la empresa registró la solicitud el 19 de mayo y tuvo que subsanarla el 17 de agosto. Toda la superficie está en la provincia de Zaragoza, por lo que resuelve la comunidad autónoma. El anuncio no recoge qué trabajos prevé la promotora, cuánto invertirá ni quién está detrás de la sociedad.

Carbon Storage Caspe se inscribió en Málaga el 16 de abril, apenas un mes antes de pedir el permiso, con 3.000 euros de capital y sede en Estepona. Su matriz tiene sede en Schoorl (Países Bajos), su administrador único es Gerard Cornelis Otto Bernard Essing y su socio único, Essing Management BV. El 14 de mayo nombró apoderado a Sergio Martínez Fernández. Ambos repiten cargo en Ocean Ionics España, filial de Ocean Ionics BV, con la misma dirección.

El Grupo Municipal Socialista de Caspe, en la oposición, ha expresado su “profunda preocupación e inquietud” y ha anunciado que el PSOE ha presentado en las Cortes de Aragón una batería de preguntas para respuesta escrita sobre la tramitación, los plazos, los protocolos de seguridad y las garantías medioambientales. Su portavoz, Abraham Martínez, ha advertido de que su grupo no permitirá “que se tome ninguna decisión a espaldas” de los vecinos y exigió al Ejecutivo autonómico “respuestas inmediatas y rigor técnico antes de dar un solo paso más”.

La iniciativa pregunta por la sismicidad inducida, la contaminación de los acuíferos “de los que dependen la agricultura, la ganadería y el abastecimiento urbano” y las eventuales fugas de gas. Los socialistas reclaman además “canales de participación directa y vinculante” para alcaldes, concejales y tejido social de la comarca de Bajo Aragón-Caspe.

Qué permite el permiso

El permiso no autoriza a explotar un almacén. La Ley 40/2010 lo define como el título para evaluar si una estructura subterránea es apta mediante técnicas geofísicas, perforaciones y, en su caso, ensayos de inyección. Da a su titular la exclusiva durante cuatro años, prorrogables, y prioridad para obtener la concesión de almacenamiento, que otorga el Gobierno central con evaluación de impacto ambiental, dura hasta 30 años y permite expropiar los terrenos necesarios.

La técnica consiste en capturar el CO₂ que emiten industrias como cementeras o refinerías, comprimirlo e inyectarlo a gran profundidad en rocas porosas cubiertas por una capa impermeable. No es el primer expediente en Aragón: en agosto de 2025 se publicó la solicitud del permiso 'Maestrazgo', sobre más de 13.500 hectáreas, y las Cortes aprobaron en comisión instar a rechazarlo, con la abstención del PP.

Seísmos, acuíferos y fugas

Los riesgos por los que pregunta el PSOE están descritos en la literatura científica, aunque su probabilidad depende de la geología de cada emplazamiento. Inyectar fluidos a presión puede inducir sismicidad si desestabiliza fallas, según el proyecto europeo GEoREST. El antecedente más citado en España no es de CO₂, sino de gas natural: el almacén Castor, frente a Castellón, desencadenó en 2013 más de 500 seísmos y costó al Estado una indemnización de 1.350 millones de euros. Investigadores del CSIC sostienen que el CO₂ difícilmente provocará terremotos grandes si los emplazamientos se eligen y gestionan bien.

Si el gas alcanza acuíferos de agua dulce, acidifica el agua y puede liberar metales pesados. En Decatur (Illinois, EEUU), la corrosión de un pozo de control permitió que unas 8.000 toneladas de CO₂ salieran de la formación autorizada, y el regulador federal notificó en 2024 a la empresa una infracción de la ley de agua potable.

Parte de las respuestas debe constar ya en el expediente: la ley obliga a acompañar la solicitud de un plan de investigación con “todas las actuaciones programadas”, pero el anuncio del BOA se limita al nombre de la empresa y al perímetro

Las plantas desaladoras de Lanzarote y La Graciosa han recuperado el 100% de su capacidad de producción tras el cero energético registrado hacia las 05.45 horas de este sábado, aunque todavía se trabaja para recuperar por completo el almacenamiento y la distribución de agua, por lo que pueden producirse cortes, bajadas de presión y otras afecciones en distintos puntos de ambas islas.

La empresa pública Aguas de Lanzarote y La Graciosa ha informado de que sus equipos trabajan ahora en la red de distribución para restablecer de forma progresiva el reparto de agua hacia las distintas estaciones de bombeo y núcleos de población.

La compañía ha señalado que Arrecife ya ha recuperado completamente el servicio, mientras que el resto de localidades lo hará de manera gradual durante las próximas horas. El objetivo es recuperar también los niveles de almacenamiento y normalizar por completo la distribución durante este domingo.

“Ya estamos por lo menos como antes del corte energético y ahora lo que falta es el reparto de ese agua, que poco a poco irá llegando a toda la población”, han señalado fuentes del Consorcio de Aguas de Lanzarote.

La recuperación del suministro eléctrico, restablecido prácticamente por completo a las 07.13 horas, no implicó la reanudación inmediata de la producción de agua, ya que las plantas desaladoras tuvieron que completar sus procesos de puesta en marcha y estabilización antes de recuperar su capacidad habitual.

La incidencia vuelve a poner el foco en la situación de las infraestructuras hidráulicas de Lanzarote y La Graciosa. Como ya adelantó Canarias Ahora hace unos meses, un informe técnico-administrativo del Consorcio del Agua advertía de una situación “grave, objetiva, continuada y estructural” en el sistema y señalaba, entre otros problemas, la precariedad en la producción de las desaladoras y la falta de margen para responder ante nuevas incidencias.

El documento alertaba de que la EDAM Janubio operaba al 66% de su capacidad por una avería y de las reiteradas paradas de la EDAM Díaz Rijo. En este contexto, el cero energético registrado este sábado ha obligado a detener las plantas desaladoras de Lanzarote y La Graciosa, interrumpiendo temporalmente la producción de agua potable.

En el escenario actual, Aguas de Lanzarote y La Graciosa trabaja para restablecer la producción y normalizar el abastecimiento “lo antes posible”, dando prioridad a la conservación de las reservas disponibles.

La empresa pública también ha señalado que el calendario de suspensiones programadas para este sábado podría no reflejar todas las afecciones que finalmente se produzcan, debido a la evolución de las maniobras que se están llevando a cabo en la red de distribución.

Por este motivo, ha recomendado a la población realizar un uso responsable del agua y evitar consumos no esencialesmientras persista la situación.

Más de 50.000 clientes afectados

El cero energético se inició a las 05.44 horas en la red eléctrica de 66 kV de la subestación de Mácher, en el municipio de Tías, y provocó inicialmente la interrupción del suministro eléctrico a unos 51.703 clientes.

Durante las maniobras de reposición, apenas cuatro minutos después, se produjo una nueva incidencia en las subestaciones de San Bartolomé y Punta Grande, que provocó la pérdida de generación y amplió la afección hasta alcanzar aproximadamente a 73.600 clientes.

La zona de Playa Blanca quedó al margen del cero energético al mantener el suministro eléctrico gracias a su conexión con la isla de Fuerteventura.

Endesa inició las maniobras para recuperar progresivamente el sistema eléctrico y, según fuentes del Cabildo, el suministro en Lanzarote ya ha quedado restablecido por completo.

Ante la incidencia, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias declaró a las 07.15 horas la situación de prealerta del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), con el objetivo de realizar un seguimiento de la evolución del cero energético, reforzar la coordinación entre las administraciones y valorar posibles afecciones a servicios esenciales.

Aunque el suministro eléctrico ya se ha recuperado, las consecuencias sobre la producción y distribución de agua pueden prolongarse durante la jornada, hasta que las desaladoras completen su puesta en marcha y recuperen su capacidad habitual.

El Gobierno abrirá un expediente para esclarecer las causas

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha solicitado a las empresas responsables de la red eléctrica “toda la información sobre lo ocurrido” para esclarecer las causas de la incidencia.

“Queremos saber qué falló y por qué. Vamos a seguir de cerca los informes técnicos y, si hay responsabilidades, las vamos a exigir”, ha indicado el departamento autonómico.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que el apagón evidencia, en su opinión, la “obsolescencia de los equipos” eléctricos de las islas y ha confirmado que el Gobierno autonómico abrirá un expediente para esclarecer las causas. Clavijo ha asegurado que el expediente se hará público cuando esté disponible.

El presidente canario ha señalado además que los sistemas de respaldo instalados recientemente han permitido inyectar energía en la red y acelerar la recuperación del servicio.

La Consejería ha añadido que el incidente evidencia la necesidad de reforzar el sistema eléctrico del archipiélago y ha recordado que el Ejecutivo autonómico mantiene inversiones para mejorar las redes eléctricas y desarrollar sistemas de almacenamiento energético mediante baterías.

Entre las actuaciones prioritarias previstas en Lanzarote figura la nueva línea eléctrica entre Tías y Playa Blanca, una infraestructura que, según la Consejería, será “más sólida y permitirá, más adelante, retirar la línea actual”.

Red Eléctrica ha señalado asimismo que la subestación de Mácher está pendiente de las obras de mallado de la red asociadas a la terminación del eje de doble circuito de 132 kV entre Mácher y Playa Blanca, una infraestructura destinada a reforzar el sistema eléctrico de Lanzarote y Fuerteventura.

Los servicios de emergencia mantienen el seguimiento

El presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, ha señalado que desde primera hora han estado pendientes de la evolución de la situación y de las posibles afecciones a los servicios esenciales.

“Aunque el suministro eléctrico se ha recuperado, mantenemos nuestros servicios activos y el PEIN en prealerta para atender cualquier incidencia que pueda producirse”, ha dicho.

Por su parte, el presidente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, Francisco J. Aparicio, ha asegurado que desde que se produjo el cero energético “los bomberos de ambos parques se pusieron al servicio de las posibles incidencias”.

Hasta el momento, únicamente se ha detectado una incidencia en un ascensor a causa del corte de suministro. No obstante, los servicios de emergencia continúan pendientes de posibles consecuencias derivadas del tiempo sin energía.

Con la producción de agua ya recuperada al 100%, las actuaciones se centran ahora en recuperar los niveles de almacenamiento y completar la distribución. El Consorcio de Aguas de Lanzarote espera que el abastecimiento quede normalizado este domingo.

La escala del episodio Carrington sigue funcionando como una vara exigente para medir hasta dónde puede llegar el Sol, porque la erupción de 1859 se estima hoy en torno a X45. La cifra procede de reconstrucciones, ya que entonces no existían instrumentos modernos capaces de medirla, y supera ampliamente el X9.0 registrado el 3 de octubre de 2024, el mayor de este ciclo solar.

Aquella tormenta llevó auroras hasta el Caribe y provocó chispas en oficinas telegráficas, un precedente serio para una estrella que aún guarda cartas por enseñar.

El Sol puede liberar una superllamarada de enorme energía

Una nueva investigación encabezada por Natalie Krivova, científica del Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar (MPS), concluye que el Sol posee capacidad física para generar una superllamarada, una erupción estelar de enorme potencia.

El trabajo, elaborado con participación de la Universidad de Colorado y el Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos, se publicó en Philosophical Transactions of the Royal Society A. El equipo llegó a esa conclusión al trasladar relaciones observadas en erupciones modernas hacia las mayores manchas solares conocidas.

La gran candidata apareció en abril de 1947, cuando los astrónomos registraron una mancha que cubría aproximadamente el 0,6% del disco solar y alcanzaba un diámetro unas 40 veces superior al terrestre. Fue una de las mayores observadas desde que existen registros sistemáticos y pudo superar en más del doble la anchura estimada de la asociada al episodio Carrington. No consta que aquella región produjera una superllamarada, aunque su tamaño permite calcular qué energía habría podido liberar.

La región de 1947 alcanzó dimensiones extraordinarias

Las mediciones de NASA entre 2010 y 2016 ofrecieron al equipo la base para relacionar la energía de las erupciones con la extensión de sus regiones activas. Los investigadores analizaron cientos de episodios, incluidos los 300 más intensos empleados por el MPS para establecer esa relación, y estudiaron las cintas brillantes que aparecen cuando el campo magnético se reconfigura. La superficie afectada permitió estimar la capacidad energética de cada episodio.

Los investigadores probaron primero su método con erupciones solares de las que ya conocían cuánta energía habían liberado, entre ellas la registrada el 14 de julio de 2000. Al hacer los cálculos, obtuvieron cifras muy próximas a las observadas en aquel momento.

Después aplicaron el mismo procedimiento a las manchas solares relacionadas con el episodio Carrington de 1859 y los resultados también coincidieron con otras estimaciones realizadas sobre aquel fenómeno.

Estas coincidencias dieron al equipo una base para utilizar el método con la enorme mancha solar de 1947, pese a que entonces no existían instrumentos capaces de realizar mediciones como las actuales.

Una región del tamaño observado en 1947 habría producido típicamente unos 2,31 × 10^33 ergios, aunque determinados escenarios elevan el techo por encima de 1,25 × 10^34 ergios. Ese segundo valor rebasa el umbral de 10^34 ergios utilizado para hablar de superllamaradas.

Krivova resume la implicación física al señalar que “nuestro Sol tiene potencial para producir superllamaradas”. La científica añade que “puede producir manchas solares masivas que, en principio, pueden servir como punto de partida para las ráfagas de radiación más extremas”.

Otras estrellas aportan pistas sobre la frecuencia

Una erupción de gran energía tampoco implica por sí misma una eyección de masa coronal dirigida hacia la Tierra, como mostró una gran región activa en octubre de 2014. Aquel episodio generó ocho erupciones de la clase más alta y ninguna lanzó plasma al espacio interplanetario, porque el campo magnético superior mantuvo el material cerca del Sol. Una eyección extrema orientada hacia la Tierra podría dañar satélites, transformadores y redes eléctricas durante meses.

Las estrellas parecidas al Sol añaden una escala temporal que todavía no puede trasladarse a nuestra estrella, aunque ofrecen una pista estadística sobre estos episodios. Un análisis del MPS sobre 56.450 estrellas semejantes encontró superllamaradas con una frecuencia aproximada de una por siglo.

Sobre esto, Kazunari Shibata, profesor de la Universidad de Kioto, calculó en un modelo de 2024 que acumular la energía necesaria en una región reducida podría requerir unos ocho años.

Los registros antiguos todavía limitan las estimaciones solares

Los registros terrestres tampoco cierran la cuestión sobre la frecuencia solar, aunque los picos de isótopos radiactivos hallados en árboles y hielos antiguos apuntan a bombardeos de partículas de intensidad extrema. Valeriy Vasilyev, científico del MPS, señala que las erupciones de partículas extremas y las llamaradas muy intensas suelen aparecer juntas, pero esa asociación no se produce siempre.

Theodosios Chatzistergos, científico del MPS y coautor del estudio, recuerda además que las manchas llevan unos 400 años registrándose sistemáticamente. Determinar la frecuencia real exigirá reconstruir tormentas antiguas y modelizar mejor la estructura magnética de las regiones activas.

La organización Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio han convocado dos marchar de protesta este fin de semana contra “la falsa transición verde” del polígono eólico Bustasur y de los siete almacenes de baterías de energía que se proyectan en Cantabria.

El sábado 3 de octubre han oganizado la primera marcha en protesta por el polígono eólico Bustatur en el sur de Cantabria. El punto de encuentro es el lavadero público de Villanueva de las Rozas, desde donde saldrán a las 10:30 horas de la mañana en una marcha que se prevé que tenga una duración de dos horas.

El domingo, una segunda ruta familiar en Astillero ante uno de los siete proyectos de baterías “Bess” que se están tramitando en la comunidad. Unos seis kilómetros de recorrido que partirá también a las 10:30 horas desde el parking del polígono de Morero, junto a la segunda rotonda, en Astillero.

Esta movilización se produce “ante la avalancha de megaproyectos energéticos”, explica la organización que con estas dos acciones consecutivas pretende seguir sensibilizando sobre el terreno “con ejemplos concretos del expolio de los territorios, la estafa económica y los ecocidios ambientales que implica este modelo de falsa transición verde”.

Un modelo que -en su opinión- supone una continua “transacción económica” al servicio de grandes empresas como Red Eléctrica Española, Iberdrola, Repsol o EDP Renovables, entidades bancarias como el Banco Santander, grandes fondos de inversión como BlackRock.

“Todo ello con la complicidad de las administraciones públicas con sus autorizaciones y resoluciones favorables injustificadas, instituciones públicas como la Universidad de Cantabria, a través de la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria y la Fundación Leonardo Torres Quevedo”, denuncian.

Además, los Colectivos Vecinales reprochan que cada vez que convocan una acción informativa y de protesta “como reacción aparecen publirreportajes” en medios de comunicación.

Contra los almacenes de energía

Las plantas de baterías Bess, que almacenan energía, son para ellos “una nueva amenaza” que a su juicio “implica una pata más de este modelo especulativo que hacen llamar transición verde”.

Por ahora, hay siete proyectos tramitándose en Valdeolea (Bess Mataporquera), en Castro Urdiales (Bess Elcano), Camargo (Bess Camarreal), dos en Astillero (Bess Marina de Cudeyo y Bess Astillero), y dos en Ruesga y Solórzano (Bess Cantabria 1 y Bess Solórzano).

Los dos de Astillero se encuentran actualmente en periodo de alegaciones y de recurso de alzada, respectivamente. Un tercer proyecto, el de Mataporquera, acaba de cerrar su periodo de alegaciones.

“Estos proyectos no van a la raíz del problema energético, que son los combustibles, ni a la necesidad de cambiar el modelo energético de nuestras sociedades”, apuntan.

Además, añaden que se vincularían “a los ecocidios que implican los polígonos eólicos en construcción y tramitación, así como otros megaproyectos energéticos”. A estas circunstanciase se añade el impacto ambiental y social que implica alterar los entornos donde se pretenden ubicar estas instalaciones y sus infraestructuras asociadas.

En este sentido, recuerdan que las baterías que se pretenden instalar se componen de materiales cuya disponibilidad en el mundo es muy limitada y fuente de conflictos sociales. “Su extracción implica enormes impactos ambientales y son componentes en muchos casos con un elevado grado de toxicidad si se vierten al medioambiente”, aseguran.

En cuanto a los lugares donde se pretenden instalar, a su juicio, “se verían radicalmente transformados en polígonos industriales”. En este sentido, la marcha del próximo domingo transcurrirá por la zona donde se pretende instalar el almacén de baterías de Astillero, “que destruiría un valioso entorno natural junto a la Ría de Solía”, como parte de un nuevo polígono industrial -bautizado como Federico Cobo- que incluirá también la construcción de las fases dos y tres del centro de datos Altamira.

Este polígono se situaría en territorios municipales de Astillero, Camargo, Villaescusa y Piélagos. A escasos kilómetros de este emplazamiento -denuncian- se encuentran las obras “de otro faraónico proyecto que hoy en día sigue sin tener un objetivo claro” como es el polígono industrial de La Pasiega, en Parbayón.

“Genera una enorme frustración e indignación ver el destrozo de enormes extensiones de suelos con un alto nivel de fertilidad que han sido destruidos, siendo otro ejemplo más de derroche de dinero público sin contar con la población para nada”, expresan en un comunicado los Colectivos Vecinales.

Marcha del sábado

El sábado llevarán a cabo una primera marcha en el sur de Cantabria, para recorrer el área donde se pretende instalar el polígono eólico Bustatur. Uno de los ocho proyectos planificados en la actualidad en esta zona junto a Iguña y Soba. Áreas con una gran biodiversidad por sus humedales, bosques como Canales e Hijedo, zona estratégica de migración y vuelo de aves, hábitat del oso pardo o el patrimonio arqueológico de las guerras cántabras.

A pesar de todo ello, desde los Colectivos Vecinales vienen denunciando desde hace meses que estos territorios “se pretenden entregar al expolio” mediante el “discriminatorio Plan de Ordenación del Territorio (PROT)” que el Gobierno de Cantabria está tratando de aprobar.

En total, en un área de menos de 10 kilómetros a la redonda, se encuentran los proyectos de polígonos eólicos Bustatur, Henestrosas, Ornedo, Morosos, Somaloma-Las Quemadas, Cotío, Lomba y Anjana; así como el proyecto de baterías Bess Mataporquera.

A ello suman que en el Valle de Iguña continúan las obras para ampliar la central hidroeléctrica reversible Aguayo II, y recientemente se ha reactivado, tras su anulación por el TSJC, el proceso de tramitación del polígono eólico Alsa, “que junto a Campo Alto-La Costana y Cuesta Mayor, compone uno de los brazos adicionales al enorme polígono eólico El Escudo, actualmente con sentencia de paralización de las obras”.

Imagine que pueda producir, consumir, almacenar y vender energía renovable de forma colectiva. Se trata de una fórmula que ya existe: las comunidades energéticas y en la que España avanza con la presencia de 837 durante el año pasado. Un ámbito que Andalucía impulsa cada vez más, pero para la que hay serias trabas legales y administrativas que están a la espera de la aprobación de un real decreto ley específico que aporte un marco jurídico estable y que dé a los ayuntamientos mayores competencias.

Esta fue una de las claves analizadas durante la III Cumbre de Comunidades Energéticas, organizada por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la Agencia Andaluza de la Energía que este miércoles tuvo lugar en Sevilla. Una cita en la que la región tiene mucho que aportar, ya que, como comentó Jorge Paradela, consejero de Universidades, Industria, Energía e Innovación durante la inauguración, se ha superado para este año las expectativas en cuanto a la generación de energía con instalaciones colectivas, con 68 megavatios (MW) de potencia y 1.776 instalaciones.

“Las energías limpias no son solo la fórmula para la transición energética sino una gran palanca de industrialización en Andalucía”, pasando de 2023 a 2026 a ser “la primera comunidad en potencia renovable instalada”, aportando el 25% en el país y el 37% en este último trimestre. “Sin Andalucía no hay transición energética a nivel nacional”, destacando que de los 20 MV generados, 14 de ellos proceden de la fotovoltaica. Además, un 11,5% procedente del autoconsumo gracias a las 213.000 instalaciones que hay repartidas por el territorio.

“Andalucía tiene una hoja de ruta”

Pero, ¿qué ocurre con las comunidades energéticas? Paula Santos, directora de Comunidades Energéticas y Electrificación de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), señala que “el claro avance es en el número total de comunidades energéticas, 837, que la hemos visto en tres años”.

Además, las ayudas económicas fueron un punto de inflexión para las entidades, pese a que “no haya un marco normativo muy estructurado, si bien están definidas en el sector energético”. El informe anual de ECODES hace referencia a la participación de los ayuntamientos, donde destaca Canarias, aunque Andalucía no se queda atrás: “La transición energética se hace escuchando al territorio y con las corporaciones y ciudadanía y pymes”.

Acerca de la “democratización de la energía”, destaca que la comunidad autónoma ha hecho un “acompañamiento esencial”, tanto para difundir este ecosistema y colaborar con las empresas instaladoras, por ejemplo. “Está visibilizando muy bien a estas comunidades, no solo instaladores, sino empresas de software, empresas de la gestión de la gobernanza para ver cómo participan las personas”. Así, “Andalucía ha hecho una hoja de ruta muy importante y está uniendo todas las piezas para una mejor gestión”.

Frente a ello, quedan dudas por despejar, como se analizó en la mesa de debate ¿Cómo se están desarrollando las comunidades energéticas en España? ¿Está funcionando el marco normativo y estratégico?, que moderó el director de elDiario.es / Andalucía, Javier Ramajo, y contó con la presencia del subdirector general de Energías Renovables del Ministerio para la Transición Energética, Jesús Ferrero, así como por el representante del Departamento de Internacionalización de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), Joaquín Villar, la directora del ICAEN, Ana Camp, la abogada Carlota Pallejà y el socio de Samso, Joan Herrera.

“Un proyecto no puede esperar un año a conectarse”

“Hay muchas iniciativas, pero la mayoría están en un estado inicial”, indicó Villar, representante de la Agencia Andaluza de la Energía, “hay en Málaga, Huelva, Sevilla, y hay ocho oficinas de transformación comunitaria que apoyan esa fase inicial, por lo que hay, junto al autoconsumo colectivo, una capacidad real de crear esta red”. Al respecto, añadió que hay 14 convenios firmados y 34 manifestaciones de interés para avanzar en estas comunidades, al igual que han creado un formulario para identificar el número exacto y, así, crear un catálogo y posterior mapa interactivo en el que dar esta información a la ciudadanía. Un proyecto con diversas patas, como los derechos y obligaciones que asumen, la cooperación internacional o la innovación, según los estándares europeos.

Sin embargo, “persiste la inseguridad” en el marco jurídico que aún no dota de suficiente autonomía a las corporaciones locales cuando “las comunidades energéticas impulsadas por los ayuntamientos avanzan de una forma más rápida”. A ello, habría que añadir el obstáculo en financiación, “una barrera importantísima”, de ahí que las ayudas autonómicas sigan siendo indispensables para animar a los hogares y a las empresas a invertir en este tipo de instalación energética. “Hemos mejorado mucho, pero un proyecto no puede estar esperando un año para que se conecte”, como ocurrió con Torreblanca Ilumina, “por lo que será muy importante que el real decreto aporte todas esas cuestiones, que dé seguridad jurídica y aclare derechos y obligaciones”, añadió con respecto a la disposición europea.

A su lado, el ponente del MITECO prefirió no avanzar fechas, aunque se insistiera. Con la oportunidad de tener a este interlocutor de calado, el experto Joan Herrera pidió una “actitud exigente” a los distintos actores, para presionar y garantizar la aprobación, desarrollo y aplicación efectiva de la norma, haciendo hincapié en el reparto de enriquecimiento energético. “Hay que garantizar accesos a los datos de los contadores, más cuando el Datadis da tantos fallos; también, ser legítimos en vulnerabilidad energética, ya que las comercializadoras de último recurso [aquellas compañías autorizadas por el Gobierno para operar en el mercado, como Iberdrola o Endesa] no dan la oportunidad en ciertos proyectos; y que la mayoría de los beneficios repercutan en el territorio”.

“Almacenamiento distribuido y compartido”

En esta línea, Herrera pidió un registro “abierto y voluntario” de las comunidades junto a un eslabón fundamental: un “almacenamiento distribuido y compartido”, que sigue siendo uno de los grandes retos del país después de sucesos sobrevenidos como el gran apagón que afectó a gran parte del territorio peninsular el año pasado. Un tema sensible y que despierta gran interés: “Si esto no aparece, el almacenamiento pasará a estar en manos de grandes inversiones en vez de en manos de la ciudadanía, pymes o entes locales”.

Además, propuso “abrir el melón” sobre la participación de las propias comunidades energéticos como “un activo de generación”, dotándoles de un mayor reconocimiento y siendo parte esencial en el mercado de la energía frente a las grandes compañías. Una cuestión para la que la normativa tendrá que hilar fino dado que, entre otras claves, los ayuntamientos obtendrán un papel fundamental en su desarrollo, que Herrera llevó más allá: “Más que acompañamiento, deben ser impulsores, ayuntamientos, cabildos o diputaciones” para desarrollar todo el potencial y saltar del campo a la zona urbana.

Acercar conocimientos, coordinar y ofrecer posibilidades a la población fue una de las grandes premisas, como defendió la abogada especialista en la materia, Carlota Pallejà, que subrayó que el reto del próximo año está en “conseguir que el ciudadano pueda acceder a unas reglas previsibles y unos procedimientos concretos, ya que el éxito modelo radica en que la regulación no paralice la capacidad de participación en el sector energético”. Más en casos como en Sevilla, donde la pobreza energética, que no vulnerable, está centrada en solventar los problemas términos, como sucede con la escasa adecuación de los hogares a las altas temperaturas. “Eso significa aprovechar la oportunidad de electrificación”, añadió Herrera.

Unos planes en los que avanza la legislación, pero, mientras, ¿cómo se solucionan los problemas del día a día? Andalucía cuenta, como ocurre en la administración catalana, con una Mesa de Autoconsumo dentro de la Agencia Andaluza de la Energía para intermediar y “desatascar” algunos proyectos, aunque “jugar con los tiempos es difícil porque juegas con las expectativas de las personas, y no es posible esperar un año para que se conecte una instalación”. De esta forma, como indicó Ana Camp, la labor de la administración pública “sería la de facilitador, que no stopper, para tener este ecosistema bien organizado” y ampliar su proyeccción, ya sea bien hacia las redes de frío y calor, en el sector rural con biomasa, o las plantas de biogás y los motores de cogeneración “para darle energía durante 24 horas a las comunidades”. “El fondo social para el clima tiene una oportunidad muy grande”, determinó.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha prometido este miércoles en el Congreso estudiar la fórmula para gravar los beneficios extraordinarios “caídos del cielo” cosechados por las empresas energéticas a raíz de la crisis de Oriente Medio.

En la sesión de control al Gobierno, el portavoz económico de EH Bildu, Oskar Matute, ha comparado la actual crisis inflacionaria con el estallido de la guerra en Ucrania en 2022, cuando el Gobierno decidió impulsar dos impuestos excepcionales, uno a energéticas y otro a la banca, para diseñar el conocido como escudo social.

En esta línea, Matute ha remarcado que la protección a la ciudadanía de las consecuencias económicas de la guerra de Irán no puede recaer sobre las familias y debe contribuir “quien más capacidad económica tiene”.

“Deben realizar un esfuerzo especial aquellos sectores que en contextos de crisis obtienen unos beneficios extraordinarios”, ha apostillado el diputado 'abertzale', que a renglón seguido ha pedido recuperar el impuesto a las energéticas y ensanchar el del sector financiero.

En el turno de réplica, el ministro de Hacienda ha compartido con Matute que aquellos que ganan más tienen que contribuir más. Eso sí, ha apuntado que España fue pionera en aplicar impuestos a los beneficios de energéticas o en fijar un tipo mínimo del Impuesto de Sociedades que luego emularon en otros países en Europa.

“Esa es la política fiscal que tenemos que hacer, progresiva, ambiciosa, suficiente y que no interrumpa el tráfico económico y que permita tanto a las empresas como a las familias poder avanzar todos juntos”, ha remarcado.

En este punto, Arcadi España ha recordado que junto a Alemania, Austria, Italia y Polonia se ha instado a la Comisión Europea a “buscar fórmulas para que los beneficios extraordinarios caídos del cielo de las grandes energéticas contribuyan a pagar todo lo que sea necesario para amortiguar el impacto de una guerra de otros países”.

“Son tiempos preocupantes”, ha declarado el comisario de Energía, Dan Jørgensen, al inicio de la reunión de ministros europeos de Energía que ha tenido lugar este martes en Dublín. Con la llegada del otoño los precios de la energía se han vuelto a disparar en un mercado bamboleado por el cierre del estrecho de Ormuz y el conflicto de Oriente Medio, la guerra de Rusia contra Ucrania, el anuncio del presidente Donald Trump de prohibir las exportaciones de diésel desde Estados Unidos a Europa o un almacenamiento de gas menor de lo previsto en el continente europeo. La última conclusión de esta tormenta perfecta sobre los precios es la fuerte “dependencia energética” de la Unión Europea de los combustibles fósiles.

“Europa es una de las regiones más expuestas, si no la más expuesta, en lo que respecta al diésel. Actualmente, obtiene alrededor del 50% del diésel de Estados Unidos”, según ha explicado Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Un informe de Goldman Sachs revela que si se produjera el veto anunciado por Trump los precios del diésel se elevarían en Europa entre un 1,75%, si durase una semana, hasta un 20%, si la medida se alargase 90 días.

Aunque en los pasillos de las instituciones europeas no se cree que Trump cumpla con su amenaza, ya que perjudica a las grandes petroleras estadounidenses, el ministro irlandés de Clima, Energía y Medio Ambiente, Darragh O’Brien, advirtió que “hay que estar en guardia. No podemos confiarnos”. De hecho, las palabras de Trump bastaron para elevar aún más unos precios de los carburantes, que se dispararon en pleno verano y han continuado subiendo durante el mes de septiembre. Ya están en máximos de 2026 y acercándose a los niveles de 2023. 

“Tenemos que sustituir los combustibles fósiles”

“Esto demuestra hasta qué punto es perjudicial depender de otros, hasta qué punto es insostenible depender de fuentes de energía de otras partes del mundo. Tenemos que acabar con esa dependencia. Tenemos que sustituir los combustibles fósiles, esas moléculas importadas, contaminantes y caras, por energía producida en casa: electrones verdes”, comentó Jørgensen.

La amenaza del veto del diésel de Trump llegaba después de su petición al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de que dejara de atacar a las refinerías de petróleo rusas. La estrategia ucraniana de llevar la guerra al interior de Rusia con el objetivo de reducir la capacidad económica y militar rusa también tiene su impacto en la economía global. Un informe de la AIE señaló que Ucrania había realizado un ataque a una refinería de petróleo rusa cada tres días durante los ocho primeros meses de 2026, de manera que “la producción de gasolina cayó un 20% respecto a los niveles de 2025, mientras que la producción de diésel se redujo en un 30%”.

La preocupación económica de Trump no tuvo efecto sobre Zelenski, que ante las preguntas de los periodistas durante la cumbre de la ONU que tuvo lugar la semana pasada en Nueva York, respondió: “Las vidas de los ucranianos son más importantes que el precio de la energía”.

Entre otras cosas porque Trump tiene también mucho que ver con el incremento de los precios de los carburantes por la guerra que inició junto a Israel contra Irán. El presidente de Estados Unidos rechazó el pasado sábado un plan para reabrir el paso marítimo del estrecho de Ormuz, que le propuso el Gobierno de Irán. Trump aseguró que EEUU tiene el control del estrecho por el que fluyen por la vía “cantidades masivas de petróleo”. Sin embargo, con la apertura de los mercados el lunes, el barril de petróleo Brent superó los 108 dólares y este martes, al cierre de esta edición, se mantenía por encima de los 103 dólares por barril.

“100.000 millones de euros adicionales” desde la guerra de Irán

Jørgensen ha recordado que los países de la Unión Europea han gastado más de 100.000 millones de euros adicionales (113.500 millones de dólares) en importaciones de energía desde el estallido de la guerra con Irán.

El conflicto de Oriente Medio que inició Trump tiene también una clara repercusión en el mercado del gas para Europa. Antes de la guerra con Irán, el Gas Natural Licuado (GNL) procedente del golfo Pérsico representaba una quinta parte del suministro mundial.

El freno de las exportaciones de esa zona ha provocado que los precios se elevaran a su nivel más alto desde 2022. Según publica Bloomberg, las compras de la UE de GNL son un 4% inferiores a las de hace un año, pero han aumentado desde principios de agosto, cuando las importaciones se situaban un 30% por debajo de los niveles del año anterior.

El comisario europeo de Energía ha resaltado repetidamente que no existe riesgo inmediato de escasez de gas. Según datos del sector a fecha de 13 de septiembre, las instalaciones de almacenamiento de gas de la UE están ocupadas en un 70%, que algunos analistas apuntan que no son suficientes si el invierno es más duro de lo esperado. Ante la volatilidad del mercado, la Comisión Europea aprobó flexibilizar el objetivo hasta un 75%-80% de reservas de gas para evitar que los países miembros tengan que comprar gas a elevados precios.

Prórrogas de ayudas que no gustan al BCE ni a Bruselas

Aunque la receta está clara, “más energía limpia producida en casa, más eficiencia, más interconexiones y más electrificación”, como ha repetido el comisario europeo de Energía y Vivienda, no hay soluciones a corto plazo. Con la inflación disparada al 4,9% en septiembre en España, presionada al alza por el precio de los carburantes, el Gobierno aprobó este martes prorrogar las rebajas fiscales en la gasolina y el gasóleo hasta finales de diciembre mediante un recorte en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, además de otras medidas que van desde la intervención del precio del gas al IVA de la luz. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avisado que la prórroga por tercera vez de este decreto desde que empezó el conflicto de Irán ha supuesto un coste de “más de 12.000 millones” para las arcas públicas.

La Comisión Europea y el Banco Central Europeo no son partidarios de este tipo de ayudas porque, a su juicio, no terminan de arreglar el problema e incentivan al consumo de combustibles fósiles por la rebaja de precios. Sin embargo, hasta el momento, Bruselas se ha limitado a pedir a los países que estas medidas sean temporales ante la incapacidad de reducir a corto plazo su dependencia.

A lo que hay que añadir, que si la inflación sigue subiendo podría provocar una política monetaria más restrictiva por parte del Banco Central Europeo. Su presidenta, Christina Lagarde, explicó este lunes en el Parlamento europeo que el aumento de los rendimientos de los bonos frenará la expansión económica y limitará la traslación del encarecimiento de la energía a la inflación. “Aunque el crecimiento ha demostrado ser resiliente, desde nuestra última reunión los tipos de interés a largo plazo han aumentado notablemente, lo que ralentizará el crecimiento y reducirá la traslación en mayor medida de lo previsto en nuestro ejercicio de septiembre”.

Lagarde apuntó que el BCE mantendrá “una respuesta medida, según corresponda, para mantener la inflación bajo control”, aunque admitió que actualmente los tipos ejercen un efecto neutral sobre la economía, y subrayó que “los tipos de interés no se mueven al mismo ritmo que los precios de la energía”.

Con los precios de los combustibles por las nubes España, junto a Portugal y Luxemburgo, han mandado una carta a la Comisión Europea para que impulse verdaderamente a las energías renovables en la Unión Europea. “El objetivo de energías renovables de la UE para 2040 debería enviar una señal clara a los inversores y a los mercados. La integración del sistema debe centrarse en la flexibilidad, el almacenamiento, la modernización de la red, las interconexiones y la electrificación”, apuntan los tres países en su misiva.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un nuevo paquete de medidas para afrontar la escalada de los precios energéticos, que continúan disparados siete meses después del inicio del conflicto en Irán. Una subida que impacta de lleno en los conductores que tienen que pasar cada semana por las gasolineras para llenar su depósito y comprueban que el precio no deja de aumentar. 

“Hoy aprobamos en Consejo de Ministros un tercer paquete de medidas para seguir protegiendo a hogares y sectores afectados por la guerra en Irán”, señala el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a través de sus redes sociales.

Para aliviar esta subida, el ejecutivo ha prorrogado las rebajas fiscales en la gasolina y el gasóleo que vencían este mes de septiembre. Ahora se aplicarán, al menos, hasta finales de diciembre. 

Para mitigar el encarecimiento de los carburantes, el Gobierno sigue apostando por un recorte en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, que supondrá un alivio de 20 céntimos en el precio de estos carburantes en octubre, de 13 en noviembre y de 6 en diciembre. En cualquier caso, no se descarta que la cuantía vuelva a subir en noviembre y diciembre si el precio del petróleo sigue disparado. 

Nuevo descuento para diésel y gasolina

El borrador del Real Decreto-Ley adelantado por elDiario.es prevé un descuento de 20 céntimos en el precio de estos carburantes en octubre, de 13 en noviembre y de 6 en diciembre. Unas ayudas que irán a la baja, confiando en que el precio del petróleo no siga disparado, aunque no hay garantías de que eso ocurra ni de que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo duradero.

De esta forma, el ejecutivo sigue apostando por una rebaja en el Impuesto de Hidrocarburos, una medida que se ha venido aplicando en los últimos meses, también con diferentes descuentos. 

Los cálculos del Gobierno pasaban porque esa situación mejorase a lo largo del año. De hecho, para julio, agosto y septiembre se estimó una rebaja en el precio de gasolina sin plomo y el gasoil de 15, 10 y 5 céntimos por litro, respectivamente. Pero eso no ha ocurrido y los precios energéticos siguen disparados, lo que ha obligado a prorrogar estas medidas económicas. 

Además, dentro de estas medidas y descuentos previstos por el Gobierno para mitigar los efectos de la guerra en Oriente Próximo, se mantiene vigente la cláusula automática de reactivación, por la que se volvería a reducir 20 céntimos por litro si la inflación interanual de los carburantes supera el 15 %.

El precio de los carburantes se disparó en pleno verano y ha continuado durante el mes de septiembre: en máximos de 2026 y acercándose a los niveles de 2023. Los datos muestran las cifras actuales, después de que el Gobierno se haya visto obligado a prorrogar las rebajas del combustible por la subida del petróleo o a limitar la subida del gas. Así, la rebaja de 20 céntimos por litro se mantendrá en octubre en el mes de noviembre será de 13 céntimos y en diciembre de 6 céntimos, aunque podrían modificarse en caso de que el precio del barril de petróleo siga por las nubes.

Las cifras del mapa anterior provienen de los datos remitidos por más de 12.000 estaciones de servicio españolas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se actualizan cada media hora y permiten conocer cómo están evolucionando los precios de los carburantes en todo el país.

En el siguiente gráfico puedes ver cómo evoluciona el promedio del precio del diésel y la gasolina 95 en todas las gasolineras de España.

¿Está evolucionando igual el precio en todas las grandes marcas de gasolineras? En el siguiente gráfico puedes ver la comparación entre el precio medio de las gasolineras de las nueve principales grandes redes tradicionales (con precios más altos y aditivos avanzados) y las cadenas independientes o low-cost (con precios más económicos).

En el mapa puedes ver los datos en tiempo real con las últimas cifras remitidas por cada estación. El siguiente gráfico te muestra además la brecha de precio medio del diésel en cada provincia, según los últimos datos disponibles:

¿Sabes cuánto cuesta la gasolina en las estaciones de servicio de tu municipio? Busca tu localidad o provincia y descubre cuáles son los establecimientos que venden el combustible más caro y más barato en tu zona.

La evolución de los precios energéticos durante este año ha estado marcada por fuertes oscilaciones, entre ellas las provocadas por la guerra en Irán, con el encarecimiento de los carburantes como una de las principales preocupaciones económicas. Ante esta situación, el Real Decreto-ley 18/2026 ya contemplaba una serie de medidas para contener el impacto de la subida de los precios a los que se sumaron las rebajas fiscales ante el aumento de los precios del gasóleo, con el objetivo de reducir el impacto de la subida de los carburantes sobre el poder adquisitivo de los hogares.

Ahora, estas rebajas fiscales se mantendrán durante el mes de octubre y se irán reduciendo progresivamente en noviembre y diciembre salvo que se mantengan en el nivel actual los precios del barril de Brent, que se mantiene desde la semana pasada por encima de los 105 dólares.

El Gobierno prorrogará este martes las rebajas fiscales en la gasolina y el gasóleo hasta finales de diciembre, a través de un recorte en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos que supondrá un alivio de 20 céntimos en el precio de estos carburantes en octubre, de 13 en noviembre y de 6 en diciembre, pero con una cláusula de salvaguarda que permitirá elevar su cuantía en caso de que los precios del petróleo sigan disparados.

El borrador del Real Decreto-Ley por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, al que ha tenido acceso elDiario.es y que el Consejo de Ministros aprobará este martes, también apuesta por limitar la tarifa del gas y del butano coincidiendo con la llegada del invierno, a la vista de que los precios del gas de referencia en Europa se han disparado en las últimas semanas y ya más que duplican el coste previo a la guerra en Irán.

La norma vuelve a intervenir la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural, a la que están acogidos más de 3 millones de consumidores. Para evitar “un aumento de la TUR superior al 45 por ciento respecto de la tarifa vigente desde el 1 de julio”, se introduce un mecanismo similar al que estuvo vigente entre finales de 2021 y junio de 2024 para limitar las subidas de la tarifa regulada del gas, limitando la componente relacionada con el coste de la materia prima a un 35% para el último trimestre de este año y a un 15% para los siguientes.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha confirmado en declaraciones a los medios, a su llegada al Consejo Europeo de Energía de Dublín, ese tope a la TUR, que supondrá que “en vez de subir ese 49% se quede en un 15%”. Aagesen ha confirmado también que se vuelve a limitar temporalmente el precio del butano como ocurrió tras la invasión de Ucrania: hasta el 30 de junio de 2027, no podrá superar el precio máximo establecido en la resolución de mayo de 2022. Para la bombona de 12,5 kg, el límite será de 19,55 € por envase en Península.

También se establece un mecanismo para recuperar temporalmente el IVA del 10% sobre electricidad y determinados combustibles, y vuelve a rebajarse el Impuesto Especial sobre la Electricidad al mínimo legal del 0,5% si el IPC energético supera el umbral del 15%.

El decreto introduce nuevas obligaciones relativas al control de la tensión eléctrica, clave en el apagón de 2025. Se modifica el real decreto 413/2014 para que las instalaciones renovables tengan una participación más activa en el control de tensión, de forma que se incorpore como una capacidad operativa más exigible a energías limpias, en lugar de descansar principalmente en generación convencional.

Ante “la imperiosa necesidad de reforzar los mecanismos de control y disuasión en un contexto de extraordinaria volatilidad de los mercados energéticos”, se endurece el régimen sancionador de la Ley de Hidrocarburos al duplicarse la cuantía máxima de las multas, hasta 60 millones para las infracciones “muy graves”, 30 millones para las “graves” y 1,2 millones para las “leves”. Además, el borrador introduce un nuevo régimen sancionador para los combustibles sostenibles de aviación.

Asimismo, se establece una obligación extraordinaria de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) entre noviembre de 2026 y marzo de 2027. Y se da más capacidad a la Corporación de Reservas Estratégicas (CORES) para decidir dónde se liberan las reservas estratégicas de petróleo en una situación de escasez.

Además, se endurece y concreta el régimen de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) y se abre “excepcionalmente” el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) a inversiones de los propios ministerios para ahorro y eficiencia energética.

El borrador también encarga a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la elaboración de dos estudios sobre la evolución de los precios de la energía y los alimentos, prestando especial atención a la formación de precios, la competencia y la traslación de las ayudas a los consumidores, en el caso de luz o carburantes, y analizando la cadena de valor alimentaria, especialmente la repercusión de los costes de energía y fertilizantes sobre los precios finales.

El Ayuntamiento de Gáldar ha presentado un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, que concede autorización administrativa a Conagricán, S.L. para la construcción de una planta de generación híbrida (cogeneración-eólica) de 499 kW en La Atalaya.

En un comunicado, la corporación local explica que esta acción se suma a las alegaciones presentadas el pasado mes de febrero, en las que el consistorio ya solicitaba la paralización del proyecto y advertía de la fragmentación administrativa del mismo. El Ayuntamiento de Gáldar, como administración directamente afectada por la proximidad de la instalación, considera que la resolución ahora recurrida es contraria a Derecho y no responde a las cuestiones de fondo planteadas.

El recurso de alzada se fundamenta en un hecho clave que, según el Ayuntamiento, la resolución no aclara: la cronología del expediente. El informe de impacto ambiental que la Administración invoca como base es de 14 de marzo de 2025. Sin embargo, el proyecto completo de la instalación híbrida Eólica-Biogás fue requerido a la promotora el 19 de junio de 2025 y no se presentó hasta el 7 de agosto de 2025.

Para el Ayuntamiento de Gáldar esta secuencia temporal evidencia que la configuración definitiva de la planta autorizada —con un motor de cogeneración de 635 kW limitado a 499 kW y nuevas infraestructuras eléctricas— no pudo ser evaluada en su totalidad por el informe ambiental previo.

La resolución recurrida, por tanto, parte de una premisa no acreditada: que la instalación finalmente autorizada está íntegramente cubierta por la evaluación ambiental de marzo de 2025.

Asimismo, el recurso insiste en la necesidad de valorar los efectos acumulativos y sinérgicos del conjunto de instalaciones (planta de biogás, compostaje, cogeneración y eólica existente), tal y como exige la Ley 21/2013. En este sentido, se subraya que el informe de la Dirección General de Salud Pública ya advirtió de posibles afecciones sobre la calidad del aire, ruido, vibraciones y riesgos de accidentes, calificando el impacto local del conjunto como “significativo”.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Gáldar solicita que se estime el recurso y se deje sin efecto la autorización, o subsidiariamente, que se retrotraigan las actuaciones para que se acredite de forma expresa la correspondencia entre el proyecto evaluado y el finalmente autorizado. Igualmente, se ha solicitado la suspensión de la ejecución de la resolución hasta que se resuelva el recurso, ante los perjuicios de difícil reparación que podrían derivarse para el medio ambiente y la salud de la población.

La sostenibilidad medioambiental ha dejado de entender de sectores. Administraciones, empresas y entidades sociales comparten hoy la misma exigencia: adaptar su actividad a criterios más responsables, aprovechar mejor los recursos, reducir su impacto y, de paso, explorar las oportunidades que abre la economía verde. La economía social no es ajena a ese reto, y en Castilla-La Mancha lo afronta desde realidades muy dispares: entidades que llevan años incorporando prácticas sostenibles casi sin ponerles nombre y otras que topan con la falta de tiempo, de financiación o de referentes para dar el paso.

A ese diagnóstico se suma una idea que atraviesa buena parte del sector: sostenibilidad e igualdad de género no son caminos paralelos, sino dos dimensiones de un mismo proceso de transformación. Cuidar el entorno y poner a las personas en el centro forman parte, en la economía social, del mismo relato.

Para tomar el pulso al sector en la región —qué se hace ya, qué barreras persisten y qué recorrido queda por delante, también en materia de empleo— hablamos con Luis Enrique Espinoza, presidente de la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Castilla-La Mancha (REAS), entidad que se integra dentro de la Confederación Economía Social Castilla-La Mancha. Su diagnóstico parte de una certeza —el sector ya lleva la sostenibilidad y la igualdad en su ADN— y desemboca en un desafío: conseguir que el consumidor y las administraciones reconozcan y premien ese valor añadido, muchas veces intangible, que la economía social aporta a su entorno.

¿Cómo integran la sostenibilidad las entidades de la economía social de la región?

Las familias de la economía social son muy variadas, aunque estamos todas coordinadas en la Confederación Economía Social Castilla-La Mancha. Y, claro, hay algunas familias que tienen una vinculación estrechísima con la sostenibilidad ambiental. De tal manera que aquellas familias que tienen más relación por su actividad o porque manejan productos que tienen que ver con temas medioambientales, pues están más implicadas.

En el caso de REAS es muy evidente porque todas las entidades integradas comparten el principio de la sostenibilidad como uno de sus principios rectores, pero, en general, en varias familias de la economía social en Castilla-Mancha el tema está muy interiorizado.

Por ejemplo, en las cooperativas agroalimentarias sé que la sostenibilidad cada vez preocupa más. Primero porque su actividad tiene que ver con el medio ambiente y lo que producen cada vez tiene un nivel de calidad mayor, en la medida en que incorporan preocupaciones medioambientales.

Además, todas, todas las familias de la economía social en Castilla-Mancha nos hemos dotado de un distintivo promovido desde la Confederación que pretende diferenciar los productos y servicios que se generan en la economía social. Y ese distintivo tiene que tener algo detrás: una serie de elementos distintivos respecto de otras empresas de la economía. Con ese distintivo, lo que pretendemos es hacer ver que comprar o utilizar servicios de la economía social tiene un plus añadido, de ahí ese distintivo con el que nos queremos diferenciar.

Yo creo que cada vez más en la economía social se está apostando justamente por la igualdad de género y la sostenibilidad como elementos diferenciadores respecto de otros sectores u otras empresas de la economía

Y uno de los elementos diferenciadores es justamente la sostenibilidad ambiental, pero también los temas de igualdad de género, que es otro tema también que tenemos muy interiorizado e incorporado.

Yo creo que cada vez más en la economía social se está apostando justamente por la igualdad de género y la sostenibilidad como elementos diferenciadores respecto de otros sectores u otras empresas de la economía.

¿Qué ejemplos pondría de buenas prácticas que funcionan tanto en materia de sostenibilidad como de igualdad de género?

En el caso de la igualdad de género, aparte de que cada vez es mayor la presencia de mujeres en las empresas cooperativas, asociaciones, fundaciones de la economía social -hasta el punto de que, por ejemplo, en REAS es mayoritaria la presencia de mujeres-, cada vez más entidades de la economía social incorporan planes de igualdad justamente para que ese compromiso sea una realidad. No es solo porque sea obligatorio en función del número de trabajadores que trabajan en la entidad, sino que es un compromiso que está muy asumido y que tiene que ver, como digo, con una enorme presencia de las mujeres dentro de las entidades de la economía social.

Y luego en el caso de medio ambiente, pues te pongo un ejemplo concreto. Cada vez son más las cooperativas y entidades de economía social que apuestan por utilizar energía procedente de fuentes renovables. En buena medida porque también dentro de la economía social hay entidades que están orientadas a la generación de energía renovable. La más conocida es Som Energia, que es una cooperativa de consumidores que nació en Catalunya, pero que ya tiene ámbito estatal y que da servicio a todo tipo de consumidores, también a las empresas.

Cada vez es más frecuente que una cooperativa o una entidad de economía social utilice la energía procedente de una de estas entidades, de una de estas cooperativas, que utiliza 100% de energía renovable. Es una tendencia muy reciente, pero cada vez es más evidente.

Y, por supuesto, podríamos citar a otras que tienen que ver con la recogida selectiva de residuos, con el uso eficiente del agua, etc. En el caso de las cooperativas agroalimentarias, me consta que hay un compromiso muy claro con el tema del ahorro de agua y que cada vez se están incorporando, sobre todo en las cooperativas de segundo grado, las de transformación, se están incorporando mecanismos también de ahorro de agua en la producción.

¿Cómo aprecia el cliente estas cualidades, esta diferenciación que hacen las entidades que trabajan dentro de la economía social? ¿Se valoran ese plus que añadís?

Esa es nuestra asignatura pendiente. Nuestro empeño es justamente que se valore esa diferencia, ese plus que aporta la economía social. La economía social, en definitiva, es una economía que lo que pretende es primar a las personas, primar la preocupación por el entorno, la vinculación al territorio, que lo importante no es el beneficio económico. Que hay que tenerlo obviamente para sobrevivir, pero que no es sustancial porque hay un capitalista que se lucre del trabajo, sino que son los trabajadores los dueños de la empresa, de la cooperativa o de la entidad.

En definitiva, es una serie de valores que nos permiten decir que somos diferentes y que somos mejores, es decir que nuestra actividad no solamente es importante desde el punto de vista de los trabajadores, sino que también somos buenos, entre comillas, para nuestro entorno social y natural.

Entonces nuestra dificultad o lo que tenemos que conseguir es, por un lado, poner en números ese plus, ese valor añadido que tenemos, es decir, hacer ver que incorporar trabajadores en riesgo de exclusión a nuestras entidades, el que haya cada vez más mujeres, el que tengamos en cuenta los temas medioambientales o nuestro arraigo en el territorio rural, por ejemplo, eso es un plus que hay que contabilizar y hay que incorporar para hacer un balance también económico de lo que supone el que haya este sector de la economía en nuestra región o en nuestro país.

Y en esa línea de hacer ver a los consumidores está el distintivo que te comentaba que ha puesto en marcha la Confederación de Economía Social en Castilla-La Mancha. Un distintivo que haga ver también a las personas, a los consumidores de productos y de servicios que comprar o utilizar servicios de la economía social significa un valor añadido, ya que la economía social genera unos beneficios que son muchas veces intangibles, pero que están ahí. Ese es el trabajo que estamos haciendo ahora, que el consumidor sepa que este producto, este servicio, procede de la economía social y que tiene un valor añadido que merece la pena apostar por él.

Aparte de esa, ¿hay otras barreras para la economía social? Y en el lado opuesto, ¿qué oportunidades y retos en positivo tenéis por delante?

Dificultades hay más, no solamente que no se distinga o que no se valore lo que aporta la economía social desde el mercado. Pero para aplicar criterios de sostenibilidad o de igualdad de género hay más problemas. Por ejemplo, imagínate que una entidad pretende utilizar productos reciclados o de cercanía o cualquier tipo de mejora medioambiental que se te ocurra. Pues en muchas ocasiones ese producto o no está disponible o es difícil de acceder a él o tiene un precio que quizás sea un poquito más alto que el producto convencional.

Y luego también nos cuesta mucho encontrar ese tipo de productos medioambientalmente sostenibles dentro del ámbito de la propia economía social y eso es un hándicap porque uno de los objetivos que tenemos dentro de la economía social es consumir cada vez más dentro de la propia economía social. Y en muchas ocasiones no es fácil encontrar esos productos dentro de nuestras entidades.

También muchas veces hay que luchar contra las inercias. Esto que te comentaba antes del uso de la energía por fuentes renovables, pues también en ocasiones no se hace un poco por dejadez porque la inercia te lleva a utilizar lo que siempre has utilizado en lugar de apostar por estas formas nuevas de energías renovables que sabemos todos que es beneficioso para todos.

Hay más dificultades que tienen que ver con la accesibilidad, con el precio, con la disponibilidad del producto dentro de nuestro ámbito de la economía social, etc. Y en el caso de las mujeres pues también hay dificultades, porque aunque te decía antes que cada vez son más mujeres y que su presencia es muy importante dentro de la economía social, en muchas ocasiones cuando ellas se plantean emprender, la economía social no es la primera opción, ni la segunda ni la tercera. Esto es debido a que muy poquita gente tiene formación sobre lo que implica esto o que, en cursos de formación que se hacen para emprendedores pocas veces se habla de la economía social como una alternativa para el emprendimiento. Por eso, muchas mujeres que se plantean emprender no tienen como opción la economía social.

Además, hay entidades dentro de la Confederación Economía Social Castilla-La Mancha que están especializadas en el acompañamiento al emprendimiento justamente para hacer fácil que se pueda emprender, sobre todo en perfiles con más dificultades de inserción en el mercado laboral, como mujeres y jóvenes. Que sepan que van a tener acompañamiento así que deciden montar, por ejemplo, una cooperativa de trabajo social.

Y en cuanto a retos, se trata de ser capaces de utilizar servicios y productos cercanos, que sean ambientalmente sostenibles... Lo cual va a depender en muchas ocasiones de la accesibilidad y del precio. Entonces ahí tenemos que conseguir ambas cosas que sean sencillas.

Tenemos que conseguir también que se nos distinga, que justamente esa preocupación que tenemos por la igualdad de género o por la sostenibilidad tenga un reflejo en el mercado a la hora de que el consumidor prefiera nuestros productos y nuestros servicios

Tenemos que conseguir también que se nos distinga, que justamente esa preocupación que tenemos por la igualdad de género o por la sostenibilidad tenga un reflejo en el mercado a la hora de que el consumidor prefiera nuestros productos y nuestros servicios. Entonces ahí tenemos que hacer una labor de sensibilización, de distinguirnos, de hacer ver las ventajas que tiene nuestro sector. Confiamos en que poco a poco se vaya interiorizando.

¿Qué le pedirías a las administraciones para hacer frente a esos retos y dificultades que has enumerado?

Lo fundamental para las administraciones es que tengan en cuenta el sector de la economía social a la hora de contratar. Dentro de la contratación pública ya hay reservas de mercado orientadas sobre todo a empresas de inserción, con un porcentaje de los contratos que hace la administración que tiene que reservarse obligatoriamente a este tipo de entidades para facilitar la inserción laboral, sobre todo a personas con discapacidad. Pero hay que ampliar eso.

Tenemos que conseguir que en el ámbito de la contratación pública se tenga en cuenta ese valor añadido que tenemos en la economía social en cuanto a generación de empleo, en que el beneficio no es lo primero, en que tenemos una preocupación importante sobre el tema de la igualdad y del compromiso medioambiental, del arraigo al territorio, cuando se habla tanto de despoblación y de reto demográfico.

Muchas de nuestras entidades están instaladas en el medio rural, creando empleo. La administración tiene que entender que esa labor que hacemos y esa distinción que tenemos respecto a la economía convencional tiene que tener un reflejo a la hora de contratar. Ahí tiene que haber un porcentaje de contratación pública reservado o que dé puntos prioritarios a las empresas de la economía social frente a las empresas convencionales, justamente porque aportamos más valor a la sociedad.

La OCDE ha mejorado las previsiones de crecimiento del producto interior bruto (PIB) de España hasta el 2,6% en 2026, cuatro décimas más y en línea con las proyecciones del Gobierno, y en 0,1 puntos, hasta el 1,8%, la de 2027. Pero la revisión de estas cifras no puede ocultar los nubarrones que se ciernen sobre la economía por la subida de los precios del petróleo, ante un conflicto en Oriente Medio enquistado, y los efectos sobre los alimentos del fenómeno de El Niño que este año podría ser particularmente grave.

El organismo ha publicado este miércoles la revisión de su informe de Previsiones económicas, titulado en esta ocasión “Resistir shocks sucesivos”. Y aunque los datos colocan a España como la economía avanzada que más crecerá este ejercicio, por delante de Estados Unidos (2,2%) y más del doble que la zona euro (1%), las cifras de la inflación también sitúan a España como el país desarrollado donde los precios golpearán con más fuerza.

En concreto, la OCDE prevé una inflación media del 3,7% en 2026, cuatro décimas más que en su informe de junio, una situación que apenas mejorará en 2027, cuando la subida de precios será del 3,4% (medio punto más). El componente energético será importante en esta subida de precios, pero la organización apunta que la inflación núcleo –es decir, la subyacente, la que excluye de su cálculo a los elementos más volátiles como la energía o los alimentos precios– también repuntará notablemente: será del 3,4% y del 2,9%. Los economistas utilizan este indicador para comprobar si las tensiones inflacionarias ya se están trasladando al tejido productivo, por lo que esta revisión al alza apunta a una subida de precios más pegajosa de lo estimado en un principio.

La previsión publicada este miércoles no incorpora la revisión que hizo el INE la semana pasada del crecimiento económico de los últimos tres ejercicios, en la que corrigió a la baja el avance del PIB de 2025 hasta el 2,6%, aunque mejoró al 3,7% el de 2024. Este viernes Estadística publicará el dato del PIB del segundo trimestre de este año, tras avanzar que se aceleró al 0,7%, en el que también se incorporará una nueva serie trimestral con la incorporación de los últimos datos.

España lidera las medidas frente a la guerra

La economía mundial, apunta la OCDE, moderó su crecimiento en la primera mitad del año aunque se mostró resiliente gracias a las reservas del petróleo, la oferta adicional de fuera del Golfo Pérsico y las medidas discrecionales aprobadas para amortiguar el shock. A esto se suma el empuje que el desarrollo de la Inteligencia Artificial está dando tanto a la inversión, la producción y el comercio mundial, sobre todo de las potencias asiáticas que lideran la cadena de suministros.

Pero, en el horizonte, la duración del conflicto en Oriente Medio marcará la evolución futura, con unos precios de la energía que se han acelerado en las últimas semanas, conforme la situación en Irán, lejos de mejorar, empeora. Además, la previsión de que El Niño sea este año más grave que en los anteriores, junto a un clima que ya ha sido extremo, ha provocado una presión adicional en los productos agrícolas.

Otro de los riesgos que aprecia la OCDE es que los tipos de interés a largo plazo se han elevado a sus niveles más elevados en más de quince años, presionado, además de por la incertidumbre económica, por las emisiones millonarias de bonos de las grandes tecnológicas para financiar el desarrollo de la IA. “Incrementos mayores en las rentabilidades de los bonos soberanos o unos rendimientos de las inversiones en IA que no cumplan con las expectativas podrían provocar una corrección en los mercados de valores y debilitar las proyecciones de crecimiento”, advierte el documento que, en una nota positiva, reconoce que una inyección de productividad gracias a la tecnología también podría acelerarlo.

Sobre las medidas por la guerra en Irán, la OCDE reconoce a España, de nuevo, como líder en el despliegue de ayudas: 15, en concreto, según su conteo, por delante de otros países como España o Francia. En este sentido, hasta agosto, los precios de la gasolina y el diésel habían subido en nuestro país menos que en el resto de economías desarrolladas: un 15% y un 30%, en concreto. Lejos del 30% y el 40% que han subido su precio ambos carburantes en Alemania, o de los avances del 25% y el 45%, respectivamente, de Estados Unidos.

Después de los catastróficos resultados del informe PISA, que también elabora esta institución, la OCDE recomienda a los países que elaboren “políticas que aseguren que los trabajadores tengan habilidades adecuadas y flexibles que también reforzarán la resiliencia y las perspectivas de crecimiento”. Sobre los datos educativos, que muestran una caída de las capacidades en ciencia, lectura y matemáticas en muchos países, recomiendan aumentar los profesores y asegurar que escuelas y estudiantes con desventajas cuentan con los recursos suficientes.

En su primer día como autora experta en los informes climáticos más importantes del mundo, la profesora Julia Steinberger no conocía a nadie, así que se sentó a la mesa de un desconocido para desayunar. “Hola, soy Julia. Soy de la Universidad de Lausana” dijo. El hombre que tenía enfrente respondió: “Soy Mustafa Babiker. Trabajo en Saudi Aramco”.

Aramco, la empresa petrolera estatal de Arabia Saudí, es responsable de más emisiones de carbono —las que están agravando la crisis climática— que cualquier otra empresa de la historia, y el reino lleva mucho tiempo siendo uno de los principales obstáculos para la acción climática.

“¿No era eso un conflicto de intereses?”, preguntó Steinberger. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, del que ambos formaban parte en aquel momento, elabora los informes que sirven de base para las negociaciones climáticas de la ONU y orientan las políticas climáticas nacionales en todo el mundo. “No”, recuerda Steinberger que dijo Babiker: había declarado esa relación en el formulario de conflictos de intereses del IPCC. “No me pareció una respuesta muy satisfactoria, pero se mostró amable y disfrutamos de un desayuno muy agradable”.

El Dr. Babiker lleva 20 años trabajando para Aramco. Su nombramiento como autor principal coordinador del próximo Séptimo Informe de Evaluación del IPCC desató la polémica en la comunidad científica climática el año pasado. Pero una investigación de The Guardian, llevada a cabo en colaboración con un equipo de periodistas internacionales, ha revelado ahora que Babiker dista mucho de ser un caso aislado.

El IPCC es la organización con mayor prestigio del mundo en materia de ciencia climática, y sus informes cuentan con la aprobación de 195 países

La investigación ha revelado que al menos una docena de autores principales del IPCC son empleados o están vinculados a Saudi Aramco, a instituciones saudíes y a otros intereses del sector del petróleo y el gas. Uno de los vicepresidentes del IPCC, que forma parte del grupo directivo del organismo, también representa al reino en las negociaciones mundiales sobre el clima en calidad de funcionario del Gobierno.

El IPCC es la organización con mayor prestigio del mundo en materia de ciencia climática, y sus informes cuentan con la aprobación de 195 países. Estos informes son elaborados por cientos de autores principales de todo el mundo, con conocimientos especializados que abarcan desde la física atmosférica hasta los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos.

The Guardian ha analizado los 223 autores principales del Grupo de Trabajo III, la sección del IPCC que evalúa cómo se pueden reducir o eliminar las emisiones de la atmósfera. Su labor consiste en evaluar las políticas y tecnologías de reducción de emisiones, por lo que guarda una relación directa con los intereses económicos de países y empresas. Los Grupos de Trabajo I y II se ocupan de la ciencia del cambio climático y sus repercusiones.

La investigación ha localizado 20 casos que planteaban serias preocupaciones por conflictos de intereses. Más de la mitad de ellos involucran a autores vinculados a instituciones saudíes, una concentración que plantea cuestiones más amplias sobre la influencia del reino en la elaboración de los informes.

La política de conflictos de intereses del IPCC ha sido calificada de “inadecuada para su propósito” por los expertos que han revisado la investigación de The Guardian.

“Es la primera vez que contamos con tantos autores vinculados a Arabia Saudí”

Otro empleado de Aramco seleccionado como autor principal del IPCC es el Dr. Diego Armando Moya Pinta, que trabaja como investigador en energía y sostenibilidad en la empresa desde 2022. El IPCC solo indica como afiliación el Imperial College de Londres, donde es investigador sénior honorario.

Como uno de los 14 autores principales del capítulo sobre sistemas energéticos, Moya Pinta evaluará las opciones para reducir las emisiones en todo el sector energético, un ámbito con implicaciones directas para el negocio de Aramco. “No creo que haya ninguna duda de que un caso como este entraría dentro de la política de conflicto de intereses del IPCC”, afirmó el profesor Kevin Elliott, académico de la Universidad Estatal de Míchigan especializado en ética de la investigación.

Sin embargo, en marzo de 2026, el comité de conflictos de intereses del IPCC informó de que no había detectado ningún conflicto de intereses entre los autores seleccionados para el Séptimo Informe de Evaluación, la próxima edición de su publicación más importante e influyente.

Además de los dos empleados de Aramco, el GFrupo de Trabajo III incluye a cinco autores del Centro de Estudios e Investigaciones Petroleras del Rey Abdullah (KAPSARC), un centro de estudios financiado por el Gobierno saudí y presidido por el ministro de Energía del país

La discrepancia entre la conclusión del comité y la presencia de autores procedentes de la mayor empresa petrolera del mundo “plantea dudas sobre si la política de conflicto de intereses del IPCC es adecuada para su propósito o si se está aplicando correctamente”, afirma Rachel Kennerley, activista sénior del Centro de Derecho Ambiental Internacional.

Además de los dos empleados de Aramco, el Grupo de Trabajo III incluye a cinco autores del Centro de Estudios e Investigaciones Petroleras del Rey Abdullah (KAPSARC), un centro de estudios financiado por el Gobierno saudí y presidido por el ministro de Energía del país, cuya misión declarada es “impulsar el sector energético de Arabia Saudí”.

Aunque poco conocida fuera de los círculos especializados en política energética, KAPSARC cuenta con el mismo número de autores en el grupo de trabajo III que el Imperial College de Londres y el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados de Viena, lo que convierte a estas tres instituciones en las más representadas del grupo.

Otro de los autores principales en materia de sistemas energéticos, el profesor Zain Yamani, de la Universidad Rey Fahd de Petróleo y Minerales, llevó a cabo una investigación conjunta con la División de Investigación en Nuevas Energías de Aramco durante el último año, al tiempo que desempeñaba su cargo en el IPCC. El artículo resultante, escrito en colaboración con dos científicos de Aramco, se publicó en julio. Otro autor principal del IPCC, el Dr. Syed Masiur Rahman, trabaja en la misma universidad, que destaca su proximidad a Saudi Aramco como una fuente de «innumerables oportunidades de colaboración e innovación» entre ambas organizaciones.

Un autor principal del capítulo sobre tecnologías de eliminación de dióxido de carbono, el profesor Hussein Hoteit, de la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología, estaba ultimando una investigación basada en un proyecto de demostración para el almacenamiento subterráneo de carbono en el momento de su nombramiento en el IPCC. Saudi Aramco concibió el proyecto y proporcionó un importante apoyo financiero.

“Es la primera vez que contamos con tantos autores vinculados a Arabia Saudí en el IPCC, sobre todo en el Grupo de Trabajo III”, afirma la Dra. Kari De Pryck, politóloga de la Universidad de Ginebra y experta en la gobernanza de la organización.

De Pryck considera que la creciente presencia de autores vinculados a Arabia Saudí se inscribe en el contexto de un cambio más amplio en la diplomacia climática del reino. Su oposición de larga data a la reducción del consumo de combustibles fósiles en las negociaciones climáticas de la ONU se complementa cada vez más con la promoción de soluciones tecnológicas para el clima. “En lo que respecta al IPCC, la estrategia saudí se centra ahora en defender tecnologías como la captura de carbono, que limitarían el impacto en su economía basada en los combustibles fósiles”, afirma De Pryck.

Además, existe un solapamiento entre el Gobierno del reino y la dirección científica del IPCC. La Dra. Malak Al-Nory, una de las siete vicepresidentas del Grupo de Trabajo III, es asesora principal del Ministerio de Energía de Arabia Saudí. Las vicepresidentas ayudan a supervisar el proceso de evaluación y orientan su labor científica y técnica. Asimismo, evalúan las declaraciones de conflictos de intereses de los autores y pueden remitir los casos al comité .

El IPCC no excluye que científicos empleados por gobiernos trabajen en sus informes. Sin embargo, algo inusual es que Al-Nory haya seguido representando a Arabia Saudí en las negociaciones climáticas de la ONU mientras ocupaba el cargo de vicepresidenta. Formó parte de la delegación del reino en la Conferencia sobre el Cambio Climático de Bonn celebrada en junio de 2026, lo que ha acentuado las preocupaciones sobre la compatibilidad de sus dos funciones.

“Las normas sobre conflictos de intereses no constituyen una acusación de que alguien haya actuado indebidamente”, indica Tzeporah Berman, presidenta del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. “Su finalidad es proteger la integridad de una institución garantizando que se divulguen y gestionen adecuadamente aquellos intereses profesionales, financieros o gubernamentales que razonablemente podrían percibirse como factores que influyen en su labor”.

“Si el sistema de gestión de conflictos de intereses del IPCC es capaz de examinar el caso de un vicepresidente del IPCC que trabaja para el Ministerio de Energía de Arabia Saudí, el de empleados de Aramco que actúan como autores principales y esta concentración de autores procedentes de instituciones vinculadas al Estado saudí, y no encuentra nada que deba gestionarse...”

Una “brecha” entre la política y la realidad

Hasta 2011, el IPCC carecía de una política institucional sobre conflictos de intereses. Esto cambió tras una dura crisis de credibilidad en 2010, cuando los errores en sus principales informes y las acusaciones de conflictos financieros que salpicaban a su entonces presidente dieron lugar a una revisión independiente de los procedimientos de la organización.

La política resultante establece que su objetivo es “proteger la legitimidad, la integridad, la confianza y la credibilidad del IPCC”. Añade: “Es esencial que la labor del IPCC no se vea comprometida por ningún conflicto de intereses de quienes la llevan a cabo”.

Kennerley señala que existe una discrepancia entre los criterios escritos del IPCC y su funcionamiento en la práctica. Afirma que los representantes nacionales habían planteado dudas sobre la falta de directrices relativas a la aplicación de la política, y añadió que otro problema importante era la transparencia. Las declaraciones de conflicto de intereses de los autores no se hacen públicas, y el comité de conflictos de intereses no ofrece detalles sobre sus deliberaciones.

Un portavoz del IPCC asegura que no se ha remitido a ningún autor a su comité de conflictos de intereses, ya que todos los posibles conflictos de intereses notificados pudieron resolverse por parte de los vicepresidentes de los grupos de trabajo. “La fortaleza del IPCC radica en su compromiso con la diversidad de sus equipos de liderazgo y de autores, en los múltiples procesos de revisión por parte de expertos y gobiernos, y en el carácter inclusivo de sus evaluaciones”, señala el portavoz. “Estas garantías respaldan en su conjunto la objetividad, la integridad, la autoridad y la credibilidad de los informes del IPCC”.

Ningún autor individual, institución, sector o país determina por sí solo las conclusiones de un informe del IPCC

Portavoz del IPCC

El mismo portavoz señala que los detalles de la revisión de las declaraciones de conflicto de intereses eran confidenciales debido a la legislación sobre protección de datos. “El público puede juzgar si los intereses relevantes se han evaluado y gestionado adecuadamente a través de los propios informes de evaluación, que se someten a revisiones rigurosas en varias fases y que están documentadas [públicamente]”.

En cuanto al elevado número de expertos vinculados a Arabia Saudí, el portavoz explica: “Ningún autor individual, institución, sector o país determina por sí solo las conclusiones de un informe del IPCC. Las conclusiones se elaboran de forma colectiva por amplios equipos de autores, diversos desde el punto de vista internacional y científico”. Afirmó que los autores del IPCC son expertos destacados en sus campos y que se seleccionan deliberadamente de entre una amplia variedad de ámbitos, incluidos el sector público y el privado.

Hoteit, de la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología, explica: “No existe ningún conflicto de intereses. Mi investigación y mis contribuciones relacionadas con el trabajo del IPCC fueron financiadas y respaldadas íntegramente por mi empresa, tal y como se reconoce en el artículo citado”. El artículo, de autoría colectiva, también señala: “Agradecemos a Saudi Aramco por haber concebido y llevado a cabo este proyecto piloto, así como por haber proporcionado un importante apoyo financiero”.

Aramco se ha negado a hacer comentarios para la investigación de The Guardian, y ninguna de las demás personas o instituciones mencionadas ha respondido a las solicitudes de comentarios.

11 de los 20 casos de posibles conflictos de intereses graves identificados por la investigación estaban relacionados con Arabia Saudí, mientras que el resto se repartía entre otros países y estaba vinculado a cuestiones como la colaboración con la industria, el patrocinio de la investigación de instituciones académicas por parte de empresas de combustibles fósiles, las campañas medioambientales y las finanzas sostenibles.

Por su parte, el Dr. Jeroen Oomen, investigador en gobernanza climática de la Universidad de Utrecht, explica: “El mandato del IPCC como árbitro de la ciencia climática siempre se ha basado en su independencia y neutralidad. Los conflictos [denunciados en esta investigación] corren el riesgo de dañar esa reputación”.

El Dr. Adam Standring, investigador de la Escuela de Economía y Gestión de Lisboa, recuerda que el IPCC se creó para tender un puente entre la ciencia y la política, y que “se sitúa a caballo entre esos dos mundos”. Ese papel híbrido fue fundamental para su éxito, afirma, pero también una fuente de problemas.

La ya mencionada Berman señala que “en un momento en el que los intereses de los combustibles fósiles y algunos gobiernos luchan por retrasar la transición para abandonar los combustibles fósiles, el IPCC debería defender con firmeza su independencia. Eso implica requisitos de transparencia estrictos, normas significativas sobre conflictos de intereses y salvaguardias capaces de abordar tanto los conflictos reales como las percepciones razonables de conflicto”.

El IPCC asegura que, en la actualidad, no hay ningún proceso en marcha para modificar su política sobre conflictos de intereses.

Esta investigación la ha realizado The Guardian con el apoyo de Journalismfund Europe y también se ha publicado en L’Humanité en Francia, Lucy sui mondi en Italia, Visão en Portugal y Nano (3Sat) en Alemania, Austria y Suiza.