Little darling, I feel that ice is slowly melting. Esa es una de las estrofas de la canción Here comes the sun de los Beatles. Esa descripción de cómo el hielo se deshace es un alegre canto primaveral en boca de los cuatro de Liverpool, pero una advertencia si vemos las evidencias de lo rápido que avanza el cambio climático. Y, en boca del ambientalista climático Bill McKibben (California, 1960), puede ser ambas cosas. Acaba de publicar con Capitán Swing un libro que comparte nombre con la famosa canción y en el que, aunque dice que hemos llegado a un punto de no retorno, nos tranquiliza señalando la solución.

McKibben apunta al sol como una fuente de energía tan barata, sostenible y estable que, dice, acabará desbancando al petróleo y al gas. Ni siquiera el negacionismo climático de Trump o la presión de la industria fósil podrá evitarlo. La cuestión es cuánto tardará en conseguirse. “No tenemos 40 años”, sostiene el escritor, que insiste en que hay mucha parte del daño que ya será irreparable, pero que todavía estamos a tiempo de “mitigar el cambio climático y tener un planeta vivible”.

Venimos del verano más caluroso desde que hay registros, con las sequías y los incendios arrasando el mundo… Pero usted ha escrito un libro tremendamente optimista.

En cierta manera. El problema es que ya se ha hecho mucho daño. Hace casi 40 años que escribí El fin de la naturaleza [Random House, 1989] sobre el efecto invernadero, que entonces era muy poco conocido, y casi todo sobre lo que alertaba se ha hecho realidad. Los incendios, inundaciones, las olas de calor, la subida del nivel del mar…

Hemos perdido mucho tiempo y no lo podemos recuperar. Lo que sí podemos intentar es que la cosa no empeore. Y, por fin, tenemos una arma con la que luchar. Y eso es muy bueno.

Actualmente, la forma más barata de producir energía es apuntar un trozo de metal hacia el sol

Tenemos placas solares desde la segunda mitad del siglo pasado. ¿Qué ha pasado para que ahora la energía solar sí pueda ser relevante para mitigar el cambio climático?

Siempre hemos contado con la energía del sol y del viento. Las placas se inventaron, como dices, en 1954, pero eran extremadamente caras. Tanto que en lo único en lo que se podían instalar era en satélites. Pero esto ha cambiado gracias a una combinación entre el activismo y avances tecnológicos.

Uno de los momentos clave lo marcó Alemania, cuando el partido verde tuvo la llave del Gobierno y usó ese poder para forzar la Energiewende [plan nacional para priorizar las energías renovables] y eso, a su vez, movió la economía de tal manera que permitió que China se especializara en la construcción de placas solares low-cost.

Hace cinco años conseguimos que fuera más barato producir energía solar que quemar cosas. Deberíamos haber querido llegar aquí antes porque el cambio climático podría destruir nuestra civilización y porque ya hay millones de personas que mueren cada año por respirar la contaminación causada por la combustión fósil. Y, además, necesitamos guerras para conseguir petróleo. Pero ya estamos ahí: la forma más barata de producir energía es apuntar un trozo de metal hacia el sol.

No deja de ser paradójico que debamos agradecérselo, en gran medida, a China, el país que durante mucho tiempo ha sido el que más contaminaba del mundo.

Y eso, otra paradoja, es culpa de Estados Unidos. El presidente Jimmy Carter invirtió montones de dinero en la energía solar con el objetivo de que pudiera producir el 20% de lo necesario de cara al año 2000. Si se hubiera conseguido, China habría acelerado el camino hacia los paneles baratos en lugar de querer quemar todo ese carbón.

Pero, lamentablemente, votamos a Ronald Reagan y eso nos costó décadas. A partir de ahí, el país se instauró en el negacionismo climático. El nuevo presidente quitó las placas solares que Carter había instalado en la Casa Blanca y eso dio muchas alas a las petroleras. Así que, sí, los americanos somos los malos de esta historia.

Y ahora han vuelto a votar a otro negacionista climático. ¿Cree que, aunque la energía solar sea la opción más lógica y barata, Donald Trump podría volver a hacernos perder décadas?

Creo que Estados Unidos ya no tiene ese poder. Si conseguimos apartar a Trump de la presidencia, siempre y cuando no se aferre al poder más de lo que ya lo ha hecho, podremos devolver al país al camino sensato. Pero requerirá mucha lucha, porque la industria es muy poderosa. Más en Estados Unidos que en cualquier otro lugar del planeta.

¿Qué podemos esperar que hagan para frenar el avance de la energía solar?

De todo. Sobre todo si tienen el apoyo de Trump. Cuando estaba haciendo su segunda campaña electoral, le dijo a la industria petrolera que, si le hacían donaciones por valor de mil millones de dólares, les daría lo que quisieran. Lo dijo y no se escondió. Y si eres una empresa de este sector, sin duda es una buena oferta.

La gente no tiene ni idea de lo que está pasando, pero es una locura. Estamos clausurando parques eólicos que están acabados al 90% y estamos prohibiendo la instalación de placas solares en terrenos federales.

He empezado la entrevista alabando su optimismo, pero ya empiezan a salir las pegas. Sobre todo teniendo en cuenta que esta semana la ONU avisó de que el calentamiento global superará pronto los 1,5º… ¿Seguimos a tiempo aunque Estados Unidos se instale en ese negacionismo?

No podemos parar el calentamiento global, ya es tarde para eso. Y, en ese sentido, el trabajo de mi vida ha sido un fracaso. Sin embargo, todavía podemos evitar algunas de esas décimas. Parece poco, pero es importante porque, a estas alturas, cada una de esas décimas es la responsable de desplazar a unos 140 millones de seres humanos de una zona climática peligrosa a otra segura.

Es un trabajo agridulce, porque nada de lo que hagamos va a hacer que todo vuelva a estar bien; simplemente conseguiremos que no se ponga demasiado mal.

A pesar de estas evidencias, sigue habiendo contradicciones. España es el país de Europa más eficiente en la producción de energía solar, pero seguimos importando el 70% de lo que necesitamos…

¿En qué formato?

Principalmente petróleo, con las correspondientes consecuencias del bloqueo de Ormuz

Lo que ha pasado estos meses a raíz de la guerra de Irán debería ser un recordatorio para que espabiláramos. La luz del sol tiene que viajar 150 millones de kilómetros para llegar a la Tierra y ninguno de ellos pasa por el estrecho de Ormuz. El mundo se está dando cuenta de eso, especialmente en Asia, donde están poniendo el foco en mejorar las baterías. Si lo consiguen, la energía solar y eólica española serán todavía más valiosas y eso acelerará vuestra independencia.

La energía nuclear es mejor que la fósil porque para que sea un problema algo tiene que ir mal. En cambio, una planta de gas sí o sí acabará destruyendo el mundo

Ahora, el foco del debate lo tenemos en las nucleares. Recientemente, se ha pospuesto el cierre de la central de Almaraz, lo que ha llevado a plantear la posibilidad de alargar la vida de este tipo de energía, que en España debía acabarse en 2035. Quienes lo proponen alegan que es la única manera de mantener el nivel de producción de la industria y de reducir los gases contaminantes. ¿Está de acuerdo?

La energía nuclear es, ciertamente, mejor que la fósil porque para que sea un problema algo tiene que ir terriblemente mal. Una planta de gas, aunque no haya ningún accidente, acabará destruyendo el mundo igual. La cuestión es que, hoy en día, la nuclear es una energía tremendamente cara.

Si tienes una central que funciona y la puedes mantener sin gastar un dinero disparatado, yo la mantendría abierta. Pero sólo hasta que tengas una infraestructura solar que desbanque esa producción. El kw/h solar nos cuesta céntimos y la energía nuclear nunca se acercará aquí. Es irónico.

¿Por qué?

Pues porque en los años 50 se decía que las centrales nucleares harían que la energía fuera demasiado barata como para cobrársela a la gente. Y eso es lo que está pasando hoy, pero con la energía solar. Australia ha llegado al punto de dar a todo el mundo tres horas de electricidad gratis cada día.

El otro problema que tienen las nucleares es que el agua que se necesita para enfriar las centrales se calienta demasiado, así que las que están cerca de ríos están empezando a ser contraproducentes.

Aun así, hay quien la sigue poniendo en el saco de las energías limpias.

Y es una tontería. Siempre digo a las personas a las que les encanta la energía nuclear que en el tejado de mi casa tengo un receptor para la mayor central nuclear que conocemos, esa que está en el cielo. A veces pienso que la única manera de convencerles es que vean los paneles solares como una especie de receptores de energía nuclear.

Muchos de los argumentos que frenan el avance de las energías sostenibles en España toman el gran apagón de abril de 2025 y sostienen que la red eléctrica no está preparada para ser suficientemente estable sólo con ellas. ¿Qué les diría?

Que no es cierto. Después de mucha investigación, se ha visto que no tuvo que ver con las energías renovables. Y menos lo será cuando se instalen más baterías, que harán que el sistema sea más sólido. Lo vemos en Texas, que es la cuna de la industria petrolera. El director de su sistema eléctrico ha dicho recientemente que han tenido un verano “muy aburrido” debido a la gran cantidad de energía solar acumulada.

Entiendo que la gente que tiene intereses económicos en el petróleo quiera ralentizar el auge de las energías renovables, pero lo hacen con argumentos idiotas. Especialmente, teniendo en cuenta que la energía fósil está destruyendo el planeta mientras hablamos. Aunque tuviéramos apagones cada ciertos años, siendo que creo que eso es bastante improbable, si comparáramos el coste que tendría con la destrucción del planeta, seguiría saliéndonos a cuenta.

Quieren retrasar el cambio todo lo que puedan, porque saben que es imparable. La cuestión es cuánto conseguirán retrasarlo, porque no tenemos 40 años.

La gente que tiene intereses económicos en el petróleo quiere ralentizar el auge de las renovables, pero lo hacen con argumentos idiotas

¿Cree que el hidrógeno verde se sitúa en el marco de esta estrategia? Al final, es menos contaminante que los combustibles fósiles, pero no es totalmente limpia y no deja de ser una apuesta que permite a la industria seguir sacando provecho de los gasoductos.

Totalmente. Quieren seguir quemando cosas. El problema del hidrógeno no es que no funcione, sino que es caro y que no puede competir con la energía solar. Ya hemos encontrado maneras de sustentar industrias enteras con el calor del sol. Lo único en lo que creo que estas alternativas puede ser competitiva es en los vuelos de larga distancia. Las baterías eléctricas serían demasiado pesadas como para que el avión despegara.

China está trabajando con baterías que permitirán vuelos de media distancia y ya es algo. Pero es verdad que habrá cosas difíciles de resolver y, quizás, ahí es donde el hidrógeno pueda jugar un papel importante.

Los vuelos de larga distancia son una de esas cosas que no son necesarias para la vida. ¿Podemos frenar el cambio climático lo suficiente como para tener un planeta vivible sin deshacernos de estos caprichos?

Esa es la gran pregunta. Y es muy difícil de responder. La sociedad cambia despacio y, si le dices a la gente que ya no podrá conducir o volar, todo será mucho más difícil. Los cambios llegarán, seguro. Sé que dentro de 100 años no viviremos como ahora. Y lo sé porque hay muchas cosas que la energía fósil nos permite hacer que no nos hacen tan felices como creemos.

Los humanos estamos diseñados para tener contacto entre nosotros y con la naturaleza. Esas son las cosas que nos hacen felices. Es bueno que la tecnología nos ayude a mantener nuestra vida tal y como es durante el mayor tiempo posible, pero creo que, con el tiempo, nos daremos cuenta de que hay formas mucho más interesantes de habitar el planeta. No creo que el futuro siga siendo combatir o esquivar guerras y ver vídeos de TikTok. Pero quién sabe.

Aunque no creo que la energía solar genere un colonialismo como el del petróleo o el gas, es muy posible que acabe derivando en algún tipo de imperialismo

Hablando de guerras. Dice que una de las ventajas de la energía solar es que, como llega a todo el planeta, no se puede monopolizar y, como cae con más fuerza sobre el ecuador, podría solventar las desigualdades históricas hacia el sur global. Ahora bien, se lo planteo al revés: ¿no puede eso propiciar que gigantes como China acaben expropiando tierras para colocar grandes extensiones de placas solares?

A ver, es cierto que China usa más energía solar que nadie y no es un país muy democrático, que digamos. Pero me preocupa bastante menos que Estados Unidos invadiendo países para conseguir su petróleo. La razón es que no creo que haya tanto dinero que ganar con la energía solar como para que eso salga a cuenta. Una vez pones la placa, la inversión se acaba; la energía ya sale gratis.

Pero ya sabes que la humanidad siempre es capaz de hacerlo todo de la peor manera posible. Así que, aunque no creo que genere un colonialismo igual que el que trajeron el petróleo o el gas, es muy posible que sí acabe derivando en algún tipo de imperialismo. El petróleo es la energía más sucia del planeta, en todos los sentidos. Y, aunque no creo que las renovables vayan a ser totalmente limpias, sí lo serán más que lo que hemos conocido hasta ahora.

Vuelve al optimismo.

Es que vivo en la América rural, lo que significa que la mayoría de mis vecinos votan a Trump. Y muchos tienen placas solares en el tejado. No es porque les preocupe la crisis climática, sino por esa visión individualista de ver sus casas como sus castillos. Y les encanta la autosuficiencia que les da la energía solar.

Hemos conseguido que 11 estados legalicen durante este año la posibilidad de tener placas solares en los balcones. En Europa lo veis normal, pero para nosotros está prohibido. Y muchos de los grandes promotores de este cambio han sido personas conservadoras que están en contra de los servicios públicos y las redes estatales.

¿Así que parte de la esperanza de que Estados Unidos se sume a la revolución solar se basa en los preparacionistas que quieren estar listos en caso de que llegue el apocalipsis?

Pues, básicamente sí. [Ríe]. Si Mad Max se rodara hoy, nadie buscaría bidones de petróleo porque podríamos tener placas solares.

Creo que alguien encontraría la manera de especular, sea como fuera.

Si, siempre pasa. Por eso, aunque sea muy optimista, no se me escapa que va a hacer falta mucho activismo para que esto se haga realidad. Y tenemos que hacerlo con un mensaje bonito, dejando de lado el catastrofismo. Porque sí, la energía solar es necesaria y económicamente más eficiente. Pero es que también es bonita.

Los humanos siempre hemos tenido una gran relación con el sol; piensa en los monolitos, las culturas indígenas y todas las canciones y las obras de arte que nos hablan del sol. Por no hablar de la importancia que tiene en todas y cada una de las religiones. El sol, a diferencia de otras fuentes de energía, tiene la capacidad de unirnos.

“Han abierto la caja de Pandora y ahora recibirán una respuesta contra sus sectores económicos más sensibles”. Esta declaración de Vladímir Putin del 22 de agosto parecía enmarcarse en la retórica con la que el Kremlin lleva meses amenazando a Volodímir Zelenski.

En los últimos días, sin embargo, el aviso se ha transformado en una realidad: Rusia se ha ensañado día y noche con Kiev y su región y ha provocado decenas de muertos. Moscú presume de haber sumido la capital de Ucrania en un estado de alerta permanente y ha vuelto a recomendar a los diplomáticos extranjeros que abandonen la ciudad.

A medida que intensifica su campaña de ataques aéreos, Rusia alcanzó este viernes con un dron la sede del servicio secreto de Ucrania en la capital ucraniana, uno de los objetivos de mayor relevancia atacados durante la guerra. El ataque ocurrió a pocos metros del edificio donde estaba la embajadora española en Ucrania, Adela Díaz Bernárdez, esperando junto con otros embajadores para la ceremonia de entrega de cartas credenciales, según confirmó Exteriores a elDiario.es.

El presidente ruso justifica el aumento de los bombardeos como una reacción a la campaña ucraniana contra los almacenes de las principales empresas rusas de comercio electrónico. De hecho, la represalia de Putin ha consistido en buena medida en golpear centros logísticos ucranianos, lo cual ha provocado escasez de alimentos en algunos supermercados.

Lo cierto es que el Ejército ruso no habría podido pasar de las amenazas a los hechos sin un nuevo aliado: los drones con motor a reacción. Esta nueva generación de aparatos no tripulados se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para las defensas antiaéreas ucranianas.

Todo ello se suma a un verano especialmente complicado para Ucrania en un frente de guerra, en el que, después de frenar la ofensiva de primavera, ha visto cómo las tropas rusas conseguían avances significativos en Donetsk. Eso ha envalentonado a Putin y ha reforzado su decisión de no negociar ningún acuerdo de paz hasta lograr la conquista de todo el Donbás.

Desde el 27 de agosto, durante nueve días y nueve noches, Rusia estuvo hostigando Kiev y sus alrededores. Moscú sólo accedió a detener los ataques durante tres días, a partir de la medianoche del domingo, como una concesión a la primera visita de los emisarios de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Ucrania. Y lo hizo tras bombardear los aeropuertos de su capital para dejar claro que no era seguro para los diplomáticos norteamericanos volar hasta allí.

Bombardeos día y noche

Si los vecinos de la capital ucraniana estaban acostumbrados a bajar a los refugios y al metro sobre todo de noche, de manera periódica pero no diaria, a finales de verano esta situación cambió. Desde entonces, las sirenas han estado sonando casi sin interrupción y esto ha obligado a los ciudadanos a decidir entre quedar atrapados bajo tierra o ignorar la alarma, pese al riesgo que supone.

“Esto está paralizando la vida en una ciudad donde viven millones de personas”, denunció en X Anton Gueraschenko, un político ucraniano, que se niega a resignarse a que eso se consolide como “la nueva normalidad”. “El peligro incesante y la imposibilidad de planificar nada están provocando un agotamiento enorme. ¿Cómo puede alguien adaptarse a la amenaza constante de muerte, especialmente con niños pequeños?”, se preguntaba.

Nunca antes las alarmas de ataque aéreo habían estado activas durante tanto tiempo. En una publicación nada habitual, la agencia oficial rusa TASS ha querido destacar la magnitud del régimen de alerta antiaérea en Kiev. Según sus cálculos, entre el 29 y el 30 de agosto, la capital estuvo en alerta durante más de 19 horas, y entre el 30 y el 31 de agosto, las sirenas sonaron 21 veces.

En total, más de 80 personas han perdido la vida. La mayoría de las víctimas mortales, 38, fallecieron en la madrugada del pasado sábado en un bombardeo contra un almacén de municiones en la localidad de Mila, a unos 30 kilómetros al oeste de la capital.

Nueva generación de drones

Lo que ha permitido al Kremlin pasar de las amenazas a los hechos ha sido una nueva generación de drones. Los nuevos Geran-4 y Geran-5, que son la última versión de los Shahed iraníes, tienen la particularidad de estar propulsados por turborreactores. A diferencia de las versiones anteriores —que vuelan con un motor de combustión que mueve una hélice y que pueden alcanzar una velocidad de 185 kilómetros por hora— los aparatos a reacción son capaces de llegar a los 400 kilómetros por hora.

Ucrania había conseguido diseñar una gama de interceptores terrestres de bajo coste suficientemente rápidos para eliminar un Shahed con motor convencional y eso le había permitido derribar más del 95% de los drones rusos. Ahora, sin embargo, este aumento de la velocidad hace que sean mucho más difíciles de abatir.

Zelenski dijo que los modelos a reacción representan ahora más de la mitad de los drones utilizados por Rusia. Su asesor en tecnología de defensa Serhii Beskrestnov añadió que al menos 2.800 drones a reacción habían sido lanzados contra Ucrania durante agosto, frente a los 1.500 en julio y los 300 en junio.

La aparición de estas nuevas armas de ataque de larga distancia se ve agravada, además, por la falta estructural de interceptores para misiles balísticos. Hace unas semanas, las Fuerzas Armadas de Ucrania dejaron de compartir las cifras de estos proyectiles derribados ante la imposibilidad de interceptar y abatir prácticamente ninguno.

El peligro incesante y la imposibilidad de planificar nada están provocando un agotamiento enorme. ¿Cómo puede alguien adaptarse a la amenaza constante de muerte, especialmente con niños pequeños?

Anton Gueraschenko — político ucraniano

Uno de los principales objetivos del Kremlin han sido los almacenes civiles ucranianos, sobre todo los de supermercados, plataformas de comercio electrónico o Nova Poshta, la principal empresa de mensajería del país. Aunque Putin lo presente como una reacción a los ataques ucranianos que desde mediados de julio incendian centros logísticos de las compañías Wildberries y Ozon en Rusia, Moscú lleva tiempo atacando objetivos civiles.

Ahora bien, el analista militar Clément Molin señala en X que, frente a una media mensual de entre cinco y diez acciones contra almacenes civiles, este agosto se han registrado al menos 80. “Esto tiene un impacto directo en la vida de la población ucraniana, ya que muchas personas han muerto en estos ataques”, apunta.

“En invierno os congelaréis”

Otra de las consecuencias es el daño a las cadenas de distribución y las imágenes de estanterías vacías en los comercios. El presidente del comité de Finanzas de la Rada Suprema, Danilo Hetmantsev, aseguraba hace unos días en una entrevista con RBC-Ucrania que la situación era “extremadamente difícil” y que “nunca había visto negocios tan desesperados” en toda la guerra, que comenzó en 2022.

No obstante, el ministro de Política Agraria y Alimentación de Ucrania, Taras Visotskii, niega la crisis. Si bien admite que casi el 90% de los almacenes de los minoristas de alimentación han quedado dañados, también afirma que las empresas están encontrando nuevas rutas para hacer llegar sus productos a las tiendas. Desde su punto de vista, no se trata de una crisis alimentaria, sino, en todo caso, de una crisis logística. “No habrá amenaza de hambre ni escasez física de productos alimentarios”, insiste.

El analista Molin plantea que Zelenski subestimó la respuesta de Putin a los bombardeos ucranianos contra el comercio electrónico. “Rusia está llevando a cabo una campaña de destrucción total de estas infraestructuras, algo para lo que Kiev no estaba preparado”, sentencia en X. Otra estrategia ucraniana que considera que se le ha “vuelto en contra” es la de atacar buques comerciales en el mar Negro, lo que ha provocado una intensificación de los bombardeos rusos en estas aguas. “En plena temporada de cosecha, los puertos del mar Negro están completamente aislados y son golpeados constantemente”, destaca.

A estas dificultades se suma el anuncio del Ejército ruso de una nueva temporada de ataques masivos contra la infraestructura energética ucraniana. Al igual que en 2025, la cúpula militar rusa ha esperado la llegada del otoño, que en Rusia comienza el 1 de septiembre, para advertir de su intención de dejar sin calefacción a los habitantes de las grandes ciudades de Ucrania.

Rusia está llevando a cabo una campaña de destrucción total de los almacenes civiles, algo para lo que Kiev no estaba preparado

Clément Molin — analista militar

El 14 de agosto, el Ministerio de Defensa incluso compartió en Telegram un mensaje en el que afirmaba: “En invierno os congelaréis”. Lo acompañaba una foto de un enjambre de drones sobrevolando un cielo nublado y el lema “como nieve sobre la cabeza”. El Ejército ucraniano respondió con una publicación de un depósito de petróleo en llamas y el texto “nos calentaremos con el fuego de las refinerías rusas”.

Al mismo tiempo, uno de los portavoces del Ministerio de Exteriores ruso, Rodion Miroshnik, ha acusado a Ucrania de llevar a cabo un “energicidio” con sus ataques contra instalaciones eléctricas en las regiones ucranianas ocupadas de Zaporiyia y Jersón y en la región rusa de Kursk.

Kiev afronta el invierno con una infraestructura energética mucho más débil que hace un año. Ucrania tenía unos 54,5 gigavatios de capacidad de generación antes de la invasión de 2022, pero después de los ataques rusos solo conserva unos 12, según el ministro de Energía, Denis Shmyhal. El invierno pasado fue el más duro para el sistema energético ucraniano desde el inicio de la guerra. Rusia bombardeó infraestructuras casi a diario y afectó a casi 20 regiones.

La lucha por los últimos bastiones de Donetsk

Ucrania también ha sufrido un retroceso este verano en el frente, después del éxito de los meses de mayo y junio, cuando logró frenar el avance ruso y poner en jaque la logística rusa en el sur gracias a los drones de medio alcance. “La situación se ha deteriorado fuertemente en el Donbás durante agosto, aunque todavía es demasiado pronto para hablar de una reanudación de la ofensiva rusa al mismo nivel que en 2024 o 2025”, escribe Molin.

El analista militar ucraniano Konstantin Mashovets va más allá y afirma en su canal de Telegram que las tropas rusas han conseguido “resultados tácticos bastante significativos” que podrían ayudarles a llegar a las inmediaciones de Kramatorsk y Sloviansk, las dos últimas grandes ciudades de Donetsk. “Han creado unas condiciones previas bastante claras para la finalización con éxito, ya este otoño, de la primera etapa de su operación ofensiva”, subraya.

De hecho, añade que en los últimos días los soldados rusos han conseguido abrirse paso en dirección a Kramatorsk a través del canal Siverski Donets-Donbass, la principal infraestructura hidráulica de la región, evitando las poblaciones donde tienen lugar los combates urbanos más intensos.

El objetivo último del Kremlin es cercar los últimos bastiones de Donetsk y aislar a los soldados ucranianos. Un propósito que Mashovets considera “problemático” si Putin pretende llevarlo a cabo antes de 2027. “Hasta ahora no han podido conseguir rodear operativamente toda esta aglomeración con una profundidad suficiente”, explica.

Uno de los elementos que está impidiendo que Rusia haga pinza desde el norte hacia estas ciudades-fortaleza es una contraofensiva ucraniana en el municipio de Limán. La operación militar ha permanecido en secreto durante casi dos meses para impedir que las fuerzas rusas pudieran enviar efectivos de refuerzo.

“Aproximadamente 200 kilómetros cuadrados (o quizá más, ya que los combates continúan) bajo control ruso se han perdido actualmente, una parte de los cuales están ahora bajo control ucraniano”, escribe Molin. “Esto es un golpe importante para el Kremlin, ya que complicará aún más la ofensiva sobre Limán y permitirá ganar tiempo para defender Sloviansk”, argumenta.

Los blogueros militares rusos, que no habían advertido de la situación durante semanas, ahora empiezan a admitir lo complicado que es el escenario. “La situación cerca de Limán es tensa, la situación en los flancos se está deteriorando”, publica el canal de Telegram Rybar, uno de los más populares de Rusia. “El enemigo claramente no espera tanto mantener la ciudad como socavar constantemente sus flancos, obligando al mando ruso a redestinar allí reservas y debilitar la ofensiva en el sector vecino de Sloviansk”, señala.

Otro bloguero muy seguido, Yuri Podoliaka, afirma en X: “Esto podría tener consecuencias desagradables, muy desagradables, pero en esta etapa todavía no ha pasado nada realmente grave”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la concesión de 10,6 millones de euros para el aprovechamiento de energías renovables destinadas a comunidades energéticas y a comunidades de propietarios.

La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha señalado que “este es un ejemplo de la puesta del Gobierno regional por seguir socializando la energía, un camino que iniciamos con el fuerte apoyo e impulso al autoconsumo y que ahora da el paso a hacerlo de forma colectiva”.

Cuantías de hasta 300.000 euros por comunidad energética

La finalidad de las ayudas, que podrán solicitar comunidades energéticas y comunidades de propietarios, es permitir la financiación de instalaciones de energía solar fotovoltaica y de sistemas de almacenamiento, “esto último, es una novedad no solo en Castilla-La Mancha, sino en el conjunto del país”.

Las cuantías que podrán recibir serán como máximo de 80.000 euros por proyecto y hasta 300.000 euros por comunidad energética, ya que una misma comunidad puede tener varias instalaciones. El plazo de presentación de solicitudes será de seis meses desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria y solo se podrá hacer de forma telemática.

Con esta convocatoria de ayudas se persiguen, además, otras ventajas económicas como son la de apostar por el autoconsumo de forma colectiva a través de estas comunidades energéticas; incrementar la inversión en instalaciones de energía solar fotovoltaica; favorecer la actividad económica de empresas instaladoras, ingenierías, fabricantes y empresas auxiliares del sector energético; o reducir progresivamente los costes energéticos soportados por los beneficiarios. “Todo ello redundará en una mejora de la competitividad del tejido económico regional y en una mayor independencia energética”, apuntan desde el Gobierno regional.

En cuanto a su impacto social, Padilla ha expresado que la convocatoria constituye una herramienta para favorecer y “democratizar la producción energética”, con nuevos modelos participativos de producción y consumo de energía, que implique a “más ciudadanos, más ayuntamientos y pequeñas empresas”, de manera que, por ejemplo, “un ayuntamiento, varias pequeñas empresas y vecinos de un municipio puedan constituirse en comunidad energética, instalar placas fotovoltaicas, almacenar la energía y compartirla entre sus miembros para reducir la factura”.

Apunta, además, que Castilla-La Mancha está entre las primeras regiones del país, pues “hemos pasado de 67 megavatios de autoconsumo en 2019 a 990 en la actualidad, hemos multiplicado por 14 la potencia de generación fotovoltaica instalada para autoconsumo y contamos ya con 57.000 instalaciones”, ha detallado.

En palabras de la portavoz, el objetivo es “que la energía que se produce aquí, se comparta aquí y el ahorro y la parte de actividad económica que se genera, se quede aquí también”.

La inflación se disparó al 3,3% en agosto de 2026 en la zona euro, frente al 2,9% registrado en julio, según una estimación preliminar de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. Este incremento consolida las posiciones más duras para subir los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), que se reúne la próxima semana para revisar la política monetaria.

Los precios en la eurozona se han acelerado a su nivel más alto en casi tres años. La energía ha vuelto a ser el componente que ha registrado la tasa anual más elevada en agosto, con un incremento del 14,3%, frente al 10,3% de julio. Además, el precio de los servicios ha subido un 3%, frente al 3,3% del mes anterior, mientras que los bienes industriales no energéticos se incrementaron un 1,2% (un 0,9% en julio) y los alimentos, el alcohol y el tabaco tuvieron un alza del 1,2%, igual que en julio.

La reanudación de la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz han vuelto a impulsar los precios de los combustibles. Aunque la inflación subyacente, que excluye componentes volátiles como los alimentos y la energía, bajó hasta el 2,4%, con un contexto de conflicto en Oriente Medio donde no se vislumbra una solución a corto plazo, se refuerzan las posiciones para una nueva subida de tipos por parte del BCE.

El gobernador del banco central finlandés, Olli Rehn, ya avisó este lunes que respaldará en la institución monetaria un incremento de tipos hasta el 2,5% en la próxima reunión del 10 de septiembre. “No debemos mostrar ninguna complacencia ante estas presiones inflacionistas. No podemos permitirnos una crisis de asequibilidad en Europa”, afirmó.

Una subida de tipos la próxima semana consolidaría al BCE como el banco central más duro del G7 en materia de política monetaria, según Bloomberg. Y todo ello pese a que los efectos de segunda ronda en los salarios no se aprecia. Ronald Temple, estratega jefe de mercados de Lazard“hay pocos indicios, si es que hay alguno, de que los efectos de segunda ronda del aumento de los precios de la energía estén generando una presión inflacionista más sistémica”.

Leo Barincou, economista de Oxford Economics, añade que “la inflación a mantenerse muy por encima del objetivo hasta el próximo año, ya que el encarecimiento del gas y de los alimentos ejercerá una presión adicional al alza sobre el índice. Con la inflación todavía acelerándose, es prácticamente seguro que el BCE subirá los tipos en la reunión de la próxima semana, en línea con nuestras previsiones. Sin embargo, consideramos que es demasiado pronto para dar por descontada una tercera subida, especialmente teniendo en cuenta que, por ahora, las presiones subyacentes sobre los precios siguen contenidas”.

España fue el país entre las grandes economías europeas donde los precios se dispararon más, con una subida del 4,5% en agosto. En Italia la inflación se incrementó un 3,2%, mientras que en Alemania y Francia los precios subieron un 2,9% y un 2,7%, respectivamente.

Son 180 millones que impulsarán proyectos para desarrollar asistentes digitales, gemelos digitales, robótica avanzada, visión artificial o ciberseguridad. El Gobierno ha resuelto las convocatorias Red IA y Red IA Salud, seleccionando 372 candidaturas de empresas de todas las comunidades autónomas, el 70% de ellas pymes, para incorporar sistemas de inteligencia artificial al tejido productivo español.

“Igual que hoy nadie monta una empresa sin wifi, mañana nadie podrá competir sin IA. Pero la productividad no cambia solo porque aparece una tecnología nueva. Cambia cuando esa tecnología es útil y llega a todos, también a las pymes y no solo a las grandes empresas”, ha manifestado este lunes el ministro Óscar López durante su intervención en el 40 Encuentro de Economía Digital y Telecomunicaciones de AMETIC, la principal patronal de la economía digital, celebrado en Santander.

Hasta 50 millones de la partida se destinarán a financiar 72 proyectos del ámbito sanitario. Las iniciativas cubren distintas fases del proceso médico, como la investigación clínica, biomédica y farmacológica, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento de pacientes y la respuesta ante emergencias.

Según los datos del Ejecutivo, España es uno de los países europeos donde las empresas están adoptando la tecnología de la IA más rápidamente. “Superamos a países como Francia o Italia”, defienden fuentes gubernamentales. En este sentido, fuentes gubernamentales consideran “fundamental” que el país gane la carrera por una de las gigafactorías europeas de IA. Estas infraestructuras pretenden concentrar grandes centros de datos junto a los mejores investigadores del continente para desarrollar modelos de IA avanzada.

“Estoy totalmente convencido de que la candidatura española va a ser una de las primeras en las factorías de IA de Europa, un proyecto que va a movilizar más de 4.000 millones de euros”, ha expresado López en Santander. Durante el evento, desde su equipo han recalcado la “solidez” de la candidatura, que ha recibido más de 700 millones de euros públicos, en un consorcio público-privado que lideran Telefónica, el Banco Santander y ACS.

“Estos socios aseguran que la candidatura sea robusta, pero es mentira que los beneficios se vayan a quedar en cuatro grandes empresas. Una vez que estén construidas, la Comisión Europea va a comprar capacidad de supercomputación a estas gigafactorías. Y dentro de esos proyectos, una parte muy importante va a ser precisamente para facilitar el acceso de las pymes a esta supercomputación”, continúan las mismas fuentes.

“Las grandes empresas pueden invertir en capacidad de supercomputación, pero las más pequeñas no. Lo que queremos es acercar esa capacidad a todas las empresas”, insisten: “No hay que ver la IA solo como la última tecnología, sino como un elemento clave en toda la cadena de valor. Está en la minería de las tierras raras, gestión de recursos críticos, chips, redes, Internet de las cosas, nube, software, logística... está en todas las capas de desarrollo”.

Control de los centros de datos para evitar “la burbuja”

Desde el Ejecutivo creen que hay tres pilares para que el avance de la IA no genere repulsa y protestas, como está ocurriendo ya en EEUU y algunos países europeos. Uno es facilitar ese acceso a sus capacidades para todas las empresas. El segundo son las leyes para frenar sus efectos adversos o no consentidos, como la generación de imágenes sexualizadas sin permiso. El tercero, el control de los centros de datos, un punto que ha centrado las conversaciones en el encuentro de Santander.

Tal y como avanzó elDiario.es la pasada semana, varios ministerios están trabajando en una nueva regulación para estas infraestructuras que sobre su impacto medioambiental o el mantenimiento de la soberanía española sobre lo que ocurre en su interior y los datos que utilizan.

El anuncio ha provocado críticas desde algunos sectores, que consideran que medidas como la obligación de abastecerse en un 80% de energía sostenible puede frenar la inversión extranjera. “No entenderíamos que hubiera problemas ahora con estos requisitos, ya que todas las empresas que han instalado sus centros de datos aquí lo hacían prometiendo que iban a ser 100% sostenibles y soberanos”, contestan desde el departamento de Transformación Digital que dirige López.

“Todo el mundo sabe que en el sector de los centros de datos se estaba generando una burbuja”, defienden, recordando que las peticiones de instalación de estas instalaciones se multiplicaron por tres en dos años. Muchas de esas solicitudes eran empresas que no planeaban construir esas fábricas de IA, sino especular con el acceso al suelo y la electricidad, argumentan. “Eso había que frenarlo y es lo que hemos hecho”.

El ministerio enmarca la regulación como una respuesta preventiva a un fenómeno que ya se observa en otros países: en Irlanda, los centros de datos absorberán este año en torno al 23% de la energía del país y podrían llegar al 32% en 2030. En Estados Unidos la cifra ronda entre el 25% y el 30% en algunos estados, lo que está provocando un encarecimiento de los precios de la energía y disparando la oposición a estas infraestructuras, que ya alcanza un 25% según algunas encuestas.

La guerra de Irán golpea con fuerza en los bolsillos de los españoles cuando se cumplen seis meses de los primeros ataques de Israel y Estados Unidos. El encarecimiento de los combustibles provocado por el conflicto ha provocado un acelerón en la inflación y eleva el Índice de Precios al Consumo (IPC) en agosto hasta el 4,3%, siete décimas más que en julio, tasas que no se veían en la economía española desde principios de 2023, cuando la economía española aún experimentaba los efectos de la mayor crisis inflacionaria en medio siglo.

Los datos avanzados este viernes por el INE ponen de manifiesto que el conflicto está pasando una importante factura al poder adquisitivo, en un mes en el que también se produce un encarecimiento estacional de los carburantes por los desplazamientos vacacionales. Según detalla Estadística, este acelerón de siete décimas se explica por este incremento en los precios de las gasolinas (que cayeron en agosto del año pasado, provocando un notable 'efecto escalón'), y también porque el descenso en los alimentos ha sido inferior al que tuvo lugar en el mismo mes de 2025.

El dato general es la mayor tasa desde febrero de 2023, cuando España registró un IPC del 6%, en una desescalada de un indicador que llegó a alcanzar un pico del 10,8% en junio de 2022.

“El Gobierno mantiene un seguimiento minuto a minuto del impacto del conflicto en Irán sobre la economía española, de la mano de los agentes sociales y los sectores más afectados”, defienden desde el Ministerio de Economía en una valoración remitida a los medios de comunicación. Desde el Ejecutivo remarcan que en septiembre entrará en vigor una rebaja fiscal para aliviar el precio del gasoil, refinado que se ha disparado en mayor medida que la gasolina en las últimas semanas.

“Las medidas del Plan de Respuesta siguen vigentes según el calendario ya anunciado: la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se eleva a 20 céntimos por litro desde el 1 de septiembre, mientras que la rebaja de la gasolina se mantiene en 5 céntimos por litro. El resto de las medidas continúa activo según lo previsto en el Real Decreto-ley 18/2026”, subrayan desde el departamento que lidera el vicepresidente Carlos Cuerpo.

Si bien el índice general se acelera, la inflación subyacente, que excluye de su cálculo la volatilidad de los precios de la energía y de los alimentos frescos, se moderó una décima, hasta el 2,9%. Esta referencia es la que los economistas denominan inflación 'núcleo' del sistema productivo y muestran que, de momento, el subidón de los costes energéticos no se está trasladando al conjunto de la economía. Una situación clave para tratar de evitar potenciales efectos de segunda ronda que compliquen el control de una eventual crisis de precios.

En términos intermensuales (es decir, los precios de agosto sobre los de julio), la inflación sube un 0,7%, el porcentaje más elevado desde marzo, cuando el conflicto estalló.

El IPC Armonizado, que utiliza una cesta común de productos y se utiliza para la comparación con los socios europeos, se acelera hasta el 4,5%, seis décimas más. La subyacente armonizada es del 3,2%.

El Gobierno prepara una normativa para endurecer los requisitos de funcionamiento de los centros de datos, uno de los negocios de moda por el boom de la inteligencia artificial.

Los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Economía, Comercio y Empresa, y Transformación Digital y Función Pública, van a iniciar el trámite de audiencia pública, por la vía de urgencia, del Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a estos centros.

El objetivo, explican fuentes gubernamentales, es que sean sostenibles, eficientes y soberanos, y avanzar en su desarrollo ordenado de forma que cumplan los estándares europeos de eficiencia hídrica y energética más exigentes. Entre las obligaciones está que respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, el 80% de su consumo energético.

Además, deberá operarlos una entidad establecida en la UE que mantendrá los datos relativos a la operación de la infraestructura en territorio comunitario y adoptará medidas frente a los accesos de autoridades de terceros países no amparados por el Derecho europeo.

El Ministerio para la Transformación Digital, en el ejercicio de sus competencias, comprobará el cumplimiento de estos requisitos, cuya vulneración podrá derivar, en última instancia, en la pérdida de los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica.

Desde el Gobierno subrayan que España está en disposición de escoger los mejores centros de datos, los que aporten más beneficios con el menor impacto ambiental. El borrador a consulta establece requisitos a las instalaciones mayores de 1 megavatio (MW) de potencia eléctrica, por ser las que tienen una incidencia territorial, hídrica y ambiental relevante.

Dadas sus grandes necesidades de agua y de energía, el proyecto normativo dispone que cumplan con los mejores niveles de eficiencia energética e hídrica del etiquetado europeo relativo a estas infraestructuras, que actualmente está desarrollando la Comisión Europea para cumplir la directiva de Eficiencia Energética de 2023 y que se incluye en un reglamento comunitario cuya entrada en vigor se prevé para agosto de 2027.

La propuesta de decreto prevé que a partir de ese momento sea exigible el mayor nivel de la norma europea, la categoría A, tanto para la eficiencia energética como para la eficiencia hídrica, según la terminología de la Comisión Europea. Hasta que esto ocurra, se fijan esos mismos niveles, ya recogidos en el borrador del Reglamento. El Gobierno defiende que con ello se anticipan medidas que se están debatiendo en el ámbito europeo y que España liderará desde una posición avanzada.

Además, como ya ocurre con la producción de combustibles renovables de origen no biológico o con la de hidrógeno renovable, se exige que los centros de datos consuman energía renovable, que deberá ser como mínimo del 80% hasta que la generación de estas fuentes en España se sitúe por encima del 90% del mix eléctrico (ahora ronda el 56%).

Este consumo deberá ser adicional: cada nuevo MW consumido deberá ir acompañado de un nuevo MW renovable instalado en los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento del centro, con autoconsumo o mediante contratos a plazo (conocidos en el argot del sector como PPA). Este abastecimiento se acreditará hora a hora: en cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de la electricidad consumida deberá ser energía renovable generada esa misma hora.

Pérdida de permisos

Los proyectos que quieran acceder a la red eléctrica deberán demostrar que cumplen estos requisitos para obtener los derechos de acceso y conexión. No hacerlo acarreará penalizaciones crecientes en los costes regulados de su tarifa eléctrica (cargos y peajes) y, en última instancia, perderán el derecho de acceso.

Con estos recargos se compensará el sobrecoste que el incumplimiento de las obligaciones de adicionalidad y correlación horaria de consumo de renovables pudiera repercutir sobre el sistema y, por tanto, sobre las facturas de electricidad.

Una vez esté en vigor la norma, los proyectos de centros de datos en tramitación tendrán seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos y acreditar su cumplimiento. Si están a la espera de la celebración de un concurso de acceso a la red eléctrica, el plazo será de tres meses y podrán renunciar a los derechos de acceso y conexión sin que se ejecuten las correspondientes garantías.

Además, todos los centros de datos mayores de 500 kW deberán remitir a Transición Ecológica los datos relativos a su eficiencia energética y su sostenibilidad, de acuerdo con el citado Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, para su publicación con carácter anual. Los mayores de 1 MW, además, deberán precisar si cumplen las mejores prácticas de la versión más reciente del código de conducta europeo sobre eficiencia energética de los centros de datos y cómo lo hacen.

El futuro real decreto cumple uno de los mandatos del Real Decreto ley 7/2026, que aprobó el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio: acompasar el despliegue de centros de datos con un despliegue proporcional de nueva generación renovable. El objetivo es evitar un doble perjuicio: un incremento de demanda puede conllevar un mayor uso de gas natural para generación eléctrica si no crecen de forma proporcional las renovables, con el consiguiente incremento de los costes eléctricos para el conjunto de los consumidores, y, por tanto, una reducción del incentivo de electrificación.

Las citadas fuentes gubernamentales recuerdan que la Estrategia de Inteligencia Artificial estima unos 2,5 gigavatios (GW) de potencia de computación en 2030 para los centros de datos, que necesitarían de 3,5 GW a 4 GW de demanda eléctrica. Sin embargo, las peticiones y los permisos concedidos para estas instalaciones superan varias veces ese objetivo, por la estratégica ubicación geográfica del país, su clima y su liderazgo en renovables: ya se han otorgado más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red eléctrica desde 2021.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha llegado a advertir de que existe una “burbuja” de peticiones. Un estudio reciente en Estados Unidos los ha vinculado con subidas del precio de la luz y la vivienda, y se están convirtiendo en argumento de peso en las elecciones de medio mandato en ese país, con muchos demócratas y un número creciente de republicanos posicionándose contra ellos.

Hace unas semanas, Morgan Stanley estimaba que la capacidad total de estos centros en España alcanzará 4,3 GW en 2035, frente a los 2,8 GW que contemplaba hasta ahora.

La entidad situaba a Aragón como el mercado secundario “más emocionante de Europa”, con un potencial estimado para alcanzar 3 GW de capacidad y consolidarse firmemente como el próximo gran nodo de interconexión del continente gracias a su abundante suelo, buen recurso renovable, un clima algo más fresco que otras zonas de España y la conectividad que aportan cables submarinos como Marea, Grace Hopper y Anjana, que enlazan con EEUU y Reino Unido y permiten corredores de baja latencia.

Por su parte, la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield situaba recientemente a Madrid como el quinto mercado primario de centros de datos de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y uno de los principales 'hubs' europeos para esta industria, a la que comunidades gobernadas por el PP como Madrid o Aragón han puesto alfombra roja.

Parte del actual colapso de peticiones de acceso a la red eléctrica está relacionado con estas infraestructuras, que han atraído a firmas del Ibex como ACS, Iberdrola o Merlin Properties, y a alguna gran fortuna como el magnate de la eólica en Castilla y León Rafael González-Vallinas. Las eléctricas los ven como una oportunidad para reactivar una demanda a la baja que pone en riesgo la rentabilidad de los proyectos de renovables, en especial, las fotovoltaicas más recientes.

La nueva Planificación de Electricidad 2025-2030 en tramitación incluye 3,8 GW para centros de procesamiento de datos (CPD), que se añadirán a los 12 GW en permisos ya concedidos.

En 2024, estos centros supusieron el 1,5% de la demanda mundial de electricidad, unos 415 teravatios hora (TWh), según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que estima que su consumo ha crecido un 12% anual el último lustro y podría duplicarse hasta 945 TWh en 2030. En EEUU han pasado de 58 TWh en 2014 a 176 TWh en 2023: del 2% de la demanda nacional de 2018 al 4,4% de 2023. En 2028 pueden llegar a suponer el 12%, calcula el Belfer Center for Science and International Affairs de la Harvard Kennedy School.

La plataforma Salta a la Transición Ecológica denuncia el intento de boicot a la captación de firmas digitales contra la planta de gas que pretende instalar la empresa Disa en Los Realejos (en el norte de Tenerife), primero en La Zamora y, ahora, cerca de casas del barrio de La Cruz Santa, en ambos casos con el rechazo del gobierno local (PP) y del resto de grupos del ayuntamiento.

La entidad explica que se han topado con un intento de obstaculizar la recogida de firmas de vecinos de La Cruz Santa y del resto de la localidad o de fuera y que, de hecho, “alguien ha logrado paralizar la recogida digital denunciándola en Google”, aunque no saben bajo qué pretexto “puesto que la política de protección de datos estaba completa e incluida en el texto”.

Según recalcan, “ante este hecho los vecinos han redoblado el esfuerzo en la recogida en papel en distintos sitios pero, sobre todo, en el municipio y la respuesta ha sido amplia en Los Realejos en contra de esta central de propano al lado de viviendas”.

La plataforma recuerda que el Gobierno canario “tiene la llave para desactivar este atropello de infraestructura contaminante y peligrosa, sencillamente no concediendo la autorización. Esta es la decisión que esperan los vecinos y el propio Ayuntamiento de Los Realejos del Ejecutivo regional”. Pese a los obstáculos, continúan con su campaña de recogida de firmas en diferentes ámbitos y, como ya hicieran cuando se intentó instalar esta planta en La Zamora, dejan claro que seguirán en la lucha para evitarla.

Mientras, las posturas sobre esta iniciativa siguen igual. El alcalde de Los Realejos, Adolfo González (PP), considera que esta instalación no tiene cabida en el polígono industrial del municipio, el de La Gañanía, por su cercanía a los núcleos residenciales de la zona y así se lo trasladará al Gobierno de Canarias y al Ministerio para la Transición Ecológica, tras analizar la situación con sus concejales en el primer consejo de gobierno de septiembre.

Por su parte, la compañía, en la respuesta a las alegaciones de los vecinos, defiende la total legalidad de la planta y su necesidad por los riesgos de apagones energéticos, que es la principal línea argumental, asimismo, de la consejería regional de Transición Ecológica que dirige Mariano Hernández Zapata (PP).

Las nucleares de Almaraz, Ascó y Vandellós están separadas por casi 600 kilómetros, pero unidas por un mismo debate: la prórroga de su funcionamiento. La ampliación hasta 2030 de la vida de la central extremeña ha generado expectativas en las instalaciones catalanas, cuyos partidarios confían en alargar su fecha de cierre, mientras que ecologistas y grupos de izquierda reclaman mantener el calendario previsto.

El melón nuclear se ha reabierto en Catalunya, la comunidad que concentra tres de los siete reactores que hay en España, todos ellos en una única provincia: Tarragona. A falta de las próximas explicaciones parlamentarias que deberá dar sobre el asunto, el Govern ha evitado sumarse a las voces que piden que la prórroga de Almaraz sea la antesala de cambios en el calendario de desmantelamiento de las centrales catalanas.

Los planes actuales contemplan el cierre en 2030 de Ascó I, en 2032 de Ascó II; y en 2035 de Vandellós II. El año 2030 también es la nueva fecha prevista de cierre de Almaraz I y II y de la central de Cofrentes (Valencia), mientras que en el caso de Trillo (Guadalajara) su apagón se contempla para 2035.

En el debate sobre las nucleares se cruzan vectores clave del futuro modelo energético y económico español, pero también locales: Ascó y Vandellós dan trabajo a unas 3.000 personas (en buena medida, empleos de alta cualificación), a los que hay que sumar los empleos indirectos. Todos los municipios con centrales pueden disponer de los fondos de transición nuclear para ayudar a la transición energética y la reorientación de la actividad económica.

El alcalde Ascó, Miquel Àngel Ribes, se declara “totalmente a favor” de prorrogar la vida de la central del municipio. Su posición no se explica por la defensa exclusiva de los intereses de Ascó, recalca, sino por los del conjunto del país. “La nuclear es necesaria si queremos mantener los niveles de industrialización y de reducción de gases contaminantes”, defiende.

Para la alcaldesa de Vandellós, Assumpció Castellví, la seguridad debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. “Si el Consejo de Seguridad Nuclear dice que la prórroga es segura es porque se ha hecho un estudio riguroso”, remarca. “El debate tiene que ser técnico y no político”, agrega.

Por el contrario, el investigador en energía del Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Alfons Pérez López, cree que el debate sobre las nucleares es indisociable al del modelo económico. “La industria consume mucha energía, pretender un cambio hacia la instalación de centros de datos que todavía consumen más nos lleva a una espiral de demanda infinita de energía totalmente irracional”, valora.

El debate, admite Pérez, es complejo, que tiene claro que los empleos no pueden ser una excusa para no abordarlo: “No se puede situar al trabajador de la nuclear como escudo humano de un problema que es de modelo económico”.

Los alcaldes de Ascó y Vandellós rechazan enmarcar el debate en un dilema entre nucleares y renovables y se muestran partidarios de ambos tipos de energía. “Lo importante es dar estabilidad a la red eléctrica, especialmente para la industria, pero esto a día de hoy solo con las renovables no es posible”, sostiene Ribes, mientras que Castellví recuerda que su consistorio impulsa un centro de investigación en renovables en su municipio.

El apoyo a las renovables no es unánime en todos los municipios catalanes. Catalunya lleva años de retraso en el impulso de energías limpias. Las razones pasan por los complejos trámites burocráticos, pero también por el malestar de colectivos y municipios de Lleida y Tarragona, que ven un agravio territorial en los planes para instalar grandes parques energéticos en sus campos en contraste con otras zonas del país.

El resultado es que en 2025 Catalunya cubrió solo un 15% de su demanda eléctrica con renovables, muy lejos del objetivo del Govern del 50% para 2030. Un retraso que da más alas a los partidarios de alargar la vida de las nucleares. Ante el malestar territorial y ecologista y el alud de 12.000 alegaciones, el Ejecutivo catalán ha aplazado la aprobación del Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya (PLATER) hasta el verano de 2027, cuando inicialmente quería hacerlo este año.

A nivel político, los socios del Govern, ERC y Comuns, han exigido a Illa que se cumpla con las fechas de cierre previstas de las centrales catalanas. En cambio, la diputada en el Congreso de Junts, Pilar Calvo, en declaraciones a TV3, consideró “absolutamente irresponsable mantener el calendario porque pondría en riesgo la garantía de suministro”.

“Gusten más o menos, las nucleares son necesarias porque no tenemos suficiente potencia eléctrica: para construir una urbanización hace falta potencia eléctrica, y para levantar un polígono industrial también”, asevera Castellví (Junts).

Prorrogar la vida de las nucleares catalanas, añade Ribes (del partido municipalista Per Tu), permitiría “dar más tiempo” a los municipios para afrontar la transición y diversificación económica que supondría el desmantelamiento de las instalaciones.

Ribes y Castellví también admiten un contexto internacional más favorable a la prórroga: el accidente de la central japonesa de Fukushima de hace quince años impulsó en buena parte de Europa un programa para cerrar las nucleares al que se empieza a dar marcha atrás por la inestabilidad energética que han generado la invasión rusa de Ucrania y la reciente crisis del estrecho de Ormuz.

“El error del Gobierno ha sido argumentar la prórroga de Almaraz en base a una cuestión coyuntural como la crisis energética derivada de las guerras en Ucrania e Irán, y obviar por completo que el programa para cerrar las nucleares es una política estructural del país”, reflexiona Pérez.

El experto del ODG alerta de que la prórroga de Almaraz “es un error de envergadura que el país pagará muy caro” y que “allana el camino para que PP y Vox hagan lo que quieran con el calendario de cierre” en caso de que obtengan una mayoría tras las próximas elecciones generales.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha anunciado este viernes que ha sacado a licitación el proyecto de instalaciones de autoconsumo con fuentes renovables en siete colegios públicos de la ciudad, una actuación que cuenta con una inversión total de más de dos millones de euros, financiada con fondos propios municipales, según ha informado el Consistorio en una nota.

El proyecto, impulsado por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, que dirige Mauricio Roque, contempla la instalación de sistemas de generación de energía fotovoltaica para autoconsumo en siete centros educativos, distribuidos en otros tantos lotes, con el objetivo de impulsar el uso de energías renovables y avanzar en la eficiencia y sostenibilidad energética de los edificios públicos municipales.

En concreto, los centros incluidos en la licitación y el presupuesto previsto para cada lote son el CEIP Adán del Castillo, con una inversión de 224.031,77 euros; CEIP Ciudad del Campo (284.286,58 euros); CEIP Hoya Andrea (150.944,09 euros); CEIP Escaleritas (Isabel La Católica) (258.263,65 euros); CEIP La Paterna (297.396,28 euros); CEIP Alfredo Kraus (448.627,39 euros) y CEIP Gran Canaria (378.842,67 euros).

Según el Ayuntamiento, la iniciativa supone un compromiso municipal por la implantación de energías renovables en los edificios públicos, con la instalación de paneles fotovoltaicos que “permitirá avanzar en el autoconsumo energético con fuentes renovables” en centros educativos de la ciudad.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa avanzando en la incorporación de soluciones energéticas más sostenibles en sus instalaciones y en la promoción de un modelo de consumo basado en fuentes renovables, al tiempo que contribuye a mejorar la eficiencia energética de los centros escolares.

La licitación se articula en siete lotes independientes, correspondientes a cada uno de los colegios incluidos en el proyecto, con una inversión conjunta de 2.042.392,43 euros.

Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 10 de septiembre.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a la empresa Ciudad Real Earth Explorer, S.L., para que pueda iniciar la investigación que determine si es posible aflorar un yacimiento geotérmico entre Ciudad Real, Miguelturra y Poblete, que permita una posterior explotación minera en la zona para producir energía eléctrica y térmica.

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha concedido permiso para explorar una superficie de 284 cuadrículas mineras que equivalen a unas 8.520 hectáreas o lo que es lo mismo unos 85,2 kilómetros cuadrados.

La geotermia es una fuente de energía renovable que se obtiene utilizando el calor que proviene del interior de la Tierra. Este calor se encuentra almacenado en las rocas, el suelo y las aguas subterráneas.

Esta empresa estudiará durante tres años si esta zona de la provincia de Ciudad Real hay viabilidad o no para la explotación comercial del yacimiento que, de hecho, se sabe que existe por los estudios previos que se realizaron en los años 70 y 80 del siglo XX por diversos organismos oficiales como el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

Durante los dos primeros años se realizarán trabajos de superficie “sin impacto ambiental”, mientras que el tercero se dedicará a uno o varios sondeos con una perforación a 3.500 metros de profundidad para buscar el recurso. Se trata, dicen, de “demostrar que el recurso existe y es viable su explotación desde el punto de vista técnico y económico”.

El objetivo es construir una estación geotérmica con capacidad para 40 MW netos.

¿Cuál es el interés empresarial por este proyecto?

Ciudad Real Earth Explorer, S.L., una empresa con sede social en Madrid, justifica la puesta en marcha de esta planta “en el actual contexto de crisis energética, belicismo y crisis climática”.

Sostiene que la geotermia es “una oportunidad empresarial única” o que la energía geotérmica “es la única energía renovable totalmente gestionable” porque “no depende de factores climáticos, lo que la convierte en una fuente de carga base” que, por otro lado, “requiere una baja ocupación del suelo”.

A eso se suma, explica la promotora en los documentos del proyecto presentado a la Junta de Castilla-La Mancha, que “no necesita almacenar energía, no produce residuos peligrosos en el abandono de la instalación y genera economía circular y un mercado local, al no depender de los mercados de combustibles o materias primas externas”, aunque no se detalla en el proyecto cuántos empleos generaría.

El proyecto, señalan, se basa “en las experiencias del Instituto Geológico y Minero de España (IGME)” o en un yacimiento similar en Níjar (Almería) para calentar invernaderos agrarios impulsado por una empresa vinculada, Cardial, que finalmente no cuajó, según apuntan medios especializados. Allí la idea era utilizar el ‘mar subterráneo’ de aguas termales profundas, calentadas de forma natural gracias a la antigua actividad volcánica de la zona.

Ciudad Real es también una zona volcánica. Los municipios en los que se quiere explorar se encuentran enclavados en el Campo de Calatrava, que constituye una unidad geomorfológica de transición entre los Montes de Toledo y la Llanura manchega caracterizada precisamente por los afloramientos volcánicos, lagunas endorreicas y cursos fluviales como el del río Guadiana, entre otras cosas.

La empresa promotora también justifica este tipo de plantas por su eficiencia productiva e incluso la sitúa por encima de lo que pueden dar de sí las instalaciones eólicas o fotovoltaicas.

“La ocupación de espacio es del orden a 20 veces menor a la energía solar o de casi 100 veces a la de un campo eólico (una planta de 40 MW ocupa unas 2 hectáreas, incluyendo las zonas ajardinadas, parking…) si miramos solo la ratio de potencia”, señala la empresa al justificar su proyecto.

También asegura que es mejor en cuanto a producción de energía: “Considerando 1 MW de potencia, una planta de geotermia produce 8.760 MWh/año y una planta solar 1.643 MWh/año”.

Asegura que “se obtiene una energía térmica y eléctrica limpia y gestionable capaz de ofrecer potencias comparables al gas o la energía atómica”, instalaciones “totalmente automatizadas donde se reducen los riesgos potenciales a casi un valor cero por su funcionamiento exento de productos contaminantes”.

¿Cómo sería y cómo funcionaría la planta de geotermia?

La empresa explica que habría al menos un sondeo de extracción donde se localiza la bomba de extracción, y un sondeo de inyección.

En superficie se crearía una red de tuberías calorífugas con al menos dos circuitos cerrados, con un sistema de suministro de energía térmica a los clientes y un intercambiador de calor para la producción eléctrica, entre otras cosas. También habría redes eléctricas y de tuberías para la conexión a la red y distribución de la energía.

Desde el sondeo de extracción se bombea el fluido termal (el agua sobrecalentada) a un Organic Rankine Cycle (ORC) que utiliza un fluido para evaporarse con el calor transmitido y mover una turbina que activa un generador para producir energía eléctrica.

El fluido termal se devuelve al yacimiento a través del sondeo de inyección, obteniendo así un ciclo cerrado (no hay aprovechamiento del agua termal). Es decir, se extrae, se utiliza y se reinyecta el fluido termal “para una producción continua y sostenible de energía geotérmica”.

A la salida del intercambiador del ORC se lleva a un segundo intercambiador de calor donde cederá parte de su energía a una Red de Calor (District Heating) que servirá para la comercialización de energía térmica a los clientes de la zona.

Sobre el consumo de recursos naturales y el impacto en la zona

Sobre el impacto del proyecto, la empresa dice que “se ocasionan unos impactos en el medio físico y sociocultural que se consideran nulos en comparación con las ventajas que significará la determinación y catalogación del yacimiento geotérmico de Ciudad Real, tanto a nivel local como estatal”.

En su informe explica que no se prevé el consumo de materias primas “excepto las utilizadas por el equipo de perforación que consisten en arcillas bentonitas, procedentes de suministrador local y el gasoil de los equipos de perforación” o que el consumo de agua durante la perforación del futuro sondeo se considera “nulo”. De hecho, abunda que el manejo del fluido termal en las pruebas de aforo del sondeo se realizará mediante depósitos cerrados “para su total reinyección en el yacimiento”.

También habla de afección “prácticamente nula” sobre la geología y la geomorfología son prácticamente nulos en ambos casos, durante los trabajos previos de investigación y durante la ejecución del sondeo de investigación.

En 2016 la Junta de Castilla-La Mancha inició los trabajos para disponer de un Plan regional de Geotermia en paralelo a otro de Biomasa que no ha llegado a concretarse de forma plena. Este tipo de energía es todavía una gran desconocida.

La Graciosa vivió este domingo una complicada jornada después de que una avería en el tendido eléctrico dejara isla sin suministro durante unas once horas. El apagón, que comenzó durante la madrugada y se prolongó hasta aproximadamente el mediodía, afectó a residentes y a visitantes que se encuentran estos días en la isla.

La interrupción del suministro eléctrico también tuvo consecuencias directas sobre la actividad económica. Bares, restaurantes y otros establecimientos se vieron obligados a cerrar o permanecer inoperativos durante buena parte de la jornada, pese a que la incidencia eléctrica quedó finalmente resuelta en torno al mediodía.

Ante esta situación, la comunidad energética El Sol de La Graciosa ha reclamado la puesta en marcha urgente de un “verdadero plan de contingencia energética” para la isla y ha advertido de la vulnerabilidad que supone depender de una única línea eléctrica sin sistemas de respaldo.

Según ha señalado la comunidad energética en un comunicado, la avería se produjo, presumiblemente, tras un fogonazo en una torre situada en la zona baja de El Risco, en un punto de muy difícil acceso. La asociación ha criticado además que el incidente se produjera en pleno domingo de agosto, cuando La Graciosa registra uno de sus mayores niveles de ocupación y actividad comercial, hostelera y turística.

“Desde El Sol de La Graciosa consideramos que esta situación demuestra una vulnerabilidad que llevamos tiempo señalando: La Graciosa carece de una alternativa capaz de mantener operativos sus servicios básicos cuando esa conexión falla”, ha afirmado la asociación.

La comunidad insiste en que la isla no puede seguir dependiendo de una sola conexión eléctrica sin contar con sistemas de respaldo y reclama planificación, seguridad e infraestructuras acordes con las necesidades reales de residentes y visitantes.

Como solución, El Sol de La Graciosa propone el denominado GRID de El Sol, un sistema energético propio basado en placas solares instaladas en las cubiertas de edificios y espacios públicos, combinadas con almacenamiento eléctrico.

Según la propuesta, esta infraestructura permitiría mantener operativos durante una interrupción del suministro los servicios esenciales de la isla, entre ellos los sistemas de desalación, almacenamiento y bombeo de agua, el centro de salud, las cámaras frigoríficas de la Cofradía de Pescadores, las telecomunicaciones y los servicios de emergencia, además de los futuros sistemas de saneamiento y otros servicios públicos.

“La Graciosa dispone de sol, superficie pública aprovechable y una comunidad preparada”

Como alternativa o complemento, la comunidad plantea instalar un sistema de baterías de alta capacidad conectado a la red general, capaz de sostener temporalmente el suministro eléctrico de toda la isla y recargarse mediante la energía solar generada en azoteas, edificios y espacios públicos.

“La Graciosa dispone de sol, superficie pública aprovechable y una comunidad preparada para participar en la transición energética. Lo que falta no es energía: falta decisión para convertirla en seguridad y autonomía”, sostiene la asociación.

Para El Sol de La Graciosa, el apagón no debe considerarse únicamente una avería puntual, sino una advertencia sobre las consecuencias de no disponer de redundancia, almacenamiento ni protocolos energéticos específicos para un territorio aislado.

Por ello, la comunidad energética ha reclamado a las administraciones competentes, a la compañía suministradora y a los organismos insulares y autonómicos que se sienten con la asociación para diseñar y financiar una solución estable. “En pleno 2026 depender de un único cable no es un plan energético, es sencillamente tentar a la suerte”, concluye el comunicado.

Este verano se cumple un nuevo aniversario de la batalla ciudadana contra la central nuclear que Electra de Viesgo pretendió abrir en la costa de Cantabria, sobre el parque natural de Oyambre. La fecha de la manifestación de aquel domingo de verano, que acabó por forzar la renuncia al proyecto, ha quedado grabada con cierto halo de épica en la historia de Cantabria. Fue en agosto de 1977.

Ahora –casi cincuenta años después– en un nuevo agosto, la polémica por la prórroga de la central de Almaraz resucita la memoria de la fallida central nuclear de Santillán.

El proyecto se presentó en 1973, en los últimos años de la dictadura franquista y era una de las catorce centrales de un plan nacional para reforzar las tres que ya existían: Garoña (Burgos), Vandellós (Tarragona) y José Cabrera (Guadalajara). Finalmente solo se llegaron a hacer ocho. La de Cantabria, que se planteaba instalar en la playa de Las Fuentes, entre los municipios de San Vicente de la Barquera y Val de San Vicente, nunca se llegó a empezar, más allá de unas excavaciones para hacer catas sobre el terreno.

Electra de Viesgo adquirió un terreno equivalente a más de setenta campos de fútbol en la localidad de Santillán, sobre un acantilado del mar Cantábrico, para invertir 80.000 millones de pesetas en una estación de cuatro unidades con una potencia de cuatro millones de kilovatios. Se eligió este emplazamiento para que la instalación pudiese utilizar el agua de mar para refrigerarse, para ello se proyectó además la construcción de dos embalses artificiales y un salto de agua para bombear agua desde la localidad de Bárcena de Pie de Concha.

Sobre aquel terreno se abrió una enorme zanja, cuyos restos en forma de círculo –en la playa que algunos todavía conocen como 'de la nuclear'– aún persisten como una cicatriz en memoria de la resistencia ciudadana que frustró el proyecto.

Revilla, contra la central

La paralización de la central nuclear tuvo un simbolismo mayor. Fue una de las primeras batallas en defensa del territorio que dio ADIC, la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria que fundó, entre otros, Miguel Ángel Revilla, quien también tuvo su protagonismo. De hecho, en la histórica acampada en Santillán, donde se iba a ubicar la central, ondeó por primera vez la bandera de este colectivo llamado a tener una notable influencia en el germen de la autonomía de Cantabria, entonces provincia de Santander perteneciente a Castilla La Vieja. La había confeccionado y bordado la noche anterior la madre de un miembro de la Junta Directiva. Ondeó en una histórica protesta que reunió a diez mil personas.

Muchos todavía recuerdan al propio Revilla –que décadas después llegó a ser presidente de Cantabria– subido a una mesa del bar del pueblo en una asamblea con los vecinos. En realidad, toda la sociedad cántabra se oponía al proyecto en un entorno natural privilegiado. Las movilizaciones sociales las apoyaban sindicatos y partidos políticos, a excepción de los de la derecha representados entonces por las siglas UCD (Unión de Centro Democrático) y AP (Alianza Popular).

Curiosamente, fue un alcalde asturiano, de Ribadedeva, el primero que dio un paso firme en contra y convocó un pleno con un único punto: una moción para aplazar la construcción de la nuclear en Santillán hasta después de las elecciones municipales. El proceso coincidió con los primeros años de transición.

En paralelo, los vecinos de San Vicente de la Barquera reclamaban un debate público e incluso un referéndum. Cuando esto ocurría, en 1977, no habían pasado ni dos años desde la muerte del dictador Franco. Aparecieron pintadas contra la nuclear.

La resistencia subió tanto de tono que dimitió toda la corporación local del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera y se rechazó la renuncia del alcalde, Manuel Blanco, para que al menos quedase alguien al frente. A partir de este punto, se convocó una reunión de alcaldes de municipios cercanos a la que se sumaron, en solidaridad, tres asturianos: de Riva, Deba y Llanes. A resultas de este encuentro acordado oponerse a la instalación de la central nuclear de Santillán y pidieron audiencia al ministro de Industria para comunicarle su rechazo.

Acampada y manifestación

Al tiempo, se constituyó una Asociación de Afectados por la Central Nuclear de Santillán. Aquella primavera dos mil ciudadanos acamparon en los terrenos de Viesgo en otra iniciativa histórica como oposición al proyecto.

Los movimientos de rechazo eclosionaron en una histórica manifestación que partió a las doce de la mañana de un domingo de San Vicente de la Barquera y que reunió a diez mil personas ese 21 de agosto de 1977. Una marcha ciudadana que dejó herido de muerte el proyecto. Como anécdota, los manifestantes decidieron por votación a mano alzada no destruir las casetas de obra que ya se habían instalado, después de que algunos propusieran echarlas abajo.

Sobre la nuclear de Santillán cayó un velo de silencio que solo se rompió, puntualmente, seis años después cuando el consejero de Industria del primer gobierno autonómico de Cantabria, Enrique Ambrosio Orizaola, volvió a hablar del proyecto y dijo que la solución al déficit energético de Cantabria pasaba por la energía nuclear. Le respondió el presidente de la entonces Asamblea Regional de Cantabria, Isaac Aja, que también era alcalde de San Vicente de la Barquera. Dejó caer que el consejero trataba de beneficiar al Banco Santander que había comprado un generoso paquete de acciones de Electra de Viesgo. La entidad desmintió su interés por seguir con el proyecto.

De nuevo volvió el olvido, hasta que en 1984 el Gobierno de España zanjó definitivamente el proyecto. De la central nuclear de Santillán quedan las huellas sobre la playa de Las Fuentes y la épica de un movimiento ciudadano apoyado por los asturianos que gano la batalla, que se atrevió a salir a la calle y protestar cuando estaba naciendo la democracia.

De la UE regulada a la Europa de los emporios empresariales. El prudente, lento y excesivamente garantista club comunitario que tanto enfada a la versión Trump 2.0 parece haber proclamado una revolución silenciosa que no se libra ni en la Eurocámara, ni en sus parlamentos nacionales, ni en los parqués, sino en los despachos de Bruselas, donde la política industrial vuelve a ocupar el centro del debate económico. Por razones de seguridad. Pero también, según los dictámenes de los ex primeros ministros italianos Mario Draghi y Enrico Letta, por “exigencias competitivas” de una nueva globalización, fragmentada en su dogma del libre tránsito de mercancías, servicios y capitales. Y que ahora reclama garantías productivas y de suministro que han reverdecido los laureles nacionalistas y las alianzas con mercados amigos (friendshoring) para avalar las cadenas de valor.

Todo ello está empujando a la UE a priorizar el tamaño empresarial --la necesidad de albergar a campeones empresariales paneuropeos-- frente a las reglas de la competencia. Bajo el objetivo rector de que el nuevo orden mundial estará dominado por conglomerados estadounidenses y chinos y un ejercicio que se viste de realidad incómoda y que asegura que la escala empresarial es un activo geoestratégico ineludible. Draghi fue, quizás, quien mejor sintetizó ese diagnóstico. El informe del expresidente del BCE sobre competitividad apuesta por recuperar las capacidades inversoras europeas para engendrar conglomerados que rivalicen con EEUU y China.

Letta completa la grave radiografía de situación emitida por Draghi y ahonda en la idea de que se complete --y complemente-- el mercado único. Rápidamente respaldada por economistas de think tanks como Bruegel, el Centre for European Reform (CER) o el Institut Montaigne, para los que el desacoplamiento empresarial constituye una de las mayores debilidades estructurales de la economía europea.

Bruselas lleva meses moviendo fichas para remodelar el mapa empresarial europeo. En torno a una remodelación de las leyes de competencia, el desmantelamiento de cargas burocráticas o la flexibilización de los requerimientos en procesos de fusiones transfronterizas. Además de dar impulso a un auténtico mercado europeo del ahorro y la inversión que estimule las carteras de capital y responda al desafío de configurar firmas que rivalicen con Microsoft, Alphabet, Nvidia, Amazon --o el resto de las Siete Magníficas, si se mira al espejo americano--, o con la tecnológica CATL o la automovilística BYD, con reflejo y ADN chinos.

Este viraje doctrinal, alentado desde la Casa Blanca republicana, explica que varias operaciones corporativas en marcha, dentro de una oleada de M&A (fusiones y adquisiciones, por sus siglas en inglés) con cada vez mayor intensidad global, se vislumbren como “cruciales” para instaurar y alentar una genuina estrategia industrial. Hasta el punto de que The Economist acaba de seleccionar a Andrea Orcel, CEO de UniCredit, Xavier Niel, fundador de Iliad, o el inversor checo Daniel Křetínský “símbolos” de una hornada de visionarios con poder para construir grupos paneuropeos. Bien a través de M&A, participaciones estratégicas o complejas swaps de mercado. El semanario británico les tilda de “auténticos arquitectos del nuevo capitalismo continental”.

No dejan de ser elucubraciones. Pero tienen visos de realidad. O, al menos, de que Europa ha emprendido una senda de integración corporativa como la que aconsejan Draghi y Letta.

Boston Consulting Group (BCG) lo expresa de manera elocuente. La UE --aseguran sus expertos-- “está cambiando el criterio con el que evalúa las fusiones”. Hasta ahora, la estrategia era combatir posiciones de dominio; ahora, se empieza a reconocer que una mayor escala también puede ser beneficiosa para la competencia europea si permite invertir más, innovar, ganar en resiliencia y competir globalmente. Y aportan un dato: “durante la última década, operaciones de M&A por al menos 70.000 millones de euros fueron prohibidas por la Comisión y otras muchas se retiraron o ni siquiera llegaron a plantearse por la incertidumbre regulatoria”.

El nuevo tablero industrial europeo

Si existe un sector donde la UE precisa crear campeones globales --apunta un notable consenso del mercado--, es el tecnológico. La diferencia respecto a EEUU y China, que acaba de poner en tela de juicio la supremacía de Silicon Valley, en 2025 con DeepSeek y, en las últimas semanas, con Kimi K3, el modelo de código abierto de la startup Moonshot, resulta abrumadora. A pesar de que el manido lema de las tres erres (EEUU, researches, China, replicates y Europa, regulates) no responda exactamente a la realidad. Puede que las bigtechs americanas se hayan adueñado de las principales plataformas digitales. Y Pekín del talento innovador. Pero en la UE coexiste una tecnología industrial menos visible, pero absolutamente decisiva.

La neerlandesa ASML es un buen ejemplo. Su liderazgo global en litografía ultravioleta extrema convierte a la multinacional en pieza imprescindible para fabricar chips avanzados. Alrededor de su grupo gravitan otros actores como ASM International, BE Semiconductor Industries, Infineon, STMicroelectronics, NXP o Soitec. El consorcio sostiene todo un ecosistema de semiconductores y circuitos integrados made in Europe de alta fiabilidad.

Sin embargo, el gran reto europeo trasciende del hardware. La próxima batalla se librará en el software, la IA y el big data. EEUU dispone de Palantir, OpenAI, Microsoft o Google. Mientras en Europa, se busca todavía a sus equivalentes. Y no digamos a su Anthropic. Entre los candidatos destacan, por supuesto, SAP --su gran desarrollador de software empresarial--, aunque también Dassault Systèmes, cuya plataforma digital domina buena parte del diseño industrial mundial; Siemens, inmersa en una profunda reconversión hacia la automatización generativa; Capgemini y Sopra Steria, especializadas en integración tecnológica. Además de nuevas firmas como Mistral AI, Aleph Alpha, Helsing, IQM u OVHcloud, con dotes protagonistas en soberanía digital europea.

“Europa no necesita crear emporios tecnológicos desde cero, sino dar a los que tiene una escala global” aseguran desde McKinsey Global Institute que observa líderes aventajados europeos en tecnología industrial, chips, automatización, software empresarial y transición energética. Pero sufre déficit estructural para convertir esa excelencia innovadora en gigantes corporativos por la fragmentación del mercado, la escasez de capital para financiar su dinamismo y una merma inversora en I+D. “Se requieren hiperescaladores […], porque las tecnologías transversales como la IA, el cloud o la computación avanzada darán el cetro competitivo en el futuro orden mundial”.

Especial atención merece Helsing, convertida en referente continental en IA aplicada a defensa, ámbito donde debe confluir el software, los sensores y los sistemas autónomos que redefinen la industria militar. Porque la defensa se ha convertido en otro de los motores de la seguridad y soberanía productiv a europea. El aumento del gasto militar favorece una rápida concentración de grupos como Airbus Defence& Space, Leonardo, Thales, Rheinmetall, Saab, BAE Systems, KNDS, Dassault Aviation, Hensoldt o la española Indra, cuyo posicionamiento en electrónica, radares, ciberdefensa y sistemas de mando la sitúa entre las empresas con mayor potencial para liderar futuras integraciones continentales.

La lógica resulta evidente. Ningún socio dispone individualmente de la dotación estadounidense ni del respaldo industrial chino. La única alternativa es alumbrar campeones paneuropeos que rivalicen por contratos internacionales y desarrollen tecnologías duales con aplicaciones civiles y militares, constata el mercado. Nikolaus Lang, director de BCG, cree que Europa dispone de “una base científica e industrial de primer nivel”, si bien le urge convertir ese conocimiento “en capacidades militares desplegables”. Sin embargo, “no lo conseguirá con un patrón productivo quebrado y sin estándares homologables”. A no ser que el rearme europeo que movilizará hasta 800.000 millones de euros anuales desencadene un “efecto tractor” sobre sectores como el software, la electrónica, las telecomunicaciones, la automoción o la logística.

Primera oleada de ‘posibles’ fusiones

Las telecos también están en proceso de transformación. Deutsche Telekom, Orange, Vodafone, Iliad, Swisscom, Proximus y, especialmente, Telefónica aparecen como actores principales.

La operadora española reúne atributos valiosos: presencia global, expertise en redes digitales, capacidades en ciberseguridad con Telefónica Tech y reorientación a servicios empresariales de valor añadido. Si Bruselas flexibiliza las fusiones transfronterizas, la multinacional que preside Marc Murtra podría convertirse en uno de los catalizadores de la remodelación de las telecos europeas, con su nueva consigna de menos Latinoamérica, menos deuda y más Europa. Bajo un clima en el que, según Pau Castells, jefe de Análisis Económico de GSMA Intelligence y autor del informe Efficient Operator Scale in European Mobile Markets, las operadoras de más tamaño invierten un 48% más en redes móviles, despliegan más rápidamente el 5G y ofrecen más calidad de servicio sin precios más elevados a los consumidores.

“Serán las puntas de lanza de las M&A continentales”, sin olvidarse de firmas que, como Cellnex, se han labrado un estatus decisivo a raíz de sus “adquisiciones selectivas y acuerdos de cogestión de infraestructuras”, apuntala.

Sin embargo, será la banca, muy presumiblemente, el laboratorio donde germinará este nuevo paradigma europeo. La ofensiva de UniCredit sobre Commerzbank, las operaciones alrededor de Banco BPM, Monte dei Paschi, el debate sobre BBVA y Banco Sabadell o el creciente interés por crear verdaderos grupos bancarios paneuropeos reflejan hasta qué punto Bruselas comienza a considerar que la integración financiera constituye una condición indispensable para financiar la transformación industrial del continente. Bien entre buques insignias o entre banca, fintechs y startups y firmas de venture capital.

La arquitectura bancaria europea del futuro girará alrededor de entidades como Santander, que acaba de reincorporarse a las 100 mayores compañías del mundo y que no descuida el mercado europeo tras adquirir la americana Webster. O BNP Paribas, UniCredit, Intesa Sanpaolo, ING, Deutsche Bank, BBVA o CaixaBank, todos bancos con una dimensión global internacional que las hace candidatas naturales a adquirir el galardón paneuropeo.

Orcel cree que las fusiones transfronterizas son “la vía más eficaz para generar entidades con la escala suficiente para financiar la economía europea, invertir en tecnología y competir con JPMorgan Chase o Goldman Sachs. En su opinión, la prioridad de UniCredit es construir un banco verdaderamente europeo.

‘Segundo tiempo’ con ¿prórroga?

La energía no podría faltar a este proceso de adquisiciones. Al fin y al cabo, es uno de los pilares de la futura industria europea. Soberana en materia de seguridad y suministro y autosuficiente. O, al menos, menos dependiente del exterior y de los fósiles. Desde la guerra en Ucrania, la UE ha revalidado, con más contras que pros, su reto de situarse a la vanguardia de la sostenibilidad mundial. Draghi impuso un doble criterio adicional: acelerar la descarbonización con empresas que avalen el abastecimiento y competan con los gigantes americanos y asiáticos en sectores críticos.

En este escenario aparecen grupos como Iberdrola, Enel, EDF, RWE, Engie, Ørsted, EDP o Acciona Energía, referentes mundiales en renovables, o Moeve en plena luna de miel con Galp. Pero las supermajors europeas también tienen algo que aportar. TotalEnergies, Shell, Eni, Repsol y OMV están redefiniendo su modelo de negocio para combinar hidrocarburos con gas natural licuado, hidrógeno, captura de carbono y electricidad limpia. La energía nuclear recupera protagonismo por el impulso de EDF, Framatome y Rolls-Royce SMR, mientras gestoras de redes como Redeia, Terna, Elia, National Grid o TenneT afrontan inversiones millonarias para electrificar la economía y responder al creciente consumo derivado de la digitalización y la IA.

La misma lógica opera en el terreno de las infraestructuras. Constructoras como ACS, Ferrovial, Vinci, Bouygues, Eiffage, Hochtief, Acciona o Webuild se aprestan a modernizar redes eléctricas, o crear centros de datos, corredores ferroviarios o instalaciones industriales. España parte con una posición especialmente sólida gracias al músculo internacional de ACS, Ferrovial, Acciona y Cellnex, activo gestor europeo de infraestructuras de telecomunicaciones.

En el orden bursátil, Draghi y Letta coinciden en que completar la Unión del Ahorro y la Inversión será clave para catalizar el ahorro europeo. De ahí que operadores como Euronext, Deutsche Börse, SIX o BME contemplen fusiones. Al igual que otra generación de aspirantes a salir a bolsa. Entre otras, Mistral AI, Helsing, Isar Aerospace, Revolut o 1Komma5°.

El reto es evitar que las startups europeas sean absorbidas prematuramente por competidores exteriores e ideen campeones continentales y que cada socio deje de proteger a sus compañías nacionales, alerta Guntram Wolff, investigador del Instituto Bruegel.

El precio de los caraburantes se disparó en plena operación salida y continúa durante la operación retorno: ya se acerca a los máximos de 2026. Los datos muestran las cifras actuales, después de que el Gobierno se haya visto obligado a reactivar las rebajas del combustible por la subida del último mes. Así, la rebaja volverá a ser de 20 céntimos por litro en septiembre en lugar de los 5 céntimos previstos para el gasóleo, mientras que la gasolina mantendrá la rebaja prevista.

Las cifras del mapa anterior provienen de los datos remitidos por más de 12.000 estaciones de servicio españolas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se actualizan cada media hora y permiten conocer cómo están evolucionando los precios de los carburantes en todo el país.

En el siguiente gráfico puedes ver cómo evoluciona el promedio del precio del diésel y la gasolina 95 en todas las gasolineras de España.

En el mapa puedes ver los datos en tiempo real con las últimas cifras remitidas por cada estación. El siguiente gráfico te muestra además la brecha de precio medio del diésel en cada provincia, según los últimos datos disponibles:

¿Sabes cuánto cuesta la gasolina en las estaciones de servicio de tu municipio? Busca tu localidad o provincia y descubre cuáles son los establecimientos que venden el combustible más caro y más barato en tu zona.

La evolución de los precios energéticos durante este año ha estado marcada por fuertes oscilaciones, entre ellas las provocadas por la guerra en Irán, con el encarecimiento de los carburantes como una de las principales preocupaciones económicas. Ante esta situación, el Real Decreto-ley 18/2026 contempla una serie de medidas para contener el impacto de la subida de los precios.

Ahora, el Gobierno ha activado las rebajas fiscales ante el aumento de más del 15% de los precios del gasóleo, con el objetivo de reducir el impacto de la subida de los carburantes sobre el poder adquisitivo de los hogares.

El Consejo de Gobierno de Cantabria (PP) ha aprobado el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria (PSEC) 2021-2030, con el objetivo de reducir la dependencia energética para que la región sea autosuficiente e, incluso, que genere más energía que la que necesita, concretamente un excedente del 10,26%. Se trata de un objetivo “muy ambicioso”, teniendo en cuenta que en 2024 “solo” se produjo en Cantabria el 30% de la energía eléctrica consumida. Así lo ha anunciado el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, este viernes en rueda de prensa para informar del nuevo Plan de Sostenibilidad Energética.

Según ha explicado, esta herramienta básica de orientación estratégica para la región en materia energética entrará en vigor el próximo miércoles, 19 de agosto, tras su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), en sustitución del anterior plan 2014-2020, para dotar a los desarrollos en materia energética de “la mayor seguridad jurídica posible”.

Arasti ha señalado que, a pesar de la reducción del consumo de energía eléctrica en el periodo 2014-2023, la dependencia energética ha aumentado como consecuencia del desplome de la generación eléctrica mediante la cogeneración, pasando del 57% en 2014 al 70% en 2024.

Entre los objetivos del plan se encuentran reducir las emisiones, priorizar el uso de las fuentes renovables, mejorar la dependencia energética de la comunidad autónoma e impulsar la inversión en I+D+I en el ámbito de las tecnologías energéticas.

Estas grandes metas están asociadas al cumplimiento de objetivos específicos para el horizonte del plan, que son descender las emisiones de gases de efecto invernadero en casi un 27% respecto de las que había en 1990, así como reducir la dependencia energética, alcanzando el 46% de contribución de las energías renovables en la generación total de energía eléctrica en 2030; y reducir en un 23,5% el consumo de productos derivados del petróleo.

Para lograr estos objetivos, el plan contempla una serie de actuaciones transversales, como el fomento del autoconsumo, el uso de energías renovables, la mejora de la eficiencia en edificios, en procesos industriales y en municipios, y el fomento a la movilidad sostenible.

Ampliación de Aguayo y eólicos

En concreto, el titular de Industria ha citado proyectos como la ampliación de la central hidroeléctrica reversible de Aguayo, que va a incrementar su potencia en 1.000 megavatios más, con una inversión de 900 millones de euros, y que podría estar operativa en 2030 o 2031. Se trata de una de las mayores inversiones privadas de la historia de Cantabria, para convertirse en la segunda central de bombeo más grande de España y una de las mayores de toda Europa, tras recibir la autorización administrativa de construcción en el pasado mes de junio y la declaración el interés público de la infraestructura.

El consejero ha señalado que la segunda gran medida del Plan de Sostenibilidad es la energía eólica, que recoge una potencia objetivo de 700 megavatios, que también es un objetivo “ambicioso”, ha dicho.

Entre los proyectos más avanzados, ha dicho, se encuentra el parque Somaloma-Las Quemadas, que el pasado 23 de junio fue nuevamente autorizado y se estima que entre en servicio en el segundo semestre de 2028; y el del Escudo, cuya construcción está “prácticamente completada”, a falta de que el Ministerio de Transición Energética resuelva con urgencia los recursos existentes para que el parque pueda comenzar a generar energía este mismo año. “Estamos sentando las bases para un sector energético más eficiente, sostenible y autosuficiente, capaz de sustentar el cambio de modelo productivo que queremos para la región”, ha sentenciado.

Algo se ha mejorado en los tres últimos años (2023-2025)… pero resulta tan poco o escaso que cuesta hasta poder valorarlo. Canarias sigue sin experimentar la revolución esperada y muy anunciada desde sus instituciones públicas en el capítulo de generación de electricidad con origen en la potencia instalada de renovables o energías verdes; esto es, en eólica, fotovoltaica e hidroeólica, estas tres fuentes como principales.

En efecto, así está ocurriendo hasta ahora: el archipiélago canario, de toda la electricidad que consumió el año pasado, en 2025, solo el 21% la generó con sistemas verdes o renovables (el dato nacional es del 55,5%, con el máximo histórico del país en 2024, al llegar al 56,8%).

Ello implicó en las islas que el resto, nada menos que el 79% de la demanda total de Canarias para ese servicio básico e indispensable en cualquier sociedad, se tuviera que atender quemando muchos combustibles fósiles: diésel y gas. Una prueba de que esto es así se halla, por ejemplo, en el registro de emisiones de gases de efecto invernadero atribuibles a esta misma actividad (la huella de carbono que deja): 4,9 millones de toneladas equivalentes de CO2 (MtCO2) en Canarias el año pasado.

El mismo dato para toda España alcanza los 29,5 millones, según recoge Red Eléctrica, con lo que Canarias emite el 16,6% del país (una cifra elevada por lo que representa en población y potencial económico) debido a la estructura de su sistema de generación eléctrica, aún demasiado obsoleto.

Y todo esto ocurre pese a que los volúmenes de fondos europeos disponibles para las islas dentro del programa comunitario Next Generation han sido cuantiosos (más de 1.700 millones de euros totales, con un segmento muy relevante solo para la transición ecológica), los recibidos desde 2021 en adelante por la covid, para potenciar, entre otras, medidas de recuperación económica y de lucha contra el cambio climático en Canarias, y gestionados con bajos niveles de ejecución por el Ejecutivo autonómico (a 31 de agosto los proyectos financiados con esos fondos de la UE -Next Generation, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los MRR- deben estar terminados y ser justificados).

Los indicadores anteriores para la comunidad autónoma de Canarias están en el informe anual ya publicado sobre El sistema eléctrico en las Islas Canarias 2025, de la empresa Red Eléctrica, perteneciente al grupo Redeia.

El mismo estudio además indica que tres de los sistemas eléctricos insulares, de los siete existentes en Canarias (hay dos interconectados: Lanzarote-Fuerteventura y, hace muy poco, Tenerife-La Gomera), atienden la demanda de ese servicio gracias a la generación masiva con motores diésel, origen que permite cubrir más del 89% del consumo final en esas tres islas. Pasó en 2025, el último ejercicio anual con datos, que son los citados por Red Eléctrica.

Esas islas fueron, de la peor a la menos mala, las siguientes: La Palma, con el 92,2% generado con diésel; La Gomera, con el 89,2%, y Lanzarote, con el 88,8%. Sobra decir que este obsoleto modelo de generación es el más contaminante de todos los instalados en el archipiélago; por lo tanto, mucho tiene que ver con el elevado registro de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera por esta actividad realizada en Canarias.

Se salvan de la quema, solo en parte y entre las islas no capitalinas, Fuerteventura y El Hierro. En el primer caso, gracias a la potencia instalada y mayor penetración de las renovables eólicas (aquí el 67,4% del global de generación tuvo origen en motores diésel), y en el segundo, por la aportación de la planta hidroeólica de Gorona del Viento, que introdujo en el sistema eléctrico de distribución el 43,6% del consumo final de 2025. El Hierro tuvo el año pasado 178 horas seguidas en las que la electricidad utilizada solo fue renovable o verde.

El archipiélago, en el panorama nacional

Según la misma fuente ya identificada, la potencia eléctrica instalada en Canarias en 2025 alcanzó los 3.438 megavatios (MW), de los que 1.044 son de renovables (30% en 2025, 28,7% en 2024 y 27% en 2023) y el resto, 2.395, de no renovables o sistemas convencionales-tradicionales. La potencia instalada para generación eléctrica con energías verdes creció el 7,4% en 2025 respecto a 2024 asegura Red Eléctrica.

Ahora bien, pese al incremento de la potencia instalada de energías verdes y atendiendo a diversas razones, la generación de energía no contaminante solo permitió cubrir el 21% del consumo total de electricidad en Canarias en 2025 (15% de eólica, 5% de fotovoltaica, 0,3% de hidroeólica y 0,8% de otras fuentes renovables). Fue algo más que en 2024, que se llegó al 20,8%, y estuvo dos puntos relativos por encima del umbral de 2023, en el 19%. La generación eléctrica en las islas fue el año pasado de 8.998 gigavatios-hora (GWh), con 1.889 de ellos en energías renovables.

Esa última variable, la de generación eléctrica todo el año pasado, representó el 3,5% del valor global de España, por el 2,5% en lo que respecta a la potencia instalada en las islas y su participación en el registro del país.

En el componente potencia instalada, Canarias ocupa el puesto número 13 en España, según la clasificación por comunidades autónomas de 2025, por delante de Comunidad Valenciana, Cantabria, País Vasco y Baleares, esta en último lugar.

En relación con la generación eléctrica a través de energías verdes, la situación es mucho peor, con la clasificación antepenúltima para las islas, un lugar solo mejor que el de País Vasco y Baleares, de nuevo cerrando el ranking.

La isla con mayor demanda eléctrica fue Tenerife en 2025, con el 40,2% del total regional, seguida de Gran Canaria, con el 37,6%; Fuerteventura, con el 9%; Lanzarote, con el 8,8%, y La Palma, con el 2,9%. El consumo eléctrico creció el 1,1% el año pasado en toda la comunidad autónoma respecto a 2024.

Balears prohibeix des d'aquest dimecres la venda de begudes energètiques a menors de 16 anys amb multes previstes d'entre 6.000 i 60.000 euros.

Ho farà en virtut de l'entrada en vigor del decret llei de mesures urgents en matèria de protecció de la salut pública aprovades pel Govern el passat divendres. La norma prohibeix en tot el territori de l'arxipèlag la venda, el subministrament o el lliurament de begudes energètiques a menors.

Es consideren begudes energètiques aquelles begudes no alcohòliques amb un contingut elevat de cafeïna, igual o superior a 15 mil·ligrams per cada 100 mil·lilitres, d'acord amb el criteri establert al Reglament (UE) 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor, i que incorporen habitualment sucres i altres components estimulants com la taurina, la guaranà o la glucuronolactona.

Des del Govern han ressaltat la preocupació creixent pel consum de begudes energètiques entre la població jove. Segons l'enquesta Estudes 2023, el 47,7 per cent dels estudiants d'entre 14 i 18 anys havia consumit begudes energètiques durant l'últim mes i el 19,5 per cent reconeixia haver-les barrejat amb alcohol en aquest mateix període.

El consum d'aquestes begudes és cada vegada més freqüent entre els menors d'edat, tant soles com combinades amb alcohol. El seu consum s'associa a riscos per a la salut com l'obesitat, la diabetis tipus 2 o l'augment del risc cardiovascular. A més, quan es barregen amb alcohol poden reduir la percepció d'embriaguesa, afavorir un consum més elevat i augmentar les conductes de risc.

La protecció d'infants i adolescents davant els riscos associats al consum de begudes energètiques constitueix el principal objectiu d'aquesta mesura. Amb aquesta finalitat, aquests productes passen a estar subjectes a les mateixes restriccions de venda a menors que ja s'apliquen a l'alcohol i al tabac.

L'incompliment de la prohibició de venda, subministrament o lliurament de begudes energètiques a menors està tipificat com a infracció greu a la Llei sobre drogodependències i altres addiccions de Balears. La normativa preveu multes d'entre 6.001 i 60.000 euros.

El Govern és conscient que l'entrada en vigor d'aquesta mesura suposa un important esforç d'adaptació per a supermercats, grans superfícies, petits comerços i distribuïdors.

L'aplicació de la nova normativa requerirà l'adaptació de procediments de venda i control d'edat per part dels establiments per garantir-ne el compliment.

Per això, el Govern ha agraït la col·laboració, la responsabilitat i la predisposició mostrades per tot el sector comercial. La seva implicació és fonamental per fer possible l'aplicació d'una mesura que té com a objectiu protegir la salut d'infants i adolescents.

Balears prohíbe desde este miércoles la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años con multas previstas de entre 6.000 y 60.000 euros.

Lo hará en virtud de la entrada en vigor del decreto ley de medidas urgentes en materia de protección de la salud pública aprobado por el Govern el pasado viernes. La norma prohíbe en todo el territorio del archipiélago la venta, el suministro o la entrega de bebidas energéticas a menores.

Se consideran bebidas energéticas aquellas bebidas no alcohólicas con un contenido elevado de cafeína, igual o superior a 15 miligramos por cada 100 mililitros, de acuerdo con el criterio establecido en el Reglamento (UE) 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, y que incorporan habitualmente azúcares y otros componentes estimulantes como la taurina, la guaraná o la glucurolactona.

Desde el Govern han resaltado la preocupación creciente por el consumo de bebidas energéticas entre la población joven. Según la encuesta Estudes 2023, el 47,7 por ciento de los estudiantes de entre 14 y 18 años había consumido bebidas energéticas durante el último mes y el 19,5 por ciento reconocía haberlas mezclado con alcohol en ese mismo periodo.

El consumo de estas bebidas es cada vez más frecuente entre los menores de edad, tanto solas como combinadas con alcohol. Su consumo se asocia a riesgos para la salud como la obesidad, la diabetes tipo 2 o el aumento del riesgo cardiovascular. Además, cuando se mezclan con alcohol pueden reducir la percepción de embriaguez, favorecer un mayor consumo y aumentar las conductas de riesgo.

La protección de niños y adolescentes frente a los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas constituye el principal objetivo de esta medida. Con este fin, estos productos pasan a estar sujetos a las mismas restricciones de venta a menores que ya se aplican al alcohol y al tabaco.

El incumplimiento de la prohibición de venta, suministro o entrega de bebidas energéticas a menores está tipificado como infracción grave en la Ley sobre drogodependencias y otras adicciones de Balears. La normativa prevé multas de entre 6.001 y 60.000 euros.

El Govern es consciente de que la entrada en vigor de esta medida supone un importante esfuerzo de adaptación para supermercados, grandes superficies, pequeños comercios y distribuidores.

La aplicación de la nueva normativa requerirá la adaptación de procedimientos de venta y control de edad por parte de los establecimientos para garantizar su cumplimiento.

Por ello, el Govern ha agradecido la colaboración, la responsabilidad y la predisposición mostradas por todo el sector comercial. Su implicación está siendo fundamental para hacer posible la aplicación de una medida que tiene como objetivo proteger la salud de niños y adolescentes.